El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que el ejercicio del periodismo y la comunicación social en Honduras sigue siendo una labor de alto riesgo, especialmente en un contexto marcado por altos niveles de impunidad y debilidad en los mecanismos de protección y prevención.

La institución alertó que, mientras estas condiciones no cambien, la libertad de prensa seguirá enfrentando serias amenazas, lo que limita el derecho a informar y a recibir información en el país.

Entre 2022 y 2025, Honduras registró al menos 13 muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación, de las cuales solo tres casos han concluido con sentencia condenatoria.

En un periodo más largo, entre 2001 y 2026, el CONADEH documenta 103 muertes violentas de periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, editores y propietarios de medios.

Impunidad condenable

De estos casos, el 88% permanece en la impunidad, mientras que únicamente el 12% ha obtenido condena judicial contra los responsables.

La mayoría de las víctimas eran hombres (96%), mientras que el 4% corresponde a mujeres. Además, más de 80 medios de comunicación han registrado la pérdida violenta de al menos uno de sus trabajadores.

El pronunciamiento se emitió en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo. El CONADEH afirmó: “Sin periodismo libre no hay democracia ni justicia”, y subrayó que el rol del Estado debe centrarse en proteger a quienes buscan la verdad.

Quejas sin respuestas

Durante 2025, el CONADEH atendió 208 quejas a nivel nacional relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión. Muchas de ellas también guardan relación con la protección de la honra, dignidad e imagen personal.

Entre las principales modalidades documentadas figuran calumnias e injurias, restricciones al derecho de expresión, censura de prensa, divulgación de información personal y afectaciones a la reputación de personas.

El organismo indicó que estos hechos reflejan un entorno cada vez más complejo para el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras.

El informe del CONADEH advierte sobre un patrón sostenido de hostigamiento e intimidación contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, capaz de generar autocensura y limitar el debate público.

Entre los hechos registrados se hallan amenazas, agresiones, campañas de descrédito, violencia digital y el uso de mecanismos judiciales como querellas para ejercer presión.

Patrones de amenaza a la prensa

El ente de derechos humanos expresó preocupación ante discursos estigmatizantes y acciones atribuidas a funcionarios públicos y mandos militares, lo que incrementa el efecto de intimidación debido a su posición de poder.

Se documentaron también casos en los que medios de comunicación habrían recibido solicitudes para revelar sus fuentes de información, bajo argumentos legales que el CONADEH considera incompatibles con la protección del ejercicio periodístico.

Estas advertencias subrayan el aumento de la estigmatización, la difamación, la intimidación y los ataques, incluidos los digitales, contra periodistas y medios, generando un efecto disuasorio en el ejercicio informativo.

Para el comunicador Alejandro Cerrato “Los periodistas sabemos que enfrentamos un hostigamiento y eso nos lleva a la autocensura", relató.

Por su parte, Claudia Valladares confirmó que las amenzas por sus coberturas son constantes sobre todo en el entorno digital “Las redes sociales se han convertido en un espacio donde el acoso y la desinformación afectan directamente nuestro trabajo y nuestra seguridad”.

¿Protección del estado?

El CONADEH enfatizó que el Estado tiene la obligación no solo de reconocer la libertad de expresión en el marco legal, sino de garantizar condiciones reales para su ejercicio seguro.

La entidad advirtió que acciones como las querellas, las campañas de descrédito, la presión para revelar fuentes y los ataques digitales pueden ser mecanismos de censura indirecta, con un fuerte impacto en la libertad de prensa.

El CONADEH recordó que varias relatorías de Naciones Unidas han alertado sobre riesgos a la libertad de prensa en Honduras, particularmente en el contexto previo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Las relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite y Gina Romero, condenaron la no ratificación del juez superior Oswaldo Ordóñez por parte de la cuestionada Junta Nacional de Justicia (JNJ), por criticar las denominadas ‘leyes procrimen’ ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú”, declararon Satterthwaite, quien es relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Para las expertas, existe la preocupación de que la no ratificación del magistrado Ordóñez “constituya represalia cuya magnitud afecta a todos y todas las juezas del país”.

“Las y los jueces deben poder, individual y colectivamente, participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial, de conformidad con sus deberes de discreción y responsabilidad, sin temor a presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales”, aseveraron.

Las relatoras especiales siguieron de cerca el proceso de ratificación de Oswaldo Ordóñez, por lo que también cuestionaron las preguntas que se le formuló durante el procedimiento. Como se recuerda, los consejeros de la JNJ realizaron preguntas impertinentes, incluso algunas con intención de burla como las que planteó María Teresa Cabrera.

“Este tipo de preguntas en un proceso de ratificación estándar es muy inusual y es inaceptable que haya resultado en una decisión de no ratificación y separación del cargo”, reprocharon las expertas.

No ratifican al juez Oswaldo Ordóñez

La Junta Nacional de Justicia resolvió no ratificar en su cargo al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara, tras considerar que al denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las llamadas ‘leyes procrimen’ promovidas por el Congreso peruano y el Ejecutivo, el magistrado habría comprometido su independencia en medio del creciente cuestionamiento internacional sobre el debilitamiento del sistema de justicia en el país. Esta decisión impide que Ordóñez continúe como presidente de la Primera Sala en lo Constitucional de Lima.

Solo los consejeros Francisco Távara y Jaime de la Puente se manifestaron a favor de la continuidad de Ordóñez, mientras que la ponencia que proponía su no ratificación fue presentada por Cayo Galindo y respaldada además por María Teresa Cabrera (presidenta), Víctor Chanduví y Gino Ríos. El consejero Germán Serkovic apoyó únicamente el punto según el cual las críticas de Ordóñez a las normas avaladas por el Congreso debían considerarse técnicas y, por tanto, amparadas por la libertad de expresión.

Durante la sesión de la JNJ, Galindo sostuvo que Ordóñez había “asumido una posición política determinada” ante la CIDH, afirmando que “una mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el Gobierno, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia”. Según Galindo, tales manifestaciones resultaron “contrarias o críticas respecto a la actuación de determinados actores políticos” pese a que Ordóñez no identificó explícitamente ni a congresistas ni a bancadas.

La ponencia fue más allá al poner en duda la autonomía del magistrado: “Un magistrado no se puede permitir referir y criticar públicamente a sectores del Parlamento sin que eso ponga en cuestionamiento el deber judicial que le asiste de mostrarse ante la ciudadanía como un magistrado independiente”. Las objeciones recayeron también sobre las advertencias hechas por Ordóñez respecto de leyes que, en sus palabras, estarían “maniatando a los jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado” y “generando el incremento exponencial de la delincuencia y la inseguridad”.

El informe presentado por Galindo aclara que, si bien hubo una propuesta de no calificar las expresiones de Ordóñez —relativas a la prescripción de delitos de lesa humanidad, la limitación de la colaboración eficaz, el aumento de supuestos de crimen organizado y la legislación sobre minería ilegal— como una falta disciplinaria, esta perspectiva solo encontró el respaldo de Serkovic. El resto de los consejeros consideró que tales opiniones requerían una valoración negativa.

Durante la audiencia, Ordóñez alertó que las declaraciones atribuidas por la JNJ están siendo objeto de una investigación disciplinaria interna, lo que, a su juicio, hacía improcedente valorarlas nuevamente en el proceso de ratificación debido al principio de ne bis in idem, que impide ser sancionado dos veces por el mismo hecho. No obstante, la mayoría de los consejeros desestimó ese argumento.

El efecto inmediato de la decisión adoptada por la JNJ es que Oswaldo Ordóñez queda fuera de su cargo como juez superior de la Corte de Lima. Aunque prevé presentar un recurso de reconsideración, resulta improbable que la Junta revierta la resolución. Ante ese panorama, el magistrado podrá solicitar una demanda de amparo ante el Poder Judicial.

La negativa a ratificar a Ordóñez se enmarca en una serie de actuaciones del Congreso que el magistrado calificó como “leyes procrimen”, citando en particular las normas que afectarían la persecución penal en casos de lesa humanidad y crimen organizado.

Un buque cisterna pakistaní que transporta diésel desde Kuwait está logrando transitar por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más restringidas desde el inicio del bloqueo por parte del régimen de Irán.

El Khairpur inició su trayecto el jueves por la mañana por la ruta norte aprobada por Teherán, cerca de las islas Qeshm y Larak, tras varios intentos fallidos en días anteriores, según datos de seguimiento recopilados por Bloomberg.

Actualmente, el buque navega hacia el sur con destino a Karachi, donde se espera su llegada el 4 de mayo.

El Khairpur fue uno de los escasos buques cisterna que logró ingresar al Golfo Pérsico el 12 de abril, tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Posteriormente, cargó unos 511.000 barriles de diésel en el puerto kuwaití de Mina Al-Ahmadi, según la empresa de inteligencia Kpler. El buque está operado por Khairpur Shipping Private Ltd., con sede en Pakistán.

Este tránsito constituye una excepción en el tráfico del estrecho de Ormuz, que se redujo a pocos buques, la mayoría vinculados al régimen persa. El seguimiento de embarcaciones en esta vía se volvió más difícil desde el inicio de la guerra, ya que algunos barcos apagan sus balizas de localización o sufren interferencias electrónicas que pueden alterar su posición real.

En paralelo, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió el jueves que el bloqueo de Irán al estrecho está “estrangulando la economía mundial” y podría empujar a decenas de millones de personas a la pobreza, además de conducir al mundo hacia una recesión.

El titular de Naciones Unidas enfatizó la dificultad de revertir a corto plazo el daño ya causado. “Aunque las restricciones se levantaran hoy, las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos”, afirmó.

Guterres subrayó que el impacto del bloqueo es exponencial: cuanto más se prolongue el cierre, más difícil será revertir sus efectos. “Abran el estrecho. Dejen pasar a todos los barcos. Dejen que la economía mundial respire de nuevo”, instó.

Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los tránsitos diarios bajaron de unos 130 buques en febrero a apenas seis en marzo, una caída de alrededor del 95%.

Antes de la guerra, el estrecho era ruta de aproximadamente una quinta parte de los hidrocarburos comercializados mundialmente, junto con grandes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes. La parálisis elevó el precio del crudo Brent por encima de los 120 dólares el barril.

Por su parte, la administración estadounidense lanzó una nueva ofensiva diplomática para reunir apoyo internacional y restablecer el tránsito marítimo por Ormuz.

La iniciativa, denominada “Plan de Libertad Marítima”, fue detallada en un cable interno del Departamento de Estado enviado el martes a las embajadas estadounidenses, citado por The Wall Street Journal, que incluyó instrucciones para que los diplomáticos insten a gobiernos extranjeros a sumarse al esquema liderado por Washington.

Según el documento, la coalición internacional tendrá como objetivo compartir información, coordinar acciones diplomáticas y aplicar sanciones en respuesta a la crisis generada por la interrupción del tráfico comercial en el estrecho, atribuida a las acciones de Irán.

El texto remarcó que la participación internacional es fundamental para recuperar la circulación de buques en la vía marítima. “Su participación fortalecerá nuestra capacidad colectiva para restablecer la libertad de navegación y proteger la economía global”, indica el cable.

(Con información de Bloomberg)

Durante la charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Argüello sostuvo que “estamos asistiendo al fin de un ciclo, de un orden que se gestó en 1945”, en referencia al sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

El fin del orden de 1945 y la crisis de la ONU

Argüello remarcó que la arquitectura multilateral nacida en 1945, donde la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio funcionaban como pilares, atraviesa una crisis terminal: “Todo eso está rompiéndose, todo eso se está acabando”.

Según el exembajador, la falta de eficacia de estos organismos se refleja en conflictos actuales que no logran resolverse por vías institucionales. “La ONU fue fundamental en su momento... pero eso ya no existe más”, enfatizó.

Al recordar su experiencia como representante argentino ante la ONU desde 2007, Argüello explicó: “Todavía pude ver la Asamblea General de la ONU como la caja de resonancia planetaria de la política mundial. Bueno, eso ya no existe más”. Sostuvo que la ampliación del organismo, con 193 bancas y la incorporación de países surgidos tras el proceso de descolonización, no logró evitar el deterioro de su capacidad de intervención real.

Frente a la consulta sobre la legitimidad de la ONU para controlar a países que violan derechos humanos, Argüello fue tajante: “La riqueza de la ONU es que podían convivir regímenes absolutamente contradictorios entre sí, porque lo que valía era la banca del país, no el tipo de sistema que imperaba dentro de cada país”.

Estados Unidos, Trump y la lógica del poder

El exembajador analizó el rol de Estados Unidos en la erosión del sistema multilateral. Subrayó que la fragmentación interna estadounidense y la emergencia de figuras como Donald Trump reflejan el quiebre de las instituciones políticas tradicionales: “Si nos da bronca la grieta en la Argentina, no sospechan ustedes la intensidad y la profundidad de la grieta en los Estados Unidos”.

Argüello diferenció la institucionalidad previa, donde las diferencias políticas coexistían bajo una estructura fuerte, del escenario actual, marcado por el debilitamiento de los partidos y la irrupción de líderes apoyados en redes sociales: “Trump es una consecuencia del cambio, que potencia el cambio además, ¿no? Lo exacerba”.

Advirtió que el republicano “tiene mayoría propia en la Sala de Representantes, en el Senado y en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos”, pero anticipó que “las encuestas y la sensación epidérmica de la gente hoy en Estados Unidos es que Donald Trump perdería la mayoría de las dos cámaras”, lo que podría habilitar un proceso de juicio político.

Consultado por el impacto de ese escenario en la Argentina, Argüello consideró: “El gobierno del presidente Milei ha adoptado una política exterior de seguimiento de la política de los Estados Unidos. Eso se llama alineamiento automático”.

Recordó que el involucramiento de Trump en la política argentina incluyó la compra de pesos por USD 20.000 millones para influir en las elecciones, una maniobra que, a su entender, no volverá a repetirse si el liderazgo estadounidense pierde fuerza.

El alineamiento militar argentino y la visita al USS Nimitz

El análisis de Argüello tomó un cariz actual al referirse a la visita de Javier Milei al portaaviones USS Nimitz y su participación en los ejercicios militares Passex 2026 junto a fuerzas estadounidenses en el Atlántico Sur. “En este caso, yo diría que lo importante de este viaje es que es el último viaje que está haciendo el portaaviones. Es viejo. No le veo ningún valor en sí”, relativizó el ex embajador.

Sin embargo, sí destacó el mensaje político: “Lo que Milei busca es alineamiento político, claro”. Y fue crítico respecto a la decisión de autorizar el operativo militar por decreto y no a través del Congreso: “En este caso, estamos en flagrancia con lo que prescribe la Constitución, que dice claramente que el Congreso argentino debe aprobar este tipo de operaciones”.

Para Argüello, el giro argentino es una muestra de la nueva lógica internacional: “Si lo que estamos haciendo es volver a la lógica del poder, lo primero que tenemos que hacer es identificar a los más poderosos. Los más poderosos son la República Popular China y los Estados Unidos. El principal vínculo bilateral del mundo es el que va de Washington a Beijing, de Beijing a Washington”.

Respecto a la relación personal de Trump con líderes argentinos, Argüello aclaró: “La diferencia en lo que se refiere a la relación con el presidente Trump de los presidentes Macri y Milei es notoria. Trump nunca jugó al golf con Milei, nunca hizo negocios con Milei, nunca se juntó a comer con las familias. Y las tres cosas sí las hizo con Mauricio Macri”.

Europa, China y el rearme global

Sobre el contexto internacional, Argüello señaló el proceso de rearme de Alemania y Japón como un síntoma del colapso del orden de 1945: “Si hay un dato que yo elegiría para graficar el fin del orden que se inicia en el 45, es el proceso de rearme de Alemania y de Japón hoy. Son las dos economías que invierten mayor porcentaje de su producto bruto en rearmarse. Volvemos a la lógica del poder”.

El ex embajador también se refirió al papel cambiante de China: “Es paradojal, porque la República Popular China, que se incorporó a la OMC en el año 2001, hoy aparece como el defensor, si no garante, del orden que creó Estados Unidos y que hoy Estados Unidos trata de destruir”.

El debate sobre la cuestión Malvinas y la relación entre Washington y Londres fue relativizado por Argüello, quien consideró que “lo importante ahí es la pulseada que se está verificando entre Donald Trump y la Unión Europea, entre Donald Trump y la OTAN”. Señaló que la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido nunca se ha resquebrajado, más allá de declaraciones coyunturales.

La entrevista culminó con la presentación del libro Efecto mariposa: ¿Hay un orden detrás del caos?, donde Argüello profundiza sobre el colapso del orden liberal internacional. El exembajador anunció que la presentación oficial del libro será el 1 de mayo, a las 19 horas, en el Pabellón Azul de la Feria del Libro.

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este jueves de que el bloqueo del estrecho de Ormuz está “estrangulando la economía mundial” y que sus consecuencias podrían empujar a decenas de millones de personas a la pobreza y conducir al mundo hacia una recesión. La declaración, formulada ante la prensa en Nueva York, llegó dos meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en pleno estancamiento diplomático.

El eje del mensaje de Guterres fue la irreversibilidad a corto plazo del daño ya causado. “Aunque las restricciones se levantaran hoy, las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos”, afirmó. El secretario general describió el impacto del bloqueo como exponencial, no acumulativo: cuanto más se prolongue el cierre, más difícil será revertir sus efectos. “Abran el estrecho. Dejen pasar a todos los barcos. Dejen que la economía mundial respire de nuevo”, instó a las partes.

El colapso del tráfico marítimo ha sido casi total. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los tránsitos diarios cayeron de unos 130 buques en febrero a apenas seis en marzo, una caída de alrededor del 95%. Por esa vía transitaba antes de la guerra aproximadamente una quinta parte de los hidrocarburos que se comercian en el mundo, además de volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes. La parálisis disparó el crudo Brent por encima de los 118 dólares el barril.

El conflicto comenzó el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos que desencadenaron la guerra. Irán respondió cerrando el estrecho, y Estados Unidos impuso desde mediados de abril un bloqueo sobre los puertos iraníes. Pese al alto el fuego acordado el 8 de abril, las negociaciones permanecen estancadas y el paso marítimo sigue funcionando a niveles mínimos. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei —quien sucedió a su padre Alí, muerto el 28 de febrero— afirmó este jueves que los enemigos de Irán morirán “en las aguas más profundas” del Golfo Pérsico.

Las consecuencias se extienden mucho más allá de los mercados energéticos. La UNCTAD proyecta que el crecimiento del comercio mundial de mercancías caerá del 4,7% de 2025 a un rango de entre el 1,5% y el 2,5% en 2026. El PIB mundial podría retroceder del 2,9% al 2,6% bajo el escenario base. Los países más vulnerables —pequeños Estados insulares y economías de bajos ingresos dependientes de las importaciones marítimas— enfrentan además riesgos crecientes de inseguridad alimentaria ante el encarecimiento del combustible, los fertilizantes y el transporte.

El contexto diplomático no ofrece alivio. En el Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia bloquearon a finales de la semana pasada una resolución que pedía reabrir el estrecho, dejando sin respaldo institucional los llamamientos de Guterres. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron además su retirada de la OPEP y la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo, citando las perturbaciones en el Golfo Pérsico como razón principal, una señal de la reconfiguración que el conflicto está imponiendo al mercado global de energía. La Reserva Federal de Dallas estimó que si el cierre se prolonga tres trimestres, el petróleo podría superar los 132 dólares antes de fin de año, con efectos negativos sobre el crecimiento que se prolongarían hasta finales de 2026.

Estados Unidos acusó en el Consejo de Seguridad de la ONU a Rusia y a China de facilitar el incumplimiento de las sanciones internacionales impuestas a Corea del Norte, tanto de manera directa como indirecta.

Esta situación se originó tras el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, que eliminó el panel encargado de la verificación, y generó preocupación en Washington y en varias delegaciones europeas.

Durante la sesión, la representante estadounidense ante Naciones Unidas, Jennifer Locetta, afirmó que existen pruebas de violaciones reiteradas a las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Entre los elementos presentados figuran imágenes satelitales y registros de tráfico marítimo que evidencian el transporte de carbón y hierro desde Corea del Norte hacia puertos, principalmente en China.

Locetta puntualizó que estas exportaciones están prohibidas por la Resolución 2371 de 2017, aprobada para limitar las fuentes de financiación del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte.

Bajo este contexto, Moscú y Beijing aprovecharon la situación para solicitar una revisión de las medidas restrictivas y criticar la labor de los mecanismos de supervisión anteriores.

El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirmó que las sanciones perdieron eficacia y calificó el seguimiento internacional de sesgado y sin legitimidad. Además, propuso flexibilizar las restricciones y cuestionó la validez de los métodos alternativos de control.

Luego, la delegación norcoreana, encabezada por Kim Song, rechazó las acusaciones de Estados Unidos y descalificó las reuniones del Consejo de Seguridad.

Además, sostuvo que estos encuentros no contribuyen a la estabilidad ni a la paz en la península coreana, y acusó a Washington de difundir información falsa. Kim Song criticó el régimen de sanciones, al que consideró injusto y desigual, y defendió el derecho de su país a la autodefensa.

Por otra parte, Rosemary DiCarlo, alta representante para Asuntos Políticos de la ONU, advirtió ante el Consejo de Seguridad sobre un aumento significativo en las capacidades nucleares de Corea del Norte.

Ella señaló que el régimen puso en marcha un nuevo plan militar para el periodo 2026-2030 que contempla la incorporación de arsenales secretos y complejos de misiles balísticos intercontinentales terrestres y submarinos.

DiCarlo destacó que Corea del Norte continuó lanzando misiles balísticos de corto alcance, sistemas de lanzamiento múltiple, misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque durante 2025 y principios de 2026, acciones que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Las relaciones internacionales en torno a Corea del Norte atraviesan un momento de tensión y expectativa, con la atención puesta en los próximos movimientos diplomáticos de los principales líderes mundiales.

Donald Trump tiene previsto viajar a China en mayo para participar en una cumbre, y surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que aproveche la visita para reunirse con el dictador Kim Jong-un, aunque no está confirmado todavía.

En cambio, el vínculo de Corea del Norte con Rusia se fortaleció mediante nuevos proyectos conjuntos y símbolos de cooperación bilateral.

Estos dos países, además, concretaron la apertura de su primer puente carretero, comenzaron la construcción de un hospital bautizado como “de la amistad” y pusieron en marcha un complejo conmemorativo militar norcoreano.

(Con información de EFE y AFP)

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) acoge desde este lunes la muestra itinerante ‘80 años de Naciones Unidas: Construyendo juntos un mejor futuro común’ (ONU80), una exhibición fotográfica que traza ocho décadas de cooperación multilateral y el vínculo del organismo con el Perú desde sus orígenes como Estado Miembro fundador en 1945.

La exposición llega al LUM tras pasar por el Centro Cultural Inca Garcilaso y el Museo de Arte de Lima (MALI), y permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 24 de julio. Las fotografías reunidas documentan el legado de las Naciones Unidas (ONU) en favor de las personas y el planeta, los principales hitos de la organización y la trayectoria compartida con el país andino a lo largo de más de tres cuartos de siglo.

El director del LUM, Óscar Murillo, señaló durante la inauguración que la muestra se alinea con el enfoque del museo de promover el reconocimiento mutuo en sociedades diversas. A su turno, Rossana Dudziak, coordinadora residente de la ONU en el Perú, afirmó que “la cooperación, el diálogo y la solidaridad siguen siendo esenciales para construir un futuro mejor” y subrayó que el trabajo conjunto entre el sistema de Naciones Unidas, el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional resulta indispensable para fortalecer políticas públicas, desarrollar capacidades institucionales y responder a situaciones de emergencia, “siempre guiados por el compromiso de no dejar a nadie atrás”.

El evento contó con la participación de representantes del Estado peruano, del cuerpo diplomático, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas y familiares del periodo de violencia 1980-2000, y agrupaciones juveniles.

El multilateralismo como canal para las nuevas generaciones

Vanessa Obregón, delegada joven del Perú ante la ONU, compartió su experiencia dentro del sistema multilateral y puso el acento en el papel de las juventudes en los foros internacionales. “Ese es el legado vivo de 80 años de multilateralismo: una organización que sigue construyendo los canales para que voces como las nuestras lleguen a donde se toman las decisiones”, afirmó. Su testimonio ilustra la apuesta de la ONU por ampliar la representación de los sectores más jóvenes de la sociedad en los espacios donde se definen agendas globales.

Las Naciones Unidas ofrecen a sus Estados Miembros y a las organizaciones representativas de los pueblos del mundo una plataforma para dialogar sobre los desafíos globales y construir respuestas compartidas. A través de diversos mecanismos y foros internacionales, esa arquitectura multilateral permite que las decisiones que moldean el futuro se adopten con la participación de una amplia diversidad de voces.

Figuras peruanas que marcaron la historia de la ONU

La exposición también rinde homenaje a los peruanos que dejaron huella en la historia de la organización: Javier Pérez de Cuéllar, quien se desempeñó como Secretario General entre 1982 y 1991; Víctor Andrés Belaunde, presidente de la Asamblea General en el periodo 1959-1960; y José Luis Bustamante y Rivero, presidente de la Corte Internacional de Justicia entre 1967 y 1970. La muestra también rescata el compromiso del país con las operaciones de mantenimiento de la paz a lo largo de las ocho décadas de vida del organismo.

La exhibición forma parte de las conmemoraciones globales por el aniversario 80 de las Naciones Unidas y continuará su recorrido itinerante por distintos espacios culturales de Lima una vez concluida su estadía en el LUM.

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Maynas, Loreto, sentenció a Lucas Pezo Amaringo a 35 años de prisión como autor del delito de violación sexual en agravio de Mila, una menor de edad. La condena se dictó tras un proceso de conclusión anticipada, en el que el acusado aceptó los hechos, e incluye una reparación civil de 35 mil soles.

Promsex recordó que el caso de Mila expuso una de las manifestaciones más severas de violencia contra niñas y adolescentes en Perú. La menor fue víctima de violencia sexual reiterada por parte de su padrastro, situación que derivó en un embarazo forzado. El proceso judicial evidenció obstáculos en el acceso a servicios de protección y justicia para víctimas de violencia sexual.

En 2023, el Comité de los Derechos del Niño otorgó una medida cautelar para garantizar el acceso de Mila a un aborto terapéutico, después de que este derecho le fuera negado.

La sentencia constituye, según Promsex, un acto de justicia, aunque se señala que la respuesta llegó de manera tardía. El agresor permaneció prófugo durante casi tres años.

El abandono del Estado peruano a ‘Mila’

Mila es una niña peruana cuya historia ha sido seguida de cerca por diversas agencias de las Naciones Unidas, que han expresado su profunda preocupación por la vulneración de sus derechos fundamentales. Bajo este pseudónimo, se identifica a una menor que, desde los siete años, fue víctima de violencia sexual reiterada ejercida por su padrastro. Cuando se conoció su caso, Mila tenía 11 años y cursaba un embarazo de 17 semanas producto de los abusos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), junto a ONUSIDA, ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF, alertaron sobre el impacto que el embarazo forzado tiene en la vida, la salud y el desarrollo de las niñas víctimas de violencia sexual. En el caso de Mila, la Unidad de Protección Especial de Loreto solicitó un aborto terapéutico al Hospital Regional de Loreto, pero la solicitud fue rechazada por una junta médica, a pesar de los riesgos físicos y emocionales para la menor.

El Comité de Derechos del Niño de la ONU estableció que negar servicios médicos como el aborto terapéutico a niñas embarazadas por abuso sexual representa una violación a sus derechos a la salud, la vida y el desarrollo. La maternidad forzada, advierten las agencias, no es voluntaria ni segura, y pone en grave riesgo la integridad de las niñas.

Las Naciones Unidas han instado reiteradamente al Estado peruano a revisar la decisión que impidió a Mila acceder al aborto terapéutico y garantizar este derecho a todas las niñas y adolescentes en situaciones similares, dentro del plazo establecido por el protocolo nacional.

Canales de ayuda

• Línea 100: Atención gratuita y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para casos de violencia familiar y sexual. Disponible las 24 horas.
• Centros de Emergencia Mujer (CEM) Espacios del MIMP que ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico y social a víctimas de violencia.
• Policía Nacional del Perú: Unidad de Protección Especial Permite denunciar situaciones de riesgo o violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha colocado en el mapa regional la urgencia de atender la crisis hídrica del denominado Trifinio, una zona que conecta a Honduras, Guatemala y El Salvador, donde la falta de lluvias es ahora una condición recurrente.

Con una inversión estimada de 4,5 millones de dólares, el organismo impulsa el proyecto Paz sin Fronteras, orientado a mejorar la gobernanza del agua en 13 municipios fronterizos. La iniciativa propone mecanismos de gestión compartida para reducir tensiones y fortalecer la estabilidad en territorios históricamente golpeados por la pobreza y la migración.

El coordinador residente de la ONU en Honduras, Alejandro Álvarez, sostiene que los problemas climáticos que cruzan fronteras exigen respuestas articuladas. En el caso del agua, menciona que el desafío no es solo técnico, sino político y social.

Seguridad alimentaria

Honduras enfrenta una amenaza directa a su producción de alimentos debido a la posible intensificación del fenómeno de El Niño, que podría provocar sequías prolongadas en plena temporada agrícola. El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, advirtió que la seguridad alimentaria será uno de los principales retos del Gobierno, lo que llevó a preparar una inversión de 1.500 millones de lempiras en semillas y financiamiento para productores.

Más allá de las medidas de emergencia, el país inicia una transición hacia modelos productivos adaptados al clima, en especial en zonas vulnerables.

El llamado corredor seco, que abarca parte del sur, occidente y oriente del territorio, cuenta con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que ha trabajado en al menos 42 municipios con prácticas agrícolas resilientes

En el sur del país, particularmente en Choluteca, el sur de El Paraíso y zonas de Francisco Morazán, proyectos como ComRural II han introducido técnicas para enfrentar la escasez de agua, incluyendo la diversificación de cultivos y métodos de producción más eficientes. Estas regiones coinciden con las más impactadas por altas temperaturas y lluvias irregulares.

Resiliencia climática

El occidente hondureño también ha registrado avances: más de 4.000 productores han sido integrados a programas de agricultura climáticamente inteligente, donde se emplean tecnologías como cosechadoras de agua, sistemas de riego eficiente y cultivos protegidos que permiten sostener la producción durante los periodos secos.

En paralelo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha desarrollado intervenciones en La Paz, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán, brindando apoyo a miles de pequeños agricultores con semillas mejoradas, capacitaciones y prácticas de manejo de suelo y agua. Estas acciones incluyen construcción de reservorios y diversificación productiva, incluso con sistemas combinados de agricultura y acuicultura.

En términos de cultivos, Honduras comienza a modificar su matriz agrícola. En zonas vulnerables, se incentiva la siembra de especies más resistentes como sorgo y mijo, capaces de sobrellevar condiciones de baja precipitación; al mismo tiempo, se fortalecen los sistemas tradicionales de maíz y frijol con técnicas más sostenibles.

El nuevo representante del PMA en Honduras, Nicolas Bidault, resaltó la necesidad de consolidar una agenda que trascienda la asistencia inmediata. Tras su llegada al país y la presentación de credenciales ante la canciller Mireya Agüero, el diplomático subrayó: “Es imprescindible construir soluciones sostenibles que refuercen tanto la resiliencia agrícola como la protección social de las comunidades más expuestas”.

El reto, de acuerdo con distintos actores, no es solo producir más alimentos, sino hacerlo en condiciones cada vez más inciertas, esto permitiria que Honduras logre adaptarse a un clima que ya cambió las reglas del campo.

El Sistema de Naciones Unidas en Honduras activó un plan de acciones anticipatorias destinado a mitigar los efectos de la sequía que amenaza a miles de familias en el país.

La estrategia, basada en pronósticos climáticos y análisis científicos, busca proteger a unas 65 mil personas en condiciones de vulnerabilidad en los departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán, mediante la movilización de recursos inmediatos y la ejecución de intervenciones clave antes de que la situación evolucione hacia una crisis humanitaria.

La iniciativa cuenta con un financiamiento de cuatro millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 106 millones de lempiras provenientes del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, un mecanismo que permite a la Organización de las Naciones Unidas responder de forma rápida ante emergencias y riesgos, incluyendo la implementación de estrategias preventivas.

La activación del plan se produjo tras alcanzarse en marzo de 2026 los umbrales establecidos en el Marco de Acción Anticipatoria, una herramienta que combina información climática, modelos predictivos y análisis de vulnerabilidad para anticipar escenarios adversos.

Este enfoque permite actuar antes de que los efectos de la sequía como la pérdida de cosechas, el desabastecimiento de agua o el deterioro de la salud se intensifiquen.

Las acciones se desarrollarán en los municipios de Texiguat y Vado Ancho, en El Paraíso, así como en Curarén, Alubarén y Reitoca, en Francisco Morazán.

Estas zonas han sido identificadas como altamente vulnerables debido a su exposición recurrente a la variabilidad climática y a condiciones socioeconómicas que limitan la capacidad de respuesta de las comunidades.

El plan es ejecutado en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), entidad gubernamental responsable de la gestión de riesgos en Honduras, y cuenta con la participación de varias agencias del sistema de Naciones Unidas.

Entre ellas destacan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de Alimentos.

Estas agencias implementarán intervenciones integrales que abarcan seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene, así como programas de nutrición.

El objetivo es reducir los impactos de la sequía en la población más vulnerable, especialmente en niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia, quienes enfrentan mayores riesgos ante la escasez de alimentos y agua.

Entre las principales medidas contempladas se incluyen la entrega de asistencia alimentaria inmediata, el apoyo a la producción agrícola y ganadera mediante insumos y capacitación, la rehabilitación y fortalecimiento de sistemas de abastecimiento de agua, y la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica para prevenir brotes de enfermedades asociadas a la sequía.

Asimismo, se brindará atención nutricional especializada a grupos prioritarios, con el fin de evitar el aumento de la desnutrición aguda, un problema que suele agravarse en contextos de crisis climática.

Estas acciones serán acompañadas por campañas de educación comunitaria en higiene y salud, orientadas a fortalecer la resiliencia de las familias.

Las primeras intervenciones en campo están programadas para iniciar en los próximos días, según informaron las autoridades.

La rapidez en la ejecución es uno de los elementos clave de este tipo de estrategias, ya que permite actuar en una ventana crítica en la que aún es posible evitar consecuencias más graves.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, destacó la importancia de este enfoque preventivo, señalando que “la acción anticipatoria permite reducir riesgos, proteger vidas y evitar que los impactos climáticos se conviertan en crisis humanitarias de mayor escala”.

Honduras es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático en América Latina. Su ubicación geográfica y condiciones socioeconómicas lo exponen a fenómenos extremos como sequías prolongadas, inundaciones y tormentas tropicales.

En particular, el llamado Corredor Seco una franja que abarca varias regiones del país, ha sido históricamente afectado por la irregularidad de las lluvias.

Eventos climáticos como el fenómeno de El Niño agravan esta situación, reduciendo las precipitaciones y afectando directamente la producción agrícola, principal fuente de sustento para muchas comunidades rurales.

Esto genera una cadena de impactos que incluye inseguridad alimentaria, migración forzada y deterioro de la salud pública.

La acción anticipatoria surge como una respuesta innovadora frente a estos desafíos, al permitir que los recursos se movilicen antes de que las crisis se materialicen.

A diferencia de los enfoques tradicionales, que reaccionan una vez que el daño ya está hecho, este modelo se basa en la prevención y la preparación.

El CERF, instrumento clave en este proceso, ha ampliado su alcance en los últimos años para incluir este tipo de intervenciones preventivas, reconociendo que invertir en anticipación no solo salva vidas, sino que también reduce costos a largo plazo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre la escalada de violencia ejercida por grupos armados no estatales en el Cauca y Valle del Cauca, perpetrando ataques directos e indiscriminados entre el 24 y el 27 de abril de 2026.

Estos hechos dejaron un saldo de al menos 20 personas muertas y más de 30 heridas, lo que la entidad calificó como graves vulneraciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

En un mensaje dirigido tanto a los grupos armados como a las autoridades, la oficina del alto comisionado solicitó el fortalecimiento de la coordinación entre los gobiernos nacional y locales para proteger a la ciudadania y prevenir la repetición de estos ataques.

La entidad especificó que “la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llama a los gobiernos nacional y locales a fortalecer la coordinación de sus acciones, para proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques por parte de grupos armados no estatales, aunando esfuerzos y superando las diferencias”.

El pronunciamiento, divulgado el 29 de abril, reiteró la prohibición expresa sobre los ataques indiscriminados y dirigidos contra la población y sus bienes, así como contra la misión médica. Según la ONU, estos actos constituyen infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario y requieren una respuesta pronta y coordinada de las instituciones estatales.

La entidad señaló que “están prohibidos los ataques indiscriminados, los ataques contra la población civil y sus bienes y los ataques a la misión médica, entre otros, y que estos ataques constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario”.

Las marchas que se realizaron el martes anterior en el Cauca, bajo el lema de la paz y el respeto de los derechos humanos, recibieron el respaldo de la oficina local de ONU Derechos Humanos, que expresó su esperanza de que “el clamor por el cese de la violencia sea escuchado y respaldado por amplios sectores de la sociedad en Colombia”.

La ONU exige investigación y justicia en el Cauca y el Valle del Cauca tras los ataques

En su Informe Anual, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacó la necesidad urgente de implementar la política de desmantelamiento del fenómeno criminal. Esta hoja de ruta recoge cinco buenas prácticas internacionales: inversión social, acceso a la justicia, combate a la corrupción, lucha contra el lavado de activos y refuerzo en las acciones de desmantelamiento.

Adicionalmente, el organismo internacional recomendó la ejecución de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, que incorpora obligaciones estatales de protección y prevención. “ONU Derechos Humanos insta al Estado a fortalecer las labores de inteligencia del Estado como herramienta fundamental de prevención, a fin de evitar que vuelvan a repetirse ataques en contra de la población civil, y reitera la importancia de la presencia integral del Estado en todo el territorio”.

La oficina reiteró el llamado a todas las autoridades judiciales a garantizar investigaciones efectivas sobre los ataques recientes y a promover justicia para todas las víctimas. Además, instó a brindar atención humanitaria y psicosocial pertinente a las personas afectadas. La entidad reconoció la labor inmediata de los organismos de socorro y de salud para atender la emergencia, así como las acciones de las autoridades locales y nacionales al realizar consejos de seguridad para enfrentar la gravedad de los hechos.

La ONU resaltó la relevancia de la Mesa de Diálogo Social del Norte del Cauca, como espacio donde sociedad civil y gobierno trabajan para abordar conflictividades y avanzar en la realización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la prevención de la violencia. Además, el organismo renovó su recomendación de implementar el Pacto Territorial Cauca y de fortalecer iniciativas donde participen sectores comunitarios, el sector privado y el público.

La oficina concluyó manifestando solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas cuyas garantías están amenazadas por los ataques de actores armados no estatales en el Cauca y el Valle del Cauca.

La mayor parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente aún se encuentra en su complejo nuclear de Isfahán, que fue bombardeado con ataques aéreos el año pasado y sufrió ataques menos intensos durante la guerra entre Estados Unidos e Israel este año, según declaró a Associated Press el director del organismo nuclear y también candidato a secretario general de la ONU.

Rafael Grossi afirmó en una entrevista el martes que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cuenta con imágenes satelitales que muestran los efectos de los últimos ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán y que “seguimos recibiendo información”.

Las inspecciones del OIEA en Isfahán finalizaron cuando Israel lanzó en junio pasado una guerra de 12 días en la que Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

El organismo de control nuclear de la ONU cree que un gran porcentaje del uranio altamente enriquecido de Irán “estaba almacenado allí en junio de 2025, cuando estalló la guerra de 12 días, y ha permanecido allí desde entonces”, declaró Grossi.

“No hemos podido inspeccionar ni descartar la presencia del material ni que los precintos —los precintos del OIEA— permanezcan allí”, declaró. “Espero que podamos hacerlo, así que lo que les digo es nuestra mejor estimación”.

Imágenes de un satélite Airbus muestran un camión cargado con 18 contenedores azules entrando en un túnel del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán el 9 de junio de 2025, justo antes del inicio de la guerra de junio. Es probable que esos contenedores, que se cree que contienen uranio altamente enriquecido, permanezcan allí.

Grossi afirma que todas las instalaciones nucleares de Irán deben ser inspeccionadas.

El OIEA también desea inspeccionar las instalaciones nucleares iraníes de Natanz y Fordo, donde también hay material nuclear, añadió el director general del OIEA.

Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya revisión quinquenal se está llevando a cabo en la sede de la ONU. Según sus disposiciones, Irán está obligado a permitir la inspección de sus instalaciones nucleares por parte del OIEA, afirmó Grossi.

Irán posee 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido al 60% de pureza, un pequeño paso técnico para alcanzar el nivel de pureza del 90% necesario para fabricar armas nucleares, según la agencia. Grossi afirmó que el OIEA estima que unos 200 kilogramos (alrededor de 440 libras) se almacenan en túneles en el sitio de Isfahán.

El arsenal iraní podría permitir al país construir hasta 10 bombas nucleares, en caso de que decidiera convertir su programa nuclear en armamento, según declaró Grossi a la AP el año pasado, si Irán optara por acelerar su desarrollo.

Teherán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico. El presidente Donald Trump afirmó que una de las principales razones por las que Estados Unidos entró en guerra fue para impedir que Irán desarrollara armas nucleares, a pesar de haber insistido en que los ataques de junio pasado “aniquilaron” el programa atómico del país.

El OIEA ha conversado con Rusia y otros países sobre la posibilidad de extraer el uranio altamente enriquecido de Irán.

Grossi afirmó que el OIEA ha analizado con Rusia y otros países la posibilidad de enviar el uranio altamente enriquecido de Irán fuera del país, una operación compleja que requeriría un acuerdo político o una importante operación militar estadounidense en territorio hostil.

“Lo fundamental es que ese material salga de Irán” o que se mezcle para reducir su enriquecimiento, declaró.

