La sala destinada al juicio se ha convertido en uno de los principales focos de críticas por parte de los familiares de las víctimas, quienes denunciaron que el espacio no ofrece las condiciones básicas necesarias para un proceso judicial de tales dimensiones. La premura y el espacio reducido restringieron el acceso de muchas personas interesadas en seguir las audiencias. Según publicó el diario ‘Ta Nea’, los familiares tildaron la situación de “lamentable”, mientras gritaban y abucheaban, exigiendo respeto y mejores condiciones para el desarrollo del caso que consideran histórico. En paralelo, el tribunal a cargo, presidido por Georgia Stefanidou, determinó aplazar el inicio del juicio hasta el 1 de abril, apenas unas horas después de que comenzara en la ciudad de Larisa.

De acuerdo con la información difundida por ‘Ta Nea’ y recogida por el medio ‘Kathimerini’, la molestia de los familiares no solo respondía a cuestiones logísticas, sino también a la percepción de que las investigaciones y la instrucción del caso no han identificado a todos los responsables del accidente ferroviario ocurrido en Tempe en febrero de 2023, donde murieron 57 personas. Tras tres años de espera, la impaciencia creció durante la tensa vista, en la que varios asistentes denunciaron irregularidades y los abogados de las víctimas alertaron sobre supuestos “chantajes” y la posibilidad de vulnerar el derecho a un juicio justo.

Según informó ‘Ta Nea’, los representantes legales de las familias de las víctimas manifestaron su preocupación por la elección de una sala de dimensiones insuficientes, que impedía el acceso y la presencia adecuada de todos los interesados, en especial considerando la gran cantidad de testigos y encausados implicados en el proceso. Estas críticas llevaron a que numerosos asistentes alzaran la voz acusando de negligencia a las autoridades judiciales encargadas de organizar el juicio, reclamando mayor transparencia y condiciones adecuadas para llevar adelante las audiencias.

En este proceso están implicadas 36 personas, entre las que figuran responsables ferroviarios y empleados de la compañía nacional OSE. No se incluyó a figuras políticas en la lista de acusados. Según consignó el medio ‘Kathimerini’, de los implicados, 33 fueron imputados con el cargo de “interferencia peligrosa en el transporte ferroviario”, un delito que podría implicar penas de cadena perpetua. Los cargos se ampliaron para incluir, en ciertos casos, homicidio involuntario y negligencia.

El accidente ocurrido en Tempe involucró a un tren de pasajeros que circulaba entre Atenas y Salónica y fue desviado a una vía equivocada, lo que ocasionó una colisión frontal con un tren de mercancías. Esta maniobra, que según ‘Kathimerini’ recayó en el jefe de la estación de Larisa, figura como uno de los principales hechos analizados en el proceso judicial. A este empleado se suman otros dos jefes de estación acusados de abandonar sus puestos antes de concluir sus turnos, así como el responsable de inspección local de OSE.

En paralelo a este juicio, las autoridades mantienen abiertas otras investigaciones. Entre ellas destaca la dirigida contra el exministro de Transporte griego, Kostas Karamanlis, quien está bajo la mira por presunto incumplimiento de deber, de acuerdo con datos recabados por ‘Kathimerini’. Además, en Atenas dio inicio un proceso legal contra la Autoridad Nacional de Transparencia, institución a la que se atribuye un retraso significativo en la adopción de un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo era modernizar la red ferroviaria y los sistemas de control remoto en el país.

‘Ta Nea’ mencionó que dada la magnitud del caso, el juicio se perfila como extenso en duración. La cantidad de personas convocadas a declarar supera los 350 testigos, entre quienes se encuentran sobrevivientes, familiares de víctimas, funcionarios de sindicatos y ejecutivos de empresas ferroviarias. La complejidad del proceso quedó reflejada en la diversidad de implicados y el alcance de las imputaciones.

Las consecuencias del accidente de Tempe propiciaron protestas a gran escala a lo largo del país. Gran parte de la sociedad atribuyó la tragedia a décadas de descuido y falta de inversión en la infraestructura ferroviaria, según describió ‘Kathimerini’. Las movilizaciones ciudadanas reflejaron el descontento generalizado hacia la gestión del sector y la demanda de responsabilidades claras de parte de las autoridades y de la empresa operadora.

En síntesis, el inicio accidentado del juicio, pospuesto hasta el 1 de abril, ilustra las múltiples tensiones asociadas a la búsqueda de justicia para las víctimas del accidente ferroviario más grave en la historia de Grecia. Los reclamos por un proceso justo y transparente continúan, mientras la atención pública permanece centrada en el desarrollo de las causas judiciales y administrativas relacionadas con el suceso.

La investigación abierta contra el exministro de Transporte Kostas Karamanlis por presunto incumplimiento de deber se desarrolla en paralelo al inicio del juicio principal por el accidente ferroviario de Tempe, según consignó el diario griego Kathimerini. Los familiares de las víctimas continúan exigiendo responsabilidades a las autoridades y reclaman avances concretos en la determinación de quiénes fueron responsables si el accidente se debió a errores humanos, fallos sistémicos o la falta de modernización en la red ferroviaria.

