El presidente de la Unión Agraria de la Región de Murcia (UARM), Antonio Martínez, destacó la preocupación por la falta de relevo generacional en el sector agrario y el cierre sostenido de explotaciones en la comarca, subrayando que estas situaciones generan una incertidumbre creciente para la viabilidad futura de las actividades agrícolas y ganaderas. Según informó la UARM, la organización ha nacido para hacer frente a lo que considera “recortes” sistemáticos en la Política Agraria Común (PAC), las consecuencias adversas del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como los persistentes problemas de acceso al regadío que afectan al campo murciano.

La formalización de la UARM tuvo lugar recientemente en Jumilla, y el medio oficial de la UARM detalló que la entidad busca posicionarse como una alternativa independiente dentro de la estructura nacional de Unión de Uniones. Según reportó el organismo, uno de los reclamos centrales pasa por la convocatoria de elecciones al campo, un ejercicio democrático que, según denunció la UARM, no se ha realizado en la Región de Murcia desde hace más de dos décadas. La agrupación sostiene que es prioritario que sean los propios agricultores y ganaderos murcianos quienes elijan a sus representantes.

Tal como publicó la UARM, la organización rechaza de manera explícita la reducción en las ayudas procedentes de fondos europeos y advierte sobre un riesgo inminente para la estabilidad del sector de frutas y hortalizas en caso de desaparecer la Intervención Sectorial. Según consigna el colectivo, este escenario amenaza especialmente al sector vitivinícola murciano, pues la región ha experimentado una disminución del 56% en la superficie cultivada de viñedo en los últimos 25 años. Las consecuencias directas de esta pérdida, de acuerdo a la agrupación, reflejan la precarización progresiva que vive el territorio rural murciano.

El medio oficial de la UARM informó también que la nueva plataforma exige una gestión justa de los recursos hídricos para los cultivos murcianos, reclamando políticas que eliminen la competencia entre regiones. Según puntualizó UARM, el sector hortofrutícola regional genera un volumen de negocio superior a los 37.000 millones de euros y depende de un acceso al agua suficiente y estable para su supervivencia. Esta realidad, según indica la agrupación, exige una respuesta institucional que priorice la sostenibilidad de la actividad agrícola.

Sobre el impacto internacional, la organización ha puesto el foco en el conflicto en Oriente Medio como un factor determinante en el encarecimiento de los insumos necesarios para el sector primario. Según trasladó UARM, existe una necesidad urgente de combatir la especulación en estos insumos. Para tal fin, la entidad, a través de la red Unión de Uniones, ha presentado propuestas directamente ante el Ministerio y los partidos políticos, solicitando medidas efectivas para mitigar el efecto de la subida de precios.

En cuanto a la representatividad del sector, UARM subrayó que su constitución responde a la carencia de espacios democráticos reales dentro del campo murciano, situación que —señaló la organización— se agrava por la ausencia de comicios para elegir a quienes defienden los intereses de agricultores y ganaderos. La agrupación reiteró que su objetivo principal consiste en “defender al campo murciano” desde una posición autónoma, reivindicando mecanismos de participación abiertos y transparentes para todos los implicados en el sector agroalimentario.

El comunicado difundido por la UARM recuerda que los retos a los que se enfrenta el sector murciano no sólo obedecen a decisiones administrativas en materia de ayudas y fondos, sino que se ven agravados por elementos externos como acuerdos comerciales internacionales, condiciones adversas para el riego y la gestión del agua, o los efectos globales de conflictos armados. Frente a este escenario, la organización aseguró que mantendrá activa su agenda de reivindicaciones y propuestas para procurar la continuidad y viabilidad de la agricultura y ganadería de la Región de Murcia.

La disminución prevista de los fondos agrícolas en cerca del 22%, junto con un aumento quintuplicado del gasto militar en Europa, preocupa a representantes del sector rural de Cádiz, quienes advierten sobre las consecuencias que estos cambios podrían acarrear para la economía agraria y la vida en las zonas rurales andaluzas. Así lo afirmó el diputado provincial de Izquierda Unida (IU) en Cádiz, Ramón Galán, en la moción que la formación defenderá ante el Pleno de la Diputación de Cádiz, en la que se reclama también que se rechacen los recortes ligados al presupuesto militar y a la reorientación belicista de la Unión Europea. De acuerdo con IU, estos ajustes presupuestarios y la proximidad de la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el bloque Mercosur suponen un riesgo directo para la agricultura, la ganadería y los intereses de los agricultores y ganaderos locales.

El medio Europa Press precisó que IU llevará este miércoles al Pleno de la Diputación una moción para exigir el rechazo al acuerdo comercial con Mercosur, al considerar que impactaría negativamente en la agricultura y ganadería profesional y social, en la seguridad y soberanía alimentarias y en la protección del medio ambiente y de los derechos del campesinado. Según la nota informativa difundida por IU, la provincia de Cádiz, caracterizada por su fuerte sector agroganadero y pesquero, se encuentra especialmente expuesta ante una eventual competencia desleal derivada de este tipo de acuerdos internacionales.

En el texto de la moción, que será defendido por Galán, se solicita que el Pleno exija a las instituciones europeas una Política Agraria Común (PAC) consolidada, dotada de fondos suficientes y adecuada a las necesidades del sector agrícola y ganadero social y profesional. La propuesta insiste en que dichos fondos deben servir para favorecer estrategias que impulsen el relevo generacional, el acceso a empleos dignos y la estabilidad de las comunidades rurales, evitando situaciones que puedan poner en riesgo la permanencia de la población en el medio rural.

IU demanda que la Diputación de Cádiz rechace tanto los recortes en la PAC causados por el giro militarista del presupuesto europeo, como la estrategia de rearme promovida recientemente con el respaldo de formaciones como el Partido Popular y Vox, lo que, según detalla Europa Press, se realiza a expensas de los fondos agrícolas, la cohesión territorial y la continuidad de la soberanía alimentaria en Andalucía.

La moción presentada alude directamente a las movilizaciones recientes de agricultores y ganaderos en la provincia de Cádiz, señalando que estos actos de protesta, en los que participaron tanto Galán como el coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, se sumaron a concentraciones celebradas en otros territorios estatales 'para defender su derecho a vivir dignamente de su trabajo'. Según publicó Europa Press, los manifestantes exigen que las autoridades europeas prioricen la protección de quienes producen alimentos, en vez de sacrificar sus intereses ante los procesos de liberalización comercial y los intereses de grandes conglomerados agroalimentarios multinacionales.

Durante estos encuentros reivindicativos, los agricultores y ganaderos han puesto de relieve el efecto de los citados recortes presupuestarios en su calidad de vida y su actividad laboral, ya que la reducción de fondos agrarios planeada complicaría de manera significativa el sostenimiento de las explotaciones familiares y el futuro de los jóvenes en el campo. Europa Press reportó que IU considera que estas decisiones pueden tener un impacto directo en los municipios rurales, donde más del 50% depende principalmente de las actividades agrícolas para su empleo.

El texto de IU subraya también la importancia del sector primario en la fijación de la población rural y en la lucha contra el despoblamiento, al igual que en la preservación de las condiciones para que la vida siga siendo sostenible y digna en estos territorios. Según la formación, la política agraria debe orientarse a mantener la autonomía alimentaria y el tejido económico y social vinculado al campo andaluz, en lugar de abrir paso a importaciones que puedan perjudicar la producción local.

La propuesta de IU exige que se garantice la financiación suficiente para la PAC y que esta se utilice de manera estratégica para dar respuesta a las necesidades reales del campo, promoviendo el empleo, la transición generacional y la permanencia de la población en los municipios rurales. Europa Press detalló que la moción incluye además la solicitud expresa para que la Diputación se posicione firmemente contra cualquier recorte asociado al incremento del gasto en defensa o a la aplicación de políticas de rearme en el contexto del presupuesto europeo.

En el argumento de IU, al priorizar los fondos hacia el sector militar, se pone en riesgo la viabilidad del empleo rural y el equilibrio territorial, a la vez que se debilitan los instrumentos destinados a proteger la seguridad alimentaria y el entorno rural. Por ello, la formación reclama un cambio de rumbo en las prioridades presupuestarias europeas para que el campo y las personas que viven de la agricultura y la ganadería no vean reducidos sus derechos y oportunidades por decisiones que responden a intereses ajenos a su realidad.

El debate sobre estas políticas llega en una coyuntura marcada por la negociación del acuerdo UE-Mercosur y ante la inminente celebración del pleno en la Diputación de Cádiz. IU anticipa que mantendrá su postura de defensa del sector primario andaluz y solicita el respaldo institucional frente a los riesgos detectados, según lo consignó Europa Press en sus reportes.

Más del 60% de las explotaciones cerealistas pierde dinero en España si se descuentan las ayudas europeas, revelando una situación de profunda vulnerabilidad económica. Este déficit se agrava ante la inminente reforma de la Política Agraria Común (PAC), que podría reducir un 20% los pagos directos y los subordinará a resultados ambientales cuantificables, según recoge el informe de Transcendent sobre la transformación estructural del sector agroalimentario español.

El panorama viene marcado, además, por factores como la degradación de los suelos, ya que el 74% del territorio nacional es susceptible de desertificación, el envejecimiento de la población agraria y la ausencia de relevo generacional. Frente a este diagnóstico, la combinación de prácticas de agricultura regenerativa y tecnologías de precisión aparece como una alternativa económicamente viable.

Según el informe, en cereales de secano, cuya superficie nacional supera los 5,7 millones de hectáreas, la transformación de los sistemas convencionales, que actualmente cuentan con márgenes negativos de -46 euros por hectárea, puede situar el rendimiento en +87 euros por hectárea a partir del cuarto año, con una mejora de 133 euros por hectárea y año- aunque es difícil cuantificar a ciencia cierta estos resultados porque depende del territorio y el modelo de cultivo-.

La erosión de la rentabilidad en el campo español responde a una serie de factores estructurales. Los costes de insumos esenciales como fertilizantes y energía eléctrica han experimentado subidas notables: los fertilizantes llegaron a incrementar su precio hasta un 144% respecto a 2020 y, aunque para 2025 han descendido, siguen siendo un 54% superiores al nivel prepandemia.

A esto se le suma la factura eléctrica, que prácticamente se ha duplicado desde antes de la crisis energética. Mientras, los precios percibidos por los agricultores cayeron un 6,6% en 2024 y la dependencia de subvenciones públicas se vuelve cada vez más insostenible ante los próximos recortes de la PAC.

El nuevo modelo reduciría los gastos agrícolas

El informe de Transcendent insiste en que los sistemas basados en prácticas regenerativas -rotación de cultivos, cubiertas vegetales, siembra directa- y las herramientas digitales de precisión reducen el gasto estructural de las explotaciones. En concreto, habla de hasta un 34% menos en fertilizantes, un 45% menos en combustible y un 19% menos en pesticidas para cultivos de cereal de secano.

Para recuperar la inversión inicial que supondría este cambio de modelo agrario el informe estima un periodo de entre cinco y ocho años en función del tamaño de la explotación, una brecha que se acorta hasta los cinco años si se incluyen los ingresos procedentes de la monetización de créditos de carbono. La implantación generalizada de este modelo -incluso si solo afectara al 50% de la superficie cerealista- aportaría un beneficio agregado de 379 millones de euros anuales al sector, transformando radicalmente su sostenibilidad económica.

Además, el modelo regenerativo también tendría un impacto ambiental positivo. Los suelos bajo gestión regenerativa logran capturar entre 2,0 y 2,5 toneladas de CO2 por hectárea al año, atenuar la erosión en más de un 80% y ampliar un 25% la capacidad de retención de agua. En un país donde la sequía en 2023 generó pérdidas de 5.550 millones de euros, esta mejora de la resiliencia deja de ser un añadido marginal para convertirse en una ventaja de mercado directa.

Una oportunidad, muchas barreras

El paso del actual modelo tradicional de labranza, arraigado en la cultura agraria española, hacía el modelo regenerativo se encuentra con varias barreras, desde la fata de asesoramiento y acompañamiento técnico, pasando por la elevada inversión inicial, hasta el envejecimiento del sector, con un importante problema de relevo generacional.

Desde la asociación agraria COAG señalan el envejecimiento del campo como el principal escoyo. “Es muy difícil de llevar el cambio en explotaciones donde el jefe ya tiene cierta edad”, señala Javier Fatas, productor de cereales y miembro de la asociación. Según el agricultor, la media de edad en las explotaciones de cereales está en los 60 años, por lo que los cambios son complicados debido a “temas culturales y económicos”.

En relación a las barreras económicas, fatas destaca que los agricultores están muy condicionados por los gastos de explotación. “Por el combustible, por las horas de trabajo, la maquinaria. Vamos muy ajustados con la rentabilidad”, alega. Además, considera que, donde se ha implementado este modelo tiene una rentabilidad mayor a medio plazo, no solo por la productividad, sino también por la falta de gasto en esa explotación.

Los peligros detrás del beneficio

El informe identifica también acciones concretas para los agentes clave capaces de acelerar la transición. Para las instituciones financieras, se abre un mercado emergente de financiación verde cuyo volumen podría situarse entre 2.250 y 3.750 millones de euros, justificado, además, por una demanda estructural y un fuerte respaldo regulatorio.

Para las empresas de consumo y distribución, invertir en la sostenibilidad de los proveedores agrícolas significa garantizar la resiliencia del suministro frente a perturbaciones climáticas, además de facilitar la reducción de emisiones de alcance 3 -responsables de hasta el 90% de la huella total en la industria alimentaria- y abrir vías de diferenciación de marca.

Por otra parte, para los agricultores, Faras señala que “el futuro en muchas zonas está en la agricultura regenerativa y de conservación, basada en ahorrar gastos”, pero el problema es que, en vez de ser desarrollado por los agricultores “terminen estando en manos de grandes fondos de inversión, desapareciendo una parte de la agricultura”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que España ha logrado contener y erradicar los recientes brotes de peste porcina africana (PPA), subrayando que todos los casos detectados han estado vinculados a la fauna salvaje, especialmente a jabalíes, y que “ninguna explotación se ha visto afectada”.

“Cruzo los dedos como ustedes para que no la tengamos”, ha afirmado el ministro, quien ha advertido de que España no puede bajar la guardia frente a una enfermedad que supone una seria amenaza para el sector porcino europeo, según recoge Europa Press.

Planas ha puesto en valor la gestión realizada por las autoridades sanitarias y el sector, destacando que la rápida actuación ha permitido proteger las granjas y preservar la reputación internacional del país. En este sentido, ha recalcado que España continúa exportando el 80% del volumen que vendía al exterior antes de los brotes y mantiene abierto el 82% de los certificados sanitarios internacionales.

“Somos un país tan serio, tan riguroso y con tanta reputación a nivel internacional que, a pesar de tener un brote de peste porcina, seguimos exportando con normalidad”, ha defendido el ministro, quien ha considerado estos datos una prueba de la confianza de los mercados exteriores en los controles sanitarios españoles. Se ha comprometido a trabajar para que España recupere “cuanto antes” el estatus oficial de país libre de peste porcina africana, un reconocimiento clave para reforzar aún más la posición del porcino español en los mercados internacionales.

Concesiones de la PAC

Luis Planas también ha avanzado que la Comisión Europea ha realizado “algunas concesiones parciales” en el marco de la futura Política Agrícola Común (PAC), aunque ha pedido prudencia hasta verlas reflejadas “en cifras y en el resultado final”.

Ha advertido de que se trata de una “discusión muy dura” que se prolongará previsiblemente hasta el primer trimestre de 2027, si bien se ha mostrado convencido de que España logrará “un buen resultado” en una negociación clave para el futuro del campo.

Unidad total frente a la renacionalización

El ministro ha dejado claro que el Gobierno rechaza la propuesta inicial de Bruselas y, especialmente, cualquier intento de renacionalizar la PAC que, a su juicio, pueda esconder un recorte indirecto de fondos. “No nos gusta la propuesta de la Comisión Europea, pero estamos todos unidos”, ha subrayado, en referencia al respaldo conjunto del Ejecutivo, las 17 comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y cooperativas.

Planas ha ironizado sobre la posibilidad de que la Comisión traslade a los Estados miembros la responsabilidad de ajustar los presupuestos: “Dice, yo no recorto, usted haga el recorte a medida”. Y ha sido tajante: “El sector agroalimentario no debe sufrir ningún recorte en la próxima PAC”.

Durante su intervención en Valladolid en un encuentro organizado por El Norte de Castilla, el ministro ha anunciado que el Gobierno propondrá a las comunidades autónomas destinar el 10% de los fondos de la nueva PAC a la incorporación de jóvenes al sector primario. También se ha mostrado partidario de mantener la ayuda acoplada a la remolacha y ha recogido la preocupación del sector ovino, para el que plantea un programa específico en la próxima PAC que refuerce al ovino-caprino.

Mercosur, India e Indonesia

En paralelo a la negociación europea, Planas ha defendido los acuerdos comerciales con Mercosur, India, Indonesia y la posible incorporación de Australia, asegurando que representan oportunidades para el sector agroalimentario español.

Según datos avanzados por el ministro, España habría cerrado 2025 con más de 78.000 millones de euros en exportaciones agroalimentarias, un 80% más que en 2018, con un saldo positivo de 18.300 millones, lo que sitúa al país como uno de los grandes motores agroexportadores de la Unión Europea.

El análisis realizado por Ecologistas en Acción junto a Economistas sin Fronteras establece que una gran parte de las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en España, propuestas para su eliminación, asciende a 830,9 millones de euros en 2024. La organización resalta que una reorientación de estos fondos hacia la conservación de los ecosistemas permitiría reducir una cuarta parte del déficit presupuestario que existe para cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el Estado en materia de protección natural. Esta es una de las conclusiones principales del informe que ambas entidades han difundido, en el que se alerta sobre la significativa diferencia entre los fondos públicos dirigidos a actividades agrícolas, forestales y pesqueras, en comparación con los destinados a la preservación y restauración de la naturaleza.

Según consignó Ecologistas en Acción, las administraciones públicas españolas aprobaron ayudas por un total de 7.915,3 millones de euros en 2024 a actividades y empresas vinculadas directamente con la pérdida de biodiversidad. La distribución de estos recursos revela que el 90% se canalizó al sector agrario, el 7% al forestal y el 3% al pesquero. El informe precisa que, en contraste, el presupuesto anual orientado de manera explícita a la conservación y restauración de la naturaleza, sumando los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos, se sitúa en 2.000 millones de euros, lo que representa una cuarta parte de las ayudas concedidas a actividades con impacto negativo en el entorno.

El medio Ecologistas en Acción añadió que esta realidad evidencia lo que define como una “incoherencia fiscal”, adviertiendo que la brecha financiera nacional para lograr los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica asciende a 3.500 millones de euros. Desde la organización, se sostiene que reformar, reconducir o eliminar los incentivos públicos que contribuyen a la pérdida de biodiversidad permitiría resolver este desfase económico. El informe, fruto de una investigación de un año basada en datos oficiales de cuentas nacionales y autonómicas, revisa las políticas fiscales que benefician al sector primario y evalúa su impacto en los ecosistemas y las especies.

Tal como publica Ecologistas en Acción, España no ha cumplido con la meta de transformar el 50% de las subvenciones consideradas perjudiciales para la biodiversidad antes de 2025. Este compromiso está recogido en el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad con horizonte en 2030. La organización recuerda que, en virtud del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, esta transformación constituye una obligación internacional. En su declaración, la ONG advierte que “el Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural –suelo, agua, bosques, mares y especies– al financiar actividades que aceleran su deterioro”.

El informe enfatiza la importancia de las subvenciones para el sostenimiento del sector primario, pero critica que el sistema vigente favorece principalmente a grandes empresas y grupos de presión. Ecologistas en Acción sostiene la necesidad de reformular el sistema de ayudas públicas con el objetivo de alinearlo con la restauración y mantenimiento de la biodiversidad, argumentando que una política fiscal coherente serviría de apoyo a las comunidades rurales y costeras más expuestas a la degradación ambiental.

Según reportó la organización, el 84% de las subvenciones señaladas como más problemáticas en términos de su relación con la pérdida de biodiversidad corresponden a ayudas directas. El 13% restante se reparte entre diferentes exenciones fiscales relativas a combustibles y productos tóxicos usados en la agricultura. El grueso de las ayudas directas “problemáticas” proviene de fondos europeos: la Política Agraria Común (PAC) en los sectores agrario y forestal, y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para el pesquero.

El estudio también recoge el papel de los fondos europeos Next Generation, particularmente aquellos destinados a la intensificación de regadíos y a la producción de bioenergía mediante la quema de biomasa forestal. Estos apoyos, según detalla la investigación, contribuyen indirectamente a la degradación de los hábitats y a la presión sobre especies silvestres.

A su vez, la investigación realiza una valoración de los diferentes incentivos fiscales en vigor y apunta a aquellos que benefician la compra y uso de plaguicidas y fertilizantes o el combustible para la pesca profesional. De acuerdo con el análisis, sería necesario reformar el 79% de las medidas fiscales analizadas y eliminar directamente el 11%, mientras que el 10% restante ya se ha suprimido.

El medio Ecologistas en Acción subraya que la suma de las subvenciones propuestas para su eliminación equivale a 830,9 millones de euros en 2024, una cifra cuya reorientación a tareas de conservación de la biodiversidad podría contribuir de manera significativa al cierre de la brecha financiera que registra España para cumplir sus compromisos de protección ambiental.

La entidad recalca en el informe presentado que el abordaje de esta cuestión no resulta únicamente una cuestión de adecuación a las normativas internacionales, sino que incide sobre intereses nacionales básicos: la protección del suelo, el agua, los bosques y los mares, así como la supervivencia de las especies que integran la biodiversidad del país.

Según publicó Ecologistas en Acción, esta es la primera investigación en España que cuantifica de forma detallada el desajuste entre los recursos públicos dirigidos a actividades que pueden acelerar el deterioro natural y aquellos realmente invertidos en conservar y restaurar los ecosistemas. El estudio reclama un rediseño del sistema fiscal que, según sostienen las organizaciones responsables del informe, permitiría tanto cumplir los acuerdos internacionales como fortalecer las economías locales más dependientes de la salud de su entorno.

Ecologistas en Acción concluye que priorizar la conservación y restauración de la biodiversidad a través de una reorientación del gasto público representa una oportunidad para avanzar hacia una política ambiental y fiscal coherente con los compromisos adquiridos y las necesidades del país.

El impacto que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur puede tener sobre sectores clave como el vacuno, avícola, azúcar y maíz ha despertado preocupación en Andalucía, donde se prevé que la agricultura y el entorno rural sufran consecuencias significativas. De acuerdo con el medio original, Toni Valero, coordinador regional de Izquierda Unida en Andalucía y diputado en el Congreso por el Movimiento Sumar, ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) destinada a frenar la aplicación provisional de dicho tratado comercial en España.

Según detalló el medio, Valero calificó de "estafa" y "parche" las actuales cláusulas de salvaguarda incorporadas en el acuerdo entre la UE y Mercosur. El dirigente resaltó que, en su opinión, estas cláusulas no ofrecen una protección real ni a los productores ni a los consumidores, debido a que solo actúan cuando el daño económico ya se ha producido. Añadió que su aplicación es, en la práctica, "inaplicable", ya que llegan tarde para prevenir efectos negativos en el sector primario.

Durante su comparecencia en Málaga, Valero insistió en que para Andalucía el tratado con Mercosur representa una amenaza directa no solo sobre el tejido productivo rural, sino también sobre la cohesión territorial y social. El diputado remarcó que sectores fundamentales de la economía andaluza, como el oleícola, los cítricos, el arroz, los cereales, el vacuno y los productos tropicales, pueden verse particularmente vulnerados por las nuevas condiciones comerciales. Detalló que estas actividades constituyen el sustento económico y social para un elevado porcentaje de la población rural, lo que incrementa el alcance de las posibles repercusiones.

Según publicó el medio, Valero explicó que la nueva política comercial europea contradice estrategias y compromisos asumidos previamente, como el programa "De la granja a la mesa" y los lineamientos de transición agroecológica adoptados por la Unión Europea. Además, afirmó que el tratado contraviene la declaración de la ONU sobre los derechos del campesinado. Subrayó que la motivación detrás del acuerdo es beneficiar a grandes multinacionales mediante la eliminación de aranceles y barreras de protección, lo que, en su opinión, conduce a una competencia a la que los agricultores andaluces no pueden hacer frente en igualdad de condiciones.

Valero señaló que, frente a las movilizaciones de agricultores y productoras que exigen precios justos y la posibilidad de vivir dignamente de su trabajo, la respuesta institucional se ha limitado a reducir el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) en un veintidós por ciento. Según reportó la fuente original, el líder de Izquierda Unida acusó a la Comisión Europea, compuesta mayoritariamente por conservadores, de priorizar el aumento del gasto militar, una estrategia que, según indicó, también defienden partidos como PP y Vox.

El dirigente criticó la postura de quienes abogan por relajar las normativas europeas en materia de sanidad, medio ambiente y control de calidad alimentaria para adaptarse al nuevo escenario comercial que el tratado de la UE con Mercosur traería consigo. Según expuso Valero, esa propuesta supondría un retroceso en las garantías públicas europeas.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la Proposición No de Ley presentada por Sumar buscará impedir la ratificación provisional del tratado, en un contexto en el que el acuerdo enfrenta tanto protestas sociales como recursos legales ante el Tribunal Superior y el Tribunal de Justicia Europeo. La iniciativa pretende defender la coherencia entre la política comercial y los objetivos de la transición agroecológica, con énfasis en garantizar los derechos del campesinado y la supervivencia de la soberanía alimentaria como base de la autonomía estratégica de Europa. Según Valero, la soberanía alimentaria resulta esencial tanto para la autonomía política como económica del continente.

El parlamentario consideró que defender los intereses rurales implica tanto rechazar el acuerdo con Mercosur como oponerse a los recortes en la PAC decididos por la Unión Europea. En ese sentido, remarcó que gran parte del mundo rural andaluz se juega el futuro frente a un tratado que, según sus declaraciones recogidas por el medio original, podría erosionar el empleo y el arraigo social en las comunidades agrícolas.

Finalmente, la intervención de Valero dejó en evidencia la preocupación sobre la compatibilidad de este pacto con los objetivos de sostenibilidad y cohesión social en Andalucía. Argumentó que la aprobación y aplicación del acuerdo con Mercosur generaría desequilibrios a nivel territorial y social en la región, por lo que afirmó la necesidad de fortalecer las políticas europeas que defienden la producción local, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria, según consignó el medio.

Entre las medidas propuestas, la suspensión urgente de transferencias de fondos públicos destinados a proyectos agroalimentarios en Marruecos generó uno de los puntos de fricción destacados durante el debate en el Congreso. A esta solicitud se sumaron demandas para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y desacuerdos con la aplicación del Pacto Verde Europeo. Según informó el medio, la moción, impulsada por Vox, también implicaba cuestionar la nueva Política Agraria Común (PAC) y planteaba endurecer los controles de entrada de productos agrícolas, situando a la formación liderada por Santiago Abascal en el centro de una polémica parlamentaria que confrontó a varias fuerzas políticas sobre el futuro de la agricultura española.

El Partido Popular, por su parte, decidió abstenerse y no sumarse al rechazo explícito de los acuerdos comerciales con Mercosur y Marruecos incluido en la proposición no de ley presentada por Vox. De acuerdo con la información consignada por el medio, la iniciativa estaba compuesta por veintinueve medidas que abarcaban distintos aspectos del sector primario, entre ellas la condena al borrador de la próxima PAC, que contempla una reducción de fondos agrícolas en favor de mayores gastos militares.

Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro adoptaron también una postura de abstención, mientras que los demás grupos del hemiciclo votaron en contra. Tal como publicó la fuente original, la propuesta de Vox instaba a paralizar cualquier tipo de transferencia pública a aquellos países que considerara que representan una competencia desleal para el sector agrícola español. Este apartado se dirigía específicamente a Marruecos, señalando el riesgo de financiación indirecta de productores extranjeros que, en opinión de Vox, afectaban la competitividad de los agricultores nacionales.

Entre los puntos destacados del paquete, Vox exigía reforzar los controles de frontera con la finalidad de garantizar que todos los productos agroalimentarios importados cumplan rigurosamente con la normativa comunitaria. En línea con lo anterior, el medio enfatizó que la iniciativa abogaba además por la creación de sistemas claros de etiquetado para identificar el origen y la procedencia de los productos, reforzando así la transparencia en el mercado interior europeo.

Otra de las peticiones de la formación consistía en exigir a las instituciones comunitarias la prohibición de entrada de productos provenientes de países terceros cuando estos hubieran sido producidos con fitosanitarios ya vetados en Europa, según reportó la fuente. Esta demanda hace referencia a preocupaciones dentro del sector agrícola respecto a la competencia que plantean productos del exterior elaborados mediante técnicas no permitidas por la legislación europea.

La iniciativa también condenaba el contenido del borrador en discusión sobre la próxima reforma de la PAC, que prevé una disminución de los fondos destinados a la agricultura para redirigir parte del presupuesto comunitario al ámbito de la defensa e inversiones militares. El medio detalló que, para Vox, este planteamiento pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrícolas españolas frente a desafíos económicos y normativos.

El debate en el Parlamento, recogido por la fuente, reflejó posturas divergentes entre los grupos. Mientras Vox defendía la urgencia de proteger al sector primario reforzando barreras comerciales y controlando el uso de fondos públicos, la abstención del Partido Popular fue interpretada en la cámara como un intento de evitar confrontar directamente con las posiciones de la formación de Abascal sin alinearse plenamente con sus demandas. A su vez, la negativa del resto del arco parlamentario subrayó la falta de consenso sobre la estrategia de relación de España con la política agrícola europea y los tratados comerciales internacionales.

Los argumentos expuestos durante la discusión incluyeron críticas a la manera en que los acuerdos de libre comercio afectan a los productores españoles, así como el impacto de las políticas medioambientales europeas sobre el modelo agrícola nacional. Vox consideró necesarios cambios estructurales en la negociación internacional y en la administración de ayudas, mientras otros grupos afearon la naturaleza restrictiva y nacionalista de la moción.

Según consignó el medio citado, la sesión parlamentaria puso sobre la mesa debates de fondo acerca del equilibrio entre los compromisos internacionales de España, la aplicación uniforme de normativas fitosanitarias y la protección de la agricultura nacional frente a la competencia externa. También surgieron cuestiones respecto al aprovechamiento de fondos públicos y el control sobre su destino, en particular en relación con países que, en opinión de algunos partidos, podrían incidir negativamente en el sector local.

El rechazo mayoritario a la proposición no de ley confirmó la distancia existente entre la postura defendida por Vox y las prioridades del resto de formaciones sobre el diseño de la política agraria española dentro del marco comunitario y frente a los acuerdos de libre intercambio.

Según detalló EFE, tras la visita de Planas a los municipios de Posadas y Palma del Río, ubicados en Córdoba, el ministro declaró que, basándose en datos preliminares de Agroseguro, las hectáreas damnificadas por las lluvias en Andalucía ascienden a unas 14.500, aunque esta cantidad podría incrementarse próximamente a medida que avance la peritación. Planas subrayó que, más allá de la superficie, también hay impacto relevante en las cosechas, la capacidad productiva y en infraestructuras agrarias, como caminos rurales y sistemas de riego.

El medio EFE recogió que la sucesión de ocho borrascas en las últimas semanas ingresó inicialmente por Huelva y Cádiz, extendiéndose luego por toda Andalucía. Los cultivos afectados incluyen una gran diversidad, como cítricos, frutos rojos, olivar, cultivos herbáceos, hortalizas e inclusive frutas subtropicales. La magnitud de los acontecimientos llevó a Planas a afirmar que se requiere una “respuesta excepcional” frente a una situación considerada igualmente excepcional.

En este contexto, Planas desglosó una estrategia basada en tres ejes principales: la activación del seguro agrario, la solicitud de fondos europeos y la valoración exhaustiva de los daños para definir compensaciones adicionales. Insistió en la necesidad de acelerar estas valoraciones para que los afectados reciban las indemnizaciones cuanto antes y se recupere la estabilidad del sector productivo.

EFE consignó que el Gobierno español ya ha cursado una petición a instancias europeas para movilizar la denominada "reserva agrícola" de la Unión Europea, lo que permitiría acceder a recursos para financiar parte de las medidas de recuperación planteadas. Además, Planas manifestó la intención de flexibilizar ciertos requisitos de la Política Agraria Común (PAC), ya que las condiciones meteorológicas adversas dificultan que muchos agricultores puedan cumplir los parámetros requeridos en sus explotaciones habituales.

El ministro reconoció, según informó EFE, el trabajo conjunto y el clima de colaboración entre las distintas administraciones públicas, algo que consideró fundamental para satisfacer las demandas de los agricultores y ganaderos. Estas demandas incluyen, principalmente, la agilización en la valoración de los daños y la tramitación de ayudas de forma prioritaria para los perjudicados.

Por otro lado, Planas reiteró la importancia de la intervención estatal y europea para hacer frente a una crisis que amenaza no solo la campaña productiva actual, sino que podría dejar efectos en el mediano plazo en el tejido agrario andaluz. La disponibilidad de ayudas y la agilización de trámites, según insistió el ministro en las declaraciones recogidas por EFE, aparecen como elementos clave para amortiguar las consecuencias y favorecer la recuperación económica del sector agrícola regional.

Los datos aún en fase provisional hacen prever que la superficie perjudicada podría aumentar considerablemente, extendiendo la necesidad de intervención a un mayor número de productores y superficies que abarcan desde cultivos extensivos hasta estructuras esenciales para la logística rural. EFE también informó que Planas expresó su compromiso de mantener un seguimiento cercano tanto de la evolución de las peritaciones como de la llegada de ayudas y fondos, conscientes de la urgencia que manifiestan los agricultores y ganaderos de la zona.

La falta de acceso a información precisa sobre las importaciones agrícolas, sumada a la percepción de ausencia de reciprocidad en los estándares laborales, sanitarios y medioambientales, preocupa notablemente a los responsables agrarios en Andalucía, situación señalada durante el Pleno Regional celebrado en Vícar, Almería. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) utilizó este foro para reclamar un paquete de ayudas urgentes tras la pérdida de más del 20 por ciento de la producción regional a causa de los recientes temporales, al tiempo que expresó su rechazo a los tratados comerciales que la Unión Europea mantiene con Mercosur y Marruecos. Según informó la agencia Europa Press, estas inquietudes estructuraron el debate central sobre la situación actual y los desafíos inmediatos enfrentados por los productores locales.

El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, detalló que la organización está trabajando en la elaboración de ayudas económicas directas dirigidas especialmente a las zonas más impactadas y a los agricultores y ganaderos cuya principal fuente de ingresos depende de la actividad rural. Ávila remarcó la urgencia de implementar estos apoyos ante el grave escenario que atraviesan miles de explotaciones, muchas de las cuales han perdido la totalidad de sus cosechas y afrontan la imposibilidad de proceder a nuevas siembras en la presente campaña. “La urgencia de las ayudas queda patente ante un escenario en el que miles de explotaciones han perdido toda su producción y se enfrentan a la imposibilidad de sembrar esta campaña, generando así un año de 24 meses. Sólo a través de estas ayudas se pueden paliar un poco estas fatales consecuencias", declaró Ávila, según reportó Europa Press.

COAG subrayó, además, la necesidad de que estas iniciativas urgentes se complementen con acciones a medio plazo orientadas a modernizar infraestructuras y planteamientos estructurales, dada la creciente severidad e impacto de los fenómenos meteorológicos extremos sobre el sector agropecuario. "Esto ha llegado para quedarse. El clima cada vez es más extremo y su impacto, más devastador, por eso las ayudas deben estar orientadas hacia la modernización de las infraestructuras agrarias", precisó Ávila durante la reunión, cuyos participantes incluyeron representantes de agricultores y ganaderos de todas las provincias andaluzas.

Europa Press detalló que la organización insistió en su rechazo a los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países de fuera del bloque, especialmente Mercosur y Marruecos, argumentando que tales tratados generan una desventaja competitiva frente a productores que operan bajo regulaciones diferentes y menos exigentes. COAG alertó sobre la dificultad de obtener información certera respecto a los volúmenes y condiciones de los productos importados, lo que, según el colectivo, impide la protección efectiva de la producción local. "Sin una unidad aduanera, la aplicación de cláusulas de salvaguarda resulta un brindis al sol. En Almería ya estamos sufriendo las consecuencias del acuerdo de Marruecos. Experiencias así nos dejan claro que la UE no tiene intención de cumplir los acuerdos; y que la entrada de productos sin control va a ser una triste realidad para todos", sostuvo Ávila, citado por Europa Press.

Desde la organización agraria se destacó además el derecho de conocer la trazabilidad y calidad de los productos que ingresan al mercado europeo. Según palabras del propio secretario general, “tenemos derecho a saber qué entra en Europa y en qué condiciones. Lamentablemente, ni la entrada de productos ni sus estándares de calidad son asegurados con Mercosur ni con ningún otro acuerdo comercial con terceros países”. COAG Andalucía reclamó una mayor transparencia y reciprocidad en materia de controles y requisitos aplicados a los productos extranjeros que compiten en el mercado regional.

Nícleo central del debate durante el Pleno Regional también lo constituyó la reforma de la Política Agraria Común (PAC), considerada por los asistentes como un eje fundamental para el porvenir del modelo productivo local. Según recogió Europa Press, Ávila insistió en la relevancia de la financiación derivada de estas políticas para facilitar tanto la incorporación de jóvenes agricultores como procesos de modernización dentro del sector. “Es importante para nuestro futuro, al ofrecer opciones ante áreas primordiales como la incorporación de jóvenes o la modernización. En este sentido, es imprescindible conseguir fondos suficientes para la buena marcha de las medidas”, puntualizó Ávila.

A lo largo de la reunión, COAG alertó sobre el riesgo que supone la desaparición progresiva de explotaciones andaluzas, hecho que incrementa la dependencia de Europa respecto a productos y alimentos provenientes de terceros países, afectando tanto la soberanía alimentaria del continente como la oferta disponible a la población local. En este contexto, Ávila enfatizó que el cierre de explotaciones no solo afecta a los agricultores y ganaderos, sino que constituye un problema mayor para el conjunto de la sociedad europea. El dirigente remarcó: "el cierre de explotaciones agrarias nos lleva a que cada vez dependamos más de terceros países, lo que amenaza no solo la soberanía alimentaria europea, sino también, y de forma directa, la alimentación de sus hijos", de acuerdo con la cobertura de Europa Press.

El encuentro en la sede provincial de la COAG en Vícar marca el inicio de una serie de acciones encaminadas a ajustar las estrategias y demandas de los productores agrarios andaluces a la actual coyuntura. Ávila comentó al respecto: “nuestra intención es acercar los órganos de decisión al territorio, comenzando en Almería y recorriendo el resto de provincias andaluzas”.

Mientras tanto, las cifras recopiladas por la Junta de Andalucía —cifradas por el mismo medio en más del 20 por ciento de producción agrícola perdida— quedan abiertas a un posible incremento, a la espera de los resultados definitivos de la recopilación de datos previstos para la próxima semana. COAG advirtió que la persistencia de factores climáticos adversos y una política comercial que no equilibre las condiciones de competencia para los productores de la región agudizarían las tensiones y fragilidades de un sector que la organización considera estratégico tanto para la economía como para la seguridad alimentaria de Andalucía y de Europa.

La protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas españolas figura entre los elementos destacados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al analizar las perspectivas que abre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para el sector agroalimentario nacional. Según informó Europa Press, Planas resaltó que, además de representar un avance en la garantía de estos distintivos de calidad, el pacto podría contribuir al abastecimiento estable de materias primas esenciales, como la soja, que resulta clave para la alimentación animal en España.

Durante una visita a la localidad onubense de Moguer, el ministro respondió a preguntas sobre la reciente aprobación de cláusulas de salvaguarda para el acuerdo por parte del Parlamento Europeo. Tal como detalló Europa Press, Planas describió a España como un país fundamentalmente exportador, precisando que en 2025 las exportaciones del sector agrícola nacional habrán superado los 77.000 millones de euros. En este contexto, sostuvo que todos los tratados de libre comercio suscritos por la Unión Europea —incluidos los acuerdos con Mercosur, India, Indonesia, Japón, Canadá y Corea— abren posibilidades para los productos españoles en numerosos mercados.

El titular de Agricultura subrayó ante los medios que la apertura comercial a través de Mercosur ofrece importantes oportunidades para el aceite de oliva, el vino, frutas, hortalizas y productos previamente transformados en origen. Insistió, de acuerdo con lo transmitido por Europa Press, en que la diversificación de destinos mejora la competitividad de la producción nacional, al tiempo que aumenta la estabilidad de los sectores agrícola y ganadero frente a posibles crisis de oferta o demanda.

Planas destacó, según publicó Europa Press, que la entrada en vigor del acuerdo ha ido acompañada de instrumentos destinados a proteger los intereses de productores y consumidores europeos ante posibles riesgos. El ministro precisó que la Unión Europea exige a todos los productos procedentes de Mercosur el cumplimiento de los mismos estándares requeridos en la UE, en materia de seguridad y calidad. En ese sentido, negó que el acuerdo implique la aceptación de carne tratada con hormonas, afirmando que estos productos no están autorizados en ninguno de los cuatro países que integran Mercosur y, por tanto, no pueden exportarse a territorio comunitario. "Se hace en Estados Unidos pero no la aceptamos en la Unión Europea", afirmó. Planas consideró que el temor acerca de la introducción de carne hormonada responde a desinformaciones o bulos, e instó a centrarse en la realidad de la normativa vigente y los mecanismos de control puestos en marcha.

El ministro enumeró, según consignó Europa Press, tres sistemas de control clave incluidos en el pacto con Mercosur. En primer lugar, se encuentra la verificación prioritaria de la seguridad de los productos importados. En segunda instancia, se establecen contingentes para las mercancías consideradas más sensibles, limitando los volúmenes que pueden introducirse en el mercado europeo. Finalmente, se adoptaron cláusulas de salvaguardia que pueden aplicarse no solo de forma ordinaria, sino también extraordinaria, otorgando a cualquier Estado miembro de la UE la capacidad de activar medidas de respuesta en menos de 20 días, forzando una intervención de la Comisión Europea. A esto se suma, según lo señalado por el titular de Agricultura, la posible utilización de un fondo de contingencias, diseñado para hacer frente a situaciones imprevistas derivadas de la aplicación del acuerdo.

En este escenario, Planas declaró que el sector agroalimentario español cuenta con herramientas tanto para impulsar las exportaciones como para activar mecanismos de defensa frente a eventuales amenazas a la competencia leal o a la producción local. Según indicó el propio ministro recogido por Europa Press, las instituciones comunitarias han diseñado un sistema equilibrado que persigue el crecimiento del comercio internacional sin comprometer los intereses estratégicos de los actores nacionales.

Pese al optimismo por las oportunidades comerciales, Planas reconoció la preocupación persistente entre productores y organizaciones del sector agrícola y ganadero. Europa Press reflejó su sensibilidad hacia esas inquietudes, subrayando el compromiso del Gobierno español y la Unión Europea en garantizar unos estándares exigentes y una respuesta ágil ante cualquier posible impacto negativo. Según expresó el ministro, la inquietud del sector se vincula también al proceso de negociación en torno a la futura Política Agraria Común (PAC) tras 2027. "Estamos en el principio de una negociación, como siempre, que será dura y difícil, pero donde espero que podamos lograr buenos resultados", expuso. Además, destacó que en Bruselas su interlocución representa tanto al Ejecutivo central como a las comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias y cooperativas, mostrando una postura unificada sobre la reforma de la PAC.

Europa Press también reportó que el ministro valoró positivamente la posición adoptada por el Gobierno de España en el actual contexto europeo, al apostar por una defensa coordinada de los sectores estratégicos y mantener el contacto continuo con todos los agentes implicados. Según precisó Planas, todas las garantías incorporadas en el acuerdo buscan equilibrar la apertura comercial y las necesidades de protección del tejido productivo español, preservando tanto las oportunidades para colocar productos nacionales en los mercados emergentes como la salvaguarda de los intereses locales ante eventuales desafíos competitivos provenientes de terceros países.

El sector agrícola andaluz representa uno de los principales motores económicos de la región, con una comercialización anual en torno a los 16.000 millones de euros, según detalló la Junta de Andalucía. Ante la posibilidad de que la entrada de productos agrícolas y ganaderos provenientes del exterior de la Unión Europea, concretamente desde los países del Mercosur, se realice sin garantías plenas, el gobierno andaluz alertó que esto podría generar un impacto negativo en el mercado local. Según informó el medio responsable de la cobertura, la Junta manifestó su oposición a la ratificación y entrada en vigor provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur mientras no se adopten medidas suficientes para proteger los intereses de los productores andaluces.

Tal como publicó la fuente, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, expuso ante el Parlamento de Andalucía que la Junta rechaza cualquier avance en el acuerdo sin la implementación previa de condiciones dirigidas a asegurar una competencia equitativa. En su intervención, Fernández-Pacheco hizo énfasis en la necesidad de reforzar los controles fronterizos en toda la Unión Europea para evitar la entrada de productos que no cumplan con los mismos requisitos sanitarios, laborales y ambientales que se exigen a los productores de la región. El consejero precisó que “la Junta está en contra de la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur si no se dan las debidas garantías”, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Vox y recogida por el medio citado.

Entre las exigencias planteadas por la Junta, el funcionario andaluz destacó la importancia de establecer cláusulas automáticas de salvaguarda que sean “lo suficientemente proteccionistas para defender a nuestros agricultores y ganaderos”. Además de los controles reforzados, Fernández-Pacheco subrayó la importancia de dotar al sistema de transparencia efectiva, de modo que todos los actores del sector puedan acceder a información precisa sobre qué mercancías están ingresando, en qué cantidades y a través de qué puntos de la Unión Europea.

Según reportó el mismo medio, la Junta insiste en que los productos de importación deben cumplir con las obligaciones que enfrentan los productores europeos, de no ser así, podría producirse una distorsión significativa en la competencia y una merma en la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de Andalucía. La administración regional sostiene que la ausencia de controles estrictos y de reciprocidad en las relaciones comerciales permitiría el ingreso de productos que operan bajo normativas menos exigentes, generando así una desigualdad competitiva.

Otro de los puntos abordados por la Junta es la importancia de mantener y reforzar la promoción de los productos agrícolas andaluces, así como el respaldo a través de la Política Agraria Común (PAC). La administración considera que la PAC debe dotar de capacidad suficiente al sector para afrontar los retos creados por el comercio exterior y evitar que los agricultores y ganaderos locales pierdan competitividad frente a las nuevas condiciones de mercado derivadas de acuerdos internacionales como el negociado entre la Unión Europea y el bloque Mercosur.

La Junta de Andalucía también llevó el debate sobre este acuerdo comercial al seno de la Mesa de Interlocución Agraria. Según consignó la fuente, se trata de un foro permanente de diálogo entre la administración y los productores, en el que se recogieron opiniones y propuestas de quienes se ven directamente afectados por la apertura de los mercados y la entrada de productos extracomunitarios. El trabajo realizado en este ámbito busca, según detalló el medio, dar voz a las demandas y preocupaciones del sector ante los responsables políticos y de negociación.

Además, Fernández-Pacheco recalcó en el Parlamento regional que la aplicación efectiva de las cláusulas de salvaguarda constituye una condición indispensable, ya que permitiría activar mecanismos de protección inmediata si la competividad del sector andaluz se viera amenazada. En la misma línea, defendió que Andalucía necesita certidumbre para poder planificar su producción y elaborar estrategias que permitan responder ante cualquier escenario derivado de los acuerdos internacionales, según reportó la fuente original.

El medio detalló que la Junta reiteró la importancia de asegurar la reciprocidad en el cumplimiento de las normas, como requisito esencial para garantizar un mercado justo. El ejecutivo andaluz remarcó que no se opone a la apertura comercial ni al diálogo con los países del Mercosur, pero advirtió que esta apertura no debe llevarse a cabo a costa de perjudicar a los productores locales.

Finalmente, tanto el gobierno regional como el sector consultado a través de la Mesa de Interlocución Agraria coinciden, según reiteró la cobertura, en la exigencia de controles fronterizos más estrictos, transparencia en las importaciones y la adopción de salvaguardas inmediatas ante cualquier situación que amenace los intereses del principal motor económico de la región.

Carolina López, portavoz de Vox en la Junta General, señaló que mientras se debate la necesidad de un relevo generacional en el sector agrario, existen más de cien ganaderos que han quedado excluidos de las ayudas debido a la falta de presupuesto, según reportó Europa Press. López vinculó esta situación con la ejecución de las inversiones anuales, y afirmó que cada año el consejero deja sin ejecutar más del 40% de los fondos destinados, lo que, en su opinión, agrava la crisis que atraviesa el campo español.

El medio Europa Press detalló que Vox realizó este jueves una crítica directa al Pacto por el Medio Rural, al considerar que la iniciativa llega "tarde", carece de propuestas innovadoras y no cuenta con un respaldo presupuestario suficiente. Según la formación, el pacto fue presentado como una medida para proteger el sector primario, pero no establece soluciones reales ni introduce recursos adicionales para resolver los problemas que afectan a agricultores y ganaderos. Para López, el acuerdo equivale a una “cortina de humo” que desvía la atención de temas que, según la portavoz, tienen mayor relevancia para el medio rural, como los efectos del acuerdo comercial con Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC) europea.

La portavoz de Vox argumentó ante la Junta General que el medio rural requiere respuestas concretas que terminen con la destrucción progresiva del sector primario. López sostuvo que la actual política debe transformarse completamente, proponiendo un cambio “de 180 grados” en las decisiones que, desde su perspectiva, están asfixiando a los productores. La situación de los ganaderos y agricultores se complica, detalló Europa Press, por la escasez de nuevas propuestas en el pacto, lo que impide mejorar la viabilidad económica y social de las comunidades rurales.

Durante su intervención, López insistió en la “falta de coherencia” del acuerdo en lo correspondiente a los recursos presupuestarios. Según el análisis expuesto por Vox, las cifras demuestran que mientras se anuncian políticas de apoyo al relevo generacional, la realidad muestra que el acceso al financiamiento sigue restringido para quienes trabajan en el campo. Europa Press recogió las declaraciones de López, quien criticó que el debate público omite abordar las consecuencias para el sector de los recientes acuerdos internacionales y los ajustes presupuestarios comunitarios que, en palabras de la portavoz, perjudican directamente a los productores rurales.

En su análisis, Vox también denunció lo que calificó como una "sumisión política ante Bruselas". López manifestó que muchas de las directrices europeas se implementan sin un verdadero debate nacional y acusó a los europarlamentarios de los principales partidos, PP y PSOE, de legislar de forma contraria a los intereses de los trabajadores del sector primario. “Nos dicen que Europa decide y aquí se acata. Pero Europa no es Marte. Son personas concretas las que toman decisiones, y entre ellas hay representantes del PP y del PSOE que legislan contra nuestro sector primario, ordenando a los ganaderos cómo deben trabajar como si llevaran siglos haciéndolo mal”, expresó la portavoz, como consignó Europa Press.

Según publicó Europa Press, Vox ha expresado reiteradamente que el Pacto por el Medio Rural no satisface las necesidades de las zonas rurales, al no contemplar herramientas prácticas para frenar el deterioro del sector ni proponer una reforma realista adaptada a la realidad de los productores españoles. Además, en la denuncia del grupo se subraya que la “ausencia de respaldo presupuestario” representa un obstáculo principal para el acceso de ganaderos y agricultores a las ayudas previstas.

El partido solicitó medidas más decididas y eficaces para preservar el futuro del campo, y reiteró que para garantizar la sostenibilidad del sector resulta imprescindible un aumento de los fondos y una revisión de las políticas dictadas desde la Unión Europea. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, López defendió la necesidad de "métodos efectivos que pongan fin a la destrucción del sector primario", planteando como urgente una revisión profunda del modelo actual. Los representantes de Vox atribuyeron el debilitamiento del sector primario a decisiones políticas vinculadas tanto a la PAC como a acuerdos internacionales, que, según exponen, desprotegen a los productores nacionales frente a la competencia exterior.

Durante el debate, Europa Press detalló que Vox insistió en que el Pacto por el Medio Rural omite las demandas reales de ganaderos y agricultores y prioriza la narrativa política sobre la solución de los problemas estructurales. López concluyó su intervención señalando que los actuales modelos legislativos y presupuestarios están lejos de responder a la magnitud de la crisis rural y advirtió que la situación de abandono financiero, sumada a la falta de instrumentos innovadores y la dependencia de políticas comunitarias, coloca al sector en una posición vulnerable ante los retos económicos y sociales de los próximos años.