Grossi indicó que el OIEA participó en la última ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en febrero, pero no ha formado parte de las recientes negociaciones de alto el fuego mediadas por Pakistán. Añadió que el organismo ha mantenido conversaciones por separado con Estados Unidos y de manera informal con Irán.

La última propuesta de Irán pospondría las conversaciones sobre su programa nuclear, pero pondría fin a su bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el transporte de petróleo y gas natural, si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra.

Grossi describió esto como una señal de que Irán quiere planificar cuidadosamente cómo afrontar los objetivos impuestos por Estados Unidos, incluyendo la limitación de su programa de misiles balísticos y el manejo de sus aliados: Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen.

“Es indispensable que abordemos este tema”, dijo el director general del OIEA refiriéndose al programa nuclear iraní.

Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán requerirá “voluntad política”.

Esto requerirá “voluntad política” por parte de Teherán, afirmó, enfatizando que “Irán debe estar convencido de la importancia de negociar”.

Los líderes iraníes dicen estar dispuestos a negociar, al igual que el presidente republicano de Estados Unidos, señaló Grossi, pero “la frustración, aparentemente para ambos, radica en que no parecen llegar a un acuerdo ni estar en sintonía sobre qué debe hacerse primero ni cómo”.

Grossi, quien se autodenominó un negociador que se deja llevar por la esperanza, señaló que «un aspecto importante es que, al parecer, ambas partes tienen interés en llegar a un acuerdo».

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró esta semana a Fox News Channel que impedir que Irán obtenga un arma nuclear «sigue siendo la cuestión central» que debe abordarse.

Al preguntársele si cree que los iraníes hablan en serio sobre llegar a un acuerdo, Rubio afirmó que son negociadores hábiles que buscan ganar tiempo y que cualquier acuerdo debe ser «uno que les impida definitivamente avanzar hacia un arma nuclear en cualquier momento».

Grossi afirmó que en cualquier acuerdo político deben realizarse inspecciones completas de las instalaciones nucleares de Irán por parte del OIEA.

(Con información de AP)

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó México en un momento crítico. Semanas antes, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED) había tomado una decisión sin precedente: elevar la situación del país ante la Asamblea General de la ONU, activando por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas.

Las familias que buscan a sus seres queridos, los colectivos y las organizaciones de derechos humanos esperaban que Türk respaldara ese diagnóstico. No lo hizo.

Así lo documenta Santiago Aguirre, abogado especialista en derechos humanos con más de 20 años de trayectoria, en un análisis publicado por ¿A dónde van los desaparecidos?, proyecto periodístico de referencia en México que investiga y visibiliza la crisis de desapariciones en el país.

Un mensaje que no estuvo a la altura

En su discurso final, Türk evitó hablar de crisis de derechos humanos. Tampoco pidió la desmilitarización de la seguridad pública —algo que sí hicieron sus predecesores— y, en cambio, reconoció las políticas gubernamentales actuales frente a las desapariciones como un avance.

Lo que más llamó la atención fue su respaldo a la reforma judicial, celebrando que las elecciones de jueces han hecho la judicatura más “inclusiva”. Esto ocurrió justo la misma semana en que legisladores del partido en el poder presentaron una iniciativa que reconoce implícitamente la disfuncionalidad del modelo de jueces electivos.

Pero el punto más grave, según Aguirre, fue otro: Türk no confirmó el planteamiento del Comité CED sobre el rebasamiento del Estado mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones, ni la necesidad de medidas extraordinarias con asistencia internacional.

Encuadrar la tragedia como “polarización”: una narrativa peligrosa

Türk enmarcó la crisis de desapariciones dentro de la polarización política del país. Para Aguirre, esto es un error grave.

Una cosa es que la tragedia sea instrumentalizada por partidos políticos. Otra, muy distinta, es estigmatizar como discurso polarizante la denuncia de víctimas y organizaciones que señalan que el Estado ha sido rebasado.

Con ese encuadre, el Alto Comisionado sugirió que México puede enfrentar la crisis con las mismas políticas de siempre, sin calificar la situación por su nombre.

¿Qué sigue para las familias y los colectivos?

El análisis de ¿A dónde van los desaparecidos? apunta a dos reflexiones urgentes:

• El procedimiento del artículo 34 seguirá su curso en la Asamblea General de la ONU, pero quienes lo analicen serán estados y burocracias con visiones similares a la de Türk.
• Ante el debilitamiento del multilateralismo, amplificar la voz de los colectivos de víctimas se vuelve más urgente que nunca.

La esperanza, concluye Aguirre, no está en las burocracias internacionales. Está en quienes siguen bordando nombres, caminando, documentando y resistiendo el olvido.

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz disminuyó un 95,3% desde el inicio del bloqueo derivado de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, de acuerdo con el nuevo panel de datos presentado por Naciones Unidas. La caída de la actividad en esta vía estratégica provocó un incremento del 6,1% en los precios globales de los alimentos, según informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El organismo internacional detalló que el panel, operativo desde el martes, comparará diariamente la situación actual con la registrada el 27 de febrero, fecha anterior al inicio de las hostilidades. UNCTAD precisó que el costo del transporte marítimo de crudo subió un 41,2%, mientras que el de productos refinados aumentó un 140,4%.

El informe reveló que el precio de la urea, fertilizante clave producido en Medio Oriente y esencial para la agricultura en países en desarrollo, se triplicó en las últimas semanas. El valor del crudo registró un alza del 49% en la región azotada por la guerra y en Europa, y alcanzó un 81% en Rusia, conforme a los datos de UNCTAD.

Los precios del gas natural escalaron un 60,6% en Asia y un 34,9% en Europa, mientras que en Norteamérica experimentaron una reducción del 11,2%. A nivel global, los biocombustibles reflejaron un aumento del 7 %, según el panel de la organización.

“El tránsito marítimo ha caído un 95,3 % en esa vía y los precios de los alimentos globales han subido un 6,1 %”, señalo el reporte oficial difundido por Naciones Unidas.

El panel, que operará con actualizaciones diarias, busca ofrecer una visión precisa del impacto económico del bloqueo en Ormuz a raíz del conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que aproximadamente 20 barcos permanecen varados en el puerto iraní de Chah Bahar debido al bloqueo naval impuesto sobre los puertos controlados por el régimen iraní.

La autoridad militar estadounidense señaló que antes del bloqueo, Chah Bahar registraba un promedio de cinco embarcaciones ancladas por día, mientras que actualmente más de veinte permanecen inmovilizadas.

“Antes del bloqueo estadounidense a Irán, el puerto de Chah Bahar tenía un promedio de cinco barcos anclados diariamente. Hoy más de veinte embarcaciones permanecen varadas”, comunicó el CENTCOM en su cuenta oficial de la red social X.

El bloqueo, vigente desde el 13 de abril, interrumpió casi por completo el comercio marítimo de la república islámica, según las fuerzas armadas estadounidenses. Chah Bahar se considera estratégico al ser la única salida directa de Irán al océano Índico y facilita rutas comerciales independientes del estrecho de Ormuz, además de funcionar como corredor hacia Afganistán y Asia Central.

En la mañana del martes, el Comando Central interceptó un buque comercial en el mar Arábigo por sospechas de que se dirigía a Irán, aunque finalmente fue liberado tras constatar que no tenía como destino un puerto iraní. El lunes, la fuerza militar estadounidense reportó la detención del petrolero M/T Stream, de bandera iraní, acción que se suma a la captura de al menos dos cargueros iraníes en semanas recientes.

El bloqueo naval continúa mientras las conversaciones para un acuerdo permanecen estancadas, luego de que se postergara una segunda ronda de negociaciones prevista en Islamabad el pasado fin de semana. Funcionarios iraníes exigieron a Washington el levantamiento del bloqueo en Ormuz como condición para avanzar en el diálogo destinado a poner fin al conflicto.

Por su parte, los países del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, encabezó en Jeda la primera reunión presencial de líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) desde el inicio de la guerra.

El encuentro, realizado el martes, buscó consensuar una respuesta conjunta ante los miles de ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra los estados que integran el CCG.

En la cumbre participaron el emir de Qatar, el príncipe heredero de Kuwait, el rey de Baréin y el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con la agencia estatal saudí. No se precisó la representación de Omán. La agenda incluyó el análisis de “temas y cuestiones relativas a los desarrollos regionales e internacionales, así como la coordinación de esfuerzos”, según informó la agencia de prensa saudí.

(Con información de EFE)

El Instituto Nacional Electoral (INE) da inicio a la edición 2026 del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el respaldo técnico y estratégico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este mecanismo, que busca atender la brecha de género en espacios de toma de decisiones, incorpora nuevos controles de transparencia y mecanismos de fiscalización, tras revisar los procesos de ediciones previas. El objetivo central es consolidar entornos democráticos seguros y libres de discriminación en todo el país.

La edición 2026 marca la decimoséptima generación de este programa y presenta una estructura actualizada en sus bases de participación y anexos técnicos.

Las organizaciones interesadas podrán postular proyectos cuya temática obligatoria es la promoción de los derechos político-electorales y el liderazgo efectivo de las mujeres.

Las propuestas deben incorporar acciones específicas para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, conforme a la prioridad institucional establecida por el INE.

Estrategia nacional e instrumentos jurídicos para fortalecer la participación

El despliegue operativo del programa en este ciclo se alinea con la Estrategia Nacional de Educación Cívica, implementada por el INE para fomentar una ciudadanía con derechos plenos.

La colaboración con el PNUD definió el perfil internacional de la edición, al permitir la inclusión de observaciones técnicas tanto del organismo internacional como de la propia Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.

El sustento normativo del programa lo constituyen dos instrumentos principales: la convocatoria y las reglas de operación.

La convocatoria detalla las modalidades de participación, temáticas y requisitos para las organizaciones de la sociedad civil, mientras que las reglas de operación establecen los criterios de elegibilidad y los mecanismos de ejecución. Ambos documentos fueron actualizados para 2026. El objetivo es optimizar la diversificación de modalidades y anexos técnicos, así como la certeza jurídica en cada fase de la operación.

Acompañamiento institucional en proyectos con enfoque de género

El INE implementa nuevas acciones correctivas y preventivas que surgen del análisis de fiscalizaciones anteriores. La transparencia y la rendición de cuentas se afianzan como ejes rectores, en cumplimiento de las observaciones del Órgano Interno de Control y las recomendaciones de consejeras electorales e integrantes de jurados calificadores de versiones anteriores.

Los proyectos seleccionados deberán operar bajo estándares de perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad. La Unidad Técnica del INE y el PNUD revisaron la estructura técnica de la convocatoria, asegurando la inclusión de mecanismos de seguimiento reforzados. Esto permitirá un acompañamiento integral durante la implementación local de las propuestas.

Con la publicación oficial de la convocatoria, el INE abre la recepción de proyectos elaborados por organizaciones de cualquier estado o municipio. Así inicia la etapa operativa que busca fortalecer la incidencia de liderazgos femeninos en todos los niveles de decisión pública.

La convocatoria y las reglas de operación de este ciclo pueden consultarse a través de los canales oficiales del INE, quienes pondrán a disposición los lineamientos actualizados tras la validación de todas las observaciones técnicas por las instancias involucradas.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, reiteró la postura de México en contra de las armas nucleares durante su visita de trabajo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde participa en la Conferencia Quinquenal de Examen del Tratado de no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

Durante su intervención, Ochoa reafirmó el compromiso histórico de México con alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares.

“El histórico compromiso de México es con alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares”, señaló.

El subsecretario criticó el excesivo gasto internacional en armamentos, especialmente en armas nucleares, y reiteró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de invertir un porcentaje del gasto militar mundial en un programa global de reforestación.

Ochoa también intervino en nombre de la Coalición de la Nueva Agenda, formada por Brasil, Egipto, Irlanda, México, Nueva Zelandia y Sudáfrica, grupo considerado desde 1998 como el negociador más influyente en foros multilaterales de desarme nuclear.

México ha mantenido un liderazgo constante en el marco del TNP, con una postura histórica desde la negociación del Tratado de Tlatelolco, que estableció la primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada en América Latina y el Caribe, tratado del que México es Estado depositario.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Ochoa reafirmó la postura de México sobre seguridad marítima y el compromiso con el Derecho Internacional, así como la importancia de garantizar los derechos y libertades de tránsito en las vías marítimas internacionales.

Reiteró que “México aboga por la protección de la población civil, la facilitación de corredores seguros y la preservación del libre tránsito marítimo, en consonancia con los imperativos humanitarios y la estabilidad de la economía global”.

¿Por qué México no desarrolla armas nucleares?

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba, México tomó la iniciativa de evitar el desarrollo y uso de armas nucleares mediante la elaboración de un acuerdo con otras naciones.

Cuatro años después de la declaración conjunta encabezada por el presidente mexicano Adolfo López Mateos junto con mandatarios de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador sobre la desnuclearización de América Latina, realizada el 21 de marzo de 1963, se firmó el Tratado de Tlatelolco.

Este acuerdo prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y el Caribe.

Desde la apertura a la firma, el 14 de febrero de 1967, 33 naciones se han adherido a su contenido.

De este modo, prácticamente toda la región, así como el espacio aéreo y el mar territorial de los países que la conforman, se establece como zona de aplicación del tratado.

Según el artículo 4 del documento, la Zona de Aplicación definida por el Tratado de Tlatelolco abarca una superficie mayor a los 20 millones de kilómetros cuadrados.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó los fundamentos legales para someter a juicio político a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante su conferencia de este martes, la mandataria señaló que, si bien cualquier ciudadano tiene la libertad de promover este recurso, se debe evaluar si existen bases reales para proceder contra la titular de la CNDH.

“Quien quiera promover un juicio político, este es un país libre, lo puede hacer. El asunto es si tiene fundamento para llevar a juicio político a una presidenta de una Comisión Nacional de Derechos Humanos”, expresó Sheinbaum.

Colectivos buscadores acusan omisión de la CNDH y exigen juicio político contra Rosario Piedra

Diversos colectivos de familias buscadoras han solicitado ante la Cámara de Diputados iniciar un juicio político contra Rosario Piedra Ibarra, por presuntas omisiones en la atención a víctimas de desaparición.

Las denuncias presentadas surgen tras el llamado de la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), quien denunció a Piedra Ibarra por ser negligente, así como por encubrir al Estado mexicano.

Los buscadores argumentan que la CNDH ya no representa un respaldo efectivo para las víctimas y han criticado que el organismo prioriza los intereses del gobierno sobre los derechos de las víctimas.

Senadora de MC pide “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Piedra

La legisladora emecista llamó a que más colectivos buscadores se sumen a la solicitud para que se realice un juicio político contra la titular de la CNDH.

“Se tendrá una ‘lluvia de juicios políticos’ contra Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmados por madres buscadoras, víctimas, defensores humanos y colectivos de todo el país”, expresó Ballesteros a medios de comunicación el pasado 20 de abril.

De acuerdo con la funcionaria, esta serie de juicios se encuentra alejada de asuntos partidistas y es más bien una acción para garantizar el acceso a la justicia de las personas que han sido víctimas de la desaparición en México.

Cabe destacar que el debate surge tras el rechazo de la CNDH al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU respecto a cómo se conceptualiza la violencia política de Estado y las desapariciones en México. Esta postura provocó indignación entre colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, como Somos México, quienes de inmediato exigieron la renuncia de Piedra Ibarra.

El representante estadounidense en Naciones Unidas, Mike Waltz, solicitó este lunes ante el Consejo de Seguridad la formación de una coalición internacional que asegure la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio global de petróleo y gas.

Waltz enfatizó la urgencia de eliminar las minas desplegadas en la zona y de sumar a países aliados con capacidad real para respaldar las tareas de desminado y protección de las rutas marítimas.

“El ejército estadounidense ha iniciado la remoción de minas para garantizar la seguridad del estrecho, pero es momento de multiplicar los esfuerzos”, afirmó Waltz ante el Consejo.

El diplomático denunció que las minas han sido colocadas “de forma indiscriminada” y acusó a Irán de reconocer su responsabilidad en la siembra de explosivos, aunque aseguró que las autoridades iraníes ahora alegan desconocer la localización exacta de estos artefactos.

“Irán ha admitido estos crímenes, pero es tan incompetente que ahora dice que no sabe dónde están las minas”, subrayó.

Waltz hizo un llamado a la comunidad internacional para que se sume a la iniciativa estadounidense y defienda la libertad de navegación, argumentando que el cierre del estrecho no solo afecta al comercio de hidrocarburos, sino también a la entrega de ayuda humanitaria.

“El mundo necesita comprometerse a mantener abiertas estas arterias del comercio global. Son esenciales para la economía y para el suministro del 80% de la ayuda de las agencias humanitarias”, afirmó.

La preocupación por la seguridad en Ormuz ha ido en aumento tras el incremento de incidentes en la zona y la interrupción del flujo habitual de petróleo, gas natural y fertilizantes. La tensión se agravó luego de que Washington ordenara intensificar las operaciones de desminado y autorizara a la Armada a atacar cualquier embarcación sospechosa de estar desplegando minas en el canal. Días atrás, el presidente Donald Trump advirtió que mantendrá el bloqueo naval para asfixiar las exportaciones de petróleo iraní, con la expectativa de que esta presión lleve a Teherán a negociar nuevas condiciones.

La crisis en el estrecho de Ormuz ha paralizado el tránsito de cientos de buques y disparado los precios internacionales de la energía, con gobiernos de todo el mundo pendientes de una solución que permita restablecer la normalidad logística en la región. Las autoridades estadounidenses han insistido en que la reapertura del paso es una prioridad estratégica y que no aceptarán un escenario en el que Irán condicione el acceso o exija pagos por el tránsito internacional.

En paralelo a la discusión en la ONU, la Casa Blanca estudia una propuesta iraní para reabrir el canal y avanzar hacia el fin de la guerra, aunque el plan de Teherán incluye postergar las negociaciones sobre su programa nuclear.

Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos mantiene inalterables sus demandas para una reapertura total y sin condiciones, y exige que cualquier acuerdo garantice la entrega del uranio enriquecido iraní a potencias extranjeras.

El diálogo entre Washington y Teherán entró en una fase crítica después de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, se retirara de Pakistán sin confirmar su asistencia a una nueva ronda de negociaciones. La Casa Blanca, en consecuencia, canceló el viaje de sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes debían continuar el proceso en Islamabad.

Programa nuclear de Teherán

La tensión entre ambas potencias se trasladó también a la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, donde funcionarios de Estados Unidos e Irán intercambiaron acusaciones sobre el historial nuclear de la República Islámica.

Estados Unidos expresó su “profunda conmoción” por el nombramiento de Irán como uno de los vicepresidentes de la conferencia, mientras que la delegación iraní rechazó las críticas como “infundadas y motivadas políticamente”.

“En lugar de aprovechar esta conferencia para defender la integridad del TNP, se ha elegido a Irán como vicepresidente. Es una vergüenza y un bochorno para la credibilidad de esta conferencia”, sostuvo Christopher Yeaw, subsecretario de Estado estadounidense para control de armas y no proliferación.

El futuro del estrecho de Ormuz y la estabilidad de la región sigue dependiendo de la capacidad de la comunidad internacional para coordinar medidas de seguridad, garantizar el libre tránsito marítimo y encauzar el diálogo sobre el programa nuclear iraní. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU evalúa la propuesta estadounidense de una alianza global para resguardar uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial.

(Con información de EFE y The Associated Press)

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este lunes que el bloqueo del estrecho de Ormuz “amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial”, y exigió su reapertura “inmediata”. La declaración se produjo durante un debate abierto del Consejo de Seguridad, convocado bajo la presidencia de Baréin.

Por el estrecho transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del gas natural licuado y casi un tercio de los fertilizantes comercializados a nivel internacional. Guterres calificó la situación como “la mayor disrupción de las cadenas de suministro desde la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania”. El impacto ya se traduce, según el diplomático portugués, en volatilidad en los mercados energéticos, aumento de los costos de transporte y encarecimiento de los seguros marítimos.

“Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo”, declaró Guterres ante el Consejo. Advirtió además que “los retrasos y el encarecimiento del transporte están frenando entregas de ayuda vital a poblaciones vulnerables” y que una prolongación del bloqueo podría empujar a millones de personas, especialmente en áfrica y el sur de Asia, al hambre y la pobreza.

El jefe de la ONU subrayó que los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares son los más expuestos, dada su dependencia de las importaciones marítimas y su escasa capacidad para absorber perturbaciones externas. Instó a las partes a reabrir el paso y “dejar pasar a los buques sin discriminación”.

Guterres llamó la atención sobre la situación de los trabajadores del mar: más de 20.000 marineros permanecen varados en alta mar y más de 2.000 buques comerciales están atrapados entre riesgos y restricciones de navegación. “Estas personas no son parte de ningún conflicto. Son trabajadores civiles que mantienen abastecido al mundo”, señaló.

El secretario general instó a los Estados miembro a respaldar el marco de evacuación de emergencia preparado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para asistir a las tripulaciones afectadas. Recordó que la iniciativa del mar Negro demostró que, “incluso en medio de un conflicto, la cooperación puede reabrir un corredor bloqueado y mantener el flujo de barcos y productos esenciales”.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, intervino tras Guterres y afirmó que el principio de libertad de navegación “no es negociable”. El diplomático panameño recordó que desde 1968 existe en el estrecho un sistema de separación del tráfico marítimo, gestionado por Omán e Irán, que ha permitido durante décadas la navegación bajo el marco de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, en vigor desde 1974.

Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, lo que ha provocado que el precio del petróleo se dispare por encima de los USD 100 por barril. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril. Ambas partes aún no han acordado una nueva ronda de negociaciones de paz.

En la misma jornada, Guterres abrió ante los países firmantes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) una reunión en la que advirtió que los factores que impulsan la propagación de armas nucleares se están “acelerando”. “Durante demasiado tiempo, el Tratado se ha ido erosionando. Los compromisos siguen sin cumplirse. La confianza y la credibilidad se están debilitando”, declaró.

El TNP, en vigor desde 1970 y suscrito por casi todos los países del planeta —con excepción de Israel, India y Pakistán—, busca impedir la propagación de armas nucleares, promover el desarme completo y fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Los nueve Estados con armamento nuclear poseían 12.241 ojivas nucleares en enero de 2025, según el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Estados Unidos y Rusia concentran cerca del 90% de ese arsenal y, de acuerdo con el Sipri, han llevado a cabo programas de modernización en los últimos años. China también ha incrementado su arsenal nuclear, según el mismo instituto.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, reafirmó este lunes que el derecho internacional no ampara ningún cobro por transitar el estrecho de Ormuz, rechazando la propuesta legislativa que avanza en el parlamento de Teherán. La declaración se produjo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que celebró un debate abierto sobre seguridad marítima convocado por Baréin, país que ejerce la presidencia del Consejo este mes.

“No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional”, declaró Domínguez. El diplomático subrayó que la libertad de navegación “no es negociable” y recordó que desde 1968 existe en Ormuz un sistema de separación del tráfico gestionado por Omán e Irán bajo la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, en vigor desde 1974.

La postura de la OMI responde a una escalada legislativa en Teherán. Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, declaró a la televisión estatal que las fuerzas armadas controlarían el estrecho para impedir el paso de “buques hostiles”. El proyecto contempla además que los derechos de paso se cobren en riales iraníes, la moneda local. El vicepresidente del parlamento, Hamidreza Haji Babaei, afirmó el 23 de abril que los primeros pagos ya fueron depositados en el Banco Central de Irán.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el sistema podría fijar tasas de hasta dos millones de dólares por buque, lo que elevaría los ingresos anuales de Irán a unos 100.000 millones de dólares, cifra superior a sus exportaciones petroleras habituales. En un foro paralelo, unos cuarenta países acordaron a principios de abril valorar sanciones contra Teherán si mantiene el bloqueo y rechazaron cualquier mecanismo de peaje como contrario al derecho internacional.

Domínguez descartó que la evacuación de los marineros varados pase por aceptar algún cobro. Más de 20.000 marinos permanecen bloqueados a bordo de unos 1.600 buques en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. El secretario general de la ONU, António Guterres, también intervino en el debate y advirtió que la interrupción del tráfico en Ormuz “amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial”, con consecuencias severas para poblaciones vulnerables de África y el sur de Asia.

El estrecho lleva prácticamente cerrado desde el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán. Teherán respondió con misiles sobre Israel y bases estadounidenses en el Golfo, y ordenó el cierre de la vía. El Brent superó los 100 dólares por barril en marzo y llegó a 126 dólares, nivel no visto en cuatro años, en lo que analistas describieron como la mayor interrupción energética desde la crisis del petróleo de los años setenta. El 13 de abril, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes; el Comando Central de las fuerzas armadas de ese país (CENTCOM) informó este lunes que impidió el paso de 38 embarcaciones. La primera ronda de negociaciones directas entre ambos países en 47 años, celebrada en Islamabad el 11 de abril con Pakistán como mediador, concluyó sin acuerdo. Con Irán cobrando ya los primeros peajes y Estados Unidos manteniendo su bloqueo naval, la reapertura incondicional de la vía más estratégica del comercio energético mundial enfrenta un horizonte incierto.

La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una preocupación central para los organismos internacionales. Ocho años después de la Rebelión de Abril de 2018, las denuncias de represión, impunidad y anulación de libertades fundamentales persisten sin cambios sustanciales. Así lo advirtió Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en una entrevista reciente con La Prensa, de Nicaragua, donde denunció la existencia de una “absoluta impunidad” por los crímenes cometidos durante y después de las protestas sociales.

Romero describió el contexto actual del país como “una asfixia total y de cierre absoluto del espacio cívico”. Según la relatora, el derecho a la reunión pacífica y la protesta ha desaparecido en la práctica: “La situación en el país es de asfixia total y de cierre absoluto del espacio cívico. El derecho a la reunión pacífica y protesta son inexistentes en la práctica”, afirmó.

La defensora colombiana explicó que, por orden directa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se mantienen anuladas las libertades de asociación, protesta y participación cívica, mediante un sistema de persecución institucionalizada. Esta dinámica se traduce en la ausencia de investigaciones independientes y la falta de procesos penales contra los altos mandos responsables de ejecuciones extrajudiciales y represión estatal.

“No hay una búsqueda de justicia por las cientos de personas que murieron, que fueron asesinadas por el Estado de Nicaragua en ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas sociales de 2018. Al día de hoy, vemos una impunidad estructural que se manifiesta en la ausencia total de investigaciones independientes sobre los crímenes cometidos por agentes estatales y por grupos parapoliciales”, señaló Romero en la entrevista con La Prensa.

La relatora añadió que, lejos de promover la justicia, el régimen ha blindado a los responsables a través de leyes de amnistía y la instrumentalización del sistema judicial. “Después de ocho años en el país tampoco existen procesos penales abiertos contra altos mandos por las ejecuciones extrajudiciales y, por el contrario, el Estado utilizó leyes de amnistía para blindar a los perpetradores y, adicionalmente, instrumentalizó el sistema judicial para perseguir a las víctimas que han exigido justicia, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, que en tiempos posteriores fueron amedrentadas e, inclusive, afectadas en su capacidad de acción”.

El cierre del espacio cívico ha sido sistemático. Entre 2018 y 2024, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 5.400 organizaciones civiles fueron canceladas, entre ellas organizaciones de mujeres, iglesias católicas y evangélicas, y entidades de asistencia social. Romero advirtió que la anulación de libertades también afecta a universidades, iglesias y grupos comunitarios, lo que limita los derechos fundamentales de asociación, culto y expresión. “Cada vez que se impide o se hace un proceso de afectación grave a un culto, eso también afecta porque los cultos son reuniones que entran dentro de la protección del derecho a la libertad de asamblea”, subrayó la relatora.

La represión estatal se manifiesta, según Romero, no solo en la vigilancia extrema y el uso de la fuerza, sino también en la persecución transnacional contra opositores y exiliados. La relatora mencionó el asesinato en junio de 2025 del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, en Costa Rica, como una de las expresiones más graves de la persecución extraterritorial ordenada por el régimen. “Se silencian las voces de las personas que están en el exilio porque se amenaza la integridad, la vida y las condiciones de vida de las familias que todavía están en el territorio”, denunció.

Romero lamentó también la falta de acciones efectivas por parte de la comunidad internacional. Si bien destacó los esfuerzos de denuncia realizados por la CIDH, la ONU y grupos de expertos, señaló que la debilidad del sistema multilateral ha impedido una presión real para sancionar al régimen de Ortega y Murillo. “La comunidad internacional ha fallado en su labor (…) ha tenido poquísima capacidad para sancionar de forma real a Nicaragua y hacer que se genere un cambio democrático en el país”, afirmó.

Finalmente, la relatora alertó que el miedo y la represión han dificultado la documentación de violaciones a derechos humanos, tanto dentro como fuera del país. “Cada vez recibimos menos información de denuncias sobre Nicaragua porque no solo hay muchísimo miedo de la gente que está dentro, sino que la gente que está fuera también tiene miedo de hacer procesos de denuncia”, concluyó Romero.

“Mientras que la inmensa mayoría de los homicidios masculinos ocurren fuera de casa, para las mujeres y niñas el lugar más peligroso es el propio hogar”, indica el estudio “Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género (femicidio/feminicidio)” publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y ONU Mujeres.

Este dato destaca en medio del reciente feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores, quien era madre de un bebé de apenas 8 meses y perdió la vida a manos de su suegra, tras recibir al menos 6 disparos, cabe destacar que el crimen fue perpetrado en su hogar, donde también se encontraba su esposo e hijo.

El informe de Naciones Unidas destaca que a nivel mundial de los casi 89 mil asesinatos de mujeres registrados en 2022, la mitad fue cometido por su pareja, expareja o familiares, siendo el hogar el lugar más frecuente para llevar a cabo este delito.

El año mencionado en el documento representó el mayor número anual registrado en las dos últimas décadas, pese al reporte de un descenso en el número total de asesinatos de mujeres.

Fiscalía investiga asesinato de Carolina Flores como feminicidio

“Se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, destacó en un comunicado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

La dependencia reiteró que tras la denuncia presentada el 16 de abril, “la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio”.

Cabe destacar que la colectiva Marea Verde Mx compartió en redes sociales una supuesta imagen de la agresora, Erika María “N”, en la publicación exigieron justicia por el feminicidio y señalaron la violencia que pueden vivir las mujeres en el ámbito familiar:

“En todas estas mamás que crean una competencia con sus nueras y tienen una relación enferma hacia sus hijos y creen que son de su propiedad o se creen con el derecho de opinar sobre la pareja, vida o decisiones que toman sus hijos con sus nuevas parejas”.

Fiscalía General de la República tendrá un nuevo enfoque en materia de feminicidio

El pasado 17 de abril de 2026, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la fiscal general Ernestina Godoy presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 y anunció un nuevo enfoque de la Fiscalía General de la República (FGR) para colaborar en la investigación de feminicidios en México.

Entre los puntos que destacan sobre el anuncio de la Fiscalía, están:

1. El apoyo federal incluirá peritajes forenses de alta complejidad, análisis de contexto y uso de tecnologías avanzadas como biometría genética y trazabilidad digital.
2. El Centro Federal de Inteligencia Criminal será responsable del soporte técnico y científico en los casos más complejos.
3. Se establecerán convenios y mecanismos de colaboración ágiles para asegurar que el apoyo científico llegue de manera oportuna a las autoridades estatales.
4. La perspectiva de género será obligatoria en los procesos de investigación y la FGR ofrecerá asesoría y capacitación en protocolos homologados para evitar la revictimización.
5. La FGR colaborará para que las carpetas de investigación cumplan con criterios de debida diligencia reforzada y rigor técnico, buscando reducir la impunidad.
6. Se apuesta por la estandarización de protocolos y la homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país, conforme a la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio.

En México, la línea de atención 079, opción 1 atiende casos de violencia contra las mujeres. Además, la Red Nacional de Refugios atiende a través del número 800 822 44 60.

El sistema climático global enfrenta días de incertidumbre. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organización especializada internacional creada en 1950 en el seno de la ONU, advirtió que existe alta probabilidad de que el Fenómeno El Niño se presente a nivel mundial desde mayo de 2026.

Las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial muestran un incremento acelerado, lo que pone en alerta a gobiernos y comunidades científicas ante la inminencia del fenómeno.

La OMM explicó que, tras un inicio de año con fase neutra del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), los modelos climáticos internacionales apuntan a un escenario de consolidación para los próximos meses. Este comportamiento podría alcanzar una intensidad significativa, modificando las pautas de precipitación y temperatura en distintos continentes.

Las autoridades de la OMM recordaron que El Niño afecta rutinas en todo el planeta. Se esperan temperaturas superiores a lo normal en casi todo el mundo, con variaciones regionales en las lluvias.

En regiones de Sudamérica como Perú y Ecuador, se anticipan precipitaciones más intensas, mientras que países como Australia e Indonesia podrían enfrentar períodos marcados por la sequía.

El calentamiento en el Pacífico central y oriental también tiene potencial para modificar la frecuencia de huracanes en esa cuenca, al tiempo que disminuye su formación en el Atlántico.

Cambio climático y riesgos amplificados

La OMM recalcó que, si bien el cambio climático no incrementa la frecuencia de El Niño, sí potencia sus efectos. El aumento de la temperatura global y la mayor humedad disponible amplifican eventos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y deslizamientos.

El antecedente inmediato es el episodio de 2023/2024, que, combinado con el calentamiento global antropogénico, convirtió a 2024 en el año más cálido jamás registrado. Las temperaturas medias alcanzaron valores históricos, lo que demuestra la capacidad del fenómeno para intensificar el impacto climático global.

El comportamiento de las aguas frente a la costa peruana ha mostrado una leve retracción, pero aún se registran bolsones de agua caliente desde Tacna hasta Tumbes.

Según el geógrafo Ricardo Bohl, consultado por Exitosa, en Tumbes el mar ha superado el promedio en hasta 5 grados Celsius (9 grados Fahrenheit), lo que aumenta la evaporación y la probabilidad de lluvias fuera de temporada.

El Niño suele dejar huella en sectores como la agricultura y la pesca. Las lluvias atípicas pueden provocar inundaciones y huaicos, según advirtió Bohl.

Además, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene alertas para la sierra de Lima y el sur del país, debido a la posibilidad de precipitaciones en plena temporada seca.

Medidas preventivas y desafíos para los países

La OMM sugirió que los pronósticos estacionales son esenciales para sectores sensibles como la agricultura, la gestión de recursos hídricos, la energía y la salud. Por ello, instó a los gobiernos a fortalecer sus sistemas de alerta temprana y coordinar acciones preventivas.

Entre las recomendaciones figuran mejorar infraestructura de drenaje, asegurar reservas de agua, proteger cultivos y garantizar atención sanitaria en comunidades vulnerables.

El anuncio de la OMM sirve como alerta temprana para que países expuestos, como Perú y Ecuador, activen planes de contingencia. La experiencia demuestra que cada episodio de El Niño es único, pero los impactos pueden ser severos si no se adoptan medidas anticipadas.

Según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, existe una probabilidad de 80% de que se configure un Niño moderado en Perú para esta temporada, aunque las proyecciones pueden variar con la evolución de las condiciones oceánicas.

La cumbre informal en Chipre, que comenzó este jueves con el foco en la guerra de Oriente Medio y las medidas que puede tomar la Unión Europea para esquivar sus consecuencias, ha ido tomando varias vertientes con el pasar de las horas. Las reuniones del viernes destrabaron el préstamo de la UE a Ucrania, de 90.000 millones de euros durante dos años, y abrieron la puerta al país a retomar las negociaciones para su adhesión al bloque comunitario.

Este sábado, el segundo día de reuniones ha comenzado con la noticia de un posible enfrentamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos en la reunión de la ONU, prevista para la próxima semana. Los países del bloque europeo han acordado en Chipre seguir presionando para el establecimiento de un precio global para las emisiones de CO2 del transporte marítimo en las negociaciones de las Naciones Unidas, algo a lo que sistemáticamente se ha opuesto Washington.

El 17 de octubre de 2025, La Organización Marítima Internacional (OMI) pospuso por un año la adopción del mercado de emisiones netas para el transporte marítimo, pese a que el marco regulatorio fue aprobado en abril del mismo año. Aquella votación, sobre una moción presentada por Singapur, se saldó con una mayoría de 57 votos, frente a 49, con 21 abstenciones y ocho no presentados.

Tras la votación, que frenó la implantación de la tasa marítima, el Secretario General de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, negó que esto supusiera un “contratiempo” para la organización y recordó que el “contexto geopolítico mundial” hizo que “todo resulte más complicado”, en alusión a las presiones ejercidas por el Gobierno de Donald Trump para frenar el impuesto al CO2.

Un plan con pocos apoyos internacionales

Frente al bloque europeo, en la votación de octubre, se encontraban China y los principales Estados marítimos. Además, Grecia y Chipre, miembros de los 27 pero con importantes industrias navieras, se abstuvieron en la votación, rompiendo filas con la UE. Por su parte, los tres principales registros navieros del mundo, Liberia, Panamá y las Islas Marshal, junto con empresas petroleras instaron a la OMI a considerar alternativas al plan original de fijación de precios al carbono.

En esta ocasión, pese a que no ha transcurrido el año de veto, los países de la UE intentarán reactivar las negociaciones y “se opondrán a cualquier intento” de excluir las medidas climáticas de las negociaciones de la reunión, según un documento comunitario al que ha tenido acceso Reuters.

Para conseguir que el dictamen salga adelante, los Estados de la Unión se plantean realizar cambios en el plan original de fijación de precios del carbono, siempre y cuando esto facilite el acercamiento y el apoyo de otros países. Sin embargo, algunos dirigentes del bloque se han mostrado pesimistas en cuanto a la posibilidad de aprobar la medida climática por la firme postura de Estados Unidos.

Además, según han expresado los miembros del bloque, “el apoyo al marco en su forma actual ha seguido erosionándose” desde la reunión del ente internacional en octubre de 2025, ya que Grecia, Malta e Italia se han negado a respaldar la nueva posición negociadora de la UE, aunque esta fue aprobada por una mayoría reforzada de la UE.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó el jueves por la noche que el alto el fuego extendido con Líbano “no es del 100%” y justificó las represalias israelíes frente a los ataques atribuidos a Hezbollah, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la prórroga de la tregua por tres semanas tras una ronda de negociaciones en la Casa Blanca.

En una entrevista con CNN, Danon sostuvo que “el gobierno libanés no tiene control sobre Hezbollah, y Hezbollah está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, en referencia a las excepciones aplicadas por Israel al acuerdo de cese de hostilidades.

La extensión de la tregua se conoció luego de las conversaciones celebradas este jueves en Washington entre representantes diplomáticos de Israel y Líbano, en un nuevo intento por consolidar la pausa en los enfrentamientos en la frontera común.

Según explicó Danon, el escenario actual muestra una mejora respecto de las semanas previas, aunque admitió que la situación todavía está lejos de ser estable. “Es una situación significativamente mejor. No es perfecta, pero espero que el ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego”, señaló el diplomático israelí.

La prórroga del acuerdo fue anunciada por Trump tras una reunión en la Casa Blanca con los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, en el marco de las negociaciones impulsadas por Washington.

“¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, escribió el mandatario en la red social Truth Social.

Más tarde, durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue consultado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz permanente entre ambos países. Sin ofrecer precisiones sobre el contenido de las conversaciones, respondió que “existe una gran posibilidad”. El presidente estadounidense también respaldó la posición israelí frente a eventuales ataques: “Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente”, declaró.

El alto el fuego original entró en vigor el 16 de abril a las 17:00, hora del Este, según estableció el Departamento de Estado. El acuerdo, que Washington describió como un gesto de buena voluntad del gobierno israelí, fijó una tregua de diez días destinada a abrir una instancia de negociación de fondo.

El texto firmado reconoció a las fuerzas de seguridad libanesas como las únicas con autoridad para garantizar la soberanía del país y comprometió a Beirut a impedir que Hezbollah u otros grupos armados no estatales atacaran objetivos israelíes.

Las hostilidades se intensificaron en marzo de 2026, en el marco de la escalada regional vinculada al conflicto con Irán, y derivaron en bombardeos aéreos israelíes, operaciones terrestres y ataques con cohetes y drones de Hezbollah contra el norte de Israel. En ese contexto, el ejército israelí ocupa actualmente una franja de amortiguamiento de hasta diez kilómetros dentro del sur del Líbano.

La nueva extensión apunta a sostener el proceso de diálogo abierto entre ambas partes y evitar una reanudación inmediata de las hostilidades. En las negociaciones no participa Hezbollah, grupo aliado de Irán señalado como responsable de los ataques lanzados desde territorio libanés contra Israel. La exclusión de la organización marca uno de los principales límites del proceso diplomático en curso.

Por su parte, el Gobierno libanés rechazó que Irán negocie en su nombre en las conversaciones paralelas que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ratificó su decisión de sostener un canal directo de diálogo con Israel, una vía que Hezbollah rechaza.

(Con información de EP y EFE)

Un encuentro entre el Ministerio de Hacienda de El Salvador y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe (UNDRR), reunió a Jerson Posada, ministro de Hacienda, al viceministro Luis Enrique Sánchez y a Nahuel Arenas, jefe regional de la UNDRR, con el objetivo de explorar la adopción de mecanismos financieros innovadores. La reunión se centró en buscar nuevas herramientas como bonos de resiliencia, financiamiento verde y capital mixto.

La cartera de Hacienda dirige una estrategia enfocada en afrontar los impactos económicos provocados por los desastres. Posada informó: “Desde el Ministerio de Hacienda de El Salvador impulsamos un enfoque estratégico para enfrentar los impactos fiscales de los desastres”; así informó este jueves en su cuenta de X, Posada.

Avances en la colaboración internacional y los mecanismos sugeridos

Posada destacó que estas acciones permiten posicionar la resiliencia como eje del desarrollo, reducir presiones fiscales y atraer inversión sostenible, mediante una coordinación efectiva con organismos internacionales y asistencia técnica especializada.

La participación de los funcionarios refuerza la colaboración entre entidades nacionales e internacionales, buscando fortalecer la capacidad del país frente a futuras emergencias y potenciar el acceso a financiamiento adaptado a los desafíos climáticos actuales.