De acuerdo con la información de Kathimerini, el juicio más amplio de Grecia comenzó este lunes en Larisa, donde 36 acusados enfrentan procedimientos legales a raíz de la colisión entre un tren de pasajeros y uno de mercancías el 28 de febrero de 2023, en la localidad de Tempe. El choque se cobró la vida de 57 personas y se posiciona como el incidente ferroviario más mortal que ha registrado el país. Las audiencias cuentan con la presencia de más de 350 personas convocadas a declarar, una cifra que incluye a supervivientes, familiares de las víctimas, sindicalistas, directivos empresariales y otros individuos considerados clave en el caso.

Según publicó Kathimerini, la tensión en torno al proceso judicial ha ido en aumento, con familiares y colectivos que muestran su insatisfacción por el desarrollo y los resultados de las pesquisas, argumentando que las investigaciones no han identificado o procesado todavía a los posibles responsables políticos del desastre. Entre los 36 acusados no figura ningún representante gubernamental o político. Del total, 33 enfrentan cargos por "interferir de forma peligrosa en el transporte ferroviario", una imputación que puede derivar en una condena de cadena perpetua. Otros involucrados tienen cargos adicionales por homicidio involuntario y negligencia.

Dentro del grupo de acusados, destaca el jefe de la estación de Larisa, señalado como principal responsable por ordenar el desvío de un tren de pasajeros hacia una vía ocupada, lo que derivó en el choque frontal con el tren de carga. También han sido encausados dos jefes de estación más, quienes habrían abandonado sus puestos antes de cumplir con su turno, y el responsable de inspección local de la compañía ferroviaria nacional (OSE) por posibles omisiones en el control y supervisión de la seguridad.

Como contexto, la tragedia oprimió el ánimo de la opinión pública griega y suscitó masivas protestas, según Kathimerini, pues diversos sectores sociales atribuyeron el siniestro a décadas de falta de inversiones en infraestructura ferroviaria y demoras en la ejecución de mejoras técnicas. El tren de pasajeros accidentado operaba la ruta entre Atenas y Salónica cuando ocurrió la colisión, unas circunstancias que aumentaron el debate público sobre el estado de la red y la seguridad en los viajes.

En paralelo al juicio principal, las autoridades han iniciado procedimientos judiciales en Atenas contra la Autoridad Nacional de Transparencia por supuestos retrasos en la aplicación de un programa financiado por la Unión Europea, destinado a renovar los sistemas de control remoto y mejorar la seguridad ferroviaria. Según Kathimerini, esta vía judicial fue impulsada tras constatar demoras significativas en la modernización de la red nacional de ferrocarriles, un elemento que, para muchos, estaría vinculado de manera directa con las condiciones en las que se produjo el accidente.

Las sesiones en Larisa se prevén extensas debido a la cantidad de implicados y testigos. Entre quienes han sido llamados a declarar figuran, además de víctimas y familiares, miembros de sindicatos y ejecutivos de compañías relacionadas con la gestión y operación ferroviaria. La magnitud del proceso judicial refleja la complejidad del caso, en el que se entrelazan cuestiones técnicas, laborales y de administración pública.

Tal como reportó Kathimerini, la presión social y mediática en torno al juicio mantiene el foco en las posibles responsabilidades tanto individuales como institucionales. La investigación se perfila como determinante para evaluar la actuación de los involucrados y establecer la responsabilidad ante uno de los episodios más trágicos del sector ferroviario en Grecia. Las resoluciones que surjan de estos procesos judiciales resultarán determinantes para el futuro de la red de trenes y la confianza de la población en las instituciones encargadas de velar por la seguridad del transporte público.

Buena parte del sur de Uruguay está bajo una emergencia agropecuaria porque acumula, desde hace meses, una falta de lluvia que provocó una sequía en el país. El Ministerio de Ganadería ha tomado medidas de apoyo para los productores más chicos, al tiempo que estos advierten por grandes pérdidas para algunos cultivos.

La crisis también afecta el consumo humano: OSE, la empresa pública encargada del suministro de agua potable, informó este miércoles que el déficit hídrico provocó una reducción de las reservas de agua dulce y problemas de abastecimiento de agua potable en algunas ciudades.

OSE ahora maneja los caudales del río con el objetivo de estirar al máximo posible las reservas, informó este martes El Observador. La represa de Paso Severino, una de las principales fuentes de agua potable para Montevideo y alrededores, tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos en total, pero este lunes tenía cerca de la mitad. Hasta el 3 de febrero, en tanto, las reservas estaban en 46,8 millones de metros cúbicos.

El consumo promedio por estos días estuvo en 630 millones de metros cúbicos.

A esta cantidad de agua disponible se le debe sumar lo que hay en Canelón Grande, que tiene un menor tamaño y también nutre a la capital de Uruguay y el área metropolitana. Pero el ente público no informa la cantidad de reservas en metros cúbicos de esta represa.

¿Qué estrategias ha seguido la empresa para mejorar los caudales de agua? Según el artículo de este medio, en febrero OSE aumentó el trasvase de agua bruta desde aguas abajo de Aguas Corrientes para mantener las reservas en Paso Severino. Pero esto tuvo otra consecuencia: los valores de trihalometanos estuvieron por encima del máximo permitido. Esto podría mantenerse hasta que haya precipitaciones significativas en el país.

