La costarricense Rebeca Grynspan amplió su ventaja en la carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras obtener 12 votos a favor y tres en contra en el octavo sondeo no vinculante del Consejo de Seguridad, mientras que el argentino Rafael Grossi volvió a ocupar el segundo lugar, con nueve apoyos. El resultado dejó en una posición rezagada al turco Feridun Sinirlioğlu, quien recibió apenas tres votos favorables en su primera participación en el proceso.

El Consejo de Seguridad celebró este viernes una nueva ronda de consultas para evaluar a los aspirantes a suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato al frente del organismo internacional concluirá a finales de este año. El procedimiento, conocido como straw poll, consiste en una votación informal y no vinculante que permite medir el respaldo de los integrantes del órgano a cada candidatura antes de avanzar hacia una decisión.

En esta oportunidad, el Consejo volvió a utilizar el sistema de papeletas del mismo color para todos sus miembros. Esta modalidad impide distinguir si alguno de los cinco países con derecho a veto —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— manifestó su rechazo a un aspirante, un dato relevante para determinar las posibilidades de cada candidato de avanzar en el proceso.

El cambio respondió a la incorporación de Feridun Sinirlioğlu a la competencia. La candidatura del actual presidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), presentada la semana pasada, llevó al Consejo de Seguridad a reiniciar el procedimiento y modificar nuevamente el sistema de votación.

Sinirlioğlu obtuvo tres votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, además de dos papeletas sin opinión, según los resultados difundidos por el portal PassBlue. Su ingreso a la contienda no modificó el liderazgo de Grynspan, que consiguió el mayor respaldo entre los aspirantes evaluados.

La representante de Costa Rica recibió 12 votos favorables y tres desfavorables, una cifra que le permitió ampliar su ventaja respecto de sus competidores. Su desempeño la mantiene al frente de las preferencias del Consejo de Seguridad, aunque el mecanismo todavía no determina quién será finalmente propuesto para ocupar el máximo cargo de la organización.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), volvió a quedar en segundo lugar, con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos sin opinión. El resultado fue idéntico al que había obtenido en el sondeo anterior, por lo que mantuvo el respaldo registrado en la ronda previa sin sumar nuevos apoyos.

En tercer lugar quedó la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett, embajadora de su país ante Naciones Unidas, con ocho votos favorables, cinco negativos y dos sin opinión. Su candidatura había compartido los primeros puestos con Grynspan durante las rondas iniciales, pero perdió terreno en las consultas posteriores.

La emiratí Lana Nusseibeh volvió a ocupar el cuarto puesto en su segundo sondeo. La representante de Emiratos Árabes Unidos consiguió siete votos a favor, seis en contra y dos sin opinión, cifras que la mantuvieron por detrás de Grynspan, Grossi y Rodrigues Birkett.

Más abajo quedaron el ugandés Olara Otonnu, con cuatro votos favorables, nueve negativos y dos sin opinión, y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que obtuvo tres apoyos, diez rechazos y dos papeletas sin opinión.

La otra candidata ecuatoriana, Ivonne Baki, cerró la clasificación con un solo voto a favor y 14 en contra. Su resultado la dejó como la aspirante con menor respaldo en esta octava consulta.

Los resultados reflejan las posiciones de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, pero no constituyen una elección ni determinan automáticamente quién ocupará el cargo. El procedimiento busca identificar a los aspirantes con mayores posibilidades de conseguir el respaldo necesario para avanzar hacia una propuesta formal.

La elección del próximo secretario general requiere un proceso de consultas entre los Estados miembros y una recomendación del Consejo de Seguridad. Posteriormente, la Asamblea General debe nombrar al candidato propuesto por el órgano, en una decisión que definirá quién sucederá a Guterres al frente de Naciones Unidas.

La carrera se desarrolla con un calendario limitado por la finalización del actual mandato, prevista para el cierre de 2026. En ese contexto, la embajadora de Letonia ante la ONU y presidenta del Consejo de Seguridad, Sanita Pavļuta-Deslandes, reconoció el pasado lunes que “el tiempo se está agotando” para alcanzar un acuerdo sobre un candidato.

(Con información de EFE)

Rosa Amalia Zuluaga Cano fue designada nueva embajadora de Colombia ante la Misión Permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, donde coordinará la representación nacional ante organismos multilaterales y espacios técnicos especializados.

La nueva funcionaria tendrá entre sus responsabilidades la articulación de las delegaciones colombianas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La representación diplomática en Ginebra participa en debates y encuentros sobre derechos humanos, asuntos laborales, salud, comercio internacional y propiedad intelectual.

Desde esa sede, Zuluaga Cano deberá coordinar la presencia de Colombia en las instancias de esos organismos, según las funciones descritas para el cargo.

Su hoja de vida fue publicada en el sitio web de la Presidencia

De acuerdo con la hoja de vida publicada en el sitio web de la Presidencia, Rosa Amalia Zuluaga Cano cuenta con experiencia en el servicio diplomático y consular.

Entre 2009 y 2010 ejerció, en distintos períodos, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, embajadora adjunta y ministra plenipotenciaria. También fue vicecónsul y cónsul encargada en Boston, Estados Unidos, entre 2003 y 2006.

Su trayectoria incluye labores en el sector público, el Congreso de la República y la Gobernación de Antioquia. En el ámbito privado, fue gerente de Televisión de Antioquia (Teleantioquia) entre 2015 y 2016, directora ejecutiva de Development Solutions y asesora en Spinnaker Venture Management.

Zuluaga Cano es profesional en Comunicación Social y Periodismo, licenciada en Filosofía y Letras y tiene una maestría en Artes Liberales.

Qué es la ONU en Ginebra y cuál es su función

Cada año, el Palacio de las Naciones recibe miles de reuniones diplomáticas, técnicas y políticas. Allí funciona la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG), una de las principales sedes de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fuera de Nueva York.

La ONU es una organización internacional creada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de ofrecer un espacio de diálogo entre los Estados y buscar respuestas comunes frente a conflictos, crisis humanitarias, desafíos sanitarios, pobreza, cambio climático y violaciones a los derechos humanos.

La organización cuenta con 193 Estados miembros y se rige por la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco y vigente desde el 24 de octubre de ese año. Ese documento fija principios como la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Ginebra concentra una parte central del trabajo multilateral

La sede principal de la ONU está en Nueva York, pero Ginebra ocupa un lugar destacado dentro de su estructura. La ONUG integra una de las cuatro oficinas principales de la Secretaría de las Naciones Unidas, junto con Nueva York, Nairobi y Viena.

Su sede está en el Palacio de las Naciones, un complejo ubicado en el parque Ariana, en la ciudad suiza. El edificio fue construido para la Sociedad de Naciones, organismo creado después de la Primera Guerra Mundial y considerado antecedente de la ONU.

La Sociedad de Naciones instaló su sede en el Palacio de las Naciones en 1936. Tras su disolución, en abril de 1946, transfirió sus bienes a la nueva organización internacional. La ONU estableció entonces su oficina europea en ese edificio, mientras que su sede central quedó en Nueva York.

Actualmente, la ONUG actúa como representación del secretario general de la ONU en Ginebra y ofrece apoyo administrativo, operativo y de conferencias a organismos, delegaciones y reuniones internacionales.

Ginebra reúne a más de 40 entidades, programas, fondos, agencias y oficinas del sistema de Naciones Unidas. Entre ellas figuran la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El canciller de República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó, instó este miércoles en Madrid a que los países de la Comunidad Iberoamericana conviertan los mecanismos de diálogo político en inversiones, comercio y resultados concretos para la población. El planteamiento se produjo durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores previa a la XXX Cumbre Iberoamericana.

Según informó la Cancillería dominicana, Bisonó propuso reforzar la cooperación económica, la seguridad regional y los vínculos productivos entre los países. El ministro sostuvo que la región debe aprovechar sus capacidades para ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer su inserción comercial.

“Es el momento de traducir la diplomacia económica en inversiones, comercio y alianzas productivas”, afirmó el canciller durante su intervención.

Lapropuesta incluyó cadenas de suministro, seguridad digital y puertos

El titular de Relaciones Exteriores planteó la creación de cadenas de suministro confiables como parte de una estrategia para apuntalar la seguridad alimentaria. También mencionó la necesidad de ampliar la cooperación digital, reforzar la ciberseguridad y mejorar la trazabilidad de las cargas y la seguridad portuaria.

Bisonó vinculó esas medidas con la necesidad de responder a amenazas que afectan a varios países de la región, entre ellas el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Además, propuso una mayor coordinación para prevenir y atender desastres naturales y emergencias sanitarias.

El funcionario valoró los avances impulsados durante la presidencia pro tempore de España, entre los que citó la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, la Alianza Iberoamericana de inteligencia artificial y la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

El canciller dominicano agradeció el respaldo regional para Haití

Durante la reunión, Bisonó destacó el respaldo de los países iberoamericanos a los esfuerzos de estabilización de Haití, nación que afronta una crisis social ante el control de las pandillas sobre los territorios de la nación. El canciller consideró que la situación de seguridad haitiana tiene efectos sobre el conjunto de la región.

“Su solidaridad es un gesto que se traduce en beneficio de la seguridad tanto para los haitianos como para el resto de los países de la región”, expresó.

El ministro también ratificó el compromiso de República Dominicana con el multilateralismo y los mecanismos de concertación iberoamericana. A la vez, manifestó el apoyo de su país a Honduras, que asumirá la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana.

La reunión concluyó con un posicionamiento compartido de los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Comunidad Iberoamericana sobre la próxima sucesión en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Los cancilleres iberoamericanos respaldaron una posición común para que la próxima persona que ocupe la Secretaría General de la ONU sea de América Latina y el Caribe”, destaca el portal de la Cancillería.

El documento respaldado por los cancilleres plantea que la próxima persona que ocupe la Secretaría General de la ONU sea nacional de un país de América Latina y el Caribe. La declaración recordó que la región solo ha tenido una vez a una persona al frente de la Secretaría General del organismo internacional.

La organización I(DH)EAS y 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas presentan ante el Comité DESC de la ONU el informe El costo de la búsqueda, que documenta enfermedades, pérdida de ingresos, accidentes, barreras administrativas y atención revictimizante para quienes buscan a más de 133 mil personas desaparecidas en México.

La ponencia fue presentada por Linda Ruíz, en representación de I(DH)EAS y de los colectivos firmantes, un día antes de que el Estado mexicano sea examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también previsto para esta semana.

El informe sostiene que la desaparición tiene consecuencias que alcanzan a las familias que realizan las búsquedas. La organización advierte que, junto con la crisis de desapariciones, existe un deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas buscadoras, quienes asumen tareas que corresponden al Estado.

El 66% sufre lesiones durante las búsquedas

La investigación recopila los testimonios y condiciones de 249 personas buscadoras, en su mayoría mujeres.

De ese total, 66% ha sufrido accidentes o lesiones durante las búsquedas en campo, una labor que los colectivos atribuyen a obligaciones que deben ser atendidas por las autoridades.

Las familias desarrollan o agravan padecimientos crónicos como diabetes, cáncer, hipertensión, desprendimiento de retina, obesidad y enfermedades autoinmunes.

El documento también registra afectaciones visuales severas asociadas con el estrés extremo, así como pérdida de piezas dentales por bruxismo.

I(DH)EAS señala que el costo de buscar se extiende a la vida cotidiana de las familias. La dedicación de tiempo completo a las labores de localización provoca pérdida de empleo y de seguridad social, mientras que la atención médica permanece centralizada y obliga a las personas a cubrir traslados largos para recibir tratamiento.

Esa combinación lleva a que algunas familias abandonen sus consultas y tratamientos. El informe plantea que la búsqueda de una persona desaparecida no puede quedar separada de las condiciones de salud, ingresos y cuidados que enfrentan quienes la realizan.

“Buscar a quienes nos faltan no puede costarnos la salud ni la vida. Es una obligación del Estado, no de las familias”, señalan I(DH)EAS y los 15 colectivos que suscriben la intervención ante el Comité DESC.

Las comisiones exigen acreditar un “nexo causal” para dar atención médica

El informe documenta que las Comisiones de Atención a Víctimas exigen a las familias comprobar un “nexo causal” entre la desaparición y la enfermedad para acceder a servicios médicos, reembolsos de medicamentos o atención de salud mental.

Esa determinación suele quedar en manos de personal jurídico, administrativo o de trabajo social que no cuenta con formación médica, de acuerdo con la investigación.

Los colectivos sostienen que la interpretación restrictiva de ese requisito deriva en negativas sistemáticas para atender los padecimientos de las personas buscadoras.

La atención en salud mental también presenta insuficiencia de personal. En algunos casos, el informe registra que a las familias se les pide “hacer el duelo” o “cerrar ciclos”, aunque la persona desaparecida todavía no haya sido localizada.

Para I(DH)EAS, esas respuestas revictimizan a quienes buscan. La organización ha documentado de manera sostenida las afectaciones a la salud de los familiares y participó en 2021 en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta crisis.

La organización sostiene que las recomendaciones y acuerdos derivados de aquella sesión ante la CIDH han sido desconocidos de forma sistemática por el Estado. En 2023 publicó un primer informe sobre el tema y presentó una contribución al Séptimo informe periódico de México ante el Comité DESC. En 2025 difundió una segunda edición ampliada de la investigación.

Desaparición afecta a infancias y personas cuidadoras

El documento advierte que niñas, niños y adolescentes quedan con frecuencia en orfandad tras una desaparición y en varios casos quedan bajo el cuidado de personas adultas mayores, con riesgos de deserción escolar y de reclutamiento por parte del crimen organizado.

Los colectivos plantean que la atención debe alcanzar a las infancias, adolescencias y personas cuidadoras, además de las madres, padres, hermanas, hermanos y otros familiares que participan de forma directa en las labores de búsqueda.

Entre las solicitudes presentadas al Estado mexicano está garantizar recursos suficientes para las Comisiones de Atención a Víctimas y para los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en todas las entidades del país.

También piden implementar un sistema robusto de recopilación y sistematización de datos para eliminar barreras burocráticas y garantizar el derecho a la salud integral.

La propuesta incluye que la CEAV y las comisiones estatales desarrollen programas de apoyo psicosocial individual, familiar y colectivo a partir de diagnósticos de necesidades en cada entidad.

Los colectivos solicitan una política integral de salud para familiares de víctimas de desaparición, respaldada por un marco normativo específico. La medida debe asegurar la presencia y capacitación de profesionales de medicina y psicología en la CEAV y las Comisiones de Atención a Víctimas.

Por medio de una carta que compartió el amanecer del miércoles 4 de noviembre de 2026, el excanciller Álvaro Leyva Durán, reiteró lo que reveló en una entrevista que concedió a la revista Semana el 20 de octubre de 2026, en la que señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “se inventa normas” y que las críticas que ha recibido el organismo, y por las que el exministro de Relaciones Exteriores afirmó que “se quedan cortas”.

“En la JEP no se está reparando a las víctimas. Se han inventado normas que no existen. Hay algo que se llama la movilidad vertica; es un invento”, advirtió al comienzo de su charla el jurista con el mismo medio.

Por su parte, el exfuncionario de la administración de Gustavo Petro menciona al comienzo de la carta, que compartió vía y en la que etiquetó las cuentas de la JEP y del canciller Omar Bula Escobar: “La JEP de hoy no fue la acordada oficialmente. Se trata de un engendro impropio auto reglado carente de las atribuciones jurídicas que se atribuye”.

Por lo anterior, Leyva argumentó que “la verdadera JEP está reglada en un documento único con valor universal: El del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, y hasta anexó un vínculo: “Verlo: https://docs.un.org/S/2017/272″.

“Fíjense bien en lo que aparece al abrirse”, continúa la carta de Leyva, en la que precisó que “no hay un solo documento del Consejo de Seguridad que haya sido impugnado; o modificado por quien carece de competencia para ello”.

Para sostener su posición, el excanciller detalló que “el citado documento se originó en Acuerdos Especiales (Art. 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949), y en una Declaración Unilateral de Estado (supra bloque de constitucionalidad), que es obligatoria para todos los Estados del mundo. La propia Corte Internacional de Justicia ha sido clara al respecto.

Al final del documento, Leyva dijo que “aquello inventado por la JEP usurpadora como la denominada Movilidad Vertical y la llama Verdad Previa, igual que la presencia de alto personal suyo que es juez y parte, invalida su actuación; y muchas iniciativas y situaciones suyas más altamente descalificadoras”.

El excanciller concluyó estar “dispuesto a hacer el debate”, ya sea en Colombia o ante la sede de las “las propias Naciones Unidas, Nueva York. Allá se tiene aún a quién con mucha autoridad, escucha”, cerró.

Los reparos de Leyva a la JEP

Leyva Durán afirmó a la misma revista que la actual Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no corresponde al modelo acordado durante las negociaciones entre el Estado y las Farc, y agregó que el tribunal habría incorporado reglas que, según su interpretación, no estaban previstas en el documento remitido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El excanciller cuestionó la estructura y las decisiones de la justicia transicional, y detalló que la JEP vigente se apartó de las obligaciones que, a su juicio, surgieron de la declaración unilateral de Estado que Colombia presentó ante Naciones Unidas tras la firma del Acuerdo Final de 2016.

El exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el Acuerdo Final fue inscrito como un acuerdo especial bajo el artículo tercero común de los Convenios de Ginebra de 1949, y sustentó que la declaración unilateral del Estado colombiano, emitida el 13 de marzo de 2017, produjo compromisos internacionales que, según dijo, pueden ser exigidos por otros Estados.

Leyva afirmó que el documento de Naciones Unidas fija las reglas de la JEP

Para sustentar su posición, el excanciller hizo referencia al documento S/2017/272 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que contiene la comunicación del Gobierno colombiano sobre la implementación del Acuerdo Final.

Según Leyva, ese texto consolidó las normas que debían regir la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo anterior expresó: “Ya no es un documento colombiano, es un documento del Consejo de Seguridad, donde se pusieron las normas que rigen para la JEP”.

El exfuncionario sostuvo que la declaración unilateral de Estado crea obligaciones jurídicas particulares para Colombia ante la comunidad internacional.

“Si no se cumplen esas normas, se salieron del documento de Naciones Unidas, que es el único válido”, aseveró Leyva Durán.

El excanciller no detalló qué mecanismos internacionales podrían activarse para controvertir las actuaciones de la JEP, pero mencionó como antecedente los casos vinculados con los ensayos nucleares franceses en el Pacífico, que llegaron a la Corte Internacional de Justicia tras declaraciones unilaterales de Francia.

“La segunda JEP” habría añadido normas, según el excanciller Leyva

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la crítica de Leyva a mecanismos que atribuyó a la actual JEP.

El excanciller advirtió que la jurisdicción creó figuras que no aparecían en el acuerdo ni en el documento citado ante Naciones Unidas.

“Se permitieron la libertad de agregar normas por su lado”, dijo Leyva, que definió a la estructura vigente como una “segunda JEP”, en contraste con la que, de acuerdo con su visión, quedó contenida en el acuerdo remitido al Consejo de Seguridad.

Leyva citó como ejemplo la denominada movilidad vertical, que calificó como “un invento de la actual JEP”, al exponer que, en su criterio, las secciones (que tienen funciones judiciales dentro de la jurisdicción) no deberían remitir asuntos a las salas para que estas practiquen actuaciones que después regresen a las secciones.

El excanciller planteó que ese procedimiento puede afectar la imparcialidad de quienes luego conocen los expedientes. “Cuando llega a las secciones ya está contaminado”, comentó el exfuncionario de la administración Petro, y agregó que los magistrados deberían declararse impedidos en esos escenarios.

Leyva cuestionó lo que denominó “verdad previa”, un filtro que exige a algunos comparecientes antes de tramitar recursos, de acuerdo con su explicación, y relató que conoce casos de personas que acudieron a la JEP hace entre seis y ocho años y que siguen sin una definición de fondo.

“Les dicen que, como no han cumplido con la verdad previa, los van a mandar a la jurisdicción penal”, puntualizó el exministro.

Leyva cuestionó la reparación a las víctimas y el funcionamiento del tribunal

El canciller Leyva dijo que el diseño de la justicia transicional debía aplicar de manera integral e “inescindible” a quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, incluidos integrantes de la fuerza pública, exmiembros de las Farc y otras personas vinculadas a los hechos.

En su interpretación, el Estado tenía un deber central en materia de reparación, pues fue identificado como principal responsable “por acción o por omisión” en un informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada durante la negociación de La Habana.

El excanciller comentó que la reparación no ha avanzado como debería. “No se está reparando a las víctimas”, dijo Leyva, y agregó que conoce casos de personas que tendrían recursos disponibles para reparar a afectados por el conflicto, pero que, según su versión, no han podido entregarlos.

Al ser consultado sobre las críticas de víctimas y sectores políticos a la JEP, Leyva respondió que son “absolutamente justas y se quedan cortas”, y aprovechó el espacio para mostrar sus reparos frente al presupuesto y la estructura administrativa del tribunal, aunque no presentó cifras ni documentos sobre esos señalamientos durante la entrevista.

Leyva evitó pronunciarse sobre las sanciones a exjefes de las Farc

Al final de la charla, a Leyva se le preguntó por los cuestionamientos a las sanciones propias previstas en el sistema transicional para responsables de delitos graves, entre ellos secuestros, masacres y reclutamiento de menores.

No obstante, el excanciller evitó dar una valoración de fondo sobre las decisiones concretas. “No las conozco, yo no le he seguido”, respondió al ser interrogado sobre las sanciones restaurativas, que pueden incluir trabajos, obras y actividades con contenido reparador.

De otro lado, Leyva insistió en que el problema principal no se relaciona con una sanción específica, sino con la legitimidad de la estructura institucional que opera.

“La JEP hoy no es la JEP en los términos que ellos se conciben, que tengan la autoridad para hacer absolutamente nada”, sentenció al final de la entrevista el exministro, que en su serie de pullas también concluyó que en el mismo tribunal “una parte inventada por ellos de la jurisdicción ordinaria”.

El presidente Nayib Bukele informó este martes que fuerzas salvadoreñas desplegadas en Haití acudieron en apoyo de soldados chadianos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), quienes eran atacados por grupos armados.

“Las pandillas estaban atacando a soldados de la GSF de Chad. Llegamos rápidamente y repelimos a los atacantes con nuestros helicópteros de ataque”, escribió el jefe de Estado en una publicación de X.

“Las pandillas ya no tienen la ventaja”, agregó Bukele. Dicho mensaje ocurre mientras se amplían las operaciones en el país caribeño, tras la desaparición de cuatro aerotécnicos de aviación hace 16 días.

Las tropas de Chad se encuentran entre los contingentes que integran la misión internacional contra las pandillas en Haití, donde las organizaciones criminales mantienen el control de extensas áreas de la capital, Puerto Príncipe.

El Salvador envió más de 2,000 soldados después de la desaparición de aerotécnicos

El Gobierno salvadoreño desplegó más de 2,000 soldados en Haití luego de que cuatro técnicos de aviación desaparecieran el 18 de octubre. Los hombres trabajaban en apoyo de la GSF, una fuerza internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enfrentar a las bandas armadas.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, habló públicamente este martes por primera vez desde la desaparición de los salvadoreños. Afirmó que Haití conserva la conducción sobre las fuerzas extranjeras que actúan en el país.

“La fuerza internacional no está aquí para reemplazar al Estado. Están aquí para apoyarnos”, sostuvo Fils-Aimé durante una rueda de prensa, citada por AP. El funcionario apareció junto a un coronel del Ejército de El Salvador, un responsable de la GSF y representantes de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional de Haití.

Fils-Aimé afirmó que las prioridades de su Gobierno son recuperar la seguridad en todo el país y organizar elecciones. Informó, además, que más de 1,000 nuevos policías finalizaron su entrenamiento y anticipó la incorporación de 4,000 agentes y 15,000 militares para reforzar la respuesta estatal.

El primer ministro mencionó operaciones en Kenscoff, Gressier y Artibonite, zonas afectadas por la violencia de las bandas.

Un supuesto líder de la pandilla 400 Mawozo pidió mediación a la ONU

Esto sucede luego que Wilson Joseph, señalado como líder de la pandilla 400 Mawozo y conocido como Lanmò Sanjou, afirmara a AP que envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

En la comunicación, fechada el 1 de noviembre, Joseph solicitó que Naciones Unidas enviara una delegación a Haití para promover un diálogo y una mediación. El supuesto jefe pandillero expresó preocupación por una posible escalada de la violencia tras el despliegue de tropas salvadoreñas en el país.

La ONU confirmó que recibió comunicaciones directas de personas, incluso de individuos alcanzados por sanciones de la organización. No obstante, aclaró que la recepción de esos mensajes “no implica reconocimiento, respaldo ni cambio alguno en el estatus de la persona” dentro de los regímenes de sanciones vigentes.

Joseph también sostuvo que los salvadoreños desaparecidos murieron durante el ataque contra su vehículo, una versión para la que no presentó pruebas. Las autoridades de El Salvador mantienen que los hombres podrían continuar con vida.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, rechazó el pedido de diálogo que hizo un jefe de una pandilla de Haití al organismo internacional y vinculó esa solicitud con la presión militar posterior al envío de tropas de El Salvador.

“Un brutal capo de una pandilla haitiana suplicando a la ONU por mediación porque el calor se intensificó gracias a Bukele”, escribió Waltz este martes en su cuenta de X, al compartir una información de AP, agencia estadounidense, sobre el pedido formulado por Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou y líder de la pandilla 400 Mawozo.

El diplomático añadió: “¿Qué tal si los líderes de pandillas dejan de emboscar a las fuerzas internacionales, aterrorizar a la policía y abusar del pueblo haitiano, y solo entonces podamos hablar de mediación?”.

La publicación de Waltz se produjo después de que Joseph confirmara a la agencia que envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para pedir el envío de una delegación que facilite conversaciones con grupos armados. La solicitud llegó en medio de combates en Plaine du Cul-de-Sac, una zona próxima a Puerto Príncipe.

El jefe de 400 Mawozo pidió una delegación de la ONU para abrir conversaciones

Wilson Joseph sostuvo que estaba dispuesto a participar en un proceso de diálogo y planteó que había “levantado la bandera blanca” el 20 de agosto. En la carta fechada el 1 de noviembre, solicitó que la ONU enviara representantes a Haití para abrir una instancia de mediación entre fuerzas internacionales y la organización 400 Mawozo.

El líder de la pandilla afirmó que los operativos de seguridad y los ataques con drones causaban víctimas civiles, entre ellas niños y adultos mayores. También aseguró que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos tras un ataque el 18 de octubre habían muerto, aunque no presentó pruebas de esa versión.

Las autoridades haitianas informaron que los cuatro salvadoreños fueron secuestrados. El gobierno de Nayib Bukele sostiene que permanecen con vida.

La carta incluyó críticas al mandatario salvadoreño. Joseph expresó temor ante una posible escalada de violencia tras las declaraciones de Bukele y el envío de militares salvadoreños. “Temo que esta situación conduzca a una escalada de violencia y a una lógica de represalias, de las cuales el pueblo haitiano sería la primera víctima”, escribió, según la agencia.

El Salvador desplegó 2.000 militares tras el ataque contra cuatro técnicos

El Salvador envió más de 2.000 militares a Haití después del ataque contra los cuatro técnicos de aviación. El despliegue elevó la tensión en áreas bajo control de bandas armadas, en especial en Plaine du Cul-de-Sac, donde operan grupos como Chen Mechan.

Los enfrentamientos aumentaron después de que una fuerza de represión de pandillas respaldada por la ONU, junto con la Policía Nacional de Haití, militares haitianos y la empresa de seguridad privada Vectus Global, iniciara operaciones contra hombres armados en esa zona, según la agencia.

Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, confirmó que Naciones Unidas recibió una carta con la firma de Joseph. Aclaró, no obstante, que la recepción del documento “no constituye respaldo a su contenido, reconocimiento de su autor ni una posición de las Naciones Unidas”.

Dujarric precisó que la mayoría de los militares salvadoreños presentes en Haití no opera bajo el mandato de esa fuerza e indicó que cualquier operativo de seguridad debe respetar el derecho internacional y las normas de derechos humanos.

La ONU informó que más de 5.700 personas murieron o resultaron heridas en Haití entre enero y mediados de septiembre a causa de la violencia. La reacción de Waltz expuso la posición de Estados Unidos frente a una eventual negociación con los líderes de las organizaciones criminales que controlan extensas zonas del país.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por unanimidad hasta el 31 de octubre de 2027 el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que seguirá acompañando la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad para quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016.

La decisión deja por fuera la verificación de la implementación de la reforma rural integral, una modificación solicitada por el Gobierno colombiano.

Durante la sesión del 30 de octubre, el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, sostuvo que el pacto alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla “no produjo una paz final, estable ni duradera”.

El diplomático afirmó que las víctimas deben ocupar el centro de los procesos de paz y defendió un acompañamiento internacional ajustado a las condiciones de seguridad actuales. También calificó la renovación como una oportunidad para que la misión concentre sus recursos en tareas que, a su juicio, resulten más efectivas.

“La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos. La paz la hacen las víctimas bajo el más noble de todos los propósitos, que se acabe el conflicto y que no haya más víctimas”, indicó Gaona en su intervención.

Críticas de Juan Manuel Santos

Las palabras del representante diplomático generaron repercusión en los políticos colombianos. Mientras que algunos respaldaron su pronunciamiento, otros criticaron su postura. Uno de ellos fue el expresidente Juan Manuel Santos, que, en diálogo con Caracol Radio, consideró que el embajador aún tiene cierta confusión por desconocer el impacto internacional que generó el acuerdo de paz firmado hace 10 años.

“El embajador Gaona está confundido, está mal informado y está cometiendo unos errores que solo pueden ser producto de su falta de experiencia diplomática”, dijo el Premio Nobel de Paz 2016.

A su vez, recordó que ese organismo ha aprobado resoluciones consecutivas para mantener el acompañamiento de la ONU y que el acuerdo ha sido objeto de estudio por sus mecanismos de justicia transicional, la búsqueda de desaparecidos, la Comisión de la Verdad y la inclusión de las víctimas en el centro de las medidas de reparación.

“El profesor Gaona fue al Consejo de Seguridad a decir que el acuerdo de paz no es un ejemplo para el mundo (...) el Consejo ha aprobado las resoluciones apoyando el acuerdo de paz en Colombia. Entonces es una paradoja. Da pena decirlo pero nuestro embajador hizo el ridículo”, afirmó el exmandatario a la cadena radial.

Según Santos, la comunidad internacional reconoce el pacto como un ejemplo por la dejación de armas de las Farc, la permanencia de la mayoría de los excombatientes en la legalidad y las herramientas creadas para atender los efectos del conflicto.

El expresidente también rechazó que los problemas de seguridad en las regiones puedan atribuirse al texto firmado en 2016. “Lo que está sucediendo en este momento no es culpa del acuerdo, sino de la falta de implementación del acuerdo”, expresó en la entrevista. Afirmó que ese ha sido un mensaje reiterado por los integrantes del Consejo de Seguridad al Gobierno colombiano.

El exjefe de Estado admitió que existen cuestionamientos comprensibles sobre los tiempos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero señaló que sus avances deben compararse con otros tribunales internacionales. Agregó que el acuerdo no es perfecto, aunque puso fin a una confrontación de más de medio siglo y permitió el desarme de la antigua guerrilla en un plazo corto.

“Posiblemente la JEP se ha demorado, pero lo que se ha hecho ha sido mucho más que en cualquier otro tribunal internacional que se haya conocido, ni en Ruanda, ni en Bosnia, en ninguna parte”, indicó.

Frente a los asesinatos, secuestros, extorsiones y la expansión de estructuras armadas en zonas que antes estaban bajo influencia de las Farc, Santos insistió en que el origen del deterioro es la ausencia de ejecución de los compromisos. Mencionó el caso de Planadas, en Tolima, donde, según relató, los planes de desarrollo territorial no continuaron y grupos criminales ocuparon espacios que el Estado dejó sin atender, y recordó que el municipio fue víctima de ataques con explosivos al inicio de noviembre.

“Yo fui a Planadas en el año 2018 y eso era un remanso de paz. La gente estaba muy contenta. ¿Y qué pasó? Que no continuaron con las políticas de implementación. ¿Y qué pasó? Que las bandas criminales comenzaron a llenar ese vacío que dejó el Estado y eso es lo que estamos viviendo. Pero entonces no es culpa del acuerdo de paz”, advirtió.

El exmandatario pidió recuperar el control territorial mediante seguridad e inversión pública. En esa línea, planteó retomar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y ejecutar las prioridades definidas por las comunidades. “Hay que desmontarse el falso dilema entre seguridad versus paz”, sostuvo, al señalar que la implementación contempla medidas sociales y mecanismos de seguridad.

Por último, Juan Manuel Santos consideró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella obtendría mejores resultados si aplicara los compromisos del acuerdo en lugar de limitar su alcance. Aseguró que las comunidades de las zonas más afectadas reclaman la ejecución de los proyectos que priorizaron dentro de los planes territoriales.

Decisión de la ONU

La Misión de Verificación fue creada en 2017 para supervisar aspectos centrales del acuerdo entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Con la resolución aprobada el 30 de octubre, el mandato conserva la observación de la reincorporación de los firmantes y de las garantías de seguridad, dos asuntos que el Consejo de Seguridad considera vinculados a la estabilidad posterior a la desmovilización.

La principal modificación consiste en que la misión no verificará la implementación de la reforma rural integral, el primer punto del acuerdo. La Cancillería indicó que las instituciones colombianas asumirán el liderazgo de las políticas de desarrollo rural y que la ONU seguirá de cerca los avances, sin que esa labor tenga el carácter de verificación contemplado en mandatos anteriores.

En 2025, el Consejo de Seguridad ya había retirado de las funciones de la misión la verificación de las sanciones propias de la JEP y el seguimiento al capítulo étnico. La resolución vigente hasta octubre de 2027 profundiza la focalización del organismo en la reincorporación y la protección de los firmantes.

Gaona defendió ante el Consejo que una misión con competencias delimitadas puede responder mejor a la situación del país. En su exposición citó registros oficiales según los cuales había 29.004 integrantes de grupos armados ilegales en 2024, frente a 20.420 en 2016. También mencionó 452 masacres, con 1.579 víctimas, y 2.852 secuestros entre 2022 y 2026.

El embajador sostuvo que la paz requiere justicia, presencia estatal, desarrollo territorial e inversión en las zonas apartadas. A la vez, reconoció el acompañamiento del Consejo de Seguridad y de la Misión de Verificación. La renovación unánime garantiza que el organismo mantendrá su presencia en Colombia durante el próximo año bajo un mandato más concentrado.

Manasés “N” y Alberto “N”, alias “El Semáforo”, fueron detenidos al ser identificados como presuntos responsables del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos que contaba con protección federal tras ser víctima de amenazas y ataques en años pasados en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó este martes que su captura se realizó tras el análisis de videograbaciones que permitieron identificarlos y determinar que se trató de un crimen premeditado.

De acuerdo con los registros de las cámaras, fue alrededor de las 15:00 horas del 28 de octubre cuando el activista llegó en un Tsuru gris plata a un taller mecánico en la primera fracción de Yateklum, en el municipio de Chenalhó, e ingresó al establecimiento.

Poco después, un hombre a bordo de una motocicleta pasó cerca del lugar donde se encontraba el defensor. Ese mismo sujeto se retiró hacia un punto cercano y regresó minutos después con un segundo hombre en la moto. Ese sujeto fue quien bajó del vehículo y atacó directamente a Pérez Pérez alrededor de las 15:20 horas.

Tras realizar la necropsia, las autoridades determinaron que el defensor recibió tres disparos y la causa de su muerte fue hemorragia cerebral secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. Ambos atacantes huyeron en la misma motocicleta tras el ataque.

La Fiscalía no descarta más detenidos vinculados al homicidio

Llaven Abarca señaló que las indagatorias continúan abiertas para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen, al tiempo que evitó dar detalles sobre las líneas de investigación para no entorpecer el proceso.

“Seguimos todavía recabando los datos de pruebas y demás diligencias de campo para dar con quienes más hayan participado en este lamentable hecho”, dijo en una transmisión en vivo en redes sociales.

Desde 2023 contaba con protección tras amenazas y ataques: la ONU alertó por las agresiones

En febrero de 2025, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con otros relatores, envió al Gobierno de México una comunicación conjunta en la que alertó sobre amenazas y ataques contra Reynaldo Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos activistas tzotziles de Los Altos de Chiapas.

Dicho documento relató que ambos defensores sufrieron desde octubre de 2022 amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. Debido a esto, ambos habían presentado al menos tres denuncias ante las autoridades, pero según los relatores no se actuó con la debida diligencia para investigar los hechos y sancionar a los responsables.

En su respuesta, el Gobierno de México confirmó que ambos defensores fueron incorporados al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023; sin embargo, en una entrevista con Grupo Fórmula en octubre de 2024, Pérez Pérez reconoció que las medidas eran insuficientes: “A veces también la policía nos dicen que no tienen ni para gasolina para acompañarnos”, dijo.

José Vásquez Gutiérrez, compañero defensor de Pérez Pérez, señaló en entrevista con Aristegui Noticias que una semana antes del crimen ambos recibieron el aviso de que había espías vigilándolos y los iban a matar.

“Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero sucedió”, relató al exterior de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde rindió declaración el 29 de octubre.

Pérez Pérez es el tercer defensor indígena asesinado desde 2021. Antes fueron el catequista Simón Pedro Pérez López, en Simojovel, en julio de 2021; el Fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez, asesinado el 11 de agosto de 2021; y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, en octubre de 2024, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En Chenalhó, desde 2022, un conflicto armado en Santa Martha expulsó a decenas de familias hacia Polhó. Reynaldo Pérez y Vásquez acompañaban a esas familias desplazadas.

Además, Pérez Pérez colaboraba con la organización “Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz” y participaba como mediador en conflictos agrarios en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó- a través de un comunicado en redes sociales- que recibió una carta enviada por el líder de la pandilla 400 Mawozo, mientras crece la tensión en Haití tras el despliegue de más de 2,000 efectivos militares salvadoreños por la desaparición de cuatro aerotécnicos.

El organismo recalcó que el documento no abre una instancia de diálogo ni modifica su posición frente a los grupos armados que operan en el país.

La misiva está firmada por Wilson Joseph, también conocido como Lanmò Sanjou, líder de 400 Mawozo, una de las pandillas más buscadas de Haití.

Sobre él pesa una acusación federal en Estados Unidos por toma de rehenes y conspiración para cometer ese delito, vinculada a secuestros. Washington ofrece una recompensa de hasta $1 millón por información que permita su captura.

El documento, que circuló en redes sociales, fue dirigido al secretario general de Naciones Unidas. En la carta, Joseph propone una mediación ante el incremento de las operaciones de seguridad y la llegada de personal salvadoreño adicional a territorio haitiano.

La ONU respondió el 2 de noviembre mediante una nota para corresponsales difundida por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general. “Hemos recibido una carta firmada por el Sr. Wilson Joseph, de ‘Gwoup Rebel 400’, dirigida al secretario general”, indicó.

El organismo precisó de inmediato que ese trámite no supone un aval a su contenido ni al remitente. “La recepción de dicha carta no constituye un respaldo a su contenido, un reconocimiento de su autor ni una postura de las Naciones Unidas”, afirmó Dujarric.

Esto surgió horas antes que El Salvador realizara su primera operación de gran escala contra las pandillas de la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe, en una ofensiva dirigida contra Chen Mechan y 400 Mawozo, señaladas por la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño

Aerotécnicos salvadoreños llevan 16 días desaparecidos

La comunicación se conoció en un momento de presión sobre las autoridades haitianas y salvadoreñas. Este martes se cumplen 16 días desde la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños que formaban parte de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), una misión respaldada por Naciones Unidas.

Los cuatro técnicos desaparecieron el 18 de octubre, después de un ataque contra el vehículo en el que se trasladaban en Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe. Desde entonces, no hay una confirmación oficial sobre su ubicación ni sobre las condiciones en las que se encuentran.

El Gobierno haitiano ha sostenido que los salvadoreños fueron secuestrados. A partir de ese hecho, el gobierno salvadoreño incrementó el envío de personal a Haití. Los informes sobre el tamaño del despliegue indican que supera los 2,000 integrantes, aunque la composición y las tareas de ese contingente no han sido detalladas en su totalidad.

La desaparición de los aerotécnicos derivó en nuevas operaciones de seguridad en sectores próximos a la capital haitiana, donde actúan pandillas con control territorial. La situación sumó preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas por los enfrentamientos.

El personal salvadoreño no forma parte de la misión respaldada por la ONU

Naciones Unidas señaló que conoce los reportes sobre el despliegue salvadoreño, pero estableció una diferencia entre esos efectivos y la fuerza bajo su ámbito de apoyo.

“La gran mayoría de este personal no está desplegado en el marco de la Fuerza de Represión de Pandillas y, por lo tanto, queda fuera del ámbito de competencia y de presentación de informes de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas”, explicó el portavoz.

Esa oficina tiene la tarea de ofrecer apoyo logístico y operativo al personal de la GSF, además de aplicar el mandato de debida diligencia en materia de derechos humanos. La ONU insistió en que cualquier acción de seguridad debe respetar las normas internacionales.

“Todas las operaciones de seguridad realizadas en Haití, ya sea en el marco de la GSF o por las autoridades nacionales y sus socios, deben llevarse a cabo en plena conformidad con el derecho internacional aplicable”, sostuvo Dujarric.

El portavoz agregó que las comunidades haitianas “continúan sufriendo las peores consecuencias de la situación” y afirmó que la protección de la población, la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para sostener el apoyo internacional a las operaciones en el país.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de renovar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país, con una modificación que excluye el acompañamiento internacional a las acciones vinculadas con la Reforma Rural Integral.

El mandatario sostuvo que la medida reafirma la soberanía colombiana para definir los mecanismos de cumplimiento de sus compromisos.

La votación se produjo el 30 de octubre y contó con el apoyo de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, sin votos en contra ni abstenciones. No obstante, De la Espriella se pronunció el 2 de noviembre a través de su cuenta en X, en la que agradeció el respaldo del organismo y destacó la gestión de la delegación diplomática colombiana.

“A partir de ahora, la ONU concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad”, expresó el jefe de Estado. Según explicó, la Reforma Rural Integral quedará a cargo de las instituciones nacionales, sin el seguimiento de esa misión internacional.

El Gobierno destacó el respaldo unánime de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad

EL jefe de Estado presentó la decisión como una validación de la solicitud formulada por su administración ante el máximo órgano de seguridad de las Naciones Unidas. Abelardo de la Espriella señaló que el nuevo alcance de la Misión permite que el Estado colombiano asuma directamente las tareas relacionadas con la implementación de los compromisos rurales derivados del Acuerdo de Paz de 2016.

“Esta decisión reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos”, afirmó el mandatario.

El presidente también agradeció a los miembros del Consejo de Seguridad y reconoció el trabajo de Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, que representó al país durante las discusiones previas a la votación.

En su mensaje, De la Espriella reiteró la posición de su Gobierno frente a la implementación de la paz: “La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable”, escribió. Añadió que el país requiere “seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional”.

La Misión de Verificación concentrará su trabajo en reincorporación y seguridad

Con la renovación aprobada por el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación mantendrá sus tareas relacionadas con la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y con las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo y para las comunidades afectadas por el conflicto.

La Misión, encabezada por el diplomático eslovaco Miroslav Jenča, continuará con el seguimiento de los compromisos de desmovilización, reincorporación y protección. El mandato renovado mantiene a Naciones Unidas como observador internacional de aspectos centrales del proceso, aunque deja el componente rural bajo control exclusivo de Bogotá.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el representante del Reino Unido recordó que se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP y advirtió sobre los desafíos que persisten en varias regiones del país.

Según señaló, más de 11.000 excombatientes permanecen desmovilizados y vinculados al proceso de reincorporación.

El diplomático británico indicó que la violencia y la transformación de las dinámicas del conflicto aún representan una amenaza para las comunidades. Sus palabras situaron la renovación del mandato en medio de las dificultades para garantizar condiciones de seguridad en los territorios donde operan grupos armados y organizaciones criminales.

Mauricio Gaona cuestionó los resultados del proceso de paz

El embajador Mauricio Gaona defendió ante el Consejo de Seguridad los cambios solicitados por el Gobierno colombiano y afirmó que la presencia de Naciones Unidas debe acompañar la acción de las instituciones nacionales.

“Entendemos que esta resolución significa que la presencia de las Naciones Unidas es tan importante como la presencia del Gobierno”, enfatizó el representante colombiano.

Gaona cuestionó los resultados alcanzados tras la firma del acuerdo y sostuvo que el país aún enfrenta estructuras criminales, narcotráfico, corrupción y desplazamiento forzado: “No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias”.

El embajador agregó que la posición de la administración de De la Espriella no implica un rechazo a la paz, sino a la impunidad. Esa misma idea fue retomada por el presidente en su pronunciamiento público después de conocerse la resolución.

La posibilidad de que el planeta supere durante un tiempo el límite de 1,5 ℃ de calentamiento global ya no es una advertencia lejana para las zonas heladas. Dos informes difundidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostienen que ese escenario puede dejar transformaciones difíciles de revertir en los glaciares, el hielo marino, el permafrost y las grandes capas de hielo de los polos.

La advertencia alcanza a regiones remotas, pero sus efectos se extenderían mucho más allá de las montañas y de los extremos del planeta.

Menos hielo significa cambios en la disponibilidad de agua, mayor exposición a inundaciones costeras y un aumento del nivel del mar que afectará a comunidades de distintos continentes.

El hielo del planeta ya enfrenta un nivel de calentamiento peligroso

La llamada criosfera reúne toda el agua congelada de la Tierra: glaciares de montaña, hielo marino, mantos de Groenlandia y la Antártida, nieve, suelos permanentemente congelados y lagos o ríos helados. Es una parte decisiva del sistema climático porque refleja la radiación solar y regula reservas de agua que abastecen a poblaciones enteras.

Según una de las evaluaciones, el mundo ya se calentó 1,37 ℃ respecto de la era preindustrial. El servicio europeo Copernicus estima que el umbral de 1,5 ℃ podría rebasarse cerca de 2030. Para los autores, la distancia entre la situación actual y ese límite no debe interpretarse como un margen de seguridad para el hielo.

El informe advierte que el nivel de calentamiento actual ya es peligroso para el Ártico, la Antártida, los glaciares de montaña y los océanos polares. Aunque las temperaturas globales bajaran luego de un período de exceso, buena parte de la recuperación tomaría décadas o siglos.

La pérdida de hielo ya puede medirse en algunos lugares. En Suiza, por ejemplo, los glaciares perdieron cerca del 20 % de su masa. En otras regiones montañosas, la reducción altera el caudal de ríos que dependen del deshielo estacional y modifica la estabilidad de laderas y lagunas glaciares.

El deshielo puede afectar el agua, las costas y la estabilidad de las montañas

La disminución de los glaciares presenta una paradoja para las poblaciones que viven aguas abajo. En una primera etapa, el deshielo puede elevar los caudales y aumentar el riesgo de aludes e inundaciones. Con el tiempo, cuando las reservas de hielo se reducen, esos mismos ríos pueden llevar menos agua en las estaciones secas.

El retroceso del hielo marino y de los mantos polares también acelera el calentamiento. Las superficies blancas devuelven parte de la energía solar al espacio; al desaparecer, quedan al descubierto zonas más oscuras de océano o tierra, que absorben más calor. El proceso contribuye a que las áreas polares se calienten con rapidez.

En las costas, la preocupación se concentra en el ascenso del mar. El segundo documento planteó que, si el calentamiento supera 2,8 ℃ durante el próximo siglo, el nivel del mar podría aumentar hasta cinco centímetros al año hacia 2150. La tasa actual es de unos 0,45 centímetros anuales.

Un incremento de ese ritmo obligaría a reforzar defensas costeras, modificar infraestructuras y, en algunos casos, evaluar traslados de población. Las consecuencias serían especialmente sensibles para islas bajas, deltas densamente habitados y ciudades que ya sufren inundaciones durante mareas altas o tormentas.

El permafrost podría sumar emisiones que agraven el problema

Otro foco de preocupación es el suelo que permanece congelado durante al menos dos años consecutivos. Se encuentra en amplias zonas del norte de América, Europa y Asia, y almacena grandes cantidades de materia orgánica. Cuando se descongela, esa materia puede liberar dióxido de carbono y metano, dos gases que retienen calor en la atmósfera.

De acuerdo con el informe, un escenario de fuerte calentamiento podría hacer que el permafrost emita cada año una cantidad de dióxido de carbono comparable a la de Estados Unidos, señalado como el segundo mayor emisor mundial. Además de las emisiones, el deshielo del suelo daña carreteras, edificios, tuberías y otras obras construidas sobre terreno antes estable.

Los científicos destacan que existen puntos de inflexión en los que ciertos cambios pueden continuar por su propia dinámica, aun si después se reducen las temperaturas. Esa posibilidad explica por qué el tiempo de exposición por encima del umbral importa tanto como el valor máximo que alcance el calentamiento.

Reducir los combustibles fósiles sigue siendo la vía para limitar las pérdidas

El glaciólogo James Kirkham, autor principal del informe, resumió la advertencia con una frase directa: “No hay resultados positivos en superar los 1,5 ℃”. A su juicio, cada fracción adicional de grado y cada año de exceso aumentan los daños asociados a la pérdida de hielo.

“Para contener las consecuencias y los daños globales derivados de la pérdida de hielo en las regiones polares y montañosas del mundo, es necesario reducir al mínimo absoluto el exceso de hielo”, agregó.

También afirmó: “El hecho de que el aumento de la temperatura supere temporalmente los 1,5 °C no significa que los objetivos del Acuerdo de París sean irrelevantes, sino que, por el contrario, los hace más urgentes”.

“Volver a un aumento de temperatura de 1,5 °C o menos para el año 2100 sigue siendo posible con suficiente ambición política y urgencia, concretamente acelerando la transición para abandonar el uso de combustibles fósiles y alcanzar las emisiones netas cero a mediados de siglo”.

El oceanógrafo y climatólogo Matthew England, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, señaló que algunos glaciares y extensiones de hielo marino podrían recuperarse parcialmente si el aumento de la temperatura se reduce a menos de 1,5 ℃, e incluso cerca de 1 ℃. Sin embargo, remarcó que ese proceso no sería inmediato.

Para el investigador nepalí de glaciares Gunjan Silwal, las decisiones de los próximos años definirán la dimensión de los daños. El especialista recordó los derrumbes de montañas y glaciares registrados en agosto, que dejaron más de 1.400 muertos y más de 5.000 desaparecidos, como una señal de los riesgos que enfrentan las regiones de alta montaña.

Según varios medios dominicanos y haitianos, y algunas agencias internacionales, uno de los máximos líderes de las pandillas haitianas le está pidiendo a la ONU que envíe una delegación para mediar un diálogo de paz.

La petición llega en medio de la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde hace dos semanas tras un ataque armado.

La solicitud fue atribuida a Wilson Joseph, conocido con el alias de Lanmò San Jou, líder de la banda criminal 400 Mawozo.

El documento está fechado el 1 de noviembre en Croix-des-Bouquets, zona de la periferia de Puerto Príncipe donde opera esa organización, y fue compartido por varios medios haitianos y dominicanos.

Entre los medios que citaron la misiva se encuentra la agencia de noticias alemana Deutsche Welle DW y Bloomberg, esta última incluso fue compartida por el propio mandatario salvadoreño en su red social X.

Qué pide la carta atribuida al líder de 400 Mawozo

La comunicación está dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, según informó DW, portal alemán de noticias, misma que circula entre medios y comunicadores haitianos y fue reproducida también por medios dominicanos.

En el texto, Lanmò San Jou sostiene que desde agosto pasado expresó su disposición a “una solución pacífica a la crisis nacional, concretamente mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo”.