La región de América Latina y el Caribe enfrenta aumento de desastres naturales

La región de América Latina y el Caribe ha visto cómo la frecuencia de tormentas, incendios, sequías y demás desastres naturales se ha multiplicado por cinco o seis en los últimos 50 años, una tendencia que atenta de forma creciente contra los sectores más desprotegidos. De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), casi 78 millones de personas pobres en la región son vulnerables a sus impactos. Frente a este escenario, Alexandre Bagolle, especialista del BID en programas de protección social, advierte: “Los países no están preparados para afrontar este desafío”.

Aunque tradicionalmente el fortalecimiento de la infraestructura, como la construcción de viviendas resistentes a huracanes o puentes preparados para inundaciones, se considera la primera medida de respuesta, la complejidad del problema exige soluciones más amplias. Bagolle remarca la necesidad de herramientas focalizadas, ya que “las personas pobres tienen más probabilidades de vivir en zonas propensas a desastres y carecen de los recursos financieros para afrontarlos, lo que las hunde aún más en la pobreza”, según declaraciones recogidas por el UNDRR.

En la actualidad, los programas de transferencia monetaria con fines específicos emergen como una estrategia central para fortalecer la resiliencia social y la protección de los más vulnerables ante los desastres. Este enfoque, enmarcado en los llamados programas de protección social adaptativos, ha situado a El Salvador como referente regional, según el informe de UNDRR.

Estos programas adaptativos de protección social pueden implementarse en diversos tipos de apoyo social, aunque las transferencias monetarias han demostrado ser la herramienta más eficaz gracias a su amplio uso previo en la lucha contra la pobreza. Según lo informado por UNDRR, existen transferencias monetarias condicionadas (TMC), que solo se desembolsan cuando las familias cumplen compromisos vinculados a la educación y salud de sus hijos, además de modalidades incondicionales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, resaltaron que México avanza en bienestar y desarrollo sostenible tras la ejecución de más de cuatrocientas iniciativas conjuntas de cooperación internacional entre 2020 y 2025.

En este periodo el país fortaleció la protección de más de 35 millones de mujeres y niñas, amplió derechos para menores y atendió a población refugiada, según el Informe de Resultados del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible presentado hoy por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la ONU México.

El informe —presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ONU México y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) en la Cineteca de Chapultepec— documenta el despliegue de más de 400 iniciativas de cooperación en las 32 entidades federativas.

En la última etapa, el trabajo conjunto se traduce en el acceso mejorado a salud, educación y alimentación para más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes, así como el acompañamiento integral para más de 200 mil personas en situación de movilidad y refugiadas.

Las acciones emprendidas abarcan cuatro áreas estratégicas: igualdad e inclusión; prosperidad e innovación; economía verde y cambio climático; así como paz, justicia y Estado de derecho. Todo el marco opera con enfoques transversales en género y movilidad humana.

Esta colaboración define la ruta para una nueva etapa enfocado en innovación, transformación digital y reindustrialización sostenible bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Agenda 2030.

Velasco destaca la colaboración de México con la ONU

Durante la presentación, Velasco subrayó que el país mantiene un compromiso con la ONU desde 1945, con aportaciones en derecho internacional, desarme, derechos humanos y desarrollo económico y social sostenible. El responsable de la SRE sostuvo que la cooperación internacional tiene mayor efecto cuando responde directamente a las prioridades nacionales mexicanas.

Por su parte, Baiocchi describió a México como socio estratégico del multilateralismo y plantea la urgencia de que la ONU se mantenga orientada a la eficiencia, coherencia y resultados concretos.

En las redes de la SRE se estableció que Roberto Velasco "reiteró que el @GobiernoMX trabaja de la mano con cada una de las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas para incorporar las muy distintas perspectivas que hay en un país tan diverso como el nuestro para asegurar que esas voces resulten beneficiadas a través de la cooperación internacional."

Comisionado de la ONU reconoce las leyes mexicanas en materia de personas desaparecidas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó este 23 de abril una visita de cuatro días a México donde calificó como “referencia a nivel internacional” la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, reconoció los avances en reducción de la pobreza y destacó el mecanismo nacional de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.

Entre los logros destacados por Türk durante su visita a México del 19 al 22 de abril, sobresalen los avances en reducción de la pobreza, ampliación del acceso a programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad social.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, ha reiterado un llamado firme al Estado hondureño para garantizar que la elección de los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral se realice bajo criterios estrictos de idoneidad, independencia y capacidad profesional, en lugar de responder a intereses de carácter partidario.

El pronunciamiento se produce en un momento clave para la institucionalidad democrática del país, marcado por el inicio del proceso de recepción de postulaciones para cubrir vacantes en ambos órganos electorales.

La OACNUDH enfatizó que la legitimidad del sistema electoral hondureño depende en gran medida de la transparencia y objetividad con que se desarrollen estos procesos de selección, especialmente en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones ha sido históricamente frágil.

En su declaración, la Oficina recordó que la elección de consejeros y magistrados debe estar basada en una evaluación integral de méritos, competencias, trayectoria profesional y ética personal.

Este enfoque, según el organismo internacional, no solo fortalece la institucionalidad, sino que también contribuye a garantizar elecciones libres, justas y confiables.

Asimismo, la OACNUDH hizo énfasis en la necesidad de reformar la Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013), señalando que dicha normativa aún presenta vacíos que la alejan de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Oficina subrayó que una legislación adecuada en este ámbito es fundamental para asegurar mecanismos de rendición de cuentas que respeten el debido proceso y la independencia de los funcionarios públicos.

Este llamado no es nuevo. La recomendación forma parte del más reciente informe anual del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, en el cual se insta explícitamente a que el proceso de nominación de los miembros del CNE y del TJE se realice con base en criterios de independencia, capacidad e idoneidad, evitando que la militancia política sea el factor determinante.

“La selección de estas autoridades debe responder al interés público y no a cuotas partidarias”, ha reiterado la Oficina, destacando que la politización de los órganos electorales puede debilitar gravemente la democracia y abrir espacio a conflictos postelectorales.

En este contexto, la OACNUDH también expresó su disposición para brindar asistencia técnica al Estado hondureño.

Este acompañamiento incluiría asesoría en la elaboración de normativas, fortalecimiento de capacidades institucionales y promoción de buenas prácticas internacionales en materia electoral y judicial.

Mientras tanto, en el ámbito nacional, el proceso de selección ya ha comenzado a tomar forma. El diputado Antonio Rivera Callejas informó que la comisión especial encargada de dirigir este proceso recibió recientemente las primeras cuatro postulaciones para los cargos vacantes.

Según explicó el legislador, aunque cuatro personas se presentaron inicialmente, solo una logró completar de manera satisfactoria todos los requisitos exigidos. Se trata del congresista Germán Osvaldo Altamirano, representante del partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Santa Bárbara, quien formalizó su aspiración al cargo de magistrado del CNE.

Rivera Callejas detalló que los otros tres aspirantes no lograron presentar su documentación completa debido a dificultades técnicas relacionadas con la descarga de los formularios desde la página oficial del Congreso Nacional.

Ante esta situación, los interesados acudieron personalmente a solicitar los documentos, lo que evidencia ciertos desafíos logísticos en el proceso.

“Llegaron cuatro personas, pero tres de ellas no habían podido bajar los formularios de la página del Congreso, entonces los fueron a pedir personalmente. Y uno de ellos sí presentó toda la información”, explicó el diputado, subrayando la importancia de cumplir con todos los requisitos establecidos para garantizar la transparencia del proceso.

La participación de un actual diputado como aspirante a un cargo en el CNE ha generado diversas reacciones en sectores políticos y sociales.

Algunos consideran que este tipo de postulaciones refuerzan la percepción de politización, mientras que otros argumentan que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos legales tiene derecho a participar.

En este escenario, el llamado de la ONU adquiere especial relevancia. La insistencia en priorizar la idoneidad sobre la afiliación política busca precisamente evitar que los órganos electorales se conviertan en extensiones de los partidos, lo cual podría comprometer su imparcialidad.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó este 23 de abril una visita de cuatro días a México, en la que sostiene que el país posee marco jurídico, instituciones y prácticas que destacan a nivel internacional en materia de derechos humanos, y cuya evolución está marcada por la participación activa de víctimas, organizaciones civiles y autoridades.

Según el comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores difundido este 23 de abril, el funcionario de la ONU resaltó tanto avances concretos como los desafíos persistentes, sobre todo en la atención a desapariciones y protección a periodistas.

El Alto Comisionado reconoció “varias buenas prácticas” normativas mexicanas, como la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, el establecimiento de los centros LIBRE para la promoción de los derechos de las mujeres y la consulta pública en políticas ambientales.

Volker Türk también reconoce sistema de protección a activistas y periodistas

Destacó también el modelo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Afirma que el mecanismo mexicano constituye un modelo: “el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas constituye un modelo muy relevante y un referente en la región, en particular por su esquema de gobernanza que incorpora activamente a la sociedad civil”.

De acuerdo con el comunicado conjunto, el crimen de desaparición forzada constituye una preocupación central, reconocida tanto por el gobierno como por el Alto Comisionado.

Türk subrayó que “México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial centrado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborado con la participación de las víctimas. La reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado representa un paso importante”.

Las autoridades federales reiteraron su pleno compromiso con el combate a este delito y expresaron disposición permanente para fortalecer la cooperación internacional en la materia, en concordancia con la apertura al escrutinio y al diálogo con organismos internacionales de derechos humanos.

México reduce pobreza y amplía acceso a derechos, señala Volker Türk

Durante su estancia del 19 al 22 de abril, Türk sostuvo diálogos con la presidenta Claudia Sheinbaum, titulares de dependencias federales y representantes de organizaciones civiles.

Entre los logros que destacó el comisionado se encuentran la reducción de pobreza, la ampliación del acceso a programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad social, como lo expresa el funcionario internacional:

“Saludo que México haya reducido la pobreza y ampliado el acceso a derechos económicos y sociales, gracias a políticas de protección social, incrementos del salario mínimo y programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, así como la creación de una atención universal para adultos mayores. Estos progresos reflejan elementos de una economía de derechos humanos que coloca a las personas en el centro de las decisiones económicas”.

Durante el diálogo con autoridades mexicanas, el Gobierno federal reiteró su compromiso con los derechos de las personas migrantes y solicitó al representante de la ONU su respaldo para fortalecer estos principios en foros internacionales. Las autoridades mexicanas también manifestaron interés en redoblar esfuerzos contra el tráfico ilícito de armas y en asegurar justicia efectiva y accesible para toda la población.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se posiciona como la entidad gubernamental con mayor número de nominaciones en América Latina dentro de los Premios WSIS 2026, el principal reconocimiento internacional en tecnologías de la información para el desarrollo otorgado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

ATDT encabeza nominaciones en América Latina en los Premios WSIS 2026

En la edición 2026 del World Summit on the Information Society (WSIS), se registraron 360 proyectos provenientes de más de 50 países.

México logró nueve nominaciones en total, de las cuales cinco corresponden a proyectos desarrollados por la ATDT, lo que coloca a esta agencia como líder regional en esta competencia internacional.

Este resultado posiciona al país no solo como referente en innovación pública digital en América Latina, sino también dentro del ranking global, donde ocupa el sexto lugar en número total de candidaturas.

Proyectos de transformación digital destacan en categorías clave de la ONU

Las iniciativas impulsadas por la ATDT abarcan áreas estratégicas que van desde infraestructura tecnológica hasta inclusión digital, pasando por formación especializada en inteligencia artificial y modernización de servicios públicos.

Los proyectos nominados son:

• Nube MX, en la categoría de infraestructura para la información y comunicaciones
• Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFIA), en desarrollo de capacidades
• Llave MX, en gobierno digital
• Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales, en ciencia digital
• Acceso Digital a Servicios Gubernamentales en Lenguas Indígenas, en diversidad cultural

Innovación, inclusión digital y gobierno electrónico impulsan reconocimiento

Las cinco candidaturas reflejan una estrategia integral enfocada en fortalecer la autonomía tecnológica del país y mejorar la interacción entre el gobierno y la ciudadanía.

Los proyectos integran soluciones que buscan modernizar la atención pública, ampliar el acceso a servicios digitales y reducir brechas tecnológicas, especialmente en sectores históricamente marginados.

Además, estas iniciativas incorporan herramientas de última generación como inteligencia artificial y procesamiento de datos, alineándose con estándares internacionales en innovación gubernamental.

México destaca en ranking global de innovación tecnológica pública

A nivel mundial, Asia concentra el mayor número de nominaciones, seguida por África, mientras que América Latina se ubica en tercer lugar.

En este contexto, México sobresale como el país mejor posicionado de la región, lo que refleja el avance en políticas públicas orientadas al uso de tecnologías para resolver problemas sociales.

La participación de la ATDT resulta clave en este posicionamiento, al consolidar proyectos propios que responden a necesidades específicas del país con enfoque social.

Premios WSIS 2026: categorías, evaluación y anuncio de ganadores

Los Premios WSIS están conformados por 11 categorías que abarcan desde infraestructura y acceso a la información hasta desarrollo de capacidades, seguridad digital y aplicaciones en sectores como salud, educación, agricultura y gobierno.

Destaca que una de las categorías principales se divide en múltiples subcategorías, lo que permite evaluar proyectos desde distintos enfoques, incluyendo innovación, diversidad cultural y cooperación internacional.

Los ganadores serán definidos mediante votación internacional y se darán a conocer en el Foro WSIS 2026, que se celebrará en julio en Ginebra.

Con este desempeño, la ATDT consolida su papel como un actor clave en la transformación digital del sector público en México y en la región, marcando una tendencia hacia gobiernos más eficientes, inclusivos y basados en tecnología.

La economista costarricense Rebeca Grynspan, aspirante a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, presentó su visión de liderazgo ante Estados miembros y representantes de la sociedad civil, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y crecientes desafíos globales.

Durante un diálogo interactivo, Grynspan advirtió que el mundo atraviesa una “encrucijada”, lo que obliga no solo a defender el papel del organismo multilateral, sino también a impulsar reformas profundas para garantizar su eficacia en el siglo XXI.

“Nuestro mundo está en una encrucijada, y creo que para defender a la ONU, debemos tener el coraje de reformarla”, afirmó la candidata, al detallar tres prioridades estratégicas: paz, reforma institucional y visión de futuro.

Paz: una ONU más activa en la prevención de conflictos

Uno de los ejes centrales de su propuesta es reposicionar a la ONU como un actor clave en la prevención de conflictos, mediante una diplomacia constante, activa y anticipatoria.

Grynspan planteó que el organismo debe actuar antes de que las crisis escalen, recuperando su papel como mediador global en escenarios de tensión.

Este enfoque cobra relevancia en un momento en que distintos conflictos internacionales han evidenciado limitaciones en la capacidad de respuesta del sistema multilateral, especialmente en fases tempranas de las crisis.

Reforma: una organización más ágil y efectiva

El segundo pilar de su visión se centra en la necesidad de transformar la ONU en una institución más receptiva, transparente y orientada a resultados concretos.

La candidata subrayó que la legitimidad del organismo depende de su capacidad para responder eficazmente a las necesidades sobre el terreno, lo que implica mejorar la ejecución de programas y fortalecer la rendición de cuentas.

En ese sentido, su propuesta apunta a modernizar la estructura institucional para adaptarla a un entorno global cada vez más dinámico y complejo.

Futuro: cooperación global ante nuevos desafíos

El tercer eje de la propuesta de Grynspan está enfocado en fortalecer la cooperación internacional frente a desafíos emergentes como la inteligencia artificial y el cambio climático.

La economista insistió en que estos retos requieren respuestas coordinadas entre países, evitando que las brechas entre naciones se amplíen.

“Debemos asegurar que ninguna nación, grande o pequeña, se quede atrás”, señaló, al destacar la importancia de construir consensos globales inclusivos.

Un momento clave para el liderazgo global

Las declaraciones de Grynspan se producen en un momento en que la Organización de las Naciones Unidas enfrenta cuestionamientos sobre su efectividad ante crisis prolongadas, conflictos armados y retos globales de gran escala.

El proceso de selección del próximo secretario general será determinante para redefinir el rumbo del organismo, en un contexto donde el multilateralismo enfrenta presiones y desafíos crecientes.

En ese escenario, la candidatura de la costarricense ha comenzado a generar expectativa, tanto por su trayectoria en organismos internacionales como por su perfil técnico y diplomático.

Llamado a recuperar el espíritu fundacional

En su mensaje final, Grynspan apeló al origen de la ONU como una organización nacida de la necesidad de reconstruir tras momentos críticos de la historia mundial.

“La ONU nació de la esperanza y del coraje para construir de nuevo. Estoy lista para recorrer este camino para crear un futuro más fuerte y más unido”, concluyó.

Sus planteamientos se suman al debate internacional sobre el futuro del organismo y el tipo de liderazgo que se requiere para enfrentar los desafíos globales de las próximas décadas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó su visita de cuatro días a México tras reunirse con autoridades de los tres poderes, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, haciendo un llamado a no politizar la crisis de desapariciones forzadas ni la violencia contra periodistas y defensores.

Türk reconoció que el país cuenta con una sociedad civil activa y diversa, pero advirtió que persiste la violencia contra quienes defienden derechos humanos, en especial mujeres, periodistas y personas indígenas.

El funcionario destacó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue considerado un modelo regional relevante por su esquema de gobernanza e inclusión de la sociedad civil.

Señaló que en diálogo con Ernestina Godoy, fiscal general de la República (FGR), coincidió en la urgencia de incrementar la capacidad de investigación ante ataques a periodistas y defensores.

Asimismo, Türk enfatizó la necesidad de adoptar el protocolo de investigación para crímenes contra personas defensoras, en cuya elaboración participó su Oficina.

• Violencia y crimen organizado afectan derechos fundamentales

Türk explicó que la seguridad pública sigue siendo uno de los problemas más complejos del país.

Señaló el impacto del crimen organizado, incluido el tráfico de drogas y el flujo constante de armas, que afecta el ejercicio de derechos humanos.

Reconoció los programas oficiales para recolectar armas, pero consideró insuficiente la respuesta frente al ingreso de armamento.

El alto comisionado resaltó la importancia de fortalecer instituciones civiles y profesionales sujetas a mecanismos de rendición de cuentas.

La impunidad fue un reclamo recurrente en sus encuentros con víctimas y organizaciones.

“Que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición”, subrayó.

En diálogo con la Suprema Corte de Justicia, Türk detalló que escuchó sobre esfuerzos para acercar la justicia a la ciudadanía y ampliar el acceso, así como avances en el reconocimiento de la diversidad jurídica.

Mostró preocupación por la prisión preventiva oficiosa y alentó a privilegiar medidas alternativas para no vulnerar la presunción de inocencia.

• Desapariciones forzadas marcan la crisis de derechos humanos

El alto comisionado calificó las desapariciones como uno de los problemas más graves y dolorosos. Destacó el sufrimiento prolongado de las familias, el impacto en confianza institucional y el riesgo diferenciado para mujeres, migrantes, personas LGBTI+ y niñas y niños.

Türk reconoció el valor de los colectivos de familias y la necesidad de garantizar su seguridad y participación en los procesos de búsqueda.

La Ley General en materia de Desaparición Forzada y la adopción del protocolo nacional de búsqueda fueron vistas como avances.

Türk insistió en que el Estado debe reforzar mecanismos de búsqueda, identificación forense y capacidades de investigación.

En esete ssentido, llamó a que este esfuerzo no se politice y a que las víctimas estén en el centro de las acciones.

• Avances y retos en derechos de pueblos indígenas y mujeres

Türk mencionó la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y los esfuerzos por desarrollar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Valoró la preservación y promoción de lenguas indígenas y la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como la política de paridad de género en los poderes del Estado.

Mostró desaliento ante la persistencia de la violencia de género y los feminicidios, con siete mujeres asesinadas diariamente.

Consideró que la próxima ley general de feminicidio, que obligará a homologar procesos en todo el país, será un avance.

• Reducción de pobreza y papel internacional de México

Türk reconoció la reducción de la pobreza y el aumento del acceso a derechos sociales mediante políticas de protección social, salario mínimo y pensión universal para adultos mayores.

Destacó el papel de México en el sistema internacional de derechos humanos y reiteró la disposición de su Oficina para brindar asistencia técnica y acompañar los procesos pendientes.

¿Quién es el Alto Comisionado de Derechos Humanos y cuáles son sus funciones?

El actual Alto Comisionado es Volker Türk, quien asumió el cargo el 17 de octubre de 2022. Türk ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos universales, con especial énfasis en la protección internacional de personas refugiadas y apátridas.

Antes de ocupar este puesto, fue Secretario General Adjunto de Política en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU y coordinador del “Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos”.

También fue Alto Comisionado Auxiliar para la Protección en ACNUR, donde tuvo un papel clave en el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos directivos en ACNUR y ha trabajado en países como Malasia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, la República Democrática del Congo y Kuwait.

Volker Türk es doctor en derecho internacional por la Universidad de Viena y maestro en derecho por la Universidad de Linz, Austria.

Además, ha publicado investigaciones sobre derecho internacional y habla inglés, francés y tiene conocimientos de español.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el funcionario principal en materia de derechos humanos dentro del sistema de la ONU.

Este cargo responde ante el Secretario General y se encarga de todas las actividades y la administración de la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH).

Entre sus funciones destacan: ejecutar los mandatos asignados por la Asamblea General según la resolución 48/141 y otras posteriores; asesorar al Secretario General sobre políticas de derechos humanos; garantizar que los apoyos lleguen a los proyectos, actividades y organismos del programa de derechos humanos; y representar al Secretario General en reuniones y foros internacionales sobre la materia.

Además, puede realizar tareas especiales que le encomiende el Secretario General.

El nombramiento del Alto Comisionado lo realiza el Secretario General, con aprobación de la Asamblea General y tomando en cuenta la rotación geográfica, por un periodo de cuatro años renovable una sola vez.

La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, advierte que persisten las agresiones graves contra quienes defienden los derechos humanos en México.

Lawlor señala que, aunque el gobierno ha implementado medidas para atender este problema, los ataques continúan y los desafíos estructurales permanecen.

La funcionaria pone como ejemplo el sur del país, especialmente en Chiapas, donde los riesgos y represalias alcanzan niveles elevados.

“El Estado de Chiapas exhibe la variedad de riesgos y represalias a los que se enfrentan las personas defensoras en el país, y los grupos de personas defensoras que se hacen frente a riesgos especialmente elevados,” sostiene Lawlor.

Explica que en esa entidad se cruzan intereses del crimen organizado, autoridades públicas y empresas, lo que genera inseguridad para quienes defienden los derechos humanos.

Entre los casos mencionados por la Relatora Especial destacan los asesinatos del sacerdote indígena tzotzil Padre Marcelo Pérez Pérez y el defensor maya tsotsil Simón Pedro Pérez López en 2024 y 2021, la detención presuntamente arbitraria de Versaín Velasco García, los repetidos allanamientos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y la inseguridad que enfrentan madres buscadoras.

“Durante los seis años de mi mandato, he recibido innumerables informes sobre graves agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en México. Lamentablemente, persisten preocupaciones sobre la continuidad de los ataques”, subrayó.

Añadió que “los tres niveles del gobierno deben reafirmar su compromiso de trabajar con las personas defensoras y hacer frente a las causas fundamentales de la injusticia y desigualdad en la sociedad mexicana”.

La Relatora Especial llama a las autoridades a revisar las detenciones arbitrarias de personas defensoras, a proteger y reconocer a quienes buscan a sus familiares desaparecidos como defensoras de derechos humanos y a respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, en línea con el Convenio 169 de la OIT.

Lawlor mantiene comunicación con el gobierno mexicano sobre estos casos y preocupaciones.

Esta semana, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió en México con colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, tras la reciente publicación de un informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

En la reunión, los colectivos denunciaron omisiones de las autoridades y comparteron su experiencia ante la crisis de desapariciones.

Al término de la reunión, Türk expresó en redes sociales:

“Es difícil encontrar las palabras para describir los intercambios que tuve hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Es aún más difícil comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento”.

Añadió un llamado para que “la búsqueda de verdad y justicia de las familias de personas desaparecidas sea atendida”.

“Su valentía, fortaleza y resiliencia inquebrantables me inspiran profundamente; su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida”, resaltó.

Finaliza la conferencia matutina

Campaña de Michelle Bachelet

“No se ha aprobado ningún recurso”, Sheinbaum responde ante cuestionamiento de financiamiento a la campaña de Michelle Bachelet como líder de la ONU.

Derrame de Pemex

“Cualquier daño ambiental provocado por Pemex, hay un área ambiental que recientemente separado de su cargo el presunto responsable por la investigación de presencia de hidrocarburos en el mar”, declaró Sheinbaum.

Conversaciones con la primera ministra de Japón

“En este momento el acuerdo fue un millón de barriles en un tiempo determinado a Japón”, reveló la líder mexicana.

Sheinbaum critica posicionamiento del PAN ante caso de Chihuahua

“Tienen una visión tan antipatriota. Ellos van a EEUU hablar mal del gobierno de México. Ellos piden la intervención de Estados Unidos en México”, declaró la mandataria ante el posicionamiento del PAN por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua y la comparecencia de Maru Campos.

Entendimiento con Estados Unidos

1. Respeto a la soberanía y la integridad territorial
2. Responsabilidad compartida y diferenciada
3. Respeto y confianza mutua
4. Cooperación sin subordinación

/mexico/2026/04/23/claudia-sheinbaum-arremete-contra-el-pan-por-criticas-sobre-la-participacion-de-los-agentes-de-la-cia-son-antipatriotas/

Acuerdos entre Chihuahua y EEUU

“El secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, indicó la mandataria mexicana.

Sheinbaum asegura que podría abrirse una investigación contra Marcelo Ebrard

Ante el polémico caso del secretario de Economía y su hijo, la líder mexicana afirmó que tras solicitudes en la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno se debe abrir una investigación para saber si hubo irregularidades.

Sheinbaum destacó las acciones de México tras desapariciones en México

“Nosotros hemos reconocido que hay un delito de desaparición, ten es así que modificamos leyes y lo estamos atendiendo”, señaló la jefa de Estado.

“Hubo una falta de una autoridad estatal”, aseguró Sheinbaum ante el caso de Chihuahua

La mandataria mexicana dio a conocer que existe una colaboración entre la Fiscalía de Chihuahua y el gobierno de Estados Unidos, lo cual es una falta y es inconstitucional. Pidió a la Gobernadora aclarar los hechos.

“Lo más importante es que se cumpla la Constitución y las leyes, que se defienda la soberanía”, manifestó.

/mexico/2026/04/23/sheinbaum-desmiente-a-gobernadora-de-chihuahua-defensa-no-participo-en-el-operativo/

Visita del Alto Comisionado de la ONU en México

“No es un tema de debate político, es un tema de atención a las victimas”, expresó la mandataria mexicana ante las declaraciones del Alto Comisionado de la ONU.

/mexico/2026/04/23/sheinbaum-responde-a-llamado-de-alto-comisionado-de-la-onu-a-no-politizar-crisis-de-desapariciones-en-mexico-nos-ocupa-a-todos/

“La busqué ayer, no estaba”, reveló Sheinbaum al no recibir respuesta de Maru Campos

La mandataria mexicana dio a conocer que la gobernadora de Chihuahua, no ha respondido las llamadas para dialogar sobre el caso de los agentes de la CIA fallecidos en un accidente en la región. Aseguró que el día de hoy la funcionara se reunirá con el secretario de Seguridad.

Anuncian el cambio del embajador de México en Estados Unidos

“Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri, como embajador en EU, tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si acepta este proceso”, confirmó.

/mexico/2026/04/23/sheinbaum-confirma-salida-de-esteban-moctezuma-como-embajador-de-eeuu-propondra-a-roberto-lazzeri-como-sustituto/

Sheinbaum anuncia la fecha de incorporación de Luisa María Alcalde a su gabinete

A partir del 1 de mayo, la líder de Morena ocupará el cargo como consejera jurídica dentro del gabinete de la jefa de Estado.

Tren Suburbano Felipe Ángeles

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), dio a conocer que el proyecto pasó de pertenecer al sector privado a formar parte del Gobierno de Sheinbaum.

• FONADIN y sus socios acordaron la adquisición de su participación accionaria del 51%.
• El domingo 26 de abril, la mandataria mexicana inaugurará la ruta que va de Lechería al AIFA.
• Se encuentra en construcción el tren que va del AIFA a Pachuca.
• Tarifas tendrán algunos descuentos especiales.

/mexico/2026/04/23/tren-suburbano-pasa-a-manos-del-gobierno-tras-compra-mayoritaria-anuncia-banobras/

Comienza la conferencia matutina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

El caso de Isabel María Albaladejo, alta funcionaria de la ONU en Honduras, ha reavivado el debate sobre la actuación de la justicia en Colombia.

La defensa del padre y la abuela del menor solicitó a la Fiscalía medidas urgentes y vigilancia especial, luego de que Albaladejo intentara, presuntamente, sacar a su hijo de Colombia con documentos falsos y, tras más de un año de trámites, no haya recibido aún imputación formal.

La familia paterna exige que la Fiscalía actúe ante la presunta falsificación de documentos por parte de Albaladejo, argumentando que el intento de sacar al menor del país desconoció una sentencia judicial que lo prohibía y puso en riesgo los derechos del niño.

Además, denuncian que, un año después del incidente, siguen sin recibir el reconocimiento de víctimas y deben recurrir a instancias internas para asegurar garantías procesales, según informaciones confirmadas por Semana.

El 25 de febrero de 2025, Albaladejo fue capturada en flagrancia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por el delito de uso de documentos falsos, al intentar salir del país con su hijo menor, a pesar de una sentencia que le prohibía hacerlo.

Recuperó su libertad al día siguiente, pero, hasta la fecha, la Fiscalía General de la Nación no ha imputado cargos en su contra. Esta situación ha generado críticas por la dilación y la falta de avances.

Retrasos y obstáculos en la investigación por documentos falsos

Luego de la captura, el caso fue asignado al fiscal Ricardo Bejarano, delegado ante los jueces penales de circuito y adscrito a la URI de Engativá. Según la defensa del padre del menor Bejarano la dejó en libertad sin llevarla ante un juez de garantías, como exige la ley.

El expediente pasó entonces al fiscal Óscar Javier León, de la Unidad de Fe Pública de Bogotá. Según el abogado Sebastián Erazo, León negó reiteradamente la calidad de víctimas a la familia paterna, se negó a entregar copia del expediente y no avanzó con la imputación, incluso después de comprometerse a hacerlo.

Durante 2025, la defensa solicitó copias del proceso, pero recibió la negativa bajo el argumento de que “la única víctima era el Estado”.

El caso fue transferido a la fiscal Luz Irene Hernández, quien mantuvo la reserva de la información y tampoco imputó a Albaladejo; según la defensa, además se ausentó en varias ocasiones, lo que llevó a nuevos retrasos.

La última fiscal notificada informó a la defensa que no pediría audiencia de imputación porque sería trasladada a otro despacho. Este ciclo de reasignaciones y respuestas evasivas ha mermado la confianza de la familia en el proceso, mientras Albaladejo sigue sin enfrentar cargos formales.

Pedido de medidas urgentes y vigilancia especial de la Fiscalía

Ante estos hechos, Sebastián Erazo presentó una solicitud formal, conocida por el medio mencionado, a la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera.

En el escrito, exigió la implementación de medidas internas y administrativas, así como vigilancia especial sobre el expediente radicado en la Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de Bogotá.

Erazo exigió que “se implementen las medidas internas y administrativas de la Fiscalía, así como una vigilancia especial,para dar trámite a la indagación preliminar de radicado xxxxxxxxxxxxxx que actualmente se encuentra en la Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de Bogotá”, según declaró en un documento obtenido por el medio citado.

Erazo argumenta que existe un patrón de obstáculos impuesto por funcionarios como León y Hernández: desde la negación de copias, la no entrega de documentos requeridos, hasta la falta de avance en la imputación, a pesar de múltiples compromisos.

La defensa sostiene que solo una acción institucional podría permitir avances reales en el proceso judicial. Erazo insistió ante la Fiscalía en que la familia del papá y la abuela del menor no han sido reconocidas como víctimas, situación que, a su juicio, vulnera sus derechos y posterga la justicia.

Según la defensa, el caso de Albaladejo muestra cómo el sistema judicial puede fallar en la protección de la infancia y de los familiares afectados cuando persisten las demoras institucionales. SEMANA ha reiterado estos reclamos en sus coberturas recientes del caso.

La contaminación por microplásticos afecta a especies de agua dulce en diferentes regiones del planeta, según recientes investigaciones. Organismos como peces, moluscos y pequeños crustáceos sufren consecuencias directas por la presencia de estas diminutas partículas. El problema se agrava en zonas cercanas a centros urbanos y áreas agrícolas, donde los residuos plásticos llegan en mayores cantidades a ríos y lagos.

Los estudios alertan que los microplásticos provocan lesiones físicas, inflamación y alteraciones metabólicas en la fauna acuática. Según fuentes especializadas, estas partículas no solo dañan tejidos internos, sino que también pueden transportar sustancias químicas peligrosas. De acuerdo con investigaciones publicadas en Frontiers, el impacto negativo varía según el tamaño, la forma y la composición de los microplásticos presentes en el ambiente.

Por este motivo, la presencia permanente de microplásticos en ambientes de agua dulce genera preocupación en la comunidad científica internacional. El fenómeno representa una amenaza tanto para la biodiversidad local como para la salud humana, ya que existe la posibilidad de que los contaminantes asciendan en la cadena alimentaria.

Efectos en organismos acuáticos y en la cadena alimentaria

En consecuencia, los daños físicos observados en peces y moluscos incluyen abrasiones y obstrucciones en el tracto digestivo. Según los expertos, los microplásticos de menor tamaño logran atravesar barreras biológicas y se acumulan en órganos internos. Este proceso puede reducir la capacidad de crecimiento y reproducción de las especies afectadas.

Asimismo, los científicos advierten sobre la capacidad de los microplásticos para actuar como vectores de otras sustancias tóxicas. De acuerdo con los estudios, estas partículas pueden transportar metales pesados y pesticidas, lo que incrementa los riesgos ambientales. La combinación de efectos físicos y químicos agrava el daño y facilita la bioacumulación en distintos niveles tróficos.

Por otro lado, los ensayos realizados en laboratorio muestran que la exposición continua a microplásticos genera estrés oxidativo y altera los procesos metabólicos de los organismos. Según publicaciones recientes, este estrés reduce la resistencia a enfermedades y puede provocar la muerte en casos extremos. El problema se acentúa cuando la concentración de microplásticos supera los niveles habituales observados en la naturaleza.

Amenaza para la biodiversidad y la seguridad alimentaria

Además, los investigadores señalan que la contaminación por microplásticos afecta la estabilidad de los ecosistemas acuáticos. La disminución de la fauna impacta en la cadena alimentaria y altera las relaciones entre las especies. Según la ONU, más de 280 millones de personas dependen de la pesca de agua dulce para su subsistencia, lo que amplifica la preocupación sobre los riesgos para la seguridad alimentaria.

De igual manera, la posibilidad de que los microplásticos lleguen a los seres humanos a través del consumo de pescado y mariscos genera inquietud. De acuerdo con los especialistas, la transferencia de contaminantes a través de la cadena alimentaria representa un desafío para la salud pública. Las investigaciones en curso buscan determinar el alcance de este riesgo y las posibles consecuencias a largo plazo.

Por consiguiente, la persistencia de microplásticos en ríos y lagos requiere la adopción de medidas urgentes para reducir la contaminación. El control efectivo del uso y disposición de plásticos puede limitar el ingreso de estas partículas a los ecosistemas acuáticos.

Llamado a la acción y propuestas de solución

En este contexto, los expertos destacan la necesidad de políticas públicas integrales que apunten a reducir la producción y el consumo de plásticos de un solo uso. De acuerdo con informes internacionales, la mejora en la gestión de residuos y el fomento de alternativas sostenibles resultan fundamentales para enfrentar el problema. La cooperación entre gobiernos, empresas y ciudadanos es clave para lograr avances concretos.

Asimismo, los científicos recomiendan la implementación de protocolos estandarizados para medir la presencia y los efectos de los microplásticos en diferentes ambientes. La unificación de criterios facilitará la comparación de resultados y permitirá diseñar estrategias más eficaces para la protección de los ecosistemas.

Por último, la educación ambiental y la sensibilización de la población sobre el impacto de los residuos plásticos resultan esenciales. El cambio de hábitos de consumo y la correcta disposición de materiales pueden reducir significativamente la cantidad de microplásticos que llegan a los cuerpos de agua.

Perspectivas y desafíos futuros

Finalmente, la investigación sobre microplásticos en agua dulce se encuentra en constante desarrollo. Los especialistas coinciden en que la presencia continua de estos contaminantes representa una amenaza para la biodiversidad y la salud humana. El desafío principal reside en prevenir que los microplásticos sigan acumulándose en el ambiente.

El futuro de los ecosistemas acuáticos depende de la adopción de soluciones integrales y la colaboración entre distintos sectores. Las decisiones tomadas hoy determinarán la calidad de los recursos hídricos y la seguridad alimentaria de las próximas generaciones. Según los expertos, solo una acción coordinada puede revertir la tendencia y proteger la vida en ríos y lagos.

Los microplásticos constituyen un peligro creciente para los organismos de agua dulce y para el equilibrio de los ecosistemas. La evidencia científica respalda la urgencia de tomar medidas para reducir la contaminación y garantizar la protección de la biodiversidad y la salud pública.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ninguna aprobación para utilizar recursos públicos en la candidatura de la exmandataria chilena Michelle Bachelet como secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No se ha solicitado apoyo para Michelle Bachelet, no hemos aprobado ningún apoyo. Hace tiempo manifestamos que apoyábamos la candidatura, ella fue dos veces presidenta de Chile. Una mujer con experiencia en Naciones Unidas, y consideramos que puede desempeñar un gran papel a cargo”, declaró la mandataria mexicana.

Cuando se le cuestionó sobre si existe la posibilidad de otorgar en caso de solicitarlo, la jefa de Estado señaló que la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) tendría que revisar las condiciones de la petición para saber como dar seguimiento al caso.

Sheinbaum mantiene apoyo a Bachelet para dirigir la ONU pese a postura de Chile

La jefa de Estado confirmó hace algunas semanas, que su gobierno mantendrá el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas, pese a que la administración chilena, liderada por José Antonio Kast, decidió retirar su apoyo.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Se puede hacer (seguir apoyándola). No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos”, expresó la mandataria mexicana en su conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum destacó la trayectoria de la candidata, a quien describió como una figura con amplia experiencia política y con una visión orientada a la paz global. Asimismo, subrayó que su paso en dos ocasiones por la presidencia de Chile respalda su perfil para asumir responsabilidades de carácter internacional.

Por otro lado, también resaltó que la exmandataria chilena cuenta con una perspectiva centrada en la construcción de derechos y en la resolución pacífica de conflictos. En ese sentido, consideró que su propuesta incluye fortalecer el papel de Naciones Unidas como un organismo enfocado en mediar disputas globales y promover garantías fundamentales para todas las personas.

Finalmente, reiteró que desde la visión del gobierno mexicano, reúne las condiciones necesarias para dirigir el organismo mundial, al contar con experiencia, liderazgo y una postura enfocada en el diálogo y la cooperación entre países.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el llamado de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre no politizar la crisis de personas desaparecidas en México, al afirmar que atender el delito y a las víctimas “nos ocupa a todos”.

La mandataria consideró “muy pertinente” el llamado que realizó ayer el Alto Comisionado, al presentar su balance sobre los derechos humanos en el país y tras su reunión con Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

“De ese tema hablamos cuando estuvo conmigo ayer y otros temas. Eh, pues su declaración fue esa, que me parece muy pertinente, ¿no? No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que evidentemente nos ocupa a todos", dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

Comentó que Volker Türk atendió diversos temas en materia de derechos humanos durante su visita de cuatro días a México, resaltando que “no solo venía a revisr el tema de desaparecidos”, por lo que se reunió con titulares de organismos, comisiones e instituciones, así como con víctimas de varios delitos y colectivos de búsqueda de personas.

“Estuvo, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo, pues la metodología establecida por Naciones Unidas, del presupuesto que estamos destinando a pueblos indígenas, de la modificación al segundo constitucional, de la nueva ley que va a entrar a consulta de los pueblos indígenas.

“Es decir, vino a revisar varios temas y él, pues es un hombre con mucha historia en el ámbito de los derechos humanos y en particular sobre el tema de los desaparecidos”, puntualizó.

Sin embargo, recalcó que ambos dialogaron sobre la desaparición de personas en México y ella le solicitó “varias colaboraciones” para atender en conjunto temas como la protección de activistas, la desaparición forzada y los pueblos indígenas.

“Le pedimos varias colaboraciones, ya habíamos pedido, eh, sobre distintos temas. Eh, pueblos indígenas, temas en general, protección de activistas en el país, el tema también de desaparecidos y otros muchos temas relacionados con derechos humanos en México.

“Y se mostró, pues muy amable en el sentido de a través de su representación en México y la representación de Naciones Unidas en México, abrir todos estos canales de colaboración”, concluyó.

Desapariciones son un gran desafío en México: Alto Comisionado de la ONU

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la desaparición de personas es uno de los principales desafíos en México; sin embargo, evitó calificar estos casos como crimen de lesa humanidad, pese a que el Comité contra las Desapariciones Forzadas así lo sugirió en su informe que presentó en marzo pasado.

Türk destacó que las desapariciones fueron el tema central de su estancia de cuatro días en el país, incluyendo una larga reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El comisionado reconoció los esfuerzos recientes del gobierno federal para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas, subrayando la importancia de las reformas aprobadas en julio de 2025 y la participación de colectivos y especialistas.

Consideró que esta política constituye una referencia internacional, pero insiste en que el problema es complejo y exigió la aplicación efectiva de los protocolos a nivel local.

Türk pide evitar la polarización y la politización del tema, poniendo en el centro a las víctimas y reconociendo el papel fundamental de los colectivos de búsqueda, en especial de las madres buscadoras.