“A mí cada vez me cuesta más producir y a ti cada vez te van a cobrar más, ¿por qué no nos unimos y lo intentamos solucionar?” Con este tipo de mensajes, agricultores y ganaderos trasladaron su preocupación a la ciudadanía durante la movilización en Madrid frente a las reformas europeas y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, según informó Europa Press. El sector alertó sobre el impacto potencial de estas medidas sobre la alimentación y los precios, subrayando la ausencia de respaldo por parte de los partidos políticos.

De acuerdo con Europa Press, cerca de 8.000 agricultores y ganaderos, en compañía de unos 500 tractores provenientes de diferentes puntos de España, se concentraron en la capital tras la convocatoria de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Los participantes atravesaron la Plaza de Colón en columnas que partieron de localidades como Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, Guadalajara y El Espinar. A pesar de que los organizadores aspiraban a congregar a 1.500 tractores, las restricciones de la Delegación del Gobierno limitaron la cifra a la tercera parte y, según fuentes oficiales citadas por Europa Press, finalmente se contabilizaron 367 tractores y unos 2.500 manifestantes a pie al cierre de la jornada.

La protesta se dirigió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y transitó por vías principales como el Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado, deteniéndose frente al propio ministerio. Los asistentes portaron pancartas con lemas como “En defensa del campo que alimenta a Europa”, “Cuando el campo se levanta, Europa se detiene. No a Mercosur”, y mensajes acusatorios como “El campo se muere y tiene asesinos”. También se leyeron mensajes directos al público sobre el encarecimiento de los precios de la alimentación y la inviabilidad de la actividad agrícola.

La organización del evento se apoyó en un operativo formado por más de 1.800 agentes de seguridad, entre ellos 1.000 policías y 800 guardias civiles, junto con efectivos de policía local, quienes supervisaron que la movilización avanzara sin incidentes graves. Europa Press detalló que la marcha se desarrolló bajo lluvia y se registraron algunos retrasos debido al bloqueo de la caravana de tractores por parte de algunos manifestantes, lo que fragmentó el grueso de la protesta y retrasó el inicio previsto en Plaza de Colón.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, manifestó que la presencia masiva de agricultores y el cumplimiento del objetivo de reunir 500 tractores evidenció la determinación sectorial para exigir cambios políticos. Durante su intervención, reiteró que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista “tendrán que hacer lo que sus ciudadanos les pidamos, porque para eso les hemos votado” y criticó la falta de defensa por parte de las principales fuerzas políticas nacionales. También lamentó la ausencia de unidad con otras organizaciones agrarias en la protesta, si bien se pudieron ver banderas de entidades como Asaja y algunas de autónomos. Cortés señaló el acuerdo Mercosur como un tratado comercial perjudicial para el sector e hizo una advertencia sobre la calidad de los alimentos que llegarán con su aplicación: “Hoy, si vamos a comprar un filete de ternera, sabemos que ese filete es sano, pero a partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado”, señaló según citó Europa Press.

La presión sobre la rentabilidad del campo y la viabilidad de las explotaciones fue uno de los ejes centrales de la protesta. Los manifestantes denunciaron que la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) les han dejado en una situación de vulnerabilidad, agravada por el aumento continuo de costes desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esta situación, indicó Europa Press, genera una distancia cada vez mayor entre los precios de origen que perciben los productores y los precios finales pagados por los consumidores, debido a un reparto desigual del margen entre la industria y la distribución, en parte por la falta de funcionamiento efectivo de la ley de cadena alimentaria.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, respaldó la posición de Unión de Uniones en el reclamo a los parlamentarios y remarcó la incidencia directa de la Agenda 2030 y del acuerdo con Mercosur en el declive del sector primario. Aguilera declaró, según recogió Europa Press, que “la Agenda 2030, que sobre todo los Acuerdos Mercosur, va a ser la puntilla del sector primario”, enfatizando que la protesta respondía también a los intereses de todos aquellos que consumen los productos del campo español.

Las reivindicaciones se enfocaron en la denuncia de una presión acumulada sobre el sector durante los últimos años, intensificándose con los efectos colaterales de la guerra en Ucrania. De acuerdo con Europa Press, las organizaciones consideran que los actuales protocolos de sanidad animal no se han actualizado ni puesto en marcha con la rapidez necesaria y estiman que los recortes de la PAC ponen en riesgo la continuidad de las explotaciones, lo que, además, desincentiva el relevo generacional en el campo.

Durante la marcha, algunos manifestantes expresaron abiertamente críticas e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura, Luis Planas. En ese itinerario, los manifestantes pasaron por la sede del PP en la calle Génova antes de llegar al ministerio, exhibiendo pancartas que solicitaban la dimisión de Planas y protestando por la falta de respaldo institucional.

Uno de los mensajes más insistentes de la movilización giró en torno al aviso de posibles aumentos en los precios de la alimentación debido a las políticas europeas y a la liberalización adicional del mercado alimentario con la ratificación del tratado Mercosur. Ante la posibilidad de que sus demandas no sean atendidas, Luis Cortés advirtió, de acuerdo con Europa Press, que los tractores volverían a circular por Madrid y por otras ciudades del país con nuevas protestas si el Ejecutivo no corrige su postura ante la futura PAC y el acuerdo comercial con el bloque sudamericano, declarando: “Si no conseguimos que modifiquen su postura en los próximos días, los tractores volverán a recorrer las calles de Madrid porque no estamos dispuestos a arruinarnos”.

Entre las consignas escritas en pancartas se pudieron leer frases como “El campo no se vende, se defiende”, “Se ara muy fácil con un lápiz”, “Sin campo, no hay nación. Planas Dimisión” y “La comida se cría en el campo no en los supermercados”. Además, se mostraron críticas a la falta de estímulos para la incorporación de jóvenes a la actividad agrícola. Tal como reportó Europa Press, la sensación general entre los manifestantes fue que los cambios legislativos y comerciales impulsados por Bruselas y los acuerdos internacionales ponen en jaque la supervivencia de explotaciones familiares y el futuro del sector rural.

Finalmente, según publicó Europa Press, la coordinación en materia de seguridad, que involucró a cuerpos estatales y locales, garantizó que el desplazamiento de miles de personas y cientos de tractores culminara sin altercados relevantes, en un evento que reflejó la magnitud del malestar existente en el mundo agrario español ante el nuevo escenario político y comercial planteado en el ámbito europeo e internacional.

La modernización del Aeropuerto de Congonhas en São Paulo incorpora la construcción de una nueva terminal de pasajeros, que incrementará su superficie desde los 40.000 metros cuadrados actuales hasta alcanzar los 105.000 metros cuadrados. Según informó el medio, el Gobierno de Brasil indicó que el plan incluye la ampliación de la plataforma de aeronaves, un crecimiento en el número de pasarelas de embarque de 12 a 19 y una zona comercial renovada, que irá más allá de los 20.000 metros cuadrados. Esta terminal constituye uno de los focos principales del plan de expansión presentado para los 11 aeropuertos brasileños gestionados por Aena, respaldado por la financiación de bancos locales.

De acuerdo con el texto publicado por el medio, la inversión total para transformar estos aeropuertos suma 5.700 millones de reales brasileños, equivalentes a 926,4 millones de euros. El plan fue presentado oficialmente el miércoles, con la participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente de Aena Brasil, Santiago Yus. El Gobierno informó que la financiación se concretó tras el acuerdo entre Aena, el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y Banco Santander. El anuncio se enmarca dentro del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que busca impulsar obras de infraestructura a gran escala en el país.

Según consignó el medio, parte significativa de la financiación se estructura mediante la emisión de “debentures” por 5.300 millones de reales (861,4 millones de euros). BNDES suscribió 4.240 millones (689 millones de euros) y el resto provino del Banco Santander. Además, el BNDES proporcionó una línea de crédito Finem por 400 millones de reales (65 millones de euros). El Gobierno detalló que este apoyo financiero permitirá movilizar inversiones adicionales, llevando el total comprometido en modernización aeroportuaria a 9.200 millones de reales (1.495 millones de euros).

El comunicado oficial del Gobierno de Brasil remarcó que las obras en el aeropuerto de Congonhas ya presentan un avance del 29,60%, con una fecha límite de conclusión fijada para junio de 2028. Aparte de Congonhas, Aena también enfoca recursos e intervenciones en las instalaciones aeroportuarias de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros, registrando algunos de estos aeropuertos un progreso relevante: Altamira muestra un avance del 70,48%, Ponta Porã del 79,61% y Corumbá del 67,10%, según reportó el medio.

Actualmente, los 11 aeropuertos gestionados por Aena en Brasil atienden aproximadamente a 29 millones de pasajeros al año. El plan presentado por las autoridades y el operador español busca elevar la capacidad operativa, llegando a superar los 40 millones de pasajeros anuales tras la modernización y expansión. El presidente Lula da Silva destacó a través de redes sociales que la inversión asegurará mayor capacidad, comodidad para los viajeros y creación de empleos, según señaló el medio citado.

Durante el periodo en que se ejecuten las obras en los 11 aeropuertos, se prevé la generación de alrededor de 2.800 empleos, tanto directos como indirectos. Finalizadas las intervenciones, el Gobierno calcula la creación de más de 700 nuevos puestos de trabajo vinculados a la operación ampliada de estas terminales, informó el medio.

El Gobierno brasileño subrayó, según publicó la fuente, que una vez que las obras concluyan, Aena tendrá la posibilidad de refinanciar la deuda obtenida para el proyecto bajo condiciones “potencialmente mejores”. Las autoridades explicaron que la estructura financiera diseñada elimina el riesgo de refinanciación y garantiza los fondos a largo plazo, lo que beneficia tanto al proyecto como a los usuarios y a los inversores.

Además de los 11 aeropuertos que forman parte de este plan de modernización, Aena también administra otros terminales regionales en el territorio brasileño. Entre estos figuran los aeropuertos de Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Juazeiro do Norte y Campina Grande, que ya recibieron en el pasado el respaldo del BNDES por 1.040 millones de reales (169 millones de euros), según se detalla en el comunicado difundido por el gobierno del país y citado por el medio.

El medio destacó que la intervención en los aeropuertos responde tanto a la búsqueda de soluciones para atender el crecimiento del tráfico aéreo en Brasil como a principios de mejora de experiencia para los viajeros, que verán renovadas las instalaciones, ampliados los espacios y modernizadas las áreas comerciales y operativas. Las obras, vinculadas al nuevo PAC, se inscriben en la estrategia oficial para potenciar la infraestructura nacional y dinamizar el mercado laboral a través del sector aeroportuario.

El Aeropuerto de Congonhas en São Paulo recibirá la mayor inversión dentro de un ambicioso proyecto de modernización que impulsa Brasil, con la ampliación de su terminal de pasajeros y la duplicación de su superficie de 40.000 a 105.000 metros cuadrados, además de una mejora significativa en su zona comercial y en las plataformas para aeronaves. Según informó el Gobierno brasileño en un comunicado, se espera que este aeropuerto incremente su capacidad y mejore su infraestructura, en el marco de la modernización de los once aeropuertos gestionados por Aena en el país, apoyada con una financiación que supera los 5.700 millones de reales brasileños (926,4 millones de euros).

El acto oficial de presentación del proyecto contó con la participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente de Aena Brasil, Santiago Yus, según detalló el medio. Tal como publicó el Gobierno de Brasil y consignaron diversos medios, la financiación proviene de un acuerdo reciente entre Aena y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), en colaboración con Banco Santander. La estructura financiera contempla la emisión de debentures por 5.300 millones de reales (861,4 millones de euros), de los cuales 4.240 millones (689 millones de euros) han sido suscritos por el BNDES y el resto corresponde a Banco Santander. Además, el BNDES otorgó una línea de crédito Finem por 400 millones de reales (65 millones de euros).

El plan se integra en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que promueve el gobierno brasileño, y tiene previsto facilitar inversiones totales que podrían alcanzar los 9.200 millones de reales (1.495 millones de euros). El medio informó que el presidente Lula da Silva expresó en redes sociales que la inyección de fondos permitirá aumentar la capacidad aeroportuaria, mejorar el bienestar de los pasajeros y generar empleo tanto directo como indirecto.

La modernización de Congonhas prevé la ampliación del número de pasarelas de embarque, que pasarán de doce a diecinueve, además de una mayor superficie dedicada a zonas comerciales, que superará los 20.000 metros cuadrados. Las obras en este aeropuerto ya han avanzado un 29,60%, y la fecha límite de finalización está proyectada para junio de 2028. Según reportó la fuente oficial, otros aeropuertos incluidos en el proyecto son Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros. Altamira, Ponta Porã y Corumbá presentan avances superiores al 65%: 70,48%, 79,61% y 67,10%, respectivamente.

En conjunto, estos once aeropuertos operados por Aena gestionan unos 29 millones de pasajeros anuales. El objetivo tras la finalización de las mejoras es superar los 40 millones de usuarios al año, detalló el Gobierno brasileño, subrayando el incremento previsto en la capacidad de atención y la infraestructura disponible.

Durante el proceso de ejecución de las obras, se estima la creación de aproximadamente 2.800 empleos directos e indirectos. Posteriormente, una vez terminadas las reformas, se generarán más de 700 puestos permanentes asociados a la operación aeroportuaria modernizada, según consignó el comunicado oficial replicado por distintos medios.

El Gobierno de Brasil también puso el foco en la posibilidad de que Aena refinancie la deuda generada bajo condiciones “potencialmente mejores” al concluir el proyecto. “Este mecanismo, si bien permite una posible reducción del coste de la deuda, elimina por completo el riesgo de refinanciación y garantiza la financiación a largo plazo del proyecto, en beneficio del proyecto, los usuarios y los inversores”, explicó la administración brasileña en el comunicado recogido por los medios.

Adicionalmente, el medio indicó que fuera del paquete principal de modernización de los once aeropuertos, Aena gestiona en Brasil otros terminales aéreos ubicados en Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Juazeiro do Norte y Campina Grande, que igualmente recibieron respaldo financiero del BNDES por un importe de 1.040 millones de reales (169 millones de euros).

La serie de inversiones se presenta como una apuesta gubernamental para transformar la infraestructura aeroportuaria del país, facilitando un aumento significativo en el volumen de pasajeros atendidos y modernizando instalaciones clave para el transporte aéreo nacional e internacional. Según distintas publicaciones que citaron al Gobierno brasileño y a los involucrados en el evento de presentación, el proyecto refleja una coordinación estrecha entre el sector público, la banca de desarrollo y entidades privadas para sostener la ampliación y mejora de los aeropuertos de Brasil en los próximos años.

Durante la movilización, los organizadores subrayaron que los efectos de los acuerdos comerciales internacionales y de la actual Política Agrícola Común de la Unión Europea alcanzan a toda la ciudadanía, no solo al sector primario, ya que ponen en riesgo la calidad y seguridad de los alimentos. Según reportó Europa Press, miles de agricultores y ganaderos, alrededor de 8.000 según la cifra de los convocantes, junto con unos 500 tractores, participaron en una marcha de protesta sobre el recorrido que atravesó puntos emblemáticos del centro de Madrid para exigir cambios frente a políticas y tratados internacionales que consideran amenazan su viabilidad económica y la continuidad de las explotaciones.

De acuerdo con Europa Press, la manifestación, organizada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos junto a la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), congregó a productores de diversas regiones del país. Varios cientos de tractores, cifra finalmente inferior a la inicialmente prevista pero coincidente con los máximos permitidos por la Delegación del Gobierno, avanzaron hacia la Plaza de Colón a primera hora de la mañana, bajo condiciones meteorológicas adversas, para culminar la protesta en las proximidades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El trayecto, que recorrió arterias como el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, estuvo acompañado de constantes consignas y pancartas reclamando “En defensa del campo que alimenta a Europa” y denunciando tanto la reducción de las ayudas de la PAC como el impacto del acuerdo comercial UE-Mercosur.

Durante la jornada, Europa Press consignó la presencia de carteles donde podían leerse mensajes como “Mercosur y Recortes PAC nuestra ruina”, “El campo no se vende, se defiende”, y “Si el campo no produce, la ciudad no come”, reflejando la percepción de que la supervivencia de la agricultura española se encuentra amenazada por decisiones políticas que, afirman, favorecen a la competencia exterior y encarecen el acceso de los consumidores a productos nacionales. Los manifestantes señalaron también el incremento de los costes de producción, agudizado por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, así como por el alza continuada en los insumos, lo cual a su juicio impide competir en igualdad de condiciones frente a importaciones de países sudamericanos.

Las fuentes consultadas por Europa Press precisaron que la protesta reunió a grupos procedentes de múltiples localidades de la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes, como Guadalajara y Segovia. La representación de los manifestantes estuvo reforzada por la llegada de 56 autobuses, junto a las columnas que se habían formado en localidades como Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey. Alrededor de las 12.00 horas, el departamento que dirige Francisco Martín contabilizaba unos 2.500 manifestantes en la Plaza de Colón, esperando el inicio oficial de la tractorada.

La marcha estuvo marcada por la tardanza en la llegada de los tractores a la Plaza de Colón, lo que retrasó el avance previsto hasta las 12.30 horas, y produjo la división de la manifestación en varios tramos. El recorrido incluyó las inmediaciones de la sede del Partido Popular en la calle Génova, donde se escucharon proclamas dirigidas tanto al PP como al PSOE, denunciando lo que los protestantes consideran falta de defensa del sector primario por parte de ambos partidos. Varias pancartas y lemas criticaron abiertamente la posición de las formaciones políticas al considerar que las medidas adoptadas desde Bruselas y Madrid ponen en situación insostenible a los productores nacionales.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, destacó en declaraciones recogidas por Europa Press que el objetivo de visibilizar la protesta mediante la entrada de 500 tractores en Madrid se cumplió, con la finalidad de presionar a las autoridades y reclamar que los representantes políticos actúen en defensa del sector. Cortés subrayó la importancia de que los partidos mayoritarios den respuesta a las demandas trasladadas desde el sector agropecuario: “Tenemos unos partidos políticos que no nos defienden”, indicó, al tiempo que criticó la ausencia de una acción conjunta con otras asociaciones agrarias. Europa Press detalló también que Cortés instó a la unidad del conjunto del sector frente a las consecuencias de los tratados internacionales, y aprovechó para advertir sobre los posibles riesgos para la salud pública derivados de una relajación de los estándares alimentarios con la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur: “Hoy, si vamos a comprar un filete de ternera, sabemos que ese filete es sano, pero a partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado”.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, resaltó ante Europa Press que la protesta tenía como principal finalidad trasladar a los responsables políticos el mensaje de que las políticas comunitarias, la Agenda 2030 y, especialmente, el acuerdo con Mercosur pueden suponer un punto de no retorno para el trabajo de los agricultores y ganaderos españoles. Aguilera insistió en que las consecuencias alcanzan directamente a la sociedad, no solo a los trabajadores del campo, puesto que impactan también en los consumidores y en la cadena de abastecimiento de alimentos.

Durante el avance de la tractorada se corearon cánticos e insultos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras la marcha permanecía bajo control policial. Las consignas también incluyeron llamamientos a la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, así como referencias a la imposibilidad de los jóvenes de incorporarse al relevo generacional ante un contexto económico adverso. Entre otras demandas, los manifestantes exigieron mayor agilidad en la actualización de los protocolos de sanidad animal y denunciaron que la ley de la cadena alimentaria resulta ineficaz para garantizar precios justos.

Europa Press consignó que la falta de rentabilidad, acentuada por la diferencia entre los precios en origen y los precios al consumidor final, seguido de la presión de la industria y la distribución, han provocado un descenso en la motivación para mantener la actividad agraria. Sumado a ello, los recortes previstos en la PAC y la afirmación de que esta política podría desaparecer, refuerzan la percepción de que el sector pierde competitividad frente a terceros países cuyas legislaciones permiten producir con normativas menos exigentes.

Durante la movilización, el despliegue de seguridad fue significativo: más de 1.000 agentes de policía nacional, junto a 800 guardias civiles y efectivos de las policías locales, acompañaron la marcha y los controles en los municipios aledaños, con el objetivo de garantizar el desarrollo pacífico de la jornada y la protección tanto de los manifestantes como de los ciudadanos. Europa Press también informó sobre incidentes puntuales relacionados con el retraso en la formación de la caravana de tractores, pero no se registraron altercados de gravedad.

La protesta de los agricultores y ganaderos de este miércoles, recogida por Europa Press, representa uno de los mayores actos de presión del sector primario español frente a decisiones políticas que consideran ponen en riesgo la capacidad de las explotaciones familiares para sobrevivir, y acerca la problemática agraria al centro del debate público nacional y europeo. La posibilidad de futuras movilizaciones queda abierta si no se producen modificaciones en las políticas señaladas por las organizaciones convocantes como determinantes para la supervivencia del sector y la garantía de abastecimiento alimentario en manos de productores nacionales.

El clima adverso con precipitaciones constantes y la menor cantidad de tractores permitida respecto a lo que esperaban los organizadores no impidieron que miles de agricultores y ganaderos protagonizaran una manifestación masiva en Madrid. Según información de la Delegación del Gobierno citada por varios medios, la protesta reunió hasta 8.000 productores llegados de diversas regiones españolas y alrededor de 500 tractores, que avanzaron por rutas principales hasta el centro de la capital, exigiendo respuestas al impacto derivado de las políticas europeas sobre el sector.

Tal como informó la agencia Europa Press, la convocatoria partió de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Ambas organizaciones decidieron movilizar a sus bases para protestar ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por lo que consideran un deterioro progresivo de la rentabilidad de sus explotaciones. Las causas que motivaron la movilización incluyen los recortes previstos en la nueva Política Agrícola Común (PAC), la firma del reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y las dificultades derivadas del incremento de costes operativos, acentuados desde el inicio del conflicto en Ucrania.

El operativo de seguridad para la jornada alcanzó un despliegue de más de 1.800 agentes. De acuerdo con Europa Press, el dispositivo lo integraron al menos 1.000 agentes de la policía y 800 efectivos de la Guardia Civil, junto a policías locales de las localidades afectadas por el paso de las columnas de tractores. Desde primera hora, grupos de manifestantes se congregaron en la Plaza de Colón, punto de encuentro de cinco columnas provenientes de Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey, en Comunidad de Madrid, además de contingentes llegados desde Guadalajara y El Espinar, en Segovia. Estos grupos recorrieron itinerarios que atravesaron el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta llegar a las inmediaciones del Ministerio, donde no se permitió el acceso con los tractores.

La cifra de vehículos agrarios finalmente autorizados por la Delegación del Gobierno se estableció en 367, bastante por debajo de los 1.500 previstos inicialmente por los convocantes, aunque el número de autobuses con manifestantes se ubicó en 56 unidades, de acuerdo con el reporte consignado por Europa Press. A las 12:00 horas, la Plaza de Colón ya contaba con al menos 2.500 manifestantes aguardando el inicio de la concentración.

A lo largo del recorrido, los manifestantes portaron pancartas con consignas dirigidas tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Mensajes como 'Mercosur y Recortes PAC nuestra ruina', 'El campo no se vende, se defiende', 'No a Mercosur' y 'El campo se muere y tiene asesinos' resumieron el tono de la protesta. Muchos de los lemas apelaron de manera directa a la población urbana, advirtiendo sobre el posible encarecimiento de los precios alimentarios y el riesgo para el abastecimiento si las explotaciones rurales dejan de ser viables. Una de las proclamas destacaba: “A mí cada vez me cuesta más producir y a ti cada vez te van a cobrar más, por qué no nos unimos y lo intentamos solucionar”.

La protesta, según publicó Europa Press, buscó visibilizar el malestar del sector por decisiones que consideran lesivas para su futuro. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, expresó que la presencia de cientos de tractores en Madrid y de miles de asistentes debía hacer tomar conciencia a las autoridades políticas. “El objetivo era meter 500 tractores en Madrid, lo hemos conseguido y tener una cantidad de manifestantes para hacer ver a nuestros políticos que no estamos dispuestos a hacer lo que ellos quieran. El Partido Popular y el Partido Socialista tendrán que hacer lo que sus ciudadanos les pidamos, porque para eso les hemos votado. Tenemos unos partidos políticos que no nos defienden”, afirmó Cortés, de acuerdo con Europa Press.

Además de los recortes de la PAC y el impacto del acuerdo Mercosur, los manifestantes criticaron la falta de relevo generacional y señalaron la dificultad de competir en un mercado donde, a su juicio, la normativa de la cadena alimentaria resulta ineficaz. Critican que la industria y la distribución logran márgenes muy superiores a los que percibe el campo, lo que genera una brecha acentuada entre precios en origen y en destino. Añaden que la falta de rentabilidad desincentiva a las nuevas generaciones a continuar la actividad.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, participó en la movilización y, en sus palabras recogidas por Europa Press, resaltó la importancia de la protesta: “Estamos aquí, junto con Unión de Uniones, para decir a nuestros parlamentarios que estas políticas de Europa nos están arruinando, que la Agenda 2030, que sobre todo los Acuerdos Mercosur, va a ser la puntilla del sector primario, y hacer saber a los ciudadanos que hoy estamos en la capital de España porque les incumbe esto directamente”.

En relación concreta al acuerdo UE-Mercosur, las organizaciones agrícolas sostuvieron que, si entra en vigor, la competencia para los productos españoles sería todavía más desfavorable. Luis Cortés advirtió sobre los nuevos riesgos asociados a importaciones de carne procedente de países con normativas diferentes: “Hoy, si vamos a comprar un filete de ternera, sabemos que ese filete es sano, pero a partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado”.

Por otro lado, Europa Press detalló que otra fuente de protesta proviene de la vigencia de protocolos de sanidad animal, que los productores consideran desactualizados. Reclaman una actualización más ágil, según el medio, para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de países. A esto suman el reclamo de que el campo pase a ser tratado como una cuestión esencial en la agenda política.

La falta de unidad en el movimiento sindical agrario se reflejó en la ausencia de varias organizaciones de referencia, aunque las banderas de Asaja y representantes de autónomos sí estuvieron presentes en la jornada, informó Europa Press. Cortés lamentó la falta de acción unificada, aunque reconoció la confluencia de voluntades sobre el rechazo al acuerdo con Mercosur.

Durante la jornada, las consignas continuaron centrando la atención en la supervivencia del sector. Los convocantes subrayaron que el despoblamiento rural y el cierre progresivo de explotaciones alimentan un ciclo que podría acarrear consecuencias negativas para la soberanía alimentaria y la economía nacional. Advirtieron que el incremento de los costes de producción dificultó ya la viabilidad de muchas explotaciones familiares, circunstancia que, según Unión de Uniones y Unaspi, se agravaría con la puesta en marcha de los nuevos acuerdos comerciales.

La movilización quedó enmarcada por la concentración de manifestantes en las calles del centro de Madrid y el despliegue de un extenso dispositivo para regular la llegada y el recorrido tanto de los tractores como de las columnas de manifestantes. Los organizadores sostuvieron que el sector atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas y exigieron no solo soluciones inmediatas, sino un cambio en la política agrícola europea y la reconsideración de los tratados internacionales que modifican las condiciones productivas y comerciales del campo español.

Según informó EFE, la movilización fue convocada por Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Ambos colectivos organizaron la manifestación con el objetivo de expresar su rechazo a los términos actuales del acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y los países de Mercosur, y, a su vez, para manifestar su desacuerdo con los recortes previstos en la próxima Política Agrícola Común (PAC). El recorrido de la protesta incluyó el eje Recoletos-Prado, previendo la llegada hasta la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha, donde los convocantes anunciaron que darían lectura a varios comunicados para presentar sus principales demandas.

El medio EFE detalló que entre las reivindicaciones figura la demanda de protección frente a los efectos que el acuerdo con Mercosur puede tener sobre la actividad agrícola local, la preocupación ante las condiciones que afectan al relevo generacional en el sector, y la petición de un mayor respaldo financiero por parte de las autoridades tanto europeas como nacionales. Los manifestantes consideran que los términos del acuerdo reducen la competitividad de los productores españoles frente a países de Mercosur, que cuentan con legislaciones medioambientales y laborales distintas a las del marco europeo.

La protesta de este miércoles se inscribe en una serie de acciones que el sector agrícola viene realizando durante el año, en varios puntos de España. Según consignó EFE, distintas organizaciones agrarias han coordinado estas manifestaciones con el fin de visibilizar los retos que enfrentan los agricultores, tanto en términos de política comercial internacional como en lo referente a la sostenibilidad de la actividad agrícola y la renovación de las generaciones involucradas en el sector.

En relación a antecedentes similares, Unión de Uniones ya había impulsado una tractorada en el centro de Madrid dos años atrás, buscando también hacer oír las demandas del sector agrícola en la capital del país, como recordó el medio EFE. En esta ocasión, el énfasis estuvo puesto no solo en la problemática derivada de la firma del acuerdo con Mercosur, sino también en el impacto de las previsiones presupuestarias para la PAC, un elemento crucial para la financiación de la actividad agraria en España.

Al avanzar hacia el Ministerio de Agricultura, los participantes planean entregar comunicados donde exponen los efectos negativos que esperan de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sobre la producción local y el empleo rural. Los convocantes advirtieron, según informó EFE, de la importancia de garantizar condiciones equitativas en el sector y la necesidad de implantar medidas que faciliten el acceso de nuevas generaciones de agricultores ante el envejecimiento de la población activa del campo.

La jornada en Madrid prevé replicarse con movilizaciones similares en otras regiones del país, demostrando así la extensión y la coordinación de las demandas dentro del sector agrícola, que reclama soluciones inmediatas y medidas concretas para la defensa de la producción nacional y el futuro de las explotaciones agrarias ante un contexto internacional y comunitario que consideran adverso.

Durante la sesión de control en el Parlament, Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, mostró su inquietud respecto a las consecuencias que podría tener el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para el sector agrario de Cataluña. Según consignó el medio, Ordeig enfatizó la necesidad de establecer una alianza con las organizaciones y actores del sector primario para reforzar la capacidad de influencia ante desafíos presentes y futuros, en particular ante las negociaciones que se mantienen sobre el pacto con Mercosur y la Política Agrícola Común (PAC).

Tal como publicó la fuente, el conseller expresó: “Defenderé los intereses de la agricultura catalana ante el Ministerio y Bruselas, en la posición que acordemos del Mercosur o la PAC, la pesca y todos los retos que nos jugamos en 2026, que son muchísimos”. Esta declaración se produjo como respuesta a una interpelación formulada por la diputada Montse Bergés, de Esquerra Republicana, en la que se abordó la postura catalana frente a la actualidad agrícola y ante los procesos de negociación con organismos europeos.

En ese contexto, Ordeig admitió estar preocupado por el posible impacto económico y social que el pacto entre la Unión Europea y el bloque Mercosur podría provocar en la agricultura catalana. Según manifestó al medio, el conseller instó a “hacer un frente común junto al sector para tener más fuerza”. De acuerdo con el medio, el responsable de la cartera de Agricultura pidió dejar de lado diferencias políticas a favor de la unidad de acción que permita defender los intereses de los productores locales en un momento que considera crucial.

El medio también detalló que Ordeig se refirió a la importancia de abordar los retos que la comunidad agrícola catalana enfrentará en 2026, una fecha que marcará hitos relevantes debido a la entrada en vigor de distintas normativas y acuerdos internacionales. Para Ordeig, estos desafíos hacen imprescindible alcanzar consensos internos sobre temas como el acuerdo con Mercosur y el futuro de la PAC, con el objetivo de acudir con una voz común al Ministerio y a las instituciones comunitarias en Bruselas.

Además, en respuesta a una intervención de Jeannine Abella, diputada de Junts, Ordeig señaló que el Govern debe reforzar las políticas dirigidas a apoyar la bioseguridad dentro del sector. Al dirigirse a la bancada de Junts, les instó a colaborar en lugar de mantener actitudes contraproducentes: “¿El pim pam pum sabe qué alimenta? La antipolítica”, declaró el conseller, según consignó el medio, en alusión a dinámicas de confrontación política que, en su opinión, no contribuyen a resolver los problemas que enfrenta el sector. En ese sentido, remarcó la necesidad de cooperación entre formaciones políticas para garantizar la implementación de medidas destinadas a aumentar la protección contra amenazas sanitarias y fitosanitarias.

El medio reportó que el conseller puso énfasis en la relevancia de estas políticas de bioseguridad debido a los múltiples riesgos que experimenta la agricultura catalana, derivados tanto de factores externos vinculados a la globalización de los mercados como de nuevas exigencias en materia de sanidad vegetal y animal. Ordeig reiteró que el trabajo conjunto resulta fundamental para adaptar los instrumentos de apoyo a la realidad cambiante y defender el tejido productivo en un contexto internacional complejo.

En suma, de acuerdo con la cobertura del medio, Òscar Ordeig expuso ante el Parlament la postura de la Generalitat en defensa de los intereses catalanes frente a los cambios que puedan derivarse de acuerdos internacionales como el de Mercosur, subrayando la urgencia de fortalecer la unidad interna del sector agrícola y político, y destacando la importancia de actualizar y mejorar las políticas de bioseguridad para afrontar de manera efectiva los desafíos del próximo ciclo.

La llegada anticipada de tractores desde regiones como Castilla y León y Galicia marcó el comienzo de una movilización masiva en la que agricultores y ganaderos de distintas partes del país buscaron visibilizar sus demandas en Madrid. Según consignó el medio, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos junto con la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) convocaron este miércoles a miles de trabajadores del campo para manifestar su desacuerdo con los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, actualmente suspendido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De acuerdo con la información proporcionada, la movilización de este miércoles incluye la entrada a la capital de unos 500 tractores, una cifra inferior a los 1.500 inicialmente planeados, debido a la resolución oficial recibida por la organización el pasado viernes. El gobierno prohibió la entrada de un mayor número de tractores en Madrid y modificó el itinerario autorizado, de modo que la protesta discurrirá desde la Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, recorriendo vías principales como el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado. Por motivos de seguridad, la comitiva no podrá acceder a la calle Santa Isabel, lo que obligará a los tractores a continuar su marcha sin detenerse.

El medio detalló que los puntos de partida de las cinco columnas tractoristas se distribuyeron en diversas localidades: Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey, dentro de la Comunidad de Madrid, así como desde Guadalajara en Castilla-La Mancha y El Espinar en Segovia. Durante la jornada, productores provenientes de localidades del norte, el sur, el este y el oeste del país confluirán en la capital. La organización esperaba la llegada de manifestantes desde regiones como Galicia y Andalucía, lo que refuerza el carácter nacional de la protesta.

En esta convocatoria, los manifestantes exigen medidas que garanticen la viabilidad del sector rural y la defensa de los intereses nacionales frente a desafíos considerados críticos: el aumento de los costes de producción, agravados desde el inicio de la guerra en Ucrania, la falta de rentabilidad en las explotaciones, y la creciente brecha entre los precios pagados a los agricultores y ganaderos y los precios finales para los consumidores. Según publicó el medio, los agricultores y ganaderos denuncian que la Ley de la Cadena Alimentaria no se cumple adecuadamente, lo que permite que la industria y la distribución retengan un margen elevado, generando una diferencia notable entre los importes en origen y destino.

El coordinador estatal de la Unión de Uniones, Luis Cortés, afirmó: "No es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos, es de la sociedad entera. Todos tenemos la costumbre de comer, al menos, tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud", en declaraciones recogidas por el medio.

Entre los factores que motivaron la protesta también figura la ausencia de actualización en los protocolos de sanidad animal y la lentitud en su implementación, lo que, sumado a los recortes de la PAC, desincentiva el relevo generacional en el sector. Los organizadores señalan que la situación ha llevado a que la viabilidad del campo se perciba como comprometida, reivindicando que el sector rural sea tratado como una cuestión de Estado.

Los recorridos de las distintas columnas participaron en la planificación de la movilización. El medio dio cuenta de que la columna con origen en Torrejón de la Calzada se conformó por hasta 130 tractores y recorrió vías como la M-404, M-405 y M-409, atravesando municipios como Griñón, Fuenlabrada y Leganés antes de entrar en Madrid, donde avanzaron por calles principales hasta llegar a la Plaza de Colón. Desde Guadalajara, cerca de 70 tractores transitaron por la M-112 y M-111, para incorporarse a vías urbanas de Madrid hacia el mismo destino. Otra columna partió de Segovia con un número similar de vehículos, accediendo a la capital por rutas como Las Rozas y la M-500. El grupo que salió de Robregordo tomó caminos rurales y carreteras comarcales hasta integrarse por tramos comunes con la columna de Guadalajara. Finalmente, la columna desde Arganda del Rey, compuesta por unos 70 tractores, utilizó la Nacional III, la M-300 y otras vías urbanas para acceder al punto de concentración.

El dispositivo de seguridad previsto para la jornada, según informó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, incluye la participación de más de 1.800 efectivos. De este total, más de 1.000 corresponden a la Policía Nacional y cerca de 800 a la Guardia Civil, sumándose también las policías locales de los municipios afectados. El paso de las comitivas alteró la circulación normal en diversas carreteras y calles, pero la entrada de tractores se restringió a vías secundarias; los vehículos agrícolas no circularon ni por la M-30 ni la M-40. Una vez dentro de la capital, las columnas avanzaron por arterias como el Paseo de la Castellana, la calle Goya, el Paseo de Santa María de la Cabeza y procedentes del área de Alonso Martínez, hasta encontrarse finalmente en Plaza Colón.

Según consignó el medio, los manifestantes centraron sus demandas en reivindicaciones ligadas a la supervivencia del campo nacional frente a los ajustes en la PAC y el futuro acuerdo UE-Mercosur. Sostienen que la presión acumulada por causas externas e internas, sumada a la falta de rentabilidad y la incertidumbre regulatoria, obliga a exigir una revisión de las políticas que afectan al sector primario en España.

La preocupación por la falta de un relevo generacional en el campo y la percepción de que las políticas públicas no abordan las necesidades del sector primario ha motivado a los productores rurales españoles a movilizarse hacia Madrid en una manifestación que busca mostrar la magnitud de la crisis agrícola y ganadera. Según publicó el medio, miles de agricultores y ganaderos, coordinados por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), llegarán a la capital este miércoles, realizando una protesta que incluye la entrada de 500 tractores y representantes de regiones como Castilla y León, Galicia y Andalucía. La movilización tiene como principales motivaciones el rechazo a los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y la denuncia de los efectos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, actualmente suspendido por el Tribunal de Justicia de la UE.

Según detalló el medio, los organizadores han señalado que la llegada de los tractores y manifestantes a Madrid se distribuye en cinco columnas procedentes de distintos puntos, incluyendo Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como las localidades de Guadalajara y El Espinar, en las provincias de Castilla-La Mancha y Segovia, respectivamente. Las columnas comenzaron su avance el martes desde diferentes regiones, a pesar de que las autoridades limitaron el número total de tractores autorizados a ingresar a la capital, cifra que se fijó en 500, muy por debajo de los 1.500 solicitados en un principio por los promotores del evento.

La convocatoria responde, en parte, a los recortes previstos por la PAC, hecho que los productores rurales consideran una amenaza existencial, ya que temen la reducción progresiva de las ayudas directas y el impacto negativo en la sostenibilidad de sus explotaciones. De acuerdo con las organizaciones convocantes, la casi desaparición de algunas líneas de subvención y la lentitud en la adaptación de normativas sanitarias agrava la situación, al no facilitar ni la protección sanitaria adecuada ni el desarrollo de las explotaciones.

Uno de los puntos de mayor fricción está vinculado al acuerdo comercial UE-Mercosur. Según reportó el medio, los manifestantes denuncian que el acuerdo, aunque actualmente paralizado a la espera de revisión judicial, incrementaría la competencia de productos agrícolas y ganaderos procedentes de América del Sur, lo que, en opinión de los convocantes, empeoraría aún más la posición de los productores españoles frente a un mercado globalizado en el que denuncian desequilibrios en la cadena alimentaria y márgenes económicos cada vez más reducidos en el origen.

Los productores afectados argumentan que están sujetos a costes de producción altos, intensificados por la guerra en Ucrania, mientras la ley de la cadena alimentaria española, según alegan, no está siendo aplicada eficazmente. Esto tiene como resultado una brecha considerable entre los precios que reciben los agricultores y ganaderos y los precios finales en el mercado, circunstancia que consideran injusta y perjudicial para la viabilidad de las explotaciones.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, puntualizó que la crisis del sector primario afecta a toda la población, al señalar: “No es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos, es de la sociedad entera. Todos tenemos la costumbre de comer, al menos, tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud”. Según publicó el medio, con estas palabras, los colectivos rurales buscan que las instituciones consideren el futuro del sector agropecuario como un tema estratégico y de interés general.

Las restricciones impuestas por las autoridades han modificado el recorrido inicial de la protesta. Según la información consignada, el trayecto autorizado para la marcha de tractores discurrirá desde la Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado. Los tractores no podrán acceder a la calle Santa Isabel y deberán continuar hasta la conclusión oficial del acto. De acuerdo con los organizadores y el medio, toda la circulación seguirá rutas dispuestas para garantizar la seguridad y el orden, lo que ha llevado a modificar sustancialmente los planes logísticos originales.

Las rutas que cubrirán las cinco columnas de tractores tienen salida en diferentes enclaves y se han planeado en detalle. La primera columna, procedente de Torrejón de la Calzada, llegará a la capital tras pasar por varias localidades y avenidas, mientras que otra columna partirá desde Guadalajara, atravesará diferentes vías periféricas y llegará hasta Colón tras un recorrido por calles principales de Madrid. Por su parte, la columna desde Segovia entrará a la Comunidad de Madrid por Las Rozas, siguiendo un trazado que incluye avenidas significativas hasta la plaza de Colón. Las otras dos columnas salen de Robregordo y de Arganda del Rey, respectivamente, fusionando sus recorridos con diferentes rutas principales para finalmente unirse en el centro de Madrid.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, explicó en una Junta de Seguridad que el operativo de protección para la protesta contará con más de 1.800 efectivos entre policías nacionales, guardias civiles y policías locales de los municipios afectados. Martín indicó que mientras la presencia de los tractores provocará alteraciones en la circulación, estas únicamente se producirán en carreteras secundarias, evitando las principales vías de circunvalación como la M-30 y la M-40. Según informó el medio, una vez dentro de Madrid, los tractores accederán por diferentes puntos, entre ellos el Paseo de la Castellana, la calle Goya, el Paseo de Santa María de la Cabeza y desde Alonso Martínez.

El dispositivo de seguridad ha sido diseñado con el propósito de prevenir incidentes y asegurar la normalidad en el desarrollo de la manifestación, incluyendo el control de las rutas de acceso y la coordinación con las autoridades locales. El medio detalló que la decisión de limitar el número de tractores tuvo en cuenta tanto razones logísticas como de seguridad, dado el impacto que la entrada masiva de vehículos pesados supondría para el tráfico de la capital.

Los organizadores han manifestado que la movilización pretende influir en la agenda política, reclamando actualizaciones en los protocolos de sanidad animal y un marco normativo que haga efectiva la ley de la cadena alimentaria, condiciones que consideran imprescindibles para garantizar un futuro viable al sector primario. Además, alertan de que la falta de incentivos adecuados y la erosión progresiva de la rentabilidad están desincentivando la permanencia de nuevas generaciones en el campo.

Según publicó el medio, la jornada de protestas incluye tanto una marcha de tractores por Madrid como una concentración simbólica frente al Ministerio de Agricultura, donde los líderes de las organizaciones convocantes prevén entregar un manifiesto con sus principales demandas. La movilización agraria se suma a otras convocatorias recientes que, tanto en España como en otros países europeos, han denunciado el impacto de las políticas agrarias comunitarias y los acuerdos comerciales internacionales sobre la supervivencia del sector agrícola y ganadero.

Francisco Toscano resaltó que el proceso administrativo para una regularización extraordinaria de personas migrantes con actividad en el sector agrícola ya está en marcha. El subdelegado del Gobierno en Sevilla manifestó, según detalló el medio, que este paso busca responder a la preocupación por la mano de obra en el campo, una de las cuestiones presentadas por las organizaciones agrarias durante la movilización que tuvo lugar el martes 10 de enero. Toscano aseguró que el Ejecutivo muestra plena sintonía con buena parte de las reivindicaciones del sector, incluyendo los debates en torno a la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y al Acuerdo Interino de Comercio entre ambos bloques para productos agrícolas.

El medio informó que, durante la atención a los medios previa al encuentro con representantes de las asociaciones agrarias, Toscano afirmó que el Gobierno de España “comparte plenamente” algunos de los puntos defendidos por las organizaciones convocantes. Entre los aspectos destacados por el subdelegado figura el apoyo al reparto de la Política Agraria Común (PAC) tal como ha sido propuesto por la Comisión Europea. El Gobierno, dijo, “se coloca a la cabeza” de las demandas sobre la PAC y asume la inquietud por el impacto de los acuerdos internacionales en el entorno rural sevillano.

Las movilizaciones reunieron a cerca de 400 vehículos que llegaron a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla aproximadamente a las 11:00 de la mañana, tras partir de Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Salteras desde primeras horas del día. Las principales organizaciones agrarias participantes, entre ellas Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA, a través de sus portavoces, coincidieron en identificar “efectos negativos” para el campo andaluz derivados del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Según publicó el medio, los representantes señalaron la “competencia desleal” que se origina entre los productos locales y los importados a raíz de este pacto comercial.

En respuesta a estas demandas, Toscano subrayó que el Ejecutivo mantiene una actitud de “mano tendida” hacia los agricultores de Andalucía y expresó, de acuerdo con el medio, la voluntad de canalizar las reclamaciones presentadas a través de un “trabajo compartido” con el sector. El representante gubernamental se comprometió a que las preocupaciones de los trabajadores del campo sevillano serán atendidas “en la medida de lo posible”, promoviendo un “diálogo sincero” para buscar soluciones ante las problemáticas señaladas. Durante la comparecencia, Toscano recalcó que el sector agrario de la provincia ocupa un lugar central en las prioridades del Gobierno.

Durante el acto, Toscano también agradeció a las organizaciones agrarias su disposición y responsabilidad al modificar la fecha de la movilización, programada inicialmente para finales de enero y trasladada al martes en respuesta a las condiciones meteorológicas adversas. El temporal de lluvia y viento llevó a la activación del nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla. Según consignaron los sindicatos al medio, este ajuste permitió garantizar la seguridad de los participantes y de la población.

Las cuatro organizaciones organizadoras enfatizaron su reclamo al Gobierno central para que mantenga la defensa del sector agrario nacional, insistiendo en la apertura de un diálogo orientado a la aplicación de medidas concretas. Entre los puntos transmitidos, los portavoces hicieron hincapié en la necesidad de proteger la producción local frente a las condiciones de competencia de los acuerdos internacionales, que consideran desfavorables para el tejido productivo andaluz. señalaron que la incertidumbre por los efectos de los convenios comerciales con Mercosur y la distribución de la PAC plantean grandes desafíos para los productores y cooperativas del territorio, lo que refuerza la urgencia de un canal de comunicación directa con la administración.

El Gobierno, según destacó Toscano en declaraciones recogidas por el medio, prioriza la escucha y la negociación conjunta en búsqueda de respuestas a las necesidades del sector agrícola sevillano. puntualizó que la atención permanece centrada especialmente en las repercusiones de la política comercial europea sobre los productores meridionales y en la gestión de la fuerza laboral migrante que desempeña tareas fundamentales en el campo. El avance de la regularización extraordinaria para migrantes que ya se desempeñan en el sector agrícola constituye, desde la perspectiva del Ejecutivo, un reconocimiento a la importancia de su participación en la economía rural local y una medida para estabilizar el empleo en el entorno agrario.

El medio detalló que la movilización de este martes reunió tanto al personal del sector como a medios de comunicación y representantes institucionales. Tanto las organizaciones como los responsables gubernamentales reiteraron la disposición al diálogo y la voluntad de coordinar nuevas mesas sectoriales para abordar las problemáticas específicas derivadas de la actual coyuntura de acuerdos supranacionales. Según publicaron los portavoces, la colaboración entre asociaciones agrarias y administración se perfila como uno de los ejes del calendario inmediato de trabajo en el sector.

González Corral remarcó frente a los medios que la Junta llevará "la voz del campo y de lo que representan" los agricultores y ganaderos de Castilla y León ante las instituciones europeas, según recogió Europa Press. La consejera, representante del Partido Popular, respondió a preguntas de la prensa sobre las recientes protestas conocidas como 'tractoradas', organizadas en las últimas semanas para expresar el rechazo del sector primario al pacto comercial con Mercosur.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la titular de Agricultura y Ganadería recordó que la postura del gobierno autonómico y la del presidente Alfonso Fernández Mañueco respecto a este tema "siempre ha sido clara". La consejera indicó que dicha posición se manifiesta con dos acuerdos alcanzados entre la Junta y las organizaciones profesionales agrarias, a los que también se han adherido tanto cooperativas como la industria alimentaria de Castilla y León.

El medio detalló que González Corral defendió la necesidad de que cualquier tratado comercial de este tipo, como el firmado con Mercosur, incorpore cláusulas de salvaguarda y garantice el principio de reciprocidad. Según señaló la consejera y reflejó Europa Press, resulta fundamental que los requisitos exigidos a la producción agrícola y ganadera de Castilla y León apliquen igualmente a los productos que se importen desde otros países, a fin de establecer una competencia equitativa.

Por otra parte, Europa Press informó que la responsable autonómica enfatizó la importancia de incrementar los controles en las fronteras. Esto busca garantizar que los alimentos provenientes del exterior cumplan los mismos estándares de calidad y seguridad demandados a los productores locales, lo que, de acuerdo con González Corral, ofrecería mayores garantías tanto para el sector como para los consumidores.

La consejera también hizo mención, según publicó Europa Press, al acuerdo alcanzado para la Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027. González Corral puso de relieve la necesidad de contar con un presupuesto sólido, fundamentado en los dos pilares tradicionales de la PAC, que permita responder eficazmente a las necesidades del sector agrícola en Castilla y León.

Las declaraciones de la titular de Agricultura y Ganadería se produjeron en un contexto en el que las movilizaciones del campo han reflejado el descontento de agricultores y ganaderos ante el posible impacto negativo del tratado con Mercosur. Como detalló Europa Press, la inquietud principal reside en la competencia que supone la llegada de productos de países con normativas distintas y posiblemente menos estrictas, lo que podría poner en desventaja a los productores castellanos y leoneses.

González Corral reiteró su compromiso de trasladar estas reivindicaciones al debate europeo, garantizando así, según la cobertura de Europa Press, que la voz del sector primario de la comunidad se escuche en los foros de toma de decisiones que afectan a su futuro económico y social.

Los organizadores del sector primario pusieron en marcha este martes la salida de tractores desde regiones como Castilla y León y Galicia, con destino a Madrid, para sumar fuerzas a la manifestación convocada en la capital. Según detalló el medio, la protesta central responde a la preocupación por los recortes en la Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, suspendido actualmente por una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Tal como informó la prensa, la movilización fue organizada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en conjunto con la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). La cita se desarrollará este miércoles y contará con el desplazamiento de unos 500 tractores, una cifra inferior a los 1.500 inicialmente previstos por las entidades. Los vehículos agrícolas partirán desde cinco puntos diferentes: Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, además de la ciudad de Guadalajara y El Espinar, en Segovia. Agricultores y ganaderos procedentes de regiones variadas, desde Galicia hasta Andalucía, participarán en la protesta, sumándose a una movilización que pretende poner en primer plano los problemas de rentabilidad y competitividad del campo español.

El gobierno comunicó el pasado viernes la limitación para la entrada de tractores en Madrid, restringiendo en su resolución oficial el acceso a solo 500 unidades. Además, modificó el recorrido autorizado del convoy agrícola por razones de seguridad. La trayectoria aprobada para la protesta lleva a los participantes desde Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, siguiendo el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, sin permitir el paso de los tractores por la calle Santa Isabel. Una vez en Colón, los manifestantes efectuarán una marcha a pie hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación —situado en el paseo de la Infanta Isabel—, donde se prevé realizar un acto reivindicativo con intervenciones de las organizaciones convocantes a las 13:30 horas aproximadamente.

Según reportó la fuente original, el punto central del descontento es la presión creciente sobre el sector primario, agravada tras el inicio de la guerra en Ucrania, el aumento de los costes de producción y la dificultad de competir en el mercado bajo las condiciones actuales. Las organizaciones denuncian que la legislación sobre la cadena alimentaria permanece ineficaz; señalan que, según sus datos, la industria agroalimentaria y las empresas de distribución retienen márgenes que amplían la diferencia entre los precios de origen y los precios finales al consumidor.

Por otra parte, los productores también subrayan la falta de rentabilidad que dificulta el relevo generacional en el campo, además del futuro incierto de la PAC y la lentitud de los protocolos de sanidad animal, que consideran obsoletos y mal aplicados. Los organizadores sostienen que la protesta busca transformar estos desafíos en asuntos de Estado, advirtiendo sobre las consecuencias para toda la sociedad. El coordinador estatal de la Unión de Uniones, Luis Cortés, afirmó: “No es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos, es de la sociedad entera. Todos tenemos la costumbre de comer, al menos, tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud”, según recogió el medio.