Un informe del Instituto Uruguay de Meteorología (Inumet) publicado este lunes concluyó que hubo falta de lluvias en “gran parte del país”, con la “excepción” del norte. “Los desvíos más significativos se registraron al suroeste, oeste y parte del sureste del país, alcanzando desvíos entre -80% y -60% en varias regiones”, dice el informe citado por El Observador.

“Se vienen observando desvíos negativos desde hace varios meses consecutivos a lo largo del 2025, principalmente al sur del Río Negro”, señala.

Un grupo que monitorea la situación concluyó que en los últimos meses los valores negativos de lluvias en el sur del país indicaron “condiciones ligeramente secas y muy secas”. Y proyectan que se podría llegar a la categoría “extremadamente seca”.

Reservas de agua dulce reducidas

OSE informó este martes que el déficit hídrico que se registró en la zona centro-sur del país está generando una reducción en las reservas de las fuentes de abastecimiento de agua potable en las ciudades de Minas y Solís de Mataojo, en el sureste del país. De todas maneras, el servicio se mantenía con normalidad en estas localidades hasta este martes.

“La persistente falta de precipitaciones provocó un descenso sostenido en los cursos de agua y embalses que funcionan como fuente de suministro”, dice el comunicado publicado por la empresa estatal este martes.

La medida implica una reducción de la presión del agua que sale de los grifos.

Ante este escenario, el ente informó que se implementaron “ajustes operativos” como la “regulación de presiones, con el objetivo de preservar las reservas disponibles”.

“En este contexto, OSE exhorta a la población a realizar un uso responsable del recurso, evitando consumos no esenciales como el lavado de veredas, patios y vehículos, el riego y el llenado de piscinas. La reducción del consumo resulta fundamental para contribuir a la preservación de las reservas y sostener el abastecimiento mientras persistan las actuales condiciones climáticas”, agrega el texto.

Además, OSE informó que continuará monitoreando la situación y que tomará las medidas que sean necesarias.

Los productores agropecuarios de Uruguay se quejan de la falta de lluvias que se registra desde hace meses en el país, que ha provocado un déficit hídrico en los departamentos del sur del país. El agro se queja de la sequía y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha activado una serie de medidas para hacer frente a la situación. Pero el panorama hacia futuro es incierto. Y hasta se podría considerar pesimista porque no asoman lluvias en el horizonte y se prevén jornadas de calor.

A este panorama para el campo, se le suma otro factor para el consumo humano de agua. La represa de Paso Severino, que es una de las fuentes principales para Montevideo y el área metropolitana, ha reducido su capacidad, según informó el diario uruguayo El País. El artículo periodístico concluye que el escenario a futuro es poco alentador. ¿Por qué?

Las mediciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) así lo marcan.

“Hay una gran incertidumbre porque las tendencias no están siendo claras”, dijo a ese medio Guadalupe Tiscornia, directora técnica del INIA. El último informe que tiene este instituto concluyó que hay mayores probabilidades de lluvias por debajo de lo normal en todo el país, y un 50% de probabilidades de temperaturas por encima de lo normal en todo el territorio uruguayo.

El fin de semana del 10 de enero se registraron precipitaciones en el país que dieron un “alivio” a los productores, pero esto no revirtió el escenario de sequía que existe en Uruguay. “En el sur prácticamente no ha llovido” desde ese fin de semana, repasó Tiscornia.

Esta falta de lluvias deriva en que haya poca agua disponible en el suelo. Y esto, a su vez, es una situación que se extiende desde octubre.

El escenario es “preocupante”, resumió Tiscornia en sus declaraciones a El País.

Las tendencias climáticas que desarrolla Inumet, que van de febrero a abril, prevé que la temperatura media esté “entre normal y por encima de lo normal en todo el país”. Y, a su vez, estimó un 40% de probabilidad de que la temperatura esté por encima de lo normal. El mismo porcentaje adjudicó a “normal” y un 20% estimó que estará por debajo.

Para muchos uruguayos todavía está latente el recuerdo de 2023, cuando una fuerte sequía provocó que el agua que salía de los grifos de Montevideo sea salada. Ese déficit hídrico también provocó pérdidas millonarias para el sector agropecuario. Sin embargo, repetir ese escenario aún parece algo lejano: esa histórica sequía se dio tras tres años de falta de lluvias.

Pero las reservas de agua dulce se reducen. Paso Severino es una de las represas de las que se nutre la planta potabilizadora Aguas Corrientes, que se encarga de abastecer de agua potable a Montevideo y sus alrededores. Esa reserva redujo un 10% su capacidad en lo que va del año, según los datos de OSE, la empresa pública encargada del suministro de agua. La información fue citada en el artículo de El País.

A principios de año, Paso Severino contaba con una reserva de 51,7 millones de metros cúbicos y hubo una alta demanda por el calor. El martes, esa cantidad se había reducido a 43 millones de metros cúbicos. La pérdida fue de ocho millones de metros cúbicos.

La represa de Canelón Grande, que también nutre el sistema de Aguas Corrientes, también redujo la cantidad.

Y esta reducción de las reservas convive con un aumento de la demanda de agua potable en Montevideo y los alrededores. De todas maneras, los jerarcas del gobierno señalan que un escenario como el de 2023 no está previsto.