La referencia apunta a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión multinacional creada hace un año por mandato de la ONU.

El cabecilla pide que la ONU envíe una delegación a Haití para facilitar un proceso de diálogo y mediación entre las bandas armadas y las fuerzas internacionales, incluidas las tropas salvadoreñas desplegadas en el país.

La petición surge luego de que Bukele amenazara con una respuesta militar si no se libera a los cuatro soldados desaparecidos.

“Nuestro país, profundamente castigado por la inseguridad y la pobreza, necesita diálogo, justicia y reconciliación, y no nuevas pérdidas humanas”, señala la carta atribuida al cabecilla, según el texto difundido por DW.

La advertencia sobre las amenazas de Bukele

El documento también alude directamente al mandatario salvadoreño. Según Lanmò San Jou, las “amenazas” de Bukele contra las bandas para que entreguen a los cuatro militares secuestrados “pueden llevar a un aumento de la violencia” contra la población civil, de acuerdo con el texto citado por DW.

“A raíz de los incidentes en los que se vieron implicados cuatro militares salvadoreños, la población civil se encuentra expuesta a una situación de violencia alarmante”, agrega el documento.

Una versión más amplia de la carta, con fecha del 1 de noviembre y difundida en redes sociales, suma un dato no incluido en el reporte de DW: menciona explícitamente a la banda Chen Mechan, que opera en la Plaine du Cul-de-Sac, y hace referencia al caso de una niña de ocho años que habría recibido un disparo en la cabeza durante los enfrentamientos recientes en esa zona.

Quién es el hombre que firma como Lanmò San Jou

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta USD 1,000.000 por información que conduzca a la captura de Lanmò San Jou. La razón: su presunta participación en el secuestro de 17 misioneros cristianos en Haití en octubre de 2021, episodio en el que la mayoría de las víctimas permaneció cautiva durante 61 días, según precisó DW.

La banda 400 Mawozo es una de las nueve organizaciones criminales que, según el mismo portal, controlan buena parte del territorio haitiano y se financian con secuestros, tráfico de armas y drogas, y extorsiones.

El episodio que desató la crisis actual ocurrió el domingo 18 de octubre, cuando hombres armados emboscaron un vehículo blindado con militares salvadoreños en Croix-des-Bouquets. Los cuatro hombres, técnicos de aviación integrados a la misión internacional, continúan desaparecidos y se cree que fueron secuestrados.

El propio Joseph había planteado días antes, en un video difundido en redes sociales, que los militares podrían haber muerto durante un tiroteo en territorio de la banda Chen Mechan, y afirmó que, de haberlos capturado con vida, los habría usado como rehenes para negociar directamente con Bukele.

La operación policial que coincide con la difusión de la carta

La propuesta de diálogo se conoce después de que la Policía Nacional de Haití informara de la muerte de “aproximadamente 20 miembros de bandas” en un operativo realizado el jueves anterior en la zona de Arcahaie, al noroeste de Puerto Príncipe, según DW.

El trasfondo inmediato de la carta es la llegada a Puerto Príncipe de más de 2.000 soldados salvadoreños, desplegados por Bukele para localizar a los cuatro militares y presionar a las bandas armadas. Hasta el momento no se confirmó que la ONU haya aceptado la mediación propuesta ni que exista un acuerdo para iniciar conversaciones entre los grupos criminales y las fuerzas internacionales.

La agencia Bloomberg calificó a 400 Mawozo como una de las bandas “más notorias” de Haití y señaló que el pedido de diálogo surge en medio del temor de que el ingreso masivo de tropas salvadoreñas derive en un nuevo derramamiento de sangre en el país caribeño.

Las Naciones Unidas advirtieron este jueves que la inteligencia artificial, los vehículos no tripulados y los sistemas de control remoto están modificando la seguridad en los mares y elevan la probabilidad de ataques, interferencias y escaladas militares no deseadas. El organismo pidió reforzar la supervisión humana y la cooperación entre países.

La advertencia se dio en un debate de alto nivel del Consejo de Seguridad presidido por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en el marco de la presidencia rotativa que Grecia ejerce durante octubre. La sesión puso el foco en el ámbito por el que circula la mayor parte del comercio mundial de mercancías.

“Las tecnologías diseñadas para un fin pueden reutilizarse y combinarse cada vez más con otras”, señaló Courtenay Rattray, jefe de Gabinete del secretario general António Guterres. El diplomático jamaicano agregó que actores no estatales ya demostraron capacidad e intención de usar estas herramientas, un dato que interpela a navieras y operadores portuarios.

Rutas, puertos y cables bajo presión

Rattray recordó que los espacios marítimos “transportan más del 90% del comercio global de mercancías” y que por los cables submarinos circula más del 99% del flujo mundial de datos. Esa doble dependencia convierte a la infraestructura oceánica en un punto crítico tanto para el movimiento físico de cargas como para la información que lo coordina.

En la práctica, la programación de un buque, la reserva de un flete o el despacho aduanero de una importación se apoyan en datos que viajan bajo el agua. Una interrupción en esos enlaces puede demorar la emisión de documentos, la trazabilidad de contenedores y la coordinación entre terminales, agentes y transportistas.

Según el funcionario, la IA, los drones, las imágenes satelitales y los sensores de última generación ya cambian la manera de vigilar la actividad en el mar, evaluar amenazas y responder a crisis. Algunas de estas herramientas permiten detectar actividades sospechosas y reforzar la protección de puertos, aunque también abren nuevas vulnerabilidades.

Velocidad, autonomía y margen de error

“La creciente velocidad y autonomía de los sistemas tecnológicos también puede aumentar los riesgos de error, de cálculo equivocado y de escalada involuntaria”, advirtió Rattray. Por eso reclamó supervisión humana, además de transparencia, pruebas y evaluaciones que permitan entender cómo funcionan estos sistemas y cuáles son sus límites.

El jefe de Gabinete también alertó que el mundo será “menos resiliente” si solo unos pocos países pueden detectar fallas y establecer protecciones. En esa línea, pidió una cooperación más estrecha entre Estados, organismos internacionales y regionales, la industria, la comunidad científica y la sociedad civil.

De acuerdo con la nota conceptual difundida antes de la reunión, el temario abarcó sistemas autónomos y operados a distancia, vehículos aéreos y de superficie sin tripulación, capacidades avanzadas de detección y cibertecnologías, con el objetivo de identificar áreas donde la colaboración internacional mejore la protección en el mar.

No es la primera vez que Grecia lleva el tema al Consejo. En mayo de 2025, durante su anterior presidencia, impulsó un debate abierto sobre el fortalecimiento de la seguridad marítima mediante la cooperación internacional, en el que se advirtió que las perturbaciones habían crecido y afectaban la libertad de navegación.

Ormuz, el telón de fondo operativo

La sesión se desarrolló mientras el estrecho de Ormuz atraviesa su etapa más tensa para la navegación comercial desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero. Un centro de estudios de Washington registró en octubre 28 ataques confirmados en esa zona y sus vías adyacentes, la cifra mensual más alta desde que comenzó a medirla en 2017.

Ese relevamiento acumula 113 agresiones desde fines de febrero, un número en línea con los datos de la Organización Marítima Internacional, que contabilizó 120 incidentes en Ormuz y el resto de Medio Oriente. Entre los episodios recientes figuran el hundimiento de un buque portacontenedores a mediados de mes y un ataque con drones contra un petrolero.

El impacto sobre los flujos es visible. En la semana al 13 de octubre salieron por el estrecho unos 11,6 millones de barriles diarios de petróleo, el 68% del volumen habitual, según estimaciones de mercado. En paralelo, el comando militar estadounidense informó que unos 400 buques mercantes cruzaron el paso la semana pasada.

Las consecuencias exceden a la energía. A comienzos de mes, la Cámara de Comercio Internacional advirtió que los precios de los cereales podrían subir hasta 80% en algunas regiones si persistían las restricciones al tránsito, un escenario que obliga a importadores y exportadores a revisar costos logísticos, coberturas y niveles de inventario.

Para las cadenas de suministro, el planteo de la ONU anticipa un escenario en el que la tecnología de vigilancia y los riesgos derivados de su uso convivirán en las mismas rutas. La forma en que los países acuerden reglas, controles y mecanismos de cooperación incidirá en la previsibilidad del transporte marítimo y en el costo de mover mercancías entre continentes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó este domingo el apoyo logístico de República Dominicana para las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, en un momento en que el contingente internacional busca reforzar su capacidad ante la violencia de las bandas en Puerto Príncipe.

La subsecretaria general de la ONU y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), Daniela Kroslak, calificó de “esencial” la colaboración del Gobierno dominicano para el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las tareas de seguridad en el país vecino.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el puerto de Haina, en el sur dominicano, durante la partida de un buque hacia Haití con armamento, vehículos especializados, suministros y otros equipos de apoyo para la GSF.

Según un comunicado de la Presidencia dominicana citado por EFE, agencia española de noticias, el cargamento llegó desde Bangladesh con financiación de Alemania. Las autoridades de República Dominicana coordinaron con Naciones Unidas las gestiones necesarias para su traslado y posterior envío al territorio haitiano.

Equipos y suministros para la GSF desde Bangladesh

Kroslak agradeció a las autoridades dominicanas las facilidades brindadas para movilizar el material y al personal vinculado a la misión. La funcionaria sostuvo que la cooperación logística también permite el desarrollo de otras actividades de la ONU en Haití.

El apoyo dominicano abarca el traslado de suministros, equipamiento y personal para las operaciones de la GSF, una fuerza desplegada como parte de la respuesta internacional a la crisis de seguridad haitiana.

El despacho del buque ocurre después de que El Salvador desplegara esta semana una operación para encontrar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada. El ataque ocurrió el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, de acuerdo con la información de EFE.

La situación de los cuatro integrantes salvadoreños añadió presión sobre la misión de seguridad, que enfrenta a grupos armados con presencia en sectores de la capital haitiana y sus alrededores.

Durante el acto en Haina, el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior dominicano, Ramón Pérez Fermín, destacó los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Haití.

El financiamiento alemán y la coordinación dominicana

La embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por aportar recursos a la operación y agradeció a las autoridades dominicanas por facilitar el paso del equipamiento hacia Haití.

El cargamento, financiado por Alemania, partió desde República Dominicana después de arribar al país procedente de Bangladesh. La operación requirió coordinación entre el Gobierno dominicano y Naciones Unidas para la recepción, almacenamiento y despacho de los materiales.

Friedrichsen reafirmó el compromiso alemán con los esfuerzos internacionales dirigidos a elevar la seguridad en Haití, donde la violencia de las organizaciones criminales condicionó el funcionamiento de instituciones, el transporte y la vida cotidiana de la población.

La salida del buque desde Haina refuerza el papel de República Dominicana como plataforma logística para la asistencia internacional destinada a Haití. La cooperación se concentra en el traslado de recursos vinculados con las operaciones de la GSF y con la presencia de Naciones Unidas en el país.

EFE informó que la ONU considera que la continuidad de estas facilidades resulta necesaria para sostener las operaciones de seguridad y otras tareas de apoyo en territorio haitiano.

El envío ocurre mientras El Salvador desplegó una amplia operación para localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Los cuatro son aerotécnicos de las Fuerzas Armadas de El Salvador y, según el presidente Nayib Bukele, cumplían funciones de aviación, evacuación médica y asistencia, sin tareas de combate.

Bangladesh ya mantenía a 50 militares de avanzada en Haití y proyectaba incorporar cerca de 1.600 militares y policías entre mediados de octubre y finales de noviembre, de acuerdo con Diario Libre. El contingente integrará la fuerza internacional de seguridad autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El contingente de Bangladesh y el límite de 5.500 integrantes

La fuerza contaba con 2.285 integrantes, según un cuadro de composición publicado el 29 de octubre. Su dotación máxima autorizada asciende a 5.500 militares y policías, incluidos los efectivos bangladesíes.

El cargamento llegó a territorio dominicano con apoyo financiero de Alemania. Las autoridades locales, en coordinación con las Naciones Unidas, recibieron, almacenaron y movilizaron el equipamiento antes de su embarque hacia Haití.

La subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, Daniela Kroslak, definió como “esencial” el respaldo logístico del Gobierno dominicano para las operaciones de seguridad. También agradeció la colaboración para trasladar equipos, suministros y personal, que alcanza a otras actividades del organismo en Haití.

El apoyo alemán y la logística dominicana

Durante la despedida del buque, el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín, destacó los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad haitiana. El funcionario reiteró que República Dominicana continuará colaborando con las iniciativas internacionales orientadas a mejorar la seguridad del país vecino.

La embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por participar en la operación y agradeció a las autoridades dominicanas por facilitar el traslado del equipamiento. La diplomática reafirmó el compromiso alemán de mantener su respaldo a los esfuerzos internacionales para mejorar las condiciones de seguridad en Haití.

Vale rescaratar que República Dominicana no participará de forma directa en las operaciones militares contra las pandillas en Haití, aunque continuará con respaldo diplomático, humanitario y logístico a la fuerza multinacional desplegada en el país vecino, según el canciller Víctor “Ito” Bisonó.

La decisión responde a los principios de las misiones internacionales de paz de la Organización de las Naciones Unidas: consentimiento de las partes, imparcialidad y límites en el uso de la fuerza. Según indicó, la participación de tropas dominicanas podría abrir cuestionamientos sobre la neutralidad de la intervención debido a la historia compartida entre ambos países, según el canciller.

Giro histórico en el Sáhara Occidental. Rusia ha usado su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para tumbar el plan estadounidense que favorece el dominio marroquí. La decisión supone terminar con la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Moscú argumenta que el texto puesto sobre la mesa amenazaba con revertir todo el proceso de paz.

Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, ha facilitado a Infobae la primera postura de la institución. El mensaje es claro: recordar que cualquier solución pasa de forma obligatoria por su pueblo. En este sentido, han recalcado que la única salida real es permitir que los saharauis ejerzan su derecho a la autodeterminación y la independencia, advirtiendo de que cualquier plan impuesto está abocado al fracaso.

El Frente Polisario exige que España asuma responsabilidades en el Sáhara Occidental

Aprovechando la convocatoria electoral, el representante ha lanzado una exigencia al nuevo Gobierno que surgirá el 29-N. Le pide que asuma su responsabilidad histórica con el Sáhara, derivada “de su condición de potencia administradora del territorio”. Desde la delegación ven urgente que España se implique para que los saharauis puedan decidir su futuro en libertad, algo que, desde los años 60, exige la ONU al Estado español. En 2022, Pedro Sánchez cambió la postura oficial española sobre el Sáhara Occidental para aceptar el plan marroquí como la solución “más factible” y “base de las negociaciones”. Todo apuntaba a que el texto propuesto por EEUU y apoyado por el régimen de Mohamed VI saldría adelante, pero Rusia ha parado el proceso.

El comunicado, firmado por el propio Arabi, sostiene que cualquier solución al conflicto es “indisociable del pueblo del Sáhara Occidental”. El documento añade que toda propuesta impuesta sin contemplar ese requisito quedará descartada como solución definitiva. Arabi calificó de “impostergable” que Madrid adopte un papel activo que, “sobre la base del Derecho Internacional, permita al pueblo del Sáhara Occidental ejercer de manera efectiva su legítimo derecho a la autodeterminación”. El Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui reconocido por la ONU, reiteró además su disposición a acatar cualquier decisión sobre el futuro del territorio, con una condición expresa: que sea “tomada libremente por el pueblo del Sáhara Occidental”, sin imposiciones externas.

Rusia sostiene que la propuesta estadounidense podría haber “revertido todo el proceso” de paz

Rusia defiende su decisión en el Consejo de Seguridad con el argumento de que la resolución bloqueada “podría haber revertido todo el proceso de resolución de las cuestiones relativas al Sáhara Occidental”. Con ese veto, el mandato de la MINURSO queda sin prórroga aprobada, lo que deja un vacío en la supervisión internacional sobre el territorio en disputa.

El texto bloqueado por Rusia había sido presentado por Estados Unidos, obtuvo 11 votos a favor y planteaba algo más que una simple prórroga: convertir el plan de autonomía marroquí en la única base de negociación y cambiar el nombre de la misión de MINURSO a MINUSO, eliminando la letra “R” de referéndum. Tras ese veto, Rusia presentó a su vez una contrapropuesta de prórroga técnica, que fue rechazada por el veto de Estados Unidos.

Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, defendió en un comunicado oficial la decisión de su país al sostener que “las modalidades finales para un arreglo deben ser aceptables tanto para Marruecos como para el Frente Polisario” y que “los intentos de imponer soluciones unilaterales (...) no conducirán a nada”. El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, respondió que la resolución bloqueada “habría puesto al Sáhara Occidental en una senda real hacia la paz”.

El representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Omar, agradeció el veto ruso al considerar que el texto estadounidense “habría socavado el libre ejercicio por parte del pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia”. Omar celebró la jornada, considerada “un día histórico para el pueblo saharaui”. Para el Frente Polisario, el texto impulsado por Washington se apartaba de los principios del derecho internacional al despojar al conflicto de su carácter de disputa por descolonización, lo que habría legitimado la “ocupación ilegal” marroquí y sentado “un peligroso precedente para la paz y la seguridad a nivel regional e internacional”.

También Rabat celebra, en un comunicado, que no se renueve MINURSO. Marruecos ve en ello “un avance de gran envergadura y un paso significativo hacia el cierre definitivo de la cuestión del Sáhara marroquí en las Naciones Unidas”. El comunicado añade que “se espera que la presencia de la misión en las provincias meridionales del Reino, en particular su personal, vehículos, equipos y símbolos, cese en los próximos días”.

Las ciudades concentran desafíos que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas: el acceso a una vivienda adecuada, la conservación de los espacios públicos, la movilidad, la infraestructura y la desigualdad. El Día Mundial de las Ciudades, que se conmemora cada 31 de octubre, instala esos asuntos en la agenda internacional y promueve entornos urbanos inclusivos, sostenibles y preparados ante los riesgos climáticos.

En ese contexto, los Readers’ Choice Awards 2026 de la revista Condé Nast Traveler distinguieron a 10 ciudades elegidas por 798.867 lectores: cinco en la categoría de destinos pequeños y cinco entre las grandes urbes. La selección combina patrimonio, arte, gastronomía, paisajes y vida urbana contemporánea, con propuestas que van desde ciudades costeras hasta capitales de gran escala.

Las cinco mejores ciudades pequeñas del mundo

1. Victoria, Canadá

La capital de Columbia Británica lidera la categoría de ciudades pequeñas. Aunque muchos viajeros la visitan desde Vancouver, la selección plantea que el destino merece una estadía propia. El viaje en ferry por Swartz Bay forma parte de la llegada y conecta la ciudad con el entorno marítimo de la isla de Vancouver.

La influencia británica aparece en la tradición del té de la tarde, presente en varios hoteles y restaurantes. Más allá del centro urbano, Victoria ofrece acceso a los bosques antiguos de la isla, donde los recorridos por carretera acercan a paisajes rurales y áreas de vegetación densa.

2. Puerto Vallarta, México

El segundo puesto quedó para Puerto Vallarta, sobre la costa del Pacífico. El destino suele asociarse con cruceros, playas concurridas y bares, aunque la publicación propone una mirada más amplia sobre la ciudad y sus alrededores.

El casco antiguo conserva calles empedradas y fachadas cubiertas de flores y plantas trepadoras. También aparece Yelapa Beach, una playa a la que solo se accede por mar y donde la propuesta incluye tacos de pescado, hamacas y una jornada junto al océano.

3. Florencia, Italia

Florencia ocupa el tercer lugar con una oferta que une historia, arte, diseño y cocina local. La ciudad mantiene su vínculo con el Renacimiento, pero la lista también destaca espacios relacionados con la moda, la perfumería y el arte contemporáneo.

La Galería de los Uffizi reúne obras de artistas como Giotto, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Caravaggio, además de esculturas antiguas que pertenecieron a la familia Médici. El museo ocupa un edificio diseñado por Giorgio Vasari entre 1560 y 1580 y permite recorrer una parte decisiva de la pintura occidental, desde la Edad Media hasta la etapa moderna.

La visita puede continuar por las calles del centro histórico, donde iglesias, palacios y puentes muestran la continuidad entre el patrimonio artístico y la vida urbana actual.

4. San Miguel de Allende, México

La ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato, aparece por séptimo año consecutivo en este ranking. Su arquitectura colonial española, las fachadas de colores y la presencia de artistas definen una parte de su identidad.

Fábrica La Aurora, una antigua planta textil, reúne galerías, talleres y tiendas temporales de artesanos locales. A 14 kilómetros se encuentra el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, un conjunto del siglo XVIII conocido por sus capillas, pinturas murales y ornamentación barroca.

5. Lucerna, Suiza

Lucerna completa el grupo de las cinco ciudades pequeñas más votadas. Su ubicación junto al lago homónimo y la cercanía con los Alpes suizos marcan el perfil del destino. El casco histórico reúne puentes cubiertos, edificios con torres y construcciones de colores.

Uno de los sitios centrales es el Kapellbrücke, señalado como el puente cubierto más antiguo de Europa. La ciudad también ofrece una base para quienes buscan acercarse a las montañas, con alternativas que combinan el recorrido urbano y las vistas hacia el paisaje alpino.

Las cinco mejores ciudades grandes del mundo

1. Seúl, Corea del Sur

Seúl encabeza el ranking de grandes ciudades. La capital surcoreana combina palacios y barrios históricos con desarrollo tecnológico, gastronomía, espacios dedicados al bienestar y una producción cultural de alcance global.

El crecimiento internacional del K-pop, los dramas coreanos y la industria de la belleza impulsó la llegada de visitantes, aunque la ciudad ofrece una historia que supera los 2.000 años y se expresa en sus monumentos, mercados y tradiciones.

2. Tokio, Japón

La segunda posición es para Tokio, una ciudad donde los rascacielos, los carteles luminosos y la moda urbana conviven con templos y normas de etiqueta de larga tradición. Esa convivencia entre ritmos y paisajes distintos forma parte de su atractivo para los lectores.

La gastronomía ocupa un lugar destacado. Tokio acumula más estrellas Michelin que cualquier otro lugar del mundo. La capital ofrece desde comidas callejeras hasta restaurantes de alta cocina.

3. Nom Pen, Camboya

Nom Pen se ubicó tercera. La capital de Camboya propone un recorrido por la cocina local, los mercados, las construcciones reales y el río Mekong. El Palacio Real y la Pagoda de Plata forman parte de los puntos destacados por su arquitectura y ornamentación.

El Mercado Ruso reúne puestos con tallas de madera, especias e instrumentos jemeres. La ciudad también incorpora sitios de memoria fundamentales para comprender la historia del país: el Centro Genocida Choeung Ek y el Museo del Genocidio Tuol Sleng, ambos vinculados con las víctimas del régimen de los Jemeres Rojos.

4. Shanghái, China

El cuarto lugar corresponde a Shanghái, cuya identidad se construye a partir de contrastes entre edificios históricos, zonas comerciales, barrios residenciales y nuevos desarrollos urbanos. La ciudad conserva rastros de su pasado como centro internacional vinculado con el comercio y las concesiones extranjeras.

El Bund, su paseo ribereño, concentra construcciones neoclásicas, barrocas y art déco que en otro tiempo alojaron bancos y casas comerciales.

La antigua Concesión Francesa suma avenidas arboladas, boutiques y panaderías. Ese conjunto muestra una ciudad donde la tradición y la innovación comparten el mismo espacio.

5. Sídney, Australia

Sídney cierra las cinco primeras posiciones entre las grandes ciudades. Aunque es la urbe más conocida de Australia, no es la capital del país. Su perfil reúne playas, parques, puertos, museos, gastronomía de influencia asiática y una agenda cultural amplia.

La Ópera de Sídney, el Harbour Bridge, Bondi, Cockatoo Island, los Jardines Botánicos y la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur figuran entre los atractivos citados. La cercanía del agua atraviesa la vida de la ciudad, con playas de arena, piscinas sobre el puerto y una costa integrada a la trama urbana.

La decisión mantiene a la misión enfocada en la verificación de la reincorporación de exintegrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y en las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz de 2016.

La Cancillería celebró la resolución y sostuvo que el nuevo mandato recupera el “enfoque original” del organismo. Según el Gobierno, la implementación de la reforma rural integral quedará bajo responsabilidad de las instituciones nacionales, mientras la ONU observará los avances.

“Celebramos la renovación unánime del mandato de la @MisionONUCol, que (...) reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural. Esta decisión recoge la orientación presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella: cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades de Colombia. Seguimos trabajando por una paz que se traduzca en seguridad, oportunidades y una vida sin miedo para los colombianos”, fue el mensaje institucional.

El fuerte mensaje de Mauricio Gaona

No obstante, la resolución excluyó la verificación de la reforma rural integral, como había solicitado el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La Misión concentrará su trabajo en la reincorporación y las condiciones de seguridad.

Y es que el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, afirmó durante la sesión que el acompañamiento internacional debe adaptarse a la situación actual de seguridad del país.

“(...) El acuerdo de paz de Colombia firmado en 2016, titulado Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradera. El verdadero sacrificio en cualquier proceso de paz lo hacen las víctimas, no los victimarios. La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos. La paz la hacen las víctimas bajo el más noble de todos los propósitos, que se acabe el conflicto y que no haya más víctimas. Empero, victimarios y defensores han sido protagonistas de esta historia. Si bien las voces de las víctimas dejaron de escucharse, sus números no”, dijo.

Gaona mencionó que las autoridades registraron 29.004 integrantes de grupos armados ilegales en 2026, frente a 20.420 en 2016. También citó 452 masacres, con 1.579 víctimas, y 2.852 secuestros entre 2022 y 2026.

“La verdadera paz se logra con justicia, presencia del Estado y desarrollo territorial en las regiones, incluyendo inversión económica, incluyendo las regiones más apartadas. Nuestro país reconoce asimismo el apoyo y el acompañamiento internacional del Consejo de Seguridad, a través de la presencia de la Misión de Verificación de la ONU”, sostuvo el embajador.

La Misión de Verificación fue creada en 2017 para supervisar el cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. En 2025, el Consejo de Seguridad ya había retirado de su mandato la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y el seguimiento al capítulo étnico del acuerdo.

“Esta resolución es, sin lugar a dudas, un logro determinante, no solo para mi delegación, sino para todos los miembros que tienen asiento en este órgano. La votación unánime del Consejo de Naciones Unidas es un mensaje contundente e indubitable. Una misión de verificación focalizada, efectiva, eficiente y alineada con la realidad que experimentan millones de colombianos tiene mayor probabilidad de ser exitosa”, continuó Gaona.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a encabezar las preferencias para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de conseguir 11 votos a favor y cuatro en contra durante el séptimo sondeo informal realizado este viernes 30 de octubre de 2026 por el Consejo de Seguridad.

El resultado representa el mayor respaldo obtenido hasta ahora por la exvicepresidenta costarricense en este proceso de selección, aunque su eventual nombramiento continúa condicionado a la posición de las cinco potencias con derecho a veto, que todavía no han alcanzado un consenso sobre quién deberá suceder al actual secretario general, António Guterres.

La consulta se realizó entre los 15 países que integran el Consejo de Seguridad, mediante un mecanismo conocido como straw poll, que permite conocer el respaldo de los Estados miembros hacia las diferentes candidaturas antes de realizar la recomendación formal.

¿Por qué Rebeca Grynspan todavía no tiene asegurado el cargo?

Aunque la costarricense obtuvo 11 de los 15 votos posibles, este resultado no garantiza su nombramiento.

Para que una candidatura pueda avanzar, necesita al menos nueve votos favorables y ningún veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

La votación de este viernes se realizó mediante papeletas del mismo color, por lo que no es posible determinar si alguno de los cuatro rechazos hacia Grynspan provino de estas potencias.

Sin embargo, en un sondeo anterior, realizado con papeletas que permitían diferenciar los votos de los miembros permanentes, dos países con derecho a veto se habían pronunciado contra su candidatura.

Por esta razón, el principal desafío de la diplomática costarricense continúa siendo conseguir el consenso necesario entre las principales potencias mundiales.

Así quedaron los candidatos en la séptima votación

El nuevo sondeo también permitió conocer el respaldo recibido por los demás aspirantes a dirigir Naciones Unidas.

• Rebeca Grynspan, Costa Rica: 11 votos favorables y cuatro en contra.
• Rafael Grossi, Argentina: nueve apoyos, cuatro rechazos y dos abstenciones.
• Carolyn Rodrigues-Birkett, Guyana: ocho votos favorables, seis contrarios y uno sin opinión.
• Lana Nusseibeh, Emiratos Árabes Unidos: siete apoyos, seis rechazos y dos votos sin opinión.
• Olara Otunnu, Uganda: cuatro votos favorables y 11 en contra.
• María Fernanda Espinosa, Ecuador: dos apoyos, diez rechazos y tres votos sin opinión.
• Ivonne Baki, Ecuador: un voto favorable y 14 en contra.

El argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se mantiene como uno de los principales competidores de Grynspan.

Mientras tanto, la reciente incorporación de Lana Nusseibeh amplió la lista de aspirantes y generó cuestionamientos entre organizaciones internacionales por el papel atribuido a Emiratos Árabes Unidos en el conflicto de Sudán.

Una costarricense podría convertirse en la primera mujer en dirigir la ONU

Rebeca Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y actualmente ocupa la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aunque solicitó una licencia para concentrarse en su candidatura.

Su trayectoria internacional incluye distintos cargos dentro del sistema de Naciones Unidas, donde ha trabajado en asuntos relacionados con el desarrollo económico, el comercio y la cooperación internacional.

Su eventual elección tendría un significado histórico, debido a que ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General de la ONU desde la creación del organismo en 1945.

Además, representaría el regreso de América Latina a la dirección de Naciones Unidas, puesto que el último latinoamericano en ocupar el cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

La elección deberá resolverse antes de finalizar el año

El actual secretario general, António Guterres, concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026, por lo que el Consejo de Seguridad deberá continuar las negociaciones para recomendar a su sucesor.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha definitiva para el próximo sondeo, mientras persisten las diferencias entre los países con poder de veto.

También se ha mencionado la posibilidad de que nuevas figuras internacionales se incorporen a la contienda, entre ellas el diplomático turco Feridun Sinirlioğlu.

Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo, deberá presentar una recomendación a la Asamblea General de Naciones Unidas, encargada de formalizar el nombramiento.

Mientras tanto, Grynspan continúa encabezando las votaciones informales, pero su llegada a la Secretaría General dependerá de que consiga superar las diferencias entre las potencias que tienen la capacidad de bloquear su candidatura.

(Desde Roma, Italia) Rebeca Grynspan y Rafael Grossi hoy fueron los candidatos más votados por el Consejo de Seguridad para ocupar la Secretaría General de la ONU. Grynspan obtuvo 11 votos a favor, mientras que Grossi sumó 9 respaldos consolidando así su mejor elección desde que inició el proceso para suceder a Antonio Guterres.

Pero la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Estados Unidos y China aún traba la decisión final, que debería suceder antes de que concluya 2026.

Ante las desavenencias que protagonizan Donald Trump y Xi Jinping, Emiratos Árabes Unidos ejecutó un meditado movimiento diplomático que es apoyado por países de Medio Oriente.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan -presidente de EAU-, presentó la nominación de Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado y exembajadora en Naciones Unidas.

Nusseibeh desplegó una formidable campaña en redes sociales y medios de comunicación europeos, pero su resultado fue escaso: salió cuarta con 7 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

La séptima votación en el Consejo de Seguridad ratifica la decisión geopolítica de designar como Secretario General a un diplomático de América Latina.

Todavía hay siete candidatos, y los tres primeros puestos pertenecen a los representantes de Costa Rica, Argentina y Guyana.

Así fue la votación de hoy en el Consejo de Seguridad, donde sus 15 miembros expresaron en secreto sus votos a favor, en contra y las abstenciones:

1. Rebeca Grynspan (Costa Rica): 11-4-0

2. Rafael Grossi (Argentina): 9-4-2

3. Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana): 8-6-1

4. Lana Nusseibeh (Emiratos Árabes Unidos): 7-6-2

5. Olara Otunnu (Uganda): 4-11-0

6. María Fernanda Espinosa (Antigua y Barbuda): 2-10-3

7. Ivonne Baki (Ecuador): 1-14-0

Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y tienen derecho a veto sobre cualquier candidato que se presente.

Si hay veto, aunque sea uno, el candidato se transforma en historia diplomática.

Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo son los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Y aunque no tienen el poder de veto, son fundamentales para designar al próximo Secretario General: se necesitan 9 votos, y esa mayoría se logra sólo con los miembros no permanentes del Consejo.

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden votar con boletas de color, que permiten determinar si ejercieron su derecho al veto. No se transparenta el país que vetó, pero se sabe que Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia han impugnado a ciertos candidatos.

Las constantes votaciones fallidas son reflejo de la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Trump y Xi.

La Casa Blanca apoya la candidatura de Grossi, mientras que China -junto a Rusia- se inclina por designar a una candidata mujer para suceder a Antonio Guterres.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución que firmaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) durante su cumbre en India.

Los votos de China y Rusia serían para Grynspan, que empuja un programa multilateral que es observado con atención por Xi y Putin.

Estados Unidos tiene articulada una estrategia común con Francia y Reino Unido, en tanto que China siempre cuenta con la adhesión automática de Rusia.

Sin embargo, el conflicto soberano sobre las Islas Malvinas afecta la estrategia de Estados Unidos en la designación del próximo Secretario General de la ONU.

Grossi es un candidato apoyado por Argentina, que reclama la soberanía en las Islas Malvinas. Reino Unido se apropió de las Islas Malvinas en 1833 y se niega a reconocer los derechos legales e históricos de la Argentina.

Grynspan y Grossi recibieron hoy 4 rechazos, pero no se puede saber si hay vetos porque los miembros permanentes no votaron con boletas de colores.

En 62 días, Guterres termina su opaco mandato en Naciones Unidas, y Washington y Beijing todavía no se pusieron de acuerdo para designar al próximo Secretario General.

Infobae continúa con el seguimiento y registro de las denuncias de ciudadanos latinoamericanos captados para viajar a territorio ruso, entre los cuales figura la reciente desaparición de un salvadoreño que fue reclutado mediante supuestas ofertas laborales.

El trabajador, identificado como, Ávalos, perdió toda comunicación con su círculo familiar el 28 de septiembre, tras manifestar su descontento por el incumplimiento de las condiciones prometidas y señalar que había sido derivado a instalaciones militares vinculadas a la guerra con Ucrania.

Antes de su partida, Ávalos, de 41 años, residía en la localidad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán Sur, donde trabajaba en una pastelería en la que realizaba tareas múltiples, desde la elaboración de productos hasta funciones de supervisión e inventario.

El contacto inicial ocurrió a través de un aviso publicitario en redes sociales que ofrecía empleo como conductor civil en Rusia. Los intermediarios prometieron un salario de USD 2,500 y un incentivo económico de USD 30,000, cifras determinantes para que aceptara la propuesta.

La salida de El Salvador ocurrió de forma abrupta. Los coordinadores le notificaron la asignación del viaje en la tarde del 17 de agosto y tomó el vuelo en la madrugada del 18 de agosto. La ruta aérea incluyó escalas en Colombia, Brasil y Catar antes del arribo definitivo. En ese trayecto coincidió con otro salvadoreño, oriundo del departamento de Santa Ana, quien viajaba en idénticas condiciones.

Un reclutamiento que terminó con traslados a cuarteles militares y pérdida de contacto

Al llegar a territorio ruso, los dos salvadoreños integraron un grupo junto a otros dos ciudadanos extranjeros y fueron trasladados directamente hacia una base castrense. Allí, Ávalos firmó un documento redactado en español con las cláusulas pactadas en el diálogo inicial.

No obstante, las rutinas incluyeron ejercicios de adiestramiento y el resguardo temporal de sus mochilas, en las cuales su compañero de viaje extravió documentos personales, mientras que a él le permitieron conservar su identificación.

Los contactos a través de mensajes de texto con su familia en El Salvador comenzaron con frecuencia diaria durante la primera semana. Con el paso de los días y los constantes traslados entre distintas dependencias, la comunicación se distanció a lapsos de ocho y diez días.

El 21 de septiembre, el hombre solicitó a sus parientes que buscaran asesoría legal urgente en el país centroamericano: “pidió que por favor le ayudáramos para ver qué se podía hacer con el contrato, porque no le estaban cumpliendo nada de lo que le habían ofrecido”, detallaron a este medio.

El último mensaje fue enviado el 28 de septiembre, cuando notificó una presunta vulneración en la cuenta bancaria donde debía percibir sus honorarios. Ávalos indicó que acudiría al banco al día siguiente para regularizar la situación, pero desde ese momento se perdió todo rastro. Sus allegados presumen que fue enviado a zonas de conflicto bélico en Ucrania.

Frente a la incomunicación prolongada, los allegados acudieron a diferentes instancias. En la cancillería se abrió un acta formal a cargo de funcionarias de la institución, pero la familia asegura que aún no recibe respuestas concretas sobre gestiones de localización o enlace con Rusia.

La madre del trabajador, de 65 años, realizó un llamado público a las autoridades para que intervengan de manera inmediata en la búsqueda: “estamos buscando ayuda y la verdad es que no tenemos respuesta, no sabemos más qué hacer ni para dónde movernos”, relató ante la incertidumbre sobre el paradero de su hijo.

Infobae documentó más de 10 casos en abril y registra nuevas alertas regionales

Las investigaciones periodísticas sobre estos esquemas de captación han evidenciado un patrón recurrente. Infobae documentó más de 10 casos solo en abril, pero con el transcurso de los meses ha sumado testimonios adicionales de personas afectadas en Centroamérica y el resto del continente.

Dentro de estas coberturas destaca el testimonio de un salvadoreño atrapado en el frente ruso, quien actualmente permanece a la espera de auxilio consular para ser evacuado junto a un contingente de dominicanos en condiciones similares.

La problemática adquirió dimensión global tras un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtió esta semana sobre la existencia de ciudadanos reclutados procedentes de al menos 29 países para sumarse a las filas rusas.

El organismo multilateral analiza estos esquemas bajo el encuadre de redes de trata de personas, debido al engaño en los contratos laborales que ocultan la verdadera finalidad bélica de los traslados hacia Europa.

El balance preliminar de víctimas fatales reporto 13 muertos, pero fue actualizado este viernes por el gobernador de Dnipro, Oleksander Ghanza y aumentó la cifra. El balance de muertos por el ataque aumenta a 15. Sinceras condolencias a los familiares y amigos del fallecido", escribió en un mensaje en redes sociales, en el que acusó al Kremlin de “continuar su caza de civiles” y “atacar de forma deliberada a trenes y personas”.

El organismo internacional transmitió la condena del coordinador humanitario en Ucrania, Matthias Schmale, por el ataque contra un convoy que cubría el trayecto entre Zaporizhzhia y Dnipro.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que el número de víctimas podría crecer mientras continúan las tareas de rescate. El organismo remarcó los “crecientes riesgos que enfrentan los pasajeros y los trabajadores ferroviarios” en el país. La ONU señaló que los ataques rusos alcanzaron otras regiones ucranianas y causaron decenas de muertos y heridos entre civiles, incluidos niños, en ciudades como Kremenchuk y Chernígov.

Nuevos impactos contra instalaciones eléctricas interrumpieron el servicio en Donetsk, Kharkiv y Sumy. La situación obligó a aplicar cortes de emergencia en Kiev y sus alrededores.

La OCHA subrayó que millones de personas vulnerables afrontan peligros por la falta de servicios esenciales durante las bajas temperaturas. Un análisis de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que 3,3 millones de adultos mayores y 1,5 millones de adultos y niños con discapacidad que viven solos en áreas urbanas enfrentan “riesgos cada vez mayores” por cortes prolongados de electricidad, calefacción y agua potable vinculados a la ofensiva militar.

Kiev sufrió un nuevo bombardeo ruso

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, al menos una persona murió en un ataque ruso con misiles balísticos contra la capital ucraniana, que alcanzó varios almacenes del distrito de Darnitsia, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

El mandatario local indicó que los proyectiles impactaron en depósitos ubicados en ese barrio, aunque no divulgó más detalles sobre los daños ni sobre la identidad de la víctima.

En otro episodio, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó la muerte de un empleado de la central nuclear de Zaporizhzhia , situada en la ciudad ucraniana de Energodar y bajo control ruso, tras un ataque con drones cuya autoría no fue identificada. El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, condenó el hecho. “Cualquier ataque al personal de una planta nuclear es completamente inaceptable y viola los Siete Pilares Indispensables para la Seguridad Nuclear y la Seguridad durante un conflicto armado”, afirmó.

Moscú y Kiev mantienen la tregua en Oleshky

El alto el fuego de seis días en Oleshky, ciudad ocupada por fuerzas rusas en la región ucraniana de Jersón, cumplió este viernes su cuarta jornada, mientras las partes preparan el ingreso de ayuda humanitaria tras las tareas de desminado.

El cese de hostilidades rige desde el martes y tiene vigencia hasta el próximo domingo. La primera dama estadounidense, Melania Trump, medió para alcanzar el acuerdo, que también contó con el respaldo del papa León XIV.

El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, anunció que el convoy humanitario llegará el viernes al hospital central de Oleshky para asistir a la población civil. “El alto el fuego ya lleva 54 horas en vigor”, declaró.

Lubinets afirmó que ambos bandos “están cumpliendo plenamente los acuerdos” y sostuvo que no hubo reportes de violaciones. También indicó que los preparativos de la misión humanitaria alcanzaron su fase final.

La defensora del pueblo rusa, Yana Lantratova, coincidió en que las partes respetan los compromisos. Explicó que ingenieros rusos despejan las minas de las rutas de acceso a la localidad. “Esto permite que el personal militar continúe despejando las carreteras de minas y prepare un paso seguro para el convoy humanitario”, afirmó Lantratova, quien indicó que la operación requirió cinco meses de preparación.

(Con información de Europa Press)

Panamá ofreció su territorio como sede para un eventual acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una nueva resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, afirmó este jueves 29 de octubre que su país podría facilitar conversaciones si ambas partes aceptan abrir una instancia de diálogo. La declaración llegó un día después de que el Gobierno de José Raúl Mulino presentara esa propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, dijo Martínez-Acha Vásquez, según informó la agencia EFE. El canciller sostuvo que Panamá cuenta con antecedentes de entendimiento internacional que podrían ser útiles para una negociación entre Washington y La Habana.

La oferta de sede neutral para acercar a Cuba y Estados Unidos

El jefe de la diplomacia panameña indicó que la posibilidad de una reunión depende de la voluntad política de ambos Gobiernos. “Panamá, con su tradición y su historia de entendimiento, podría ser un espacio para esas conversaciones. Quizás una posición neutral podría permitir avanzar. Si ambos países lo desean, deben estar dispuestos a conversar”, señaló.

La propuesta fue planteada durante la visita oficial a Panamá del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. La presencia del funcionario europeo dio marco a las declaraciones de Martínez-Acha Vásquez sobre la necesidad de reducir las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Panamá defendió ante la ONU que el diálogo constituye una herramienta para superar desacuerdos entre Estados y ampliar la cooperación internacional. La posición panameña combinó esa oferta de mediación con un llamado al régimen cubano para que fortalezcan la institucionalidad democrática, garanticen el respeto por los derechos humanos y aseguren la participación ciudadana.

La iniciativa no supone, por ahora, una negociación formal ni una respuesta pública de Cuba o Estados Unidos. El planteo deja abierta la posibilidad de que Panamá actúe como anfitrión si las dos partes deciden retomar contactos políticos.

Resolución de la ONU: 130 votos contra el embargo

La oferta panameña se produjo después de que la Asamblea General de la ONU aprobara el miércoles la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

El texto obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque la resolución expresa la posición mayoritaria de los Estados miembros, no tiene carácter vinculante para Estados Unidos.

Cuba presenta esta iniciativa cada año desde 1992 con el objetivo de reclamar el levantamiento del embargo estadounidense. La medida rige desde el 3 de febrero de 1962 y ha sido uno de los principales puntos de conflicto en la relación bilateral durante más de seis décadas.

La votación coincidió con el ofrecimiento de Panamá para alojar un eventual proceso de conversaciones. El canciller panameño vinculó la posibilidad de un acercamiento con la necesidad de que ambas administraciones asuman una disposición concreta para dialogar.

La postura de Panamá incluye dos mensajes: la defensa de una salida diplomática entre Estados Unidos y Cuba y el reclamo de cambios institucionales dentro de la isla. Por el momento, ninguno de los dos países anunció si considera la propuesta panameña ni si evalúa abrir una nueva ronda de contactos.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder político de izquierda, luchador democrático y candidato a la presidencia de México en tres ocasiones, falleció la noche del 28 de octubre a los 92 años. Su muerte conmocionó al país y provocó reacciones internacionales de embajadas e instituciones defensoras de derechos humanos.

Cárdenas murió en su residencia de la Ciudad de México rodeado de familiares. No se reportó una enfermedad intempestiva ni intervenciones de emergencia, sino un deterioro gradual propio de sus 92 años.

Ingeniero civil por la UNAM, Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano. Fue gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986, y en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo por voto popular.

La ONU y la Unión Europea lamentan la pérdida de una “figura clave”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) encabezaron las reacciones internacionales. ONU México lamentó a través de su cuenta oficial en ‘X’ “profundamente” el deceso y señaló que la trayectoria de Cárdenas “y su compromiso con la democracia, la justicia social y el servicio público dejan una huella indeleble”.

La delegación europea en el país calificó a Cárdenas como “figura clave en la construcción de la vida democrática de México” y dirigió sus condolencias de manera directa a Lázaro Cárdenas Batel, hijo del fallecido, y a toda la familia Cárdenas.

España y Palestina coinciden en destacar su legado democrático

La Embajada de España en México expresó sus “más sinceras condolencias” y envió “un fuerte abrazo a todos sus familiares, amigos y allegados”, con una mención directa a la cuenta de redes sociales de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo.

Desde la Embajada del Estado de Palestina en México, el mensaje subrayó otra arista de la trayectoria del político: su “firme defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación”. La representación diplomática describió a Cárdenas como un referente de “la lucha por la democracia, la justicia social y la dignidad de los pueblos” y extendió su solidaridad a la causa palestina como un eje compartido con el legado del ingeniero mexicano.

1988, el año en que Cárdenas sacudió al sistema político mexicano

Cárdenas es recordado sobre todo por 1988, cuando sacudió el sistema político del país al enfrentarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido al que pertenecía y que acumulaba todo el poder en el país, con nula oposición.

Antes de esa ruptura, Cárdenas había encabezado en los años ochenta la Corriente Democrática dentro del PRI, junto con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. Esa disidencia derivó en la fundación del Frente Democrático Nacional, con el que disputó la presidencia frente a Carlos Salinas de Gortari en los comicios de 1988.

La elección de 1988, donde las elecciones dejaron de ser organizadas por el gobierno a cargo del PRI. Los resultados posicionaron a Salinas de Gortari, y Cárdenas acusó haber sido víctima de fraude electoral. Un año después fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que reunió a una parte fundamental de las izquierdas mexicanas y lo llevó por segunda y tercera ocasión a la candidatura presidencial, en 1994 y 2000.

El 28 de octubre de 2026, Colombia, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, rompió con su postura histórica en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y votó contra la resolución de Cuba que reclama el fin del embargo de Estados Unidos, una iniciativa que, pese a la caída de apoyos, fue aprobada por la Asamblea General con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Además de Colombia, otros países como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay se sumaron al voto negativo, junto a Estados Unidos. Chile, Honduras y Perú, que un año antes habían respaldado la propuesta, optaron por abstenerse. Venezuela no participó en la sesión.

También rechazaron la iniciativa Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos, mientras que Italia, Alemania y Grecia estuvieron entre los países que se abstuvieron.

La resolución mantuvo la mayoría pese a la reducción de apoyos

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución promovida por La Habana, que desde 1992 exige el levantamiento del embargo estadounidense. El texto incorporó este año una referencia a las consecuencias del bloqueo petrolero que, según Cuba, Estados Unidos aplica desde enero de 2026.

En las semanas previas a la votación, las autoridades cubanas acusaron a Washington de presionar a distintos gobiernos para retirar su apoyo a la medida por segundo año consecutivo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionó los efectos de las sanciones durante su intervención ante el organismo. “El bloqueo mata y castiga a nuestra población silenciosamente como nunca antes”, afirmó.

A juicio de Rodríguez, Estados Unidos pretende definir el destino de la isla y apropiarse de sus recursos. Antes de la votación, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, rechazó que exista un bloqueo contra Cuba y atribuyó las dificultades económicas de la población al Gobierno cubano.

El Gobierno colombiano vinculó su voto a la defensa de la democracia

La Cancillería de Colombia informó que la decisión fue adoptada por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y bajo la conducción del canciller Omar Bula. En su comunicado, la cartera señaló que el país votó contra la resolución que solicita el fin del embargo de Estados Unidos sobre Cuba.

“La extrema coherencia de la política exterior de la Patria Milagro se demuestra con hechos. Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y bajo el liderazgo del canciller Omar Bula, Colombia votó en la Asamblea General de la ONU en contra de la resolución que pide poner fin al supuesto embargo de Estados Unidos contra Cuba”, escribió el organismo en X.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la posición responde a las prioridades de política exterior del actual Gobierno. La Cancillería afirmó que la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional debe orientar las actuaciones internacionales del país.

“Esta decisión histórica expresa una convicción: la defensa de la democracia, de la libertad y de la seguridad nacional debe orientar nuestras actuaciones internacionales”, explicó la cartera.

Y agregó: “Colombia fortalece sus alianzas estratégicas y mantiene una posición firme frente a los regímenes autoritarios y cómplices del narcoterrorismo”, puntualiza el comunicado oficial.

El Pacto Histórico cuestionó el giro de Colombia ante Cuba

El Pacto Histórico rechazó la postura adoptada por el Gobierno y pidió defender el diálogo entre los pueblos, la soberanía y el derecho de Cuba a decidir su futuro sin presiones económicas externas.

El representante a la Cámara Yeisson Sua Cajamarca recordó el papel de Cuba en los esfuerzos de paz colombianos. Tras reunirse con el embajador cubano Carlos de Céspedes Piedra, el congresista afirmó que “la solidaridad y la gratitud no se pueden olvidar”.

Casi seis millones de personas en Haití sufren hambre severa y cerca de dos millones enfrentan una situación de emergencia, según un nuevo informe que alertó sobre el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el país caribeño.

El análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases, una iniciativa de Naciones Unidas junto a otros socios, cifró en 5,94 millones la cantidad de haitianos con altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La proyección indica que el número ascenderá a 6,35 millones para mediados de 2027, más de la mitad de la población del país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostuvo que la cifra representa “uno de los niveles más altos del mundo en la actualidad”. Más de la mitad de los cerca de 12 millones de habitantes de Haití enfrenta dificultades diarias para acceder a alimentos.

Desde abril, el número de personas con hambre severa aumentó en casi un cuarto de millón, de acuerdo con el informe. Aproximadamente uno de cada dos haitianos no tiene acceso regular a alimentos suficientes.

El aumento de la violencia de las pandillas, los desplazamientos, el alza de los precios de los alimentos y del combustible, junto con los efectos del fenómeno de El Niño, profundizaron la crisis alimentaria. Muchas familias residen en refugios improvisados o en comunidades bajo presión de grupos armados.

“Las cifras son realmente alarmantes en comparación con otros años”, afirmó Maxime Ngalula, director de Acción contra el Hambre en Haití, en una entrevista telefónica con The Associated Press.

La violencia en la región central del país también afectó la producción y distribución de alimentos. Agricultores abandonaron sus tierras y grupos criminales bloquearon rutas hacia Puerto Príncipe y otras zonas, lo que limita el ingreso de mercancías.

“La negociación con las pandillas puede durar uno, dos o tres días”, dijo Ngalula. El responsable añadió que algunas familias recorren hasta 15 kilómetros para llegar a un punto de distribución, ante las dificultades de acceso de las organizaciones humanitarias. “No es fácil atenderlos a todos”.