La Delegación del Gobierno celebrará una Junta de Seguridad este martes, con representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Demarcación de Carreteras, Policía Municipal y Protección Civil, con el objetivo de coordinar el dispositivo de seguridad de la tractorada. El despliegue de fuerzas de seguridad responde a la magnitud de la movilización, la cual movilizará tanto maquinaria agrícola como asistentes de distintas provincias.

Asimismo, el medio consignó que las autoridades han detallado el itinerario exacto que recorrerán las cinco columnas de tractores. La primera columna, procedente de Torrejón de la Calzada y compuesta por un máximo de 130 tractores, avanzará por la M-404 hasta Griñón, seguirá por la M-405 en Fuenlabrada, la calle Luis Sauquillo y calle Leganés hasta la M-409 dirección Leganés, para después circular por la glorieta Severo Ochoa, avenida Fuenlabrada, glorieta Los Cabezones, vía Lusitana, calle Marcelo Usera y la glorieta de Legazpi. Continuarán por la calle Embajadores, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, plaza España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y llegarán a Colón por la calle Génova.

La segunda columna iniciará en Guadalajara con aproximadamente 70 tractores, tomando la M-112 hacia Aljavir, la M-111 a la glorieta de la Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, calle Joaquín Costa y finalizará en el paseo de la Castellana, hasta llegar también a Colón.

Por su parte, la tercera columna arrancará desde Segovia con 130 tractores, ingresando a la Comunidad de Madrid a través de Las Rozas, siguiendo la carretera El Plantío, avenida de la Victoria, calle Alsasua, camino del Barrial, calle Pico Ocejón, Acamar, Golondrina y carretera de Húmera y calle Arroyo de Pozuelo. El trayecto continuará por la M-500, sobre el Puente de los Franceses hasta la calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova y concluirá igualmente en Colón.

La cuarta columna partirá de Robregordo, compuesta por 100 tractores. Se dirigirá por el camino rural hasta Buitrago de Lozoya, proseguirá hacia Lozoyuela, luego hacia Torrelaguna y seguirá la ruta de la segunda columna a través de la glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa y Castellana, finalizando en Colón.

La última columna, con unos 70 tractores procedentes de Arganda del Rey, transitará por la avenida de Madrid hacia la Nacional III y por la M-300 hasta enlazar con la glorieta bajo la M-45, calle Pirotecnia, calle Aurora Boreal, avenida de la Democracia, plaza Alonso y calle Casalareina hasta avenida Daroca. Posteriormente, tomará la M-23 hasta O'Donell, avanzará por Narvaez, Goya y culminará en Colón.

Durante la jornada de movilización, las rutas planificadas buscan tanto visibilizar la protesta como evitar situaciones de riesgo y congestión extrema en el centro madrileño, conforme a la normativa establecida por las autoridades. Según el reporte original, la protesta responde además al reciente acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, cuya entrada en vigor permanece suspendida, pero que inquieta a los productores españoles por la apertura de mercados a productos agrícolas provenientes de Sudamérica bajo condiciones consideradas desiguales respecto a los estándares europeos.

A lo largo del desarrollo de la protesta, se prevé que los organizadores insistan en la necesidad de actualizar la legislación, ajustar los apoyos de la PAC a las nuevas realidades del campo y proteger el tejido productivo rural. El despliegue de tractores, la movilización de cientos de productores provenientes de distintas autonomías y la coordinación de entidades independientes refleja, según consignó el medio, la alarma generalizada ante desafíos que afectan tanto al presente como al futuro del sector agrario en España.

Entre las diversas propuestas y cuestiones que serán objeto de análisis, una moción del Partido Socialista plantea que el Parlamento de La Rioja solicite al Gobierno regional la activación urgente de una línea de ayudas extraordinarias destinada a aliviar el coste de combustibles para los agentes comerciales de la comunidad, bajo un esquema similar al ya implementado para quienes se encuentran inscritos en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 511. Este tema se suma al extenso repertorio de asuntos que integran el orden del día del pleno parlamentario programado para el miércoles 11 de febrero, donde se abordarán políticas relacionadas con la simplificación administrativa, acuerdos internacionales y materias prioritarias como vivienda, agricultura, sanidad y empleo. Según consignó el medio, la sesión comenzará con la elección de los miembros del Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo y del Consejo Consultivo de La Rioja.

El medio detalló que después de los nombramientos, se prevé una ronda de preguntas orales dirigidas a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, aunque el temario específico aún no ha sido divulgado. En el apartado de preguntas abiertas al Ejecutivo, representantes de varios grupos parlamentarios abordarán cuestiones de interés social y económico. Héctor Alacid, diputado de Vox, preguntará sobre las acciones que se planea implementar para fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios ante impagos de renta en el mercado de alquiler de viviendas. Desde el Partido Socialista, Miguel González de Legarra solicitará una valoración oficial sobre la situación de la sanidad pública regional, mientras que Teresa Villuendas interpelará sobre el regreso a la actividad educativa en los colegios tras las vacaciones de Navidad.

Por su parte, Ricardo Velasco, también del PSOE, expondrá una interrogante en relación a la evolución del empleo en La Rioja durante 2025. Por Podemos-IU, Henar Moreno demandará explicaciones respecto a los datos expuestos en el último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de la comunidad. Otro de los temas clave, la vivienda, será discutido por Sergio Astola (PSOE), quien pedirá al Ejecutivo su evaluación sobre el equilibrio entre las medidas a corto y largo plazo adoptadas para facilitar el acceso a la vivienda.

En materia de agricultura, Héctor Alacid repetirá intervención sobre las acciones previstas por el Gobierno Autónomo para defender los intereses de agricultores y ganaderos ante el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que posibilita la entrada de productos de terceros países sin las mismas exigencias laborales que el campo español. Adicionalmente, el Grupo Popular ha formulado una serie de preguntas dirigidas tanto a la situación del servicio ferroviario, el impacto del incremento de ayudas a personas dependientes en residencias privadas, el vínculo entre ciencia, cultura y turismo en la próxima exposición AutorlA, como las prioridades de la futura Política Agraria Común (PAC) en el contexto local.

Entre las cuestiones planteadas por el PP aparece la adaptación de la Formación Profesional a las necesidades del tejido productivo regional y el análisis de cómo afectará a La Rioja el hecho de que, para febrero de 2026, España continúe con unos presupuestos generales del Estado prorrogados desde diciembre de 2022, según informó la fuente original.

El pleno también incluirá un capítulo de interpelaciones políticas, donde Podemos-IU enfocará su intervención en la política general del Gobierno en el ámbito agroganadero. Dos interpelaciones socialistas se centrarán en la política general de cooperación internacional y en la gestión agrícola. Derivadas de este bloque, las mociones incluyen la mencionada solicitud de puesta en marcha urgente de ayudas extraordinarias para combustibles, destacada por el PSOE.

La agenda contempla múltiples Proposiciones No de Ley (PNL) elevadas por diferentes formaciones. Según publicó el medio, el PSOE propone que el Parlamento inste al Ejecutivo regional a garantizar la financiación y la oferta de 150 plazas de Enfermería en la Universidad de La Rioja en el siguiente curso académico, conforme al acuerdo previo. Otra PNL socialista pide evaluar y, en su caso, aumentar la frecuencia de las conexiones entre Nájera y Logroño, ajustando además los horarios para mejor ajuste a las jornadas diarias de los usuarios.

Podemos-IU, por su lado, propone que la cámara reafirme su compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional, rechazando expresamente cualquier amenaza o uso de la violencia en las relaciones internacionales. Entre otras iniciativas, este grupo pide además que se remita una circular a los centros educativos de La Rioja para garantizar los derechos fundamentales de estudiantes y profesorado, como la libertad religiosa, de conciencia, la igualdad y el derecho a la educación, evitando la aplicación arbitraria o discriminatoria de las normativas internas de los centros, detalló la fuente.

El partido Vox registró varias PNL, entre las que se encuentran la solicitud de reforzamiento en la seguridad de las infraestructuras ferroviarias y la exigencia de cese del ministro responsable tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como una propuesta para abordar el impacto del salario mínimo interprofesional y la subida del costo de vida.

Por su parte, el Grupo Popular plantea que se inste al Gobierno de España a manifestar abiertamente, en el marco del Consejo Europeo, su oposición a la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-UE, abogando por que dicho tratado no entre en vigor hasta ser ratificado por el Parlamento Europeo, e impulsar la búsqueda de apoyos de otros países y hacer llegar esa petición a la Comisión Europea, reportó el medio.

El orden del día culminará con el debate del Proyecto de Ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa, dando así comienzo al nuevo periodo de sesiones parlamentarias regionales, según la información brindada por el medio de referencia.

Durante un acto en Monzón, Alejandro Nolasco abordó la problemática de la agricultura aragonesa, señalando al acuerdo con Mercosur como un factor perjudicial y criticando que, en su opinión, los agricultores y ganaderos locales deben competir con productos importados sometidos a menores controles. Según informó Europa Press, el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón pidió respaldo electoral para impulsar cambios que, a su juicio, los principales partidos han evitado durante cuatro décadas.

Según detalló Europa Press, Nolasco centró sus críticas en el bipartidismo, argumentando que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han coincidido en apoyar políticas como los recortes de la PAC, el acuerdo de Mercosur, y diversas leyes de ámbito nacional, tales como las leyes de género y de memoria histórica. El candidato utilizó el lema “que no te estafen” para apelar directamente al electorado y explicó que la falta de cambios estructurales responde a acuerdos y pactos entre las fuerzas políticas tradicionales.

Durante el mitin, Nolasco estuvo acompañado por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal; David Arranz, número uno del partido por Huesca; y Francisco Casarrubio, presidente provincial. Nolasco se refirió al candidato popular, Jorge Azcón, y afirmó que este se encuentra en una posición incómoda, provocada en parte por una estrategia en redes sociales que el dirigente de Vox tachó de inapropiada. Añadió que ha detectado signos de “nerviosismo” en Azcón, derivado de las dificultades que enfrenta para pactar con otras formaciones como Teruel Existe y el PAR.

El medio Europa Press consignó también que Nolasco atribuyó al PP y al PSOE la responsabilidad de respaldar leyes como la de energía en Aragón, que fue aprobada con el voto favorable de estas fuerzas junto al PAR. Asimismo, reprochó que ambas formaciones hayan coincidido en regularizaciones de inmigrantes y medidas que, en su visión, afectan al sector primario y promueven una competencia desleal. Según sus palabras, Mercosur implica una forma de competencia con productos extranjeros que, en ocasiones, se producen bajo normas sanitarias menos estrictas, afectando de manera directa a los agricultores y ganaderos autonómicos.

Al exponer sus propuestas, Alejandro Nolasco prometió revertir lo que calificó como políticas “socialistas”, independientemente de que las impulse el PP o el PSOE. Puso como ejemplo el acuerdo alcanzado en la Generalitat Valenciana, donde, según Nolasco, se bajaron impuestos, se actuó contra organizaciones dedicadas al tráfico de personas, y se implementaron medidas sobre financiación de ONG y el mantenimiento de cauces fluviales. Lamentó que el Partido Popular en Aragón no hubiera mostrado disposición para presentar unos presupuestos completos y afirmó que el planteamiento del PP resulta inconsistente en este sentido.

Según publicó Europa Press, el líder de Vox criticó que el Partido Popular recurra a lo que denominó como un “lenguaje de politiqués”, como los términos “cabreo útil” o “mínimo común denominador”, considerando que estas expresiones se alejan de la comunicación clara con los ciudadanos. Nolasco planteó una visión dicotómica respecto a temas concretos como la gestión de menores extranjeros no acompañados, la reducción de impuestos, o la derogación de la ley de memoria histórica, defendiendo la toma de posiciones claras.

Durante su intervención, Nolasco también denunció que, en cuestiones como el reconocimiento del catalán en Aragón, existen contradicciones entre el discurso y la actuación del Partido Popular. Aludió al mantenimiento del catalán como lengua propia, pese a las declaraciones contrarias de líderes populares.

El medio Europa Press relató que el programa electoral de Vox en la región incluye la exigencia de cancelar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, completar infraestructuras clave, como las autovías A-21 y A-23, la variante de Jaca, la Travesía Central Pirenaica y el Corredor Cantábrico Mediterráneo. El candidato responsabilizó a los gobiernos anteriores de PP y PSOE de la paralización de estas obras, atribuyendo la situación a presiones ejercidas por el movimiento independentista catalán.

David Arranz, cabeza de lista de Vox por la provincia de Huesca, aseguró durante el acto que Vox pretende consolidarse en el escenario político regional y nacional. Destacó la constancia y el principio de coherencia como valores distintivos de la formación y sostuvo que, en su opinión, los dos grandes partidos han votado conjuntamente la mayoría de las decisiones en el Parlamento Europeo. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Arranz interpretó esta tendencia como la causante de dificultades adicionales para el sector primario, que afronta normativas ambientales y comerciales que, según el partido, favorecen la competencia desleal frente a productores extranjeros.

En el transcurso del mitin, se hizo eco del malestar en el sector agrícola motivado por la presencia de frutas importadas de países como Egipto y Sudáfrica en el mercado local y en los comedores escolares, situación que, según Nolasco, añade presión a los agricultores aragoneses ya afectados por las condiciones fiscales, los controles sanitarios y la obligación de registrar las actividades en soportes digitales.

La intervención de Nolasco y los miembros de la candidatura de Vox reflejó una estrategia centrada en denunciar la sintonía política de PP y PSOE en aquellos asuntos donde, según la formación, se han adoptado decisiones perjudiciales para los intereses de Aragón. Europa Press ha seguido de cerca la campaña y las posturas de los candidatos, recogiendo sus demandas respecto a dotaciones infraestructurales, políticas lingüísticas y la defensa de los sectores económicos autóctonos.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de los precios agrícolas, los representantes del sector agropecuario en Extremadura han manifestado que la Ley de la Cadena Alimentaria sigue sin resolver la problemática de precios por debajo de los costes de producción. Según informó Europa Press, durante una reunión celebrada el lunes en la Delegación del Gobierno, las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, Asaja Cáceres y UPA-UCE Extremadura entregaron al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, un documento en el que exponen una serie de reivindicaciones orientadas a proteger la viabilidad económica del campo y solicitan medidas urgentes ante normativas europeas y acuerdos internacionales que consideran perjudiciales.

De acuerdo con Europa Press, el encuentro contó con la presencia de la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri; el presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco; y por parte de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos y Fernando Miranda. Durante la reunión trasladaron a Quintana su rechazo tanto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como a la última reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Los representantes del sector denunciaron que el recorte del diez por ciento en la anterior reforma de la PAC y el nuevo ajuste propuesto, que asciende al veintitrés por ciento, deterioran de forma insostenible la capacidad de subsistencia de las explotaciones agrarias de la región.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Juan Metidieri señaló que la delegación exigió respeto a la votación del Parlamento Europeo, que recientemente pidió elevar el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por presuntas incompatibilidades con el Derecho comunitario. La inquietud del sector radica en los posibles efectos de la liberalización del comercio agrícola, ya que consideran que esto colocaría aún más presión sobre los precios y la competitividad de los productos regionales. Metidieri afirmó que la toma en consideración de dicha votación implica el respeto tanto a la democracia como a las preocupaciones legítimas del Parlamento Europeo en relación a ese acuerdo.

Durante el encuentro, los líderes agrarios también insistieron en la necesidad de aplicar de manera efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria. Según detalló Europa Press, expresaron que, lejos de cumplir su finalidad de garantizar precios justos, la normativa vigente no ha producido avances y la situación del sector agrícola se mantiene en niveles críticos, debido a la imposibilidad de cubrir los costes de producción. Las organizaciones pusieron de manifiesto en el documento presentado que la situación alcanza niveles “límite”, con una burocracia creciente y unos precios que siguen estancados en cifras insuficientes, lo que coloca en riesgo la continuidad de muchas explotaciones.

El presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, expresó su descontento ante la “grave desconexión” existente entre los responsables políticos y la realidad que enfrentan los agricultores y ganaderos. Según publicó Europa Press, García Blanco lamentó que los dirigentes políticos, independientemente de su afiliación, no comprenden la situación que atraviesa el mundo rural, lo que incrementa la frustración y el sentimiento de aislamiento dentro del sector. El dirigente subrayó que la reciente reforma de la PAC, la negociación del acuerdo con Mercosur y la falta de respeto a las decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo generan una distancia cada vez mayor entre las instituciones y la base productiva.

Por su parte, Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE Extremadura, remarcó la importancia de que el Gobierno central tome conciencia de la difícil realidad del campo regional. Llanos expuso ante José Luis Quintana una tabla con reivindicaciones concretas y reiteró que, pese a las movilizaciones de semanas anteriores y los intentos por abordar las cuestiones ante la Junta de Extremadura, persiste la preocupación por la inoperancia de la Ley de la Cadena Alimentaria. Según informa Europa Press, Llanos describió una campaña agrícola especialmente difícil y advirtió que se esperan precios a futuro que permanecerán en niveles bajos, perpetuando la insostenibilidad del sector.

Europa Press detalló que José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, se comprometió a remitir el documento con las demandas al Ministerio de Agricultura, aunque precisó que la mayor parte de las cuestiones forman parte del ámbito competencial de la Junta de Extremadura y no del Gobierno central. No obstante, subrayó que los contactos entre las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura tienen carácter permanente. Sobre la reforma de la PAC, Quintana indicó que la propuesta fue elaborada por el Partido Popular Europeo y que el Ministerio de Agricultura ha firmado un documento conjunto con las organizaciones agrarias expresando su oposición a dicha iniciativa.

En relación al acuerdo con Mercosur, Quintana explicó, según menciona Europa Press, que la negociación de este tratado se inició durante el mandato del expresidente José María Aznar y que la búsqueda de nuevos mercados externos responde al contexto de dificultades comerciales con Estados Unidos. Añadió que este proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de la Unión Europea, en el cual el Partido Popular Europeo desempeña un papel fundamental. No obstante, sobre la inquietud en torno a la Ley de la Cadena Alimentaria, Quintana sugirió que las organizaciones agrarias deberían reclamar a la Junta de Extremadura y a la Consejería de Agricultura un papel más activo, especialmente en lo relativo a la fijación de precios en cultivos específicos, como el tomate, para asegurar que los costes de producción queden cubiertos en los acuerdos comerciales.

Según reportó Europa Press, Quintana insistió en que la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, que controla la mayoría de las competencias en la materia, debe asumir la iniciativa en los temas denunciados por los representantes del sector. Los dirigentes agrarios, por su parte, manifestaron su intención de seguir trasladando sus inquietudes tanto a la administración autonómica como a la estatal, advirtiendo sobre las consecuencias de no abordar un problema que consideran central para el futuro rural y alimentario de la región.

El documento entregado al delegado del Gobierno recoge la suma de demandas históricas y recientes, e incluye desde la exigencia de medidas regulatorias que limiten la burocracia hasta la revisión en profundidad de los mecanismos de fijación de precios. De acuerdo con Europa Press, los líderes agrarios mantienen la alerta ante la posibilidad de que la aplicación de políticas europeas y tratados internacionales pongan en jaque la supervivencia económica de miles de explotaciones en Extremadura.

Con la continuidad de las protestas y el seguimiento de los movimientos institucionales en Bruselas, los representantes del campo extremeño evalúan los próximos pasos para proteger a los productores en un escenario marcado por la volatilidad de los mercados y el temor a nuevos recortes y normativas que, según advierten, podrían agravar la crisis del sector agroalimentario.

La avanzada fase de desarrollo de la denominada "Ley del Paisaje" en Aragón, que contó con mapas detallados de calidad y fragilidad del entorno, así como de áreas protegidas y patrimoniales según los criterios del Instituto Geográfico de Aragón, ocupará un lugar central en la agenda si Alejandro Nolasco asume la presidencia autonómica. De acuerdo con la información publicada por el medio, el candidato de Vox anunció en Daroca, Zaragoza, su compromiso de derogar la actual Ley de Energía y reemplazarla por una nueva normativa específica que permita organizar de manera diferente la implantación de energías renovables, con especial atención al impacto sobre la agricultura y el entorno rural.

Tal como detalló el medio, Nolasco subrayó que la Ley de Energía vigente perjudica al paisaje y beneficia a intereses empresariales externos y al bipartidismo, responsabilizando a los partidos PP y PSOE por lo que describió como un "ataque al campo", incluido el acuerdo UE-Mercosur y el recorte del 20% en la PAC en el periodo 2028-2034. Durante un encuentro con trabajadores del sector primario, Nolasco denunció que estas políticas suponen un perjuicio para la economía rural y acusó a los dos principales partidos de priorizar los intereses de compañías y fondos extranjeros sobre los de los habitantes locales. Señaló concretamente que la ley en vigor facilita a fondos daneses la deforestación de dos millones de árboles, lo que, a su juicio, alteraría de forma negativa el paisaje de Aragón.

La postura de Nolasco incluye el compromiso expreso de suprimir la legislación energética aprobada por PP, PSOE y PAR, argumentando que su contenido reproduce el decreto impulsado en su momento por el expresidente Lambán, el cual fue objeto de impugnación judicial. Según consignó el medio, el líder de Vox consideró que esta ley favorece directa y exclusivamente a las grandes empresas del sector, mientras que desatiende de manera directa las necesidades del sector agrícola, el turismo rural y el patrimonio natural y cultural. A juicio del candidato, la Ley de Energía actual no toma en consideración la flora, la fauna ni la realidad de la agricultura aragonesa, afectando también a la actividad turística en los municipios rurales.

En sus declaraciones, Nolasco lamentó que la vicepresidenta Mar Vaquero descartara la "Ley del Paisaje" desarrollada durante la parcela de gobierno en la que Vox tuvo competencias en Desarrollo Territorial. Destacó el hecho de que esa regulación ya estaba basada en estudios pormenorizados relacionados con la calidad del paisaje, la fragilidad del entorno, el valor del suelo productivo y la protección del patrimonio cultural y natural, así como la inclusión de la Red Natura 2000. Nolasco afirmó que el trabajo se realizó "al milímetro" y atribuyó la paralización del proyecto a decisiones políticas supeditadas a los intereses de los partidos tradicionales.

En relación con la Política Agrícola Común para los próximos años, el dirigente de Vox expresó su rechazo a la reducción del 20% en los fondos europeos para agricultores prevista entre 2028 y 2034. El medio reportó que Nolasco calificó esta medida como una "estafa" cometida por el Partido Popular, resaltando que el eurodiputado del PP de Aragón, Giménez Larraz, respaldó el recorte siguiendo directrices de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así, cuestionó la alineación de los representantes del PP de la comunidad con lo que considera intereses ajenos a los de los agricultores aragoneses.

En cuanto al acuerdo UE-Mercosur, Nolasco manifestó su fuerte oposición, ya que interpreta que la liberalización comercial acordada bajo el impulso de PP y PSOE generará una competencia que considera desleal frente a los productos derivados de terceros países. Argumentó que este trato perjudica a los productores locales, porque no existen garantías claras sobre los estándares de calidad ni el coste laboral de esos productos importados, tal y como publicó el medio.

Para el candidato de Vox, la solución al deterioro del sector primario pasa por reducir la burocracia, minimizar el peso de los impuestos y eliminar lo que definió como "trabas absurdas". Rechazó medidas como la obligatoriedad de emplear cuadernos de campo en formato digital, postura que compartió con los trabajadores agrícolas con quienes se reunió en la localidad zaragozana. Nolasco trasmitió su mensaje centrado en la defensa del trabajo agrícola tradicional y en la preservación del paisaje rural, considerando que los instrumentos normativos vigentes son incompatibles con esos objetivos y sólo satisfacen a intereses alejados de los problemas reales del campo aragonés.

El medio señaló que la intervención de Nolasco refleja una crítica estructural hacia el modelo bipartidista y la gestión de las políticas energéticas y agrarias en la región. Su propuesta se articula a través de la derogación total de la Ley de Energía y la puesta en marcha de una Ley del Paisaje que, en su opinión, articule debidamente la presencia de energías renovables al tiempo que protege el patrimonio cultural, el medio natural y la productividad agrícola de los territorios rurales aragoneses.

Jesús Posadas expresó su preocupación ante el marco de la nueva Política Agrícola Común (PAC) y las implicaciones que podría acarrear para la seguridad alimentaria europea, destacando que resulta inviable mantener los mismos niveles de exigencia y seguridad con una financiación reducida. Durante la visita de Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular, a la planta de tratamientos de aceites y oleaginosas de la cooperativa ACOR en Olmedo, Posadas aprovechó el encuentro para abordar los desafíos actuales del sector agrícola y advertir sobre la amenaza que supone la entrada de productos agrícolas de países del Mercosur en condiciones que considera desiguales.

Según informó el medio, el presidente de ACOR defendió la autosuficiencia de la Unión Europea en la producción de azúcar, al afirmar que la oferta actual cubre plenamente la demanda de los consumidores europeos. Posadas afirmó: “Todo kilo de azúcar que entre de fuera sobra, ya hay suficiente azúcar en la UE para que todos los consumidores tengamos”. Esta declaración se produce en un contexto en el que el sector rural manifiesta inquietud por los términos del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, especialmente en lo que respecta a la competencia en igualdad de condiciones y a los controles fitosanitarios y sociales.

El medio detalló que Posadas señaló que los agricultores viven una etapa que calificó de inestable y llena de preocupaciones, agravada por el escenario normativo de la nueva PAC. Entre las preocupaciones, destaca la ausencia de un principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales con Mercosur, lo que implica que Europa mantendría exigencias medioambientales, laborales y de seguridad alimentaria más estrictas que las impuestas a la producción importada desde terceros países. Esta falta de equidad, según sus palabras, podría suponer el riesgo de desestabilizar al sector y afectar la competitividad de los productores europeos.

Posadas, siempre según consignó el medio, subrayó que la entrada de azúcar de fuera del espacio comunitario no responde a necesidades de consumo, sino que tiene potencial de perjudicar al sector remolachero y cooperativista, que considera clave para la cadena alimentaria continental. Señaló que la seguridad alimentaria europea depende del mantenimiento del tejido productivo local y de la existencia de condiciones de competencia equitativas. Su exposición incluyó un llamado a revisar tanto los mecanismos de reciprocidad en el comercio internacional como las estrategias de apoyo financiero de la PAC, con el fin de evitar que las demandas regulatorias y de sostenibilidad se tornen insostenibles para los productores.

El presidente de ACOR planteó, según publicó la fuente, que la viabilidad económica de la agricultura europea pasa por asegurar que las producciones comunitarias no sean desplazadas por importaciones favorecidas por costes laborales más bajos o normativas menos estrictas en terceros países. Recordó que un desequilibrio en este ámbito podría repercutir en la estabilidad social y en la garantía de suministro de alimentos dentro del continente.

La intervención de Posadas coincidió con un momento de alta sensibilidad para los agricultores europeos, quienes afrontan la revisión de las ayudas y requisitos de la PAC. El dirigente recalcó que exigir más con menos recursos resulta incompatible con los objetivos de garantizar la calidad, la seguridad y la autosuficiencia del sistema alimentario. Según detalló el medio, Posadas sostiene que si no se corrigen estos elementos, se incrementa el riesgo de pérdida de competitividad y vulnerabilidad en el suministro de productos básicos como el azúcar.

El presidente del PP, Fernández Mañueco, presenció las declaraciones de Posadas en las instalaciones de ACOR en Valladolid, en un contexto en el que las cooperativas agrarias vienen trasladando sus reclamaciones a los responsables políticos de la región. El medio contextualizó que ACOR, como una de las principales cooperativas azucareras, representa a productores que se ven directamente afectados por las decisiones comunitarias sobre política agrícola y comercio exterior.

La inquietud reflejada en las palabras de Posadas sintetiza un clima de especial vigilancia dentro del sector primario europeo ante los cambios legislativos y el avance de acuerdos internacionales que, según los productores consultados por el medio, podrían redefinir el entorno de competencia y producción para los próximos años.

Durante la manifestación de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, los agricultores desplegaron una acción simbólica arrojando al suelo diferentes productos del campo, como patatas, remolacha, maíz y vides, en el centro de Zamora. Según consignó el medio que cubrió la protesta, más de 300 tractores ocuparon el corazón de la ciudad para expresar su negativo ante el pacto, mientras que los organizadores explicaron la gravedad del contexto que enfrenta actualmente el sector agrario en Castilla y León.

De acuerdo con el relato de los propios agricultores, no solo se manifestó el rechazo al acuerdo con Mercosur, sino también un profundo malestar frente a otras medidas que, según denuncian, está tomando la Unión Europea y que afectan directamente la viabilidad de las explotaciones agrícolas. Así lo expuso Lorenzo Rivera, coordinador de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Castilla y León, quien, en declaraciones recogidas por el medio, subrayó tanto la “unidad de acción” lograda en la protesta como la “masiva participación” conseguida entre agricultores y ganaderos.

Rivera argumentó que el tratado comercial con Mercosur representa una competencia “no leal”, ya que los agricultores de Castilla y León deben ajustarse a estándares de calidad elevados y a una normativa más restrictiva en uso de pesticidas y otros productos, mientras que, según manifestó, los países del bloque sudamericano operan con condiciones más permisivas. Este desequilibrio, señaló el coordinador de COAG, puede poner en desventaja a los productores regionales. Rivera también sostuvo que la firma del acuerdo sería “completamente lesiva” para el campo castellano y leonés, afirmando que dicho pacto no favorece al sector y lo somete a riesgos estructurales.

El coordinador de COAG insistió, en declaraciones recogidas por la fuente, en que el Ejecutivo central español debería tomar una posición clara en defensa de los agricultores, siguiendo el ejemplo de países como Francia. Además, advirtió sobre las implicaciones democráticas y jurídicas del proceso de negociación, al afirmar que avanzar con el pacto comercial a pesar de la existencia de recursos judiciales pendientes podría suponer un desprecio tanto por la democracia como por el propio Parlamento Europeo.

Las críticas se extendieron también a la nueva Política Agraria Común (PAC) impulsada por la Unión Europea. Aurelio González, responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla y León, expresó su rechazo ante la actual orientación de la PAC, que ha fortalecido el componente “verde” y, según manifestó, contribuye al cierre de explotaciones en el campo. Plataformas agrícolas sostienen que los fondos destinados a la PAC se han reducido y acusan a los responsables europeos de estar transfiriendo recursos destinados a la agricultura hacia el presupuesto de Defensa, supeditando las prioridades del sector agrario a la política internacional y a decisiones externas, como las que pueda adoptar la administración estadounidense.

González reclamó la necesidad de exigir un mayor financiamiento para la PAC y advirtió que el recorte en dotación económica impulsado por la Unión Europea pone en peligro la soberanía alimentaria y la calidad de los productos alimenticios disponibles para la población española. El líder de la UPA solicitó el apoyo del conjunto de la sociedad ante lo que considera una cuestión clave para el futuro de la alimentación en el país.

Una vez concluidas las intervenciones ante los medios, más de mil personas continuaron la marcha a pie desde la zona de La Marina en dirección a la plaza que alberga la Subdelegación del Gobierno en Zamora. Allí, los convocantes dieron lectura a un manifiesto en el que reiteraron la demanda de medidas concretas de protección al sector agrícola ante los cambios impulsados desde la Unión Europea y los acuerdos internacionales, según reportó la fuente mencionada.

El conjunto de las acciones realizadas durante la jornada buscó visibilizar tanto la oposición categórica a la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur como el rechazo a una serie de políticas que, según sostienen los agricultores, amenazan la sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad agraria en Castilla y León. La jornada en Zamora se sumó a otras protestas celebradas en distintos puntos del país, en el marco de un creciente clima de tensión entre los representantes del campo y las instituciones europeas, de acuerdo con la información publicada.

Jaime Ríos, portavoz de los agricultores de Rioja Alavesa, defendió en la jornada de protestas la necesidad de que los gobiernos autonómicos gestionen directamente las ayudas para el sector agrícola, argumentando que solo desde el conocimiento concreto de los problemas locales puede garantizarse una asignación de fondos adecuada a las realidades de cada territorio. Este reclamo se sumó a una movilización mayor que incluyó a cerca de 150 vehículos agrícolas bloqueando la circulación en Vitoria-Gasteiz, en el marco de una protesta organizada por el sindicato Uaga y la asociación Ataca, según informó el medio. Los manifestantes entregaron un escrito con sus reivindicaciones a las autoridades en la Delegación del Gobierno en Álava y reiteraron su rechazo al posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como a las políticas actuales de apoyo al sector agrario.

El medio detalló que la movilización generó cortes en la Avenida Gasteiz y serias afectaciones tanto al tráfico urbano como al servicio de transporte público, especialmente en las líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de Tuvisa. Esta acción se convirtió en la segunda protesta consecutiva en el territorio alavés contra varias medidas y acuerdos en discusión, en particular el tratado UE-Mercosur, los proyectos fotovoltaicos planteados para la región y los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC). Agrupaciones de agricultores y ganaderos provenientes de Álava, Treviño y Rioja Alavesa sumaron fuerzas en una convocatoria que pone el foco en la dificultad de garantizar el relevo generacional y la sostenibilidad del entorno rural.

Según publicó el medio, los dirigentes del sector estiman que la aprobación del acuerdo con Mercosur podría provocar pérdidas por hasta 900 millones de euros, amenazando la continuidad de explotaciones agrícolas y familiares, y complicando el relevo generacional. La presidenta de Uaga, Edurne Basterra, advirtió que estas políticas marcarían que “nadie se quiera quedar en el sector”, debido a su carácter “insostenible” para la agricultura y ganadería local. Las organizaciones convocantes centraron su crítica en la gestión centralizada de ayudas y demandaron un papel más activo de las comunidades autónomas, puesto que, subrayaron, los terrenos agrícolas presentan características y problemáticas diferentes según la región.

El documento presentado por los manifestantes iba dirigido a la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, e incluía exigencias de rechazo al acuerdo de Mercosur y a la aplicación provisional del mismo, al menos hasta conocer el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo. De aprobarse en las actuales condiciones, advertían que provocaría daños en sectores estratégicos y supondría una pérdida de soberanía regulatoria antes de tener una resolución judicial europea. Por este motivo, solicitaron expresamente al Ministerio un voto contrario en la votación prevista en Bruselas.

Los líderes del sector hicieron hincapié también en la protección de los intereses agrarios durante las negociaciones del presupuesto europeo y en la urgencia de revisar la reforma de la PAC. Denunciaron que los recortes en las ayudas directas dificultarán el relevo generacional y agudizarán la despoblación del entorno rural, dos problemas recurrentes en las zonas agrícolas de la región, consignó el medio.

Otra demanda relevante abordó la gestión de las enfermedades que afectan al ganado, como la gripe aviar, peste porcina y dermatosis nodular contagiosa. Los representantes pidieron que cualquier medida sobre estos temas se discuta antes con los afectados. Respecto a la dermatosis nodular, mostraron especial inquietud por el modo en que se está gestionando, solicitando una campaña de vacunación total para todas las explotaciones ganaderas del territorio, a fin de evitar riesgos sanitarios relacionados con la convivencia de animales vacunados y no vacunados en los montes comunales. Alertaron que un vacío sanitario en estos espacios, donde se concentran cientos o miles de cabezas de ganado de distintos orígenes, tendría repercusiones económicas, productivas y emocionales graves para el sector.

El medio reportó también las peticiones para reforzar el control fronterizo dadas las condiciones de tránsito de animales por la vía N-1, especialmente por la proximidad de la apertura de la frontera con Francia. Propusieron extender la vacunación al total del ganado bovino de la provincia.

La reestructuración del sector vitivinícola ocupó un apartado específico entre las reivindicaciones. Los agricultores señalaron que ante el descenso del consumo de vino, el grueso de las ayudas no debería destinarse a nuevas plantaciones, sino a incentivar el arranque voluntario de vid y la desaparición de derechos asociados, adecuando la oferta a la demanda real. Sostuvieron que las partidas presupuestarias europeas necesitan gestionarse a nivel autonómico para responder con efectividad a las prioridades identificadas por los propios productores.

Además, los participantes reclamaron una reducción de la burocracia que, según ellos, obstaculiza la actividad del sector primario alavés. Consideran que se deben simplificar los procesos administrativos y dar mayor autonomía a las comunidades autónomas para decidir el destino final de los fondos europeos en función de las particularidades y retos de cada territorio.

Insistieron también en que la alimentación de calidad basada en productos agroganaderos locales debe recibir un reconocimiento económico suficiente, destacando el valor añadido de la producción vinculada al territorio. Según destacaron en las consignas elevadas durante la manifestación y recogidas por el medio, demandaron que la remuneración por estos productos refleje el esfuerzo y las garantías de calidad asociadas, para afianzar la viabilidad económica del sector agrícola y ganadero regional.

Las consignas centradas en la denuncia de los recientes acuerdos internacionales y la percepción de abandono por parte de los partidos políticos marcaron el tono de la movilización del sector agrario en Valladolid. Según reportó el medio Europa Press, miles de agricultores y ganaderos protagonizaron una manifestación con una caravana de cientos de tractores que recorrió las principales calles de la ciudad, sumándose al llamado ‘súper jueves’ de protestas coordinado a nivel nacional. El objetivo principal de esta acción fue visibilizar el rechazo a los recortes anunciados en la próxima Política Agrícola Común (PAC) y el descontento con la firma del tratado entre la Unión Europea y Mercosur, que consideran perjudicial para la producción española.

El medio Europa Press detalló que la manifestación arrancó a las once de la mañana desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, donde se congregaron tractores procedentes de distintos puntos de la provincia. Las cifras recogidas por la Subdelegación del Gobierno anunciaron la presencia de hasta quinientas máquinas agrícolas, cifra que los organizadores duplicaron, insistiendo en que el número de tractores superó el millar. La marcha hizo su primera parada frente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde los portavoces de las principales organizaciones agrarias expresaron su preocupación acerca del futuro del sector.

Portando pancartas con lemas como ‘Tu salud está en peligro, no a Mercosur’, ‘Matáis al campo’ y ‘Hoy pan y circo, mañana lamentos y hambre. Levántate y lucha’, los participantes simbolizaron su malestar hacia representantes políticos con muñecos que portaban fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Agricultura, Luis Planas; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. También incluyeron imágenes de eurodiputados del Partido Popular y del PSOE.

En la comparecencia ante la Consejería, el presidente de la Unión de Campesinos de Valladolid, Valentín García, destacó la gravedad de la situación y señaló que, pese a la oposición manifestada en el Parlamento Europeo, los eurodiputados españoles de PP y PSOE respaldaron el tratado con Mercosur. García expresó su frustración al comparar esta respuesta política con la unidad mostrada por los representantes franceses, quienes, según sus palabras recogidas por Europa Press, rechazaron el acuerdo en bloque.

Por parte de la organización Asaja, Juan Ramón Alonso remarcó la necesidad de mantener la movilización, haciendo un llamado a continuarla con una gran manifestación nacional el 11 de febrero en Madrid. Alonso cuestionó la votación de los eurodiputados del PP, partido históricamente vinculado al entorno rural, quienes optaron por apoyar lo que denominaron intereses ajenos al campo. Europa Press consignó también la intervención de David Garrido, presidente de COAG Valladolid, quien reiteró que el sector no se opone al libre comercio per se, sino que demanda igualdad normativa. Garrido detalló la dificultad de competir con productos importados sujetos a criterios menos estrictos en bienestar animal, fitosanitarios, laborales y medioambientales, lo que atribuyó como causas de la actual crisis de precios y de la problemática de relevo generacional.

Miguel Ángel Olivera, presidente de Unaspi, trasladó la preocupación de que la firma de tratados internacionales, como el de Mercosur, pone en riesgo el tejido productivo de regiones como Castilla y León. Olivera insistió en que el sector primario resulta imprescindible y advirtió sobre el efecto negativo de políticas que no reflejan su importancia real. Según difundió Europa Press, Olivera afirmó que persistirán en la presión social y las protestas hasta conseguir cambios que garanticen la sostenibilidad del mundo rural.

Carlos Duque, en representación de la Unión por el Campo, celebró la alta participación en la protesta y anunció la intención de intensificar la presión en la concentración prevista para Madrid. Duque responsabilizó a los principales partidos, PP y PSOE, de actuar en contra de los intereses del sector, acusando a sus dirigentes de “vender” a los productores tanto en España como en instancias europeas. En declaraciones recogidas por Europa Press, Duque expresó: “Vamos a ver si conseguimos dar de comer al mundo razonablemente con nuestros productos, que nuestras materias primas son muy buenas, de la mayor alta calidad, y dejamos de traer producto cancerígeno de fuera”.

Europa Press amplió que, tras la parada en la Consejería, los manifestantes entregaron en la Subdelegación del Gobierno un escrito con el conjunto de demandas dirigidas a las autoridades. El recorrido prosiguió por las principales avenidas del centro de Valladolid, entre la presencia policial y el tráfico ralentizado, especialmente en puntos neurálgicos como la Plaza de Zorrilla. De acuerdo con el horario previsto por la organización, la movilización finalizará a las seis de la tarde, con la retirada de los tractores divididos en siete columnas, replicando el despliegue de la mañana.

De esta forma, las distintas organizaciones profesionales agrarias dejaron clara su intención de seguir con la protesta movilizando al sector ante la percepción de desprotección institucional y frente a políticas comunitarias y acuerdos internacionales que, consideran, ponen en peligro la viabilidad del campo español.

A pesar de las intensas lluvias presentes durante la jornada en Toledo, los primeros tractores de la manifestación agrícola lograron llegar a la Plaza de Zocodover aproximadamente a las 12:30, recibiendo aplausos de los participantes concentrados en la emblemática plaza. De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la movilización rural reunió a 1.400 personas, aunque los organizadores, encabezados por Asaja, elevaron la cifra a cerca de 3.000 asistentes. El objetivo principal de la protesta fue exigir respaldo institucional, rechazar recortes a las ayudas europeas y defender la igualdad en los acuerdos comerciales, bajo el lema “Mentiras no, soluciones sí”, según consignó el medio Europa Press.

La protestas comenzaron a las 10:00, cuando los tractores se concentraron en el Recinto Ferial de La Peraleda antes de recorrer distintas calles de la capital manchega. Según detalló Europa Press, los participantes transitaron la Carretera de La Peraleda, Avenida de Barber, calle Duque de Lerma, calle General Villalba y Marqués de Mendigorría, hasta la rotonda de la escultura ecuestre de Alfonso VI, integrándose después a la marcha principal, cuyo punto de inicio fue la Plaza de Toros. La convocatoria incluía a agricultores a pie y a cerca de un centenar de tractores, aunque la Delegación del Gobierno fijó en 66 el número de estos últimos. El recorrido finalizó en la Plaza de Zocodover, escenario del acto central de la reivindicación.

Asaja y UPA impulsaron la movilización, con el respaldo de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha y la participación de COAG Castilla-La Mancha. Durante el trayecto, los manifestantes expusieron cencerros y bocinas, articulando tanto el malestar del sector agropecuario como su reclamo central frente a las decisiones políticas y económicas adoptadas a nivel nacional y europeo. Representantes del PP, Vox y Sumar se sumaron a la protesta, según reportó Europa Press, reflejando un respaldo transversal a la convocatoria.

“El campo no va soportar más”, advirtió José María Fresneda, presidente de Asaja Castilla-La Mancha, en declaraciones recogidas por Europa Press. Fresneda remarcó que la situación exige compromisos políticos tangibles en todos los parlamentos, incluidos el europeo, el nacional y el regional, y señaló que la movilización persiste ante lo que consideran incumplimientos y falta de apoyo real al campo. Insistió en que la persistencia de los agricultores es inquebrantable a pesar de las inclemencias meteorológicas: “Lloviendo, cayendo chuzos de punta, los agricultores han decidido secundar esta manifestación con mucha fuerza. Va a ser una manifestación pasada por agua, pero con mucha fe, con mucha ilusión, con muchas ganas”. Asimismo, recalcó que el sector rural no se dejará engañar ante cuestiones polémicas como el acuerdo con Mercosur, la PAC y la problemática de la fauna silvestre, en particular la sobrepoblación de conejos.

Por parte de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo expresó al medio Europa Press su rechazo a los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y a las propuestas que, según denunció, buscan desmantelar el sistema de ayudas vigente. Para Morcillo, las condiciones de los acuerdos comerciales no pueden situar al sector agrario como el “pagano” de la liberalización económica, exigiendo que las normativas aplicadas a productores europeos sean también exigidas a los de terceros países. Morcillo planteó la necesidad de disponer de cláusulas de salvaguarda efectivas y de aplicación inmediata para proteger las producciones agrarias locales, señalando que la presión ejercida por el sector, a través de movilizaciones previas como la celebrada en Bruselas el 18 de diciembre, resultó clave para modificar la actitud institucional.

El dispositivo de seguridad implementado por la Delegación del Gobierno, con apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, facilitó que la llegada de tractores y manifestantes se desarrollara sin incidentes y de forma organizada, según confirmaron fuentes oficiales a Europa Press. La jornada reivindicativa transcurrió en medio de una persistente lluvia que no frenó el desarrollo de la marcha, caracterizada por la determinación de los participantes para visibilizar sus demandas pese al mal tiempo.

La presencia de representantes políticos en el evento fue valorada positivamente por los dirigentes agrarios, quienes insistieron en que el entendimiento y el respaldo se deben reflejar en medidas concretas en el seno del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los distintos niveles de los gobiernos nacional y autonómico. Los organizadores insistieron en que la movilización se mantendrá activa “paso a paso, medida a medida y administración por administración”, hasta lograr que sus exigencias se traduzcan en soluciones concretas para el campo.

Según el balance de los convocantes consultados por Europa Press, la protesta también pretendía concienciar a la ciudadanía sobre la situación de vulnerabilidad que afronta el sector agrícola, debilitado por los recortes en las ayudas europeas y la competencia internacional derivada de acuerdos comerciales que consideran lesivos. Las agrupaciones rurales que participaron coincidieron en reivindicar protección equitativa y mecanismos de defensa efectivos frente al impacto de las políticas comunitarias e internacionales.

Los líderes de las asociaciones agrícolas replicaron las consignas centrales durante la jornada, subrayando que rechazan la desinformación y demandan acciones inmediatas por parte de las instituciones. Las manifestaciones y el recorrido hasta la Plaza de Zocodover plasmaron el estado de movilización en el que permanece el sector agrario en la región y la disposición de sus integrantes a sostener la protesta tanto en Toledo como en otros ámbitos de decisión política.

"Hoy pan y circo, mañana lamentos y hambre. Levántate y lucha", este fue uno de los mensajes que destacaron durante la concentración masiva de agricultores en Valladolid, quienes convocaron la protesta a raíz del malestar por los recortes en la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tal como informó Europa Press. La manifestación consistió en la movilización de medio millar de tractores —según la Subdelegación del Gobierno— que recorrieron las principales calles del centro de la capital, a modo de denuncia pública y en busca de respuestas políticas tanto a nivel regional como nacional y europeo.

Según consignó Europa Press, la protesta coincidió con la convocatoria del llamado "súper jueves" por parte de las principales organizaciones agrarias de Castilla y León, que decidieron actuar en conjunto para denunciar una situación que consideran insostenible para el campo. Los manifestantes partieron desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla alrededor de las 11:00 horas, una hora más tarde de lo previsto, en una columna de tractores provenientes de diferentes puntos de la provincia. Una vez en las inmediaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, los líderes del movimiento manifestaron su descontento, reclamando la falta de apoyo institucional ante lo que consideran políticas perjudiciales para su sector.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Olivera, declaró ante los medios que "unidos somos más fuertes, juntos somos más y si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos". Olivera denunció la falta de conciencia política sobre el impacto de acuerdos internacionales como el de Mercosur, al calificarlo de "lamentable, catastrófico sobre todo para Castilla y León". Recalcó la necesidad de mantener la presión y la movilización social para defender el sector primario y salvaguardar la agricultura, la ganadería y la pesca.

La indignación también se dirigió hacia los principales partidos políticos, tal como reportó Europa Press. Una de las consignas más repetidas durante la jornada señaló tanto al Partido Popular (PP) como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE): "Nos han vendido". Pancartas y muñecos que representaban a figuras como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura, Luis Planas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompañaron la protesta, así como la imagen de eurodiputados del PP y PSOE, entre ellos Raúl de la Hoz e Iratxe García.

Valentín García, presidente provincial de la Unión de Campesinos (UCCL), explicó que "el problema es serio", refiriéndose tanto a los recortes en la PAC como al tratado con Mercosur. García recordó que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del acuerdo y lo remitió al Tribunal de Justicia, pero lamentó que los eurodiputados de los principales partidos españoles votaran en contra de defender las posiciones del sector agrícola nacional. A este respecto, expresó su admiración por el respaldo que recibieron los agricultores franceses en el Parlamento Europeo, donde, aseguró, los representantes de todas las formaciones apostaron por rechazar el acuerdo.

El responsable provincial de Asaja, Juan Ramón Alonso, insistió en la importancia de la "unidad de acción" y alentó a continuar con las movilizaciones, previstas también para el 11 de febrero en Madrid. Alonso criticó el respaldo de los 39 eurodiputados del PP al acuerdo con Mercosur, un asunto que el sector interpreta como una traición a los intereses agrícolas españoles.

El presidente de COAG en Valladolid, David Garrido, profundizó en los motivos del rechazo al acuerdo internacional, puntualizando que el sector primario no se opone al libre comercio, pero sí exige condiciones de igualdad en las normativas. Garrido argumentó que la competencia con países que tienen estándares laborales, sanitarios y medioambientales distintos resulta inviable, ya que "no podemos competir con esos mercados cuando tenemos una normativa en bienestar animal totalmente diferente, una normativa fitosanitaria totalmente diferente, una en materia laboral donde los derechos de los trabajadores allí no tienen nada que ver con los derechos que tienen aquí. Tampoco en normativa de emisiones". El dirigente destacó los desafíos que afronta el sector en cuestiones como la producción de cereal y la sucesión generacional, advirtiendo que la actual situación pone en riesgo la continuidad de la actividad agrícola.

Durante su intervención, Carlos Duque, representante de Unión por el Campo, celebró la respuesta de la comunidad agrícola y ganadera convocada en el centro de Valladolid. Duque señaló de modo explícito a los dirigentes políticos, insistiendo en que "son unos falsos todos. Nos venden en España, en Castilla y León y en Europa". Propuso la producción agrícola local como salida a los actuales problemas del sector: "Vamos a ver si conseguimos dar de comer al mundo razonablemente con nuestros productos, que nuestras materias primas son muy buenas, de la mayor alta calidad, y dejamos de traer producto cancerígeno de fuera".

Tras la parada ante la Consejería de Agricultura, los manifestantes entregaron una carta con sus reivindicaciones tanto en este organismo como en la Subdelegación del Gobierno, según detalló Europa Press. El trayecto previsto de la marcha incluyó varias de las principales arterias del centro de Valladolid, incluyendo la Plaza de Zorrilla, lo que generó importantes retenciones de tráfico durante el paso de la columna.

La jornada de protesta transcurrió bajo condiciones meteorológicas adversas, pero los agricultores y ganaderos persistieron para visibilizar la situación que afecta a sus explotaciones. La movilización, que según la planificación de los organizadores concluiría hacia las 18:00 horas, previó la salida ordenada de los tractores en siete columnas, las mismas que se organizaron para su llegada.

Europa Press resaltó que el sector primario considera fundamental dar continuidad a las movilizaciones para presionar a los responsables políticos a todos los niveles y garantizar un marco regulatorio que no perjudique al campo español frente a la competencia internacional. El llamado a la unidad y a la movilización nacional se mantiene vigente, siendo la manifestación de Madrid el próximo gran hito propuesto por las organizaciones del sector.

Jesús Cano, diputado regional del Partido Popular, recordó durante la protesta de las organizaciones del sector primario la reciente aprobación en la Comisión de Comercio Internacional del Reglamento de Cláusulas de Salvaguarda para el acuerdo comercial con Mercosur, una medida respaldada por el Partido Popular en el Parlamento Europeo y, según explicó Cano, rechazada por el Grupo Patriots, donde se incluye Vox. El parlamentario consideró que el voto contrario de Vox ha acelerado la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur sin incorporar nuevas protecciones al campo, perjudicando gravemente a los agricultores españoles. Ante este escenario, Cano exigió al Gobierno central “una PAC justa, con 45.000 millones de euros adicionales” destinados a ayudas para el sector primario y a obras hidráulicas prioritarias, según reportó el medio proporcionado.

Tal como detalló la misma fuente, Cano asistió a la manifestación convocada por entidades del sector agropecuario, explicando la presencia de su partido en la movilización al declarar: “El PP tenía que estar aquí hoy, junto a nuestros agricultores y ganaderos, porque somos el partido del campo y sus reivindicaciones son las nuestras”. De acuerdo con el relato facilitado, Cano expresó su firme oposición al “recorte de la PAC”, a cualquier acuerdo Mercosur que perjudique a productores nacionales, al cierre de los acuíferos en 2027 y a las restricciones al trasvase Tajo-Segura. El diputado argumentó que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría dificultando la supervivencia del campo, principalmente a través de recortes “sectarios y arbitrarios” al trasvase, al mismo tiempo que financia proyectos hidráulicos en Marruecos.

