La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Perú no aprobar el proyecto de ley que ampliaría las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos. A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que este tipo de casos deben seguir siendo vistos por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, de acuerdo con los estándares del derecho internacional.

La advertencia llega cuando el Congreso de la República se prepara para definir el futuro de una iniciativa que ya fue aprobada en primera votación y que ha generado una fuerte controversia entre organismos nacionales e internacionales. Mientras sus promotores sostienen que busca evitar una doble persecución judicial contra policías y militares, diversas organizaciones de derechos humanos alertan que la propuesta podría abrir la puerta a escenarios de impunidad en casos que involucren a agentes del Estado.

La advertencia de la ONU y el alcance del proyecto en el Congreso

La observación de Volker Türk no se limita a una discrepancia política. En la comunicación difundida por la Oficina del Alto Comisionado, la ONU remarcó que las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial.

Ese criterio coincide con la línea que el sistema de Naciones Unidas ha sostenido durante años: la jurisdicción militar no puede convertirse en una vía para desplazar causas que, por su naturaleza, deben ser examinadas por jueces civiles. En otras palabras, el problema no está en que exista un fuero castrense, sino en que su uso se mantenga restringido y no se extienda a hechos que puedan afectar la vida, la integridad o la libertad de las personas.

El proyecto aprobado en primera votación modifica el Código Penal Militar Policial y establece que un policía o militar no podrá ser investigado al mismo tiempo por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. También dispone que, si ya existe un proceso abierto en ese fuero, no corresponda abrir otro paralelo en el sistema común. La propuesta recibió respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los votos en contra provinieron principalmente de sectores de izquierda. Además, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de una segunda votación antes del 24 de junio, fecha que figura como límite legislativo para este trámite.

En el debate parlamentario, quienes respaldan la medida sostienen que el fuero militar-policial permitiría una justicia más especializada para hechos vinculados al servicio. En esa línea, el congresista Alejandro Muñante defendió que los casos vinculados con acciones funcionales de policías o militares sean conocidos por esa jurisdicción. Sin embargo, desde otra orilla, la congresista Susel Paredes cuestionó que se cree un trato distinto para efectivos que cometan delitos comunes, al considerar que ello rompe el principio de igualdad ante la ley y resta legitimidad a la actuación de jueces y fiscales del sistema ordinario.

Las críticas de organismos y especialistas sobre la impunidad

Las observaciones a la propuesta no vienen solo desde la política. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) advirtió que el texto legislativo recuerda mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, favorecieron escenarios de impunidad en el pasado. En su análisis, la ampliación del concepto de delito de función y la incorporación de hechos ocurridos durante estados de emergencia dentro del ámbito militar-policial pueden debilitar la rendición de cuentas cuando se trate de presuntas violaciones de derechos humanos.

Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la iniciativa resulta incompatible con criterios ya establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han delimitado con claridad qué casos corresponden al fuero ordinario y cuáles al militar. Rivera señaló que el proyecto amplía indebidamente la noción de delito de función y podría trasladar al fuero militar-policial hechos que hoy son de competencia del sistema común.

En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la primera votación y alertó que extender la jurisdicción militar a delitos comunes desnaturaliza el carácter excepcional de ese fuero y eleva el riesgo de impunidad.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ese mismo período las bandas cometieron al menos 99 secuestros. El organismo añadió que 699 personas, en especial mujeres y niñas, sufrieron violencia sexual y que cientos de menores continúan en redes de trata.

Guterres llegó a Santo Domingo en una visita oficial que incluye un viaje a Haití previsto para el martes y una reunión con el presidente dominicano Luis Abinader, según el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). Sus declaraciones las ofreció en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, poco después de aterrizar.

“En nombre de Naciones Unidas quiero agradecer a República Dominicana su enorme generosidad. El apoyo de la República Dominicana nos ha permitido establecer rápidamente una misión de apoyo en Haití a la Fuerza de Supresión de Pandillas que está empezando, que no podía haber llegado tan rápido sin el compromiso, la generosidad y la cooperación de la República Dominicana”, dijo Guterres, según el MINEX. “Muchas gracias al Gobierno y al pueblo dominicano”, agregó, según MINEX.

República Dominicana y su apoyo por el Consejo de Seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana sostuvo que el país tuvo un papel central en la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas, identificada como GSF por sus siglas en inglés.

Según la Cancillería dominicana, ese respaldo no se limitó al plano diplomático. El organismo afirmó que el país facilitó asistencia médica especializada al personal desplegado en Haití, apoyo logístico y de tránsito, además de la apertura de una oficina de apoyo a la GSF en territorio dominicano.

La misma cartera indicó que Santo Domingo mantiene una ofensiva diplomática sostenida para conservar la atención internacional sobre la situación haitiana. Según El Nuevo Diario, esa gestión incluyó acciones ante las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y otros foros multilaterales para reclamar una mayor corresponsabilidad internacional frente a una crisis con impacto directo sobre República Dominicana y la estabilidad regional.

Reuniones con autoridades dominicanas y representantes de la ONU

A su llegada, Guterres fue recibido por el viceministro de Política Exterior Multilateral Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez, según El Nuevo Diario. También estuvieron la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia Sánchez.

La recepción incluyó además al representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, y al director de Ceremonial de Estado y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Francisco Cantizano Nadal, según El Nuevo Diario.

La cancillería iraní exigió este lunes que el Consejo de Seguridad de la ONU ratifique mediante una resolución el acuerdo final que Teherán y Washington deberán negociar en los próximos 60 días, al tiempo que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqaei, desgranó en su rueda de prensa semanal una serie de condiciones y advertencias que revelan la desconfianza iraní hacia sus interlocutores.

“Esperamos que el acuerdo final sea respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 60 días después de su firma”, afirmó Baqaei, quien subrayó que Teherán “aprenderá de las experiencias pasadas” — una referencia velada al acuerdo nuclear de 2015, del que EEUU se retiró unilateralmente en 2018.

Desconfianza profunda, a pesar del pacto

El portavoz no ocultó las reservas de Irán frente al acuerdo marco anunciado el domingo. “Lamentablemente, hay que reconocer que la profunda desconfianza de Irán hacia Estados Unidos proviene de una larga historia de errores de los líderes estadounidenses”, señaló. “Estados Unidos aún tiene un largo camino por recorrer antes de ganarse la confianza del pueblo iraní”, agregó, calificando el acuerdo de “apenas un paso hacia la reducción de tensiones y el fin de una guerra” iniciada a fines de febrero.

Baqaei también extendió esa desconfianza a Israel: “Estados Unidos debe cumplir sus compromisos. Debe asegurarse de que el régimen sionista respete también los suyos en lo que respecta al Líbano“, afirmó, en referencia a la exigencia iraní de que el cese de hostilidades incluya el frente libanés. “Teherán no confía ni en Israel ni en Estados Unidos”, remarcó.

Tasas en Ormuz y activos congelados

Sobre el estrecho de Ormuz, Baqaei precisó la posición iraní respecto al controvertido cobro de peajes. “Siempre hemos afirmado que no buscamos recaudar peajes de tránsito, pero se cobrarán tasas por servicios de navegación, protección ambiental, seguros marítimos y otros servicios necesarios”, explicó. La agencia Fars había informado antes que Teherán logró incluir en el marco del acuerdo una cláusula sobre “servicios marítimos” — terminología que, según la propia agencia, implica que EEUU aceptó el pago de tarifas.

En materia económica, el portavoz confirmó que Washington se comprometió a liberar los activos iraníes congelados en el exterior y a compensar a Irán por los daños de guerra. “La liberación de los activos congelados y las reparaciones por daños son dos puntos esenciales. El lado estadounidense se comprometió a tomar medidas en ambas áreas”, señaló. Según la agencia iraní Mehr, que publicó lo que presentó como los puntos clave del borrador de 14 puntos, el monto de activos a liberar asciende a 24.000 millones de dólares en un plazo de 60 días, con la mitad disponible antes del inicio de las negociaciones definitivas.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, respondió a la posición iraní en declaraciones al canal CNBC: “Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas”, que deben comenzar en un período de dos meses a partir del viernes. La discrepancia sobre las tasas marítimas se perfila así como uno de los principales puntos de fricción en la siguiente fase del proceso negociador.

Hezbollah agradece a Irán por el Líbano

El grupo libanés Hezbollah expresó este lunes su “profunda gratitud” a los líderes, fuerzas y pueblo iraníes “por su firme apoyo al Líbano, a su pueblo y a su resistencia, y por su insistencia en que el Líbano sea incluido en cualquier entendimiento que lleve al cese de la guerra”. En un comunicado, el grupo advirtió que “no aceptará ninguna agresión que viole la soberanía de su país” y se comprometió a defender “el derecho legítimo e inquebrantable del Líbano a defender su tierra, su pueblo y su soberanía hasta que se logre la retirada total israelí y se devuelvan los prisioneros”.

Macron advierte sobre los peajes y alista al Charles de Gaulle

Desde París, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que Francia hará “todo lo posible” para que no se cobren peajes en el estrecho. “Defendemos el derecho internacional y haremos todo lo que esté en nuestro poder para garantizar que no haya peajes”, declaró a la cadena TF1 en vísperas del G7 en Evian. Macron confirmó que el acuerdo ya fue firmado “electrónicamente” y que los anexos adicionales se “finalizarán” el viernes, y anunció que una misión conjunta franco-británica para garantizar la reapertura del estrecho podía desplegarse “muy rápidamente”, con el portaaviones Charles de Gaulle listo para estar en la zona “en un plazo de dos o tres días”.

El mandatario francés también se pronunció sobre el uranio enriquecido iraní: “Las capacidades de uranio enriquecido que permanezcan deben ser debidamente neutralizadas”, afirmó, y señaló que deberían ser “retiradas o diluidas” bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que establece un alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, provocó una rápida reacción de respaldo por parte de líderes internacionales, que coincidieron en señalarlo como un paso clave para reducir la tensión en Medio Oriente y avanzar hacia una salida diplomática del conflicto.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, valoró el entendimiento como un avance significativo en el escenario regional. A través de un comunicado difundido por su portavoz, sostuvo que “el secretario general espera que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto”, y calificó el acuerdo como un “paso crítico” para encaminar la estabilidad en la región.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, celebró el acuerdo y afirmó que la Unión Europea está dispuesta a contribuir a una estrategia orientada a lograr una “paz duradera”. Costa expresó su respaldo al entendimiento a través de un mensaje publicado en la red social X. El dirigente europeo se refirió al acuerdo como una oportunidad para avanzar hacia la estabilidad en la región tras el conflicto.

“Espero con interés el fin de esta costosa guerra y el pleno restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, escribió Costa. El presidente del Consejo Europeo también señaló que la Unión Europea está preparada para contribuir a una estrategia que permita alcanzar una “paz duradera”.

Desde Qatar, las autoridades expresaron su apoyo al memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán, al tiempo que destacaron la participación de mediadores regionales. En su pronunciamiento oficial señalaron: “Damos la bienvenida al acuerdo alcanzado sobre el memorando de entendimiento entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, y remarcaron la importancia de avanzar en negociaciones con un enfoque constructivo que permita consolidar los avances logrados.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también respaldó el entendimiento. En su declaración afirmó: “Recibimos con satisfacción el acuerdo alcanzado hoy entre Estados Unidos e Irán”, y subrayó que es fundamental garantizar su implementación completa, incluyendo la verificación del programa nuclear iraní y la reapertura efectiva de la vía marítima. Además, sostuvo que la libertad de navegación debe restablecerse plenamente para reducir el impacto económico global.

En la misma línea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la importancia del acuerdo y pidió su aplicación inmediata y total por parte de todos los actores involucrados.

“Saludo el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, fruto de un esfuerzo diplomático con participación de varios socios”, y remarcó que la reapertura del estrecho de Ormuz es una condición esencial para la estabilidad regional y el funcionamiento del comercio internacional. También afirmó que el entendimiento abre la puerta a una negociación más amplia sobre seguridad, incluyendo el programa nuclear y la situación estratégica en Medio Oriente.

Desde América Latina, el presidente de Colombia también se pronunció sobre el acuerdo y destacó el valor del diálogo internacional. En su mensaje afirmó: “A pesar de mi distancia por su intervención en la política interna de Colombia, agradezco al presidente Donald Trump su esfuerzo cuando se trata de la paz de la humanidad”, y expresó que su país, en su rol en el Consejo de Seguridad de la ONU, contribuirá a respaldar el proceso de paz entre Estados Unidos e Irán. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia acuerdos globales de desarme nuclear y mayor cooperación internacional para reducir tensiones en distintas regiones del mundo.

El Gobierno de Turquía también se sumó a las reacciones internacionales y expresó su apoyo al entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, al que calificó como un avance relevante hacia el fin del conflicto en la región.

En su pronunciamiento, Ankara señaló que “recibimos con satisfacción el acuerdo alcanzado con el objetivo de poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán”, y destacó que el entendimiento representa “una etapa importante en el camino hacia una paz y estabilidad duraderas en la región”.

Las autoridades turcas expresaron además su expectativa de que las conversaciones complementarias continúen con un enfoque constructivo y subrayaron la importancia de que todos los actores actúen con responsabilidad para evitar cualquier intento de sabotear el proceso.

Turquía también felicitó a los países mediadores, en particular a Pakistán y a Qatar, por su rol en la facilitación del acuerdo, así como a otros actores que contribuyeron a crear las condiciones para el entendimiento.

Por su parte, Australia celebró el acuerdo y consideró que representa una oportunidad para reducir las tensiones en Medio Oriente y aliviar la crisis energética derivada del conflicto.

En un comunicado conjunto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, expresaron su respaldo al pacto y reiteraron el llamado a la desescalada en la región, incluido el conflicto en Líbano. “El Gobierno australiano da la bienvenida al acuerdo entre Estados Unidos e Irán”, señalaron las autoridades, que además destacaron la importancia de mantener la contención y el compromiso diplomático para evitar nuevas crisis y avanzar hacia una solución duradera.

Canberra remarcó que la reapertura de Ormuz contribuirá a restablecer la libertad de navegación y a reducir la presión sobre los precios de la energía.

En la misma línea, Nueva Zelanda también recibió favorablemente el acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters, calificó la aceptación del Memorando de Entendimiento como un “paso constructivo” para fortalecer la estabilidad regional, mientras que Wellington advirtió que las interrupciones en el estrecho provocaron “graves impactos” en su economía y en varios países insulares del Pacífico.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, también celebró el acuerdo y pidió garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha afectado al suministro energético del archipiélago.

“En el futuro, esperamos que este memorando se implemente de manera constante, que se garantice efectivamente la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, y que se logre lo antes posible un acuerdo final sobre el problema nuclear de Irán y otros asuntos”, escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.

Takaichi dio las gracias a los países mediadores y recordó que Tokio ha llevado a cabo “esfuerzos diplomáticos activos” para desescalar la situación. El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, emitió un comunicado similar, en el que celebró el acuerdo como “un gran paso hacia la resolución de la situación”.

El siguiente paso será el inicio de negociaciones técnicas para definir los mecanismos de control del acuerdo, en particular aquellos vinculados al programa nuclear iraní y a las garantías de cumplimiento. También se subrayó la necesidad de mantener canales diplomáticos activos entre las partes y de sostener el acompañamiento de mediadores internacionales que participaron en la construcción del entendimiento.

Desarticuladas las viejas instituciones del orden internacional surgido de los acuerdos de Yalta, cuya máxima expresión es la Organización de las Naciones Unidas, no emerge ahora un nuevo organismo supranacional sino el establecimiento de un sistema de negociación permanente entre los dos principales estados nacionales en camino hacia la construcción de lo que podríamos denominar “un mundo de las naciones”.

En 2009, en su encíclica Caritas in Veritate, Benedicto XVI planteó la necesidad de una “autoridad política mundial”, capaz de canalizar los conflictos de un mundo cada vez más conflictivo y a la vez más integrado. Quince años después, la visita de Donald Trump a Beijing y su reunión con Xi Jinping coinciden sugestivamente en el tiempo con la encíclica de León XIV para simbolizar un nuevo punto de partida en la política mundial.

Esa coincidencia cronológica no es meramente accidental. En su discurso en el Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza de 1949, hace 77 años, Perón advertía sobre la dicotomía entre los avances técnicos y el vacío espiritual que caracterizaba al mundo de su época. Esa dicotomía, desplegada hasta el paroxismo en las últimas décadas, generó una profunda crisis de sentido; crisis de sentido, que está en el origen de fenómenos como la propagación del flagelo de la droga. No casualmente Francisco bautizó como Universidad del Sentido a la institución que fundó en Roma durante su pontificado.

Con su encíclica Magnífica Humanidad, fechada el 15 de mayo, al cumplirse el 135° aniversario de la publicación de la Rerum Novarum, ese documento en el que León XIII condensó las bases de la doctrina social de la Iglesia en el mundo moldeado por la Primera Revolución Industrial, León XIV acaba de universalizar el debate sobre el principal desafío de una época caracterizada por el advenimiento de la Cuarta Revolución Industrial, cuyo signo es la explosión de la inteligencia artificial, con las oportunidades y los riesgos que esa irrupción supone para la existencia humana.

La presentación de la encíclica fue un hecho original. En un acto trasmitido en directo, León XIV encabezó un panel integrado, entre otros, por dos personalidades que resumen su intención de irradiar una imagen de unidad de la Iglesia: el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, a quienes las crónicas periodísticas sindicaron como su principal competidor en las votaciones del último cónclave, y el titular de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor “Tucho” Fernández, considerado como el “teólogo de cabecera” de Francisco.

Para reafirmar una armonía entre la visión religiosa y la realidad mundana expuso también Christopher Olah, un joven canadiense de 33 años, fundador de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial que acababa de tener una controversia con el gobierno de Donald Trump que determinó su exclusión en una lista de contratos del Pentágono.

Significativamente, dos días después de esa aparición de Olah junto a León XIV las acciones de Anthropic experimentaron un ascenso que llevó a su valor a 961.000 millones de dólares, cifra que la posicionó como la mayor empresa de inteligencia artificial por su cotización bursátil, desplazando del primer lugar a Open AI.

La participación de Olah en la presentación de la encíclica reveló el papel desempeñado por un sacerdote católico, el padre Brendan McGuire, párroco de Silicon Valley, quien cultivó una amplia red de contactos con importantes personalidades del mundo de la alta tecnología. Ingeniero y licenciado en Informática y Ciberseguridad, Mc Guirre fundó el Instituto de Tecnología, Ética y Cultura en la Universidad de Santa Clara, desde promovió la creación de “círculos de sabiduría”, espacio de reflexión e intercambio de ideas entre los expertos en tecnología y personalidades de distintos estamentos de la sociedad. Este protagonismo de un cura párroco en Silicon Valley pone de manifiesto los alcances del despliegue territorial de la Iglesia Católica.

Las cosas nuevas

La encíclica no es un documento “sobre” la inteligencia artificial sino acerca de la cuestión social en la era de la inteligencia artificial. Escapa tanto de la tecnofilia como de la tecnofobia y preconiza la apertura de un diálogo orientado a la construcción de un ordenamiento regulatorio internacional acordado entre los distintos actores involucrados (los estados, las empresas tecnológicas y la sociedad civil) que permita desenvolver la gigantesca capacidad creadora de sus constantes adelantos y, a la vez, neutralizar sus potenciales peligros.

La importancia política del documento está en relación directa con la creciente vinculación entre los fenómenos religiosos y los acontecimientos internacionales de las últimas décadas, cuya manifestación más reciente es la guerra de Irán, en la que un régimen teocrático de raíz islámica confronta contra Estados Unidos, donde Trump tiene su principal base de respaldo electoral en la poderosa ala conservadora del movimiento evangélico, y con Israel, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, encabeza un gobierno de coalición en que cumplen un rol decisivo los partidos de la ortodoxia religiosa judía.

En 2014, un año después de la asunción de Francisco, en plena guerra contra el ISIS en Siria, el presidente israelí Shimon Peres viajó al Vaticano para proponerle la conveniencia de crear el equivalente de unas “Naciones Unidas de las religiones” para afrontar la problemática bélica planteada por el terrorismo islámico. Pérez explicó que la ONU “carece del poder de los ejércitos que tienen los gobiernos y de las convicciones que tienen las religiones”. Recalcó que el jefe de la Iglesia Católica, por su condición de autoridad espiritual más respetada del mundo, debería liderar la iniciativa. El vigoroso impulso de Francisco al Diálogo Interreligioso, que ya había puesto en marcha como cardenal primado en la Argentina, coincidió con ese imperativo.

Si bien la elección del cardenal Robert Prevost resultó una sorpresa para muchos, resultaba bastante previsible que un Colegio Cardenalicio cuyos dos tercios de sus miembros habían sido nominados por Francisco desoiría la presión de una minoría conservadora y avanzaría en la dirección de las reformas iniciadas durante su pontificado. La consigna de Francisco sobre la importancia de “desatar procesos” fue confirmada por los cardenales.

Una síntesis contundente del significado de esa elección está contenida en su primera audiencia con los cardenales que acababan de ungirlo cuando el flamante Papa puntualizó que “León XIII, con la histórica encíclica “Rerum Novarum”, afrontó la cuestión social en el marco de la primera revolución industrial mientras que ahora el mundo afronta una nueva revolución, esta vez ligada al desarrollo de la inteligencia artificial”.

En Magnífica Humanidad, la Iglesia Católica reivindica la vigencia de su doctrina social y busca adecuar su contenido a las nuevas demandas de un mundo en cambio permanente. Conviene recordar que el significado en español de “Rerum Novarum” es “De las cosas nuevas”. La encíclica encara una actualización doctrinaria para enfrentar las “cosas nuevas” de este siglo XXI.

Estados Unidos es la cabeza indiscutida de esta revolución industrial. Es posible entonces que, más allá inclusive de la intención de los cardenales, la elección de un Papa estadounidense haya respondido a la comprensión de la necesidad de abrir un canal de diálogo entre la Iglesia Católica y esta nueva civilización naciente de raíz tecnológica, con las inocultables tensiones que supone un diálogo de esa naturaleza.

Un Papa para cada época

La nacionalidad de León XIV encierra un doble significado: la novedad de un Papa estadounidense dentro de la Iglesia Católica y, al mismo tiempo, el impacto de un nativo estadounidense al frente de la Iglesia Católica dentro de Estados Unidos. Si en 1979 la nacionalidad de Juan Pablo II, el “Papa polaco”, explicaba por si sola el sentido de su elección, que constituyó el principio del fin del imperio soviético, y en 2013 el ascenso de Francisco marcó el creciente protagonismo de América Latina en la Iglesia universal, la elección de León XIV supuso también una definición por omisión: a pesar de los pronósticos que aludían a la posibilidad de otro Papa italiano, el Colegio Cardenalicio ratificó el fin del eurocentrismo y el eclipse del antiguo poderío de la Curia romana en la administración del Vaticano.

León XIV es el primer Papa estadounidense y el primero de nacionalidad peruana, o sea el segundo Papa latinoamericano y el primero cabalmente americano. Licenciado en Matemáticas en la Universidad de Harvard, sacerdote en la zona obrera de Chicago, la ciudad industrial que fue cuna del sindicalismo estadounidense y dio origen a la celebración del 1° de mayo, obispo en Chiclayo, una ciudad pobre del Perú profundo, Superior General de los Agustinos, función que lo contactó con las expresiones de la orden establecidas en todo el mundo, y nombrado por Francisco titular de la Comisión Pontificia para América Latina y del Dicasterio para los Obispos, esas distintas estaciones de su trayectoria le permitieron conocer el mundo en su totalidad, tanto “desde abajo” como “desde arriba”. Es también el primer Papa angloparlante después de Adriano IV (1154-1159), o sea desde hace más de 800 años.

Cualquier omisión en la señalización del aporte que tuvo en su formación personal e intelectual cada paso de ese recorrido sería un reduccionismo que puede llevar a equívocos. Lo mismo ocurre con su origen familiar: con un padre de ascendencia francesa y una madre de ancestros españoles, si Prevost usara su segundo apellido, León XIV sería Robert Prevost Martínez.

Otra característica de la personalidad de León XIV es su condición de primer Papa binacional. Esa peculiaridad, que no es sólo jurídica sino también cultural, unida a su vasto conocimiento planetario, incide en una visión global capaz de abrir nuevos horizontes a una Iglesia que abandona el eurocentrismo para avanzar hacia la concreción histórica de su razón de ser y su destino “católico”, es decir auténticamente universal.

Magnífica Humanidad es el punto de partida del protagonismo de León XIV en el escenario internacional. Su texto resume sintéticamente los aspectos centrales de la doctrina social de la Iglesia, en especial el valor de la justicia social y del principio de subsidiariedad como fundamento de la organización de la comunidad, para adentrarse luego en su adaptación a los nuevos tiempos.

En la Introducción de la encíclica, el Papa menciona un extenso párrafo del Antiguo Testamento que, con las características propias del lenguaje de esa lejana época, constituye aún hoy una guía para la acción de gobierno: “El libro de Nehemías comienza en un momento de gran vulnerabilidad en la historia de Israel. Tras el exilio babilónico, una parte del pueblo judío ha regresado a Jerusalén. Pero la ciudad sigue en ruinas, las murallas se han derrumbado y las puertas han sido quemadas. Nehemias, un judío al servicio del rey persa Artajerjes, recibe la noticia del desastroso estado de la ciudad de sus padres. Antes de actuar ayuna, reza e intercede por el pueblo; luego le pide permiso al rey para regresar a Jerusalén y, una vez allí, examina en silencio los lugares destruidos. No impone soluciones desde lo alto. Convoca a las familias, confía a cada una un tramo de muralla para reconstruir, escucha los temores, coordina los esfuerzos y hace frente a las oposiciones. El relato muestra cómo la ciudad renace no gracias a la iniciativa de una sola persona sino a través de la responsabilidad compartida de todo el pueblo: sacerdotes, artesanos, jefes de familia, mujeres y jóvenes. Es una obra que tiene a Dios en el centro y reconstruye los vínculos incluso antes que las piedras. La antigua Jerusalén recupera así un lenguaje común, no el de la uniformidad, sino el de la comunión: la armonía que nace cuando cada uno asume su parte y todo el pueblo reconoce que su fuerza viene del Señor”.

La terminología bíblica, en este caso extraordinariamente comprensible, coincide con una definición de Perón en su discurso en el Congreso Mundial de Filosofía de Mendoza de 1949, cuando afirmó que “lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba; se alcanza con el equilibrio, no por la imposición”.

Más allá del lenguaje eclesiástico, el sentido de la encíclica coincide con la lúcida apreciación de Perón acerca que la evolución histórica “avanza con la velocidad de los medios técnicos que la impulsan”, un ritmo que adquiere hoy un carácter exponencial. El subtítulo de la Encíclica, Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, remite, también en términos de Perón, a la consiguiente necesidad de “fabricar una montura propia para cabalgar la evolución, sin caernos”. Esa exigencia, igualmente válida para el mundo en general, pero en particular para la Argentina, adquiere aún mayor relevancia en vísperas de la casi confirmada visita de León XIV, prevista para el mes de noviembre.

Esa circunstancia es tiene singular importancia para la Argentina en general, pero en particular para el peronismo, sumido hoy también en una crisis de sentido. Perón no se cansó de señalar que la doctrina justicialista reconoce como fuente de inspiración a la doctrina social de la Iglesia. Si bien resulta imposible definir al peronismo en una sola frase, en el caso de que fuera indispensable hacerlo, al menos por una aproximación que pudiera alcanzar un consenso mayoritario, podría afirmarse que el peronismo es un movimiento popular que busca materializar políticamente los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia en las condiciones concretas de la Argentina de cada época.

En esa dirección, conviene prestar especial atención a la homilía pronunciada en el Tedeum del pasado 25 de mayo, por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Ignacio Cuerva, sobre quien vale la pena subrayar que su trámite de designación, efectuada por Francisco en 2023, pasó previamente por el Dicasterio para los Obispos a cargo del cardenal Prevost.

En su alocución García Cuerva, con una cuidadosa armonía entre la prudencia del lenguaje y la claridad de su contenido, advirtió que “la sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte, mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El ‘sálvese quien pueda’ no es más que una expresión del individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la Nación”.

En un encendido alegato en favor de la unidad nacional, García Cuerva exhortó a construir una Argentina en que “estén todos sentados en la mesa” y en la que “no sólo unos pocos se beneficien” y recalcó la imperiosa necesidad de “una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación”.

Durante su presencia en Buenos Aires, donde ya adquirió una vivienda y estudia seriamente la posibilidad de radicarse, Peter Thiel, uno de los principales lideres empresarios de la alta tecnología y a la vez un personaje con un claro pensamiento político, dialogó con el presidente Javier Milei y con numerosas personalidades del “círculo rojo”. Pero no conforme con esas impresiones fue al estadio de River Plate para presenciar el partido con Boca Juniors y participó en un campeonato de ajedrez en el barrio de Almagro, donde tuvo ocasión de conversar con los vecinos. En todos los casos, Thiel demostró que quería conocer en profundidad a la Argentina y a su cultura popular, más allá de las cifras de INDEC. En todos los casos formuló una pregunta fundamental para quien está predispuesto a realizar grandes inversiones en la Argentina de hoy: “¿cómo se sustenta esto en el tiempo?”

En la amplia convocatoria formulada por García Cuerva puede rastrearse un camino de respuesta a esa inquietud de Thiel, compartida por la mayoría de los argentinos. La visita de León XIV, que en caso de concretarse sería sin ninguna duda el acontecimiento político más importante de 2026, podría constituir también una excelente oportunidad para atender a ese desafío de gestar un nuevo consenso nacional.

Cada 15 de junio, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez vuelve a poner en agenda que, en 2026, las Naciones Unidas vinculó con el envejecimiento y la discapacidad: visibilizar la violencia y la negligencia contra las personas mayores ya no alcanza si no se construyen sistemas de prevención, protección y respuesta.

La conmemoración de este año se realizó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York bajo el lema “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”. El acto se desarrolló en paralelo con una reunión internacional sobre los derechos de las personas con discapacidades.

Esa articulación respondió a un cambio demográfico concreto: a medida que envejece la población, crece también el número de personas con discapacidades que llegan a la vejez, así como el de personas mayores que desarrollan discapacidades en etapas posteriores de la vida. Según el texto de la jornada, esa realidad exige una coordinación más estrecha entre las políticas de envejecimiento y discapacidad, sobre todo en protección, cuidados y servicios de apoyo en la comunidad.

En diálogo con Infobae, José Trop, presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría de Rosario y experto en políticas públicas para la vejez, y la licenciada en Gerontología Graciela Spinelli respondieron sobre maltrato y derechos de las personas mayores.

Qué advierten los especialistas sobre el maltrato en la vejez

José Trop es experto en políticas públicas para la vejez con maestría en la Universidad de Malta (Naciones Unidas) y co-creador de la Escuela de Gerontología Municipal de Rosario en 1992.

—¿Cuáles son las vulneraciones más frecuentes de los derechos y la dignidad de los adultos mayores?

— Las vulneraciones más frecuentes de los derechos y la dignidad de las personas mayores son la marginación de su rol y su participación activa en la sociedad, que producen los propios familiares, quienes en una gran mayoría desvalorizan sus capacidades y muchos tratan de apoderarse de sus bienes personales. Cuando las personas mayores tienen discapacidades, los mismos familiares no asisten a la salud de los ancianos debidamente, como lo hacen con los niños por ejemplo; el Estado en todos sus poderes hace lo mismo, ignora sus propias leyes como la 27.360, no hay jueces ni secciones judiciales que se ocupen, el Estado ignora el drama social de la soledad que afecta en los adultos mayores, pero también en las personas jóvenes por igual en alrededor del 25% que se siente sola y en Córdoba un estudio reciente llegó al 58% como problema social profundo.

En este país, un 25 a 30% de las personas mayores sufren algún grado de trastorno en la salud mental, sea psicológico o psiquiátrico, que no están atendidos ni valorados ni aceptados, o sea están a la deriva de su hado o sino.

El Estado no se enteró, pues no existe ninguna dependencia estatal que se ocupe del problema, los trastornos de la salud mental y oral-bucal están ignorados por familiares, obras sociales y los ministerios de Salud, nueve de cada 10 mayores sufren alguna afección, el 40% son desdentados (edentulismo total), el 40% de toda la población argentina no visita periódicamente al odontólogo; los ancianos en instituciones no tienen visitas periódicas en oftalmología, urología, ginecología, ORL para controles, para evitar las molestias de las visitas y sus tratamientos.

La atención sanitaria sobre todo en el INSSJP-PAMI, pionera como obra social, destinada a las personas mayores, y también a los soldados de Malvinas, actualmente se está desintegrando en toda su estructura; y desvaloriza atrozmente las prestaciones profesionales y sanitarias, como también sociales, que son indispensables para que las personas mayores tengan una vida digna, sobre todo, extensísima, proporción de ancianos pobres.

Ni que hablar de los haberes jubilatorios que son bajos. Las políticas de los seguros de vida o de viaje, donde hay una gran discriminación, porque se les cobra cuatro a cinco veces más que las personas adultas jóvenes y aun asegurándolas por menores coberturas. Los bancos a las personas mayores no le dan más crédito, para nada. Los medicamentos aumentaron. El costo de los alimentos se elevó en relación a sus bajos ingresos. Los sistemas prepagos echan al igual que muchas obras sociales a los mayores de sus estructuras, y si algunos quisieran afiliarse le solicitan que deben pagar cuotas tres a cuatro veces por encima de los adultos, aun que hayan sido toda la vida clientes de esos sistemas prepagos.