Acción contra el Hambre distribuye efectivo, arroz y frijoles, pero enfrenta obstáculos para asistir a quienes perdieron sus hogares a causa de la violencia y se desplazan entre distintos refugios. “La estrategia ahora consiste en cómo acompañar a estas personas o seguirlas”, señaló Ngalula.

En 2014, el 2% de la población haitiana padecía inseguridad alimentaria. El huracán Matthew, que destruyó cultivos en 2016, y la expansión de la violencia de las pandillas contribuyeron al deterioro posterior.

El Programa Mundial de Alimentos indicó que necesita USD 78 millones para mantener sus operaciones en Haití hasta marzo. El informe advirtió que “la asistencia humanitaria debe incrementarse urgentemente para satisfacer las necesidades inmediatas”.

La alerta coincide con una escalada de los enfrentamientos entre bandas criminales y fuerzas respaldadas por la ONU, tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en un ataque del 18 de octubre en Puerto Príncipe. Después de ese episodio, El Salvador desplegó a más de 1.000 soldados en Haití.

“Nos preocupa enormemente este recrudecimiento de la violencia en los barrios densamente poblados de la capital”, declaró Davina Hayles, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití. “Tememos que este conflicto armado se cobre aún más víctimas y desplace a más personas en los próximos días, especialmente con la llegada de fuerzas de seguridad internacionales adicionales”, agregó.

Médicos Sin Fronteras advirtió que pacientes con heridas de bala tardaron varias horas en llegar a sus hospitales en Haití, debido a los bloqueos en carreteras y puentes y al riesgo que implican los traslados en zonas afectadas por la violencia.

“Tardaron varias horas”, afirmó la jefa de misión de la organización en el país, Davina Hayles, al referirse al tiempo que algunos heridos necesitaron para recibir atención médica. La responsable explicó que “hay carreteras y puentes bloqueados, y cualquier desplazamiento es extremadamente arriesgado”.

Hayles alertó además sobre el deterioro de la red sanitaria en la capital haitiana. “En una capital donde el sistema de salud se ha derrumbado y donde muchos centros están cerrados, es indispensable que se garantice el acceso a los centros de atención abiertos y funcionales como los nuestros”, añadió.

(Con información de Associated Press)

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionó el marco legal de Honduras para destituir a jueces, magistrados y fiscales, al advertir que las causales amplias y las garantías procesales insuficientes pueden facilitar decisiones discrecionales y presiones políticas sobre quienes administran justicia.

La relatora señaló que los procedimientos de responsabilidad política deben garantizar el debido proceso, la imparcialidad de quienes investigan y deciden, el acceso de los afectados a las acusaciones y la posibilidad de refutarlas.

También destacó la importancia de contar con mecanismos efectivos de revisión independiente cuando corresponda.

La comunicación examina la compatibilidad del artículo 234 de la Constitución hondureña y la Ley Especial de Destitución, contenida en el Decreto 51-2013, con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Uno de los principales cuestionamientos es la concentración de funciones de investigación, enjuiciamiento y resolución en el Congreso Nacional, sin garantías suficientes de revisión judicial independiente.

La relatora advierte que estos procedimientos deben ajustarse a las garantías establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El documento también hace referencia al contexto político reciente. Según la comunicación, las elecciones de 2025 se celebraron en un ambiente de alta tensión y desconfianza.

Además, señala que, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno encabezado por el Partido Nacional, se produjeron destituciones de altos cargos judiciales y electorales percibidos como vinculados con la administración anterior.

Las preocupaciones de Naciones Unidas tienen antecedentes en decisiones examinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.

El 29 de noviembre de 2023, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado hondureño por la destitución arbitraria e ilegal de los magistrados en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras.

La sentencia ordenó adecuar el marco jurídico pertinente a los estándares internacionales, una obligación que la comunicación de la relatora señala como pendiente de cumplimiento.

Otro precedente se remonta a las destituciones de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y Tirza del Carmen Flores Lanza, después del golpe de Estado de 2009.

En 2015, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado en el caso López Lone y otros vs. Honduras, por violaciones de derechos humanos relacionadas con las medidas adoptadas contra estos integrantes de la judicatura.

Satterthwaite advierte que las amenazas de destitución y los procedimientos de responsabilidad pueden generar un efecto intimidatorio sobre jueces, fiscales y otros operadores de justicia, especialmente cuando se perciben como represalias por sus decisiones profesionales.

Los desacuerdos con las resoluciones judiciales deben tramitarse, por regla general, mediante los recursos previstos en la ley, en lugar de recurrir a procedimientos disciplinarios o políticos para castigar interpretaciones jurídicas realizadas de buena fe.

La advertencia cobra relevancia en un escenario marcado por el endurecimiento de la legislación penal y procesal. La independencia judicial es determinante para revisar la legalidad de las detenciones, valorar las pruebas, controlar los allanamientos y garantizar que las personas procesadas puedan ejercer su derecho a la defensa.

También pregunta qué medidas impiden que la responsabilidad política se utilice como instrumento de intimidación o represalia.

La relatora aclara que los mecanismos de rendición de cuentas no son incompatibles por sí mismos con la independencia judicial. El riesgo aparece cuando carecen de criterios objetivos, garantías procesales y protección frente a la injerencia política.

Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en la región de Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó.

El crimen ocurrió poco más de un año después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertara al Gobierno de México sobre las amenazas de muerte, un intento de desaparición y los ataques armados que el defensor venía denunciando desde octubre de 2022.

Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra Pérez con un arma corta, de acuerdo con la reconstrucción preliminar del fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Personal de la Fiscalía Indígena, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Llaven Abarca se trasladó a San Cristóbal para supervisar la investigación

El fiscal Llaven Abarca señaló en entrevista con medios locales que, hasta ese momento, no existía ninguna línea de investigación concreta. El funcionario describió el hecho como “aislado” y precisó que no contaban con elementos para vincularlo a algún conflicto político o social en la región.

El fiscal detalló que se trató de dos hombres que llegaron en motocicleta, se acercaron a la víctima y dispararon con arma corta. Añadió que realizarán “un recuento cronológico de qué pasó momentos antes, dónde estuvo antes” para precisar una línea de investigación.

Llaven Abarca reveló que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar lo llamó personalmente para pedirle que supervisara la investigación.

En una publicación posterior en Facebook, el fiscal informó que se encontraba en San Cristóbal de Las Casas “por acuerdo de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez”, y confirmó la designación de un grupo especial para las diligencias correspondientes.

El funcionario describió a Reynaldo Pérez como una persona “muy activa”, que ofrecía servicios como abogado y asesor de víctimas, y que era regular verlo en las oficinas de la Fiscalía Indígena, Zona Altos. “Habrá cero impunidad”, aseguró el fiscal, y añadió que los responsables “van a enfrentar la justicia”.

La ONU documentó amenazas de muerte y un intento de desaparición desde 2022

La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con los relatores especiales Morris Tidball-Binz, Gina Romero y Albert K. Barume, enviaron al Gobierno de México la Comunicación Conjunta AL MEX 1/2025 el 17 de febrero de 2025.

El documento alertó sobre ataques contra Reynaldo Pérez Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos defensores indígenas tzotziles de Los Altos de Chiapas.

Según la información revelada, Reynaldo Pérez colaboraba con la organización “Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz”; mientras que Vásquez Gutiérrez era miembro de “Las Abejas de Nuevo Yibeljoj”.

Según la comunicación, ambos defensores sufrieron desde octubre de 2022 amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. La información recibida por la Relatora sugería que funcionarios públicos habrían estado involucrados en esas agresiones.

Los relatores precisaron que Pérez y Vásquez Gutiérrez presentaron al menos tres denuncias ante las autoridades correspondientes, las cuales no actuaron con diligencia para investigar las agresiones ni sancionar a los responsables.

Ambos eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, pero las medidas resultaban insuficientes frente al riesgo que enfrentaban.

La ONU señaló que la región ha sido escenario de disputas territoriales entre grupos de delincuencia organizada. Grupos autodenominados “de autodefensa” se habrían enfrentado con agrupaciones criminales por el control del municipio de Pantelhó, con saldo de heridos, muertos y desplazamiento forzado de cientos de pobladores.

El 3 de diciembre de 2024, un grupo habría tomado la presidencia municipal de Pantelhó tras la elección de un consejo municipal integrado por personas relacionadas con una agrupación del crimen organizado, en respuesta a una serie de ataques contra pobladores. Los relatores concluyeron que Pérez y Vásquez Gutiérrez estaban expuestos a “un alto nivel de riesgo” por su labor y el contexto de inseguridad de la región.

México confirmó que incorporó a Reynaldo Pérez al Mecanismo de Protección desde junio de 2023

El Estado mexicano respondió el 6 de marzo de 2025, en un informe transmitido por la Misión Permanente de México en Ginebra el 1 de abril.

El informe confirmó que, el 3 de junio de 2023, personal del Mecanismo de Protección contactó a Reynaldo Pérez Pérez debido a que se tuvo conocimiento de un ataque armado en el que murieron siete personas en situación de desplazamiento y una más resultó herida.

México precisó que Reynaldo Pérez Pérez y José Vásquez Gutiérrez fueron incorporados formalmente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas desde el 13 de junio de 2023, con número de expediente asignado.

El documento anuncia a continuación el listado de medidas de protección implementadas para ambos defensores, aunque ese apartado aparece sin contenido visible en la versión pública del informe.

La Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra transmitió el informe a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiterando “las seguridades de su más atenta y distinguida consideración”.

El defensor señaló al grupo “Los Herrera” por el crimen del padre Marcelo Pérez en 2024

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el 23 de octubre de 2024, Pérez expresó dudas sobre si el detenido por la Fiscalía de Chiapas, identificado como “El Kalimba”, fuera realmente el autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido el domingo anterior en San Cristóbal de Las Casas.

Pérez señaló como presunto líder visible del crimen a Rubén Herrera Gutiérrez, hermano de Dayli Herrera e hijo de Austreberto Herrera Abarca, ambos presos en el penal de El Amate por los homicidios del activista Simón Pedro y del fiscal indígena de San Cristóbal de las Casas, Gregorio Pérez Gómez. Vinculó el caso con el grupo armado conocido como “Los Herrera”.

Afirmó que el móvil habría sido que el padre Marcelo impugnaba el nombramiento de concejales vinculados a ese grupo. Dijo haber compartido esta información con la Fiscalía de Chiapas y con la entonces PGR.

En esa misma entrevista, Pérez reconoció contar con medidas de protección estatal y federal, incluido acompañamiento de la Guardia Nacional, pero señaló que resultaban insuficientes. “A veces también la policía, nos dicen que no tienen ni para gasolina para acompañarnos”, dijo al medio.

Reynaldo Pérez defendía los derechos de las familias desplazadas del sector Santa Marta, en Chenalhó, refugiadas en la comunidad de Polhó. Participó como mediador en el conflicto agrario entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, y tomó parte en movilizaciones en San Pedro Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, celebró este miércoles la caída de apoyos a la resolución impulsada por Cuba contra el embargo estadounidense, después de que el texto mantuviera la mayoría en la Asamblea General, aunque con una reducción de 35 votos favorables frente a 2025.

“Hoy casi el triple de naciones votaron no, se abstuvieron o simplemente eligieron no votar, dándole la espalda a la resolución sham de La Habana en la ONU”, escribió Waltz en un mensaje difundido el 28 de octubre en la red social X.

El representante estadounidense sostuvo que la votación mostró un cambio en la postura de varios gobiernos ante la iniciativa anual presentada por el régimen cubano. “Queda más trabajo por hacer, pero el mundo está empezando a empujar de vuelta contra la propaganda del régimen cubano a medida que su corrupción y opresión son expuestas. ¡Cuba libre!”, añadió.

Doce países cambiaron su posición frente a la resolución de 2025

El Gobierno de Cuba perdió el respaldo de 12 países que en la votación de 2025 habían acompañado el texto o se habían abstenido. Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Lituania, Marruecos, Eslovenia y Trinidad y Tobago votaron en contra de la resolución, según el conteo publicado por CiberCuba, sitio de noticias cubano.

La resolución, de carácter no vinculante, reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre la isla. El respaldo favorable descendió de 165 votos en 2025 a una cifra 35 votos menor este año, de acuerdo con los datos citados por CiberCuba.

El resultado mantuvo una mayoría para la iniciativa cubana, aunque aumentaron los votos en contra y las abstenciones. Periódico Cubano, que siguió la sesión de la Asamblea General, calculó que el respaldo al texto cayó 21,2% en comparación con la votación anterior.

Waltz destacó el aumento de rechazos, abstenciones y ausencias

Waltz difundió una imagen del tablero electrónico de votación de la Asamblea General y otra fotografía junto a funcionarios estadounidenses, tras conocerse el resultado. Su mensaje centró la atención en el conjunto de países que rechazaron la resolución, se abstuvieron o no participaron de la votación.

El embajador calificó el texto de “resolución sham”, una expresión en inglés que puede traducirse como una iniciativa engañosa o carente de legitimidad. La crítica coincide con la posición histórica de Washington, que sostiene que el debate sobre el embargo omite la situación política, económica y de derechos humanos en la isla.

Los votos en contra se duplicaron y las abstenciones crecieron en 13, según la información difundida por los medios cubanos que siguieron la sesión. La variación marca el tercer año consecutivo de deterioro en el respaldo diplomático internacional a la resolución promovida por La Habana.

El carácter no vinculante de la resolución

Aunque el texto obtuvo una mayoría, no obliga a Estados Unidos a modificar su política hacia Cuba. Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas expresan posiciones políticas de los Estados miembros, pero no tienen efectos vinculantes.

La votación del 28 de octubre dejó un escenario distinto al de 2025: menos apoyos al reclamo cubano, más gobiernos que optaron por rechazarlo o no respaldarlo y una reacción inmediata de la delegación estadounidense, que presentó el resultado como una señal de desgaste de la estrategia diplomática de La Habana.

Estados Unidos colgó este miércoles en la fachada de su embajada en La Habana un cartel con el lema Freedom 250 (Libertad 250), la marca con la que celebra los 250 años de su independencia. Ese mismo día, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución anual de Cuba contra el embargo estadounidense con el menor apoyo en tres décadas.

El texto recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. En octubre de 2025 había sumado 165 apoyos, siete rechazos y 12 abstenciones; en 2024, 187 votos favorables y solo dos en contra, los de Estados Unidos e Israel. Hay que ir hasta 1995 para encontrar un respaldo menor.

El cartel reproduce la estética de la campaña que la comisión Freedom 250, respaldada por la Casa Blanca, desplegó en Washington alrededor del 4 de julio con ferias, carreras y fuegos artificiales. La embajada en La Habana usa esa marca desde hace meses en sus redes sociales, donde invitó a los cubanos a enviar mensajes sobre la libertad.

El régimen cubano considera una provocación ese tipo de mensajes en la sede diplomática. En 2006, cuando la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos instaló en sus ventanas un panel luminoso con noticias y consignas, la dictadura de Fidel Castro plantó frente al edificio decenas de mástiles con banderas negras para taparlo. Junto a la misión está además la Tribuna Antiimperialista José Martí, la explanada que el régimen construyó en 2000 para sus actos políticos.

El cambio más visible de la votación llegó desde América Latina. Colombia, Ecuador y Costa Rica votaron en contra por primera vez; Colombia había apoyado el texto en 2025 y los otros dos se habían abstenido. Argentina y Paraguay repitieron el rechazo del año pasado, igual que Hungría y Ucrania, y Marruecos pasó de la abstención al voto negativo. Chile, Honduras y Perú, cuyos nuevos presidentes mantienen buena relación con Donald Trump, se abstuvieron después de haber votado a favor en 2025. Alemania e Italia también se abstuvieron. Venezuela no votó.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, había anticipado cambios en el recuento y pidió a los Estados miembros que rechazaran la resolución porque, de lo contrario, contribuirían “al maltrato al pueblo cubano”. Minutos antes de la votación negó que exista un bloqueo y afirmó que “las penurias del pueblo cubano son exclusivamente culpa de este régimen comunista corrupto”, según recogió AFP.

El debate del martes había terminado en escándalo. Mientras Waltz hablaba, la delegación cubana golpeó las mesas y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se levantó de su asiento, caminó hacia la tribuna y acusó a gritos al embajador de mentir. El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, tuvo que intervenir para restablecer el orden. Rodríguez pidió que se llamara al orden a Waltz y calificó su conducta de incivilizada y grosera.

La votación llega en el período de mayor presión económica sobre la isla en años. Desde enero, Washington impide la llegada de crudo. Tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de enviar petróleo, y México suspendió sus envíos el 27 de enero ante la amenaza de Trump de imponer aranceles a los proveedores. A comienzos de octubre, la Guardia Costera estadounidense anunció la incautación de dos buques con combustible destinado a Cuba. La red eléctrica, sostenida por siete centrales termoeléctricas con más de 40 años de uso, acumula siete apagones nacionales en 2026.

La embajada que exhibe el cartel reabrió en agosto de 2015, durante el acercamiento entre Barack Obama y Raúl Castro, después de más de cinco décadas sin relaciones diplomáticas. En 2017, el primer Gobierno de Trump retiró a la mayor parte del personal tras los incidentes de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses, conocidos como el síndrome de La Habana. Desde entonces la misión funciona con una plantilla mínima.

El dictador Miguel Díaz-Canel celebró el resultado en la red social X y cuestionó las gestiones de Washington para cambiar el sentido de la votación. La resolución no es vinculante. El embargo, impuesto en 1960 y ampliado a casi todo el comercio en 1962, quedó convertido en ley por la Ley Helms-Burton de 1996, y solo el Congreso de Estados Unidos puede levantarlo.

Cuba presenta el texto ante la Asamblea General desde 1992. En aquella primera votación obtuvo 59 apoyos y tres rechazos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) encabezó este 28 de octubre en Sonora una mesa de diálogo con familias buscadoras y colectivos de seis estados del noroeste para revisar acciones de localización, garantizar carpetas de investigación y fortalecer los planes de búsqueda de personas desaparecidas. El encuentro reunió a autoridades federales y estatales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

El Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata opera las 24 horas, los siete días de la semana, en instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Mediante las acciones de búsqueda inmediata se ha logrado localizar a más de 16 mil personas, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la titular de la FGR, Ernestina Godoy. También acudieron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez.

Al encuentro asistió el nuevo representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU-DH en México, Oscar Solera. La dependencia agradeció la cooperación del Fondo de Población de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Rodríguez explicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades recorren el país para informar sobre los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y atender los planteamientos de las familias. El objetivo es incorporar sus reflexiones, diagnósticos, propuestas y preocupaciones para mejorar los resultados institucionales.

La secretaria señaló que estos encuentros buscan asegurar una atención digna para las familias y dar a las autoridades elementos para avanzar en cada expediente. “Podremos verificar que en todos los casos haya una carpeta de investigación y planes de búsqueda”, expresó.

Estrategia busca integrar perfiles genéticos al Banco Nacional de Datos Forenses

La titular de la Segob indicó que también se busca garantizar que las autoridades dispongan de los perfiles genéticos correspondientes en el Banco Nacional de Datos Forenses. Añadió que la coordinación entre fiscalías y comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas, estatales y federales, debe agilizar la respuesta desde el momento en que se informa una desaparición.

“Mientras existan familias que no sepan dónde están sus seres queridos, tenemos la obligación de seguirlos buscando hasta encontrarlos”, afirmó Rodríguez. La funcionaria reiteró que la atención a las familias buscadoras es una prioridad y que las autoridades deben trabajar con ellas para avanzar hacia la verdad, la justicia y la no repetición.

En el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata participa personal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, bajo coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta instancia forma parte de las acciones para atender reportes de desaparición en el instante.

Arturo Medina presentó los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y sus 10 acciones principales. Entre los trabajos expuestos estuvo el análisis y la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, realizado con especialistas internacionales y la ONU.

El subsecretario también abordó la obligación de contar con carpetas de investigación y las medidas de prevención contra la captación y el reclutamiento mediante redes sociales y plataformas. Estas acciones corresponden a la Guardia Nacional, la SSPC y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Por su parte, Martha Lidia Pérez presentó las medidas para fortalecer las capacidades técnicas, humanas y materiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como sus trabajos para la búsqueda y localización de personas.

ONU no prevé acciones adicionales por desapariciones, según el Gobierno de México

El Gobierno de México sostuvo que la Asamblea General de la ONU no prevé adoptar nuevas acciones sobre las desapariciones en el país, tras la misión diplomática que realizó en Nueva York del 14 al 21 de octubre.

Segob y SRE mantienen su rechazo a la interpretación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada (CED).

Arturo Medina Padilla afirmó que ningún Estado miembro promovió una acción o resolución contra México ante la Asamblea General. También señaló que no existe una iniciativa en curso ni un procedimiento adicional en ese órgano internacional.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa Martínez, indicó que la Asamblea escuchó al presidente del CED, pero ningún país compartió su postura. “En consecuencia, no se prevé ninguna acción posterior de la Asamblea General”, declaró.

Ochoa agregó que México continuará su colaboración con el Comité mediante respuestas a solicitudes de información y la entrega de informes periódicos.

El artículo 34 permite al CED llevar un asunto ante la Asamblea General cuando encuentra indicios fundados de que las desapariciones forzadas son una práctica generalizada o sistemática en un Estado parte. El mecanismo se aplicó por primera vez en el caso de México, que ratificó la Convención en 2008.

Dicho procedimiento comenzó en 2025 y el Gobierno mexicano lo rechazó públicamente en abril de ese año. El 2 de abril de 2026, el Comité publicó una decisión en la que concluyó que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que la delegación oficial de Cuba protagonizó el 27 de octubre en Nueva York un incidente durante el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el embargo de Estados Unidos. La organización afirmó que los funcionarios intentaron interrumpir la intervención del representante estadounidense con gritos, gestos y golpes sobre las mesas.

Según el comunicado difundido desde Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se levantó de su asiento y avanzó hacia la tribuna junto a otros integrantes de la delegación. La Presidencia de la Asamblea suspendió de forma breve la sesión para restablecer el orden.

El OCDH sostuvo que entre los funcionarios presentes estaban el embajador Ernesto Soberón Guzmán, la viceministra Anayansi Rodríguez Camejo, Alejandro González Behmaras, Pedro Luis Pedroso Cuesta e Ileana Bárbara Núñez Mordoche.

La presión sobre los micrófonos y el intento de impedir el registro

La entidad también señaló que el primer secretario de la misión cubana Richard Tur de la Concepción presionó al personal de Naciones Unidas para que interrumpiera los micrófonos del orador estadounidense. Según esa versión, además intentó impedir, con manotazos, que un integrante de la delegación de Estados Unidos registrara la escena.

El OCDH relacionó el incidente con los actos de repudio en Cuba

Para el director ejecutivo del organismo, Alejandro González Raga, el episodio no puede analizarse como un hecho aislado. “No es un exceso aislado ni un arrebato. Es un método”, declaró el activista en el comunicado.

González Raga comparó la conducta atribuida a los funcionarios cubanos en escenarios internacionales con los actos de repudio que, según denunció, se producen dentro de la isla contra disidentes y opositores. “Lo que estos funcionarios hacen en Nueva York, Ginebra, Lima o Panamá es lo mismo que el régimen hace a diario en los barrios de Cuba”, afirmó.

El director del OCDH agregó que la conducta de la delegación es “homologable a la represión que el Estado cubano ejerce dentro de la isla” y pidió que se la trate bajo ese criterio.

La denuncia llegó ocho días después de otro incidente en la sede de la ONU. El 19 de octubre, de acuerdo con el OCDH, Soberón Guzmán encabezó en los pasillos del edificio un acto contra ex presos políticos y opositores cubanos, entre ellos José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara. Los funcionarios oficiales los recibieron con gritos de “terroristas”, según el comunicado.

Expulsan a diplomático cubano por agresión

El último episodio ocurrió el 27 de octubre. Estados Unidos ordenó la expulsión del primer secretario cubano Richard Tur de la Concepción, acusado de intentar agredir a un funcionario de la delegación norteamericana ante la ONU y arrebatarle su teléfono. El diplomático recibió un plazo de 24 horas para abandonar el país rumbo a La Habana, informó Infobae.

La decisión fue ratificada por el secretario de Estado, Marco Rubio, después del incidente en los pasillos de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, anunció la medida durante una entrevista con Fox News y sostuvo que la administración de Donald Trump no tolerará hostigamientos ni violencia física contra personal diplomático en territorio estadounidense.

Tur de la Concepción estaba asignado habitualmente a la Quinta Comisión de la ONU, encargada de asuntos administrativos y presupuestarios. Washington le retiró las credenciales para permanecer en el país al considerar que su conducta excedió los límites de la inmunidad diplomática y vulneró las normas aplicables a las representaciones ante el organismo.

El organismo recordó un boicot ocurrido en la ONU en 2018

La organización recordó que el 16 de octubre de 2018 cerca de 20 diplomáticos cubanos interrumpieron durante más de 45 minutos un acto sobre presos políticos en la sala del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El evento, titulado “Jailed for What?”, contó con la presencia de González Raga, ex preso político del Grupo de los 75. El OCDH indicó que aquella protesta estuvo encabezada por Rodríguez Camejo, entonces embajadora cubana, y que incluyó gritos y golpes sobre las mesas.

Durante ese episodio, una representante de Estados Unidos declaró que nunca había presenciado un comportamiento semejante por parte de diplomáticos. González Raga se dirigió entonces a la bancada cubana con una frase que el organismo recuperó tras lo sucedido el lunes: “La gente está viendo lo que hacen aquí, ¿qué no harán en Cuba?”.

El OCDH contabilizó al menos 11 episodios similares desde 2004, entre agresiones y actos de hostigamiento contra activistas cubanos en Ginebra, Panamá, Lima, México, Galicia, Milán y Nueva York. Entre los antecedentes citó la condena de la Justicia española contra una cónsul cubana por la agresión a dos activistas en Galicia en 2022.

Costa Rica marcó un cambio histórico en su política exterior al votar este miércoles 28 de octubre de 2026 en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que solicita poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Es la primera vez que Costa Rica rechaza esta resolución anual, después de haber respaldado durante más de tres décadas las solicitudes internacionales para eliminar las restricciones comerciales contra la isla.

La votación se realizó durante una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la propuesta obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, por lo que finalmente fue aprobada, pese a la oposición de Costa Rica y otros países.

Entre las naciones que votaron en contra figuraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Hungría, Ucrania y Costa Rica, entre otras.

El resultado refleja una disminución importante del respaldo internacional a la iniciativa cubana. En 2025, la resolución recibió 165 votos favorables, mientras que en 2024 había conseguido el apoyo de 187 países.

Costa Rica cambia su posición después de más de 30 años

Desde 1992, cuando Naciones Unidas comenzó a discutir anualmente esta resolución, Costa Rica había mantenido una posición favorable al levantamiento de las sanciones, con algunas variaciones.

En aquella primera votación, el país se abstuvo, pero desde 1993 comenzó a apoyar las iniciativas que exigían a Washington eliminar el embargo.

Incluso durante los primeros años del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la representación costarricense mantuvo su respaldo a estas resoluciones.

Sin embargo, en octubre de 2025, Costa Rica decidió abstenerse por primera vez en más de tres décadas, lo que representó el inicio de una modificación en su postura diplomática.

Posteriormente, el 7 de julio de 2026, el país votó en contra de abrir un debate relacionado con el embargo estadounidense. Aquella decisión tuvo carácter procedimental y no implicó un pronunciamiento directo sobre el levantamiento de las sanciones.

El cambio se concretó este miércoles, cuando la representación costarricense rechazó oficialmente la resolución que solicita poner fin al embargo.

Con esta decisión, Costa Rica fue el único país centroamericano que votó en contra del texto, mientras que Nicaragua y Panamá lo respaldaron, Honduras se abstuvo y Guatemala y El Salvador no participaron en la votación.

Relaciones diplomáticas con Cuba también han cambiado

La nueva posición costarricense ocurre después de una serie de decisiones adoptadas durante 2026 en las relaciones con el Gobierno cubano.

En marzo de este año, durante la administración de Rodrigo Chaves, Costa Rica anunció el cierre de su Embajada en La Habana y solicitó el retiro del personal diplomático cubano acreditado en San José.

No obstante, se permitió mantener funcionarios consulares y administrativos para garantizar determinados servicios a los ciudadanos de ambos países.

En septiembre, el entonces canciller Manuel Tovar Rivera también había adelantado que el Gobierno contemplaba modificar su comportamiento en las votaciones relacionadas con Cuba.

El funcionario manifestó que la revisión de la posición nacional “implicaría modificar el comportamiento de voto”, aunque en ese momento no confirmó que Costa Rica rechazaría la siguiente resolución.

Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está encabezado por Ana Elena Pinto Lizano, quien asumió el cargo el pasado 15 de octubre.

Estados Unidos y Cuba mantienen posiciones enfrentadas

Durante la discusión en Naciones Unidas, los gobiernos estadounidense y cubano defendieron posiciones opuestas sobre las consecuencias del embargo.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo que las sanciones afectan directamente a la población, principalmente por las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y combustibles.

Por su parte, el representante estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, rechazó que las restricciones económicas sean las únicas responsables de los problemas que enfrenta Cuba.

“No hay bloqueo”, afirmó Waltz durante su intervención, al señalar que la isla mantiene relaciones comerciales con diferentes países y recibe determinadas exportaciones estadounidenses.

Aunque la Asamblea General aprobó nuevamente la resolución, esta no tiene carácter jurídicamente vinculante, por lo que Estados Unidos no está obligado a levantar las sanciones.

La votación refleja las posiciones diplomáticas de los Estados miembros y constituye un pronunciamiento político internacional sobre una medida vigente desde hace más de seis décadas.

El resultado de 2026, con 35 votos favorables menos que el año anterior, evidencia una reducción del respaldo a la propuesta cubana, mientras Costa Rica consolida un cambio histórico en su posición ante Naciones Unidas.

La comunicación telefónica atraviesa miles de kilómetros con una señal inestable que se corta a cada instante. Desde una trinchera en el Donbás, Lorenzo García Peguero, de 32 años, un soldador oriundo de República Dominicana, reveló a Infobae cómo quedó atrapado en el frente de batalla de la guerra tras viajar bajo el engaño de una oferta laboral.

Con un teléfono móvil que apenas funciona y el sonido sordo de las detonaciones a la distancia, el trabajador relató el calvario que enfrenta junto a otros extranjeros, mientras aguarda una respuesta de las autoridades diplomáticas de su país, quienes hasta ahora no han establecido ningún contacto oficial con los afectados ni con sus familias.

El engaño comenzó a miles de kilómetros de la línea de combate. García salió de territorio caribeño el 2 de septiembre, realizó una escala en Panamá y arribó a Rusia el 4 de septiembre.

La propuesta que aceptó consistía en trabajar como soldador y operario de grúas en muelles marítimos, con una oferta inicial de USD 19,000 y un salario de USD 2,700 mensuales.

Padre de tres menores, su meta era reunir los fondos necesarios para terminar de construir su vivienda. La oportunidad surgió a través de un amigo que decidió no viajar en el último momento, lo cual abrió la puerta para que un intermediario coordinara su partida hacia Europa Oriental.

Al descender en el aeropuerto de Kazán, la supuesta labor en los muelles portuarios se transformó en una emboscada. Un vehículo trasladó a los recién llegados durante 12 horas consecutivas por carretera, con paradas limitadas exclusivamente a la carga de combustible.

Al llegar al lugar de alojamiento, los intermediarios despojaron a García de su pasaporte, el único documento de identidad que llevaba consigo luego de dejar otros documentos en el país caribeño.

Posteriormente, los reclutadores los condujeron a un centro médico que resultó ser un hospital de militares. Bajo el argumento de realizar exámenes de rutina para el empleo, los obligaron a estampar su firma en documentos redactados en ruso que los incorporaban a las filas de la Federación Rusa. Luego, los llevaron a una entidad bancaria para retirar un depósito que les correspondía por el alistamiento militar. Los intermediarios confiscaron casi la totalidad de la suma en efectivo y solo les dejaron 100 mil rublos ($1,240) para gastos mínimos, con lo cual consumaron el despojo económico.

El frío extremo y la subsistencia con comida descompuesta y agua amarga

Las condiciones de vida en el destacamento alcanzaron niveles de extrema severidad. Los reclutadores ordenaron desechar toda la indumentaria civil, por lo que despojaron a los operarios de sus pantalones, zapatillas y chaquetas personales.

García y sus compañeros sobreviven a las bajas temperaturas de la región únicamente con la ropa militar reglamentaria que les entregaron los oficiales, una vestimenta insuficiente para contrarrestar la inclemencia del frío exterior.

A la precariedad del vestuario se suma una crisis alimentaria y sanitaria permanente. El operario dominicano relató que se ven obligados a ingerir comida vencida y a calmar la sed con botellas de agua descompuesta y amarga que extraen de los mismos depósitos donde se arrumban los alimentos en mal estado.

“Nosotros tenemos ya varios días que no nos bañamos, en realidad. Y si pudiera ponerte la cámara, te enseñara una ciudad entera que hay al frente mío, totalmente desolada y destruida”, narró con angustia durante la comunicación.

En la actualidad, García comparte posición con otros dos compatriotas dominicanos, un ciudadano salvadoreño, reclutas de Colombia, junto a reclusos y hombres de avanzada edad que apenas logran sostenerse en pie con bastones. “Aquí es una mafia rusa”, denunció con firmeza el soldador, quien aseguró que los mandos prohíben informar a las familias sobre los combatientes caídos en acción.

Desesperado por alertar a quienes puedan recibir ofertas similares en el continente americano, el técnico dejó una advertencia contundente antes de que la señal telefónica cayera de forma definitiva: “Para tú venir a morir, 19 mil dólares no son dinero. Ni por todo el dinero del mundo vendría yo a esta guerra”.

La tragedia que padece García coincide con las advertencias de los organismos globales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el pasado lunes 26 de septiembre un informe técnico que documenta la presencia de ciudadanos procedentes de 29 países en el ejército ruso, una red que el organismo multilateral catalogó formalmente como trata de personas.

El reporte expone las falsas ofertas de empleo civil y la retención de pasaportes como los mecanismos predilectos para enviar extranjeros a zonas de alto riesgo bélico.

Un grupo de excancilleres de América Latina y el Caribe publicó en las últimas horas una carta abierta en la que exigieron a sus gobiernos a construir una posición conjunta para que el próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU) provenga de la región. El reclamo llega cuando ningún candidato logra superar los vetos en el Consejo de Seguridad, se conoció la nominación de una aspirante de Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, y el mandato de António Guterres expira el 31 de diciembre.

El documento reúne a exministros de Relaciones Exteriores de al menos 11 países, entre ellos a los argentinos Susana Malcorra, que ocupó el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri; y Rafael Bielsa y Jorge Taiana, que lo hicieron en las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Entre otros puntos, los exministros recordaron que por una práctica no escrita pero sostenida del organismo le corresponde a América Latina y el Caribe asumir el próximo liderazgo de la Secretaría General. “El último —y único— secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar”, señalan en el texto, en referencia al diplomático que encabezó la ONU entre 1982 y 1991.

De manera puntual, sostienen que la región reúne “las condiciones para aportar una perspectiva particularmente valiosa frente a los enormes desafíos y tensiones que enfrenta el mundo”. Entre los activos que enumera figuran una larga tradición de resolución pacífica de controversias, el compromiso con la desnuclearización expresado en el Tratado de Tlatelolco y la participación fundamental de los países latinoamericanos en la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas.

“Reconocemos que nuestra historia también ha estado marcada por períodos de autoritarismo, profundas desigualdades y desafíos aún pendientes”, señalaron. Sin embargo, los excancilleres sostienen que “la democracia, los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible continúan siendo aspiraciones fundamentales de nuestros pueblos”.

En un pasaje dirigido al contexto global, la carta planteó que ante “la proliferación de conflictos armados, el agravamiento de la crisis climática, las profundas transformaciones tecnológicas y el cuestionamiento de principios esenciales del orden internacional”, la ONU necesita “un liderazgo capaz de promover el diálogo, reconstruir la confianza y fortalecer la cooperación multilateral”.

La candidatura emiratí encendió las alarmas

El pasado 21 de octubre, Emiratos Árabes Unidos oficializó a nominación de Nusseibeh, su ministra de Estado para Asuntos Exteriores, como aspirante a suceder a Guterres. Así, la carrera por la sucesión se amplía más allá de la región, si se tiene en cuenta al ugandés Olara Otunnu, que ya competía desde una candidatura africana.

Hasta ese momento, la carrera se concentraba en tres nombres con mayores posibilidades: la costarricense Rebeca Grynspan, quien ha liderado la mayoría de las encuestas informales del Consejo de Seguridad; la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett; y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). También participan las ecuatorianas Ivonne A-Baki y María Fernanda Espinosa.

Grossi fue el primer candidato formalmente nominado en la contienda: Argentina presentó su postulación ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad el 26 de noviembre de 2025. Al frente del OIEA desde 2019, el diplomático argentino ha acumulado un perfil de alta visibilidad internacional por su rol en las negociaciones sobre los programas nucleares de Irán y en la supervisión de la central de Zaporiyia durante el conflicto en Ucrania. Su candidatura apuesta a que esa experiencia en escenarios de crisis y su manejo del diálogo entre potencias rivales lo posicionen como una opción de consenso en un Consejo de Seguridad profundamente dividido.

Ningún candidato logra esquivar los vetos

La sexta votación informal, que tuvo lugar el 16 de octubre, confirmó las rispideces para avanzar en una sucesión ordenada. Grynspan obtuvo nueve votos favorables, cinco en contra y uno sin opinión, pero dos de los rechazos provinieron de miembros permanentes del Consejo, con capacidad de veto. Grossi y Rodrigues-Birkett recibieron resultados similares, con dos votos negativos de las potencias con poder de bloqueo.

Para obtener la recomendación del Consejo de Seguridad, un aspirante necesita al menos nueve votos positivos de los 15 integrantes y ningún “desaliento” de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Según informes diplomáticos, Washington se ha mostrado reticente con todos los postulantes actuales.

“Urgencia y velocidad de acción”

La carta de los excancilleres no respalda a ningún candidato en particular, pero insta a los gobiernos a “superar las diferencias y los intereses particulares para construir una posición regional”. Los firmantes advierten que ello “requiere consultas, coordinación diplomática y la disposición a construir consensos en torno a aquellas candidaturas que puedan reunir los apoyos necesarios”.

El mensaje va dirigido también a los países latinoamericanos y caribeños que ocupan asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad, cuya “responsabilidad en esta etapa es fundamental”, y a los cinco miembros permanentes, a quienes apelan a actuar “con objetividad y sentido de responsabilidad colectiva, desprovistos de intereses particulares”.

“Esta oportunidad exige liderazgo, responsabilidad y acción diplomática concertada. No debemos dejarla pasar”, concluye la carta, a poco más de dos meses de que Guterres finalice su mandato el 31 de diciembre.

La carta llevó también la firma de los chilenos Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés y Alberto van Klaveren; los colombianos Carolina Barco, María Ángela Holguín y María Emma Mejía; el mexicano Jorge Castañeda; el peruano Diego García-Sayán; y exministros de Panamá, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Guatemala.

El gobierno cubano perdió este miércoles el respaldo de doce países que un año atrás lo habían acompañado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Lituania, Marruecos, Eslovenia y Trinidad y Tobago votaron en contra de la resolución que exige el fin del embargo estadounidense, después de haberse abstenido o de haber apoyado el texto en 2025, según el conteo publicado por CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba.

El resultado final fue de 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Se trata del peor desempeño de La Habana desde que presentó esta iniciativa por primera vez en 1992, de acuerdo con el portal de Radio Martí.

El respaldo cayó 35 votos en un solo año

La resolución contra el embargo estadounidense a Cuba se votó este miércoles en la sede de la ONU en Nueva York con una caída de 35 apoyos respecto de 2025, cuando había obtenido 165 votos favorables.

El texto, no vinculante, mantuvo una mayoría amplia, pero los votos en contra se duplicaron y las abstenciones crecieron en 13, un retroceso que marca el tercer año consecutivo de desgaste diplomático para el régimen.

Periódico Cubano, que siguió la transmisión en vivo de la sesión, confirmó esas cifras y calculó que el apoyo favorable descendió 21.2% frente a la votación anterior.

Diario de Cuba, por su parte, recordó que el año pasado el régimen ya había perdido 22 votos respecto de 2024, cuando la propuesta había cosechado 187 apoyos.

La caída acumulada en dos años resulta más pronunciada si se toma como referencia ese dato de 2024: los apoyos se redujeron en 57 y los rechazos se multiplicaron por más de ocho, según el recuento de CiberCuba. El máximo histórico de la resolución fue de 191 votos en 2016, durante el acercamiento bilateral impulsado por Barack Obama, cuando Estados Unidos e Israel se abstuvieron por primera y única vez.

Alemania rompe 24 años de respaldo ininterrumpido

Entre los 17 países que votaron en contra figuraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Hungría, Lituania, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay, Eslovenia, Trinidad y Tobago y Ucrania. De ese grupo, siete ya se habían opuesto en 2025: Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, precisó CiberCuba.

Entre las 25 abstenciones apareció un nombre con peso simbólico. Alemania había respaldado la resolución de forma ininterrumpida desde 2002 y esta vez optó por abstenerse, junto con Albania, Bahréin, Bulgaria, Chile, Croacia, República Dominicana, Estonia, Grecia, Guyana, Honduras, Jamaica, Letonia, Montenegro, Países Bajos, Palau, Polonia, Corea del Sur, Moldavia, Rumanía e Islas Salomón.

Una señal previa ya había anticipado el giro. En julio, una votación procedimental para habilitar un debate extraordinario sobre el embargo había obtenido apenas 136 votos a favor, con Trinidad y Tobago y Alemania modificando entonces su patrón histórico de voto.

Estados Unidos redobla la presión diplomática

La administración estadounidense había anticipado el resultado un día antes de la votación. “Van a ver cómo cambia esa votación mañana. El mundo está despertando a estas duras verdades”, afirmó el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ante periodistas a la salida del Consejo de Seguridad, según informó la agencia EFE.

Waltz también pidió a los Estados miembros que rechazaran el texto. “No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano”, sostuvo el embajador, de acuerdo con EFE.

El funcionario agregó que el régimen “ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda” al denunciar presiones de Washington sobre otros países para modificar sus votos, y acusó en cambio a las autoridades cubanas de ejercer esa presión.

La intervención del embajador derivó en un enfrentamiento directo con la delegación cubana. Integrantes de esa delegación golpearon las mesas e interrumpieron el discurso de Waltz mientras el canciller Bruno Rodríguez se dirigía hacia la tribuna, relató EFE.

Una resolución simbólica sin efecto legal

El texto, titulado oficialmente “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, carece de carácter vinculante.

Solo el Congreso de Estados Unidos tiene potestad para levantar el embargo, por lo que la votación anual funciona como un termómetro político antes que como una herramienta con efectos concretos.

La expectativa previa a la sesión se había concentrado en los países de América Latina y el Caribe, según había señalado Infobae antes de la votación. Entre las incógnitas figuraba si Argentina y Paraguay mantendrían su voto negativo de 2025 y si se sumarían otras naciones de la región, además de la eventual participación de El Salvador, República Dominicana y Venezuela, ausentes en la votación anterior.

La votación de 2026 quedó registrada como la de mayor rechazo y mayor número de abstenciones desde que Cuba lleva su reclamo contra el embargo estadounidense al plenario de la ONU.

El gobierno de Estados Unidos ordenó formalmente la expulsión del territorio estadounidense del diplomático cubano Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas.

La medida fue ratificada por el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que el funcionario cubano fuera acusado de intentar agredir físicamente al portavoz de la delegación norteamericana y tratar de arrebatarle el teléfono móvil con el que documentaba las tensiones en los pasillos del organismo internacional.

Washington fijó un plazo perentorio de 24 horas para que Tur de la Concepción abandone el país con destino a La Habana. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, anunció la decisión la noche de ayer 27 de octubre, durante una entrevista con Fox News, subrayando que la administración encabezada por Donald Trump no tolerará ningún acto de hostigamiento o violencia física contra personal diplomático en suelo estadounidense.

El incidente que provocó la drástica sanción diplomática ocurrió en medio del agitado ambiente vivido en la sede de la ONU en Nueva York, durante las sesiones previas a la votación anual sobre la resolución contra el embargo. Según revelaron registros audiovisuales y reportes de la misión estadounidense, el funcionario Richard Tur de la Concepción se acercó de manera intimidante a J.P. Freire, portavoz del embajador Mike Waltz.

Freire se encontraba filmando con su teléfono celular el comportamiento y los reclamos de los representantes cubanos. Al notar que estaba siendo grabado, Tur de la Concepción avanzó de forma agresiva e interpuso su mano frente al lente para tapar la cámara, forcejeando con el asesor de prensa en un claro intento de arrebatarle o derribarle el dispositivo móvil.

Además del enfrentamiento directo, el embajador estadounidense denunció que Tur de la Concepción intentó presionar de forma indebida al personal técnico de Naciones Unidas para que cortaran los micrófonos de la delegación de Estados Unidos mientras intervenían.

Para Washington, la conducta del funcionario cubano traspasó los límites de la inmunidad diplomática y violó el estatuto que rige la conducta de las representaciones ante la ONU en territorio anfitrión.

Al configurarse un intento de agresión física y coacción, el Departamento de Estado procedió a declarar su estatus de salida forzosa. Tur de la Concepción, asignado habitualmente a la Quinta Comisión de la ONU encargada de asuntos administrativos y de presupuesto, quedó despojado de sus credenciales para permanecer en el país.

Otras tensiones que ocurrieron entre Estados Unidos y Cuba

El altercado físico protagonizado por Tur de la Concepción no fue un hecho aislado, sino la culminación de una jornada cargada de fricciones directas y confrontaciones verbales entre ambas delegaciones en el plenario de la Asamblea General.

Durante la sesión matutina, el embajador Mike Waltz pronunció un discurso en el que cuestionó severamente a la cúpula gobernante de la isla, señalando los privilegios económicos de la élite de poder frente a la profunda crisis que padece la población civil.

Las palabras de Waltz desataron una reacción violenta por parte del cuerpo diplomático de La Habana: varios delegados comenzaron a gritar, interrumpir la alocución y golpear rítmicamente sus escritorios para boicotear la intervención.

El clima escaló a tal punto que el propio canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se levantó de su asiento y avanzó con tono desafiante hacia el estrado de la presidencia de la Asamblea General para exigir que silenciaran a Waltz. El diplomático estadounidense reaccionó exigiéndole que retrocediera inmediatamente, advirtiéndole que no permitiría tácticas de intimidación dentro del recinto internacional.

Estas fricciones se sumaron a la controversia generada días antes, cuando representantes del régimen cubano montaron una protesta en los pasillos de la ONU contra un evento auspiciado por la delegación estadounidense que contó con la presencia de opositores y ex presos políticos como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Orlando Gutiérrez-Boronat.

“No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano. El régimen ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda al afirmar que Estados Unidos está amenazando a los países con represalias por su voto. Son ellos quienes están amenazando a los países con represalias por este voto”, declaró Waltz ante la Asamblea General.

El diplomático participó en la primera de dos sesiones previstas para debatir la resolución cubana. El texto, que se someterá a votación por trigésimo cuarta vez, pide el fin del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra la isla. Waltz afirmó que “no existe el bloqueo” y diferenció ese término de las sanciones impuestas por Washington. “Un bloqueo es un cerco de buques militares alrededor de una isla. No existe”, sostuvo.

El embajador estadounidense señaló que empresas de su país exportaron a Cuba bienes por “más de USD 876 millones” durante los primeros ocho meses del año. También mencionó envíos hacia la isla desde Belice, Canadá, Chile, China, Colombia, México, Rusia, España, Uruguay, la Unión Europea, la Comunidad del Caribe (Caricom) y la propia ONU.

“Cuando La Habana les pida su voto, quiero que recuerden lo que han visto hoy aquí”, agregó, en referencia al enfrentamiento que mantuvo durante la sesión con el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez. El cruce incluyó gritos y reproches entre ambos funcionarios. Estamos en los Estados Unidos de América. “Estamos en los Estados Unidos de América y aquí nadie me va a intimidar como intimidan a los presos políticos. ¡Retrocedan!“, gritó frente a los presentes. El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, amenazó con suspender la sesión para restablecer el orden.

Waltz acusó a Cuba de recurrir cada año a la ONU para “mentir al pueblo cubano” y decirle que “el mundo está de su lado”. “Ustedes están participando en eso. Son cómplices”, concluyó. La resolución contra el embargo suele contar con respaldo mayoritario en la Asamblea General. Estados Unidos e Israel votaron en contra en casi todas las oportunidades, junto con algunos de sus aliados.

Bruno Rodríguez respondió a Waltz tras el cruce que ambos mantuvieron durante el debate y le recordó que la sesión se desarrollaba en el organismo multilateral. “Con su prepotencia y soberbia, olvida que se encuentra en Naciones Unidas, no está en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ni en una unidad de boinas verdes”, afirmó.

El canciller cubano sostuvo que las declaraciones de Waltz integran “el circo mediático, de amenazas y de campaña electoral, al que el Gobierno estadounidense dedica cuantiosos recursos económicos y humanos”. Rodríguez volvió a cuestionar la política de Washington hacia la isla y aseguró que “no hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano”.

El enfrentamiento ocurrió en medio de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump para que los países voten contra la resolución. El mandatario anunció a finales de enero aranceles contra países que vendan o suministren petróleo a Cuba. La medida afectó el flujo de combustible hacia la isla, donde se registraron apagones y problemas en el suministro de agua, las comunicaciones y otros servicios.

La resolución cubana acumula 34 años de respaldo mayoritario en la Asamblea General. En la votación de 2025, el texto obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Argentina, Ucrania y Hungría votaron entonces contra la medida por primera vez. Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, aunque expresan la posición de los Estados miembros.

(Con información de EFE)

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, anticipó este martes que la votación sobre la resolución que reclama el fin del embargo estadounidense a Cuba podría registrar cambios respecto de años anteriores. La Asamblea General prevé someter el texto a consideración este miércoles, tras dos jornadas de debate.

“Van a ver cómo cambia esa votación mañana (miércoles). El mundo está despertando a estas duras verdades”, afirmó Waltz ante periodistas a la salida del Consejo de Seguridad, según informó la agencia EFE, agencia española de noticias.

La iniciativa, presentada cada año por La Habana desde 1992, solicita el fin de las sanciones económicas, comerciales y financieras de Washington contra la isla. Aunque sus resoluciones no tienen carácter vinculante, el respaldo que recibe suele exhibirse como una muestra del aislamiento internacional de Estados Unidos en esta cuestión.

La trigésimo cuarta votación sobre la resolución cubana

La expectativa se concentra en la posición de los países de América Latina y el Caribe. En 2025, la resolución fue aprobada con 165 votos a favor, 12 abstenciones y 7 votos en contra, una cifra inferior a los 187 apoyos obtenidos en la votación previa.

Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría rechazaron entonces el proyecto. Ecuador y Costa Rica, que antes habían respaldado el texto, optaron por abstenerse.

Una de las incógnitas para la sesión de este miércoles es si Argentina y Paraguay conservarán su voto negativo y si otros países se sumarán a esa posición. También se seguirá la participación de El Salvador, República Dominicana y Venezuela, ausentes durante la votación del año pasado.

El resultado permitirá medir si los cambios políticos registrados en distintos países latinoamericanos inciden en una decisión que durante décadas reunió mayorías amplias a favor de Cuba. La resolución llegó a obtener hasta 189 votos favorables en la Asamblea General.

Waltz pidió votar en contra y negó que exista un bloqueo

Durante su intervención, Waltz sostuvo que el régimen de Cuba utiliza las resoluciones aprobadas por la ONU para presentar el apoyo internacional como un respaldo a sus autoridades ante la población, pese a la crisis económica y social que atraviesa la isla.