OSE, la empresa pública encargada del suministro de agua potable, pidió disculpas por esta situación y aseguró que, pese al color, el agua que sale de la canilla es apta para el consumo humano.

Según informó el diario uruguayo El País, el color amarillento del agua fluye desde la semana pasada en varios barrios de Montevideo y zonas aledañas. Y esto derivó en múltiples quejas de los usuarios que publicaron videos, como los que se comparten en esta nota de Infobae, y también fotos.

La empresa pública, mientras tanto, insiste desde hace casi una semana con que el agua se mantuvo siempre dentro de los parámetros de la normativa vigente, pese a los cambios de color y sabor, tras las lluvias de hace dos semanas. OSE detectó “materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de los valores habituales en el agua bruta” que se potabiliza desde la planta de Aguas Corrientes, que sirve del recurso a la capital y el área metropolitana (lo que incluye el departamento de Canelones).

Tanto el presidente de OSE, Pablo Ferreri, como el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, declararon que el agua que sale de las canillas de Uruguay es potable.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), en tanto, recibió informes de OSE desde que notificó a la ciudadanía el jueves pasado de modificaciones en el agua distribuida. Esta semana, en tanto, encomendó nuevos estudios que confirmaron que el agua se ubica dentro de la normativa vigente, según los informes técnicos consignados por el diario uruguayo.

La explicación que le dio OSE a la Ursea y al Ministerio de Salud Pública fue que un “evento puntual” afectaba al sistema de abastecimiento del agua metropolitana, por un color aparente del agua “mayor al habitual” y un saber “no característico”. El llamado color aparente es aquel que incluye turbiedad, al tiempo que el denominado color verdadero se obtiene al quitar la turbiedad.

Este miércoles, el presidente de OSE habló públicamente de este tema. En diálogo con el noticiero Telemundo de Canal 12 explicó las razones por las cuales en los últimos días el agua presentó problemas de color, color y sabor en algunas zonas de Montevideo.

Detalló que el problema se concentró en el oeste de la capital uruguaya.

“La explicación se remonta a varios meses atrás. Tuvimos una primavera muy seca y seguimos con un verano también con lluvias por debajo del promedio histórico de precipitaciones”, dijo Ferreri. Este déficit hídrico provoca que los suelos estén extremadamente secos, lo que afecta el escurrimiento del agua hacia los cursos naturales.

“Las condiciones de escurrimiento del agua, debido a lo seco que están los suelos, son las peores de los últimos 45 años”, expresó Ferreri. Fue en este contexto que explicó que la última lluvia importante ocurrida en el país fue absorbida en su totalidad por la tierra y dejó “bastante más sedimento y materia orgánica” hacia el río.

“Eso hizo que tuviéramos problemas de olor, de sabor y de color. Problemas que se fueron solucionando”, señaló el presidente de la empresa estatal uruguaya. Agregó que primero se resolvieron los inconvenientes vinculados al olor y al sabor, para luego comenzar a solucionar los aspectos vinculados con el olor.

Ferreri insistió con que el agua que sale de los grifos “cumple con los parámetros”, de acuerdo a los análisis de laboratorios. “Si el agua sale con un color como el que estaba saliendo, no es agradable. Y por lo tanto, lo que corresponde es pedir disculpas”, finalizó.

Uruguay cerró el año con algunas alarmas encendidas por la falta de lluvia que hubo en los últimos meses en el sur del país. Hubo pedidos al Ministerio de Ganadería para que decretara la emergencia agropecuaria por el déficit hídrico al tiempo que OSE –la empresa estatal encargada del suministro de agua potable– publicó una serie de recomendaciones para preservar el uso del recurso.

Para muchos, el recuerdo de la sequía que hubo en 2023 todavía está latente: por algunas semanas, el agua que salía de los grifos era salada y las reservas escaseaban. Pero este panorama, al menos por ahora, está lejos de repetirse.

El calor de los últimos días del año provocaron que OSE llevara al máximo la producción de su planta de Aguas Corrientes, la que se encargaba de abastecer con agua potable a Montevideo y sus alrededores. Además, se debieron utilizar las reservas de Paso Severino y Canelón Grande, que vienen disminuyendo paulatinamente, informó el diario uruguayo El Observador. Hubo también reuniones de evaluación entre distintos organismos estatales para ver qué se viene a futuro.

Los registros en estos dos lugares son similares a los de 2022, el año en el que inició la crisis hídrica más grande que tuvo Uruguay en 70 años. Sin embargo, las perspectivas son diferentes porque el déficit de lluvias acumulado es menor y se proyecta que el futuro sea más optimista.

“Hacia febrero de 2026, los escenarios indican una mayor probabilidad de retorno a condiciones dentro del rango normal. Sin embargo, no se descarta la continuidad de déficits en áreas críticas, especialmente en la cuenca del río Santa Lucía y en los ríos que drenan hacia el Océano Atlántico”, dice uno de los informes realizados por OSE y otros organismos del Estado.

A su vez, se espera que las precipitaciones acumuladas entre diciembre y febrero se ubiquen entre “valores normales y por debajo de lo normal”.

“El escenario más probable es la persistencia de caudales por debajo de lo normal durante diciembre, con un aumento progresivo de la probabilidad de condiciones normales hacia el final del verano. Aun así, varios sectores del país –especialmente el este, sureste y la cuenca del Santa Lucía– mantienen riesgo de continuar en condiciones deficitarias”, agrega el informe citado por El Observador.