Al reunirse con familiares de desaparecidos, acordó dar seguimiento a los esfuerzos gubernamentales y aportar apoyo y asistencia técnica.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, entregó este 22 de abril una carta al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que explica las diferencias de la CNDH con la decisión tomada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

Durante un encuentro realizado en la CDMX, Piedra Ibarra reiteró que las discrepancias se relacionan principalmente con la manera en que la instancia internacional conceptualizó la violencia política de Estado y el fenómeno de las personas desaparecidas en México, según el comunicado difundido por la CNDH este 22 de abril.

En el marco de la reunión entre el Alto Comisionado y representantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la titular de la CNDH sostuvo que el organismo nacional atiende a todas las víctimas, pero distingue cuando la violación a los derechos humanos es responsabilidad del Estado o de la delincuencia organizada.

Rosario Ibarra Piedra recuerda la lucha hecha por su madre en reunión con el Comisionado de la ONU

Piedra Ibarra recordó que su madre, Rosario Ibarra de Piedra, abanderó la causa de las personas desaparecidas y realizó gestiones ante instancias de la ONU desde la década de 1980, subrayando que, durante esos años, la organización internacional no ejerció el escrutinio que ahora practica sobre el Estado mexicano:

“La ONU creó el CED en 1980, sin embargo, no cuestionó al Estado mexicano en todo ese tiempo como lo hace ahora, cuando es la primera vez que el gobierno de México, tanto el actual como el pasado, están llevando a cabo acciones para que realmente se respeten los derechos humanos y erradicar las lacras que dejaron los gobiernos autoritarios y el gobierno calderonista”, declaró la funcionaria.

CNDH reafirmó en la misiva y durante el encuentro su compromiso con el diálogo y la cooperación internacional, comprometiéndose a aportar información, atender Acciones Urgentes y colaborar con organismos internacionales dentro de sus atribuciones legales.

En la reunión celebrada, Piedra Ibarra también entregó a Türk el Informe de labores 2025 de la CNDH y un Informe Especial sobre la violencia política de Estado en México ocurrida entre 1951 y 1990, en presencia de personas titulares de otros Organismos Públicos de Derechos Humanos que exponen su visión sobre la situación actual.

Sheinbaum se reúne con Comisionado de la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión clave con Volker Türk en Palacio Nacional este 22 de abril. El encuentro ocurre mientras aumenta la presión internacional sobre el país, después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU clasificó las desapariciones en México como posibles “crímenes de lesa humanidad”.

El documento de la ONU propone que la crisis de desapariciones pueda llegar a debate en la Asamblea General del organismo, lo que representa una posible escalada en el nivel de exigencia internacional hacia el Estado mexicano.

En su última publicación, el Comité sostiene que las desapariciones constituyen una práctica “generalizada y sistemática” en el país, señalando un presunto nivel de inacción estatal.

Sobre la reunión con el comisionado y otros representantes, Sheinbaum explicó que fue “una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común.”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló nuevos detalles sobre la reunión que sostuvo este miércoles con Volker Türk, en la que —aseguró— se alcanzaron acuerdos para fortalecer la colaboración en materia de derechos humanos.

A través de redes sociales, la mandataria calificó el encuentro como “una muy buena conversación” y subrayó que ambas partes coincidieron en que el respeto y la promoción de los derechos humanos en México constituyen un objetivo compartido.

En la reunión también participaron funcionarios clave del sistema internacional y del gobierno mexicano, lo que refuerza el carácter estratégico del diálogo.

Reunión en Palacio Nacional: acuerdos y actores clave

El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional la mañana del 22 de abril, luego de la llegada del Alto Comisionado alrededor de las 9:32 horas.

Fue recibido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y posteriormente se sumaron otros integrantes del gabinete federal.

Entre los asistentes destacaron:

• Matthias Behnke
• Humberto Henderson
• Allegra Baiocchi
• Roberto Velasco
• Arturo Medina

Durante la reunión se abordaron mecanismos de cooperación internacional, particularmente enfocados en fortalecer políticas públicas, mejorar la atención a víctimas y consolidar estrategias para enfrentar problemáticas estructurales.

Desapariciones en México: el eje central del diálogo

Uno de los temas prioritarios del encuentro fue la crisis de desapariciones en México, considerada uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos.

La conversación giró en torno a la necesidad de reforzar las capacidades institucionales, mejorar los sistemas de registro y garantizar investigaciones efectivas.

La visita del Alto Comisionado también incluyó reuniones con colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han exigido mayor respaldo internacional y acciones concretas para combatir la impunidad.

Contexto internacional: presión tras informe de la ONU

El diálogo entre el gobierno mexicano y la ONU ocurre en un contexto de tensión tras la publicación de un informe del Comité contra la Desaparición Forzada, órgano del sistema de Organización de las Naciones Unidas, que calificó las desapariciones en el país como posibles “crímenes de lesa humanidad”.

El documento plantea que se trata de una práctica generalizada y sistemática, además de señalar presuntos niveles de inacción por parte del Estado.

Incluso, propone escalar el tema a la Asamblea General del organismo, lo que elevaría el nivel de escrutinio internacional.

En respuesta, el gobierno mexicano rechazó el informe, al considerarlo “tendencioso” y carente de rigor, argumentando que no toma en cuenta los esfuerzos recientes para atender la crisis.

Postura del gobierno y debate político

Desde el Ejecutivo federal se ha defendido que existe un compromiso firme con la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a víctimas.

Parte de esta postura se sustenta en la revisión del registro nacional, que distingue entre casos confirmados de desaparición y registros con información insuficiente o personas localizadas.

No obstante, el tema ha escalado más allá del ámbito técnico y se ha convertido en un punto de debate político y diplomático, debido al impacto que podría tener en la imagen internacional de México.

El gobierno también ha señalado que el análisis de la ONU se enfoca en periodos anteriores, particularmente en los años de mayor violencia vinculada a la estrategia de seguridad implementada desde 2006.

Agenda de la ONU en México: reuniones con víctimas y autoridades

La visita de Volker Türk no se limitó al encuentro con la presidenta.

Su agenda incluyó reuniones con distintos actores para obtener una visión amplia de la situación en el país.

Entre las actividades destacaron:

• Encuentros con colectivos de familias de personas desaparecidas
• Reuniones con autoridades federales y estatales
• Diálogo con legisladores y organismos autónomos
• Intercambios con organizaciones de la sociedad civil
• Presentaciones institucionales sobre avances en procuración de justicia

El Alto Comisionado ha expresado públicamente su reconocimiento a la labor de las familias buscadoras, así como su preocupación por la magnitud de la crisis.

Cooperación y seguimiento: lo que sigue tras la reunión

La reunión entre Sheinbaum y Türk abre la puerta a un posible fortalecimiento de la cooperación entre México y la ONU, especialmente en el diseño e implementación de políticas públicas en derechos humanos.

Este diálogo forma parte del seguimiento a los compromisos internacionales del país y podría derivar en recomendaciones técnicas, acompañamiento institucional y nuevas estrategias para atender la problemática de desapariciones.

En un escenario de creciente atención global, el reto para el gobierno mexicano será equilibrar la defensa de su postura con la necesidad de responder a las exigencias de justicia, verdad y reparación para miles de familias afectadas.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que la desaparición de personas es un gran desafío en México; sin embargo, evitó expresar un posicionamiento claro entorno al informe que presentó el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que calificó los casos en el país como un crimen de lesa humanidad.

Al ser cuestionado sobre el informe en conferencia de prensa, afirmó que la desaparición de personas no solo genera un sufrimiento prolongado a las familias de las víctimas, pero no lo describiría como un crimen de lesa humanidad.

Detalló que las desapariciones fueron el tema que más atendió atendió durante sus cuatro días de visita en México y que incluso, tuvo una “muy larga” conversación sobre ello con la presidenta Claudia Sheinbaum, en su reunión de hoy.

Reconoció la política que implementó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la búsqueda de personas, que se aprobó a través de un paquete de reformas en julio pasado, al afirmar que “constituye una referencia internacional” y se realizó con la participación de especialistas y colectivos.

No obstante, lo consideró un tema complejo e hizo un llamado a evitar la polarización y la politización.

“Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas”, dijo Türk.

Asimismo, consideró “fundamental” que se continúe fortaleciendo el protocolo de búsqueda de desaparecidos y se traslade “de forma efectiva a nivel local”, “para hacer frente a esta crisis”.

Calificó como “alentador” que se reconozca el papel de los colectivos en la atención de los casos, al recalcar su solidaridad y empatía con las madres buscadoras.

Resaltó que en su reunión de ayer con familiares de desaparecidos acordó dar seguimiento a los esfuerzos por parte del gobierno y brindar apoyo, así como asistencia técnica.

Rebeca Grynspan, candidata de Costa Rica a la secretaría general de las Naciones Unidas y actual directora de la agencia del organismo para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), reclamó este miércoles que la ONU asuma un papel activo en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto armado en Irán. Lo hizo en una rueda de prensa celebrada en la sede del organismo en Nueva York, al término de su audiencia pública ante los 193 estados miembro. “Creo que la ONU podría desempeñar un papel constructivo junto con los demás mediadores y actores, no para competir, sino para apoyar una solución pacífica al conflicto”, declaró la economista costarricense de 70 años.

Grynspan centró buena parte de su intervención en las consecuencias económicas del bloqueo del estrecho de Ormuz, en vigor desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán. El corredor, por el que transita en condiciones normales cerca del 20% del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo, permanece cerrado al tráfico mercante en medio de un alto el fuego frágil y negociaciones estancadas. “Si no se hace, me preocupa mucho la salud de la economía y la estabilidad de muchos países”, afirmó, al vincular la necesidad de mediación con el impacto ya visible del conflicto en los mercados globales.

La candidata alertó de que las consecuencias más duras recaerán sobre los países más pobres, muchos de ellos geográficamente alejados del teatro de operaciones pero directamente afectados por el encarecimiento del combustible y los alimentos. “Sabíamos que muchos de los países, en especial los más vulnerables, iban a sufrir. Y aún no hemos visto todo el impacto que causará incluso en aquellas personas alejadas del comercio en Ormuz”, advirtió. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha calculado que hasta 45 millones de personas adicionales podrían caer en situación de hambre aguda si el conflicto se prolonga hasta mediados de año. Desde el inicio de las hostilidades, el precio del barril de crudo Brent superó los 100 dólares y llegó a alcanzar los 126 dólares en su punto máximo.

El planteamiento de Grynspan sobre Irán se inscribe en una visión más amplia sobre el rol que debería asumir la ONU en los conflictos activos. Durante su intervención, la candidata señaló que el mundo enfrenta un aumento de los conflictos y “nuevas formas devastadoras de guerra”, y que los marcos que garantizaban la seguridad nuclear, química y biológica se ven erosionados. De ser elegida, prometió ser “la primera que tome el teléfono e irá allá donde se libren las guerras”. La experiencia que respalda esa promesa es concreta: al frente de la UNCTAD, Grynspan negoció en 2022 la Iniciativa del Mar Negro, el acuerdo que permitió exportar desde puertos ucranianos más de 33 millones de toneladas de cereales pese a la invasión rusa, y que según datos de la ONU redujo los precios mundiales de los alimentos en un 23%.

La rueda de prensa se celebró al concluir uno de los diálogos interactivos a los que se someten esta semana los cuatro candidatos a suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 2026. Junto a Grynspan aspiran al cargo la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y el expresidente de Senegal Macky Sall. Según el calendario previsto, los quince miembros del Consejo de Seguridad debatirán en privado sobre los candidatos a finales de julio, y la Asamblea General formalizará el nombramiento hacia finales de año. De resultar elegida, Grynspan sería la primera mujer en ocupar la secretaría general en los ochenta años de historia del organismo.

La carrera para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU entró en una etapa clave esta semana. Por segunda vez en su historia, la organización abrió audiencias públicas donde los postulantes presentan sus propuestas y responden preguntas de los 193 Estados miembro y representantes de la sociedad civil.

Se trata de un paso hacia la transparencia en un proceso históricamente dominado por la diplomacia de alto nivel y las negociaciones entre potencias.

¿Cómo se elige al secretario general de la ONU?

El cargo de secretario general de la ONU es una de las posiciones más influyentes del sistema internacional, pero el proceso de selección está lejos de ser un simple concurso de méritos.

Desde 1945, la designación debe ser aprobada por la Asamblea General, aunque el verdadero filtro lo ejerce el Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros, de los cuales cinco tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

En la práctica, cualquier candidato vetado por alguno de estos cinco países queda fuera de carrera, y solo aquellos con el visto bueno del Consejo llegan a la votación final de la Asamblea.

Esto explica por qué el proceso está marcado por un delicado equilibrio geopolítico y numerosas negociaciones detrás de escena. Los Estados miembro pueden impulsar audiencias y entrevistas públicas, pero las decisiones clave se toman en reuniones privadas entre embajadores.

¿Quiénes pueden postularse y quién vota?

No hay requisitos estrictos sobre la nacionalidad, el género o la experiencia previa para ser candidato. Sin embargo, existe una tradición no escrita de rotación geográfica, que busca alternar regiones del mundo al frente de la organización. América Latina, por ejemplo, solo tuvo un secretario general en más de 80 años: el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

El proceso formal contempla la presentación de candidaturas, la exposición pública ante los Estados miembro y la sociedad civil, y finalmente la deliberación privada en el Consejo de Seguridad. Allí, los miembros permanentes pueden ejercer su derecho de veto sobre cualquier postulante. La Asamblea General, donde cada país tiene un voto, ratifica la decisión del Consejo, pero no puede revertir un veto.

Los resultados suelen anunciarse en los meses previos al final del mandato vigente, para dar tiempo a una transición ordenada. El nuevo secretario general asumirá funciones el 1 de enero de 2027.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS

Michelle Bachelet (Chile)

Bachelet, de 74 años, marcó historia como presidenta de Chile en dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018). Es médica y sobrevivió a la represión de la dictadura de Pinochet.

Con amplia experiencia internacional, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde su informe sobre la minoría uigur generó tensiones con China.

Bachelet se define “convencida” de que su trayectoria la prepara para liderar en tiempos de “desafíos de magnitud, urgencia y complejidad sin precedentes”.

México y Brasil la apoyan, pero Chile le retiró el respaldo tras el cambio de gobierno.

Rafael Grossi (Argentina)

Diplomático de carrera, Grossi, de 65 años, dirige desde 2019 el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde ha gestionado crisis nucleares como el programa iraní y la situación en la planta de Zaporizhzhia bajo ocupación rusa.

Su postulación se apoya en la idea de volver a las bases fundacionales de la ONU: “Salvar a la humanidad del flagelo de la guerra”.

Es considerado un negociador pragmático, habituado a tratar con actores clave del Consejo de Seguridad.

Rebeca Grynspan (Costa Rica)

De 70 años, economista y ex vicepresidenta costarricense, Grynspan dirige actualmente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Hija de sobrevivientes del Holocausto, negoció la Iniciativa del Mar Negro entre Rusia y Ucrania para facilitar la exportación de cereales durante la guerra.

Defiende la vigencia de la Carta de la ONU como antídoto contra la fragmentación y la desconfianza internacional. Aunque menos conocida que sus rivales latinoamericanos, su perfil técnico y su liderazgo en organismos multilaterales la posicionan como una opción de consenso.

Macky Sall (Senegal)

El ex presidente senegalés, de 64 años, es el único aspirante africano. Gobernó Senegal de 2012 a 2024 y sostiene que la paz global solo es posible si se abordan la pobreza, las desigualdades y la vulnerabilidad climática.

Su candidatura cuenta con el respaldo de Burundi, actual presidente de la Unión Africana, aunque no tiene el apoyo de su propio país ni del bloque regional.

Durante su mandato, fue criticado por la respuesta represiva ante protestas políticas, lo que podría jugar en su contra en el proceso de selección.

¿Cuándo se sabrán los resultados y qué está en juego?

Tras las exposiciones públicas y la ronda de preguntas, el Consejo de Seguridad realizará consultas privadas para buscar consensos y descartar candidatos vetados. Este proceso puede durar semanas o meses y solo una vez que haya acuerdo, la Asamblea General formaliza la designación. El anuncio oficial suele realizarse hacia fin de año, permitiendo la transición antes de la asunción el 1 de enero de 2027.

La elección del próximo secretario general será decisiva para el futuro de la ONU. El perfil que surja y su capacidad para conciliar intereses opuestos, modernizar la institución y restaurar la confianza internacional determinarán el rumbo de la diplomacia multilateral en medio de un escenario global cada vez más fragmentado e imprevisible.

La visita oficial de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a México se convirtió en una oportunidad que la sociedad civil no dejó pasar. Un frente amplio de organizaciones —encabezado por México Unido Contra la Delincuencia, Amnistía Internacional México, Juicio Justo y otras seis instituciones— emitió un llamado público para que las recomendaciones derivadas de la visita aborden los problemas estructurales que, aseguran, el gobierno no ha resuelto.

Militarización sin controles: el primer punto de la agenda civil

El comunicado firmado por las organizaciones advierte que, pese a las recomendaciones internacionales previas para retirar a las fuerzas armadas de la seguridad pública, su uso no solo continúa, sino que se ha expandido. Desde la administración de puertos hasta la construcción de infraestructura y el control de empresas, el poder militar se ha extendido a rubros civiles.

El punto de quiebre, señalan, fue la reforma constitucional de 2024, que eliminó las normas que impedían a las fuerzas armadas realizar tareas civiles en tiempos de paz. Para las organizaciones, esto erosiona directamente el Estado de Derecho y exige mecanismos urgentes de control democrático y rendición de cuentas.

Impunidad del 99%: la cifra que define la crisis de justicia

Las organizaciones colocaron la impunidad generalizada como una prioridad urgente. El dato es contundente: solo 1 de cada 100 delitos se resuelve en México. Las causas estructurales que señalan son claras:

• Débil capacidad investigativa de las fiscalías
• Ausencia de protección real a testigos
• Corrupción institucional
• Falta de autonomía efectiva de las Fiscalías

A esto se suma el impacto de la reforma judicial de 2024, que removió a más de 6,000 jueces de carrera para sustituirlos mediante voto popular, sin garantías de conocimiento ni independencia. Las organizaciones advierten que entre los electos en 2025 hay personas vinculadas al poder político o al crimen organizado.

500 voces exigen respaldo al informe sobre desapariciones

En paralelo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) entregó a Türk una carta suscrita por más de 104 colectivos de víctimas, 315 familias de desaparecidos y 78 organizaciones nacionales e internacionales. El documento exige que el Alto Comisionado respalde públicamente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que activó por primera vez en la historia el Artículo 34 de la Convención Internacional —un mecanismo excepcional— para escalar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU.

Las cifras que acompañan esa decisión son difíciles de ignorar: más de 132 mil personas desaparecidas y más de 70 mil restos sin identificar.

El gobierno escucha, pero con reservas

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la metodología del informe del CED, argumentando que sus datos corresponden al periodo 2009-2017 y no reflejan el contexto actual. Sin embargo, descartó una ruptura con la ONU y conformó un grupo interinstitucional para revisar el informe y construir la respuesta oficial.

Para las organizaciones civiles firmantes, la visita de Türk representa la primera prueba real de si ese diálogo puede traducirse en acciones concretas, o si quedará, una vez más, en buenas intenciones.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió con colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, en el marco de su visita a México, que incluyó encuentros con el gobierno federal y organismos internacionales.

Esto a pocas semanas de que el Comité contra las Desaparciones Forzadas (CED) presentó un informe sobre la desaparición de personas en México, lo que generó que los colectivos exigieran una reunión con el Alto Comisionado, para denunciar omisiones por parte de las autoridades y compartir su experiencia.

Tras la reunión, Türk compartió un mensaje en redes sociales, en el cual calificó como “difícil” describir su encuentro con las familias de personas desaparecidas, quienes le compartieron “su dolor y sufrimiento”.

“Es difícil encontrar las palabras para describir los intercambios que tuve hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Es aún más difícil comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento”, escribió en la cuenta de X de @UNHumanRights.En la misma publicación, hizo un llamado a que la búsuqeda de verdad y justicia de las familias de personas desaparecidas “sea atendida”; sin expresar en el mensaje una recomendación o reconocimiento al informe de la CED.“Su valentía, fortaleza y resiliencia inquebrantables me inspiran profundamente; su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida. - @volker_turk“, concluyó.

Previo a la visita de Türk, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos respaldar públicamente el informe del CED sobre México, que se presentó en marzo pasado.

En una carta dirigida al dimplomático, señalaron que la decisión del CED de remitir la situación mexicana al Secretario General de la ONU representa una oportunidad para avanzar en la búsqueda de desaparecidos, la identificación de más de 72 mil cuerpos sin identificar y el acceso a la justicia.

Los colectivos consideraron fundamental que Türk exprese un respaldo claro y público al informe del CED, posicionándolo como una herramienta para encauzar soluciones ante la crisis, y no como un elemento de confrontación.

Criticaron que la oficina de la ONU en México no ha asumido un papel más activo y visible en el último año y piden una interlocución firme ante el Estado mexicano y acusaron al gobierno federal de simular acciones y administrar el dolor de las víctimas.

Asimismo, advierten que la impunidad y la falta de protección para las personas buscadoras han derivado en amenazas, desapariciones y asesinatos.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que los sistemas alimentarios mundiales están al borde del colapso debido a las olas de calor extremas. El documento, citado por el periódico británico The Guardian, describe que el aumento de temperaturas en regiones agrícolas tradicionales compromete la capacidad de los agricultores para trabajar al aire libre y pone en riesgo el sustento de más de mil millones de personas.

Según el reporte, los agricultores en regiones cálidas de Asia, África y América Latina podrían verse imposibilitados de trabajar hasta 250 días al año debido a la intensidad del calor. Esta situación no solo afecta la producción agrícola, sino que también incrementa la mortalidad del ganado. El estrés térmico en animales comienza alrededor de los 25 °C (77 °F); en ese umbral, vacas lecheras disminuyen su producción y calidad de leche, mientras que cerdos y gallinas enfrentan problemas digestivos y riesgo de falla orgánica. The Guardian detalla que las olas de calor oceánicas también generan mortalidad masiva de peces, por la reducción del oxígeno en el agua.

De acuerdo con la FAO y la OMM, los rendimientos de cultivos como el maíz y el trigo caen hasta un 10% en zonas expuestas a temperaturas superiores a los 30°C (86 °F). Los daños incluyen debilitamiento celular y generación de toxinas, lo que afecta la calidad y cantidad de las cosechas. El informe advierte que el aumento de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales intensificará estas pérdidas, comprometiendo la estabilidad alimentaria global.

Impacto en trabajadores rurales y sistemas agrícolas

Según el portal de noticias, el documento enfatiza que las olas de calor extremo afectan especialmente a quienes dependen del trabajo diario al aire libre, como agricultores, ganaderos y pescadores artesanales.

Morgan Ody, coordinadora general de La Vía Campesina, advirtió en declaraciones recogidas por The Guardian que “la vida de los trabajadores rurales está cada vez más en riesgo”, y reclamó compensaciones, condonación de deudas e inversiones públicas para adaptación climática. Ody pidió también la implementación de normas de seguridad que limiten la exposición al calor y garanticen acceso a sombra, agua y pausas de descanso.

El informe señala que los sistemas alimentarios industrializados presentan una alta vulnerabilidad por su dependencia de pocos cultivos y de insumos especializados. Molly Anderson, profesora en Middlebury College y experta en sistemas alimentarios diversificados, recomendó “desarrollar modelos agrícolas más diversos y preparados para resistir crisis”, según cita The Guardian.

Anderson también propuso recuperar prácticas tradicionales como el uso de árboles y la rotación de cultivos para aumentar la resiliencia ante eventos extremos.

El impacto no se limita a los países en vías de desarrollo. Tim Lang, profesor emérito de la Universidad de Londres, explicó que las regiones templadas y los países desarrollados también enfrentarán cambios en los patrones de cultivo y consumo, reducción de la productividad y escasez de agua, lo que afectará la seguridad alimentaria en todo el mundo.

Medidas y desafíos ante la amenaza climática

El informe de la ONU sostiene que, aunque las olas de calor son predecibles, la falta de sistemas de alerta temprana y herramientas de adaptación expone a los agricultores a riesgos evitables. Las recomendaciones incluyen el uso de pronósticos meteorológicos y comunicación móvil para avisar a los trabajadores rurales sobre condiciones peligrosas. Richard Waite, director en el World Resources Institute, sostuvo ante The Guardian que “proporcionar información, herramientas y alertas es clave para ayudar a los agricultores a anticipar y protegerse de los extremos climáticos”.

El documento concluye que la única respuesta sostenible al riesgo de colapso alimentario pasa por reducir la dependencia de combustibles fósiles, acelerar la transición a energías renovables e invertir en adaptación agrícola. “Sin adaptación, el calor extremo reducirá rendimientos y forzará la expansión agrícola, lo que agravará las emisiones y el cambio climático”, advirtió Waite. El informe subraya que romper este círculo vicioso requiere ampliar las soluciones que permitan mantener la productividad en un clima cambiante.

En la antesala de una definición clave para el futuro de la Organización de las Naciones Unidas, dos perfiles muy distintos concentran parte de la atención internacional: la economista costarricense Rebeca Grynspan y el ex mandatario senegalés Macky Sall. Ambos aspiran a suceder a António Guterres a partir de 2027, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas, crisis económicas y desafíos climáticos cada vez más urgentes.

Ayer ya presentaron su candidatura la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

Rebeca Grynspan

Por un lado, Grynspan llega con un perfil técnico y una extensa trayectoria dentro del sistema multilateral. Economista de formación y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), supo construir su carrera en torno a la cooperación internacional y el desarrollo. Fue vicepresidenta de Costa Rica y ocupó cargos de peso en organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se destacó por su enfoque en la reducción de la desigualdad en América Latina.

Uno de los hitos más relevantes de su gestión reciente fue su participación en la negociación de la Iniciativa del Mar Negro en 2022, un acuerdo clave entre Rusia y Ucrania que permitió destrabar la exportación de granos en medio de la guerra. Esa experiencia le dio visibilidad como una figura capaz de tender puentes en escenarios complejos. En sus intervenciones, Grynspan suele insistir en la necesidad de reconstruir la confianza entre los países y fortalecer el multilateralismo, apoyándose en los principios fundacionales de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial.

Su candidatura también se inscribe en un reclamo histórico: que una mujer, por primera vez, ocupe la Secretaría General. En ese sentido, su perfil combina experiencia técnica con una narrativa alineada a los debates actuales sobre representación y equidad dentro de los organismos internacionales.

Macky Sall

Del otro lado, Macky Sall representa una mirada más política, forjada en la conducción de un país africano durante más de una década. Presidente de Senegal entre 2012 y 2024, su gestión estuvo marcada por intentos de modernización económica, impulso a la infraestructura y un rol activo en foros regionales como la Unión Africana, donde incluso ejerció la presidencia.

Sall plantea una agenda en la que el desarrollo económico es inseparable de la paz. Según su visión, los conflictos no pueden resolverse de manera duradera si persisten la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad frente al cambio climático, problemas que afectan con especial dureza al continente africano. Esta perspectiva busca ampliar el foco tradicional de la seguridad internacional hacia un enfoque más integral.

Sin embargo, su candidatura no está exenta de controversias. Durante sus últimos años en el poder, su gobierno fue cuestionado por la represión de protestas opositoras que dejaron decenas de muertos, un punto que genera resistencias tanto dentro como fuera de Senegal. Además, su postulación no cuenta con un respaldo unificado del bloque africano, lo que podría debilitar sus chances en una carrera donde el apoyo regional suele ser determinante.

—Comerciante de Kosovo: “Where are you come from?” (¿De dónde son?).

—Pareja de argentinos: “Argentina”.

—Comerciante de Kosovo: “¿Ah?”.

—Pareja de argentinos: “Argentina. Argentina. Messi, Messi”.

—Comerciante de Kosovo: “Your country not recognize my country” (“Tu país no reconoce a mi país”).

—Pareja de argentinos: “What?” (¿Qué?).

—Comerciante de Kosovo: “Argentina. It not recognize my country, Kosovo. Kosovo is a new country” (“Argentina no reconoce a mi país. Kosovo es un nuevo país”).

Ese primer intercambio resumió, en apenas segundos, el tono de la experiencia en Kosovo: un país que existe, pero que no está reconocido por las Naciones Unidas (ONU). Un territorio que recibe visitantes, pero no necesariamente está preparado para ellos. Un lugar donde la identidad es una conversación inevitable.

“Nos pegó fuerte”, admitió Iara en diálogo con Infobae. “No esperábamos que lo primero que nos dijeran tuviera que ver con política internacional”, se sinceró.

Llegar a Kosovo no fue casualidad. Venían de recorrer Albania durante semanas, atravesando desde playas hasta montañas nevadas. A apenas veinte kilómetros de la frontera, el paso parecía inevitable. “Era un país que nos generaba muchísima curiosidad, y también cierta incertidumbre”, relató Guille.

La frontera, paradójicamente, fue la más sencilla de todo su viaje por Europa. Sin mayores controles, ni largas filas. “El trámite fue rápido porque ingresamos desde Albania. Existe una fuerte afinidad histórica y étnica entre Kosovo y Albania. La mayoría de la población kosovar es de origen albanés, por lo que comparten idioma, tradiciones y símbolos. Esto se refleja incluso en la vida cotidiana ya que es común ver banderas de Albania dentro de Kosovo. Esa relación hace que el paso fronterizo entre ambos territorios sea más fluido y natural en comparación con otros accesos”, explicaron.

Ese contraste —entre lo fácil de entrar y lo difícil de entender al país— se volvió una constante. “Nos dio la sensación de que no está acomodado para gustarte”, describió Iara. “Kosovo es así, sin filtro”, explicó.

Kosovo es el país más joven de Europa. Declaró su independencia en 2008, separándose de Serbia, pero su reconocimiento internacional sigue siendo parcial. Naciones como España, Rusia, China y Argentina, no lo reconocen como Estado soberano. Y eso, para los kosovares, no es un detalle menor.

“Fue lo primero que nos dijeron”, recordó Guille. “Ni hola, ni cómo están. Directo a: ‘Tu país no reconoce el mío’”, recordó. Sin embargo, no lo interpretó como un reclamo agresivo sino más bien explicativo. Como si cada visitante fuera una oportunidad para contar su versión de la historia. “Es algo que tienen muy presente. Es parte de su identidad actual”, añadió Iara.

La primera ciudad que visitaron fue Gjakovica. Ubicada en el oeste de Kosovo, cerca de la frontera con Albania, es una de las más antiguas del país y conserva una fuerte impronta histórica vinculada al pasado otomano de la región.

“Lejos de los circuitos turísticos tradicionales, se muestra como un lugar genuino, donde la vida cotidiana transcurre sin adaptaciones pensadas para el visitante”, contaron. “No hay esfuerzo por hacerte sentir cómodo como turista”, ejemplificaron. Y eso, lejos de ser un defecto, les pareció parte de la esencia del lugar.

Durante el recorrido, trataron de insertarse en la dinámica local real. Anduvieron por calles con bazares, visitaron comercios tradicionales y se encontraron con personajes ejerciendo sus oficios en la vía pública. “Vimos a zapateros cosiendo, gente arreglando relojes y señoras trabajando como costureras”. Según ellos, se encontraron con “una realidad muy manual, muy analógica”.

En Gjakovica también notaron la escasa infraestructura orientada al turismo. “No abundan los servicios pensados para visitantes internacionales, ni hay una señalización clara o propuestas organizadas como en otros destinos europeos”, remarcaron.

El idioma fue otra barrera, que se tomaron con humor: “Muchas personas no hablaban inglés, lo que dificultaba la comunicación en situaciones simples como pedir comida. Terminás señalando lo que querés y esperando a ver qué llega”.

Fieles a su estilo de viaje, no se alojaron en hoteles sino que continuaron recorriendo en su motorhome. En las afueras de la ciudad encontraron espacios abiertos, especialmente cerca de ríos, donde pudieron estacionar y pasar la noche.

Esa falta de adaptación para el visitante también la sufrieron con el dinero. Aunque en Kosovo utilizan el euro, la economía funciona mayormente en efectivo. “Tenés que preguntar siempre si podés pagar con tarjeta”, contó Guille.

La comida también los sorprendió: opciones simples, económicas, pero muchas veces difíciles de identificar. Masas, quesos, preparaciones pesadas. Sabores familiares en formatos desconocidos.

Pero más allá de lo cotidiano, lo que atravesó toda la experiencia fue la historia. La tensión con Serbia sigue vigente, y las fronteras no son solo geográficas sino también políticas. “No pudimos cruzar directamente a Serbia desde acá porque para ellos Kosovo no existe”, contaron los viajeros argentinos, que actualmente se encuentran recorriendo ese país.

Para Iara y Guille, Kosovo no fue un destino cómodo, ni fácil, ni predecible. Pero sí auténtico. “Es de esos lugares que te desafían. Te saca del lugar de consumidor y te pone en el lugar de observador, de aprendiz”, concluyeron sobre su travesía.

Rodando por el mundo desde hace siete años

La historia de Iara, de 36 años, y Guillermo, de 34, no empezó en una ruta lejana ni en un destino exótico, sino en una oficina del barrio porteño de Recoleta. Allí, en 2011, se conocieron trabajando en atención al cliente para una empresa de telecomunicaciones.

Durante años llevaron una vida convencional: empleo estable, horarios fijos y vacaciones limitadas que aprovechaban para escaparse a distintos puntos de Argentina.

Esos viajes, al principio esporádicos, fueron despertando algo más profundo. Cada vez que se alejaban de la ciudad notaban un cambio en el ritmo de vida, en la forma en que la gente se relacionaba y en el tiempo que se tomaba para las cosas simples.

Iara recuerda una escena puntual: entrar a una panadería en el interior del país y sentirse fuera de lugar por la velocidad con la que hablaba y pedía. “La señora quería conversar, todo era más lento”, contó. Ese contraste fue una de las primeras señales de que existía otra forma de vivir.

En 2017 apareció la idea que lo cambiaría todo. Guille le mostró a Iara ejemplos de personas que vivían viajando en vehículos adaptados. Al principio, la propuesta le pareció una locura. Pero la idea empezó a tomar forma. Un año después, en 2018, tomaron una decisión radical: renunciaron a sus trabajos, dejaron la estabilidad económica y transformaron una Renault Kangoo en su casa.

“No era llegar a un lugar, era ver realidades”, explicó Iara sobre ese viaje que ya va por su séptimo año. Desde el inicio, su proyecto no estuvo guiado por metas geográficas, sino por la búsqueda de experiencia.

Con el tiempo, también fueron evolucionando en sus medios de transporte: pasaron a una Fiat Ducato 4x4 y luego a un motorhome más grande, tipo “capuchina”, que hoy funciona como un verdadero hogar sobre ruedas.

En ese recorrido nunca estuvieron solos. Ettore, su perro, forma parte del viaje desde el inicio. “Creo que el viaje es de él, nosotros lo acompañamos”, dijo Iara entre risas. El animal, de 12 años, es una pieza central en su historia.

Al principio, sostener económicamente esta vida implicó rebuscárselas: vendieron comida, hicieron artesanías y buscaron distintas formas de generar ingresos en el camino. Con el tiempo, encontraron una fuente más estable: las redes sociales.

“Hoy vivimos principalmente del canal de YouTube @rodandoporahi, donde tenemos 120 mil suscriptores y compartimos nuestras experiencias por el mundo, y de nuestro Instagram @_rodandoporahi”, contaron. También tienen presencia en la web www.rodandoporahi.com, en la que brindan información útil para los viajeros que buscan un estilo de vida como el suyo.

A diferencia de otros youtubers, Iara y Guille dejaron de llevar la cuenta de los países visitados, que son más de 20. “Al principio pegábamos banderitas en el motorhome, hacíamos como una ceremonia. Después el viaje pasó a ser otra cosa”, explicaron.

Hoy, su filosofía es simple: “Vamos a donde pinte”. Eso implica volver a lugares, cambiar rutas sobre la marcha y dejarse guiar tanto por lo práctico —clima, tiempos legales de permanencia— como por la intuición.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó este miércoles su “satisfacción” por la decisión unilateral del presidente estadounidense Donald Trump de extender el alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril entre Estados Unidos y el régimen iraní.

Guterres instó a todas las partes evitar acciones que puedan poner en riesgo la tregua y pidió por una participación constructiva en las negociaciones para lograr una solución sostenible y duradera.

En un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres calificó la prórroga del alto el fuego anunciada por Washington como un “paso importante” para la “diplomacia y la construcción de confianza entre Teherán y Washington.

Además, manifestó su apoyo pleno a los esfuerzos de Pakistán, país que impulsó el proceso de diálogo para poner fin al conflicto desde el inicio de la tregua entre ambos países.

“El secretario general espera que estos esfuerzos contribuyan a generar las condiciones necesarias para una resolución integral y duradera del conflicto”, señaló Dujarric.

Dentro del ecosistema de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), declaró a la prensa el martes por la noche que el esfuerzo por poner fin a la guerra entre Teherán y Washington es un proceso complejo y que es importante permitir la continuidad de dicho proceso.

“Creo que es fundamental que se brinde una oportunidad para la paz”, afirmó.

Grossi, quien actualmente se postula para convertirse en el próximo secretario general de la ONU, advirtió también a ambas partes que cualquier acuerdo de paz debe incluir al OIEA desde el principio para supervisar el programa nuclear iraní. De lo contrario, añadió, “será una mera ilusión de acuerdo”.

Las declaraciones de ambos diplomáticos surge luego de que el mandatario de Estados Unidos anunciara una extensión indefinida del alto el fuego con la república islámica y ratificara que mantendrá el bloqueo a sus puertos.

En una publicación en la red Truth Social horas después de anunciar una extensión indefinida de la tregua con Irán, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que el régimen “no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, sino que se abra para poder ganar 500 millones de dólares al día (¡que es, por lo tanto, lo que pierden si se cierra!)“.

“Solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente bloqueado (¡Cerrado!), así que simplemente quieren ‘salvar las apariencias’”, expuso Trump.

A su vez, lanzó una advertencia contra las autoridades del régimen en Teherán: “Hace cuatro días, varias personas se me acercaron diciendo: ‘Señor, Irán quiere abrir el estrecho inmediatamente’. Pero si hacemos eso, jamás podrá haber un acuerdo con Irán, ¡a menos que destruyamos el resto de su país, incluidos sus líderes!”.

Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró el martes su respaldo al bloqueo naval que limita las exportaciones de petróleo iraní y afirmó que, en pocos días, esta estrategia dejará a Teherán sin ingresos clave.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que “en cuestión de días, el almacenamiento de la Isla de Kharg estará lleno y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados”, y defendió la continuidad de la operación ordenada por el presidente Donald Trump hace más de una semana.

Bessent subrayó la importancia de mantener la política de “máxima presión” mediante la operación “Furia Épica”, con el objetivo de debilitar la capacidad financiera y operativa de Irán. En ese sentido, explicó que el bloqueo naval apunta a frenar las exportaciones de crudo, principal fuente de ingresos del régimen, y forzar el colapso de su economía.

“Debemos continuar aplicando la presión económica hasta que el régimen de Irán no tenga margen para sostener sus actividades desestabilizadoras”, señaló el funcionario.

(Con información de Europa Press)

La visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al Senado de la República incluyó la entrega de documentos por parte de legisladores de oposición, quienes expusieron su postura sobre la situación de desapariciones e inseguridad en México.

Senado recibe a Volker Türk en el marco de su gira por México

El funcionario de la ONU fue recibido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado como parte de su agenda de trabajo en el país.

El senador Ignacio Mier informó que al encuentro fueron convocados presidentes de comisiones vinculadas con derechos humanos, organismos internacionales y relaciones exteriores.

El legislador destacó la relevancia del diálogo entre autoridades nacionales y organismos internacionales, en un contexto de revisión de distintos temas relacionados con derechos humanos.

PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones e inseguridad

Durante la visita, legisladores del PRI sostuvieron un encuentro con el Alto Comisionado, en el que entregaron un documento donde describen la situación de desapariciones en el país.

El diputado Pablo Angulo informó que en la carta se expone una cifra superior a 133 mil personas desaparecidas, además de señalar preocupaciones sobre la respuesta institucional ante este fenómeno.

Indicó que el documento busca visibilizar la problemática y el impacto en miles de familias.

En el mismo contexto, legisladores del PAN también han manifestado previamente su preocupación por la situación de seguridad y desapariciones, señalando la necesidad de fortalecer las acciones del Estado en materia de búsqueda e investigación, así como garantizar atención a víctimas.

Los posicionamientos de ambas fuerzas políticas se suman a los intercambios sostenidos durante la visita del funcionario internacional.

Encuentros con colectivos y testimonios de familiares

Previo a su asistencia al Senado, Volker Türk se reunió con colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México.

Durante estos encuentros, el Alto Comisionado expresó su solidaridad con las víctimas y reconoció la complejidad del problema. También destacó la fortaleza de las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

En las inmediaciones, colectivos realizaron manifestaciones y entregaron cartas en las que plantean la necesidad de mayor apoyo internacional, así como mejoras en los procesos de investigación.

Gobierno federal expone avances y reitera cooperación

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el encuentro con el Alto Comisionado se desarrolló en un ambiente de diálogo respetuoso.

Señaló que durante la reunión se abordaron diversos temas, como la búsqueda de personas, atención a víctimas, migración y libertades públicas. Asimismo, indicó que se expusieron las acciones implementadas por el gobierno en materia de derechos humanos.

También reiteró la disposición de México para mantener la colaboración con organismos de Naciones Unidas, en el marco del respeto a las distintas posturas.

Revisión internacional y seguimiento a la situación en México

La visita del Alto Comisionado ocurre en un contexto de seguimiento internacional a la situación de derechos humanos en México, particularmente en materia de desapariciones.

Durante su estancia, el funcionario ha sostenido reuniones con autoridades, legisladores, organizaciones civiles y familiares de víctimas, con el objetivo de recabar información y conocer distintas perspectivas.