En Argentina no existe ninguna política de prevención. Más vale se ignore totalmente esa condición y absolutamente nada sobre promoción de la salud. No hay planes nacionales de actividad física para las personas mayores, no hay plan de educación digital para todos los ancianos que necesitan con urgencia adquirir conocimientos de informática para poder manejarse en el mundo actual. No hay representantes de personas mayores en ningún cupo del poder legislativo, nacional, ni las provincias, ni los municipios.

—¿Qué cosas se le deben garantizar a un adulto mayor para una vejez digna?

—A los adultos mayores se le debe garantizar la accesibilidad urbana y vial para que puedan transitar, desplazarse y moverse con libertad dignamente para las personas auto válidas como las discapacitadas. Solamente en ciudades puntuales como la Ciudad de Buenos Aires, muy poco, Rosario, Córdoba y Mendoza, no garantizan la accesibilidad para que las personas se movilicen. Tampoco en todos los lugares existen buses adecuados y paradas con asientos adecuadas.

Debe mejorarse la visualización de los nombres de las calles y la numeración de los edificios en letras y números grandes para que sean fácilmente reconocibles. En cuanto a la salud debe de detenerse este plan actual sistemático de la disolución del PAMI, por el contrario, hay que volver a los puntos anteriores y tratar de crecer todos los servicios, las prestaciones, la valoración del médico de cabecera, que lo han denigrado últimamente y les disminuyeron drásticamente los ingresos por honorarios, con lo cual se han renunciado muchísimos y grandes poblaciones. Quedaron sin médicos de cabecera. Los Policlínicos de Rosario que están corriendo riesgo de cerrarse que eran modelos de Prestaciones, con la formación académica de los futuros geriatras. Volver a realizar Turismo Social para inmensa cantidad de jubilados, pobres muchos de los cuales nunca visitaron una playa del mar para hacer gráfico.

Las medicaciones esenciales deben ser totalmente gratuitas para todos los jubilados y debe haber proyectos serios preventivos como la actividad física, lugares donde poder bailar, que no los hay prácticamente, lugar para ser Turismo con control médico, asistencia de cuidadores para las personas discapacitadas y brindar en eso, actividad física y recreación social. El buen trato es indispensable, y se debe castigar a los que maltratan a las personas mayores. Sea desde el punto de vista psicológico, emocional, económico, financiero, jurídico, y el negarle, los controles médicos que toda persona debe recibir toda la vida, principalmente, respetar sus deseos. No imponerle nada a ningún viejo, si un mayor no quiere internarse en una institución geriátrica que ahora se denomina institución de larga estadía, no tienen por qué internarlo, si desea seguir hasta sus últimos días en su hogar, hay que respetarlo, si desea salir con otra pareja, los hijos no pueden de ninguna manera obstaculizarlo o presionarlo para que no lo haga, si no desea respetar una dieta prescripta por un médico, se debe priorizar su voluntad, no se debe tratar a las personas mayores como abuelos, con diminutivo, ni viejito, mi abuelito, ni papá ni tío.

Justamente este sistema “democrático” que rige hoy en la Argentina, marginó a todas las personas mayores, sean con educación elevada o con educación muy básica. La inserción social será cuando tengamos legisladores personas mayores y en el poder ejecutivo. Debe existir un Ministerio de las Personas Mayores, una Secretaría que se ocupe la soledad, tanto para viejos como para jóvenes. Eso hará que puedan participar más. Hoy, Hay muchas trabas inclusive a las personas mayores que quieran trabajar por ejemplo en la provincia de Santa Fe, todos los profesionales que son personas mayores y se han jubilado por las cajas provinciales respectivas, la ley 12.818 “prohíbe” que los profesionales mayores jubilados no puedan seguir trabajando y se les obliga a dar de baja a las matrículas profesionales, una medida contraria en la ley 27.360.

—¿En qué situación está nuestro país en cuanto a garantizar estos derechos?

—Nuestro país está en decadencia y en retroversión, anulando muchos derechos e incumpliendo inclusive compromisos internacionales como la ley 27.360; que corresponde a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que firmó la Argentina como compromiso internacional. Pero no la cumple. ahí están todos los derechos tipificados y que son vulnerados sistemáticamente, y hace que la vida de una gran proporción de personas mayores sea triste, denigrante en muchos casos y deprimente.

—¿Qué herramientas y qué políticas faltaría instrumentar para garantizarlos?

—Lo que se necesita para revertir esta vulneración de los derechos es lo siguiente:

Crear el Ministerio de Personas Mayores que esté integrado solo y únicamente por personas mayores de 60 años con títulos universitarios y especialidades específicas en la gerontología. Es mi visión que en la actualidad está de moda la gerontología como posible fuente de ingresos económicos. Observo con sorpresa que muchos profesionales en la sociedad, como los campos de la nutrición, de la neurociencia, de la medicina, el estrés, de la cardiología, de la medicina general, ahora se transformaron en expertos gerontológicos, lo que me llama mucho la atención porque para ser gerontólogo se requiere estudios en los ámbitos de la filosofía, antropología, sociología, psicología, medicina, trabajo, social, terapia ocupacional, nutrición, recreación, entretenimiento y actividad física. Y además, legislación sobre las personas mayores.

La mirada sobre el abuso y la autonomía

Graciela Spinelli es licenciada en Gerontología y trabaja en el Centro Los Pinos

—¿Cuáles son las tres señales de maltrato o abuso en adultos mayores que más se pasan por alto en casa?

—Aceptar el paso del tiempo es difícil en uno mismo y en las personas que amamos, en ocasiones no quiere aceptarse que los padres están mayores y que por lo tanto tienen otras necesidades y otros tiempos, una forma de maltrato es pedirle respuestas rápidas a todo.

Una persona mayor necesita más tiempo para ejecutar algo o para comprenderlo, necesita que se le hable en lenguaje sencillo, claro y gesticulando bien, cuando conviven varias generaciones en una misma vivienda, estas necesidades son pasadas por alto, el ritmo vertiginoso de la vida que llevamos y los modos de comunicarnos no ayudan, pero esto no quiere decir que esa persona mayor esté enferma, sea torpe o incapaz de entender o comprender, solo necesita que se respeten sus tiempos y se consideren sus necesidades.

Otra forma de maltrato o violencia se observa cuando no se considera sus opiniones, cuando no se respeta su dignidad y el derecho a decidir sobre su propia vida, tener limitaciones físicas, motoras o intelectuales no anulan a la persona por completo, es que se respete su autonomía moral que para nada se pierde por el hecho de necesitar ayuda para algunas tareas.

La sobreprotección es una forma de maltrato, quizás bajo la idea de “Él o ella ya no está en condiciones de opinar” no se le consulta nada y se pretende que acepte ser “Cuidado” sin opinar, sin expresarse y sin ser considerado como un individuo único e irrepetible.

Esto debe cambiar, pasar de ser visto como un objeto a ser considerado plenamente como un “Sujeto” de derechos.

—Más allá del físico, ¿qué tipo de maltrato ven más frecuente en consultorio y por qué cuesta tanto denunciarlo?

—No encasillaría el maltrato en un consultorio, podemos hablar en general de la sociedad toda o de los sistemas o instituciones de salud, la vejez es una etapa más de la vida, para la sociedad y sobre todo desde el aspecto económico ven a las personas mayores como un sector de la población que suma gastos o que lleva el rótulo de improductivo.

El que piense así no está actualizado, el mundo envejece, al bajar las tasas de natalidad y aumentar la expectativa de vida, los perfiles de sociedad que mueven el mundo son totalmente distintos hoy las personas mayores, consumen, viajan, estudian, tienen una vida social activa que mueve la economía y la sociedad, cuando se discrimina a alguien solo por los años que tiene ese maltrato daña no solo a la persona sino a todos porque se va perdiendo lo más básico como ser humano que es el respeto mutuo, la regla universal “No hagas lo que no te gustaría que te hagan” nos pone a pensar, ¿llegaré a viejo? Y si lo logro ¿Cómo me gustaría ser tratado?

En el sistema de salud o en los profesionales de área puede verse también esta discriminación, porque en parte proyecta en ese viejo, el viejo que con suerte pueda llegar a ser. Al asistir a una consulta médica o a cualquier otro profesional de la salud, las personas mayores suelen enfrentarse al maltrato o destrato porque frente a la manifestación de una dificultad o dolencia suelen escuchar “Y qué quiere usted, tiene tantos años” ¿Cómo no le va a doler?

Triste realidad, haber llegado a la vejez no es esperar pasivamente los dolores o una u otra patología, cuando una persona deja de ocuparse de su bienestar y su salud, entra en un abandono y aislamiento, deberíamos preguntarnos todos los profesionales de la salud:

• ¿Qué estoy haciendo en mi actuar profesional para dignificar la vida de cada persona que acude a una consulta?

• ¿Cómo puedo empoderarla para que valore la vida vivida y la que aún le queda por vivir?

• ¿Soy un agente facilitador de esto?

Tenemos una gran responsabilidad.

—¿Qué puede hacer hoy mismo una familia para prevenir el abuso y fortalecer la autonomía de sus adultos mayores?

—La autonomía y la dependencia, una persona que depende o necesita ayuda de otra persona no debe perder su “autonomía moral” es decir, el derecho a decidir sobre su vida y a manifestar sus gustos y/o pareceres.

En el ámbito familiar una persona mayor puede sentirse tratada dignamente o no, esto en gran manera está marcado por el respeto que percibe y no me refiero solamente al trato respetuoso que en algunos casos se entiende por cómo me dirijo o como lo nombro, tratar de Ud. no es señal absoluta de respeto, esto pasa por otro lado.

Cuando una persona se siente valorada, incluida, considerada, cuando siente que los años vividos y las experiencias son un valor agregado que no le otorga el rótulo de sabio, pero sí de un camino recorrido.

Quisiera aclarar que cuando utilizo la expresión “Viejo” no es para nada de manera despectiva, es cierto que suele usarse despectivamente, pero es el nombre adecuado pues es el sujeto que transita la etapa de la vejez, como el niño de la niñez.

No es como los nombramos, sino cómo los tratamos lo que hace la gran diferencia y esto es en cualquier etapa de la vida.

Este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez ni siquiera debería existir si cada uno de nosotros en cualquier etapa de la vida que nos toque transitar nos respetamos y valoramos como humanos, ya que ese otro es imprescindible para mi existencia.

—Si alguien sospecha maltrato pero no tiene pruebas, ¿cuál es el primer paso que recomienda dar y a dónde acudir para pedir ayuda?

—Todos aquellos que tenemos una profesión dedicada a la salud y al cuidado de personas, sabemos que la primera regla y fundamental es no juzgar los vínculos o las formas de tratarse, detrás de ellos hay una historia de vida que desconocemos, entonces en primera medida la gran herramienta es la observación, no suponer, no deducir, sin adecuada información podemos equivocarnos, entonces el primer paso es cautela.

Cada situación debe evaluarse caso por caso, los tipos de violencia y maltrato pueden ser muchos y de diferente tipo, pero quizás esa haya sido una forma de relacionarse toda la vida, lo que para unos puede ser o parecer siempre merece revisión, en ocasiones desde la experiencia profesional uno puede observar alguna forma de maltrato o violencia y desear intervenir, y es aquí donde el hilo es muy fino pues muchas veces intentando hacer un bien se puede causar un mal mayor.

En todos los municipios hay números de alerta para aquel que observe una situación de violencia, se puede pedir ayuda o por lo menos supervisión y esto es mejor que sea realizado por autoridades o personal competente.

Tiene un doctorado en ingeniería energética, se levanta a las 4 de la mañana para enviar mensajes a funcionarios de todos los rangos y nunca se hace pruebas de vestuario, ni siquiera para el vestido de su boda. Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde 2024, es descrita por la revista The Guardian como una de las líderes democráticamente elegidas más populares del mundo, con un índice de aprobación que ronda el 70%.

Pero el extenso perfil publicado esta semana por la periodista Rachel Nolan revela las tensiones profundas que definen su gobierno: la misma mujer que a los 15 años pasó su primera noche fuera de casa acompañando a madres de desaparecidos políticos, hoy encabeza un Estado al que organizaciones de derechos humanos acusan de obstaculizar la búsqueda de más de 130,000 personas desaparecidas.

De activista universitaria a comandante en jefe

El recorrido de Sheinbaum no es el de una política tradicional. Nieta de inmigrantes judíos que huyeron de Europa, creció en una familia donde, según ella misma relató a su biógrafo autorizado, “se hablaba de política en el desayuno, el almuerzo y la cena”. Su padre escondía ejemplares de Karl Marx ante posibles registros de la inteligencia del Estado.

Durante sus años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), protestó contra la privatización y la austeridad. Más tarde completó un doctorado en Berkeley y regresó a México para incorporarse al profesorado universitario, donde recuerda aquella época como una lucha constante: trabajo extra, tráfico, recoger a los hijos a tiempo. “Así es la vida de las mujeres”, declaró con una sonrisa que, según The Guardian, “se asemeja más a una mueca”.

Su encuentro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a través de reuniones políticas en su propia casa. En 2000, él la invitó a un desayuno en Sanborns y le preguntó si podría resolver la contaminación de la Ciudad de México. Ella aceptó. El resto es historia conocida.

La grieta entre el pasado y el presente

El punto más incómodo del perfil de The Guardian llega durante la rueda de prensa diaria —la mañanera— que la periodista Nolan cubrió en marzo. Al ser interrogada sobre las desapariciones forzadas y el papel de las fuerzas de seguridad, Sheinbaum estableció una distinción que generó reacciones encontradas: las desapariciones de los años 70, afirmó, eran “muy diferentes” a las actuales, que atribuyó principalmente al crimen organizado y, en menor medida, a lo que denominó “crímenes pasionales”.

La publicación señala que ese argumento históricamente fue utilizado por regímenes militares en América Latina para minimizar las búsquedas de desaparecidos. Las familias de víctimas que marchan cada 26 de cada mes por el Paseo de la Reforma —herederas de las mismas protestas a las que Sheinbaum asistía de adolescente— lo tienen claro: “¡Ahora Claudia Sheinbaum encubre el pasado!”, corearon en febrero.

Trump, los cárteles y la soberanía como bandera

En el plano internacional, The Guardian retrata a una presidenta que ha debido gestionar simultáneamente las amenazas de intervención militar de Donald Trump y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, “El Mencho”, en una operación que desató bloqueos en 20 estados y dejó más de 70 muertos.

La militarización creciente del país —incluyendo la integración de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas en 2025— es señalada por la ONU y organizaciones de derechos humanos como un riesgo para las libertades civiles. Sheinbaum lo rechaza: “Soy el comandante en jefe, y soy yo quien toma las decisiones”, afirmó ante los periodistas.

De activista universitaria a comandante en jefe

El recorrido de Sheinbaum no es el de una política tradicional. Nieta de inmigrantes judíos que huyeron de Europa, creció en una familia donde, según ella misma relató a su biógrafo autorizado, “se hablaba de política en el desayuno, el almuerzo y la cena”. Su padre escondía ejemplares de Karl Marx ante posibles registros de la inteligencia del Estado.

Durante sus años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), protestó contra la privatización y la austeridad. Más tarde completó un doctorado en Berkeley y regresó a México para incorporarse al profesorado universitario, donde recuerda aquella época como una lucha constante: trabajo extra, tráfico, recoger a los hijos a tiempo. “Así es la vida de las mujeres”, declaró con una sonrisa que, según The Guardian, “se asemeja más a una mueca”.

Su encuentro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a través de reuniones políticas en su propia casa. En 2000, él la invitó a un desayuno en Sanborns y le preguntó si podría resolver la contaminación de la Ciudad de México. Ella aceptó. El resto es historia conocida.

La grieta entre el pasado y el presente

El punto más incómodo del perfil de The Guardian llega durante la rueda de prensa diaria —la mañanera— que la periodista Nolan cubrió en marzo. Al ser interrogada sobre las desapariciones forzadas y el papel de las fuerzas de seguridad, Sheinbaum estableció una distinción que generó reacciones encontradas: las desapariciones de los años 70, afirmó, eran “muy diferentes” a las actuales, que atribuyó principalmente al crimen organizado y, en menor medida, a lo que denominó “crímenes pasionales”.

La publicación señala que ese argumento históricamente fue utilizado por regímenes militares en América Latina para minimizar las búsquedas de desaparecidos. Las familias de víctimas que marchan cada 26 de cada mes por el Paseo de la Reforma —herederas de las mismas protestas a las que Sheinbaum asistía de adolescente— lo tienen claro: “¡Ahora Claudia Sheinbaum encubre el pasado!”, corearon en febrero.

Trump, los cárteles y la soberanía como bandera

En el plano internacional, The Guardian retrata a una presidenta que ha debido gestionar simultáneamente las amenazas de intervención militar de Donald Trump y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, “El Mencho”, en una operación que desató bloqueos en 20 estados y dejó más de 70 muertos.

La militarización creciente del país —incluyendo la integración de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas en 2025— es señalada por la ONU y organizaciones de derechos humanos como un riesgo para las libertades civiles. Sheinbaum lo rechaza: “Soy el comandante en jefe, y soy yo quien toma las decisiones”, afirmó ante los periodistas.

La pregunta que queda abierta

Con una ropa hecha por una modista de barrio obrero, presentaciones de PowerPoint en sus ruedas de prensa y un estilo que combina austeridad académica con pragmatismo político, Sheinbaum ha construido una imagen coherente. Lo que permanece en disputa, según el perfil de The Guardian, es si esa coherencia alcanza también a sus convicciones más tempranas.

“Uno no llega al poder por el poder mismo”, dijo ella misma en un documental. “Hay que saber seguir siendo una persona sencilla”.

Las madres que marchan cada mes en La Reforma esperan ver si esa persona sencilla todavía recuerda por qué salió a la calle por primera vez.

En Centroamérica, menos hijos deseados y más obstáculos para tenerlos marcan una tendencia regional. Según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 39% de quienes desean tener hijos señala a la economía y la inestabilidad laboral como los principales frenos para formar la familia ideal.

María, de 28 años, se casó hace poco más de dos años y, junto a su pareja, evalúa la posibilidad de formar una familia. “Aunque contamos con más de dos ingresos, nos asusta la posibilidad de pasar carencias con un niño”, admite.

El trabajo eventual y la atención a clientes les dejan poco margen de tiempo y, también de ingresos, esa, dice la joven salvadoreña, es la principal razón por la que hasta hoy, han postergado la decisión de convertirse en padres, aunque reconoce que no han pensando en más de uno.

“Pensamos en tener solo un hijo, después de los 30, porque me preocupa no poder acompañarlo hasta el final de su formación”.

Las salvadoreñas lideran las que quieren menos hijos

Las cifras muestran un descenso sostenido. En El Salvador, la tasa global de fecundidad bajó de 6.2 hijos por mujer en 1950 a 1.3 en 2024 y es la tasa más baja de todos los países de la región. El último Censo de Población y Vivienda del Banco Central de Reserva confirma esta cifra.

Costa Rica registra 1.32 hijos por mujer, mientras que en Nicaragua y Panamá los valores rondan los 2.2. Guatemala, aunque mantiene la fecundidad más alta de la región, cayó de 6.7 hijos por mujer en los 80 a 2.8 en la actualidad.

Estos niveles sitúan a varios países por debajo del umbral de reemplazo demográfico de 2.1 hijos por mujer y reconfiguran la estructura por edades. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la tasa de fecundidad promedio en la región es de 1.8 hijos por mujer en 2024.

La transición hacia familias más pequeñas no ha sido homogénea. Existen diferencias entre áreas urbanas y rurales, y entre sectores con mayor o menor acceso a educación y salud.

Qué factores explican el descenso

El descenso de la fecundidad no responde a una sola causa. La expansión de la educación femenina, la urbanización y la incorporación de las mujeres al mercado laboral cambiaron las aspiraciones y prioridades. La presión económica, marcada por salarios bajos, empleos inestables y altos costos de crianza, se combina con la falta de servicios públicos de cuidado infantil y la persistencia de roles tradicionales de género.

“En Centroamérica, muchas personas no pueden decidir cuántos hijos tener ni cuándo”, advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La brecha entre el número deseado y el real se mantiene, ya sea porque se tienen menos hijos por restricciones materiales o más de los planeados por falta de acceso a anticonceptivos y salud sexual.

El embarazo adolescente sigue afectando a jóvenes rurales, indígenas y afrodescendientes, y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad.

En sectores urbanos y de clase media, la tendencia es postergar y limitar la maternidad. En contextos rurales y empobrecidos, la fecundidad alta y los embarazos tempranos siguen siendo frecuentes, asociados a bajos niveles educativos y barreras en el acceso a servicios.

Desigualdades en acceso y cuidados

El trabajo no remunerado de cuidados recae mayoritariamente en las mujeres y representa entre el 20% y el 30% de la economía doméstica invisibilizada, según el Banco Mundial. La falta de servicios de cuidado infantil y de licencias parentales equitativas limita las posibilidades de conciliación laboral y familiar.

El acceso a métodos anticonceptivos mejoró, pero las diferencias persisten entre países y dentro de ellos. Mientras en Costa Rica y Colombia más del 75% de las mujeres en edad reproductiva usa algún método anticonceptivo, en Haití, Guyana y Guatemala menos de la mitad accede a métodos modernos.

La falta de educación sexual integral y las restricciones legales sobre el aborto agravan las dificultades, sobre todo en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Uno de los problemas más persistentes es la maternidad adolescente. Las adolescentes afrodescendientes en la región presentan un 50% más de probabilidades de ser madres antes de los 19 años respecto de otras jóvenes.

La tasa de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe es una de las más altas del mundo, con 76 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años.

Políticas y derechos reproductivos

Las recomendaciones del UNFPA insisten en que las políticas no deben centrarse en controlar la cantidad de nacimientos, sino en garantizar derechos y condiciones para decidir.

Propone fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, facilitar el acceso gratuito y confidencial a anticonceptivos, promover el empleo formal femenino y desarrollar sistemas públicos de cuidado.

En sectores urbanos, muchas mujeres tienen menos hijos de los que desean por no poder conciliar trabajo y familia. En zonas rurales y pobres, la maternidad forzada y el embarazo adolescente siguen siendo frecuentes.

San Sebastián acogerá el 15 de junio de 2026 una sesión del Tercer Congreso Mundialde Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores centrada en derechos humanos, equidad y entornos adaptados a la vejez, con el objetivo de influir en la futura convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores y de trasladar a ese proceso la experiencia acumulada en el ámbito local.

La reunión se celebrará en Donostia / San Sebastián, dentro de una sesión previa al congreso organizada por AGE Platform Europe con contribuciones de BAGSO, GAROP, IMSERSO, la red HOMeAGE, INPEA, ILC-GA y el NGO Committee on Ageing Geneva.

El contexto que da sentido al encuentro quedó fijado el 3 de abril de 2025, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución para crear un grupo de trabajo intergubernamental encargado de redactar un instrumento internacional jurídicamente vinculante: una convención de la ONU sobre los derechos humanos de las personas mayores.

Esa futura convención y el movimiento global de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores están “profundamente interconectados”, porque ambos buscan garantizar la dignidad, la autonomía y la participación plena de las personas mayores en la sociedad.

La cita de San Sebastián se propone contribuir al proceso de redacción de la convención y, en particular, procurar que las realidades vividas durante la vejez queden reflejadas de forma adecuada en el marco de derechos humanos que se está diseñando.

La sesión buscará aportar experiencia local al futuro texto de la ONU

Ese objetivo responde de forma directa a la pregunta central del encuentro: qué se discutirá y para qué. La sesión servirá como plataforma para debatir el momento actual de los derechos de las personas mayores, examinar el papel de la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y de sus miembros y afiliados, e identificar vías para que esa red apoye y participe en el proceso.

La organización también prevé mostrar de qué manera los marcos de derechos humanos ya existentes ayudaron a miembros y afiliados de la red a desarrollar entornos amigables con la edad, y cómo esa experiencia, a su vez, puede reforzar la agenda de derechos.

Otro de los ejes será discutir cómo tender puentes entre derechos humanos, equidad y entornos amigables con las personas mayores, tres nociones que, según la descripción de la actividad, no siempre coinciden de forma automática.

La moderación estará a cargo de la doctora Heidrun Mollenkopf, presidenta de AGE Platform Europe e integrante del consejo de BAGSO.

El programa del congreso incluirá además talleres y sesiones temáticas centradas en algunos de los principales desafíos del envejecimiento contemporáneo. Entre ellos figuran iniciativas para combatir el edadismo, promover la participación ciudadana de las personas mayores, fortalecer los cuidados comunitarios y reducir la brecha digital.

También se debatirán experiencias sobre vivienda, transporte, salud, inclusión social, adaptación al cambio climático y desarrollo de tecnologías orientadas al envejecimiento, incluyendo proyectos de teleasistencia, inteligencia artificial y estrategias para favorecer la permanencia de las personas mayores en sus comunidades.

Las actividades reunirán a investigadores, responsables de políticas públicas y representantes de ciudades de Europa, Asia, África y América para intercambiar experiencias sobre cómo construir entornos más accesibles, sostenibles e inclusivos para todas las edades.

La apertura del debate estará en manos del doctor Alexandre Kalache, presidente de ILC-Brazil. Después intervendrá Silvia Perel Levin, en representación del NGO Committee on Ageing Geneva, INPEA, ILC-GA y GAROP, con una exposición sobre cómo contribuir al grupo de trabajo intergubernamental de la ONU sobre personas mayores.

El panel interactivo incluirá a Michael Kanyingi Kimuhu, copresidente del PCG Older Persons de los socios de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fundador y director ejecutivo de Mangu Integrated Community Project, en Kenia; a Kenneth Arguedas, vicealcalde de Heredia, en Costa Rica; y a Diane Turner, consultora y exdirectora de la Office for Seniors de Nueva Zelanda.

La agenda sumará un espacio de preguntas y respuestas con el público y unas observaciones finales de cierre.

Entre los resultados esperados figuran aumentar la sensibilización sobre el proceso de la convención de la ONU, promover una participación en su redacción a través de organizaciones locales y regionales, y recoger la experiencia del nivel local para alimentar el contenido del tratado mientras se refuerza el impulso de las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores.

En paralelo, las administraciones españolas avanzan en iniciativas vinculadas al envejecimiento activo y la adaptación de los entornos urbanos. En enero de 2026, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián firmaron un protocolo de colaboración para organizar el congreso.

Perú obtuvo un nuevo reconocimiento en el ámbito turístico internacional luego de ser seleccionado como anfitrión de la 128° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, uno de los encuentros más relevantes para la definición de estrategias y políticas globales del sector. La cita se desarrollará durante el primer semestre del 2027 y reunirá a representantes de distintos países vinculados con la actividad turística.

La designación fue comunicada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tras la decisión tomada durante la 126° sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, realizada en Toledo, España. El encuentro permitirá que el país reciba a ministros, viceministros, autoridades, organismos internacionales y representantes del sector privado turístico.

Reconocimiento internacional para el Perú

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Enrique Gómez Vela, señaló que la elección refleja la confianza de la comunidad internacional en el trabajo que viene desarrollando el país dentro de los espacios de decisión de ONU Turismo.

“Ser sede de la reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo representa una oportunidad histórica para mostrar al mundo la riqueza turística, cultural y natural del Perú, así como nuestra capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel. Este logro, obtenido gracias a los esfuerzos realizados por el Mincetur y la Cancillería peruana, fortalece la imagen del Perú como destino turístico de clase mundial y reafirma nuestro compromiso con un turismo sostenible, inclusivo y resiliente”, señaló el titular del Mincetur.

El funcionario indicó que esta designación forma parte de la estrategia para impulsar el turismo de reuniones como una herramienta para promover inversiones, dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades para el país. Asimismo, destacó que el reconocimiento fortalece la presencia peruana en escenarios internacionales relacionados con el desarrollo turístico.

Perú cumplió requisitos para albergar la cita mundial

La candidatura peruana para organizar la 128° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo pasó por una evaluación que consideró aspectos técnicos, logísticos y organizativos establecidos por el organismo internacional. Según el Mincetur, el país logró cumplir satisfactoriamente con las condiciones solicitadas.

Como resultado del proceso, la propuesta nacional recibió el respaldo de 18 países miembros del Consejo Ejecutivo, lo que permitió confirmar al Perú como sede del encuentro que definirá parte de la agenda turística internacional.

Mayor presencia en los espacios de decisión turística

La elección también destaca la participación que mantiene el Perú dentro de ONU Turismo. Actualmente, el país forma parte del Consejo Ejecutivo para el periodo 2025-2027 y durante este año asumió por primera vez la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto (PBC).

Este comité cumple un papel clave dentro de la organización al encargarse de supervisar aspectos relacionados con la planificación estratégica, las finanzas y el funcionamiento operativo de ONU Turismo. Además, la designación toma en cuenta la experiencia peruana en la realización de eventos internacionales de gran escala, como APEC y la Cumbre de las Américas.

Por otro lado, la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, sostuvo reuniones con autoridades internacionales durante la jornada, entre ellas la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, y el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, Daehyun Kim.

Los encuentros estuvieron orientados a reforzar la cooperación internacional y promover iniciativas relacionadas con innovación, sostenibilidad, accesibilidad y creación de nuevos productos turísticos para el mercado peruano.

La agenda internacional sumó en 2024 una nueva efeméride dedicada a una actividad cotidiana con impacto social y educativo: jugar. Desde ese año, el 11 de junio figura como Día Internacional del Juego, una jornada que busca instalar el tema en políticas públicas, escuelas y hogares.

La decisión llegó por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invitó a los Estados y a distintos actores a realizar acciones de sensibilización y educación sobre su importancia, con foco en la niñez.

En paralelo, se mantiene una conmemoración previa, impulsada por el movimiento de ludotecas, que se celebra cada 28 de mayo y que, desde 1999, promueve el mismo objetivo: visibilizar el juego como un derecho.

Una fecha oficial: 11 de junio, todos los años

El 11 de junio quedó establecido como Día Internacional del Juego a partir de una resolución adoptada el 25 de marzo de 2024por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dispuso su observancia anual desde ese mismo año.

El texto de la resolución subraya el papel del juego en el desarrollo de competencias físicas, sociales, cognitivas, comunicativas y emocionales a todas las edades, y remarca sus efectos para promover la tolerancia, la resiliencia y la inclusión social. También lo vincula con el bienestar y el desarrollo físico y psicosocial de niños y jóvenes.

La resolución invitó a los Estados Miembros, a organismos especializados, a observadores de la Asamblea General y a otras partes interesadas, como sociedad civil, sector privado y ámbito académico, a conmemorar la jornada con actividades orientadas a la educación y a la concientización.

En esa misma decisión, la Asamblea General incluyó un apartado operativo sobre la implementación: el costo de las actividades derivadas de la celebración debe cubrirse con contribuciones voluntarias, incluso del sector privado.

El establecimiento del 11 de junio como fecha fija incorporó un nuevo hito en un calendario internacional que ya contaba con otras conmemoraciones relacionadas con derechos de la infancia, educación y salud, y apuntó a generar un punto de encuentro para acciones coordinadas a escala local, nacional y global.

El motivo central: el juego como derecho y como herramienta de desarrollo

La proclamación del Día Internacional del Juego se apoyó en el reconocimiento de que jugar no equivale solo a recreación. La argumentación que acompaña la efeméride sostiene que el juego cumple una función en la construcción de vínculos, la adquisición de habilidades y la gestión de experiencias difíciles.

La Convención sobre los Derechos del Niño, mencionada como marco en iniciativas previas vinculadas a esta jornada, establece en su artículo 31 el derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a actividades recreativas apropiadas para la edad, además de la participación libre en la vida cultural y en las artes.

En el enfoque adoptado para la fecha del 11 de junio, el juego aparece como una condición que requiere protección y prioridad, en especial para garantizar que niños y niñas puedan ejercer ese derecho en condiciones reales. También se lo presenta como un lenguaje compartido entre edades y contextos sociales diversos, capaz de favorecer la creatividad y la capacidad de adaptación.

En materiales de difusión vinculados a la conmemoración, se planteó además un diagnóstico sobre barreras que restringen el tiempo, el espacio o el acceso a experiencias lúdicas: la pobreza, los conflictos, el desplazamiento y la discriminación. Ese contexto se usa para justificar el llamado a reforzar el compromiso público y comunitario con la niñez.

En el marco de campañas internacionales asociadas a la efeméride, se difundieron cifras de encuestas globales sobre percepciones infantiles: 78% de niños consultados señaló que los adultos no siempre consideran importante jugar y 73% indicó que no cree que los adultos tomen el juego con seriedad. Esos datos se utilizaron para sostener que la validación social del juego influye en su presencia en el hogar, la escuela y el espacio público.

Una conmemoración previa: el 28 de mayo y el impulso de las ludotecas

Antes de la incorporación oficial del 11 de junio en el sistema de días internacionales de la ONU, ya existía otra fecha con la misma denominación en distintos países: el 28 de mayo, celebrada desde 1999.

Esa conmemoración surgió por iniciativa de la Asociación Internacional de Ludotecas (ITLA). La elección del 28 de mayo respondió a la fecha de constitución de esa entidad, de acuerdo con el registro que acompaña su difusión. Más tarde, la promoción de la efeméride recibió un nuevo impulso en 2008, atribuido a la doctora Freda Kim.

El objetivo explicitado para esa fecha se centró en el mismo eje que luego retoma la proclamación de la ONU: instalar el juego como derecho de niños y niñas y recordar su respaldo en instrumentos internacionales de derechos de la infancia, con énfasis en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según el mismo registro, la celebración del 28 de mayo se extendió a más de 40 países, con actividades públicas y comunitarias orientadas a visibilizar la importancia del juego en la vida cotidiana, el aprendizaje y la convivencia.