En una línea similar se expresó la semana pasada Guadalupe Tiscornia, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Si bien la situación es crítica, está lejos de reeditar lo que sucedió en 2023. Ese año el país afrontó el mayor déficit hídrico de los últimos 76 años.

“Puede ser que en enero llueva menos de lo esperado, pero que esa poca lluvia caiga en momentos clave de los cultivos o de las pasturas. Si es así, el impacto no es tan grande”, señaló Tiscornia. El norte del país está con un nivel bueno de agua en el suelo, pero la región sur tiene “valores bastante bajos”, describió. Este escenario se registra desde octubre.

Ante los pedidos de declaración de la emergencia agropecuaria, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo días atrás al noticiero Telenoche de Canal 4 que esta definición no se puede tomar “al grito”. Señaló que una de las herramientas que tienen los productores es el Fondo Agropecuario, pero advirtió: “Está sin un solo peso. No quedó un peso del período pasado y si se activa hay que hablar con el Ministerio de Economía”.

Las recomendaciones de OSE para cuidar el agua

1. No utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas
2. Utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos
3. Realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada
4. Uso moderado de lavarropas y lavavajillas
5. Minimizar el llenado de piscinas

Un recuerdo todavía presente en los uruguayos es el déficit hídrico de 2023: las reservas de agua dulce eran escasas en el país y la que salía de los grifos en Montevideo y sus alrededores era salada. El gobierno de Luis Lacalle Pou advertía que el país estaba a pocos días de quedarse sin agua potable y apuraba medidas paliativas para atravesar la peor etapa. Para el agro, la sequía dejó pérdidas de cerca del 3% del PIB.

Aunque todavía lejos de esa crisis –que fue la peor en 70 años en Uruguay– la falta de lluvias que se registra en el sur del país en los últimos meses enciende las alarmas en el agro. También ha generado que OSE, la empresa estatal encargada del suministro de agua, haya definido tomar medidas paliativas y emitir recomendaciones a la población.

“OSE comenzó a implementar medidas preventivas de preparación del sistema, ante un escenario caracterizado por precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de los valores medios en la zona sur”, dice el comunicado que la empresa estatal emitió este martes.

Estas medidas preventivas se dan en el marco de un protocolo de sequías, que define indicadores, umbrales y acciones a aplicar en los distintos estados del sistema. Tiene un “enfoque preventivo y de gestión anticipada”.

Esta advertencia ha motivado reuniones entre OSE, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la Dirección Nacional de Agua del Ministerio de Ambiente, que en conjunto resolvieron activar medidas de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable, además de emitir recomendaciones a la población sobre este caso.

“Las acciones que se vienen desarrollando de forma progresiva incluyen el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia, entre otras medidas”, dice el comunicado.

Las recomendaciones para cuidar el agua

1. No utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas
2. Utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos
3. Realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada
4. Uso moderado de lavarropas y lavavajillas
5. Minimizar el llenado de piscinas

Un país partido en dos por el agua

“Lo que vemos ahora es un país partido en dos”, dijo Guadalupe Tiscornia, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), al hablar sobre esta situación en canal 12. El norte del país está con un nivel bueno de agua en el suelo, pero la región sur tiene “valores bastante bajos”, describió. Este escenario se registra desde octubre.

“Lo que está pasando es que los suelos no están con buena cantidad de agua. Entonces, la vegetación no tiene agua de dónde sacar. A esto se le suman las altas temperaturas. En la región sur, particularmente, hubo eventos de vientos. Esta es la peor combinación: altas temperaturas, bajo contenido de agua y viento hacen que la vegetación evapotranspira más”, explicó la técnica.

Si bien la situación es crítica, está lejos de reeditar lo que sucedió en 2023. Ese año el país afrontó el mayor déficit hídrico de los últimos 76 años.

“Puede ser que en enero llueva menos de lo esperado, pero que esa poca lluvia caiga en momentos clave de los cultivos o de las pasturas. Si es así, el impacto no es tan grande”, señaló Tiscornia.

Esta crisis también tiene repercusiones políticas. El senador Sebastián Da Silva, del opositor Partido Nacional, se comunicó días atrás con el viceministro de Ganadería, Matías Carámbula para pedirle que declare la emergencia agropecuaria para el este del país. En particular, para Canelones, Maldonado y Rocha.

“Entrar a enero con esta falta de pasto era inesperado, pero no hay nada de comida”, escribió el senador en la red social X.

El gobierno de Yamandú Orsi anunció la construcción de una planta potabilizadora de agua en Aguas Corrientes –sobre el Río Santa Lucía– y otra en Solís Chico, en la zona de los balnearios de la costa de Canelones.

La decisión muestra un cambio de rumbo respecto a una megaobra impulsada durante la gestión del ex presidente Luis Lacalle Pou, quien promovía la construcción de una planta pero sobre el Río de la Plata, con el argumento de que ese curso le daría a Uruguay una fuente inagotable de agua.