Durante su intervención, Cano reiteró su petición al presidente del Gobierno para reforzar el presupuesto de la Política Agraria Común, pidiendo la suma de 45.000 millones de euros adicionales para destinarlos tanto a ayudas directas como a infraestructuras hidráulicas que, en su opinión, resultan imprescindibles. Según publicó la fuente original, afirmó que el actual Ejecutivo central no solo limita los fondos, sino que, conforme a su denuncia, persiste en cumplir un compromiso de clausura del trasvase Tajo-Segura.

Cano mostró su desconfianza respecto a la voluntad política del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez y opinó que la situación del sector primario solo mejoraría con la salida del actual mandatario. Según sus declaraciones recogidas en el texto de origen, criticó también el papel de Vox, al que acusó de incurrir “en engaños y demagogia”, contraponiendo esa actitud al trabajo institucional del Partido Popular, que, según sostuvo, actúa “con hechos” y defiende los intereses del sector a nivel europeo, nacional y regional.

En torno al acuerdo con Mercosur, el diputado indicó que la aprobación en la Comisión de Comercio Internacional del Reglamento de Cláusulas de Salvaguarda resultó posible gracias al apoyo de su partido, desmarcándose de la postura de Vox y otros grupos, como Podemos, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego. Según Cano, el voto conjunto de Vox con esas formaciones propició una aplicación más rápida del acuerdo comercial sin incorporar las protecciones necesarias para el campo español.

El texto facilitado también recoge que Cano responsabilizó a Vox de haber actuado en sintonía con el PSOE en la Asamblea Regional, votando en contra de una moción presentada por el PP para rechazar los recortes al trasvase Tajo-Segura. El diputado argumentó que, cuando se presentan problemas graves para los productores, el PP aparece como única alternativa institucional, realizando gestiones y defendiendo sus intereses junto a Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras, líderes del partido a escala nacional y regional respectivamente.

El parlamentario finalizó, según reportó la fuente de información, subrayando que la defensa del sector primario por parte del PP se sustenta en “hechos reales y fehacientes”, rechazando actuaciones que, en su opinión, se limitan a proclamas sin incidencia concreta. En la protesta, según lo recabado, la posición del PP quedó plasmada en el rechazo frontal a los recortes de fondos europeos para la agricultura, el cese previsto de acuíferos y la política hídrica del Gobierno, que consideran desfavorable para las comunidades agrícolas regiones del Levante español.

Tres camiones pertenecientes a una veintena de empresas, en su mayoría organizadas en cooperativas, descargaron más de una veintena de palets repletos de frutas y hortalizas frescas en la Plaza Belluga de Murcia. Según consignó Fecoam y Proexport, esta acción de distribución gratuita formó parte de su adhesión a la movilización nacional convocada por organizaciones agrarias para visibilizar las dificultades actuales que afronta el sector regional.

De acuerdo con lo informado por Fecoam y Proexport, la entrega al público incluyó productos de temporada como brócoli, apio, pomelo y distintos tipos de cítricos. Esta iniciativa coincidió con la protesta que, convocada por las asociaciones UPA, Asaja y COAG, reunió en la capital murciana a trabajadores del campo en respuesta a los recortes previstos de la futura Política Agrícola Común (PAC) y al impacto esperado del nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, reportó el medio.

El acto tuvo como finalidad intensificar la visibilidad social de las reivindicaciones del colectivo agrícola y llamar la atención sobre cómo las modificaciones de la PAC y el tratado UE-Mercosur podrían afectar la estabilidad económica de la agricultura regional. Según detalló la fuente, la concentración de agricultores y cooperativistas representa el sentir y la preocupación de una parte significativa del sector agrario en Murcia.

Fecoam y Proexport resaltaron que las actuales políticas europeas generan incertidumbre, especialmente ante la posibilidad de recortes en las ayudas directas y las posibles consecuencias de la entrada de productos procedentes de países extracomunitarios. Según explicó el medio, las cooperativas consideran que estos factores podrían erosionar la competitividad de los productores locales y provocar un descenso en la renta agraria.

Durante la movilización, los asistentes entregaron de manera gratuita las frutas y verduras como gesto simbólico para reivindicar la importancia social, económica y alimentaria del sector local. Las organizaciones presentes expusieron que la elección de la Plaza Belluga, en pleno centro de Murcia, se debió a la alta concurrencia de ciudadanos, lo que garantiza mayor difusión de la problemática, según publicó la fuente.

Este tipo de acciones se inserta en una agenda más amplia de protestas en distintos puntos del país, convocadas de modo coordinado por UPA, Asaja y COAG. Los participantes buscan presionar tanto a las autoridades europeas como nacionales para que reconsideren los recortes planteados y establezcan salvaguardas ante el acuerdo con Mercosur, que según las cooperativas, podría facilitar la entrada de productos agrícolas con estándares diferentes y costes menores, tal como recogió el medio.

La distribución de frutas y verduras también sirvió, según detalló Fecoam y Proexport, para acercar al consumidor la realidad del productor murciano, insistiendo en la importancia de elegir productos locales frente a alternativas importadas. Los dirigentes cooperativos subrayaron que el modelo regional apuesta por la calidad, la sostenibilidad y el empleo rural.

El evento en la Plaza Belluga, según los portavoces de las cooperativas, contó con la colaboración de voluntarios y empleados que participaron activamente en la descarga y reparto de los palets de alimentos, generando una alta participación del público. El medio informó que la jornada se desarrolló sin incidentes y con el respaldo logístico de los ayuntamientos y de los cuerpos de seguridad.

Las entidades convocantes reiteraron su disposición a continuar con movilizaciones y actos reivindicativos si no se atienden las demandas del sector, según remarcó Fecoam y Proexport. Los representantes agrarios advirtieron, de acuerdo al medio, que la modificación de los apoyos y la liberalización de importaciones pueden agravar la situación estructural de la agricultura murciana y dificultar el relevo generacional en el campo.

El reparto llevado a cabo en Murcia se sumó a otras iniciativas similares en distintas regiones, todas ellas orientadas a fortalecer el vínculo entre productores y ciudadanos, y a sensibilizar sobre el impacto de las políticas europeas en el sistema agroalimentario, según la información proporcionada por Fecoam y Proexport.

La preocupación por una posible reducción de hasta 100 hectómetros cúbicos anuales en los recursos hídricos ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a instar al Gobierno central a que adopte medidas urgentes y consensuadas con las organizaciones agrarias. Según publicó el medio que da origen a esta información, el órgano municipal lanzó una moción en la que reclama acciones inmediatas para proteger al sector agroalimentario de la Región de Murcia ante los riesgos derivados del recorte del trasvase Tajo-Segura, una política comercial considerada desigual frente a terceros países, y el impacto de las políticas agrícolas actuales en la estabilidad laboral regional.

El acuerdo, tal como detalló la fuente, recoge el respaldo unánime de la corporación local hacia las reivindicaciones de agricultores y regantes, a la vez que subraya la importancia de disponer de recursos hídricos suficientes para que el sector agroalimentario continúe manteniendo su papel fundamental en la economía y el abastecimiento tanto a nivel nacional como europeo. El Ayuntamiento destaca que el sector ofrece empleo directo e indirecto a miles de familias y resultó clave para garantizar el suministro durante periodos críticos, como los vividos en la pandemia. Por ello, el documento aprobado exige una nueva política agrícola y de aguas que priorice el consenso y la solidaridad entre territorios, con el objetivo de asegurar el presente y el futuro socioeconómico de la región.

De acuerdo con la información proporcionada por el mismo medio, el Pleno pone especial énfasis en la situación de los productores murcianos ante etapas prolongadas de incertidumbre, a las que se suma tanto la posible disminución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) como la competencia desigual en los mercados internacionales. La moción solicita a las instituciones nacionales y europeas una política comercial que garantice reglas equitativas, mencionando expresamente la necesidad de posponer la aplicación del acuerdo con Mercosur hasta que se asegure la reciprocidad a partir de cláusulas espejo, auditorías en origen e inspecciones en las fronteras.

El Ayuntamiento reitera, según consignó la fuente, su rechazo a los recortes en el trasvase Tajo-Segura y a las políticas hidrológicas que, según el texto aprobado, comprometen la viabilidad del sector agroalimentario. En diversas ocasiones previas, el Pleno ya había adoptado acuerdos similares en respaldo del acueducto y en oposición al Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. Las autoridades municipales remarcan que el agua resulta indispensable para el funcionamiento y la competitividad de la industria agrícola murciana, que consideran uno de los principales motores de desarrollo del territorio.

La moción insiste en exigir igualdad competitiva para los agricultores locales frente a los productos importados, estableciendo que estos últimos cumplan con los mismos requisitos en materia laboral, medioambiental, sanitaria y de trazabilidad. Además, el acuerdo subraya la necesidad de mantener altos estándares en los controles de seguridad alimentaria y sanidad vegetal, tanto para productores nacionales como para los procedentes del exterior.

Según detalló el medio de origen, el Pleno mostró su preocupación por el efecto que los recortes en el apoyo de la PAC podrían tener en el tejido agroalimentario de la Región de Murcia. Esta situación genera incertidumbre en las familias que dependen del sector, así como en el conjunto de la economía local. El documento aprobado sostiene que la coyuntura resulta "insostenible" y urge a encontrar respuestas a lo que define como una "tormenta perfecta" de desafíos para los agricultores y regantes.

El texto también resalta que el sector agroalimentario representa, según los miembros del Pleno, un ejemplo de eficiencia y sostenibilidad y reivindica el fin de lo que califican como agravios sufridos por los agricultores y regantes de la región. A juicio de la corporación, la defensa del sector es fundamental tanto para el bienestar de la población como para la estabilidad de la economía regional y nacional.

En resumen, la acción del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, según publicó la fuente, se enmarca en la búsqueda de soluciones que permitan al sector agroalimentario superar barreras tanto estructurales como coyunturales, garantizando recursos vitales y una competencia justa en los mercados internacionales, al tiempo que se apoya a las familias y trabajadores que dependen de una de las actividades económicas más relevantes para la región.

De acuerdo con la información publicada por el medio, las primeras retenciones empezaron a registrarse desde la madrugada, afectando las principales rutas de tránsito en la región. Entre los puntos más afectados se encuentra el kilómetro 170 de la autovía A-30, que conecta Murcia, Fuente Álamo y Cartagena, donde los vehículos afrontaron largas filas debido a la presencia de tractores y manifestantes. También se notificaron incidencias en el empalme de Archena, situación que obligó a la Guardia Civil de Tráfico a intervenir. Ante esta coyuntura, las autoridades dispusieron el desvío de la circulación hacia el Arco Noroeste a fin de facilitar el flujo de vehículos en la ciudad de Murcia.

Según reportó el medio, se produjeron incidencias similares en la zona de La Hoya, en Lorca, donde en el kilómetro 622 se observaron aglomeraciones provocadas por la protesta. Las organizaciones convocantes argumentaron en declaraciones recogidas por el medio que la manifestación busca visibilizar las dificultades que enfrentan los productores debido tanto a la reducción de ayudas agrícolas previstas como a los efectos de posibles acuerdos internacionales.

El despliegue policial y de control de tráfico fue reforzado en la región durante la jornada, con el objetivo de compatibilizar el derecho de manifestación de los agricultores con la necesidad de garantizar la movilidad para el resto de la ciudadanía, según explicó la fuente. El dispositivo de seguridad incluyó medidas orientadas a proteger la prestación de servicios fundamentales y el acceso a infraestructuras esenciales, con procedimientos específicos para evitar el bloqueo de emergencias y suministros básicos.

De acuerdo con el medio, la protesta de este jueves se enmarca dentro de una convocatoria nacional, en la que numerosos colectivos agrarios en diferentes puntos del país han mostrado su oposición a los recortes en la PAC y a diversas políticas de la Unión Europea que, a su entender, afectan negativamente la sustentabilidad del campo. Aunque el Parlamento Europeo decidió paralizar el acuerdo con Mercosur, las organizaciones locales mantienen su preocupación por el posible impacto de su reactivación en la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones agrarias españolas.

Las restricciones a la circulación derivadas de la protesta se suman a las dificultades previas vividas por el sector, que denuncia una reducción inminente de ingresos, menores márgenes de rentabilidad y una presión cada vez mayor por los estándares y normativas comunitarias. Los representantes de Asaja, COAG y UPA manifestaron que estos factores agravan una crisis prolongada en el campo, que se refleja en el cierre de explotaciones, el envejecimiento del sector y la disminución del relevo generacional.

En el contexto de la protesta, fuentes de las organizaciones agrarias remarcaron a través del medio la necesidad de políticas orientadas a sostener la estabilidad de la actividad productiva y salvaguardar la viabilidad de las explotaciones familiares. Los agricultores remarcaron que la combinación de la política agraria prevista y los intercambios comerciales desiguales agudiza los riesgos para la seguridad alimentaria y la economía rural en la región.

El seguimiento de la protesta y la evolución del tráfico permaneció bajo supervisión directa de la Guardia Civil y las autoridades regionales, quienes emitieron recomendaciones de prudencia a los conductores y solicitaron, en declaraciones recogidas por el medio, la colaboración de la población para evitar incidentes y facilitar la labor tanto de los servicios de emergencia como de los organizadores de la protesta. Las manifestaciones permanecieron activas en diferentes puntos hasta entrada la jornada, con posibilidad de extenderse según la evolución de las negociaciones y la respuesta institucional a las demandas del sector.

Con motivo de las protestas agrarias celebradas en España desde el pasado 16 de octubre, este jueves se realizarán en todo el territorio las principales movilizaciones y tractoradas de los agricultores y ganaderos como protesta contra el acuerdo firmado a comienzo de año entre la Unión Europea y Mercosur, que abre la puerta a productos latinoamericanos que compiten a bajo coste con los europeos. Esta medida, paralizada en el Parlamento Europeo, se suma a las quejas del campo, con la reducción monetaria del Presupuesto Agrario Común (PAC) en la mira y los aumentos en los costes de producción.

Las principales organizaciones agrarias y ganaderas españolas han denominado a este día como el ‘super jueves’ del campo español y han preparado distintas concentraciones a lo largo y ancho del territorio nacional. “Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo”, aseguraba el secretario general de UPA, Cristobal Cano, en una rueda de prensa conjunta con los representantes de Asaja y COAG.

De esta forma, hay convocadas tractoradas y concentraciones de Norte a Sur del país, como en Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca, entre otras, mientras que en Madrid, donde estaban previstas movilizaciones y un ‘cocido reivindicativo’ en plena Puerta del Sol, se ha tenido que aplazar ante la amenaza de lluvia.

Cientos de tractores movilizados en Andalucía

En Sevilla los tractores colmarán las calles desde las 8:00 horas, cuando comenzará la concentración “contra Mercosur y los acuerdos comerciales injustos, la asfixiante burocracia, por soluciones urgentes ante la falta de mano de obra, los recortes de la PAC y por medidas frente a los altos costes”, según difundieron sus organizadores durante la convocatoria.

Málaga también se suma a las protestas con una concentración frente a la subdelegación del Gobierno de 11:00 horas a 14:00 horas: “Queremos decir alto y claro que a los agricultores y a los ganaderos hay que escucharlos. Estamos en un proceso de firmas que nos afecta directamente y no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, señalan los representantes provinciales de Asaja.

También en Huelva se han convocado movilizaciones frente a la subdelegación del Gobierno, a las 10:00 horas. a la misma hora se han convocado en Granada, aunque estas irán de la subdelegación hasta el Ayuntamiento y finalizarán a las 13:30 horas en la Glorieta de Neptuno. En Jaén, con convocatoria a las 10:00 horas, partirán desde varios puntos para dirigirse a la Plaza de las batallas, donde a las 12:00 se leerá un manifiesto.

Reparto de patatas y carne en las tractoradas de Castilla y León

En Castilla y León, las organizaciones profesionales agrarias han convocado diversas formas de movilización, como grandes tractoradas en Burgos, León, Valladolid, Salamanca y Zamora y una tractorada infantil con vehículos de juguete en Palencia que estará encabezada en este caso por los hijos de los agricultores y de los ganaderos palentinos y que concluirá con un reparto de patatas y de azúcar, mientras que en Salamanca está previsto terminar con un reparto de carne y en Burgos también habrá un reparto de productos.

Al igual que en el resto del país, estas movilizaciones responden al recorte del 23% en el presupuesto de PAC, y el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar, que permiten la entrada de productos agrarios sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos.

Valencia, Mallorca y la Rioja se suman a las protestas

Las movilizaciones se replicarán también en otras ciudades como Mallorca, donde están previstas dos protestas separadas en Ariany y palma a partir de las 10:00 horas. Unió de Pagesos y la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) han convocado una tractorada en forma de marcha lenta por Palma, mientras que UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja han organizado una tractorada en Ariany.

En La Rioja hay convocados cortes de 15 minutos desde las 8:30 hasta las 18:00 horas en cinco puntos concretos de las carreteras riojanas de Briones, Nájera, Calahorra, Agoncillo y Albelda de Iregua N-111. Por su parte, Cantabria contará con otra tractorada en Santander, con una concentración frente al Parlamento de Cantabria y una marcha posterior hasta la Delegación del Gobierno, donde se dará lectura a un manifiesto con las principales reivindicaciones del sector.

Las organizaciones agrarias y ganaderas de Valencia han convocado centenares de tractores a las 10:00 horas frente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde se pretende reivindicar una solución justa y digna a los agricultores cuyas parcelas fueron arrasadas por la DANA y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH), además de defender los regadíos y las infraestructuras hidráulicas. Más tarde, pasarán por las Torres de Serrrano, para concluir la movilización en la delegación del gobierno.

Cristina Maestre, eurodiputada integrante de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, subrayó que el reciente pacto entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur representa una ocasión para impulsos positivos en el sector agrícola europeo, pero insistió en que las salvaguardas incluidas en el acuerdo aportan protección concreta para los agricultores, según informó el PSOE a través de una nota de prensa. De acuerdo con la información citada por el medio, Maestre indicó que el Reglamento de Salvaguarda aprobado prevé la suspensión inmediata del acuerdo comercial si las importaciones superan los límites estipulados, si se detecta la entrada de productos no autorizados o si los precios experimentan caídas, incluso leves. Citó como ejemplo que una reducción de solo el 5 % en los precios permitiría paralizar temporalmente la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

El medio también detalló que Maestre transmitió un mensaje de calma a los productores agrícolas afirmando que los mecanismos de “freno de mano” quedarán activados desde la entrada en vigor del pacto, garantizando una respuesta ágil y eficaz ante posibles desequilibrios en el mercado. Estas medidas están diseñadas para proteger la viabilidad financiera y productiva de los agricultores europeos frente a fluctuaciones derivadas de la competencia internacional. Según publicó el PSOE, el reglamento establece procedimientos precisos para la activación de estas medidas bilaterales, reforzando la seguridad del sector ante la apertura de mercados a productos sudamericanos.

En línea con estos planteamientos, Maestre insistió en que la legislación europea en materia de estándares fitosanitarios no sufrirá modificaciones bajo el nuevo acuerdo, y recordó: “La legislación europea no se cambia con los Acuerdos”, señalando que ningún país del Mercosur podrá exportar a la Unión productos que incumplan las normas comunitarias vigentes. Explicó, además, que la reciprocidad en requisitos fitosanitarios se mantendrá como pilar esencial en la relación comercial, tal como detalló el medio.

Según consignó el PSOE, durante la última reunión del Consejo de Agricultura, la Comisión Europea puso en marcha un Grupo de trabajo enfocado en la optimización de los controles fronterizos sobre los productos importados. Esta iniciativa contempla un incremento sustancial en el número de agentes y la vigilancia aduanera, con el objetivo de bloquear el ingreso de plaguicidas peligrosos y prohibidos en la Unión Europea a través de mercancías provenientes de terceros países. Maestre hizo hincapié en que solo aquellos productos que respeten la normativa europea accederán al mercado comunitario, fortaleciendo de este modo la protección sanitaria y medioambiental.

Adicionalmente, la eurodiputada denunció incoherencias entre las posiciones que diferentes fuerzas políticas adoptan frente a la negociación del acuerdo UE-Mercosur. Maestre instó al Partido Popular a mantener una actitud coherente, puesto que, según sus declaraciones recogidas por el PSOE, sus representantes han mostrado posturas cambiantes respecto a su apoyo o rechazo al pacto: “Se han escondido, luego han afirmado que apoyaban el acuerdo, después que no, y ahora aseguran que el reglamento ha salido adelante gracias a ellos. Deben aclararse”, sostuvo.

Tal como informó el PSOE, Maestre rechazó que pueda utilizarse el debate sobre el pacto comercial para justificar eventuales recortes en la Política Agraria Común (PAC), y criticó que tanto el Partido Popular como Vox prolonguen enfrentamientos públicos sin centrarse en la defensa de los intereses del campo. Recalcó que los recortes actualmente propuestos en la PAC provienen del comisario de Agricultura y de la presidenta de la Comisión Europea, ambos vinculados al Partido Popular, y remarcó que su formación política trabaja por una PAC “justa y equilibrada” que preserve el presupuesto agrícola sin disminuirlo.

La eurodiputada también defendió su enfoque de transparencia hacia el ámbito rural europeo sosteniendo que los socialistas mantienen una línea directa y abierta con los agricultores, orientada a la búsqueda de oportunidades de desarrollo con la máxima garantía y sin aceptar retrocesos en la protección institucional. Según reportó el medio, Maestre pidió tanto al PP como a Vox abandonar discursos que califica de demagogos y centrarse en asegurar recursos suficientes para la PAC, elemento que, en su opinión, resulta fundamental para la estabilidad y evolución del sector agroalimentario de la Unión Europea ante nuevos desafíos comerciales internacionales.

La preocupación por la expansión del lobo, el impacto del acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur y los efectos de los ajustes en la Política Agraria Común (PAC) moviliza nuevamente a los productores lácteos y agrícolas de Cantabria. De acuerdo con lo publicado por los organizadores y recogido por los principales medios, una manifestación acompañada de una tractorada se desarrollará en Santander este jueves 29, como respuesta a la creciente inquietud en el sector agrario. La protesta, apoyada por diversas organizaciones y cooperativas del ámbito ganadero y agrícola, exigirá la adopción urgente de medidas ante los desafíos que enfrentan los profesionales del campo.

ASAJA, COAG y UPA, tres de las principales organizaciones agrarias, convocan esta movilización en más de treinta ciudades del país, como parte de lo que denominan el ‘Súper Jueves del campo español’, según reportó la prensa local. En el caso de Cantabria, la protesta además cuenta con el respaldo de UGAM-COAG, UPA Cantabria, ASAJA, AIGAS, cooperativas como Agrocantabria, Valles Unidos del Asón y la de Comillas, así como la Asociación Frisona de Cantabria y la Federación de Razas Cárnicas. Estas entidades buscan mostrar una imagen de unidad ante lo que consideran amenazas graves para la viabilidad de sus explotaciones.

El itinerario de la jornada de protesta en Santander contempla un encuentro inicial a pie ante el Parlamento de Cantabria hacia las 12:30, según consignó la organización. La marcha avanzará a continuación en dirección a la Delegación del Gobierno, estimándose la llegada a este punto en torno a las 13:45. El trayecto incluye pasos por La Marga, Jerónimo Sáinz de la Maza y la calle Alta, áreas que verán circular tanto tractores como manifestantes a lo largo de varias horas, entre las 12 y las 15.

Uno de los principales motivos que impulsan la convocatoria es la exigencia de una gestión eficaz del lobo, cuya población y actividad en la región ha generado numerosos conflictos con la ganadería. Los productores insisten en la necesidad de que se adopten decisiones concretas para asegurar la protección de los rebaños y garantizar la continuidad de las explotaciones familiares. La crítica al acuerdo con Mercosur también figura entre los reclamos básicos de la jornada, ya que los agricultores y ganaderos consideran que este tratado compromete la competitividad del sector y puede llevar a una mayor presión externa por la entrada de productos agroalimentarios de países del bloque sudamericano.

Una preocupación adicional, mencionada tanto por las asociaciones ganaderas como por las cooperativas convocantes según publicaron los medios regionales, es la rebaja en la calificación sanitaria de enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa, lo que podría afectar la salud animal y limitar la comercialización del ganado. Esta reclamación se suma a las voces de protesta ya expresadas el pasado 9 de enero, fecha en la que una concentración similar involucró a cientos de productores y movilizó aproximadamente a 260 tractores por las calles de Santander.

El rechazo a los recortes en la PAC completa el núcleo de las reivindicaciones, ya que las organizaciones aseguran que una disminución de ayudas pondría en peligro la rentabilidad y la existencia de muchas explotaciones pequeñas y medianas. ASAJA, COAG y UPA subrayan que las nuevas reglas de la PAC establecen requisitos más exigentes en materia medioambiental y administrativa, sin compensar, a su juicio, las pérdidas económicas derivadas.

Cooperativas como Agrocantabria y Valles Unidos del Asón, junto con entidades representativas de la producción de carne y leche, también han expresado desacuerdo con la administración por lo que consideran falta de escucha y de protección frente a la competencia internacional. Argumentan que la agricultura y la ganadería cántabras atraviesan momentos de dificultad derivados tanto de políticas nacionales como de acuerdos adoptados a escala comunitaria.

Según reportó la prensa local tras la tractorada de enero, las protestas lograron la adhesión de un amplio sector de la población rural, visibilizando el malestar acumulado durante los últimos meses. En el contexto actual, los organizadores de las protestas esperan repetir e incluso superar el nivel de movilización logrado anteriormente, con la implicación no solo de personas que trabajan en el campo sino también de familias y simpatizantes preocupados por el futuro de la actividad agraria.

La movilización de este jueves en Cantabria se insertará dentro de una oleada de protestas simultáneas en otras regiones, donde los sectores agrícolas y ganaderos reclaman medidas ante la competencia internacional, el incremento de los costes de producción y la falta de mecanismos efectivos para mitigar la fauna salvaje. Las tractoradas y manifestaciones previstas buscan aumentar la presión sobre las administraciones públicas con el objetivo de obtener respuestas a sus demandas.

Diversas fuentes citadas por los medios confirmaron que los convocantes mantienen contactos con responsables políticos, a quienes solicitan compromisos firmes respecto al control de la fauna silvestre y la revisión de los acuerdos comerciales internacionales. Las organizaciones agrarias también demandan la revisión de los criterios de la PAC y la adopción de medidas de apoyo para el sector.

La protesta de Santander está programada para extenderse durante más de tres horas, previéndose afectaciones en el tráfico viario en la ciudad. Productores y representantes de diferentes zonas rurales de Cantabria viajarán hasta la capital para expresar sus reivindicaciones, integrando un frente común frente a las políticas internacionales y nacionales que consideran desfavorables para el campo cántabro, según detalló la prensa regional.

El porcentaje de profesionales menores de 41 años en el sector agrícola apenas alcanza el 8,9%, una situación que, según declaró el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, resulta preocupante y desincentiva el relevo generacional en el campo. De acuerdo con la información difundida por Unión de Uniones y recogida por los medios, la organización ha decidido convocar una gran concentración en Madrid el 11 de febrero. Al acto se prevé la participación de más de 1.500 tractores y alrededor de 8.000 agricultores, en respuesta a los recortes en la futura Política Agrícola Común (PAC) y al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La protesta, según publicó Unión de Uniones, se organizará desde la Plaza de Colón hasta la puerta del Ministerio de Agricultura. Durante el acto, representantes de las diferentes organizaciones territoriales tomarán la palabra para poner de manifiesto los principales problemas a los que se enfrenta el sector. En declaraciones citadas por la organización, Luis Cortés subrayó que “el sector agrario tiene que ser rentable, y, en estos momentos, no lo es”, añadiendo que es esencial “mantener el pulso, tanto en la calle como en los despachos, para hacer valer la opinión del campo sobre los temas que le atañen”.

Entre los motivos centrales de la protesta, Unión de Uniones hace hincapié en el impacto negativo de los recortes de la PAC previstos para los próximos años. La organización manifestó que la política agrícola está “menguando a favor de otros ámbitos”, lo que relega a la agricultura y la ganadería nacionales a un “segundo plano” y contribuye al deterioro del sector. Además, la organización denunció el coste elevado de los insumos agrícolas, que agrava la situación de los productores al reducir sus márgenes de rentabilidad.

Unión de Uniones también hizo público su rechazo a la ley de cadena alimentaria, calificando su aplicación como deficiente y asegurando que la normativa “no se cumple”, situación que estaría contribuyendo a la caída de las rentas agrícolas. Según detalló la organización al medio, la falta de rentabilidad repercute directamente en la baja incorporación de jóvenes al sector, lo que provoca el envejecimiento de la población agraria y agrava la crisis de relevo generacional.

La convocatoria incluye un llamamiento a otras asociaciones y plataformas para unirse a esta protesta “en defensa del campo”, según consignó Unión de Uniones. El objetivo es reunir una amplia representación del sector agrícola en la capital y trasladar las principales demandas al gobierno.

El recorrido previsto para la entrada de los tractores en Madrid contempla cinco columnas que partirán de distintos puntos de la región: Torrejón de la Calzada, El Espinar en Segovia, Guadalajara, Robregordo y Arganda del Rey. Unión de Uniones destacó la disposición mostrada por la Delegación del Gobierno durante la coordinación de la ruta, e indicó que el trayecto y la llegada de los corteses vehículos buscan generar la menor afección posible sobre los ciudadanos de la capital.

La situación del sector sanitario veterinario suma otro motivo de preocupación, según informó Unión de Uniones. Luis Cortés expuso que existen “protocolos obsoletos” para el control de enfermedades animales, lo que, pese a la contención de muchos focos, provoca consecuencias en otras áreas. Señaló que el caso de la peste porcina africana ilustra cómo estos efectos negativos llegan a distintas zonas, y expresó la necesidad de que se asuman responsabilidades en esta materia.

La protesta surge también como respuesta al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al que Unión de Uniones atribuye un impacto adverso sobre los precios y la competitividad de los productos agrícolas españoles. La organización sostiene que los compromisos adoptados con los países del Mercosur intensifican la presión sobre los agricultores nacionales y agravan la situación sectorial.

Según informó Unión de Uniones, la manifestación busca consolidar una acción conjunta de todo el sector ante las reformas legislativas, los retos comerciales internacionales y los problemas estructurales de la actividad agrícola y ganadera en España. Las intervenciones de las organizaciones territoriales durante el acto de cierre expondrán de manera detallada las reivindicaciones y propuestas del colectivo.

La coordinación de la concentración con las autoridades se ha realizado para garantizar que la entrada de los tractores y agricultores discurra de forma organizada por las principales entradas de Madrid, a fin de evitar incidentes y facilitar el desarrollo normal de la jornada, reportó la organización.

Unión de Uniones concluyó reiterando su invitación a asociaciones y plataformas a sumarse y actuar de manera colectiva en la protesta, incidiendo en la necesidad de “defender el campo” ante los recortes y los retos que afronta el sector agrario en la actualidad.

Frente a la inquietud por los efectos de los acuerdos internacionales en la economía agrícola española, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó que se han establecido mecanismos de protección, salvaguardias y fondos de ayuda para los productores que puedan verse afectados por el pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Cuerpo subrayó que existen refuerzos en los controles fronterizos y se prevén activaciones de cuotas si las importaciones perjudican al sector primario nacional. En ese contexto, el responsable del área económica del Gobierno aseguró que la defensa de los trabajadores rurales será una prioridad en cualquier negociación internacional.

Según publicó Europa Press, Cuerpo afirmó en una entrevista en Telecinco que “el campo, nuestro campo, nunca va a ser una moneda de cambio en ningún acuerdo en materia comercial”. La declaración surge en un escenario marcado por movilizaciones de agricultores y ganaderos que rechazan tanto el acuerdo entre la UE y Mercosur como los recortes propuestos en la futura Política Agrícola Común (PAC). Las organizaciones agrarias Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) impulsaron una serie de protestas a nivel nacional, con tractoradas y concentraciones en numerosos puntos del país.

El medio Europa Press detalló que las protestas continuarán a lo largo de la semana, teniendo el jueves 29 como la jornada central que ha sido denominada el 'súper jueves'. Durante ese día, los organizadores confirmaron más de 25 tractoradas y manifestaciones en provincias como Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Mallorca. En Madrid, además de las movilizaciones, se preparó un "cocido reivindicativo" en la Puerta del Sol.

El ministro Cuerpo remarcó, de acuerdo con Europa Press, que en las negociaciones internacionales el Gobierno busca transmitir tanto a los productores como a la sociedad las novedades y garantías que incorpora el acuerdo con Mercosur. Entre estas garantías figura, según explicó el ministro, el “refuerzo de los controles en frontera para que los productos que entran cumplan con los mismos requisitos que les exigimos a los que se producen en España”. De esta manera, el Ejecutivo pretende que no existan diferencias en las exigencias fitosanitarias, ambientales o de calidad entre los productos nacionales y los importados bajo el acuerdo.

Además, Cuerpo señaló la inclusión de mecanismos de salvaguardia que permiten limitar el volumen de ciertas importaciones si se detectan impactos negativos en el sector primario. Si existiera una afectación acreditada a los ingresos o la sostenibilidad de los productores españoles derivados de importaciones procedentes de los países de Mercosur, las autoridades tendrían la capacidad de bloquear o restringir esos flujos comerciales de forma puntual.

El gobierno, según informó Europa Press, también trabaja en la creación de un fondo de ayudas para compensar a los agricultores y ganaderos que enfrenten dificultades derivadas tanto del acuerdo internacional como de los recortes en el marco de la PAC. A su vez, Cuerpo añadió que se están llevando a cabo negociaciones para aumentar el presupuesto comunitario destinado a la agricultura y, en particular, a aquellos elementos considerados esenciales para la soberanía alimentaria de España y la UE.

Europa Press consignó que, pese a la decisión reciente del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo UE-Mercosur y remitirlo a revisión al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, las organizaciones agrarias mantienen su calendario de movilizaciones. Los portavoces de Asaja, COAG y UPA insisten en que el futuro de la agricultura y la ganadería españolas atraviesa una coyuntura “crítica”, que puede verse agravada tanto por la incertidumbre sobre el pacto con Mercosur como por los posibles ajustes presupuestarios europeos.

En ese escenario, la respuesta institucional se centra en garantizar estándares comunes de producción y venta y en negociar medidas financieras adicionales que mitiguen los posibles efectos adversos de los acuerdos comerciales. A lo largo de la semana de protestas, los tractores recorrerán tanto áreas rurales como urbanas, destacando los reclamos del sector y la presión de las organizaciones agrarias sobre las instituciones comunitarias y nacionales.

De acuerdo con la información de Europa Press, las reivindicaciones de los agricultores incluyen la demanda de condiciones comerciales igualitarias, una mayor protección frente a importaciones masivas, el mantenimiento de las ayudas de la PAC y un compromiso firme de las autoridades para salvaguardar el modelo de producción español. La agenda de movilizaciones refleja el impacto que las negociaciones internacionales y los recortes propuestos han generado en las zonas rurales y el protagonismo que el sector primario reclama en el diseño de la política agroalimentaria europea.

La participación de ciudades y núcleos rurales de todo el territorio nacional en las jornadas de protesta resalta la dimensión y la preocupación extendida entre los trabajadores del campo por el futuro de su actividad, su rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones ante los retos del mercado global y la política comunitaria, informó Europa Press.

El plan de concentrar la mayoría de las acciones el 29 de enero bajo el nombre de ‘súper jueves’ marca un momento clave para el movimiento de agricultores y ganaderos españoles, que intensificarán sus protestas durante toda la semana en diferentes ciudades del país, advirtiendo que la confluencia de varias amenazas puede poner en peligro la sostenibilidad de las explotaciones familiares. Según publicó Europa Press, estas movilizaciones buscan una reacción clara de las administraciones ante problemas estructurales que los representantes de las principales organizaciones agrarias consideran urgentes.

Las protestas, que incluyen tractoradas y concentraciones, se desarrollarán desde el lunes hasta el viernes, con el 29 de enero como foco central. De acuerdo con lo informado por Europa Press, la convocatoria se lleva a cabo en unidad de acción entre la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El calendario de protestas coincide con la revisión judicial del acuerdo UE-Mercosur, cuyo proceso quedó en suspenso tras ser remitido por el Parlamento Europeo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, aunque las organizaciones consideran que la revisión legal no resuelve las preocupaciones del sector.

Las organizaciones convocantes han confirmado protestas en múltiples provincias, entre ellas Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Mallorca. En la capital, Madrid, se esperan movilizaciones y la organización de un acto simbólico bajo el nombre de ‘cocido reivindicativo’ en la Puerta del Sol, donde agricultores y ganaderos presentarán demandas específicas al gobierno y a la opinión pública. El medio Europa Press detalló que se esperan más de 25 tractoradas y protestas en toda España durante el ‘súper jueves’.

Las principales preocupaciones de quienes participan en la protesta giran en torno a la reducción del presupuesto de la próxima Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea: el recorte llega al 23%, cantidad que las organizaciones agrícolas consideran inasumible para miles de explotaciones familiares. Según reportó Europa Press, los sindicatos agrarios temen que una disminución de esa magnitud ponga en riesgo la viabilidad económica de explotaciones pequeñas que dependen en gran parte de esas ayudas para desempeñar su actividad.

Además del recorte de la PAC, los agricultores y ganaderos expresan su rechazo a la política de acuerdos comerciales con terceros países. Según declaró el secretario general de UPA, Cristobal Cano, en una rueda de prensa recogida por Europa Press junto a los representantes de Asaja y COAG, preocupa que pactos como el de la UE con Mercosur, Camboya o Myanmar permitan la entrada en el mercado comunitario de productos agroalimentarios sin las mismas exigencias productivas, sanitarias ni medioambientales que se aplican a los productores europeos. Para las entidades organizadoras, esta diferencia pone en una situación de desventaja a los agricultores españoles y compromete la competitividad del sector nacional.

La protesta impulsada por las organizaciones agrarias también reclama otras medidas específicas. Entre las principales se encuentra la exigencia de un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con énfasis en la prohibición de la venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción, petición que, según especificó Europa Press, responde al objetivo de garantizar transparencia en el ámbito comercial y proteger a los pequeños productores frente a las grandes cadenas de distribución. Otra de las demandas incluye la aprobación de una Ley de Emergencia para los daños provocados por la fauna salvaje, asunto que afecta a diversas regiones agrícolas, así como la adaptación de la Reforma Laboral a las particularidades de las campañas agrarias, ya que muchos sectores del campo dependen de la contratación temporal y estacional.

Europa Press explicó que las organizaciones consideran la excesiva burocracia como otro de los retos a afrontar, señalando el aumento en los requisitos administrativos como un obstáculo añadido en un contexto de incertidumbre económica derivada de los recortes y la competencia exterior. Las asociaciones insisten en la necesidad de revisar y simplificar los trámites para que las explotaciones puedan funcionar de manera más ágil y efectiva.

Las protestas y tractoradas de esta semana representan la continuidad de una serie de acciones reivindicativas que asociaciones y sindicatos vienen impulsando para mantener el foco sobre los desafíos actuales del campo español. Según ha informado Europa Press, la convocatoria de protestas busca trasladar a las administraciones la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas explotaciones familiares y reclamar decisiones que permitan mantener la actividad agrícola y ganadera en las zonas rurales. Los convocantes reiteran que el mantenimiento del tejido productivo agrario no solo impacta en el plano económico, sino que tiene consecuencias directas en la estabilidad social y territorial de muchas comarcas españolas.

La reformulación de la PAC y la política comercial de la Unión Europea centran en buena medida la agenda de las protestas, aunque el pliego de demandas abarca también otros aspectos vinculados a la sostenibilidad e innovación en el campo, la protección de los mercados nacionales frente a la competencia exterior y el acceso a condiciones equitativas en materia de regulación, precios y seguridad jurídica. Según subrayó Europa Press a partir de las declaraciones de los líderes sindicales, el sector pretende que el ciclo de movilizaciones derive en modificaciones legislativas y en un cambio en las relaciones institucionales que responda de manera eficaz a la magnitud de la crisis agraria.

La jornada del 29 de enero se perfila como el principal termómetro de la magnitud de la protesta, con la participación confirmada de agricultores y ganaderos de diversos puntos de España, quienes se desplazarán con sus tractores y productos para visibilizar el impacto de la crisis. Los organizadores esperan que la dimensión de las movilizaciones y el despliegue territorial evidencien la gravedad de los problemas del sector y fuercen la apertura de un diálogo más efectivo con las autoridades responsables, según la información recopilada por Europa Press.

El llamado a la acción de miles de productores primarios pretende hacer visible no solo la preocupación por el recorte del presupuesto europeo destinado al sector, sino también el efecto en la viabilidad de las explotaciones familiares, señalaron fuentes agrarias. Según informó la prensa local, durante la última semana de enero, entre el lunes 26 y el viernes 30, organizaciones representativas del sector agrario han convocado manifestaciones y tractoradas en distintos puntos de España, reclamando medidas concretas ante la reducción presupuestaria de la Política Agraria Común (PAC) y los acuerdos comerciales con terceros países, en particular el pacto UE-Mercosur, cuya reciente paralización por el Parlamento Europeo no ha reducido el malestar entre los afectados.

De acuerdo con la información publicada, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) actúan de forma conjunta en la organización de estas movilizaciones, que se desarrollarán en todo el territorio nacional. Según reportó la prensa, se ha puesto especial énfasis en la jornada del 29 de enero, calificada por los convocantes como el ‘súper jueves’, en la que se prevé la mayor concentración de protestas y tractoradas, con presencia confirmada en al menos 25 provincias, incluidas ciudades como Valencia, Málaga, Bilbao, Valladolid, Toledo, Logroño, Murcia, y también en localizaciones insulares como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Mallorca. En Madrid, según detalló el medio local, habrá concentraciones y se espera la realización de un acto especial en la Puerta del Sol, denominado ‘cocido reivindicativo’.

Tal como consignó la prensa nacional, la reacción del sector se mantiene firme a pesar de la reciente decisión del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo con Mercosur y remitir el texto al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para su revisión. Las organizaciones agrarias enfatizan que los factores de fondo persisten, ya que la reducción del presupuesto de la próxima PAC, cifrada en un 23%, representa, en palabras de los convocantes recogidas por la prensa, un ajuste difícilmente soportable para miles de explotaciones familiares, lo que incrementa la sensación de incertidumbre entre los productores y trabajadores rurales.

En declaraciones recogidas por los medios, Cristobal Cano, secretario general de UPA, manifestó la urgencia del llamado: “Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo”. En este sentido, las protestas buscan transmitir a las administraciones la gravedad de los problemas estructurales del sector y la exigencia de respuestas inmediatas para garantizar la sostenibilidad tanto económica como social de la actividad agrícola y ganadera.

Entre los principales motivos de la convocatoria, las organizaciones subrayan su rechazo a los acuerdos con terceros países, como Camboya, Myanmar y especialmente Mercosur, señalando que tales tratados facilitan la importación de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares productivos, sanitarios y medioambientales obligatorios para los productores europeos. De acuerdo con lo publicado, las entidades convocantes solicitan que cualquier importación esté sujeta a las mismas exigencias que las establecidas en la Unión Europea para asegurar una competencia justa y evitar el perjuicio a los agricultores y ganaderos locales.

En las jornadas de protesta, las organizaciones agrarias reclamarán también a las administraciones la aplicación estricta de la Ley de la Cadena Alimentaria, en particular la prohibición de venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción, mecanismos que consideran necesarios para frenar la presión sobre los precios en origen y mejorar la transparencia en las relaciones comerciales entre los distintos eslabones del sector alimentario. Además, exigirán la aprobación de una Ley de Emergencia que atienda los daños causados por la fauna salvaje en las explotaciones y propondrán la adaptación de la Reforma Laboral a las particularidades de las campañas agrícolas, como respuesta a su realidad estacional y de alta temporalidad.

Según detalló el medio local, las acciones previstas durante esa semana buscan presionar a los responsables políticos nacionales y europeos para que tomen en consideración las necesidades y demandas expresadas por el sector agrario. A través del despliegue de tractores y protestas en calles y plazas de decenas de municipios y capitales, los agricultores y ganaderos pretenden mostrar su descontento ante la situación que describen como crítica y trasladar un mensaje claro sobre la urgencia de respuestas políticas decididas.

Las organizaciones han recordado que las movilizaciones se mantendrán durante toda la semana, con la expectativa de que la jornada del jueves 29 se convierta en un punto de inflexión para la visibilización de sus reclamos y la obtención de compromisos concretos. Según resaltan los líderes agrarios citados por la prensa, la unidad de acción de Asaja, COAG y UPA responde a la magnitud del desafío y persigue influir directamente en la negociación de las reformas normativas en marcha tanto en España como en la Unión Europea.

La convocatoria y desarrollo de estas movilizaciones ejemplifican el clima de tensión existente en el entorno rural ante los cambios regulatorios y las incertidumbres comerciales derivadas tanto de las negociaciones en la UE como de factores globales. Según informó la fuente original, el seguimiento de las protestas y sus repercusiones será observado con atención por agricultores, ganaderos, responsables políticos y agentes del sector agroalimentario durante los próximos días.

La posibilidad de que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur tenga repercusiones directas sobre la agricultura andaluza y, en particular, sobre los empleos vinculados al sector en Córdoba, ha sido motivo de preocupación expuesto por Izquierda Unida Córdoba. La formación subrayó que el tratado podría amenazar la subsistencia de decenas de miles de familias dedicadas a cultivos como el olivar, los cereales y la ganadería, dado que se facilitaría la entrada de productos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sin restricciones equivalentes a las aplicadas en la UE. Según reportó el medio IU Córdoba en un comunicado, la reciente decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) constituye una pausa relevante en el proceso de ratificación del acuerdo, algo que la formación consideró como “un respiro” para las zonas rurales.

De acuerdo con la información difundida por IU Córdoba, esta paralización temporal del tratado ha sido el resultado de una iniciativa liderada por el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, lo que ha permitido frenar la ratificación a la espera del pronunciamiento del TJUE. Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU Córdoba, manifestó que la suspensión era necesaria para ofrecer garantías al medio rural frente a un acuerdo que cuenta con el respaldo de los principales partidos estatales, el PP y el PSOE. Pérez enfatizó que el tratado no es una discusión alejada de la ciudadanía, sino que impacta de manera directa en la vida de miles de familias cuyos ingresos dependen de la agricultura y la ganadería en Córdoba y en otros puntos de Andalucía.

El medio IU Córdoba detalló que el acuerdo con Mercosur podría poner en riesgo la capacidad de la Unión Europea para establecer normativa propia en materia climática, ambiental y alimentaria. Además, la organización alertó que la defensa del sector agrícola es también la defensa de la alimentación y de los métodos productivos, descartando que se trate meramente de una posición ideológica, y cuestionó la efectividad de las salvaguardias propuestas, ya que, a su juicio, no impiden la competencia desleal y tampoco ofrecen protección real al campo.

IU Córdoba expuso que, bajo el tratado, los productores europeos se hallarían en una posición de desigualdad ante la entrada de alimentos procedentes de países sudamericanos que no tendrían que someterse a los mismos controles sanitarios, medioambientales, laborales ni de bienestar animal. Según publicó la formación, estos productos competirían directamente con los cultivos y la ganadería cordobeses y andaluces, sin tener que cumplir los niveles de exigencia normativa que imperan en el espacio comunitario.

Por otro lado, IU Córdoba criticó el modo en que se gestionó el tratado, señalando que la fragmentación deliberada del acuerdo tiene como objetivo evitar el debate y la votación en los parlamentos nacionales. La coalición remarcó la importancia de que decisiones de este impacto no se tomen de espaldas a la ciudadanía ni al sector agrícola directamente afectado. Además, señaló que se ha desatendido el principio de precaución, mecanismo considerado fundamental para la protección de la salud pública y el interés general.

El modelo de agricultura y ganadería que defiende IU Córdoba se caracteriza por la estructura social, familiar y profesional, con un papel clave en la generación de empleo y en la vitalidad de las zonas rurales. Desde la dirección provincial insistieron en que no resulta coherente exigir más a quienes producen aceite de oliva, cereal o carne bajo estrictos estándares regulatorios y, al mismo tiempo, admitir productos importados que no respetan las mismas condiciones de control y supervisión, generando así desigualdad competitiva.

En sus declaraciones, IU Córdoba también expresó respaldo a las movilizaciones recientes de agricultores en Bruselas. Estos protestaron tanto contra los recortes previstos en la Política Agraria Comunitaria (PAC), que según la formación podría reducirse en un 20% para reasignar fondos hacia el rearme, como contra la potencial firma del tratado con Mercosur. En palabras de IU Córdoba, el sector agrícola afronta actualmente presiones combinadas: los aranceles impuestos por Estados Unidos y la disminución de ayudas europeas intensifican el riesgo de que el campo llegue a una “situación límite”.

El acuerdo con los países del Mercosur, según reportó IU Córdoba, responde a un modelo económico que podría poner en cuestión la continuidad de numerosas explotaciones agrícolas de pequeño y mediano tamaño. La formación alertó que el impacto negativo no se limitaría a la provincia de Córdoba, sino que alcanzaría al conjunto del sector agrario andaluz y español. El sector primario cordobés, que actualmente proporciona empleo directo a cerca de 40.000 personas, se encuentra ante la posibilidad de sufrir graves consecuencias laborales si el tratado avanza en los términos previstos.

A lo largo de su comparecencia, IU Córdoba insistió en la necesidad de replantear el modelo de comercio exterior agrícola para evitar la desprotección del campo y de los productores locales, advirtiendo que el actual enfoque del tratado con Mercosur prioriza intereses económicos sobre la sostenibilidad rural y la equidad competitiva.

Los dirigentes de las principales organizaciones agrarias de Córdoba han advertido de un deterioro progresivo en el sector, cuyas consecuencias se reflejan en una significativa reducción del número de explotaciones y ganaderías activas, según detallaron este viernes en una comparecencia conjunta. El anuncio incluyó la convocatoria de una movilización masiva el 29 de enero frente a la Subdelegación del Gobierno central en Córdoba, donde reclamarán soluciones frente a las políticas comerciales y presupuestarias que consideran insostenibles para agricultores y ganaderos de la provincia.

De acuerdo con la información ofrecida por el medio, los responsables de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba han puesto de manifiesto su rechazo a la firma del acuerdo comercial de Mercosur, así como a similares tratados establecidos con terceros países. Según publicaron los convocantes, estas medidas han convertido al campo en "moneda de cambio", afectando directamente la viabilidad del sector agrario local.

Las organizaciones han fijado la protesta bajo el lema “No a Mercosur. En Defensa de la Soberanía Alimentaria. Por una PAC más fuerte”, en el contexto de la preocupación ante la nueva propuesta presupuestaria presentada por la Comisión Europea. El medio que difundió la convocatoria explicó que los dirigentes argumentan que la reforma supone el fin de la singularidad presupuestaria de la Política Agraria Común (PAC) y exigen además una "simplificación real" de la actividad agrícola y ganadera, reclamando la eliminación de trabas que, a su juicio, carecen de justificación.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta; la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, y el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, expresaron ante los medios que la concentración pretende reunir no solo a los productores, sino también al resto de la sociedad, como un acto de reafirmación frente a políticas que consideran perjudiciales para el futuro del campo.

Según lo publicado, los portavoces de las organizaciones subrayaron que el sector agrario enfrenta una “realidad constatable” de pérdida patrimonial y productiva. El descenso en el número de activos, los cierres de explotaciones y la reducción de la cabaña ganadera se han convertido, según advirtieron, en motivos de alarma para toda la comunidad rural. Añadieron que la proliferación de acuerdos internacionales, el recorte del presupuesto de la PAC y el endurecimiento de sus exigencias se presentan como factores de riesgo inasumibles, que "llevan a la ruina a miles de explotaciones andaluzas", consignó la fuente.

Durante la presentación de la convocatoria, los dirigentes recordaron que la singularidad presupuestaria de la PAC ha sido desde hace décadas uno de los pilares básicos de la economía rural en Andalucía. Según argumentaron ante el medio, los cambios propuestos amenazan con erosionar esa estructura, en un momento considerado “crítico” según su diagnóstico. Exigieron medidas claras para impedir que el nuevo marco financiero acentúe la tendencia al abandono de la actividad agraria.

La movilización fue presentada como el inicio de una campaña de presión y visibilización de la situación, impulsada por la suma de acuerdos comerciales que, según indicaron, favorecen las importaciones agrícolas en perjuicio de los productores locales. El lema elegido para la acción hace referencia directa a la defensa de la producción alimentaria nacional y al reclamo de condiciones más favorables y sostenibles para el campo en la nueva regulación presupuestaria europea.