Con la proclamación del 11 de junio por parte de la ONU, desde 2024 conviven dos fechas conmemorativas dedicadas al juego: una de origen asociativo, vigente desde 1999, y otra de carácter institucional internacional, definida por resolución de la Asamblea General.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que Colombia reporta entre 280 y 300 nuevos casos de lepra cada año y advirtió que “no es cosa del pasado”.

Durante una visita oficial, Beatriz Miranda-Galarza, relatora especial de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por lepra y sus familiares, señaló que dicha enfermedad sigue presente en el país.

La experta recorrió Sincelejo, Bogotá y Cundinamarca durante ocho días, donde identificó obstáculos persistentes para quienes conviven con esta patología. Según lo reportado, la transmisión no se ha detenido y afecta a adultos y niños, principalmente en comunidades rurales y zonas históricamente marginadas.

Miranda-Galarza explicó que la lepra “es una enfermedad que está vigente, pero no solamente como enfermedad, sino que está vigente como un problema de derechos, de discriminación, de exclusión”. Añadió que la discriminación, el estigma y el desconocimiento sobre la lepra continúan siendo barreras para la atención oportuna y la inclusión social de quienes la padecen.

La relatora sostuvo que la lepra no puede entenderse solo como un problema médico o epidemiológico. El fenómeno está vinculado a la pobreza, la discapacidad, la desigualdad de género, la migración, la violencia, el envejecimiento y la exclusión rural.

Las personas afectadas enfrentan, además, desconocimiento entre los profesionales de la salud, pues la enfermedad ha dejado de ser parte central de los currículos en la formación médica. Esto contribuye a diagnósticos incorrectos y a retrasos en la identificación de casos.

Durante su visita, la experta constató que, aunque existe tratamiento gratuito para la lepra, no siempre llega a tiempo a los pacientes debido a la falta de diagnóstico temprano y seguimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) provee el tratamiento a los países que reportan casos, pero en Colombia persisten obstáculos para su distribución efectiva.

Miranda-Galarza indicó que el Estado colombiano ha mostrado poca disposición para reconocer que la lepra sigue presente. Las organizaciones sociales, como la Federación de Personas Afectadas por la Lepra, han asumido tareas en materia de atención, educación y acompañamiento que corresponderían al Estado. El acceso a servicios de salud, empleo y educación sigue siendo limitado para quienes han sido diagnosticados.

El reporte de la relatora resaltó que la invisibilización de la lepra ha impedido que figure como prioridad en las políticas de protección social e inclusión. Según su análisis, este ciclo solo se romperá si se les da voz a las personas afectadas y se les reconoce como actores fundamentales en el diseño de políticas públicas.

El documento presentado por la ONU subrayó la existencia de una deuda histórica con las personas afectadas por la lepra en Colombia, en especial por las violaciones de derechos humanos ocurridas en antiguos leprosarios como los de Agua de Dios y Contratación. En estos lugares, durante décadas, se restringieron libertades y se separaron familias.

Miranda-Galarza advirtió que cerca del 39 por ciento de los casos anuales reportados en el mundo presentan discapacidad severa, debido a diagnósticos tardíos o a la falta de acceso oportuno al tratamiento. En Colombia, las cifras oficiales estiman entre 280 y 300 nuevos diagnósticos anuales, aunque organizaciones de personas afectadas sostienen que el número real podría ser mayor.

La relatora insistió en la necesidad de reconocer públicamente las violaciones históricas sufridas por las personas con lepra y de adoptar medidas de reparación acompañadas de garantías de no repetición. “El reconocimiento y la memoria histórica son esenciales para la justicia y la reconciliación. Las personas afectadas por la lepra deben ser reconocidas como titulares de derechos cuya dignidad, voces y experiencias vividas deben estar en el centro de cualquier respuesta”, afirmó.

Entre las recomendaciones, la experta propuso que Colombia aborde la lepra con un enfoque integral basado en derechos humanos, que incluya igualdad, accesibilidad, no discriminación, protección social, atención en salud mental, rehabilitación, educación pública y participación activa de las comunidades afectadas en la formulación de políticas públicas.

El mandatario vinculó esa preocupación con un episodio reciente en redes sociales: un mensaje suyo con la frase “Heil Hitler” alcanzó 34 millones de vistas. Petro sostuvo que esa cifra superó cualquier antecedente en su actividad digital y la contrastó con otra publicación suya que, según relató al mismo medio, llegó a 10 millones de vistas.

“Cuando yo hago así, no me saquen fotos, porque ahora cualquier cosa que haga la usan, en mis gestos para tratar de volverme nazi”, dijo el jefe de Estado colombiano durante su intervención ante los miembros del organismo.

El presidente presentó esa frase como una advertencia sobre el uso distorsionado de imágenes en plataformas digitales.

Durante el discurso, Petro también se refirió al efecto de la inteligencia artificial sobre la circulación de información. “La mentira vuelta verdad, que es lo que hace la inteligencia artificial mal regulada por intereses. Por eso tiene que regularse públicamente y democráticamente, y este es un camino que se discute, pero no es lo principal de la agenda y es la base de la paz”, dijo el mandatario.

Así mismo, el presidente relacionó la desinformación y la manipulación digital con riesgos para la democracia y la convivencia. En esa línea, planteó que la discusión sobre el control de esa tecnología no ocupa todavía un lugar central en la agenda, aunque la presentó como un asunto de base para la paz.

El propio Petro retomó el caso del mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, para explicar el alcance que atribuye a esas dinámicas. “Lo que pasó, puse contestándolo la frase Heil Hitler y tuvo 34 millones de vistas. Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate o mirándolo, leyéndolo, pero no, no es posible, nunca me había sucedido”, relató.

A continuación, comparó ese episodio con su mayor registro anterior en la red social. “La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole al presidente de los Estados Unidos, en un momento difícil entre nuestros países, 10 millones, ¿de dónde salieron los 34? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia y el 40% de Colombia aún no está conectado, otra desigualdad social. Pues me fui dando cuenta de qué pasa con Belfast al mirar los hechos de Belfast”, añadió el mandatario.

La sesión en Nueva York se desarrolló mientras Colombia asumía la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese contexto situó al país en el centro de una discusión internacional sobre paz y seguridad, en la que el mandatario introdujo además el tema del uso ético de la tecnología y la expansión de contenidos en redes sociales.

El presidente Petro insistió en que la manipulación digital puede convertirse en una herramienta de violencia política. “Porque la manipulación, la falta de comunicación, poner jueces en la lista que era para narcotraficantes y ahora es para maneras políticas de pensar, contra mí, contra quien diga estas cosas, pues es una manera de crear la violencia”, advirtió el jefe de Estado durante su intervención.

El episodio causó sorpresa entre los asistentes. La escena quedó marcada por el pedido del mandatario de no ser fotografiado mientras hablaba y por su señalamiento de que las imágenes, los mensajes en redes y la inteligencia artificial forman parte de un mismo problema de distorsión pública.

Petro pidió un tratado internacional para regular la inteligencia artificial

La propuesta central del presidente colombiano fue “avanzar hacia un tratado internacional que establezca reglas comunes para el uso de la inteligencia artificial y contribuya a fortalecer el derecho internacional frente a los desafíos tecnológicos del siglo XXI”.

Esa petición estuvo ligada a una advertencia sobre la concentración de la inteligencia artificial en pocas manos privadas. Petro planteó que ese es uno de los dos asuntos que deben entrar en la agenda principal del Consejo para proteger la vida en el planeta.

El otro asunto que mencionó fue la dependencia global de los hidrocarburos, que definió como “origen de la crisis climática y de múltiples conflictos”. A partir de ese diagnóstico, sostuvo que “la gran agenda de la humanidad debe ser la descarbonización de la economía”.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la intensificación de los ataques en Medio Oriente tras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y advirtió sobre los peligros de mantener un alto el fuego “a medias”. El titular de la ONU condenó el avance de la crisis regional con impacto internacional y solicitó a todas las partes implicadas que busquen una salida negociada.

En un mensaje difundido el miércoles a través de redes sociales, Guterres manifestó: “Esta semana ha traído consigo ataques más generalizados y un mayor deterioro de la situación, en la que el alto el fuego se asemeja más bien a un alto el fuego a medias”.

El jefe de la ONU subrayó el riesgo de que la situación desemboque en un conflicto abierto. “No debemos subestimar el riesgo de que ese alto el fuego a medias se convierta en un conflicto en toda regla”, sostuvo el secretario general.

“Basta ya de ataques. Basta ya de excusas”, exigió Guterres en su comunicado. En la noche del miércoles, el Ejército de Estados Unidos ejecutó bombardeos contra diversos objetivos en Irán, pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre nuevas acciones militares. Trump reiteró su exigencia a Teherán para que firme el acuerdo en negociación sin más demoras.

Por su parte, el régimen de Irán lanzó ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin tras una nueva serie de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní. La ofensiva incrementó la tensión en la zona del estrecho de Ormuz, considerada una de las rutas marítimas clave para el comercio global de petróleo.

En paralelo al comunicado de Guterres, los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron los ataques con drones y misiles lanzados por Irán contra Bahréin, Kuwait y Jordania, calificando estos hechos como “una agresión flagrante” contra la soberanía de esos países y una violación del derecho internacional.

La declaración se difundió al finalizar la reunión ministerial efectuada en Manama, donde el bloque regional expresó su “más enérgica condena” y describió los bombardeos como una amenaza directa a la seguridad de los pueblos y a la integridad territorial de los Estados afectados.

El CCG sostuvo que estos actos hostiles “no favorecen el entendimiento ni el acercamiento” entre los países, sino que socavan la confianza mutua y dificultan las vías de diálogo que los Estados del Golfo promueven. En el documento, el Consejo reiteró su “plena solidaridad” con los tres países afectados por los ataques y subrayó que la seguridad de los miembros del bloque es “indivisible”. En ese sentido, remarcó que cualquier ataque contra uno debe considerarse un ataque contra todos.

La organización regional informó que sus sistemas conjuntos de defensa aérea están respondiendo a las amenazas con “alta eficiencia y preparación”, con el objetivo de transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y residentes del Golfo. Además, el Consejo reivindicó el derecho de sus Estados miembros a la defensa individual o colectiva conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce la legítima defensa frente a ataques armados.

En el comunicado, el CCG responsabilizó a Irán tanto de los ataques como de sus consecuencias para la seguridad regional, la navegación internacional y el suministro energético. Por este motivo, instó al régimen el cese inmediato de cualquier acción dirigida contra los países del Golfo, sus intereses y sus ciudadanos.

El bloque instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y exigir cuentas a los responsables para preservar la paz y la seguridad regional e internacional.

Pese a la escalada, el CCG reafirmó su compromiso con la paz, la buena vecindad y las soluciones diplomáticas, aunque puso en duda la viabilidad de futuras relaciones mientras continúen los ataques. “Persistir en el camino de la agresión solo conducirá a un mayor aislamiento, mientras que la puerta del entendimiento permanece abierta para quienes elijan el lenguaje de la sabiduría y la buena vecindad”, concluyó la declaración.

(Con información de Europa Press y EFE)

Cuestionan declaraciones de Petro en la ONU

La explicación que dio el presidente Gustavo Petro ante la ONU sobre la expresión “Heil Hitler” que publicó en sus redes sociales generó críticas. De acuerdo con el primer mandatario, su equivocación fue no haber entregado contexto sobre la frase, que surgió como respuesta a una columna de opinión.

“Por un error mío, por falta de conocimientos en comunicación, no di contexto a una frase dirigida a un periodista colombiano. Se trataba de una discusión interna, en la que él afirmaba que había cambiado de una posición liberal a ideas fascistas, que hoy sostiene. No menciono su nombre porque no es lo relevante aquí, sino lo que ocurrió después. Escribí como respuesta la frase: “Heil Hitler”, sin ningún contexto. Ese mensaje alcanzó treinta y cuatro millones de vistas”, indicó el jefe de Estado.

El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño, del Centro Democrático, calificó como una “vergüenza” las declaraciones del mandatario y afirmó que sus palabras, a su juicio, no tienen importancia alguna.

“Petro es una vergüenza mundial, cada vez que habla en el exterior siempre encuentra una forma más profunda de avergonzar al país. Literalmente solo habla pendejadas”, escribió el exconcejal en su cuenta de X.

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Embajador israelí criticó el discurso de Petro

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, cuestionó las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro ante la ONU, relacionadas con los hechos de violencia perpetrados en la Franja de Gaza.

Danon aseguró a través de una publicación en su cuenta de X que el jefe de Estado colombiano hizo comentarios antisemitas (odio y prejuicio hacia la población judía). El funcionario diplomático puso en duda el estado de consciencia del mandatario para restar credibilidad a su intervención.

“Hoy, el Presidente de Colombia incluso afirmó que «Estamos volviendo a la era de los nazis». No está claro qué tomó antes de la discusión esta mañana, pero nada justifica las palabras reprobables que salieron de su boca”, señaló el embajador en la red social.

Petro propuso un diálogo entre civilizaciones sin “cálculo”

El presidente Gustavo Petro finalizó su intervención en el evento de alto nivel invitando a las partes involucradas a establecer un diálogo racional entre civilizaciones que sea pulcro, sin cálculo alguno, y, sobre todo, que no sea forzado, para así hacer frente a los principales retos que hay a nivel global.

El primer mandatario afirmó que las consignas de los países deben ser la libertad y la vida, bajo las cuales sea posible establecer acuerdos en medio de las diferencias.

“Es el único camino para la paz global, que es el otro nombre de la hermandad de la humanidad”, concluyó el jefe de Estado.

En su intervención en el evento “Explorando Nuevos Caminos para el Diálogo entre Civilizaciones y de Manera Conjunta Escribir Nuevos Capítulos para la Gobernanza Global” de la ONU, el primer mandatario Gustavo Petro cuestionó el discurso que está surgiendo en contra de la población migrante.

“La ideología falsa de la raza y de la migración como enemigo fundamental nos lleva a lo que plantearon ayer, muy expandido por la red X y con inteligencia artificial, que es la pena de muerte a todos los migrantes”, señaló.

En esa reflexión, criticó a Estados Unidos por, al parecer, demeritar el Holocausto que se registró en la Segunda Guerra Mundial, y advirtió que el mundo se dirige hacia un holocausto todavía mayor en contra de los migrantes o de quienes tienen determinado color de piel.

El jefe de Estado de Colombia aseguró que esta situación se está presentando porque no se está discutiendo con seriedad los motivos por los cuales las personas están migrando. Indicó que el factor climático es clave y debe ser estudiado.

El presidente Gustavo Petro criticó el discurso que ha surgido de acabar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que simboliza “la justicia social en el mundo”, así como las instituciones que ejercen el derecho internacional, como las Naciones Unidas. Aseguró que en Colombia se ha ido apropiando esa premisa.

“Yo ya tengo un colombiano que habla de sacar a Colombia de Naciones Unidas”, señaló el jefe de Estado.

Aunque el mandatario no lo mencionó, una de las personas que han expuesto esa propuesta es el candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella, que aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, evaluaría la salida de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso, porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, dijo el candidato, en entrevista con Luis Carlos Vélez.

El presidente Petro aseguró que deben restablecerse los puentes de comunicación

En un evento de alto nivel de la ONU, el jefe de Estado de Colombia aseguró que es necesario restablecer los puentes de comunicación del mundo. Advirtió que hay una “evidente agenda” de subordinar a Latinoamérica, debido a las diferencias culturales que hay con Estados Unidos.

“Eso no es una democracia (...). A nosotros nos arrojaron misiles en Caracas (Venezuela), nunca había sucedido, ningún bombardeo de ninguna ciudad latinoamericana”, señaló el presidente.

Nuevamente, mencionó las operaciones militares ejecutadas por Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Aseguró que las víctimas de esos bombardeos fueron civiles indefensos. “Yo estoy bajo amenaza permanente”, indicó.

El presidente Gustavo Petro intervino en el evento “Explorando Nuevos Caminos para el Diálogo entre Civilizaciones y de Manera Conjunta Escribir Nuevos Capítulos para la Gobernanza Global”. En sus declaraciones abordó el tema de la crisis climática y aseguró que se trata de una situación de carácter global.

“Nos lleva a unas circunstancias que ponen en peligro completamente la democracia, como proyecto, que cada vez debía profundizarse más”, precisó el primer mandatario.

De igual manera, advirtió sobre graves problemáticas que ya se evidencian en el mundo, como la migración de las personas hacia el norte debido a la guerra que hay detrás del petróleo y por la escasez de agua y de alimento.

Inicia evento con enfoque en el diálogo entre civilizaciones

Tras participar en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU “Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera”, el presidente Gustavo Petro ahora se unió al evento “Explorando Nuevos Caminos para el Diálogo entre Civilizaciones y de Manera Conjunta Escribir Nuevos Capítulos para la Gobernanza Global”.

La primera persona en intervenir fue el representante de Etiopía, que basó parte de su discurso en la importancia de la equidad y la justicia de las civilizaciones.

Petro insiste en un desarme nuclear

En el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en la importancia de discutir un plan para eliminar las armas nucleares en el mundo. Aseguró que ya existe una estrategia para avanzar en ello, pero esta no ha sido abordada en profundidad.

“No se trata de eliminar las de uno y preservarlas de otro. Ese es un tema mundial. Quitar una gran extorsión que desde el dinero se hace con armas nucleares, con misiles, y con bloqueos”, precisó el jefe de Estado desde Estados Unidos.

De igual manera, rechazó los bloqueos económicos que enfrentan algunos países como Cuba y rechazó bombardeos que han sido ejecutados por el Gobierno de Estados Unidos. Mencionó específicamente las acciones militares que tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) en enero de 2026, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro.

Asimismo, criticó nuevamente las operaciones ofensivas estadounidenses en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico. "A pesar de bombardeos injustos, en mi opinión, a lancheros humildes entre los cuales han muerto colombianos, humildes todos, no narcotraficantes”, añadió.

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Intervención completa de Gustavo Petro en la ONU

Suspenden el Consejo de Seguridad de la ONU

Como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Gustavo Petro anunció que suspende las intervenciones de las diferentes naciones del mundo.

El mandatario colombiano señaló que el Consejo de Seguridad se reanudará a las 3:00 p. m., hora de Estados Unidos, de este miércoles 10 de junio de 2026.

Gustavo Petro y la lista Ofac

El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó la tendencia a responsabilizar colectivamente a los migrantes por hechos individuales, comparando esta práctica con la ideología nazi que culpó a todo el pueblo judío por acciones de personas concretas. Recordó el caso del incendio del Reichstag en Berlín y señaló que los nazis usaron ese hecho para justificar la persecución de sectores como la socialdemocracia, comunistas, gitanos y judíos en Alemania.

Destacó que figura en la lista Ofac por sus ideas y defendió la importancia de no avergonzarse por haber combatido regímenes totalitarios en el pasado, sino de asumir esa lucha como un motivo de orgullo y compromiso con la democracia y los derechos humanos.

“Es lamentable que el pueblo que ayudó a derrotar a Hitler hoy se retire de este escenario. Yo estoy en la lista Ofac por mis ideas. No hay motivo para avergonzarse de haber luchado contra los nazis y haberlos derrotado junto a otros pueblos de Europa. ¿Por qué causa vergüenza ahora? ¿Por qué se retiran? Debería ser motivo de orgullo la lucha por la humanidad, la vida y la democracia”, expresó el jefe de Estado.

Petro advirtió que en Colombia se observan dinámicas similares a las vividas en otras regiones del mundo, como Belfast. Denunció agresiones a activistas afines a su gobierno y señaló que la desinformación y la manipulación de la verdad, potenciadas por la inteligencia artificial, contribuyen a un clima de violencia global que se manifiesta en ataques a civiles y guerras en distintos lugares del mundo.

Gustavo Petro sobre Israel y Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro resaltó que tanto Israel como Estados Unidos se retiraron del Consejo de Seguridad, recordando el Holocausto del país de Medio Oriente y la lucha que dio el pueblo estadounidense en Europa en la Segunda Guerra Mundial.

“Se ha retirado Israel, cuyo pueblo no quiso venir aquí, cuyo pueblo sufrió el Holocausto a manos de los nazis. También se retira Estados Unidos, cuyos ciudadanos, hijos de trabajadores y campesinos en su mayoría, fueron a luchar a Europa y a otros países, guiados por una sola voluntad: la lucha por la humanidad. Es necesario rendir honor a esos pueblos, pero también reconocer por qué hoy la verdad se transforma en mentira. Por eso les solicito actuar en estos dos frentes”, indicó Petro.

El mandatario colombiano volvió a hablar del discurso de antinmigración porque, según el jefe de Estado, se expande a través de la inteligencia artificial.

“El primero, mencionado por Stephen Hawking, el físico: el tema de la inteligencia artificial. El discurso antinmigración hoy tiene mucha más fuerza y es adoptado por mayorías en varios países, porque se expande a través de la inteligencia artificial, es decir, de la manipulación de la conciencia humana por parte de pocos individuos con poder, ligados a una misma visión. Sostienen la idea de que hay que defender la raza blanca —que no existe— de una supuesta agresión cultural que busca exterminarla, lo cual no es cierto. Las Naciones Unidas son la prueba de que lo que se busca aquí es una democracia global, que podamos encontrarnos y dialogar entre civilizaciones diferentes", aseveró Petro.

Gustavo Petro sobre Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recordó el encuentro que tuvo personalmente con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, en el que creyó que habría hecho acuerdos y negocios, pero cuestionó el apoyo que dio el presidente del país norteamericano al candidato Abelardo de la Espriella.

Según el mandatario colombiano, la decisión de Donald Trump de apoyar al candidato presidencial rompe la constitución de Estados Unidos.

“Hablé personalmente con el presidente de los Estados Unidos hace poco en su oficina. La conversación me pareció agradable. Creía que habíamos hablado sobre un acuerdo, no sobre negocios, y salí satisfecho. Sin embargo, hoy veo al presidente de Estados Unidos apoyando explícitamente a un candidato, lo que, según mi interpretación, rompe su constitución, pues se trata de una persona que representa posturas contrarias a las defendidas por el papa”, afirmó Gustavo Petro.

Y agregó: “No me involucro en asuntos internos, pero existen otros casos similares, y no se trata de religión, ya que todos tienen derecho a sus creencias, sean cuales sean, incluidas las del islam. ¿Desde cuándo existen religiones prohibidas? La libertad de cultos es un principio de la democracia".

El presidente Gustavo Petro insistió en no dejarse engañar por las ideologías antiinmigración y afirmó que seguirá oponiéndose a que migrantes colombianos sean “tratados en las calles como animales golpeados”.

“Por esto, no me considero un católico de convicción completa, porque presencié una guerra en la que una iglesia estuvo aliada con el poder, aunque ese es un tema aparte. Hoy coincido con ciertas ideas que representan a una humanidad diversa. Estos temas sobre no dejarse engañar por la ideología antiinmigración, que considero de corte nazi, explican por qué somos atacados en estas ciudades y por qué, al manifestar estas opiniones, me he opuesto a que los migrantes colombianos sean tratados en las calles como animales y golpeados”, expresó Petro.

Gustavo Petro sobre su expresión “Heil Hitler”

En su intervención, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la expresión “Heil Hitler” que utilizó en respuesta a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta.

El mandatario colombiano calificó como un error su publicación al no dar contexto a la frase, atribuida al saludo de la Alemania nazi que dirigió Adolf Hitler.

“Por un error mío, por falta de conocimientos en comunicación, no di contexto a una frase dirigida a un periodista colombiano. Se trataba de una discusión interna, en la que él afirmaba que había cambiado de una posición liberal a ideas fascistas, que hoy sostiene. No menciono su nombre porque no es lo relevante aquí, sino lo que ocurrió después. Escribí como respuesta la frase: “Heil Hitler”, sin ningún contexto. Ese mensaje alcanzó treinta y cuatro millones de vistas“, indicó Petro.

Según el jefe de Estado, creyó que la cifra de 34 millones de vistas correspondía al pueblo colombiano, pero señaló que no era de esa forma y precisó que nunca le había sucedido algo parecido.

“Al principio pensé que esa cifra correspondía a todo el pueblo colombiano observando el debate o leyéndolo, pero no era así. Nunca me había sucedido algo parecido. La mayor difusión que había tenido antes un tuit mío fue al responder al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un momento complejo entre nuestros países. Ese mensaje tuvo diez millones de vistas. ¿De dónde salieron entonces los treinta y cuatro millones? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia, y el 40% del país aún no tiene acceso a internet. Esto muestra otra forma de desigualdad social“, indicó.

Y puntualizó: “Después empecé a notar lo que sucedía con el caso de Belfast, al analizar los hechos allí y prever que podrían desencadenar una violencia colectiva. Eso fue lo que ocurrió. Con Belfast sucedió lo mismo: un crimen que debe ser juzgado por la justicia y que, lamentablemente, ocurre en muchos lugares del mundo”.

Crisis climática e inteligencia artificial

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro señaló que en la actualidad existen dos temas que amenazan considerablemente a la humanidad: la inteligencia artificial manejada por empresas privadas y la crisis climática derivada del consumo de hidrocarburos, según Gustavo Petro.

El presidente sugirió impulsar un acuerdo internacional que fije normas compartidas para el uso de la inteligencia artificial y refuerce el derecho internacional ante los retos tecnológicos del siglo XXI.

El presidente Gustavo Petro solicitó ante el Consejo de Seguridad de la ONU una regulación mundial de la inteligencia artificial y advirtió sobre los posibles efectos de estas tecnologías en la propagación de discursos de odio, desinformación y actitudes hostiles hacia personas migrantes.

Inicio del debate

El presidente Gustavo Petro dio inicio al debate abierto “Avanzando Soluciones Políticas en el Medio Oriente: Mediación y Diálogo para una Paz”, en la Naciones Unidas, en Nueva York.

En sus palabras de introducción, el jefe de Estado señaló que “la presencia de ustedes en esta sesión resalta la relevancia del tema que se tratará. Existe una lista de oradores que solicitaron participar en esta sesión según lo establecido en los artículos 37 y 39 del Reglamento".

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Llegada de Gustavo Petro a la sede de la ONU

La Presidencia de Colombia confirmó que el presidente Gustavo Petro ya se encuentra en la sede de la ONU para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad. Todo ocurre luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunciara la suspensión del jefe de Estado por presunta participación en política.

La Presidencia indicó que el mandatario liderará el debate abierto: “Avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera”, en el que participarán los 15 miembros del Consejo de Seguridad y otros Estados miembros de la ONU.

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Agenda de Gustavo Petro en Nueva York

La agenda del presidente colombiano contempla la participación en reuniones sobre Mujer, Paz y Seguridad, liderada por la canciller Yolanda Villavicencio, y sobre Niñez y Conflicto, a cargo de la embajadora Leonor Zalabata.

Existe la posibilidad de que el jefe de Estado mantenga un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante la cumbre Dignidad en Democracia, programada para el 12 de junio.

El presidente Gustavo Petro llegó este miércoles 10 de junio de 2026 a Nueva York, Estados Unidos, para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El mandatario colombiano abordará temas relacionados con la paz internacional y el respeto al derecho internacional. Esta sesión constituye el eje central de su visita.

El 10 de junio Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, en donde asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y participó en el evento “Explorando Nuevos Caminos para el Diálogo entre Civilizaciones y de Manera Conjunta Escribir Nuevos Capítulos para la Gobernanza Global”.

El mandatario nacional criticó a Estados Unidos, habló de la necesidad de resolver problemas mediante la comunicación, rechazó el odio que se registra en redes sociales y cuestionó, sin nombrarlo, las propuestas que ha hecho el candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella.

“La ideología falsa de la raza y de la migración como enemigo fundamental nos lleva a lo que plantearon ayer, muy expandido por la red X y con inteligencia artificial, que es la pena de muerte a todos los migrantes”, fue parte del discurso del presidente.

Entre la suspensión y una reunión cancelada

Gustavo Petro se enteró del auto promovido por la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, en el que se planteó una suspensión provisional en contra del mandatario.

Desde la ONU, Petro afirmó que las acusaciones por presunta participación política no tienen fundamentos, aseguró que se ha defendido de los ataques y le envió un mensaje a su gabinete.

“Le voy a pedir a mis ministros y ministras que han recibido a la congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. Creo que posiblemente estamos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal. Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí y no acepto”, declaró el presidente de Colombia.

La jornada no terminó de esa forma para el mandatario colombiano, que horas más tarde fue el protagonista de un informe en el que The Washington Post reveló que el Gobierno de Donald Trump intervino para impedir una reunión privada y un evento público entre Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Fuentes mencionadas por el medio citado afirmaron que el Departamento de Estado advirtió a delegados colombianos que el encuentro era “inaceptable” y que, si Petro seguía adelante con el evento, la administración Trump procedería a su captura de inmediato.

A pesar de que Petro ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, su visa estadounidense fue revocada formalmente en 2025 tras un discurso propalestino y solo puede permanecer en el perímetro de la ONU en Manhattan, pero no circular libremente en el resto del país norteamericano. The Washington Post aseguró que la reunión fue cancelada, mientras que la administración Trump defendió la decisión por las críticas reiteradas de Petro hacia su Gobierno.

“Como le cancelaron la cita con el alcalde @NYCMayor entonces se fue de shopping”, escribió la periodista Darcy Quin en una publicación que realizó en su cuenta de X, en la que aseguró que Petro terminó haciendo compras en Nueva York tras la ajetreada jornada que vivió el 10 de junio.

La comunicadora indicó que Petro estuvo en Columbus Circle, que es una importante rotonda y espacio público ubicado en el suroeste de Central Park, y que ingresó a Nordstrom, una cadena estadounidense de tiendas departamentales de lujo, conocida por su amplia oferta en moda, calzado, accesorios, belleza y artículos para el hogar.

En Nueva York, Nordstrom tiene una de sus tiendas insignia cerca de Columbus Circle, específicamente en Broadway con la calle 57. Es uno de los puntos de compras más relevantes de la ciudad y destaca por su atención al cliente y variedad de marcas de alta gama.

La posibilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide durante los próximos meses continúa aumentando. Un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, revela que las anomalías de temperatura registradas en el océano Pacífico ecuatorial muestran una tendencia ascendente que favorece el desarrollo de este evento climático, conocido por alterar los patrones meteorológicos en distintas regiones del planeta.

El reporte detalla que, desde mediados de mayo, las temperaturas de la superficie marina en amplias zonas del Pacífico Tropical han seguido incrementándose. Este comportamiento es considerado una de las principales señales asociadas a la formación de El Niño, fenómeno que ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico central y oriental presentan temperaturas significativamente más cálidas de lo habitual durante un periodo prolongado.

Temperaturas del mar continúan aumentando y fortalecen escenario de El Niño

Según la evaluación de la OMM, las mediciones recientes muestran una aceleración del calentamiento oceánico en sectores estratégicos del Pacífico ecuatorial. Uno de los indicadores más observados por los especialistas es la denominada Región Niño 3.4, utilizada para monitorear el comportamiento de las aguas y determinar la evolución de este fenómeno.

Durante el periodo comprendido entre febrero y abril, esta región presentó una anomalía promedio de temperatura de +0,1 grados Celsius. Sin embargo, solo en abril dicho valor se elevó hasta +0,47 °C, mientras que entre el 22 de abril y el 13 de mayo las anomalías oscilaron entre +0,8 °C y +0,9 °C, reflejando un calentamiento sostenido.

La OMM también señala que el Índice Relativo Oceánico de El Niño evidencia un aumento progresivo de la temperatura en las aguas de la zona centro-oriental del Pacífico ecuatorial. A ello se suma otro factor considerado clave por los expertos: la presencia de temperaturas subsuperficiales excepcionalmente altas.

De acuerdo con el documento, extensas áreas del Pacífico ecuatorial registraron temperaturas bajo la superficie del mar superiores en más de 6 °C respecto a los valores promedio. Esta acumulación de calor funciona como una reserva energética capaz de alimentar el calentamiento superficial durante los próximos meses, incrementando las condiciones favorables para la consolidación de El Niño 2026.

La entidad recuerda que este fenómeno no solo modifica las condiciones oceánicas, sino que también está vinculado a importantes cambios climáticos a escala global. Entre sus efectos pueden figurar alteraciones en los patrones de lluvias, sequías, inundaciones y variaciones extremas de temperatura en diferentes continentes.

El cambio de clima podría durar años

Además, la OMM destaca que las anomalías térmicas asociadas a El Niño pueden mantenerse durante largos periodos. Como referencia, menciona el episodio registrado entre 1997 y 1998, considerado uno de los más intensos de las últimas décadas y que generó impactos significativos en diversos países.

Los pronósticos elaborados por los centros mundiales de producción de predicciones estacionales de la organización refuerzan este escenario. Las estimaciones indican que existe una probabilidad del 80% de que el fenómeno se establezca en la región centro-oriental del Pacífico ecuatorial entre junio y agosto de este año.

Las proyecciones son aún más contundentes para los meses posteriores. Según la evaluación de los expertos, la probabilidad de presencia de El Niño aumenta hasta 90% durante los siguientes tres trimestres de 2026.

La OMM señala que tanto los modelos climáticos como el análisis especializado coinciden en mostrar una posibilidad muy alta de formación del fenómeno durante el periodo comprendido entre junio y agosto, manteniendo además un elevado nivel de confianza en los pronósticos hasta finales del otoño del hemisferio norte.