Puntos relevantes de la visita

• Legisladores del PRI entregaron un documento sobre desapariciones e inseguridad.
• El PAN ha señalado la necesidad de reforzar acciones en materia de búsqueda y atención a víctimas.
• El Alto Comisionado sostuvo encuentros con colectivos y familiares de personas desaparecidas.
• El gobierno federal destacó avances y reiteró cooperación con la ONU.
• La visita incluye reuniones con distintos actores para evaluar la situación de derechos humanos.

La gira de trabajo del Alto Comisionado continúa con nuevas reuniones programadas, como parte del seguimiento a los temas abordados durante su estancia en el país.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), reveló detalles sobre su reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, calificándola como un encuentro positivo.

Al ser cuestionada sobre la reunión durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal detalló que la reunión fue en la Secretaría de Gobernación y aseguró que fue “un diálogo respetuoso”.

Comentó que inicialmente, la SEGOB le explicó al Alto Comisionado de la ONU y a su equipo “cómo es el sistema de derechos humanos” en México, afirmando que actualmente se ha reforzado.

Sin embargo, mencionó que el Alto Comisionado realizó diversos cuestionamientos sobre varios temas relacionados a la búsqueda de personas desaparecidas en México y otros temas de derechos humanos.

¿Sobre qué dialogaron la SEGOB y el Alto Comisionado de la ONU?

De acuerd con Rosa Icela Rodríguez el Volker Türk hizo “muchas preguntas” sobre discriminación, la búsqueda de personas, la atención a víctimas y “todos los programas”, sin dar mayores detalles.

Mencionó que durante el encuentro, el gobierno de México reiteró la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y “la convicción” de trabajar en coordinación con todos los organismos internacionales y de derechos humanos, de manera permanente, “como ha ocurrido hasta este momento”.

“En ese tono fue y por eso lo consideramos positivo, porque pues ese fue un primer compromiso, el de colaborar no solamente por una cuestión de ley, de orden legal, sino la convicción de estar trabajando permanentemente en relación con el respeto irrestricto a los derechos humanos en México”, puntualizó.

Señaló que también dialogaron sobre derechos, la libre manifestación y la estrategia que se presentó en julio pasado, junto con un paquete de reformas, para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas.

“También escuchamos de ellos comentarios respecto del trabajo que se lleva a cabo aquí en México y con relación a otras historias de otros países. Pero estuvo, estuvo atento y muy receptivo y nosotros también a sus palabras, a sus, eh, ejemplos también”, agregó la funcionaria.

Respecto al rechazo del gobeierno de México al informe que presentó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), de la ONU, en marzo pasado, la secretaria de Gobernación respondió que el Alto Comisionado no se posicionó sobre el tema; sin embargo, el gobierno reiteró su postura.

" Digamos que en general no, no, no hubo así como un tema, pero, este, pues nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente, ¿no?“, concluyó.

Michelle Bachelet, candidata a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó en Nueva York que la organización debe renovarse y apostar por el diálogo y el multilateralismo para enfrentar la crisis de confianza, la expansión de guerras y la creciente desigualdad en el mundo.

Frente a esta situación, la expresidenta de Chile indicó que, a pesar del debilitamiento de la confianza institucional, existen bases para impulsar una transformación profunda y subrayó que los desafíos actuales exigen un rediseño estructural en la ONU.

“No es que la dificultad tenga un lado positivo; es que la dificultad es el único terreno donde se construyen soluciones duraderas”, afirmó.

La propuesta de Michelle Bachelet incluye modernizar la ONU con el objetivo de obtener resultados tangibles y sostenibles, mediante una gestión eficiente y un liderazgo confiable, e imaginó una organización capaz de anticipar y prevenir crisis, así como de unir a los Estados miembros en beneficio de sus ciudadanos.

Por segunda vez en ocho décadas, los candidatos son expuestos a preguntas directas de los Estados miembros y de representantes de la sociedad civil. La sesión dedicada a Bachelet duró tres horas, e incluyó una revisión de su experiencia como directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los Derechos Humanos, así como su doble mandato presidencial en Chile.

En su discurso inicial, pronunciado en inglés, francés y español, Bachelet resaltó el valor del diálogo en la transición desde dictaduras y en la construcción democrática, haciendo referencia específica al caso chileno.

Además, evocó el legado de Nelson Mandela en la ONU y citó a la música popular chilena como fuente de inspiración.

La participación de Michelle Bachelet en el proceso de selección representa la expectativa de que una mujer latinoamericana acceda al cargo máximo de la organización.

Además de Bachelet, compiten el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall, quienes también presentarán propuestas ante la Asamblea General.

La candidatura de Bachelet cuenta con el apoyo de México y Brasil, aunque perdió el respaldo de Chile tras la asunción de José Antonio Kast.

La experiencia de Bachelet al frente de ONU Mujeres y como alta comisionada la posiciona como figura relevante en el ámbito internacional.

El resto de los candidatos poseen trayectorias destacadas en organismos multilaterales. Rafael Grossi dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y ha estado involucrado en temas como el programa nuclear iraní y la seguridad de la central de Zaporizhzhia.

Por su parte, Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), lideró negociaciones como la “Iniciativa del Mar Negro” para la exportación de cereales ucranianos.

Luego, Macky Sall, expresidente de Senegal, promueve el desarrollo como base de la paz y ha sido respaldado por Burundi, aunque no cuenta con el apoyo pleno de su país ni del bloque africano.

La selección del sucesor de António Guterres involucra tanto a los Estados miembros como a representantes de la sociedad civil y responde a una demanda global por mayor transparencia, equidad de género y renovación institucional.

La competencia por la Secretaría General de la ONU continuará con las presentaciones de los demás candidatos. La capacidad de adaptación del organismo y su futuro dependerán en gran medida de la visión y el liderazgo de quien asuma el cargo a partir de enero de 2027.

(Con información de EFE y AP)

Los cuatro candidatos a suceder al secretario general de la ONU Antonio Guterres se presentarán esta semana en audiencias públicas, etapa preliminar del proceso para designar al líder de una organización enfrentada a múltiples retos.

La chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall serán sometidos durante tres horas cada uno, el martes y el miércoles, a preguntas de los 193 Estados miembro y de representantes de la sociedad civil.

Es la segunda vez en sus ocho décadas de existencia que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) organiza una sesión de este tipo, creada en 2016 para mayor transparencia.

Muchos Estados quieren que una mujer asuma por primera vez el cargo, y América Latina lo reivindica en virtud de una tradición no reglamentada de rotación geográfica que, sin embargo, no siempre se respeta.

Desde la fundación de la ONU en 1945 el único secretario general latinoamericano fue el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991). Guterres, que asumió en 2017, es portugués.

Pero son los miembros del Consejo de Seguridad —en la práctica los cinco miembros permanentes con su derecho de veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia)— quienes tienen realmente el futuro de los candidatos en sus manos.

El próximo secretario general deberá estar en sintonía con “los valores y los intereses estadounidenses”, advirtió el embajador estadounidense Mike Waltz.

Los cuatro candidatos oficiales para tomar las riendas de la ONU a partir del 1 de enero de 2027 prometen recuperar la confianza en una organización profundamente dividida.

Michelle Bachelet

Bachelet, de 74 años, fue la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018), con el Partido Socialista.

Pediatra de profesión, la izquierdista sufrió torturas por enfrentarse a la dictadura de Augusto Pinochet y tras gobernar el país se tornó en una figura política de relieve internacional.

Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

Este último cargo le granjeó ciertos resentimientos, como el de China, por la publicación de un informe demoledor sobre la situación de la minoría musulmana uigur.

Bachelet se declara “convencida” de que su experiencia la prepara para los tiempos actuales, en los que el sistema internacional “enfrenta desafíos de una magnitud, una urgencia y una complejidad sin precedentes”.

Respaldan su candidatura México y Brasil. Chile le retiró el apoyo tras la asunción del presidente ultrederechista José Antonio Kast.

Rafael Grossi

Diplomático de carrera, el argentino de 65 años saltó a la luz pública al asumir en 2019 la dirección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), parte del sistema de las Naciones Unidas.

Este cargo lo ha llevado a ocuparse del programa nuclear iraní y de los peligros relacionados con la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada por las fuerzas rusas.

Estos dos temas sensibles involucran a varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

En su carta de candidatura aboga por un “retorno (de la ONU) a sus bases fundacionales: salvar a la humanidad del flagelo de la guerra”.

Rebeca Grynspan

Economista de 70 años, Grynspan es hija de padres judíos que emigraron a Costa Rica tras sobrevivir al Holocausto.

Menos conocida que sus contendientes latinoamericanos, la exvicepresidenta de Costa Rica dirige la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

En ese puesto negoció en 2022 la “Iniciativa del Mar Negro” con Moscú y Kiev para facilitar la exportación de los cereales ucranianos tras la invasión rusa.

En su discurso destaca su apego a la Carta de la ONU, fundada sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, “una advertencia permanente contra los peligros de la deshumanización, la desconfianza y la fragmentación”.

Macky Sall

Macky Sall, de 64 años, es el único candidato de fuera de Latinoamérica.

El expresidente senegalés (2012-2024) insiste en el vínculo intrínseco entre paz y desarrollo: la primera no puede ser “duradera” cuando el segundo pilar está minado “por la pobreza, las desigualdades, la exclusión y la vulnerabilidad climática”.

Su candidatura a la ONU, respaldada por Burundi —que ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Africana—, no cuenta sin embargo con el apoyo del bloque regional ni con el de su propio país.

Las autoridades actuales de Senegal lo acusan de haber reprimido con sangre las violentas manifestaciones políticas que causaron decenas de muertos entre 2021 y 2024.

Horario de las intervenciones

Michelle Bachelet Jeria – 21 de abril, 14 h (GMT)

Rafael Mariano Grossi – 21 de abril, 19 h. (GMT)

Rebeca Grynspan Mayufis – 22 de abril, 14 h (GMT)

Macky Sall – 22 de abril, 19 h (GMT)

(Con información de AFP)

Esta semana, titulares del Poder Judicial de la Federación sostuvieron un encuentro con Volker Türk, titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en el que reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde participaron representantes de los principales órganos judiciales del país.

Autoridades del Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de Justicia de la Nación, @TEPJF_informa, @tdjmex y @OAJ_Mex, sostuvieron un encuentro con representantes de la Oficina del Alto Comisionado @ONU_es @ONUDHmexico, en el que coincidieron en que la independencia, la… pic.twitter.com/vbKPkPSqQ4

— Suprema Corte (@SCJN) April 21, 2026

Poder Judicial y ONU-DH refuerzan compromiso con los derechos humanos

Durante el encuentro, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, junto con el magistrado Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); y Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), coincidieron en que defender la independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial es clave para garantizar la justicia en el país.

Asimismo, destacaron la importancia de consolidar una agenda conjunta con la ONU-DH para fortalecer las instituciones y promover el respeto a los derechos fundamentales.

Pluriculturalidad y pueblos indígenas, eje del acceso a la justicia

En la reunión también participaron ministras y ministros de la SCJN, quienes subrayaron la necesidad de reconocer la pluriculturalidad de México como un elemento esencial para garantizar los derechos de todas las personas.

Se puso especial énfasis en mejorar el acceso a la justicia para pueblos indígenas y sectores históricamente excluidos, así como en avanzar en el reconocimiento de una justicia pluricultural que responda a la diversidad del país.

Acciones conjuntas para una justicia incluyente

El diálogo permitió identificar elementos clave para la construcción de sociedades más justas, incluyentes y cohesionadas, en las que el acceso a la justicia sea efectivo para toda la población.

Tanto el Poder Judicial mexicano como la ONU-DH acordaron mantener la colaboración institucional en acciones que fortalezcan el sistema judicial y garanticen los derechos humanos.

Participación de autoridades nacionales e internacionales

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial del Alto Comisionado a México y contó con la presencia de representantes de la ONU-DH, así como autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entre los asistentes destacaron Matthias Behnke, director regional de las Américas de la ONU-DH; Humberto Henderson, representante en México; Maia Campbell, representante adjunta; así como Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y Jeniffer Feller Enriquez, directora general de Derechos Humanos y Democracia.

Por parte de la SCJN también acudieron funcionarios encargados de áreas clave como derechos humanos, igualdad sustantiva, justicia pluricultural y comunicación social, quienes refrendaron su compromiso de impulsar políticas que garanticen el acceso a la justicia en México.

Chad desplegará 1.500 soldados en Haití como parte de la fuerza de seguridad de las Naciones Unidas en el país caribeño para combatir la violencia de las pandillas, según una carta del presidente al parlamento.

En la carta leída el lunes ante los legisladores del país centroafricano, el presidente chadiano Mahamat Déby Itno anunció que dos batallones de 750 soldados cada uno serán desplegados a partir de este mes durante un año, a raíz de una solicitud de las Naciones Unidas.

“Ya se ha enviado un contingente de 400 hombres a Haití como parte de esta misión que honra a Chad y a sus fuerzas de defensa y seguridad”, dijo el presidente.

El año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la ampliación de la fuerza multinacional liderada por Kenia en Haití a 5.500 efectivos, denominada Fuerza de Represión de Pandillas, y amplió sus facultades para incluir la detención de presuntos miembros de pandillas, algo que la fuerza anterior no tenía.

La misión anterior, puesta en marcha en 2023, estaba prevista para incluir a 2.500 personas y estaba dirigida por la policía keniana, pero se vio obstaculizada por la falta de personal y fondos.

Interrogado por esta cuestión, Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, ha querido recordar en rueda de prensa que los efectivos de estas misiones “no son cascos azules, no son personal de la ONU”.

“Independientemente de eso, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU supervisa, documenta y da seguimiento a las denuncias de abuso sexual, incluso cuando involucran a fuerzas que no pertenecen a la ONU y operan bajo un mandato del Consejo de Seguridad”, ha señalado antes de reclamar que “cada una de las denuncias sea investigada exhaustivamente por las autoridades nacionales del país cuyos soldados están operando y que los responsables rindan cuentas”.

Últimos enfrentamientos

Un número indeterminado de muertos, heridos y cientos de desplazados es el resultado de enfrentamientos entre bandas armadas en la zona de Plaine du Cul de Sac (Llanura del callejón sin salida), al norte de Puerto Príncipe, capital de Haití, sin presencia de la Policía Nacional de ese país.

La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) no han hecho presencia en el lugar, lo que obligó a centenares de personas a abandonar sus hogares.

Los desplazamientos se producen a pie o en motocicletas. Algunos han podido llevarse lo imprescindible, mientras que otros han huido con lo único que llevan puesto, según imágenes en las redes sociales.

Este conflicto, que comenzó hace dos días, enfrenta a las pandillas de Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban contra las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, destacaron medios locales.

El país caribeño ha registrado, entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, más de 5.500 muertes por los actos violentos perpetrados por estos grupos armados y por las actuaciones contra ellos desde las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa, según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Bandas criminales peligrosas controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe, la capital del país, y extensas zonas de la región central. En 2021, un grupo de hombres armados asesinó al expresidente Jovenel Moïse en su domicilio.

Según grupos de derechos humanos, al menos 30 personas murieron y decenas más están desaparecidas después de que la banda Gran Grif lanzara un nuevo ataque contra la ciudad de Petite-Rivière de l’Artibonite, en el centro de Haití, el mes pasado.

(con información de AP y EP)

El subsecretario general de la ONU, Mohamed Khaled Khiari, advirtió este lunes que la guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa un punto crítico marcado por la falta de avances diplomáticos y una escalada sostenida de la violencia, y reclamó un cese de hostilidades “total, inmediato e incondicional”.

“Hemos asistido a una escalada alarmante de los combates sin que se haya producido ningún avance diplomático significativo”, expresó Khiari en la última sesión del Consejo de Seguridad.

El representante de Naciones Unidas enfatizó que la ofensiva rusa no solo continúa, sino que se ha intensificado en las últimas semanas, provocando un incremento de víctimas civiles y la destrucción de infraestructura clave en Ucrania.

“Los ataques rusos se siguen intensificando, al igual que las víctimas civiles y la devastación generalizada en Ucrania”, afirmó.

De acuerdo con cifras verificadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, desde febrero de 2022 al menos 15.578 civiles han muerto, incluidos 784 menores, y 43.352 personas han resultado heridas, entre ellas 2.668 niños.

Khiari hizo hincapié en la importancia de mantener la atención internacional sobre el conflicto y reclamó una estrategia global para poner fin a la violencia.

“No podemos permitirnos el riesgo de que el conflicto se descontrole, con un coste humano aún mayor y consecuencias impredecibles para todos nosotros”, advirtió.

El diplomático celebró el intento de una tregua de 32 horas para coincidir con la Pascua, aunque lamentó que no se haya respetado y que la violencia haya continuado sin interrupciones.

En su intervención, Khiari también alertó sobre los riesgos asociados a los ataques en las cercanías de instalaciones nucleares. Aprovechando el aniversario del desastre de Chernobyl, señaló que el conflicto pone en peligro la central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa.

“Este aniversario sirve también como advertencia de la magnitud de la destrucción a la que podríamos asistir en caso de otro incidente, intencionado o no, mientras la guerra sigue poniendo en peligro las instalaciones nucleares de Ucrania”, enfatizó.

Por otro lado, Joyce Msuya, responsable de Asuntos Humanitarios en Naciones Unidas, denunció el incremento de bombardeos contra zonas residenciales, sistemas de transporte, redes energéticas y puertos.

Señaló que esta intensificación de los ataques tendrá consecuencias humanitarias graves en los próximos meses, tanto en verano como en invierno.

“Incluso en la guerra hay reglas: el respeto del derecho internacional humanitario y la protección de civiles e infraestructuras críticas no son opcionales”, subrayó Msuya.

La falta de diálogo efectivo entre Kiev y Moscú mantiene a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Los ataques sistemáticos han afectado la vida diaria de millones de ucranianos, dejado a comunidades enteras sin acceso a servicios básicos y forzado a miles de personas a abandonar sus hogares. Los expertos advierten que el conflicto podría desbordarse si no se adoptan medidas urgentes para detener la escalada.

Francia respalda la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, expresó el apoyo de su país a la creación de un tribunal especial para enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania, complementando la labor de la Corte Penal Internacional.

“Los dirigentes rusos deben rendir cuentas”, remarcó Barrot ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El funcionario insistió en que no basta con reparar los daños materiales, sino que es imprescindible perseguir la responsabilidad por la planificación y ejecución de la invasión.

Barrot informó que Francia participará en el comité de dirección de este futuro tribunal y defendió la importancia de llenar el vacío jurídico existente, ya que el crimen de agresión no está plenamente cubierto por la jurisdicción internacional actual.

Además, recordó que “no hay paz sin justicia, ni justicia sin verdad” y ratificó el compromiso francés con los mecanismos internacionales para documentar los daños y asegurar que los responsables de crímenes rindan cuentas ante la ley.

(Con información de EFE y AFP)

El colectivo Familias Buscadoras de Yucatán alzó la voz este lunes 20 de abril de 2026, reclamando que bajo la imagen de un estado seguro se esconde una crisis de más de 300 personas desaparecidas.

El mensaje, dirigido al Alto Comisionado de la ONU, surge desde Mérida y expone la brecha entre la narrativa oficial y la realidad que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos.

Clara María Gutiérrez Centeno, representante del colectivo, denunció que la Comisión Local de Búsqueda carece de recursos y que las autoridades estatales no coordinan esfuerzos, lo que profundiza la desesperanza de las familias. El colectivo se organiza para buscar tanto en vida como en campo, pero lo hace sin respaldo institucional ni apoyo emocional.

El texto presentado ante la ONU subraya que en Yucatán el miedo y la discriminación limitan la visibilidad del problema, en especial para el pueblo Maya. Gutiérrez Centeno señaló que la ausencia de traductores y de sensibilidad cultural por parte de las autoridades convierte a quienes hablan maya y buscan a un familiar en personas invisibles ante los ojos del Estado.

La vocera resumió la situación en una frase contundente: “Nuestra búsqueda es en campo y en vida, pero la estamos haciendo solas”. Las familias enfrentan una disyuntiva diaria entre trabajar para sobrevivir o salir a buscar, una actividad que no cuenta con el respaldo del gobierno.

En su mensaje, Gutiérrez Centeno pidió que la ONU contraste la versión oficial con la realidad que viven cientos de familias en Yucatán, reclamando que la narrativa de seguridad no refleja la impunidad que reina en la entidad. A nivel nacional, el Comité de la ONU ya ha reconocido que México atraviesa una crisis con más de 132 mil personas desaparecidas, una cifra que dimensiona la gravedad del fenómeno.

La demanda central se dirige a la justicia internacional, a la que el colectivo confía como motor de presión para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y actúe. “No somos cifras que se puedan borrar para ocultar una tragedia; somos familias constructoras de paz”, enfatizó Gutiérrez Centeno, quien insistió en que la burocracia no debe seguir encubriendo la ausencia de los desaparecidos.

Sheinbaum confirma reunión con el alto comisionado de la ONU

El próximo miércoles a las 10:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá en Palacio Nacional con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para DDHH, quien viaja tras la presentación del informe del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED).

Mientras que Türk ya se encuentra en el país y ha sostenido reuniones con personas buscadoras, así como con organizaciones independientes, como Amnistía Internacional, para dialogar sobre la crisis que azota el país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió este lunes con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el marco de su visita oficial a México. En el encuentro, la funcionaria reiteró el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y colocó a las víctimas y sus familias como el eje central de la acción pública.

“La atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública”, señaló Rodríguez tras el encuentro.

Cooperación con la ONU, el punto de encuentro

Pese a la tensión diplomática que antecede la visita de Türk, el tono del encuentro con Gobernación apuntó hacia el diálogo. Rodríguez y el Alto Comisionado coincidieron en que la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Sistema de Naciones Unidas en México amplía las capacidades del Estado para alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

El encuentro estuvo acompañado por funcionarios de ambas partes, incluyendo representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y de organismos del sistema onusiano presentes en el país.

El contexto: una visita que llega cargada de presión

La reunión de Gobernación con Türk ocurre en uno de los momentos de mayor tensión entre México y los organismos internacionales de derechos humanos. El telón de fondo es la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo excepcional que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) utilizó por primera vez en la historia para escalar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU.

El Comité señaló indicios fundados de que las desapariciones en el país se cometen de forma generalizada y sistemática y podrían configurar crímenes de lesa humanidad.

Frente a eso, el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó la metodología del informe, pero conformó un grupo interinstitucional —con la SRE, Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad— para revisar el documento y construir su respuesta oficial.

La sociedad civil, con otra agenda

Mientras el gobierno afinaba su postura institucional, más de 500 voces organizadas se adelantaron. La Fundación para la Justicia (FJEDD) entregó a Türk una carta suscrita por 104 colectivos de víctimas, 315 familias de desaparecidos y 78 organizaciones, en la que exigen que el Alto Comisionado respalde pública y explícitamente la decisión del CED.

Las cifras que respaldan esa exigencia son contundentes: más de 132 mil personas desaparecidas, más de 70 mil restos sin identificar y una tasa de impunidad que Amnistía Internacional cifra en 99.6%.

El diálogo, a prueba

La reunión de Gobernación con Türk es una pieza más de una semana que será determinante. El Alto Comisionado tiene pendientes encuentros con sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y familias de desaparecidos, lo que pondrá a prueba si el discurso de cooperación del gobierno mexicano se traduce en compromisos concretos o queda solo en buenas intenciones.

En el marco de la visita oficial de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) se reunió con él y le entregó una carta colectiva que exige su respaldo explícito al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, el cual señala que las desapariciones en México se cometen de forma generalizada y sistemática.

Una carta con más de 500 voces detrás

El documento no es una queja aislada. Está suscrito por:

• 104 colectivos de víctimas de personas desaparecidas de México y Centroamérica
• 315 familias de personas desaparecidas en México
• 78 organizaciones, albergues y redes nacionales e internacionales
• 149 personas solidarias

La carta, fechada el 17 de abril de 2026 y entregada durante la estancia de Türk en el país, pide que el Alto Comisionado se pronuncie pública y explícitamente a favor de la decisión del CED de escalar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El trasfondo: una medida excepcional de la ONU

El detonante de esta movilización es la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo de carácter excepcional que el CED utilizó por primera vez en la historia para el caso de México.

La decisión del Comité implica que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas en el país configuran posibles crímenes de lesa humanidad, y que las respuestas del Estado han sido insuficientes para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas.

Las cifras que acompañan esta determinación son contundentes:

• Más de 132 mil personas desaparecidas
• Más de 70 mil restos de personas fallecidas sin identificar
• Miles de fosas clandestinas documentadas en todo el territorio nacional

Qué le piden concretamente a Türk

Los firmantes no solo exigen un pronunciamiento simbólico. En la carta solicitan que el Alto Comisionado impulse mecanismos independientes de búsqueda, verdad y justicia bajo los auspicios de la Asamblea General, y que se garantice la cooperación técnica y financiera internacional que México requiere para enfrentar la crisis.

Además, señalan que un posicionamiento de su parte representaría una protección preventiva para las familias buscadoras, quienes operan en un entorno de inseguridad y riesgos crecientes.

El gobierno mexicano, en una postura defensiva

La visita de Türk ocurre en un momento de tensión diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la metodología del informe del CED, argumentando que sus datos corresponden al periodo 2009-2017 y no reflejan el contexto actual. El gobierno conformó un grupo interinstitucional —integrado por la SRE, Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad— para revisar el informe y construir su respuesta oficial.

Pese al rechazo, Sheinbaum descartó una ruptura con la ONU y subrayó que el diálogo con los organismos internacionales se mantiene abierto.

La visita del Alto Comisionado se convierte así en el primer examen real de hasta dónde puede llegar ese diálogo frente a una crisis que, para más de quinientas voces organizadas, ya no admite evasivas.

Concluye la conferencia de prensa

Humanismo mexicano presenta la historia del político José Revueltas

FGR investiga corrupción y negligencia en Pemex tras derrame en el Golfo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que en la investigación en el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México se encontraron bitácoras, donde se regira una salida de petróleo de un ducto y que trabajadores de Pemex hicieron la reparación sin seguir los protocolos de investigación.

“Pemex presenta una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) para que se hagan todas las investigaciones conducentes. Se separan del cargo a quienes presuntamente no informaron adecudamente y el órgano interno de control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía para ver si fue negligencia”, explicó Sheinbaum.

Asimismo, detalló que solicitó a la Secretaría de Ciencia que cree un observatorio de científicos para que haga la observación permanente el Golfo de México.

Sheinbaum defiende el registro de celulares: “Es vital para localizar a desaparecidos”

Ante la incidencia delictiva y la crisis de personas desaparecidas que enfrenta el país, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la implementación de un registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, asegurando que se trata de una herramienta de seguridad fundamental, especialmente para las labores de búsqueda y rescate.

La mandataria explicó que contar con un padrón de usuarios agilizará el trabajo de las autoridades cuando se reporte una desaparición. “Si un familiar va y registra ante una Fiscalía a un familiar desaparecido que tiene un número de teléfono, evidentemente las instituciones de seguridad buscarán en ese número dónde está, porque ya está registrado como desaparecido”, detalló.

Para hacer frente a las preocupaciones sobre posibles vulneraciones a la privacidad ciudadana, Sheinbaum fue enfática al aclarar que este mecanismo no significa una violación a los datos personales. Explicó que las bases de datos permanecerán resguardadas por las propias empresas de telecomunicaciones y no serán de acceso libre para el gobierno. El procedimiento, subrayó, cuenta con un candado legal estricto: la información solo podrá liberarse mediante una orden judicial. La ley permitirá que, una vez interpuesta la denuncia, las autoridades soliciten a un juez que ordene a la compañía telefónica entregar los datos y la geolocalización del dispositivo.

México evalúa las posibilidades de invertir en Cuba

Claudia Sheinbaum Pardo detalló que la Agencia de Cooperación de México (Amexcid), junto con otros países, se encarga de facilitar la ayuda humanitaria a Cuba. México ha enviado alimentos y otros insumos.

De acuerdo con la presidenta, se trabaja en acuerdos comerciales, esto tras la apertura a inversiones y turismo a Cuba. “Estamos viendo qué posibilidades de desarrollo hay; se está trabajando con Amexcid, pero también con la Secretaría de Hacienda y otras instituciones de gobierno”, expresó.

Descubrimiento de restos óseos en Tláhuac

La presidenta refirió que, tras el hallazgo de más de mil restos óseos en las lagunas de Chalco y Tláhuac, señaló que va a pedirle a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que lo informe a la Comisión de Búsqueda, a las instituciones del Estado de México y de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo sostuvo que “todos los colectivos buscadores tienen acompañamiento federal”.

¿Cuándo será el anuncio de la nueva secretaria de Mujeres?

La jefa del Ejecutivo señaló que ya tiene designada para la Secretaría de Mujeres, sin dar más detalles, Sheinbaum Pardo dijo que la va a presentar el próximo miércoles 22 de abril.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirma que el próximo domingo 26 de abril será la inauguración del tren que va hacia el AIFA.

Sheinbaum se posiciona en el feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX

Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, calificando el caso como muy lamentable y triste.

La mandataria hizo referencia a las declaraciones de la familia de la víctima, quienes denunciaron que se les solicitó dinero para que se atendiera el caso. Sheinbaum indicó que, según información proporcionada por la Fiscalía General, las personas involucradas en esta presunta solicitud de recursos fueron separadas de sus cargos mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

La jefa de gobierno expresó su respaldo a la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján: “Es muy buena la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján; es una mujer con valores y pues vamos a darle el espacio para que se presente todo el trabajo relacionado con esto”.

Lula da Silva y Sheinbaum afirman que la ONU “está debilitada”

Durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, el presidente brasileño, Lula da Silva, expresó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene que fortalecerse.

Hoy en su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum lo respaldó:

“Lula tiene razón, lo hemos dicho aquí, Naciones Unidas ha perdido fuerza. Hoy los conflictos que existen y uno se pregunta: ¿Dónde está la ONU? (...) Es cierto, tiene que fortalecerse en Naciones Unidas y es cierto lo que dijo Trump y nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber una reducción de gastos en Naciones Unidas”.

Sheinbaum defiende su viaje en vuelo comercial a España, tras críticas de la ONU

Claudia Sheinbaum Pardo defendió su decisión de viajar a España en un vuelo comercial tras recibir críticas de la ONU. La mandataria argumentó que ocupar la presidencia no implica dejar de ser una persona común, sino ejercer una responsabilidad conferida por el pueblo.

Expresó que asumir el cargo no debe traducirse en la obtención de privilegios especiales, destacando que procura evitar cualquier trato preferencial en el ejercicio de sus funciones.

Sheinbaum explicó que utiliza vuelos comerciales siempre que es posible y que solo recurre a aeronaves de la Fuerza Aérea cuando las circunstancias lo requieren, como en los desplazamientos a ciertos estados durante fines de semana. Señaló que, en otras ocasiones, opta por trasladarse en camioneta.

Claudia Sheinbaum califica de “emocionante” su encuentro con Joan Manuel Serrat en España

Durante su viaje en España, la presidenta tuvo un encuentro con el cantautor, Joan Manuel Serrat, al respecto refirió que:

“Uy, imagínense nosotros que crecimos oyendo a Joan, pues mucha emoción, mucha emoción (...) tenemos mucha admiración".

Sheinbaum lamenta la muerte de cuatro funcionarios en Chihuahua y llama a que se revise si se violó la ley de seguridad nacional

La presidenta lamentó el fallecimiento: “Lamentamos este accidente en el que hay fallecidos y tiene toda la solidaridad y apoyo del gobierno de México; estamos en contacto con la embajada.

Claudia Sheinbaum Pardo expresó: “No estábamos enterados, fue una decisión del Gobierno de Chihuahua, estamos pidiendo más información al Gobierno de Chihuahua y estamos en contacto con la embajada de los Estados Unidos”.

De acuerdo con la presidenta, “no tenía información de que hubiera un trabajo directo entre Chihuahua y personal de Estados Unidos”; por ello ha solicitado más información.

Afirmó que “No hay operaciones conjuntas, hay información que se brinda, de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos (...) agradecemos el apoyo que se ha dado en el sentido de soberanía”.

Sheinbaum confirma reunión con el Alto comisionado de la ONU

El próximo miércoles a las 10:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá en Palacio Nacional con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para DDHH, quien viaja tras la presentación del informe del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que no hay información acerca de si el rey Felipe VI de España vendrá a México.

¿De qué hablaron Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum en España?

Durante su visita a España, Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una conversación con Pedro Sánchez en la que abordaron la continuidad en el envío de exposiciones sobre los pueblos originarios de México. La mandataria detalló que también conversaron acerca de la llegada de los españoles al territorio mexicano y los abusos cometidos durante la conquista, señalando la importancia de mantener el vínculo cultural entre ambos países.

En el ámbito educativo y científico, Sheinbaum Pardo mencionó que se discutió la colaboración en temas como la construcción de una supercomputadora en México.

Sheinbaum Pardo resalta en Barcelona el reconocimiento internacional de México

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el objetivo de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona fue lograr un reconocimiento internacional para México, destacando la relevancia de exponer el origen nacional y la representación que encarna. La mandataria subrayó que abordó el tema de los pueblos originarios durante su intervención, ya que considera esencial reconocer la grandeza del país a través de su diversidad cultural.

En relación con la política exterior mexicana, Sheinbaum Pardo enfatizó que existen tres principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de México: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

Obesidad, mala visión y caries: la triple amenaza silenciosa que afecta a la niñez

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), señala que, de acuerdo con los resultados del programa Vive saludable, vive feliz, que se realiza en coordinación con el IMSS-Bienestar, hay tres enfermedades que afectan a la niñez mexicana:

• 4 de cada 10 presentan sobrepeso u obesidad.
• 1 de cada 10 tiene bajo peso.
• Además, 4 de cada 10 tienen problemas de agudeza visual y 6 de cada 10 presentan caries.

De acuerdo con Delgado, estos problemas de salud influyen en el desempeño académico y el bienestar de niñas y niños. Además, el secretario asegura que el sector salud brinda atención a las infancias afectadas: “Todo es absolutamente gratuito o se les da una recomendación a las madres y padres de familia para que las niñas y niños reciban atención médica”, expresó el titular de la SEP.

Mi derecho, mi lugar registró a 307 mil 241 aspirantes a bachillerato

La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió que el programa Mi derecho, mi lugar reporta un total de 307 mil 241 aspirantes registrados. En cuanto a la modalidad de participación:

• 40% (122,265 personas) registró acceso sin examen.
• 37% (112,482 personas) registró acceso con o sin examen.
• 15% (47,547 personas) eligió acceso con examen.
• 8% (24,947 personas) no seleccionó modalidad.

En el desglose por sexo, 54% de los registros corresponde a mujeres (165,254 aspirantes) y 46% a varones (141,987 aspirantes).

“No hay razón para elevar el precio del diésel”; Sheinbaum adelanta que habrá revisión a gasolineras que elevan el costo

La mandataria señaló que “no hay razón de ser” el precio que algunas gasolineras ponen a la gasolina diésel, y recordó que se está dando un apoyo de disminución del IEPS: “Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel” y aun así muchos gasolineros están elevando el costo del diésel.

Sheinbaum Pardo señaló que la Procuraduría del Consumidor (Profeco) mantiene activa una campaña de colocación de lonas para que los consumidores identifiquen el abuso de costos. Pero la presidenta adelantó que se llevará a cabo una revisión con el SAT y con otras instituciones de gobierno.

La presidenta se reunirá con gasolineros mañana en la tarde.

Mensaje de solidaridad a Japón por sismo de 7.0 de magnitud

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad al pueblo japonés: “Nuestra solidaridad, esperamos todos los mexicanos que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información”.

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Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inicia su conferencia de prensa tras regresar de España. La mandataria asegura que “le fue muy bien a México”.

El tema de hoy es educación.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, expondrá este martes ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), en sede ubicada en Nueva York, en el marco del proceso de selección abierto por la sucesión de António Guterres al frente de la Secretaría General que conduce la organización. Lo hará desde las 16, y luego se someterá a una instancia de intercambio con los representantes de los 193 Estados miembros.

Entre el martes y el miércoles, los cuatro candidatos -tres latinoamericanos y un senegalés- harán pública su visión ante los delegados con intención de erguirse en la conducción de la organización para el período 2027 y por los próximos cinco años. Según supo Infobae, cada discurso será transmitido por el canal UN WebTV.

Por orden alfabético, antecede a Grossi en el uso de la palabra la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, una de las dos mujeres entre los postulantes, y una de las tres representantes de la región. Lo llamativo del caso es que el presidente de Chile, José Antonio Kast, retiró su apoyo a la postulación, promovida durante la gestión de Gabriel Boric en coordinación con Brasil y México, porque la calificó de “inviable”.

El miércoles, la secretaria general de la UNCTAD y ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan Mayufis, hará uso de la palabra y se espera que refuerce su intención de “renovar” la ONU para que sea “más útil, más ágil y rinda cuentas ante los gobiernos y los pueblos a los que sirve”, tal y como señala en la página de su postulación. Finalmente, el expresidente de Senegal Macky Sall, impulsado por la República de Burundi, pero rechazado por la Unión Africana, cerrará la ronda de presentaciones.

Si bien el proceso formal de selección inicio a finales de noviembre de 2025, la decisión final tendrá lugar este 2026 y será adoptada por el Consejo de Seguridad, seguido por la validación de la Asamblea General. “Es un proceso y van surgiendo las fechas. Incluso pueden seguir apareciendo candidatos”, sostuvo una fuente oficial en tema a este medio.

Hacia finales de diciembre del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de su canciller, Pablo Quirno, formalizó la postulación de Grossi y comenzó las gestiones para conseguir los votos necesarios que le permitan convertirse en el primer argentino en la historia en acceder a ese cargo.

Entre los argumentos oficiales de Cancillería, expuestos en la página oficial de la candidatura, figuran que su postulación “representa una oportunidad excepcional para impulsar un multilateralismo eficaz, capaz de cumplir con el objetivo fundacional de la Organización: preservar la paz y la seguridad internacionales”.

“Se necesita una renovación decidida y basada en resultados. La eficiencia debe estar al servicio de un propósito, no de un proceso. Para esta tarea crucial que el mundo le demanda a las Naciones Unidas, la Argentina considera que Rafael Mariano Grossi cuenta con el liderazgo, los conocimientos y capacidades que la coyuntura actual requiere”, destacan del argentino que cuenta con más de 40 años de experiencia diplomática y probada labor al frente del OIEA.

Su nombre cobró relevancia en el último tiempo a raíz de su intervención en el conflicto bélico abierto entre Ucrania y Rusia, pero también ante la mediación frente a la situación de las centrales nucleares en Irán. Su accionar fue destacado por la revista Time, que lo eligió entre las 100 personalidades más influyentes de 2026, lo que lo convirtió en el único argentino que integra el listado de Líderes Políticos Globales.

Ante la posibilidad de suceder a Guterres, el argentino de 65 años promete “renovar” la eficiencia de la ONU por lo que propone encarnar “un enfoque honesto y valiente para lograr una Organización relevante y con impacto”. “El mundo no necesita más declaraciones. Necesita unas Naciones Unidas capaces de responder a las verdaderas demandas de nuestro tiempo, con imparcialidad y un enfoque orientado a resultados que se base en hechos”, señala en como resumen de su visión.

Tras las jornadas de exposición, el proceso de selección continuará de manera interna, y tendrá como principal protagonista al Consejo de Seguridad compuesto formalmente por 15 miembros, de los que solo cinco son permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Una vez elegido el nombre, que podría estar para mediados de este año, la Asamblea deberá validarlo.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, arrancó su visita oficial a México con un encuentro con jóvenes mexicanos para escuchar sus perspectivas sobre los derechos humanos antes de iniciar su agenda institucional.

“Espero llevar sus voces conmigo durante las reuniones que sostendré esta semana”, escribió Türk en redes sociales.

Una agenda que incluye a víctimas y autoridades

Durante su estancia, el Alto Comisionado se reunirá con:

• Autoridades gubernamentales mexicanas
• Sociedad civil y organizaciones de derechos humanos
• Víctimas de violaciones a los derechos humanos
• Familias de personas desaparecidas

La polémica que antecede su llegada

La visita de Türk no llega en un momento de calma diplomática. Semanas atrás, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU activó por primera vez el Artículo 34 de la Convención Internacional —un mecanismo excepcional reservado para situaciones de gravedad extrema— y anunció que llevaría el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La respuesta del gobierno mexicano fue de rechazo frontal. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la metodología del informe, argumentando que se basó en datos de solo cuatro estados y en registros del periodo 2009-2017 —correspondientes a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto— para luego extrapolarlo hasta 2025, lo que calificó como metodológicamente inválido.

Además, el gobierno sostuvo que la definición internacional de desaparición forzada —como acto del Estado por razones políticas— no corresponde a la naturaleza de la mayoría de los casos en México, vinculados principalmente al crimen organizado.

Amnistía Internacional, en la otra orilla

Lejos de respaldar la postura oficial, Amnistía Internacional se alineó con las alertas de la ONU y exigió al gobierno declarar la crisis como emergencia nacional. Las cifras que la organización pone sobre la mesa son difíciles de ignorar:

• Más de 133 mil personas desaparecidas
• 72 mil cuerpos sin identificar
• Tasa de impunidad del 99.6%
• Más de 5 mil 600 fosas clandestinas en todo el país

Amnistía también cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado, documentando casos en los que autoridades habrían actuado con aquiescencia o participación directa.

Rechazo al informe, pero apertura al diálogo

Pese a la controversia, Sheinbaum evitó la ruptura total. Conformó un grupo interinstitucional —integrado por la SRE, Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad— para revisar el informe punto por punto y construir la respuesta oficial ante la visita de Türk.

“Eso no quiere decir que no tengamos comunicación con los organismos de Naciones Unidas”, aclaró la mandataria.

La visita del Alto Comisionado será la primera prueba real de si el diálogo puede prosperar pese a las profundas diferencias entre la postura del gobierno mexicano y la de los organismos internacionales.

Jóvenes integrantes de Somos México, agrupación política, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular del organismo.