El representante estadounidense pidió a los Estados miembros que rechacen el texto. “No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano”, dijo Waltz, de acuerdo con EFE.

También rechazó las denuncias de La Habana sobre eventuales presiones de Washington para modificar el sentido de los votos. “El régimen ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda al afirmar que Estados Unidos está amenazando a los países con represalias por su voto”, afirmó.

El embajador añadió que son las autoridades cubanas quienes ejercen presión sobre otros Estados en torno a la resolución. Además, defendió que “no existe el bloqueo” contra la isla, una denominación que Cuba emplea para referirse al embargo estadounidense.

La intervención derivó en un enfrentamiento con Rodríguez durante la sesión. Según informó EFE, integrantes de la delegación cubana golpearon las mesas e interrumpieron el discurso de Waltz, mientras el canciller se dirigía hacia la tribuna desde la que hablaba el diplomático.

Estados Unidos e Israel han votado en contra en casi todas las ocasiones desde que comenzó la serie de resoluciones, con una excepción en 2016. Durante la administración de Barack Obama, Washington se abstuvo en el marco del proceso de acercamiento bilateral con La Habana.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, instó este martes a los Estados miembros de la Asamblea General a votar en contra de la resolución cubana contra el embargo. “No contribuyan al maltrato” del pueblo cubano por parte de su propio gobierno, planteó el diplomático durante la primera jornada de debate en Nueva York.

La intervención de Waltz se suma a una ofensiva diplomática que Radio Martí, emisora de radio financiada por el gobierno estadounidense, documentó durante toda la jornada previa a la votación.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, había marcado el tono horas antes con un mensaje directo en sus redes sociales: “El pueblo cubano es víctima de un sistema comunista fallido”.

La cifra que Washington usa como prueba

Segura citó un dato concreto para sostener su argumento: Estados Unidos envió más de USD 810 millones en bienes a Cuba durante 2025, pese al embargo vigente.

El funcionario insistió en que la legislación estadounidense “siempre ha permitido” la exportación de alimentos y medicamentos a la isla, según consignó Radio Martí.

Estados Unidos no mantiene un embargo total sobre Cuba: existen excepciones humanitarias y para el sector privado emergente, aunque persisten restricciones financieras y de crédito dirigidas a entidades vinculadas con el aparato militar, de inteligencia y las fuerzas represivas del régimen.

“Apoyen al pueblo cubano, no al régimen”, concluyó Segura, en la víspera de la votación que Cuba promueve desde 1992.

La ayuda tras el huracán Melissa

Segura detalló, además, el destino de los fondos de emergencia tras el paso del huracán Melissa por la isla. La Administración Trump canalizó USD 9 millones en ayuda directa a través de la Iglesia católica, y destina otros USD 100 millones mediante Catholic Relief Services y Samaritan’s Purse.

“Ayudamos directamente al pueblo cubano, sin subvencionar al régimen”, afirmó el funcionario, de acuerdo con el registro de Radio Martí.

Parte de esos fondos ya tocó tierra cubana. La semana pasada, un cargamento con 700 kits de ayuda para familias vulnerables de Matanzas llegó al aeropuerto Juan Gualberto Gómez, en esa provincia del occidente de la isla.

Los donativos forman parte de una partida de USD 60 millones que la Iglesia católica distribuye en Cuba, dentro del fondo humanitario de USD 100 millones que la Administración Trump aprobó este año.

Una campaña diplomática sostenida durante octubre

El mensaje de Segura no fue un hecho aislado. El 21 de octubre, el subsecretario ya había advertido que votar a favor de la resolución cubana equivale a respaldar la trata de personas patrocinada por el Estado y la corrupción de la élite gobernante.

Dos días después, el 23 de octubre, insistió con otro mensaje: “Es momento de reformas, no de hablar más”. Señaló entonces que cientos de presos políticos permanecen detenidos en la isla.

Iniciado el debate en la ONU, Segura agregó que la Administración Trump “presionará para que se lleven a cabo auténticas reformas políticas y económicas” en Cuba. “Solo una reforma sustancial hará que Cuba sea un destino atractivo para la inversión, impulsará el crecimiento del sector privado y proporcionará a los cubanos libertad, dignidad y oportunidades”, sostuvo el funcionario.

Washington sostiene que el embargo no es la causa de la crisis de la isla, sino el modelo político y económico del régimen.

El gobierno estadounidense argumenta que las sanciones apuntan a la élite gobernante y mantiene canales abiertos para alimentos, medicinas y ayuda humanitaria directa a las familias cubanas.

El resultado de 2025, el peor en tres décadas para La Habana

La votación de este miércoles corresponde a la 34ª edición consecutiva de la resolución cubana, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

El año pasado, Cuba obtuvo 165 votos a favor, frente a los 187 que había conseguido en 2024. Fue el resultado más desfavorable para La Habana en más de tres décadas, en parte atribuido a la presión diplomática de la Administración Trump.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Washington ejerce “presiones extremas e inéditas” sobre varios Estados miembros para cambiar sus votos. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el 22 de octubre que algunos países “podrían cambiar su voto por miedo”.

El debate de este año se da además en medio de un bloqueo energético que Washington impuso desde enero, con el que cortó las importaciones de combustible a la isla y agravó los apagones prolongados y la falta de agua potable en Cuba.

Las dos versiones sobre el origen de la crisis

La Habana atribuye su profunda crisis —con apagones que superan las 20 horas diarias, escasez de combustible y alimentos, e inflación galopante— al embargo estadounidense. El gobierno cubano calcula en USD 8.056 millones el impacto económico de las sanciones entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra que considera récord.

Opositores, analistas y organizaciones independientes señalan otros factores: la planificación centralizada, la priorización del turismo sobre el sistema eléctrico, la falta de reformas y la dependencia histórica de aliados que redujeron de forma drástica sus suministros a la isla.

La Habana ha rechazado durante años las condiciones que establece la ley Helms-Burton, que codifica el embargo, para su eventual levantamiento. Entre ellas figuran la celebración de elecciones libres y la liberación de los presos políticos detenidos en el país.

El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General un informe sobre la concentración de funciones estatales y la situación de los derechos humanos en el país.

El organismo sostuvo que las condiciones actuales dificultan la exigencia de responsabilidades dentro de Nicaragua.

El análisis se basó en más de 2,300 entrevistas y miles de documentos, de acuerdo con Reed Brody, abogado internacional e integrante del grupo. Los expertos indicaron que realizaron el trabajo pese a que las autoridades nicaragüenses no colaboraron con la investigación ni autorizaron su ingreso al territorio.

El Grupo de Expertos señaló que las reformas constitucionales e institucionales recientes concentraron atribuciones del Estado bajo la conducción de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. El organismo consideró que esta situación limita las posibilidades de rendición de cuentas por presuntas violaciones graves de derechos humanos.

El grupo vinculó las reformas con las garantías democráticas

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, afirmó que el marco institucional vigente restringe los mecanismos internos para investigar y sancionar este tipo de hechos.

“La rendición de cuentas es, en la práctica, imposible”, dijo Simon, según informó Confidencial. digital.

El experto sostuvo que la falta de procesos de rendición de cuentas podría prolongar las denuncias sobre vulneraciones de derechos. También planteó la necesidad de recurrir a mecanismos regionales e internacionales cuando no existan garantías suficientes dentro del país.

En septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura modificaciones constitucionales que eliminan las elecciones. Simon relacionó esas reformas con una declaración de Ortega del 19 de julio, cuando señaló que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

El presidente del grupo definió las medidas como parte de un proceso de cambios institucionales iniciado tiempo atrás. A su juicio, si las reformas entran plenamente en vigor, reducirían las posibilidades de desarrollar un proceso democrático orientado a mejorar la situación de los derechos humanos.

La representación de Nicaragua cuestionó el mandato de los expertos durante el diálogo ante Naciones Unidas. La delegación calificó esa instancia como parte de campañas de hostilidad política y expresó su rechazo a la asignación de recursos para mantener el organismo.

Simon respondió que la población nicaragüense “merece libertad, merece justicia, merece un Estado gobernado por el derecho y no por el miedo”. El experto sostuvo que la protección de los derechos requiere instituciones que permitan investigar denuncias y aplicar mecanismos de reparación.

Nicaragua se retiró de organismos internacionales

El informe señaló que la salida de Nicaragua de diversas instancias internacionales redujo los mecanismos externos de supervisión y acompañamiento a las víctimas. El país dejó nueve organismos de los que formaba parte desde hacía décadas.

En febrero de 2025, Nicaragua comunicó su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La decisión se produjo después de que las autoridades descalificaran otro informe del grupo de expertos como una colección de “falsedades, calumnias y mentiras”.

Los integrantes del organismo plantearon que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional pueden ser vías de actuación en los casos que correspondan. También mencionaron la posibilidad de investigaciones en otros Estados bajo criterios de jurisdicción extraterritorial o universal.

Brody explicó que las sanciones solicitadas por el grupo no están dirigidas contra la población nicaragüense. Según su exposición, las medidas se enfocan en personas e instituciones sobre las que los expertos consideran que existen motivos razonables para investigar presuntas violaciones graves.

Costa Rica alertó sobre expulsiones y nacionalidad

La delegación de Costa Rica denunció que Nicaragua impide el reingreso de algunos ciudadanos y aplica expulsiones sin justificación ni recursos legales. También cuestionó la ampliación de las causales para la pérdida de nacionalidad, incluidas situaciones vinculadas con la doble ciudadanía, según Confidencial.digital.

Costa Rica sostuvo que esas medidas pueden generar riesgos de apatridia. El planteo formó parte de las intervenciones de distintos países durante el debate en la Tercera Comisión.

Brasil cuestionó el anuncio de que no habrá elecciones y destacó la importancia de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la participación cívica. Chile, a su vez, expresó preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos y por los efectos de la concentración de poder sobre el pluralismo.

Canadá, Reino Unido, Uruguay, Georgia y Polonia también manifestaron inquietud por las denuncias analizadas por el grupo. En sentido contrario, Irán, Belarús, Rusia, Cuba, Venezuela y China criticaron el trabajo de los expertos y plantearon que el mandato supone una intervención en asuntos internos.

Irán consideró que los informes aplican un “enfoque selectivo politizado” y “dobles raseros motivados por consideraciones políticas”. La delegación pidió que concluyera el mandato del organismo.

El informe incluyó casos de detención y muerte bajo custodia

El documento Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua examinó denuncias sobre desaparición forzada, detención arbitraria, malos tratos, tortura y falta de atención médica en centros de detención.

El grupo indicó que los presos políticos pueden enfrentar riesgos para su vida cuando las autoridades no informan su paradero, prolongan la incomunicación o niegan asistencia sanitaria. El informe presentó estos elementos como patrones que requieren investigación.

Ariela Peralta, integrante del grupo, mencionó el caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera. Según su exposición, Rivera ingresó clandestinamente a Nicaragua, fue detenido, permaneció desaparecido, reapareció con un deterioro físico y murió bajo custodia estatal.

“La detención arbitraria sigue siendo un componente central”, afirmó Peralta. La experta pidió a los Estados que evalúen investigaciones y procesos penales contra quienes resulten responsables.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la organización Amnistía Internacional de estar cooptada por opositores al gobierno, luego de que ayer asociaciones civiles y personas buscadoras respaldaron que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) aplicará el Artículo 34 para atender la crisis de desapariciones en México.

“Amnistía Internacional, que es otra área y que está cooptada también por quienes están en contra del Gobierno de México, pues quiere hacer otros eventos aquí en México”, afirmó la presidenta durante La Mañanera del Pueblo.

En este sentido, la mandataria rechazó que el CED haya emitido una valoración imparcial sobre México y defendió las medidas de su Gobierno para combatir la desaparición de personas.

La declaración ocurrió después de que personas buscadoras y organizaciones civiles señalaron que el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ya fue activado en el caso mexicano.

Ayer, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, afirmó en una conferencia de prensa que el procedimiento no es una posibilidad futura, sino una decisión ya comunicada a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Hay que reconocer que el artículo 34 ya se activó”, expuso Olivares. La representante añadió que el Comité ya emitió una determinación y la remitió a la Asamblea General.

Sheinbaum cuestionó esa postura y aseguró que las organizaciones pretenden realizar nuevos actos públicos tras la presentación de México ante el organismo internacional.

La presidenta rechazó la interpretación que atribuyó al CED sobre presuntas desapariciones forzadas provocadas por el Estado mexicano.

Según Sheinbaum, ese tipo de prácticas correspondieron a la llamada guerra sucia, periodo en el que el Estado mexicano cometió violaciones contra opositores políticos y movimientos sociales.

“Eso ocurrió en la guerra sucia”, sostuvo al referirse a las desapariciones forzadas que atribuyó a ese periodo.

La mandataria afirmó que los casos actuales responden, principalmente, a actividades de la delincuencia organizada u otros delitos. Aseguró que su Gobierno atiende a las víctimas y a sus familiares.

“Hoy tenemos problemas de desaparición, principalmente vinculado con la delincuencia organizada o delitos”, dijo Sheinbaum.

La presidenta consideró que el enfoque contenido en el documento cuestionado por su Administración ofrecía una lectura “tendenciosa” de la situación mexicana.

Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México presentó ante Naciones Unidas los cambios legales y las acciones emprendidas durante más de un año en materia de búsqueda de personas.

La presidenta aseguró que, como resultado de ese trabajo, fueron localizadas más de 16 mil personas que estaban reportadas como desaparecidas.

“Ahí se presentó todo lo que se ha venido haciendo, los cambios en la ley desde hace más de un año a la fecha, e incluso cómo se encontró a más de dieciséis mil personas desaparecidas”, declaró.

La mandataria dijo que la exposición del Gobierno mexicano recibió reconocimiento en Naciones Unidas, aunque no detalló qué instancia emitió esa valoración ni los términos de ese pronunciamiento.

También señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación realizaron un trabajo conjunto para preparar la presentación.

Gobernación retomará el diálogo con madres buscadoras

La presidenta anunció que a partir de mañana, miércoles 28 de octubre, la Secretaría de Gobernación reanudará las visitas y reuniones con colectivos de madres buscadoras.

En algunos encuentros participarán la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y autoridades de los estados, según explicó.

Sheinbaum señaló que las reuniones tendrán como objetivo informar a los colectivos sobre las acciones oficiales y discutir las vías para avanzar en los procesos de búsqueda.

“Bueno, pues el trabajo que se realiza con las y los colectivos, de qué se está haciendo, cómo avanzar, un diálogo permanente”, respondió.

El anuncio se produjo después de que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación ofreció una conferencia de prensa sobre la postura oficial frente al procedimiento iniciado ante la ONU.

Colectivos y organizaciones piden seguimiento de la Asamblea General

Las organizaciones civiles que respaldan la activación del artículo 34 sostuvieron que la Asamblea General de las Naciones Unidas todavía puede tomar distintas decisiones respecto del caso de México.

Entre las posibilidades mencionaron que no exista una definición, que los Estados impulsen que México atienda el procedimiento o que se abra una consulta para determinar los pasos posteriores.

Marisol Méndez, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señaló que el mecanismo no tiene antecedentes y que los Estados aún no han definido una ruta para responder.

“Lo cierto es que como este procedimiento es inédito y nunca se ha aplicado, los Estados tampoco saben cuál es la ruta para atenderlo”, afirmó Méndez.

La abogada dijo que las familias esperan que los Estados incorporen sus planteamientos y establezcan una resolución que dé seguimiento a la situación de México.

Méndez sostuvo que los resolutivos del CED no deben entenderse como interpretaciones, sino como decisiones derivadas de las facultades del Comité.

El artículo 34 y un mecanismo sin precedentes

El artículo 34 permite al CED llevar una situación ante la Asamblea General de la ONU cuando recibe información con indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un Estado parte.

El Comité debe solicitar previamente información al Estado involucrado antes de remitir el asunto, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General por medio del secretario general de Naciones Unidas.

El mecanismo se aplica por primera vez en el mundo, de acuerdo con las personas buscadoras y organizaciones que ofrecieron la conferencia de prensa.

México firmó la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas en 2007 y la ratificó en 2008. El instrumento entró en vigor en el país el 23 de diciembre de 2010.

Las organizaciones afirmaron que el procedimiento podría abrir una vía para que México reciba conocimiento técnico y recursos financieros, además de establecer una discusión internacional sobre las obligaciones del Estado frente a las desapariciones.

El rechazo de México al documento del CED

Sheinbaum explicó que el Gobierno de México rechazó, meses atrás, un documento sobre desapariciones forzadas porque consideró que atribuía al Estado una responsabilidad actual en esos casos.

La mandataria indicó que, tras ese desacuerdo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos elaboraron una respuesta para exponer la posición oficial ante Naciones Unidas.

“Se hizo un trabajo muy intenso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo la Subsecretaría de Gobernación, de Derechos Humanos”, señaló.

Según la presidenta, la representación mexicana presentó ese informe ante Naciones Unidas durante la semana anterior y expuso los cambios legales, los mecanismos de búsqueda y los resultados que su Administración atribuye a esas tareas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este 27 de octubre que, a iniciativa de México, se adoptó por unanimidad una resolución sobre el Protocolo sobre Armas de Fuego de la ONU. La decisión se tomó el pasado viernes 23 de octubre, durante la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo, realizada del 19 al 23 de octubre en Viena, Austria.

Qué se aprobó en la Conferencia de las Partes

De acuerdo con el comunicado No. 213/2026, la resolución fue presentada por el Gobierno de México por la prioridad que el país concede al tema. La dependencia también señaló que el texto busca impulsar la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de armas.

La SRE planteó que la medida busca que la comunidad internacional continúe cerrando espacios a las organizaciones criminales. Según la cancillería, estas organizaciones utilizan el tráfico de armas de fuego para exacerbar la violencia y los conflictos en distintas regiones del mundo.

Los ejes de la ruta propuesta

Según la SRE, la resolución plantea una ruta para los próximos años. Entre sus puntos destacados se encuentran:

• Combate a la corrupción y al lavado de dinero vinculados con el tráfico de armas, incluida la responsabilidad penal de las empresas que faciliten el tráfico ilícito.
• Uso de nuevas tecnologías para hacer frente a este delito.
• Recolección de información para generar más estudios sobre las dinámicas y modalidades del tráfico ilícito de armas de fuego.

El comunicado no detalla el texto completo de la resolución, el número de países que participaron en la votación ni los mecanismos de seguimiento.

¿Qué es el Protocolo sobre Armas de Fuego?

La Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo mediante su resolución 55/255, como complemento de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Su propósito es que los Estados Parte prevengan, combatan y erradiquen la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.

La Conferencia de las Partes cuenta con un Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego. Según un texto publicado en la revista digital de la SRE, México lo ha presidido en varias ocasiones.

Antecedentes: la estrategia de México contra el tráfico de armas

La resolución se suma a otras acciones del Gobierno mexicano en foros internacionales y tribunales de Estados Unidos:

• Diciembre de 2021: el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, con 12 votos a favor y tres abstenciones, una resolución propuesta por México contra el tráfico de armas.
• Agosto de 2021: el Gobierno de México presentó en Boston una demanda por 10 mil millones de dólares contra empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
• Octubre de 2022: México presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson contra cinco tiendas de armas de Arizona.
• 5 de junio de 2025: la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda presentada en 2021. De acuerdo con reportes, el tribunal determinó que la ley estadounidense PLCAA protege a los fabricantes de responsabilidad legal.

Tras ese fallo, la SRE rechazó la decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración continuaría con los esfuerzos legales contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos. Reportes de aquel momento señalaban que la demanda contra las armerías de Arizona seguía su curso. No se verificó su estatus actual.

La dimensión del problema, según estimaciones

Las cifras sobre el flujo de armas varían según la metodología. Un estudio de la Universidad de San Diego, citado en un dictamen del Senado, estimó que en 2021 el tráfico anual de armas de Estados Unidos a México oscilaba entre 500 mil y 873 mil unidades.

Un análisis del Seminario sobre Violencia y Paz documentó 683,927 homicidios dolosos en México entre 1990 y 2024, de los cuales 372,525 (54%) se cometieron con arma de fuego.

Qué sigue

Con la adopción de la resolución, la SRE sostiene que el Gobierno mexicano contribuye a que la comunidad internacional cierre espacios a las redes criminales. Hasta el momento, la cancillería no ha detallado en el comunicado los plazos ni los mecanismos para aplicar la ruta aprobada. Tampoco ha precisado la postura de otros países sobre el texto, más allá de la unanimidad en su adopción.

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• Meta-descripción (149 caracteres): La ONU adoptó por unanimidad la resolución de México contra el tráfico de armas: corrupción, lavado de dinero y responsabilidad penal de empresas.
• Palabra clave principal: tráfico de armas de fuego
• Secundarias: Convención de Palermo; resolución ONU México SRE; Protocolo sobre Armas de Fuego

El canciller de Cuba Bruno Rodríguez y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, protagonizaron una discusión durante el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba. El cruce incluyó gritos, golpes sobre las mesas de la delegación cubana y la advertencia de suspender la sesión por parte de la presidencia del órgano.

El canciller cubano cuestionó desde su asiento la intervención del embajador estadounidense ante la ONU, quien había dirigido críticas al expresidente Fidel Castro y al sistema político de la isla. Según informó EFE, el episodio alteró el desarrollo de la sesión, que estaba dedicada a examinar una resolución contra las sanciones de Washington.

La disputa comenzó después de que Waltz acusara a Castro de haber enviado a “miles de personas homosexuales, cristianos, afrocubanos y otros a campos de concentración”. El representante estadounidense también se refirió a la “sociedad cubana supuestamente comunista”.

La delegación de Cuba comenzó a golpear las mesas mientras Waltz hablaba desde la tribuna. Rodríguez se dirigió a los gritos hacia el lugar donde se encontraba el diplomático y pidió al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, que llamara al orden al delegado estadounidense.

“Imaginen qué les ocurre a esas personas”, afirmó Waltz al denunciar que había sido interrumpido durante su exposición. El embajador sostuvo que esa reacción permitiría entender el trato que, según su planteo, reciben quienes cuestionan al Gobierno cubano dentro de la isla.

El funcionario estadounidense señaló que la escena se producía ante embajadores y cámaras. Su intervención continuó entre nuevas interrupciones de la representación cubana, que manifestó su rechazo a las acusaciones formuladas desde la tribuna.

Ante los reproches cruzados y los gritos entre los dos representantes, Rahman advirtió que podía suspender la sesión. La presidencia de la Asamblea General finalmente concedió la palabra a Rodríguez para que respondiera a las declaraciones del embajador norteamericano.

El canciller cubano acusó a Waltz de “mentir descaradamente” y calificó su actitud como indigna. También sostuvo que las declaraciones del diplomático estadounidense atentaban contra la dignidad del pueblo y del Gobierno de Cuba.

“Está atentando contra la dignidad del pueblo y del Gobierno de Cuba”, aseveró Rodríguez durante su respuesta ante la Asamblea General. El canciller rechazó de ese modo los cuestionamientos que Waltz había dirigido contra Castro y el sistema político cubano.

Rodríguez agregó que Waltz “vuelve a mentir” y expresó que esperaba que tuviera “un futuro mejor en otras funciones”. El representante cubano también cuestionó el desempeño del diplomático de Estados Unidos en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad.

De acuerdo con EFE, el representante estadounidense retomó después su exposición. Los golpes de la delegación cubana sobre las mesas volvieron a interrumpirlo en algunos momentos del debate.

La Asamblea General analiza este martes y miércoles una propuesta de resolución sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba. El debate anual reúne las posiciones de ambos países respecto de esa política y, en esta ocasión, incluyó un cruce directo entre sus representantes.

El Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, presentado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el panel que encabeza Erik Møse junto a los comisionados Pablo de Greiff y Vrinda Grover, constató que las redes de reclutamiento de combatientes extranjeros utilizaron a Panamá como una escala aérea neurálgica para trasladar reclutas hacia Rusia, antes de su despliegue forzado en el frente de combate en Ucrania.

Testimonios recabados por Infobae confirman que ciudadanos de El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia recorrieron trayectos similares coordinados por intermediarios que financiaron los pasajes bajo promesas de empleos ficticios en el sector civil.

Durante estas travesías, los afectados coincidieron en un detalle administrativo que despertó sospechas tempranas: en el tránsito por el aeropuerto panameño no les solicitaron el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.

Esta omisión sanitaria llamó la atención de los viajeros, debido a que varios de ellos provenían de regiones con exigencia estricta de dicho documento o debían cumplir con protocolos preventivos obligatorios al cruzar conexiones intercontinentales. La falta de requerimiento de este requisito facilitó el avance expedito de los grupos sin levantar alertas ante los funcionarios de migración.

Las organizaciones de reclutamiento aplicaron una marcada celeridad logística una vez que los hombres aceptaron las ofertas de empleo. Los agentes gestionaron pasajes y alojamientos en plazos de pocos días, al tiempo que cobraron comisiones que oscilaron entre USD 400 y USD 8.000, montos que se abonaron antes del despegue o quedaron pautados como descuentos directos sobre los salarios prometidos.

Los testimonios indicaron que los reclutas fueron instruidos para evitar llamar la atención durante los enlaces aéreos en territorio panameño y mantener un perfil bajo hasta arribar al destino final.

Doce países integran la red de escalas internacionales hacia el territorio ruso

El esquema de traslados no se limita a territorio centroamericano. El informe oficial documenta que los vuelos comerciales fletados o adquiridos para los reclutas realizaron conexiones en:

• Bahréin
• Brasil
• Emiratos Árabes Unidos
• España
• Etiopía
• Francia
• Kenia
• Marruecos
• México
• Omán
• Panamá 
• Turquía.

En varios de estos puntos neurálgicos, miembros de las redes esperaron a los grupos en las terminales de transferencia para supervisar la continuidad de los itinerarios o acompañarlos personalmente en los últimos tramos hacia Rusia.

Las directivas de viaje variaron según la nacionalidad de los reclutados para sortear los controles migratorios locales. A los ciudadanos originarios de Colombia, Perú y República Dominicana, las agencias les ordenaron presentarse como turistas con destino o escala en ciudades turcas o rusas, con itinerarios formulados para circular sin necesidad de visado previo.

En otros casos detectados en América Latina, los agentes instruyeron a las víctimas a cruzar primero fronteras terrestres hacia países vecinos para abordar aeronaves comerciales desde allí y evitar inspecciones aeroportuarias rigurosas en sus territorios de origen.

La comisión de la ONU sustenta su investigación en 245 testimonios

En este proceso investigativo internacional, Infobae colaboró con el aporte de testimonios directos de víctimas y familiares, además de reconstrucciones de casos específicos en territorio latinoamericano.

La investigación del organismo internacional se sustentó en un total de 245 testimonios, que incluyeron declaraciones de reclutas extranjeros capturados por las fuerzas ucranianas en el frente de batalla, sobrevivientes que consiguieron retornar a sus países de origen, familiares de combatientes desaparecidos, abogados y fuentes de información gubernamentales.

El panel examinó un universo de 48 naciones y comprobó que ciudadanos de 29 países fueron conducidos bajo engaño o coacción hacia las fuerzas armadas rusas, lo que configuró conductas tipificadas como trata de personas bajo el derecho internacional.

Al llegar a las terminales aéreas de destino en la Federación de Rusia, los extranjeros perdieron de inmediato su libertad de movimiento. Agentes locales confiscaron sus teléfonos celulares y pasaportes, tras lo cual los trasladaron a bases de entrenamiento militar donde fueron forzados a suscribir contratos de servicio por un año con el Ministerio de Defensa ruso, redactados exclusivamente en idioma ruso y sin traducción disponible, previo a su envío hacia las zonas de conflicto activo.

El Gobierno de México afirmó que la Asamblea General de la ONU no prevé ninguna acción posterior sobre la situación de desapariciones en el país, luego de la misión diplomática realizada en Nueva York del 14 al 21 de octubre. Así lo informaron las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) en una conferencia conjunta, donde también reiteraron su rechazo a la interpretación que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) hizo del artículo 34 de la Convención.

Lo que dijo el Gobierno: “ningún país coincidió con el CED”

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, señaló que ningún Estado miembro promovió una acción o resolución de la Asamblea General sobre México y que no existe iniciativa en curso ni procedimiento adicional ante ese órgano.

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, afirmó que la Asamblea se limitó a escuchar al presidente del Comité, sin que ningún país coincidiera con su visión. “En consecuencia, no se prevé ninguna acción posterior de la Asamblea General”, dijo.

Ochoa Martínez añadió que México seguirá colaborando con el CED, mediante respuestas a solicitudes de información y la presentación de informes periódicos.

¿Qué es el artículo 34 y cómo llegó el caso a la ONU?

El artículo 34 permite al Comité llevar un asunto a la Asamblea General cuando recibe indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un Estado parte. El mecanismo fue aplicado por primera vez en el caso de México, país que ratificó la Convención en 2008.

El procedimiento se activó en 2025, y el Gobierno mexicano lo rechazó públicamente en abril de ese año. El 2 de abril de 2026, el CED publicó su decisión: concluyó que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Las decisiones tomadas bajo este artículo no tienen carácter vinculante.

La postura del Comité

El 20 de octubre, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, presentó el informe anual. Explicó que su conclusión se basó en información del Estado mexicano, aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, y antecedentes reunidos desde 2012. También reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas y señaló la ausencia de una política federal enfocada en este delito, con un registro nacional que supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Albán describió el artículo 34 como un mecanismo preventivo de alerta que busca movilizar la cooperación internacional, y planteó que corresponde a la Asamblea considerar opciones de apoyo para México.

Frente a ello, Medina Padilla sostuvo: “Nuestra diferencia es jurídica y sustantiva”. También reiteró que México no consiente ni tolera la desaparición de personas y reconoció el dolor de las familias.

Los resultados de búsqueda que presentó México

El 16 de octubre, la delegación expuso los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, que según el Gobierno contribuyó a localizar a más de 16 mil personas durante 2026. Entre las cifras reportadas:

• 6 mil 939 localizaciones mediante la Plataforma Única de Identidad.
• 4 mil 787 formalizadas en el Registro Nacional con las entidades federativas.
• mil 214 personas localizadas con vida por la Comisión Nacional de Búsqueda.
• 3 mil 473 mediante el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.
• 161 a partir de 638 solicitudes a sistemas penitenciarios.

En prevención, se reportó la baja de mil 406 contenidos y perfiles digitales y 613 publicaciones vinculadas con posible reclutamiento ilícito. Se informó además de 13 mil 750 atenciones y reuniones con familias y colectivos. Según el Gobierno, todos los nuevos reportes del Registro Nacional cuentan con carpeta de investigación, y especialistas nacionales e internacionales, acompañados por ONU-DH, revisan científicamente sus metodologías.

Diálogo diplomático y cooperación internacional

La delegación sostuvo 13 reuniones bilaterales con Alemania, Australia, Brasil, Costa Rica, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y Uruguay. De acuerdo con el Gobierno, esas representaciones reconocieron el liderazgo regional de México en derechos humanos y sus avances en búsqueda.

Con ONU-DH y el Fondo de Población de Naciones Unidas se reafirmó la disposición de ampliar la asistencia técnica en búsqueda e identificación humana, incluido el procesamiento genético, con países como Alemania, Noruega, España y Canadá. México informó también de su colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a sus recomendaciones.

La representante alterna ante la ONU, Jennifer Feller, escuchó las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre desapariciones y acompañamiento a familias buscadoras, y reiteró que los canales de interlocución siguen abiertos.

Un episodio en la sala

Durante la presentación del informe del CED, un grupo de víctimas fue retirado de la sala tras mostrar fotografías de sus familiares desaparecidos. Albán calificó el hecho de “profundamente lamentable” y afirmó que las familias merecen ser escuchadas.

Lo que sigue

La delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de Segob, SRE, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa. Medina Padilla cerró con un mensaje: “Nuestro compromiso está con las personas desaparecidas y con las familias que esperan respuestas”.

Mientras el Gobierno afirma que el asunto no tendrá más trámite en la Asamblea General, el Comité sostiene que corresponde a ese órgano valorar la cooperación internacional. El tema sigue sin una posición coincidente entre ambas partes.

La Habana presentará este 27 y 28 de octubre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una nueva resolución para pedir el fin del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia Cuba, en un momento de deterioro económico, apagones prolongados y falta de servicios básicos en la isla.

Será la votación número 34 promovida por el régimen cubano desde 1992. La iniciativa volvería a recibir previsiblemente respaldo internacional, aunque el resultado no obligará a Washington a modificar su política hacia la dictadura cubana. La resolución de la Asamblea General carece de carácter vinculante para los Estados miembro.

El debate ocurre durante un año de mayor tensión entre Cuba y Estados Unidos, marcado por sanciones secundarias y por restricciones que, según La Habana, afectaron el acceso de la isla a suministros de petróleo, pero cuya decadencia del sistema viene de décadas previas.

La isla vive una escasez de alimentos, cortes de energía y dificultades para sostener servicios públicos, incluido el abastecimiento de agua, entre otros problemas que agravan la crisis.

Una crisis de causas múltiples

El régimen cubano sostiene que las sanciones de Washington constituyen un “bloqueo” porque buscan aislar y asfixiar económicamente al país. En su informe para la ONU, calculó que las medidas estadounidenses provocaron pérdidas por USD 8,056 millones entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la cifra anual más alta de sus registros oficiales. Según los datos presentados por el régimen, el perjuicio acumulado en más de seis décadas supera los USD 178,700 millones.

Estados Unidos, en cambio, utiliza el término embargo, una denominación jurídica que refiere a la prohibición de comerciar con Cuba y a las restricciones aplicadas a operaciones de terceros países vinculadas con bienes, servicios o tecnología de origen estadounidense.

Expertos de Naciones Unidas pidieron una respuesta internacional ante la situación humanitaria de la isla. Algunos especialistas advirtieron sobre el riesgo de que Cuba se convierta en una “Gaza silenciosa”, en referencia al deterioro de las condiciones de vida de la población.

Pero la crisis cubana no puede explicarse únicamente por las sanciones. La propia información recogida por EFE sitúa el origen del colapso en factores externos e internos. A las restricciones estadounidenses se suman las políticas económicas y monetarias del régimen, que profundizaron debilidades estructurales acumuladas durante décadas.

La falta de divisas, la caída de la producción nacional, la dependencia de importaciones, la inflación y la desorganización monetaria golpearon la vida cotidiana de millones de cubanos. El régimen ha recurrido de forma sistemática a responsabilizar a Washington por el deterioro, aunque sus reformas no han logrado revertir la escasez ni recuperar la capacidad productiva de sectores básicos.

Una decisión sin efectos prácticos sobre Washington

La resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” obtuvo desde 1992 entre 165 y 189 votos favorables. Estados Unidos e Israel se pronunciaron en contra en casi todas las votaciones.

La excepción tuvo lugar en 2016, cuando ambos países se abstuvieron. Ese cambio coincidió con el acercamiento entre Washington y La Habana durante la administración de Barack Obama, que restableció las relaciones diplomáticas entre los dos países tras más de medio siglo de ruptura.

Aquel escenario quedó atrás. La Administración de Donald Trump endureció nuevamente la presión sobre el régimen cubano y, según La Habana, Estados Unidos ejerció “presiones extremas e inéditas” sobre otros Estados miembro de la ONU para condicionar sus votos.

La segunda jefa de misión de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Tanieris Diéguez, afirmó a EFE que La Habana no observa “un progreso hacia un diálogo serio” con Washington. Ambos reconocieron en marzo que mantenían contactos de alto nivel, aunque hasta ahora no se conocieron resultados concretos.

El pulso aumentó en las semanas previas a la votación, después de que Washington organizó un acto con opositores cubanos para denunciar violaciones de derechos humanos en la isla. La respuesta del régimen fue llevar otra vez su narrativa contra el embargo al principal foro multilateral, pese a que el respaldo diplomático que suele obtener no se traduce en cambios efectivos en la política estadounidense ni resuelve los problemas generados por la dictadura dentro de Cuba.

La Ciudad de México será sede del 14° Foro Urbano Mundial (WUF14) de ONU-Hábitat en la primera semana de agosto de 2028, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La capital espera recibir a decenas de miles de personas de todo el mundo.

Fecha y sede del WUF14

Brugada dio a conocer la fecha durante el anuncio oficial del foro, en el que agradeció a las Naciones Unidas y a ONU-Hábitat por elegir a la capital. Aseguró que la CDMX será “la capital mundial del debate sobre el futuro de las ciudades”.

• Sede: Ciudad de México.
• Fecha: primera semana de agosto de 2028.
• Organiza: ONU-Hábitat.
• Asistencia esperada: decenas de miles de personas.

Una designación que se venía construyendo

ONU-Hábitat y el Gobierno capitalino anunciaron la designación el 23 de marzo de 2026. La CDMX compitió con candidaturas como Moscú, Rusia, y Fortaleza, Brasil, y las superó tras una evaluación de ONU-Hábitat.

En mayo, la ciudad recibió oficialmente la estafeta en Bakú, Azerbaiyán, durante el WUF13, de manos de la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach.

¿Qué es el Foro Urbano Mundial?

El WUF es la principal plataforma global para debatir sobre el futuro de las ciudades. Lo estableció la Asamblea General de la ONU en 2001 y desde 2002 lo convoca ONU-Hábitat. Reúne a:

• Gobiernos y organizaciones internacionales.
• Investigadores, universidades y academia.
• Movimientos sociales, sociedad civil y comunidades.

Como referencia de su escala, la edición de El Cairo (WUF12) tuvo 25 mil participantes entre ponentes, asistentes y organizadores.

¿Por qué es importante para la capital?

Brugada destacó que el foro regresa a América Latina, una región de ciudades marcadas por contrastes y desigualdades, pero también por luchas y experiencias de transformación urbana.

Para la mandataria, ser sede reconoce la transformación de la CDMX en cuatro ámbitos:

• Su política de vivienda, que lleva décadas en marcha.
• El proyecto de movilidad sostenible.
• El sistema público de cuidados.
• La democratización del espacio público y la recuperación de zonas verdes.

SRE y ONU-Hábitat afinan preparativos

Este día, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se reunió con Anacláudia Rossbach, quien estuvo acompañada por la coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi.

Conversaron sobre:

• Los preparativos del WUF14.
• El II Foro de Ciudades y Comunidades Feministas, que será el 24 de noviembre.
• Los avances de México en vivienda, ordenamiento territorial y urbanismo.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer una agenda internacional para prevenir y combatir la corrupción, con presencia en más de 36 foros y cooperación permanente con 14 países. Lo hizo mediante el comunicado No. 124, fechado el 25 de octubre de 2026, el mismo día en que Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que formaliza este lunes 26 de octubre.

Se trata de dos hechos independientes. Ambos coinciden en una semana en la que el tema de la corrupción domina la conversación pública en México.

Una agenda internacional con tres ejes

Según la dependencia, su estrategia se sustenta en tres pilares:

• Cumplimiento de los compromisos internacionales de México.
• Cooperación técnica para fortalecer las capacidades institucionales.
• Intercambio de experiencias y soluciones con otros países.

La Secretaría indicó que ha participado en más de 36 foros y espacios de trabajo especializados desde su creación. México también forma parte de tres convenciones internacionales anticorrupción.

Convenciones multilaterales: sanción y prevención

México participa en los mecanismos de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la OCDE.

En estos espacios, la Secretaría promueve un enfoque que combina la sanción de conductas indebidas con la prevención de riesgos. Entre los temas prioritarios figuran:

• Integridad empresarial
• Conflictos de interés
• Regulación del cabildeo
• Protección de datos personales
• Contrataciones públicas como instrumento de desarrollo

Cooperación técnica y alianzas bilaterales

La dependencia colabora con la OCDE, el BID, la Unión Europea, el CAF, la OEA, la ONU, el CLAD y la GIZ. Con ellos intercambia conocimientos, metodologías y herramientas para fortalecer la prevención de riesgos, la innovación gubernamental y la profesionalización del servicio público.

En el plano bilateral, comparte experiencias con Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania. Destacan dos colaboraciones:

• Francia: formación de personas servidoras públicas, capacidades directivas, ética y modernización administrativa.
• Chile: control gubernamental, contrataciones públicas y uso de nuevas tecnologías en la supervisión.

La agenda incluye también capacitaciones, talleres, visitas de estudio y programas de especialización para evaluar la aplicación de experiencias internacionales en las instituciones mexicanas.

El contexto: la renuncia de Taddei al INE

Taddei informó, tras una “profunda reflexión”, que presentaría su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. Asumió el cargo en abril de 2023 y afirmó que deja la presidencia con la tranquilidad de haber dedicado 33 años al servicio electoral.

Su salida ocurre en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés con proveedores. Representantes de partidos ante el Consejo General le habían pedido dejar el cargo y dar explicaciones por una fiesta organizada por un proveedor. Medios como Excélsior reportaron además denuncias de contratos irregulares por 198 millones de pesos y una indagatoria de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación.

Taddei calificó los señalamientos como versiones cuya autenticidad, contexto y propósito deben verificarse y corroborarse. Sostuvo que proteger al INE debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal.

Reacciones y lo que sigue

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró una “buena decisión” la renuncia, y dijo que debe haber una auditoría para revisar los señalamientos. Reconoció que la salida ocurre en un momento polémico rumbo a las elecciones de 2027, y recordó que la ley establece las reglas para elegir al relevo.

Desde Morena, el vicecoordinador en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, había advertido que la renuncia sería, en todo caso, un acto insuficiente.

En cuanto al relevo, como Taddei estuvo en el cargo tres años y seis meses, la Constitución prevé elegir a un sustituto que concluya el periodo, porque no cumplió seis años. La Cámara de Diputados elegirá a la persona sucesora y los consejeros nombrarán una presidencia provisional. La renuncia se presenta a siete meses de la jornada electoral federal.

Dos agendas, un mismo tema

El comunicado de la Secretaría no hace referencia al INE ni a Taddei. Describe una estrategia de cooperación internacional que, según la dependencia, busca prevenir la corrupción y proteger los recursos públicos. La renuncia de la consejera presidenta, por su parte, abre un proceso de investigación y relevo en el órgano electoral.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recibió el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat por el modelo de las UTOPÍAS, durante la inauguración de La Soberana, un complejo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El reconocimiento fue entregado por Ana Claudia Rossbach, directora ejecutiva del organismo internacional, en un acto realizado este 25 de octubre.

El galardón distingue iniciativas relacionadas con la innovación urbana y el desarrollo de espacios públicos. En este caso, el reconocimiento corresponde al proyecto de las UTOPÍAS, cuyo objetivo es concentrar servicios comunitarios, actividades culturales, instalaciones deportivas y programas de cuidados en un mismo lugar.

ONU-Hábitat reconoce el modelo de las UTOPÍAS en la CDMX

De acuerdo con la información difundida sobre el reconocimiento, ONU-Hábitat destacó la relación de este modelo con los objetivos de la Agenda 2030, particularmente en materia de desarrollo urbano y acceso a servicios.

Durante el evento, Rossbach recorrió las instalaciones de La Soberana y señaló que este tipo de proyectos puede contribuir al avance de las metas internacionales de desarrollo sostenible.

Brugada explicó que las UTOPÍAS surgieron a partir de experiencias de urbanismo social implementadas en distintas partes del mundo. También mencionó que la iniciativa ha despertado interés fuera de México, con referencias a Quito, Ecuador, donde ya se inauguró un espacio de características similares.

El reconocimiento coloca al programa capitalino en el ámbito de las iniciativas urbanas observadas internacionalmente, aunque su alcance y funcionamiento dependerán también de la operación de los servicios y de los resultados que se obtengan en las comunidades.

La Soberana: inversión, superficie y servicios disponibles

La UTOPÍA La Soberana fue construida en el Deportivo Hermanos Galeana y es presentada por las autoridades como la instalación más grande de su tipo en la capital.

El proyecto requirió una inversión de 300 millones de pesos y abarca una superficie de 91,377 metros cuadrados, de los cuales 29,000 corresponden a espacios de construcción abierta y 7,500 a áreas techadas.

El complejo integra servicios sociales, médicos, culturales y deportivos. Entre sus instalaciones se encuentran consultorios de medicina general, ginecología y geriatría, un mastógrafo, laboratorio clínico, tina de hidroterapia y un Centro de Cuidado de las Emociones.

También dispone de espacios destinados a la atención infantil, personas mayores, preparación de alimentos y cuidados personales. En el ámbito deportivo, cuenta con alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box y canchas para distintas disciplinas.

¿Qué servicios ofrece la nueva UTOPÍA de Gustavo A. Madero?

La infraestructura incluye espacios dirigidos a diferentes grupos de la población.

Entre sus principales instalaciones destacan:

• Salud: consultorios médicos, laboratorio clínico, mastógrafo y servicios de hidroterapia.
• Cuidados: centro de atención infantil, Casa de Día para personas mayores y áreas de atención personal.
• Deporte: alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box y canchas de pádel, tenis y squash.
• Cultura: auditorio con capacidad para más de 400 personas, cabina de radio y salones para danza aérea y muralismo.
• Recreación: un corredor con 16 alebrijes animatrónicos y una carpa de circo con capacidad para 800 espectadores.
• Atención animal: clínica veterinaria, parque para perros y estética canina.

Según lo anunciado por Brugada, los servicios de la UTOPÍA serán gratuitos. La mandataria también afirmó que el acceso a estas actividades y atenciones puede representar ahorros para las familias, aunque no se presentaron en la información proporcionada datos independientes que permitan medir ese impacto.

CDMX será sede del Foro Urbano Mundial 2028

La Ciudad de México albergará el Foro Urbano Mundial en 2028, encuentro internacional dedicado a los desafíos del desarrollo urbano.

De acuerdo con las proyecciones del gobierno capitalino, para entonces se espera que estén en funcionamiento 50 UTOPÍAS.

La meta general de la administración es construir 100 espacios de este tipo. La cifra prevista para 2028 representa una etapa intermedia de ese objetivo, cuya materialización dependerá del avance de las obras y de la puesta en marcha de las instalaciones.

La celebración del foro también colocará a la capital mexicana como anfitriona de conversaciones internacionales sobre planificación urbana, vivienda y espacios públicos.

Anuncian nuevos proyectos de salud y atención juvenil

Durante la inauguración de La Soberana, Brugada adelantó que se prevé utilizar otros 100,000 metros cuadrados para desarrollar una nueva Clínica Condesa, un hospital toxicológico y una aldea juvenil.

La clínica estaría especializada en la atención del VIH-Sida, mientras que el hospital toxicológico se destinaría a personas que consumen sustancias y sería operado por el IMSS-Bienestar. La aldea juvenil incluiría una escuela y espacios deportivos, además de una alberca olímpica.

Los proyectos fueron presentados como parte de una siguiente etapa, por lo que su desarrollo y puesta en operación deberán concretarse conforme avance la planeación anunciada por las autoridades.

En medio de las tensiones políticas en Colombia por cuenta del decreto emitido por el Gobierno nacional que regula la protesta, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó recientemente siete recomendaciones al Congreso de la República para dar trámite a la ley estatutaria sobre el derecho a la reunión y manifestación pública pacífica.

En me dio de su visita al Legislativo, el organismo pidió que la norma amplíe las garantías para ejercer la protesta, limite el uso de la fuerza y establezca controles sobre las intervenciones policiales.

Las propuestas fueron expuestas el 23 de octubre durante una audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se analizan varios proyectos acumulados sobre la materia. Para la representación de Naciones Unidas, el debate legislativo debe permitir el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano.

Según un recuento de las peticiones obtenido por El Tiempo, el organismo tomó como referencias el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Observación General 37 de 2020 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los estándares del Sistema Interamericano. Esos marcos normativos reconocen la reunión pacífica como un derecho fundamental para la democracia.

La oficina sostuvo que la protesta social es una vía legítima de participación democrática y un mecanismo para reclamar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por eso, el Estado debe evitar interferencias injustificadas y adoptar medidas que faciliten las manifestaciones.

“La función principal de las autoridades no es controlar o impedir la protesta, sino generar las condiciones para que pueda desarrollarse de manera segura”, explicó la representación al Congreso. Las interrupciones temporales de la movilidad y las molestias derivadas de una movilización son inherentes a ese derecho y no justifican, por sí solas, su restricción señalaron desde el organismo internacional.

La propuesta incluye una presunción favorable al ejercicio de la reunión y la manifestación pública pacífica. También plantea que las autoridades tengan la obligación concreta de distinguir entre quienes protestan de forma pacífica y las personas que eventualmente cometen actos violentos.

Desde la ONU señalaron que una manifestación no pierde su protección jurídica por conductas aisladas de algunos participantes, por lo que no puede compararse con los disturbios y los daños en bienes públicos.

Según el organismo internacional, las restricciones, cuando sean necesarias, deben ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Las autoridades tendrían que demostrar que una medida es indispensable y que no existe una alternativa menos lesiva para los derechos de quienes se manifiestan.

La protección de los derechos de terceros constituye una finalidad legítima, pero no puede convertirse en una razón general para limitar las movilizaciones. El organismo propuso que ese criterio quede expresamente delimitado en la ley estatutaria.

El diálogo y el uso excepcional de la fuerza

Para la ONU, el diálogo debe operar de forma permanente para prevenir tensiones durante las protestas y no como un trámite previo a una intervención policial. Tampoco puede darse por terminado de manera automática si las partes no alcanzan un acuerdo.

La responsabilidad de facilitar una movilización correspondería al Estado incluso cuando no haya organizadores identificables. Esa obligación incluye crear condiciones de seguridad sin trasladar a los participantes la carga de garantizar el desarrollo de la protesta.

Asimismo, la ONU señaló que el uso de la fuerza debe ser excepcional y respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. La dispersión de una manifestación solo podría aplicarse en circunstancias excepcionales y como último recurso.

Sobre las armas de fuego, la oficina recordó los principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza: el uso intencionalmente letal “únicamente puede realizarse para proteger una vida”. En consecuencia, “las armas de fuego no pueden utilizarse para dispersar manifestaciones o proteger bienes materiales”.

Para el control de movilizaciones existen armas menos letales, reguladas en una guía de Naciones Unidas publicada en 2020. La entidad solicitó que la futura ley incorpore límites claros para su utilización y mecanismos que permitan determinar responsabilidades por abusos.

La norma también debería proteger el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas, intimidaciones, represalias e interferencias arbitrarias. Su actividad, indicó el organismo, contribuye a la transparencia y a prevenir violaciones durante las intervenciones.

Las recomendaciones incluyen medidas específicas para mujeres y comunidades étnicas, junto con salvaguardas frente al uso indebido de datos personales y de tecnologías de vigilancia o identificación. La propuesta busca que esos riesgos sean considerados antes de cualquier actuación estatal.

Finalmente, las violaciones de derechos humanos vinculadas con protestas deben investigarse de forma “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial”, con establecimiento de responsabilidades. La ley debería prever mecanismos de documentación, investigación, supervisión y rendición de cuentas, además de garantías de acceso a la justicia, reparación y no repetición, con participación central de los organismos de control en la vigilancia de las intervenciones policiales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este sábado que los restos humanos entregados en el aeropuerto de Puerto Príncipe no pertenecen a los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas en Haití. El mandatario respondió así a la información publicada por The New York Times, la cual señaló que habían sido encontrados cuerpos que podrían corresponder a los integrantes del contingente.

“No son nuestros hombres”, escribió Bukele la red social X. Según el Jefe de Estado salvadoreño, una organización no gubernamental entregó restos humanos a una delegación de su país en el aeropuerto, con la versión de que pertenecían a los cuatro soldados.

Bukele sostuvo que la revisión preliminar descartó esa hipótesis. Afirmó que entre ellos había un niño, un hombre cuya estatura sería “considerablemente mayor” que la de los técnicos de aviación salvadoreños y una persona que llevaba parte de un uniforme perteneciente a un Ejército extranjero.