Ante el fortalecimiento de las condiciones que favorecen la aparición de El Niño, especialistas coinciden en que el Perú debe acelerar las acciones de prevención para reducir el impacto de posibles lluvias intensas, inundaciones, huaicos y daños en infraestructura.

Entre las principales medidas se encuentran la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y sistemas de drenaje, el reforzamiento de defensas ribereñas y la identificación de zonas vulnerables donde podrían registrarse emergencias durante los próximos meses.

Durante su discurso dado el 10 de junio de 2026, el mandatario defendió el papel de estos organismos para la estabilidad y la proyección internacional del país.

Ante la posibilidad de que Colombia abandone la ONU y la OEA, Petro aseguró que una decisión de ese tipo supondría un retroceso y aislaría a la nación del diálogo global. Además, remarcó que la permanencia en estos foros internacionales permite afrontar desafíos que afectan tanto al país como al resto del mundo.

“Salir de la ONU o de la OEA sería una desgracia. Yo por eso estoy aquí. Porque hablando ya de otros temas que muchos colombianos creen ajenos, pero que están muy relacionados. Ya nada que pasa en el mundo es ajeno a cualquier parte de la humanidad”, expresó Petro en su intervención en Nueva York.

El presidente subrayó que Colombia se mantenga conectada con los organismos multilaterales y que los problemas globales también impactan la realidad nacional y justificó así su presencia ante instancias internacionales.

El contexto del debate sobre organismos multilaterales en Colombia

El debate sobre la continuidad de Colombia en organismos internacionales adquirió fuerza luego de una propuesta de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, quien cuestionó el papel y el beneficio de la ONU y la OEA para el país.

“Ni la ONU ni la OEA me gustan. ¿De qué ha servido eso a Colombia? Eso es un directorio ahí político...”, declaró De la Espriella al plantear que los recursos destinados a estas entidades deberían redirigirse a programas sociales internos.

El candidato señaló que la participación en organismos multilaterales representa un “beneficio limitado” en comparación con los montos que el Estado aporta anualmente en cuotas internacionales.

Defendió su intención de revisar la permanencia de Colombia tanto en la ONU como en la OEA bajo un enfoque de racionalización del gasto público. Durante una entrevista, De la Espriella dijo: “Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Vamos a revisarlo”, sin especificar alternativas concretas para mantener la interlocución internacional del país.

Petro y la historia de la violencia en Colombia

Para justificar su postura en su discurso ante la ONU, llevado a cabo el 10 de junio, Gustavo Petro evocó episodios de la historia colombiana para explicar la importancia de la integración con el mundo. “La violencia en Colombia tiene tres fases muy claras. Cuando no había nacido, la violencia de nuestros padres y abuelos, que era entre partidos políticos, Liberal y Conservador, dejó 300 mil muertos“, recordó el presidente. Petro calificó esos hechos como genocidio.

Relacionó esa etapa con un periodo en que Colombia carecía de conexiones sólidas con la comunidad internacional e identificó la influencia de doctrinas externas extremistas en los líderes nacionales de la época. El mandatario sostuvo que la integración global y la participación activa en organismos multilaterales ayudan a impedir el aislamiento y a ofrecer la experiencia colombiana al debate mundial. “He tratado que mi experiencia sirva. La experiencia colombiana, exitosa o no, sirva”, reflexionó.

Según Petro, permanecer en foros como la ONU y la OEA fortalece la capacidad del país para responder ante crisis internacionales y colaborar en desafíos de escala global.

“Una experiencia como esa, éramos once millones de habitantes, trescientos mil campesinos asesinados con masacres, con genocidio, le llamo yo. Eh, fue por un mal uso de los medios de comunicación de entonces, radio y otros. Púlpito era un medio de comunicación. Las voces de los que eran los presidentes en ese entonces, que en mi opinión seguían también las doctrinas de Franco, de Hitler y Mussolini”, ejemplificó Petro ante la ONU.

Consideró que la interdependencia actual impide que se pueda separar la realidad nacional de los acontecimientos fuera de las fronteras.

Durante su intervención, Petro se refirió al cierre de su periodo presidencial y al lugar que ocupará luego de salir de la Casa de Nariño: “Se ha dicho que voy a permanecer en el Gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así. El día final de mi mandato saldré no sé a dónde, ya que: como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia”.

En el mismo mensaje, el mandatario fue enfático al decir que en su condición de jefe de Estado con el mandato próximo a concluir: “Formularé una declaración en mi calidad de presidente de la República de Colombia. Asumo el papel que me corresponde a punto de terminar”.

Petro también anticipó que su exposición podría ser la última en ese foro: “Así que esta es quizás mi última intervención en este escenario. Ya van varias en las Naciones Unidas en general”.

Petro se refirió a su ingreso en la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro denunció en su intervención en la ONU, que su inclusión en la lista Ofac no responde a acciones criminales, sino a sus ideas políticas, defendiendo este hecho como una muestra de su compromiso con la democracia. El mandatario trazó un paralelismo entre la estigmatización de migrantes por hechos individuales y la ideología nazi, que señaló como origen de persecuciones colectivas en la Alemania de los años 30.

En su intervención, Petro recordó que los nazis utilizaron el incendio del Reichstag para justificar la persecución de diversos sectores sociales, entre ellos la socialdemocracia, los comunistas, los gitanos y el pueblo judío. Con ello, advirtió sobre los riesgos de aplicar responsabilidades colectivas y alertó sobre el resurgimiento de discursos que, según él, reproducen lógicas de exclusión y violencia.

El mandatario enfatizó: “Yo estoy en la lista Ofac por mis ideas. No hay motivo para avergonzarse de haber luchado contra los nazis y haberlos derrotado junto a otros pueblos de Europa. ¿Por qué causa vergüenza ahora? ¿Por qué se retiran? Debería ser motivo de orgullo la lucha por la humanidad, la vida y la democracia”.

El presidente colombiano sostiene que su pasado de lucha contra regímenes totalitarios no es motivo de vergüenza, sino de orgullo, y lo presenta como ejemplo de defensa de los derechos humanos.

Último encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump

El presidente Gustavo Petro relató su reciente encuentro con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, y expresó su desconcierto ante la postura que adoptó el líder norteamericano tras esa reunión. Petro manifestó que esperaba haber abordado acuerdos institucionales y no temas de negocios durante su conversación en la oficina presidencial estadounidense.

Según el jefe de Estado colombiano, la reunión resultó cordial y le dejó una impresión positiva en un primer momento. Petro explicó: “Hablé personalmente con el presidente de los Estados Unidos hace poco en su oficina. La conversación me pareció agradable. Creía que habíamos hablado sobre un acuerdo, no sobre negocios, y salí satisfecho”.

Sin embargo, tras el encuentro, el mandatario colombiano cuestionó el respaldo público que Trump brindó al candidato Abelardo de la Espriella. Para Petro, este gesto representa una infracción constitucional dentro del sistema político estadounidense.

En palabras del presidente colombiano: “Hoy veo al presidente de Estados Unidos apoyando explícitamente a un candidato, lo que, según mi interpretación, rompe su constitución, pues se trata de una persona que representa posturas contrarias a las defendidas por el papa”.

La situación expuesta por Petro pone de relieve las tensiones que surgen cuando mandatarios extranjeros intervienen en el proceso democrático de otros países. El mandatario colombiano defendió que la independencia política y el respeto a las instituciones deben prevalecer en las relaciones bilaterales.

Durante su intervención del 10 de junio de 2026 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), Petro ahondó en su polémica declaración: dijo fue un error no haberle dado contexto a la expresión y dijo que la escribió “por estupidez mía, por falta de conocimientos comunicacionales”, refiriéndose a una respuesta que había dirigido a un periodista colombiano en una discusión interna.

Según explicó, el mensaje se originó en un intercambio sobre la evolución ideológica de Zuleta: “Era un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas, que hoy defiende”. Petro agregó que decidió no mencionar su nombre: “No pronuncio su nombre, no es lo importante aquí, sino lo que pasó”.

El primer mandatario relató que publicó la frase de manera aislada y que la reacción lo sorprendió por su alcance: “Fíjese, puse contestándolo la frase: ‘Hail Hitler’, punto, sin contexto, y tuvo 34 millones de vistas”. Dijo que al comienzo interpretó esa cifra como interés masivo por el debate: “Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate o mirándolo, leyéndolo, ¡pero no! ¡No es posible! Nunca me había sucedido”.

Petro comparó ese impacto con el que, según su relato, había sido el mayor alcance previo de un mensaje suyo en la red social: “La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole a, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un momento difícil entre nuestros países: 10 millones (sic)”.

En su explicación sobre la magnitud de las 34 millones de vistas, el presidente lo vinculó con el tamaño de la población conectada y con brechas de conectividad: “¿De dónde salieron los treinta y cuatro? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia, y el 40 % de Colombia aún no está conectado. Otra desigualdad social”.

En el mismo tramo de su relato, Petro dijo que a partir de esa experiencia se detuvo en lo que describió como “los hechos de Belfast” y que creyó que podían derivar en violencia colectiva: “Pues me fui dando cuenta de qué pasa con, con Belfast, al mirar los hechos de Belfast, que supuse iban a desencadenar una violencia colectiva, y así ha sido (sic)”.

El mensaje del presidente Petro incluyó críticas a Elon Musk y a la agenda antimigrante en Occidente

Previo a su intervención, el mandatario colombiano compartió un extenso mensaje en X en el que afirmó que “un parlamentario británico nazi, impulsado por Elon Musk en esta red”, promovió nueva violencia en Belfast, capital de Irlanda del Norte, y extendió ese clima al resto de Europa. Conforme a su relato, ese dirigente aprovechó un crimen que debe investigar la justicia para reclamar pena de muerte contra la migración bajo la consigna “Basta Ya”.

Para el jefe de Estado colombiano, ese tipo de consignas expresa “un nuevo nazismo en el mundo” y marca la muerte de la idea de democracia global y de hermandad humana surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Petro añadió que los antiguos aliados han adoptado un discurso antimigrante y que en Estados Unidos son golpeados latinoamericanos, entre ellos colombianos.

En ese punto, incluyó una observación sobre el comportamiento electoral de sus compatriotas en territorio estadounidense. Escribió que los colombianos con capacidad de votar allí eligen a “los más radicales de los antimigrantes” porque la defensa de la patria, en esos casos, ya no remite a Colombia, sino a “su nueva patria concedida en años anteriores: los EEUU (sic)”.

El gobierno argentino conmemoró este miércoles el 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y aprovechó la fecha para escalar su posición frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, al que calificó de ilegal bajo el derecho internacional y advirtió que ejercerá “todas las acciones disponibles” para frenarlo.

La Cancillería argentina publicó una declaración en la que vinculó el aniversario del decreto firmado el 10 de junio de 1829 por el gobernador Martín Rodríguez con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 31/49, cuyo 50° aniversario también se cumple este año. Esa resolución insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa de soberanía permanezca abierta.

“Toda actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria al derecho internacional”, señaló el comunicado oficial.

El texto de la Cancillería apunta de forma directa a la Decisión Final de Inversión anunciada por la empresa británica Rockhopper Exploration PLC y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

El proyecto, que no cuenta con autorización argentina, prevé una inversión inicial de aproximadamente 2.100 millones de dólares para su primera fase, con perforaciones previstas para principios de 2027 y producción estimada desde 2028. Rockhopper elevó recientemente su estimación de reservas recuperables a más de 1.000 millones de barriles, una cifra que superaría varias veces la del campo Rosebank, el mayor conocido en aguas del Reino Unido.

“Tal como reafirmó el Presidente de la Nación, Javier Milei, la Argentina actuará con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretendan avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Toda exploración y explotación unilateral en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a la Resolución 2065 (XX) y a las resoluciones concordantes de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización. Además, constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido, incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General”, completa el texto.

El canciller Pablo Quirno también se expresó en su cuenta de X, donde reafirmó el reclamo soberano y subrayó que “la Argentina continuará utilizando todas las herramientas pacíficas a su alcance para que el Reino Unido acceda a reanudar las negociaciones sobre soberanía”.

La declaración del funcionario llega semanas después de que un correo interno del Pentágono —filtrado en abril por la agencia Reuters— sugiriera revisar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales europeas”, con las Islas Malvinas mencionadas de forma explícita. El episodio se produjo en el marco del deterioro de las relaciones entre Washington y Londres tras la negativa de los aliados europeos y de la OTAN a respaldar militarmente a Estados Unidos e Israel en la guerra con Irán.

El gobierno del primer ministro Keir Starmer respondió de inmediato: un portavoz de Downing Street afirmó que “la soberanía de las Islas Malvinas pertenece al Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de sus habitantes “es de la máxima importancia”. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio minimizó luego el alcance del documento: “Fue solo un correo con algunas ideas”, dijo a los diarios The Sun y Daily Telegraph, y aclaró que la posición de Estados Unidos sobre las islas “no toma partido respecto a las reclamaciones de soberanía de ninguna de las partes”.

El presidente Javier Milei había fijado el tono en su discurso del 2 de abril, con motivo del 44° aniversario de la guerra del Atlántico Sur. En esa ocasión reafirmó la soberanía, advirtió sobre una respuesta diplomática al avance de Rockhopper y Navitas, y anunció que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones se destinarán a la compra de equipamiento militar, incluida la adquisición de 24 cazas F-16 de Dinamarca.

La declaración de la Cancillería repasa la secuencia histórica del reclamo: la herencia territorial por el principio de uti possidetis iuris desde la independencia de 1810, la toma de posesión formal en 1820 por el coronel David Jewett, la organización administrativa bajo Luis Vernet como primer Comandante Político y Militar, y la expulsión por la fuerza de las autoridades argentinas el 3 de enero de 1833. Sobre los actuales habitantes del archipiélago, el texto sostiene que pertenecen a una “población británica implantada” y que, por ese motivo, “la comunidad internacional jamás reconoció a los habitantes de las islas el carácter de ‘pueblo’”, argumento con el que Buenos Aires rechaza la aplicación del principio de autodeterminación.

El respaldo internacional al reclamo argentino se sostiene en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1965 sin votos en contra, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a negociar. Ese llamado fue reiterado en otras nueve resoluciones de la Asamblea General y, en junio de 2025, el Comité Especial de Descolonización volvió a adoptar por consenso una nueva resolución en el mismo sentido. El Reino Unido rechaza sistemáticamente sentarse a negociar soberanía, respaldado en el resultado del referéndum de 2013, en el que los 1.672 votantes habilitados optaron de forma casi unánime por permanecer como territorio británico.

Una misión de la ONU encargada de investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la represión de las protestas de 2014 contra el régimen de Nicolás Maduro calificó como un “avance judicial clave” el pedido de extradición realizado por Argentina contra un ex mando militar venezolano. Se trata de un trámite sin precedentes, respaldado por el principio de jurisdicción universal.

La Justicia argentina solicitó a España la extradición del ex coronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según comunicó el pasado 1 de junio la organización InterJust.

Verdú fue citado por la Justicia española para el miércoles 10 de junio, a fin de declarar por videoconferencia si acepta o rechaza su entrega a Argentina, informaron fuentes jurídicas a la agencia de noticias EFE en Madrid.

Este ex militar forma parte de un grupo de 14 mandos de la Guardia Nacional Bolivariana denunciados en Argentina en 2023 por la ONG InterJust. Se los acusa por la muerte de manifestantes a causa de brutalidad policial durante la represión de las protestas civiles de 2014 contra Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señaló en un comunicado que se trata de un “avance judicial internacional clave: la tramitación de la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014”.

La Misión subrayó que mediante varios informes “ha expuesto de forma detallada los acontecimientos de violencia y represión ocurridos en Venezuela desde 2014”, resultado de investigaciones orientadas a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas en estricto cumplimiento de su mandato”.

El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas incluyó la utilización de munición real contra manifestantes desarmados, lo que “llevó a un alto número de muertes”, así como la colaboración de los cuerpos estatales, especialmente la GNB, con civiles armados conocidos como "colectivos“ afines al Gobierno, para atacar y amedrentar a manifestantes.

“Cientos de estudiantes y ciudadanos opositores fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones y fueron sometidos a tortura y malos tratos en detención o durante el traslado a centros de detención, en numerosos casos de violencia sexual”, añadió la Misión en su comunicado.

Estas acciones evidenciaban la existencia de un régimen de represión institucionalizado y estructurado desde las máximas instancias del poder público, con el propósito de silenciar la disidencia y mantener el control político, concluyó la Misión.

Reducir el impacto ambiental no siempre empieza con grandes inversiones ni con cambios imposibles de sostener. Muchas veces comienza en decisiones pequeñas: comprar solo lo necesario, apagar una luz, usar menos plástico, evitar que la comida termine en la basura o elegir una forma distinta de movilizarse en trayectos cortos. Son hábitos cotidianos que parecen menores, pero que, repetidos todos los días, pueden tener un efecto real en el consumo de recursos y en la generación de residuos.

Aunque el Día Mundial del Ambiente se conmemora cada 5 de junio, la conversación sobre sostenibilidad no se agota en una fecha. En un contexto marcado por el aumento de residuos, el desperdicio de alimentos y el uso intensivo de energía, especialistas advierten que el hogar sigue siendo uno de los espacios más inmediatos para empezar a cambiar prácticas que afectan al medio ambiente.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel global se producen entre 353 y 400 millones de toneladas de plástico al año, y cerca de la mitad corresponde a plásticos de un solo uso. A ello se suma que los sistemas agroalimentarios y energéticos generan alrededor de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que muestra el peso que tienen los hábitos de consumo en la crisis ambiental.

Los hábitos cotidianos que más impacto generan

Mercedes Gomez, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señala que muchas prácticas diarias con impacto ambiental pasan desapercibidas porque ya forman parte de la rutina. Entre ellas figuran el uso del transporte privado en trayectos cortos, el desperdicio de alimentos, el consumo excesivo de energía y el uso de plásticos descartables.

“Entre las prácticas diarias con mayor impacto ambiental se encuentran el uso del transporte privado en trayectos cortos, el desperdicio de alimentos, el consumo excesivo de energía y el uso de plásticos de un solo uso. También influyen hábitos poco percibidos como dejar luces o equipos electrónicos encendidos innecesariamente o desperdiciar agua”, explica la especialista.

El problema no está solo en una acción aislada, sino en la repetición. Una bolsa plástica, una ducha más larga de lo necesario o un aparato conectado durante horas pueden parecer gestos mínimos, pero se multiplican cuando forman parte de la vida diaria de millones de personas.

El desperdicio de alimentos también contamina

Uno de los puntos más sensibles es el desperdicio de comida. Según estimaciones internacionales, cada año se desperdician más de mil millones de toneladas de alimentos en el mundo. Ese volumen representa entre el 8% y 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, debido a todos los recursos que se usaron antes de que esos productos llegaran a la mesa.

“La pérdida de alimentos implica también desperdiciar recursos como agua, energía y suelo utilizados durante su producción. Desde casa, acciones simples como planificar compras, conservar adecuadamente los alimentos o aprovechar las sobras pueden marcar una diferencia importante”, agrega Gomez.

En la práctica, reducir ese desperdicio puede empezar con medidas básicas: revisar qué hay en la refrigeradora antes de comprar, preparar una lista, calcular porciones reales, guardar mejor los productos frescos y reutilizar alimentos que aún están en buen estado. No es una revolución culinaria, pero sí una forma concreta de evitar que la comida termine en el tacho.

Plástico, agua y energía: cambios posibles desde casa

Otro frente importante es el uso de plásticos descartables. Llevar una bolsa reutilizable, usar una botella personal o evitar productos de un solo uso ayuda a disminuir la cantidad de residuos que se generan cada día. La clave está en reemplazar lo descartable por opciones que puedan usarse varias veces.

El ahorro de agua y energía también puede incorporarse sin complicaciones. Apagar luces innecesarias, desconectar equipos electrónicos que no se están usando, reducir el tiempo de ducha y evitar dejar correr el agua mientras se lavan platos o se cepillan los dientes son acciones simples, pero útiles para reducir el consumo del hogar.

La movilidad es otro punto que suele pasarse por alto. Para trayectos cortos, caminar, usar bicicleta, tomar transporte público o compartir vehículo puede ayudar a disminuir emisiones contaminantes. No siempre será posible, pero cuando lo es, el cambio suma.

La sostenibilidad no tiene que ser cara ni extrema

Uno de los errores más frecuentes es pensar que llevar una vida más sostenible implica gastar más o cambiarlo todo de golpe. Para Gomez, esa idea suele convertirse en una barrera innecesaria.

“Muchas personas creen que adoptar hábitos sostenibles es difícil o caro, cuando en realidad pequeños cambios constantes pueden generar un impacto importante. La clave está en incorporar acciones realistas que puedan mantenerse en el tiempo”, comenta.

Por eso, el punto de partida no tiene que ser perfecto. Separar residuos, comprar con mayor planificación, consumir solo lo necesario, reducir desperdicios y cuidar el uso de agua y energía son medidas que cualquier persona puede empezar a aplicar desde hoy.

En casa, la sostenibilidad puede empezar con decisiones simples y sostenidas. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de ajustar hábitos que ya forman parte de la rutina y que, con el tiempo, pueden reducir el desperdicio y mejorar el uso de los recursos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México informó sobre las actividades dentro de su agenda social, en el contexto del Mundial 2026, celebrado el próximo 11 de junio.

En colaboración con el Gobierno mexicano, la organización coordina una serie de acciones orientadas a promover la inclusión, los derechos fundamentales, la equidad y la sostenibilidad a lo largo de este evento deportivo.

Bajo el enfoque del llamado Mundial Social, más de 15 agencias del sistema de Naciones Unidas han sumado esfuerzos para poner en marcha más de 100 actividades y 10 campañas, articuladas en torno a 11 ejes estratégicos. El objetivo principal es capitalizar el alcance del fútbol como herramienta de transformación social y desarrollo comunitario.

El plan integral contempla propuestas que van desde la integración y cohesión social hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la protección de la infancia, la igualdad entre géneros y la seguridad en todos los niveles. Estas líneas de acción buscan que el torneo deje una huella positiva en la vida de las personas y en el tejido social del país.

Ejes clave de la agenda social para el Mundial 2026

Uno de los ejes centrales es la inclusión y cohesión social, con iniciativas deportivas y comunitarias orientadas a facilitar la participación de personas migrantes, refugiadas y habitantes de las comunidades anfitrionas. Se promueve el acceso igualitario a las actividades mundialistas para todos los sectores de la población.

La defensa de los derechos humanos y el combate a la discriminación ocupan un lugar prioritario dentro del programa, donde se desarrollarán campañas y acciones para erradicar el racismo, la xenofobia y la violencia, así como para fortalecer la protección institucional de los grupos vulnerables. La igualdad de género es otro pilar, impulsando campañas interagenciales y la promoción activa del fútbol femenino.

Asimismo, la protección de la infancia y la juventud se aborda mediante iniciativas para crear espacios seguros, prevenir la explotación y fomentar la convivencia positiva a través del deporte. Al mismo tiempo, se han desplegado campañas para prevenir la trata de personas y para promover un turismo responsable y seguro, involucrando tanto a actores públicos como privados.

Estrategia para un empelo digno en las ciudades sede y medidas de sostenibilidad

En el ámbito laboral, la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” y estrategias para promover el empleo digno buscan dejar un legado positivo en las ciudades sede. El bienestar y la salud también son prioridades, con acciones para garantizar la seguridad sanitaria en eventos multitudinarios, campañas de salud y educación sexual integral.

La agenda contempla medidas de integridad y anticorrupción, el fortalecimiento de la seguridad y la transparencia, así como la adopción de buenas prácticas ambientales. La sostenibilidad incluye la reducción de residuos y el uso de energías limpias en la organización del campeonato.

Finalmente, el eje de voluntariado y legado pretende que los beneficios sociales y urbanos del torneo se mantengan en el tiempo, mediante la promoción de la participación ciudadana, la planificación urbana sostenible y el fortalecimiento de capacidades locales. Con este enfoque, la ONU México aspira a que el Mundial 2026 trascienda lo deportivo y se convierta en motor de progreso social.

Agenda social social de la ONU México durante la Copa del Mundo

Inclusión, integración y cohesión social

• ACNUR: Curso de formación en entrenadores comunitarios con Fundación FIFA (spotlight en refugio, desplazamiento interno y movilidad), inserción laboral en ciudades sede (Clubhouse ACNUR en Zapopan), integración a través de proyectos deportivos (Street Child World Cup, Ligas por la Inclusión, Mundialito Mixto, Mundial Social), torneo deportivo con la ONU en hogar en Aguascalientes.
• OIM: Municipalidades Mixtas, Equipos por la Inclusión, inclusión deportiva para cohesión social e integración de migrantes.
• CINU: Acceso a partidos para poblaciones vulnerables.
• ONU Habitat: fomento de la equidad ciudadana e integración urbana en sedes.

Prevención de la trata de personas, protección y turismo seguro

• OIM: Acompañamiento a campaña “Un Mundial sin Trata”; fortalecimiento institucional y carta de derechos.
• UNODC: Implementación de la Campaña Mundial sin Trata y acompañamiento a ITS y Pacto 2026 en México, elaboración de herramientas de prevención y capacitación a anfitriones de Airbnb.
• UNICEF/OIT: Protección en turismo y transporte; enfoque infancia y trabajo.

Trabajo decente y trabajo infantil

• OIT: Campaña “Tarjeta Roja al Trabajo infantil”; inclusión laboral en planes de ciudades sede, capacitación a comités.

Integridad, anticorrupción y seguridad

• UNODC: Fortalecimiento de capacidades de organizaciones deportivas (IM, SESNA), entre otras; instalación de comités de integridad; implementación del Programa Mundial de Integridad en el Deporte; prevención del amaño de partidos y manipulación de resultados.
• SRE: Seguridad aeroportuaria, identificación de aerolíneas y documentos apócrifos.

Sostenibilidad ambiental

• PNUMA: Reducción de plásticos de un solo uso, capacitación a comités organizadores, lineamientos ambientales.
• OACI: combustibles sostenibles en aviación.
• ONU Hábitat: Implementación de Buen Buentrip.

Sensibilización, comunicación y movilización social

• CINU: Coordinación de más de 150 actividades en Aldea Global (ver Programa); exposiciones, activaciones, conversatorios, conferencias, experiencias digitales y campañas en ciudades sede, proyectos de arte urbano y cultura de paz.
• UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.
• ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin Violencias”.
• UNESCO: “La Maldición Racista”.
• ACNUR: “Goles por la Inclusión”.
• OIM: “Municipalidades Mixtas”.
• OIT: “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”.
• FIFA y IVV.

Derechos humanos, no discriminación y antirracismo

• ONU-DH: Consulta Regional sobre discriminación, racismo y xenofobia.
• UNESCO: Campaña “La Maldición Racista”.
• ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin violencias”.
• PNUD: Informe “El fútbol no es para los ganadores”.
• ONU/IIPE: Formación de capacidades en derechos humanos para escuelas de fútbol y comités organizadores.

Igualdad de género y prevención de violencias

• ONU Mujeres: Prevención y atención de violencia, campañas interagenciales, capacitación internacional, posicionamiento del fútbol femenino, prevención de acoso y hostigamiento.
• ONU/UNESCO: Prevención de violencias de género, transformación cultural, masculinidades positivas.
• ONU-DH y UNICEF: Sensibilización contra violencias y talleres de empoderamiento.
• ONU/IIPE: Formación de capacidades en valores cívicos.

Protección de niñas, niños y adolescentes

• UNICEF: Puntos Azules, Tarjeta Azul UNICEF, ONU Mujeres y FIFA/IVV; contra violencia sexual, explotación y trata; protección de derechos y participación infantil.
• PNUD: Participación de juventudes.
• UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.
• FIFA/IVV: Colaboración con la Academia Borussia Dortmund.

Salud, prevención y bienestar

• OPS/OMS: Seguridad sanitaria; atención para detectar y prevenir enfermedades transmisibles; campañas de salud sexual y reproductiva, salud mental.
• UNFPA: Educación integral en sexualidad y prevención de embarazo adolescente.
• UNICEF: Alimentación saludable, “Estadio Vital”.

Voluntariado y legado

• UNV: Año Internacional del Voluntariado 2026; activaciones FIFA e IVV; promoción del voluntariado y proyectos de legado.
• ONU Hábitat: Proyectos urbanos y “Legado Monterrey”; empresas sociales y economía circular.
• UNESCO: Fortalecimiento de capacidades locales y promoción de la participación ciudadana.

Sin embargo, el esfuerzo se ha topado con obstáculos. El pasado 9 de mayo, a través de un comunicado conjunto, los colectivos denunciaron que personal de seguridad y operación del Estadio Banorte retiró fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Los colectivos consideraron que esta acción privilegia la imagen del estadio sobre el esfuerzo legítimo de búsqueda y memoria de sus familiares. Además, criticaron la postura del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada Molina, por promover mensajes de inclusión y justicia social en el marco del Mundial 2026, mientras en la práctica excluyen y silencian a los colectivos buscadores del espacio público:

“Nuestros foto volantes no eran propaganda política, no eran anuncios comerciales, no eran vandalismo. Eran rostros. Eran nombres. Eran hijos, hijas, hermanos, hermanas y padres desaparecidos”, denunciaron.

Ante esta controversia, se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló en su conferencia de prensa “La Mañanera” de este martes 9 de junio, que la administración de Clara Brugada es la responsable de brindar una explicación:

“Bueno, eso lo tiene que contestar el Gobierno de la ciudad, pero pueden acercarse. Y también que se conozca lo que hemos venido haciendo, porque no es que digamos que el problema no existe. Existe y lo estamos atendiendo”, declaró la mandataria.

Gobierno informará sobre avances en crisis de desaparecidos en México cada 15 días: “El problema existe y lo estamos atendiendo”

Respecto a la decisión de los colectivos de de recurrir a la prensa extranjera para pedir intervención externa, Sheinbaum reconoció su derecho a expresarse, pero insistió en que su administración asume y enfrenta este reto, el cual vincula con la delincuencia organizada. “No decimos que el problema no existe. Existe y lo estamos atendiendo”, sostuvo.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal colabora con organismos internacionales para atender la crisis de personas desaparecidas y resaltó el diálogo directo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk.

En cuanto a la crisis forense, la mandataria indicó que existen avances gracias a la implementación de nuevas leyes. Para asegurar transparencia ante las familias y la sociedad, instruyó a la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez a realizar conferencias de prensa cada 15 días en las que informe tanto a los colectivos (como prioridad) así como al pueblo de México (posteriormente) sobre los avances y el número de personas localizadas.

Integrantes de los colectivos y personas solidarias aclaran que no se oponen al Mundial ni a sus asistentes, esto porque han estado convocando desde hace meses a la ciudadanía y a personas solidarias a que les acompañen el próximo 11 de junio al exterior del Coloso de Santa Úrsula a manifestarse pacíficamente, con el objetivo de posicionar, ante la comunidad internacional, la exigencia de búsqueda y verdad para las más de 130,000 personas desaparecidas en México.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en un informe reciente que los océanos del planeta enfrentan una presión “severa y creciente” como consecuencia de la actividad humana, mientras la velocidad del aumento del nivel del mar se duplicó en la última década.

Según la tercera Evaluación Mundial de los Océanos, un informe científico coordinado por la ONU y citado por el medio británico The Guardian, los impactos acumulativos de la contaminación, la pesca industrial y la crisis climática están generando una pérdida generalizada de biodiversidad y una tensión sin precedentes en los sistemas oceánicos.

El informe de la ONU detalla el ritmo acelerado del daño

El documento, elaborado por cerca de 600 científicos de 86 países, analizó la situación de los océanos entre 2021 y 2025. Los especialistas identificaron que el ritmo del aumento del nivel del mar se incrementó de 2 mm por año antes de 2015 a 4,3 mm anuales en 2023, lo que duplica la velocidad registrada una década atrás. Además, el informe destacó que el 16% del incremento del calor oceánico global acumulado desde 1955 se produjo a partir de 2018, con un calentamiento especialmente notable en el océano Atlántico y en las zonas meridionales de los océanos Índico y Pacífico.

Pese a los avances científicos, el conocimiento sobre los ecosistemas de aguas profundas continúa siendo limitado. Para 2025, solo el 27% del fondo oceánico se encontraba cartografiado, lo que deja importantes lagunas en la comprensión del estado real de los océanos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó la urgencia del desafío. “No podemos seguir tratando al océano como si fuera ilimitado. Se necesita una colaboración global urgente para proteger los ecosistemas marinos”, afirmó en declaraciones citadas por diario británico. También instó a construir una nueva relación con el océano fundamentada en la ciencia, el derecho internacional y la responsabilidad compartida.

El impacto de la contaminación y los plásticos en la biodiversidad

El ensayo advirtió también sobre la magnitud de la contaminación plástica. Cada año, 52,1 millones de toneladas de desechos plásticos llegan al océano, lo que contribuye a la presencia de 24,4 billones de partículas de microplásticos que afectan a más de 4.000 especies marinas. De acuerdo con The Guardian, residuos plásticos cubren la costa de la bahía de Hann en Dakar, Senegal, ilustrando la extensión global del problema.

El informe señaló que el océano absorbió el 90% del exceso de calor y cerca del 30% del dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles, lo que resalta su papel en la regulación climática y en el sostenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, enfatizó que las corrientes oceánicas, encargadas de redistribuir el calor en el planeta, están cambiando, y los efectos de estas modificaciones sobre posibles colapsos climáticos futuros aún no se comprenden completamente.