El medio que cubrió el anuncio recogió también el llamado de los organizadores a la ciudadanía en general, animando a participar en la concentración prevista el 29 de enero y a respaldar una demanda que definen como social y económica, con implicaciones para el conjunto de la provincia y toda la comunidad autónoma. Explicaron que la protesta no se dirige solo a los agricultores y ganaderos directamente afectados, sino a todos quienes, por actividad o residencia en entornos rurales, dependen del mantenimiento de un campo viable y competitivo.

Las organizaciones expusieron que, a su juicio, las políticas actuales y las previsiones presupuestarias europeas “no solo amenazan”, sino que ya están provocando efectos detectables en el tejido productivo, con implicaciones directas para el empleo y la supervivencia de numerosas explotaciones familiares y cooperativas. Alertaron sobre la necesidad de revertir esta "espiral de abandono" antes de que sus consecuencias adquieran carácter irreversible, según reportó el medio.

Con esta convocatoria, los dirigentes agrarios solicitan la revisión tanto de los acuerdos internacionales que afectan la comercialización de productos como de los criterios de acceso a las ayudas de la PAC, insistiendo en la simplificación de los trámites y en la protección del mercado nacional frente a competidores extracomunitarios. Expresaron, de acuerdo a lo publicado, su intención de mantener la presión hasta lograr respuestas concretas de las autoridades nacionales y europeas, en defensa de los intereses del campo cordobés y andaluz.

El impacto generacional del contexto actual en el campo será uno de los puntos centrales de la protesta convocada para el jueves 29 de junio en Palencia. Como medida simbólica, la manifestación incluirá una tractorada infantil que encabezará la marcha, con la intención de resaltar cómo los desafíos presentes en el sector agrario afectarán especialmente a las futuras generaciones. Según informó el medio original, la convocatoria parte de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA, COAG y UCCL, que han decidido destacar la participación de menores para enfatizar la falta de relevo generacional y la percepción de un futuro incierto para el medio rural.

Tal como detalló la fuente original, la movilización surge como respuesta al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y a la reducción del presupuesto destinado a la Política Agrícola Común (PAC). Para los representantes de las organizaciones convocantes, ambos factores amenazan la viabilidad de la producción agrícola y ganadera en la región, afectando tanto a los actuales como a los futuros trabajadores del sector. El presidente de Asaja-Palencia, José Luis Marcos, subrayó que “el problema del campo no es solo presente, sino de futuro”, planteando que los niños serán quienes sufran las consecuencias directas de las actuales políticas y acuerdos internacionales.

La manifestación arrancará a las cinco de la tarde desde la plaza de Pío XII, recorrerá la calle Mayor y finalizará en la Plaza Mayor de Palencia. Como parte del acto, dos menores darán lectura a un manifiesto y los asistentes podrán recibir patatas y azúcar, productos emblemáticos del campo local, según consignó el medio especializado en el sector. Los organizadores han insistido en que se trata de una acción pacífica y que no ocasionará cortes de tráfico ni molestias a los ciudadanos.

La protesta se enmarca en una jornada de movilizaciones a nivel nacional, aunque en Palencia las organizaciones han decidido adoptar características propias para dar visibilidad a la realidad del campo en la provincia. El rechazo al tratado con Mercosur es uno de los puntos más destacados de la convocatoria. Las organizaciones consideran que este acuerdo genera una competencia desleal, ya que, de acuerdo con lo señalado por los portavoces y recogido por el medio original, permite la entrada de productos de países terceros con requisitos distintos en materia de trazabilidad, fitosanitarios y tratamientos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea.

José Luis Marcos explicó que esto no solo representa un perjuicio para los productores locales, que deben cumplir con exigencias estrictas, sino también para los consumidores, quienes podrán adquirir alimentos sometidos a normativas menos rigurosas. La preocupación se orienta especialmente hacia la calidad de los productos importados y los riesgos que podría implicar el consumo de alimentos tratados de formas no permitidas en el bloque comunitario.

El representante de UPA Palencia, Blas Donis, destacó la necesidad de garantizar una PAC “fuerte y bien dotada económicamente”. Alertó sobre la pérdida de poder adquisitivo que enfrenta el sector, afirmando que “no podemos seguir con el mismo presupuesto o más bajo mientras los costes de producción se disparan”. Además, reclamó la conservación de los dos pilares tradicionales de la PAC: las ayudas directas y el desarrollo rural, cuya desaparición —advirtió— tendría graves consecuencias en provincias como Palencia, donde aspectos como los regadíos, la modernización y la inversión resultan fundamentales para la competitividad agrícola.

Donis puso el foco en la situación del cultivo de cereal, principal actividad agrícola de la provincia. Señaló que los precios se mantienen bajos desde hace varios años, mientras los costes de producción aumentan. Detalló que las importaciones masivas de grano procedentes de países como Ucrania, Brasil y Estados Unidos están tirando los precios por los suelos, agravando la crisis que atraviesan los productores locales y dificultando su viabilidad a largo plazo.

El presidente de COAG Palencia, David Tejerina, se refirió específicamente a la “competencia desleal” generada por los acuerdos con países que presentan normativas mucho menos estrictas y modelos de producción diferentes a los exigidos en Europa. Planteó dudas sobre los controles realizados en frontera y la efectividad de las denominadas cláusulas de salvaguardia, cuya aplicación considera deficiente según la experiencia previa del sector, y advirtió sobre los riesgos que el tratado de Mercosur supone para sectores como el vacuno, el porcino, la miel y los cereales.

Eduardo de las Sías, representante de UCCL Palencia, enfatizó la importancia de la unidad de acción de las diferentes organizaciones agrarias en la defensa de intereses comunes. Criticó lo que considera un tratamiento desigual de los productores europeos frente a los de fuera de la Unión Europea, una situación que atribuyó a las exigencias medioambientales y de calidad impuestas internamente, en contraste con la menor rigurosidad aplicada a productos importados. De las Sías también coincidió en su preocupación por el impacto de estas políticas en los consumidores, reiterando que serán ellos los principales afectados por un eventual deterioro en la calidad y seguridad de los alimentos.

Según reportó el medio original, los cuatro colectivos convocantes han realizado un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la movilización, resaltando la relevancia de la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria y el futuro económico y social de la España rural. Recalcaron que el ámbito rural depende de un apoyo institucional firme para enfrentar tanto los retos derivados de los acuerdos comerciales internacionales como de la política agrícola europea, considerados determinantes para el porvenir del campo y las futuras generaciones.

Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE Extremadura, explicó que las recientes movilizaciones de agricultores y ganaderos lograron detener temporalmente el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, pero remarcó que, pese a esta paralización, el sector se mantiene en alerta y preparado para continuar con acciones de protesta. Según publicó la plataforma de noticias utilizada como fuente, Llanos insistió en la necesidad de mantenerse “muy vigilantes” ante cualquier intento de reactivar este pacto comercial que, según consideran las organizaciones agrarias, puede representar un riesgo para las explotaciones nacionales.

Durante el inicio de una nueva protesta de tractores, que partió desde la localidad de Miajadas hacia la carretera N-430, Llanos detalló que estas acciones forman parte de una serie de demandas que trascienden el rechazo al acuerdo Mercosur. De acuerdo con las declaraciones recogidas por la fuente, estas movilizaciones también expresan el rechazo a posibles recortes en la Política Agraria Común (PAC), advierten sobre los problemas de sanidad animal y denuncian el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Según el dirigente agrario, la suspensión del debate sobre el acuerdo con Mercosur en el Parlamento Europeo obedeció en gran medida a la presión ejercida “a nivel nacional como a nivel europeo” por parte de los sectores afectados, quienes han recurrido sistemáticamente a la protesta pública. Llanos insistió en que la vigilancia debe continuar, ya que persiste el temor a que se intente imponer un modelo de libre comercio que, según estiman los productores, afectaría la rentabilidad de sus actividades y la viabilidad de numerosas explotaciones.

La protesta de este viernes, reportó la fuente, se suma a la que tuvo lugar la semana anterior y da continuidad a una tabla reivindicativa en la que, según expuso Llanos, se identifican al menos cuatro cuestiones esenciales. Entre ellas, subrayó su oposición a la reducción de más del 23% en las ayudas de la PAC. De este modo, Llanos advirtió que este recorte podría repercutir “muy gravemente” en las explotaciones agrícolas y ganaderas, hasta provocar el cierre de muchas de ellas.

Asimismo, expresó su preocupación por los reiterados incumplimientos en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria. Según informó la plataforma noticiosa, las organizaciones agrarias han aconsejado recientemente a los agricultores que no vendan tomate a precios inferiores a los costes de producción, que se sitúan en torno a los 137 euros por tonelada, una recomendación con la que buscan evitar pérdidas económicas y proteger la sostenibilidad del sector.

Otro punto central en la agenda de protestas tiene que ver con los “importantes problemas” de sanidad animal detectados en la cabaña ganadera regional. Llanos, según reportó el medio utilizado como fuente, solicitó a la Junta de Extremadura la articulación de ayudas específicas para contrarrestar el efecto de estas enfermedades, ya que diversos explotaciones han tenido que cesar su actividad debido al impacto de los brotes sanitarios en el ganado.

A pesar de la reciente paralización del acuerdo, UPA-UCE Extremadura y otras organizaciones mantienen su postura de movilización continua, defendiendo la unidad y la presión como herramientas efectivas para lograr avances en sus planteamientos. Según las palabras de Llanos, el sector agrícola y ganadero ha comprobado que “estando en la calle y todos juntos, se consiguen las cosas”, por lo que las protestas seguirán en las próximas semanas.

Está previsto que los representantes de UPA-UCE mantengan una reunión con María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, durante la semana entrante. El objetivo del encuentro, según comunicó Llanos y ha recogido la fuente, es exponer el conjunto de reivindicaciones y detallar de primera mano la situación que atraviesan los agricultores y ganaderos de Extremadura.

En otro orden de asuntos, Llanos confirmó que ha recibido una denuncia, a la que se suman otras presentadas contra los dirigentes de APAG Extremadura Asaja y La Unión, en relación al corte de tráfico registrado en la carretera 430 durante la protesta celebrada el pasado viernes. El dirigente agrario puntualizó que, aunque contaban con permiso para la marcha lenta de tractores por diferentes carreteras, los cortes carecían de autorización, afirmando que “el tema de los cortes es muchas veces inevitable”, según reflejó el medio que ha servido de base para este reporte.

El desarrollo y continuidad de estas movilizaciones ilustran la tensión existente entre el sector primario y las instituciones encargadas de regular la política agraria y los acuerdos comerciales internacionales. Las demandas incluyen la defensa de la renta agraria, la solicitud de apoyo para el control sanitario animal y la implementación efectiva de las leyes destinadas a garantizar precios justos y sostenibles para los productores de Extremadura.

Las organizaciones agrarias han expresado su preocupación por la entrada de productos agroalimentarios en la Unión Europea bajo controles sanitarios y de seguridad alimentaria que consideran insuficientes. Los datos de la Comisión Europea muestran que solo el 0,0082 % de los productos importados se inspecciona físicamente en las fronteras de la UE. A raíz de esta inquietud, el próximo lunes 29 de enero se llevará a cabo una protesta ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, convocada por las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz, según informó el medio Europa Press.

El motivo central de la concentración, reportó Europa Press, es el rechazo al actual acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Las organizaciones argumentan que este pacto favorece la competencia desleal, ya que consideran que no establece principios de reciprocidad ni equilibra las exigencias entre ambos bloques. Los representantes agrarios alertan de que la implementación del tratado podría afectar de manera directa a sectores productivos esenciales en la provincia, como la carne de vacuno, el azúcar, la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, las preocupaciones también se extienden al uso en terceros países de sustancias prohibidas en la Unión Europea, a la escasez de inspecciones y a la posibilidad de que productos no regulados perjudiquen la producción local. Las organizaciones participantes recalcaron que la protesta forma parte de un calendario nacional de movilizaciones que se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero y vincularon esta acción a la movilización europea en Bruselas en diciembre, que, según COAG y Asaja, sirvió para visibilizar los problemas del sector y alcanzar ciertos logros, aunque insisten en la necesidad de mantener la presión para obtener resultados más efectivos.

El modelo actual de la Política Agrícola Común (PAC) genera también críticas entre las asociaciones agrarias, que advierten sobre lo que consideran recortes ocultos y una confusión que dificulta la gestión de ayudas. Según detalló Europa Press citando el comunicado de las organizaciones gaditanas, existe falta de claridad en las cifras asignadas al sector primario y se teme que los fondos agrícolas y ganaderos puedan perder impacto si se dispersan bajo conceptos generales relacionados con el mundo rural, alejándose del apoyo directo a la actividad.

Europa Press informó que el aumento de los costes de producción supone otro punto central de la protesta. Los agricultores y ganaderos han señalado que la subida de los precios de los fertilizantes y de la energía pone en riesgo la supervivencia de cultivos como los cereales, para los que reclaman medidas específicas de apoyo. Argumentan que, sin una intervención concreta, ciertos cultivos podrían desaparecer de la provincia.

La crítica hacia la burocracia se repite en las declaraciones de las cuatro organizaciones provinciales. Según el comunicado recogido por Europa Press, el entramado administrativo no ha contribuido a facilitar la labor diaria. Por el contrario, las organizaciones sostienen que la gestión burocrática ha llegado a niveles que complican el trabajo de los productores, reducen la competitividad del sector y trasladan efectos negativos al consumidor final.

La concentración anunciada para el 29 de enero servirá, según han explicado las asociaciones a Europa Press, para escenificar la unidad del campo gaditano y la determinación del sector a defender no solo su futuro económico, sino también la seguridad alimentaria y la viabilidad de la cadena agroalimentaria en Andalucía y el conjunto de España. Han insistido en que las demandas no solo responden a intereses corporativos, sino que persiguen garantizar el acceso de la población a alimentos seguros y el mantenimiento de un tejido rural fundamental para el territorio.

El llamado a la movilización se inscribe, según reportó Europa Press, en una estrategia de acción conjunta de las principales organizaciones agrícolas y ganaderas de España y Europa. Aspiran a que un frente unido logre una mayor presión ante las instituciones comunitarias y el Gobierno central, sumando la protesta de Cádiz a otras que ya se han desarrollado o se han anunciado en distintos puntos del país.

Las entidades convocantes han apostado por que la protesta de Cádiz sea una muestra clara del rechazo social a la situación que afronta el sector agrario. Señalan que la presencia de agricultores, ganaderos y cooperativistas busca evidenciar la amplitud de las preocupaciones y la relevancia que el modelo productivo agroalimentario mantiene en la provincia y la región.

Europa Press describe cómo Asaja y COAG subrayan que el principal objetivo se centra ahora en las políticas europeas, resaltando que las decisiones que se adopten en Bruselas repercutirán directamente en el futuro del campo gaditano. Tras la experiencia de la movilización europea en diciembre, insisten en aprovechar la fuerza de la unidad y la presencia continuada en las protestas nacionales y comunitarias.

Las organizaciones subrayaron que estos desafíos afectan a productores y consumidores, uno de los motivos por los cuales la protesta busca un respaldo social amplio más allá del sector agrario. En las declaraciones recogidas por Europa Press, los convocantes invitaron a la ciudadanía a unirse y a manifestar su oposición a lo que consideran una amenaza para el empleo, el suministro y la seguridad del sistema alimentario local y nacional.

Cooperativas Agroalimentarias, UPA, Asaja y COAG insisten en que la situación del sector exige una respuesta “sin precedentes”, como han manifestado, con la intención de que el Gobierno y las instituciones europeas adopten medidas que frenen la progresiva pérdida de competitividad, la erosión de la rentabilidad y las incertidumbres que, a su juicio, generan los actuales acuerdos comerciales, las directrices de la PAC y el incremento de los costes y la carga administrativa.

La concentración prevista frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz forma parte de un marco mayor de movilizaciones en diferentes puntos de España, desplegado por las organizaciones agrarias unidas, y refuerza la dimensión nacional y europea de las demandas del sector, según reportó Europa Press.

La consejera regional de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, detalló que la supervivencia del relevo generacional en el campo depende de la existencia de explotaciones rentables y de medidas que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria de la Unión Europea. Según informó la Comunidad Autónoma mediante una nota de prensa, la consejera advirtió que estas condiciones se ven amenazadas por la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) prevista a partir de 2027 y por el reciente pacto comercial alcanzado entre la Unión Europea y los países de Mercosur, motivo por el que el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una defensa más firme del sector primario español.

De acuerdo con las declaraciones realizadas durante la Conferencia Sectorial de Pesca y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebradas telemáticamente y presididas por el ministro Luis Planas, Rubira expresó la inquietud existente en el ámbito agrario sobre el futuro presupuesto, la estructura y los recortes que podría suponer la nueva PAC para el campo. La consejera también aludió a la cofinanciación del 30 por ciento destinada a las intervenciones de las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas y pidió explicaciones al Gobierno central respecto a los fondos comprometidos a tal efecto, reportó el medio.

La preocupación del Ejecutivo regional, según consignó la Comunidad, se acentúa por la falta de claridad sobre “el trabajo digno” para los trabajadores del sector primario que, en palabras de Rubira, “llevan sufriendo ataques durante tantos años”. La consejera instó al Gobierno central a convertir en realidad un apoyo tangible y efectivo al sector, además de exigir transparencia sobre la distribución del presupuesto destinado a las ayudas europeas.

En lo relativo al acuerdo comercial con Mercosur, la Comunidad Autónoma subrayó la importancia de instaurar mecanismos que permitan activar automáticamente cláusulas de salvaguarda cuando la importación de productos de terceros países supere el 5 por ciento, ya sea en volumen o precio establecido, publicó la fuente. También insistió en la necesidad de aplicar cláusulas de reciprocidad que obliguen a que toda mercancía que acceda al mercado europeo cumpla “las mismas garantías sanitarias y de calidad” que se exigen a los productos europeos en la exportación hacia otros mercados, detalló la nota difundida por la Comunidad.

Durante su intervención, Rubira demandó una mejora en el número de puntos de control en las fronteras y en los recursos asignados a esas inspecciones. Asimismo, solicitó al ministro Planas que mantenga una postura clara en el Consejo Europeo en defensa de los intereses agrarios nacionales, ya que, desde la perspectiva del Gobierno regional, los agricultores y ganaderos no perciben que el Ejecutivo central esté actuando con la flexibilidad, reducción de cargas burocráticas, ni simplificación de procedimientos que el sector considera necesarias.

Tal como remarcó la consejera, los retos que afrontan los productores primarios necesitan respuestas que permitan allanar la gestión cotidiana en las explotaciones y favorezcan la rentabilidad de la actividad agraria. Esta percepción de insuficiente respaldo institucional se mencionó como uno de los factores de preocupación para garantizar la continuidad del sector agrario de la región y del país.

Por otro lado, Rubira abordó el apartado relativo a las ayudas para la promoción internacional del vino, dentro del reparto de fondos para programas en mercados de terceros países, según recogió el comunicado de la Comunidad. La consejera manifestó su acuerdo con la cuantía total asignada a estas iniciativas, pero subrayó la necesidad de que los criterios para la moderación de costes sean claros y transparentes, de manera que los beneficiarios puedan “conocer las reglas del juego con claridad”. La consejera también solicitó al Ministerio de Agricultura que facilite a las comunidades autónomas herramientas adecuadas para la aplicación de la moderación de costes, al considerar que el retraso en este aspecto dificulta la correcta gestión de los apoyos.

Al referirse al valor estratégico del sector del vino para la Comunidad Autónoma, Rubira puso como ejemplo la presencia de tres Denominaciones de Origen –Bullas, Jumilla y Yecla–, cuya producción ha incrementado su presencia en mercados exteriores en los últimos años. Según reportó la Comunidad, la consejera insistió en la importancia de que las políticas estatales y europeas respalden la internacionalización y la competitividad, tanto de la vitivinicultura como del sector agroalimentario y pesquero en su conjunto, especialmente en contextos de negociación y cambio regulatorio como los actuales.

El Gobierno regional reiteró a lo largo de la jornada la petición de herramientas regulatorias que permitan atender los riesgos derivados de los acuerdos con terceros mercados, así como asegurar unas condiciones de competencia equiparables y la protección de la renta de agricultores, ganaderos y pescadores. Según las fuentes institucionales, la Región de Murcia aboga por una posición unificada a nivel nacional y europeo en la defensa de los intereses del sector primario ante los retos regulatorios y comerciales que se perfilan para los próximos años.

El dato aportado por la Comisión Europea, que calcula que apenas se inspecciona físicamente el 0,0082 % de los productos agroalimentarios importados en la Unión Europea, sirvió como uno de los principales argumentos de las organizaciones agrarias para fundamentar su protesta contra la actual política comercial y de control de alimentos. Según publicó Europa Press, cuatro entidades agrarias de la provincia de Cádiz —Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias— convocaron una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz capital el 29 de enero a las 11 horas. El objetivo de la movilización es expresar su rechazo al acuerdo de Mercosur y exigir cambios ante lo que consideran una falta de controles y apoyos adecuados, así como denunciar los altos costes y la burocracia creciente que afecta al sector.

Europa Press detalló que esta concentración se enmarca dentro de una movilización nacional, impulsada por la acción conjunta de las principales organizaciones del sector agroalimentario de España. La protesta se desarrollará bajo la premisa de unir fuerzas para defender el futuro de la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria europea. Del 26 al 30 de enero están previstas distintas acciones en todo el país, centrando la jornada principal de protestas el 29, cuando se espera la participación destacada de las organizaciones gaditanas.

Desde Asaja y COAG explicaron que las reivindicaciones se dirigen principalmente hacia las instituciones europeas, ya que muchas de las decisiones que afectan al campo se adoptan en Bruselas. Las entidades destacaron la importancia de mantener la presión tras la manifestación congregada en la capital europea en diciembre, en la que, según dijeron a Europa Press, se lograron avances que consideran relevantes, pero creen necesario perseverar para obtener cambios significativos.

Uno de los puntos centrales de la protesta, según informaron los representantes de los agricultores a Europa Press, es el rechazo al nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur. Las organizaciones lo tildan de desequilibrado y carente de reciprocidad, argumentando que favorece una competencia desleal para los productores locales. También denunciaron que el acuerdo amenaza la viabilidad de sectores sensibles de la producción agrícola y ganadera, como la carne de vacuno, el azúcar, la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz y la apicultura. Según detallaron a través de Europa Press, el ingreso de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE y la escasez de controles fronterizos ponen en riesgo la salud de los consumidores y la supervivencia de la producción local.

Europa Press recogió que las organizaciones subrayaron la insuficiencia de los controles sanitarios y de seguridad alimentaria, argumentando que los productos que llegan desde fuera pueden incorporar elementos químicos o metodologías no permitidos en la UE, lo que, en su opinión, afecta tanto a la seguridad de los alimentos como a la competitividad de los productores europeos. Apuntaron que la baja tasa de inspecciones agrava la situación y genera incertidumbre entre agricultores y ganaderos.

En relación al presupuesto agrario europeo, las entidades denunciaron recortes y falta de garantías, así como una creciente confusión asociada al nuevo modelo de la Política Agraria Común (PAC). Según difundió Europa Press, los representantes agrarios afirmaron que los fondos dirigidos al sector agrícola y ganadero corren el riesgo de quedar diluidos entre partidas genéricas relacionadas con el entorno rural, dificultando el acceso efectivo a las ayudas y comprometiendo la estabilidad de las explotaciones.

El incremento de los costes de producción, con especial énfasis en los fertilizantes y la energía, fue otro de los aspectos criticados por las organizaciones provinciales. Advirtieron de la posible desaparición de determinados cultivos, como los cereales, si las autoridades no ponen en marcha políticas de apoyo específicas. Según señalaron en declaraciones recogidas por Europa Press, la presión de los costes, unida a una burocracia cada vez más extensa, está deteriorando la competitividad y la viabilidad económica del sector, lo que, afirman, repercute en los precios y la disponibilidad de los alimentos para los consumidores.

El malestar vinculó también a la denuncia sobre la carga administrativa, que según explicaron impide al sector desarrollar su trabajo con eficiencia. Europa Press incluyó que las organizaciones consideraron que lejos de agilizarse los trámites, la burocracia ha aumentado, lo que limita la capacidad productiva e incrementa los riesgos de abandono de la actividad en zonas rurales.

Las cuatro organizaciones convocantes destacaron la necesidad de demostrar una respuesta significativa ante la situación actual. En el comunicado difundido por Europa Press, aseguraron que la provincia de Cádiz se juega mucho con las actuales políticas europeas y llamaron a agricultores, ganaderos y ciudadanía a participar el 29 de enero para defender sus intereses y visibilizar las consecuencias que, según ellos, pueden derivarse de la falta de controles, ayudas insuficientes y la subida de los costes productivos. Las entidades insistieron en que se trata de una convocatoria unitaria, en consonancia con la línea de movilizaciones que impulsan las principales organizaciones agrarias de España durante los últimos días de enero.

La creación de un carné profesional para trabajadores agrícolas, junto con la petición de seguros agrarios que reflejen la realidad actual del campo y la simplificación de la normativa sobre sanidad vegetal y el uso de drones, forma parte de las demandas que presentarán las principales asociaciones agrarias en la jornada de protestas convocada en la Región de Murcia. Según informó el medio Europa Press, tanto Asaja, como COAG y UPA organizarán esta manifestación el 29 de enero, integrando la acción dentro de las movilizaciones estatales acordadas entre estas tres organizaciones, las cuales tendrán lugar también en otras comunidades autónomas.

De acuerdo con Europa Press, el objetivo de esta convocatoria se centra en presentar una respuesta frente a la situación que describen como crítica en el sector agrario. Las organizaciones sostienen que existen múltiples amenazas y fuentes de incertidumbre para agricultores y ganaderos, exigiendo que las Administraciones tomen medidas que favorezcan la mejora efectiva de las condiciones laborales y vitales en el sector primario. Argumentan que tanto el ámbito europeo, con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y los acuerdos comerciales con Mercosur, como la normativa estatal y autonómica, afectan directamente la sostenibilidad y rentabilidad del campo.

Según expresó la nota de prensa conjunta citada por Europa Press, los portavoces consideran que “sobran los motivos” para la protesta. Entre las cuestiones europeas e internacionales, destacan la reforma de la PAC y los tratados comerciales con terceros países. Por el ámbito estatal, mencionan la problemática relacionada con el acceso al agua, la burocracia, los elevados costes de producción y la falta de adaptación de los seguros agrarios. En el plano autonómico, centran sus reclamos en la Ley del Mar Menor y la Ley de la Cadena Alimentaria, subrayando su impacto en la actividad agraria local.

Dentro de las reivindicaciones prioritarias para la reforma de la PAC a partir de 2028 y hasta 2034, solicitan un presupuesto suficiente, actualizado conforme al IPC, y basado en la estructura pilar vigente. Las asociaciones agrarias también reclaman fórmulas más justas en los acuerdos comerciales internacionales. Proponen que estos se fundamenten en la reciprocidad, con la implementación de cláusulas espejo, la realización de auditorías en el origen de los productos, inspecciones en frontera y una estrategia clara para la incorporación de jóvenes en el sector.

El tema hídrico constituye otro foco central en sus demandas. Detallan la necesidad de proteger el trasvase Tajo-Segura y piden la revisión de los caudales ecológicos del alto Tajo y la aplicación de reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura basadas en criterios técnicos. Insisten en ajustar el precio del agua a niveles que permitan mantener la competitividad en la producción de alimentos. Además, solicitan que no se cierren acuíferos según la directiva marco del agua mientras no existan alternativas viables, lo que se traduce en la exigencia de una moratoria sobre la medida.

En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura, reclaman una planificación que asegure recursos hídricos suficientes para el regadío e impulse los regadíos sociales. Europa Press cita la petición de modificar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor para garantizar tanto la conservación medioambiental como la continuidad de la actividad agrícola.

A nivel regional, Asaja, COAG y UPA buscan la puesta en marcha de estrategias específicas para la protección de la ganadería y la dotación de recursos adecuados para el órgano autonómico encargado de controlar la cadena alimentaria. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, exigen estudios sobre los costes de producción y sobre la formación de los precios agroalimentarios, así como la adaptación de la normativa sobre agricultura de precisión y la promoción de seguros que se ajusten a las características reales del campo.

En relación con los trabajadores del sector, plantean la necesidad de un carné profesional que evite reiteraciones de análisis clínicos innecesarios entre las personas que se dedican a labores agrícolas, lo que en su opinión facilitaría trámites y reduciría costos, según detalló Europa Press.

Las tres asociaciones afirman que las protestas anteriores han conseguido avances tras la negociación con los gobiernos estatal y autonómico. Por ello, animan a entidades y asociaciones rurales a sumarse en defensa de un entorno rural basado en explotaciones familiares y profesionales que, según texto difundido por Europa Press, aseguren alimentos seguros, sanos y que contribuyan al mantenimiento medioambiental.

La suspensión temporal de la protesta agrícola en Aragón se produjo luego de que las organizaciones agrarias del sector decidieran posponer su manifestación inicialmente prevista, en respuesta a los tres días de luto oficial decretados tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, donde murieron al menos 39 personas y 152 resultaron heridas. Según publicó el medio, la tractorada, que iba a realizarse este miércoles 21 en Zaragoza, se llevará a cabo finalmente el viernes 23 de enero como muestra de respeto a las víctimas del siniestro.

De acuerdo con la información difundida, la movilización convocada por Asaja, Araga, UAGA y UPA busca reclamar reformas en la política agraria común europea (PAC), expresar su rechazo a acuerdos comerciales como el de Mercosur, y exigir unos precios que garanticen la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. Estas organizaciones anunciaron que llenarán de tractores el centro de Zaragoza y que la marcha recorrerá distintas calles céntricas para culminar ante las sedes del Departamento de Agricultura y la Delegación del Gobierno de Aragón, remarcando la intención de hacer llegar sus demandas a los responsables políticos autonómicos.

El medio detalló que la protesta tendrá lugar bajo el lema “Defendamos nuestro campo y vuestra alimentación” y está abierta a la participación tanto de ciudadanos como de organizaciones de consumidores, a quienes las entidades agrarias advierten sobre el impacto que tendrán para la calidad de los alimentos los cambios en la política comercial y agraria europea. Según los portavoces de las cuatro organizaciones, uno de los motivos de la movilización es la oposición al acuerdo de Mercosur, que permitiría la entrada de productos agrícolas a precios y con regulaciones que, según sostienen, ponen en desventaja tanto a los productores locales como a los consumidores.

En palabras de José María Alcubierre, secretario general de UAGA, “la agricultura y la ganadería siguen siendo la gran moneda de cambio” en el proceso de negociación entre la Unión Europea y Mercosur. Alcubierre señaló que, a su juicio, la negociación se ha acelerado tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su política arancelaria, sin que se hayan adoptado en paralelo medidas de protección adecuadas para el sector primario europeo. Según resaltó, el modelo social y profesional que defiende Aragón no está reflejado en el nuevo diseño de las ayudas y reformas de la PAC, que se acompaña de una reducción presupuestaria del 20%. Alcubierre agradeció el apoyo recibido de cooperativas, talleres, asociaciones ganaderas, organizaciones de consumidores y otras entidades vinculadas al ámbito rural y a la agroalimentación.

Por su parte, Ramón Solanilla, secretario general de Asaja en Aragón, recordó que han pasado dos años desde la última oleada de protestas del sector en España y que, aunque algunas normativas se han flexibilizado, persiste una burocracia que calificó como “asfixiante”, además de precios que obligan a numerosos agricultores y ganaderos a operar por debajo de los costes de producción. Advirtió además sobre la competencia desigual que supone el acuerdo de Mercosur: “Vamos a competir con unos países que su forma de producir es completamente distinta a la que tenemos aquí en la UE. No tenemos ni la misma normativa medioambiental, ni las mismas normativas en fitosanitarios, ni la misma normativa laboral, ni la misma normativa en trazabilidad”. Solanilla subrayó la necesidad de elevar el nivel de los controles sanitarios sobre los productos agrícolas importados de países de Mercosur. Indicó que, en el momento actual, solo se verifica el 0,0082% de estos productos en frontera, y señaló como insuficiente la propuesta de la Comisión Europea de incrementar esa cifra en un 50%, lo que apenas elevaría el control al 0,012%. Solicitó también un etiquetado que permita a los consumidores identificar el origen de los alimentos en el mercado.

Ana Cabanillas, secretaria general de Araga, sumó su rechazo “rotundo” al acuerdo y a las salvaguardas que, según indicó, no evitarán la llegada de productos que “cumplan mínimos de sanidad”, en referencia a la diferencia de criterios entre la regulación europea y la de los países sudamericanos. Alertó además de la entrada masiva en supermercados de cereales, frutas, verdura y carne provenientes de regiones donde se emplean productos y medicamentos prohibidos en Europa desde hace décadas.

Durante la rueda de prensa, José Manuel Roche, secretario general de UPA, expuso que existen motivos más que suficientes para movilizarse, mencionando la falta de relevo generacional y el cierre continuo de explotaciones agrarias: “Una persona se retira del sector cada día”, precisó. Roche indicó que el sector planea combinar la protesta con propuestas concretas dirigidas tanto a la administración autonómica como al Gobierno central y a las instituciones europeas. Pidió el retorno de la agricultura y la ganadería “al centro de las políticas de la UE”, la dotación de un presupuesto suficiente, una PAC diseñada para los agricultores profesionales y acuerdos comerciales que consideren el impacto sobre los productores europeos. Apeló a la necesidad de contar con mecanismos de salvaguardia eficaces y controles efectivos, pues “el doble de cero es cero", en sus palabras sobre la insuficiencia de la actual política de inspección en las fronteras de la UE.

Roche también dirigió sus peticiones a los partidos políticos españoles, reclamando compromisos en tres ámbitos: precios justos por encima de los costes de producción; eliminación de trabas burocráticas; y pagos en tiempo y forma de las ayudas y compensaciones al sector primario. Añadió la importancia de atender tanto la sanidad animal como la situación de la ganadería.

El recorrido de la movilización prevé la llegada de columnas de tractores desde distintos puntos de la comunidad autónoma, agrupándose en la avenida Pirineos, próxima al parque Macanaz en Zaragoza. Desde ese punto, los tractores procederán a cruzar el río Ebro por el puente de Santiago y avanzarán por vías principales como Echegaray y Caballero, San Vicente de Paúl, y paseo de la Independencia, donde se prevé una concentración antes de iniciar una marcha a pie hasta la Consejería de Agricultura y la Delegación del Gobierno. Los organizadores planean entregar allí un manifiesto titulado “De Europa a Aragón, de Von der Leyen a Rincón”. Posteriormente, los tractores abandonarán el centro de la ciudad pasando por María Agustín, Pignatelli, la avenida de Madrid y la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

La acción se adelantará respecto a otras protestas nacionales con el propósito de evitar que se interprete como un acto electoral, dado que el comienzo de la campaña para las elecciones autonómicas del 8 de febrero también se ha pospuesto al viernes. Según consignó el medio, las organizaciones agrarias optaron por un calendario propio para impedir la utilización política de la protesta e invitar a la sociedad aragonesa a sumarse a sus demandas por la defensa del campo y la seguridad alimentaria.

Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, destacó que la agricultura y la ganadería juegan un papel clave en la lucha contra la despoblación y en la estructura económica de la comunidad autónoma, poniendo sobre la mesa el riesgo que, según sus palabras, afrontan estas actividades por las nuevas políticas europeas. La noticia principal radica en la decisión de IU de impulsar mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones andaluzas para rechazar tanto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur como los recortes proyectados en la Política Agraria Común (PAC).

Según informó IU Andalucía y reportó el medio que cubre el anuncio, la organización presentará de manera formal estas mociones con el fin de mostrar un posicionamiento rotundo en defensa de la agricultura y la ganadería social y profesional. El partido considera que el tratado entre la Unión Europea y el bloque Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— obliga a los productores andaluces a enfrentarse a una competencia que ellos señalan como desleal, basada en la importación de productos que no deben cumplir los mismos requisitos ambientales, sanitarios, laborales y de bienestar animal que exige la normativa europea. IU sostiene que esto supondría un retroceso para los estándares productivos locales y un perjuicio sustancial para los productores y trabajadores rurales de la comunidad.

Tal como publicó la propia formación, Valero argumentó que la liberalización comercial y el recorte de los fondos europeos dirigidos al campo tendrían efectos negativos directos sobre el empleo rural, la producción de alimentos de proximidad y la propia soberanía alimentaria de Andalucía. Uno de los aspectos más señalados fue la reducción en un 22% de la PAC, lo que IU vincula directamente al aumento del gasto militar en Europa. Valero denunció que, mientras se rebajan las ayudas al sector agrario, se multiplica el presupuesto destinado al rearme europeo, una orientación que calificó de belicista y contraria al interés del medio rural.

A través de sus declaraciones recogidas por el medio, Valero remarcó que las decisiones tomadas a nivel europeo tienen consecuencias directas en la vida de aproximadamente la mitad de los municipios andaluces, para quienes la agricultura representa la principal fuente de empleo. A su vez, IU expresó que en Andalucía la PAC es una herramienta esencial para fijar población en las zonas rurales y asegurar la supervivencia de muchos pueblos, por lo que rechazan cualquier medida que suponga un debilitamiento de estos fondos.

El líder andaluz de IU también dirigió críticas tanto al Partido Popular (PP) como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según recogió el medio, Valero afirmó que ambos partidos, a pesar de sus diferencias discursivas, convergen al respaldar políticas que, según su opinión, sacrifican al sector agrario andaluz en favor de los intereses del libre comercio y de grandes multinacionales. Además, identificó un consenso entre PP y Vox al apoyar la estrategia comunitaria de incremento del gasto militar, financiada a costa de recursos previamente dirigidos al desarrollo rural.

La moción que IU planea elevar ante todos los gobiernos locales y provinciales de Andalucía incorpora varias demandas. Entre ellas, figura el rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, la solicitud de mantener una PAC robusta y bien dotada financieramente, la negativa a los recortes vinculados a la orientación de seguridad y defensa en los presupuestos europeos, y el apoyo a las distintas protestas y movilizaciones organizadas por el sector agrícola.

Los argumentos de IU se centran en la idea de que los ayuntamientos y diputaciones representan la administración más próxima a la ciudadanía y, por tanto, deben desempeñar un rol activo en la defensa de quienes producen alimentos y gestionan el territorio rural. El propio Valero concluyó que no pueden permanecer impasibles ante unas decisiones políticas que, afirma, ponen en riesgo el futuro y la autonomía alimentaria de las comunidades rurales andaluzas.

Según consignó el medio, IU mantiene que estas iniciativas también buscan hacer visible un desacuerdo local respecto a los planteamientos de Bruselas y trasladar la preocupación al debate nacional e internacional. IU considera que la defensa de la agricultura y la ganadería social y profesional constituye una prioridad frente a la liberalización del comercio y el recorte de subsidios, insistiendo en la necesidad de políticas que protejan y fortalezcan el medio rural andaluz frente a lo que describen como amenazas externas derivadas de acuerdos comerciales y decisiones presupuestarias alejadas de la realidad local.

En ese contexto, la formación hizo un llamado a que todas las fuerzas municipales y provinciales andaluzas respalden la moción, considerando que la reorientación de fondos europeos desde la PAC hacia gastos militares representa un agravio para miles de familias y trabajadores del agro. IU afirmó que, de aprobarse las mociones, los ayuntamientos y diputaciones expresarían de manera institucional su rechazo a las políticas europeas que puedan perjudicar el tejido rural y el modelo productivo agrario. Según publicó la formación, esperan que este paso genere un efecto multiplicador tanto en Andalucía como en otras regiones afectadas por la liberalización comercial y la restricción de ayudas públicas al sector primario.

La reducción del Presupuesto Agrario Común (PAC), los aumentos en los costes de producción y, ahora, el acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur han generado un comienzo de año convulso para el sector agrario y ganadero español, que ha convocado movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero. A los problemas europeos, se suma el siempre presente asunto del relevo generacional, uno de los temas que más preocupa a los trabajadores del sector primario.

El 14 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas para paliar la problemática, aunque las organizaciones agrarias recibieron el mensaje con incertidumbre y más preguntas que respuestas. “El relevo generacional no se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes. Precios justos, protección en las fronteras, una PAC sin recortes y un modelo agrario que permita vivir dignamente del trabajo en el campo”, señalaron desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

En concreto, las dos medidas que ha adelantado el presidente son, por un lado, la puesta a disposición de 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que el Gobierno analizará para que puedan ser adquiridas por los jóvenes; y, por otro, destinar un 10% de los recursos de la PAC —aún sin aprobarse— al relevo generacional en el sector agrario.

17.000 fincas fértiles y con agua o de secano

La puesta a disposición de 17.000 fincas ha sido recibida con buenos ojos por los agricultores aunque, por el momento, se desconocen su localización y sus características. “No se nos dio mucho detalle sobre si iban a ser productivas o no, pero evidentemente tienen que ser fértiles”, explica a Infobae Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Según Martínez, las asociaciones han mantenido varias reuniones con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, donde plantearon los retos de los jóvenes y la necesidad de crear bancos públicos de tierra y agua: “Con el agua nos aseguramos la rentabilidad de la tierra”. Desde el Ministerio adelantaron que el proyecto se lanzará antes del verano, aunque el siguiente paso del Ejecutivo será reunirse con las comunidades autónomas.

El presidente adelantó también que, cuando se cree la ley de ganadería y agricultura familiar, el acceso a las tierras tendrá carácter prioritario para jóvenes y mujeres que proyecten un nivel de vida viable y rentable. “Es un planteamiento nuevo, pero hace falta conocer la repercusión concreta en los territorios, ver qué tipo de hectáreas hay, las condiciones y cómo se distribuye”, señaló a Infobae Andoni García, secretario de Organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Un 10% de la PAC al relevo generacional

Respecto al anuncio de destinar un 10% del presupuesto de la PAC, que aún no ha sido aprobado pero que, según la primera propuesta, será un 20% inferior al actual, las asociaciones se han mostrado divididas. Pedro Barato, presidente de Asaja, considera que “hay trampa”: “El 10% me parece poco, pero que no sea a costa de quitárselo a los otros, de los mayores, que son los que están manteniendo el sistema”.

Algo más crítica se ha mostrado la Unión de Uniones, que considera “insuficientes” las medidas sobre el relevo generacional, señalando que las causas que están expulsando a los jóvenes del campo son una consecuencia directa de la falta de rentabilidad del sector, de unos mercados que no funcionan y de unas políticas que debilitan el modelo agrario europeo. “Si producir alimentos sigue siendo ruinoso, ningún joven va a poder quedarse en el campo”, argumentaron.

Desde UPA valoran también la buena dirección de la medida. “Todo lo que sea aumentar por parte de España lo vemos con buenos ojos porque el envejecimiento del campo es un problema de primer nivel. Todo lo que vaya a favor de que esa situación cambie tiene nuestro apoyo”.

El uso de tractores y todoterrenos no solo busca dar visibilidad a las demandas, sino también simbolizar el impacto directo en la vida rural de Jaén y otras regiones afectadas, según indicaron las organizaciones convocantes. Según informó la agencia Europa Press, representantes de agricultores y ganaderos en la provincia de Jaén convocaron una concentración el 29 de enero ante la Subdelegación del Gobierno con el objetivo de denunciar las presiones que enfrenta el sector primario, especialmente por acuerdos comerciales internacionales, recortes en la Política Agrícola Común (PAC) y un marco burocrático considerado como excesivo por quienes trabajan en la agricultura y ganadería.

De acuerdo con Europa Press, la protesta contará "con tractores y todoterrenos llegados desde los municipios de los alrededores, secundando las protestas convocadas a nivel nacional", según lo manifestaron en un comunicado conjunto las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-Alimentarias de Jaén. Estas entidades han remarcado que la movilización surge de la "unidad de acción" y que sus demandas encuentran eco entre productores locales, quienes expresan rechazo categórico frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Las agrupaciones consideran que este tipo de tratados genera incertidumbre para la agricultura y la ganadería en Jaén, calificando el acuerdo de "desequilibrado, sin reciprocidad, sin garantías de cumplimiento" y advirtiendo sobre una "clara competencia desleal" que afecta sectores fundamentales como la carne de vacuno, el porcino, la ganadería extensiva, carne aviar, apicultura, miel y cereales.

En el caso concreto del aceite de oliva, producto preponderante en la provincia, las organizaciones han manifestado "recelo" frente al acuerdo, sosteniendo que su impacto a medio y largo plazo podría ser perjudicial. Según consignó Europa Press, los representantes del campo han alertado que estas negociaciones permiten la entrada de productos obtenidos con sustancias prohibidas en la Unión Europea y sin controles fronterizos adecuados, equiparándolos a otros acuerdos bilaterales que, en sus palabras, emplean al sector agrícola como moneda de cambio en el comercio internacional.

Además de las cuestiones vinculadas al comercio exterior, los convocantes de la protesta han puesto sobre la mesa su inquietud por la evolución del presupuesto agrario europeo. Europa Press detalla que existe preocupación por la "falta de claridad" en las cifras, así como por la existencia de "recortes encubiertos". A ello se suma el peligro identificado por los agricultores de que los fondos específicos de la agricultura y ganadería terminen integrándose en partidas genéricas sobre el mundo rural, eliminando la singularidad presupuestaria de la PAC y debilitando la posición del sector agrario dentro del contexto comunitario.

El incremento en los costes de producción representa otra de las principales causas que han motivado la convocatoria. Según el reporte de Europa Press, el alza en los precios de fertilizantes y energía afecta la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones. Las necesidades administrativas suman más peso a la situación, ya que las organizaciones describen una burocracia cada vez más compleja, que dificulta la gestión diaria y reduce la capacidad competitiva frente a otros mercados.

Las agrupaciones agrarias enfatizan que la defensa del sector primario no solo es una cuestión de supervivencia económica para los productores, sino que también tiene repercusiones directas para los consumidores. Han advertido, tal como reportó Europa Press, que "permitir la entrada de alimentos producidos con normas menos exigentes pone en riesgo la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria", aspectos que consideran prioritarios para el conjunto de la sociedad.

Ante este panorama, la jornada de protesta del 29 de enero en Jaén se perfila como un punto de concentración de las reivindicaciones de la agricultura y la ganadería local, extendidas a toda España. Según las fuentes consultadas por Europa Press, la manifestación busca no solo reclamar medidas correctivas para frenar la pérdida de competitividad, sino también exigir garantías concretas sobre la calidad y seguridad de los productos que circulan en la Unión Europea. Tanto Asaja, como COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias han insistido en que el contexto internacional actual y las decisiones a nivel comunitario generan incertidumbre y dificultan la planificación del sector, por lo cual consideran imprescindible una reacción amplia y coordinada.

El hecho de que tanto tractores como todoterrenos de distintas localidades vayan a desplazarse hasta la sede del Gobierno en Jaén refuerza, según Europa Press, el alcance social y económico de las protestas. Los convocantes insisten en que la pérdida de diferenciación presupuestaria y la competencia de productos importados bajo estándares distintos no solo tiene consecuencias económicas, sino que afecta la seguridad y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios europeos.

Las fuentes sindicales y asociativas añaden que la jornada del 29 de enero representa un acto central en el esfuerzo de defensa del futuro rural, con el propósito declarado de salvaguardar tanto la producción local como los derechos de consumidores en el ámbito europeo.

Las quejas sobre los posibles recortes en la futura Política Agraria Común (PAC) y la propuesta de imponer aranceles a los fertilizantes rusos, junto con la exigencia de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, se unieron este viernes a una movilización destacada de productores del sector primario en Burgos. Según la información publicada por la Subdelegación del Gobierno y reproducida por diversos medios, unos 250 tractores y alrededor de 600 agricultores y ganaderos tomaron las calles burgalesas para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, en una protesta que las organizaciones agrarias definieron como histórica para el campo local y nacional.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la jornada estuvo marcada por la amplia participación social y el respaldo ciudadano a lo largo del recorrido. Los organizadores —entre ellos Asaja Burgos, Unión de Pequeños Agricultores (UPA), COAG, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y Agricultores y Ganaderos Unidos (AGU)— señalaron que el acuerdo con Mercosur, que involucra a Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, amenaza tanto a los productores agrarios como a los propios consumidores europeos.

Esteban Martínez, presidente de Asaja Burgos, transmitió que el sector se enfrenta a un problema de gran envergadura con este pacto y reclamó a la representación política que rechace de manera definitiva el acuerdo. Martínez destacó durante la convocatoria que "el campo siempre es quien paga las consecuencias y el coste de otras prioridades como el gasto en Defensa". El dirigente alertó sobre la entrada de carne en los mercados europeos "sin garantías" y de "mala calidad", y cuestionó el enfoque europeo sobre sostenibilidad y productos de proximidad, considerando que las políticas actuales no los protegen.

El medio informó que los convocantes cifraron la movilización en cerca de 500 tractores y alrededor de mil personas, aunque las cifras oficiales ofrecidas por la Subdelegación del Gobierno se situaron en 250 tractores y 600 participantes. Las organizaciones agrarias remarcaron la importancia de la unidad del sector y solicitaron el apoyo continuo de trabajadores del campo y de la sociedad en general de cara a próximas movilizaciones, incluyendo la convocada para el día 29, para defender el futuro del campo y de las siguientes generaciones.

Entre los aspectos más criticados por los asistentes, tal como consigna la prensa, figura la previsión de recortes en la PAC, que podrían suponer hasta el 20 por ciento de los fondos actuales. Los representantes de las organizaciones sostienen que este ajuste presupuestario respondería a otras prioridades europeas, como el incremento del gasto en defensa, asumiendo el sector agrícola la mayor parte del impacto.

Los participantes también expresaron su preocupación por la propuesta de impuestos adicionales sobre los fertilizantes importados desde Rusia, lo que, en su opinión, terminaría por agravar la presión financiera sobre agricultores y ganaderos que ya soportan un notable aumento de costes de producción. Según señalaron varios portavoces durante la protesta, esta iniciativa supondría "la puntilla definitiva" para un sector que, afirman, atraviesa una situación crítica desde hace tiempo.

El cumplimiento íntegro de la ley de la cadena alimentaria fue otro de los temas destacados durante la jornada. Los líderes de las organizaciones asistentes solicitaron que esta legislación se aplique de forma rigurosa en todos los sectores productivos, asegurando unas relaciones justas entre productores, distribuidores y grandes superficies. Junto a esto, se expusieron otras preocupaciones vinculadas a la crisis sanitaria que afecta a la ganadería y a la incertidumbre derivada de los marcos de financiación europeos.

A lo largo del día, las cinco organizaciones que impulsaron la protesta presentaron un manifiesto tanto al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, como al subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente. Les solicitaron que trasladen sus demandas a los responsables políticos de sus respectivos gobiernos, insistiendo en la necesidad de proteger al sector primario nacional frente a cambios legislativos y acuerdos internacionales que consideran perjudiciales.

Según detalló la prensa local, los manifestantes han insistido en la importancia de mantener abierta la vía de movilización y de sumar a la ciudadanía y a nuevos colectivos a la defensa del campo. De mantenerse las actuales políticas y avanzar en acuerdos como el de Mercosur, advierten sobre las consecuencias negativas para la agricultura española y la posibilidad de futuras restricciones económicas derivadas de las políticas europeas.

La protesta de Burgos se enmarca dentro de un contexto más amplio de contestación del sector agrícola español ante políticas comunitarias y pactos internacionales que, según los organizadores, no cuentan con la participación ni el consenso de las bases sociales que sostienen la producción de alimentos en España.

Las protestas en Burgos recibieron el apoyo de numerosos ciudadanos a lo largo del recorrido, lo que, en palabras del presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, evidenció que “los agricultores y ganaderos tienen un problema con el acuerdo con Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina”. La movilización agrupó este viernes a cerca de 500 tractores y a un millar de manifestantes, quienes expresaron su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, según informaron medios como la Subdelegación del Gobierno y los propios convocantes, recogiendo datos a los que accedió el medio original.

De acuerdo con lo publicado, los participantes recorrieron las principales calles de Burgos, expresando su oposición tanto al pacto con los países sudamericanos como a las políticas agrarias comunitarias adoptadas por la Unión Europea. Según informó el medio original, la jornada fue calificada por las organizaciones agrarias como “histórica para el campo burgalés, castellanoleonés y español”. Voceros de las agrupaciones convocantes como Asaja, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Coag, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y Agricultores y Ganaderos Unidos (AGU) coincidieron en destacar la magnitud y el carácter representativo de la protesta.