Bukele agregó que en el lugar también se encontraron carnets de identificación y prendas militares de otros países.

La declaración oficial responde al reporte divulgado durante la tarde por The New York Times. El diario estadounidense informó que cuerpos presuntamente vinculados con los desaparecidos fueron localizados en las afueras de Puerto Príncipe, según personas cercanas a la misión de seguridad internacional desplegada en el país caribeño.

La información indicó que los restos habían sufrido quemaduras graves y que sería necesario realizar autopsias para establecer su identidad. El reporte también señaló que los osamentas fueron trasladadas al aeropuerto internacional, donde los recibió un equipo militar de El Salvador que había llegado a Haití el viernes.

Desaparecidos tras una emboscada hace 6 días

Los cuatro soldados salvadoreños permanecen desaparecidos desde el domingo 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado en Santo, un sector de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

De acuerdo con la información difundida por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), los hombres sufrieron un ataque al momento de regresar a su base. Su vehículo recibió disparos y explosivos, pero sus ocupantes lograron escapar. Desde entonces, se perdió todo contacto con ellos.

Bukele había asegurado durante la semana que los desaparecidos no cumplían funciones de combate y su rol era apoyar evacuaciones médicas dentro de la misión internacional.

El grupo forma parte del contingente salvadoreño vinculado a la Fuerza de Supresión de Pandillas, una operación multinacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar a las autoridades haitianas frente a la expansión de las bandas criminales.

La búsqueda movilizó refuerzos salvadoreños en la capital haitiana

Tras la emboscada, El Salvador anunció una operación militar para localizar a los connacionales y trasladó refuerzos a Haití. Bukele exigió a las pandillas que los devolvieran “con vida y sin ningún daño” y advirtió que la respuesta de su Gobierno aumentaría si no eran liberados.

Este sábado, fuentes informaron al medio haitiano Le Nouvelliste que 450 soldados salvadoreños ya se encontraban en Puerto Príncipe para participar en la misión de búsqueda.

El Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador condenó este sábado el ataque contra cuatro técnicos de aviación salvadoreños que permanecen desaparecidos en Haití tras una emboscada contra el vehículo en el que se trasladaban como parte de la Fuerza Internacional de Represión de Bandas.

En un comunicado, la organización expresó su solidaridad con las familias de los cuatro salvadoreños “ante la penosa situación que atraviesan”. También se sumó al pedido formulado por el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas para lograr “su retorno inmediato y seguro”.

Los técnicos forman parte de la misión internacional desplegada en Haití, cuyo objetivo es apoyar a las autoridades locales frente a la expansión de grupos armados que operan en distintas zonas del país, en especial en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

El ataque ocurrió el 18 de octubre, cuando los soldados regresaban a su campamento desde un mercado situado en las afueras de la capital haitiana.

Vehículo fue incendiado durante la emboscada

Según la información oficial, los atacantes dispararon contra el vehículo y utilizaron explosivos, lo que provocó un incendio. Helicópteros enviados para asistir al contingente también recibieron disparos durante la operación.

La delegación salvadoreña identificó a los afectados como cuatro técnicos de aviación de la Fuerza de Tarea Libertad II. Las autoridades no han informado de manera oficial dónde se encuentran ni han confirmado contactos directos con ellos desde la emboscada.

El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, condenó el secuestro y reclamó la liberación de los salvadoreños. “Condenamos ese secuestro y pedimos su liberación inmediata y segura”, afirmó durante una conferencia de prensa el 19 de octubre.

El Salvador envió refuerzos para apoyar la búsqueda

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó esta semana que los cuatro hombres son técnicos aeronáuticos cuya función principal consiste en realizar evacuaciones médicas. El jefe de Estado sostuvo que no forman parte de unidades de combate y anunció una operación para procurar su rescate.

La Fuerza de Represión de Bandas confirmó que un contingente de El Salvador llegó a Haití para apoyar las tareas de búsqueda y seguridad en la zona donde ocurrió el ataque.

El incidente expuso los riesgos que enfrenta la misión internacional en un contexto marcado por la presencia de grupos armados en Puerto Príncipe y otras áreas del país. Naciones Unidas informó que, hasta el 12 de octubre, la fuerza contaba con 1,563 miembros uniformados, una cifra menor a los 5,550 efectivos autorizados por el Consejo de Seguridad.

El Consejo renovó el 29 de septiembre el mandato de la Fuerza de Represión de Bandas hasta el 31 de marzo de 2027. La resolución establece que la misión debe colaborar con las instituciones haitianas para recuperar territorios bajo control de organizaciones criminales, proteger infraestructuras y crear condiciones de seguridad para el proceso electoral.

El paradero de los cuatro técnicos salvadoreños continúa sin una resolución oficial. Naciones Unidas, el Gobierno de Haití y las autoridades de El Salvador mantienen las gestiones para ubicar a los integrantes del contingente y asegurar su regreso.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron a México fortalecer las medidas de protección para las mujeres trans en la propuesta de ley general contra el feminicidio, con el objetivo de garantizar que todas las muertes violentas de la comunidad femenina puedan investigarse bajo esta figura delictiva sin exigir que se determine previamente la identidad de género de las víctimas.

El Grupo de Trabajo del organismo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid, reconocieron los esfuerzos del Gobierno mexicano para unificar la legislación en esta materia. Sin embargo, formularon recomendaciones para ampliar las garantías de acceso a la justicia y mejorar los procedimientos de investigación.

En una comunicación, los especialistas también respaldaron las medidas dirigidas a proteger a las trabajadoras sexuales y establecer responsabilidades para las instituciones públicas cuando sus omisiones contribuyan a que no se prevenga la violencia feminicida. Además, pidieron que sus observaciones sean consideradas durante el proceso legislativo de la iniciativa.

ONU pide incluir expresamente a las mujeres trans en la ley de feminicidio

Entre sus principales recomendaciones, los expertos plantearon precisar que el delito de feminicidio comprende a todas las mujeres y niñas, incluidas las transgénero. Aunque reconocieron que la iniciativa mexicana contempla expresamente a esta población, consideraron necesario reforzar la redacción para garantizar su protección.

Asimismo, pidieron que el futuro protocolo nacional de investigación establezca que no es indispensable determinar previamente la identidad de género de una víctima para iniciar las indagatorias por una muerte violenta.

En 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó preocupación porque los asesinatos transfóbicos estaban tipificados específicamente solo en Ciudad de México y Nayarit, sin una disposición equivalente a nivel nacional.

Penas agravadas para feminicidos contra trabajadoras sexuales

Los especialistas también respaldaron la propuesta de establecer penas agravadas cuando la víctima de feminicidio ejerza el trabajo sexual, debido a las condiciones particulares de violencia y discriminación que enfrenta esta población.

De la misma forma, recomendaron que las investigaciones consideren posibles escenarios de trata, explotación, coacción y violencia perpetrada por clientes o terceras personas, advirtiendo que la actividad de la víctima no debe utilizarse para restar gravedad al delito.

Otra de las observaciones se centró en la actuación de las instituciones públicas, por lo que la ONU pidió establecer mecanismos para exigir responsabilidades cuando existan fallas en la atención de denuncias previas, la evaluación de riesgos o la implementación de medidas de protección que pudieron contribuir a prevenir una agresión.

Protocolos nacionales y registros especializados

Aseguraron que se necesita valorar la propuesta de establecer procedimientos uniformes para investigar los feminicidios y crear registros especializados, incluido uno para niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad a causa de estos crímenes.

En un comunicado difundido el pasado 23 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó el reconocimiento de Naciones Unidas a la revisión de la legislación mexicana desde una perspectiva de derechos humanos. La Cancillería también resaltó los avances planteados para proteger a las mujeres trans y a las trabajadoras sexuales.

El organismo solicitó al Gobierno mexicano la información actualizada sobre el proceso legislativo y pidieron transmitir sus recomendaciones al Congreso. La iniciativa busca armonizar la tipificación, investigación y sanción del feminicidio en el país, ante las diferencias que persisten entre las leyes de las entidades federativas.

El 15 de octubre, Washington pidió ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General terminar el mandato del Comité Especial de Descolonización (C-24), cuestionando su utilidad y sus gastos, aunque no hubo aún una votación ni decisión de la ONU que disolviera el organismo.

A ello se suma, según informaciones periodísticas, la presión de Washington para que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Ejecutivo, no alcance a empresas estadounidenses, incluidas proveedoras o accionistas de los emprendimientos.

No está demostrada una coordinación entre ambos planteos, pero sus posibles efectos se relacionan porque uno debilitaría el lugar donde se reclama negociar, y el otro limitaría las medidas frente a la explotación de los recursos en disputa.

La siguiente propuesta es una respuesta ética y estratégica para preservar el reclamo argentino en la ONU, proteger los recursos y sostener la alianza con Estados Unidos.

El límite para la negociación lo fija nuestra Constitución, ratificando la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Establece como objetivo permanente e irrenunciable su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y el derecho internacional. Así, dentro de esos límites, podrían revisarse los instrumentos diplomáticos y legales para alcanzar ese objetivo.

Por ello, cambiar los procedimientos del C-24 no es necesariamente incompatible con la Resolución 2065 de la Asamblea General, que reconoce la disputa e invita a la Argentina y al Reino Unido a negociar, considerando los intereses de los habitantes de las islas. Lo indispensable es conservar un mecanismo de la ONU que examine la cuestión y mantenga el pedido de negociación.

Tres experiencias internacionales muestran qué puede negociarse y qué debe preservarse en estos casos. Una ocurrió dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Canadá había cuestionado un arancel adicional que Estados Unidos cobraba a sus productos solares porque consideraba que violaba ese tratado. En 2022, un grupo de expertos independientes, previsto por el acuerdo comercial, le dio la razón. Luego, ambos gobiernos firmaron un memorando para suspender ese cobro a las importaciones canadienses y establecer las condiciones de la suspensión. Para la Argentina, la enseñanza es que se puede negociar cualquier reforma del C-24 pero bajo garantías de que Malvinas seguirá siendo examinada en la ONU. Esa continuidad debe quedar asegurada por una decisión de la Asamblea General.

El Consejo Ártico muestra cómo sostener una tarea cambiando la forma de trabajar. Tras suspender sus reuniones oficiales, sus miembros acordaron procedimientos escritos en 2023 y reuniones técnicas virtuales en 2024. Aplicado al C-24, esto permite proponer menos reuniones presenciales y más trabajo escrito, sin dejar de examinar Malvinas ni de convocar a las partes.

El Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU constituye el tercer aporte. En 1994 modificó sus reglas para reunirse cuando fuera necesario y suspendió sus operaciones tras completar su función principal. En Malvinas, en cambio, la disputa sigue pendiente. La enseñanza es que la actividad de un órgano debe evaluarse según las tareas que aún necesita cumplir. Quien proponga cerrar el C-24 debería explicar cómo se atenderá la disputa pendiente.

Estos tres ejemplos, sin constituir precedentes jurídicos sobre soberanía, orientan una respuesta argentina si la propuesta de Washington avanza, preservando la causa Malvinas y la relación con un aliado estratégico central.

La Cancillería debería, en consecuencia, ofrecer una reforma del C-24 con costos transparentes, revisión de tareas duplicadas y resultados públicos, preservando su función habiendo reiterado el llamado a negociar el 25 de junio de 2026. Si se propone suprimirlo, fusionarlo o transferir sus tareas, la Argentina debería exigir una alternativa aprobada por la Asamblea General que asegure la continuidad del tratamiento.

Lo que no debería permitir la Argentina es eliminar ese espacio sin reemplazo porque reduciría la presión internacional sobre el Reino Unido sin exigirle concesiones. El ahorro administrativo debe mantener el examen periódico de la cuestión, la participación de las partes y el seguimiento del llamado a negociar.

En cuanto a los recursos, la Resolución 31/49 insta a las partes a abstenerse de introducir cambios unilaterales mientras esté pendiente el proceso recomendado por Naciones Unidas. Argentina la invoca para objetar la explotación petrolera, pues una eventual negociación no restituiría el petróleo ya extraído. En consecuencia, solicitó el 13 de octubre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para suspender esa explotación en la zona en disputa, incluido el proyecto Sea Lion, en el marco del arbitraje iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915, prohíbe actividades sin autorización argentina y prevé sanciones administrativas y penales, con alcance también sobre determinadas formas de participación o colaboración. Si bien el nuevo proyecto enviado por el Ejecutivo busca sustituir y ampliar ese régimen, su demora en el tratamiento no elimina las herramientas vigentes.

Entre las precisiones del proyecto, el artículo 3, inciso b, exige que ciertos actos económicos o servicios sean esenciales e indispensables para el emprendimiento. El artículo 18 exige, para el delito atribuido al proveedor, que este actúe con conocimiento. Por eso, no puede afirmarse que cualquier relación comercial será sancionada automáticamente.

Al revisar el proyecto de ley, el Congreso debe precisar qué participación empresarial debe probarse en cada caso y distinguir las sanciones administrativas de las penas por delitos. También debe definir el tratamiento de accionistas sin control efectivo, preservar el derecho de defensa y la posibilidad de recurrir las sanciones ante tribunales, ya prevista en el proyecto. Las reglas deben evitar tanto castigar vínculos remotos como permitir que una empresa eluda responsabilidades utilizando otras sociedades.

El proyecto ofrece una vía para detener las actividades prohibidas y regularizar la situación. Exige demostrar su cese y contempla una multa o el compromiso de trasladar inversiones hacia actividades lícitas autorizadas. Esta posibilidad puede facilitar acuerdos con empresas de cualquier origen, siempre que se controle el cumplimiento y no continúe la misma actividad bajo otro nombre.

La Cancillería argentina podría solicitar a Washington que identifique los artículos objetados y que las empresas documenten su participación en los emprendimientos. Con esa información, Cancillería y las áreas de Energía podrían trabajar con el Congreso para precisar las reglas y revisar su compatibilidad con los compromisos internacionales. También deberían determinar qué medidas pueden ejecutarse efectivamente. Ese trabajo puede tener plazos definidos y funcionar sin suspender la legislación vigente.

El Congreso conserva la responsabilidad de definir las nuevas normas y la negociación diplomática debe facilitar ese trabajo. Si no hubiera entendimiento con Estados Unidos, la Cancillería debería buscar apoyos entre los países que integran el C-24 para mantener el tratamiento de Malvinas. En paralelo, la Argentina debería sostener las medidas legales que correspondan frente a la explotación de recursos sin autorización nacional.

Una respuesta ética y estratégica exige resultados comprobables tales como continuidad del tratamiento en la ONU, responsabilidad empresarial basada en pruebas y cumplimiento efectivo de los compromisos.

Milei puede convertir el desacuerdo en una iniciativa argentina con condiciones claras para ambos asuntos. La relación con Trump abre una oportunidad y su valor se medirá por lo que permita obtener para defender el reclamo y los recursos involucrados, preservando también los beneficios de la alianza estratégica con Estados Unidos.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dio a conocer que Oscar Solera es el nuevo representante de la oficina en México. El diplomático costarricense con experiencia en organismos internacionales, participará en las labores de promoción y protección de las garantías fundamentales en el país.

Su nombramiento ocurre después de una trayectoria profesional desarrollada en distintas áreas del sistema de las Naciones Unidas, con especial atención a los derechos humanos, el Estado de derecho, la cooperación técnica y las operaciones de paz. A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones en sedes internacionales y misiones en distintos países.

La oficina también reconoció la labor de Humberto Henderson, quien encabezó la representación mexicana de julio de 2025 a agosto de 2026. La llegada de Solera dará continuidad a las actividades del organismo, enfocadas en vigilar la situación de los derechos humanos y colaborar con instituciones públicas y organizaciones civiles.

¿Quién es Oscar Solera y cuál ha sido su trayectoria en la ONU?

Antes de asumir la representación en México, el diplomático se desempeñó como jefe del Equipo de Planificación Estratégica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para las Operaciones de Paz, con sede en Nueva York.

Previamente, trabajó como oficial de Asuntos Políticos en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU y ocupó el cargo de director adjunto de la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Malí.

Su experiencia también incluye labores en Colombia, donde coordinó la Unidad de Justicia y Sector Seguridad de la oficina del ACNUDH, desde esa posición, promovió iniciativas de colaboración técnica con instituciones estatales y agrupaciones de la sociedad civil en temas como justicia transicional, seguridad ciudadana, administración de justicia y protección de personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, formó parte de la Sección de Estado de Derecho y Democracia en la sede del ACNUDH en Ginebra, además de haber trabajado anteriormente en instituciones de Costa Rica y Suiza.

En cuanto a su formación académica, es doctor en Derecho Internacional y maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, también cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica.

Las funciones de la ONU-DH en México

La representación del organismo tiene entre sus principales responsabilidades contribuir a la defensa de los derechos humanos mediante el seguimiento de su situación en el país, así como brindar cooperación y asesoría técnica a las instituciones del Estado.

Además, acompaña a víctimas y organizaciones de la sociedad civil y promueve la aplicación de los estándares internacionales en esta materia.

Con la acreditación de Solera, la oficina continuará desarrollando estas tareas dentro de su mandato, que busca fortalecer la protección de los derechos humanos y fomentar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en este ámbito.

El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas -incluidas las norteamericanas- vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, y encuadró la propuesta de disolver el Comité de Descolonización de la ONU como parte de una reforma general del organismo.

“No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, afirmó Landau en una conferencia de prensa desde el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno que, a su turno, calificó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del C-24 “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina, aunque reconoció que el foro es de su interés porque allí presenta el reclamo cada año.

Consultado sobre si Estados Unidos propone efectivamente disolver el foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo contra el Reino Unido, y si existe incomodidad en Washington por el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley oficialista, Landau respondió que la administración Trump impulsa una reforma de las Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “a través de los años no han hecho casi nada”. “Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó.

El vicesecretario de Estado fue más allá y señaló que el comité “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.

Sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sostuvo que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.

Como contexto de esta postura son los trascendidos de que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino su preocupación por el alcance de las penalidades previstas en el proyecto 0010-PE-2026, que podrían alcanzar no solo a las compañías que operan directamente en el archipiélago sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Quirno fue más explícito en la defensa de la iniciativa. Argumentó que la ley vigente “no le da a la Argentina las herramientas necesarias” para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva iniciativa busca ampliar esas capacidades. “No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, insistió, y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.

“Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, cerró el canciller.

El canciller dedicó la parte más extensa de su respuesta a desvincular el reclamo argentino de la suerte del C-24. Aseguró que las resoluciones que sustentan la posición del país son “resoluciones generales de las Naciones Unidas, no de un comité en especial” y que la causa se presenta “en todo foro internacional”.

Sin embargo, reconoció que el comité “es un foro que a nosotros nos interesa, porque es un foro donde anualmente realizamos este reclamo”. En esta línea, el vocero presidencial Adrián Ravier había reconocido esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense “está bajo análisis” y no descartó cambios en la ley de soberanía durante el debate parlamentario. Además, la Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, una decisión que Quirno atribuyó a “razones técnicas” pero que la oposición interpretó como un gesto a Washington.

Consultado por Infobae sobre si las inversiones anunciadas por el embajador Peter Lamelas —quien en Neuquén cifró en USD 20.000 millones el financiamiento previsto y lo condicionó a que el país siga “hacia la derecha”—, Landau evitó referirse a esas declaraciones. Trazó un paralelo entre el momento actual y la prosperidad argentina de fines del siglo XIX, elogió al Gobierno por “crear las condiciones para otra época dorada” y se limitó a expresar entusiasmo por las “enormes posibilidades” del país.

Quirno, en tanto, señaló: “Esto es algo que es importante aclarar, porque esto es una pregunta que termina siendo recurrente. La relación entre Argentina y Estados Unidos es una relación estratégica, es una relación profunda, y todo el tiempo se especula sobre la condicionalidad. Está claro que nosotros queremos, y el embajador Lamelas lo dice constantemente, que el gobierno argentino reelija el año que viene. Eso es un interés común que nosotros tenemos. Pero creo que es importante entender lo siguiente: Argentina ha hecho en estos treinta y pico de meses de gobierno los deberes necesarios para contar con el apoyo de Estados Unidos y varios otros países, y eso es producto de la alianza que tenemos, de la confianza que se ha generado, de la credibilidad que ha ganado Argentina. Y el condicionamiento, el único condicionamiento que hay, o sea, que existe, es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, que sigamos por el camino del crecimiento, del orden macroeconómico, del equilibrio fiscal, porque eso es lo que va a dar previsibilidad a estas inversiones a futuro, es generar las condiciones para que sean inversiones de, de largo plazo”.

Antes de las preguntas, Quirno detalló que la administración de Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico —USD 7,5 millones para proyectos en el país y el resto para iniciativas regionales— y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, con un apoyo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

El “quitavisas”

Ante la consulta sobre si Estados Unidos busca un compromiso argentino para bloquear el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura, en referencia a un episodio reciente en Neuquén donde directivos de una empresa habrían recibido advertencias sobre sus visas por un vínculo con Huawei, Quirno negó que exista discriminación y describió las decisiones como resultado de un análisis de seguridad informática.

Landau fue más directo: “Por algo me llaman el quitavisas”, dijo, y explicó que las visas son “una herramienta de la política exterior”. “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”, completó.

Landau y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegaron a Buenos Aires en la noche del miércoles desde Asunción, Paraguay.

El representante de la OACNUDH, Juan Carlos Monge, cuestionó que se plantee la seguridad y los derechos humanos como objetivos opuestos e instó al Estado hondureño a perseguir a los principales responsables de las estructuras criminales sin exceder los límites establecidos por la ley.

Durante sus declaraciones, Monge enfatizó que el Estado hondureño tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de aplicar medidas de seguridad que se ajusten a las normas nacionales e internacionales, independientemente de los mecanismos que decidan implementar el Gobierno y el Congreso Nacional para enfrentar la delincuencia.

“Existen obligaciones que han asumido voluntariamente y nosotros trabajamos a partir de esas recomendaciones, de esos compromisos, de esos estándares, en la búsqueda de soluciones que permitan ser respetuosas de los derechos humanos, pero que permitan al Estado cumplir con su papel de garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población”, manifestó.

El representante de Naciones Unidas sostuvo que la protección de los derechos fundamentales no debe considerarse un obstáculo para las estrategias de seguridad, sino una condición necesaria para que estas cumplan su propósito de proteger a los ciudadanos.

En ese sentido, advirtió que cuando se vulneran las garantías reconocidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se incumplen los compromisos que los gobiernos han aceptado respetar.

“Cuando hablamos de seguridad de derechos humanos se habla de una falsa dicotomía, o de seguridad o derechos humanos, no. Derechos humanos es lo que permite que la seguridad sea una realidad para la población”, expresó Monge.

El funcionario agregó que la inseguridad también afecta el ejercicio de derechos fundamentales, debido a que limita el derecho a la vida, la libertad y el acceso a la justicia.

Por ello, insistió en que las políticas destinadas a combatir la criminalidad deben considerar las garantías de la ciudadanía.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que las autoridades hondureñas enfrentan el desafío de combatir las estructuras delictivas y responder a las demandas de seguridad de la población, una tarea que, según el planteamiento de la OACNUDH, debe ejecutarse sin apartarse de las obligaciones legales del Estado.

Monge señaló que el Congreso Nacional y el Gobierno de Honduras cuentan con la facultad de establecer los mecanismos que consideren necesarios para responder a los problemas de seguridad, pero recalcó que también tienen la obligación de actuar conforme a las reglas vigentes.

El representante de la OACNUDH subrayó que las medidas estatales deben respetar tanto la legislación hondureña como los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que establecen límites a las actuaciones de las instituciones públicas.

En esa línea, planteó la necesidad de concentrar los esfuerzos de investigación y persecución penal en los principales responsables de las estructuras criminales, en lugar de limitar las acciones a los eslabones más bajos de esas organizaciones.

“Entonces el Estado tiene que buscar, y lo hemos hablado con el Ministerio Público, la forma de atacar a los principales responsables, cuáles son los grandes responsables de todo esto”, señaló.

El funcionario cuestionó que la respuesta estatal se concentre únicamente en perseguir a los pequeños distribuidores de drogas y otros actores de menor rango, al considerar que el combate a la criminalidad requiere identificar a quienes dirigen o sostienen las estructuras delictivas.

“La solución es buscar solamente a los microtraficantes del barrio o ahí no se agota el tema”, manifestó Monge al referirse a la necesidad de abordar las responsabilidades de mayor alcance dentro de las redes criminales.

Finalmente, reiteró que las actuaciones de las instituciones deben mantenerse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y los acuerdos internacionales suscritos por el país.

“¿Cuáles son los límites que tiene el Estado? Es el cumplimiento de su legislación y de los compromisos internacionales”, concluyó.

Mientras en el Congreso de Colombia los asesores legislativos ya reciben formación práctica en inteligencia artificial para sustentar debates con evidencia, en México la discusión sigue concentrada en diagnósticos sobre la urgencia de adoptar la tecnología. La distancia entre un caso y otro expone una brecha que atraviesa a los gobiernos de América Latina: la velocidad del desarrollo tecnológico avanza más rápido que la capacidad institucional para absorberlo.

El contraste quedó de manifiesto en dos episodios recientes. Por un lado, la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas reunió a 128 delegaciones que hablaron sobre inteligencia artificial, frente a solo cinco hace cuatro años, un salto que refleja la urgencia del tema en la agenda internacional.

Por otro lado, en Bogotá, Colombia, el programa UTL en Acción de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y el Consejo Privado de Competitividad, ya capacitó a más de 130 integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) en el uso de estas herramientas para el trabajo parlamentario.

La ONU advierte sobre una transformación sin precedentes

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la inteligencia artificial avanza a una velocidad que sorprendió incluso a quienes participaron en su creación, lo cual convirtió su gobernanza en uno de los principales desafíos internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo se encuentra en una ocupación con algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, aunque el organismo prevé una transformación de funciones antes que una desaparición masiva de empleos.

El crecimiento económico del sector será determinante. ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) proyecta que el mercado mundial de inteligencia artificial pasará de 189.000 millones de dólares en 2023 a 4,8 billones de dólares en 2033. Ese crecimiento está acompañado de una fuerte concentración: solo 100 empresas, principalmente de Estados Unidos y China, acumulan cerca del 40% de la inversión empresarial mundial en investigación y desarrollo de la tecnología.

“La nueva brecha puede estar entre quienes sepan utilizar la inteligencia artificial para elevar su productividad y quienes permanezcan fuera de esta transformación”, afirmó Concepción M. Valadez Obregón, CEO y G100 Country Chair Communications, Advocacy & Mediation. Para la región, agregó, “desarrollar talento, infraestructura y capacidades digitales debe convertirse en una prioridad empresarial”.

Colombia capacita a los equipos legislativos en el uso práctico de la herramienta

El caso colombiano ofrece una respuesta concreta a ese desafío. El pasado 21 de septiembre, un grupo de participantes de las Comisiones Constitucionales del Congreso completó su ciclo académico en el campus de la Universidad de los Andes. El programa tuvo 24 horas de sesiones presenciales y virtuales con seis horas de contenido asincrónico, y uno de sus módulos se dedica específicamente al uso de inteligencia artificial, escucha en redes sociales, encuestas y revisión de prensa para sustentar debates con evidencia.

Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, explicó que el programa se construyó sobre dos pilares: los conocimientos transversales para los equipos legislativos y una mirada a sectores críticos como la salud, la energía y la política fiscal. “Tenemos tres lemas: formar para servir, investigar para resolver y dialogar para conectar”, afirmó Ramiro Guerrero, director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.

La brecha digital global sigue sin resolverse

El problema de fondo no se limita a la formación de cuadros técnicos. En 2025, aproximadamente 6.000 millones de personas utilizaban internet, equivalentes al 74% de la población mundial, mientras 2.200 millones permanecían desconectadas, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para cerrar esa distancia, Naciones Unidas estableció el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial y el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, cuya primera sesión se realizó en 2026.

Valadez Obregón subrayó que la responsabilidad no recae solo en los Estados. “Las empresas necesitan tener claro para qué están incorporando inteligencia artificial, qué procesos puede mejorar y qué riesgos deben considerar”, indicó. Esa misma exigencia, trasladada al ámbito público, es la que el programa colombiano intenta resolver desde el Congreso, mientras México y el resto de la región aún deben traducir el diagnóstico internacional en programas de formación y adopción institucional similares.

(Desde Washington, Estados Unidos) Ante la falta de acuerdo entre Estados Unidos y China para designar al futuro secretario General de la ONU, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ejecutó ayer un meditado movimiento diplomático para resolver la sucesión de Antonio Guterres, que termina su mandato en apenas 70 días.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan -jeque de EAU-, presentó la nominación de Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado y exembajadora en Naciones Unidas.

“Mi experiencia trabajando con las Naciones Unidas me ha demostrado tanto el potencial de la diplomacia para tender puentes sobre las diferencias como la urgencia de reformar nuestros sistemas multilaterales para hacer frente a los complejos desafíos globales de hoy”, aseguró Nusseibeh, en una declaración que contempla los intereses multilaterales de Estados Unidos y China.

La candidatura de Nusseibeh intenta romper el deadlock causado por la imposibilidad de lograr una votación en el Consejo de Seguridad sin vetos cruzados para los tres candidatos, que -hasta ahora- tenían posibilidad de acceder a la Secretaria General de la ONU.

Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi fueron los candidatos más votados en la sexta votación secreta, pero los tres sufrieron dos vetos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, y sus vetos anulan las posibilidades del candidato en esa votación.

El veto en una determinada votación ya no cuenta hacia adelante, pero es un indicio acerca de los parámetros que proponen los miembros permanentes.

Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo son los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Y aunque no tienen el poder de veto, son fundamentales para designar al próximo secretario General: se necesitan 9 votos, y esa mayoría se logra sólo con los miembros no permanentes del Consejo.

Las constantes votaciones fallidas son reflejo de la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Trump y Xi. La Casa Blanca apoya la candidatura de Grossi, mientras que China -junto a Rusia- se inclina por designar a una candidata para suceder a Antonio Guterres.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución que firmó Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) durante su cumbre en India.

En este contexto, Trump estudia la posibilidad de avalar la candidatura de Nusseibeh, que fue presentada por los Emiratos Arabes Unidos. El jeque Al Nahyan es aliado regional de Estados Unidos y tiene una profunda relación diplomática con Israel.

Si Al Nahyan no tuviera luz verde de la Casa Blanca, no hubiera colocado a su ministra de Estado en una escenario de desgaste político y puja palaciega.

A su vez, Emiratos Árabes Unidos y China tienen una Asociación Estratégica Integral que incluye acuerdos sobre energía, infraestructura, inteligencia artificial y seguridad.

El comercio entre EAU y China superó la barrera de los 110.000 millones de dólares, al margen de las inversiones directas que ejecuta Beijing para profundizar su influencia en Medio Oriente.

En este escenario, Xi podría avalar la candidatura de Nusseibeh: es mujer como se comprometió en la última cumbre de los BRICS y es presentada por EAU, que es su socio estratégico en Medio Oriente.

La lógica de poder en el Consejo de Seguridad implica que Estados Unidos puede alinear los votos del Reino Unido y Francia, mientras que China tiene capacidad para sumar el apoyo de Rusia.

Nusseibeh tiene que cumplir un proceso formal que incluye una presentación ante la Asamblea General de la ONU y la Sociedad Civil. Ese trámite oficial podría demorarse -al menos- 10 días.

Entonces, es previsible que el Consejo de Seguridad aguarde que Nusseibeh cumpla con los procedimientos del foro global antes de poner fecha para una nueva votación, ya que es obvio que hay vetos cruzados para los candidatos Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi.

No tendría sentido convocar a una séptima votación para desembocar en un resultado que -con sutiles variantes- se repitió seis veces en los últimos 84 días.

A comienzos de diciembre, ya se habría elegido al sucesor de Guterres.

“Vamos a ir a fondo. El objetivo final es poner en pie una mesa de diálogo con los británicos”, planteó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial para explicar la decisión del Gobierno de avanzar con el debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Tras el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en Casa Rosada se muestran abiertos a introducir cambios en el articulado, mientras debaten la manera de garantizar su aprobación.

Durante la reunión de la mesa política del pasado martes, el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei discutió la posibilidad de incorporar modificaciones al proyecto que posibiliten su sanción. El debate se dio luego de que la oposición cuestionara gran parte de su contenido, los aliados anticiparan su rechazo a artículos como el 111 y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) propusiera que el régimen de infraestructura crítica se basara en un esquema de “cooperación voluntaria” entre el Estado y las empresas.

Tras postergar su tratamiento por las diferencias internas y la falta de apoyos, el oficialismo se prepara para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados la próximas semanas, con fecha tentativa para el próximo miércoles 28 de octubre, aunque otras fuentes aseguran que todavía no hay un día definido. La idea original era dictaminar el pasado martes y tratarlo en la sesión de este miércoles, pero las dificultades para reunir las firmas obligaron al Poder Ejecutivo a modificar el cronograma.

Las proyecciones sobre el resultado son dispares. Un integrante del ala política calcula un apoyo de entre 135 y 140 legisladores y asegura que el Gobierno impulsó la normativa a sabiendas de que iba a generar polémica. Sin embargo, otras voces advierten que se trata de un proyecto complejo y que, si el debate se empantana, podría terminar rechazado.

Tras evaluar las sugerencias del PRO, el MID, AmCham y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, la administración libertaria se comprometió con los aliados a delimitar la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas y crear una comisión bicameral para supervisar las facultades excepcionales del organismo.

Como había anticipado la diputada libertaria Silvana Giudici, el oficialismo revisó el artículo 111 e introdujo precisiones en el régimen sancionatorio. Además, según confirmó a este medio una fuente en tema, aceptó la posibilidad de precisar las facultades del Consejo para controlar las inversiones de Estados y empresas extranjeras y reformular el delito de injerencia extranjera.

En las filas libertarias hacen una lectura favorable del impacto político que tuvo la cuestión Malvinas, una iniciativa sugerida por el asesor presidencial Santiago Caputo para recuperar la agenda pública. En Casa Rosada consideran que el tema contribuyó a mejorar la imagen de Javier Milei, aunque también expuso el primer contrapunto con la administración de Donald Trump desde que ambos gobiernos profundizaron su acercamiento.

En medio de las conversaciones, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este miércoles en Casa Rosada a Peter Lamelas con foco en la relación bilateral entre los países y los proyectos de desarrollo e inversión de las empresas estadounidenses en el país.

Pese a los esfuerzos públicos por desmentir la injerencia de Estados Unidos en la redacción del proyecto, en Balcarce 50 admitieron que la decisión de la administración republicana de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas llegó en “un mal momento”.

Si bien hay coincidencias en torno a la valoración del comité, en el Poder Ejecutivo consideran que su eliminación no sería conveniente, ya que le permite a la Argentina sostener su reclamo jurídico de soberanía frente al Reino Unido. Por ese motivo, ratifican la decisión de abstenerse en la votación.

“No compartimos la postura con Estados Unidos, pero la decisión no tiene nada que ver con nosotros”, sostuvieron, con incomodidad, en uno de los despachos de Balcarce 50 casi a contramano de lo que planteó el vocero presidencial, Adrián Ravier. No obstante, en la mesa chica de Milei no esperan avances concretos en el reclamo de soberanía y consideran que Donald Trump apuesta a dar una batalla discursiva sobre el tema.

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a los gobiernos y a la comunidad internacional que adopten medidas anticipadas para reducir los riesgos asociados al fenómeno. Las autoridades alertaron que el calentamiento del océano podría alterar las precipitaciones y agravar los episodios de calor extremo, sequías, lluvias torrenciales e inundaciones en distintas regiones del mundo.

El Niño podría romper récords en 40 años

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió durante una rueda de prensa en Ginebra que el fenómeno El Niño actual situarse fuera de las escalas de seguimiento utilizadas durante los últimos 40 años. La funcionaria argentina señaló que las previsiones apuntan a una intensidad excepcional, con posibles repercusiones climáticas a escala mundial.

De acuerdo con la última evaluación del organismo, las temperaturas de la superficie marina del Pacífico podrían alcanzar los 3,8 °C por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Saulo explicó que durante episodios anteriores particularmente intensos se registraron valores cercanos a los 3 °C, asociados con consecuencias significativas en diferentes partes del planeta. La máxima intensidad del fenómeno se espera hacia finales de 2026, aunque sus efectos podrían prolongarse después de ese periodo.

América Latina enfrentaría riesgos climáticos

El coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, alertó que El Niño podría afectar gravemente a América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico. Entre las principales amenazas figuran las sequías, las inundaciones y el calor extremo, fenómenos que podrían agravar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

El impacto también podría extenderse a la seguridad alimentaria y las condiciones económicas de los países afectados. Fletcher advirtió que las consecuencias del episodio climático podrían incrementar la inseguridad alimentaria de hasta 50 millones de personas, además de intensificar los desplazamientos de población, las migraciones y los conflictos. No obstante, la OMM precisó que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de sus efectos en cada país, ya que también influyen otras condiciones climáticas, incluidas las de los océanos Índico y Atlántico.

ONU destinará más de US$50 millones a emergencias

Ante los riesgos previstos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) anunció la movilización de más de 50 millones de dólares de su fondo central de intervención de emergencia para asistir a 11 países que podrían resultar especialmente afectados. Entre ellos se encuentran Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

La ayuda busca anticiparse a las consecuencias humanitarias del fenómeno mediante la atención de las necesidades más urgentes. Fletcher señaló que Somalia, Etiopía y Kenia necesitan fondos y suministros antes de la llegada de lluvias intensas, mientras que el sur de África requiere semillas y ganado para sus actividades agrícolas. En América Central, el llamado se centra en preservar los medios de subsistencia, mientras que los países de Asia y el Pacífico deben prepararse para afrontar sequías, inundaciones y ciclones.

ONU pide medidas preventivas

La OMM y los organismos humanitarios de las Naciones Unidas insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y anticipadas para proteger a las comunidades expuestas. Saulo sostuvo que, aunque no es posible impedir El Niño, sí se pueden prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves si los países actúan antes de que se produzcan los daños.

En esa línea, Fletcher exhortó a los gobiernos, los bancos de desarrollo y las instituciones financieras internacionales a liberar recursos con anticipación, en lugar de esperar a que ocurran las emergencias. La OMM también advirtió que el episodio se suma al cambio climático provocado por las actividades humanas, que contribuye a intensificar los fenómenos meteorológicos extremos. Pese a las previsiones, Saulo remarcó que todavía existe una oportunidad para reducir los riesgos, aunque el margen para prepararse no permanecerá abierto indefinidamente.

Emiratos Árabes Unidos nominó el miércoles a Lana Nusseibeh, ministra de Estado de su cancillería, como candidata a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su entrada suma una séptima aspirante a una carrera que ningún contendiente ha logrado desbloquear y que, por tradición de rotación regional, debería recaer en un candidato latinoamericano.

La nominación fue formalizada por el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en una carta dirigida a los titulares de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. En un comunicado, Nusseibeh explicó sus motivos: “Me presento para ser secretaria general porque creo que este es un momento para actuar con mayor urgencia: actuar antes, unir a las personas más allá de las diferencias y seguir impulsando el trabajo hasta que produzca resultados concretos”.

Nusseibeh conoce el sistema desde dentro. Fue representante permanente de su país ante la ONU entre septiembre de 2013 y abril de 2024, presidió en 2017 la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, ocupó una vicepresidencia de la Asamblea General y copresidió entre 2017 y 2019 las negociaciones sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Es ministra de Estado desde septiembre de 2025. De ganar, sería la primera mujer al frente de la organización y la segunda de origen árabe, tras el egipcio Boutros Boutros-Ghali, que ocupó el cargo entre 1992 y 1996.

El procedimiento está fijado por el artículo 97 de la Carta de la ONU: la Asamblea General designa al secretario general por recomendación del Consejo de Seguridad. Para medir apoyos, los quince miembros del Consejo celebran votaciones informales y secretas en las que califican a cada candidato con alentar, desalentar o sin opinión. Un aspirante necesita nueve votos favorables y que ninguno de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) lo rechace. Un desalentar de uno de ellos no es un veto formal, pero funciona como tal.

El viernes 16 de octubre, en la sexta ronda, los cinco permanentes votaron por primera vez con papeletas de otro color que las de los diez miembros electos, lo que permitió identificar sus rechazos. Los siete candidatos recibieron al menos dos desalentar de miembros permanentes. Según medios estadounidenses, Washington se opone a todos ellos.

La costarricense Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de su país, obtuvo la mayor cantidad de apoyos, pero también cinco votos en contra, dos de ellos de miembros permanentes. Había encabezado la primera ronda, el 30 de julio, con diez apoyos, mientras que la segunda la lideró la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Relaciones Exteriores de Guyana.

El ex presidente de Senegal Macky Sall retiró su candidatura el 17 de octubre. Explicó que buscaba facilitar la aparición de un candidato de consenso en el Consejo. Siguen en la carrera Grynspan; Rodrigues-Birkett; el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; las ecuatorianas Ivonne A-Baki, nominada por Tonga; y el ugandés Olara Otunnu.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó tras la votación que los Estados miembros conservan el derecho a presentar nuevos candidatos y que Washington prefiere que la decisión se tome este año, antes de que concluya el mandato del portugués António Guterres.

El calendario es ajustado, pero no inédito. Cuando Guterres fue elegido en 2016, el Consejo necesitó seis votaciones informales para llegar a un acuerdo. Esta vez se han celebrado seis sin resultado.

El principal activo potencial de Nusseibeh son los vínculos de Abu Dabi con las cinco potencias, aunque esa ventaja no está probada: todavía no ha sido sometida a ninguna votación en el Consejo. Deberá reunir nueve votos y evitar el rechazo de los cinco permanentes, algo que ninguno de los siete candidatos logró el 16 de octubre. Quedan 71 días para el 31 de diciembre, cuando termina el segundo mandato de Guterres.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al trabajo de búsqueda de personas desaparecidas que, según afirmó, desarrolló su gobierno tras modificar leyes, revisar registros y reforzar el diálogo con los colectivos de familiares.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria sostuvo que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas pasó de emitir cuestionamientos a felicitar al país por sus acciones.

Sus declaraciones ocurrieron después de que Juan Pablo Albán, presidente del Comité, presentó su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU y destacó la activación del Artículo 34 para intervenir en la crisis de desapariciones en México.

ONU y el cambio de postura sobre México

Sheinbaum recordó que Albán había planteado que existía una situación de desaparición forzada en el país; sin embargo, el organismo modificó posteriormente su valoración a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno de México.

“Pasaron, pues, de una crítica a una felicitación”, dijo la presidenta en Palacio Nacional.

Celebró ese reconocimiento, aunque atribuyó el cambio a las reformas y a las tareas de búsqueda impulsadas por su gobierno, no al señalamiento previo del Comité.

“Él dice que es a partir del llamado de atención que él hizo. Nosotros creemos que es a partir de este cambio en las leyes (...) y del trabajo constante de búsqueda que ha realizado la nueva comisionada de Búsqueda”, planteó.

Claudia Sheinbaum y las reformas de 2025

Sheinbaum situó los cambios normativos en junio o julio de 2025, después de que se conoció el caso de Teuchitlán. Dijo que entonces su administración revisó las modificaciones necesarias a las leyes relacionadas con el delito de desaparición.

Entre las acciones mencionadas por la presidenta figuró la creación de una alerta temprana. También habló de un análisis de las bases de datos de desaparición y de personas desaparecidas.

La mandataria afirmó que su gobierno abrió un proceso de diálogo con los colectivos de familias buscadoras, aunque no detalló cuáles fueron las reformas legales ni precisó el contenido de la alerta temprana durante su respuesta.

Sheinbaum reconoció la participación de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en las labores que derivaron en el posicionamiento de la ONU.

También atribuyó parte del trabajo a la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por una nueva titular, aunque no mencionó su nombre. La presidenta señaló que su actividad debe ser reconocida dentro de las acciones gubernamentales.

Además, mencionó la intervención de Jennifer Feller, representante permanente alterna de México ante las Naciones Unidas, junto con el apoyo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

Sheinbaum extendió el reconocimiento a la Fiscalía General de la República. “Han hecho un trabajo incansable”, afirmó al referirse a las dependencias y funcionarios involucrados en la estrategia.

México rechazó la interpretación del artículo 34

El pronunciamiento de Sheinbaum ocurrió luego de la intervención de la delegación mexicana ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. Juan Pablo Albán presentó ahí el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada, que incluyó las actividades del organismo durante 2026 y el proceso previsto en el artículo 34 de la Convención.

En nombre del Gobierno de México, Arturo Medina Padilla sostuvo que el país rechaza la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación de ese artículo.

El subsecretario defendió que México mantiene cooperación con organismos internacionales y con otros países en tareas relacionadas con la búsqueda, la identificación humana y la investigación de casos.

Medina Padilla informó que el Estado mexicano formó, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de expertos internacionales para revisar de manera científica el Registro Nacional.

La búsqueda de personas y las 16 mil localizaciones

El subsecretario de Gobernación señaló ante las delegaciones de los Estados miembros que la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas permitió localizar a más de 16.000 personas durante 2026.

El funcionario afirmó que la cooperación internacional ha arrojado resultados para las víctimas. Mencionó los vínculos con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para fortalecer las capacidades de identificación humana.

También citó la colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con Medina Padilla, esos intercambios están dirigidos a reforzar la búsqueda, la identificación y las investigaciones.

“Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, declaró el subsecretario ante la Tercera Comisión de la ONU.

La delegación mexicana estuvo integrada además por Enrique Ochoa Martínez y César Villanueva Esquivel, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Luis Gilberto Trejo Vargas, de Gobernación; Mariana Díaz Figueroa, de la Fiscalía General de la República, y el general brigadier Uriel Carreto Montoya, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El mundo se encamina a un aumento de 2,6 °C de la temperatura global respecto de la era preindustrial durante este siglo, incluso si los países cumplen las metas climáticas vigentes, según el nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El reporte plantea que el límite de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París ya será superado, aunque todavía es posible reducir la duración y la magnitud de ese exceso.

El informe mide la distancia entre lo que los países prometen hacer para frenar el cambio climático y lo que haría falta para limitar sus efectos.

Los especialistas advierten que cada décima de grado implica más riesgo de olas de calor, inundaciones, incendios y daños a ecosistemas, salud y economías.

Las conclusiones del informe llegan antes de la COP31, la conferencia climática de la ONU prevista para noviembre en Antalya, Turquía.

Los compromisos nacionales, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, son los planes con los que cada Estado se compromete a reducir sus emisiones. El PNUMA calcula que, si se aplicaran por completo y se mantuviera un esfuerzo similar, el calentamiento se limitaría a 2,6 °C para 2100. Ese nivel queda muy por encima del objetivo de contener el aumento de la temperatura “muy por debajo” de 2 °C e intentar no superar 1,5 °C.

Con las políticas actuales, sin nuevas medidas de mayor alcance, el calentamiento podría llegar a 2,8 °C en este siglo y continuar después. Incluso el escenario más favorable que analiza el documento —cumplir las NDC y metas adicionales de cero emisiones netas— dejaría una subida de 2,1 °C.

El secretario general de la ONU, António Guterres, resumió el diagnóstico con una advertencia: “El mundo ya no puede evitar sobrepasar el límite de 1,5 grados, y las consecuencias ya son devastadoras”.

En su mensaje sobre el informe, señaló que las emisiones siguen en niveles récord y que los planes nacionales “se quedan peligrosamente cortos”.

Superar 1,5 °C no elimina la necesidad de recortar emisiones

La temperatura media del planeta ya está cerca de 1,5 °C por encima del nivel preindustrial, la referencia que se usa para comparar el aumento de la temperatura desde antes de la expansión industrial basada en carbón, petróleo y gas. El análisis sostiene que la prioridad ya no es evitar por completo ese umbral, sino impedir que el aumento posterior sea más alto o se prolongue durante décadas.

“El sobrepaso no es una rendición. Aún podemos mantenerlo lo más pequeño y breve posible, y lograr que las temperaturas vuelvan a estar por debajo de 1,5 grados para finales de siglo”, afirmó Guterres. Para ello, no bastan promesas a largo plazo: los recortes deben comenzar en esta década.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, advirtió que “cada fracción adicional de grado y cada año adicional de calentamiento por encima de 1,5 °C incrementan los impactos y riesgos climáticos”. En concreto, citó inundaciones mortales, olas de calor e incendios forestales que afectaron a numerosos países este año.

El recorte necesario equivale a reducir casi la mitad de las emisiones en 2035

El escenario de menor sobrepaso que examina el estudio busca que el calentamiento alcance un máximo de entre 1,7 °C y 1,8 °C hacia mediados de siglo y descienda luego hasta 1,5 °C o menos en 2100. La probabilidad de lograrlo ronda el 50 %, según el PNUMA.

Para seguir esa ruta, la liberación de gases de efecto invernadero tendría que bajar un 18 % en 2030, un 45 % en 2035 y un 69 % en 2040, en comparación con los niveles de 2025. En cambio, los compromisos nacionales hoy presentados solo implicarían descensos de entre 5 % y 8 % para 2030, y de entre 11 % y 15 % para 2035.

La brecha se explica, en gran medida, por la continuidad del uso de combustibles fósiles. El dióxido de carbono que liberan el carbón, el petróleo y el gas retiene calor en la atmósfera. También contribuyen otros gases, como el metano, emitido por actividades energéticas, residuos y parte de la producción agropecuaria.

Las energías renovables avanzan, pero el ritmo debe multiplicarse

El documento identifica señales de que esa reducción es posible. Desde que se adoptó el Acuerdo de París, la capacidad mundial de generación eléctrica renovable creció tres veces más rápido de lo previsto y la expansión de la energía solar fotovoltaica fue siete veces superior a las proyecciones iniciales.

Sin embargo, esos avances no compensan todavía el volumen de gases que sigue llegando a la atmósfera. Para volver a una trayectoria compatible con el menor sobrepaso posible, el PNUMA plantea acelerar la electricidad limpia, mejorar la eficiencia energética, reducir el metano, detener la deforestación y alejar los sistemas energéticos del carbón, el petróleo y el gas.

Andersen sostuvo que existen experiencias que prueban que las emisiones pueden caer con rapidez, pero reclamó políticas “rápidas, profundas y sostenidas”. El próximo examen de las acciones climáticas en la COP31 pondrá a prueba si los gobiernos convierten esas metas en medidas concretas.

Este 20 de octubre de 2026, tras la intervención del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, el representante del Gobierno de México, Arturo Medina Padilla, externó su rechazo a la interpretación externada en la Asamblea General.

A través de redes sociales, el representante del Comité denunció que familiares de personas desaparecidas fueron expulsadas de la sala, con la justificación de mostrar fotografías de sus seres queridos:

“Su presencia merecía respeto y disposición para escuchar, y debería recordarnos a quién está destinado a servir nuestro trabajo”.

¿Qué dijo México ante la Asamblea General?

En voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), México rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención, el cual precisa que tras la recepción de indicios fundamentados se puede solicitar información al Estado y llevar el caso ante la Asamblea General.

Respecto a la colaboración con organizaciones y aliados internacionales, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum conformó un grupo de expertos para llevar a cabo una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una acción que tuvo la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Entre los países que mantienen cooperación con el país mexicano para el fortalecimiento de la identificación humana, se encuentran: Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala.

En relación a las capacidades de búsqueda, identificación humana e investigación, Arturo Medina reiteró la colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a las críticas y señalamientos que han generado las acciones de Gobernación en materia de personas desaparecidas, ante la Organización de las Naciones Unidas se destacó la localización de 16 mil personas durante este año, como una de los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, insistió el subsecretario ante la Asamblea.

Esto dijo el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada

Durante su intervención, Juan Pablo Albán detalló que tras la examinación de información proporcionada por el Estado mexicano, así como el testimonio de víctimas y organizaciones en el país, el Comité concluyó la existencia de “indicios fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia de esta práctica hasta la actualidad”.