El coordinador conjunto del grupo de expertos de la ONU, Rafael González-Quirós, destacó “la necesidad de un océano sano y resiliente nunca ha sido tan urgente. La colaboración y la investigación a nivel mundial, junto con nuestro mayor conocimiento del océano, nos brindan información esencial sobre el estado de los ecosistemas marinos, los profundos cambios que están experimentando y la necesidad de cuidarlos”.

Progresos en la protección y desafíos en la gobernanza internacional

El informe reconoció avances recientes, como la entrada en vigor del tratado de alta mar, que establece normas internacionales para proteger los dos tercios del océano mundial situados fuera de la jurisdicción de cualquier país. Este acuerdo, junto con otros 56 tratados internacionales, fortaleció la capacidad global para preservar la biodiversidad marina, reducir subsidios perjudiciales y gestionar los recursos de manera más sostenible.

A pesar de estos progresos, la gobernanza de los océanos continúa fragmentada entre sectores y regiones, lo que dificulta la coordinación y limita la efectividad de las medidas adoptadas. El documento subraya que reforzar la gobernanza es fundamental para hacer frente a las amenazas actuales.

Entre los principales factores que inciden en el deterioro del entorno marino, el informe destacó el crecimiento de la población humana, los cambios demográficos, los avances tecnológicos, las modificaciones en las estructuras de gobernanza y la inestabilidad socioeconómica y geopolítica. Entre 2017 y 2024, la población mundial creció de 7.700 a 8.200 millones de personas, con más de un tercio residiendo a menos de 100 kilómetros de la costa y el 11% viviendo en zonas situadas a menos de 10 metros sobre el nivel del mar.

La publicación del informe coincidió con el Día Mundial de los Océanos y provocó reacciones de organizaciones como Greenpeace, que instó a los gobiernos a crear santuarios marinos totalmente protegidos y a salvaguardar el 30% de los océanos para 2030, el porcentaje mínimo recomendado por la comunidad científica para posibilitar su recuperación.

La Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), celebrada recientemente en Naciones Unidas, ha mostrado las dificultades que enfrenta el sistema multilateral de seguridad internacional para impulsar acciones colectivas. Por tercera vez consecutiva (2015, 2022 y 2026), los Estados parte del TNP no han podido acordar una hoja de ruta común para reforzar los compromisos de no proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear. La falta de un documento final consensuado no es un detalle procedimental, sino un síntoma de desacuerdos profundos sobre la arquitectura de gobernanza nuclear.

La señal más preocupante es que los Estados poseedores de armas nucleares y los Estados no nucleares parecen estar cada vez más alejados respecto a cómo gestionar los riesgos nucleares. “Las potencias nucleares no han avanzado lo suficiente en el cumplimiento de sus obligaciones vinculantes de desarme conforme al tratado” (artículo VI). De hecho, las potencias nucleares están ampliando y modernizando sus arsenales en lugar de reducirlos. Esta percepción alimenta una desconfianza diplomática que dificulta acuerdos sustantivos.

La escasa disposición de superar diferencias estuvo presente al tratar la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania y la atribución de responsabilidades, el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente y particularmente el comportamiento proliferante de Irán en materia de uranio enriquecido. Las discrepancias en torno a estas cuestiones bastaron para frustrar un acuerdo colectivo, lo que muestra hasta qué punto el proceso de revisión del TNP es vulnerable a las tensiones geopolíticas.

Tampoco cuestiones técnicas lograron consensos diplomáticos mínimos, como fue consideraciones sobre el fortalecimiento de las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mejoras en los sistemas de contabilidad y control de materiales nucleares, ampliar la capacidad del organismo de exigir información más frecuente y detallada sobre los programas nucleares o sobre el tratamiento más intrusivo del OIEA de tecnologías sensibles de doble uso.

La dificultad creciente para acordar aspectos operativos básicos del régimen del TNP tiene implicancias directas en la arquitectura del multilateralismo. Cuando un tratado considerado como piedra angular del régimen de no proliferación muestra bloqueos recurrentes, se envía una señal de que las instituciones globales tienen menor capacidad de adaptación y resolución de conflictos. Esto si bien no implica su colapso, es una pérdida progresiva de eficacia y credibilidad.

Otro efecto relevante es la tendencia de algunos Estados a explorar marcos alternativos de cooperación, ya sea mediante acuerdos regionales o coaliciones más reducidas y flexibles. Este fenómeno, conocido como “minilateralismo”, refleja una pérdida de confianza en los foros universales, que se perciben como demasiado lentos o polarizados para producir resultados concretos. El auge de esta mecánica diplomática tiene efectos en la gobernanza internacional, incluido en el ámbito nuclear.

La falta de disposición diplomática a acuerdos mínimos que quedó en evidencia en Nueva York no implica riesgos de desaparición del régimen de la no proliferación, pero sí marca una fase de tensión estructural multilateral. “El mayor peligro para el TNP no es solo controlar la proliferación nuclear, sino el desgaste de la confianza que lo sostiene.” El sistema sigue en pie, pero funciona con mayor debilidad, menor consenso y crecientes desafíos para mantener cohesión en torno a las normas que han sostenido la estabilidad nuclear durante décadas.

Con dos mares bordeando sus dos costas, Panamá mantiene blindada más del 54% de su superficie marina total, convirtiéndose en el segundo país del mundo con mayor proporción de territorio marino protegido.

La iniciativa, respaldada por múltiples entidades internacionales, coloca a la nación canalera solo por detrás de Palau en el ranking global de protección de áreas marinas.

De acuerdo con el portal de estadísticas ambientales StatRanker, el país supera el promedio mundial de zonas marinas protegidas y se posiciona ampliamente por encima de la meta del 30% establecida en la agenda internacional para 2030.

Esta característica ha impulsado iniciativas para reducir la contaminación de los ríos, costas y mares, consolidado la gestión de las áreas marinas protegidas y reforzando la conservación de ecosistemas estratégicos como playas de anidación de tortugas marinas, manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos, según el Ministerio de Ambiente.

Como país, agrega la entidad, hemos entendido que la protección del océano requiere liderazgo más allá de nuestras fronteras.

“Panamá ha asumido un papel protagónico impulsando la Coalición de Alta Ambición por un Océano Silencioso, fortaleciendo el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, ratificando el Acuerdo que conserva la biodiversidad de altamar y que demuestre que la conservación y el desarrollo económico pueden avanzar de manera complementaria”, dijo el Ministerio de Ambiente al conmemorarse este 8 de junio el Día Mundial de los Océanos.

Para la institución todos estos esfuerzos tienen un objetivo común: preparar al país para enfrentar los grandes desafíos del futuro, entre ellos el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión sobre los recursos marinos.

El proceso de blindaje y expansión de las áreas protegidas abarcó la creación y fortalecimiento de parques nacionales, reservas biológicas y refugios de vida silvestre, así como la implementación de sistemas de monitoreo ecológico en ecosistemas clave como manglares, arrecifes de coral y pastos marinos.

Desde 2022, se han sumado nuevas zonas como el Refugio de Vida Silvestre Marino de Saboga y la ampliación de la Cordillera de Coiba, logros reseñados por organizaciones como Mission Blue y el propio Ministerio de Ambiente de Panamá.

La protección de más de 54% de la superficie marina nacional representa un incremento sustancial respecto a años previos. En 2021, Panamá había alcanzado el 30% de protección oceánica, cumpliendo anticipadamente el objetivo 30x30 promovido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El nuevo hito refuerza el compromiso del país con la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, según informes recientes de la ONU.

El Ministerio de Ambiente destacó que estos resultados surgen de una visión de país azul que considera al océano como un sistema fundamental para la economía, la seguridad alimentaria y la conectividad ambiental regional.

Un comunicado difundido por la institución sostiene que “el océano no es el límite de Panamá, es su mayor oportunidad”, una frase que resume el enfoque de la administración para integrar los recursos marinos en la planificación nacional.

La política de protección marina incluye el desarrollo de acciones de conservación, sensibilización comunitaria y promoción del turismo sostenible en zonas costeras y marinas.

Las autoridades ambientales han realizado jornadas de limpieza, monitoreo e investigación científica en diversas comunidades, con la participación de organizaciones comunitarias, universidades y agencias estatales.

El contexto internacional refuerza la importancia de este avance. Según la plataforma Raymarine, la protección efectiva de áreas marinas se ha convertido en una prioridad global frente a la presión sobre los recursos oceánicos y los efectos del cambio climático. La tendencia mundial apunta a acelerar la cobertura de áreas protegidas, aunque menos del 8% de los océanos del planeta cuentan con salvaguardas reales para la biodiversidad.

Marruecos ha matado este domingo en un ataque con drones al dirigente y mando militar del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz, de 37 años, hijo del histórico líder saharaui Mohamed Abdelaziz, según ha informado la organización independentista. La operación, llevada a cabo cerca del muro militar que divide el Sáhara Occidental, causó también la muerte de otros dos combatientes saharauis y se produjo en plena visita del enviado especial de la ONU para el territorio, Staffan de Mistura, a los campamentos de refugiados de Tinduf.

El Frente Polisario atribuye directamente a las Fuerzas Armadas marroquíes la acción, que considera uno de los golpes más importantes sufridos por su estructura político-militar en los últimos años. Rabat no ha confirmado por ahora la operación ni se ha pronunciado sobre las informaciones difundidas por la organización saharaui.

La muerte de Abdelaziz afecta a una de las figuras con mayor proyección dentro del movimiento independentista. Miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y comandante de la Primera Brigada de Reserva, era considerado por numerosos dirigentes saharauis como uno de los cuadros jóvenes con más peso dentro de la organización.

Ataque junto al muro militar

Según el comunicado difundido por el Frente Polisario durante la noche del domingo, Marruecos ejecutó el ataque mientras Abdelaziz dirigía operaciones militares contra posiciones marroquíes situadas en el denominado muro militar del Sáhara Occidental. La acción tuvo lugar en una zona próxima a la barrera defensiva levantada por Marruecos, que separa aproximadamente el 80% del territorio bajo control marroquí del 20% restante que permanece bajo influencia del Frente Polisario.

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada por el movimiento independentista, ha decretado tres días de luto nacional tras la muerte del dirigente saharaui y de los otros dos combatientes.

El episodio se produce en un momento especialmente sensible para el conflicto. El enviado de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, se encuentra estos días en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde mantiene contactos con responsables saharauis en un nuevo intento por reactivar las negociaciones políticas entre las partes.

La visita estaba orientada a explorar vías para recuperar el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, unas conversaciones que atraviesan una fase de bloqueo tras el recrudecimiento de las hostilidades registrado durante los últimos meses.

Escalada de tensión

La muerte de Abdelaziz llega pocas semanas después del ataque de artillería lanzado por el Frente Polisario contra una base militar marroquí situada en la zona de Esmara. A raíz de ese episodio, las perspectivas de relanzar el proceso negociador quedaron seriamente deterioradas.

El conflicto atraviesa una nueva etapa de enfrentamiento desde noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario dio por roto el alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 bajo supervisión de Naciones Unidas. Desde entonces, ambas partes intercambian periódicamente acusaciones y comunicados sobre acciones militares a lo largo del muro defensivo.

El pasado mes de mayo, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, remitió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que defendía que las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas saharauis constituían actos de legítima defensa frente a Marruecos.

Hijo del histórico líder saharaui

Lahbib Mohamed Abdelaziz pertenecía a una de las familias más influyentes dentro del nacionalismo saharaui. Era hijo de Mohamed Abdelaziz, secretario general del Frente Polisario durante cuatro décadas y presidente de la RASD hasta su fallecimiento en 2016.

Nacido en 1989 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, completó allí su formación básica antes de trasladarse a Argelia para cursar estudios universitarios de Relaciones Internacionales. Tras graduarse, ingresó en noviembre de 2011 en el Ejército de Liberación Popular Saharaui.

Su carrera militar avanzó de forma constante. En 2012 completó el curso de Fuerzas Especiales y posteriormente desempeñó diversas responsabilidades de mando. Entre 2017 y 2018 realizó formación de Estado Mayor y asumió funciones tanto operativas como administrativas dentro de las estructuras militares saharauis.

A lo largo de su trayectoria fue jefe de sección, jefe de batallón, director de la Administración General del Ministerio de Defensa y miembro del Estado Mayor General. Más tarde pasó a dirigir el área central de Formación y Desarrollo, una de las responsabilidades más relevantes dentro de la organización.

Su ascenso político se consolidó durante los últimos años. En enero de 2023 fue elegido miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, integrado por 28 dirigentes, y pasó a formar parte de la influyente Comisión de Defensa. En 2024, Brahim Gali lo nombró comandante de la brigada de reserva, una decisión interpretada entonces como una muestra de su creciente influencia dentro de la organización.

Su condición de hijo del histórico dirigente Mohamed Abdelaziz, unida a su creciente protagonismo político y militar, había reforzado su perfil dentro del Polisario en un momento caracterizado por las tensiones internas y por la persistencia del conflicto con Marruecos.

Casado y padre de tres hijos, Abdelaziz se había convertido en una de las figuras más visibles de la nueva generación de dirigentes saharauis. Su muerte en un ataque atribuido a Marruecos elimina a uno de los cuadros emergentes más relevantes del Frente Polisario y añade un nuevo elemento de tensión a un conflicto que permanece sin resolver medio siglo después de su inicio.

El soldado salvadoreño Hugo Alfredo Ortiz Grivas, integrante del contingente de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano, resultó lesionado tras un ataque armado contra la base donde presta servicio, según informó la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El incidente ocurrió en una instalación de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) el 4 de junio de 2026, donde se encuentran destacados militares de diferentes países.

De acuerdo con el comunicado oficial, Ortiz Grivas, quien forma parte del XXI contingente salvadoreño, sufrió una herida en la pierna izquierda por el impacto de un proyectil durante el ataque a la base. La Fuerza Armada de El Salvador precisó que el soldado recibió atención médica inmediata y fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de campaña. Actualmente, la condición de Ortiz Grivas es estable, según la información oficial.

El ataque no solo afectó a las fuerzas salvadoreñas. Otros dos integrantes de la fuerza internacional de mantenimiento de la paz resultaron heridos: un militar de las Fuerzas Armadas de España y otro de las Fuerzas Armadas de Serbia. El comunicado detalla que el militar serbio falleció posteriormente a causa de las lesiones sufridas.

La presencia de contingentes internacionales en Líbano responde a la misión de la ONU destinada a mantener la estabilidad y apoyar el cese de hostilidades en la región, marcada por tensiones y episodios de violencia esporádicos. La contribución de El Salvador a la FINUL comenzó en abril de 2026 con el despliegue del XXI contingente, que mantiene tareas de patrullaje, resguardo y apoyo logístico en la base de las Naciones Unidas.

La Fuerza Armada de El Salvador subrayó que tras el incidente se activaron los protocolos de emergencia y confirmó que el resto del personal salvadoreño destacado en la misión se encuentra fuera de peligro. “La condición de salud del soldado Ortiz Grivas es estable”, señala el comunicado, que también manifiesta solidaridad con los familiares de los militares afectados y con las fuerzas aliadas que sufrieron bajas en el ataque.

El ataque a la base de la ONU se produce en un contexto de renovadas tensiones en la frontera sur de Líbano, donde se registran esporádicos enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas internacionales. La misión de la FINUL permanece vigilante ante el aumento de la violencia, reforzando las medidas de seguridad para los efectivos desplegados.

La participación de El Salvador en operaciones de paz ha sido reconocida por organismos internacionales y forma parte de la política exterior y de defensa del país. Los contingentes salvadoreños han intervenido en diversos escenarios bajo mandato de la ONU, y su labor ha sido valorada por la comunidad internacional como un aporte a la estabilidad y la protección de civiles en zonas de conflicto.

Hasta el momento, la Fuerza Armada de El Salvador no ha ofrecido detalles adicionales sobre el origen del ataque ni sobre posibles cambios en la misión del contingente salvadoreño. El comunicado oficial cierra reafirmando el compromiso de las autoridades militares de mantener informada a la población sobre la evolución del estado de salud de sus efectivos y la situación en el terreno.

Un día después de que integrantes del colectivo ¡Aquí No! irrumpieran en las instalaciones de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo —lo que obligó a la empresa a suspender operaciones el viernes 6 de junio—, el movimiento opositor escaló su estrategia: este domingo convocó una marcha multitudinaria desde Los Mochis y anunció la instalación de un plantón permanente frente al proyecto.

“Contingentes de distintos sectores del municipio de Ahome —líderes sociales, ambientalistas, pescadores y habitantes de comunidades indígenas de la Bahía de Ohuira— avanzaron a pie sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo, con lonas, pancartas y camisetas con mensajes de rechazo al proyecto.” Más adelante, continuaron en vehículos hasta llegar a las instalaciones de Ocean City, donde realizaron una clausura simbólica de la planta.

“Ya no lo para nadie”

Uno de los principales voceros del movimiento, Armando Pinzón, resumió el estado de ánimo de los asistentes al señalar que la marcha es la respuesta a años de llamados ignorados por las autoridades.

“Es una respuesta de la gente al hartazgo de que no le hicieron caso. Vamos hasta las últimas consecuencias, no sé qué vaya a pasar, pero aquí está la gente”, expresó Pinzón, quien estimó una asistencia de entre mil y tres mil personas.

El activista afirmó que recientemente sostuvieron reuniones con autoridades y organismos de derechos humanos, pero que dichos acercamientos no generaron resultados favorables para los grupos opositores. Por ello, anunció que el plantón será indefinido: “Vamos a parar de una vez la planta esa”.

Un conflicto que lleva más de una década

La disputa por la planta de amoniaco en Topolobampo no es nueva. La problemática se originó desde 2013, cuando se iniciaron los trámites oficiales para el proyecto, que busca posicionar a la región como sede de la planta de amoniaco más grande de América Latina, con una producción de 2 mil 200 toneladas diarias del compuesto químico y una inversión de 860 millones de dólares.

En 2018, activistas obtuvieron amparos federales que paralizaron temporalmente la construcción por falta de consulta indígena previa, lo que obligó a la Suprema Corte a ordenar consultas en 2022; sin embargo, las comunidades acusaron fraude en el proceso al incluirse localidades ajenas al impacto ambiental directo.

“La petición en Change.org para detener el proyecto acumulaba más de 135 mil firmas.”

Lo que exigen y lo que temen

El colectivo sostiene que unas 4 mil familias de pescadores están en riesgo ante la posibilidad de que desaparezcan especies de las que dependen para su sustento, y que la nación Yoreme depende de la Bahía de Ohuira a través de la pesca, la agricultura y el turismo.

Relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre la destrucción de 21 mil metros cuadrados de bosque de manglar, además de impactos en la actividad pesquera de la región.

Por su parte, Proman GPO reiteró este fin de semana que cuenta con todas las autorizaciones requeridas, que cumple con la normativa socioambiental nacional e internacional, y que su postura es de apertura al diálogo siempre quelas manifestaciones se realicen dentro del marco legal.

¿Qué sigue?

Con el plantón instalado frente a las instalaciones de Ocean City y la presión social en aumento, el conflicto entra en una nueva fase. Los opositores anunciaron que evaluarán acciones adicionales si las autoridades no atienden sus demandas. La empresa, en tanto, no ha informado si retomará operaciones en los próximos días.

El puerto de Topolobampo, históricamente ligado a la pesca y al comercio, se convierte así en el epicentro de uno de los debates socioambientales más intensos del México de 2026.

El asesinato del periodista Cristian Herrera Mariño el 6 de junio de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, generó una ola de reacciones de organizaciones nacionales e internacionales, así como cuestionamientos sobre la protección estatal a los trabajadores de prensa.

Herrera, reconocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos y su papel como corresponsal y directivo de la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) en la región, se destacó por documentar la situación del Catatumbo, además de exponer casos de corrupción y redes criminales.

El hecho ocurrió cuando Cristian Herrera fue interceptado por un motociclista cuando iba hacia la casa de unos parientes. El agresor le disparó en repetidas veces. Pese a recibir atención hospitalaria, perdió la vida. Reportes preliminares indicaron que había sido amenazado previamente por grupos armados por su trabajo periodístico.

La noticia del crimen fue reportada inicialmente por Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), organización que denunció en la red social X que “asesinan este 6 de junio de 2026 al periodista judicial Cristian Herrera en Cúcuta en Norte de Santander”.

La corporación también hizo eco de la denuncia de Indepaz, señalando que Herrera, además de su labor informativa, ejercía liderazgo social. Según la publicación, su trabajo permitió visibilizar realidades invisibilizadas en el departamento, en especial las relacionadas con el conflicto armado y la acción de estructuras ilegales.

En su mensaje, Corpades cuestionó duramente el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP), afirmando que “la flamante UNPColombia sigue insistiendo en que no pasa nada en Colombia”. Además, criticó a algunas organizaciones no gubernamentales por guardar silencio frente a estos hechos, sugiriendo que “el lavado de manos que no falte, ellos, la UNP nunca tienen responsabilidad” y recordando que la Procuraduría General de la Nación (PGN) adelantó investigaciones sobre presuntas omisiones.

Por su parte, la oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia expresó su condena por el crimen a través de un comunicado. “Condenamos el homicidio del periodista Cristian Herrera Nariño ocurrido este sábado 6 de junio en Cúcuta”.

El organismo recordó que Herrera había reportado amenazas previas y solicitó a las autoridades competentes “investigar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen que enluta a Norte de Santander y al país”.

La ONU manifestó solidaridad con la familia, amigos y el gremio periodístico, además de solicitar garantías y protección para el ejercicio libre y seguro de la libertad de prensa.

El Gobierno nacional, mediante la Consejería Comisionada de Paz, también rechazó el asesinato y transmitió su apoyo a los allegados de Herrera y a la comunidad periodística.

En un mensaje atribuido a la Delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frente, la entidad manifestó su repudio y solidaridad tras el hecho violento.

“Exaltamos su vida, su compromiso permanente con la paz y su búsqueda con la verdad a través del ejercicio valeroso como periodista”, señaló la entidad.

El caso de la seguridad de Herrera fue objeto de debate en redes sociales, especialmente tras los señalamientos de la Red de Veedurías de Colombia Pablo Bustos en X.

La entidad planteó interrogantes sobre la actuación de la UNP respecto a la protección del periodista, cuestionando si contaba con escoltas en el momento del atentado y la razón de su ausencia.

“Seguridad del periodista asesinado Cristian Herrera Nariño en Cúcuta incluía escoltas, indicando por qué no estaban con él en el momento del atentado y si los tenía, los escoltas también deben responder por las graves omisiones de seguridad con el protegido”, publicó. También sugirió que, en caso de que estuviera acompañado, tanto los responsables de la protección como el propio periodista debían responder por la decisión de no contar con compañía durante su desplazamiento.

El homicidio de Herrera se sumó a una preocupante tendencia de ataques contra periodistas y líderes sociales en Colombia, en un contexto donde la impunidad y la falta de garantías siguen amenazando la labor informativa.

Según la entidad Indepaz, con el asesinato de Herrera Mariño, ya son 66 los líderes sociales asesinados a nivel nacional en 2026.

La oficina de la ONU para los derechos humanos en Honduras advirtió al Congreso Nacional sobre los posibles efectos del proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras en comunidades rurales, campesinas, indígenas, garífunas y negras de habla inglesa, en medio del debate legislativo sobre la iniciativa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación por el impacto que la propuesta podría tener en derechos reconocidos por instrumentos internacionales y pidió que el proyecto sea analizado para evitar afectaciones a esos sectores de la población.

Según la OACNUDH, la iniciativa podría tener implicaciones en el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades campesinas y de pueblos indígenas, garífunas y negros de habla inglesa que habitan distintas regiones del país.

Conflictos por la tierra y el territorio

Uno de los puntos señalados por la OACNUDH es la posibilidad de que la legislación tenga repercusiones en disputas por tierras y territorios, una problemática presente desde hace décadas en distintas regiones de Honduras.

La oficina indicó que algunas disposiciones podrían influir en la forma en que se desarrollan y gestionan los conflictos agrarios, en especial aquellos que involucran a comunidades que reclaman derechos históricos sobre determinadas áreas territoriales.

El organismo recordó que el acceso a la tierra es un elemento esencial para la subsistencia, la identidad cultural y el desarrollo económico de numerosas comunidades indígenas y campesinas.

Para estos sectores, la tierra no solo representa un medio de producción, sino también un componente de su historia, organización social y formas tradicionales de vida.

Riesgo para la protesta social

Otro de los aspectos incluidos en las observaciones de la OACNUDH está relacionado con la posibilidad de que la normativa contribuya a profundizar procesos de criminalización de conflictos sociales vinculados al acceso a la tierra y al territorio.

La oficina advirtió que la legislación podría generar condiciones que afecten el ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la protesta social, las huelgas, las manifestaciones y otras formas de reivindicación colectiva utilizadas por comunidades y organizaciones para expresar sus demandas.

Según el organismo, los conflictos agrarios suelen involucrar disputas complejas entre actores sociales, económicos y estatales, por lo que cualquier marco normativo debe garantizar el equilibrio entre la protección de la inversión, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos.

También recordó que distintas organizaciones nacionales e internacionales han planteado en años recientes la necesidad de abordar los conflictos de tierra mediante mecanismos de diálogo y mediación, para evitar respuestas que aumenten la confrontación entre las partes involucradas.

Compatibilidad con estándares internacionales

La OACNUDH recordó que toda iniciativa legislativa debe ser compatible con las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de derechos humanos.

En particular, enfatizó la importancia de respetar los estándares relacionados con los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las garantías vinculadas al acceso, uso y protección de tierras ancestrales.

La oficina señaló que estos principios están respaldados por diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado hondureño, que establecen obligaciones específicas para proteger a grupos históricamente vulnerables frente a decisiones que puedan afectar sus territorios o formas de vida.

También indicó que los procesos legislativos deben desarrollarse con una perspectiva de inclusión y participación efectiva de los sectores potencialmente impactados por las nuevas disposiciones legales.

Pedido de diálogo en el Congreso

Entre las recomendaciones presentadas al Congreso Nacional figura la adopción de medidas orientadas a prevenir el agravamiento de los conflictos relacionados con la tierra, el territorio y los recursos naturales.

La OACNUDH instó a las autoridades a fortalecer mecanismos de diálogo que permitan construir soluciones consensuadas entre los actores involucrados, incluidas organizaciones campesinas, comunidades indígenas, representantes del sector agroindustrial, instituciones estatales y otros sectores interesados.

António Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que la organización se encuentra en “carrera hacia la bancarrota” por la insostenible situación financiera en la que está sumida. En respuesta, el organismo redujo dotaciones de personal, así como también su presupuesto para el año 2026.

Además de la notoria crisis de legitimidad que golpea al organismo internacional, el colapso financiero surge de dos factores: el impago de cuotas por parte de varios Estados miembros y la obligación normativa de devolver fondos no utilizados, aunque estos no fueron cobrados.

Crisis financiera en la ONU: impago de tasas y cumplimiento de obligaciones normativas

La ONU cerró el año 2025 con una cifra récord de 1560 millones de dólares en cuotas impagas, más del doble que en 2024. El mayor deudor es Estados Unidos, responsable de aproximadamente el 95 % de esa deuda, de unos 2200 millones de dólares si se suman las cuotas no pagadas de 2025 y las acumuladas en los primeros meses de 2026. A EE. UU., le siguen China, Rusia, Venezuela, Brasil, Argentina, México e Irán.

De acuerdo con las normas de la ONU, las contribuciones dependen del tamaño de la economía de cada Estado miembro. Estados Unidos representa el 22 % del presupuesto central, seguido por China, con el 20 %. Sin embargo, además de no pagar sus cuotas correspondientes, Washington también recortó de manera drástica la financiación voluntaria de diferentes agencias de la ONU, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchos programas de ayuda.

A esto se suma una normativa que agrava el cuadro. La ONU está obligada a devolver en 2027 unos 1300 millones de dólares en fondos no utilizados, de los cuales casi 900 millones provienen de recortes en Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). En la práctica, la institución debe reembolsar dinero que nunca llegó a recibir en su totalidad. Guterres describió esta situación como un “ciclo kafkiano”: la organización debe devolver un dinero que no existe.

El secretario general advirtió que la ONU había enfrentado crisis financieras en el pasado, pero que la situación actual era “categóricamente diferente”. Señaló que se anunciaron formalmente decisiones de no honrar las contribuciones que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado, y que 2025 terminó con una cantidad récord sin pagar, equivalente al 77 % del total adeudado.

En ese contexto, y como parte del plan de ajuste denominado ONU80, el organismo anunció la eliminación de casi 2700 puestos de trabajo y recortes superiores al 21 % en misiones políticas especiales para el corriente año. La crisis ya es visible en su sede en Ginebra, donde se apagaron escaleras mecánicas, se colocaron carteles de advertencia y se redujo la calefacción para ahorrar energía. Los Estados miembros también acordaron recortar el presupuesto de 2026 en alrededor de un 7 %, lo que representa un presupuesto de 3450 millones de dólares.

Consecuencias y soluciones de la crisis

De no revertirse la situación, las consecuencias serían inmediatas y de alcance global. La ONU se vería obligada a cerrar temporalmente su sede principal de Nueva York en agosto si no recibe financiación suficiente en las próximas semanas. Entre las posibles consecuencias, figura la cancelación de la Asamblea General anual prevista para septiembre, en la que participan líderes de todo el mundo, además del cierre de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, encargada de responder a emergencias globales.

Como parte del ajuste estructural, la ONU también evalúa medidas que implicarían una transformación sin precedentes. La decisión de relocalizar las agencias UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres en Nairobi para finales de 2026 responde a la estrategia de eficiencia de la reforma ONU80, en un contexto en el que Estados Unidos recortó más del 90 % de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). También se evalúa la fusión en una sola agencia de las operaciones del Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados.

El trasfondo político es inseparable de la crisis. Guterres, que dejará el cargo a finales de 2026, calificó el mundo como desgarrado por “divisiones geopolíticas autodestructivas y violaciones descaradas del derecho internacional”, y denunció los “recortes generalizados en la ayuda humanitaria y al desarrollo”, en aparente referencia a las políticas de la administración de Trump. Además, Donald Trump lanzó el “Consejo de la Paz”, iniciativa que buscaría posicionarse como una organización rival de la ONU.

Ante este escenario, Guterres planteó dos caminos posibles. El primero es que los Estados morosos paguen lo adeudado. El segundo es reformar el reglamento financiero de la organización. “O todos los Estados miembros cumplen sus obligaciones de pagar íntegra y puntualmente, o bien deben revisar a fondo nuestras normas financieras para evitar un colapso financiero inminente”, mencionó el secretario general. Ese proceso requiere el acuerdo de dos tercios de la Asamblea General y la aprobación de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China.

La posible salida de Colombia de la ONU y la OEA, planteada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ha abierto un debate sobre la política exterior del país.

Según declaraciones dadas por De la Espriella, estos organismos multilaterales ofrecen un “beneficio limitado” frente a los altos costos que implican para el país, sin embargo, afirmó que, “no es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, según sus declaraciones en el programa Vélez por la Mañana.

El candidato De la Espriella justifica su propuesta alegando que los recursos destinados al pago de cuotas y compromisos internacionales de organismos como la ONU y la OEA podrían ser mejor empleados en el fortalecimiento de programas sociales y necesidades internas.

Los motivos de la propuesta para que Colombia salga de la ONU y la OEA

Durante la entrevista, De la Espriella subrayó que la permanencia de Colombia en la ONU y la OEA será objeto de revisión en caso de llegar a la presidencia. La propuesta forma parte de una estrategia de simplificación del Estado y reducción del gasto público.

“Yo para tomar decisiones hago lo siguiente: ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Qué produce esto? Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo seriamente porque, a ver, ¿cuáles son las ventajas que tiene estar en un organismo como ese?, que eso volvió pura burocracia, pura politiquería y habladera de paja... Lo que no le produzca a Colombia, claro que por supuesto lo vamos a eliminar. Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Vamos a revisarlo”, explicó el candidato presidencial.

Aunque reconoció que la Constitución no prohíbe una eventual retirada de estos organismos, considera que la prioridad nacional debe estar en fortalecer la inversión interna y destinar menos dinero a contribuciones internacionales.

El aspirante no detalló los procedimientos específicos para una posible retirada ni aclaró con qué “organismos internacionales” Colombia mantendría vínculos, limitándose a reiterar la necesidad de optimizar recursos públicos.

Finalmente, sobre el tema, Abelardo De la Espriella opinó que “La verdad es que ni la ONU ni la OEA me gustan. Eso, ¿de qué ha servido a Colombia? Eso, eso es un directorio ahí político de la izquierda donde mandan una gente aquí de Colombia para que se jubile allá. Habla paja. ¿Eso qué le produce? Yo con esa plata puedo cambiarle la vida a muchos colombianos".

Hasta el momento, De la Espriella no ha presentado alternativas sobre la manera de sostener la interlocución global o cuáles alianzas reemplazarían los vínculos actuales.

La encuesta de CB Global Data da como ganador a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Abelardo de la Espriella aparece como ganador de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia, según una encuesta de CB Global Data, un escenario que lo ubica por delante de Iván Cepeda Castro tanto en intención inmediata de voto como en potencial electoral.

La medición, realizada entre el 1 y 4 de junio de 2026, indica que De la Espriella reúne un respaldo firme de 46,7% entre quienes aseguran que definitivamente votarían por él, mientras que otro 5,2% lo considera una opción posible, según CB Global Data. En el caso de Iván Cepeda, el apoyo definitivo llega a 41,9% y el respaldo probable a 5,9%.

Ese cruce de apoyos y dudas deja al candidato de Defensores de la Patria con un potencial electoral de 51,9%, frente al 47,8% del aspirante del Pacto Histórico, de acuerdo con la encuesta citada.