Daniel Hernández Trejo, miembro de Somos MX, señaló: “La CNDH encabezada hoy por Rosario Piedra Ibarra no acompaña a las víctimas, las invisibiliza descalificando a la ONU, rechazando el comunicado y la llamada alerta del Comité contra la Desaparición Forzada, protegiendo al Estado en lugar de confrontarlo”.

La protesta surge tras la postura de la CNDH que descalificó el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, organismo que anunció que llevará el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

CNDH rechaza postura de la ONU: desaparición forzada ya no es política de Estado

La CNDH argumentó que el reporte del CED “se basa en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales” y que sus conclusiones carecen de sustento pleno.

Además, la Comisión criticó que el CED haya privilegiado voces como la del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha documentado las insuficiencias del Estado mexicano en la materia.

La declaración de la CNDH replicó la postura del gobierno federal al cuestionar tanto al organismo internacional como a las ONG que contribuyeron con información y al rechazar que en el país exista desaparición forzada.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la definición de desaparición forzada de la ONU implica que es una práctica orquestada por el Estado, argumento que utilizó para negar su existencia en México.

Cabe recordar que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), presidida por María Dolores González Saravia, determinó que el dictamen del CED “es una oportunidad para crear diálogo” ante la crisis, además de señalar que México debe mantener “una disposición abierta al escrutinio” y a recibir apoyo técnico de mecanismos internacionales.

“Rosario Piedra: renuncia!”

En representación de Somos México, Hernández Trejo afirmó que la desaparición forzada “no es un asunto del pasado, es un problema del presente”, recalcando que la situación se ha agravado con el actual gobierno.

Según cifras presentadas por la agrupación, “con López Obrador desaparecieron más de 54 mil personas, cifra que supera a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto juntos y en el primer año de Sheinbaum han desaparecido más de 14 mil personas desaparecen 40 personas al día”.

En la avenida San Jerónimo, frente a la sede de la CNDH en la Ciudad de México, los manifestantes instalaron una manta exigiendo la renuncia de Rosario Piedra y colocaron montones de tierra, zapatos y prendas de vestir, como símbolo del dolor de los familiares de personas desaparecidas y de las madres buscadoras.

Los participantes recordaron la trayectoria de Rosario Ibarra de Piedra, madre de la actual titular de la CNDH, quien dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por el Estado en la década de 1970, en el contexto de la Guerra Sucia, y fundadora del Comité Eureka.

“Hoy esa historia es traicionada. México vive una crisis de desaparecidos generalizada y documentada. No es una percepción ni un discurso vacío. Más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, según cifras que el mismo gobierno tiene registradas de manera oficial. Los hechos están ahí y son imposibles de negar”, concluyeron los manifestantes.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un mensaje en el que manifestó su “profunda preocupación” ante el agravamiento del conflicto en Medio Oriente, desencadenado por las operaciones militares emprendidas por Estados Unidos e Israel en febrero pasado.

El comunicado, difundido el 19 de abril de 2026, la institución universitaria subrayó que toda forma de violencia resulta incompatible con los principios que rigen la convivencia entre naciones y que su impacto amenaza de manera directa la seguridad y dignidad humana.

La postura institucional de la UNAM apeló al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe explícitamente el uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad territorial de los Estados.

En este contexto, la universidad solicitó que se consolide el cese al fuego establecido a partir del 8 de abril y urgió a las partes involucradas a reactivar los canales diplomáticos para buscar acuerdos que permitan la construcción de una paz estable.

En uno de los puntos centrales del mensaje, el Consejo exigió el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario y a los derechos fundamentales, con el fin de proteger a la población civil. El pronunciamiento condenó cualquier ataque dirigido contra personas o infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas o viviendas, y remarcó que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver este tipo de crisis.

La universidad reafirmó su compromiso con la convivencia pacífica y la protección de la vida, valores que considera centrales en su labor académica y social. Además, extendió su llamado a otras instituciones de educación superior para que trabajen en la promoción de una cultura de paz a escala mundial.

En respuesta a los recientes enfrentamientos en Medio Oriente, la UNAM pidió que se privilegie la diplomacia y el entendimiento mutuo como caminos indispensables para alcanzar la justicia y la dignidad de la humanidad.

El Consejo cerró su pronunciamiento recordando su vocación humanista y reiterando que “la paz es el fundamento esencial para cualquier desarrollo social”.

El contexto que rodea el comunicado

A solo días de que expire la tregua en la región del Golfo Pérsico, Donald Trump ha intensificado su presión sobre Irán al exigir que cumpla el cese al fuego vigente y advierte con atacar infraestructura civil si Teherán no acata las condiciones negociadas, en un escenario donde el flujo internacional de petróleo está en riesgo y la crisis energética global amenaza con agravarse.

El enfrentamiento en el estrecho de Ormuz ocurre en una zona estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

En redes sociales, Trump acusó a Irán de violar el cese al fuego tras una serie de disparos en el estrecho de Ormuz, presuntamente dirigidos contra buques de Francia y del Reino Unido. Advierte que la “amabilidad se acabó” y amenaza con destruir infraestructura civil si no se alcanza un acuerdo, aunque no detalla qué funcionarios estadounidenses participarían en las nuevas conversaciones en Pakistán.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán respondió con un comunicado donde califica el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como una infracción a la tregua y sostiene que impedirá “cualquier reapertura condicional y limitada” del paso estratégico.

Reitera que Irán seguirá supervisando el tráfico marítimo, imponiendo rutas y cobrando tarifas hasta que la guerra termine.

Medidas diplomáticas y militares: negociaciones y seguridad reforzada en Pakistán

Ante la proximidad del miércoles, fecha en que vence la frágil tregua, Irán informó que recibe nuevas propuestas de Estados Unidos y confirmó la intervención de mediadores paquistaníes para buscar una extensión del alto al fuego. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que su gobierno trabaja para “tender puentes” entre Washington y Teherán.

Autoridades paquistaníes refuerzan la seguridad en Islamabad, última sede de los encuentros bilaterales. El Consejo Supremo iraní confirma que han recibido propuestas de Estados Unidos durante la visita del jefe del ejército paquistaní. Sin embargo, descartan cualquier posibilidad de entregar a Washington su reserva de 440 kilogramos de uranio enriquecido, calificando esta exigencia de “inviable desde el inicio”.

En el contexto de las negociaciones nucleares interrumpidas desde el 28 de febrero, Irán utiliza el cierre del estrecho de Ormuz para condicionar el flujo de energía y elevar el costo político a Trump, mientras el bloqueo estadounidense asfixia la economía iraní al limitar su acceso a divisas.

La prolongación del enfrentamiento en Ormuz eleva el riesgo de un regreso a la guerra abierta en la región, al tiempo que la disputa mantiene en vilo tanto la economía mundial como la seguridad de las rutas energéticas estratégicas.

Organizaciones civiles solicitaron la intervención de la ONU para proteger a las personas buscadoras en Guanajuato ante el aumento de desapariciones y la falta de acciones estatales.

En una carta dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato expuso la gravedad de la crisis y responsabilizó a las autoridades locales de omisiones que agravan el riesgo para quienes buscan a sus familiares.

El informe CED/c/30/2, citado en el documento, señaló que la crisis de desapariciones en México requiere respuestas no solo a nivel federal, sino también una actuación eficaz de las entidades federativas.

Los casos documentados en Guanajuato, como la presunta sustracción de un menor por personas con uniforme militar y la posterior desaparición de su padre tras denunciar la posible participación de agentes del Estado, ejemplificaron cómo las fallas institucionales locales obstaculizan la verdad y aumentan el peligro.

La organización resaltó que en Guanajuato existe un patrón especialmente grave: un menor habría sido sustraído de su domicilio por personas identificadas como integrantes de la Guardia Nacional, y su padre desapareció tras denunciar el hecho, aun cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas había solicitado medidas de protección.

Además, se reportaron retrasos sistemáticos en las búsquedas, omisión de investigar todas las líneas de indagación —incluida la posible complicidad de autoridades— y la existencia de más de 700 fosas clandestinas entre 2009 y 2025, de las cuales se exhumaron mil 352 cuerpos.

La seguridad de las personas buscadoras fue señalada como preocupación central. Al menos seis Procedimientos Especiales han emitido comunicaciones sobre la situación y la Plataforma ha presentado más de 30 Acciones Urgentes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que han derivado en medidas cautelares en al menos dos ocasiones.

La ONU-DH en México condenó públicamente el asesinato de al menos cinco personas buscadoras en la entidad: Rosario Zavala Aguilar (2020), Francisco Javier Barajas Piña (2021), María del Carmen Vázquez (2022), Ulises Cardona Zavala (2022) y Teresa Magueyal (2023).

La Plataforma documentó al menos seis asesinatos y seis desapariciones de personas buscadoras en el estado, entre ellas Martha Leticia Gallardo Martínez, Lorenza Cano Flores, Oscar Iván Jiménez Torres, Luz Alejandra Lara Cárdenas, José Francisco Arias Mendoza y José Juan Arias Corona.

La carta concluyó que existe un patrón estructural de riesgo e impunidad para las personas buscadoras en Guanajuato, así como ausencia de mecanismos estatales de protección efectivos.

Las organizaciones solicitaron que la ONU exhorte al gobierno de Guanajuato a reconocer formalmente el riesgo, iniciar investigaciones exhaustivas e imparciales y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares dictadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

También pidieron al Estado mexicano que establezca un protocolo nacional de protección para personas buscadoras, un registro público de agresiones y la asignación de recursos específicos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con criterios que reconozcan el riesgo particular en zonas de crimen organizado e incorporen perspectiva de género.

Las organizaciones insistieron en la urgencia de atender estas solicitudes para evitar que la vida de quienes buscan a sus seres queridos siga siendo el precio de la verdad.

Colombia publicará en junio de 2026 el informe oficial sobre su producción de cocaína tras acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El país mayor productor y exportador de cocaína a nivel mundial –tendrá una cifra consensuada y oficial sobre la cantidad de estupefaciente que fabrica, luego de que la administración de Gustavo Petro alcanzara un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC) para la publicación del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

Esta decisión llega tras años de controversia en torno a la metodología de medición y el impacto de los datos en la política antidrogas nacional e internacional, según informó La FM.

La consecuencia inmediata del acuerdo es la reanudación de la publicación del informe anual, que se concretará en junio de 2026. Durante la revisión de metodología realizada entre el 13 y el 17 de abril de 2025, equipos técnicos del Gobierno colombiano y la Onudc establecieron nueva bases para la estimación del potencial de producción de cocaína, tras una serie de tensiones que se intensificaron desde la salida a la luz de los reportes de 2023, donde la cifra oficial superó las 2.600 toneladas, lo que representó un incremento del 53% en la primera parte del mandato de Petro.

El desacuerdo entre el Estado colombiano y la ONUDC escaló luego de que en 2025, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, “descertificara” a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico e incluyera a Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). En respuesta, Petro puso en cuestión los cálculos de cocaína potencial, argumentando que no reflejaban adecuadamente los esfuerzos y progresos del país en la problemática.

Cómo funciona el informe de la ONU sobre cultivos ilícitos

Es importante aclarar que la ONUDC lleva desde 1999 monitoreando los cultivos de coca en Colombia. Su sistema primero determina las hectáreas sembradas y, a partir de allí, estima la cantidad de cocaína que puede producirse. Sin embargo, en octubre de 2025, la ONU reconoció limitaciones en el esquema vigente, tras más de dos décadas de aplicación, y propuso añadir un nuevo indicador: la “cocaína disponible”.

Esta nueva variable se enfoca en la cantidad de droga que realmente llega al mercado tras las incautaciones y el desplazamiento por flujos internacionales, fundamentándose en datos de cosechas, inventarios y usos potenciales.

Las discusiones sobre el método de cálculo surgieron desde 2007, cuando la Onudc implementó la medición de productividad local y su extrapolación nacional. El Gobierno colombiano sostiene que en 2023, la referencia principal fue la región del Pacífico—concentración máxima de hectáreas sembradas—lo que habría “inflado” la cifra nacional de producción de cocaína. Por ejemplo, en 2015 la zona utilizada fue Catatumbo; ese año, la ONU reportó un crecimiento potencial del 46%, alcanzando poco más de mil toneladas. El mecanismo incluye la rotación anual de las áreas analizadas, lo que introduce variaciones significativas.

El último Informe Mundial sobre las Drogas de la Onudc, divulgado en 2025 sin el respaldo del Gobierno nacional y basado en datos de 2023, calcula que la producción global de cocaína ascendió a 3.708 toneladas, con Colombia concentrando el 67% de los cultivos de coca y manteniendo el incremento del 53% en la producción del alcaloide. La superficie total de plantaciones y la productividad en el país no han mostrado señales claras de reducción, conforme a la información del mismo medio.

El nuevo acuerdo prevé no solo la actualización del informe Simci con metodologías revisadas, sino la inclusión de indicadores que permitan reflejar el número real de droga que alcanza el mercado, intentando así dar respuesta a las críticas y limitaciones evidenciadas durante más de veinte años de seguimiento.

Diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas hicieron un llamado a que Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respalde publicamente el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México en marzo pasado.

Los colectivos publicaron en sus redes sociales una carta dirigida a Türk, a pocos días de que el funcionario de la ONU visite el país para reunirse con autoridades del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quienes suscribimos la presente, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda saludamos su próxima visita a México. Nos dirigimos a usted con motivo de la reciente determinación del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), adoptada en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional.

“Como familiares en búsqueda de nuestros seres queridos recibimos con esperanza la decisión del Comité de remitir al Secretario General para su posterior consideración por la Asamblea General la solicitud de ayuda de las familias y víctimas por la grave situación que vivimos en México”, se lee en la carta.

Consideraron que la intervención del Comité es “una oportunidad concreta” para avanzar en la búsqueda de desaparecidos, así como en la identificación de 72 mil cuerpos y ebn el acceso a la justicia.

“Como hemos dicho, la justicia internacional llega tarde, pero llega antes que la justicia del Estado.

“A pesar de que la crisis ha alcanzado a más de 132 mil seres queridos desaparecidos, para las familias, este paso representa una oportunidad concreta de avanzar en la búsqueda de nuestros familiares que han sido y permanecen desaparecidos, en la identificación de más de 72 mil cuerpos sin identificar, en el acceso a la justicia y en el esclarecimiento de la verdad”, puntualizaron.

Por ello, insisitieron en que “es fundamental” que durante su visita a México el Alto Comisionado “exprese de manera clara y pública su respaldo a la determinación del Comité, reconociéndola como una herramienta que puede contribuir a encauzar soluciones frente a la crisis y no como un elemento de confrontación”.

“Que su visita sea una confirmación pública del trabajo profesional del CED y que sus buenos oficios permitan que se concrete la ayuda a las victimas en México”, añadieron.

Los firmantes insisten en que el respaldo público de Türk a la determinación del CED reforzaría la legitimidad de la Convención Internacional y enviaría una señal firme sobre la necesidad de mantener el sistema de Naciones Unidas frente a la gravedad de la desaparición forzada en México.

“Un posicionamiento en este sentido reforzaría la legitimidad de la Convención y enviaría una señal firme sobre la coherencia y la necesidad de mantener el sistema de Naciones Unidas al hacer frente a situaciones de esta gravedad.

“Los organismos internacionales de derechos humanos nacieron de las victimas, la decisión del CED representa la única posibilidad de justicia frente a un Estado que administra el dolor en lugar de detener la tragedia”, enfatizaron.

Las familias y colectivos también critican que la Oficina de representación de la ONU en México “no ha asumido un papel más activo y visible en el espacio público” en el último año, “como lo hacía antes”, y piden que la misión exprese de manera clara y sin ambigüedades su respaldo a las víctimas, así como una interlocución firme y crítica frente al Estado mexicano.

Solicitan que la ONU contraste las políticas y acciones oficiales con los testimonios de quienes buscan a sus seres queridos.

En la carta piden desconfiar de los logros que anuncie un Estado al que acusan de simular acciones y administrar el dolor de las víctimas.

Asimismo, acusaron que persiste la impunidad y que la falta de protección a las personas buscadoras ha derivado en amenazas, desapariciones y asesinatos.

La carta está firmada por familiares de personas desaparecidas, activistas y colectivos de búsqueda de varios estados, entre ellos Buscadoras Guanajuato, De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato, Hasta Encontrarles CDMX, Huellas de la Memoria, Por Amor a Ellxs, Uniendo Esperanzas Estado de México, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, así como decenas de personas a título individual.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), respaldó que los colectivos de padres y madres buscadoras se reúnan con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas durante su visita a México, en el marco del informe que presentó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en marzo pasado.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal reiteró el rechazo por parte del gobierno a los señalamientos del CED; sin embargo, afirmó que siempre han estado dispuestos a colaborar con los organismos internacionales.

“No estamos a favor de las conclusiones de ese documento. Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia, nunca cambiaron. Y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales.

Nosotros colaboramos con el alto comisionado desde siempre, por lo menos desde que se recuerda en este trabajo de esta administración", dijo en Palacio Nacional.

Subrayó que México mantiene cooperación con diversas agencias multilaterales, como ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, la Cruz Roja y la UNPA, todas involucradas en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas.

“Ellos apoyan, por ejemplo, con la Organización de Población, con la UNPA de Naciones Unidas, en el tema de forenses. En fin, hay mucho trabajo con ellos”, afirmó.

En este sentido, respaldó públicamente los encuentros de colectivos de búsqueda con el Alto Comisionado de Naciones Unidas durante su nueva visita, señalando que el funcionario diplomático también ha expresado su intención de reunirse con los padres y madres buscadoras.

Rodríguez insisitió en que, al margen de los informes internacionales, “México es de los países que más colabora”, y aseguró que los equipos multilaterales trabajan “permanentemente”, con el actual gobierno.

Detalló que su dependencia y otras áreas del Estado están listas para recibir tanto a expertos de Naciones Unidas como a colectivos, y realizar cualquier reunión necesaria: “Estamos preparados para cualquier reunión de, con ellos y son varias dependencias las que participan”.

En relación con la agenda inmediata, la secretaria adelanta que, una vez concluida la visita del Alto Comisionado, se presentarán públicamente los resultados y avances del programa de trabajo en materia de desaparecidos.

“Me comprometo a que la próxima semana, ya una vez que termine la visita con el Alto Comisionado, podamos nosotros estar informando sobre lo que significan ya los resultados y el avance del programa”, puntualizó.

Entre los avances, Rodríguez recordó que a partir de julio de 2025 entró en vigor una reforma legal que fortalecerá el sistema de búsqueda, con la cual se creó la alerta nacional de búsqueda de personas desaparecidas y se implentó la obligación de iniciar carpetas de investigación ante cualquier reporte, el establecimiento de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad.

Resaltó que la coordinación “entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías estatales y la FGR son importantísimas”.

“No solo es responsabilidad de Gobernación, sino también de las fiscalías la investigación de los casos. Y la creación de la Plataforma Única de Identidad, que, pues tiene que ver con el RENAPO, con otras cuestiones que son cruces precisamente de los datos de las plataformas, públicas y, y de todo lo que, los que quieran colaborar, todas las dependencias y estados, entidades, que por ley deben hacerlo”, comentó.

Consultada sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con el Alto Comisionado, Rodríguez expresó que “se está viendo la agenda”, definida tanto por la misión internacional como por la cancillería.

“Yo quiero ser incluso prudente con eso para saber a qué hora, en qué lugares. Eso todavía no se conoce. Entonces, ella ha dicho que tiene disposición. Veamos si las agendas empatan y adelante”, dijo.

Fin de la conferencia matutina

Suspenden a líder de la Luz del Mundo

“La Iglesia como tal tiene registro, lo que no está autorizado es que un ministro de culto, que ha estado por mucho tiempo al frente, ese sí está suspendido ante la autoridad correspondiente”, aseguró.

Rosa Icela presenta las medidas implementadas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

• Se activa una alerta nacional para la localización de personas desaparecidas en todo el país.
• Es obligatorio iniciar una investigación formal desde el primer aviso de desaparición.
• Se crea un registro nacional unificado donde se concentran todas las carpetas de investigación relacionadas con estos casos.
• Se pone en marcha una plataforma única para centralizar la información de identidad de las personas.
• Las instituciones deben contar con fiscalías especializadas exclusivamente dedicadas a estos temas.
• Se refuerza el banco nacional de datos forenses para mejorar la identificación de personas.
• La Comisión Nacional de Búsqueda recibe más recursos y personal especializado, además de equipo técnico.
• Todos los registros vinculados a la búsqueda deben contener información mínima que permita la identificación.
• Se promueve la colaboración entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías estatales junto con la Fiscalía General de la República.
• Se integran las comisiones estatales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda, para trabajar de manera coordinada.

Aseguró que con la visita del Alto Comisionado de la ONU, se abordarán estos puntos y se le expondrá el sistema que utiliza el Gobierno en el tema de personas desaparecida.

Hasta el momento no se ha confirmado si la mandataria mexicana se reunirá con el delegado del organismo.

Aumentan las repatriaciones de migrantes mexicanos a través del programa “México te abraza”

Del 20 de enero de 2025 al 16 de abril de 2026, se han registrado 203, 685 repatriaciones, de las cuales 164,444 fueron vía terrestre y 39,241 vía aérea, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración.

Visita del Papa León XIV a México

“Hemos tenido información pero no es oficial. Entonces, nosotros siempre queremos respetar los canales oficiales con el nuncio apostólico, con la propia junta de la Conferencia del Episcopado, en fin, de la Iglesia Católica. Esperamos que sí, y pues ellos son los que tendrían que decidir en todo caso allá en el Vaticano si habría alguna fecha tentativa”, dio a conocer la secretaria de Gobernación.

/mexico/2026/04/17/gobierno-de-sheinbaum-aun-espera-confirmar-fecha-para-visita-de-papa-leon-xiv-a-mexico/

Inauguración del Tren Suburbano de Lechería al AIFA

Rosa Icela anunció la posible fecha de la inauguración del Tren Suburbano de Lechería al AIFA, la cual es tentativamente el próximo fin de semana.

Licencias de locución

“A través de la regulación complementaria establecer nuevas disposiciones con la finalidad de proteger estos trabajos, y si va existir algún tipo de regulación”, declaró Karina Luján, la directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) sobre si regresaran este tipo de documentos.

Rosa Icela reafirma rechazo del Gobierno al documento de la ONU

“Una cosa es el contenido de un documento, no estamos a favor de las conclusiones de este documento, seguimos estamos en contra”, aseguró.

Ante la visita del Alto Comisionado de la ONU por las desapariciones en el país, declaró que el Gobierno continúa trabajando con organismos internacionales para el tema de las búsquedas.

/mexico/2026/04/17/gobierno-respalda-que-colectivos-se-reunan-con-alto-comisionado-de-la-onu-por-desaparecidos-reitera-rechazo-a-informe-de-la-ced/

Iniciativa de Ley Federal del Trabajo y Ley Federal del Derecho de Autor

Claudia Curiel de Icaza informó sobre las nuevas normas que se van a implementar en el sector cultural y audiovisual, principalmente para la protección de los artistas en el tema de la inteligencia artificial:

• Se establece que la voz y la imagen forman parte de los elementos protegidos en el trabajo artístico, ya que son fundamentales para la identidad de quienes se dedican a este ámbito.
• No se permite la utilización ni la copia de la voz o la imagen de una persona sin su autorización, con el objetivo de impedir que se reemplace injustamente el trabajo profesional humano.
• Se requiere que existan acuerdos contractuales claros en lo relacionado con el uso tecnológico de la voz y la imagen.
• Se diferencia claramente entre el uso indebido para suplantar a alguien y los

Claudia Curiel de Icaza anuncia la renovación de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual

La secretaria de Cultura dio a conocer los cambios en la Ley de Cine después de 30 años:

• Se moderniza el marco legal relacionado con el cine y el audiovisual, tomando en cuenta los cambios y necesidades de los últimos treinta años.
• Se introduce una perspectiva basada en los derechos culturales, priorizando la inclusión y la libertad en la creación.
• El Estado reafirma que continuará impulsando el desarrollo del cine y el sector audiovisual, integrando a FOCINE como parte de la ley y asegurando que su crecimiento se mantenga de manera gradual.
• Se amplía la visión del sector, considerando no solo el cine tradicional, sino también los contenidos audiovisuales, las plataformas y el entorno digital como parte del mismo ecosistema.

Inicia la conferencia de prensa

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinó USD 4,5 millones para fortalecer la gobernanza del agua en el Triángulo Norte de Centroamérica, una zona fronteriza entre El Salvador, Guatemala y Honduras que registra crecientes tensiones en la gestión de los recursos hídricos. La iniciativa, presentada oficialmente en Tegucigalpa, tiene por objetivo prevenir conflictos en 13 municipios de la región conocida como Trifinio, mediante mecanismos inclusivos y participativos enfocados en consolidar la paz, según informó este jueves la agencia EFE.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, explicó a EFE que el proyecto subraya el valor de la cooperación trinacional: “Este proyecto refleja el valor de la coordinación trinacional para transformar desafíos que trascienden fronteras en oportunidades para impulsar la paz y el desarrollo”. Entre las medidas previstas figura la creación de un Observatorio Trinacional del Agua. Esta entidad monitoreará el estado de las fuentes hídricas, alertará sobre posibles disputas y anticipará conflictos vinculados a la escasez y la degradación ambiental.

Las autoridades sostienen que la región del Trifinio enfrenta una convergencia de riesgos: la escasez de agua, la presión ambiental y los efectos de la crisis climática constituyen puntos de conflicto agravados por la falta de coordinación entre instituciones de los tres países. Esta gestión fragmentada obstaculiza la resolución de disputas y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, especialmente aquellas sometidas a sequías prolongadas.

El proyecto busca prevenir disputas por el agua a través del fortalecimiento institucional

El programa financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas tendrá dos años de duración e involucra a 13 municipios en la triple frontera. La intervención considera necesidades desde el nivel trinacional hasta el comunitario, integrando la perspectiva de género y los derechos humanos como enfoques centrales. Se prevé la apertura de espacios de diálogo inclusivos y la capacitación de organizaciones locales, dotándolas con equipos para gestionar y resolver conflictos de baja intensidad.

El desarrollo de proyectos piloto permitirá probar soluciones adaptadas a los contextos locales y potenciar la cooperación comunitaria. Además del Observatorio, la estrategia prioriza la articulación entre actores estatales y fomenta la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Durante la implementación, la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) brindarán coordinación técnica. En la estructura institucional participan el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Autoridad Salvadoreña del Agua y la alcaldía de Chalatenango Norte por El Salvador; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la municipalidad de Chiquimula por Guatemala; y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) junto a gobiernos municipales por Honduras, según detalló EFE.

Observatorio Trinacional y mecanismos de prevención, entre las prioridades

El respaldo institucional y la participación territorial son factores clave para la sostenibilidad y eficacia de la intervención. El Observatorio Trinacional del Agua surge como herramienta esencial para detectar tempranamente focos de conflicto y proporcionar información clave para orientar la toma de decisiones en la región, donde aumenta la presión sobre los recursos hídricos.

Mediante la formación y el equipamiento de organizaciones comunitarias, las autoridades esperan que las comunidades tengan recursos para mediar y resolver disputas, así como para implementar prácticas de gestión sostenible del agua. La coordinación entre ministerios, municipalidades y actores territoriales resultará fundamental durante las etapas de ejecución y monitoreo, conforme a la hoja de ruta presentada por la ONU en Tegucigalpa.

La iniciativa ratifica el compromiso de la comunidad internacional con el enfoque preventivo en regiones expuestas a graves conflictos ambientales, donde el acceso y uso del agua se convierte en un factor determinante para la estabilidad social y la construcción de paz, según lo consignó EFE en la presentación oficial del proyecto.

Costa Rica asumió la vicepresidencia del Foro Permanente de Personas Afrodescendientes de la ONU durante el quinto período de sesiones que se realiza en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, entre el 14 y el 17 de abril de 2026.

El nombramiento recayó en la alcaldesa del cantón de Limón, Anna Matarrita McCalla, quien asumió el cargo en una sesión oficial celebrada en el Palacio de las Naciones. Su designación se da en el marco del foro que este año tiene como tema central la expansión de los derechos humanos de las personas afrodescendientes dentro del Segundo Decenio Internacional dedicado a esta población.

En la misma sesión también fueron nombradas otras autoridades del foro, entre ellas Gaynell Curry, de Bahamas, como presidenta, y Pastor Elías Murillo, de Colombia, como relator, en un espacio que reúne a representantes de distintos países para abordar temas relacionados con la igualdad, la no discriminación y el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes.

La representación costarricense incluyó además la participación de la joven afrocostarricense Kadry Thomas, quien asistió como representante de las juventudes centroamericanas con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Su presencia en el foro formó parte de los esfuerzos por incluir a las nuevas generaciones en los espacios de toma de decisiones internacionales.

Durante su intervención, Thomas destacó la importancia de generar más oportunidades para la participación juvenil en políticas públicas vinculadas a las personas afrodescendientes. Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer los espacios que permitan visibilizar las demandas de esta población en la región.

El Foro Permanente de Personas Afrodescendientes es un mecanismo consultivo internacional creado por la ONU con el objetivo de promover la inclusión, la justicia y el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en todo el mundo. Entre sus funciones principales se encuentra la coordinación de acciones a nivel global para dar seguimiento a compromisos internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración y Programa de Acción de Durban.

Este órgano también busca impulsar políticas públicas, generar recomendaciones y promover la cooperación internacional para reducir las brechas históricas que afectan a estas comunidades, particularmente en temas como educación, salud, desarrollo económico y participación política.

Costa Rica ha tenido un papel relevante en la creación de este foro. El país fue uno de los impulsores de la resolución 75/314 adoptada por la Asamblea General de la ONU en agosto de 2021, la cual dio origen a este espacio como una plataforma consultiva permanente para las personas afrodescendientes.

De acuerdo con Juan Luis Bermúdez Madriz, representante del UNFPA en Costa Rica, este nombramiento reconoce el liderazgo del país en la promoción de una agenda orientada al reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes. Además, señaló que estos espacios buscan acelerar la erradicación del racismo y la discriminación, así como impulsar procesos de reparación histórica y nuevos pactos sociales en sociedades diversas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas es la agencia del sistema de Naciones Unidas especializada en salud sexual y reproductiva. Su labor se enfoca en garantizar que cada embarazo sea deseado, que cada parto sea seguro y que las personas jóvenes puedan desarrollar su máximo potencial. En Costa Rica, esta entidad ha trabajado en la visibilización de la población afrodescendiente, impulsando proyectos relacionados con estadísticas, políticas públicas y reducción de brechas en salud y educación.

Entre sus iniciativas destacan campañas contra el racismo, proyectos enfocados en juventudes afrodescendientes y la organización de eventos internacionales como el Simposio Global para la Reducción de la Brecha en Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y mujeres afrodescendientes realizado en 2025.

La participación de Costa Rica en este foro y su designación en la vicepresidencia refuerzan su papel en los espacios multilaterales donde se discuten políticas de inclusión y derechos humanos. Además, refleja el interés del país en mantener una presencia activa en la agenda internacional relacionada con la equidad y la diversidad.

El desarrollo de este quinto período de sesiones en Ginebra reúne a representantes gubernamentales, expertos, organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil, quienes intercambian experiencias y propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas afrodescendientes a nivel global.

La visita del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, la próxima semana marca una fase de escrutinio internacional sobre México por la crisis de personas desaparecidas.

El hecho se da en un contexto de hallazgos recientes de restos óseos en las afueras de la Ciudad de México y tensiones abiertas entre el gobierno federal y organismos de Naciones Unidas por la dimensión del problema y la respuesta oficial.

La llegada de Türk tendrá lugar a sólo unos días del hallazgo de cientos de restos óseos en las inmediaciones de la capital por colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos. La fiscalía local informa que por el momento esos restos corresponden al menos a tres personas.

El número de personas desaparecidas en México ya supera los 133 mil casos y la crisis forense sin precedente mantiene en morgues y fosas comunes más de 70 mil cuerpos sin identificar, de acuerdo con el último informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).

Crisis por personas desaparecidas exige acciones reales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá con Türk la próxima semana, además de que el Alto Comisionado también sostendrá encuentros con funcionarios de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.

La mandataria anticipó que el gobierno mexicano informará a la ONU sobre las acciones implementadas para apoyar a las víctimas y atender el delito de desaparición.

A inicios de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) presentó un reporte en el que solicitó que la Asamblea General de Naciones Unidas analice el caso México y sopese medidas de prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.

La solicitud del comité representa una decisión inédita para el país y desató críticas del gobierno federal. Sheinbaum cuestionó el informe y argumentó que el análisis de la ONU ignora acciones recientes de su administración.

La presidenta insiste en que el estudio del comité toma como base casos de cuatro estados registrados entre 2009 y 2017, y sostiene que sus resultados “los extrapolan hasta 2025”.

En particular, Sheinbaum rechazó la afirmación del CED de que en México podrían configurarse las desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”. Según la presidenta, ese tipo penal requiere la existencia de “ataques sistemáticos contra la población civil” cometidos por el Estado, y ella niega que se cumpla ese supuesto.

Recientes hallazgos óseos demuestran la magnitud del problema

La crisis no sólo tiene carácter social y judicial, sino también forense. El mismo informe del CED destaca la “crisis forense sin precedentes” que enfrenta México por la acumulación de cuerpos no identificados, cifra que supera los 70 mil.

Los hallazgos recientes visibilizan el conflicto cotidiano en varias regiones. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó esta semana el hallazgo de “molares, placas y diversos indicios óseos” en una fosa séptica del Rancho Izaguirre, en las afueras de Guadalajara.

El sitio fue intervenido en 2023 por la FGR tras la denuncia del grupo sobre la existencia de restos óseos calcinados y decenas de prendas de vestir. Activistas que participan en estas búsquedas expresan que las pesquisas oficiales sobre el Rancho Izaguirre avanzan con lentitud, aunque ese lugar estaría identificado como centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las visitas de altos comisionados de la ONU no son nuevas en el país. Türk será al menos el tercero desde el año 2000, después de Louise Arbour en 2007 y Zeid Ra’ad Al Hussein en 2015.

El fenómeno de los desaparecidos en México hunde sus raíces en el último tercio del siglo XX, pero las cifras empeoran de manera abrupta desde 2006, cuando el Estado mexicano inicia su estrategia frontal contra el crimen organizado. Desde entonces, los conteos no han dejado de crecer.

Una fosa séptica repleta de dientes y fragmentos de huesos humanos. Eso encontraron la semana pasada voluntarios que regresaron al rancho Izaguirre, en Jalisco, donde el año pasado ya habían hallado montones de zapatos y restos calcinados vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades mexicanas insistieron en que el predio era solo un campo de entrenamiento para reclutas. Los voluntarios, insatisfechos, volvieron. Y encontraron más.

El hallazgo resume, de forma brutal, la crisis que no cede en México: más de 133 mil personas desaparecidas, la mayoría en las últimas dos décadas, muchas a manos del crimen organizado o de funcionarios coludidos, según reportó The New York Times.

Los números que contradicen el discurso oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido en repetidas ocasiones que encontrará a cada persona desaparecida. “Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos”, declaró el mes pasado ante la prensa. Su gobierno presume que los homicidios cayeron 41% bajo su administración, un dato real. El problema es el otro dato: el número de desaparecidos se ha más que duplicado desde 2016, creciendo de forma sostenida año tras año.

Hay avances reconocibles. Sheinbaum impulsó cambios para que los fiscales abran investigaciones de forma automática al recibir un reporte de desaparición. También lanzó un sistema nacional de alertas tempranas. En 2025, aproximadamente 22 mil 000 personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas con vida, la cifra anual más alta registrada, de acuerdo con The New York Times.

Sin embargo, los críticos señalan que esos avances no alcanzan para cerrar una brecha que lleva años ensanchándose.

La auditoría que genera más dudas que certezas

Tras el escándalo del rancho Izaguirre, el gobierno ordenó una auditoría al registro nacional de desaparecidos, creado en 2018 a partir de listas dispares de fiscalías estatales, comisiones de búsqueda y colectivos de voluntarios. La funcionaria a cargo, Marcela Figueroa, describió el registro como un sistema “muy caótico”, sin estándares ni metodología unificada.

La revisión dividió los más de 130 mil registros en tres grupos:

• Un tercio con información insuficiente para hacer búsquedas.
• Otro tercio de personas que, tras su reporte, aparecieron en bases de datos fiscales, registros de vacunación o actas de matrimonio —señal de que podrían estar vivas—, aunque solo 5,300 han sido confirmadas en persona.
• Unos 43 mil 600 casos activos con información suficiente para buscar.

Pero organismos de derechos humanos advierten que esa cifra es un subregistro: más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar permanecen en morgues de todo el país, y muchas desapariciones ni siquiera se denuncian.

El investigador Fernando Escobar, de la organización Causa Común, fue directo: el gobierno puede mostrar las cifras que quiera, pero sin metodología transparente y verificable, sus conclusiones son imposibles de defender ante la opinión pública.

El choque con la ONU

La tensión escaló este mes cuando el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU publicó un informe demoledor: las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, y frecuentemente involucran la complicidad de autoridades. Sheinbaum rechazó las conclusiones, acusando a los expertos de ignorar los avances recientes de su administración.

Para analistas como Carlos Pérez Ricart, experto en seguridad mexicana, la reacción del gobierno refleja una falta de autocrítica preocupante. Reconocer los avances no debería impedir reconocer también los límites, señaló al Times.

Las familias que hacen el trabajo que el Estado no hace

Mientras el debate político continúa, son los voluntarios —muchos de ellos familiares de desaparecidos— quienes siguen excavando. Héctor Flores González, cuyo hijo desapareció en 2021, resumió la rabia que sienten miles: “Muchos de nuestros hijos podrían estar en ese o en cualquier otro campo de reclutamiento. Sigo sacando cuerpos y desenterrando restos.”

La promesa de encontrar a los desaparecidos sigue en pie. Los números, y las fosas, dicen otra cosa.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó en París una ley que simplifica la devolución de obras de arte y objetos saqueados de las antiguas colonias francesas entre 1815 y 1972. La normativa, respaldada en votación unánime, permitirá a países como Argelia y Benín solicitar la restitución de bienes culturales expoliados durante la época colonial. El Gobierno francés impulsa esta medida como parte de una política de reparación histórica y cumplimiento de promesas asumidas por el presidente Emmanuel Macron.

De acuerdo con informes de la agencia de noticias Associated Press, el Senado francés ya había dado luz verde al texto en enero, consolidando el proceso legislativo para la restitución de piezas de alto valor patrimonial.

Diversos países africanos, entre ellos Argelia, Mali y Benín, han presentado solicitudes formales para recuperar obras que se encuentran en colecciones públicas y privadas de Francia. La nueva ley se enfoca en bienes adquiridos de manera ilegítima, excluyendo objetos militares, archivos públicos y hallazgos arqueológicos.

Según la agencia de noticias, la ley establece que los Estados solicitantes deben comprometerse a proteger y exhibir los objetos devueltos, previa revisión de un comité especializado. El análisis de las solicitudes se basará en pruebas documentales que acrediten el origen ilegítimo o la obtención forzosa de los bienes reclamados. Francia busca así agilizar un proceso que, hasta ahora, requería la aprobación de leyes individuales para cada restitución.

Cambios en la política cultural francesa

La votación en la Asamblea Nacional representa un giro en la política de restitución patrimonial de Francia. La legislación se aprueba casi una década después de que el presidente Emmanuel Macron anunciara el compromiso de devolver el patrimonio africano a sus países de origen. En un discurso en Uagadugú, Burkina Faso, en noviembre de 2017, Macron declaró: “el patrimonio africano no puede existir únicamente en colecciones privadas y museos europeos”. El mandatario fijó un plazo de cinco años para crear las condiciones necesarias para el retorno temporal o definitivo de estos bienes.

Francia ya ha dado pasos concretos en esta dirección, como el reciente retorno del tambor sagrado Djidji Ayôkwé a Costa de Marfil. Este instrumento fue confiscado por tropas coloniales en 1916 y regresó a su país en el inicio de 2026. El cumplimiento de estos compromisos representa la concreción de acuerdos bilaterales vinculados a la memoria histórica compartida entre Francia y sus antiguas colonias.

La nueva normativa responde tanto a las demandas de gobiernos africanos como a las de organizaciones internacionales que reclamaban el retorno de bienes culturales expoliados, y su aprobación representa la respuesta institucional a estos pedidos. El texto fija como periodo de aplicación los años comprendidos entre 1815 y 1972, coincidiendo con la fecha de entrada en vigor de la convención de la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la protección del patrimonio cultural.

Procedimiento para la devolución y debate parlamentario

El proceso establecido por la ley exige que cada país interesado presente una solicitud formal acompañada de pruebas que acrediten la apropiación ilegítima de los objetos. Un comité de expertos evaluará cada caso y decidirá si procede la restitución, siempre que el Estado receptor garantice la conservación y exposición pública de los bienes restituidos.

Durante los debates parlamentarios, el eje estuvo en el alcance temporal de la ley y en las condiciones para la devolución. Aunque el consenso fue unánime, algunos diputados expresaron reservas sobre el impacto de la medida en los museos franceses y la posible salida de piezas de colecciones relevantes. La legislación delimita expresamente su alcance a obras de arte y objetos culturales, excluyendo objetos militares, archivos públicos y materiales arqueológicos.

De acuerdo con la información la aprobación de la ley marca un avance en la relación entre Francia y los países africanos, y se espera que otras naciones presenten nuevas solicitudes a partir de la entrada en vigor de la normativa. Esta legislación facilita el retorno de piezas históricas y promueve el debate internacional sobre la restitución de patrimonio expoliado durante procesos coloniales.

Contexto internacional y próximos pasos

El anuncio de la nueva ley se produce mientras otros países europeos también revisan sus políticas de restitución cultural. Alemania, Reino Unido y Bélgica han iniciado procesos similares para devolver objetos a sus países de origen, en respuesta a la presión internacional y a la demanda de justicia histórica.