Enfatizó la falta de una política enfocada a la comisión de desapariciones forzadas a nivel federal, aunque, reconoció “los esfuerzos emprendidos por las autoridades mexicanas”, sin dejar de lado los problemas estructurales que han llevado a que el registro nacional supere los 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.

“Ahora corresponde a esta Asamblea considerar las oportunidades de cooperación, movilización y apoyo internacional que este procedimiento puede ofrecer para asistir a México, si México considera benéfico ese apoyo, en las áreas de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, investigación forense y protección de las víctimas y sus familias”, comentó el presidente.

Una comparecencia sin familiares de víctimas de desaparición

A través de su cuenta de X, Juan Pablo Albán exhibió las acciones tomadas durante los discursos emitidos en la Asamblea General, las cuales llevaron a la expulsión de un grupo de víctimas que mostraban fotografías de sus familiares.

Puntualizó que el asunto remitido en “virtud del artículo 34 de la Convención” no debe perderse “en medio de cálculos políticos y consideraciones diplomáticas”. Apuntó a una discusión “seria y de buena fe” enfocada a resultados concretos, tomando en cuenta “su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación”.

Refirió que los propios Estados decidieron incluirse en el mecanismo excepcional en la Convención, “confío en que ahora tomarán con igual seriedad su responsabilidad de darle efecto práctico y significado”.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, expresó públicamente su admiración y respaldo a la exvicepresidenta y diplomática Rebeca Grynspan, quien aspira a convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un cargo que nunca ha sido ocupado por una mujer en la historia del organismo internacional.

Durante un encuentro celebrado en Casa Presidencial, la mandataria dedicó palabras de reconocimiento a la trayectoria de Grynspan y manifestó su confianza en las transformaciones que la costarricense pretende impulsar dentro de Naciones Unidas.

“Yo me siento profundamente orgullosa del trabajo que estás haciendo. Una mujer costarricense brillante. Y creo que usted va a desempeñar ese cargo, si se le da, de una manera donde todas las mujeres de Costa Rica y todos los costarricenses en general vamos a estar orgullosísimos”, expresó Fernández.

La presidenta también destacó la visión de la candidata sobre el futuro de la organización internacional, particularmente su intención de revisar su funcionamiento interno para mejorar la eficiencia institucional y fortalecer su papel en la resolución de conflictos internacionales.

“El cambio que usted quiere hacer en Naciones Unidas, revisarlo por dentro, buscar que sea más eficiente, que se enfoque en contribuir mejor a la democracia, a la paz, pero sin imponerse a la soberanía de ningún país, a mí eso me parece brillante”, añadió la gobernante.

El respaldo presidencial se produce en un momento decisivo para la candidatura de Grynspan, quien continúa buscando los apoyos diplomáticos necesarios para convertirse en la sucesora del actual secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, cuyo mandato concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Durante el encuentro, Fernández también manifestó su disposición de conversar con otros mandatarios de la región para promover nuevos respaldos a la candidatura costarricense.

Grynspan agradece el respaldo del Gobierno costarricense

Visiblemente agradecida por las palabras de la mandataria, Rebeca Grynspan reconoció que su trayectoria internacional y la posibilidad de aspirar al máximo cargo de Naciones Unidas han estado acompañadas por el apoyo institucional y ciudadano de Costa Rica.

“Yo soy lo que soy por mi país y estoy donde estoy por el apoyo que ustedes me han dado, por el apoyo que me ha dado usted durante todo el tiempo”, respondió la diplomática.

La exvicepresidenta también reconoció que su aspiración trasciende el ámbito personal y representa una oportunidad para posicionar a Costa Rica y América Latina en uno de los puestos de mayor relevancia dentro de la diplomacia mundial.

“Yo no hubiera podido recorrer este camino sin el apoyo del Gobierno y sin el apoyo y el cariño de mi país. Es un orgullo para mí que usted me apoye de esta manera y que se sienta tan involucrada y tan comprometida con esta candidatura, que es la de nuestro país, que es la de nuestra región”, agregó.

La candidatura costarricense enfrenta una etapa decisiva

La reunión se produjo apenas tres días después de la sexta consulta informal realizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 16 de octubre, en la que Grynspan consiguió nueve votos de respaldo, cinco de rechazo y una abstención.

Aunque la costarricense se mantiene entre las aspirantes con mayor apoyo, dos de los votos negativos provinieron de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una situación que evidencia los obstáculos diplomáticos pendientes.

Para que una candidatura pueda avanzar hacia la elección formal, necesita obtener al menos nueve votos favorables de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, sin el voto negativo de ninguno de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Sin embargo, las consultas realizadas hasta ahora son de carácter informal y no constituyen una votación definitiva.

Grynspan, quien anteriormente ocupó la Vicepresidencia de Costa Rica y dirigió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fue postulada oficialmente por el país en marzo de 2026.

Su propuesta contempla una reorganización institucional de Naciones Unidas, la reducción de duplicidades administrativas y el fortalecimiento de su capacidad para responder a los desafíos internacionales.

De concretarse su elección, Rebeca Grynspan se convertiría en la primera mujer y la primera costarricense en dirigir la ONU, un acontecimiento histórico para el país y para la representación femenina en la diplomacia internacional.

Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas advirtieron al Gobierno de Colombia que tres iniciativas legislativas en trámite podrían afectar la capacidad operativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y comprometer las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Una de ellas fue la jurista e investigadora estadounidense Margaret Satterthwaite, que compartió a través de su cuenta de X los detalles de la misiva, además de la respuesta oficial por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller Omar Bula, luego de la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027, la madrugada del martes 20 de octubre de 2026.

La comunicación, fechada el 29 de septiembre de 2026 y registrada bajo la referencia OL COL 10/2026, fue firmada por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grażyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

La primera de las tres medidas que preocupan a los relatores es la reducción presupuestal prevista en el Presupuesto General de la Nación para 2027. La JEP solicitó $947.642 millones de pesos colombianos para cumplir su mandato.

El proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda el 27 de agosto de 2026 le asignó $821.803 millones, una diferencia de más de $125.000 millones respecto de lo pedido.

El recorte se amplió durante el trámite legislativo: el 17 de septiembre de 2026 se presentó una proposición para reducir $120.000 millones adicionales del presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura.

El Gobierno respaldó esa medida, y el 22 de septiembre once representantes a la Cámara pertenecientes a las circunscripciones transitorias especiales de paz creadas como parte del Acuerdo de Paz también la apoyaron públicamente.

Recorte aprobado en primer debate

El 23 de septiembre de 2026, las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate una reducción de $170.000 millones en el presupuesto de funcionamiento de la JEP, cifra que supera las propuestas anteriores. La medida fue justificada como un ejercicio de “racionalización y priorización del gasto público”.

La afectación acumulada entre lo pedido por la JEP y lo que recibiría ascendería a aproximadamente $300.000 millones.

Los relatores advirtieron que ese déficit tendría efectos directos sobre la fase de cierre de las investigaciones de los macrocasos, el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes, la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial, el monitoreo de sentencias y los procesos de reparación.

Revisión militar de sentencias

La segunda iniciativa que los relatores señalan es un proyecto de reforma constitucional orientado a establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias proferidas por la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.

La propuesta contempla, además, que esas revisiones automáticas solo puedan hacerse a favor del sancionado.

Los relatores advirtieron que este mecanismo podría sustituir los procedimientos de apelación ya existentes y otorgar a los tribunales militares nuevas facultades sobre una jurisdicción autónoma con competencias constitucionales.

Además, el equipo de juristas recordó que el principio 29 del Conjunto de Principios actualizados para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad establece que la Justicia Penal Militar debe limitar su competencia a infracciones de carácter estrictamente militar, con exclusión de las violaciones de derechos humanos.

El grupo de juristas internaciones también destacó que el mecanismo propuesto beneficiaría exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública sin establecer vías equivalentes para salvaguardar los derechos de las víctimas, lo que podría generar interrogantes sobre el principio de igualdad ante la ley.

Reducción del mandato institucional

La tercera iniciativa es un proyecto de acto legislativo que modificaría el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual fijó un período de funcionamiento de 15 años para la JEP.

De aprobarse, el mandato institucional de la Jurisdicción quedaría reducido a 10 años, lo que anticiparía su cierre del año 2033 al año 2028.

Los relatores advirtieron que esta reforma se produce cuando la JEP avanza en la etapa final de varias investigaciones, en la implementación de medidas restaurativas y en actuaciones dirigidas a garantizar los derechos de las víctimas.

En la comunicación, los cuatro mandatos invocan el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, que obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos.

También citan el artículo 14 del mismo Pacto sobre el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que Colombia se adhirió el 28 de mayo de 1973.

Los relatores recuerdan, además, las conclusiones del mandato sobre rendición de cuentas en contextos de justicia transicional (A/HRC/48/60), según las cuales la insuficiencia de recursos humanos y financieros es una de las principales causas de impunidad de facto.

Las siete preguntas al Gobierno De la Espriella y la respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores

La comunicación formula siete preguntas concretas al Gobierno colombiano.

Entre los cuestionamientos figuran: qué análisis realizó sobre el impacto de los recortes en la capacidad operativa de la JEP; si se llevó a cabo una evaluación de impacto en derechos humanos antes de aplicar las reducciones; cómo se garantizará la culminación de investigaciones, juicios y reparaciones en curso si se aprueba el cierre anticipado en 2028; y de qué manera la revisión automática por la Justicia Penal Militar sería compatible con los principios de independencia judicial y autonomía de los mecanismos de justicia transicional.

Por su parte, el Gobierno de Colombia respondió el 30 de septiembre de 2026 a la comunicación conjunta de cuatro Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que cuestionaron tres iniciativas legislativas en curso en el Congreso de la República con posible afectación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La respuesta que Satterthwaite adjuntó en el mismo mensaje de X que compartió con la carta hacia el Gobierno nacional, fue cursada ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el código S-GAIIDH-26-028828.

Colombia reiteró ante el organismo internacional su reconocimiento de la JEP como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016 e incorporado a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 2017.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que las dos iniciativas de reforma constitucional deben cumplir lo dispuesto en el artículo 375 de la Constitución, que exige aprobación en dos períodos ordinarios y consecutivos y, en el segundo, el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. Además, los actos reformatorios de la Constitución quedan sujetos al control de la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.

Ante la pregunta de los relatores sobre si el Gobierno evaluó el impacto en derechos humanos del recorte presupuestal, el Ejecutivo respondió que la reducción fue de iniciativa del Congreso, que el trámite no ha concluido y que la JEP administra de manera autónoma los recursos que se le asignan, conforme al artículo 8 de la Ley 1957 de 2019.

El Gobierno también aclaró que en la pregunta relativa a la “reducción anticipada del mandato en 2028” no es claro si los Procedimientos Especiales se refieren a la propuesta de modificación del artículo transitorio 15 o a una iniciativa distinta, y solicitó a los relatores que precisen el alcance de la consulta.

Medidas activas en el marco vigente

El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que mantiene en ejecución cuatro líneas de acción para garantizar los derechos de las víctimas con independencia del resultado de las iniciativas legislativas.

La primera abarca el cumplimiento de las sentencias en firme de la JEP y la coordinación de proyectos restaurativos a través de la Instancia de Articulación para las Sanciones Propias (Insart), cuya Secretaría Técnica ejerce ese Ministerio conforme al artículo 205 de la Ley 2294 de 2023. Entre los casos en seguimiento se encuentran los Macrocasos 01 y 03.

La segunda línea comprende el desarrollo de las condiciones para el cumplimiento de las sanciones propias, con base en el artículo 204 de la misma ley y en el Decreto 652 de 2026, reglamentario del artículo 38 de la Ley 1957 de 2019.

La tercera incluye la articulación interinstitucional con la JEP en el marco de los documentos CONPES 4031 y 4094, así como la elaboración de instrumentos normativos para coordinar la Jurisdicción Ordinaria con la Jurisdicción Especial.

La cuarta línea contempla la coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y con la Política Pública Integral de Búsqueda, como garantía de verdad y no repetición para las víctimas de desaparición forzada.

El Gobierno señaló que ampliará la información remitida a los Procedimientos Especiales una vez que las iniciativas cuenten con texto definitivo y, en caso de ser adoptadas, existan en el ordenamiento jurídico colombiano.

El reclutamiento de ciudadanos cubanos para incorporarse a las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia ha tomado relevancia en la agenda diplomática e internacional.

El Representante Permanente Adjunto de Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volodymyr Pavlichenko, solicitó el día de ayer, 19 de octubre, detener la captación de ciudadanos cubanos por parte de Rusia y exigir la liberación inmediata de quienes permanecen retenidos ilegalmente en el servicio militar ruso.

Durante un foro sobre derechos humanos celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, Pavlichenko confirmó que los servicios de inteligencia ucranianos han verificado, mediante registros de nombres y datos personales, el traslado de entre 1,028 y 1,038 ciudadanos cubanos que suscribieron contratos militares entre 2023 y 2025.

Sin embargo, el diplomático enfatizó que estas cifras oficiales son solo una muestra del problema y que la cifra real de reclutados por Moscú podría situarse entre los 10,000 y 20,000 combatientes de más de 40 países.

Las investigaciones realizadas por servicios de inteligencia y organismos independientes señalan que la red de captación opera principalmente mediante ofertas laborales engañosas.

A miles de jóvenes desempleados, obreros o trabajadores del sector agrícola golpeados por la profunda crisis económica que atraviesa la isla se les prometieron empleos civiles en áreas como la construcción, la remodelación o los servicios en Rusia, acompañados de sueldos de entre $2.000 y $2.500 dólares mensuales, cifra que equivale a años de trabajo bajo los salarios promedio de Cuba.

Sin embargo, al llegar a territorio ruso, muchos son obligados a firmar contratos militares redactados únicamente en idioma ruso que los destinan de inmediato al frente de batalla como combatientes mercenarios.

Mercenarios cubanos en Rusia: captación, engaño y el rol del régimen cubano

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha negado cualquier participación estatal en estas operaciones y afirma haber desmantelado redes de trata imponiendo condenas por mercenarismo de entre 5 y 14 años de cárcel, analistas internacionales e informes de inteligencia señalan directamente la complicidad del régimen cubano.

Se argumenta que el estricto control social, migratorio y policial ejercido por el régimen en la isla hace inviable la salida masiva y acelerada de miles de reclutas sin el consentimiento o la facilitación de las autoridades de La Habana.

El destino en el frente ucraniano es letal: informes especializados estiman que la tasa de supervivencia promedio de estos combatientes una vez desplegados oscila entre los 140 y 150 días, registrándose casos donde caen en combate tras apenas una semana de haber llegado a las zonas de conflicto.

Hasta la fecha medios locales han confirmado decenas de bajas mortales (entre 38 y 40 fallecimientos verificado). Infobae han intentado contactar de manera reiterada a familias de los jóvenes reclutados en Cuba para conocer de primera mano las denuncias sobre los engaños tras las ofertas de trabajo en Rusia.

No obstante, hasta el momento, ninguna de las familias consultadas ha accedido a brindar declaraciones ni testimonios formales, debido al temor imperante a las represalias que el régimen cubano podría ejercer contra ellas en la isla o el riesgo que esto implicaría para la seguridad de sus allegados atrapados en el conflicto.

La presión en organismos internacionales continúa aumentando para que se investiguen estas redes bajo el marco del delito de trata de personas a gran escala y se garantice el retorno de las víctimas a sus países de origen.

Más de 250.000 personas huyeron de sus hogares en Yemen desde agosto por el recrudecimiento del conflicto, mientras que la gobernación occidental de Taiz enfrenta una creciente escasez de alimentos, agua, combustible y medicamentos, advirtió el lunes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

Sólo en octubre, 82.000 personas debieron abandonar sus hogares, la mayoría en Taiz, donde la situación humanitaria se deteriora y las restricciones de acceso dificultan la entrega de asistencia. La oficina de la ONU alertó que esa zona de enfrentamientos se encuentra “cada vez más aislada”.

“Las condiciones en la ciudad de Taiz se están deteriorando rápidamente”, indicó la OCHA en un comunicado. Según el organismo, los últimos paquetes de alimentos disponibles para la población se entregaron la semana pasada y ahora las familias dependen de los mercados, donde los precios aumentaron más de un 50%.

El suministro de agua se redujo a la mitad, el gas para cocinar es muy escaso y los hospitales advirtieron sobre el agotamiento de los medicamentos, el oxígeno y el combustible, detalló Naciones Unidas.

Las dificultades de acceso también afectan la distribución de ayuda. Desde el 8 de octubre, la oficina de coordinación y sus socios no pudieron trasladarse entre Taiz y los distritos situados al sur para llevar suministros, debido a la inseguridad y al cierre de carreteras.

“Las necesidades siguen superando la capacidad de respuesta, y cuatro de cada diez hogares continúan a la espera de recibir ayuda humanitaria de emergencia”, señaló la ONU. Pese a las restricciones, el organismo logró asistir a 163.000 desplazados desde agosto.

La advertencia sobre el agravamiento de la crisis humanitaria se conoció después de un ataque con tres misiles balísticos contra el campamento militar de Al Alam, en la provincia de Shabwa, en el sur de Yemen. El bombardeo, atribuido a los rebeldes hutíes, causó cerca de 50 muertos y más de 100 heridos, según funcionarios militares y fuentes médicas citados por agencias internacionales.

El ataque alcanzó las instalaciones durante un pase de lista y una sesión de entrenamiento matutino de nuevos reclutas. El campamento está situado en el distrito de Jardan, al norte de Ataq, la capital provincial.

El vicegobernador de Shabwa, Fahd al-Khalifi, afirmó a la agencia AFP que la cifra de muertos ascendió a cerca de 50 soldados y que los heridos superaron los 100. El funcionario señaló que había casos críticos y que los lesionados de mayor gravedad fueron trasladados a hospitales de Hadramaut y Adén, después de que los centros médicos de Shabwa se llenaran de víctimas del ataque.

Por su parte, el coronel Majed al-Nazili, portavoz del Ejército yemení, confirmó que se dispararon tres misiles contra un centro de entrenamiento de fuerzas policiales y de seguridad, aunque no precisó el número de víctimas.

El ataque tuvo como objetivo a soldados de una unidad denominada Intervención Rápida, creada recientemente para defender la zona, según uno de los funcionarios militares consultados por The Associated Press. Las bajas correspondieron principalmente a nuevos reclutas.

Fuentes militares citadas por EFE señalaron que el batallón estaba integrado por unos 700 reclutas. Según esos testimonios, uno de los tres misiles impactó en el lugar donde se concentraban los soldados, mientras que los otros dos cayeron en las inmediaciones.

La reactivación del conflicto en Yemen comenzó después de un bombardeo con aviones de combate contra el aeropuerto de Saná, reivindicado por el Ejército yemení en julio, que puso fin a la tregua vigente desde 2022.

Los insurgentes hutíes, alineados con el régimen de Irán, tomaron la capital, Saná, en 2015 y controlan el territorio donde vive la inmensa mayoría de la población del país. En septiembre, iniciaron avances militares por vía terrestre que recibieron como respuesta una contraofensiva del Ejército yemení, respaldado por Arabia Saudí.

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, celebró este lunes la orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato y sostuvo que la justicia estadounidense avanzará por las víctimas del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

“Esto es justicia para el pueblo cubano. Es justicia por los vuelos de Hermanos al Rescate y por aquel ataque de hace tanto tiempo. Y creo que envía el mensaje de que no hemos olvidado”, afirmó Waltz durante una rueda de prensa en Nueva York, según informó la agencia EFE.

El diplomático habló junto al director ejecutivo de Freedom House, organización no gubernamental estadounidense dedicada a la promoción de la democracia y los derechos humanos, Jamie Fly, tras un acto organizado por la misión estadounidense ante la ONU. La actividad reunió a referentes de la oposición cubana y se realizó pocos días antes de una nueva votación de la Asamblea General sobre la resolución anual que reclama el fin del embargo de Washington a la isla.

La acusación está vinculada con el derribo de dos avionetas en 1996

La orden judicial estadounidense acusa a Raúl Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos aeronaves de Hermanos al Rescate. Las avionetas, registradas en Estados Unidos, fueron abatidas en febrero de 1996 por fuerzas cubanas mientras realizaban vuelos cerca del espacio aéreo de la isla.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves de tensión entre Washington y La Habana en las últimas décadas. Hermanos al Rescate, una organización creada por exiliados cubanos en Florida, realizaba operaciones de búsqueda y rescate de personas que intentaban llegar a territorio estadounidense por mar.

Waltz afirmó que la iniciativa judicial refleja que la Administración de Donald Trump “se toma muy en serio los abusos”. También pidió que se extienda la búsqueda de responsabilidades a quienes, según dijo, han sido detenidos o encarcelados por razones políticas en Cuba.

El encuentro se tituló “Cuba Libre: la opresión que oculta La Habana” y contó con la presencia del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del activista José Daniel Ferrer, dos figuras vinculadas con reclamos por la situación de los derechos humanos en la isla.

Cuba denunció una maniobra antes de la votación sobre el embargo

La representación cubana ante Naciones Unidas cuestionó la convocatoria estadounidense. El embajador Ernesto Soberón Guzmán calificó el evento como una “maniobra política” destinada a reducir el apoyo internacional a la resolución contra el embargo.

La Asamblea General aprueba desde 1992, a petición de Cuba, textos que solicitan el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Esas resoluciones no tienen carácter jurídicamente vinculante, aunque suelen recibir un amplio respaldo de los países miembros.

En los últimos días, La Habana señaló a Washington de intentar influir sobre otras delegaciones para que rechacen o modifiquen su posición frente a la resolución. La disputa diplomática ocurre mientras ambos países mantienen diferencias sobre derechos humanos, sanciones económicas y los vínculos comerciales de Cuba con otros países.

Waltz explicó que la misión estadounidense entregó a otros embajadores datos sobre el número de presos políticos, las muertes bajo custodia, las ejecuciones extrajudiciales y presuntos casos de corrupción vinculados con el régimen cubano.

El embajador citó además USD 18,000 millones que, según sostuvo, forman parte de los recursos que posee el régimen. Afirmó que esa cifra surge de estimaciones estadounidenses y de auditorías independientes, aunque no detalló los documentos ni las entidades responsables de esos cálculos.

Washington destacó la ayuda humanitaria y endureció sanciones

El representante estadounidense defendió las medidas adoptadas por Trump y señaló que la Casa Blanca liberó USD 100 millones en ayuda humanitaria. Añadió que cada año se envían desde Estados Unidos a Cuba unos USD 250 millones en bienes y combustible.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba de manera directa o indirecta. En mayo, amplió las sanciones contra compañías y entidades extranjeras que mantengan relaciones comerciales o financieras con el régimen cubano.

Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, aseguró este lunes 19 de octubre que los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandillas en Haití siguen con vida y afirmó que su país trabaja para repatriarlos.

“Creemos que los cuatro hombres sobrevivieron, pero siguen desaparecidos. Los traeremos a casa”, declaró Waltz durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a la crisis haitiana, según informó The Morning Call, diario estadounidense.

El diplomático condenó el ataque contra el vehículo blindado en el que viajaban los efectivos. Según dijo, los grupos armados dispararon “cientos de balas y explosivos” contra la unidad.

Waltz dirigió además una advertencia a los responsables: “Si creen que van a intimidar a esta coalición para que se retire, han cometido un terrible error”, afirmó ante los miembros del Consejo.

Estados Unidos advirtió que la fuerza internacional mantendrá sus operaciones

En un mensaje posterior, el representante estadounidense señaló que los líderes de las pandillas “tienen los días contados” para actuar sin consecuencias. Mencionó incendios de vehículos, barricadas y ataques contra policías y civiles como parte de las acciones de los grupos criminales en Haití.

“La Fuerza de Supresión de Pandillas va por ustedes. La comunidad internacional no lo tolerará”, expresó Waltz. También sostuvo que la misión internacional y Estados Unidos respaldan a los cuatro militares de El Salvador.

La fuerza antipandillas informó que evalúa lo ocurrido y recomendó a los habitantes de la zona permanecer dentro de sus viviendas. Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó el ataque.

Las pandillas aumentaron los ataques contra la misión internacional

Jack Christofides, representante especial de la fuerza, indicó ante el Consejo de Seguridad que los ataques contra los contingentes internacionales aumentaron en las últimas semanas.

“Las pandillas están poniendo a prueba a la fuerza de supresión de pandillas”, advirtió. El funcionario añadió que los grupos armados cometieron asesinatos de represalia después de operativos de las fuerzas haitianas e internacionales.

Christofides señaló que las pandillas extendieron su presencia en áreas como Kenscoff y la región de Artibonite. “La realidad es que no podemos estar en todas partes al mismo tiempo”, afirmó.

La zona donde ocurrió la emboscada está bajo influencia de varias organizaciones criminales, entre ellas Chèn Méchan, Kraze Barye y 400 Mawozo. Kraze Barye está liderada por Vitelhomme Innocent, mientras que 400 Mawozo responde a Lanmo Sanjou. Ambos han recibido sanciones de las Naciones Unidas y de Estados Unidos.

Romain Le Cour, director del Observatorio de Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, organización internacional dedicada al seguimiento del crimen organizado, consideró que algunos grupos buscan demostrar que todavía conservan capacidad de respuesta frente a la presión de la fuerza internacional.

“Si efectivamente estos soldados están retenidos, los grupos obtienen ventaja para negociar y para presionar a las fuerzas de seguridad”, señaló Le Cour, de acuerdo con The Morning Call.

Más de 2.000 efectivos ya integran la nueva misión en Haití

El Consejo de Seguridad autorizó en septiembre de 2025 el despliegue de una fuerza de 5.550 integrantes para sustituir a la anterior misión multinacional encabezada por Kenia. Esa operación enfrentó dificultades por falta de financiamiento y recursos, mientras buscaba respaldar a la Policía Nacional de Haití frente a la violencia.

La nueva fuerza cuenta con más de 2.000 efectivos desplegados, entre ellos soldados de Chad, Jamaica y Guatemala. Christofides afirmó que el contingente ha comenzado a reducir la influencia de las pandillas en determinados sectores, aunque reconoció que la capacidad operativa todavía resulta limitada ante la extensión territorial de los grupos armados.

El ataque contra los militares salvadoreños ocurre mientras Haití prepara sus primeras elecciones generales en más de una década. Las pandillas controlan cerca del 70% de Puerto Príncipe, la capital del país.

Carlos Ruiz Massieu, enviado especial de las Naciones Unidas para Haití, aseguró que el proceso electoral alcanzó un nivel de avance sin precedentes. Se registraron más de 35 partidos y grupos políticos, además de 3.500 candidatos.

Entre los postulantes figura el expresidente Michel Martelly, sancionado por Canadá en noviembre de 2022 y por Estados Unidos en agosto de 2024 bajo acusaciones de facilitar el tráfico de drogas y financiar a varias pandillas.

Tan solo unas horas después de que los Estados Unidos insinuaran sus intenciones de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, lo cual generó una primera diferencia geopolítica entre los dos países, en la Argentina el Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura que va a tomar con respecto a ese organismo, en el cual mantiene abierto su reclamo contra el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

Por la mañana, no hubo acuerdo en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados en el que, justamente, se estaba debatiendo la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Por la tarde, el vocero, Adrián Ravier, aseguró que la Cancillería está estudiando los pasos a seguir respecto de la posición en la ONU y no descartó que el mencionado proyecto, que busca sancionar a las empresas que operen ilegalmente en el archipiélago, sufra modificaciones.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario fue consultado por la iniciativa de la administración de Donald Trump, que cuestionó la continuidad del organismo por considerar que algunas de sus actividades implican un “despilfarro de recursos”.

“Bueno, esto está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final. No puedo hacerlo yo. Es algo que hablará seguramente el canciller Pablo Quirno, pero está en análisis”, respondió.

La definición abre una diferencia en la relación entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, que hasta el momento habían mostrado coincidencias en asuntos centrales de política exterior, como el respaldo a Israel, la crítica a determinadas instituciones internacionales y la posición frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La propuesta de los Estados Unidos afecta directamente a uno de los foros donde la Argentina plantea cada año ante el Reino Unido su reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

El Comité Especial de Descolonización, conocido como C24, fue creado en 1961 y tiene entre sus temas pendientes la situación de las Islas, que es uno de los 17 casos de territorios no autónomos y una parte importante de ellos involucra al Reino Unido.

En los últimos años, los distintos cancilleres de la administración libertaria participaron de las sesiones del Comité para sostener la posición argentina. Diana Mondino, Gerardo Werthein y ahora Quirno cuestionaron la ocupación británica y reclamaron que Londres retome las negociaciones bilaterales.

Sin embargo, todo se convulsionó cuando Washington planteó la necesidad de terminar con el mandato de ese organismo durante el debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La eventual disolución, de todos modos, dependería de una decisión de la Asamblea General, donde la Casa Blanca no tiene poder de veto.

Durante la conferencia, el vocero fue consultado también por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno envió al Congreso y que apunta a endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Ante la pregunta sobre supuestos reclamos de compañías y funcionarios estadounidenses por el alcance de esa iniciativa, Ravier evitó confirmar si existió un pedido formal desde Washington, aunque dejó abierta la posibilidad de que el texto tenga modificaciones durante el debate parlamentario.

“Como todo proyecto de ley, entra al Congreso a debatirse en un marco de democracia. Como siempre decimos, no tenemos legisladores propios suficientes para alcanzar una mayoría simple y que los proyectos sean aprobados, con lo cual todo proyecto de ley que ingresa es debatido, es dialogado. Eventualmente, puede tener o no modificaciones”, explicó.

El funcionario remarcó que no podía anticipar cambios concretos, pero recordó que otras iniciativas del oficialismo tuvieron alteraciones durante su tratamiento legislativo. “Este proyecto hoy se está discutiendo. Si va a tener modificaciones, hoy no lo puedo adelantar”, agregó.

Por otra parte, Ravier sostuvo que la presentación de esa medida mantiene “sintonía” con el pedido de los Estados Unidos para eliminar el Comité de la ONU y negó, en cambio, que haya una contradicción entre ambas posturas.

En ese sentido, mencionó la construcción de una Base Naval Integrada y las acciones diplomáticas del Ejecutivo. “Nosotros en Argentina tenemos una política muy fuerte de seguridad nacional o pretendemos ir construyendo la seguridad nacional que en el último tiempo no tuvimos”, afirmó.

(Desde Washington, Estados Unidos) El reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas está causando la primera diferencia geopolítica entre Javier Milei y Donald Trump, que han forjado una profunda alianza personal e ideológica que impactó como modelo en América Latina.

Estados Unidos pretende disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que todos los años trata la Causa Malvinas, mientras que Argentina rechaza esa posición de la administración republicana.

“Esta Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización) aprobó hoy más de 20 proyectos de resolución y 1 decisión, muchos de los cuales responden a recomendaciones del Comité Especial de Descolonización, aun cuando el representante de los Estados Unidos pidió poner fin al mandato de dicho órgano y describió algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos”, sostiene la resolución GA/SPD/841, que comunicó la ONU el 15 de octubre de 2026.

La posición de Estados Unidos colocó en una encrucijada al Presidente, ya que coincide con la perspectiva global de Trump sobre la efectividad diplomática de la ONU, pero hace una diferencia específica por su política de Estado vinculada a la soberanía en Malvinas.

En la Asamblea General de a ONU, Milei sostuvo lo siguiente:

• “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.
• “Hace 50 años esta misma Asamblea aprobó la resolución 3149 que insta a las partes a obtenerse e introducir modificaciones unilaterales, mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”.
• “Por eso quiero plantear una pregunta ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, pierde su autoridad”.
• “Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones. La Argentina tomó nota de esa realidad y frente a la explotación autorizada de nuestros recursos en el área en disputa actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.

Milei se alineó con Estados Unidos frente a las dictaduras en América Latina, la ofensiva de Irán contra Israel, el cuestionamiento a ciertos organismos que integran Naciones Unidas y la ofensiva regional de China.

La administración libertaria además firmó acuerdos con la Casa Blanca sobre minerales críticos, cadenas de suministros, comercio bilateral y seguridad a través del Escudo de las Américas.

Trump, a su turno, facilitó la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aportó un swap de 20.000 millones de dólares y habilitó financiamiento blando para facilitar el desarrollo de Vaca Muerta, entre otros proyectos estructurales que necesita la Argentina.

En este contexto, la propuesta de Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización provoca la primera desavenencia geopolítica con Argentina.

La Casa Blanca conoce que el Comité de Descolonización es un escenario multilateral que utiliza Balcarce 50 para reclamar la soberanía en las Islas Malvinas.

Sin embargo, la administración republicana soslayó este hecho político, y avanzó con una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos.

El Comité trata 17 casos en su agenda anual, y 10 de esos reclamos históricos tienen como protagonista al Reino Unido. Entre ellas la soberanía de las Islas Malvinas, que Londres no reconoce pese a todos los antecedentes históricos y de derecho internacional.

El 22 de septiembre, cuando se iniciaba la Asamblea General de la ONU, Trump se reunió con el premier británico Andy Burnham. Ambos aplacaron sus diferencias políticas y avanzaron en una agenda común.

A partir de ese día, Trump descartó su intención de mediar entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas.

El 15 de octubre, Estados Unidos propuso disolver el Comité de Descolonización porque “algunas de sus actividades son un despilfarro de recursos”.

En simultáneo, Chris Landau -vicesecretario de Estado- y Juan Pablo Segura -subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental- llegan en visita oficial a Buenos Aires para encontrarse con Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.

Las reuniones serán a agenda abierta, y es probable que Quirno anuncie el rechazo de la Argentina a la propuesta de Estados Unidos.

Será la primera vez que las decisiones políticas de Milei no coincidan con los intereses permanentes de la Casa Blanca.

El Comité de Descolonización de la ONU (C24, en la jerga diplomática) fue creado en 1961 y actualmente tiene 28 miembros que se caracterizan por su asimetría: conviven China, India y Rusia con Chile, Sierra Leona y Tanzania, por citar casos paradigmáticos.

El rechazo de la Argentina a la decisión de Trump tendrá a favor la arquitectura institucional de la ONU.

El organismo sólo puede ser disuelto por la Asamblea General, donde Estados Unidos no tiene poder de veto. Y menos aún los votos necesarios de la Asamblea para terminar con un organismo multilateral que es avalado por una amplia mayoría de estados-miembros.

Milei tuvo tres cancilleres desde su llegada a Balcarce 50: Diana Mondino, Gerardo Whertein y Pablo Quirno. Todos ellos se presentaron en el Comité para enfrentar la posición del Reino Unido y ratificar los derechos históricos de la Argentina.

“Han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido, y casi 59 desde la resolución 2065. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo, ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido”, sostuvo Mondino, el 18 de junio de 2024.

“(La ocupación británica de las islas) fue, sin ambigüedad, un acto colonial, contrario al derecho internacional y violatorio de la soberanía territorial argentina. El Reino Unido ha invocado reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos como argumento para evitar el diálogo. No existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional. Existe, sí, una población establecida por la potencia ocupante”, afirmó Werthein, el 19 de junio de 2025.

“En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”, precisó Quirno, el 25 de junio de 2026.

Entonces, la posición de Milei frente al planteo de Estados Unidos será preservar la existe del Comité de Descolonización, ya que es uno de los pocos escenarios multilaterales que tiene la Argentina para reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas.

Cerca de 200 países se reúnen desde este lunes en Armenia para negociar medidas que permitan cumplir los objetivos del acuerdo mundial sobre biodiversidad, en un contexto de retrasos en los compromisos para detener y revertir la destrucción de la naturaleza antes de 2030, dificultades para financiar las iniciativas de conservación y escasos avances en la eliminación de subsidios perjudiciales para el medioambiente.

La COP17, la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, se celebra cuatro años después de que la mayoría de los países respaldara un acuerdo histórico para frenar la pérdida de naturaleza y revertir su deterioro antes del final de la década. Sin embargo, la aplicación de los compromisos avanza a un ritmo insuficiente para alcanzar las metas establecidas, entre ellas la protección del 30% de la superficie terrestre y los océanos del planeta.

“Debemos admitir con honestidad que, en conjunto, aún no estamos en el camino correcto”, declaró el viernes el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, antes del inicio de las negociaciones formales de la ONU.

La cumbre tiene lugar en un escenario de presión sobre las finanzas públicas y de atención política centrada en los conflictos armados, las tensiones geopolíticas y una crisis energética mundial. Estas circunstancias condicionan las negociaciones sobre los recursos necesarios para proteger los ecosistemas y ejecutar los compromisos asumidos por los gobiernos.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el viernes sobre las consecuencias de la degradación ambiental y describió una implacable “guerra contra la naturaleza” que amenaza la habitabilidad del planeta para las generaciones futuras.

“Necesitamos más acción, más rapidez y más voluntad”, afirmó durante un encuentro de alto nivel previo a las negociaciones formales.

La participación de dirigentes mundiales en esa sesión fue limitada. Además de Guterres, asistieron principalmente jefes de Estado de países vecinos de Asia Central, en una reunión previa a las conversaciones que concentrarán durante las próximas dos semanas a representantes de cerca de 200 naciones.

A mitad del camino hacia 2030, los anfitriones de la COP17 plantearon la necesidad de evaluar el cumplimiento de las metas y traducir los compromisos internacionales en medidas concretas. “A mitad de camino hacia 2030, Ereván representa nuestro momento decisivo. Es hora de preguntarnos: ¿estamos haciendo lo suficiente?”, señaló el planteo de la cumbre.

La financiación, uno de los principales desafíos

Un informe de las Naciones Unidas publicado antes de la COP17 identificó avances en el cumplimiento de los 23 objetivos mundiales de biodiversidad, aunque de manera desigual y a un ritmo insuficiente para alcanzar las metas previstas para 2030.

Uno de los principales puntos de discusión será la financiación de las medidas de conservación. El documento concluyó que los esfuerzos para reducir la enorme brecha entre los recursos disponibles y las necesidades reales “se quedan muy cortos” frente a lo necesario para cumplir los compromisos internacionales.

Los países europeos y otras naciones ricas, que tienen la obligación de aportar financiación para la biodiversidad, presionaron para que las grandes economías emergentes, entre ellas China, también contribuyan a esos esfuerzos.

Sin embargo, las negociaciones podrían concentrarse en las posibilidades de movilizar capital privado para cubrir parte del déficit, ante las limitaciones de los presupuestos estatales.

Entre las prioridades figura alentar a las empresas a destinar una parte de sus beneficios a un fondo de las Naciones Unidas destinado a respaldar proyectos de conservación en países en desarrollo. El mecanismo cuenta con recursos prácticamente inexistentes, por lo que los gobiernos buscan alternativas para ampliar su capacidad de financiación.

La discusión también incluye la revisión de los subsidios estatales que benefician a las industrias extractivas y otras actividades con efectos perjudiciales para la naturaleza. La reducción de esos incentivos constituye uno de los objetivos del acuerdo, pero hasta ahora registra pocos avances.

Guterres cuestionó las decisiones presupuestarias de los gobiernos y los instó a revisar el destino de los fondos públicos. El secretario general consideró que los Estados continúan destinando recursos a actividades contrarias a los compromisos ambientales que asumieron.

“Subvencionar los combustibles fósiles es subvencionar el suicidio”, afirmó, en referencia al carbón, el petróleo y el gas, que, según advirtió, “están hirviendo nuestro planeta y son el azote de la biodiversidad”.

La reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y a otras industrias poderosas figura entre los compromisos cuya aplicación enfrenta mayores dificultades. La falta de avances en este ámbito se suma a los obstáculos financieros que afectan la ejecución de las políticas de conservación.

Armenia busca resultados concretos

Para Armenia, una nación montañosa del Cáucaso, la COP17 representa uno de los acontecimientos internacionales de mayor relevancia que organizó hasta el momento. Las autoridades esperan la llegada de miles de visitantes durante las dos semanas previstas para la cumbre.

Los anfitriones insistieron en que el resultado de las negociaciones deberá medirse por la aplicación de las medidas acordadas y no por la formulación de nuevos compromisos. “El mundo no necesita una nueva visión. Ya la tenemos. Lo que necesita es que se lleve a cabo”, declaró el viernes Adil Najam, presidente mundial de WWF Internacional.

La conferencia buscará avanzar en la aplicación del acuerdo mundial de biodiversidad, con especial atención a la protección de los ecosistemas, la movilización de recursos y la eliminación de incentivos perjudiciales para el medioambiente.

El objetivo central consiste en revertir la destrucción de la naturaleza antes de 2030, una meta que, según el informe de la ONU publicado antes de la reunión, requiere acelerar las medidas actuales para evitar que los compromisos queden sin cumplir al finalizar la década.

(Con información de AFP)

La ONU advirtió que Bolivia se convirtió en un centro de operaciones para carteles internacionales de droga, con presencia de organizaciones de México, Brasil, Perú y Colombia que actuaron junto a estructuras locales.

La representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, Mónica Mendoza, sostuvo en una entrevista con EFE que el país dejó de ser únicamente un productor de materia prima y una ruta de tránsito. Según explicó, la actividad criminal reunió narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal bajo una dinámica coordinada.

Mendoza señaló la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México, y de las organizaciones brasileñas Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. También mencionó la actuación de grupos procedentes de Perú y Colombia. La funcionaria indicó que las cárceles bolivianas registraron detenidos de esas nacionalidades vinculados con las estructuras de mando de esas redes.

“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (...) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, afirmó Mendoza.

La representante de la Unodc relacionó esa presencia con el aumento de asesinatos por encargo, sobre todo en zonas cercanas a la frontera con Brasil. Los ataques se repitieron durante los últimos meses y llevaron al Gobierno boliviano a desplegar al Ejército y unidades de élite para reforzar la seguridad en esas áreas.

Mendoza explicó que los hechos mostraron disputas entre grupos criminales por el control territorial. “Están confrontados” y “están peleando por territorios”, dijo al referirse a las organizaciones que operaron en el país.

El último informe de la Unodc sobre cultivos de coca señaló que la superficie cultivada subió un 7 %, desde 34.000 hectáreas en 2024 hasta 36.400 hectáreas en 2025. Bolivia ocupó el tercer lugar mundial entre los productores de hoja de coca, detrás de Colombia, que registró 261.000 hectáreas en 2024, y Perú, que informó 84.546 hectáreas en 2025.

La hoja de coca mantuvo usos tradicionales y ancestrales en Bolivia, aunque Mendoza advirtió que el crecimiento de los cultivos se produjo en un escenario donde las redes transnacionales ampliaron sus operaciones. La funcionaria definió la convergencia de delitos como una suerte de “holding” criminal, con actividades y recursos conectados.

Durante las gestiones de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y Luis Arce, entre 2020 y 2025, las autoridades rechazaron que carteles o grandes jefes del narcotráfico operaran en territorio boliviano. En esos años, el discurso oficial situó la actividad ilegal en manos de emisarios y clanes locales.

La administración del presidente Rodrigo Paz reconoció la presencia del crimen organizado transnacional y defendió las medidas adoptadas contra esas estructuras. Entre los resultados citó la detención, en marzo, del uruguayo Sebastián Marset, quien luego fue enviado a Estados Unidos.

Para Mendoza, el caso de Marset mostró que el narcotráfico no funcionó en un nivel reducido. La representante afirmó que la captura rompió una “narcopaz”, término con el que describió un período en que las organizaciones distribuyeron rutas, tareas y zonas de influencia, sin confrontaciones visibles para la población.

La funcionaria también alertó sobre la infiltración de estas redes en instituciones judiciales. “En Suramérica existe una política de expansión e infiltración del crimen organizado”, afirmó, y agregó que esa penetración formó redes de corrupción destinadas a frenar las investigaciones y la persecución penal.

Sus declaraciones se produjeron tras la destitución y el encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de proteger presuntamente al “narcoterrorismo”. Mendoza sostuvo que negar la infiltración institucional permitiría que el narcotráfico se instalara con mayor facilidad y dificultaría después la recuperación de esos organismos.

La representante de Naciones Unidas pidió una respuesta integral frente al narcotráfico, con acciones contra las estructuras, las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones. También reclamó la aprobación de normas contra el lavado de dinero y de extinción de dominio, además de más sentencias judiciales en causas vinculadas con el narcotráfico.

(Con información de EFE)

México reportó la localización de más de 16 mil personas durante 2026 y la restitución de la identidad de más de 24 mil personas fallecidas desde enero de 2023, dos de las principales cifras que el Gobierno federal presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte de los avances de su estrategia contra la desaparición de personas.

Durante un foro en la sede del organismo internacional, funcionarios mexicanos expusieron los resultados de las acciones de búsqueda e identificación humana, entre ellos la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento de las herramientas forenses para localizar a personas desaparecidas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante delegaciones diplomáticas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, el funcionario detalló las 10 acciones de la estrategia impulsada por la mandataria y coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Más de 16 mil personas localizadas durante 2026

Entre los principales resultados presentados destacó la localización de más de 16 mil personas en lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras expuestas por el subsecretario de Derechos Humanos.

Sin embargo, la información difundida no precisó cuántas permanecen bajo algún proceso de seguimiento ni el desglose territorial de las localizaciones.

Como parte de las acciones para mejorar la respuesta institucional, Medina Padilla destacó la operación del Centro de Mando Nacional durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, así como los avances en la instalación de puestos de mando estatales.

La estrategia también contempla el uso de la Plataforma Única de Identidad, la revisión de registros oficiales y la búsqueda de personas en hospitales y centros penitenciarios, con el objetivo de ampliar las posibilidades de localización.

Otro de los componentes consiste en fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, para lo cual se informó de la incorporación de nuevo personal y la adquisición de mayor equipamiento especializado.

Las acciones incluyen, además, el fortalecimiento de los servicios forenses y la prevención del reclutamiento de jóvenes, como parte de las medidas para atender las desapariciones.

Restituyen identidad a más de 24 mil personas fallecidas

Otra de las cifras destacadas durante el encuentro correspondió al trabajo de identificación humana realizado con asistencia técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Catharina Boehme, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del organismo, informó que, desde enero de 2023, la colaboración técnica ha contribuido a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas.

Este resultado se obtuvo mediante el cotejo de huellas dactilares recopiladas por servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral (INE), un procedimiento que permite establecer coincidencias para avanzar en la identificación de personas.

Boehme reiteró la disposición del UNFPA para ampliar la colaboración a todas las entidades del país, así como para impulsar el análisis genético y el intercambio de información entre instituciones estatales.

La cooperación busca fortalecer los mecanismos de identificación humana y contribuir a que las familias tengan acceso a información sobre el paradero de sus seres queridos.

Reformas obligan a iniciar investigaciones desde el reporte

En materia legal, el gobierno mexicano destacó las reformas aprobadas en 2025 que establecen la obligación de abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición, además de iniciar la búsqueda de manera inmediata, sin esperar el transcurso de un plazo determinado.

Las modificaciones forman parte de las medidas presentadas ante la ONU para mejorar la coordinación institucional y evitar retrasos en las primeras acciones de búsqueda.

Por la Fiscalía General de la República (FGR), Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, expuso los avances para fortalecer las investigaciones penales mediante el análisis de contexto y el uso de herramientas científicas y tecnológicas.

También destacó la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, en cuya revisión participaron familias y colectivos, así como la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, orientado a mejorar los procesos de identificación humana y el acceso a la justicia.

ONU-DH pide convertir las normas en resultados

Durante el foro, James Turpin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció la prioridad otorgada al tema y las reformas adoptadas por México.

Asimismo, ratificó el acompañamiento técnico del organismo para mejorar los sistemas de información, fortalecer las investigaciones y garantizar la participación de las familias en los procesos de búsqueda.

No obstante, señaló la importancia de traducir el marco normativo en resultados efectivos, una de las exigencias centrales para atender la desaparición de personas.

Con el acompañamiento de ONU-DH, México también conformó un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Al cierre del encuentro, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reiteró la apertura del país al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica.

El funcionario afirmó que el Estado mexicano ha expresado al Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.

(Desde Washington, Estados Unidos) Ante la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Estados Unidos y China, el Consejo de Seguridad fracasó hoy nuevamente en su intento de designar al próximo secretario General de la ONU.

Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi fueron los candidatos más votados, pero los tres sufrieron dos vetos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La votación tuvo los siguientes números:

-Grynspan: 9 a favor, 5 en contra y 2 vetos.

-Rodrigues-Birkett: 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos.

-Grossi: 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos.

Así como el voto en boleta roja permite comprobar que Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi tienen vetos cruzados, tambien la boleta de diferente color permite saber qué candidatos tienen el apoyo de los miembros permanentes.

En este sentido, aunque el voto es secreto, la boleta de color exhibe respaldos clave a los tres candidatos principales:

-Grynspan tuvo 3 votos de miembros permanentes.

-Rodrigues-Birkett tuvo 3 votos de miembros permanentes

-Grossi tuvo 2 votos de miembros permanentes

Es la primera vez que se conoce con certeza que los candidatos sufrieron vetos o apoyos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esto sucede porque los miembros permanentes votaron con una boleta roja, y los no permanentes con un boleta blanca.

En las cinco votaciones anteriores no se diferenciaron las boletas, y los vetos de los miembros permanentes quedaron mezclados con los rechazos de los miembros no permanentes.

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, y sus vetos anulan las posibilidades del candidato en esa votación.

Es decir: si no hubo elección del secretario General, como sucedió hoy en Nueva York, los candidatos vetados se pueden presentar de nuevo para otra votación.

El veto queda anulado hacia adelante, pero es un indicio acerca de los parámetros que están respetando los miembros permanentes.

Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo son los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Y aunque no tienen el poder de veto, son fundamentales para designar al próximo secretario General: se necesitan 9 votos, y esa mayoría se logra sólo con los miembros no permanentes del Consejo.

Las constantes votaciones fallidas son reflejo de la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Donald Trump y Xi Jinping. La Casa Blanca apoya la candidatura de Grossi, mientras que China -junto a Rusia- se inclina por designar a una candidata mujer para suceder a Antonio Guterres.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución que firmó Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) durante su cumbre en India.

Los votos de China y Rusia serían para Grynspan, que empuja un programa multilateral que es observado con atención por Xi y Putin.

Estados Unidos tiene articulada una estrategia común con Francia y Reino Unido, en tanto que China siempre cuenta con la adhesión automática de Rusia.

Sin embargo, el conflicto soberano sobre las Islas Malvinas afecta la estrategia de Estados Unidos en la designación del próximo secretario General de la ONU.

Grossi es un candidato apoyado por Argentina, que reclama la soberanía en las Islas Malvinas. Reino Unido se apropió de las Islas Malvinas en 1833 y se niega a reconocer los derechos legales e históricos de la Argentina.

En este contexto, Londres se resiste a aceptar a Grossi como sucesor de Guterres, una decisión geopolítica que traba todo el proceso de votación.

Si Reino Unido impone su veto, pese a la influencia política de la administración Trump, Grossi estará fuera de carrera.

Al margen de la competencia entre Grynspan y Grossi, la candidata Carolyn Rodrigues-Birkett aún es respaldada por China y Rusia, que comparten cierta mirada sobre la ideología y el mundo.

Cuando era canciller de Guyana, Rodrigues-Birkett elogió a Fidel Castro. Y ese elogio político implica el veto perpetuo de la administración Trump.

A esta altura del proceso electoral, Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi tienen escaso poder político para anular los dos vetos que tienen cada uno en contra.

La negociación ahora pertenece a Estados Unidos y China, que están en una contienda global que incluye la carrera tecnológica, el control de los minerales críticos y la puja por los mercados comerciales.

Sólo un acuerdo entre Trump y Xi permitiría encarrilar un proceso que tiene final abierto.

Faltan 76 días para que termine el mandato de Antonio Guterres, y todavía no hay un candidato que satisfaga los intereses geopolíticos de Washington y Beijing.

La crisis de desapariciones en México vuelve a colocar a las madres buscadoras ante una doble amenaza: la ausencia de sus familiares y la violencia que enfrentan por intentar encontrarlos, en un escenario donde la presidenta ha argumentado que muchos casos corresponden a ausencias voluntarias.

Colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos llevarán este 19 de octubre a Nueva York el informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, elaborado por Amnistía Internacional sobre los riesgos que viven quienes sostienen la búsqueda ante la falta de respuesta institucional.

El documento señala que, al cierre de marzo de 2025, México registraba 128 mil 059 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que dimensiona la carga asumida por familias que mantienen las búsquedas en campo, ante fiscalías y frente a instituciones que, de acuerdo con el informe, no han garantizado protección suficiente.

Amnistía Internacional México publicó una invitación para seguir la transmisión de la presentación en Nueva York y sostuvo que buscar a una persona desaparecida no debería poner en riesgo la vida de quienes la buscan.

La organización plantea que la protección de las buscadoras forma parte de las exigencias de verdad y justicia.

Más de 90% de las colectivas están integradas por mujeres

El informe expone que existen al menos 234 colectivas de familiares de personas desaparecidas en el país y que más de 90% está integrado por mujeres. Entre las buscadoras predominan las madres, que representan 65% de las mujeres encuestadas, aunque también participan hermanas, hijas, parejas y amigas.

Amnistía Internacional sostiene que las mujeres han asumido estas tareas ante la ineficacia de las autoridades. El 71% de las buscadoras consultadas se reconoce como defensora de derechos humanos, aunque el documento establece que el Estado debe garantizar su protección por la actividad que realizan, sin depender de esa autoidentificación.

La presentación incluirá un diálogo dirigido a Estados, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil sobre el papel de la Asamblea General para frenar la impunidad y proteger a quienes buscan.

El encuentro ocurre después de la primera activación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada respecto de México.

La convocatoria indica que el acto será presencial en el Church Center for the United Nations. La organización Bildner Center también difundió una invitación bajo el título “Desapareciendo de nuevo: violencia contra las buscadoras de mujeres en México”.

En el encuentro participarán Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México; Bibiana Mendoza, buscadora del Colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato; y Desmond Arias, director del Bildner Center.

Amenazas, extorsiones y desplazamientos forman parte de la búsqueda

El informe reporta que 97% de las buscadoras encuestadas sufrió alguna violencia o afectación relacionada con las labores para localizar a sus familiares. Entre 2011 y mayo de 2025, al menos 30 familiares de personas desaparecidas fueron asesinados, incluidas 16 mujeres.

Las amenazas verbales o escritas alcanzaron a 45% de las mujeres consultadas, mientras que 39% reportó extorsiones. El documento también registra lesiones o ataques físicos en 14% de los casos y secuestros en 6%.

La violencia ha obligado a modificar la vida cotidiana de quienes buscan. El 27% de las encuestadas tuvo que cambiar de casa, 24% se mudó dentro de su entidad y 19% se trasladó a otra entidad federativa para reducir riesgos o continuar con las labores de localización.

Amnistía Internacional advierte que las desapariciones, incluidas aquellas que serían forzadas, afectan de forma continua a las familias y comunidades de las víctimas hasta que se conoce el paradero de la persona y se esclarecen los hechos.

La violencia también deteriora la salud y los ingresos de las buscadoras

Las consecuencias de la búsqueda se extienden a la salud física, emocional y económica de las mujeres. El 79% enfrentó al menos un problema de salud; la depresión fue reportada por 73%, el insomnio por 72% y el deterioro general de la salud por 70%.

El informe indica que 66% perdió recursos económicos y 28% dejó de tener un empleo remunerado después de la desaparición de su familiar. A ello se suma que 23% mencionó haber perdido su vivienda durante ese periodo.

Las afectaciones alcanzan los vínculos personales. El 57.3% de las buscadoras perdió amistades y 56.6% identificó un deterioro de sus relaciones familiares, mientras que 55% denunció haber sufrido revictimización por parte de autoridades que le pidieron relatar en varias ocasiones la desaparición.

La protección estatal alcanza a una minoría de las mujeres que buscan

Solo 55% de las buscadoras reportó ante autoridades al menos una de las violencias o afectaciones que padeció. Del total de los hechos sufridos, únicamente 17% fue denunciado, de acuerdo con los datos reunidos por Amnistía Internacional.

El 46% de las mujeres no recibió apoyo estatal y solo 15% contaba con medidas de protección o estaba incorporada a un mecanismo de seguridad. El informe también señala que las fiscalías mantienen prácticas como exigir una espera ilegal de 72 horas, investigar desde estereotipos y cambiar de forma constante al personal responsable de los casos.

Entre 2019 y 2022, la impunidad acumulada para el delito de desaparición fue de 99%, mientras que entre 2% y 6% de los casos habían sido judicializados a noviembre de 2021, según los datos incluidos en el informe que será presentado ante instancias de la ONU.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó al gobierno federal y al de Guadalajara su obligación de investigar la represión que se llevó a cabo el 11 de octubre durante la mega prostesta para exigir agua potable en Jalisco. A través de un mensaje a través de ‘X’, el organismo subrayó que se debe indagar de manera inmediata, “exhaustiva e imparcial”.

Naciones Unidas también subrayó al Estado mexicano que el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad debe ser en el marco de “los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”. En su publicación adjunto el manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público.

CNDH responde a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum e inicia investigación

Cuatro días después de la protesta, respondiendo a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para dar a conocer “quién dio la orden” de los sucedos violentos, el día de hoy, la mandataria informó que el organismo independiente se encuentra investigando los enfrentamientos entre civiles y elementos antimotines, que derivaron en el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y bombas aturdidoras.

Colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos registraron el día de la manifestación la detención de varios participantes de manera arbitraria, así como el uso excesivo de la fuerza policial. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía Estatal de Jalisco, fueron 39 personas detenidas, 28 policías lesionadas y 31 civiles atentados médicamente.

Los detenidos fueron puestos en disposición por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Más de 30 de los arrestados recuperaron su libertad, aunque aún hay carpetas de investigación que permanecen abiertas.

El gobierno de Pablo Lemus argumentó que alrededor de 400 personas ajenas a la protesta agredieron a policías después de las 12:00 horas.

Gobierno de Jalisco relaciona a 17 elementos con represión

El día de hoy, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y usar de manera indebida la fuerza durante la marcha, esto luego de realizar una investigación “exhaustiva”, solicitada por Lemus.

Respecto a las sanciones que podrían enfrentar, Hernández explicó que dependerá del grado de responsabilidad que se compruebe a cada uno de los agentes identificados.

También solicitó a los habitantes enviar videos al área de asuntos internos para integrar los expedientes contra los agentes identificados.

Los materiales pueden compartirse al teléfono 33-36-68-79-00, extensión 18069, o al correo direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx.

Estados Unidos volvió a reafirmar su alianza con El Salvador en una conversación entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que tuvo como ejes la protección de infraestructura estratégica, la coordinación política regional y la defensa de intereses compartidos en el hemisferio.

El Departamento de Estado informó este martes 13 de octubre que Rubio dialogó con Bukele para ratificar la relación entre ambos gobiernos. La conversación situó la seguridad de instalaciones críticas, entre ellas los puertos, como uno de los asuntos centrales de la agenda bilateral.

Washington sostuvo que la conversación permitió reafirmar una asociación que abarca la soberanía hemisférica, el desarrollo económico y la tecnología. El comunicado no incluyó detalles sobre posibles nuevos acuerdos, inversiones o proyectos específicos vinculados con esos sectores.

La referencia a los puertos introduce un componente estratégico en el diálogo. Para Estados Unidos, el control y la seguridad de estas infraestructuras forman parte de su preocupación por la presencia e influencia de actores extranjeros en áreas consideradas sensibles para la conectividad, el comercio y la seguridad regional.

La seguridad de las infraestructuras ocupó un lugar central

Según la información oficial, Rubio y Bukele analizaron la necesidad de mantener protegidas las infraestructuras críticas salvadoreñas. La comunicación mencionó de forma expresa los puertos y alertó sobre la necesidad de preservarlos de lo que Estados Unidos definió como influencia extranjera perniciosa.

El Departamento de Estado no precisó cuáles fueron las terminales portuarias tratadas durante la llamada ni identificó a países, empresas u organizaciones vinculadas con esa inquietud. Tampoco informó si ambos gobiernos acordaron mecanismos concretos de cooperación en materia de seguridad portuaria o tecnológica.

La postura estadounidense se inserta en una agenda regional que contempla la protección de activos logísticos, redes digitales, telecomunicaciones y obras de infraestructura. En el caso de El Salvador, el contacto entre Rubio y Bukele dejó expuesto el interés de Washington por sostener una interlocución directa con el gobierno salvadoreño sobre esos asuntos.

La información surgió durante la mañana de este martes, mientras el pueblo salvadoreño espera una conferencia de prensa de Bukele. El mandatario no brindó detalles sobre la temática de esa comparecencia ni difundió hasta ahora una declaración sobre la conversación con el secretario de Estado estadounidense.

Washington pidió respaldo a prioridades compartidas en la ONU

Durante la llamada, Marco Rubio también instó a El Salvador a coordinar posiciones con Estados Unidos y otros socios afines en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Departamento de Estado indicó que el secretario pidió impulsar “prioridades compartidas” dentro del organismo internacional.

La comunicación estadounidense agregó que Rubio sostuvo que “el régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo cubano merece” mientras mantenga la percepción de que “la comunidad internacional está de su lado”, señaló.

El comunicado difundido en el sitio web del Departamento de Estado no precisó si el mandatario salvadoreño respondió a ese planteamiento ni informó sobre compromisos concretos respecto de la posición salvadoreña ante Cuba.

Más de 500 organizaciones y activistas cubanos, encabezados por la Asamblea de la Resistencia (ARC) y la Unión Patriótica (UNPACU), lanzaron desde Miami un llamado urgente a los gobiernos democráticos del mundo para que voten en contra —o al menos se abstengan— en la próxima sesión de la ONU que abordará las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura de La Habana.

El documento, remitido a Infobae por el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, fue firmado desde La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Guantánamo y otras provincias de la isla, así como desde el exilio en Estados Unidos, España, Uruguay, México, Argentina, Suecia, Noruega, Brasil y Alemania, entre otros países.

El llamado sostiene que el régimen de Miguel Díaz-Canel, junto a la cúpula del Partido Comunista de Cuba y la jerarquía militar, presenta cada año esta resolución para proyectarse como “víctima de una agresión extranjera”, mientras oculta lo que los signatarios describen como las causas reales del colapso cubano: la supresión de libertades políticas y económicas, la persecución de la empresa privada, el monopolio económico de las fuerzas armadas y la corrupción de la élite gobernante.

“Cada voto favorable que recibe la dictadura es presentado por sus líderes como una victoria política propia”, advierte el texto; al tiempo que agrega: “Mientras los jerarcas celebran, los presos políticos y sus familias ven con dolor cómo gobiernos democráticos parecen avalar el relato de sus opresores”.

Los activistas rechazaron que las sanciones sean la causa del sufrimiento cubano

Uno de los argumentos centrales del comunicado es la distinción entre las causas estructurales de la crisis cubana y las consecuencias de las sanciones. “El sufrimiento del pueblo cubano no es fundamentalmente resultado de las sanciones de Estados Unidos”, sostiene el documento. “Es la consecuencia de un sistema político criminal, totalitario y destructivo”, argumentan.

Para ilustrar este punto, el llamado recurre a una analogía médica: las sanciones, explican los firmantes, se asemejan a la quimioterapia aplicada contra un cáncer peligroso. Señalan que sería un error profundo culpar al tratamiento por la enfermedad que intenta combatir.

El comunicado también apunta a datos concretos para reforzar su posición. Entre enero y julio de 2026, Estados Unidos exportó aproximadamente USD 674 millones en bienes a Cuba, un incremento de alrededor del 61,8% respecto al mismo período de 2025, lo que —según los firmantes— demuestra que existen canales significativos de comercio y suministro humanitario pese a las sanciones vigentes.

Junto al rechazo al voto en la ONU, el llamado contiene una propuesta de política concreta. Los firmantes instan a los gobiernos democráticos a adoptar un enfoque de doble vía: por un lado, sanciones políticas y económicas dirigidas específicamente a los responsables de la represión y la corrupción; y por otro, asistencia humanitaria directa a la población cubana.

Esta ayuda, precisa el documento, debería canalizarse a través de Cáritas de la Iglesia Católica, iglesias independientes y organizaciones de la sociedad civil verificables, y no a través de instituciones oficiales controladas por el Partido Comunista o conglomerados empresariales militares, ya que una parte podría terminar beneficiando a la élite que, según los signatarios, oprime al pueblo cubano.

Entre los firmantes hay presos políticos

La lista de signatarios incluye figuras de distintos perfiles y ubicaciones geográficas. Varios de ellos se encuentran encarcelados en prisiones cubanas. Alexander Verdecia Rodríguez firma desde la Prisión Kilo 8, en Camagüey. Yosvany García Rusindo lo hace desde la Prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba. Yoandri Gutiérrez Vargas y Julio César Vega Santiesteban, detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, rubrican el documento desde la Prisión Boniato, también en Santiago de Cuba.

Entre los signatarios figuran también ex presos políticos del llamado Grupo de los 75 —los 75 disidentes encarcelados en la denominada Primavera Negra de 2003—, periodistas independientes, pastores evangélicos, madres y esposas de presos políticos, cantantes, cineastas, académicos y activistas de la diáspora cubana en más de una decena de países.

El documento dirigió su apelación de forma explícita a la Unión Europea (UE) y sus estados miembros, al Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y las democracias latinoamericanas. Les pidió que no prolonguen —en palabras del comunicado— el sufrimiento del pueblo cubano al votar junto a sus opresores.

El llamado fue impulsado como parte del denominado “Acuerdo de Liberación”, una plataforma que agrupa a organizaciones como la ARC y la UNPACU, y lleva las firmas de al menos 554 personas y entidades de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla.

Entre los firmantes con cargos institucionales se encuentran Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC; Javier de Céspedes, presidente del Directorio Democrático Cubano; y Cristina Canales, directora de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).

“La solidaridad verdadera debe dirigirse al pueblo cubano, no a la dictadura. Ayuden a los cubanos a recuperar su libertad y a construir una Cuba ‘con todos y para el bien de todos’”, concluyó el texto.

La relatora especial de la ONU para la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, pidió al Gobierno mexicano que investigue de manera “pronta e independiente” las denuncias de represión policial y detenciones arbitrarias durante la protesta del domingo 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, para exigir agua limpia.

En un mensaje en X, Romero dijo haber recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza y de armas menos letales contra miles de personas que participaron en una manifestación que describió como pacífica.

¿Qué dijo la relatora de la ONU?

Según la información que recibió, durante la movilización se usaron de manera indiscriminada gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión. La relatora pidió además:

• Investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones de derechos humanos.
• Garantizar la integridad y los derechos de las personas detenidas.
• Evitar discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.

Un medio local precisó que el llamado de la relatora no constituye por sí mismo una determinación sobre responsabilidades.

¿Cómo ocurrió la marcha por el agua en Guadalajara?

La protesta partió de la glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Los manifestantes exigían al gobernador Pablo Lemus y al SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) un servicio de calidad.

EFE calculó la asistencia en 10.000 habitantes del área conurbada. La crónica de Milenio habló de poco más de 4 mil manifestantes, por lo que la cifra de asistentes varía según la fuente.

La jornada escaló a enfrentamientos con policías antimotines frente a Casa Jalisco, con gas lacrimógeno, pedradas, vallas derribadas y grafitis. La policía también empleó chorros de agua desde una pipa para dispersar a los inconformes.

La versión del Gobierno de Jalisco

El gobernador Pablo Lemus atribuyó la violencia a un grupo de choque de unas 400 personas, en su mayoría encapuchadas, que según él buscaba quitar legitimidad a la movilización. Dijo que portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas, y que el enfrentamiento duró tres horas.

El balance oficial reportó:

• 28 policías heridos, dos de gravedad, uno con fractura de cráneo y otro con pérdida de un dedo.
• 31 civiles lesionados que recibieron atención, de acuerdo con el recuento oficial.
• 39 detenidos, 21 hombres y 18 mujeres.

Lemus reconoció que también resultaron afectados manifestantes, periodistas y familias que quedaron en medio de los enfrentamientos. Ordenó a la Fiscalía revisar las detenciones caso por caso y analizar los videos para sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

Detenidos: cifras oficiales y dudas

La Fiscalía de Jalisco informó el lunes por la noche que nueve personas más fueron liberadas después de las 18:00 horas, con lo que suman 32 en libertad. Según un reporte, siete seguían bajo custodia a la mañana de este martes.

La cifra oficial es cuestionada. Amnistía Internacional señaló que testimonios de organizaciones y de personas liberadas indican que los arrestados podrían superar los 50. Familiares y organizaciones civiles hablan incluso de hasta 54. La organización exigió localizar y presentar con vida a las personas cuyo paradero seguía incierto y pidió revisar los cargos para evitar la criminalización de la protesta social.

Sobre la supervisión, el Gobierno estatal indicó que 16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) estuvieron desplegados. El portal El Informador reportó que la CEDHJ abrió un acta de investigación y dictó medidas cautelares.

La postura de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la represión y pidió al gobernador informar sobre las detenciones y dar a conocer los nombres de los arrestados. También reiteró que su gobierno rechaza tanto la represión como las manifestaciones violentas: “La represión no lleva a nada”.

El origen del conflicto: agua con olor a cloaca

El reclamo tiene meses de antigüedad. Según organizaciones de derechos humanos que examinaron muestras, desde marzo al menos 320 colonias de Guadalajara reciben agua contaminada, con olor a cloaca, metales pesados y heces fecales, y sin cloración.

Lemus afirmó que no habrá privatización ni aumentos de tarifas y anunció un encuentro con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para analizar alternativas. El Gobierno estatal también reconoció que el reclamo por agua limpia es legítimo.

¿Qué sigue?

Quedan pendientes la revisión de los videos del operativo, la situación jurídica de los detenidos que siguen bajo custodia, la aclaración del número real de arrestos y las investigaciones de la CEDHJ y de la Fiscalía.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Jalisco a garantizar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica, luego de los enfrentamientos registrados el domingo 11 de octubre durante una manifestación por la calidad del agua potable en Guadalajara.

En un comunicado, el organismo nacional expresó su preocupación por el uso de medidas coercitivas para dispersar a las personas que participaron en la movilización y pidió que las autoridades respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en cualquier intervención de las fuerzas de seguridad.

El pronunciamiento se produjo después de que ciudadanos y personas defensoras de derechos humanos se concentraran para exigir soluciones al deterioro de la calidad del agua que reciben en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

CNDH pide garantizar los derechos de los manifestantes en Jalisco

La CNDH señaló que los hechos ocurridos frente a Casa Jalisco deben ser atendidos por las autoridades competentes y recordó que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de adoptar medidas para permitir el ejercicio de los derechos humanos, sin poner en riesgo la seguridad ni la integridad de quienes participan en las protestas.

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, elementos del Escuadrón Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública estatal habrían utilizado gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los asistentes.

Los reportes también dieron cuenta de personas lesionadas y presuntas detenciones arbitrarias.

Entre los sectores afectados se mencionó a menores de edad, adultos mayores y representantes de medios de comunicación.

Ante estos señalamientos, la Comisión consideró necesario que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen las posibles responsabilidades conforme a derecho.

El organismo también recordó su Recomendación General 46/2022, en la que reconoce la protesta social como una expresión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, protegidos por la Constitución mexicana y los tratados internacionales.

Relatora de la ONU alerta por gases lacrimógenos y balas de goma

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, también expresó preocupación por los reportes relacionados con la intervención policial durante la movilización.

A través de una publicación en redes sociales, Romero informó que recibió información sobre el presunto uso excesivo de la fuerza y de armas menos letales contra miles de personas que participaron en la protesta por el derecho al agua.

Según los reportes que citó, durante la dispersión se habrían empleado gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de control de multitudes de manera indiscriminada.

Asimismo, señaló la existencia de denuncias por detenciones arbitrarias.

La relatora pidió que se garantice la integridad y los derechos de las personas detenidas, además de solicitar una investigación independiente y el cese de discursos que puedan estigmatizar a quienes participaron en la manifestación.

Marcha por agua limpia termina con 39 personas detenidas

La movilización del 11 de octubre comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. El mandatario informó posteriormente que la protesta reunió a cerca de 10,000 personas.

Aunque la convocatoria tenía como objetivo exigir agua potable de calidad, la jornada terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales. Las autoridades reportaron 39 personas detenidas, 28 policías lesionados y decenas de civiles que recibieron atención médica, según los informes difundidos sobre los hechos.

Este lunes 12 de octubre, la Fiscalía de Jalisco informó que 18 de las 39 personas detenidas habían sido liberadas, mientras continuaban las investigaciones por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

Entre los puntos centrales de los pronunciamientos de los organismos de derechos humanos destacan:

• Garantizar la protesta social y la libertad de expresión.
• Investigar los señalamientos sobre el uso excesivo de la fuerza.
• Proteger la integridad y los derechos de las personas detenidas.
• Evitar intervenciones policiales que incumplan los principios de legalidad y proporcionalidad.
• Esclarecer las posibles responsabilidades derivadas de los enfrentamientos.

La crisis del agua potable mantiene las protestas en Guadalajara

La CNDH destacó que la movilización ocurre en medio de una problemática prolongada por la calidad del agua potable en Guadalajara y municipios metropolitanos.

Habitantes de distintas colonias han denunciado recibir agua turbia, con olores desagradables y posibles contaminantes, además de señalar dificultades para utilizarla en actividades domésticas.

Las quejas han motivado diversas manifestaciones durante la última semana y han colocado el suministro de agua en el centro de las demandas ciudadanas.

El organismo nacional informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ya realiza el seguimiento del caso, abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares para garantizar la atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas.

La CNDH ofreció colaborar con la instancia estatal si sus servicios son requeridos y reiteró que las manifestaciones pacíficas constituyen una forma legítima de participación ciudadana que las autoridades deben proteger.

Los pronunciamientos de ambos organismos colocan el esclarecimiento de los hechos, la atención a las personas detenidas y la garantía del derecho a la protesta entre los asuntos pendientes tras la movilización por el agua en Guadalajara.

La relación entre Colombia y Estados Unidos tuvo un nuevo acercamiento diplomático tras una intervención estadounidense ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que Washington destacó el liderazgo colombiano y expresó su disposición a profundizar la cooperación bilateral. La seguridad regional y el trabajo conjunto entre ambos países ocuparon un lugar central.

Durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la delegación estadounidense manifestó su interés en profundizar la cooperación con el Gobierno colombiano. La Cancillería de Colombia dio a conocer el pronunciamiento a través de su cuenta de X, donde resaltó el reconocimiento expresado por Washington al liderazgo del mandatario.

Estados Unidos valoró la decisión presidencial de dar prioridad a las necesidades de la población y permanecer en el país para atenderlas. También destacó el rumbo que ha tomado la administración colombiana en materia de seguridad, una de las áreas en las que ambas naciones buscan mantener una agenda de trabajo compartida.

La representación estadounidense resumió su posición con una frase sobre el alcance regional de esa política: “Una Colombia más fuerte significa un hemisferio más seguro”. Además, reiteró su disposición a continuar trabajando con las autoridades colombianas para fortalecer los mecanismos de cooperación en esta materia.

Rubio y De la Espriella conversaron sobre seguridad regional

El acercamiento entre los dos gobiernos también se reflejó en una llamada telefónica de más de 15 minutos entre De la Espriella y Rubio. De acuerdo con la información divulgada por la Casa de Nariño, los funcionarios abordaron la situación política colombiana, los principales acontecimientos nacionales y los retos estratégicos relacionados con la seguridad en la región.

La Presidencia presentó los detalles de la conversación mediante un comunicado en el que destacó la voluntad de ambas administraciones de mantener una agenda bilateral enfocada en la estabilidad regional. El intercambio permitió revisar asuntos prioritarios para Bogotá y Washington, con énfasis en la coordinación frente a amenazas compartidas y el intercambio de información. “Durante el diálogo, ambas autoridades conversaron sobre la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Colombia y Estados Unidos”, informó la Presidencia de la República.

El Gobierno colombiano también explicó que los dos interlocutores intercambiaron puntos de vista sobre la coyuntura nacional y los temas de interés común para sus países. En ese contexto, la seguridad y la estabilidad regional aparecieron como asuntos centrales de la relación diplomática.

“La conversación permitió intercambiar perspectivas sobre el contexto que atraviesa Colombia, así como sobre los asuntos de interés común para ambas naciones, particularmente en materia de seguridad, cooperación y estabilidad regional”, se lee en la comunicación.

Desde la Casa de Nariño se insistió, además, en la necesidad de conservar canales de diálogo abiertos con las autoridades estadounidenses. “El Gobierno nacional destacó la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con Estados Unidos, como socio estratégico de Colombia, y de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación para enfrentar los desafíos compartidos”.

EE. UU. ofrece apoyo a la reconstrucción del país

La postura estadounidense incluyó otro asunto: el acompañamiento a Colombia después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Durante su intervención en la ONU, la delegación manifestó su disposición a respaldar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras la emergencia.

Este ofrecimiento se sumó a la voluntad expresada por Washington de ampliar el trabajo conjunto en seguridad, dos asuntos que forman parte de las conversaciones entre los gobiernos. Sin embargo, los pronunciamientos divulgados no detallaron nuevos acuerdos operativos, recursos específicos ni un calendario para ejecutar medidas adicionales.

En su comunicado, la Presidencia colombiana reafirmó la importancia de mantener una relación bilateral sustentada en compromisos compartidos y en el respeto entre ambos Estados. “La Presidencia de la República reafirma su compromiso con una relación bilateral sólida, basada en la confianza, el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses de ambos países”.

Por su parte, Rubio también se refirió públicamente a la conversación con De la Espriella. Según el comunicado del secretario de Estado, “el secretario agradeció los esfuerzos de Colombia para impulsar prioridades compartidas y sus continuas contribuciones a un hemisferio seguro, protegido y próspero”.

Durante su discurso de casi 18 minutos, el canciller afirmó que entre 2023 y 2024 la utilización de niños por parte de estructuras armadas creció un 64%, registrándose en promedio un caso de reclutamiento cada 20 horas en el territorio nacional.

En la sesión multilateral, el Omar Bula, en representación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, sostuvo que la seguridad pública es una condición indispensable para alcanzar la paz y expuso un deterioro en los indicadores de violencia tras una década de la firma con las antiguas Farc-EP.

El canciller señaló que entre julio de 2016 y agosto de 2026 se contabilizaron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros en el país.

De igual forma, puntualizó que las estructuras armadas ilegales pasaron de 6.000 a casi 30.000 integrantes, multiplicándose y diversificando sus ingresos con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

“Las Naciones Unidas han verificado que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados aumentaron un 300% en cinco años. Solo entre 2023 y 2024, ese incremento fue del 64%. En 2024 se verificó en promedio el reclutamiento o la utilización de un niño cada 20 horas. Repito, cada 20 horas, documentado en más de 326 casos”, declaró el canciller Bula ante los miembros del Consejo de Seguridad.

Propuesta de ajuste al mandato de la Misión de Verificación

Durante su intervención, el jefe de la cartera diplomática planteó oficialmente focalizar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, sugiriendo que la entidad se concentre exclusivamente en la reincorporación y las garantías de seguridad de los excombatientes.

Respecto al componente de la Reforma Rural Integral, la Cancillería argumentó que la entrega de tierras y el desarrollo productivo constituyen políticas públicas permanentes que deben ser asumidas directamente por la institucionalidad del Estado y el Ministerio de Agricultura, actualmente encabezado por Indalecio Dangond.

“La reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las Farc-EP hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional”, señaló Bula.

Luego declaró: “La Reforma Rural Integral, por su parte, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”.

La reacción del expresidente Gustavo Petro a los datos que ofreció Omar Bula

Las declaraciones del canciller y la propuesta de retirar el componente agrario de la verificación internacional provocaron la inmediata reacción del expresidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el exmandatario rechazó la postura del Gobierno nacional y cuestionó la orientación de la política exterior frente al reparto de tierras a los campesinos.

“El canciller de un narcogobierno pide que la riqueza de la mafia: que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos. Que la ONU y su Consejo de Seguridad no miren cómo se devuelve a los narcotraficantes sus bienes malhabidos desde el gobierno mismo”, posteó el exmandatario.

Además, en su publicación recordó el pasado litigante del presidente Abelardo de la Espriella y que supuestamente ahora desde la Casa de Nariño replica unas dudosas prácticas: “Lo que hacían con la oficina de abogados ahora lo hacen desde la oficina de la presidencia”.

Resultados operacionales reportados por el Ejecutivo

Para sustentar el viraje en la estrategia gubernamental, el canciller Bula expuso los resultados operacionales alcanzados por la fuerza pública en los primeros 60 días de la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Según el reporte que brindó ante la ONU, las autoridades han ejecutado 32.029 capturas, la incautación de más de 135 toneladas de estupefacientes, la incautación de 3.414 armas de fuego y la firma de 119 órdenes de extradición.

El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que la propuesta enviada al Consejo de Seguridad busca garantizar la efectividad de los recursos internacionales, mientras el Estado retoma la autoridad constitucional en los territorios afectados por los grupos armados.

Cristina Kirchner tiene una condena firme a seis años de prisión, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y su nombre fue excluido del padrón electoral. Aun así, el kirchnerismo y su defensa trabajan sobre una estrategia diplomática, política y judicial que mantiene abierta la hipótesis de una candidatura presidencial en 2027. El plan reúne tres frentes: una presentación ante Naciones Unidas, la posición de la Corte Suprema y el diseño electoral del peronismo.

La defensa busca una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que suspenda los efectos de la inhabilitación. En el máximo tribunal, en cambio, entienden que ningún pronunciamiento internacional podría modificar la sentencia firme. En paralelo, el kirchnerismo analiza cómo sostener la centralidad de la exmandataria en la discusión electoral, incluso si otra figura termina al frente de la fórmula.

La situación judicial de Cristina Kirchner incluye otros expedientes. Cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado a raíz del direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Además, afronta el juicio oral de la causa Cuadernos, donde está acusada de encabezar una asociación ilícita vinculada con la recaudación ilegal de dinero de empresarios.

A ese cuadro se sumarán los procesos por Los Sauces y Hotesur, en los que también está acusado su hijo, Máximo Kirchner. El primero tiene previsto comenzar el 23 de octubre y el segundo, el 19 de marzo de 2027, aunque persiste una controversia judicial sobre la eventual reunificación de ambos debates.

El Comité de Derechos Humanos analizará el planteo de la defensa en Ginebra

El primer frente de la estrategia está en Ginebra. El lunes 19 de octubre comenzará el 146° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se extenderá hasta el 6 de noviembre. El organismo, integrado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados parte, supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y puede examinar denuncias individuales por presuntas vulneraciones de los derechos previstos en ese instrumento.

Se trata de una instancia distinta del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental de Naciones Unidas. Los abogados Rafael Valim, de Brasil, y Javier Borrego, de España, presentaron en julio una comunicación individual contra el Estado argentino. Ambos trabajan con Carlos Alberto Beraldi, defensor penal de la expresidenta en la Argentina, quien intervino en las distintas etapas que concluyeron con la sentencia firme de la Corte.

La presentación cuestionó aspectos del juicio de Vialidad y solicitó medidas provisionales para proteger los derechos políticos de Cristina Kirchner, además de revisar determinadas condiciones de su prisión domiciliaria. Durante las últimas semanas, la defensa incorporó una adenda con hechos posteriores, entre ellos embargos sobre bienes de la exmandataria, declaraciones de integrantes del Poder Judicial y manifestaciones del presidente Javier Milei.

Uno de los elementos centrales de esa ampliación fue un informe económico-financiero elaborado con documentación oficial incorporada a la causa Cuadernos. El estudio examinó el destino de los recursos de un fideicomiso utilizado para financiar obras viales entre 2009 y 2015, con el objetivo de cuestionar uno de los fundamentos de la condena en Vialidad.

El trabajo fue elaborado por especialistas de la consultora brasileña Specs y analizó desembolsos de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional, un mecanismo de financiamiento de infraestructura vial. Según sus conclusiones, los recursos evaluados alcanzaron unos USD 2.200 millones, distribuidos entre 367 obras, 114 constructoras y 3.855 certificados de pago.

Dentro de ese universo, las compañías vinculadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez, habrían percibido cerca de USD 18,66 millones, equivalentes al 0,85 % de los fondos examinados. El informe identificó 17 obras relacionadas con esas empresas que registraron pagos a través de esa fuente de financiamiento.

La defensa incorporó esos resultados para discutir la interpretación judicial sobre el direccionamiento de recursos públicos hacia las firmas de Báez. El análisis tiene un alcance delimitado: examina los desembolsos de una partida presupuestaria específica, no todos los mecanismos de financiamiento ni la totalidad de las pruebas valoradas en Vialidad. Sin embargo, es uno de los argumentos que el equipo jurídico pretende utilizar para pedir una revisión de la condena.

El período de sesiones del Comité introdujo una referencia temporal para la estrategia internacional, aunque una solicitud de medidas provisionales puede ser evaluada fuera de las reuniones ordinarias. El reglamento prevé la intervención de un relator para nuevas comunicaciones y medidas provisionales, que puede actuar en nombre del organismo sin que sea necesaria una deliberación de sus 18 integrantes ante cada pedido urgente.

Una medida provisional puede disponerse antes de que el Comité resuelva sobre la admisibilidad o el fondo de la denuncia. Para concederla, debe acreditarse la necesidad de evitar daños irreparables sobre los derechos invocados. Su eventual otorgamiento tampoco supone que el organismo considere fundada la presentación principal.

El calendario electoral vuelve decisiva la cuestión de los plazos. Una decisión sobre los derechos políticos de Cristina Kirchner después de las presidenciales de 2027 tendría consecuencias distintas de una resolución anterior a la oficialización de candidaturas. La defensa trabaja con el período de sesiones de octubre como una instancia relevante y contempla esperar, al menos, hasta noviembre antes de analizar nuevos pasos procesales.

El pedido principal apunta a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Una medida favorable podría requerir al Estado argentino que suspenda sus efectos mientras se analiza el fondo del caso. La presentación también aborda aspectos de la prisión domiciliaria, aunque la restricción electoral concentra la mayor relevancia política.

Un antecedente clave para la defensa es el de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2018, cuando el dirigente brasileño estaba preso y buscaba competir en las elecciones presidenciales, el Comité pidió medidas para preservar sus derechos políticos. Brasil no acató ese requerimiento y Lula quedó fuera de la contienda. En marzo de 2022, el organismo emitió un dictamen sobre las vulneraciones de derechos examinadas en ese caso. La comparación muestra la posibilidad de una intervención internacional, pero también los límites prácticos de sus decisiones frente a las autoridades de un Estado.

El frente de la Corte Suprema y la condena

Según pudo saber Infobae, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideran que una eventual resolución del Comité carece de aptitud jurídica para alterar la condena firme contra Cristina Kirchner. La postura predominante es que los pronunciamientos del organismo pueden expresar una posición sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales, pero no reemplazar decisiones definitivas de los tribunales argentinos.

En el máximo tribunal sostienen que el ordenamiento jurídico nacional no contempla un mecanismo que permita revertir una sentencia firme por una determinación de esa naturaleza. Desde esa perspectiva, una intervención de Naciones Unidas mantendría sin cambios tanto la pena de seis años de prisión como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La discusión de fondo enfrenta interpretaciones diferentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional en la Argentina, por aplicación del artículo 75, inciso 22, de la Constitución. La defensa apoya en ese reconocimiento su planteo ante el Comité, mientras que en la Corte ponen el foco en los instrumentos disponibles para cumplir una eventual decisión dentro del sistema judicial local.

Las medidas provisionales se dirigen al Estado argentino. Una comunicación de ese tipo se canalizaría por la representación estatal correspondiente y podría derivar en actuaciones de los poderes públicos. Pero la modificación de una sentencia penal exigiría una decisión de las autoridades judiciales competentes; el pronunciamiento internacional no puede modificar por sí solo los registros judiciales argentinos.

En el Palacio de Tribunales también consideran que la defensa de Cristina Kirchner no cuestionó de modo específico la sanción accesoria de inhabilitación perpetua al recurrir al máximo tribunal contra la condena. Ese punto abre otra discusión sobre el agotamiento de los recursos internos, una de las condiciones habituales para que el Comité admita una comunicación individual.

La defensa mantiene una lectura diferente sobre el alcance de la revisión que puede realizar el organismo, en especial cuando están involucrados derechos políticos y restricciones fijadas por la legislación nacional. Si la sanción que ahora se busca suspender no fue discutida en forma puntual ante las instancias judiciales argentinas, la posibilidad de trasladar el reclamo al plano internacional será otro punto de debate.

En esa discusión aparece el artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. La norma establece que quien incurra en un delito doloso grave contra el Estado que implique enriquecimiento quedará inhabilitado para ocupar cargos o empleos públicos por el período que determinen las leyes. La Constitución contempla la sanción, pero deja su duración en manos de la legislación del Congreso.

En el caso de Cristina Kirchner, la inhabilitación especial perpetua se impuso bajo las normas del Código Penal para la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la Corte señalan que esa penalidad fue establecida por el Congreso y que cualquier modificación corresponde al Poder Legislativo. Durante los 16 años de gobiernos kirchneristas, entre las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, nunca se puso en discusión una reforma sobre esa sanción.

El Código Penal prevé, además, un régimen de rehabilitación para determinadas inhabilitaciones perpetuas en su artículo 20 ter, sujeto a condiciones y plazos. Esa alternativa es distinta de la suspensión cautelar solicitada ante Naciones Unidas y no habilita de manera automática la recuperación de la capacidad para ejercer cargos públicos antes de los comicios de 2027.

La posición de la Corte agrega un obstáculo a los planes electorales del kirchnerismo. Incluso si Naciones Unidas resolviera a favor de la expresidenta, quedaría pendiente la cuestión de su aplicación por parte de la Justicia argentina, dentro de un calendario electoral con plazos y procedimientos propios.

El kirchnerismo analiza una fórmula y Kicillof conserva su proyecto propio

Mientras avanza la discusión judicial, el tercer frente se despliega dentro del peronismo. Allí se estudia una estrategia que depende de dos variables aún abiertas: la resolución del Comité de Naciones Unidas y la posibilidad de que el Gobierno consiga eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ambas definiciones incidirán en el calendario y en la organización de las candidaturas presidenciales.

La intención de impulsar a Cristina Kirchner como candidata tuvo una expresión pública el 28 de septiembre. Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, afirmó en una entrevista con Infobae que su madre tenía voluntad de competir por la Presidencia. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, dijo, y vinculó de manera explícita la presentación ante Naciones Unidas con esa aspiración electoral.

Detrás de esa definición existe un diseño más complejo. La hipótesis, según pudo saber Infobae, considera inscribir una fórmula presidencial con Cristina Kirchner y un dirigente que pueda representar territorial o políticamente a otros sectores peronistas. En las conversaciones aparecen tres nombres: Sergio Uñac, exgobernador de San Juan; Gerardo Zamora, senador nacional y ex mandatario de Santiago del Estero; y Sergio Massa, último candidato presidencial del peronismo.

Uñac aporta su trayectoria al frente de una provincia cuyana y sus vínculos con el peronismo tradicional. Zamora suma su experiencia de gobierno en Santiago del Estero y su relación con las estructuras provinciales. Massa representa otro perfil: perdió el balotaje de 2023 frente a Javier Milei y, durante esa campaña, anticipó que el programa económico libertario podía derivar en recesión y en un deterioro de las condiciones de vida.

La incorporación de Massa también devolvería a la discusión al dirigente que encabezó la última fórmula presidencial competitiva del peronismo. Cualquiera de las tres opciones buscaría reunir detrás de Cristina Kirchner a sectores con posiciones diferentes sobre el liderazgo y el futuro del justicialismo.

El procedimiento bajo análisis contempla un paso adicional: formalizar la candidatura de la expresidenta aun si se prevé que la inhabilitación impedirá su oficialización y buscar que el vicepresidente ocupe luego el primer lugar de la fórmula. La alternativa es una hipótesis política y enfrenta una dificultad jurídica sustancial.

En las conversaciones se mencionaron los distritos electorales de Buenos Aires y Santa Cruz como posibles escenarios para impulsar la inscripción. Sin embargo, la legislación establece que las fórmulas de presidente y vicepresidente deben presentarse ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal. El artículo 61 del Código Electoral Nacional prevé el reemplazo del candidato presidencial por su compañero de fórmula en determinados casos, como renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente.

La falta de habilitación legal desde el momento de la inscripción plantea una situación diferente, que debería resolver la Justicia Electoral. Una candidatura rechazada por incumplir requisitos legales no activa necesariamente el mismo mecanismo que una fórmula ya oficializada cuyo candidato presidencial queda impedido de continuar. El plan podría, por lo tanto, abrir otra controversia judicial.

A la incertidumbre se suma el debate por las PASO. Su eliminación o suspensión modificaría los mecanismos de selección de candidaturas y podría alterar la relación entre los sectores peronistas. El Gobierno necesita respaldo parlamentario para avanzar con esa reforma, en una negociación que se cruza con la discusión presupuestaria y la agenda legislativa acordada con los gobernadores.

La diferencia entre una competencia en primarias y una definición por acuerdos partidarios tiene efectos sobre la interna. Para el kirchnerismo, la presencia de Cristina Kirchner en una fórmula conserva valor político más allá de su eventual oficialización. Para otros sectores del justicialismo, el método de selección presidencial forma parte de la disputa por la conducción opositora y por la construcción de una alternativa frente a Milei.

En ese cuadro, Axel Kicillof queda fuera de las combinaciones que se mencionan para acompañar a Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense mantiene diferencias políticas con La Cámpora y con la conducción de la expresidenta, y conserva su propio proyecto nacional para 2027.

Su estrategia actual se sintetiza en una frase que circula entre sus dirigentes: “Este año es un año de acumulación política”. El planteo apunta a reforzar su posición territorial, ampliar los vínculos con otros referentes y postergar una decisión electoral que podría agrandar las diferencias internas del peronismo.

La coexistencia de ambos proyectos excede las discusiones jurídicas. Mientras el kirchnerismo preserva la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner, Kicillof trabaja sobre un horizonte presidencial propio. Comparten espacio político y representación electoral, aunque deberán resolver cómo ordenar la oferta cuando se acerque la definición de 2027.

El futuro de la eventual candidatura depende de decisiones que se tomarán en ámbitos con reglas y tiempos distintos. El Comité de Derechos Humanos puede evaluar medidas provisionales, pero su intervención no sustituye a los tribunales argentinos. La Corte Suprema sostiene una interpretación restrictiva sobre los efectos de ese procedimiento internacional y el peronismo discute alternativas que dependerán de la legislación vigente y de sus acuerdos internos.

La candidatura presidencial de Cristina Kirchner continúa siendo jurídicamente improbable, pero conserva relevancia política. Su eventual inscripción, incluso si fuera rechazada, podría abrir una nueva controversia y obligar al peronismo a resolver una fórmula alternativa. La disputa por sus derechos políticos, mientras tanto, seguirá su recorrido en los procedimientos internacionales y nacionales.

El interrogante hacia 2027 incluye quién encabezará la propuesta presidencial peronista si la condena mantiene todos sus efectos, qué papel tendrán los dirigentes que hoy aparecen como posibles compañeros de fórmula y cómo se procesará la competencia con el proyecto político de Kicillof. Los caminos de Ginebra, el Palacio de Tribunales y el peronismo todavía pueden conducir a resultados diferentes.

Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer los derechos de las menores de edad y llamar la atención sobre los obstáculos que enfrentan para acceder a la educación, la salud, la seguridad y las mismas oportunidades que los niños.

En México, la efeméride representa una oportunidad para revisar los avances y los pendientes en materia de protección de la infancia. Aunque algunos indicadores sociales muestran mejoras, miles de niñas y adolescentes continúan expuestas a la violencia, la pobreza y las desigualdades que limitan su desarrollo.

De acuerdo con UNICEF México, el panorama de la niñez y la adolescencia presenta avances en la reducción de la pobreza infantil y el acceso a la educación, pero también rezagos importantes en materia de protección, nutrición y participación.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre?

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Niña mediante la resolución 66/170, aprobada el 19 de diciembre de 2011. La primera celebración tuvo lugar en 2012.

El propósito de esta fecha es reconocer los derechos de las niñas y visibilizar los desafíos específicos que enfrentan por razones de género, entre ellos la discriminación, la violencia, el matrimonio infantil y las barreras que dificultan su permanencia en la escuela.

La conmemoración también busca impulsar acciones de gobiernos, organizaciones civiles, comunidades y familias para garantizar que las niñas puedan crecer en entornos seguros, expresar sus opiniones y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

¿Cuál es el tema del Día Internacional de la Niña en 2026?

Para 2026, la ONU estableció el lema “¡Acabemos con el matrimonio infantil! ¡Invirtamos en los derechos de las niñas!”, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección y ampliar las oportunidades de desarrollo para las menores de edad.

El organismo internacional advierte que el matrimonio infantil puede interrumpir la educación, restringir la autonomía y afectar la salud y la seguridad de las niñas. Por ello, propone fortalecer las leyes, las políticas públicas y los servicios sociales, además de cuestionar las normas culturales que perpetúan esta práctica.

La ONU también destaca la importancia de escuchar las voces de las niñas e incorporar sus necesidades en las decisiones públicas. Garantizar que permanezcan en la escuela y tengan acceso a oportunidades económicas y sociales forma parte de las medidas necesarias para que puedan decidir sobre su futuro.

Día Internacional de la Niña: ¿cuál es el panorama en México?

El informe Análisis de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 2018-2025, publicado por UNICEF en mayo de 2026, documenta avances en algunos indicadores, pero también identifica problemas que requieren atención.

Uno de los cambios positivos es la reducción de la pobreza infantil. Según el organismo, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en esta condición pasó de 51.1% en 2016 a 38.7% en 2024.

Sin embargo, alrededor de 14 millones de menores todavía vivían en situación de pobreza en 2024, mientras que 2.7 millones se encontraban en pobreza extrema. Estas condiciones pueden limitar el acceso a servicios esenciales, alimentación adecuada, educación y oportunidades de desarrollo.

Las desigualdades afectan especialmente a las comunidades indígenas y a las poblaciones que viven en zonas con mayores niveles de marginación.

En materia educativa también persisten desafíos. Aunque la asistencia a primaria y secundaria es prácticamente universal, la cobertura de educación inicial alcanza apenas 3.6%, mientras que la educación media superior no llega a más de tres de cada diez adolescentes.

Además, UNICEF reporta que 79% de los estudiantes indígenas de sexto de primaria se encuentra en un nivel insuficiente en Lenguaje y Comunicación. Aunque este indicador comprende a estudiantes de ambos sexos, permite dimensionar las brechas educativas que también afectan a las niñas indígenas.

Violencia sexual contra niñas y adolescentes en México

La violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para garantizar los derechos de las menores de edad. Los datos de UNICEF muestran que la tasa de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes pasó de 58.4 a 127.2 por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023.

El organismo también señala que 53% de las adolescentes de entre 15 y 17 años ha experimentado alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida.

Estas cifras evidencian la necesidad de reforzar la prevención, la atención especializada y los mecanismos de denuncia. La violencia puede presentarse en distintos entornos, incluidos el hogar, la escuela, la comunidad y los espacios digitales.

Por ello, la protección de las niñas requiere que las autoridades y las instituciones garanticen condiciones para que puedan solicitar ayuda, recibir atención y acceder a la justicia sin ser revictimizadas.

Participación infantil: un derecho que todavía enfrenta obstáculos

Otro de los pendientes identificados por UNICEF es la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que afectan su vida cotidiana.

De acuerdo con el informe SITAN 2026, solo 24% de las niñas y los niños de entre 9 y 11 años considera que su opinión siempre es tomada en cuenta en su comunidad. Además, únicamente 13 de las 32 entidades federativas cuentan con consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes.

Estos espacios permiten que la infancia exprese sus preocupaciones y propuestas sobre asuntos relacionados con la educación, la seguridad y el entorno comunitario.

Reconocer la participación infantil implica considerar a las niñas como personas con derechos y opiniones propias, no únicamente como destinatarias de programas de asistencia o protección.

¿Qué derechos busca proteger el Día Internacional de la Niña?

La conmemoración del 11 de octubre recuerda que todas las niñas tienen derecho a recibir educación de calidad, acceder a servicios de salud, vivir libres de violencia y discriminación y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

También deben contar con protección frente al abuso y la explotación, así como con oportunidades para desarrollar sus capacidades sin que su género, origen étnico o condición económica determine su futuro.

En México, los datos muestran que la reducción de la pobreza infantil representa un avance, pero las cifras de violencia sexual y las brechas educativas evidencian que todavía existen desafíos importantes.

El Día Internacional de la Niña invita a revisar las condiciones en las que viven millones de menores y a impulsar medidas que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos.

La meta es que todas las niñas puedan crecer seguras, continuar sus estudios, expresar sus opiniones y construir su propio proyecto de vida sin violencia, discriminación ni barreras que limiten sus oportunidades.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el sábado 3 de octubre su salida del Parlamento Centroamericano (Parlacen), apenas un día después de que los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaran por unanimidad una nueva resolución de condena a Nicaragua, sin que ningún país saliera en defensa del Gobierno nicaragüense.

En lugar de buscar acercamientos con sus vecinos, Nicaragua respondió con otra ruptura que se suma a una larga lista de enfrentamientos con organismos internacionales, de los cuales se retira cuando sus decisiones, informes o pronunciamientos resultan contrarios a sus intereses.

La resolución de la OEA, aprobada el viernes 2 de octubre en Washington, exigió la liberación incondicional de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades civiles, la recuperación de la separación de poderes y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres e inclusivas.

También reclamó información sobre las personas desaparecidas por motivos políticos y acordó establecer un mecanismo para mantener la interlocución con las autoridades nicaragüenses y los ciudadanos en el exilio. México, Brasil y Uruguay formularon observaciones, pero no impidieron el consenso sobre el documento.

Salida del Parlacen

La reacción de Managua fue denunciar el tratado constitutivo del Parlacen, organismo regional al que Nicaragua pertenecía desde su creación y del que Ortega fue uno de sus impulsores originales en 1987.

La Cancillería notificó que la decisión tendría “efecto inmediato”, sin explicar inicialmente las razones. Dos días después, Murillo justificó la medida argumentando que el organismo “no ha logrado cumplir su objetivo y función” en beneficio de las familias centroamericanas.

El 6 de octubre, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó con 91 votos la derogación de los decretos que habían incorporado a Nicaragua al Parlamento.

Desde 2021, esa confrontación ha provocado su salida de la OEA, la FAO y la Corte Centroamericana de Justicia, además de anuncios de retiro de organismos de Naciones Unidas dedicados a la educación, el trabajo, los derechos humanos y las migraciones.

El analista político y exdiputado del Parlacen Eliseo Núñez considera que la decisión de abandonar el Parlamento Centroamericano tiene una finalidad que va más allá del propio organismo. Según explica en una entrevista con Infobae, Ortega ha escogido deliberadamente una institución cuya pérdida no compromete directamente los intereses económicos de su Gobierno, pero que le permite enviar una advertencia al resto de Centroamérica.

“Esto es Ortega escogiendo un órgano del sistema de integración que no lo afecte a él, pero que sirva como amenaza de que, así como se salió del Parlacen, puede salir del resto del sistema”, afirma Núñez. El exdiputado resume el mensaje mediante una comparación: “Es como cuando vos, en lugar de pegarle a alguien, le enseñás la faja”.

Estrategia del “mendigo apestoso”

Núñez utiliza una expresión particular para explicar la conducta internacional del Gobierno nicaragüense: la estrategia del “mendigo apestoso”. Con ella describe una forma de confrontación en la que el gobernante procura convertirse en un interlocutor tan incómodo y conflictivo que los demás terminan evitando enfrentarse con él, incluso cuando desaprueban sus actuaciones.