La diferencia también aparece cuando se pregunta por el voto de rechazo: 46,3% dice que no votaría bajo ninguna circunstancia por De la Espriella y 50,4% afirma que nunca apoyaría a Cepeda.

La advertencia se apoya en antecedentes recientes y en un análisis de impactos que abarcan múltiples continentes. Según el informe de la ONU, el fenómeno traerá condiciones cálidas y secas en partes de Sudamérica, el sudeste asiático y Australia, con una probabilidad elevada de sequías e incendios forestales. En paralelo, se anticipan lluvias intensas que incrementarían el riesgo de inundaciones en regiones como el sur de Estados Unidos y partes del Cuerno de África. Por otro lado, la preocupación central radica en la producción de alimentos y las pérdidas económicas a escala global.

Impacto económico: estimaciones de pérdidas diarias y sectores afectados

Las estimaciones económicas citadas por la ONU son contundentes. Las pérdidas diarias proyectadas por El Niño alcanzarían los USD 86 millones en siete regiones analizadas, con la manufactura como el sector más golpeado, seguido por comercio, agricultura y transporte. El reporte detalla que la manufactura registraría pérdidas de USD 33 millones diarios, el comercio USD 22 millones, la agricultura USD 19 millones y el transporte USD 12 millones.

El fenómeno no solo afecta los ciclos climáticos, sino que interrumpe cadenas productivas enteras. Sectores como la agricultura y la pesca, fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria de países como Perú, enfrentan riesgos directos. Las consecuencias incluyen la reducción de ingresos, daños en cultivos, aislamiento de territorios y alteraciones en las exportaciones.

Perú: antecedentes recientes y vulnerabilidad territorial

El antecedente de 2023 en Perú ya ofrece una escala del problema. Durante ese año, 138 distritos fueron declarados en emergencia por el fenómeno de La Niña, de los cuales 65 correspondieron a Cajamarca, 28 a Lima y 13 a Amazonas. Otras regiones afectadas incluyeron Áncash, La Libertad, Apurímac, Callao, Ayacucho, Ica, Pasco y Huancavelica. Lima, con cerca de un tercio de la población nacional, representa un foco de atención especial para las autoridades.

La distribución territorial del riesgo muestra la complejidad de la respuesta estatal. Las autoridades deben coordinar acciones entre gobiernos locales, provinciales, regionales y el Ejecutivo nacional. La necesidad de definir liderazgos claros y preparar recursos para obras, maquinaria, medicinas y sistemas de potabilización de agua aparece como una prioridad urgente.

Agricultura y pesca: cultivos sensibles y riesgos en la cadena alimentaria

El informe de la ONU menciona cultivos particularmente sensibles a las variaciones climáticas, entre ellos espárragos, mangos, paltas, limones y arándanos. Además, los productores de arroz enfrentan desafíos adicionales asociados al costo de los fertilizantes, dificultades de comercialización y sobreproducción. El fenómeno de El Niño amenaza con profundizar estas dificultades y extender sus efectos tanto a familias como a las exportaciones nacionales.

La amenaza tampoco se limita al agro. El aumento en la temperatura del mar desplaza especies hacia aguas más frías, afectando la actividad pesquera. La ONU advierte sobre posibles extensiones o cambios en las vedas, lo que podría alterar la temporada de reproducción y la actividad extractiva, una situación que impacta de manera significativa en la economía de Perú.

Previsión y respuesta: el reto de la coordinación estatal

Frente a este escenario, la ONU subraya la importancia de tomar los reportes trimestrales como alertas tempranas para anticipar planes de respuesta. Las recomendaciones incluyen el almacenamiento de alimentos de conservación prolongada, como granos, y la evaluación de cultivos alternativos en zonas expuestas tanto a exceso de lluvia como a sequía.

El informe también contempla la revisión de títulos de propiedad en zonas de alto riesgo, en vista de la reiterada pérdida de bienes y vidas humanas. Según el organismo internacional, “aunque el fenómeno no puede evitarse, sí puede mitigarse si la gestión estatal comienza antes del impacto”. La prevención debe incluir tanto la preparación de infraestructuras como la planificación sanitaria.

Salud pública y desafíos sociales post-El Niño

En el plano sanitario, la amenaza de El Niño se traduce en la posibilidad de brotes de enfermedades vinculadas a inundaciones y sequías. El oriente peruano, ya enfrenta problemas recurrentes como el dengue, que podrían agravarse tras el paso del fenómeno. La coordinación de campañas de vacunación y la provisión de medicamentos constituyen otros frentes de preparación.

El impacto social y económico de El Niño, advierte la ONU, trasciende las pérdidas materiales inmediatas. La alteración de la producción de alimentos, la reducción de ingresos y el riesgo sanitario configuran un panorama que exige respuestas diferenciadas según el territorio. El reto, de acuerdo al informe, reside en anticipar los efectos y activar mecanismos de gestión antes de que el fenómeno alcance su máxima intensidad.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió este jueves que no puede inspeccionar las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la guerra y que mantiene “serias dudas” sobre la posible presencia de material y actividades nucleares no declarados en Irán, según un informe confidencial remitido a los Estados miembros del organismo. El director general, Rafael Grossi, reclamó a Teherán que vuelva a permitir el ingreso de sus inspectores a todas las instalaciones atómicas del país.

El reporte, el primero sobre el programa nuclear iraní desde febrero, llega en medio de la guerra iniciada el 28 de febrero de este año, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una nueva ofensiva aérea contra instalaciones atómicas iraníes con el objetivo declarado de impedir que la república islámica desarrolle un arma nuclear. Pese a tres meses de bombardeos, el documento muestra escasos cambios respecto del informe previo, elaborado un día antes del inicio de la campaña militar.

“El OIEA no está en la posición de asegurar que el programa nuclear de Irán es exclusivamente pacífico mientras permanezcan sin aclararse una serie de asuntos, como el destino de material nuclear y actividades nucleares no declaradas”, señala el director general del organismo, Rafael Grossi, en el documento.

Grossi reconoce que los bombardeos estadounidenses e israelíes de este año, sumados a los del año pasado, han generado situaciones “sin precedentes”, pero subraya que los compromisos de Teherán con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) siguen vigentes y que su implementación “no puede ser suspendida por Irán bajo ninguna circunstancia”. Por eso, considera “indispensable y urgente” restablecer la cooperación, interrumpida a fines de junio de 2025 tras la llamada “guerra de doce días”.

Sin rastro de las reservas de uranio enriquecido

El organismo con sede en Viena reconoció que no puede proporcionar información sobre el tamaño actual, la composición ni el paradero de las existencias de uranio enriquecido en Irán, ni verificar si Teherán ha reanudado las actividades de enriquecimiento.

En particular, no hay datos sobre el destino de los 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60% de pureza que mantenía la república islámica, un nivel a un paso técnico del 90% necesario para fabricar armas atómicas. En una entrevista reciente con The Associated Press, Grossi había advertido que esa reserva, en caso de ser militarizada, podría alcanzar para construir hasta diez bombas nucleares, aunque aclaró que ello no significa que Irán cuente con un arma.

Según las directrices del propio OIEA, el material altamente enriquecido debería verificarse mensualmente. La falta de acceso para corroborar el uranio previamente declarado “durante casi un año” es calificada en el informe como una “cuestión de preocupación en materia de proliferación” y como un incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias del TNP. El organismo advirtió además que esa demora deriva en la pérdida de la llamada “continuidad del conocimiento” sobre los materiales.

La única instalación inspeccionada desde el reporte de febrero fue la planta nuclear de Bushehr, visitada entre el 1 y el 3 de junio, en los días previos a la difusión del informe. El reactor, que pese a haber sufrido ataques en marzo y abril continúa en funcionamiento, opera con uranio de origen ruso enriquecido al 4,5% —un nivel bajo destinado a la generación eléctrica— bajo un acuerdo de cooperación con Moscú que exige verificaciones periódicas del OIEA.

Daños documentados y negociaciones en curso

El OIEA constató, mediante imágenes satelitales comerciales, daños en varias instalaciones tras los ataques recientes. El 3 de marzo se registraron daños en el acceso a la planta de enriquecimiento de Natanz, que volvió a ser atacada el 12 y el 21 de marzo. La planta de Bushehr fue blanco el 4, 17 y 24 de marzo y el 27 de abril, con daños observados en una estructura ubicada a unos 350 metros del reactor. El 29 de marzo, las imágenes revelaron “daños severos” en la planta de producción de agua pesada de Khondab, atacada dos días antes.

El informe se conoce en medio de una nueva escalada regional. Drones iraníes dañaron gravemente el miércoles una terminal de pasajeros del principal aeropuerto de Kuwait, dejaron un muerto y decenas de heridos y obligaron al cierre temporal del aeródromo, en el marco de un frágil alto el fuego puesto a prueba por los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos.

La Junta de Gobernadores del OIEA, su órgano ejecutivo de 35 países, se reúne la semana próxima en una sesión nuevamente centrada en el expediente iraní. Grossi reiteró en el informe su “pleno apoyo” a las negociaciones en curso entre Washington y Teherán y su disposición a respaldar un eventual acuerdo.

Las conversaciones, que ya se extienden por semanas, están enfocadas en un pacto preliminar que dejaría las cuestiones nucleares para una etapa posterior, mientras la guerra entra en su cuarto mes y se ve tensionada por la ofensiva ampliada de Israel contra Hezbollah en Líbano. Irán mantiene su control sobre el estrecho de Ormuz y Estados Unidos sostiene el bloqueo a los puertos iraníes, con precios globales de los combustibles aún elevados.

(Con información de EFE, AP y Reuters)

El Gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, expresó su solidaridad con ambos países, sus condolencias a las familias de las víctimas y su preocupación por las consecuencias humanas y materiales.

La administración hondureña difundió su posición oficial en medio de llamados de distintos gobiernos a la moderación ante el riesgo de una escalada en Oriente Medio.

“La República de Honduras expresa su firme condena a los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin, que han puesto en riesgo la vida y la seguridad de la población civil de ambos países”, señaló el Gobierno en su posicionamiento oficial.

Además de condenar los ataques, el Gobierno hondureño reiteró principios de su política exterior vinculados con el respeto a la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias.

Postura de Honduras

Las autoridades señalaron que la enfrenta el desafío de evitar una nueva escalada de violencia en una región que durante décadas ha sido escenario de conflictos políticos, militares y religiosos con repercusiones globales.

Para Honduras, la preservación de la paz y la estabilidad internacional requiere el fortalecimiento de los mecanismos diplomáticos y del diálogo entre las partes involucradas.

En ese sentido, el comunicado oficial hizo un llamado urgente a la contención e instó a todos los actores a actuar con prudencia para evitar decisiones que puedan incrementar las hostilidades o ampliar el alcance del conflicto.

Preocupación por una escalada regional

Los hechos ocurridos en Kuwait y Bahréin generaron preocupación entre gobiernos, organismos multilaterales y analistas internacionales por el delicado equilibrio político existente en Oriente Medio.

La región concentra intereses estratégicos vinculados con el comercio mundial, las rutas energéticas y la seguridad internacional, por lo que cualquier episodio de confrontación suele ser seguido con atención por la comunidad global.

Aunque Honduras se encuentra geográficamente distante del escenario del conflicto, la Cancillería considera que la paz y la seguridad internacionales son responsabilidades compartidas y que hechos de esta naturaleza requieren una respuesta firme en defensa de los principios establecidos por el derecho internacional.

Carta de las Naciones Unidas

Uno de los puntos del pronunciamiento hondureño fue la reafirmación de su compromiso con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El Gobierno recordó que la convivencia pacífica entre las naciones debe sustentarse en el respeto mutuo, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones negociadas ante cualquier controversia.

También reiteró que el uso de la fuerza y las acciones que ponen en peligro a la población civil deben evitarse mediante el fortalecimiento de los canales diplomáticos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados.

El mensaje de Honduras incluyó una expresión de solidaridad hacia Kuwait y Bahréin, cuyos gobiernos atraviesan momentos de incertidumbre tras los recientes acontecimientos.

Las autoridades hondureñas señalaron que comparten el dolor de las familias afectadas por la violencia y reiteraron su respaldo a las acciones encaminadas a proteger a la población civil y restablecer las condiciones de seguridad.

El pronunciamiento también reflejó la preocupación por las consecuencias humanitarias que suelen derivarse de los conflictos armados, especialmente cuando impactan zonas urbanas o infraestructura esencial para el funcionamiento de los servicios públicos.

Más de 135 mil personas firmaron para detenerlo. La ONU envió cartas de alerta a tres gobiernos. Una delegación indígena viajó a Berlín a exigir que el dinero alemán no financie lo que describen como la destrucción de su territorio. Y este jueves 4 de junio, las comunidades de Topolobampo, Sinaloa convocan a manifestarse frente a la Embajada de Alemania en Ciudad de México: así luce la resistencia al proyecto de planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que desde el 26 de mayo comenzó a instalar infraestructura en la zona sin que las controversias legales y sociales hayan sido resueltas.

¿Qué ocurre en Topolobampo?

El pasado 26 de mayo comenzó el arribo al puerto de infraestructura destinada a la planta de amoniaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). Habitantes de Topolobampo y la Bahía de Ohuira denunciaron también cortes de energía eléctrica y la presunta falta de información sobre las maniobras realizadas en la zona.

Integrantes de comunidades indígenas de la zona norte de Sinaloa se manifestaron el sábado 30 de mayo en el acceso al puerto para reiterar su rechazo al proyecto, que se desarrolla en el entorno de la Bahía de Ohuira, área vinculada al sistema lagunar reconocido como sitio Ramsar.

El proyecto: ¿Quién lo financia y para qué?

El proyecto es posible en gran medida gracias al banco alemán KfW IPEX-Bank, que coordina un consorcio bancario para préstamos por un total de 860 millones de dólares y actúa como financiador principal de GPO, filial de la compañía suizo-alemana Proman AG, con sede también en Düsseldorf.

La planta, que se perfila como la más grande de amoniaco en América Latina, produciría 2 mil 200 toneladas diarias del compuesto químico utilizado por la industria agrícola, farmacéutica y energética.

¿Cuáles son las propuestas para frenarlo?

La oposición al proyecto no se limita a marchas locales. Las comunidades y organizaciones han desplegado una estrategia en múltiples frentes:

• Change.org: Hasta el 1 de junio de 2026, la petición “Detener la planta de amoniaco GPO en Topolobampo” acumulaba 135 mil 319 firmas.
• Queja ante KfW: En marzo de 2026, una delegación del colectivo “¡Aquí No!” viajó a Berlín con el objetivo de impedir la finalización del proyecto, argumentando que con dinero alemán no debe financiarse la destrucción ambiental en la Bahía de Ohuira.
• ONU: Nueve relatorías especiales de las Naciones Unidas enviaron cartas al gobierno mexicano, a GPO, a KfW IPEX-Bank y a los gobiernos de Alemania y Suiza, expresando preocupación por las graves afectaciones que tendría el proyecto sobre el medio ambiente, los medios de subsistencia de la población, su salud y el cambio climático.
• Denuncia ante Profepa: La denuncia ciudadana apunta a que el proyecto contraviene disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

La marcha del jueves en la Embajada de Alemania

La comunidad de Topolobampo, integrada por indígenas Mayo-Yoreme y defensores ambientales, convoca a una manifestación este jueves 4 de junio a las 20:00 horas frente a la Embajada de Alemania en Ciudad de México, en el marco de la visita a México del ministro de Relaciones Exteriores alemán.

Las demandas centrales de la movilización son tres: la suspensión inmediata de permisos y construcción; sanciones por actividades presuntamente ilegales ya realizadas en la zona; y el retiro del financiamiento del banco KfW por no cumplir con principios de consulta previa e informada. Se invita a los asistentes a llevar una foto, dibujo o símbolo que represente algún elemento del ecosistema de la Bahía de Ohuira.

Qué dicen las partes

El colectivo “¡Aquí No!” sostiene que GPO reconoce en su propia Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) que la planta succionará más de 2 mil metros cúbicos de agua de mar por hora y que al retornarla aumentaría la temperatura en tres grados, con consecuencias para la vida marina; además de proyectar la destrucción del 60% de la producción de camarón en la bahía.

Por su parte, GPO afirma en su sitio web que el proyecto no afecta los servicios ecosistémicos del sitio y que implementa programas de conservación para manglares, delfines, tortugas, aves y flora acuática. La empresa señala que el área donde se construye ya estaba desarrollada sin vegetación ni fauna, según verificación de la Semarnat.

Hasta mayo de 2026, la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue validada por un juzgado federal en 2023; sin embargo, persisten controversias legales y sociales, y no existe una resolución judicial firme que haya detenido el proyecto.

Un miembro serbio de las fuerzas de paz de la ONU en Líbano falleció este jueves a causa de las heridas sufridas cuando varios proyectiles de mortero impactaron en su posición, cerca de Marjayoun, en el sureste de Líbano, a última hora de la noche del miércoles, según informó la misión de paz de la ONU en el país, la FINUL.

La FINUL, que no reveló el origen de los proyectiles, señaló que otros dos miembros de las fuerzas de paz resultaron heridos y que se había abierto una investigación sobre el incidente.

Los dos cascos azules afectados son españoles y han recibido heridas leves a consecuencia de la caída de morteros en la posición donde se encontraban en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del Líbano, donde se causó la muerte de otro soldado de la misión de paz de la ONU (FINUL), de nacionalidad serbia.

Los dos militares españoles, que forman parte del contingente de alrededor de 650 militares desplegados en el sector este, sufrieron contusiones en el incidente, que tuvo lugar anoche, han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

El fallecido también había resultado herido de gravedad tras lo que fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde murió, según ha informado la FINUL.

Los cascos azules españoles heridos fueron atendidos en una base de la misión.

Por la mañana del mismo día se había producido una explosión cerca de la base donde están desplegados los militares españoles y la onda expansiva afectó a unos tejados, sin que se produjeran daños personales.

El Ministerio de Defensa ha publicado un mensaje en X en el que traslada todo el apoyo a los militares españoles tras el ataque, así como su solidaridad con el contingente serbio.

También la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha manifestado en un comunicado el apoyo a los compañeros heridos, a los que ha deseado una pronta recuperación.

Las Fuerzas Armadas españolas se encuentran desplegadas en Líbano desde septiembre de 2006 y el grueso del contingente está integrado en la operación Libre Hidalgo, que se encuentra en la base ‘Miguel de Cervantes’, cerca de Marjayoun, donde está el Cuartel General del sector este, liderado por España.

También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

Desde el inicio de la misión han muerto 15 cascos azules españoles.

(Con información de Reuters y EFE)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó a las empresas especializadas en inteligencia artificial (IA) a publicar información detallada sobre su huella ambiental y pidió a los gobiernos que exijan reportes estandarizados sobre el impacto de esta tecnología en el consumo de energía, agua y suelo.

La recomendación figura en el informe “Costo ambiental del consumo energético de la IA: huellas de carbono, agua y tierras”, difundido el miércoles por Naciones Unidas. El documento advierte que el rápido crecimiento de la industria de la inteligencia artificial podría generar una presión cada vez mayor sobre las redes eléctricas, los recursos hídricos y la disponibilidad de terrenos destinados a centros de datos.

“Lo que mostramos aquí probablemente sea solo la punta del iceberg”, declaró a la AFP Kaveh Madani, director del Instituto Universitario de Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH). El funcionario sostuvo que existe una falta de información sobre los efectos ambientales de la industria y reclamó una mayor apertura por parte de las empresas. “Debemos exigir más transparencia. Los proveedores deben proporcionar esta información”, afirmó.

Según el informe, el mercado mundial de la inteligencia artificial experimentará una fuerte expansión durante la próxima década. Naciones Unidas estima que el sector pasará de un valor de 189.000 millones de dólares en 2023 a 4,8 billones de dólares en 2033.

El crecimiento previsto implica una demanda creciente de infraestructura tecnológica. Los centros de datos, instalaciones que albergan los servidores necesarios para operar sistemas de IA y otros servicios digitales, consumieron 448 teravatios-hora (TWh) de electricidad en 2025.

El estudio señala que, si ese nivel de consumo correspondiera a un país, ocuparía el undécimo lugar a nivel mundial, inmediatamente detrás de Francia, que registró un consumo de 468 TWh.

Las proyecciones de Naciones Unidas indican que para 2030 el consumo eléctrico de estos centros podría alcanzar aproximadamente 945 TWh. De concretarse ese escenario, las emisiones asociadas llegarían a unas 399 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

Como referencia, el informe indica que las emisiones netas del Reino Unido alcanzaron 367 millones de toneladas en 2025.

El documento también pone el foco en el uso intensivo de agua que requiere la infraestructura tecnológica. Según las estimaciones presentadas, el consumo hídrico de los centros de datos podría alcanzar los 9,3 billones de litros para 2030. La cifra equivale a las necesidades anuales de agua de toda la población del África subsahariana, de acuerdo con el informe.

Además, Naciones Unidas calcula que la superficie total ocupada por los centros de datos podría superar en más de 18 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York.

El informe dedica un apartado específico al impacto de los servicios de inteligencia artificial generativa. Según sus estimaciones, solo ChatGPT podría procesar alrededor de 2.500 millones de solicitudes por día. Esa actividad representaría cerca de 383 gigavatios-hora (GWh) de electricidad al año, una cantidad suficiente para cubrir el consumo anual de casi tres millones de personas en África subsahariana.

Los investigadores también advierten que no todas las aplicaciones de IA generan la misma demanda energética. Entre las más intensivas figuran los sistemas de generación de video, cuyos requerimientos eléctricos pueden superar ampliamente a los de otras herramientas.

“Los videos generados por IA son los más voraces”, señala el informe, que añade que un video corto puede consumir tanta electricidad como cientos de imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Naciones Unidas también alerta sobre una distribución desigual de los costos ambientales asociados a esta industria. Aunque la mayoría de los centros de datos especializados en IA se concentra en Estados Unidos, China y la Unión Europea, buena parte de las consecuencias derivadas de la extracción de minerales y del tratamiento de residuos afecta a países en desarrollo.

Madani subrayó que el objetivo del informe no es cuestionar la utilidad de la inteligencia artificial. “No es un informe anti-IA”, afirmó.

El director de UNU-INWEH agregó que la intención es anticipar los efectos de la expansión tecnológica. “Simplemente decimos que debemos supervisar de manera proactiva sus impactos para poder mitigarlos, para poder controlarlos antes de que sea demasiado tarde”, sostuvo.

Entre las recomendaciones incluidas en el documento figura la necesidad de que las empresas tecnológicas “hagan visible lo invisible” mediante la publicación de datos sobre la huella energética y ambiental tanto del entrenamiento de los modelos como de la generación de respuestas para los usuarios.

Asimismo, la ONU propone que los gobiernos incorporen la creciente demanda de inteligencia artificial en sus planes energéticos y que los centros de datos se instalen lejos de regiones que enfrentan escasez de agua.

El informe también plantea cambios de hábitos por parte de los usuarios. Sus autores recomiendan evitar el uso de herramientas de inteligencia artificial para tareas que pueden resolverse mediante tecnologías convencionales.

Según el estudio, una búsqueda en internet asistida por IA puede consumir hasta diez veces más energía que una búsqueda tradicional.

“¿Necesita ChatGPT para encontrar una receta?”, planteó Miriam Aczel, investigadora de la UNU-INWEH. La especialista sostuvo que decisiones simples por parte de los usuarios pueden contribuir a disminuir el impacto ambiental asociado a estas tecnologías. Muchos cambios de comportamiento sencillos pueden “reducir la huella ecológica”, declaró a la AFP.

(Con información de AFP)

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó al Consejo de Seguridad tres opciones para mantener la vigilancia militar y apoyar la aplicación de la resolución que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, ante la finalización prevista de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano el próximo 31 de diciembre.

Las tres alternativas contemplan la continuidad de la supervisión militar de la ONU en la frontera entre Israel y el Líbano, el respaldo a las Fuerzas Armadas Libanesas en su despliegue por todo el territorio y el fortalecimiento de los esfuerzos políticos destinados a poner fin a las hostilidades entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, apoyado por Irán.

La propuesta surge después de que el Consejo de Seguridad aprobara por unanimidad en agosto de 2025 el cierre de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), una decisión impulsada por Estados Unidos e Israel. En esa resolución, el organismo solicitó a Guterres que presentara alternativas para aplicar la resolución adoptada en 2006 tras la guerra de un mes entre Israel y Hezbollah.

La resolución de 2006 establece el desarme de Hezbollah, la retirada de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés como única fuerza militar en todo el país. Según el informe remitido por el secretario general, ninguno de esos objetivos se concretó.

En una carta enviada el lunes al Consejo de Seguridad, Guterres sostuvo que las reiteradas confrontaciones entre Israel y Hezbollah ponen de manifiesto la necesidad de aplicar plenamente la resolución.

“Las hostilidades recurrentes entre Israel y Hezbollah demuestran la imperiosa necesidad de aplicar” la resolución de 2006, señaló el secretario general, quien la definió como el marco establecido para alcanzar la paz.

Guterres destacó además la importancia de mantener la vigilancia sobre la llamada Línea Azul, la demarcación establecida por las Naciones Unidas entre Israel y el Líbano. Según explicó, en cualquiera de los escenarios planteados, “sería necesaria una presencia uniformada de las Naciones Unidas que trabajara para facilitar la desescalada, el diálogo, el enlace y la coordinación, así como el apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas”.

El funcionario indicó que ese componente militar actuaría de forma complementaria al coordinador especial de la ONU para el Líbano, quien continuaría al frente de las gestiones diplomáticas y políticas para implementar la resolución de 2006.

Las tres propuestas difieren principalmente en el tamaño de la futura presencia militar de la ONU. Guterres planteó fuerzas con efectivos que oscilan entre 5.525 y 1.980 integrantes. Algunas de las opciones incluyen observadores militares desarmados.

El secretario general señaló que la alternativa con mayor número de efectivos ofrecería una capacidad superior para supervisar la situación sobre el terreno. Según escribió en su informe, la fuerza más numerosa podría “observar con mayor credibilidad los acontecimientos a lo largo de la Línea Azul”.

La UNIFIL mantuvo durante décadas una presencia permanente en el sur del Líbano, una región considerada bastión de Hezbollah. Sus efectivos desempeñaron tareas de observación, enlace y supervisión de la situación de seguridad en una de las fronteras más sensibles de Medio Oriente.

La misión también sufrió bajas durante los últimos meses. De acuerdo con la información presentada por Naciones Unidas, seis integrantes de los cascos azules murieron en ese período.

La decisión sobre el futuro mecanismo de supervisión ahora queda en manos de los quince miembros del Consejo de Seguridad. El organismo deberá elegir una de las opciones propuestas por Guterres antes de la expiración formal del mandato de la UNIFIL a fines de diciembre.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, informó el martes que el secretario general espera una definición rápida por parte del Consejo de Seguridad para garantizar la continuidad de las tareas de supervisión y apoyo previstas en la frontera entre Israel y el Líbano.

(Con información de AP)

"Somos en este momento testigos de cómo se reconstituye el reconocimiento internacional de Venezuela en Europa, la matriz de aislamiento se desmorona, estamos dando pasos a una era de respeto mutuo y a una diplomacia de alto nivel", señaló la diputada chavista Azucena Jaspe, en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.

La legisladora sostuvo que Moncada es un "académico riguroso" que se desempeñó como embajador ante la ONU entre 2017 y 2026, además de canciller de Venezuela, viceministro para Europa, para Asia, embajador en Reino Unido e Irlanda del Norte y en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Jaspe indicó que el diplomático fue un vocero "lúcido, firme" en la ONU al denunciar "el bloqueo criminal, la campaña de desinformación y la amenaza" contra Venezuela.

Así mismo, dijo que su labor en Francia buscará "revivir" los convenios marco de cooperación, "rescatando los lazos históricos de beneficio mutuo, bajo el principio de igualdad jurídica y de los Estados".

En abril pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó la liberación del ciudadano francés Julien Février, tras quince meses de detención en Venezuela por motivos políticos.

Su puesta en libertad se produjo en medio de un proceso gradual de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela impulsado tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos.

Ese mismo mes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con la líder opositora venezolana María Corina Machado, con la que habló de la "importancia" de llevar a cabo una "transición democrática" en el país latinoamericano.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió una investigación imparcial, rápida y efectiva sobre la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena miskito encarcelado en Nicaragua, y cuestionó las condiciones en las que ocurrió su deceso bajo custodia estatal.

Brooklyn Rivera, de 73 años, murió bajo detención tras pasar meses en prisión desde su regreso clandestino al país en 2023, y el régimen nicaragüense atribuyó su muerte a complicaciones por una infección bacteriana posterior a haber contraído COVID-19. Según esa versión, el exdiputado padecía problemas de salud preexistentes y en su etapa final permaneció con respirador mecánico tras una falla multiorgánica.

El deceso del exdiputado y presidente del disuelto partido Yatama ocurrió pocos días después de la difusión de imágenes que mostraron su deteriorado estado físico en un hospital de Managua. Las fotografías generaron indignación entre organizaciones de derechos humanos y familiares, que denunciaron la falta de información sobre su paradero y la atención médica recibida.

La familia sostuvo que Rivera estaba en buen estado de salud al momento de su arresto en septiembre de 2023 y responsabilizó al régimen por el deterioro físico que presentó en prisión. Su hija, Tininiska Rivera, reclamó que los restos sean entregados para que la familia pueda rendirle homenaje según las tradiciones miskitas.

Diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sumaron a los pedidos de esclarecimiento ante denuncias de desaparición forzada y detención arbitraria. La portavoz de la ONU, Marta Hurtado, insistió en que las circunstancias de la muerte de Rivera siguen sin esclarecerse porque las autoridades mantuvieron oculto su paradero y se negaron a informar sobre su situación hasta cuatro días antes del anuncio oficial de su muerte.

Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, afirmó que la muerte de Rivera simbolizó el desmantelamiento de la autonomía indígena en el país y reflejó el patrón de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Desde 2018, la ONU documentó 124 casos de detención arbitraria de líderes indígenas y al menos 46 muertes violentas en la costa caribeña. La oficina de derechos humanos de la ONU registró otras tres muertes bajo custodia desde agosto de 2023, aparentemente vinculadas con malas condiciones de detención y atención médica insuficiente.

Rivera integró la resistencia contra el primer gobierno sandinista en la década de 1980, y su partido, Yatama, fue aliado político de Ortega tras el regreso del sandinismo al poder en 2007. La relación se fracturó por disputas vinculadas al respeto de los derechos y tierras indígenas.

En 2023, el régimen prohibió al partido Yatama participar en elecciones y negó la entrada al país a Rivera luego de que participara en un foro internacional sobre cuestiones indígenas. Rivera regresó clandestinamente y fue detenido en septiembre de ese año. Ese periodo de incomunicación fue calificado por la ONU como desaparición forzada.

La muerte de Rivera se produjo en un contexto de represión contra la disidencia. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó 47 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, con 11 sometidas a desaparición forzada.

Tras las protestas de 2018, cientos de personas siguieron encarceladas por motivos políticos. Muchas fueron liberadas y expulsadas del país en años posteriores hacia Estados Unidos o Guatemala.

La familia de Rivera y representantes de comunidades indígenas reiteraron el reclamo para que el cuerpo del líder miskito sea entregado y se realice una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte. Sostuvieron que la versión oficial no resultó creíble y denunciaron que el trato recibido por Rivera en prisión formó parte de una estrategia de persecución contra defensores de los derechos indígenas y la autonomía territorial.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, exigió al régimen nicaragüense que restablezca el acceso de la oficina de derechos humanos de la ONU al país, especialmente a los centros de detención, y reiteró la necesidad de prevenir la repetición de violaciones graves a los derechos fundamentales de líderes sociales, opositores y representantes de pueblos originarios.

(Con información de AP y EFE)

La ONU informó avances en Perú durante 2025 en acceso a salud, educación y protección social, según el informe anual del Sistema de las Naciones Unidas en el país. El documento reportó acciones con autoridades nacionales para ampliar servicios esenciales e incluir a poblaciones vulnerables.

Uno de los resultados fue la mejora potencial del acceso a atención primaria de la salud para más de seis millones de niñas y niños. El informe incluyó una reducción constante de la anemia infantil en las regiones más afectadas, el impulso de la reforma de la alimentación escolar y el fortalecimiento de los sistemas de salud sexual y reproductiva en zonas amazónicas e indígenas.

También señaló que se promovió un sistema de protección social más inclusivo, que ahora abarca a personas migrantes, refugiadas y comunidades rurales en situación de vulnerabilidad.

Educación, migración y diplomacia multilateral

En educación, ONU-Perú informó que más de 260.000 estudiantes accedieron a entornos libres de violencia y recibieron herramientas para continuar sus estudios. El organismo respaldó la creación de más de 44.000 equipos del Servicio de Apoyo Educativo en todo el país y mejoró el acceso de personas con discapacidad a la educación técnico-productiva, especialmente en Callao y Trujillo.

El informe también indicó que Perú mantuvo su papel en la diplomacia multilateral. Lima fue sede del XXIV Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, donde se reafirmó el compromiso regional con el derecho a un ambiente sano y una transición justa.

Además, el Sistema de la ONU siguió brindando apoyo integral a personas refugiadas y migrantes, en concordancia con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y fortaleció la integración de estas poblaciones en los sistemas nacionales.