Entre los principales motivos del descontento, los manifestantes argumentaron que el acuerdo con Mercosur resultaría perjudicial tanto para los productores europeos como para los propios consumidores. Según detalló Esteban Martínez, el tratado propiciaría la entrada en el mercado europeo de productos, y especialmente carne, cuyo origen no ofrecería las mismas garantías sanitarias ni de calidad que la producción local. Además, señaló riesgos para el sector, tales como la posibilidad de que se incrementen las dificultades económicas y se ponga en peligro la continuidad de muchas explotaciones agrarias. Martínez advirtió en declaraciones recogidas por el medio original: “solo traerá miseria al campo” y permitirá la llegada de “carne de mala calidad y sin garantías”.

El presidente de Asaja Burgos también demandó a los responsables políticos que den un paso definitivo y terminen con el acuerdo, en vez de posponer indefinidamente su aplicación: “rompa definitivamente” el pacto con Mercosur, insistió, y no lo deje simplemente “guardado en un cajón”. Cuestionó igualmente los discursos de las instituciones europeas sobre sostenibilidad, promoción de proximidad y defensa de los productos locales, en contraste con las políticas que facilitan la llegada de mercancías del exterior.

Según reportó el medio que dio a conocer la movilización, el rechazo de los productores no se limita al pacto con Mercosur. Los organizadores señalaron otras preocupaciones significativas, entre ellas los recortes previstos en el nuevo marco de financiación plurianual de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Esteban Martínez criticó que los descensos presupuestarios podrían alcanzar el 20 por ciento, advirtiendo que el sector agrario afronta nuevamente la carga de cubrir los costes de “otras prioridades, como el gasto en Defensa”.

Además, se planteó el rechazo a la propuesta europea de imponer aranceles a los fertilizantes procedentes de Rusia. De acuerdo con Martínez, la medida podría representar “la puntilla definitiva” para los agricultores y ganaderos, gravemente afectados por el aumento de los costes de producción en los últimos años.

El conjunto de organizaciones convocantes coincidió en la necesidad de sostener la protesta más allá de esta primera jornada. Según recogieron los medios, las principales agrupaciones realizaron un llamamiento a mantener la movilización entre el sector agrario y solicitaron la implicación de la sociedad en próximas acciones, como la prevista para el día 29 de este mes. El objetivo declarado es defender tanto el presente como el futuro de la actividad en el campo y garantizar oportunidades para las próximas generaciones.

Las demandas de los agricultores incluyen el cumplimiento pleno de la ley de cadena alimentaria y la mejora de la respuesta ante crisis sanitarias ganaderas. Además, solicitaron que el nuevo marco de financiación de la PAC asegure apoyo suficiente para todos los sectores de producción. En el transcurso de la protesta, representantes de las cinco agrupaciones entregaron sus peticiones y manifiestos al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, y al subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente. Según informaron los convocantes, la intención es que estos documentos sean transmitidos a las autoridades de sus respectivos partidos en los gobiernos nacional y autonómico.

La movilización de tractores y la participación de cientos de personas reflejaron, según lo detalló el medio original, la profundidad del malestar existente en el sector agrícola y ganadero respecto a las políticas comunitarias y acuerdos internacionales. Los manifestantes consideran que las iniciativas actuales exponen a la producción local a condiciones desventajosas ante productos que ingresan sin cumplir los estándares exigidos en la Unión Europea.

El medio consignó que, de acuerdo con los portavoces de las organizaciones, el acuerdo con Mercosur aborda temas estratégicos relacionados con la soberanía alimentaria, la calidad de los alimentos y la viabilidad económica de las zonas rurales. Señalaron que la movilización busca presionar a los poderes públicos para que el campo obtenga protección efectiva y condiciones competitivas equitativas frente a las importaciones que, a su juicio, no ofrecen las mismas garantías.

Durante el desarrollo de la jornada, los organizadores resaltaron la importancia del respaldo tanto del sector como de los ciudadanos. Según lo reportado, consideraron esencial mantener la presión y la visibilidad pública para impedir la ratificación definitiva del pacto comercial. Además, insistieron en exigir la aplicación integral de la legislación que regula las relaciones dentro de la cadena alimentaria, extendiendo la petición a todos los sectores productivos involucrados.

La protesta de Burgos forma parte de un contexto más amplio de movilizaciones agrarias en España y en otras zonas de la Unión Europea, donde sectores agrícolas y ganaderos expresan insatisfacción por políticas orientadas a liberalizar mercados y modificar subsidios, así como por medidas consideradas insuficientes para asegurar la viabilidad y competitividad del sector ante los desafíos globales.

El titular de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura en funciones, Guillermo Santamaría, reconoció diferencias sustanciales en los criterios productivos entre los países del Mercosur y la región, destacando la permisividad en el uso de fertilizantes fuera de la Unión Europea y la complejidad que presenta la trazabilidad de los productos importados. Durante su visita a una empresa en Badajoz, de acuerdo con la información divulgada por la Junta de Extremadura, reafirmó su respaldo a los agricultores que este viernes se manifestaron a través de tractoradas en varios puntos de la comunidad autónoma. Santamaría reiteró que la administración regional está del lado del campo en la defensa de sus intereses, especialmente ante la falta de “reciprocidad” que podría generar el actual acuerdo en negociación con los países sudamericanos.

Según consignó la Junta de Extremadura, el consejero explicó que, si bien considera valiosos los acuerdos comerciales que eliminan barreras arancelarias, alertó que el de Mercosur carece de garantías suficientes para que los productores extremeños compitan en condiciones comparables con sus contrapartes de Sudamérica. Insistió en que la reciprocidad se encuentra en entredicho, ya que en los países del bloque Mercosur pueden emplearse algunos insumos que la regulación europea prohíbe, lo que distorsiona la competencia y pone en desigualdad a los productores locales. “Aquí no podemos usar determinados fertilizantes que allí sí pueden y es muy difícil la trazabilidad”, puntualizó el consejero, según la Junta.

Santamaría aprovechó la ocasión para posicionarse junto a la consejera de Agricultura en la defensa del sector agrario, que ha elevado su malestar tanto contra la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) como contra las condiciones de los acuerdos internacionales. De acuerdo con el relato publicado por la Junta, para el consejero de Economía es esencial que, en los tratados de comercio, se garanticen derechos y deberes equivalentes para todos los productores. Recalcó la idea de que la apertura comercial sin garantías básicas representa un riesgo para los agricultores y ganaderos de Extremadura, quienes ya enfrentan un contexto regulatorio más estricto en comparación con productores de otras regiones del mundo.

En las declaraciones recogidas por la propia Junta de Extremadura, Santamaría subrayó la importancia de exigir que las importaciones agrícolas y ganaderas se sometan a controles ajenos tan exigentes como los que afronta el propio sector regional. Además, lamentó que la ausencia de mecanismos equivalentes en la vigilancia sobre la cadena de suministro dificulte el control de la trazabilidad y pueda desembocar en una competencia desleal.

La jornada de protestas a la que se refirió Santamaría reflejó el rechazo de buena parte del sector agrario extremeño frente a las reformas normativas y las políticas comerciales promovidas desde instancias comunitarias y estatales. Los agricultores manifestaron de esta forma su preocupación por la viabilidad futura de sus explotaciones y la capacidad de competir frente a productos de países con legislaciones menos exigentes, según reportó la Junta de Extremadura. El consejero insistió, en sintonía con los manifestantes, en la necesidad de articular la defensa de los intereses agrícolas para evitar que el tejido productivo regional se vea afectado negativamente por medidas que, en su opinión, no protegen de manera adecuada las condiciones de producción de los agricultores extremeños.

A lo largo de su intervención, Santamaría defendió la legítima motivación de las protestas y recordó que la eliminación de barreras comerciales puede resultar beneficiosa siempre que se garantice la igualdad de condiciones, según publica la Junta autonómica. Reafirmó que la administración regional mantendrá un papel vigilante en la protección de sus productores ante negociaciones internacionales o cambios legislativos que puedan condicionar el futuro del sector agrario en Extremadura.

El impacto económico en los productores de tabaco de Extremadura se ha convertido en uno de los puntos de mayor preocupación dentro de la protesta agrícola que este viernes reunió a más de 300 tractores bloqueando carreteras en la región. Según detalló el medio, las organizaciones agrarias Asaja Extremadura y La Unión Extremadura focalizaron sus reivindicaciones tanto en el nuevo acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur como en la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Afirman que estas políticas amenazan la viabilidad del sector primario y la soberanía alimentaria local.

De acuerdo con lo que reportó la fuente, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, enfatizó en Navalmoral de la Mata (Cáceres) que el sector tabaquero, de gran peso en la economía regional y especialmente en la comarca de Campo Arañuelo, podría enfrentarse a una drástica reducción de las ayudas: de los 1.400 euros por hectárea actuales se descendería a 240 euros. García Blanco advirtió que esta rebaja casi eliminaría el cultivo, lo que perjudicaría a los productores y alteraría gravemente el tejido agrícola local. El dirigente lamentó que la nueva PAC representa una amenaza directa para la continuidad del sector y añadió que este riesgo se agrava con la inminente entrada en vigor del acuerdo con Mercosur.

Las organizaciones pusieron especial énfasis en las diferencias competitivas respecto a las importaciones procedentes de países miembros de Mercosur. Según señalaron ante el medio, la rebaja de exigencias fitosanitarias y el uso de sustancias prohibidas en la producción fuera de la Unión Europea genera una desigualdad que consideran insalvable. García Blanco criticó que, bajo las condiciones previstas, “los consumidores europeos recibirán alimentos de muy baja calidad tratados con fitosanitarios nocivos”, responsabilizando al ministro de Agricultura, Luis Planas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según él, esas autoridades permitirían la entrada de productos alimentarios que incumplen normativas europeas, poniendo en riesgo tanto la salud pública como la supervivencia de los productores europeos.

El despliegue de 300 tractores en las carreteras de la comarca de La Vera y Campo Arañuelo fue presentado como una medida de presión “estratégica” para cortar todos los accesos terrestres hacia la zona. Asaja Extremadura manifestó que quienes querían acceder a la región debían hacerlo a través de Castilla y León, por Ávila, empleando rutas alternativas, dado que los bloqueos imposibilitaban el paso por las principales vías locales.

Por su parte, el líder de La Unión Extremadura, Luis Cortés, intervino desde Miajadas (Cáceres) y reiteró que “no vamos a permitir que se legisle en contra de los ciudadanos y del sector primario”. Según consignó el medio, Cortés rechazó que el acuerdo con Mercosur y la reforma de la PAC sitúen a los agricultores españoles “como trabajadores de segunda categoría” frente a sus competidores sudamericanos. Afirmó que no consentirán el desmantelamiento de la PAC ni la aplicación de medidas que, en su opinión, contradicen lo prometido durante la anterior campaña para las elecciones al Parlamento Europeo.

Cortés destacó que los tractores seguirían presentes en las carreteras “y si mañana no se arregla, estarán por las calles de Mérida y por las calles de Madrid”. En su intervención, mostró su visión crítica hacia la evolución de las negociaciones con Mercosur y la reforma de la PAC, anticipando efectos negativos sobre sectores como el de la carne y el arroz. Añadió que, de mantenerse la situación actual, aumentarán las movilizaciones, involucrando tanto a profesionales del campo como a consumidores preocupados por el tipo de productos que podrían ingresar en el mercado europeo.

El dirigente de La Unión Extremadura alertó sobre el posible regreso de la carne hormonada y otros productos tratados con químicos prohibidos en la UE, enfatizando que la Comisión Europea y autoridades nacionales parecen indiferentes ante el impacto de estas medidas. “Si se firma el acuerdo de Mercosur, volveremos a tener carne hormonada en las vitrinas y productos tratados con sanitarios prohibidos en la Unión Europea porque eran dañinos”, expuso Cortés según recogió el medio. Sostuvo que estas preocupaciones son compartidas con una parte considerable del sector y justifican la convocatoria de nuevas protestas si no se avanza hacia cambios en las políticas propuestas.

Las reivindicaciones planteadas por Asaja Extremadura y La Unión Extremadura se insertan en un contexto de movilización nacional e internacional del sector agrícola frente a acuerdos comerciales que, según denuncian sus representantes, favorecen la entrada de productos con menores controles sanitarios y exigencias ambientales. Los líderes agrarios relacionan estos acuerdos con un modelo de competencia considerado desigual y con el progresivo debilitamiento tanto económico como productivo del sector primario en regiones como Extremadura.

A lo largo de la jornada, los cortes de carreteras repercutieron en la movilidad de la zona y visibilizaron el descontento de los agricultores y ganaderos. Según publicó la fuente, los organizadores advirtieron que las protestas continuarían mientras persistan las condiciones actuales y no se adopten medidas que atiendan sus demandas.

Las organizaciones agrarias andaluzas han destacado el crecimiento de la burocracia y el incremento de los costes de producción, en especial los derivados de fertilizantes y energía, como factores determinantes en la decisión de volver a las protestas. Según informaron Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en un comunicado recogido por diversas plataformas informativas, el sector considera que estas condiciones, sumadas a las nuevas normativas y acuerdos internacionales, han creado una situación económica y regulatoria que limita el desarrollo eficiente del trabajo en el campo y pone en entredicho la viabilidad de muchas explotaciones rurales. Frente a este contexto, han convocado a agricultores y ganaderos andaluces a manifestarse el 29 de enero frente a las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, en coordinación con movilizaciones en el resto de España y países europeos.

De acuerdo con la información difundida por dichas entidades, la movilización responde a una serie de preocupaciones acumuladas, reforzadas tras lo que describieron como un "cierre en falso" de las tractoradas de 2024. La protesta principal apunta al rechazo del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como de otros tratados comerciales con países externos a la UE, al considerar que utilizan al sector agrario como moneda de cambio y lo exponen sin garantías, en beneficio de otras ramas productivas.

Las organizaciones convocantes puntualizaron en su postura el rechazo al nuevo Marco Financiero Plurianual que presenta la Comisión Europea, ya que, según reportó el comunicado, implicaría la desaparición de la "singularidad presupuestaria" de la Política Agraria Común (PAC). Esta modificación, según relataron los portavoces agrarios, supondría el final de una arquitectura financiera que hasta la fecha contemplaba las características específicas de la agricultura europea y blindaba ciertos requisitos presupuestarios. Un recorte en este sentido, detallaron, debilitaría al sector rural europeo y, por extensión, a la propia Unión Europea.

En las declaraciones recogidas por las entidades organizadoras, la reducción progresiva de profesionales activos, el cierre y abandono de explotaciones agrarias y la caída de la cabaña ganadera han dejado de ser amenazas para convertirse en situaciones constatables. Ante estos hechos, las agrupaciones convocantes llamaron no solo a quienes trabajan en el sector, sino también al conjunto de la ciudadanía, a sumarse a las protestas para reivindicar medidas urgentes de apoyo. Los voceros argumentan que las actuales políticas comunitarias y del gobierno nacional sitúan al campo "a los pies de los caballos", entregando el sector para favorecer intereses de otras áreas.

Respecto al acuerdo con Mercosur, las organizaciones agrarias indicaron que el texto acordado carece de mecanismos de reciprocidad y favorece una competencia desigual entre producciones comunitarias e importaciones, lo cual identificarían como una amenaza para los intereses tanto de los productores como de los consumidores europeos. En palabras del comunicado difundido, sectores como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz y la aceituna de mesa estarían entre los más expuestos a los efectos negativos del tratado.

La nota conjunta agrega que sectores que podrían ser percibidos como potenciales beneficiarios del acuerdo, como el del aceite de oliva o el vino, tampoco verían ventajas apreciables a corto plazo, ya que los largos periodos transitorios existentes antes de la liberalización total impiden cualquier mejora inmediata. Además, consideran ineficaces los avances con las cláusulas de salvaguardia incorporadas al tratado, por estimar que se limitan a ser anexos cuyo cumplimiento ya ha sido descartado por portavoces de Mercosur, y que no serían aplicables eficazmente sin un control común de fronteras y con carencia de inspecciones en los países de origen.

Las entidades que llamaron a la movilización recalcaron, según difundió el comunicado, que el aumento de los costes de insumos esenciales y la presión de normas burocráticas han complicado adicionalmente la actividad agrícola y reducen la competitividad de las explotaciones. Concluyeron solicitando una simplificación normativa real que permita preservar la función y sostenibilidad de la agricultura y ganadería andaluzas, advirtiendo acerca de las posibles consecuencias de no actuar ante el deterioro continuado del sector.

La preocupación por la reducción de activos agrarios, el abandono de explotaciones y la disminución de la cabaña ganadera ha impulsado a organizaciones del sector a movilizar a productores y ciudadanía en defensa de la actividad primaria. Según Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, esta situación constituye ya una realidad tangible y justifican la convocatoria de manifestaciones frente a las subdelegaciones del Gobierno en todas las capitales de provincia andaluzas. Conforme reportaron en un comunicado conjunto, el objetivo es protestar contra las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España, las cuales, a su juicio, generan amenazas directas para la continuidad del sector agrario, especialmente tras la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

Tal como publicó el medio, la protesta está prevista para el 29 de enero, integrando a productores andaluces en una acción coordinada junto a colectivos del resto de España y también de otros países europeos. Las organizaciones consideran que los acuerdos comerciales con países terceros y el pacto con Mercosur en particular, utilizan al sector agrario como moneda de negociación, despreciando la viabilidad económica de los agricultores y ganaderos. Añadieron que el acuerdo carece de reciprocidad y provoca lo que describen como competencia desleal para los productores locales, además de suponer riesgos para los consumidores. Entre los sectores más afectados mencionaron el de carne de vacuno, cítricos, arroz y aceituna de mesa, todos considerados estratégicos para la economía andaluza.

De acuerdo con la nota de prensa reproducida por las agrupaciones convocantes, los avances propuestos con respecto a las cláusulas de salvaguardia resultan insuficientes. Califican estos mecanismos de protección como meros anexos del tratado, y aseguran que desde Mercosur ya existe una negativa a garantizar su cumplimiento. Las organizaciones critican también la ausencia de controles fronterizos comunes en el seno de la Unión Europea, lo que a su juicio dificulta cualquier intento de monitorización efectiva sobre el origen y las condiciones de los productos importados.

El medio detalló igualmente que la preocupación del sector incluye la reciente propuesta de la Comisión Europea relativa al nuevo Marco Financiero Plurianual, el cual contempla un recorte considerable del presupuesto y, según los convocantes, significa el fin de la especificidad presupuestaria de la Política Agraria Común (PAC). Esta modificación, sostienen, derivará en un debilitamiento del sector agrario europeo e impactará negativamente no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea.

Otra de las quejas expresadas por las organizaciones se refiere al aumento sostenido de los costes de producción, especialmente en lo que respecta a fertilizantes y energía. Este incremento, según publicó la nota, ejerce presión directa sobre los márgenes de rentabilidad de las explotaciones, dificultando la continuidad de la actividad agrícola y ganadera. La burocracia administrativa resulta otro factor de conflicto: las entidades convocantes denuncian que los procedimientos regulatorios han ido en aumento, introduciendo obstáculos que dificultan el trabajo cotidiano, restando eficiencia y competitividad a todo el sector.

El comunicado recogido por medios especializados señala la exigencia de una “simplificación real” de las normativas, de modo que productores y ganaderos puedan desempeñar su labor sin “trabas y cortapisas carentes de justificación real”. Inciden además en que el sector ha alcanzado lo que describen como “el límite”, situación que hace imprescindible una reacción coordinada no solo por parte de los profesionales del campo, sino también del conjunto de la ciudadanía, al estar en juego la seguridad alimentaria y la estabilidad rural de la región.

La movilización convocada responde igualmente al llamado de unidad y acción de otras organizaciones agrarias de España y el resto de Europa. Según publicaron los colectivos andaluces, la protesta del 29 de enero busca retomar el pulso reivindicativo tras las tractoradas realizadas previamente en 2024, que consideran dejaron sin resolver las demandas fundamentales del sector. Las agrupaciones han instado tanto a agricultores y ganaderos como al resto de la sociedad a sumarse a la jornada, argumentando que las amenazas que enfrentan ya superan el terreno de la hipótesis y han pasado a convertirse en hechos constatables en el territorio.

Finalmente, detallan que las medidas reclamadas incluyen la revisión de los acuerdos internacionales, compensaciones para los sectores más perjudicados y la recuperación de marcos regulatorios que permitan preservar la rentabilidad y sustentabilidad de las explotaciones agrarias. Insisten en que sin estos cambios, el campo andaluz continuará en una situación de vulnerabilidad, con consecuencias directas sobre el empleo, el tejido económico y el abastecimiento de productos agrícolas y ganaderos en la región.

El progresivo abandono de explotaciones y la disminución de activos agrarios han dejado a la ganadería andaluza en una situación que las organizaciones sectoriales califican de insostenible. Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han convocado una movilización el 29 de enero en todas las capitales andaluzas, según informó el medio, con el objetivo de expresar su rechazo tanto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como a otras políticas nacionales y comunitarias que, a juicio de estas entidades, agravan las dificultades que enfrenta el sector agropecuario en Andalucía.

De acuerdo con lo detallado por estas organizaciones en un comunicado conjunto, la movilización pretende reunir a agricultores y ganaderos frente a las subdelegaciones del Gobierno en la región, en coordinación con protestas similares en otras partes de España y de Europa. Tal como publicó el medio, los convocantes sostienen que las políticas comunitarias y del Gobierno español dejan a los productores agrarios "a los pies de los caballos", priorizando otros sectores productivos en detrimento del campo.

Las organizaciones convocantes argumentan que estas acciones de protesta responden al cierre insatisfactorio de las tractoradas que tuvieron lugar en 2024 y que, ante la firma inminente del acuerdo con Mercosur y otras negociaciones comerciales, el campo andaluz se ve forzado a intensificar la presión social. Según informó el medio, denuncian que el sector agrario es utilizado como “moneda de cambio” en estas negociaciones, lo que consideran perjudicial especialmente para la agricultura y ganadería regionales.

El acuerdo específico de la Unión Europea con Mercosur, según han manifestado los organizadores y como recoge el medio, “carece de reciprocidad” y favorece una “competencia desleal” que repercute en los intereses de los productores andaluces y constituye una amenaza para los consumidores. Las organizaciones sostienen que el pacto no garantiza igualdad de condiciones, indicando que representa un riesgo significativo para subsectores como el vacuno de carne, los cítricos, el arroz y la aceituna de mesa, todos ellos estratégicos para la economía regional.

El medio publicó que los sindicatos agrarios también rechazan las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo, destacando que tales disposiciones, que figuran como anexos, no ofrecen garantías reales para el sector. Según la nota difundida, desde Mercosur ya se habría confirmado que no tienen intención de cumplir estos compromisos, mientras que el control efectivo resulta inviable dada la falta de inspección coordinada en las fronteras europeas y en los países de origen.

En paralelo al descontento con los acuerdos internacionales, las organizaciones manifestaron al medio que rechazan el nuevo Marco Financiero Plurianual propuesto por la Comisión Europea, sosteniendo que implicaría un recorte importante en el presupuesto agrícola y la desaparición de la arquitectura específica de la Política Agrícola Común (PAC). Tal como se recoge en las declaraciones transmitidas por el medio, consideran que la supresión de la singularidad presupuestaria de la PAC debilitaría a los productores europeos, incidiendo negativamente en la economía comunitaria.

Fueron citados también otros factores que han motivado la convocatoria, como el aumento de los costes de producción, especialmente el encarecimiento de los fertilizantes y la energía en el último año. Además, señalaban ante el medio que la burocracia se ha incrementado, dificultando la gestión diaria de agricultores y ganaderos, lo que afecta la competitividad del sector andaluz frente a países terceros.

Las asociaciones convocantes reiteraron ante el medio su demanda de una “simplificación real” de las gestiones administrativas, que permita a los profesionales del campo trabajar de forma eficiente y sin trabas. Añadieron que la situación ha llegado a un límite, ya que los síntomas como el abandono de explotaciones y el descenso de la cabaña ganadera no son solo amenazas, sino realidades contrastables que ponen en peligro la viabilidad del sector a corto y medio plazo.

Según informó el medio, la movilización prevista para el 29 de enero solicita el apoyo no solo de los profesionales del campo, sino también del conjunto de la ciudadanía, entendiendo que las políticas agrarias y los acuerdos comerciales terminan por afectar a toda la sociedad. Los organizadores insisten en que las próximas protestas están llamadas a convertirse en una manifestación sin precedentes en defensa de los intereses del sector agroalimentario andaluz, en coincidencia con otras protestas a escala nacional y europea.

"Nos encontramos ante una situación que requiere soluciones inmediatas y reales", expresó el presidente de Asaja, Pedro Barato, refiriéndose a la gravedad de la crisis en el sector agrícola español. Las principales asociaciones de agricultores y ganaderos han convocado protestas y tractoradas en todo el país entre el 26 y el 30 de enero como respuesta a los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y a las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La convocatoria, promovida por Asaja, COAG y UPA, busca movilizar al máximo número de profesionales del campo, especialmente el día 29, para reclamar medidas frente al impacto de decisiones europeas y la creciente competencia internacional. Así lo reportó Europa Press.

Según informó Europa Press, el inicio de las manifestaciones ha comenzado ya en puntos clave como la frontera de España con Francia, en Irún, y se han programado nuevas tractoradas para los próximos días en regiones como Extremadura, el Levante y Valladolid. En cuanto a la planificación de las protestas, las organizaciones agrarias recalcan que el objetivo es lograr la mayor concentración posible el 29 de enero. Aunque aún no existe una convocatoria oficial a nivel nacional, sí se prevén diversas acciones locales en Madrid y otras ciudades, además de actos impulsados por agrupaciones de bases rurales.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, indicó que la concentración del 29 de enero busca visibilizar el rechazo al recorte del presupuesto previsto en la próxima PAC, los acuerdos comerciales de la Unión Europea con otros países y lo que denominan como exceso de trámites administrativos en el sector agrario. Cano manifestó que se quiere responder a una serie de decisiones que, según su perspectiva, afectan directamente la sostenibilidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias en España.

Pedro Barato, presidente de Asaja, reiteró el rechazo frontal de su organización al acuerdo con Mercosur en su configuración actual, argumentando que introduce una competencia desleal para los productores españoles al carecer de igualdad de condiciones en los intercambios comerciales. El dirigente expresó: "Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro". Además, subrayó que las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo resultan inaplicables y ejemplificó: "Si no controlan la cocaína, van a controlar la carne de vacuno". Barato resaltó el riesgo para sectores como la carne de vacuno, el azúcar, los cítricos, la remolacha y el arroz, que según la organización, podrían verse afectados de forma severa.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, declaró que el sector agrario no se opone al comercio internacional, pero sí exige que se desarrolle en condiciones justas. "Mercosur supone desigualdad y una competencia absolutamente desleal", afirmó Padilla, quien alertó de que el sector agrario puede ser utilizado como moneda de cambio en las negociaciones comerciales. El representante de COAG señaló que la falta de protección adecuada agrava la pérdida de producciones nacionales, mencionando casos en los que cultivos como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago ya han comenzado a desaparecer.

Las movilizaciones previstas toman el relevo de protestas celebradas en años anteriores y en 2024, con la finalidad de reclamar el desarrollo de políticas que permitan contrarrestar el deterioro de la situación en el medio rural. Europa Press detalló que las organizaciones promotoras han manifestado su respeto a la convocatoria lanzada por Unión de Uniones para el 11 de febrero, aunque especificaron que no han sido invitadas formalmente a sumarse a dicha manifestación nacional.

En otro plano, las organizaciones agrarias ofrecieron una primera valoración de las medidas recientemente anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destinadas a favorecer el relevo generacional en el campo. Europa Press informó que el Ejecutivo analizará la situación de 17.000 fincas rústicas de propiedad estatal con el fin de facilitar su adquisición por parte de jóvenes agricultores. Cristobal Cano (UPA) valoró positivamente esta iniciativa y la consideró orientada en la "buena dirección", aunque lamentó la falta de detalles concretos sobre la ubicación de los terrenos. Cano destacó la importancia del acceso a la tierra como uno de los principales retos del relevo generacional, sumando la reivindicación de un banco público de agua como otra demanda central del sector.

Miguel Padilla, líder de COAG, indicó que el ofrecimiento de fincas a los jóvenes resulta una medida adecuada siempre que se trate de tierras fértiles y con acceso a agua, advirtiendo que la utilidad de la propuesta dependerá de la calidad de los terrenos distribuidos. Padilla matizó: "Si es fértil con agua, bien, pero si es de secano, mejor que no se molesten mucho".

En relación con la PAC, el Gobierno ha anunciado la decisión de destinar el 10% de los fondos a incentivar el relevo generacional, cifra que supera el 6% recomendado por la Comisión Europea, según lo expuesto por Europa Press. Desde UPA consideran que este aumento va en el sentido correcto, poniendo de relieve el envejecimiento del sector agrario como una problemática urgente que requiere apoyo adicional. Pedro Barato (Asaja) también valoró la iniciativa, aunque señaló que el porcentaje debería incrementarse y que la reasignación de fondos no debe afectar a los agricultores de mayor edad, ya que, en sus palabras, "son los que están manteniendo el sistema".

Europa Press consignó que el debate sobre los retos del relevo generacional se suma a las denuncias de las organizaciones agrarias sobre la excesiva burocracia y la competencia internacional, en especial a raíz de los acuerdos comerciales que, según su visión, agravan la situación económica de productores españoles frente a importaciones exentas de las mismas exigencias que deben cumplir en la Unión Europea. Las agrupaciones ubican entre sus principales preocupaciones la necesidad de mejores condiciones para el acceso a la tierra, el agua y la defensa de los estándares productivos nacionales frente a las importaciones.

El calendario de movilizaciones agrarias en toda España abarca acciones de diversa índole, incluyendo tractoradas, concentraciones en zonas fronterizas y reuniones en ciudades clave, con el propósito de exigir a las autoridades tanto nacionales como europeas una revisión profunda de las políticas que afectan al sector. Según informó Europa Press, las organizaciones convocantes reiteran su llamada a la participación y su disposición a mantener la presión hasta que se obtengan respuestas satisfactorias.

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, señaló que pese a que, hasta el momento, no existe una convocatoria oficial nacional unificada, ya comenzaron movilizaciones en diferentes puntos del país y se han programado actos en lugares emblemáticos como Madrid. Este llamado coincide con la decisión tomada por las principales organizaciones de productores en España de intensificar la presión ciudadana en respuesta a lo que consideran amenazas graves para el sector, según reportó el medio original.

El anuncio de la próxima campaña de protestas se produjo después de que representantes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) detallaron su postura conjunta frente a los recortes contemplados para la próxima Política Agrícola Común (PAC), al impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y a la burocracia creciente que afecta la labor en el campo español. Según informó el medio, entre el 26 y el 30 de enero, agricultores y ganaderos se movilizarán en todo el país, con una concentración principal prevista para el 29 de enero y protestas localizadas como tractoradas y actos organizados por asociaciones locales.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, enfatizó que el objetivo principal consiste en coordinar la mayor cantidad posible de acciones durante la jornada del 29 de enero, a fin de manifestar el descontento y exigir respuestas concretas al Gobierno. Estos actos de protesta incluyen no solo manifestaciones y marchas de tractores, sino también la organización de eventos en diversas regiones, que buscan visibilizar el impacto de las nuevas políticas sobre el medio rural. De acuerdo con la información difundida, ya comenzaron bloqueos en la frontera con Francia en Irún, y para los próximos días se han cerrado fechas de concentraciones agrarias en zonas como el Levante y Valladolid, así como al menos cuatro tractoradas en la comunidad de Extremadura.

Según publicó la fuente original, Pedro Barato expresó el rechazo contundente de Asaja a la versión actual del pacto UE-Mercosur. Planteó que el acuerdo, en su opinión, carece de reciprocidad y sumerge al sector agrario en una situación de competencia desigual, lo que genera una profunda preocupación entre los productores españoles. Barato declaró: "Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro", manifestando así la postura crítica de la organización ante las iniciativas planteadas por las instituciones europeas y nacionales.

Por otra parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, profundizó en la idea de que el campo español no rechaza la apertura comercial en sí misma, sino las condiciones actuales de los tratados que, según sus declaraciones, colocan a los agricultores y ganaderos en desventaja. Padilla subrayó: "No estamos en contra del comercio, pero sí del comercio en condiciones [desfavorables], porque Mercosur supone desigualdad y una competencia absolutamente desleal". El dirigente agrario añadió que el sector se siente como moneda de cambio en negociaciones internacionales, declarando: "Se está vendiendo al sector agrario por calderilla, nos pueden usar como moneda de cambio, pero no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando donde sea", según recogió la fuente.

De acuerdo con la información difundida, los recortes proyectados para la PAC, un instrumento financiero clave para la sostenibilidad del sector primario europeo, representan una de las principales causas del malestar actual. Los organizadores de las movilizaciones sostienen que la reducción de fondos y la imposición de trámites administrativos cada vez más complejos han disparado una crisis en el medio rural, impactando tanto a la rentabilidad de las explotaciones como a la capacidad de los agricultores y ganaderos para competir en igualdad de condiciones en el mercado común.

Según consignó el medio, el exceso de burocracia y la percepción de desprotección frente a productos importados procedentes de países extracomunitarios inciden negativamente sobre la viabilidad de numerosas explotaciones familiares. El contexto descrito por las organizaciones agrarias refleja que muchos productores consideran que los acuerdos comerciales internacionales posibilitan la entrada de mercancías bajo normativas menos exigentes que las aplicadas a los productores europeos, una situación que, a juicio de las asociaciones convocantes, reduce el precio de mercado y obstaculiza la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones en España.

El desarrollo de estas protestas se enmarca en una serie de manifestaciones agrarias que, en los últimos años, han sido frecuentes tanto a nivel nacional como europeo. El medio recordó que los tractores ocupan de nuevo las calles tanto en 2024 como en el ejercicio anterior, alzando la voz frente a lo que califican como una crisis profunda del medio rural. El descontento ha sido reiterado por las organizaciones promotoras, que exigen cambios estructurales tanto en las políticas comunitarias como en la gestión de acuerdos de comercio internacional.

Durante la semana de movilizaciones, el país verá la presencia de cientos de tractores en las principales vías urbanas y rurales, así como concentraciones de agricultores y ganaderos organizadas por colectivos locales, con Madrid como uno de los epicentros de la protesta. Las asociaciones han hecho un llamado a la unidad del sector y a la ciudadanía a acompañar sus demandas, reclamando medidas urgentes que permitan hacer frente a la crisis y recuperar la competitividad en el contexto europeo y global, según detalló la fuente original.

Durante su intervención en el acto de presentación de las nuevas medidas, celebrado en Madrid, Sánchez ha subrayado el carácter estratégico del relevo generacional para el futuro del medio rural y del conjunto de la economía española. “El Gobierno va a apoyar decididamente a los jóvenes que quieran elegir este camino, dándoles todas las facilidades y las posibilidades para que apliquen su talento y para que emprendan. Llevar a los jóvenes a este sector, nos sale a cuenta como país, porque son el presente y el futuro de nuestro campo”, ha afirmado el presidente, que insistió en la necesidad de otorgar la “máxima prioridad” a un reto que calificó de “urgente” y “necesario”.

El envejecimiento del campo y el papel clave de la tierra pública

Las cifras explican la urgencia del problema. Según ha recordado el jefe del Ejecutivo, el 40% de los titulares de explotaciones agrarias en España supera los 65 años, mientras que solo un 9% tiene menos de 41. Se trata, además, de una tendencia que no es exclusiva de España, sino que se repite en buena parte de los países del entorno europeo. De hecho, la Comisión Europea ha impulsado una Estrategia de Relevo Generacional en la Agricultura con el objetivo de duplicar el peso de los jóvenes agricultores en la Unión Europea de aquí a 2040.

Sánchez ha defendido que la incorporación de jóvenes no solo garantiza la continuidad del sector, sino que mejora su rendimiento y competitividad. “Cuando los jóvenes se incorporan a este sector, hay explotaciones más productivas, más valor añadido, más empleo, más innovación y más sostenibilidad”, ha recalcado. Y uno de los pilares del plan anunciado es la movilización de tierras agrarias que son propiedad del Estado. El presidente ha señalado que cerca de 17.000 fincas rústicas públicas podrían ponerse a disposición de nuevos proyectos liderados por jóvenes a través de la plataforma Tierra Joven.

La idea, tal y como ha explicado, es similar a la aplicada en la política de vivienda, donde se ha pedido a los distintos ministerios que identifiquen suelos disponibles para un objetivo común. “Vamos a predicar con el ejemplo”, ha asegurado. Además, ha subrayado que estas tierras tendrán preferencia para jóvenes y mujeres y podrán convertirse en iniciativas generadoras de empleo y actividad económica en el medio rural.

Diálogo con las autonomías y una plataforma para facilitar el acceso a la tierra

El Gobierno abrirá ahora un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, el sector y otros actores implicados para consensuar el modelo de acceso a estas tierras y facilitar que lleguen a quienes quieren incorporarse a la actividad agraria.

La plataforma Tierra Joven se concibe como una herramienta clave para superar uno de los mayores obstáculos de entrada al sector, que es el acceso a la tierra. Liderada por el Ministerio de Agricultura y desarrollada en colaboración con las autonomías y el propio sector, permitirá centralizar información sobre oferta y demanda de tierras agrarias y ofrecer datos homogéneos, transparentes y unificados del mercado en toda España.

Sánchez también ha avanzado que su puesta en marcha será “inmediata”, a lo largo de los primeros meses del año, mediante un real decreto que regulará su funcionamiento. Además, quedará integrada en la futura Ley de Agricultura Familiar, que prevé la creación de una Oficina de Información y Transmisión de Tierras Agrarias, siguiendo modelos ya existentes en países como Francia o Alemania.

España negocia con la UE para reforzar la PAC y priorizar el relevo generacional

En el ámbito europeo, el presidente del Gobierno anunció que España defenderá que la próxima PAC destine un 10% de sus recursos al relevo generacional, por encima del 6% planteado inicialmente por la Comisión Europea. En este contexto, Sánchez aprovechó para reivindicar un mayor presupuesto comunitario y criticar a los gobiernos que apuestan por reducirlo bajo el argumento de recuperar soberanía nacional. “Hay que apostar por un discurso europeísta”, sostuvo, defendiendo que la PAC es “uno de los mejores legados del proyecto europeo” y una inversión clave en seguridad y soberanía alimentaria.

Por su parte, el ministro Luis Planas, también presente en el acto, coincidió en señalar el relevo generacional como el principal desafío del sector agroalimentario. “Es el reto de los retos”, afirmó, en un contexto marcado, además por la incertidumbre geopolítica, el cambio climático y el encarecimiento de los insumos. Planas insistió en que el futuro del campo pasa por explotaciones que sean al mismo tiempo sostenibles y rentables. “Solo es sostenible para el futuro aquello que es rentable”, recalcó, defendiendo que los jóvenes agricultores y ganaderos puedan “ganar dignamente” y asegurar así la viabilidad de la producción agroalimentaria en los próximos años.

Noticia con información de Europa Press.

El respaldo pleno de Semilla y Belarra a las movilizaciones en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur fue expresado en un comunicado oficial. Según reportó la asociación, tras casi dos años de reclamaciones y demandas públicas, la convocatoria impulsada por diversas Organizaciones Profesionales Agrarias de Navarra y Gipuzkoa representa un nuevo paso en la defensa de explotaciones agrícolas y ganaderas locales. El llamado a la acción se basa tanto en el rechazo al acuerdo económico, como en la búsqueda de soluciones efectivas para los problemas que afectan de forma directa al sector rural, en especial la enfermedad del ganado.

Tal como difundió Semilla y Belarra, el acto reivindicativo promovido por las organizaciones profesionales pretende denunciar los efectos negativos de este pacto, así como exigir una respuesta adecuada a la crisis provocada por la dermatosis nodular. De acuerdo con la entidad, desde hace años promueven la lucha junto con otros colectivos agrícolas y ganaderos, tanto independientes como integrados en plataformas autonómicas, estatales y europeas, en defensa de una Política Agraria Común (PAC) que sea equitativa y adapte sus directrices a las necesidades reales del sector.

La organización subrayó, en declaraciones recogidas por la fuente original, las demandas recurrentes planteadas en espacios de diálogo social y político: reducción de los trámites burocráticos, establecimiento de acuerdos comerciales con “cláusulas espejo” —es decir, condiciones que equiparen las obligaciones de los productores europeos y los de terceros países en materia de sanidad, medioambiente y bienestar animal—, y una gestión de los brotes ganaderos fundamentada en la eficacia y la proporcionalidad. Estas reivindicaciones se reflejarán en el acto convocado en Irun el próximo día 15, al que invitaron a sumarse no solo a los socios, sino al conjunto del sector agrario y ganadero.

Según el comunicado difundido por Semilla y Belarra y recogido por el medio, la convocatoria busca canalizar de manera unitaria y coordinada la respuesta del campo ante los riesgos y desafíos que enfrentan las explotaciones de pequeña y mediana escala. La entidad insiste en que solo una movilización guiada por la sensatez y la cohesión permitirá alcanzar metas vinculadas a la supervivencia de estas explotaciones, y confía en que la movilización de las OPAS deje de ser “algo esporádico y puntual”, transformándose en una dinámica de presión continua ante las administraciones públicas.

La gestión que las instituciones han dado a la dermatosis nodular bovina constituye, junto con el rechazo al acuerdo comercial, uno de los ejes principales de la convocatoria. Según el comunicado divulgado por Semilla y Belarra, la incertidumbre deriva del desconocimiento sobre la secuencia de actuación y las garantías económicas ante posibles pérdidas, pese a las campañas de vacunación en marcha. El colectivo trasladó su inquietud al considerar que las actuales medidas podrían resultar insuficientes para proteger el tejido productivo y la viabilidad económica de explotaciones familiares, de acuerdo con la comunicación remitida al Ejecutivo navarro.

Entre los puntos expuestos en su mensaje a las autoridades, la asociación solicitó garantías para los afectados ante escenarios de animales sacrificados. Manifestaron la exigencia de que las compensaciones contemplen tanto el precio de mercado del ganado según características específicas, como el “coste de oportunidad y otros costes derivados del protocolo”, aspectos cuya relevancia recalcan los afectados. El medio también indicó que la preocupación de Semilla y Belarra pone en evidencia el sentimiento extendido entre los productores, quienes consideran que los mecanismos de apoyo y los planes de contingencia deben reflejar las particularidades del entorno rural y ganadero.

En conclusión, la jornada de protesta prevista para el 15 en Irun cuenta con el respaldo explícito de la asociación y se presenta como un punto de encuentro para las reivindicaciones del sector agrario, tanto en rechazo al tratado entre la Unión Europea y Mercosur, como en demanda de un abordaje más justo y transparente frente a crisis sanitarias como la dermatosis nodular bovina. Según manifestó Semilla y Belarra, la expectativa de los convocantes reside en la posibilidad de generar una dinámica de lucha constante que contribuya al sostenimiento de las explotaciones agrícolas y ganaderas en el tiempo.

Las protestas de agricultores y ganaderos en Ourense se han intensificado a raíz del visto bueno al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, según publicó la agencia Europa Press. A pesar de la reciente reunión mantenida en la sede de la Diputación de Ourense, los representantes del sector han advertido que continuarán organizando manifestaciones en distintos puntos, señalando que la desmovilización de la carretera A-52 en Xinzo de Limia respondió a motivos logísticos, no a una resolución de sus demandas. El presidente de la Diputación, Luis Menor, comunicó el respaldo institucional a las reivindicaciones del sector y anunció nuevas medidas de apoyo, aunque el descontento por la aprobación del pacto europeo y por los recortes a la Política Agraria Común sigue presente entre los ganaderos y agricultores, que insisten en mantener la presión para lograr mejores condiciones.

De acuerdo con Europa Press, la reunión, celebrada este lunes en las instalaciones de la administración provincial, sirvió para que ambas partes evaluaran posibles soluciones. Menor remarcó su compromiso de trabajar por la mejora de las condiciones del sector agrícola y ganadero dentro de las competencias de la Diputación y resaltó su intención de implementar hasta un 80% de las propuestas planteadas, trasladándolas al pleno provincial y materializándolas de manera efectiva. Entre los aspectos pactados se incluyó la asunción administrativa de la recogida y gestión de plásticos procedentes de las explotaciones. Miguel Gómez, portavoz de los manifestantes y ganadero de Maceda, celebró la disposición para asumir esas peticiones, al tiempo que resaltó la problemática de los costes asociados a la gestión de residuos de plástico, indicando que son "un residuo reciclable" y que el cobro actual resulta abusivo: "Nosotros no estamos pidiendo que nos paguen, pero por lo menos que no lo lleven, si quieren ganar dinero que lo ganen ellos, pero no pueden aprovecharse de pequeños productores".

El medio Europa Press señaló que, además de la recogida de residuos, Menor avanzó la creación de nuevas líneas de subvención orientadas a la actividad diaria de agricultores y ganaderos, especialmente del sector vacuno, así como ayudas vinculadas al silvipastoreo con el objetivo de prevenir incendios. El presidente provincial recalcó que serán los propios productores quienes determinarán sus principales necesidades, y que la administración responderá a esas demandas específicas.

Según reportó Europa Press, la normalización de la circulación en la A-52 en Xinzo de Limia se produjo luego de casi tres días de bloqueo, periodo en el que los manifestantes utilizaron tractores para cortar el tránsito en protesta por la aprobación del acuerdo europeo. La Guardia Civil informó que la vía quedó completamente despejada y que se emprendieron tareas de limpieza en el lugar. Gómez explicó que la decisión de desbloquear la carretera obedeció a la necesidad de garantizar el acceso de estudiantes a los colegios y aliviar el caos en la localidad, aunque subrayó la intención de mantener los tractores apostados en otros puntos mientras no se logre dar respuesta a sus peticiones. Agregó: "Desbloqueamos porque los niños hoy tenían que ir al colegio y el caos que había en Xinzo de Limia era importante. Lo hicimos para aliviar ese caos. Tuvieron suerte tanto políticos como Guardia Civil que mañana dan 90% de agua con 20% por metro cuadrado, sino estaríamos allí. Nosotros seguimos movilizandonos y los tractores seguirán en más puntos".

Europa Press también recogió el anuncio realizado por Luis Menor acerca de la coordinación con otras administraciones, incluyendo la Consellería de Medio Rural, para facilitar un diálogo directo con los manifestantes, tanto en reuniones individuales como colectivas. El objetivo de estas gestiones, resaltó Menor, es propiciar un espacio de interlocución que permita canalizar de manera eficaz las preocupaciones y las reivindicaciones de los productores.

Durante el encuentro, según detalló Europa Press, se trataron cuestiones relacionadas no solo con el acuerdo UE-Mercosur, al que se opusieron los presentes, sino también con el impacto de los recortes en la PAC. Menor cuestionó la "aprobación unilateral" del acuerdo europeo realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que España adoptó esa decisión sin consensuarla con otras fuerzas políticas y pese a la oposición manifestada por otros estados miembros. Sostuvo que el escenario que se abre es incierto y reiteró la exigencia al Ejecutivo central para ejercer un mayor control sobre las fronteras, asegurando que los productos importados cumplan los mismos estándares de producción que los exigidos dentro del país.

A su vez, Menor transmitió la posición del Partido Popular contraria al recorte del 22% en la PAC y defendió la posibilidad de reorganizar los recursos del programa. Mencionó la oportunidad de redirigir fondos que actualmente benefician a sectores como el del olivo o el vino hacia aquellos productores que pudieran verse perjudicados por los cambios en la política agraria, sin incrementar el gasto público total. Según declaró al medio, "hay sectores que salen beneficiados. Hablamos de olivos y vino, por ejemplo, que a lo mejor no necesitan tantas ayudas, y esa PAC se puede reorientar sin aumento de gasto hacia los que sí pueden salir perjudicados".

En la exposición de demandas, los ganaderos y agricultores pusieron el foco en la necesidad de establecer condiciones equitativas frente a las importaciones, de fomentar modelos de gestión sostenible de residuos y de recibir respaldo institucional en el mantenimiento de la actividad productiva y en la prevención de riesgos como los incendios. El diálogo entre el sector y la administración provincial se enmarca en un contexto de contestación creciente dentro del sector primario, con una movilización constante para intentar frenar los efectos que tanto los acuerdos internacionales como los recortes presupuestarios pueden tener sobre la renta agraria y ganadera.

Tal como consignó Europa Press, a pesar del compromiso institucional expresado desde la Diputación de Ourense y de los acuerdos alcanzados en diversos puntos, la alerta sigue activa entre las organizaciones agrarias, que reiteraron su decisión de "seguir movilizándose y cumpliendo" sus objetivos, en espera de nuevas respuestas y soluciones a sus demandas.

Las exigencias que enfrentan agricultores y ganaderos gallegos, tanto en el ámbito medioambiental como laboral, generan costes de producción elevados en comparación con otras regiones fuera de la Unión Europea, según declaraciones de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A partir de esta realidad, Gómez reclama que cualquier producto importado desde países extracomunitarios cumpla las mismas exigencias normativas que los producidos dentro del bloque comunitario, subrayando la importancia de cláusulas de salvaguarda y mecanismos que garanticen igualdad de condiciones ante la entrada de importaciones, tal como informó el medio que difundió sus declaraciones este sábado.

De acuerdo con la información proporcionada, Gómez considera justificada la inquietud manifestada por los ganaderos gallegos ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La responsable del área rural puso de relieve la incerteza y las dudas que surgen de esta nueva coyuntura internacional, que, en su opinión, provoca preocupación entre los productores locales y hace imprescindible defender los intereses del sector agroganadero gallego frente a posibles impactos negativos. La conselleira aseguró que comparte las dudas del sector y exige garantías para que los productos gallegos no se vean perjudicados en el mercado.

En sus declaraciones, recogidas por los medios, Gómez recordó que el Gobierno de España ha defendido el acuerdo con Mercosur, señalando que resultaría beneficioso tanto para el país como para el sector primario y que no ocasionaría efectos adversos. No obstante, la titular de Medio Rural indicó que la consellería, al igual que los ganaderos, mantiene reservas respecto a esas afirmaciones, y considera prioritario velar porque se establezcan medidas de seguridad. "Exigimos que haya cláusulas de salvaguarda para que cualquier producto que entre de terceros países tenga que cumplir con las exigencias que tienen que cumplir los productos de la Unión Europea", manifestó Gómez en declaraciones reproducidas por el medio.

La conselleira detalló que la protección del sector agroganadero depende en gran medida de que se implementen mecanismos que impidan una incidencia directa de las importaciones en los precios internos de los productos gallegos y españoles. Según reportó la fuente, Gómez insiste en que cualquier producto de fuera de la UE debe ajustarse a las normativas y exigencias ya vigentes para los productores europeos, con el fin de evitar distorsiones competitivas y preservar la estabilidad del mercado local.

En el contexto de la nueva Política Agraria Común (PAC), Gómez abordó el impacto de la reducción presupuestaria prevista para el próximo marco financiero, que, según señaló, supondrá al menos un 20% menos de fondos con respecto al periodo anterior. La conselleira afirmó que Galicia ya ha planteado la demanda de un presupuesto suficiente para la PAC desde el comienzo de las negociaciones, argumentando que solo así será posible sostener la estabilidad del sector agroganadero y de los precios.

Además, Gómez aseguró que la necesidad de una PAC robusta cobra aún mayor importancia en la actualidad, dada la incertidumbre añadida que generan los acuerdos internacionales y los recortes presupuestarios. "Si antes era imprescindible esa PAC fuerte, ahora todavía lo es más", afirmó la conselleira, tal como recogió el medio.

Gómez animó a las instituciones y agentes implicados a luchar por un presupuesto adecuado en el próximo periodo 2028-2034, convencida de que dicho respaldo financiero resulta esencial para garantizar la continuidad y el desarrollo del sector agrícola y ganadero gallego. Enfatizó la importancia de asegurar los fondos necesarios que permitan afrontar los retos actuales y futuros, tanto en términos de producción como de precios y sostenibilidad de las explotaciones.

El medio detalló que para la administración gallega, la protección del medio rural depende no solo de la vigilancia sobre la entrada de productos importados, sino también de la disponibilidad de recursos europeos que respalden el trabajo de agricultores y ganaderos ante escenarios internacionales en transformación, como los derivados de los convenios internacionales suscritos por la UE. Según publicó el mismo medio, la conselleira insistió en que la igualdad de condiciones y la estabilidad presupuestaria son elementos fundamentales para sostener el tejido productivo rural frente a eventuales cambios y desafíos globales.

El acto final de la protesta en Santander incluyó la entrega de un manifiesto a Pedro Casares, delegado del Gobierno, en el que los ganaderos resumieron sus exigencias y expresaron su rechazo a las medidas europeas que, según su visión, contribuyen al deterioro de la producción nacional. La movilización reunió a aproximadamente 600 personas y más de 260 vehículos, de los cuales una gran mayoría eran tractores, de acuerdo con la información publicada por el medio. La jornada transcurrió entre condiciones climáticas adversas, marcadas por lluvias, bajas temperaturas, viento e incluso granizo, circunstancias que, lejos de desalentar la convocatoria, acentuaron el tono reivindicativo de la manifestación, señaló el medio.