Francia mantiene uno de los mayores fondos de arte africano fuera del continente, con miles de piezas en museos y colecciones estatales como el Museo Quai Branly, el museo nacional dedicado a artes y civilizaciones de África, Asia, Oceanía y América, en París. La aplicación de la nueva ley requerirá una revisión minuciosa de los inventarios y colaboración estrecha con los países solicitantes.

El Gobierno francés prevé la creación de un comité independiente encargado de analizar cada petición y garantizar la transparencia del proceso. Las autoridades esperan que la legislación se convierta en un modelo para otros países y que contribuya a fortalecer los lazos culturales entre Francia y África.

Estados Unidos solicitó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los países se comprometan en un frente común para cortar los recursos a los rebeldes hutíes en Yemen, con el objetivo de evitar nuevos ataques contra Israel en represalia por las operaciones del Ejército israelí contra el régimen iraní.

“Todos los Estados miembros deben cumplir las resoluciones destinadas a privar a los hutíes de los recursos necesarios para sus actividades desestabilizadoras”, declaró Jennifer Locetta, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales de Estados Unidos, durante una sesión sobre la situación en Medio Oriente y Yemen.

Locetta acusó al grupo chiíta, históricamente respaldado por Irán, de intensificar sus ataques con misiles y drones contra Israel, la más reciente el 4 de abril, y de actuar en alianza con la república islámica en violación del derecho internacional. Los hutíes controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, desde 2014.

“La disposición del grupo a arrastrar a Yemen al conflicto por sus benefactores de Teherán muestra su total desprecio por el pueblo yemení”, afirmó Locetta. A su vez, añadió que el régimen iraní facilita las actividades desestabilizadoras de los hutíes mediante el suministro de armas, apoyo logístico y de inteligencia, en desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad.

La representante estadounidense pidió a “todos los buques con destino a puertos controlados por los hutíes” que cumplan los requisitos del Mecanismo de Verificación e Inspección de la ONU (UNVIM), que obliga a declarar la carga y someterse a controles previos para garantizar que no transportan armas ni material prohibido.

Por su parte, el representante de Yemen ante la ONU, Abdullah Ali Fadhel Al Saadi, denunció la “injerencia iraní” en los asuntos internos de su país, señalando que esta intervención ha convertido a Yemen en un escenario de la guerra regional en Medio Oriente.

“Advertimos contra la continua injerencia iraní en los asuntos internos de Yemen mediante la financiación, el armamento y el apoyo a las milicias terroristas que desean implicarse en conflictos regionales que sirvan a la agenda y los intereses de Irán”, declaró Al Saadi durante la sesión del Consejo de Seguridad.

El diplomático yemení criticó a Irán por “su continua insistencia en exportar crisis, sembrar el caos y socavar la seguridad y la estabilidad en la región”, y rechazó los ataques contra países vecinos lanzados por Teherán en represalia al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que desató el conflicto el 28 de febrero.

Los rebeldes de Yemen, al igual que Hezbollah en Líbano, son grupos terroristas chií respaldados históricamente por Irán y se sumaron al conflicto como respuesta a los ataques sobre territorio iraní.

“El Gobierno de Yemen reitera su firme rechazo y su enérgica condena a estos ataques, incluidos los llevados a cabo directamente o a través de intermediarios y milicias afiliadas al régimen iraní”, sostuvo Al Saadi.

El representante yemení advirtió que la acción de los hutíes, incluyendo ataques contra Israel, constituye “un desafío fundamental para cualquier futuro proceso político”. Subrayó que cualquier proceso político futuro debe basarse en el restablecimiento de las instituciones estatales, el monopolio de las armas en manos del Estado y el fin de todas las formas de rebelión.

Durante su intervención, Al Saadi agradeció los esfuerzos de la ONU para garantizar el intercambio de prisioneros con los hutíes y reiteró su compromiso con la liberación de “todos por todos “.

En esta línea, el líder del Consejo Presidencial internacionalmente reconocido de Yemen, Rashad al Alimi, también acusó a los hutíes de actuar al servicio de Irán y calificó al grupo como una “herramienta destructiva” en el contexto de la guerra.

Al Alimi instó a la ONU a documentar la “apropiación” por parte de los hutíes de las decisiones sobre la guerra y la paz en Yemen, advirtiendo que la participación del grupo en los conflictos regionales de Medio Oriente agrava la inestabilidad del país árabe.

(Con información de EFE)

A pocos días de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vuelva a poner a Colombia en el centro de la discusión internacional, un nuevo informe advirtió que el país enfrenta un momento decisivo. No solo por la cercanía de las elecciones presidenciales, sino por un contexto de seguridad que, lejos de estabilizarse, muestra señales de deterioro en varias regiones.

El documento, elaborado por el secretario general de la ONU, António Guterres, analizó lo ocurrido entre finales de diciembre de 2025 y marzo de 2026. Su lectura deja un mensaje claro: aunque hay avances, el panorama sigue siendo frágil y las garantías para el ejercicio democrático aún no están plenamente aseguradas.

En particular, el informe puso el foco en los riesgos que podrían marcar la próxima contienda electoral. “Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, advirtió Guterres, al tiempo que insiste en la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad para candidatos y votantes.

La alerta no surge en el vacío. Aunque las elecciones legislativas de marzo se desarrollaron sin alteraciones graves del orden público, el contexto previo estuvo marcado por amenazas, hechos de violencia y tensiones en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar y la participación superó el 50%, una cifra ligeramente superior a la registrada en 2022. En términos generales, la jornada transcurrió con normalidad, pero el informe advirtió que al menos 185 municipios presentaban riesgos altos, especialmente en zonas rurales.

De hecho, se registraron episodios que encendieron las alarmas, ataques a esquemas de seguridad, la desaparición de un candidato y la retención de lideresas indígenas en medio de la campaña. “Se produjeron incidentes significativos que afectaron a varios candidatos y congresistas…”, señaló el documento, que también menciona el asesinato de tres soldados durante labores relacionadas con la logística electoral.

En paralelo, el informe señaló un cambio político relevante: estas fueron las primeras elecciones en las que el partido Comunes participó sin las curules garantizadas tras el Acuerdo de Paz. La colectividad no logró representación en el Congreso ni alcanzó el umbral necesario para mantener su personería jurídica. Más allá del escenario electoral, el diagnóstico sobre la seguridad es contundente. Tras los ceses al fuego de fin de año, los enfrentamientos entre grupos armados se reactivaron desde enero, con dinámicas que incluyen el uso de nuevas tecnologías y la expansión a territorios donde antes no tenían presencia.

El impacto humanitario también es preocupante. En apenas tres meses, más de 8.400 personas fueron desplazadas y cerca de 23.000 permanecieron confinadas en distintas regiones del país. A esto se suman asesinatos de líderes sociales, masacres y hallazgos que reflejan la gravedad del conflicto. “Siguió habiendo enfrentamientos armados en zonas históricamente afectadas…”, advirtió el informe, que documenta el hallazgo de 26 cuerpos, incluidos niños indígenas, en el Guaviare.

Según Naciones Unidas, detrás de esta violencia persisten factores estructurales como las economías ilegales, particularmente el narcotráfico y la minería ilícita, y la disputa territorial entre grupos armados, que continúan afectando de manera directa a la población civil. En cuanto a la política de “paz total”, el balance es mixto. Mientras algunos procesos de diálogo lograron avances puntuales, otros permanecen estancados. El caso más evidente es el del ELN, cuyos acercamientos no muestran señales claras de reactivación.

El informe también destaca que las amenazas, los desplazamientos forzados y los homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo una constante en varias regiones del país, lo que evidencia la persistencia de condiciones de riesgo. En sus conclusiones, Guterres plantea que Colombia atraviesa una coyuntura determinante. “Colombia sigue siendo hoy un país más pacífico en general… No obstante, la seguridad se ha deteriorado considerablemente en determinadas zonas”, afirmó, al tiempo que señaló el papel del Acuerdo de Paz como herramienta clave para enfrentar estos desafíos.

En Costa Rica, cada año miles de toneladas de alimentos aptos para el consumo terminan en la basura mientras que un sector importante de la población enfrenta condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Esta paradoja, visible en los hogares del país, fue señalada con énfasis por el Banco de Alimentos de Costa Rica con motivo de sus 14 años de fundación. El impacto del desperdicio no solo es social, representa también un desafío ambiental considerable, ya que los alimentos no consumidos contribuyen al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 33% de los alimentos producidos a nivel global se pierden o desperdician cada año, lo que equivale a unas 1,300 millones de toneladas anuales. Además, el Informe del índice de Desperdicio de Alimentos de las Naciones Unidas señala que más del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de alimentos descartados antes de ser consumidos. Estas cifras dimensionan el reto que enfrenta no solo Costa Rica, sino el planeta, en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.

La coexistencia de exceso y necesidad queda en evidencia en el país centroamericano, donde el Banco de Alimentos de Costa Rica ha consolidado una red para redistribuir productos que de otro modo serían desechados. Esta organización actúa como un puente, conectando los excedentes de comida con quienes más lo requieren. Durante el último año, la entidad indicó haber beneficiado a más de 44,400 personas a través de una red articulada por 345 organizaciones sociales en 69 cantones del territorio nacional.

El alcance del Banco de Alimentos no se limita a la distribución: la institución informó la implementación de iniciativas como el programa ResCataR, que se dedica a recuperar alimentos provenientes de hoteles y restaurantes, y Nutrihéroes, centrado en la educación y sensibilización sobre nutrición y hábitos responsables. De esta forma, la estrategia aborda el fenómeno en distintos frentes, desde la recolección hasta la concientización.

En la actualidad, la organización enfrenta nuevos desafíos. Según datos del propio Banco de Alimentos de Costa Rica, el 2026 se vislumbra complejo ante la disminución de donaciones por parte de empresas, un fenómeno que amenaza directamente la provisión de productos básicos como arroz, frijoles, leche, pastas y proteínas. Esta tendencia, si persiste, podría dificultar la atención a una población beneficiaria en constante aumento.

A propósito del aniversario, Francia Linares, directora ejecutiva de la entidad, enfatizó la importancia de la colaboración intersectorial: “El hambre y el desperdicio de alimentos son dos realidades que coexisten, pero que sí tienen solución cuando trabajamos en conjunto. Este aniversario es una oportunidad para invitar a toda la sociedad, especialmente al sector empresarial, a transformar excedentes en oportunidades y llevar alimento a quienes más lo necesitan”, señaló Linares en declaraciones recogidas por el Banco de Alimentos de Costa Rica.

El daño ambiental provocado por el desperdicio trasciende la pérdida directa de recursos. Cuando los alimentos son desechados, también se pierden la energía, el agua y el trabajo empleados en su producción. Su descomposición genera gases como el metano, que tienen un notable efecto en el calentamiento global y agravan las consecuencias del cambio climático.

De acuerdo con la información proporcionada por el Banco, la lucha contra el desperdicio se apoya tanto en la recuperación de alimentos como en la sensibilización social. El público puede integrarse a esta causa mediante la donación directa de productos en buen estado, aportes económicos o participación en actividades de voluntariado como el programa “Manos Transformando Vidas”, dirigido a multiplicar el impacto positivo en las comunidades vulnerables.

A 14 años de su creación, el Banco de Alimentos de Costa Rica reitera la necesidad de sumar esfuerzos desde los distintos sectores de la sociedad para enfrentar esta problemática. La cooperación entre empresas, agrupaciones civiles y ciudadanía se plantea como condición esencial para reducir el desperdicio de alimentos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.

Con más de 133,000 personas desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad del 99.6%, Amnistía Internacional urgió al gobierno mexicano a declarar la crisis de desapariciones como emergencia nacional, respaldando la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada —un mecanismo excepcional de la ONU reservado para situaciones de gravedad extrema— que abre un canal de diálogo directo y formal con el Estado mexicano.

El Estado también desaparece personas

Amnistía cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado. La organización documentó casos en que grupos criminales actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, y otros donde servidores públicos participan directamente. Alertó además que recientes cambios institucionales podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública.

Las cifras que el gobierno no puede ignorar

• 118 mil 207 desapariciones registradas desde 2006 — el 89% del total
• 5 mil 696 fosas clandestinas halladas en todo el país
• 2 mil 341 colectivos de familias buscando a sus seres queridos
• De cada mil casos, menos de 4 llegan a una condena

Las exigencias concretas

• Declarar emergencia nacional con metas medibles
• Reconocer y proteger a colectivos de búsqueda y familiares
• Aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia

Amnistía también alertó sobre la situación de las mujeres buscadoras, quienes enfrentan amenazas, agresiones e incluso asesinatos mientras realizan labores que el Estado omite.

La respuesta de Sheinbaum: rechazo al informe, apertura al diálogo

La postura del gobierno mexicano frente a la presión internacional ha sido contradictoria. El 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó formalmente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, cuestionando su metodología: señaló que el análisis se basa en datos de solo cuatro estados y cubre el periodo 2009-2017 —durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto— para luego extrapolarlo hasta 2025, lo que consideró metodológicamente inválido.

Sheinbaum también argumentó que la definición de desaparición forzada —como acto del Estado por razones políticas— no corresponde a la naturaleza de la mayoría de los casos en México, vinculados al crimen organizado.

Sin embargo, apenas este lunes 13 de abril, la mandataria anunció que próximamente recibirá en México al titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que conformó un grupo interinstitucional integrado por la SRE, la Secretaría de Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad para revisar el informe punto por punto y preparar la respuesta oficial.

“Tomar la parte importante del informe hacia el Gobierno de México que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el Alto Comisionado”, declaró la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, que próximamente recibirá en México al titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La visita se da en un contexto de tensión diplomática, luego de que el gobierno federal rechazara formalmente el informe que dicho organismo presentó sobre la situación de derechos humanos en el país.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que el rechazo al documento no implica ruptura con el organismo internacional. “Eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos”, subrayó.

Un grupo interinstitucional revisa el informe punto por punto

Para preparar la reunión con el Alto Comisionado, el gobierno federal conformó un grupo de trabajo interinstitucional que analiza en detalle el contenido del informe. Las dependencias convocadas son:

• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Secretaría de Gobernación
• Fiscalía General de la República
• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Adicionalmente, Sheinbaum informó que solicitó al ministro Arturo Zaldívar —quien se desempeña en la Presidencia— que colabore en la revisión del documento y en la construcción de la respuesta institucional.

El objetivo: dialogar con argumentos y reconocer áreas de mejora

La mandataria explicó que la revisión del informe tiene un doble propósito. Por un lado, construir los argumentos con los que México responderá ante el Alto Comisionado. Por otro, identificar los señalamientos válidos del documento para incorporarlos al diálogo.

“Tomar la parte importante del informe hacia el Gobierno de México que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el Alto Comisionado”, indicó Sheinbaum.

Entre los temas centrales de ese diálogo destacan:

• El manejo de casos de personas desaparecidas
• La atención a familias de víctimas
• Los cambios legislativos impulsados para garantizar justicia, verdad y atención integral

Rechazo al informe, pero apertura al diálogo

La postura del gobierno mexicano combina el rechazo formal al informe con una disposición expresa a mantener canales abiertos con Naciones Unidas. Sheinbaum no detalló las razones específicas del rechazo al documento, pero sí enfatizó que existe un plan de trabajo concreto para informar a los organismos internacionales sobre las acciones que México está implementando en materia de derechos humanos.

Tras el rechazo del gobierno de México al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que calificó como “tendencioso”, se abrió un nuevo frente de tensión entre autoridades y organismos internacionales. El gobierno federal argumentó que el documento omitió información correspondiente al periodo 2019–2025, la misma que asegura fue enviada para su análisis.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que, de acuerdo con la definición del organismo internacional, la desaparición forzada implica la participación directa del Estado. Bajo ese criterio, negó que esta práctica ocurra durante su administración.

Frente a esta postura oficial, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han manifestado su inconformidad y preocupación, al considerar que desestimar el informe del CED representa un retroceso en el reconocimiento de la crisis.

La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) hizo un llamado a la sociedad civil para firmar una petición (en el link: www.change.org/p/exigir-al-gobiernomx-respete-al-comit%C3%A9-contra-la-desaparici%C3%B3n-forzada-onu )en la que exigen al Estado mexicano respetar al Comité de la ONU y colaborar con sus observaciones.

A través de esta iniciativa, difundida en la plataforma Change.org, subrayan:“Exigimos cooperar, no atacar. Escuchar, no negar; implementar, no simular. La desaparición se afronta con acciones contundentes”.

Críticas por posible intervención de la Asamblea General de la ONU

Sheinbaum Pardo también cuestionó la intención del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de movilizar apoyo internacional frente a la gravedad y posible sistematicidad de las desapariciones.

No obstante, Sheinbaum destacó que existe comunicación con la presidencia del Comité, por lo que el diálogo aún se mantiene como una vía abierta.

Por su parte, en un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) señalaron: “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero rechaza premisas que no reflejan su realidad actual”.

“Negar la crisis es silenciar a las víctimas”

En su posicionamiento, los colectivos advierten que el intento de desacreditar al Comité no es un hecho menor, sino una acción que podría invisibilizar el dolor de miles de familias.

Señalan que, durante años y a través de distintos gobiernos, madres y familiares han buscado a sus seres queridos sin obtener respuestas ni justicia.

“Cuando un Estado niega, minimiza o ataca a quienes buscan la verdad, socava la esperanza de todas las familias que no han dejado de luchar”.

Asimismo, enfatizan que negar la desaparición forzada no es un fenómeno nuevo en México; sin embargo, alertan que ahora también se busca desacreditar a quienes documentan y denuncian esta realidad.

“Hoy no es al Comité a quien atacan: es a las madres, a la verdad y a la posibilidad de un futuro con justicia”. Los colectivos concluyen que reconocer la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.

La resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavización racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave, aprobada el pasado 25 de marzo, representa el primer reconocimiento oficial de una deuda histórica perpetrada durante siglos.

Para la diputada Rosa María Castro Salinas, de Morena, el pronunciamiento de la Asamblea General constituye un hito que exige a los estados avanzar de inmediato hacia la justicia reparativa y la garantía de no repetición, tanto en México como en el resto del mundo.

La resolución de la ONU subrayó la necesidad de acciones concretas como la restitución, la indemnización y la garantía de no repetición para los descendientes de las víctimas de la esclavitud transatlántica.

Urge reparación de los daños para afrodescendientes mexicanos

Castro Salinas advirtió que los pueblos afrodescendientes han señalado por generaciones que las consecuencias de la esclavitud siguen vigentes. Persiste la desigualdad económica, la discriminación estructural y la exclusión social. La diputada planteó que la memoria y la reparación deben ser ejes ineludibles en el proceso de justicia.

Castro Salinas afirmó: “No es un pronunciamiento menor; es el reconocimiento de una deuda que durante siglos ha sido invisibilizada”, en referencia a la responsabilidad internacional de saldar cuentas con los afrodescendientes.

Durante más de 400 años, millones de personas fueron despojadas de su libertad, identidad y dignidad bajo un sistema que las transformó en propiedad. Este sistema sentó las bases para la construcción de racismo estructural y sistémico, un fenómeno que, aseguró, subsiste en las sociedades contemporáneas.

La diputada, que es secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, destacó que el reconocimiento de la ONU implica ahora una obligación para los estados nacionales: implementar políticas públicas eficaces que combatan las desigualdades y que, en el caso mexicano, integren la historia afrodescendiente tanto en el sistema educativo como en el diseño de programas de justicia social.

México enfrenta desafíos históricos y de género

La declaración de la Asamblea General también aborda que las mujeres afromexicanas han vivido formas específicas de violencia, incluidas la explotación sexual y la reproducción forzada. Sobre esto, Castro Salinas enfatizó que se trata de temas poco discutidos en la opinión pública, pero fundamentales para que las políticas de reparación sean realmente integrales y atiendan las afectaciones particulares a las mujeres.

La legisladora insistió en que, en una nación como México, caracterizada por la profunda herencia afrodescendiente, no es posible ignorar el llamado internacional hecho por la ONU. Planteó que corresponde a las instituciones mexicanas asumir el compromiso de fortalecer un marco legislativo y de políticas públicas que enfrenten directamente el racismo sistémico y estructural, y que promuevan la igualdad desde una perspectiva intercultural, antirracista e interseccional.

Castro Salinas reiteró que la memoria histórica es indispensable para avanzar en la justicia. Puntualizó: “No puede haber justicia sin memoria, ni igualdad sin reparación”. Subrayó su responsabilidad como diputada federal afromexicana y aseguró que mantendrá el impulso a una agenda legislativa que priorice los derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes, combata las desigualdades históricas y ayude a cerrar una deuda pendiente arrastrada desde la esclavitud transatlántica.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de un comunicado, que México fue seleccionado a cuatro órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU), durante las elecciones celebradas el pasado 8 de abril de 2026 en Nueva York, consolidando su participación en espacios clave del sistema multilateral.

• Comité del Programa y la Coordinación (CPC), período 2027-2029
• Junta Ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), período 2027–2029
• Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), período 2027-2029
• Comité de Organizaciones No Gubernamentales, período 2027-2030

Las acciones de México que impulsaron su nombramiento en la ONU

Como integrante de la Junta Ejecutiva del PMA, el país promovió la adopción e implementación eficiente de políticas en favor de la seguridad alimentaria, particularmente para atender crisis humanitarias derivadas de conflictos y aquellas vinculadas con el cambio climático. Además, su participación permitió influir en la elección de la próxima persona titular de la Dirección Ejecutiva del organismo.

Mientras que durante la Junta Ejecutiva de ONUSIDA, se favoreció la definición de estrategias y políticas orientadas a dar continuidad a la respuesta global frente al VIH/SIDA, con énfasis en la cooperación con otras naciones y comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad.

“En el CPC, México favorecerá una visión programática y administrativa que priorice métodos de gestión ágiles en la ONU, que eviten la duplicación de funciones y privilegien el impacto de las acciones de la Organización en el terreno”, se lee en la publicación de la SRE.

En ese mismo órgano, autoridades impulsaron una visión centrada en mejorar la eficiencia administrativa dentro del organismo, con el objetivo de optimizar resultados y evitar redundancias en las funciones institucionales.

Finalmente, en el Comité de Organizaciones No Gubernamentales, se defendió la participación sustantiva de la sociedad civil, con miras a fortalecer la inclusividad y la transparencia dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Los resultados obtenidos representaron un reconocimiento a las aportaciones del país en la agenda multilateral y reflejaron la confianza de los Estados miembros en su capacidad para contribuir al cumplimiento de los objetivos de estos órganos y la estructura de la ONU.

¿Qué es el ECOSOC y por qué importa?

El Consejo Económico y Social de la ONU es uno de los seis órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Su función central es coordinar políticas económicas, sociales y ambientales entre los países miembros, así como supervisar comisiones y organismos especializados.

La participación en sus órganos subsidiarios permite a los países incidir directamente en agendas globales como:

• Desarrollo sostenible
• Igualdad de género
• Ciencia y tecnología
• Políticas sociales

Sheinbaum desestima informe de la ONU sobre desapariciones en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al considerar que presenta deficiencias metodológicas y no refleja con precisión la situación actual del país. Señaló que el documento se basa en datos de solo algunos estados y periodos anteriores, cuyos resultados fueron extrapolados a nivel nacional.

La mandataria sostuvo que varios elementos no fueron tomados en cuenta, por lo que rechazó su contenido. Además, defendió que su gobierno mantiene acciones para atender la problemática de desapariciones, principalmente vinculadas al crimen organizado.

También subrayó que esta situación no afecta el trabajo con colectivos de búsqueda ni el compromiso con familiares de víctimas, reiterando que se continúa con estrategias y mecanismos para erradicar este delito en el país.

Esta polémica ha provocado diversas opiniones entre figuras de la política mexicana y el organismo internacional.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el viernes a Estados Unidos e Irán a aprovechar las negociaciones previstas este fin de semana en Islamabad para entablar un diálogo “de buena fe” que permita alcanzar un acuerdo “duradero” y ponga fin definitivo a las hostilidades.

“(Guterres) hace un llamamiento a las partes para que aprovechen (EEUU e Irán) esta oportunidad diplomática para entablar un diálogo de buena fe en pos de un acuerdo duradero e integral, con miras a la desescalada y la prevención del retorno a las hostilidades”, indicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

Guterres reiteró que “no existe ninguna alternativa viable a la solución pacífica de controversias internacionales de conformidad plena con el Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas”.

El enviado especial de la ONU para el conflicto en Medio Oriente, Jean Arnault, se encuentra en la región y mantuvo un encuentro el jueves con el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en Teherán. Arnault también se reunió con representantes de la Media Luna Roja Iraní y visitó lugares afectados por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos un centro universitario y un bloque de viviendas destruido.

Arnault, quien inició su gira regional el miércoles para apoyar “todos los esfuerzos para lograr una resolución duradera y exhaustiva” al conflicto, estaría presente en Pakistán para las conversaciones de este sábado entre Teherán y Washington.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también solicitó el pasado miércoles un “acuerdo integral” tras el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán, advirtiendo que los civiles “siguen en gran peligro” en toda la región.

“Espero fervientemente que el anuncio de un alto el fuego por parte de Estados Unidos e Irán traiga alivio a todos los civiles que han sufrido durante semanas y que siguen en gran riesgo”, expresó Türk en un mensaje difundido por su oficina en redes sociales.

El diplomático instó a todas las partes a “actuar de buena fe y a asegurar que este primer paso se traduzca en un acuerdo integral”. Señaló que “también es crucial poner fin al dolor y al sufrimiento causados por la guerra en Líbano” y subrayó la importancia de alcanzar “una paz regional duradera, que proteja los Derechos Humanos y respete el Derecho Internacional”.

Guterres celebró el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el martes pasado y pidió a todas las partes cumplir con el compromiso asumido. Guterres calificó como “urgente” el “fin a las hostilidades” y remarcó: “Todas las partes en el conflicto actual en Medio Oriente debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región”. El secretario general agradeció a Pakistán y a “otros países” por facilitar el alto el fuego.

A su vez, el titular de Naciones Unidas pidió aprovechar “la oportunidad” del acuerdo temporal de tregua alcanzado entre Washington y teherán para “evitar más muertes en el Líbano e Israel”.

“La ONU condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles. Seguimos instando a todas las partes a que recurran a los canales diplomáticos, cesen las hostilidades y renueven su compromiso con la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad; el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ofrece una oportunidad para evitar más pérdidas de vidas entre el Líbano e Israel”, declaró el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

(Con información de Europa Press)

El Día Mundial del Autismo, proclamado el 2 de abril por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, busca sensibilizar sobre el trastorno del espectro autista y promover la inclusión. Con el tiempo, la conmemoración ha priorizado los derechos y la diversidad neurológica, impulsando la visibilización de experiencias y el respeto por la autonomía.

De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (TEA), este padecimiento implica dificultades persistentes en la comunicación y la interacción social, junto con patrones restrictivos o repetitivos de comportamiento.

Las cifras sobre el autismo en México son limitadas. Un estudio realizado por Spectrum Therapy Center México en 2016 estimó que una de cada ciento quince personas presenta algún tipo de TEA. Pese al marco normativo, la cobertura de servicios especializados continúa siendo reducida.

El autismo en las mujeres: diagnóstico tardío y estrategias de camuflaje

Las características pueden variar ampliamente. La proporción diagnóstica tradicional de cuatro hombres por cada mujer ha sido cuestionada, pues los criterios se basan en patrones masculinos.

Esto ha dificultado la identificación del padecimiento dentro de la comunidad femenina, quienes suelen recibir evaluaciones tardías o erróneas, dando como resultado que muchas enfrenten riesgos en su salud mental, como depresión y trastornos del sueño, según la Fundación CONECTEA.

Las mujeres autistas tienden a evitar el contacto visual y usan la imitación para responder socialmente. También muestran mayor conciencia de normas sociales y esfuerzo por cumplirlas. Mientras que las niñas con TEA suelen ser clasificadas como reservadas o tímidas, lo que contribuye a que sus experiencias no sean identificadas desde el inicio.

Quienes no presentan discapacidad intelectual desarrollan estrategias de adaptación conocidas como camuflaje social o masking, que consisten en imitar conductas aceptadas para encajar. Estas acciones dificultan el diagnóstico y generan un desgaste emocional.

Políticas públicas, derechos y voces en la esfera pública

La atención a personas con TEA en México se basa en la Ley General para la Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista (2015), que busca la integración mediante la protección de derechos fundamentales.

Una reforma aprobada en 2025 incorporó la perspectiva de género, reconociendo la necesidad de análisis diferenciados y servicios sensibles al género. El Protocolo de Atención y Trato Digno a Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en 2022, establece lineamientos de accesibilidad y no discriminación, en sintonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las voces de mujeres autistas han cobrado relevancia en el ámbito público. La cantante Susan Boyle compartió que, tras años de diagnóstico incorrecto, conocer su condición de Asperger le permitió comprenderse mejor. La actriz Daryl Hannah y la cantante Sia también han relatado experiencias similares.

En México, figuras como Raquel Sámano y Jazmín González Cruz impulsan espacios de acompañamiento y visibilización, mientras que la senadora Ruth González Silva promovió reformas legislativas para una atención más adecuada.

Existen colectivos y asociaciones, como Autistas de México A.C. y Mujeres Autistas, que ofrecen información, acompañamiento y redes de apoyo, con énfasis en la perspectiva de género y derechos humanos.

En medio de la polémica por el informe del Comité de la Desaparición Forzada (CED), Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), respaldó la postura del organismo internacional sobre la desaparición de personas en México, tras el reporte que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el mismo tema en marzo pasado.

En un video publicado en su cuenta de X, Romero Herrera advirtió que en México hay más de 132 mil personas desaparecidas, subrayando que esto no puede verse como una estadística fría.

“Pero es que esto no son números, son hijos, hijas, madres, padres, que alguien sigue esperando”, aseguró.

En el mismo video, la secretaria general del PAN, Karen Michel González Márquez, destacó que “miles de familias no se rinden y ”como nadie les auda, salen ellos a buscar a sus seres queridos".

En este sentido, el dirigente panista mencionó como ejemplo de ello a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y otras activistas, quienes a su consideración, “hacen el trabajo que debería de hacer el gobierno”.

González Márquez indicó que a esto último se suma que hay cerca de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, lo cual Romero Herrera afirmó que “no es normal”, por lo que acusó que el país no tiene “un gobierno capaz de responder y de resolver la crisis”.

“Esto no es normal, no puede ser normal. Esto es un país que no tiene un gobierno capaz de responder, ni mucho menos de resolver”, afirmó.

González Márquez recalcó que la gravedad de la crisis no es una acusación política, sino un hecho reconocido por la comunidad internacional, al recordar que la CED “dijo que en México hay indicios fundados de desapariciones generalizadas”.

“Cuando alguien desaparece y nadie responde, no es solo crimen, es impunidad, es un sistema que falló”, sostuvo.

Por ello, Romero Herrera advirtió que esto significa que el problema no es aislado, sino “estructural, recurrente y normalizado en México”.

Asimismo, alertó sobre la presencia de organizaciones criminales que operan con control de facto en diferentes territorios, ante la presunta omisión o complicidad de las autoridades.

“Y hay algo todavía más grave: organizaciones criminales que operan con control de facto en territorios, ante la omisión o la complicidad de las autoridades”, denunció.

Como parte de ello, González Márquez mencionó el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecertario de Seguridad de Tabasco, quien fue sentenciada por desaparición forzada.

“Ahí está el caso de Tabasco, donde quien juró ante la Constitución proteger a las familias fue sentenciado por desaparición forzada”, señaló.

Romero Herrera concluyó que, cuando el poder se mezcla con el crimen, las víctimas quedan completamente indefensas.

Crítica al gobierno y exigencia de justicia

González Márquez acusó que, en vez de aceptar la gravedad de la crisis, las autoridades prefieren negar, minimizar y descalificar, criticando la postura oficial de sugerir que los desaparecidos probablemente están vivos.

“Pero en lugar de ahora asumir esa verdad, prefieren negar, minimizar y descalificar”, sostuvo.

Por su parte, Romero Herrera acusó a Morena de no resolver y de maquillar el problema y de “desaparecer a los desaparecidos en papel”, lo que calificó como “un abandono total”.

González Márquez concluyó que en México hay familias que siguen buscando a quienes aman y lo mínimo que merecen es verdad, justicia y respuestas.

El 6 de abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, señalando que el reporte carece de rigor y se basa en un análisis limitado y descontextualizado.

Sheinbaum afirmó que el informe solo estudió casos de cuatro estados entre 2009 y 2017 y cuestionó la validez de extrapolar esos datos hasta 2025, pues no reflejan la situación actual.

La mandataria también argumentó que el informe se aparta de la definición internacional de desaparición forzada, ya que su gobierno no ordena ni tolera ese delito.

Además, lamentó que el comité haya ignorado los avances logrados desde 2019 en materia de búsqueda y legislación.

Sheinbaum insistió en que el gobierno mantiene su compromiso con las familias de desaparecidos y seguirá trabajando con colectivos y organismos para erradicar el problema.

La retención durante menos de una hora de un militar español por parte del Ejército israelí en el sur del Líbano ha desatado un agrio enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular, no tanto por el fondo del incidente como por la forma en que ha sido valorado públicamente.

El episodio, ocurrido el pasado martes en el marco de la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), ha escalado este jueves al primer plano del debate político tras las declaraciones de la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Según la versión trasladada por el Ministerio de Defensa, el incidente se produjo cuando fuerzas israelíes bloquearon un convoy logístico de la FINUL que transportaba alimentos y suministros destinados al contingente indonesio desplegado en la zona. En el transcurso de esa intervención, varios efectivos fueron retenidos, entre ellos un militar de nacionalidad española.

La retención se prolongó durante “menos de una hora” y concluyó tras la “protesta más enérgica” cursada por España tanto ante Naciones Unidas como ante las autoridades israelíes. El propio comunicado de la FINUL confirmó el bloqueo del convoy, aunque sin detallar la nacionalidad de los soldados afectados.

Sin embargo, más allá de la brevedad temporal del incidente, la ministra Robles ha querido subrayar su gravedad. En declaraciones posteriores, detalló que los militares fueron objeto de “conductas agresivas” y de una “violencia evidente” por parte de un miembro del Ejército israelí, al que describió como “exaltado”, insistiendo en la necesidad de abordar lo sucedido con “prudencia” y “respeto”.

Ese llamamiento contrasta con las palabras de la portavoz popular. Preguntada por el asunto en rueda de prensa, Muñoz optó por no entrar a valorar la actuación de Israel alegando desconocer los motivos concretos de la retención. No obstante, sí se detuvo en su duración para introducir una comparación que ha marcado el tono del debate.

“La ministra dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me va a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, afirmó.

La réplica de Robles fue tajante. La ministra acusó a la dirigente del PP de incurrir en una “frivolidad” impropia de la responsabilidad política que ostenta y apeló al respeto debido tanto a los militares desplegados como a las misiones internacionales. “Por respeto, uno debería callarse”, zanjó.

Israel, Hezbolá y el tablero internacional

La cautela del PP a la hora de censurar la actuación israelí no se limita a este incidente concreto. En su comparecencia, Muñoz extendió esa misma línea argumental al conjunto de la situación en la región, marcada por la reciente escalada militar.

Ante los bombardeos sobre Beirut que han causado cientos de víctimas y la ruptura del alto el fuego impulsado con mediación internacional, la portavoz popular sostuvo que Israel no está atacando al Estado libanés como tal, sino actuando contra “un grupo terrorista financiado por Irán, Hezbolá”. “Llevamos tiempo pidiendo que se desescale la guerra”, afirmó.

Esa posición contrasta con la mantenida por la Comisión Europea, que ha condenado los ataques al considerar que constituyen “una escalada muy grave” y una amenaza para la población civil y la estabilidad regional. Bruselas ha reiterado la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario y ha instado a todas las partes a implementar el alto el fuego.

España se ha alineado con esta postura a través de un comunicado conjunto con otros países europeos, en el que se hace un llamamiento explícito a la contención y al cumplimiento de los acuerdos, incluyendo el territorio libanés.

En paralelo, el Gobierno ha defendido la continuidad y utilidad de la misión de la FINUL, cuyo mandato expira en diciembre, subrayando su valor tanto operativo como simbólico. “Si no estuviera la FINUL, la situación sería mucho más grave”, ha advertido Robles, reivindicando el papel de Naciones Unidas como actor imprescindible en escenarios de alta tensión.

La OTAN como telón de fondo

El cruce político no se ha limitado al incidente en Líbano. En la misma comparecencia, Muñoz introdujo otro elemento de fricción al referirse a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual salida de su país de la OTAN.

La dirigente popular expresó su inquietud ante esa posibilidad, subrayando que la Alianza Atlántica constituye un pilar esencial para la seguridad europea. “Europa necesita que la OTAN siga en pie. Es una cuestión de defensa nacional y territorial”, sostuvo.

Al mismo tiempo, trasladó al Gobierno la responsabilidad de evitar un deterioro de las relaciones transatlánticas. “No puedes generar conflictos que pueden dejarnos sin marcos de defensa”, advirtió en alusión a la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Muñoz defendió que es posible mantener discrepancias con Washington sin tensionar el vínculo estratégico y puso como ejemplo a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También respaldó la posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente pidió “sensatez” frente a declaraciones de Trump sobre Irán.

El Senado de la República ratificó este 8 de abril de 2026 a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

El diplomático de 38 años asume el cargo tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por cuestiones de salud, en el proceso de designación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena y aliados votaron a favor de la ratificación, mientras que la oposición votó en contra. En medio de la discusión para ratificar al hoy canciller, Ricardo Anaya, senador del PAN, criticó el reciente rechazo de Roberto Velasco al informe de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México.

¿Qué dijo Ricardo Anaya?

El panista criticó: “El problema de los desaparecidos en México es una crisis real y brutal que se ha agravado durante los gobiernos de Morena. Claro que había desapariciones en el pasado, solo que en sexenio de Felipe Calderón de acuerdo a las propias cifras del gobierno desaparecían 7 personas al día, en este sexenio de Morena hemos rebasado las 40 personas desaparecidas por día”.

Y añadió: “Por eso este comité de la ONU contra la desaparición forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano, y con una desfachatez que raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe, que lo que hoy existe son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero ningún servidor público desde que llegó Morena al poder participa en estas desapariciones”.

Roberto Velasco asegura que rechazar informe de la ONU no niega el problema de las desapariciones en México

Roberto Velasco, actual canciller, sostuvo que la negativa a aceptar el documento del organismo internacional no implica en modo alguno ignorar la gravedad de las desapariciones en México.

La controversia surgió a raíz de los señalamientos emitidos por el comité de la ONU, que advirtió sobre la persistencia de ataques contra la población civil en múltiples regiones del país. Frente a estos cuestionamientos, Velasco reafirmó el compromiso de la administración con las víctimas y sus familias: “Las madres buscadoras, los colectivos tienen toda nuestra empatía, nuestra solidaridad y compromiso en seguir trabajando”, puntualizó.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el canciller insistió en que la exigencia de mayor rigor y calidad en los informes internacionales no equivale a desconocer la legitimidad de los organismos. “Ser críticos o exigentes de una mayor calidad no es desconocer su legitimidad, al contrario, refleja el mayor interés del Gobierno de México en ofrecer, como no se hacía desde hace mucho tiempo, información oportuna y fidedigna para elaborar sus reportes”, manifestó.

Velasco recordó que México ha permitido la visita in situ del comité de la ONU y ha reconocido la facultad de este organismo para investigar casos individuales. No obstante, expuso su desacuerdo con la aplicación del artículo 34, que contempla medidas para países que niegan cooperación internacional y practican desapariciones sistemáticas desde el gobierno. “Eso no está sucediendo en nuestro país”, aclaró.

En respuesta a la polémica, el canciller explicó que rechazar el informe no equivale a negar el dolor de las familias afectadas. Dejó claro que el gobierno mantiene un compromiso total para abordar la problemática y atender a las víctimas.

En uno de los momentos más tensos de su comparecencia ante el Senado de la República, el canciller recién ratificado Roberto Velasco Álvarez abordó este 8 de abril el tema que ha puesto al gobierno mexicano en el centro de la polémica internacional: el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que por primera vez llevó el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La postura del nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue de frente y sin ambigüedades: México cuestiona el informe, pero no niega el problema.

“Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de las familias”

Antes de entrar al terreno técnico, Velasco marcó el tono humano del mensaje. “Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares”, afirmó ante los senadores. Las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda, dijo, “tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad”.

Esa aclaración fue deliberada: el gobierno no quiere que su rechazo al informe se lea como indiferencia ante las miles de familias que buscan a sus desaparecidos.

¿Qué cuestiona México del informe?

Velasco identificó dos objeciones concretas al reporte del CED.

1. La primera tiene que ver con el alcance normativo del Comité. Según explicó, el organismo hace referencia al Estatuto de Roma y redefine el concepto de desaparición forzada, dos acciones “para las cuales el Comité no tiene facultades”.
2. La segunda objeción apunta directamente al artículo 34 de la Convención Internacional, que se aplica a países que niegan la cooperación internacional y que cometen desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante acción gubernamental. Para Velasco, esa caracterización no corresponde a la realidad mexicana: “Cosa que no está sucediendo en nuestro país. Todo lo contrario, estamos trabajando todos los días para atender este delito”.

Esta postura coincide con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado días antes, al cuestionar también la metodología del informe: el reporte analiza casos de solo cuatro estados del país y cubre el periodo de 2009 a 2017 — durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto — para luego extrapolar sus conclusiones hasta 2025, lo que el gobierno considera metodológicamente cuestionable.

La exigencia: más calidad al sistema de la ONU

El canciller cerró su postura con un mensaje directo hacia el sistema multilateral: México seguirá cooperando, pero también seguirá exigiendo. “Vamos a seguir exigiendo al sistema de Naciones Unidas que haya una calidad mayor en su trabajo y que se tome en cuenta también los avances que ha habido en particular en los últimos años en esta materia tan delicada”.

La instrucción, dijo, viene desde la cima: “Esa es la instrucción que tenemos de la presidenta”.