El proyecto que el gobierno descartó era el Neptuno, que preveía la construcción de una toma de agua en la zona de Arazatí (en el departamento de San José, a 100 kilómetros de Montevideo). La concreción de este proyecto fue una de las polémicas de la transición entre el centroderechista Lacalle Pou y el centroizquierdista Orsi. El gobierno saliente firmó un contrato con el consorcio internacional Aguas de Montevideo a poco más de un mes de entregar el poder, algo que fue cuestionado por las autoridades entrantes.

Por eso, tras asumir el 1° de marzo, el gobierno de Orsi puso como prioridad la renegociación de este contrato y estableció la suspensión de ejecución durante 90 días. El proyecto había recibido críticas desde la academia, de la sociedad civil y desde el Frente Amplio.

Ese plazo vencía esta semana y, por eso, el gobierno apuró una serie de reuniones para anunciar un cambio en el contrato, que le permita evitar multas por incumplimientos. Encontrar una fuente alternativa para tomar agua se convirtió en uno de los temas centrales de la discusión en Uruguay porque todavía está fresco el antecedente de 2023: la grave sequía que atravesó Uruguay provocó que durante algunas semanas el agua saliera salada de los grifos.

El secretario de Presidencia (jefe de gabinete), Alejandro Sánchez, anunció el nuevo acuerdo el viernes en una conferencia de prensa, de la que también participó un representante del consorcio privado, compuesto por Berkes, Saceem, Cimsa y Fast.

El nuevo plan prevé la construcción de una potabilizadora en Aguas Corrientes, a 55 kilómetros de Montevideo y donde OSE –la empresa estatal encargada del suministro de agua– ya tiene otra planta, que permitirá inyectar al sistema capitalino unos 200 mil metros cúbicos de agua. Además, se construirá una reserva de agua bruta en el arroyo Solís Chico (en la costa de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo) y una “pequeña potabilizadora” –como la definió Sánchez– en esa zona.

Con estas obras, el gobierno asegura que soluciona el abastecimiento de agua potable hasta el 2045.

Sánchez argumentó que, con estas obras, se logra “abaratar” en un tercio el costo original del proyecto, que para el Estado ascendía a unos USD 900 millones.

Sánchez también informó que la gestión del agua estará a cargo de OSE, algo que busca evitar cualquier discusión constitucional sobre la propuesta.

Alejandro Ruibal, el representante del consorcio, destacó en la conferencia de prensa que este conjunto de obras “mejoran la seguridad del sistema de suministro de agua potable a la red metropolitana”. “Lo que tenemos que hacer ahora es rematar esto y empezar a trabajar y a generar los empleos que este tipo de obras tiene que generar”, dijo en la conferencia de prensa.

Otra de las obras de agua potable que proyecta el gobierno es la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida. Esta propuesta no está contemplada en la renegociación del contrato, pero el ahorro que logró en este plan le permitirá impulsar esta obra.

El anuncio motivó que el ex presidente Luis Lacalle Pou reaparezca públicamente para expresarse sobre este asunto, algo que prácticamente no ha hecho desde que dejó el poder. En la red social X, el ex mandatario expresó que la decisión que tomó el gobierno es “netamente política y técnicamente desacertada”.

“Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos. La responsabilidad es del presidente Yamandú Orsi y su equipo”, escribió Lacalle Pou.

El gobierno de Yamandú Orsi decidió dejar sin efecto la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí (departamento de San José, a 100 kilómetros de Montevideo), sobre el Río de la Plata, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. La decisión del Poder Ejecutivo fue comunicada el miércoles por la tarde al consorcio Aguas de Montevideo, que iba a llevar adelante la obra. El gobierno busca nuevas alternativas para ampliar el abastecimiento de agua potable en la capital del país, que en 2023 tuvo serios problemas.

La construcción de una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata fue promovida por el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025), que consideraba que esa opción le daría a Uruguay una fuente inagotable del recurso. Pero la propuesta era cuestionada por el Frente Amplio, la coalición de izquierda opositora durante ese período, y por varias organizaciones sociales.

La concreción de esta megaobra se transformó en una de las políticas de la transición entre el gobierno de Orsi y el de Lacalle Pou. A falta de poco más de un mes para el traspaso de la banda presidencial entre ambos, se concretó la firma entre el Estado uruguayo y un consorcio internacional por el Proyecto Neptuno, como se le llamó al plan para Arazatí.

La renegociación de este contrato se convirtió en una de las prioridades del gobierno que asumió el 1° de marzo.

El Proyecto Neptuno fue una idea presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y proponía la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y la tubería.

La propuesta implicaba que OSE –la empresa estatal encargada del suministro de agua– pagara unos USD 50 millones anuales durante 17 años y medio, lo que sumaba unos USD 900 millones.

Pero, con esta posibilidad descartada –al menos para un mediano plazo–, el gobierno busca otras alternativas. En el sistema político hay consenso en que es necesario hacer una obra para solucionar el abastecimiento del agua potable de Montevideo y el área metropolitana. El antecedente de 2023 todavía está fresco: la grave sequía que atravesó Uruguay provocó que durante algunas semanas el agua saliera salada de los grifos.

El gobierno de Orsi definió, por tanto, construir una nueva planta pero en Aguas Corrientes, donde OSE ya tiene otra represa que abastece a la capital. En este caso, está sobre el Río Santa Lucía Chico. La idea planteada es que el consorcio Aguas de Montevideo se haga cargo de esta nueva obra.