De acuerdo con el reporte, la protesta en Santander se originó por el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al que el sector primario atribuye la entrada de productos a menor costo y con estándares de calidad percibidos como inferiores. Los manifestantes también emitieron reclamos frente a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), los daños ocasionados por ataques del lobo a la ganadería local y las consecuencias de la gestión sanitaria de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta gravemente al ganado. Según consignó el medio, carteles y pancartas exhibidos durante la marcha resumían estos puntos con mensajes como “Defendamos al sector primario. El que nos da de comer”, “PAC sin recortes”, “Dermatosis modular: no al vacío sanitario” y otros en oposición al tratado con Mercosur.

Tal como reportó la plataforma informativa, la manifestación comenzó en la calle Burgos y avanzó lentamente hasta la Delegación del Gobierno, deteniéndose en Jesús de Monasterio para coordinar la unión de los convoyes motorizados con quienes marchaban a pie. Debido a la cantidad de vehículos —casi 230 tractores, además de camiones, furgonetas y coches—, calles y puntos de acceso quedaron temporalmente bloqueados. Una vez frente a la Delegación, la protesta continuó durante varias horas, incluyendo la detonación de petardos, la quema de pacas de hierba sobre la calzada y la exhibición de un animal muerto, práctica empleada en respuesta a las pérdidas por ataques del lobo, relató el mismo medio.

Durante el acto, representantes del sector ganadero transmitieron a las autoridades la preocupación por la posible disminución de la soberanía alimentaria, el aumento de la competencia con productos extranjeros y el incremento de la presión normativa. Uno de los portavoces criticó el acuerdo con Mercosur argumentando que “nos van a invadir con alimentos que no van a ser más baratos pero van a ser mucho peores”. Alberto Pérez Quintial, secretario general de UPA, expresó ante la prensa su incertidumbre sobre la permanencia en la Unión Europea. Por su parte, Luis Pérez Portilla, de UGAM-COAG, manifestó el descontento del sector, remarcando que “todos los políticos nos han vendido por cuatro monedas” y cuestionó la prioridad de acuerdos comerciales sobre la seguridad alimentaria, según publicó la misma fuente.

Los reclamos de los ganaderos, recogidos por el medio, incluyeron también demandas específicas respecto al control del lobo, solicitando el aumento y la actualización de las indemnizaciones por daños, así como el establecimiento de objetivos claros de extracción de ejemplares para reducir el impacto sobre el ganado. En lo referido a la dermatosis nodular, solicitaron la reclasificación de la enfermedad para evitar el sacrificio de explotaciones enteras ante un solo caso y la puesta en marcha de protocolos de contención efectivos de cara a la primavera, insistiendo en la necesidad de una hoja de ruta clara por parte del Ministerio y la Comisión Europea.

El medio detalló que, tras la concentración, algunos participantes anunciaron su previsión de permanecer durante la noche, y posiblemente algunas más, frente a la Delegación del Gobierno para reforzar la visibilidad de sus demandas. La manifestación contó además con la participación activa de representantes institucionales, como las consejeras de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y Presidencia, Isabel Urrutia. También figuraron el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; la presidenta del Parlamento cántabro, María José González Revuelta, y otros miembros destacados tanto del Partido Popular como del PRC, incluido su portavoz en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, además de delegados del sector pesquero y de la Federación Cántabra de Caza, informó la plataforma noticiosa.

Durante sus intervenciones públicas, la consejera María Jesús Susinos trasladó el respaldo del Gobierno cántabro a los ganaderos, rechazando el recorte “totalmente inaceptable” de la nueva PAC y reclamando una dotación presupuestaria independiente y suficiente para el sector primario. Señaló el impacto negativo derivado del recorte del 67% en los fondos para la pesca y el 22% previsto en la PAC para el periodo 2028-2034. Susinos reivindicó la necesidad de evitar que los fondos agrarios se mezclen con partidas destinadas a otros sectores, solicitando que “no nos metan en un cajón con otro tipo de políticas que lo que van a hacer al final es diluirnos”. Además, expresó su apoyo a la ampliación del control poblacional del lobo en Cantabria y defendió la labor de la comunidad autónoma en la extracción de ejemplares para cumplir con el cupo permitido, que asciende a 41 animales, sin descartar nuevas medidas ante futuros daños.

Según consignó el medio, la consejera mostró preocupación por la expansión de la dermatosis nodular tras la detección de nuevos casos en Girona y respaldó la solicitud de los ganaderos para permitir la vacunación en Cantabria, tras la negativa del Ministerio, que sí ha autorizado la vacunación en territorios como Aragón, Navarra y País Vasco. Consideró que la vacunación en esas regiones resulta positiva al aumentar la protección de la comunidad cántabra frente a la enfermedad.

Paula Fernández, diputada y candidata del PRC para los próximos comicios autonómicos, expresó respaldo a las reivindicaciones ganaderas y afirmó que el acuerdo con Mercosur, sumado a los obstáculos burocráticos y la falta de relevo generacional, representa “la puntilla” para el sector. Fernández exigió una oposición firme de los representantes políticos frente al acuerdo y la reducción de las ayudas, además de solicitar la rebaja de los controles administrativos impuestos por la normativa europea sobre la dermatosis nodular. De acuerdo con el medio, Fernández anunció que el PRC desarrollará encuentros periódicos con las organizaciones y cooperativas del sector a fin de dar seguimiento constante a la evolución de la situación ganadera en Cantabria.

En suma, la amplia presencia de tractores y ganaderos en el centro de Santander simbolizó la magnitud del descontento sectorial frente a las reformas impulsadas desde el ámbito comunitario y la percepción de amenaza ante normativas externas y presiones ecológicas. La movilización mantuvo la atención durante varias horas y se enmarca en una serie de protestas rurales que se han replicado en otros puntos de Europa, revelando la tensión creciente entre los sectores del campo y las instituciones responsables de la regulación y la distribución de recursos, según lo publicado por el medio.

Entre los puntos con mayor afectación de tránsito se encuentra el Port de Tarragona, donde durante la jornada se reunieron cerca de 70 tractores y la actividad de camiones disminuyó a la mitad respecto a un día habitual, según consignó Europa Press. Estos hechos se inscriben dentro de las movilizaciones y bloqueos liderados por la organización Revolta Pagesa, que continúa manifestándose durante la noche en contra del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, tal como informó dicho medio.

Los bloqueos persisten en varios puntos clave del territorio catalán. Además del Port de Tarragona, Europa Press detalló que la autopista AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona) permanecía cortada a las 17:15 horas, al igual que la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Lleida), en dirección a Barcelona, la C-16 entre Berga y Olvan (Barcelona) y la N-260 en Sort (Lleida). En paralelo, la circulación de camiones se encuentra restringida en la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona), la GI-513 en Cornellà de Terri (Girona), y la C-38 en el Coll d'Ares (Girona), de acuerdo con el reporte del mismo medio.

La continuidad de la protesta para el caso específico de Les Bordes (Lleida) permanece en duda, argumentan representantes de Revolta Pagesa citados por Europa Press, ya que las condiciones meteorológicas adversas y la escasa circulación podrían llevar a suspenderla por la noche y retomar la decisión la mañana siguiente. De persistir las complicaciones, la decisión sobre un posible nuevo corte se dilataría hasta el viernes.

Las movilizaciones agrarias en Cataluña se articulan principalmente como reacción al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, según publicó Europa Press. Los agricultores expresan desacuerdo no sólo con este tratado, sino también con lo que califican como una deficiente gestión de la fauna silvestre, circunstancia que según el sector genera riesgos sustanciales para explotaciones agrícolas y ganaderas. Otro de los puntos de conflicto es la reducción que viene produciéndose en la Política Agraria Común (PAC), asunto al que Revolta Pagesa ha dedicado parte de sus comunicados difundidos en redes sociales.

Las reivindicaciones del sector van más allá del acuerdo comercial y abarcan demandas como la defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria, el apoyo al producto local, la exigencia de protocolos sanitarios considerados justos, y el reclamo de una administración pública a la que describen como necesitada de responsabilidad en la toma de decisiones que afectan al sector primario.

El movimiento no se limita solo al territorio catalán. De acuerdo con Europa Press, las protestas han trascendido la frontera con Francia. En la autopista A9, a la altura de Perpiñán, se han producido cortes que obstaculizan la conexión entre España y Francia a través de la AP-7. La Gendarmería francesa ha instalado barreras policiales para impedir el paso de camiones por esa vía.

Revolta Pagesa, desde sus plataformas digitales, ha señalado: “Hoy es el campo. Mañana puede ser cualquier otro sector. La soberanía y la seguridad alimentaria no se negocian.” Este posicionamiento resume el núcleo de las demandas del colectivo, centradas en la protección del sector agrícola frente a cambios legislativos o comerciales que consideran amenazantes.

Según la cobertura de Europa Press, las restricciones y bloqueos impulsan un descenso marcado en la circulación vial de mercancías, con efectos inmediatos sobre la logística regional. Esta situación responde, principalmente, a la preocupación existente en el sector por la influencia que podría tener el acuerdo comercial con Mercosur sobre las condiciones de competencia y el acceso de productos procedentes de fuera de la Unión Europea en el mercado interno.

La movilización también pone el acento en la problemática que genera la gestión de la fauna salvaje. Los agricultores argumentan que la insuficiencia o inadecuación de las políticas de control representa un reto para la seguridad de los cultivos y la viabilidad de la ganadería local, subrayó Europa Press. En su comunicado, Revolta Pagesa recoge la urgencia de dar prioridad a políticas de protección y gestión que garanticen la continuidad de las explotaciones familiares.

El descenso de camiones registrado en el Port de Tarragona implica, según la información recabada por Europa Press, un importante trastorno para la actividad comercial y el abastecimiento. Empresarios y transportistas se ven en la necesidad de reorganizar rutas, así como ajustar los tiempos de entrega debido a los bloqueos y desvíos, aspecto que adquiere particular relevancia en sectores dependientes de cadenas logísticas de corto plazo.

Los demandantes esperan que sus reivindicaciones sobre la autonomía alimentaria, una gestión administrativa considerada más eficaz y justa, y la protección de la actividad agrícola y ganadera frente a lo que consideran competencia desigual, resulten objeto de atención tanto a nivel regional como en instancias nacionales y comunitarias. Conforme se desarrolle la protesta, la organización ha anunciado su disposición a revaluar la continuidad de los bloqueos, siguiendo de cerca la evolución meteorológica y el tráfico, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura resulta más vulnerable a las interrupciones prolongadas.

Las restricciones vigentes en numerosas carreteras del noreste español tienen efectos directos en los desplazamientos interprovinciales, impactando no sólo a transportistas sino también al resto de ciudadanos que transitan estas vías, detalló Europa Press. De mantenerse las movilizaciones, se prevé que estos efectos sigan sintiéndose en los próximos días, a la espera de una respuesta formal a las exigencias expuestas por los agricultores.

Las organizaciones agrarias de Extremadura han destacado que productores de arroz, maíz y tomate de la región han experimentado múltiples incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, al tiempo que acusan a la Junta de Extremadura de no intervenir frente a esta situación. En este contexto, han convocado una serie de movilizaciones, incluyendo cortes y tractoradas en varias carreteras los días 16 y 23 de enero, con el objetivo de exigir medidas concretas y urgentes de apoyo al sector. Según publicó el medio con la información provista, los recortes en la Política Agraria Común (PAC), la entrada de productos internacionales y los bajos precios se encuentran entre las principales preocupaciones del colectivo agrícola.

UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres han confirmado que las acciones de protesta se desarrollarán en al menos cinco carreteras de la región, incluyendo la N-430, N-432, EX-108, EX-119 y EX-370, a partir de las 09:00 horas. De acuerdo con lo reportado en la convocatoria, el malestar gira especialmente en torno a las reducciones de los fondos europeos de la PAC y a la presión creciente de los acuerdos comerciales internacionales, como el de Mercosur, Camboya y Myanmar, que consideran una amenaza para la viabilidad de las explotaciones familiares locales.

Durante una rueda de prensa conjunta realizada en Mérida, las organizaciones agrarias alertaron que la situación actual está llevando al campo extremeño a una fase crítica, con riesgos crecientes para la continuidad de las explotaciones familiares y consecuencias para el desarrollo rural. Según explicó el colectivo convocante, la falta de cumplimiento de la legislación vigente sobre la cadena alimentaria repercute directamente en los precios que reciben los agricultores por sus productos, situación que, a su juicio, resulta agravada por la pasividad de las autoridades regionales respecto a la supervisión e inspección de los mercados.

Entre las principales demandas expuestas figura la exigencia de una implicación concreta de la administración autonómica para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Las agrupaciones exigen que el observatorio de precios funcione correctamente, que se realicen evaluaciones rigurosas de los costes de producción y que existan controles efectivos sobre el respeto a la legislación por parte de toda la cadena comercial. Las entidades también piden un sistema de ayudas específico para los cultivos de cereales, con especial atención al maíz, a través de mecanismos de producción integrada que permitan amortiguar los costos y enfrentar la competencia internacional.

Según lo recogido en el comunicado de prensa difundido por las centrales agrarias, los acuerdos internacionales firmados en los últimos años, especialmente con países como Camboya, Myanmar y el bloque Mercosur, han incrementado la presión sobre los productores locales. El sector del arroz, en particular, se muestra vulnerable ante las importaciones a bajo coste. Por esto, las asociaciones demandan la aplicación de una cláusula de salvaguarda que actúe de manera efectiva cada vez que las importaciones desde países extracomunitarios amenacen los precios internos o la viabilidad del sector. En este sentido, también consideran indispensable la aprobación de una normativa sobre etiquetado que garantice de forma inequívoca el origen nacional de los productos.

En el ámbito apícola y oleícola, las organizaciones agrarias solicitan que el etiquetado de la miel indique el país de procedencia con claridad y que se incremente el presupuesto destinado a los olivares tradicionales en la próxima reforma de la PAC. El objetivo de esta medida es mantener la competitividad y la supervivencia de estos cultivos frente a los desafíos del mercado global.

Respecto a la sanidad animal, se ha puesto especial atención en las explotaciones ovinas afectadas por la lengua azul en la última campaña. Según especificaron en la rueda de prensa, estos ganaderos no han percibido ninguna ayuda hasta el momento, por lo que reclaman un apoyo específico para paliar los daños sufridos.

Todas estas demandas se centran en la petición de una PAC fortalecida, con un presupuesto suficiente para garantizar los dos pilares sobre los que descansa: los pagos directos a los productores y el apoyo al desarrollo rural. Las organizaciones reiteran que la igualdad de condiciones entre los agricultores y ganaderos europeos solo podrá garantizarse si se mantienen ambos ejes.

El medio que cubrió la noticia también cita la intención colectiva de persistir en las movilizaciones mientras no reciban una respuesta adecuada de las administraciones. “Saldremos a la calle para reclamar lo que es justo y conseguir una igualdad real para todos los agricultores y ganaderos europeos”, coinciden los portavoces de las asociaciones implicadas. La intención es que las protestas visibilicen la magnitud de los problemas y eleven la presión sobre los responsables políticos, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.

Las tractoradas, según han explicado las entidades convocantes, buscan también frenar el proceso de despoblamiento rural. Argumentan que el cierre masivo de explotaciones familiares provocaría el abandono de las zonas rurales, debilitando no solo la economía del campo sino también la cohesión social y territorial de Extremadura.

Frente a los retos de internacionalización de los mercados, recortes en ayudas europeas y ausencia de controles efectivos en precios y etiquetado, las asociaciones agrarias de Extremadura insisten en que la única salida es que las administraciones “se impliquen” de modo directo y transparente en la defensa de la producción local. Las movilizaciones se presentan como el primer paso dentro de una escalada de acciones previstas si no se producen cambios efectivos en las políticas agrarias y comerciales, tal como advirtieron durante la presentación de la convocatoria.

Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), afirmó que “la expulsión del mercado por la competencia desleal de las importaciones sin control de los países de Mercosur no se evita con dinero”, en referencia directa al reciente anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre un adelanto de 45.000 millones de euros en el marco de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Tal como reportó el medio proporcionado, COAG sostiene que este monto, difundido en vísperas de la reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea y durante el proceso para la firma del tratado de libre comercio UE-Mercosur, requiere de total claridad sobre su origen y condiciones reales antes de ser aceptado por el sector agrario europeo.

Según comunicó COAG, la organización valora el anuncio de Bruselas con “profundo escepticismo” y exige “transparencia” absoluta acerca de dónde proceden estos recursos. De acuerdo con lo publicado, los agricultores y ganaderos consideran urgente que Von der Leyen comunique de manera clara y honesta el modo en que estos fondos serían destinados. COAG resalta que los productores europeos no esperan promesas sin base, sino compromisos concretos, verificables y sinceros acerca del futuro de la PAC. Advierten que sería inaceptable emplear la cuantía anticipada como justificación para respaldar la inminente firma del pacto comercial con Mercosur.

La organización alerta que el anuncio, realizado justo antes de encuentros institucionales importantes y en pleno avance de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, podría estar orientado a calmar las protestas de los agricultores del continente. COAG señala que el acuerdo de libre comercio supondría una amenaza evidente para la viabilidad de miles de explotaciones agrarias y ganaderas europeas, en especial por la entrada de productos agroalimentarios de países con normativas más laxas en términos de controles, calidad y sostenibilidad. Según el medio citado, “la Comisión Europea no puede cambiar vacas por coches y llamarlo progreso. No pueden sacrificar al ganadero de Salamanca o Asturias para que Volkswagen venda más en Buenos Aires”, expuso Padilla al criticar las líneas generales de la negociación.

Por ello, COAG sostiene que el sector rural resulta perjudicado al usarse como moneda de intercambio en un proceso que consideran no responde a criterios de política comercial equilibrada, sino a intereses empresariales de las grandes industrias multinacionales. En sus declaraciones, el secretario general apuntó: “Esto no es política comercial, esto es un intercambio de cromos donde los agricultores y ganaderos europeos somos la moneda de cambio. Y lo que es peor: lo disfrazan de modernidad, de libre comercio, de oportunidad. Pero la realidad es que están vendiendo nuestro futuro a cambio de cuenta de resultados de las multinacionales. Y eso tiene un nombre: traición”, según recogió el medio.

La advertencia de la organización se centra, según el texto original, en el impacto negativo del acuerdo UE-Mercosur sobre el modelo productivo europeo. COAG alerta que el sistema agrícola y ganadero de la Unión Europea se fundamenta en la sostenibilidad, el bienestar animal, la calidad y la seguridad alimentaria, principios que, sostiene, quedarían comprometidos por el acceso de importaciones sin supervisión equivalente. El colectivo agrario subraya que los fondos anunciados para el periodo 2028-2034 resultan insuficientes e incompatibles con las amenazas que perciben para la supervivencia del sector, pues no evitarán, a su parecer, la destrucción del tejido rural europeo.

COAG, según detalló el medio, mantiene su oposición íntegra y pública a la posible ratificación del tratado de libre comercio con Mercosur y reclama a los Ejecutivos nacionales, sobre todo al gobierno español, que impidan la aprobación final de un acuerdo que describen como perjudicial y contrario a los intereses de la agricultura y ganadería europeas. La organización reclama a los dirigentes europeos el fin de lo que denominan “la ceremonia de la confusión”, exigiendo que se revelen los detalles exactos del origen y destino de los 45.000 millones de euros comprometidos, para evitar que se utilicen como argumento político orientado a suavizar el descontento existente entre los productores a las puertas de un cambio estructural en el comercio internacional agroalimentario.

El debate sobre la utilidad, naturaleza y trasfondo de los fondos anunciados por la Comisión Europea queda así estrechamente vinculado —según la información consignada— al contexto de las negociaciones internacionales y al futuro del modelo agrícola de la Unión Europea, marcado por la tensión entre el apoyo institucional y las demandas de transparencia y compromiso real del sector primario.

Durante una reunión informal de los ministros de Agricultura de los veintisiete Estados miembro, la Comisión Europea planteó la suspensión de los aranceles conocidos como MFN (nación más favorecida) aplicados al amonio y la urea. Estos productos, ampliamente utilizados en la agricultura europea, resultan clave para cultivos como cereales, hortalizas y forraje. La medida, según publicó EFECOM, contempla suprimir de forma uniforme los derechos de importación para todos los países terceros, tal como dictan las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la expectativa de lograr una bajada en el precio final de estos insumos.

En la misma reunión, la Comisión analizó cómo implementar salvaguardias con el objetivo de asegurar que la rebaja arancelaria repercuta en los agricultores y no quede absorbida por intermediarios o distribuidores a lo largo de la cadena de suministro, según detalló EFECOM. Christophe Hansen, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, subrayó tras el encuentro que mantener los fertilizantes a precios accesibles resulta fundamental para la renta agraria y la seguridad alimentaria en Europa. Hansen sostuvo que ello implica la necesidad de diversificar proveedores internacionales, además de fortalecer la producción interna del continente.

Además de debatir la cuestión de los fertilizantes, los ministros abordaron otros puntos relativos al futuro marco presupuestario plurianual de la Política Agraria Común (PAC), según reportó EFECOM. Se revisaron aspectos vinculados a la competitividad del sector agrícola europeo y procesos para facilitar la simplificación administrativa, con la finalidad de reducir cargas y trámites para los productores.

El medio añadió que la discusión giró en torno a las crecientes inquietudes derivadas de la volatilidad e incertidumbre de los mercados internacionales. Estas condiciones generan interrogantes sobre la estabilidad de la oferta de insumos esenciales y sobre la posición del sector agrícola europeo en los mercados globales. “Fortalecer la capacidad de producción nacional y reducir dependencias externas”, insistió Sefcovic, figura entre los ejes de las propuestas presentadas.

Según la información difundida por EFECOM, la Comisión Europea incluyó entre los objetivos de las medidas propuestas garantizar una distribución adecuada de los beneficios de la suspensión de aranceles, de modo que lleguen directamente a los productores y repercutan favorablemente en los precios de los alimentos básicos. También se destacó durante la reunión la necesidad de preservar una posición robusta para los agricultores europeos frente a la competencia internacional.

Al encuentro asistieron, además de Sefcovic y Hansen, el comisario de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, quienes lideraron el intercambio con los ministros de Agricultura de los Estados miembro de la UE, detalló EFECOM. Las deliberaciones tuvieron lugar en Bruselas, y la propuesta arancelaria se suma a otros esfuerzos por mitigar el efecto de los altos costes en los insumos esenciales para la producción de alimentos en la región.

Según consignó EFECOM, la Comisión Europea continuará avanzando en el desarrollo de mecanismos para que las políticas de apoyo lleguen de manera clara a los agricultores, atendiendo las preocupaciones expresadas por los Estados miembro sobre el impacto de la actual coyuntura global en la producción y los precios en el sector agroalimentario.

El riesgo de encarecimiento en el precio de los alimentos y la posible entrada de productos de terceros países sin controles equiparables a los exigidos en Europa han generado preocupación entre los productores de carne y leche de Cantabria. Según informó Europa Press, las organizaciones del sector han convocado para este viernes en Santander una marcha a pie y una tractorada para exigir soluciones ante los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Los ganaderos sostienen que la situación amenaza la viabilidad del sector local y advierten que las decisiones políticas podrían marcar un punto de inflexión en el futuro del campo europeo.

De acuerdo con Europa Press, la protesta, que incluye una caravana de cerca de cien tractores, partirá a las 12:00 desde la calle Burgos y se dirigirá hacia la Delegación del Gobierno. Allí, se sumarán los vehículos que previamente se habrán reunido en la zona de Cajo. El acto concluirá en torno a las 13:00 en la sede gubernamental. Todas las principales organizaciones agrarias de Cantabria, entre ellas UGAM-COAG, UPA, Asaja y Aigas, respaldan la convocatoria, al igual que cooperativas como Agrocantabria y Valles Unidos del Asón, además de la Asociación Frisona y la Federación de Razas Cárnicas. Según puntualizó Europa Press, los ganaderos han invitado a sumarse a toda la ciudadanía, al considerar que el problema afecta directamente al abastecimiento alimentario.

Los convocantes advierten que la reducción prevista en las ayudas de la PAC alcanzará el 22%, aunque si se añade la inflación, la pérdida podría llegar al 33%. Esto, señalan, supondrá un impacto directo en la rentabilidad de las explotaciones, que se verán obligadas a trasladar esos costes a los consumidores. Europa Press consignó que la rebaja de la PAC y la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur preocupan especialmente ante la posibilidad de que alimentos de regiones con controles menos estrictos ingresen al mercado europeo, lo que, según el sector, no solo podría afectar la competencia sino también la seguridad alimentaria.

Luis Pérez Portilla, secretario general de UGAM-COAG, manifestó que el acuerdo con Mercosur representa “el fin del sector primario en Europa”. Entre sus principales críticas, Pérez Portilla expresó, según publicó Europa Press: “No entendemos cómo se quiere externalizar la producción de alimentos a terceros países de dudosa procedencia y producción”. Además, cuestionó que las exigencias regulatorias para los productores europeos sean mucho mayores respecto a las que se aplicarían a productores extranjeros, mientras los beneficios del tratado, sostienen, favorecerían a otras industrias: “No entendemos cómo nos venden para que Alemania pueda comercializar vehículos y productos farmacéuticos”, remarcó el dirigente.

Los representantes ganaderos también señalaron dificultades adicionales asociadas a enfermedades emergentes, como la Dermatosis Nodular Contagiosa, para la que reclaman una estrategia común y clara. Según reportó Europa Press, exigen que se rebaje la categoría de la enfermedad a fin de evitar el sacrificio masivo de animales cuando se detecta un caso positivo en una explotación, limitando la medida solo a los ejemplares afectados. Piden que la vacunación sea voluntaria y que los propios ganaderos tengan capacidad de decisión sobre esta cuestión. “Lo que no puede ser es que una enfermedad, y sobre todo unos intereses comerciales, se lleven por delante las cabañas ganaderas, las granjas y las familias que nos dedicamos a ello. Por eso necesitamos que se marque una hoja de ruta por parte del Ministerio y por parte de Bruselas. Es el momento de tomar una determinación sobre esta enfermedad”, afirman los portavoces del sector, citados por Europa Press.

La expansión de la Dermatosis Nodular en países vecinos añade presión: el sector reconoce que una posible llegada masiva de esta enfermedad a Cantabria tendría consecuencias graves para la economía y la capacidad productiva local. Europa Press informó que los ganaderos consideran indispensable anticipar medidas ante la situación epidemiológica en Francia, donde la patología se encuentra descontrolada según sus estimaciones.

Además, el conflicto con el lobo ha tomado relevancia. Europa Press reportó que los ganaderos denuncian ataques recurrentes en zonas donde mantener la ganadería extensiva empieza a resultar inviable. Solicitan que se amplíen las medidas de control poblacional, pues, en palabras de los afectados, “el lobo está extendido por todas las zonas de Cantabria y en muchas de ellas es imposible realizar ya la ganadería extensiva” debido a los ataques constantes.

La excesiva burocracia constituye otro motivo central de la movilización. Los productores consideran, según detalló Europa Press, que la tramitación administrativa y las exigencias regulatorias derivan en la desaparición progresiva de explotaciones ganaderas, dificultando el relevo generacional y la supervivencia de pequeñas y medianas granjas.

El sector, representado por Luis Pérez Portilla (UGAM-COAG), Alberto Pérez Quintial (UPA) y Manuel Herrero (Asaja), alertó de la amplia variedad de factores que han llevado a la situación actual, insistiendo en la necesidad de respuestas urgentes y adaptadas por parte de las autoridades. Europa Press indicó que los organizadores subrayan el carácter transversal de la convocatoria: la protesta busca apoyo social, evitando la instrumentalización política y el protagonismo de partidos. Los portavoces subrayaron: “Solo se acuerdan de nosotros cuando vienen elecciones”.

La oleada de reivindicaciones contará con el respaldo de colectivos de pescadores y cazadores de la región, quienes también trasladarán sus demandas. Este frente común refuerza, según publicó Europa Press, el mensaje de que la crisis actual no afecta únicamente al sector ganadero, sino que abarca el conjunto del ámbito rural cántabro y el acceso a los productos alimenticios en la sociedad.

La situación del olivar en Córdoba durante este año se vio marcada por un descenso de precios considerado injustificado, a pesar de que la producción final resultó más baja de lo previsto inicialmente. Esta circunstancia llevó a que Francisco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, insistiera en la urgencia de establecer precios que permitan a los productores cubrir los costos, situando el umbral razonable en torno a cinco euros el kilo para el aceite de oliva virgen extra. El dirigente agrario señaló que, por debajo de ese valor, el sector enfrenta dificultades para sostener su actividad. Según consignó la organización UPA Córdoba en declaraciones recogidas por Europa Press, la campaña olivarera transitó desde una cosecha media acompañada de precios elevados a un escenario en el que los precios cayeron abruptamente, afectando la viabilidad de numerosas explotaciones.

El análisis extendido por UPA Córdoba presentó una visión detallada de los desafíos presentes para la agricultura y la ganadería en la provincia a lo largo del año agrícola 2025. Según informó el medio Europa Press, Francisco Moreno destacó la influencia directa de la futura Política Agraria Común (PAC) y la incertidumbre derivada de los aranceles, así como la inquietud ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, por las consecuencias que estos factores generan en la competitividad y la estabilidad del sector primario cordobés. La organización expresó que la reciente reforma de la PAC no atiende con eficacia las necesidades de los pequeños y medianos agricultores ni de los ganaderos, señalando que el aumento de trámites burocráticos y la disminución de la rentabilidad están deteriorando la capacidad de las explotaciones para mantener su actividad.

Moreno remarcó que el sector primario continúa viéndose afectado por su uso como moneda de cambio en acuerdos comerciales internacionales. Según publicó Europa Press, denunció que se pone en riesgo a sectores estratégicos de la provincia, vinculando directamente esta situación con la dificultad para afrontar la competencia proveniente de otros países ajenos al ámbito europeo. Frente a estos desafíos, el representante de UPA Córdoba defendió la necesidad de priorizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias locales en el contexto de las negociaciones comerciales.

En cuanto a la modernización del olivar, Francisco Moreno puntualizó que la organización agraria no se opone a la incorporación de tecnologías y métodos más eficientes, pero insiste en que debe ofrecerse un respaldo especial al olivar tradicional debido al papel que desempeña en cuestiones sociales, económicas y medioambientales. Según informó Europa Press, el secretario general de UPA Córdoba pidió un apoyo diferenciado para este modelo productivo, argumentando su relevancia en el sostenimiento del tejido rural y la protección del entorno.

Respecto a los cítricos, UPA Córdoba declaró que la última campaña se distinguió por una reducción en la producción, lo que contribuyó a una mejora de los precios. Córdoba se situó como la tercera provincia andaluza en volumen de cítricos, y la limitación de la oferta permitió que los precios ofrecieran cierto alivio a los productores, aunque la inquietud permanece debido a la competencia de países terceros.

En el caso de la viña, el año agrícola 2025 resultó especialmente adverso debido al impacto del mildiu, enfermedad que provocó una merma en la cosecha del orden del 50%. A pesar de esta caída significativa en producción, los precios no alcanzaron los niveles esperados, registrando valores muy ajustados que ponen en cuestión la rentabilidad, según lamentó el secretario general de UPA Córdoba y reportó Europa Press.

Para los cereales, Moreno expuso que aunque se logró una cosecha positiva desde el punto de vista agronómico, el hundimiento de los precios impidió que muchas explotaciones pudieran obtener beneficios. El dirigente explicó que la combinación de una buena producción y precios muy bajos deja a numerosos agricultores en una situación económicamente insostenible.

En el segmento de los frutos secos, el cultivo del almendro se mantuvo más estable respecto a otros sectores, con precios sostenidos y una cosecha media favorable. Europa Press detalló que esta relativa estabilidad permitió un mayor equilibrio para quienes dependen de este tipo de cultivo, mitigando en parte la volatilidad que afecta a otros rubros agrícolas.

Dentro del ámbito de la ganadería, el principal obstáculo identificado este año fue la propagación de la lengua azul. UPA Córdoba alertó sobre la presencia de todos los serotipos en la provincia y subrayó la importancia de continuar con las campañas de vacunación para prevenir consecuencias más graves. Aunque se reconocieron las ayudas públicas aprobadas como herramientas útiles, la organización indicó que estas resultaron insuficientes para compensar el nivel de pérdidas afrontado por los ganaderos. Europa Press recogió que los daños asociados a esta enfermedad impactaron de forma directa en el número de cabezas de ganado y en la economía de las explotaciones.

Con relación a la gripe aviar, la incidencia en Córdoba se mantuvo acotada gracias a la implementación de medidas preventivas. Sin embargo, el confinamiento impuesto afectó especialmente a las pequeñas granjas ecológicas dedicadas a la producción de huevos al aire libre, limitando su capacidad de operar con normalidad.

En el aspecto positivo, UPA Córdoba subrayó que los precios para los corderos, lechones y porcino ibérico presentaron resultados favorables para los productores, en el marco de una montanera que resultó ventajosa. No obstante, la organización expresó su inquietud por el riesgo de peste porcina y solicitó reforzar las medidas de bioseguridad para proteger el sector.

El acceso al agua figura como otro de los grandes desafíos a futuro. El medio Europa Press detalló que, según Francisco Moreno, la modernización de los regadíos, el uso integral de aguas regeneradas y la construcción de nuevas infraestructuras están entre las prioridades. El objetivo es garantizar el riego, considerado fundamental para la continuidad y la prosperidad de la agricultura en la provincia.

El responsable de UPA Córdoba también mencionó como retos de futuro la obtención de precios justos para los productos, el fomento del relevo generacional en el campo y la resolución del déficit de mano de obra. Según la organización y Europa Press, Moreno advirtió que sin la rentabilidad necesaria no será posible atraer jóvenes a la agricultura y la ganadería, lo que pondría en peligro la supervivencia del medio rural y la soberanía alimentaria.

UPA Córdoba reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses de los pequeños y medianos productores y su intención de actuar ante las administraciones y en los espacios necesarios para asegurar condiciones equitativas para el sector agrario y ganadero en la provincia.

La marcha de miles de agricultores procedentes de distintos puntos de Europa hasta Bruselas se articuló en torno a una firme crítica al nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, por entender que la propuesta de un fondo único pondría en entredicho los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la Unión Europea. En este contexto, según detalló el medio que reportó la manifestación, los trabajadores del campo bloquearon el acceso al centro de la capital belga utilizando alrededor de 500 tractores, con el objetivo de interpelar a los líderes comunitarios que se encontraban reunidos en una cumbre europea.

De acuerdo con la información publicada, la protesta reunió a cerca de 8.000 personas, entre ellas alrededor de 500 agricultores españoles. El bloqueo inició a primera hora de la jornada e impactó significativamente el tráfico y el transporte público, afectando las principales arterias de la ciudad y el barrio europeo. El medio especificó que pasadas las primeras horas, tras la llegada de los manifestantes al barrio europeo, la Policía intervino con gases lacrimógenos y cañones de agua para contener altercados que se produjeron en ese sector.

Según informó el medio, la movilización tuvo como motivo central el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Los agricultores advirtieron que tanto la ratificación de este pacto como los eventuales recortes propuestos en la Política Agraria Común (PAC) podrían provocar consecuencias económicas y sociales negativas para el sector primario. Los manifestantes defendieron la necesidad de mantener una PAC independiente, con presupuesto propio y una estructura basada en dos pilares, en contraposición a la unificación presupuestaria propuesta en el nuevo marco financiero de la UE.

El medio reportó que la protesta coincidió con la celebración en Bruselas de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea. Este encuentro, que arrancó con retraso debido a la magnitud de la movilización, vio cómo los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron un diálogo directo con representantes de COPA-COGECA, organización que agrupa a agricultores y cooperativas agrarias en la UE. Este contacto, descrito por fuentes europeas como desarrollado en un ambiente positivo y productivo, se prolongó cerca de 45 minutos y permitió a las autoridades escuchar directamente las demandas del sector.

De acuerdo con el mensaje conjunto de Von der Leyen y Costa, difundido tras el encuentro y citado por el medio, los líderes comunitarios reiteraron que "en tiempos de incertidumbre, nuestros agricultores necesitan seguridad y apoyo, y Europa siempre estará a su lado, con un respaldo sólido y sostenido en el presupuesto de la UE, ayudas específicas para las pequeñas y las explotaciones familiares, así como para los jóvenes agricultores, y medidas de simplificación que faciliten el día a día del sector". Ambos funcionarios buscaron transmitir un compromiso institucional con el mundo rural, en respuesta a las reclamaciones planteadas durante la movilización.

Aunque el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur no figuraba formalmente en el orden del día de la cumbre, fuentes europeas explicaron al medio que los líderes evaluaron el estado de las negociaciones durante sus intercambios. El pacto incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y su firma se esperaba para el sábado posterior al día de la protesta, en paralelo a una cumbre de Mercosur. No obstante, se indicó que la ratificación ha quedado suspendida luego de que Francia e Italia solicitaron su aplazamiento.

Entre las principales preocupaciones expuestas por los manifestantes, recogidas por el medio, se encuentran los riesgos que implicaría la apertura del mercado europeo a productos agroalimentarios originarios de los países del bloque Mercosur. Los agricultores señalaron temores relacionados con la competencia desleal, los estándares de producción y la pérdida de apoyos financieros a raíz de las propuestas de reforma de la PAC.

Según destacó el medio que cubrió la movilización, el despliegue policial en el centro de Bruselas se reforzó ante la posibilidad de incidentes mayores, dada la magnitud de la movilización y la tensión generada por los bloqueos de carreteras de acceso a la ciudad y al barrio europeo, donde se encuentran las principales instituciones comunitarias. El uso de cañones de agua y gases lacrimógenos buscó restaurar el orden y disuadir aglomeraciones en puntos críticos durante el desarrollo de la protesta.

La convocatoria de este paro agrario y las consiguientes acciones de bloqueo respondieron tanto a un reclamo sectorial como a un intento de influir en las negociaciones institucionales que, en paralelo, tenían lugar en los órganos de decisión de la Unión Europea. El medio informó que la interacción entre dirigentes europeos y representantes del sector rural se convirtió en un hecho destacado, considerando la trascendencia política de las deliberaciones sobre el marco financiero y el futuro del acuerdo con Mercosur.

El rechazo de algunas delegaciones estatales al ritmo de las negociaciones comerciales se sumó a un contexto de marcada sensibilidad en torno a las políticas agrícolas europeas, ante la percepción de amenazas externas y el temor a la reducción de protección institucional. El medio añadió que la protesta y la interrupción de la cumbre ilustraron la magnitud del desencuentro entre parte del sector primario europeo y las autoridades encargadas de definir las líneas maestras de la política agrícola y comercial del bloque.

Durante la jornada, los agricultores pusieron de manifiesto la relevancia de una PAC que conserve su carácter transversal a la Unión Europea y que prevea instrumentos diferenciados según las necesidades particulares de cada país y región. Según la cobertura del medio, insistieron en la prioridad de un modelo que continúe amparando a las pequeñas y medianas explotaciones familiares, percibidas como vulnerables frente a los procesos de liberalización comercial y ajuste presupuestario.

Aunque las negociaciones entre la UE y los países de Mercosur han avanzado durante los últimos meses, los recientes reclamos de varios Estados miembros y la presión de los agricultores en protesta generan incertidumbre respecto al desenlace y la ratificación del acuerdo. El medio consignó que la confluencia de estos factores afecta tanto la dinámica política interna del bloque europeo como la relación con los socios del Mercosur, a quienes se esperaba dar una respuesta en el marco de la cumbre regional prevista.

El campo español y europeo se enfrenta a uno de sus mayores retos: el relevo generacional. El éxodo rural hacia las principales capitales y la búsqueda de nuevos puestos de trabajo, menos sacrificados y con mejores salarios, provoca que muchos agricultores y ganaderos no sepan quién seguirá labrando sus tierras o criando a sus animales cuando decidan jubilarse.

Frente a esta realidad, la Comisión Europea ha preparado la Estrategia de relevo generacional en la agricultura, una hoja de ruta para garantizar que el campo, actualmente con una edad media de 57 años entre agricultores europeos y con solo un 12% de menores de 40 años, siga siendo “estable, competitivo y vivo”, facilitando que las personas jóvenes entren, permanezcan y prosperen en el sector.

Entre las principales barreras para la entrada de los jóvenes al sector primario, la Comisión Europea destaca la dificultad de acceso a la tierra, las limitaciones en la obtención de créditos, la falta de formación empresarial, la escasez de servicios en las áreas rurales y la complejidad en la sucesión de los negocios. Tanto la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) como la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) piden “políticas claras y decididas” que reviertan la situación en el campo español.

Las políticas agrarias como principal problema

Según señalan desde el sector, las razones por las que los jóvenes no se interesan por el campo son variadas. “La primera es la falta de rentabilidad de las explotaciones, les es muy complicado acceder a financiación para adquirir tierras, por lo que el acceso normalmente es en arrendamiento”, señala Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de UPA. Además, la experta destaca que para los jóvenes que deciden vivir en el mundo rural es fundamental “que los servicios sean similares a los que tienen en el mundo urbano en cuanto a sanidad, educación o transporte”.

Pablo Játiva es un agricultor de 33 años especializado en horticultura. Vende directamente sus productos a los vecinos de Santa Eulalia, Teruel. Su interés por el sector viene de familia, pero es el primero en especializarse en horticultura, ya que su familia se dedica al extensivo de cereal. “Teníamos un huerto familiar y vi que podía ser una buena salida, porque es un buen producto”, señala a Infobae España.

Sobre el relevo generacional, Játiva destaca que a su alrededor la situación es diferente a la del resto del país: “Es la mentalidad de la gente. No se puede hacer nada. Aquí en el pueblo hemos emprendido bastantes jóvenes. Nos queremos quedar y somos nosotros los que tenemos que luchar”. Además, el agricultor pone el foco en las políticas agrarias. “En España preferimos poner placas solares y molinos en vez de apostar por mantener el sector primario. Mal iremos”, lamenta.

Játiva comenzó su negocio hace cinco años, en plena pandemia: “Nos encerraron a todos en el pueblo y la gente no podía ir a comprar a Teruel, por lo que todo el mundo tenía que comprar aquí. En esa parte me fue bien. Después, el turismo también se decanta por productos de calidad. La gente que viene a veranear o los puentes siempre para a llevarse el producto y ya lo tiene como parada obligatoria. Con esto me jubilo”.

Financiar a los jóvenes desde su arranque

Para llevar adelante el rejuvenecimiento del campo, las propuestas de la Comisión Europea, integradas en las reformas de la Política Agraria Común (PAC), se centran en cinco pilares donde la acción puede tener un mayor impacto: el arranque, el acceso a la propiedad, la formación de los jóvenes, el desarrollo del medio rural y los compromisos comunitarios. En el primer punto, el arranque, la Comisión Europea propone crear un paquete de inicio basado en financiación, formación y asesoramiento, así como ayudas a la instalación y subvenciones para modernizar las explotaciones.

Dentro del primer pilar se encuentran la concesión de préstamos, respaldados por el Banco Europeo de Inversiones —presidido por el exviceministra Nadia Calviño—, la cofinanciación europea de hasta el 85% para reducir la carga nacional, fomentar una legislación favorable que facilite el establecimiento y la sucesión y reservar en los futuros planes nacionales al menos el 6% del gasto agrícola para el relevo generacional.

“Tenemos un negocio muy volátil. Por mucho que presentes un plan de empresa a una entidad financiera para que te dé dinero, no sabes si vas a cumplir”, señala Eva Marín, presidenta de ASAJA Joven, al hablar sobre la financiación en el campo. En este sentido, también destaca que hay que asumir muchos riesgos económicos y costes “que son insoportables”, por lo que contar con familiares que te apoye apoyen cobra mucha importancia.

Favorecer el acceso a la tierra y la sucesión de explotaciones

El segundo pilar, el acceso a la propiedad, engloba medidas que favorezcan el acceso a la tierra y la sucesión de las explotaciones, como la implementación de políticas nacionales para evitar la especulación, el apoyo a planes de jubilación digna que aseguren la seguridad financiera, dar prioridad a los jóvenes en la cesión de tierras públicas y municipales y la creación del Observatorio Europeo de la Tierra.

“Si uno no viene de familia de agricultores y ganaderos, es muy difícil que de la nada puedas hacer tu primera instalación. Primero, por el arrendamiento, ya que no siempre está disponible el terreno, porque tienes que pedir crédito al banco. Es muy arriesgado si tú estás fuera de todo esto iniciar la actividad en este sector”, apunta Marín.

La presidenta de ASAJA Joven pone el foco también en las jubilaciones: “Hay muchas personas que no tienen una pensión elevada, entonces complementan esos ingresos con la PAC”. Además, señala la importancia de la mentalidad de los propietarios: “El que nace agricultor y ganadero muere siendo agricultor y ganadero, les cuesta mucho desprenderse del trabajo de toda su vida”. Por ello, desde la Asociación han propuesto “algún tipo de proceso que ayude a facilitar el paso de una persona mayor a un joven y que favorezca a las dos partes”.

“Está mal visto ser agricultor”

“No hay relevo. El 80% del terreno agrícola es propiedad de personas mayores de 65 años. El problema es que es un negocio en donde el inmovilizado vale muchísimo dinero y la rentabilidad es muy baja. Necesitas un patrimonio muy grande para poder vivir de esto”, lamenta Francisco Osuna (54 años), un ingeniero agrónomo de Córdoba. Según él, al tener tan poca rentabilidad, son los propios padres los que desaconsejan a sus hijos continuar con el negocio. “Se han encargado de quitarles las ganas”, señala.

Osuna también destaca el difícil acceso a las tierras como uno de los principales problemas: “Si no hay dinero para comprar un coche, una vivienda, cómo van a comprar un terreno agrícola. La rentabilidad por euro invertido es ridícula y los gobiernos no ayudan a nada”. Además, el andaluz considera que, actualmente, “está mal visto ser agricultor. Parece que somos delincuentes del medio ambiente en vez de una necesidad. Somos los que alimentamos a la sociedad”.

Sobre la tecnificación de los trabajadores del campo, Osuna señala que falta mano de obra cualificada, ya que para conducir un tractor o una cosechadora es necesario que exista formación. En cuanto a las posibles soluciones, el ingeniero considera necesario “quitar trabajo administrativo. Un agricultor mayor no está preparado para el montón de burocracia que hay actualmente, ni hay técnicos para ayudar en estos trámites. Acaban aburriéndose y, por supuesto, quitándole las ganas a los hijos”.

Formación a medida y aprendizaje permanente

En cuanto a las propuestas del Consejo Europeo para instruir a los jóvenes agricultores y ganaderos, dentro de la estrategia se establecen disposiciones como la formación a medida y el aprendizaje permanente, a través de servicios de asesoramiento y el Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura. Además, la Comisión Europea apuesta por impulsar un programa “Erasmus” para jóvenes emprendedores en el ámbito agrario.

Dentro de este pilar formativo, la Comisión Europea plantea también la creación de la Plataforma de Mujeres en la Agricultura, enfocada en igualdad y mentorías, así como en vincular los existentes programas de relevo generacional agrarios con Horizonte Europa y el Fondo Europeo de Competitividad, e impulsar la formación digital, financiera y el acceso a redes de innovación.

A nivel español, el sector agrario ya cuenta con una especie de “erasmus”, conocido como Programa Cultiva, donde “jóvenes emprendedores acuden a explotaciones a aprender in situ sobre temas diversos como aumentar la rentabilidad de la explotación, para no depender de un único cultivo y poder implementar otro”, explica Alicia Martínez.

“Creemos que es fundamental participar en el programa porque la formación teórica a ellos no les sirve como tal. Les es más práctico vivir el día a día en el campo y conocer los problemas que pueden encontrar, como plagas, enfermedades, manejo de cultivos o alimentación”, apunta. Además, Martínez considera positivo la implementación europea del Erasmus para jóvenes, que ya existía a nivel nacional.

La importancia de retener población en áreas rurales

Otro de los puntos clave para que el campo encuentre el relevo generacional necesario es evitar el éxodo rural. Desde la Comisión pretenden conseguir retener a los jóvenes que residen en los medios rurales mediante la inversión en los servicios, como el cuidado infantil, la sanidad, el transporte y la conexión a internet de banda ancha. Además, planean otorgar ayudas para conciliar trabajo, familia y formación y la diversificación empresarial, fomentando el agroturismo, la bioeconomía y las energías renovables.

El último pilar de la propuesta europea para fomentar el relevo generacional en el campo es el del compromiso conjunto a nivel de la UE, nacional y regional, en el que cada Estado miembro elabore su propia estrategia. Solo queda esperar que las medidas redactadas en los despachos se hagan realidad en los campos europeos y los jóvenes decidan tomar el relevo de sus padres en un sector fundamental para el bienestar de la sociedad.

El presupuesto europeo presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para el periodo 2028-2034, ha provocado el enfado y oposición de las distintas asociaciones que representan al campo español, así como de los políticos nacionales, que ven como el peso de la agricultura y la ganadería de la Unión pierde importancia frente a otros sectores como la defensa.

Desde la Junta de Andalucía han alertado que, si llegase a aprobarse el borrador del presupuesto Europeo -a falta de que los Estados miembros presenten sus propias propuestas-, el sector agrario andaluz podría perder “alrededor de 2.000 millones de euros en ayudas” con el modelo defendido por la Comisión, lo que tendría “un grave reflejo en la economía de los productores”, según el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

“La nueva Política Agraria Común (PAC) no es agraria ni común y, desde luego, es injusta y perjudicial para Andalucía”, alegó el consejero durante este viernes durante su intervención en la jornada “Agricultura y Energía: Sectores estratégicos para la Unión Europea” organizada por Asaja Sevilla. “Hemos pedido al Gobierno de España que exija en el Consejo Europeo el cambio de modelo, que bloquee este recorte del 22% del presupuesto, que diga un ‘no’ rotundo a una PAC lesiva para los agricultores y ganaderos andaluces, y que fuerce a un cambio de la PAC con su voto en contra en Europa”, detalló.

En concreto, la propuesta defendida por Von der Leyen establece para la agricultura y la pesca de la UE un mínimo de 302.000 millones de euros. A esta cuantía cabría sumarle la reserva de crisis y otras partidas variables -de hasta 237.000 millones para el sector primario-, así como los fondos para el campo de 218.000 millones, destinados a las regiones más desfavorecidas de la Unión, entre las que se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla y otros 40.000 millones de euros para la investigación en salud, agricultura y bioeconomía, de los que una parte iría a parar al sector agrícola.

Según las estimaciones de Unións Agrarias, los fondos para el campo europeo pasarían de los 386.000 millones dotados en el presupuesto 2021-2027 a los 300.000 millones del nuevo borrador. Unos datos “inaceptables” que pondrían “en serio riesgo” la capacidad de los agricultores y ganaderos para hacer frente al contexto actual (marcado por los devastadores incendios registrados en toda España durante este verano).

Andalucía encabeza las agroexportaciones españolas

Además, la partida total que recibirá España a partir de 2027 será de 88.100 millones de euros, de los cuales 79.900 millones irá destinado a fondos agrícolas y pesqueros y programas regionales, una cifra que supone un recorte del 20% respecto a los 100.000 millones del ejercicio anterior. Otros 3.000 millones están asignados a programas de migración, seguridad y asuntos de Interior y los 5.300 restantes, al fondo social para el clima.

Fernández-Pacheco señaló también la oposición de la Junta al fondo único y al cambio de estructura del nuevo marco financiero europeo para la PAC. “Necesitamos una PAC fuerte, independiente de otros fondos, sobre la base de dos pilares, con la voz protagonista de las regiones, y que tenga en cuenta la realidad productiva de cada zona, de Andalucía”, destacó.

Si se llegaran a producir estos recortes en la Política Agraria Común, el campo andaluz sería de los más afectados dentro del territorio nacional, puesto que es el responsable del 22% de las exportaciones agroalimentarias españolas, situándose como la primera región exportadora a nivel nacional, seguida de Cataluña y la Comunidad Valencia. Según ha detallado la Junta, durante los siete primeros meses de 2025, la Comunidad Autónoma ha exportado 4,7 millones de toneladas de productos agroalimentarios, por un valor de 10.346 millones de euros.

Estas liquidaciones suponen una subida del 2,8% del valor y del 5% del volumen en comparación al mismo periodo de 2024. Además, el sector primario y su industria auxiliar suponen para Andalucía el 11% del PIB autonómico, o el 16% si se tienen en cuenta los servicios de la agroindustria y los servicios agrarios.

El golpe a la agricultura sigue generando discusiones a nivel europeo. La mayoría de los gobiernos europeos se ha opuesto a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), propuestos por la Comisión Europea para el presupuesto de la Unión Europea (UE) entre 2028 y 2034. El Ejecutivo ha planteado un recorte de más del 20%.