El gobierno también busca una comunicación directa con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para exponer su postura, mientras que tanto la SRE como la Secretaría de Gobernación ofrecerán mayores detalles sobre el proceso en los próximos días.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que las mujeres viven más pero no mejor, debido a sesgos médicos como la “exclusión histórica de investigación”, y es que, “hasta 1993”, estas “estuvieron en gran medida excluidas de los ensayos clínicos”, lo que ha dado como resultado que “muchos tratamientos se desarrollaron basándose en la biología masculina”.

Esta es una de las “verdades incómodas” a las que se refiere este organismo en relación con este trato desigual hacia la mujer ya que, según sus propios datos, ellas siguen teniendo menos probabilidades de ser tomadas en serio, diagnosticadas correctamente o tratadas adecuadamente. Así, se producen desde diagnósticos erróneos hasta prejuicios médicos arraigados, deficiencias en los sistemas de salud que continúan afectando su salud, seguridad y calidad de vida.

En este sentido, ha expuesto que las mujeres tienen más probabilidades de que se desestime su dolor, se malinterpreten sus síntomas y se les diagnostiquen sus afecciones demasiado tarde. Según la agencia de igualdad de género ONU Mujeres, esto refleja un sistema médico diseñado históricamente sin tener en cuenta a las mujeres.

No obstante, este último órgano ha indicado que se han logrado avances cuantificables ya que, entre 2000 y 2023, la mortalidad materna disminuyó un 40%, pasando de 328 a 197 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Además, las tasas de fecundidad adolescente disminuyeron de 66,3 a 38,3 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años, entre 2000 y 2024.

Otros datos puestos sobre la mesas son el de que la asistencia cualificada al parto aumentó del 60,9% al 86,6%, y el de que la proporción de mujeres que utilizan métodos modernos de planificación familiar aumentó del 73,7% al 77,1%. Sin embargo, en los países menos desarrollados, los nacimientos de adolescentes aumentaron de 4,7 millones en 2000 a 5,6 millones en 2024.

Ellas pasan 10,9 años con mala salud, por ocho de los hombres

En cuanto a la afirmación de que ellas viven más, pero peor que ellos, ONU Mujeres ha indicado que, en 2021, las primeras pasaron un promedio de 10,9 años con mala salud, en comparación con los ocho de los hombres. Esta situación incluye afecciones crónicas, como trastornos musculoesqueléticos, enfermedades ginecológicas, migrañas y depresión.

Por todo, la ONU ha denunciado situaciones a corregir, como la citada sobre la investigación. A tenor de ello, las mujeres son más propensas a sufrir reacciones adversas a los medicamentos y los síntomas pueden malinterpretarse, ante lo que investigaciones recientes han puesto de relieve la importancia de integrar el sexo y el género en los estudios.

Además, las afecciones que afectan a las mujeres suelen estar poco investigadas y reciben escasa financiación. Por su parte, a día de hoy, se siguen utilizando herramientas obsoletas en la atención, como el espéculo, ampliamente usado en los exámenes pélvicos y que ha cambiado poco desde su diseño en el siglo XIX.

El diagnóstico tardío es común, ha continuado este organismo, que lo ha ejemplificado señalando que, pese a que la endometriosis afecta a aproximadamente una de cada 10 mujeres y niñas en todo el mundo, lo que representa unos 190 millones, la detección puede tardar entre cuatro y 12 años.

Por último, ha afirmado que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte entre las mujeres, pero los síntomas más conocidos se basan en gran medida en patrones masculinos. Frente a ello y el resto de desigualdades, aboga por sistemas de salud que reflejen la realidad de las mujeres.

(con información de EP)

Durante el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México dio un paso clave en materia de derechos humanos al reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas.

La decisión, tomada en 2020, respondió a una exigencia histórica de familiares de personas desaparecidas y permitió que el país aceptara recibir y examinar denuncias individuales presentadas por víctimas o en su nombre. Con ello, se abrió la puerta a la supervisión internacional en uno de los temas más sensibles para México.

Aunque el Estado mexicano forma parte desde 2006 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, durante más de una década no había reconocido esta facultad del Comité, lo que limitaba el acceso de las víctimas a instancias internacionales.

¿Cómo funciona el Comité contra la Desaparición Forzada?

El CED es un órgano integrado por diez especialistas independientes en derechos humanos, cuya labor se rige por la Convención internacional en la materia.

Entre sus principales funciones destacan:

• Supervisar el cumplimiento de los Estados mediante la revisión de informes oficiales.
• Emitir recomendaciones para fortalecer las políticas públicas en la materia.
• Activar mecanismos de acción urgente para exigir la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, a solicitud de familiares o representantes legales.

La crisis escala: ONU pone la mirada en México

A inicios de abril de 2026, la problemática de desapariciones en México volvió a escalar al ámbito internacional. Tras años de análisis, el Comité solicitó que el caso mexicano sea considerado por la Asamblea General de la ONU, al advertir indicios de que este fenómeno ocurre de manera sistemática o generalizada.

El organismo explicó que esta medida se basa en información recabada durante años, como denuncias, acciones urgentes e inspecciones; aclaró que no implica una acusación directa, sino la apertura de un proceso de revisión y posible cooperación con el Estado mexicano.

En paralelo, colectivos buscadores de personas desaparecidas respaldaron la intervención internacional y pidieron que se haga público el informe completo, al considerar que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real de la crisis, que supera las 130 mil personas desaparecidas.

El reto de Sheinbaum: rechazo al informe y defensa del Estado

Frente a este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado las conclusiones del Comité, al considerar que el informe es “extrapolado” y omite acciones implementadas entre 2019 y 2025, periodo que abarca el gobierno de López Obrador y el inicio de su administración.

“No entendemos por qué la extrapolación a crimen de lesa humanidad (…) ¿Por qué no se reconoce que por primera vez se instaló una Comisión de Búsqueda? (…) El Estado mexicano no está rebasado”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum ha sostenido que la desaparición forzada atribuida directamente al Estado ya no es una práctica vigente, y que el principal desafío actual está relacionado con la desaparición que comete el crimen organizado.

Sin embargo, el Comité de la ONU ha precisado que este delito también contempla casos en los que autoridades, principalmente estatales, actúan con consentimiento, apoyo o tolerancia, lo que amplía la responsabilidad del Estado.

Entre la presión internacional y las demandas de víctimas

Mientras el gobierno federal defiende su estrategia y rechaza la narrativa de una crisis generalizada, colectivos de búsqueda consideran que la intervención de la ONU representa una oportunidad para visibilizar el problema y fortalecer los mecanismos de atención, justicia y reparación para las víctimas.

En este contexto, México enfrenta un momento clave: sostener el compromiso internacional asumido desde 2020 o redefinir su postura ante uno de los temas más delicados en materia de derechos humanos.

El Senado de la República avanza en el proceso para ratificar a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara formalmente su nombramiento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, confirmó que el funcionario comparecerá este miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores, como lo establece el artículo 76 constitucional, antes de que el dictamen sea votado en el pleno.

Mier explicó que este procedimiento permitirá evaluar la idoneidad del perfil propuesto y subrayó que forma parte de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior.

Ignacio Mier destaca diálogo político en proceso de ratificación

Tras una reunión privada entre Velasco Álvarez y los coordinadores parlamentarios, el legislador destacó que se trató de un ejercicio de interlocución política.

“Fue una reunión de diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa (…) es una de las funciones sustantivas del Senado, la evaluación de la política exterior”, afirmó.

El senador también defendió el papel de la Jucopo como espacio de construcción de consensos entre fuerzas políticas, al señalar que el diálogo es esencial para concretar acuerdos en nombramientos clave.

Agenda legislativa y pronunciamiento de Morena

El presidente de la Jucopo adelantó que el grupo parlamentario de Morena, junto con sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, emitirá un posicionamiento oficial sobre el tema.

En paralelo, informó que el Senado discutirá otros asuntos relevantes en la misma semana, entre ellos:

• La aprobación de iniciativas económicas y fiscales provenientes de la Cámara de Diputados
• La regulación de esquemas de inversión público-privada en infraestructura
• Modificaciones al Código Fiscal para reducir cargas a productores
• Propuestas relacionadas con la jornada laboral de 40 horas
• Certificación de productores de aguacate para exportación

Estas discusiones forman parte de la agenda legislativa que se desarrollará mientras se concreta la ratificación del nuevo canciller.

Postura del canciller ante informe de la ONU sobre desapariciones

Uno de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la postura del próximo canciller frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

De acuerdo con Mier, Velasco sostuvo que el documento “no se ajusta a la realidad” y que incluso redefine el concepto de desaparición forzada al atribuirlo como una política de Estado.

El legislador calificó el informe como “sesgado” y rechazó que exista una política generalizada de desapariciones impulsada por el Estado mexicano.

Además, cuestionó la activación del artículo 34 del mecanismo internacional, al considerar que debió privilegiarse el diálogo previo.

Perfil de Roberto Velasco y retos en política exterior

Velasco Álvarez cuenta con una trayectoria dentro de la SRE, especialmente en temas vinculados a América del Norte.

Se ha desempeñado como subsecretario para esa región y previamente ocupó cargos estratégicos en la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá.

Entre los principales desafíos que enfrentará destacan:

• La revisión y consolidación del T-MEC
• La relación bilateral con Estados Unidos en materia comercial y migratoria
• La participación de México en organismos multilaterales

Su ratificación podría concretarse este mismo miércoles, una vez concluido el proceso de comparecencia y votación en el pleno del Senado.

México enfrenta una “crisis tóxica” y se ha convertido en un “basurero” para residuos provenientes de Estados Unidos, según advirtió Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, en declaraciones recogidas por The Guardian y el medio de investigación Quinto Elemento Lab.

Orellana realizó una misión investigativa de 11 días en México el mes pasado, durante la cual documentó lo que describió como estándares ambientales laxos y una falta de supervisión que han permitido la acumulación de contaminantes a lo largo de los años.

“Donde las normas son débiles, obtienes contaminación legalizada”

De acuerdo con el reporte de The Guardian, el relator señaló que los contaminantes —que van desde residuos importados hasta pesticidas peligrosos— están afectando el derecho de las comunidades mexicanas a vivir en condiciones saludables.

Según el mismo medio, Orellana afirmó que el sobreconsumo estadounidense está usando a México como destino de sus desechos, y advirtió que las importaciones de residuos plásticos y peligrosos desde Estados Unidos están agravando la situación.

El Registro Nacional de Sitios Contaminados en México cuenta con más de 1,000 ubicaciones oficialmente registradas, muchas de las cuales el relator calificó como “zonas de sacrificio”, donde enfermedades como el cáncer y eventos médicos como abortos espontáneos se han normalizado entre la población.

Casos documentados en campo

En su informe preliminar, citado por The Guardian, Orellana identificó situaciones concretas:

• Puebla: fábricas vertiendo residuos peligrosos en el río Atoyac.
• Yucatán: granjas industriales porcinas contaminando el agua potable.
• Sonora: un derrame minero ocurrido hace una década que sigue afectando a comunidades aledañas al río Sonora.
• Hidalgo: el corredor industrial de Tula, donde operan plantas siderúrgicas, cementeras y petroquímicas junto a un río contaminado por residuos industriales y aguas negras provenientes de la Ciudad de México.

Voces desde Monterrey

The Guardian también recogió testimonios de residentes de Monterrey, ciudad que funciona como hub manufacturero para el mercado estadounidense y que registra algunos de los peores índices de contaminación del aire en América del Norte.

María Enríquez, madre y activista cofundadora del Comité Ecológico Integral, señaló al medio que la mala calidad del aire se ha convertido en parte de la vida cotidiana, con padecimientos como rinitis, irritación ocular y ataques de asma.

Guadalupe Rodríguez, directora de una red de guarderías en la ciudad, indicó que los niños también se ven afectados: “Las familias consideran normal que los niños tengan tos constante”, según recoge el reportaje.

Respuesta institucional y perspectivas

Conforme al mismo reporte, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reconoció que los estándares regulatorios están desactualizados y anunció planes para fortalecerlos, incluyendo un nuevo sistema de monitoreo de emisiones en Monterrey.

Por su parte, el senador Waldo Fernández ya presentó una iniciativa de ley para regular de forma más estricta las importaciones de residuos destinados al reciclaje en México.

Orellana señaló, según The Guardian, que la próxima revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá representa una oportunidad para elevar los estándares ambientales. De no aprovecharse, advirtió, “la presión económica empeorará la crisis tóxica”.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, insistió en que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) omitió las acciones que ha realizado su administración en materia de desapariciones en México.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria reprochó al CED, su intento de llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas al país por esta situación:

“No entendemos por qué es la extrapolación de crimen de lesa humanidad (...) ¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una Comisión de Búsqueda? ¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas? (...) El Estado mexicano no está rebasado y se actúa en delitos que presentaron a partir de la guerra contra el narco", expresó la presidenta.

Señalan extrapolación en informe del CED

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe del Comité, el mismo al que tildó de ser “tendencioso” porque “no coinciden ni con la desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales del 2019 al 2025″. La presidenta insistió en que el CED no tomó en cuenta ninguna de las observaciones generadas por las secretarías de Gobernación y la SRE al borrador del documento que fue enviado para ser analizado.

Además, la presidenta puntualizó que la definición del organismo de desaparición forzada, establece que “el Estado mexicano o el Estado de otro país quienes perpetran este delito ”como eventos históricos que acontecieron en el país, en donde personas, por no compartir ideología con el régimen, eran desaparecidas por orden federal. Por ello, Sheinbaum señaló que otra cosa distinta, y en lo que “está trabajando es en erradicar la desaparición que comete el crimen organizado”.

Sheinbaum señala que CED “no es la ONU, solo es un grupo de expertos”

La mandataria federal declaró que el Comité contra la Desaparición Forzada no es un órgano que forme parte directamente de los organismos de Naciones Unidas: “Es un comité de expertos, no forma parte de la ONU, no es la UNESCO, es un comité de expertos”, expresó Sheinbaum.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa, el CED enfatizó que su función es institucional y está respaldada por la legitimidad que otorgan los Estados miembros de Naciones Unidas, quienes eligen a sus integrantes. Estos órganos supervisan el cumplimiento de tratados internacionales en derechos humanos y actúan de manera independiente.

En la misma conferencia, el presidente del CED, Juan Pablo Albán, respondió a los señalamientos del gobierno mexicano, señalando que el análisis del Comité no se limita a un periodo específico ni a administraciones pasadas, sino que cubre la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la fecha, incluyendo los datos más recientes.

Sobre el informe del estado de desapariciones en México, fue dirigido a la Asamblea General de la ONU, no a oficinas técnicas, como parte del mecanismo previsto en la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas. Este procedimiento se activa ante indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas, con el objetivo de poner el tema en la agenda internacional y buscar medidas de apoyo para el Estado implicado.

Ante esto, Claudia Sheinbaum mencionó que el informe presenta una orientación distinta, enfocada en criticar al gobierno de México y en llevar una posición ante la Asamblea General de Naciones Unidas que, desde su perspectiva, no tiene justificación, dado que la administración está atendiendo el tema.

La jefa del Ejecutivo indicó que no se busca negar la situación, ya que el gobierno la está atendiendo. Detalló que como muestra de ello se han modificado leyes y se mantiene cercanía con los colectivos.

El subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos, Enrique Ochoa, publicó a través de su cuenta oficial de X, su rechazó al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas en el país.

“Los informes del Comité de Desaparición Forzada representan exclusivamente la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU”, aseguró el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Agregó que estos comentarios tampoco pueden provenir de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Secretario General.

Por otro lado, recordó que los miembros del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) son electos por 78 Estados Parte de la Convención de Desapariciones Forzadas, lo que representa menos de la mitad de la membresía de la ONU. Su mandato consiste en monitorear la aplicación de dicho instrumento internacional, sin facultades para reinterpretarlo.

Artículos sobre la desaparición forzada en México

En este marco, Ochoa dio a conocer algunas normartivas que la propia Convención establece los parámetros bajo los cuales debe entenderse este delito. El Artículo 2 señala: “…se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Asimismo, el Estatuto de Roma también contempla esta conducta dentro de los crímenes de lesa humanidad. En su Artículo 7 se establece que la desaparición forzada de personas constituye uno de estos crímenes cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y se comete con conocimiento de dicho contexto. También precisa que implica la privación de la libertad por parte de una nación o una organización política, seguida de la negativa a reconocerla o informar sobre el paradero de la persona, con la intención de sustraerla del amparo de la ley por un periodo prolongado.

En cuanto a la actuación de los integrantes de órganos internacionales, las Directrices de Addis Abeba establecen criterios sobre independencia e imparcialidad. Estas señalan que los conflictos de interés pueden derivar de factores como la nacionalidad, el empleo o las relaciones personales. Además, indican que ningún miembro deberá participar en la evaluación de un Estado parte si existe algún posible conflicto, conforme a la interpretación de un observador razonable.

China y Rusia vetaron este martes una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales, en medio de la creciente tensión regional y la preocupación por el suministro energético mundial.

El texto, presentado por Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Qatar, alentaba a “coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias”, incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes.

Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones, Pakistán y Colombia.

La propuesta inicial de Bahréin habría autorizado a los países a utilizar “todos los medios necesarios” —una formulación de la ONU que incluiría acción militar— para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y disuadir intentos de cerrarlo.

Después de que Rusia, China y Francia, todos países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de 15 miembros, manifestaran su oposición a aprobar el uso de la fuerza, la resolución se revisó para eliminar toda referencia a acciones ofensivas. Solo habría autorizado “todos los medios defensivos necesarios”. Se esperaba una votación desde el sábado.

Pero, en cambio, la resolución se suavizó aún más para eliminar cualquier referencia a la autorización del Consejo de Seguridad —que es una orden de actuación— y limitar sus disposiciones al estrecho de Ormuz. Borradores anteriores incluían aguas adyacentes.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación.

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero, Irán ha atacado hoteles, aeropuertos, edificios residenciales y otra infraestructura civil en más de 10 países, incluidos los vecinos del Golfo Pérsico, algunos de los principales exportadores mundiales de petróleo y gas natural.

Las naciones del Golfo Pérsico consideran el bloqueo de Irán en el estrecho como una amenaza existencial. Bahréin, donde se encuentra la 5ta Flota de Estados Unidos y es el representante árabe en el Consejo de Seguridad y su presidente este mes, ha estado presionando para que la ONU actúe.

Este martes termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría “morir toda una civilización, para no volver jamás”.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, y el embajador de China ante la ONU, Fu Cong, culpan a Estados Unidos e Israel de iniciar la guerra y de desencadenar una crisis global en expansión. La semana pasada indicaron al Consejo de Seguridad que la prioridad más urgente ahora es poner fin de inmediato a las operaciones militares.

En respuesta a los ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo Pérsico, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución patrocinada por Bahréin el 11 de marzo en la que condenó los “atroces ataques” y pidió a Teherán que detuviera de inmediato sus ofensivas.

Esa resolución, aprobada por 13-0 con Rusia y China absteniéndose, también condenó las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz por considerarlas una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y pidió el fin inmediato de todas las acciones que bloquean el transporte marítimo.

Concluye la conferencia de prensa

Sheinbaum cuestiona metodología del informe de la ONU sobre desapariciones y respalda a familias de víctimas

Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al informe presentado por el comité de expertos de la ONU, señalando que este tipo de comités existen para distintos temas y forman parte directa de los organismos de Naciones Unidas

Sheinbaum enfatizó que, más allá del tema puntual, existe un trasfondo en la discusión: “Ellos dicen que no es así, pero si se lee un documento, así viene, ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en cuatro Estados para extrapolar hasta el 2025. No toman en cuenta las observaciones”. La presidenta insistió en distinguir entre la desaparición forzada y la desaparición cometida por grupos de delincuencia organizada, en relación con el informe de la ONU.

Sheinbaum cuestionó la metodología del comité al declarar: “Este comité dice ‘todo es lo mismo, entonces decimos, no, perdón, no es lo mismo y además hemos realizado nuevos esquemas para encontrar a personas desaparecidas’”. Sheinbaum manifestó su respaldo a las familias de personas desaparecidas, afirmando: “Nosotros a las familias de las personas desaparecidas, toda nuestra solidaridad, toda nuestra fraternidad”.

Sheinbaum aclara que las donaciones en México “no están prohibidas”

Claudia Sheinbaum Pardo expuso que “el SAT hace su análisis técnico y determina si se está cumpliendo con los requisitos para ser donataria o no”.

La presidenta indicó que, en el caso de organizaciones dedicadas a atender problemáticas específicas, si desean acudir al SAT para demostrar que no existe ninguna irregularidad, “tienen el derecho y la puerta abierta”.

Sheinbaum añadió que existen muchas otras organizaciones que, en realidad, están utilizando este esquema de manera indebida.

Secretaría de Salud informa sobre los casos de los sueros vitamínicos en Sonora

David Kersenobich, titular de la Secretaría de Salud, informó que uno de los pacientes afectados permanece hospitalizado y que uno de ellos se encuentra en estado de gravedad. Según los análisis realizados por las autoridades, los sueros administrados contenían, además de vitaminas, otras sustancias no especificadas.

La clínica en la que se suministraron los sueros continúa clausurada. Kersenobich señaló que el médico responsable de administrar los sueros ya fue identificado, precisando: “Sí tenía registro como médico y el sitio estaba autorizada”.

Claudia Sheinbaum informa sobre avances en el caso Axe Ceremonia

Claudia Sheinbaum Pardo, , al ser consultada sobre el caso Axe Ceremonia, donde dos fotoperiodistas fallecieron y el caso permanece impune, declaró:

“Está en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, vamos a preguntarle a la fiscal cómo va ese proceso”.

Sheinbaum Pardo precisó que, en el ámbito administrativo, “se les quitó la concesión, la recuperó el gobierno federal y lo administra la Secretaría de Cultura, que se encontró un esquema similar al Auditorio Nacional”.

Claudia Sheinbaum sobre bloqueos de transportistas y agricultores: “No fue lo que habían dicho”

La jefa del Ejecutivo abordó la situación de los bloqueos realizados por organizaciones transportistas y de agricultores en diferentes carreteras del país.

Sheinbaum comentó: “A muchos de ellos se les pudo hacer una vía alterna para que no tuvieran tanto problema los vehículos, tanto de carga como de pasajeros, para poder pasar, en algunos casos levantaron las casetas”. La mandataria añadió que actualmente “quedan todavía tres o dos, uno en Guanajuato y otro en Baja California; se está hablando con las personas”.

La presidenta afirmó que “realmente no fue lo que habían dicho que iba a ser y se atiende, siempre va a haber diálogo, lo que sí es que no volverá el esquema de darle dinero a las organizaciones”. De este modo, la presidenta subrayó que la administración mantiene el diálogo como vía de atención, pero descartó la reimplementación de apoyos económicos a organizaciones por este tipo de movilizaciones.

Sheinbaum quiere garantizar credencialización universal en estados que no están adscritos al IMSS-Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contó que ha planteado a los gobiernos estatales que no están adscritos a IMSS-Bienestar también realicen la credencialización universal para garantizar el acceso de los derechohabientes el acceso a la salud.

Rescatan 80 “Hospitales Cascarón” abandonados en administraciones pasadas

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que de los 90 “hospitales cascarón” que fueron abandonados durante las administraciones “neoliberales”, 80 ya se encuentran operando.

El funcionario detalló que la reactivación de estas unidades médicas se logró debido a que las obras se concluyeron al momento de su transferencia al IMSS-Bienestar, o bien, porque fueron rescatadas directamente por el Seguro Social.

Claudia Sheinbaum anuncia decreto presidencial para crear el Servicio Universal de Salud

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este martes o miércoles se publicará un decreto presidencial que crea el Servicio Universal de Salud. La presidenta afirmó: “El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno cualquier mexicano y mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido (...) la ventaja es que eficientamos el sistema”.

Sheinbaum Pardo subrayó que la implementación de este decreto permitirá que la atención médica esté disponible para toda la población en cualquier institución del sistema de salud, sin restricciones por afiliación.

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Credencialización universal: inicia registro para personas de 85 y más años de edad

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar compartió la fecha en la que inicia el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud en México, el cual arrancará en 21 capitales del país, entre las que se encuentran: CDMX, Mexicali, Mérida, Culiacán, entre otros.

El registro está dirigido inicialmente a personas de 85 años o más y se realizará del 13 al 30 de abril. Los módulos de registro estarán abiertos de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Para ubicar el módulo correspondiente, se puede consultar la página gob.mx/bienestar.

¿Qué es la aplicación móvil del servicio universal de salud?

La propuesta del gobierno de México viene acompañada de una aplicación móvil para que los derechohabientes cuenten con su historial clínico pero también puedan consultar información específica, agendar citas médicas, teleconsultas para personas que viven en zonas alejadas.

México garantizará atención médica universal desde 2027

De acuerdo con Eduardo Clark, a partir del 1° de enero del 2027, el servicio universal de salud en México comenzará a funcionar, compartió algunos de los beneficios para la ciudadanía:

1. Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización
2. Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia
3. Código infarto con servicios de hemodinamia
4. Código cerebro para eventos cerebrovasculares
5. Atención y diagnóstico para Cáncer de Mama
6. Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes
7. Vacunación del Plan Universal de Vacunación

En el segundo semestre del 2027, se realizarán intercambios de servicios de especialización, como es la radioterapia. Mientras que en el 2028, la Secretaría de Salud tiene como objetivo realizar el suministro de medicamentos universal, además de poder brindar consultas de especialidad y hospitalización referenciada.

¿Qué es el Servicio Universal de eSalud y cómo cambiará el acceso al IMSS e ISSSTE?

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, explicó que el Servicio universal de esalud constituye una estrategia de infraestructura que integra a instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y PEMEX. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso a los servicios de salud para todas las personas.

Clark detalló que el proceso de credencialización permitirá que la nueva credencial funcione como historial clínico digital de cada derechohabiente y, adicionalmente, como identificación oficial reconocida por bancos y para el registro en programas sociales. La credencial sustituirá de manera paulatina los carnets físicos de IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

El subsecretario precisó que “cada una de las personas que cuente con esta credencial acceda a los servicios de salud a los que ya está adscrita”, consolidando así el acceso y la identificación en el sistema de salud nacional.

Secretaría de Salud presenta avances de sarampión: vacunación y casos activos

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, informó que la transmisión del virus ha mostrado una disminución significativa en los casos detectados diariamente. Según Clark, se están registrando menos de 70 casos al día, lo que representa una reducción cercana al 66% en comparación con periodos anteriores.

Durante el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 7 de abril, se han aplicado 18.3 millones de vacunas, según datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Salud.

El funcionario llamó a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra el sarampión, para consultar el módulo más cercano al hogar, se puede consultar en la página: dondemevacuno.salud.gob.mx

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía. El día de hoy se hablará sobre el servicio universal de salud.

El gobierno de Bangladesh, en coordinación con Naciones Unidas, inició una campaña nacional de vacunación contra el sarampión tras un brote que provocó más de cien muertes infantiles y más de 900 casos confirmados desde marzo. El operativo busca inmunizar a niños de seis meses a cinco años, comenzando en los distritos de mayor riesgo para luego ampliarse a todo el país. La estrategia intenta frenar la propagación de esta enfermedad, que se transmite por el aire, produce fiebre y erupciones cutáneas, con la posibilidad de complicaciones graves o mortales en menores de edad.

Según el periódico británico The Guardian, la ONU y el organismo de Naciones Unidas para la infancia UNICEF, observan que Bangladesh enfrenta el peor brote de sarampión de los últimos años debido, en parte, a una disminución en las tasas de vacunación. La cobertura actual no alcanza el 95% necesario para detener la circulación viral, lo que expone a la población infantil a infecciones y hospitalizaciones. Las autoridades sanitarias informaron que uno de cada tres afectados son bebés menores de nueve meses, un grupo que no accede a la vacunación rutinaria porque el programa nacional inicia la inmunización a partir de esa edad, situación que refleja carencias en la protección del sistema.

El representante de UNICEF en Bangladesh, Rana Flowers, declaró: “Este resurgimiento pone de manifiesto deficiencias en materia de inmunidad, especialmente entre los niños que no han recibido ninguna dosis o que están incompletamente vacunados, mientras que las infecciones entre los lactantes menores de nueve meses, que aún no cumplen los requisitos para la vacunación rutinaria, son especialmente alarmantes”. El Ministerio de Salud local indicó que el contexto se agravó por interrupciones ocurridas tras el derrocamiento político de 2024, lo cual generó escasez de vacunas y limitó las campañas habituales.

El impacto de la cobertura vacunal y la inestabilidad

En los dos últimos años, la inestabilidad institucional del país interrumpió las campañas de inmunización regulares. El actual gobierno, instaurado tras las elecciones de febrero, enfrenta el desafío de recuperar la cobertura vacunal y proteger a más de 170 millones de habitantes. Las autoridades recomiendan a los padres acudir de inmediato a hospitales ante cualquier sospecha de fiebre alta, para evitar complicaciones y facilitar la detección temprana de nuevos casos.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y puede producir neumonía, encefalitis y ceguera. La prevención a través de la vacunación es vital en situaciones de brote. Desde el inicio de la campaña masiva de inmunización en 1979, Bangladesh aumentó la cobertura vacunal de 2% a más del 81%, aunque existen regiones con bajos niveles de protección.

UNICEF sostiene que las interrupciones en la vacunación y la acumulación de niños no inmunizados contribuyen al resurgimiento de brotes. La organización advierte que la caída en las tasas de inmunización no se limita a Bangladesh, sino que refleja una tendencia regional y global, como muestran los recientes brotes en Reino Unido y Estados Unidos, países donde también se registraron fallecimientos y miles de casos en los dos años anteriores.

Estrategia de respuesta y desafíos pendientes

El operativo de emergencia prioriza atender los distritos más afectados y, posteriormente, se desplegará en todo Bangladesh. El objetivo principal es vacunar al mayor número posible de niños en el menor tiempo para contener la expansión del virus y disminuir la mortalidad. Los equipos de hospitales, escuelas y centros comunitarios trabajan en conjunto, mientras la ONU y el gobierno local garantizan la distribución de dosis y la capacitación adecuada del personal.

El plan enfrenta retos logísticos como la identificación de menores no vacunados y el traslado seguro de las vacunas a áreas remotas. La confianza de las familias en el sistema de salud también influye en la aceptación de la inmunización. Las autoridades insisten en evitar la automedicación en farmacias sin la consulta previa con un médico, para reducir los riesgos asociados a diagnósticos incorrectos o tratamientos inadecuados.

El contexto internacional refuerza la necesidad de mantener altas coberturas de vacunación para prevenir la reaparición de enfermedades evitables. El brote actual en Bangladesh evidencia la importancia de sostener políticas públicas de inmunización constantes incluso ante situaciones políticas críticas.

Perspectivas para la salud infantil en el país

La respuesta articulada entre el gobierno y la ONU apunta a restablecer la confianza en la vacunación y frenar futuras muertes infantiles. El éxito de la campaña dependerá de lograr coberturas superiores al 95%, umbral recomendado para eliminar la transmisión del sarampión. Para Bangladesh, el reto siguiente será mantener una vigilancia constante y asegurar el acceso a la vacunación en todo el territorio nacional.

El brote actual muestra los riesgos asociados a la disminución de políticas de inmunización y recuerda la relevancia de sistemas sanitarios resilientes ante crisis políticas o logísticas.

El Consejo de Seguridad de la ONU vota este martes una resolución atenuada que llama a desbloquear el estrecho de Ormuz, lejos del objetivo inicial de los países del Golfo que buscaban autorización para emplear la fuerza. La votación está prevista para las 11:00 (hora de Nueva York), aunque el resultado no está asegurado tras varias modificaciones al texto para evitar su rechazo.

El borrador más reciente, al que accedió AFP, elimina cualquier referencia a la autorización para usar la fuerza, incluso en carácter defensivo. La iniciativa surge horas antes del plazo fijado por Donald Trump, que vence a las 20:00 (medianoche GMT), para que Irán alcance un acuerdo o enfrente ataques militares estadounidenses contra plantas eléctricas y puentes.

Baréin, con respaldo de Estados Unidos y otros países exportadores de petróleo del Golfo, impulsó hace dos semanas un texto que buscaba otorgar un mandato claro de la ONU a cualquier Estado dispuesto a emplear la fuerza para desbloquear el estrecho. Sin embargo, la propuesta encontró objeciones de miembros permanentes con poder de veto, entre ellos Francia, Rusia y China, lo que obligó a diluir el contenido y postergar la votación en varias ocasiones.

El régimen de Irán mantiene un bloqueo efectivo sobre esta vía marítima estratégica desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva. La interrupción del tránsito genera efectos sobre la economía global, en particular en los mercados energéticos.

El embajador de Baréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, expresó la postura de su país frente a la situación. “No podemos aceptar el terrorismo económico que afecta a nuestra región y al mundo, todo el mundo está siendo afectado por los acontecimientos”, afirmó la semana pasada.

El nuevo borrador “alienta enérgicamente a los Estados... a coordinar esfuerzos, de carácter defensivo, acordes a las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad de la navegación, incluso mediante la escolta de buques mercantes y comerciales”, en lugar de autorizar explícitamente el uso de la fuerza. Además, el texto “exige” que Irán “cese inmediatamente todos los ataques contra buques mercantes y comerciales y cualquier intento de impedir el tránsito o la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

La resolución también reclama el fin de los ataques contra infraestructuras civiles vinculadas al agua, el petróleo y el gas. En paralelo, el Consejo ya había adoptado a mediados de marzo una resolución firme contra Teherán que condena el bloqueo del estrecho.

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, sostuvo que el Consejo debe “desarrollar rápidamente la respuesta defensiva necesaria” frente a la situación. La posición francesa se flexibilizó tras la incorporación de un lenguaje que limita cualquier acción a un carácter defensivo.

Aun así, persiste la incertidumbre sobre el resultado de la votación. Rusia, aliado de larga data de Irán, y China podrían vetar el texto. Esa posibilidad ya provocó la postergación de una votación prevista para el viernes anterior.

Según Daniel Forti, responsable de asuntos de la ONU en International Crisis Group, el texto refleja un equilibrio entre posiciones enfrentadas. “Baréin y sus aliados asegurarían un rechazo diplomático claro a la obstrucción iraní del estrecho, incluso si no logran la autorización para el uso de la fuerza”, explicó. “Mientras tanto, China y Rusia lograrían evitar que el Consejo respalde una respuesta militar potencialmente escalatoria, aunque el texto eluda los roles de Estados Unidos e Israel en el conflicto”.

Las autorizaciones del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza son poco frecuentes. Durante la guerra del Golfo de 1990, una votación permitió la intervención de una coalición liderada por Estados Unidos en Irak tras la invasión de Kuwait. En 2011, la OTAN obtuvo luz verde para intervenir en Libia cuando Rusia se abstuvo, una decisión que luego generó críticas de Moscú por su impacto en la caída del líder libio Muamar Gadafi.

(Con información de AFP)

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, respondió a las críticas del Gobierno de México y sostuvo que el informe sobre desapariciones no se limita a un periodo específico, sino que analiza la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad.

Además, defendió el carácter institucional del Comité y cuestionó las descalificaciones emitidas por autoridades mexicanas.

El posicionamiento se da tras el rechazo del Gobierno federal al informe del Comité contra la Desaparición Forzada, que solicitó al secretario general del organismo llevar la situación de México ante la Asamblea General, en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional en la materia.

ONU aclara alcance del informe sobre desapariciones en México

Albán enfatizó que el análisis del Comité no se circunscribe a administraciones pasadas, como ha señalado el Gobierno mexicano, sino que incorpora información acumulada durante más de una década.

“El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado”, indicó, al precisar que el organismo ha mantenido interacción constante con el Estado mexicano desde 2012.

En ese sentido, subrayó que el informe toma en cuenta datos actualizados, incluidos los registros más recientes sobre personas desaparecidas.

De acuerdo con el documento, más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México hasta febrero de 2026, cifra que continúa en aumento, lo que, según el Comité, refleja la magnitud del fenómeno a nivel nacional.

CED defiende su papel dentro del sistema de la ONU

El presidente del Comité también respondió a cuestionamientos sobre la naturaleza del organismo, al señalar que los órganos de tratado forman parte del sistema de Naciones Unidas.

Explicó que estos mecanismos fueron creados por los propios Estados miembros y tienen como función supervisar el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, destacó que los integrantes del Comité son elegidos por los Estados parte, lo que garantiza su legitimidad, aunque actúan con independencia en sus decisiones.

Informe fue dirigido a la Asamblea General, no a oficinas técnicas

Uno de los puntos centrales de la respuesta fue la aclaración sobre el destino del informe. Albán precisó que la decisión del Comité no fue enviada a oficinas técnicas, sino directamente al máximo órgano deliberativo de la ONU.

Esto ocurre en aplicación del artículo 34 de la Convención, que permite al Comité escalar un caso cuando existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

En sus palabras, el procedimiento busca colocar el tema en la agenda internacional para su análisis y eventual adopción de medidas de apoyo al Estado involucrado.

ONU cuestiona descalificaciones del Gobierno mexicano

En respuesta a las críticas de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, Albán sostuvo que las diferencias son parte del diálogo internacional, pero marcó distancia frente a los señalamientos.

“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, afirmó, al subrayar la necesidad de mantener el respeto institucional hacia los órganos de supervisión en derechos humanos.

El Gobierno mexicano ha calificado el informe como “sesgado” y “tendencioso”, al considerar que no refleja los avances recientes en la materia.

En la misma línea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también rechazó las conclusiones del Comité y cuestionó su independencia.

Informe desata tensiones entre México y organismos internacionales

La controversia surge luego de que el Comité concluyera que en México existen elementos que apuntan a desapariciones forzadas de carácter generalizado, lo que activó un mecanismo inédito para llevar el caso ante la Asamblea General.

El documento también advierte sobre una crisis forense, con decenas de miles de restos humanos sin identificar, así como patrones de impunidad en las investigaciones.

Por su parte, el Gobierno federal sostiene que no existe una política de Estado orientada a cometer desapariciones y que se han implementado reformas institucionales para atender el problema.

Objetivos señalados por el Comité de la ONU

En su posicionamiento, el Comité reiteró que su actuación busca fortalecer la cooperación con el Estado mexicano y atender la problemática desde un enfoque de derechos humanos:

• Prevenir las desapariciones forzadas en el país
• Intensificar la búsqueda de personas desaparecidas
• Impulsar investigaciones efectivas en cada caso
• Combatir la impunidad en delitos relacionados
• Garantizar atención y justicia para víctimas y familiares

Albán concluyó que estos objetivos deben mantenerse como una prioridad común entre el Estado mexicano y los mecanismos internacionales, en beneficio de las víctimas y sus familias.

Cada año, alrededor de 1.000 millones de toneladas de alimentos comestibles terminan en la basura a nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del Día Internacional del Desperdicio Cero que se conmemoró el 30 de marzo.

Esta cifra equivale a casi una quinta parte de todos los alimentos que llegan a los consumidores y expone la gravedad de un problema ambiental, social y económico que requiere atención. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo dependiente de la ONU, y ONU-Hábitat coordinan la campaña internacional para visibilizar el impacto del desperdicio y promover soluciones sostenibles.

De acuerdo con un informe publicado por el portal ambiental español OkGreen y el PNUMA, el 60% del desperdicio alimentario se produce en los hogares, mientras que el sector de la restauración representa el 28% y el comercio minorista un 12%. En promedio, cada persona tira a la basura alrededor de 79 kg de alimentos al año.

La pérdida y el desperdicio de alimentos son responsables de entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, un valor más elevado que el generado por la industria aeronáutica.

La ONU señala que el desperdicio alimentario se engloba en una crisis planetaria donde el consumo insostenible de recursos impulsa el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. El organismo explica que el primer paso para revertir esta tendencia comienza en la cocina de cada hogar, mediante la planificación de compras, el aprovechamiento de restos y el almacenamiento adecuado de los alimentos.

El rol de los hogares y la adopción de hábitos responsables

El informe del organismo dependiente de la ONU resalta que los hogares constituyen el principal foco de desperdicio alimentario a nivel global. Cambios cotidianos de comportamiento pueden contribuir a la reducción de residuos. Planificar menús, ajustar porciones y revisar fechas de caducidad son estrategias recomendadas para disminuir la basura generada. La correcta conservación y reutilización de sobras permite optimizar el consumo y minimizar el efecto ambiental del desperdicio.

El desperdicio alimentario implica también una pérdida de recursos económicos y aumenta la presión sobre los sistemas de producción y distribución de alimentos. Según el organismo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la generación de residuos sólidos urbanos podría alcanzar los 3.800 millones de toneladas anuales para 2050 si no se implementan medidas urgentes.

La ONU advierte que el desafío es grande: los residuos de un año, alineados en contenedores de transporte, darían 25 vueltas al mundo; este cálculo está basado en la distancia total recorrida por esa cantidad de contenedores siguiendo el perímetro terrestre.

Enfoque global y políticas públicas para reducir el desperdicio

La entidad internacional sostiene que la prevención del desperdicio alimentario es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 11 sobre ciudades sostenibles y el ODS 12 acerca de producción y consumo responsables. Este año, la campaña lleva el lema “El desperdicio cero comienza en tu plato”, invitando a la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico a participar en iniciativas locales y nacionales.

La ONU exhorta a gobiernos, empresas y ciudadanos a incorporar la reducción del desperdicio alimentario en políticas climáticas y de biodiversidad. La colaboración público-privada y la innovación en las cadenas de suministro son elementos fundamentales para cambiar la tendencia. La iniciativa Food Waste Breakthrough de la ONU promueve el desarrollo de soluciones y la fijación de objetivos cuantificables para atenuar el descarte de alimentos.

El sector empresarial está llamado a adoptar prácticas eficientes en la producción, distribución y servicios de restaurante. Promover la transparencia en los procesos, vigilar los residuos y educar al consumidor son aspectos relevantes para alcanzar resultados medibles.

La conmemoración del Día Internacional del Desperdicio Cero, instaurada por la Asamblea General de la ONU en 2022, apunta a aumentar la conciencia social respecto al desperdicio alimentario y a convocar a diversos actores hacia un sistema alimentario más responsable.