Aguas Corrientes es una localidad situada a 56 kilómetros de Montevideo y allí está la planta de agua potable que abastece el área metropolitana uruguaya desde fines del siglo XIX. Según informó El Observador, el gobierno pretende generar allí una nueva estructura que tome y potabilice unos 200 mil metros cúbicos de agua por día. Desde ese lugar, serían transportados por una red aductora hasta Cuchilla Pereira, desde donde hoy se bombea el recurso que llega a los hogares capitalinos.

En el gobierno también entienden que deben realizarse otras obras adicionales sobre el arroyo Solís Chico, hacia el este de Montevideo, para abastecer la Costa de Oro. Esta es una zona cuya población ha crecido en el último tiempo. Para este lugar, se proyecta una pequeña represa y una planta a menor escala para el tratamiento de agua potable.

Tras el encuentro de este miércoles, el consorcio privado quedó de analizar la propuesta, consignó ese medio uruguayo. Sin embargo, los empresarios transmitieron que el planteo del Poder Ejecutivo está en una zona de común acuerdo y que es posible que haya humo blanco.

Otra de las obras de agua potable que proyecta el gobierno es la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida. Este plan no está contemplado, al menos de manera inicial, en la propuesta presentada al consorcio internacional.

Durante cuatro horas, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estuvo reunido con su Consejo de Ministros, en el primer encuentro que mantuvo con ellos desde que asumió el cargo. El mandatario escuchó en ese ámbito las prioridades de cada una de las carteras y, al terminar, en una rueda de prensa marcó los ejes programáticos para los próximos meses.

Una de las prioridades de corto plazo la administración de Orsi es renegociar el contrato con el consorcio internacional que ganó la licitación para construir una megaobra para mejorar el suministro del agua potable.

La firma entre el Estado uruguayo y el consorcio internacional se concretó a fines de enero, a falta de algo más de un mes para que termine el mandato de Lacalle Pou. El Proyecto Neptuno está pensado para Arazatí (departamento de San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería.

El proceso estuvo lleno de idas y vueltas porque, a las críticas del Frente Amplio, se le sumaron el rechazo de movimientos sociales. Además, hubo una decisión judicial –que fue desestimada por un Tribunal de Apelaciones– que hizo detener por un tiempo la firma del contrato. El argumento de los recursos judiciales presentados es que la Constitución uruguaya establece que el suministro del agua debe ser realizado por el Estado.

Desde antes de asumir, el gobierno de Orsi se había mostrado dispuesto a cambiar ese contrato. Este lunes, Orsi anunció que se abrirá un “ámbito de negociación” con los representantes de las empresas. “Tenemos que ver de qué forma, con lo que está establecido en un contrato, podemos renegociar este compromiso. El Uruguay tiene que cumplir con sus obligaciones”, dijo el mandatario uruguayo.

“Hoy lo que decimos es: hay que sentarse a renegociar esto. La idea es en 90 días tener un acuerdo”, señaló el presidente uruguayo.

El gobierno, por tanto, se compromete a cumplir con un contrato cuyo incumplimiento podría derivar en arbitrajes internacionales millonarios. Pero sobre la mesa también tiene varias alternativas que deberían cuantificarse en conjunto, según informó el diario El País. Uno de los costos más grandes que tiene el plan es la construcción de un pólder, que es una reserva de agua bruta para utilizar en momentos en los que el agua tiene alta salinidad.

En el memorando de entendimiento que acompaña el contrato firmado hay cuatro posibles cambios al plan del consorcio: llevar la toma a 84 kilómetros de Arazatí, eliminar el pólder donde se guardaría el agua para los días en los que haya mucha salinidad, reducir ese pólder (y los días de agua salada apoyarse en otras reservas) o contar con un nuevo embalse.

A estas opciones se le suman otras alternativas que manejan en el gobierno de Orsi. Lo que analizan las autoridades es que la toma de agua se dé en otro punto. Riachuelo es una de las alternativas y también Juan Lacaze, una localidad del departamento de Colonia.

En el contrato también están establecidas algunas condiciones para la renegociación. Las modificaciones no se pueden realizar en los primeros 12 meses desde su firma. Por otro lado, todo cambio al proyecto inicial no puede implicar un costo que supere el 50% del presupuesto en caso de que sea por acuerdo mutuo o un 20% cuando sea solo a iniciativa del gobierno.

Esta espera de un año, según El País, le da margen al gobierno para evaluar sin apuro las alternativas que tiene sobre la mesa.

El suministro de agua potable en Uruguay estuvo en 2023 seriamente comprometido. El líquido comenzó a salir salado de los grifos y el Gobierno inició una cuenta regresiva sobre los días que faltaban para que el recurso excediera los niveles de cloro aptos para el consumo humano. También hubo que apurar medidas paliativas para encontrar otras reservas de agua dulce. Y, una vez solucionado el problema, quedó resonando una pregunta: ¿cuál es la solución de fondo?

La respuesta a esa pregunta tiene diferente respuesta según la campana que se escuche. En 2019, el presidente Tabaré Vázquez le había presentado a su sucesor, Luis Lacalle Pou, la propuesta de construir una represa en el pueblo Casupá, sobre el Río Santa Lucía. Pero el gobierno del actual mandatario prefirió ir por una megaobra sobre el Río de la Plata.