Países como Alemania y Países Bajos, que mantienen posiciones más estrictas con el gasto, han advertido que será necesario tomar “decisiones dolorosas”. Si bien el presupuesto de la UE va a ascender, según el plan, de 1,2 a 1,8 billones de euros, otras prioridades, destacando el gasto en Defensa, han provocado la disminución de la asignación a la agricultura.

Trabajadores del sector primario de todo el continente han manifestado su contrariedad y preocupación ante esta pérdida de ingresos. El día que la Comisión anunció el plan cientos de agricultores, incluidos españoles, se concentraron en Bruselas. Organizaciones como La Unió de Comunidad Valenciana o gobiernos autonómicos como el de Asturias ya han reaccionado duramente contra la reducción.

Rechazo de la mayoría de gobiernos europeos

La gran mayoría de gobiernos europeos ha insistido en la importancia de proteger la agricultura nacional. El conflicto de Ucrania, por la importancia de los fertilizantes rusos, o la guerra arancelaria con Estados Unidos, ya han generado grandes dificultades para este sector, que ahora teme una crisis mayor. No obstante, la mayoría de países ofrecen la oportunidad de un análisis más detallado antes de oponerse al plan.

“Nuestra primera impresión es que quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas, con el enorme coste territorial y político que ello puede conllevar”, ha afirmado el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro. El ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, ha advertido a la Comisión que estará “vigilante” ante los recortes.

Este tipo de declaraciones se han extendido por otros países, con afirmaciones como que “la PAC se queda corta, sobre todo, en cuanto al mensaje que transmite”, del ministro italiano, Tommaso Foti. Irlanda, República Checa o Luxemburgo han seguido esta misma línea, mientras que Estonia, Letonia y Lituania se han mostrado “escépticos” con los “pronunciados recortes”.

En cambio, los ministros de Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos y Suecia opinan que “el debate no debe centrarse en aumentar el gasto de la UE, sino en gestionar mejor los recursos”. Además, han señalado que será necesario “tomar decisiones dolorosas” ya que “no todo es posible”, haciendo referencia la necesidad de invertir.

Primeras reacciones en España

En España han comenzado a producirse las críticas a la intención de rebajar la PAC. El conseller de Agricultura de la Generalitat valenciana, Miguel Barrachina, ha pedido al Gobierno que apoye a la agricultura española, ante una propuesta “insatisfactoria para los intereses del sector agrario”.

El homólogo asturiano, Marcelino Marcos, ha asegurado que el ejecutivo autonómico se encuentra “rotundamente en contra” de la rebaja de presupuesto, lo que considera “escandaloso e inadmisible”. En la misma línea han ido la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) o La Unió de Comunidad Valenciana.

El dilema entre fabricar cañones o mantequilla formulado por el economista Paul A. Samuelson no ha sido tal para la Comisión Europea, que esta vez se ha decantado por la primera opción como recoge su nuevo Marco Financiero Plurianual para los próximos siete años, con el que busca reforzar la competitividad económica, la inversión en innovación y, sobre todo, quintuplicar el gasto en Defensa a costa de otras partidas como la dirigida a la Política Agraria Común (PAC).

Se trata de una primera propuesta que tiene que debatirse en el Parlamento Europeo y entre los 27 países de la UE y en la que los grandes damnificados son los agricultores europeos. Entre ellos los españoles, ya que España recibirá un 20% menos de fondos europeos para los programas de la Política Agraria Común (PAC) y fondos regionales de Cohesión en el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034,

La partida total que recibirá España a partir de 2027 será de 88.100 millones de euros, de los cuales un grueso de 79.900 millones irá destinado a fondos agrícolas y pesqueros y programas regionales, aunque esta cifra supone un recorte del 20% respecto a los 100.000 millones del ejercicio anterior. Otros 3.000 millones están asignados a programas de migración, seguridad y asuntos de Interior y los 5.300 restantes, al fondo social para el clima.

Unos números que no convencen al secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que durante su intervención en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE celebrada este viernes en Bruselas ha señalado que “nuestra primera impresión es que quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas, con el enorme coste territorial y político que ello puede conllevar”, recoge Europa Press.

Fondos “insuficientes”

La propuesta de la CE tampoco ha gustado nada al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se ha mostrado “defraudado” por ella y ha anunciado que España y otros estados miembros se van a oponer “con absoluta firmeza” a ella. Cree que esta propuesta va en contra de lo que ha defendido “no solo el Gobierno de España, sino veinte Gobiernos de la Unión Europea de cara al futuro inmediato”.

Ha incidido en que “los fondos son insuficientes”, tras explicar que varios estados miembros habían enviado una carta a la CE diciéndole que hacían falta fondos suficientes y una estructura con un primer pilar de ayudas directas a los agricultores, como ha habido hasta ahora: “Se ha salvaguardado el pilar de las ayudas directas, pero ha desaparecido el del desarrollo rural, lo que nos parece un grave error”, ha sostenido el titular de Agricultura.

En su opinión, los cinco objetivos de la PAC que se incluían ya en el Tratado de Roma son los mismos que están en el actual tratado de funcionamiento de la UE, por lo que “están vigentes y hay que cumplirlos”. Tras recordar que ahora comienza “una negociación global” del presupuesto y su estructura por parte de todos los gobiernos, que puede durar entre 18 y 24 meses, ha asegurado que no se va a mover por “intereses partidarios, sino por los de España y su sector agrario y ganadero”.

Una propuesta que “degrada” a la PAC

Un colectivo al que tampoco han gustado los recortes ha sido a la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), considera que la propuesta de presupuestos “degrada” a la PAC y no es consecuente con los objetivos planteados por la propia Comisión Europea relacionados con fomentar la seguridad alimentaria y el mercado único, según informa en un comunicado.

La federación cree que la inclusión del presupuesto destinado a la PAC en un fondo más amplio en el que se incluye también, entre otros, los fondos de cohesión suponen restar importancia a la Política Agraria Comunitaria y recursos para el sector agrario, lo que es contrario a conseguir una mayor soberanía alimentaria en la UE, “que es uno de los objetivos planteados por la propia CE”.

Por otro lado, ve que la gestión del nuevo fondo a través de planes nacionales y regionales que cada Estado miembro tendrá que elaborar, diluye la dimensión europea de la PAC y no es consecuente tampoco con otro de los objetivos planteados por Bruselas, que es reforzar el mercado único, ya que se amplía la capacidad de los Estados miembros para decidir el reparto del presupuesto, lo que llevará a más diferenciación en el mercado comunitario.

En el ámbito específico de las intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas, ve “prioritario” que el presupuesto destinado a los programas operativos sea proporcional con su importancia y se incremente la intensidad de la ayuda, que ahora es sólo, en términos generales, del 4,1% del valor de la producción comercializada.

Un presupuesto “propio, suficiente y diferenciado”

También desde el sindicato CCOO han mostrado su disconformidad con la propuesta de la CE que consideran “inasumible”, ya que con él la PAC “queda muy tocada” y aparece totalmente diluida en el nuevo escenario del marco financiero plurianual, según informa en un comunicado.

Por ello demandan un presupuesto “propio, suficiente y diferenciado” para la PAC, que contribuya a la generación de empleo estable y de calidad en el sector agroalimentario y en el medio rural, y que se apoye en los dos pilares actuales.

CCOO denuncia que en este marco se apuesta más por invertir en la carrera armamentística que en preservar una política agraria común que genere empleo estable y de calidad en el sector agrario y en el medio rural europeo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado por seguir dialogando y negociando con la Administración de Estados Unidos respecto a los aranceles que quieren poner a determinados productos europeos, pero ha calificado de mala noticia el alza de los aranceles al 50% al acero y aluminio europeos anunciado este fin de semana.

"No es una buena noticia la decisión de duplicar estos aranceles del 25% al 50% al acero y al aluminio, de nuevo carga y nos plantea una respuesta necesaria por parte de Europa, aparte de estar intentando, evidentemente, dialogar y negociar para continuar trabajando conjuntamente para intentar la mejor solución", ha asegurado.

El titular de Agricultura, que se ha reunido con los representantes de las organizaciones agrarias, ha señalado en rueda de prensa que en este encuentro se abordado la "continuidad" de la presencia española en el mercado norteamericano, pero también el abrir nuevos mercados.

"No nos dormimos en los laureles y continuamos trabajando, ya que en las últimas semanas hemos aprobado ysuscrito tres protocolos nuevos con China. Además, estamos a punto de concluir protocolos con Vietnam y tenemos la oportunidad de apertura de nuevos mercados relativa a Mercosur", ha indicado, al tiempo que ha abogado por la apertura a nuevos mercados internacionales en los que se está trabajando como India o Japón.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha mostrado la "preocupación" de su organización por el tema de los aranceles. "No solo por las exportaciones que hacemos de algunos productos, como es el vino o el aceite, sino por las importaciones que necesitamos de algunos productos en los que somos totalmente deficitarios", ha señalado.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, ha alertado de que Estados Unidos "ha dejado de ser un socio fiel y previsible para el comercio a medio y largo plazo", por lo que ha abogado por "abrir nuevas vías". "Apoyamos que se centren nuevos mercados con valor, mercados que nos permitan seguir siendo la potencia exportadora que España somos", ha indicado.

LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS MUESTRAN SU PREOCUPACIÓN A PLANAS POR LA PAC

En la constitución del nuevo consejo asesor agrario, Planas ha reclamado que la futura Política Agrícola Común (PAC) disponga "de fondos suficientes" para abordar los "retos de futuro de la seguridad alimentaria y de la producción de alimentos". "Es un elemento para mí fundamental, no sólo de continuidad, sino también de futuro. Y un segundo elemento muy importante es la unicidad jurídica e institucional de la PAC", ha recalcado.

Respecto al paquete de simplificación de la PAC, que presentó hace un par de semanas la Comisión Europea, Planas ha señalado que recoge "buena parte" de las peticiones efectuadas por España y es "positiva", pero ha indicado que hay "algunos puntos en los que no están de acuerdo con el contenido".

"Vamos a seguir discutiendo a nivel de Consejo y Parlamento Europeo", ha avanzado el titular del ramo que trabajará para conseguir unas mejores condiciones.

Por su parte, Padilla (COAG) también ha mostrado una "enorme preocupación" por el futuro de la próxima PAC, al tiempo que cree que la posición de España "va a ser defensa, sin duda alguna, de una PAC fuerte". "Pero no dependemos solamente de nuestro país, sino que somos 27 y, por lo tanto, la decisión final puede ser ciertamente preocupante", ha alertado.

En la misma línea se ha mostrado el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, que ha reclamado que se debe "mantener" el presupuesto actual, pero con un incremento del IPC, al tiempo que insta a que se mantengan los dos pilares y con un reparto "profesional" y "sin burocracia y normas agronómicas absurdas".

Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha recalcado la necesidad de "mantener el presupuesto" de la nueva reforma de la política agraria comunitaria y con un presupuesto "específico" para España.

Fontanals, que actualmente ostenta la presidencia de PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya), presidirá también la federación PIAF, de la que forman parte siete agrupaciones territoriales y que representa a más de 220 productoras de toda España.

La productora catalana sucede a Koldo Zuazua, quien ha ostentado el cargo durante los últimos dos años en representación de la Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco, EPE IBAIA.

La nueva presidenta ha explicado que los retos de su nuevo mandato pasan por "la defensa de la producción audiovisual independiente y la diversidad cultural ante los diferentes organismos competentes a nivel estatal y autonómico, para mejorar las condiciones de financiación y de trabajo de los productores independientes, con el fin de que su actividad económica sea sostenible a la vez que competitiva con la de los productores europeos".

Además, ha expresado la voluntad de seguir trabajando "en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones entre las productoras y asociaciones de los diferentes territorios, así como en mejorar la colaboración con otras federaciones".

Fontanals (Barcelona, 1965) trabaja como productora audiovisual desde hace más de veinte años, en los que inicialmente se dedicó a producir películas de animación.

En una segunda etapa, desde 2013 hasta la actualidad, se ha dedicado a producir o dirigir documentales como 'Don't come back' (2023), premio Ondas Internacional al mejor programa de televisión; 'Erasmus en Gaza' (2022), Ninfa de Oro del Festival de Montecarlo; 'El caso Loveparade' (2020) o 'El mundo de Ángeles Santos', sobre la desconocida pintora surrealista. EFE.

Durante el encuentro, le han entregado el manifiesto "El castillo de naipes de la Unión Europea (UE)", un documento conjunto elaborado en el marco de las movilizaciones impulsadas por el Copa-Cogeca en Bruselas.

"Sin presupuesto no hay PAC, sin PAC no hay agricultores, sin agricultores no hay seguridad", han recalcado las tres organizaciones agrarias en un comunicado conjunto.

Las organizaciones denuncian en el documento el "peligro" de diluir la PAC en un fondo único europeo que elimine la especificidad de la política agraria y que "sustituya los pilares actuales por una programación nacional única".

Según las mismas, esto "debilitaría el mercado único" y "generaría profundas desigualdades" entre los Estados miembro, por lo que han pedido no convertir la PAC en una "moneda de cambio ni en un elemento residual" en los nuevos debates presupuestarios. EFECOM

justa y con menos papeles, con menos burocracia, para que los agricultores puedan ganarse la vida". Así se ha expresado en el debate del dictamen 'Reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentario'.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado el peso del sector agrícola en Aragón, "donde el 15% de la riqueza gira en torno a la agricultura y 55.000 personas trabajan en este ámbito de la economía, que es fundamental en 23 de las 33 comarcas aragonesas".

Por ello, ha agregado, "los aragoneses sabemos bien de la importancia que la agricultura tiene para preservar el medio rural y luchar contra la despoblación, del mismo modo que somos conscientes de su importancia en la cadena alimentaria".

Azcón ha expuesto que "los agricultores tienen desafíos increíbles y necesitan la ayuda de los gobiernos. Uno de esos desafíos es que haya unos precios justos. Que no tengan que enfrentarse con practicas desleales ni a la compra a perdidas. Otro desafío es acabar con la burocracia excesiva, que debe finalizar. La PAC debe ser justa y con menos papeles para que los agricultores puedan ganarse la vida", ha apostillado.

Mercedes Salas

Madrid, 29 dic (EFECOM).- El sector agroalimentario cambia de año con grandes inquietudes internacionales por el acuerdo con Mercosur, los miedos a las guerras comerciales con Estados Unidos o China y con esperanzas en el cambio de rumbo de la Unión Europea (UE).

En el balance internacional de 2024 destacan el viraje en la UE y en su propia Política Agraria Común (PAC) como consecuencia de las movilizaciones y la incertidumbre por la competencia y las tensiones fuera de sus fronteras.

El director general de Cooperativas Agroalimentarias, Gabriel Trenzado, ha señalado a Efeagro que 2024 ha supuesto cambios y que la incertidumbre continúa, con una "recolocación de la geopolítica y muchos conflictos abiertos".

"Hay preocupación por una posible guerra comercial entre China y EEUU y otra incógnita, qué va a pasar con Mercosur, pero lo que inquieta no tiene por qué ocurrir", ha subrayado el ingeniero agrónomo y experto en PAC y mercados agrarios Tomás García-Azcárate.

Las tractoradas del primer semestre flexibilizaron la PAC e influyeron en las elecciones a la Eurocámara de junio, además de propiciar gestos de la Comisión Europea (CE) que el sector espera que se traduzcan en cambios.

En sus cien primeros días de legislatura, en torno a febrero, la CE presentará un informe con su visión sobre la agricultura y la alimentación, que se basará en el "Diálogo Estratégico" con productores, expertos y actores de la cadena alimentaria.

"Respecto a la UE hemos acabado mejor de lo que empezamos el año (...) ahora la CE debe convencer y no vencer", ha opinado García Azcárate.

"A raíz de las movilizaciones se ha recolocado al sector en otro foco; esperamos que la alimentación esté presente en los debates de manera positiva no como un problema sino como un bien estratégico", según Trenzado.

El año acaba con la firma del nuevo acuerdo entre la CE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que rechazan los agricultores de la UE; se abre un proceso de ratificación incierto, con Francia al frente de los países en contra.

El acuerdo recoge concesiones al vacuno, al arroz, a las aves o al etanol de Mercosur; para la UE, beneficia al vino, al aceite de oliva y al chocolate.

Donald Trump volverá a presidir Estados Unidos en 2025 y el sector teme sus amenazas arancelarias; actualmente la aceituna de mesa negra sufre esos gravámenes.

Pero los aranceles derivados del conflicto cruzado Boeing-Airbus se suspendieron en 2021 por cinco años y ahora hay temores de que se reactiven; llegaron a afectar a 113 referencias de productos agroalimentarios.

En febrero se cumplirán tres años del inicio de la guerra de Ucrania, primer proveedor de España de cereales y de girasol.

Además, Ucrania ha iniciado las conversaciones para la adhesión a la UE.

El secretario general de la patronal de comerciantes de cereales y oleaginosas Accoe, José Manuel Álvarez, ha afirmado que lo que suceda en la zona del mar Negro será la principal preocupación geopolítica porque "lo que ocurra allí" puede desencadenar una crisis alimentaria global.

En 2025 está prevista la primera revisión del acuerdo de divorcio con el Reino Unido tras el Brexit.

Por otro lado, en 2024 el Tribunal de Justicia de la UE anuló los acuerdos con Marruecos, aunque el agrícola sigue vigente.

Preocupa la reacción de China a los aranceles de la UE a sus vehículos eléctricos, con investigaciones abiertas a productos lácteos y porcino europeos.

España es una potencia exportadora de alimentos y bebidas; entre enero y octubre registró un superávit de 15.360 millones de euros, un 27 % más que en 2023.

García Azcárate defiende que hay sectores que son "la joya de la corona", como el porcino, que "ahora que le va bien debería preparar su futuro" respecto a cuestiones como el déficit de cereales para piensos o una "competencia recrudecida con Mercosur".

Trenzado dice que, pese a los números, existen problemas en el sector en un momento de cambio de modelo agrícola, pueden añadirse crisis logísticas por las tensiones en el Canal de Suez e incógnitas en un contexto en el que la UE "es una potencia económica pero no política", según Trenzado. EFECOM

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha afirmado que "hay que analizar" los efectos que tendrá para el sector primario navarro el acuerdo de libre comercio alcanzado esta semana entre la Unión Europea y Mercosur, si bien ha apostado por que dicho acuerdo "sea una garantía" para el sector.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir este miércoles la reunión del Consejo Agrario, ha explicado la postura del departamento respecto al acuerdo alcanzado. Según Aierdi, "en un contexto internacional de previsiones de aranceles por parte de Estados Unidos o de situaciones de mercado como las que provoca China", que haya "un acuerdo que nos permita avanzar en un mercado más amplio del que tenemos en este momento es positivo como punto de partida, pero evidentemente depende del contenido del mismo, hay que analizar qué efectos tiene en determinados sectores".

En este sentido, ha destacado que en el sector agrícola y ganadero "no podemos permitir de ninguna manera, no podemos asumir, no podemos aceptar, que las reglas de juego de los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad sean distintos de aquellos que pueden, a partir de ese acuerdo, introducir productos que se planteen un 'dumping' económico, social o ambiental y que, por lo tanto, las reglas de juego no sean las mismas".

"Nuestra posición en ese sentido es que el contenido de ese acuerdo, que tiene que pasar por la Comisión Europea y por todos los Estados miembros de la Unión, para que sea efectivo, respete esas situaciones y, por lo tanto, sea una garantía para el propio sector", ha manifestado.

Según el consejero, esta "no ha sido una cuestión que hasta ahora se ha planteado" por las comunidades en las reuniones que se mantienen a nivel de consejos sectoriales "porque lógicamente ha surgido en este momento". "Lleva muchísimos años negociandose este acuerdo y por distintas razones no se había materializado un posible acuerdo hasta hoy, pero esta posición que he trasladado es la que nosotros trasladaremos en la próxima reunión sectorial que mantengamos con el ministro", ha apuntado.

En respuesta a los periodistas sobre las movilizaciones del sector primario, como la 'tractorada' que tuvo lugar ayer martes en Pamplona y Comarca, Aierdi ha subrayado que "hay ser respetuosos con las movilizaciones". "Yo creo que todos los sectores, lógicamente, quieren expresar ante la opinión pública y ante las administraciones cuál es la posición ante determinados temas. Es algo que se produce con normalidad. Creo que en la medida en que efectivamente se exprese esa posición y se haga con respeto al resto de actividades y de ciudadanos, es positiva", ha manifestado.

Entre otras cuestiones, ha apuntado que en esta tercera reunión del Consejo Agrario del año 2024 "vamos a repasar lo que va a ser el presupuesto del 2025 en el Departamento; el plan normativo que vamos a desarrollar a lo largo del 2025, que en algunas cuestiones ya se ha debatido también y se ha compartido con el sector; cuestiones para nosotros importantes como las que tienen que ver con el plan foral de regadío que va a salir también a exposición pública y a participación ciudadana en las próximas semanas; las reuniones que hemos mantenido con los temas del sector vitivinícola y recientemente la reunión que mantuvimos la semana pasada los tres consejeros y consejeras de las comunidades de Rioja, País Vasco y Navarra, analizando las medidas tanto de la campaña que hemos venido realizando de destilación y cosecha en verde como el futuro del sector y las medidas que tenemos que adoptar en este sentido; y también aquellas otras cuestiones que tienen que ver con la reforma de la PAC".

Respecto a esta última cuestión, Aierdi ha señalado que "los cambios que se han introducido en la PAC quedan lejos de las cuestiones que había defendido el propio Gobierno de Navarra". "Fuimos la única comunidad que se opuso al criterio en el conjunto del Estado, en ese momento, al modelo de PAC que se planteaba, que lógicamente es el origen al final de una parte importante de los problemas, y vamos a insistir en esa misma posición. Pero para ello es fundamental ese diálogo y esa apuesta conjunta de administración hacia un modelo en el que el agricultor, a título principal, sea el protagonista de las ayudas y no un reparto que obedece a otras cuestiones que nada tienen que ver con el sector. Entonces ahí yo creo que tiene que haber un acuerdo importante en este sentido", ha dicho.

Ha añadido Aierdi que "hemos trabajado a lo largo del 2024 en modificaciones que se han asumido a nivel europeo pero nos preocupa la reforma que tiene que plantearse a partir del 2027 y creemos que es fundamental que haya una unidad de actuación de gobiernos, administraciones y sector profesional para que efectivamente Europa asuma un cambio sustancial en la normativa de la PAC a partir del 2027".

Por Mercedes Salas

Madrid, 16 nov (EFECOM).- El presidente del Comité de Organizaciones Agrarias comunitarias (COPA), Massimiliano Giansanti, ha reclamado un nuevo "pilar" de la Política Agraria Común (PAC) para proteger al campo frente a catástrofes como la dana y más ayudas para la prevención de catástrofes climáticas.

El nuevo responsable del COPA ha abordado, en una entrevista con Efeagro, los retos que afronta la agricultura la Unión Europea (UE) en la nueva legislatura, entre ellos el cambio climático, a la vista de la reciente dana en España.

Para el representante de los agricultores comunitarios, es necesario que la PAC tenga un "tercer pilar" dedicado a la gestión de riesgos, porque actualmente, en su opinión, no está preparada ni tiene fondos suficientes para responder a las sequías o inundaciones, cada vez más frecuentes.

Por otra parte, ha comprendido el descontento de los agricultores franceses que se están manifestando contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, al que se opone el COPA, y no descarta que se repita la ola de tractoradas del primer semestre de 2024, aunque apunta que es pronto para predecirlo.

Giansanti es italiano, de Roma, donde preside la organización Confagricoltura, pero sobre todo se define como "agricultor y ganadero", al frente de seis explotaciones donde produce leche, cereales, kiwi y queso "Parmiggiano Reggiano", según ha detallado en una conversación telefónica.

Entre los desafíos de la UE, el presidente del COPA ha resaltado la revisión de la PAC y las negociaciones presupuestarias pero ha puesto el acento en el cambio climático y en la protección de los cultivos, frente a riesgos como la dana.

"Es increíble lo que ha pasado en Valencia, es lo mismo que pasó en Emilia Romaña (Italia) el año pasado; el impacto es muy fuerte para los agricultores, tenemos que protegerles, defenderles y a sus ingresos", ha subrayado.

Para ello, ha planteado la creación de un nuevo "tercer pilar de la PAC" (ahora tiene dos, el de ayudas directas y desarrollo rural) centrado en la gestión de riesgos, porque en ese ámbito, ha opinado que esa política "no da garantías".

Giansanti ha especificado que la PAC no tiene "ni un céntimo" para financiar seguros agrarios a escala de la UE, mientras que en Estados Unidos un 25 % de las ayudas al campo de su legislación agrícola (Farm Bill) es para seguros.

En España, la contratación de seguros agrarios está subvencionada con ayudas públicas.

Por otro lado, el presidente del COPA ha dicho que la reserva de crisis de la PAC, dotada con 500 millones anuales, es muy escasa, dados los desafíos y recuerda que ya el año pasado se activó para paliar las bajadas de precios de cereales de países del este por la competencia de Ucrania.

El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea usar la reserva de crisis de la PAC ante los daños de la dana.

Otras opciones propuestas por Giansanti son usar los ecorregímenes de la PAC -que priman medidas en favor del medioambiente- para la gestión de riesgos, redirigir programas de desarrollo rural y promover la investigación científica para que los cultivos sean resistentes y las nuevas técnicas genómicas.

Giansanti ha asegurado que la UE necesita una "agricultura fuerte" frente a la situación geopolítica mundial y que debe mejorar "los fondos" para los productores.

La PAC, ha añadido, abarca un 30 % del presupuesto comunitario, pero "solo el 0,4 % del PIB de los 27 países".

En relación con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha reconocido la necesidad de promover buenas relaciones bilaterales, porque el nuevo presidente de EE. UU. "va a proteger a los suyos (agricultores)" y existe riesgo de subidas de aranceles a los productos comunitarios.

Pero en el caso de aumentos arancelarios, "el COPA pedirá que también se apliquen aranceles a los productos estadounidenses", ha advertido. EFECOM

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En medio del anuncio de la oficialización del decreto del Presupuesto General de la Nación para el 2025 y a partir de una evidente crisis fiscal que enfrenta la administración Petro, no solo las entidades gubernamentales están enfrentando ajustes presupuestales.

Según pudo confirmar el diario El Tiempo, los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, también han sido informados de congelamientos y recortes en sus recursos, a pesar de su autonomía constitucional de la rama ejecutiva.

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De acuerdo a lo que informó el medio nacional, estas instituciones estarían siendo notificadas de que los PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) correspondientes a sus despachos llegarían incompletos.

Incluso, se conoció a través del diario que fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que el 19 de diciembre del año en curso se emitieron circulares desde el Departamento Nacional de Planeación indicando la necesidad de aplazar un 88% del presupuesto de inversión de estas entidades, lo que podría afectar su capacidad operativa y de control sobre el propio gobierno.

El medio detalló que la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, cuenta con un presupuesto total para 2025 de 12 billones de pesos colombianos (aproximadamente 3.000 millones de dólares), de los cuales 125.000 millones de pesos (alrededor de 31 millones de dólares) están destinados a inversión. Sin embargo, este rubro ha sido severamente afectado por el congelamiento.

De manera similar, la Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Margarita Cabello Blanco, solo recibirá 10.700 millones de pesos (aproximadamente 2,7 millones de dólares) de los 85.000 millones de pesos (alrededor de 21 millones de dólares) originalmente asignados para inversión en 2025.

La decisión de congelar estos fondos se debería a que el Congreso no aprobó la ley de financiamiento crucial, que habría proporcionado 12 billones de pesos (aproximadamente 3.000 millones de dólares) para el presupuesto del próximo año. Esta falta de aprobación habría llevado al Departamento Nacional de Planeación a emitir circulares que ordenan el aplazamiento de casi el 9% del presupuesto total de estas entidades.

El recorte no es exclusivo de los organismos de control. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y otras dependencias han reportado dificultades para cubrir sus obligaciones, incluidas las nóminas de diciembre. La razón principal detrás de esta situación sería la no aprobación de una ley de financiamiento por 12 billones de pesos para el próximo año.

A pesar de las implicaciones, fuentes del Gobierno aseguraron que los ajustes son similares a los realizados en otras entidades. Por su parte, la Contraloría asegura que no ha enfrentado restricciones, y la Fiscalía aún no reporta cambios significativos, según la casa periodística.

Así quedó el Presupuesto General de la Nación para el 2025

El Gobierno nacional oficializó el Presupuesto General de la Nación para 2025 mediante decreto para establecer una cifra final de $511 billones. La medida fue necesaria después de que el Congreso no aprobara la ley de financiamiento ni el proyecto inicial de presupuesto, que ascendía a $523 billones.

El decreto, firmado el 19 de diciembre, garantiza la vigencia del presupuesto a partir del 1.º de enero, aunque incluye ajustes por $12 billones menos de lo proyectado originalmente. Según explicó el presidente Gustavo Petro, los recortes afectarán principalmente los rubros de inversión y funcionamiento, mientras que los recursos destinados al servicio de la deuda se mantienen inalterables.

El presupuesto aprobado contempla: 112,6 billones para el servicio de la deuda, $327,9 billones para funcionamiento, y $82,5 billones para inversión, sujeto a ajustes adicionales, de acuerdo a los detalles que publicó Semana.

Estas cifras se basan en estimaciones de crecimiento económico del 3 %, un precio promedio del petróleo de 80 dólares por barril, inflación del 3,2 % y un tipo de cambio de $4.179 por dólar. Sin embargo, se espera que el detalle final se ajuste con la expedición del decreto de liquidación del presupuesto, que definirá cómo se distribuyen los recursos disponibles.

París, 6 nov (EFECOM).- La OCDE considera que los cambios introducidos en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE), que fue objeto de una revisión a comienzos de año ante las protestas del sector, ha dado más flexibilidad en las reglas medioambientales que le alejan de los objetivos en ese terreno.

En su informe anual sobre evaluación de las políticas agrícolas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constata también sobre esa cuestión que en la UE se han retrasado o retirado varias propuestas legislativas.

Alude en particular al marco legislativo para los sistemas alimentarios sostenibles o el reglamento sobre el uso de productos fitosanitarios que, a su parecer, "muestran las dificultades de incorporar los objetivos europeos del Pacto Verde" a la PAC.

"Esos contratiempos -advierte- no reducen la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea, ni la importancia de encontrar una vía de soluciones eficaces para unos retos medioambientales acuciantes y antiguos".

La actual PAC se empezó a aplicar en enero de 2023 y debe estar en vigor hasta 2027, período en el que está previsto que movilice unos 307.000 millones de euros de dinero público, de los cuales en torno a dos tercios serán en pagos directos e intervenciones sectoriales, y el resto para el desarrollo rural.

Los autores del informe señalan que el pasado año se empezaron a poner en marcha los nuevos tipos de pagos directos a los agricultores, que incluían incentivos para aquellos que voluntariamente decidían aplicar métodos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

Pero a continuación puntualizan que esa condicionalidad medioambiental ha quedado flexibilizada con la revisión de la PAC que se aprobó a comienzos de año en respuesta a las protestas del sector.

El juicio del informe sobre esas modificaciones es más bien crítico: "aunque esos cambios pueden facilitar la aplicación, pueden limitar la eficacia de ese mecanismo para promover bienes públicos o reducir los daños medioambientales".

Su propuesta es que, en lugar de aumentar el grado de flexibilidad, habría que estudiar "los beneficios potenciales de reformar la condicionalidad" de las ayudas para centrarse en "un número reducido de prácticas (medioambientales) que sean exigibles y controlables a gran escala".

Según los cálculos de los autores del estudio, las ayudas de la PAC representaban un 16 % de los ingresos de los agricultores europeos en el periodo 2021-2023, por encima de la media del 13,7 % en la OCDE.

Fuera de la UE, los países en los que esas ayudas públicas tenían un mayor peso son Noruega, Islandia, Suiza y Corea del Sur, donde suponían más del 40 % de los ingresos de los productores; y en Japón, donde representan un 33 %.

En Estados Unidos o en Canadá las subvenciones aportan entre el 5 y el 9 % de los ingresos. EFECOM

París, 30 oct (EFE).- Corporaciones empresariales europeas, entre ellas la española Iberdrola a través de su filial, han canalizado indirectamente alrededor de 14,3 millones de dólares (13,2 millones de euros) en fondos hacia las campañas de los dos principales partidos de EE.UU. de cara a las elecciones del 5 de noviembre, informó el canal Euronews.

De esos fondos, que se canalizan a través de los grupos de presión conocidos como PAC (Political Action Comittee), alrededor del 56 % se destinó a los republicanos, mientras que el 44 % restante fue para los demócratas.

El gasto suele centrarse en los candidatos al Congreso en lugar de en las presidenciales, señala Euronews, con sede en Lyon (Francia).

El canal obtuvo los datos de la organización Open Secrets, que se encarga de rastrear el dinero con el que se financian las campañas políticas en Estados Unidos.

Aunque las leyes estadounidenses prohíben a las compañías extranjeras contribuir directamente a las campañas electorales, se puede eludir fácilmente esa restricción utilizando las filiales estadounidenses de esas compañías para establecer comités de acción política, dice el canal.

Euronews publicó también en su web una lista de las 20 corporaciones europeas con mayores contribuciones en este ciclo electoral en EE.UU, y la cantidad invertida.

Entre ellas está Avangrid Inc, filial de la eléctrica española Iberdrola que, según Open Secrets, ha contribuido con 255.000 dólares (235.346 euros), de los cuales 142.500 millones (131.517 euros) fueron para demócratas y 109.000 (100.598 euros) para republicanos.

Las fililales de empresas españolas y portuguesas son las únicas que en el periodo 2023-2024 han invertido más en candidatos demócratas que en republicanos, dijo Euronews.

La lista de Open Secrets la encabeza por volumen de fondos UBS Americas (UBS AG), filial del banco de inversión suizo UBS, con 1,4 millones de dólares (1,29 millones de euros), seguida de T-Mobile USA, filial de la alemana Deutsche Telekom, con 888.500 dólares (820.236 euros).

El análisis de Euronews muestra que un total de 143 empresas con sede en 13 países europeos, de los cuales 10 son estados miembros de la UE, han invertido dinero en las elecciones estadounidenses a través de PAC.

Según Sarah Bryner, directora de investigación y estrategia de Open Secrets, los PAC son una herramienta esencial de lobby pero no son lo suficientemente poderosos como para influir en los resultados electorales.

"No es necesariamente que haya intereses extranjeros que creen PAC para influir en la política estadounidense. Es más bien que hay empresas que tienen su sede en Europa u otros países, que necesitan hacer cosas en Estados Unidos", dijo Bryner a Euronews. EFE

Washington, 25 oct (EFE).- El multimillonario y propietario de la red social X, Elon Musk, ha concedido otros dos premios de un millón de dólares a votantes registrados para los comicios presidenciales en los estados de Michigan y Wisconsin, a pesar de que la Justicia de EE.UU. le ha advertido que esos pagos podrían violar la ley electoral.

Según informa la cadena CNN, estos son los primeros obsequios del denominado "súper PAC pro-Donald Trump" después de que el miércoles se conociera la noticia de que el Departamento de Justicia había advertido que estos sorteos "diarios" podrían violar las leyes electorales federales que prohíben el pago a los votantes registrados.

Un Comité de Acción Política (PAC en inglés) y un súper PAC son organizaciones privadas que tienen el propósito de ayudar o influir en las elecciones y alentar o desanimar la adopción de ciertas leyes en EE.UU. mediante la inversión de dinero.

El dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX prometió el pasado fin de semana dar hasta un millón de dólares diario, de forma aleatoria y hasta el día de las elecciones, a votantes de Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Míchigan, Nevada o Wisconsin.

Según CNN, Musk, tras lanzar el sorteo del súper PAC había nombrado a un ganador cada día, hasta el pasado miércoles, cuando no se anunció ninguno. No obstante se han hecho públicos dos ganadores el jueves en X, la plataforma de redes sociales que posee Musk.

El grupo no ha proporcionado ninguna explicación pública sobre la aparente pausa de un día, y un portavoz del súper PAC se negó a hacer comentarios sobre el asunto, según la cadena estadounidense.

Para ganar el premio de un millón de dólares, las personas deben firmar una petición que afirme su apoyo a los derechos a la libertad de expresión y a portar armas.

Sin embargo, la letra pequeña en el sitio web del súper PAC especifica que solo los votantes registrados en siete estados en disputa son aptos para firmar la petición, un detalle que es donde los expertos ven la ilegalidad de la iniciativa, según CNN.

No obstante, estos requisitos controvertidos no habían cambiado hasta este jueves por la noche y todavía están en el sitio web del súper PAC de Elon Musk, quien está haciendo campaña a través de estas iniciativas y donaciones millonarias por el republicano Donald Trump.

De hecho, el jueves se supo que Musk donó el pasado 1 de octubre 10 millones de dólares para ayudar a los republicanos a recuperar la mayoría en el Senado de Estados Unidos, según un informe presentado a la Comisión Federal Electoral.

También donó 2,4 millones de dólares a The Sentinel Action Fund, un súper PAC vinculado a la Heritage Foundation que da fondos para impulsar a varios candidatos republicanos al Senado, así como al expresidente Donald Trump.

Estas donaciones siguen a otra de unos 75 millones de dólares que Musk dio finales de septiembre a un súper PAC -que el director ejecutivo de Tesla ayudó a crear- a favor de Trump.

Este súper PAC, llamado America PAC, ha dado a conocer que se han donado un total de casi 120 millones de dólares hasta ahora a la carrera presidencial, según CNN. EFE

Madrid, 23 oct (EFECOM).- Los pagos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2023, la primera de la reforma actualmente en vigor, han superado los 4.833 millones de euros, un 0,77 % más que en la campaña anterior, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Las ayudas corresponden al período comprendido entre el 16 de octubre de 2023 hasta el 15 de octubre de 2024, según ha detallado el MAPA, en un comunicado.

Se trata de los pagos de la primera campaña de la nueva PAC 2023-2027, que entró en vigor el 1 de enero de 2023.

Agricultura ha subrayado que este importe representa una ejecución superior al 99 % del techo asignado a España del Fondo Europeo Agrario de Garantía (Feaga) para pagos directos.

Ha destacado que, por primera vez, en esta campaña se ha abonado el pago redistributivo, junto con la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que ha supuesto un apoyo a los ingresos de los productores superior a los 2.900 millones de euros.

También, como novedad, se han concedido ayudas para fomentar las prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medioambiente en el marco de los ecorregímenes.

Por esta condición se han pagado 1.112 millones de euros, lo que supone cinco millones de euros más que la cuantía asignada inicialmente, ha precisado el Ministerio.

La ayuda complementaria para jóvenes agricultores y agricultoras ha ascendido a 98,3 millones de euros, la cifra más elevada que se ha pagado en esta línea desde su establecimiento, según la misma fuente.

Además, se han concedido 655 millones en ayudas asociadas para el mantenimiento de determinados sectores o tipos de explotaciones vulnerables desde el punto de vista social y económico, y 58,8 millones de euros para el pago específico para el cultivo del algodón.

Esta es la relación de pagos en el primer ejercicio de la nueva PAC:

Intervención

                 Pagos

Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad

2.418.397.050

Ayuda redistributiva complementaria

490.407.541

Ayuda complementaria para jóvenes

98.339.100

Ecorregímenes

1.112.069.062

Ayuda asociada

655.019.154

Pago específico del algodón

58.851.814

Total nacional

4.833.083.721

EFEAGRO

cat/ms/jmj

Madrid, 19 oct (EFE).- La Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, considerada la más verde de la historia, ha suavizado algunos de sus requisitos medioambientales con una serie de cambios para simplificar y flexibilizar su aplicación, que abarcan también otros aspectos como el cuaderno digital y las fotos geoetiquetadas.

Las modificaciones al Plan Estratégico de la PAC (Pepac) en España han sido consensuadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas, fueron aprobadas por la Comisión Europea (CE) y forman parte del paquete de 43 medidas comprometidas por el Ejecutivo para mejorar la situación de los agricultores y ganaderos después de numerosas protestas en toda España.

Estos son algunos de los principales cambios, casi dos años después de que comenzara el actual periodo de la PAC, que en este 2024 ha abonado ya 4.830 millones de euros hasta el pasado 13 de octubre, cantidad que supone 34 millones más que hasta la misma fecha del año anterior.

Algunas de las novedades más notables se encuentran en los cambios introducidos a las obligaciones que establecen las llamadas "buenas condiciones agrícolas y ambientales" (BCAM), que flexibilizan la aplicación de controles y las penalizaciones en materia de condicionalidad.

A la BCAM 5, relativa a la gestión de la labranza, se han añadido nuevas excepciones para su cumplimiento en las parcelas de menor tamaño; y en la BCAM 6, acerca de la cobertura mínima del suelo, ahora se puede llevar a cabo la práctica del abonado en verde, entre otras cosas.

Han cambiado también las obligaciones sobre la rotación de cultivos que establece la BCAM 7, y ahora los agricultores pueden llevar a cabo únicamente una diversificación anual en su explotación y también una sola rotación.

Finalmente, se ha eliminado la obligatoriedad de dejar un porcentaje de la superficie de la explotación no productiva a la que se refiere la primera obligación de la BCAM 8.

En relación con estas condicionalidades reforzadas, y con el objetivo de "aumentar o mantener la productividad del suelo", han quedado exentos de controles y de penalizaciones a los beneficiarios de ayudas cuya explotación sea igual o inferior a 10 hectáreas de superficie agraria declarada.

Esta modificación beneficia a unos 345.000 pequeños agricultores, el 55 % del total de perceptores de ayudas de la PAC en España.

En materia ambiental también se ha flexibilizado la gestión de los ecorregímenes, que priman prácticas beneficiosas para el medioambiente, con distintas flexibilidades.

Se busca, entre otros aspectos, mejorar la acogida de la siega sostenible, facilitar la rotación con especies mejorantes o modificar las prácticas de cubiertas incluidas en cultivos leñosos, permitiendo, por ejemplo, el establecimiento de cubiertas en calles alternas o labores verticales en ciertas épocas del año.

Otros de los cambios introducidos es la voluntariedad en el uso de fotos geoetiquetadas, al que seguirá voluntariedad del cuaderno digital de explotación.

Aunque su texto fue sometido a audiencia pública en el mes de junio, tendrá alcance retroactivo una vez que se apruebe.

Se han modificado también las intervenciones sectoriales relacionadas con los fondos y programas operativos del sectores hortofrutícola, vitivinícola y apícola, con el objetivo de realizar ajustes financieros y de adaptación al mercado, junto a cambios de diversos aspectos de índole técnica. EFE

Madrid, 16 oct (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) comienza desde este miércoles y hasta el 30 de noviembre a adelantar 2.600 millones de euros del pago anticipado de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).

Los fondos serán percibidos por los organismos pagadores de las 14 comunidades autónomas que los han solicitado para estos anticipos correspondientes a las ayudas presentadas en 2024, según ha precisado el Departamento en un comunicado.

Se trata de una opción voluntaria, de forma que corresponde a las autoridades competentes de las regiones la decisión de anticipar o no la ayuda.

El MAPA ha recordado que la Comisión Europea (CE) ha autorizado el pago de hasta el 70 % del importe de ayudas directas en forma de anticipo, con el fin de dotar de mayor liquidez a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea (UE).

El plazo ordinario de pagos de las ayudas directas comenzará el 1 de diciembre, fecha a partir de la cual las distintas comunidades autónomas podrán abonar hasta el 90 % del importe.

El pago del 100 % de las ayudas se autorizará a partir del 1 de mayo de 2025, una vez calculados los importes unitarios definitivos, y este plazo ordinario finalizará el 30 de junio, aunque se podrán realizar pagos residuales hasta el 15 de octubre, han precisado.

Por su parte, las comunidades autónomas que participan en el sistema de prefinanciación de los fondos de la PAC, coordinado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), han comunicado sus estimaciones de pago anticipado por una cantidad "ligeramente" superior a los 2.600 millones de euros.

Estimación de pagos anticipados de la PAC 2024 por comunidades

Comunidad autónoma

Estimación de pagos del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2024 (millones de €)

ANDALUCÍA

770,8

ARAGÓN

227,8

PRINCIPADO DE ASTURIAS

39,9

BALEARES

10,5

CANTABRIA

12,8

CASTILLA-LA MANCHA

456,8

CASTILLA Y LEÓN

661,6

EXTREMADURA

216,1

GALICIA

45,0

MADRID

20,1

MURCIA

19,6

NAVARRA

61,9

LA RIOJA

20,2

C.VALENCIANA

38,0

TOTAL

2.601,1

EFEAGRO

cat/jjr/jlm

Madrid, 9 oct (EFECOM).- La organización agraria UPA cree que con la normativa aprobada recientemente por el Gobierno para simplificar la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) se "da por concluida la principal reivindicación de las tractoradas" a principios de año.

En concreto, UPA -una de las organizaciones firmantes del acuerdo con el Gobierno sobre medidas del campo tras movilizaciones- ha valorado la aprobación, este martes en el Consejo de Ministros, de un real decreto con diferentes acciones para flexibilizar esta política comunitaria, según ha recogido en un comunicado.

Para UPA, se trata de una "respuesta firme y concreta" porque contiene modificaciones legislativas que suponen una "importante" simplificación de los requisitos que establece la PAC.

La organización ha señalado que este punto es "uno de los más importantes" que firmaron en el acuerdo de 43 medidas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

No obstante, seguirán "vigilantes" para que el acuerdo "completo" se cumpla antes de fin de año.

El próximo lunes UPA celebrará un encuentro presencial y digital con expertos de la organización y la participación del MAPA para "analizar y ahondar" en los cambios aprobados. EFECOM

Zaragoza, 9 oct (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, acude a la reunión este jueves con Pedro Sánchez con un documento de 44 reivindicaciones, que ya fue remitido previamente a La Moncloa y que ha sido elaborado con un amplio consenso con las formaciones políticas aragonesas.

Cuando se convocó esta reunión, Azcón programó una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe, Izquierda Unida, Podemos y Partido Aragonés, de los que salió este documento de 108 páginas que engloba las necesidades más acuciantes de la comunidad en ocho bloques y para las que el presidente espera "compromisos presupuestarios".

El primero de los bloques versa sobre financiación autonómica y en este punto Azcón urgirá a Sánchez un aumento de la dotación para la comunidad a través de un nuevo sistema que tenga en cuenta las peculiaridades de la región y mostrará el "rechazo frontal" de Aragón a una financiación "privilegiada" a Cataluña.

Las infraestructuras pendientes en autovías, ferrocarril o embalses conforman el segundo y el tercer bloque de demandas que trasladará a Sánchez.

Ademas, Azcón transmitirá a Sánchez la preocupación del campo aragonés frente a los aranceles al porcino o la gravedad de la sequía y pedirá ayudas directas, así como la reforma de la PAC.

En materia de despoblación, pedirá un incremento de la dotación del Fondo de Inversiones de Teruel y aumentar hasta el máximo permitido del 20 % de las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel, Cuenca y Soria.

El presidente de Aragón solicitará a Sánchez tratar la falta de personal sanitario como una cuestión nacional y que se adopten medidas extraordinarias y también la cofinanciación al 50 % del sistema de la dependencia y también de la educación Infantil de 0 a 3 años.

Un Pacto de Estado para tratar la crisis migratoria o la colaboración del Estado en las actuaciones del plan director del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya son otras de las reivindicaciones. EFE

Madrid, 8 oct (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este martes que la responsabilidad de las ayudas a los agricultores y ganadores no es exclusivamente del Gobierno de España en respuesta a la interpelación del senador popular Antonio Luengo sobre medidas concretas para la sequía.

"Sí que hay zonas puntuales afectadas en varias comunidades autónomas por la sequía, pero es que ustedes dentro del marco de las ayudas del Estado tendrán que complementar aquello que el Gobierno de España ha destinado a los agricultores y ganaderos", ha respondido Planas en la sesión plenaria del Senado de este martes a Luengo, que ha pedido “soluciones inmediatas” para la sequía extrema que afecta al sur y sureste de España.

Planas ha afirmado que son "4.000 millones de euros, 1.380 millones de euros de ayudas directas y 400.000 agricultores y ganaderos beneficiarios, además de la PAC y los seguros agrarios", que ha añadido que "según un estudio de CaixaBank, en octubre de 2022, casi el 50 % de la superficie agraria nacional se encontraba en situación de sequía prolongada y en junio del año 2024 una cantidad en la superficie afectada por la sequía prolongada es aproximadamente de un 10 %".

Planas ha asegurado a Zapata que no quieren "hacer absolutamente nada más que pedirle al Gobierno de España" y que "piden pero no dan”.

Planas ha señalado que hay "compañeros" de Luengo que sí lo han hecho y ha destacado "la labor del consejero de la Comunidad Valencia del PP" al que felicitó "por poner en marcha unos puntos de agua para la ganadería extensiva".

Zapata le ha pedido a Planas "que baje al suelo, que se baje del coche oficial y se acerque al campo", a lo que Planas ha respondido que "este martes ha conversado con los agricultores de Murcia" y que "todas las semanas habla directamente en explotaciones y en cooperativas con agricultores y ganadores".

Planas, por su parte, le ha reprochado al senador popular que "hable de sequía", pues "los periodos de sequía más extremos y más cercanos en el calendario se están produciendo por el cambio climático" y que su grupo parlamentario "tiene un problema político y es que de cambio climático no pueden hablar, porque se lo impiden sus socios de Vox e incluso dentro de su partido", que se encuentran en "la negación de cualquier actuación frente a la restauración de la naturaleza". EFE1012197scb/icn

El Ministerio de Cultura de Colombia enfrenta una crisis de pagos que ha generado incertidumbre y angustia entre sus 900 contratistas. La situación se desencadenó cuando una diapositiva, enviada por correo electrónico, comunicó a los trabajadores que el pago correspondiente a julio no se efectuaría en la fecha habitual. La notificación, lejos de ofrecer una solución concreta, generó una oleada de preocupaciones entre los afectados, quienes ahora enfrentan una situación económica precaria debido al retraso.

La comunicación oficial enviada el 26 de julio por la Secretaría General del Ministerio contenía un mensaje breve, pero cargado de implicaciones. El texto informaba que debido a “causas ajenas a nuestra voluntad”, el Ministerio aún no había recibido los recursos necesarios para el pago a contratistas y proveedores.

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Se prometió que se estaban realizando las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para resolver el problema, pero la ausencia de un cronograma claro para el desembolso dejó a los contratistas en una situación de incertidumbre.

Para agravar la situación, hasta diez días después de la notificación, muchos de los contratistas seguían sin recibir sus pagos. En una conversación con El Colombiano, un contratista expresó su frustración, relatando cómo la noticia del retraso generó pánico, especialmente en aquellos que tienen compromisos financieros inminentes, como el pago de matrículas universitarias.

La controversia obligó al ministro de Cultura, Juan David Correa, a ofrecer explicaciones públicas. Según el ministro, el retraso en los pagos se debía a una demora en el desembolso del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda. Este PAC es esencial para el funcionamiento del ministerio, ya que garantiza los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones financieras.

Detalles del infortunio con contratistas del Ministerio de Cultura

Aunque los contratistas cuestionaron esta explicación, argumentaron que, independientemente del retraso en el PAC, cada contrato está respaldado por un Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, que asegura que los fondos están disponibles para cumplir con los compromisos. De acuerdo con la normativa del Consejo de Estado, los CDP garantizan que haya “apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos”.

El ministro Correa, en declaraciones a El Espectador, vinculó el problema presupuestal con recortes en los gastos de inversión aprobados por el presidente Gustavo Petro el 11 de junio. Correa también anunció su intención de proponer un fortalecimiento institucional para el Ministerio de Cultura, sugiriendo que se aumente el número de cargos de planta del ministerio para reducir la dependencia de contratistas y mejorar la gestión financiera.

El pasado 29 de julio, el ministro envió otro mensaje a los contratistas, en el que se disculpaba nuevamente y confirmaba que los pagos de julio también se verían retrasados. Aunque se prometió que los pagos se realizarían lo antes posible, la falta de una fecha concreta para la transferencia generó aún más descontento entre los afectados.

El ministro Correa vinculó la situación con un “cambio de cultura institucional” y explicó que los retrasos en los pagos son un problema histórico en Colombia. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar las preocupaciones de los contratistas, quienes ahora se enfrentan a la incertidumbre sobre sus ingresos futuros y la posibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo la seguridad social.

Por otra parte, el retraso en el PAC también ha afectado a otras entidades gubernamentales, como Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esta entidad emitió un comunicado alertando sobre problemas financieros debido a la falta de transferencia de recursos para los meses de junio y julio.

La situación no solo ha comprometido el pago de contratos, sino que también ha impactado otras áreas operativas, generando un desafío significativo para la gestión de recursos y cumplimiento de compromisos contractuales.