“Él trabaja todos los días para convertirse en alguien tan difícil, tan complejo que nadie lo quiera tocar. Es como querer convertirse en un puerco espín para que nadie se le acerque”, explica el exdiputado. En su interpretación, el objetivo consiste en elevar el costo político de cualquier enfrentamiento hasta conseguir que otros gobiernos prefieran evitar nuevas disputas.

“Eso es lo que hacen aquellas personas que se vuelven infernales y que vos preferís que hagan lo que quieran con tal de no escuchar sus gritos y su diatriba. Esa es la estrategia de Ortega”, añade Núñez.

El Gobierno nicaragüense mantiene una relación de confrontación con aquellos que cuestionan su actuación política, pero procura conservar su participación en instituciones que proporcionan financiamiento, facilitan el comercio o permiten mantener relaciones económicas con sus vecinos.

“Él se sale donde no tiene costos para él. Salirse del Parlacen no tiene costo”, sostiene Núñez, quien distingue esa decisión de una eventual ruptura con instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El precedente de Panamá

La retirada del Parlacen enfrenta un problema jurídico que el propio Gobierno de Ortega defendió hace 17 años, cuando Panamá intentó abandonar el organismo durante la presidencia de Ricardo Martinelli.

En aquella ocasión, Nicaragua sostuvo que ningún Estado podía denunciar unilateralmente el tratado constitutivo porque el documento no contempla un procedimiento de retiro, argumento que ahora el régimen Ortega y Murillo ha dejado de lado para justificar su propia decisión.

El 28 de octubre de 2009, el Gobierno nicaragüense comunicó formalmente a Guatemala, país depositario del tratado, su oposición a la salida panameña. Núñez, quien era diputado del Parlamento Centroamericano cuando ocurrió la controversia, recuerda que Nicaragua se opuso porque los tratados de integración no establecen una salida unilateral.

A su juicio, para abandonar legalmente el organismo sería necesario negociar una reforma del instrumento constitutivo con los demás Estados. También advierte que una retirada de hecho no necesariamente extingue las obligaciones financieras contraídas mientras el país fue miembro.

El Parlacen respondió a la notificación nicaragüense señalando que estudiaría sus “alcances jurídicos y operativos” y recordó que cualquier modificación de su composición debe realizarse bajo el “estricto cumplimiento del derecho internacional”.

Para Núñez, la contradicción entre la postura de 2009 y la de 2026 responde a una prioridad política del Gobierno. “En la lógica de ellos lo importante es el poder. Si tienen que contradecirse mil veces lo van a hacer”, afirma el exdiputado, quien considera que el régimen utiliza argumentos jurídicos distintos según sus necesidades políticas.

Ruptura con la OEA

La primera gran ruptura de esta etapa ocurrió después de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega consiguió un nuevo mandato mientras sus principales adversarios políticos permanecían encarcelados o habían sido excluidos de la competencia.

El 12 de noviembre, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución con 25 votos a favor, siete abstenciones y el voto contrario de Nicaragua, en la que declaró que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

El 19 de noviembre de ese año, el Gobierno nicaragüense notificó su decisión de denunciar la Carta de la OEA, con lo que inició un proceso de retiro que, conforme a las reglas de la organización, tardaría dos años en hacerse efectivo.

Sin esperar ese plazo, el 24 de abril de 2022 las autoridades ocuparon las oficinas del organismo en Managua, una acción que la Secretaría General denunció como una violación de las inmunidades y la inviolabilidad de su sede diplomática.

La salida se hizo efectiva el 19 de noviembre de 2023, pero no puso fin al examen internacional de la crisis nicaragüense. La OEA continuó aprobando resoluciones sobre derechos humanos, democracia y presos políticos, aunque Nicaragua ya no tenía representación ni voto en sus órganos.

La reunión de cancilleres del 2 de octubre de 2026 fue otra expresión de esa situación: los gobiernos del continente volvieron a discutir y condenar las actuaciones de Ortega y Murillo sin que Managua pudiera intervenir como Estado miembro.

La retirada tampoco extinguió las obligaciones de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el país no ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte ha declarado a Nicaragua en desacato permanente por incumplir sus resoluciones, mientras la CIDH continúa documentando detenciones arbitrarias, persecución política y desapariciones.

Unesco: el premio de la discordia

Uno de los episodios más ilustrativos de esta política reactiva ocurrió el 4 de mayo de 2025, cuando el Gobierno anunció su retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), apenas un día después de que un jurado internacional independiente otorgara al diario nicaragüense La Prensa el Premio Mundial de Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano.

El reconocimiento distinguió a un periódico cuyas instalaciones habían sido ocupadas y confiscadas por el Gobierno y cuya redacción continuaba trabajando desde el exilio.

Nicaragua calificó el premio de “inaceptable e inadmisible” y anunció su decisión de abandonar la organización, de la que Nicaragua formaba parte desde 1952.

La entonces directora general, Audrey Azoulay, lamentó públicamente la medida. “Lamento esta decisión, que privará a la población de Nicaragua de los beneficios de la cooperación en áreas como la educación y la cultura”, declaró. También recordó que la organización “cumple plenamente su función cuando defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Aunque la decisión política fue anunciada inmediatamente después del premio, la salida tiene un plazo jurídico que Nicaragua no puede acortar unilateralmente. Conforme a las normas de la Unesco, Nicaragua seguirá siendo miembro hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando la retirada se hará efectiva.

FAO: conflicto por cifras

Tres meses antes, el 4 de febrero de 2025, el Gobierno había anunciado su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después de que las estadísticas del organismo situaran a Nicaragua entre los países centroamericanos con mayores problemas de subalimentación.

Las autoridades rechazaron los resultados, calificaron las cifras de “inaceptables”, “inadmisibles” e “irrespetuosas” y ordenaron el cierre de la representación de la agencia en Managua.

La retirada se hizo efectiva el 4 de febrero de 2026, exactamente un año después de su notificación, como establece la Constitución de la FAO. Nicaragua perdió así su condición de miembro de una agencia especializada que participa en proyectos agrícolas y programas de cooperación alimentaria.

La decisión no significó, sin embargo, la salida del Programa Mundial de Alimentos, una institución distinta que mantiene un plan estratégico de cooperación con Nicaragua para el período 2024-2029.

Rupturas de 2025

El 27 de febrero de 2025, Managua anunció otra decisión de confrontación, esta vez contra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus mecanismos de supervisión.

La medida llegó en medio de los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado en 2022 para investigar las violaciones cometidas desde la represión de las protestas de 2018.

El Gobierno acusó al Consejo de politización, doble rasero e injerencia, y comunicó su “decisión soberana e irrevocable” de retirarse de sus mecanismos. Al día siguiente, la delegación nicaragüense no asistió a la sesión en la que los expertos presentaron su informe.

El retiro anunciado, sin embargo, no eliminó las facultades del Consejo para investigar la situación del país, y en abril de 2025 el organismo renovó por otros dos años el mandato del grupo investigador.

En esos mismos días de febrero de 2025, el Gobierno anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de convenios laborales y reúne a representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores.

La decisión ocurrió mientras sus órganos de control examinaban denuncias sobre restricciones a la libertad sindical, falta de independencia de las organizaciones laborales y vulneraciones de los derechos fundamentales del trabajo.

Según confirmó la OIT, la notificación fue recibida el 27 de febrero de 2025, pero Nicaragua continuará siendo miembro hasta el 28 de febrero de 2027, siempre que cumpla sus obligaciones financieras.

Asimismo, la retirada tampoco eliminará automáticamente los compromisos derivados de los convenios internacionales ratificados por el país, cuyas disposiciones mantienen vigencia conforme a sus propias reglas.

El 28 de febrero de 2025, Managua también anunció su salida de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la que acusó de “politización”, “injerencismo” y de divulgar información “falsa, malintencionada e irresponsable”.

La OIM puso fin a sus actividades dentro de Nicaragua durante 2025, aunque continuó prestando asistencia a migrantes nicaragüenses en otros países.

Una situación semejante ocurrió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del que Nicaragua anunció su desvinculación el 12 de junio de 2025, acusándolo de ser un “instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

SICA: perder el poder de veto

La confrontación con los organismos internacionales también se ha desarrollado dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que agrupa a ocho países y coordina asuntos políticos, económicos, comerciales y de cooperación regional.

A diferencia de lo ocurrido con otras instituciones, Nicaragua no ha abandonado el sistema, aunque mantiene una disputa con varios gobiernos por el control de su Secretaría General.

El conflicto comenzó en 2021, cuando correspondía a Nicaragua proponer candidatos para dirigir la institución. Los demás países rechazaron varias ternas presentadas por los Ortega Murillo, alegando que los aspirantes no reunían las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas para el cargo.

Después de un prolongado bloqueo, en agosto de 2022 fue nombrado el nicaragüense Werner Vargas, quien renunció en noviembre de 2023 y dejó nuevamente vacante la Secretaría.

El Gobierno propuso posteriormente a funcionarios cercanos al oficialismo, entre ellos Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, pero tampoco consiguió el respaldo necesario. El régimen de Ortega y Murillo acusó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de impedir injustificadamente que Nicaragua ejerciera el derecho que, según su interpretación, le correspondía por el sistema de rotación regional.

Durante ese enfrentamiento, el Gobierno recurrió a la regla del consenso para impedir decisiones que no contaran con su aprobación. La situación cambió el 24 de abril de 2026, cuando los otros siete países del SICA, reunidos en Santo Domingo sin la participación nicaragüense, aprobaron un reglamento que sustituyó la exigencia de unanimidad por mayorías calificadas para determinadas decisiones, incluida la elección del secretario general.

El 10 de junio, los gobiernos centroamericanos eligieron a la diplomática costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas para dirigir la Secretaría General durante el período 2026-2030. Nicaragua había cuestionado el cambio de reglas y reclamado que el puesto le correspondía, pero sus cocancilleres participaron en la reunión de alto nivel en la que se produjo el nombramiento.

Fin de la Corte Centroamericana

El 18 de marzo de 2025, después de un nuevo rechazo a la candidatura de Moncada, Nicaragua anunció su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia, tribunal con sede en Managua encargado de resolver controversias relacionadas con la integración.

El canciller Jaentschke comunicó entonces la decisión “soberana e irrevocable” de abandonar el organismo, argumentando que después de 32 años no había conseguido cumplir sus objetivos originales.

La Corte, que funcionaba fundamentalmente con la participación de Nicaragua, Honduras y El Salvador, sufrió posteriormente otras dos retiradas. Honduras denunció su Estatuto el 29 de abril de 2026 y El Salvador hizo lo mismo el 20 de mayo. La institución quedó sin sus tres Estados participantes y se reportó el cese de sus funciones.

Organismos de los que no se retira

Pese a sus amenazas contra las instituciones regionales, Nicaragua continúa formando parte del SICA y de su subsistema económico. El 26 de junio de 2026 asumió incluso la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica Centroamericana para el segundo semestre del año, una responsabilidad que contrasta con la decisión de abandonar el Parlacen y con las disputas por el nombramiento de la Secretaría General.

Eliseo Núñez considera que esa diferencia responde a los costos que tendría para el Gobierno una ruptura con los mecanismos que facilitan las relaciones comerciales entre los países. Según el exdiputado, poco más del 40 por ciento de las exportaciones nicaragüenses se dirige al mercado centroamericano, por lo que una confrontación que afectara las transacciones regionales tendría consecuencias económicas mucho mayores que abandonar un organismo parlamentario de carácter consultivo.

El analista advierte que la salida del Parlacen puede interpretarse como una amenaza dirigida a los demás países del SICA, pero distingue esa advertencia de una decisión efectiva de romper con el sistema económico. “Se sale de los lugares donde tiene que pagar y no le dan nada. No se sale del BID, del Banco Mundial, no se sale del BCIE”, señala.

El Banco Centroamericano de Integración Económica es uno de los principales prestamistas multilaterales de Nicaragua y financia proyectos de infraestructura, carreteras, energía y servicios públicos. Según sus registros, al cierre de 2025 había aprobado históricamente más de 7,744 millones de dólares para el país y desembolsado más de 6,032 millones.

En abril de 2026, su presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez, encabezó una misión a Nicaragua, confirmando la continuidad de las relaciones institucionales.

Organizaciones de derechos humanos y legisladores estadounidenses han cuestionado el financiamiento concedido a Nicaragua desde la represión de 2018, mientras la administración del BCIE ha revisado la concentración de su cartera crediticia.

Algo semejante ocurre con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que Nicaragua es miembro desde 1946. Una misión técnica visitó Managua entre el 3 y el 14 de noviembre de 2025 y, en enero de 2026, el organismo concluyó su evaluación económica correspondiente a ese año.

Aunque reconoció la estabilidad macroeconómica, las reservas internacionales y la posición fiscal del país, también recomendó fortalecer considerablemente el Estado de derecho, la gobernanza económica y los mecanismos anticorrupción.

El FMI señaló además problemas relacionados con las transferencias de propiedad privada al Estado, las sanciones internacionales, el deterioro del financiamiento multilateral concesional y las deficiencias en determinadas estadísticas económicas.

Pese a esas observaciones, Nicaragua mantiene su relación con el Fondo, al igual que con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones de las que no ha anunciado intención de retirarse.

UN Watch cuestionó el Nobel de la Paz concedido a Navi Pillay y difundió acusaciones de la exfuncionaria de Naciones Unidas Emma Reilly, quien sostuvo que la entonces jefa de derechos humanos del organismo fue “cómplice en el genocidio uigur”. La organización pidió explicaciones al comité que entrega el premio.

Según UN Watch, Reilly, abogada de derechos humanos que trabajó bajo la dirección de Pillay, denunció que la oficina de derechos humanos de la ONU entregó a China los nombres de disidentes y no atendió sus advertencias sobre los riesgos para esas personas y sus familias.

UN Watch afirmó que las acusaciones se refieren a hechos ocurridos durante el período en que Pillay fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Reilly sostuvo que se comunicaron a China los nombres de más de 50 disidentes y que familiares declararon ante un tribunal sobre intimidaciones, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y muertes.

La organización también señaló que Reilly aseguró haber sido despedida tras denunciar esos hechos. “Yo fui despedida por hablar”, afirmó la exfuncionaria, según el comunicado.

Las acusaciones de Emma Reilly contra Navi Pillay

Reilly calificó la decisión de premiar a Pillay como una “absoluta desgracia” y sostuvo que la ex alta funcionaria fue “literalmente cómplice en el genocidio uigur”. También dijo que tres víctimas habrían demandado a Pillay si no contara con inmunidad diplomática.

En la declaración reproducida por UN Watch, Reilly relató que alertó por primera vez a la ONU sobre la entrega de los nombres a China cuando Pillay encabezaba la oficina. Según su versión, la respuesta de la entonces Alta Comisionada fue pedir otra silla porque estaba incómoda.

La denunciante añadió que los empleados que entregaron directamente los nombres fueron ascendidos. “Navi Pillay supervisó la comunicación de nombres de más de 50 disidentes a China”, afirmó Reilly.

Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, reclamó una respuesta del comité del Nobel. “El comité Nobel debe una explicación a los disidentes cuyos nombres fueron entregados a China”, dijo, y preguntó cómo se evaluaron las acusaciones y la situación de las víctimas y sus familias.

Cuestionamientos sobre China, Irán y otros gobiernos

UN Watch recordó que Pillay no asistió a la ceremonia de 2010 en Oslo en la que fue distinguido el disidente chino encarcelado Liu Xiaobo. De acuerdo con la organización, Foreign Policy informó entonces que la funcionaria rechazó la invitación y alegó que debía participar en un evento de menor rango en Ginebra.

El grupo sostuvo que Pillay dijo después que nunca había recibido una invitación para la ceremonia. UN Watch citó además un llamamiento de una coalición de 40 organizaciones de derechos humanos, que pidió a Pillay asistir al acto y respaldar públicamente a Liu.

Neuer cuestionó el contraste entre ambos episodios: “En 2010, el comité Nobel honró a Liu Xiaobo por enfrentarse a la dictadura china. Pillay se negó a asistir a su ceremonia. Ahora el comité le da el mismo premio”.

UN Watch también citó un estudio propio publicado en 2011 sobre los dos primeros años de Pillay como jefa de derechos humanos de la ONU. Según ese informe, la funcionaria no emitió declaraciones sobre abusos en Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Arabia Saudita, Sudán, Bielorrusia, Siria y otros 27 países calificados como “No Libres” por Freedom House.

El informe de UN Watch sobre la gestión de Pillay

El estudio indicó que Pillay emitió 21 declaraciones sobre países de Oriente Medio y el norte de África durante los primeros dos años de su mandato. De esas intervenciones, nueve se refirieron a Israel, el único país democrático de la región, según UN Watch.

La organización también cuestionó la respuesta de Pillay a la represión contra manifestantes en Irán después de las elecciones presidenciales de junio de 2009. Según el comunicado, la entonces Alta Comisionada no emitió una declaración pública específica durante los primeros tres meses posteriores a las denuncias y a la difusión de videos sobre arrestos, golpizas y muertes.

Su primera referencia pública, siempre según UN Watch, llegó en septiembre de 2009 como parte de su discurso de apertura ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí pidió al Gobierno iraní “liberar a los detenidos por protestar pacíficamente, investigar los informes sobre malos tratos y garantizar el respeto de los derechos humanos”.

UN Watch afirmó que Pillay no ofreció una conferencia de prensa ni publicó una declaración dedicada a la situación en Irán.

El especialista en meteorología Abraham Levy sostuvo, en conversación con el programa 24 horas de Panamericana TV, que las dimensiones de este episodio no tienen precedentes en las últimas décadas. De acuerdo con el experto, las observaciones disponibles desde mediados del siglo XX permiten identificar una magnitud excepcional en comparación con los registros acumulados durante ese periodo.

“Desde 1950, que es más o menos la época en que tenemos registros buenos, observaciones regulares de la temperatura del aire y la temperatura del mar, los que vivimos ahora, en estas generaciones, no hemos tenido un evento de este tamaño”, afirmó Levy.

Temperatura del mar supera los valores habituales en la costa peruana

Uno de los indicadores que permite evaluar la intensidad de El Niño es la temperatura superficial del océano. En ese contexto, el meteorólogo advirtió que las mediciones actuales muestran valores considerablemente superiores a los promedios habituales en distintos puntos del litoral nacional.

Frente al Callao, en la región Lima, el agua del mar registra aproximadamente siete grados por encima de los niveles normales, mientras que en Piura la diferencia oscila entre ocho y nueve grados, según las cifras mencionadas por el especialista.

Estas condiciones también repercuten en las temperaturas del aire y contribuyen a explicar las jornadas de calor que experimenta la capital. Levy indicó que algunos distritos limeños alcanzaron los 27 °C o más, cuando, en condiciones habituales, los registros habrían sido considerablemente menores.

La diferencia entre las temperaturas observadas y los valores promedio evidencia la influencia de las condiciones oceánicas sobre el ambiente costero. Sin embargo, los efectos de El Niño no se distribuyen de la misma manera en todo el territorio, pues las precipitaciones pueden variar según la ubicación geográfica.

Menos lluvias en la sierra y posibles efectos sobre la electricidad

Mientras que este fenómeno suele asociarse con un incremento de las lluvias durante el verano en determinadas zonas de la costa, el comportamiento de las precipitaciones puede ser distinto en las regiones ubicadas al otro lado de la cordillera de los Andes.

Levy explicó que los valles interandinos y las áreas de la selva podrían registrar una reducción de las lluvias. Esta situación tendría implicancias para la disponibilidad de agua, especialmente en un país cuya producción eléctrica depende en buena medida de los recursos hídricos.

“Si bien es cierto que El Niño está asociado a lluvias en el verano, estas son en la costa, pero detrás de la cordillera, hacia la sierra, en los valles interandinos y hacia la selva, llueve menos”, señaló.

El especialista advirtió que esta disminución podría comprometer la generación de energía eléctrica, debido a la dependencia de las centrales hidroeléctricas de la disponibilidad de agua. Por ello, las consecuencias del evento no se limitarían al aumento del calor en las ciudades costeras, sino que también podrían extenderse a sectores vinculados con los recursos hídricos.

La previsión de una persistencia hasta febrero de 2027 mantiene la atención sobre la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. La intensidad que alcance El Niño y sus efectos en cada región dependerán del desarrollo del evento durante los próximos meses.

(Desde Washington, Estados Unidos) Las Naciones Unidas y la OEA se encaminan a otro fracaso diplomático en Haití: coordinaron esfuerzos para crear una “Fuerza de Supresión de Pandillas” que controlan el 80 por ciento de la isla caribeña, y en doce meses de gestión nada ha cambiado en la vida cotidiana de los haitianos.

El objetivo primario de la misión represiva era aniquilar a las bandas de narcotraficantes y asegurar que hubiera elecciones a mediados de diciembre de 2026.

Las pandillas siguen activas, y los comicios presidenciales ya se postergaron sin fecha.

Jack Christofides, lidera la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que enfrenta complejas trabas burocráticas que impiden su máximo funcionamiento.

Hace un año que se autorizó su despliegue en Haití, pero todavía no logró sumar los 5.500 efectivos que prometió el Consejo de Seguridad de la ONU. A la fecha, se cuentan 1.600. Ni uno más.

Haití es una isla muy cerca de 20 países con salida al océano Atlántico, Pacífico y el Mar Caribe. Sin embargo, la burocracia de la ONU decidió solicitar barcos a Bangladesh para patrullar la zona.

Bangladesh está a casi 15.000 kilómetros de Haití.

Como jefe de la Fuerza de Supresión de Pandillas, Christofides debería contar con tropas de Jamaica, Bahamas, Guyana, Barbados, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín y Chad.

Pero los países comprometidos con la misión de la ONU demoran en cumplir con sus obligaciones multilaterales, exhibiendo así la debilidad de una fuerza represiva que exhibe pocos resultados a la vista.

No obstante esta compleja situación estructural, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó su vigencia hasta fines de marzo de 2027.

Christofides quedaría a cargo de la misión, pese a las críticas que recibe desde las Naciones Unidas y la OEA.

El principal cuestionamiento a Christofides es su incapacidad para entender que lidera una fuerza de supresión que actúa en un escenario de fragilidad política y escaso marco jurídico para asegurar la destrucción constante del delito organizado.

En este contexto, adonde las tropas no llegan y su jefe directo aplica conceptos para una misión de paz, circula en ámbitos diplomáticos un memo de la administración Trump que cuestiona la iniciativa avalada por el Consejo de Seguridad.

Titulado “un año después, la crisis de seguridad en Haití exige una estrategia real, no burocracia”, el memo de dos página sostiene lo siguiente:

-“El mes pasado se cumplió un año desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución destinada a enfrentar la violencia devastadora en Haití”

-“Ante la creciente falta de recursos y la lentitud en la ejecución, la ONU extendió discretamente el mandato de la misión por seis meses adicionales”.

-“La extensión parece un trámite habitual de la diplomacia internacional, pero sobre el terreno, en Haití, resulta una trágica ironía”.

-“Según los plazos originales, la GSF (Fuerza de Supresión de Pandillas) debía aumentar considerablemente su despliegue hasta alcanzar un objetivo de 5.500 efectivos. Sin embargo, un año después de iniciado este experimento, el número de efectivos sigue siendo apenas una fracción de esa meta, mientras que la infraestructura esencial y las instalaciones logísticas necesarias para recibir a las fuerzas que deben incorporarse continúan relegadas”.

-“Millones de dólares siguen desapareciendo en circuitos burocráticos, dejando una realidad evidente: la solidaridad verbal y financiera de la comunidad internacional no se traduce en seguridad para el haitiano común”.

-“En este momento, la vida cotidiana en Haití está completamente paralizada. Los ciudadanos no pueden desplazarse libremente dentro de su propio país”.

-“Las despiadadas pandillas, que cuentan con más de 10.000 integrantes, controlan de hecho las principales vías de circulación y cobran peajes extorsivos incluso por el transporte público, donde las personas arriesgan todo lo que tienen, incluida su propia vida.

-“Miles de haitianos son asesinados cada año. A esto se suman la violencia sexual generalizada, los secuestros y las agresiones sistemáticas. Los principales líderes de las pandillas se burlan abiertamente de la comunidad internacional, mientras las víctimas quedan indefensas”.

-“La solución inmediata más evidente es trasladar la conducción operativa fuera de los canales burocráticos civiles y colocarla directamente bajo la supervisión estratégica del liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM)”.

-“Esto no significa desplegar una enorme cantidad de tropas estadounidenses sobre el terreno. Significa incorporar experiencia táctica, disciplina operativa y capacidad logística a la cadena de mando”.

-“Los expertos del SOUTHCOM saben cómo planificar, dotar de recursos y ejecutar estrategias de seguridad coordinadas capaces de desmantelar las redes de los cárteles y las pandillas, despejar infraestructuras esenciales y respaldar eficazmente a las fuerzas de seguridad locales”.

-“La crisis de Haití no puede resolverse mediante resoluciones interminables y diluidas, extensiones sucesivas de los mandatos ni capacitación improvisada de administradores civiles sobre la marcha”.

El debate hacia adentro de la administración republicana apunta a resolver si se continúa con una estrategia diplomática liderada por la Secretaría de Estado, o si se cambia la perspectiva para solicitar la colaboración de la Secretaría de Guerra a través del Comando Sur.

La misión de la ONU en Haití vence el 31 de marzo.

La longevidad redefine las prioridades demográficas, económicas y sociales de las próximas décadas. Naciones Unidas proyecta que la población mundial de 60 años o más pasará de 1.200 millones de personas a 2.100 millones hacia 2050, una cifra equivalente a cerca del 20% de la humanidad.

El desafío excede la salud, las jubilaciones y la dependencia. La expansión de la esperanza de vida obliga a revisar la participación económica, cultural y política de una población que vivirá más tiempo, así como los sistemas de cuidados, empleo, vivienda, educación y protección social.

El Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemoró el 1 de octubre, puso esta discusión en el centro de la agenda internacional bajo el lema “La era de la longevidad: repensar los sistemas para vidas más largas”. La consigna plantea adaptar las políticas públicas para que las personas puedan mantener su autonomía y su participación en la comunidad sin importar la edad.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que el aumento de la longevidad combina oportunidades y riesgos. “Para demasiadas personas, envejecer significa enfrentar inseguridad y el riesgo de quedar atrás”, señaló. También destacó el papel de las personas mayores en las familias, las comunidades y las economías, y pidió fortalecer la solidaridad entre generaciones.

La transformación demográfica no quedará limitada a Europa o Japón. El U.S. Census Bureau proyecta que África tendrá, hacia 2060, más habitantes de 65 años o más que Europa. Además, en 160 países, sobre todo de África, Asia y América Latina, la población de 85 años o más podría cuadruplicarse entre 2025 y 2060.

El debate coincide con el punto medio de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, que abarca el período 2021-2030. La Organización Mundial de la Salud sostiene que vivir más años no garantiza una vida más saludable y plantea fortalecer los sistemas sanitarios y los entornos de cuidado para que esa mayor longevidad se traduzca en salud, dignidad y autonomía.

Más personas mayores fuera de Europa y Japón

Hacia 2060, África tendrá más habitantes de 65 años o más que Europa, según proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, organismo estadístico federal.

El cambio también alcanzará a los grupos de edades más avanzadas. En 160 países, principalmente de África, Asia y América Latina, la población de 85 años o más podría cuadruplicarse entre 2025 y 2060, según el organismo estadounidense.

La Organización Mundial de la Salud dedicó su agenda del 1 de octubre de 2026 a examinar cómo deben adaptarse los sistemas a vidas más extensas. El punto de partida es que sumar años de vida no asegura, por sí solo, sumar años saludables.

La discusión cae en la mitad de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, que abarca el período 2021-2030. La organización plantea fortalecer los sistemas de salud y atender los determinantes más amplios del envejecimiento para que esos años se traduzcan en salud y dignidad.

Guterres destacó que las personas mayores cumplen funciones de liderazgo y cuidado dentro de las familias, las comunidades y las economías. También pidió impulsar la solidaridad entre generaciones para que una vida más larga se desarrolle con elección, seguridad y dignidad.

Un par de familiares de personas desaparecidas estuvieron en Nueva York, Estados Unidos, para solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembro que analicen cómo apoyar a México en esta problemática, y ofrecer verdad a todos los afectados por las más de 135 mil víctimas de ese delito.

Tras 12 años de buscar a su hijo Benjamín y cinco para exigir justicia para su hermana Claudia, Cristina Bautista y Elizabeth Uruchurtu decidieron visitar la sede de la ONU, donde exhibieron la grave problemática de desapariciones en nuestro país.

Activistas acuden a sede de la ONU para exponer problema de desapariciones en México

Bautista es madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2024; mientras que Uruchurtu es hermana de la defensora de derechos humanos de Oaxaca, desaparecida formalmente el 26 de marzo de 2021.

Ambas acudieron a Nueva York en la víspera de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) presente su informe anual, en que está previsto que aborden la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por primera vez a México, donde los expertos de la ONU consideran que las desapariciones alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad.

Exigen que se esclarezca el caso Ayotzinapa

Cristina Bautista fue clara al solicitar que las autoridades se apoyen en la ciencia para dar con el paradero de los normalistas, que continúan desaparecidos más de 12 años después de lo ocurrido.

“Hoy que estamos aquí, en frente de este edificio de las Naciones Unidas, para pedirles a todos los gobiernos que deben buscar la forma científicamente para que esclarezca este caso Ayotzinapa, que sepamos qué pasó realmente esa noche, que todos los gobiernos que se unan, que se ayuden de cómo alcanzar esta verdad.

“Si nosotros, como padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no nos callamos es para que no siga pasando, que no siga pasando a los demás padres, a los demás estudiantes, que no sigan desapareciendo, porque es un sufrimiento muy grande”, dijo Bautista desde Church Center of the United Nations, en Nueva York, instalada justo frente a la sede de la ONU.

Lamentan que Sheinbaum minimice desaparición de activista oaxaqueña

Por su parte, Elizabeth Uruchurtu narró las condiciones en las que se dio la desaparición de su hermana Claudia, quien denunció actos de corrupción cometidos por el gobierno municipal de Elizabeth Victoria Huerta, del círculo cercano del gobernador Salomón Jara, en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca.

También exhibió el calvario que ha sufrido su familia para exigir justicia en este caso, por lo que Uruchurtu lamentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo pretenda minimizar la crisis de desapariciones.

“Como mujeres y madres, nos resulta devastador que la primera mujer presidenta de México no haya demostrado hasta ahora interés ni reconocimiento suficiente en las desapariciones que atraviesa el país, que no escuche nuestros reclamos de verdad y justicia.

“Nos preocupa que en aras de complacer a sus aliados políticos se presente una imagen de un Estado que imparte justicia cuando ésta no corresponde a la realidad que vivimos, la desaparición forzada no sólo desaparece personas, también intenta desaparecer la verdad, destruir evidencia, sembrar miedo y garantizar impunidad”, explicó Uruchurtu.

Solicitan a los Estados miembro detener la tragedia que atraviesa México

Acompañadas por los defensores Michael Chamberlin, de Consultora Solidaria, y Omar Gómez Trejo, de Global Exchange, las mujeres hablaron en conferencia de prensa. Llamaron a los Estados firmantes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada a asumir su responsabilidad y detener la tragedia que atraviesa México desde hace al menos 20 años.

Durante el evento, Ana Paula Lavalle Arroyo, funcionaria de la Misión Permanente de México ante la ONU, quien se encontraba entre el público. Expresó su solidaridad con Cristina y Elizabeth y las exhortó a mantener el diálogo con las autoridades mexicanas, sin trasladar la situación al ámbito internacional.

“Muchas veces no es necesario activar mecanismos internacionales, sino resolver las cosas con el diálogo con el Estado y regresando la confianza en las instituciones”, afirmó la funcionaria mexicana al ofrecer conversar con las mujeres en la Misión Permanente.

Impunidad reina en los casos de desaparición

Ante el llamado al diálogo de la funcionaria, Elizabeth Uruchurtu recordó la impunidad que ha reinado en la desaparición de su hermana, ya que fueron liberadas tanto la alcaldesa como otros autores intelectuales, a pesar de que, en primera instancia, se les consideró responsables de desaparición forzada.

Lo anterior, exhibió la incompetencia de las autoridades y la protección política que ha permeado en el caso, uno de los pocos que se ha judicializado en México.

Importante atender el informe del CED y acatar sus recomendaciones

Michael Chamberlin y Omar Gómez advirtieron que, ante la sesión del 20 de octubre en que se discutirá el informe del CED, el llamado a los Estados parte es atender el documento y sus recomendaciones, entre ellas la de crear un mecanismo internacional que permita a las familias acceder a la verdad, la justicia y la reparación.

Gómez Trejo, exfiscal para el caso Ayotzinapa, recordó que no sería la primera vez que la ONU activa mecanismos de asistencia técnica para países con graves problemas de violaciones a derechos humanos. Citó los casos de Guatemala, El Salvador, Kosovo, Bosnia y, recientemente, Siria, donde se activó un mecanismo de búsqueda e identificación masiva de personas desaparecidas, encabezado por la mexicana Karla Quintana.

“Los países en ese diálogo tienen que dar una respuesta a las víctimas, a estas voces, a estas peticiones, a estos reclamos que existen frente al Estado mexicano. No se puede seguir negando una realidad con cifras, sino que más que nada se tiene que activar una cooperación internacional frente a la escala del fenómeno y lo profundo que es, desgraciadamente, las desapariciones en México”, enfatizó el exfiscal.

Por su parte, Chamberlin recordó que a principios de septiembre, familiares víctimas de desaparición, colectivos y organizaciones sociales entregaron una carta a la Asamblea General de la ONU, con la que pidieron dar paso a un proceso de consulta sobre la forma de aplicar dicho artículo, siendo la primera vez que se utiliza, entre países firmantes de la Convención, incluido México.

“Queremos un espacio de diálogo y de acuerdo para llegar a soluciones que pongan en el centro a las víctimas y no la discusión sobre quién es bueno y quién es malo. Creemos que tenemos que poner a las víctimas en el centro, nuestro mejor escenario es que se nos escuche, que se escuche a las víctimas y que se abra este procedimiento para llegar en un mediano plazo a un acuerdo y al inicio de un procedimiento que acabe con las desapariciones en México y atienda a las víctimas de las desapariciones”, concluyó.

Fue muy fuerte lo que expusieron familiares de víctimas de desaparición en México ante la ONU, al tiempo que exigieron que se aplique el mecanismo para que nuestro país reciba ayuda internacional en la materia.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó el miércoles que 201.217 personas abandonaron sus hogares en Yemen desde el inicio de los combates entre el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes, una crisis que, según la agencia, avanza a un ritmo “alarmante” y enfrenta una falta de fondos para responder a las necesidades de la población. La OIM indicó que más del 98% de los desplazamientos, equivalentes a 197.755 víctimas, ocurrieron desde el 1 de septiembre.

La agencia registraba unos 76.000 desplazados a mediados de septiembre, 145.000 al cierre de ese mes y 201.217 después de la primera semana de octubre. Por este motivo, anticipó que la cifra podría crecer en los próximos días.

La provincia de Taiz concentra 114.708 desplazados, más de la mitad del total. Le siguen Lahj, con 42.264; Adén, con 20.814; Abian, con 9.030, y Hodeidah, con 8.244. Hadramut, Shabua, Marib, Al Mahra y Ad Dali también registran desplazamientos. Más de 3.700 personas intentaron salir del país por mar rumbo a Yibuti, país en el Cuerno de África, según agregó la organización.

“La gente huye para salvar la vida y no encuentra ningún lugar seguro adonde ir”, afirmó la directora general de la OIM, Amy Pope. “Necesitan un techo, alimentos y seguridad hoy mismo”, añadió.

Pope señaló que los equipos humanitarios ya están en el terreno, aunque advirtió que la falta de recursos limita la asistencia. “Cada día, nuestros equipos se encuentran con familias que lo han perdido todo”, expresó. “Sabemos lo que necesitan y sabemos cómo hacérselo llegar. Lo que nos faltan son los medios para llegar a todas ellas”.

La OIM informó que el plan de respuesta humanitaria para Yemen solo cuenta con fondos para cubrir el 20% de las necesidades. Las reservas de ayuda, señaló, disminuyen mientras aumentan las demandas de refugio, alimentos, dinero en efectivo, agua potable y servicios de protección.

La agencia pidió a los donantes que aporten financiación inmediata y reclamó a las partes del conflicto que protejan a la población civil y al personal humanitario, además de garantizar un acceso seguro y sin restricciones a las comunidades afectadas.

El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, advirtió que la crisis sanitaria se deteriora en Yemen, donde los casos de cólera se triplicaron en las últimas semanas, incluso en campamentos de personas desplazadas. Dujarric añadió que el sarampión, el dengue y la malaria también continúan propagándose. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que los desplazamientos, los brotes de enfermedades y el conflicto someten a mayor presión a un sistema sanitario que ya era frágil.

“El aumento de los desplazamientos, los brotes de enfermedades y el conflicto ejercen aún más presión sobre un sistema sanitario en Yemen que ya es muy frágil”, señaló el portavoz en una rueda de prensa.

El funcionario también alertó sobre las restricciones de acceso. Las carreteras que conectan la gobernación de Taiz con Moca, Hodeida, Adén y Saná siguen bloqueadas, una situación que limita el traslado de civiles y de suministros comerciales, además de las operaciones humanitarias.

Las autoridades y organismos humanitarios informaron además de escasez de productos básicos y suministros médicos, junto con fuertes aumentos en los precios de los alimentos y los combustibles.

En paralelo a la crisis humanitaria, los rebeldes hutíes reivindicaron el miércoles el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto internacional Rey Jaled, en Riad, y una nueva serie de ataques con drones contra instalaciones militares del sur de Arabia Saudita. “Nuestras fuerzas armadas han atacado el aeropuerto internacional con un misil balístico”, afirmó en X el portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree.

Además, este jueves, la milicia respaldada por el régimen iraní también anunció un ataque, con un misil balístico, contra el principal aeropuerto internacional de Riad, capital de Arabia Saudita.

(Con información de Europa Press)

El fenómeno de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido en diciembre y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados desde al menos 1950, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que prevé un aumento de las temperaturas en gran parte del planeta y alteraciones en las pautas de precipitación.

“El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre”, señaló la OMM en su boletín mensual sobre el clima estacional global. La organización alertó que el fenómeno podría generar temperaturas superiores a la media en amplias regiones y elevar el riesgo de sequías e inundaciones.

“Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones”, señaló la agencia de Naciones Unidas.

El Niño es un fenómeno meteorológico natural asociado al calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese aumento de las temperaturas oceánicas puede modificar los vientos, la presión atmosférica y los patrones de precipitación en distintas zonas del planeta.

El fenómeno suele producirse cada dos a siete años y tiene una duración de entre nueve y 12 meses. Las condiciones climáticas alternan entre El Niño y su fenómeno opuesto, La Niña, con períodos neutros entre ambos episodios.

El Niño “se está fortaleciendo rápidamente”

La OMM prevé que las temperaturas de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico tropical aumenten hasta alcanzar valores sin precedentes durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

“Ello obedece al fortalecimiento del episodio de El Niño, que condicionará las pautas meteorológicas y afectará a economías, ecosistemas y comunidades de todo el mundo”, indicó la organización.

El pronóstico se basa en el consenso de 13 centros meteorológicos nacionales e internacionales de primer nivel. La directora de la OMM, Celeste Saulo, remarcó la velocidad con la que se intensifica el fenómeno. “El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente”, recalcó Saulo en un comunicado.

La directora de la OMM también señaló que el episodio podría prolongarse hasta los primeros meses de 2027. “Según los pronósticos de la OMM, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100%, y podría ser uno de los episodios más intensos desde, al menos, 1950”, apuntó.

Saulo explicó además que El Niño no incorpora calor nuevo al planeta, sino que libera el calor almacenado en el océano. “Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas. En otras palabras, hay más calor que puede liberarse”, afirmó.

Récord de temperaturas en el Pacífico

El índice utilizado para medir las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental, la región central del fenómeno, mostró un incremento significativo durante los últimos meses.

La anomalía pasó de 1,6 °C por encima de lo normal en junio a 2,5 °C en agosto. Para octubre, noviembre y diciembre, la OMM prevé que el indicador llegue a aproximadamente 3,7 °C por encima de lo normal.

De concretarse ese pronóstico, el valor superaría el máximo anterior de 2,6 °C, registrado durante el episodio de El Niño de 2015-2016, y se convertiría en el nivel más alto desde que comenzaron las observaciones.

La OMM también relacionó el último episodio de El Niño con la evolución de las temperaturas globales durante los últimos años. El fenómeno contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más caluroso registrado, mientras que 2024 alcanzó el máximo histórico, con una temperatura aproximada de 1,55 °C por encima del promedio preindustrial correspondiente al período 1850-1900.

Aunque El Niño suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y febrero, el incremento de las temperaturas asociado al fenómeno suele producirse después de ese período. El episodio actual ya afecta a algunas regiones, entre ellas Centroamérica, donde la sequía provocó la muerte de animales y afectó a los cultivos, según la información difundida por la OMM.

(Con información de AFP)

Una experta de las Naciones Unidas advirtió sobre la escalada de ataques contra los abogados en Nicaragua, después de que cerca de 2,000 profesionales fueran excluidos del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia sin aviso previo ni un proceso individual que les permitiera defenderse. La medida les impide representar a clientes, presentar escritos judiciales y realizar trámites notariales.

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó este miércoles que las exclusiones comprometen las garantías judiciales de los ciudadanos y afectan el derecho a contar con una defensa legal independiente.

Según la experta, los abogados fueron retirados del sistema profesional sin que se les notificara la decisión y sin procedimientos disciplinarios o administrativos que explicaran las razones de cada caso. Tampoco habrían tenido una oportunidad efectiva para recurrir la medida ante una autoridad independiente.

“Estas destituciones atentan contra el derecho fundamental a un juicio justo”, señaló Satterthwaite. La relatora sostuvo que la situación requiere una respuesta de la comunidad internacional ante las restricciones que enfrentan los sectores independientes en el país.

La exclusión del registro limita la defensa de los ciudadanos

No figurar en el registro judicial supone la imposibilidad de ejercer tareas esenciales para la profesión. Los abogados afectados no pueden presentar documentos en causas judiciales, representar a personas ante los tribunales ni realizar actos notariales.

La medida puede tener un alcance mayor que la situación laboral de los profesionales excluidos. Al restringir quiénes pueden actuar ante la Justicia, también condiciona la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus defensores o recibir asesoramiento jurídico.

Satterthwaite indicó que los abogados que asumieron la defensa de personas privadas de libertad por razones políticas, promovieron causas de derechos humanos o denunciaron abusos del régimen enfrentaron obstáculos adicionales para ejercer. Entre ellos mencionó vigilancia, acoso, amenazas, exilio forzado y cancelación de licencias profesionales.

“La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso particular en Nicaragua”, afirmó la relatora. En su evaluación, las decisiones contra los profesionales del derecho forman parte de un patrón de represalias contra quienes cuestionan actuaciones de las autoridades o defienden a sectores críticos del gobierno.

Una circular ordenó verificar la inscripción antes de prestar servicios

La experta también expresó preocupación por la Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración Judicial y Carreras Profesionales. La normativa ordena a los jueces y a los órganos judiciales comprobar, como requisito obligatorio, que los abogados estén inscriptos en el sistema antes de prestarles servicios.

En los casos en que un profesional no figure en el registro, la circular dispone su remisión a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia para regularizar su situación.

Para la relatora, esta exigencia transmite un mensaje preocupante porque consolida las restricciones sobre profesionales que ya fueron apartados del sistema. La obligación de verificación puede afectar el funcionamiento cotidiano de la defensa legal y limitar el acceso a trámites judiciales y notariales.

La denuncia se conoció en medio de los cambios normativos aplicados en Nicaragua desde el año 2023. Satterthwaite recordó que ese año entraron en vigor reformas constitucionales vinculadas con la revocación de nacionalidad y con las facultades disciplinarias y regulatorias de la Corte Suprema de Justicia.

ONU recordó la inhabilitación de 26 abogados en 2023

Según la relatora, esas reformas abrieron la puerta a restricciones arbitrarias sobre el ejercicio de la abogacía y los servicios notariales, en particular contra profesionales considerados críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La experta recordó que 26 abogados fueron inhabilitados después de ser despojados de su nacionalidad. El caso se sumó a las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre el deterioro de las garantías judiciales y civiles en el país desde 2018.

“Nicaragua debe cesar de inmediato estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”, reclamó Satterthwaite. La relatora envió una comunicación para exponer sus preocupaciones sobre la exclusión de abogados y sus consecuencias.

(Desde Washington, Estados Unidos) El Consejo de Seguridad fracasó -de nuevo- en su intento de designar al próximo secretario General de la ONU. Como ocurrió en las últimas dos votaciones, Rebeca Grynspan quedó al frente de la compulsa diplomática, pero como está vetada por un miembro permanente del Consejo, no puede asumir en lugar de Antonio Guterres, que termina su mandato en 85 días.

Como no hay acuerdo geopolítico entre Estados Unidos y China, que implicaría acordar la designación del futuro secretario General de la ONU, las votaciones en el Consejo de Seguridad se transformaron en un juego endogámico.

Hasta hoy, los principales candidatos eran Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi.

Esos candidatos, en esta quinta votación, obtuvieron el siguiente resultado:

-Grynspan, 9 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones

-Grossi, 6 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones

Rodrigues-Birkett, 5 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención.

Los tres perdieron votos positivos respecto a la votación anterior, pero las caídas más significativas fueron protagonizada por Grynspan y Rodrigues-Birkett, que sumaron tres votos negativos cada una.

Entonces, con la quinta votación consumada, la carrera ya pertenecería a Grynspan y Grossi.

Rodrigues-Birkett elogió a Fidel Castro cuando era canciller de Guyana, y esa posición ideológica nunca será aceptada por Estados Unidos, que tiene a Francia y Reino Unido como sus aliados históricos en el Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad tiene cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Estos miembros permanentes detentan el poder de veto, una facultad institucional que aplicada a la votación del secretario General, significa la posibilidad de terminar con la aspiración diplomática de cualquier candidato.

Acorde a la información que circula en New York, Washington, Londres, Moscú y Beijing, estos son los vetos que sufren los candidatos -hasta ahora- mas apoyados en el Consejo de Seguridad.

-Grynspan, Estados Unidos.

-Grossi, Reino Unido.

-Rodrigues-Birkett, Estados Unidos.

En este contexto, hasta que Estados Unidos y China no se sienten en una mesa a definir al próximo secretario General de la ONU, las votaciones en el Consejo de Seguridad serán pura rutina institucional.

La Casa Blanca apoya a Grossi, mientras que Beijing sostiene a Grynspan.

China como líder de los BRICS respaldó una resolución que recomienda la designación de una secretaria General que pertenezca a América Latina.

Esa resolución adoptada en la última cumbre de los BRICS en India sostiene lo siguiente:

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución firmada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).

Así como a Grynspan le va a costar convencer a la administración republicana para que pase de su veto a una abstención, Grossi deberá extremar su capacidad diplomática y sus contactos multilaterales para lograr que Reino Unido se mueva de su veto a la posición de no opinion.

La candidatura de Grossi fue presentada por la Argentina, que reclama la soberanía nacional en las Islas Malvinas. Ese reclamo histórico es considerado por Reino Unido como un peligro geopolítico, si finalmente Grossi accediera a la Secretaría General de la ONU.

En este constante movimiento en círculos, todo terminaría entre Washington y Beijing con los candidatos Grynspan y Grossi.

Los otros candidatos ya son testimoniales, y lentamente empezarán a renunciar asumiendo que el juego diplomático los dejó afuera del escenario geopolítico.

-Olara Otunnu, 3 a favor, 12 en contra, 0 abstenciones.

-Macky Sall, 5 a favor, 10 en contra, 0 abstenciones.

-María Fernanda Espinosa, 3 a favor, 9 en contra, 3 abstenciones.

-Ivonne A-Baki, 0 a favor, 14 en contra, 1 abstención.

Cuando se acerca el momento de las definiciones, los miembros permanente votan con un color de boleta, mientras que los no permanente usan una boleta neutra.

Los miembros no permanentes son:

Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo.

El voto es anónimo, pero el color permite saber si los votos en contra son vetos de los miembros permanentes, o rechazos de los miembros no permanentes.

Es probable que el 16 de octubre haya otra votación en el Consejo de Seguridad para designar al próximo secretario General.

Esta vez con boletas diferentes.

El Consejo de Seguridad sesiona hoy a puertas cerradas para votar al próximo secretario General de la ONU, en un rito diplomático que será simple formalidad ante la ausencia de acuerdo geopolítico entre Donald Trump y Xi Jinping.

Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto.

El Consejo tambien tiene 10 miembros no permanentes, que no detentan ese derecho veto:

Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo.

La aplicación del derecho a veto de Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unidos significa la facultad de dejar afuera de la contienda a cualquier candidato, sin importar nacionalidad, etnia, sexo o religión.

Trump apoya al candidato argentino Rafael Grossi, mientras que Xi respalda a la candidata costarricense Rebeca Grynspan.

Todavía no hay acuerdo entre Washington y Beijing, y la votación de hoy sólo servirá para saber si hubo desplazamiento en los votos, o si los candidatos menos apoyados deciden abandonar la contienda, tras cinco rondas de votación en secreto.

La cuarta ronda sucedió el 29 de septiembre, y hubo vetos cruzados contra los candidatos con mayor respaldo:

-Rebeca Grynspan, 10 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones.

-Carolyn Rodrigues-Birkett, 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

-Rafael Grossi, 8 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones.

-Olara Otunnu 5 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

Un detalle técnico sobre Grynspan: se necesitan 9 votos para alcanzar la Secretaría General de la ONU. Ella tuvo 10, pero sumó 3 en contra, lo que implica que, al menos uno de ellos, es de un miembro permanente. Sería Estados Unidos.

En las últimas dos votaciones, Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención. La candidata de Guyana aparece estancada, y es muy difícil que pueda quebrar a su actual status quo.

Rodrigues-Birkett llamó “visionario” a Fidel Castro, una opinión política que justifica los vetos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

La candidata de Guyana tocó techo, y es poco probable que pueda superar los vetos del bloque occidental del Consejo de Seguridad.

Rafael Grossi es un caso particular en la contienda multilateral.

Tiene el apoyo explícito de Estados Unidos y excelente relación con China y Rusia, que juegan juntos al momento de designar al sucesor de Antonio Guterres.

La clave para Grossi es la capacidad de negociación de Trump, si finalmente mantiene su apoyo pese a las presiones de Rusia y el Reino Unido.

Si Beijing acepta que Estados Unidos imponga su candidato natural, Rusia se plegará y los vetos contra Grossi se achicarán de manera geométrica.

Y superada esa instancia, la Casa Blanca tiene que convencer al Reino Unido que Grossi no inclinará a la ONU en favor del reclamo histórico y legítimo que hace Argentina sobre su soberanía en las Islas Malvinas.

Grossi es argentino, diplomático de carrera, y nunca pondría en una situación de inestabilidad institucional a las Naciones Unidas, pero Londres y su historia diplomática tienen otra perspectiva acerca de la moral en las relaciones internacionales.

Si Trump no convence al premier británico Andy Burnham, la candidatura de Grossi será vetada por Reino Unido.

La votación de hoy está prevista para las 10 AM (hora del este), y no habrá distinción acerca del color de las boletas.

Cuando toman la decisión política, los miembros permanente votan con un color de boleta, mientras que los no permanente usan una boleta neutra.

El voto es anónimo, pero el color permite saber si los votos en contra son vetos de los miembros permanentes, o rechazos de los miembros no permanentes.

Hasta que no haya acuerdo entre Estados Unidos y China, no se utilizarían boletas diferentes.

El mandato de Guterres vence a fin de año. A 85 días de distancia.