Gestión pública, discapacidad e igualdad de género

En gestión pública, la ONU acompañó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la realización de los Censos Nacionales 2025, que por primera vez incorporaron tecnología digital. También respaldó la formación de 2.400 funcionarios de entidades nacionales y gobiernos regionales para mejorar la calidad del gasto y la rendición de cuentas, además de integrar los derechos humanos en las políticas de 12 empresas estatales.

El informe señaló la inclusión de la discapacidad como eje prioritario, con la participación de más de 20 organizaciones que desarrollaron herramientas para una educación más accesible. En igualdad de género, el hito Beijing+30 reactivó los compromisos del país, y la ONU acompañó la agenda por los derechos de las mujeres y la promoción de espacios seguros e inclusivos, especialmente en educación y deporte.

Financiamiento, voluntariado y actividades por el aniversario

En el plano financiero, la ONU ejecutó USD 126,6 millones durante 2025, destinados a trabajo decente, salud, seguridad alimentaria, educación, respuesta humanitaria, gestión ambiental, acceso a medios de vida y derechos humanos. Más de 1.500 voluntarios participaron en los XXI Juegos Bolivarianos y en programas de educación y seguridad alimentaria, con mayoría de jóvenes y mujeres.

El 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas se celebró en Perú con actividades académicas, exposiciones y el lanzamiento de un podcast sobre el multilateralismo y el trabajo de la ONU en el país.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó que una eventual salida de las reservas de uranio enriquecido de Irán es una opción viable, aunque advirtió que implicaría una operación técnicamente compleja.

En una entrevista concedida a Al Jazeera, el diplomático argentino abordó uno de los temas más delicados de las negociaciones que mantienen Estados Unidos e Irán sobre el futuro del programa nuclear de Teherán.

“Difícil, pero no imposible”, respondió Grossi cuando fue consultado sobre la propuesta de trasladar fuera de territorio iraní el material enriquecido acumulado por el régimen.

Según estimaciones internacionales, Irán posee cerca de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, una concentración muy superior a la necesaria para fines energéticos civiles, aunque todavía por debajo del nivel habitualmente asociado a la fabricación de armas nucleares.

Grossi explicó a Al Jazeera que el principal desafío no reside únicamente en la decisión política, sino en las características del propio material. El uranio enriquecido almacenado por Irán se encuentra en forma gaseosa y requiere procedimientos altamente especializados para ser manipulado y transportado.

“No es fácil, porque está en forma gaseosa, es altamente contaminante y no es una operación sencilla”, señaló el jefe del organismo de supervisión nuclear de las Naciones Unidas.

Las declaraciones llegan en un momento en que la administración de Donald Trump insiste en que cualquier acuerdo futuro debe contener garantías concretas sobre el programa nuclear iraní. Entre las alternativas evaluadas figura la transferencia de las reservas a otro país o la modificación de su composición para reducir su potencial estratégico.

Grossi indicó que una de las posibilidades estudiadas consiste en someter el material a un proceso de reducción del nivel de enriquecimiento. Ese procedimiento permitiría transformar el uranio en una forma menos sensible desde el punto de vista de la proliferación nuclear.

“Todas estas son cuestiones que hemos estado discutiendo”, explicó.

Durante los últimos días, Trump defendió la necesidad de incorporar disposiciones específicas sobre la cuestión nuclear en cualquier entendimiento futuro con la República Islámica.

“Irán no tendrá armas nucleares”, afirmó el presidente estadounidense al referirse a la propuesta que su administración negocia con el régimen iraní.

El mandatario también ha mostrado sus reservas sobre la posibilidad de que terceros países custodien el material enriquecido. Consultado recientemente sobre un eventual papel de Rusia o China en esa tarea, evitó respaldar esa opción.

En el marco del acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre Irán y las principales potencias mundiales, parte de las existencias de uranio enriquecido fueron trasladadas a Rusia bajo mecanismos de supervisión internacional.

Sin embargo, el contexto actual es muy diferente. Las conversaciones se desarrollan en medio de una crisis regional marcada por enfrentamientos militares, sanciones económicas y disputas sobre la seguridad en Oriente Medio.

Aunque el OIEA no participa directamente en las negociaciones políticas, su intervención resulta esencial para cualquier solución técnica relacionada con el programa nuclear iraní.

Grossi explicó que mantiene contactos permanentes tanto con funcionarios iraníes como con representantes estadounidenses para analizar mecanismos que permitan aplicar los compromisos que eventualmente puedan alcanzarse.

“Nuestra contribución consiste en hacer que esto sea posible, hacerlo viable”, afirmó.

La agencia con sede en Viena es responsable de verificar el cumplimiento de los acuerdos nucleares y supervisar las actividades atómicas de los países que forman parte del régimen internacional de no proliferación.

Por esa razón, cualquier decisión sobre el almacenamiento, transporte o transformación del uranio enriquecido iraní requerirá inevitablemente la participación y el monitoreo del organismo.

(Con información de EFE y AFP)

Ambas organizaciones felicitaron el desarrollo de la jornada y destacaron la importancia de que la segunda vuelta del próximo 21 de junio transcurra bajo las mismas condiciones.

El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, envió un mensaje de apoyo al proceso electoral y expresó: “Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo”.

Campbell confirmó la presencia de la ONU durante la jornada, señalando que la organización acompañó el evento para monitorear la situación de derechos humanos.

Durante su balance, Campbell indicó que la ONU no documentó violaciones o vulneraciones significativas de derechos humanos en la jornada electoral. Además, enfatizó la importancia de que en las próximas semanas se respete el compromiso por unas elecciones libres y en paz, así como la implementación de las recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la OEA reconoció la labor de las autoridades electorales y del pueblo colombiano. El secretario general, Albert R. Ramdin, valoró la participación ciudadana y la organización de la jornada, que calificó de pacífica y ordenada. Ramdin también anunció que la OEA estará presente en la segunda vuelta con una robusta misión de observación.

En este contexto, Leonel Fernández, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, dirigió un mensaje a la ciudadanía. “Felicito al país por una jornada cívica tranquila y participativa, que tuvo una concurrencia ciudadana superior a la registrada en anteriores elecciones presidenciales”, afirmó.

Fernández precisó que la misión desplegó noventa y seis observadores y especialistas en veintiséis departamentos, el Distrito Capital y cinco ciudades en el exterior. El despliegue permitió analizar diferentes fases del proceso, desde la etapa previa hasta los escrutinios.

El jefe de la misión destacó el papel de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los jurados de votación. “Reconocemos el trabajo profesional de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los jurados de votación, que garantizaron que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad”, sostuvo Fernández. Además, saludó la instalación del cien por ciento de las mesas de sufragio tanto en Colombia como en el exterior.

Fernández detalló que los observadores visitaron 412 puestos de votación y 1.340 mesas, donde constataron que la jornada transcurrió de manera fluida, el conteo de votos siguió los procedimientos oficiales y el material electoral permaneció custodiado. La misión observó que el sistema de preconteo funcionó con rapidez y permitió la difusión de resultados preliminares dos horas después del cierre de las urnas.

En su mensaje, Fernández felicitó a las dos fórmulas que avanzaron a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio. Invitó a las candidaturas y a sus equipos de campaña a promover un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa. “La ciudadanía se beneficia de debates enfocados en propuestas y visiones para el futuro del país”, manifestó.

La misión de la OEA llamó a todos los actores nacionales e internacionales a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad soberana del pueblo colombiano. Fernández remarcó que, en esta fase, resulta fundamental que el diálogo entre las fuerzas políticas y las autoridades electorales contribuya a disipar dudas y canalizar reclamos a través de los mecanismos institucionales.

La misión permanece en territorio colombiano para observar los escrutinios y anunció la próxima presentación de un informe con hallazgos y recomendaciones para la segunda vuelta. La OEA confirmó que desplegará nuevamente un equipo de observadores con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la alerta por El Niño Costero y proyecta que el evento podría prolongarse hasta febrero de 2027.

El último informe señala que la probabilidad de una intensidad moderada es mayor en ese periodo, mientras que el monitoreo internacional también anticipa la posible reaparición del fenómeno en el Pacífico central entre junio de 2026 y febrero del año siguiente.

El análisis de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) respalda estas previsiones y advierte que el aumento sostenido de la temperatura global eleva el riesgo de un regreso de El Niño durante 2027 y 2028.

Según el documento “Global Annual-to-Decadal Update”, se prevé un incremento de entre 1,3 y 1,9 grados Celsius en la temperatura media respecto a los valores preindustriales para los próximos cinco años, lo que podría marcar nuevos récords térmicos y modificar la dinámica climática regional.

En el litoral peruano, las condiciones oceánicas y atmosféricas muestran una tendencia al calentamiento acelerado. Datos recientes indican que la temperatura superficial del mar ha superado en algunos puntos el promedio histórico hasta en cinco grados Celsius, lo cual incrementa la evaporación y la probabilidad de lluvias fuera de temporada en la costa norte.

El pronóstico para el trimestre junio-agosto establece lluvias dentro de lo normal en la costa norte, mientras que el caudal de los ríos en la región hidrográfica del Pacífico se mantendría en niveles habituales. Sin embargo, de consolidarse el fenómeno, no se descartan alteraciones en la distribución de precipitaciones y temperaturas en el país.

Efectos en pesca, agricultura y recomendaciones oficiales

El Enfen advierte que las condiciones cálidas continúan desplazando a la anchoveta hacia aguas más profundas y zonas del sur. Este patrón favorece la presencia de especies asociadas a aguas cálidas en la zona norte y central del litoral, lo que afecta la disponibilidad de recursos para la pesca y la actividad económica de cientos de comunidades costeras.

La OMM y la Oficina Meteorológica del Reino Unido coinciden en que el monitoreo de la temperatura del mar resulta esencial para anticipar los impactos del fenómeno y diseñar estrategias de respuesta. En años previos, la combinación de El Niño y el calentamiento global contribuyó a que 2024 fuese el año más cálido registrado, con consecuencias como lluvias atípicas, deslizamientos y sequías en diferentes regiones del planeta.

En Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene alertas en zonas como la sierra de Lima y el sur del país por lluvias inusuales en temporada seca. El impacto de El Niño Costero se extiende también a la agricultura, con riesgos para la seguridad alimentaria y la disponibilidad de recursos hídricos, así como para la infraestructura urbana y rural.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y adoptar medidas para la reducción de riesgos de desastres. El Enfen insta a fortalecer los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre entidades estatales y locales, con el fin de mitigar los posibles daños ante la continuidad del fenómeno.

Familiares de personas desaparecidas, colectivos y solidarios se dieron cita en Calzada de Tlalpan para llevar a cabo las actividades de visibilizarían de una crisis que ha marcado al país y que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador supero los 100 mil registros.

Con pancartas, fichas de búsqueda, cinta adhesiva, engrudo y una particular botarga nombrada el “Ajolote buscador”, las personas extendieron la intervención en el espacio público con consignas que viabilizan la problemática que atraviesa a miles de familias:

“¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”.

Acciones que buscan ocultarse por parte del gobierno

El cartel con las caras de Ximena (16/10/2025), Ollin Vargas Ojeda (26/12/2024), Ana Amelí García Gamez (12/06/2025) y Luis Oscar Ayala García (16/09/2025), quedó pegado en el bajopuente del Circuito Estadio Azteca, las familias instaron tanto a las autoridades capitalinas como a los turistas a no quitar cada una de las fichas, sino apoyar con la difusión de sus seres queridos.

En entrevista para Infobae México, la señora Inocencia González -mamá de Cynthia, joven desaparecida en Poza Rica, Veracruz, el 12 de junio de 2024 a manos de policías estatales- destalló que pese a las mesas de diálogo con autoridades federales los acuerdos no se cumplen a cabalidad, “uno de ellos el retiro constante de las fichas colocadas” en el lugar principal del Mundial de Futbol 2026 en CDMX.

Una de sus demandas principales se centra en la falta de avances en las investigaciones de sus familiares, destacando la omisión de los PDI (policías de investigación) para llevar a cabo las acciones correspondientes, reiterando que sus labores continuarán con o sin el apoyo de las instituciones.

La intervención del espacio público como forma del protesta

Por su parte, Xilonen Ramírez, quien se unió a la movilización como persona solidaria, resaltó el objetivo de estas acciones colectivas: “No están en contra del mundial en sí, sino de la forma en la que se está gestionando”. Señalando el borrado del gobierno federal en el registro oficial de personas desaparecidas.

En las actividades que se llevaron a cabo este sábado participaron integrantes del Colectivo Hasta Encontrarte de la Ciudad de México, Luciérnagas Buscadoras, así como Lirios Buscadoras y Luz de Esperanza.

Elsa Oviedo intervino el imagotipo de la Selección Mexicana al sustituir el águila por una pala de arena, símbolo fundamental para las madres buscadoras, y añadió el lema: “Campeón en desaparición”.

Entre las fichas colocadas en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula se encuentra la de Raúl Ventura Santiago, quien fue visto por última vez en el municipio de Madero, Tamaulipas, el 8 de febrero de 2024, de quien su familia mantiene la búsqueda sin que hasta el momento reciban algún apoyo por parte del gobierno estatal o federal.

Una crisis negada por el gobierno federal

Una de las acciones de protesta consistió en la pega de fichas de búsqueda en las instalaciones de la entrada del Tren Ligero estación Estadio Azteca, donde de manera colectiva ondearon el imagotipo intervenido, al mismo tiempo que el “Ajolote buscador” posaba con una camisa blanca y la leyenda “+133 mil desaparecidos”.

Cabe recordar que en abril de este año, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) destacó en un informe la posibilidad de que los desaparecidos de México sea un crimen de lesa humanidad por la magnitud de la problemática, sin embargo, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum lo rechazó de forma categórica.

La pobreza en Guatemala alcanza al 56% de la población y no muestra cambios de fondo pese a que la Organización de las Naciones Unidas ejecutó USD 923 millones en proyectos de desarrollo entre 2021 y 2025, según su Informe Anual de Resultados 2025.

El documento atribuye la persistencia del problema a la falta de oportunidades y al peso de la informalidad laboral.

El informe de Naciones Unidas señala que la pobreza extrema se mantiene en 16.2% y que 67.9% de los trabajadores sigue en la informalidad. Entre niños, niñas y adolescentes, 80.8% vive en precariedad económica, un indicador que, de acuerdo con el organismo, agrava el riesgo de rezago educativo y vulnerabilidad social.

En el mismo período, la ONU ejecutó 378 iniciativas y reportó avances puntuales en servicios sociales y prevención de crisis. La agencia también registró ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, y advirtió sobre el uso del sistema penal contra actores vinculados a investigaciones de corrupción.

Los datos del informe de la ONU sobre pobreza e informalidad

El Informe Anual de Resultados 2025 de Naciones Unidas sitúa en 56% la proporción de guatemaltecos en situación de pobreza, sobre una población de 18.7 millones de habitantes. El organismo vinculó el estancamiento con dos factores: falta de oportunidades y informalidad laboral sostenida.

En el detalle, la ONU consignó que la pobreza extrema permanece en 16.2%, mientras que 67.9% de la fuerza laboral continúa en la economía informal. Para la población menor de edad, el reporte ubicó en 80.8% el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en precariedad económica.

Fondos ejecutados y evolución del financiamiento internacional

Naciones Unidas informó que, en conjunto, ejecutó USD 923 millones en Guatemala durante el ciclo 2021-2025, a través de 378 iniciativas. El documento también describió una caída en la ejecución anual después del pico de USD 250,1 millones en 2022.

Según el mismo informe, la ejecución se redujo en los años siguientes hasta cerrar en USD 187.9 millones en 2025. La ONU atribuyó esa trayectoria a una tendencia descendente en la movilización de fondos internacionales durante la etapa final del quinquenio.

Resultados reportados en servicios sociales y acciones ante la sequía

Durante el último año del período evaluado, Naciones Unidas informó que 4.5 millones de personas ampliaron su acceso a servicios sociales esenciales a través de programas de asistencia.

Entre las medidas, el organismo indicó que brindó apoyo logístico para la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en viviendas vulnerables.

Con ese componente, la ONU reportó que se declaró a diez municipios libres de pisos de tierra.

En paralelo, el informe consignó la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica frente a la sequía en el Corredor Seco, que, según el organismo, asistió de forma preventiva a 67,500 personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

Miguel Barreto, coordinador residente de la ONU en Guatemala, planteó: "Construir capacidades previas" y anticipar riesgos para reducir vulnerabilidades antes de que las crisis se profundicen. También anunció una nueva intervención orientada a mitigar el fenómeno de El Niño, dentro de la estrategia preventiva del sistema de Naciones Unidas.

Ataques y denuncias por el uso del derecho penal

El informe de la ONU documentó 1,465 ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. En ese apartado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la "instrumentalización del derecho penal" por parte del Ministerio Público.

Según la oficina, esa práctica se utilizó para criminalizar a jueces y fiscales que investigan corrupción y violaciones graves de derechos humanos. El reporte vinculó ese contexto con un deterioro de condiciones para el trabajo de actores del sistema judicial y del periodismo.

La respuesta del Gobierno y el foco del plan 2026-2030

Al recibir el informe, el presidente Bernardo Arévalo de León afirmó: "Resultados concretos" son clave para sostener la confianza en las instituciones democráticas. La Presidencia enmarcó la discusión en la necesidad de que las políticas públicas se traduzcan en mejoras verificables para la población.

De acuerdo con Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, el próximo ciclo estratégico 2026-2030 incorporará movilidad humana y migración como prioridad nacional de desarrollo, en un giro de agenda tras el quinquenio 2021-2025 marcado por el estancamiento de los indicadores de pobreza y el deterioro social consignado en el informe.

El gobierno de Japón desestimó como “ridícula” la crítica de Rusia sobre el fortalecimiento militar japonés, en una jornada que expuso tensiones abiertas en el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador japonés Kazuyuki Yamazaki respondió a las acusaciones rusas, que señalaron a Tokio y Berlín por remilitarizarse y, según Moscú, amenazar la seguridad internacional. “Resultó ridículo que un Estado que mantuvo una campaña militar en Ucrania señalara a Japón como una amenaza”, afirmó.

“Los esfuerzos de Japón por fortalecer sus capacidades de defensa responden a un entorno de seguridad cada vez más adverso y no están dirigidos contra ningún país en particular. Japón ha mantenido sistemáticamente una política exclusivamente orientada a la defensa, de acuerdo con su constitución”, declaró Yamazaki.

Ante los integrantes del Consejo de Seguridad, sostuvo que Japón respetó la Carta de las Naciones Unidas y que sus esfuerzos militares respondieron solo a amenazas crecientes en la región, en particular por las acciones de China y la ofensiva rusa en Ucrania.

Además, el representante ruso Vassily Nebenzia vinculó el rearme japonés y alemán con la desestabilización posterior a la Segunda Guerra Mundial y cuestionó la coherencia de ambos países frente a los compromisos multilaterales. También acusó a Japón y Alemania de adoptar políticas que, según su postura, elevaban el riesgo de una escalada internacional.

Por otro lado, el gobierno de Alemania también rechazó los señalamientos rusos durante la misma reunión. El ministro de Estado para Europa, Gunther Krichbaum, afirmó que Berlín buscó la convivencia pacífica y la prevención de conflictos, tanto en Europa como en otros escenarios internacionales. Sostuvo que el fortalecimiento de las fuerzas armadas se definió como respuesta directa a la invasión militar rusa en Ucrania y que esa decisión se integró en la estrategia de defensa aliada.

El debate diplomático coincidió con un viaje de altos funcionarios de Japón a Moscú, donde negociaron la protección de activos empresariales japoneses y la flexibilización de restricciones sobre operaciones financieras. Representantes del Ministerio de Economía, Comercio e Industria y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón mantuvieron encuentros con autoridades rusas para garantizar la continuidad de más de 100 empresas japonesas que aún operan en Rusia.

Las conversaciones incluyeron a ejecutivos de compañías niponas y abordaron la situación de terrenos e instalaciones, además de la posibilidad de transferencias de fondos desde Rusia. El jefe de la oficina para Rusia, Asia Central y el Cáucaso de la cartera comercial japonesa, Hidehiko Ishii, detalló que las reuniones se extendieron por dos días y que la parte rusa mostró apertura para continuar el diálogo.

Las empresas japonesas que permanecieron en Rusia representaron alrededor de dos tercios de las que operaban antes de la intervención militar en Ucrania. Las sanciones económicas impuestas por Tokio, en coordinación con Estados Unidos y la Unión Europea, redujeron la presencia empresarial japonesa en el país euroasiático.

Durante la visita no se discutieron temas como el proyecto energético Sakhalin 2, donde empresas japonesas mantienen intereses. El vicejefe de Asuntos Europeos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Masaki Ishikawa, reiteró la postura japonesa de apoyo a Ucrania y de mantenimiento de las sanciones. Moscú insistió en la necesidad de levantar las restricciones para normalizar los vínculos diplomáticos y económicos y negó que la visita japonesa respondiera a una invitación oficial.

El fortalecimiento defensivo japonés también se reflejó en el aumento de operaciones militares en el espacio aéreo. El año pasado, la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón interceptó 448 veces aviones extranjeros, en su mayoría rusos y chinos. En paralelo, Tokio sancionó nuevas leyes para centralizar la inteligencia y reforzar la estructura de contraespionaje.

La tensión se incrementó cuando Rusia protestó por el despliegue de sistemas de misiles estadounidenses Typhon en territorio japonés. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, afirmó que la presencia de estos sistemas amenazó la estabilidad del Extremo Oriente y acusó a Japón de fomentar una escalada militar deliberada. Tokio defendió su derecho a fortalecer su defensa nacional y sostuvo que sus maniobras no buscaron provocar a ningún país.

(Con información de Reuters y Euro News)

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que el incremento sostenido de la temperatura global podría abrir la puerta al regreso del fenómeno El Niño en 2027 y 2028.

Según un informe elaborado junto con la Oficina Meteorológica del Reino Unido, en los próximos cinco años la superficie terrestre podría experimentar un aumento de entre 1,3 y 1,9 grados Celsius respecto a los valores de 1850-1900, lo que eleva el riesgo de nuevos récords térmicos.

Este escenario, descrito en el documento “Global Annual-to-Decadal Update”, abarca el periodo 2026-2035, aunque el foco está puesto en el lustro que culmina en 2030. En ese contexto, los especialistas resaltan que existe un 86% de posibilidades de superar el récord histórico de 2024, cuando la temperatura media aumentó 1,55°C por encima del promedio preindustrial.

El investigador Leon Hermanson, autor principal del estudio, explicó que las previsiones apuntan a la posible reaparición de El Niño en la zona central del Océano Pacífico hacia fines de este año. Esta región incluye el litoral peruano, donde el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas es clave para anticipar el desarrollo del fenómeno.

Según la OMM, el comportamiento de las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico central y oriental muestra una tendencia preocupante. El calentamiento acelerado en esa franja del océano ha puesto en alerta a las autoridades y comunidades científicas, quienes observan el fenómeno como una pieza que podría modificar la dinámica climática de varios continentes.

Impactos y alertas para América Latina

El pronóstico de la OMM señala que El Niño no solo influye en la precipitación y la temperatura de regiones como Perú y Ecuador, sino que también altera patrones climáticos globales. En Sudamérica, la llegada del fenómeno podría traducirse en lluvias más intensas, mientras que países como Australia e Indonesia enfrentarían periodos secos prolongados.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en Perú coinciden en que la vigilancia sobre la temperatura del mar es fundamental.

Según datos recientes, en algunos puntos del litoral peruano el mar ha superado el promedio hasta en 5 grados Celsius, lo que incrementa la evaporación y la probabilidad de lluvias fuera de temporada.

El fenómeno suele afectar sectores clave como la agricultura y la pesca. Lluvias atípicas pueden provocar inundaciones y huaicos, además de modificar la disponibilidad de recursos hídricos y la seguridad alimentaria. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene alertas para la sierra de Lima y el sur del país, donde se esperan precipitaciones inusuales aun en temporada seca.

La OMM remarcó que el cambio climático no incrementa la frecuencia de El Niño, pero sí amplifica sus efectos. El aumento de la temperatura global y la mayor humedad disponible elevan el riesgo de eventos extremos, desde olas de calor hasta deslizamientos y sequías.

La experiencia reciente de 2023-2024, cuando El Niño y el calentamiento global confluyeron, convirtió a 2024 en el año más cálido registrado, con impactos notorios en diferentes regiones del planeta.

Ante este panorama, la OMM instó a los gobiernos a fortalecer sistemas de alerta temprana y coordinar acciones preventivas.

El observatorio Food Monitor Program (FMP) presentó ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación un informe en el que responsabilizó al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) de profundizar la crisis alimentaria en Cuba, al ejercer un monopolio sobre divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos bajo mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El documento, dirigido a la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de una convocatoria sobre la concentración del poder corporativo en los sistemas alimentarios globales, sostiene que el conglomerado militar representa la expresión más acabada de un modelo de “capitalismo administrativo” que opera en beneficio de la élite militar cubana.

A través de empresas bajo su dirección, como Flora y Fauna S.A., GAESA centraliza el acceso a recursos naturales con valor alimentario —carnes, alimentos del mar, carbón vegetal— y los orienta hacia la exportación, mientras la población que los produce enfrenta desabastecimiento.

Según FMP, el 96% de los cubanos perdió capacidad de adquisición de alimentos en los últimos años, de acuerdo con su encuesta nacional de seguridad alimentaria de 2024.

El informe señaló que GAESA respondió a esa contracción, no con medidas de abastecimiento interno, sino con la digitalización de la comercialización de alimentos, un sistema que orienta la oferta hacia quienes reciben remesas del exterior y convierte a la diáspora cubana en el mercado prioritario. La extracción de divisas, según el documento, se impone sobre el derecho a la alimentación de la población residente.

El monopolio que frena la producción nacional

El impacto del conglomerado sobre la agricultura cubana es cuantificable. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, mientras la producción agrícola nacional registró una caída del 67% en los últimos cinco años, según datos documentados por el observatorio.

El informe atribuye este retroceso a la posición privilegiada de la élite política, sostenida en el monopolio sobre la importación y circulación de mercancías, que desalienta la producción interna y perpetúa la dependencia de los mercados externos.

Los productores cubanos operan bajo un marco normativo centralizado que elimina los incentivos para invertir y crecer. El sector privado enfrenta regulaciones sin consenso: topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación de insumos y una burocracia provincial que bloquea la comunicación entre los agricultores y las autoridades. La toma de decisiones permanece en manos exclusivas del Estado sin mecanismos de participación real para los actores productivos.

Food Monitor Program recogió en el documento un testimonio que refleja esa realidad: "No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos“, declaró un campesino a la organización.

Otro productor describió así el proceso de consulta con las autoridades: “Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido”.

Participación simulada y criminalización de alternativas independientes

El informe dedicó una sección a lo que el Food Monitor Program denominó “participación controlada”. Desde 1961, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) agrupa oficialmente al campesinado cubano bajo la tutela del Partido Comunista, absorbiendo la base voluntaria e independiente de la producción rural.

Dentro de esa estructura, no se toleran el disenso ni la autonomía, y los productores carecen de participación real en las decisiones sobre precios, insumos, acceso a mercados o uso de tierras. Según el escrito, estas organizaciones permiten al régimen cubano simular apertura y consulta, mientras neutraliza la movilización popular genuina y legitima políticas centralizadas.

Las iniciativas que buscan operar fuera de ese esquema enfrentan represalia directa. El informe documentó una serie de casos: el retiro de tierras al campesino Ibar González en febrero de 2020, por denuncias de corrupción en la entrega de usufructos; los operativos y la confiscación de animales y bienes a la familia Carballosa Beltrán en Mayarí, en junio de 2020; y la persecución a la familia Urquiola en la Finca El Infierno, con episodios registrados en febrero de 2024 y mayo de 2025.

Organizaciones independientes como la Cooperativa Transición y la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba, activa desde 1998, han sufrido hostigamientos sistemáticos y detenciones.

Food Monitor Program señaló que estas medidas funcionan como “castigos ejemplarizantes” que desalientan cualquier forma de organización autónoma en el sector alimentario.

Un marco legal sin contrapesos

Ante la pregunta que planteó el informe sobre qué tipo de legislación se necesita para limitar la concentración corporativa y garantizar la rendición de cuentas, el propio reporte fue categórico: en Cuba no existe separación real entre los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que el aparato legal opera como respaldo y legitimador de las políticas oficiales, no como herramienta de protección de derechos.

El régimen ha promulgado la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SAN, Nº 148/2022) y las “63 medidas para dinamizar la agricultura”, aprobadas en abril de 2021. Sin embargo, FMP advirtió que esos instrumentos fueron diseñados y ejecutados sin la participación de los actores interesados, más allá de las instituciones oficiales. Los organismos de sociedad civil controlada han absorbido durante décadas las demandas populares bajo la apariencia de representatividad, sin que exista un mecanismo autónomo que salvaguarde los intereses de los productores con independencia del Estado.

No existe ninguna demanda judicial que haya avanzado contra las corporaciones señaladas en el informe ni fallo alguno en su contra. Las violaciones de derechos socioeconómicos —represión, amedrentamiento por criterios ideológicos, confiscaciones— no encuentran camino en los tribunales nacionales, dado el respaldo de la cúpula de poder a las entidades responsables.

El trabajo de Food Monitor Program y el contexto de colapso institucional

Ante la imposibilidad de operar libremente en el terreno, Food Monitor Program concentró su labor en el monitoreo, la documentación y la visibilización de formas de autonomía popular. La organización brindó asesoramiento sobre conservación de alimentos, potabilización de agua y técnicas de resiliencia comunitaria, aunque advirtió que el trabajo directo con la población es prácticamente inviable por la vigilancia y penalización de las actividades comunitarias fuera del marco oficial.

Este mes, en diálogo con Infobae, el economista Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, aportó contexto adicional sobre la expansión de GAESA: el conglomerado tomó el control de corporaciones como CIMEX y ETECSA, acaparó el mercado dolarizado, el turismo y las remesas, y se apropió del Banco Financiero Internacional (BFI), a través del cual circula más del 95% de las transacciones comerciales entre empresas cubanas y extranjeras.

"No hay auditoría, no hay control, ni siquiera la Asamblea Nacional, ni el Ministerio de Economía, ni la Contraloría General de la República pueden acceder a ese banco“, afirmó Morales en una entrevista con este medio.

La presentación del informe de Food Monitor Program ante el Relator Especial de la ONU busca visibilizar esta situación en instancias internacionales y promover acciones que garanticen el derecho a la alimentación en la isla, en un escenario en el que las iniciativas de economía social y solidaria quedan relegadas a los márgenes del sistema controlado por GAESA.

Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de China, Wang Yi, manifestaron su voluntad de fortalecer las relaciones estratégicas y multifacéticas entre ambos regímenes durante un encuentro celebrado en el marco de la sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El ministro de Relaciones Exteriores cubano detalló que coincidió con su par chino en la necesidad de “avanzar en los consensos alcanzados entre los líderes de ambos países y continuar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido”.

En un mensaje difundido por X, el jefe de la diplomacia cubana se refirió “la permanente solidaridad y el apoyo del Partido, el Gobierno y el Pueblo chinos, principalmente en la actual situación en que Cuba enfrenta las amenazas y el recrudecimiento extremo del bloqueo de Estados Unidos, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético”.

La semana pasada, Cuba recibió las primeras 15.000 toneladas de arroz de un total de 60.000 toneladas comprometidas por Beijing como parte de una asistencia alimentaria de emergencia ante la crisis económica que atraviesa la isla bajo el mandato de la dictadura castrense.

Por su parte, el régimen chino reiteró su disposición a “seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades” y expresó su rechazo a la “interferencia por parte de fuerzas extranjeras”, en alusión a las presiones de Estados Unidos sobre La Habana, incluidas las restricciones sobre sectores clave de la economía cubana.

China, uno de los principales socios comerciales y aliados políticos de Cuba en Asia, denunció el pasado jueves el “abuso de los medios judiciales”, después de que Washington imputara cargos criminales contra el dictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

En respuesta a la advertencia de la administración estadounidense sobre la supuesta presencia de bases militares chinas en la isla, Beijing aseguró que “inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de EE.UU. contra Cuba”.

La economía de Cuba enfrenta una crisis prolongada, con una contracción económica del 15% en los últimos cinco años, según cifras oficiales. La Habana y Beijing mantienen vínculos políticos y económicos estrechos, con el gigante asiático consolidado como uno de los aliados principales de la isla.

En paralelo a la reunión de los cancilleres, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su confianza en que las conversaciones en curso entre Washington y La Habana conduzcan a un resultado favorable para el pueblo cubano, al tiempo que advirtió que el colapso del país caribeño representa una amenaza directa para la seguridad estadounidense.

“Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, afirmó Rubio, hijo de inmigrantes cubanos establecidos en Miami en 1956.

El funcionario subrayó, durante una reunión de gabinete encabezada por Donald Trump en la Casa Blanca, que la existencia de un Estado fallido a 145 kilómetros de las costas de Estados Unidos constituye una amenaza para la nación norteamericana. A su vez, calificó al régimen cubano liderado hoy por Miguel Díaz-Canel como un grupo de “comunistas incompetentes” y denunció que el conglomerado empresarial Gaesa, bajo control de las Fuerzas Armadas, acapara el 70% de la economía del país sin que sus ingresos beneficien a la población.

Las afirmaciones de Rubio tienen lugar en un contexto de negociaciones discretas entre ambos gobiernos, que ya generaron contactos de alto nivel. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana el 14 de mayo y mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; el jefe de inteligencia cubana, general Ramón Romero Curbelo; y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, nieto del exmandatario Raúl Castro y teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT).