Se trata del Proyecto Neptuno, en Arazatí (San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería.

El proyecto se postergó durante la gestión de Lacalle Pou y quedó relegado hacia el final. Este jueves 23 se concretó la firma entre el Poder Ejecutivo y el grupo de privados. Fue una jugada polémica: en noviembre, el Frente Amplio ganó las elecciones y el 1° de marzo asumirá Yamandú Orsi la Presidencia. Y el gobierno electo ha planteado sus reparos a este proyecto.

La Presidencia comunicó por la tarde esta decisión. “Se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”, justifica el gobierno saliente en el comunicado.

El proceso estuvo lleno de idas y vueltas porque, a las críticas de la actual oposición (que en marzo pasa a ser oficialismo), se le suma el rechazo de movimientos sociales. Además, hubo una decisión judicial –que fue desestimada por un Tribunal de Apelaciones– que hizo detener por un tiempo la firma del contrato. El argumento de los recursos judiciales presentados es que la Constitución uruguaya establece que el suministro del agua debe ser realizado por el Estado.

Pero lo cierto es que el gobierno siguió adelante con el proyecto y aseguró haber cumplido con todos los pasos técnicos y ambientales requeridos.

En el comunicado, el Poder Ejecutivo recordó la sequía que casi deja sin agua potable a la capital uruguaya. “Conviene recordar la crisis hídrica que afectó al país en el 2023 y su impacto en la calidad del agua. El proyecto Arazatí garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y en el área metropolitana”, argumentó.

La decisión fue cuestionada por el presidente electo. En una conferencia de prensa, Yamandú Orsi señaló que le pareció inoportuno que se firmara el contrato.

“Hoy de mañana (por el jueves) le transmití al presidente de la República, le mandé una nota, con mi posición concreta. Tiene que ver con la discrepancia en el sentido de la oportunidad de que se firme. Hay un tema de contenido y ahí nosotros hemos planteado cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, que se firme faltando tan poco para un cambio de gobierno”, señaló.

Orsi dijo que se analizará en un futuro “qué es lo que establece” el contrato y cuán “amplio” es ese “márgen de flexibilidad” que está establecido.

(Desde Montevideo, Uruguay) - Cuando durante algunas semanas de 2023 el suministro del agua potable en Uruguay estaba comprometido, la administración de Luis Lacalle Pou tomó una serie de medidas paliativas para solucionar el problema de manera transitoria. Pero el argumento principal del gobierno para responder a los cuestionamientos era que se estaba buscando una solución de fondo: tomar agua del Río de la Plata para abastecerse del principal recurso natural.

Esta idea se denomina Proyecto Neptuno y se trata de una iniciativa privada del consorcio Aguas de Montevideo. Propone la instalación de una planta potabilizadora en el balneario Arazatí (San José), a 92 kilómetros de la capital uruguaya, una estación de bombeo y una tubería aductora hasta Montevideo.

Pero este proyecto, uno de los más ambiciosos de la gestión de Lacalle Pou, tuvo un freno en la Justicia.

La empresa que debe suscribir el contrato con Aguas de Montevideo es OSE, la estatal encargada del suministro de agua. Sin embargo, el juez Alejandro Recarey ordenó a la compañía a no suscribir el contrato. La sentencia responde a una demanda que había sido presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y por la organización de vecinos Tucu Tucu, que apuntaba contra el Ministerio de Ambiente, OSE y el Ministerio de Salud Pública.

La demanda plantea que si se le da luz verde a este proyecto se viola la Constitución ya que su artículo 47 establece que el “servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Aguas de Montevideo, la empresa que presentó el proyecto y luego ganó la licitación, está integrada por cuatro empresas privadas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast).

Según la sentencia, informada por El Observador, el proyecto propone que será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura de la toma de agua del Río de la Plata y hará su potabilización para luego entregársela a OSE. “De modo que la tarea de despeje jurídico pertinente para definir fases de la producción de agua quedan incluidas en ‘abastecimiento’”, dice la sentencia.

El juez Recarey dio lugar a la solicitud de los demandantes aclarando que se trata de una medida cautelar que no se expresa sobre el fondo del asunto.

“Se dispondrá la admisión de la medida cautelar porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable. Es una infracción constitucional”, agrega el fallo.

El nombre del juez ha estado vinculado a otras decisiones cuestionadas por el gobierno. En julio de 2022, por ejemplo, accedió a un recurso de amparo presentado por movimientos antivacunas que obligó a suspender la vacunación contra el covid-19 en niños menores de 13 años. Por esta decisión, fue separado del cargo por la Suprema Corte de Justicia.

Tanto OSE como los ministerios de Ambiente y Salud Pública decidieron apelar la decisión judicial.

En un comunicado, OSE defendió el proyecto al afirmar que garantizaría “un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana”, como lo es el acceso al agua potable. La empresa pública recuerda que está prevista la construcción de infraestructura para potabilizar el agua, independientemente de fenómenos climáticos adversos y problemas técnicos”.

“Se trata de un compromiso de este gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace muchos años, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país”, dice el comunicado.

OSE destaca que esta inversión es la más grande del área en los últimos 150 años.