(Con información de EFE)

"En todo el período 1993-2025, la caída de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 59,4 %. Por primera vez, la TGF se encuentra por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos vivos promedio por mujer)”, indicó el organismo estatal en un comunicado.

Las cifras colocan al país sudamericano con la tasa global de fecundidad más baja de Latinoamérica y una de las menores del mundo, comparable a la de países asiáticos como Japón y Corea del Sur.

De acuerdo con el INE, entre 1993 y 2025 los nacimientos disminuyeron el 46,9% y la edad media de la fecundidad pasó de los 27 a los 30 años.

Chile cruzó en 1999 la barrera técnica del reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) y lleva más de veinticinco años sin alcanzar el número de nacimientos mínimos requeridos para renovar su población de forma natural.

En 1993, en Chile nacían 275.916 personas mientras que en 2025 se registraron 146.446 nacidos vivos, según cifras de estadísticas vitales obtenidas sobre la base de los datos del Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2025 y el Anuario 2023.

Esta tendencia proyecta que en 2036 se dará el inicio de la disminución de la población chilena.

Dentro de este contexto, el INE destaca un crecimiento en los últimos ocho años en el nacimiento de bebés de madres extranjeras que "ha aumentado 2,9 veces, pasando del 6,9 % de los nacidos vivos en 2017 al 19,7 %".

La inmigración, no obstante, no será un factor para contrarrestar la caída, pues las proyecciones indican que para 2028 el indicador será de 0,89 hijos por mujer y comenzará un periodo de crecimiento natural negativo cuando el número de defunciones supere al de nacimientos.

En 1993, el total de las muertes en Chile alcanzó las 76.261 personas y en más de 30 años creció el 65,8 %, lo cual representó que en 2025 se contabilizaron 126.428 fallecidos.

La población actual de Chile, según el más reciente censo de 2024, es de 20,1 millones de habitantes y se estima que de mantenerse esta tendencia se reducirá a menos de 17 millones para 2070, aproximadamente la cifra poblacional de hace casi una década.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó “en los términos más enérgicos” el ataque con dron perpetrado la semana pasada en las inmediaciones de la central nuclear de Barakah, ubicada en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El organismo calificó el hecho como “una flagrante violación del Derecho Internacional” y advirtió sobre los riesgos para el medio ambiente.

En el comunicado oficial, los integrantes del Consejo de Seguridad denunciaron el “atroz ataque con drones contra un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah”, y destacaron que la acción representa “graves riesgos para la vida de los civiles, la infraestructura y el medio ambiente”.

El texto expresa una “profunda preocupación por esta peligrosa escalada” y exige el “cese inmediato y permanente de todos los ataques contra civiles e infraestructura civil” en Emiratos Árabes Unidos, con énfasis en “los ataques y las amenazas de ataque contra instalaciones nucleares pacíficas”.

El órgano de la ONU recordó las recientes resoluciones y declaraciones tanto del propio Consejo como del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de su director general, Rafael Grossi. En esta línea, instó a los Estados a “adherirse a los más altos estándares de seguridad nuclear y salvaguardias, y a abstenerse de cualquier acción que pueda poner en peligro la seguridad nuclear”.

“Los miembros del Consejo de Seguridad han reafirmado su pleno compromiso con la promoción del mantenimiento de la paz y la estabilidad en Medio Oriente y han reiterado su firme apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Emiratos Árabes Unidos, de conformidad con los principios de la Carta de Naciones Unidas”, concluyó el comunicado.

La declaración del Consejo de Seguridad se emitió poco más de una semana después de que las autoridades de EAU condenaran el ataque con drones dirigido contra la central nuclear.

Las autoridades nacionales reportaron que el incidente no dejó víctimas ni provocó fugas radiactivas, aunque advirtieron sobre los riesgos que implica atacar infraestructura nuclear, especialmente en un contexto de creciente tensión regional vinculada a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, repudió “en los términos más enérgicos” la ofensiva y sostuvo que representa “una peligrosa escalada y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de la región”.

El funcionario remarcó que la acción constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales relacionadas con la protección de instalaciones vitales y nucleares”, y alertó sobre el peligro de un incidente de este tipo. Según advirtió, un ataque contra infraestructura nuclear puede afectar “la seguridad regional e internacional”, además de poner en riesgo “a civiles, al medio ambiente y al suministro energético global”.

De acuerdo con las autoridades emiratíes, en el bombardeo participaron tres drones. Dos de ellos fueron interceptados por las fuerzas de defensa aérea, mientras que el tercero logró alcanzar un generador eléctrico situado fuera del perímetro interno de la central nuclear. El Ministerio de Defensa de Emiratos señaló que los proyectiles fueron lanzados desde la “frontera occidental”, sin indetificar si fueron lanzados desde territorio iraní. Sin embargo, en los últimos meses Abu Dhabi acusó en varias ocasiones al régimen de Irán de atacar infraestructura energética y objetivos civiles dentro del Golfo Pérsico.

La Oficina de Medios de Abu Dhabi informó que el incendio ocasionado por el impacto fue controlado sin afectar los niveles de seguridad radiológica y confirmó que no hubo personas heridas.

(Con información de Europa Press)

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, afirmó este martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que su país mantendrá su papel como “puente para la paz” y promotor del diálogo, en medio de un escenario internacional que describió como el más tenso desde la creación del organismo. La Cancillería de Panamá informó sobre su intervención en Nueva York.

El mensaje del ministro panameño se dio durante un debate abierto de alto nivel convocado por el canciller de China Wang Yi, de acuerdo con la Cancillería. Beijing ejerce en mayo la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad.

El canciller advirtió que la polarización global vuelve estratégico preservar espacios de conversación entre Estados, informó la Cancillería. “El diálogo no expresa debilidad, sino confianza en la razón, en la diplomacia y en la capacidad humana de alcanzar soluciones pacíficas”, planteó.

Panamá y su tradición diplomática desde 1826

Martínez-Acha vinculó la posición de su gobierno con una trayectoria histórica que, según dijo, antecede a la propia ONU, de acuerdo con la Cancillería de Panamá. En esa línea, recordó que Panamá fue sede en 1826 del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar, concebido como un foro de cooperación y unidad continental.

El ministro anunció que el país conmemorará en junio los 200 años de ese congreso, según la Cancillería. En su exposición, afirmó que esa efeméride refuerza la idea de Panamá como punto de encuentro y diálogo entre naciones.

“Panamá no concibe esa vocación como una circunstancia geográfica, sino como una responsabilidad histórica”, sostuvo Martínez-Acha, de acuerdo con la Cancillería panameña. También señaló: “Somos una nación” “nacida para conectar océanos, continentes, culturas, economías y visiones del mundo”.

En el mismo tramo, el canciller repasó que Panamá participó como miembro fundador del sistema multilateral contemporáneo desde etapas previas y hasta la Conferencia de San Francisco de 1945, según la información oficial difundida por su cartera.

El planteo panameño sobre multilateralismo en la ONU

El jefe de la diplomacia panameña reiteró que su país busca “construir diálogo”, legitimidad y soluciones políticas frente a los conflictos, informó la Cancillería. “Cuando otros ven diferencias irreconciliables, nosotros seguimos viendo la posibilidad de construir puentes”, afirmó.

Martínez-Acha defendió un “multilateralismo útil” y sostuvo que no debe evaluarse solo por el volumen de resoluciones, sino por su capacidad de prevenir conflictos, proteger vidas y ofrecer respuestas concretas, según la Cancillería de Panamá.

También afirmó que los Estados miembros de la ONU afrontan el desafío de adaptarse a un mundo que cambia con rapidez, de acuerdo con la misma fuente. A su juicio, esa transformación exige que la capacidad colectiva de respuesta acompañe la complejidad del escenario actual.

El canciller sostuvo que, con apego a los principios de la Carta, la diplomacia puede producir resultados, informó la Cancillería. “Como nación de encuentro, como puente entre continentes y como heredera del espíritu del Congreso Anfictiónico de 1826, reafirmamos nuestra convicción de que las diferencias pueden discutirse, los desacuerdos pueden administrarse y las crisis pueden resolverse mediante la diplomacia”, dijo.

En el cierre de su intervención, Martínez-Acha afirmó que las Naciones Unidas representan “mucho más que una organización internacional”, según la Cancillería de Panamá. “Representan la voluntad colectiva de la humanidad de elegir la cooperación sobre la confrontación, la esperanza sobre el fatalismo y la paz sobre la guerra”.

El viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, respaldó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un plan de cinco puntos elaborado junto a China para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio, y detalló el papel que atribuyó a su país como mediador entre Estados Unidos e Irán. La exposición se realizó durante la presidencia rotativa china del órgano, con delegaciones de países clave de la región.

“El mundo entero está pendiente. Debe salir bien por el bien de la paz y la seguridad regionales y mundiales”, dijo Dar.

Además, describió que el 31 de marzo, tras el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, presentó en Pekín una hoja de ruta conjunta con China para reactivar conversaciones y restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz, una vía central del comercio mundial de energía. Según su relato, Islamabad actuó como intermediario al trasladar propuestas entre Washington y Teherán para contener una escalada. “Pakistán mostró siempre preferencia por la moderación, la distensión y el retorno a la diplomacia”, sostuvo el canciller.

El objetivo inmediato del esquema fue abrir un canal político que permitiera recomponer la navegación en Ormuz y encauzar un proceso de negociación con etapas. El canciller agradeció el respaldo de Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Qatar a la estrategia de mediación, y advirtió que un conflicto prolongado afectaría la paz regional, el suministro energético y la estabilidad internacional.

“Otro conflicto prolongado no beneficiaría a nadie, pondría en peligro la paz regional, perturbaría los flujos energéticos mundiales, agravaría el sufrimiento humanitario y pondría a prueba un orden internacional ya de por sí frágil”, señaló Dar.

Por su parte, el representante chino respaldó en el Consejo de Seguridad la necesidad de evitar una escalada y avanzar hacia una salida negociada. En paralelo, la Casa Blanca evaluó la posibilidad de descongelar fondos iraníes bloqueados, aunque condicionó esa decisión a avances verificables en materia de seguridad y control nuclear.

En ese contexto, el ejército estadounidense ejecutó ataques de autodefensa contra objetivos militares en el sur de Irán, tras detectar acciones que atribuyó al régimen iraní. Dos lanchas rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria intentaron colocar minas en el estrecho de Ormuz y fuerzas estadounidenses las hundieron.

El régimen iraní lanzó drones de ataque cerca de buques de guerra norteamericanos en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, mientras la Marina de Estados Unidos mantuvo posiciones de bloqueo a embarcaciones iraníes. En el texto, Ormuz aparece como el punto de mayor presión estratégica, dado que antes del conflicto transitaba cerca de un quinto del suministro global de petróleo y gas.

En paralelo, el líder religioso iraní Mojtaba Khamenei propuso suspender temporalmente el enriquecimiento de uranio y permitir inspecciones de la ONU, aunque rechazó entregar el uranio a terceros países.

“Lo que es seguro a este respecto es que el tiempo no va a retroceder, y que las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”, dijo Khamenei en un video publicado en su cuenta de X.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, exigió negociaciones centradas en la renuncia a armas nucleares, límites estrictos al enriquecimiento y la entrega del material almacenado, mientras Irán insiste en el levantamiento inmediato de sanciones y la descongelación de activos en el exterior.

Además, afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días. “Hubo algunas conversaciones hoy en Qatar, así que veremos si podemos avanzar. Creo que hay muchas idas y vueltas sobre el lenguaje específico del documento inicial, así que llevará unos días”.

Las diferencias sobre el destino del programa nuclear y la exigencia estadounidense de cancelar el desarrollo de misiles balísticos trabaron el cierre de un acuerdo definitivo. Khamenei advirtió a los mediadores de Pakistán, Qatar y Arabia Saudita que su país no entregaría el uranio y que solo aceptaría retrasar su programa por un tiempo limitado.

También amenazó con posibles acciones de la Guardia Revolucionaria contra bases estadounidenses en la región si el entendimiento no incorporaba sus condiciones. La negociación quedó planteada alrededor de un acuerdo diplomático sobre Ormuz, con un plazo de 70 días para definir un entendimiento global.

La comunidad internacional siguió las gestiones de mediación de Pakistán y China a la espera de una salida negociada que restablezca la navegación, reduzca el riesgo de escalada y contribuya a estabilizar Oriente Medio.

(Con información de EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) facilitó en Puerto Príncipe un taller con más de 40 mujeres y jóvenes líderes locales para construir propuestas de reconstrucción del tejido social en Haití, de acuerdo con un comunicado emitido este 25 de mayo.

Según la Cancillería, el encuentro generó un documento final que se entregará a la Comisión Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración y al representante especial del secretario general de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, con el objetivo de orientar políticas y programas de estabilización y combate a la violencia.

El taller “El Papel de las Mujeres y las Juventudes para la reconstrucción del tejido social de Haití” se realizó los días 20 y 21 de mayo y fue organizado por la SRE en coordinación con ONU Mujeres, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH)y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la SRE.

Autoridades mexicanas asisten al taller en Haití

En representación del canciller Roberto Velasco Álvarez, la inauguración corrió a cargo de la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, mediante un mensaje videograbado, y participó la ministra de la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres Pedrica Saint Jean, de acuerdo con el comunicado.

La SRE indicó que también asistieron el embajador de México en Haití, Jesús Cisneros, representantes del sistema de Naciones Unidas y líderes de la sociedad civil haitiana. El taller fue facilitado por Helietta González, con un Modelo de Aprendizaje Vivencial (ELM) basado en principios de mediación y construcción de paz.

Como resultado de las jornadas, la SRE señaló que las y los participantes identificaron puntos de entrada para la cooperación internacional y acordaron tres ejes prioritarios: participación política, resiliencia económica y mitigación de la violencia de género en contextos de fragilidad.

La violencia de bandas, la inseguridad alimentaria y el desplazamiento interno alcanzan niveles críticos en Haití

Amnistía Internacional (AI) alertó el pasado 22 de mayo que Haití enfrenta una crisis muy compleja por la violencia de bandas criminales, el colapso de servicios básicos y una respuesta internacional insuficiente, en un escenario que ya deja millones de personas con hambre, desplazamiento forzado y ataques contra hospitales y escuelas, según dijo la directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, en entrevista con EFE.

La magnitud de la crisis también se refleja en el desplazamiento interno: 1.4 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares el año pasado, un nivel sin precedente, de acuerdo con organismos internacionales citados por EFE. A eso se suma que 5.8 millones de haitianos, el 52% de la población, sufren inseguridad alimentaria en nivel de crisis o peor.

Piquer dijo a EFE que el país “está sumido en un contexto de violencia en el que las pandillas han desplegado abusos que van desde asesinatos y violencia sexual hasta ataques contra hospitales y escuelas”. La representante de AI sostuvo que esa violencia deteriora la vida de millones de personas, en especial de mujeres y niños, que viven en condiciones infrahumanas.

Solo entre enero y marzo de este 2026 hubo 1 mil 642 muertos y 745 heridos en Haití, según BINUH. Además, las pandillas fueron responsables del 27% de las víctimas.

La misma oficina señaló que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69% de los muertos y heridos. Entre esas víctimas hubo decenas de civiles, incluidos niños, según los datos citados por EFE.

El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó una ley que amplía las facultades del Kremlin para utilizar a las fuerzas armadas fuera del territorio ruso bajo el argumento de defender a los nacionales procesados o detenidos en otros países.

La medida, aprobada previamente por ambas cámaras del Parlamento, habilita al mandatario a ordenar operaciones militares extraterritoriales sin necesidad de autorización internacional.

El texto legal fue publicado este lunes en el portal oficial de información jurídica de Rusia y establece que el presidente podrá autorizar el despliegue de unidades militares “para la defensa de ciudadanos rusos” frente a arrestos, juicios o medidas judiciales impulsadas por gobiernos extranjeros u organismos internacionales.

La legislación contempla escenarios en los que ciudadanos rusos enfrenten investigaciones o detenciones sin participación de Moscú y fuera de mecanismos respaldados por tratados internacionales o resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la práctica, la norma crea una base legal interna para justificar futuras intervenciones militares bajo el pretexto de proteger nacionales rusos en el exterior.

El cambio refuerza una doctrina que el Kremlin ha utilizado durante años para justificar acciones militares fuera de sus fronteras. Moscú argumentó en reiteradas ocasiones la necesidad de defender a ciudadanos rusos y rusoparlantes en territorios vecinos antes de la anexión de Crimea en 2014 y posteriormente durante la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en 2022.

La nueva ley también amplía una modificación introducida en 2023 a la legislación sobre seguridad nacional rusa. Esa enmienda permitía al jefe de Estado “tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos” frente a acciones consideradas contrarias a los intereses de la Federación Rusa, aunque no especificaba cuáles podían ser esos mecanismos. Con la norma promulgada ahora, el uso directo de las Fuerzas Armadas queda explícitamente habilitado.

Desde el oficialismo ruso defendieron la iniciativa como una herramienta “preventiva”. El senador Andréi Klishás, presidente del Comité de Legislación Constitucional, sostuvo que la medida fortalecerá “el prestigio internacional” del país y protegerá a los ciudadanos rusos frente a lo que definió como actos hostiles en el extranjero.

Por su parte, el diputado Andréi Kartapólov, jefe del comité de defensa de la Duma, vinculó el proyecto con el caso del arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a pedido de Ucrania por excavaciones realizadas en Crimea, territorio ocupado y anexado por Moscú pero reconocido internacionalmente como parte de Ucrania.

Analistas y gobiernos occidentales observan con preocupación el alcance de la legislación. La norma llega en medio de crecientes advertencias de servicios de inteligencia europeos y de la OTAN sobre la posibilidad de nuevas acciones agresivas rusas fuera de Ucrania en los próximos años.

La ley también podría utilizarse para proteger intereses estratégicos rusos en alta mar. Algunos especialistas señalaron que el texto abre la puerta a justificar escoltas militares para embarcaciones vinculadas a la llamada “flota fantasma” rusa, utilizada para exportar petróleo y eludir sanciones internacionales impuestas tras la guerra en Ucrania.

El Kremlin ha denunciado repetidamente una supuesta “rusofobia” internacional para justificar políticas de confrontación con Occidente. Legisladores rusos defendieron la nueva legislación precisamente como una respuesta frente a esa presunta campaña contra ciudadanos rusos en el exterior.

Aunque Moscú intentó comparar la norma con mecanismos legales utilizados por Estados Unidos para proteger personal militar ante tribunales internacionales, la ley firmada por Putin otorga amplias facultades unilaterales al presidente ruso para ordenar operaciones militares en terceros países sin supervisión externa.

La disposición entrará en vigor dentro de diez días. Con esta decisión, el Kremlin consolida otro paso en la expansión de los poderes presidenciales vinculados al uso de la fuerza fuera de Rusia.

(Con información de EFE)

El 25 de mayo se ha convertido desde 2024 en una fecha señalada para la comunidad futbolística internacional como el Día Mundial del Fútbol, tras la aprobación de la resolución oficial A/RES/78/281 por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con este acto, la ONU reconoce la influencia del fútbol como fenómeno universal capaz de unir culturas, promover valores de respeto y tolerancia, y contribuir al desarrollo sostenible y la paz mundial.

La selección de la fecha responde al aniversario del primer certamen internacional de fútbol con participación global, celebrado en los Juegos Olímpicos de París en 1924.

La resolución de la ONU subraya la función del deporte como motor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que invita a los Estados miembros, organismos internacionales y sociedad civil a impulsar actividades que difundan los beneficios del fútbol en ámbitos educativos, de salud y cohesión social.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y las distintas federaciones regionales reciben un reconocimiento especial por su papel en la promoción de este deporte y en la organización de eventos que dejan un legado de convivencia y deportividad.

Un centenario que conecta pasado y presente

La decisión de establecer el 25 de mayo como Día Mundial del Fútbol se vincula directamente con el centenario del torneo disputado en París durante los Juegos Olímpicos de 1924, considerado el primer evento internacional que reunió a equipos de todos los continentes. Esta fecha representa un hito en la historia del deporte al simbolizar la capacidad del fútbol para romper barreras geográficas y culturales.

Según la resolución de la ONU, “el alcance mundial del fútbol y su repercusión en diversas esferas, como el comercio, la paz y la diplomacia” justifican la creación de una efeméride internacional dedicada a este deporte. El logotipo oficial del Día Mundial del Fútbol, con formas interconectadas inspiradas en un balón, busca reflejar ese espíritu de unidad global.

La FIFA y otras federaciones nacionales y regionales han sido instadas a fomentar la celebración de actividades que promuevan la participación y el acceso al fútbol sin distinción de género, origen o condición social. En paralelo, iniciativas como la Semana Mundial del Fútbol, desarrollada entre el 21 y el 25 de mayo de 2026, buscan amplificar el mensaje de inclusión y cooperación que caracteriza a este deporte.

El fútbol como herramienta para la paz y la igualdad

La ONU ha destacado en múltiples ocasiones el papel transformador del deporte y, en particular, del fútbol, para promover la paz y el entendimiento entre comunidades diversas. El fútbol es considerado por la organización como un “lenguaje universal” que trasciende fronteras y abre espacios de diálogo, solidaridad y respeto mutuo.

Diferentes agencias y programas de Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subrayan cómo el fútbol sirve de plataforma para la inclusión social, la promoción de la salud y la igualdad de género. Ejemplos como la Copa UNITY, organizada en Suiza en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la UEFA, demuestran la capacidad de este deporte para integrar a personas refugiadas en sus comunidades de acogida, fortaleciendo los lazos sociales y combatiendo la discriminación.

La resolución de la Asamblea General alienta a los países a adoptar políticas públicas que impulsen el acceso a la práctica deportiva y la realización de programas educativos vinculados al fútbol, extendiendo así los beneficios del deporte a todos los sectores de la sociedad. La inclusión de mujeres y niñas en la práctica futbolística es uno de los objetivos prioritarios, reforzado por campañas y declaraciones de figuras emblemáticas como Marta Vieira da Silva, embajadora de ONU Mujeres.

Declaraciones y repercusiones globales

La proclamación del Día Mundial del Fútbol ha recibido el respaldo de personalidades asociadas a este deporte y a causas humanitarias. El exfutbolista Didier Drogba, embajador de la Organización Mundial de la Salud, afirmó: “Yo mismo me he beneficiado del poder del deporte para llevar una vida saludable y me comprometo a trabajar con la OMS para compartir esos beneficios con todo el mundo”. Por su parte, la futbolista brasileña Marta Vieira da Silva expresó: “El fútbol une al mundo. Quiero que todas las niñas tengan la oportunidad de ser lo más decididas, exitosas y felices que puedan ser”.

La Asamblea General de la ONU ha invitado a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y al sector privado a sumarse a la conmemoración anual mediante campañas de concienciación, actividades deportivas y acciones educativas. El objetivo es consolidar el fútbol como un motor de cambio social y un vehículo para la paz y el desarrollo sostenible en todo el planeta.

La instauración del Día Mundial del Fútbol representa, según la ONU, un reconocimiento a la capacidad de este deporte para construir puentes y transformar realidades, reafirmando su lugar como elemento central en la promoción de la tolerancia, la igualdad y la solidaridad internacional.

Este mes de mayo se han celebrado el Día Mundial de las Abejas (el día 20), el Día Mundial de Pac-Man (el 22) o, este mismo sábado, el Día Mundial del Melanoma, que busca concienciar sobre la importancia de la prevención frente al cáncer de piel y la necesidad del diagnóstico precoz. La proliferación de los llamados Días Mundiales y Días Internacionales ha llenado el calendario de celebraciones de este tipo, dedicadas a causas, objetos, derechos o eventos. Pero, ¿quién elige estos días y les pone fecha?

Los días internacionales oficiales son propuestos por los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas o por sus organismos especializados, como la Unesco o la OMS. El reconocimiento oficial de un día internacional comienza con la propuesta de un Estado miembro o de una agencia de estas agencias especializadas de la ONU. Como cuenta esta organización: “Por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular”.

Por su parte, las agencias especializadas —como la Unesco, la FAO o la OMS— disponen de la facultad para proclamar días internacionales dentro de sus ámbitos de competencia, siempre que la temática esté alineada con los principales campos de acción de las Naciones Unidas: la paz, la dignidad humana, la igualdad o el desarrollo sostenible. Para que una jornada entre en el calendario oficial, es necesario que la Asamblea General apruebe una resolución formal, lo que garantiza su legitimidad global. Hoy, la ONU reconoce 218 días internacionales distintos.

Sin embargo, todo esto aplica para los días internacionales que podemos llamar ‘oficiales’. Porque además existen muchos otros ‘extraoficiales’. Así, existen jornadas promovidas por empresas, colectivos o ciudadanos, que se difunden con amplitud sin respaldo institucional. Así, el Día Mundial de la Salud Mental, reconocido por las Naciones Unidas, convive en el imaginario público con fechas como el Día de Los Simpson o el Día del Café, que carecen de aval formal de la ONU pero han conseguido un impacto notable.

Ni siquiera se sabe cuántos días mundiales hay

Uno de los ejemplos más tempranos fue la declaración del Día de las Naciones Unidas en 1947, para conmemorar la adopción de la Carta fundacional, según la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Desde entonces, el listado se ha ampliado e incluye jornadas como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Día Mundial del SIDA (1 de diciembre), el Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril) o el Día Mundial del Atún, creado para destacar la importancia de la gestión pesquera sostenible.

En junio de 2024, la Asamblea General de la ONU había institucionalizado un total de 218 días internacionales, pero no hay un consenso absoluto porque el excesivo número de estas jornadas y sus numerosas fuentes de origen han provocado cierta confusión. Además de días, la ONU designa semanas, años y decenios internacionales para otorgar visibilidad a causas de mayor recorrido. Por ejemplo, el período 2022-2032 está dedicado a las Poblaciones Indígenas del Mundo.

Algunas asociaciones profesionales o empresas llegan a registrar legalmente la fecha y a reservarse los derechos comerciales, como sucede con el Día Mundial de Llevar tu Perro al Trabajo, impulsado por la asociación estadounidense Pet Sitter International, tal como ha señalado EFE Verifica. También existen entidades sectoriales que han promovido jornadas como el Día Mundial del Huevo, pensadas tanto para resaltar los beneficios de estos productos como para dinamizar la industria correspondiente.

Estas celebraciones pueden tener también un origen lúdico o social, dando lugar a fechas tan variadas como el Día Mundial de la Pizza (9 de febrero), el Día Mundial de Hablar como un Pirata (19 de septiembre) o el Día del Orgullo Zombie (4 de febrero). Como puede verse, está garantizado que cada persona tenga al menos un día mundial sobre algunos de sus gustos o intereses.

Los países signatarios del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) no lograron alcanzar un acuerdo sobre el texto final que debía reafirmar los objetivos de desarme y no proliferación, tras cuatro semanas de negociaciones.

“A pesar de todos nuestros esfuerzos, entiendo que la conferencia no está en condiciones de llegar a un acuerdo sobre su labor de fondo”, declaró el presidente de la conferencia, el vietnamita Do Hung Viet, quien descartó someter el texto a consideración después de múltiples ajustes.

La conferencia tenía como objetivo revisar el acuerdo en vigor desde 1970, considerado la piedra angular del régimen de no proliferación nuclear. Expertos señalaron que, aunque el tratado sigue vigente, la falta de consenso por tercera vez consecutiva debilita su legitimidad y la confianza en el mecanismo, lo que podría llevar a algunos Estados no nucleares a cuestionar si la no proliferación es la mejor opción para su seguridad.

“El texto está cada vez menos anclado en las realidades de los conflictos actuales y los riesgos de proliferación”, incluidos Corea del Norte e Irán, señaló Richard Gowan, del International Crisis Group. La última versión del texto, consultada por AFP, mencionaba que el régimen iraní nunca debe desarrollar armas nucleares, aunque ese párrafo permanecía entre corchetes por desacuerdos persistentes.

Seth Shelden, de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), afirmó: “La mayoría de los países efectivamente están trabajando de buena fe por el desarme. Pero el pequeño puñado de Estados poseedores de armas nucleares, y algunos de sus aliados, están socavando el TNP, frustrando los esfuerzos de desarme, ampliando sus arsenales y provocando la proliferación, y encaminando al mundo hacia la catástrofe”.

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en enero de 2025 existían 12.241 ojivas nucleares en manos de nueve Estados: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, el 90% de ellas bajo control estadounidense y ruso.

La misión de Irán ante Naciones Unidas responsabilizó el sábado a Estados Unidos por el fracaso de la última conferencia de revisión del TNP, al señalar que las posiciones defendidas por Washington llevaron a una situación de “caída libre”.

En un mensaje publicado en la red social X, la delegación iraní afirmó que “la Conferencia de Revisión del TNP fracasó por tercera vez consecutiva debido al obstruccionismo de Estados Unidos y sus aliados”. Teherán denunció que las “exigencias excesivas” de la administración estadounidense dificultaron cualquier posibilidad de consenso en las conversaciones celebradas.

Según la Asociación para el Control de Armas, uno de los principales puntos de fricción fue el intento de Washington de introducir en el debate cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

La representación iraní ante la ONU advirtió que el futuro del TNP depende de que las potencias nucleares asuman compromisos reales en materia de desarme. El acuerdo “no tiene futuro” sin medidas más amplias orientadas a la eliminación del armamento atómico, sostuvo la misión diplomática. En otro mensaje, reiteró que “sin desarme nuclear, no se puede imaginar ningún futuro para el TNP”.

Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destacó el 21 de abril la importancia del TNP, al afirmar que “sirve a los intereses en materia de seguridad de los Estados miembro y ha logrado frenar la propagación del uso de este tipo de armamento”. La Alianza acusó a países como Rusia y China de actuar de forma “irresponsable”.

En un comunicado, la organización señaló que “el deterioro actual del ambiente de seguridad supone un desafío relevante para el tratado a medida que la crisis de proliferación se profundiza y aumenta”, y calificó al TNP como “esencial para la arquitectura del desarme a nivel global”.

La OTAN acusó a Rusia de “violar sus compromisos vitales en cuestión de control de armas” y de utilizar una “retórica nuclear amenazante”. También señaló que China “sigue expandiendo rápidamente y diversificando su arsenal nuclear sin transparencia”.

(Con información de AFP y Europa Press)

El conflicto de Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado grandes problemas en el flujo del comercio internacional, elevando los precios de algunos productos como el combustible, los fertilizantes o plásticos, principalmente por el bloqueo al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos, principal actor del conflicto, ha intentado presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para establecer una misión internacional que recobre la normalidad en el estrecho, pero esta se ha visto frenada por las amenazas de Rusia y China de tumbar el texto estadounidense, considerando que podría estar sesgado en contra de Irán.

Ante esta situación, que mantiene hasta ahora bloqueado el texto de EEUU durante dos semanas, el Gobierno francés -que cuenta también con derecho a veto en la ONU- ha informado este viernes sobre la redacción de su propia resolución, que esperan presentar antes que el gobierno de Donald Trump.

Por su parte, la resolución estadounidense, que fue redactada junto con Baréin, lleva más de dos semanas en debate y exige a Irán que cese los ataques y la colocación de minas en el estrecho. El temor en la Casa Blanca del veto ruso y chino surge debido a que ambos países tumbaron un texto similar respaldado por Washington en abril, argumentando que este era parcial con Teherán.

Un texto en francés, con ayuda de Reino Unido

Estados Unidos ha conseguido hasta el momento que su texto sea respaldado por casi 140 países, con la esperanza de evitar el veto, pero Francia, que cuenta con este poder dentro de la ONU, se ha negado hasta ahora a respaldar la resolución estadounidense. “Hay un proyecto de resolución entre Estados Unidos y Baréin que se está debatiendo. Este constituye la base de las discusiones actuales. Aún no se ha anunciado la fecha de la votación”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pascal Confavreux.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que París se encuentra en la posición de impulsar pronto una iniciativa en las Naciones Unidas con el fin de consolidar los esfuerzos franco-británicos para organizar una misión internacional destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho, una vez que la situación lo permita y tras consultar con Washington y Teherán.

“Estamos trabajando en una misión internacional para restablecer la libertad de navegación. También hemos preparado, en nuestra calidad de miembro permanente, un proyecto de resolución que podría debatirse si las condiciones son adecuadas”, afirmó Confavreux.

El texto pone palabras a la cumbre de abril

La resolución francesa da forma a las reuniones mantenidas entre países no beligerantes, encabezadas por Macron y que el 17 de abril contaron con la participación de el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta italiana, Giorgia Meloni, y a la que han acudido, de manera telemática más de 40 Estados.

Según anunció el gobierno francés, el objetivo de la reunión era precisamente debatir la posible creación de una misión de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz. Macron explicó que la reunión era un mensaje para exigir “el restablecimiento de las condiciones de libre paso que estaban vigentes antes de la guerra y el pleno respeto del derecho del mar”, alegando que no se oponen a cualquier restricción, a “cualquier régimen de convenios que en la práctica equivalga a un intento de privatizar el estrecho y, obviamente, a cualquier sistema de peaje”.

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió este jueves en Nueva York una petición directa para que utilice todas las herramientas disponibles y presione a Hamas para que entregue las armas. La solicitud se planteó durante una sesión en la que Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la situación en Gaza podía volverse irreversible si no se alcanzaba un acuerdo de desarme.

“Esta es una versión del futuro que israelíes, palestinos y toda la región deberían temer y por la que todos deberían movilizarse para evitar. El desarme será gradual, secuencial y con plazos definidos según un calendario acordado“, dijo Mladenov.

Mladenov sostuvo que el principal obstáculo para consolidar el alto el fuego fue la negativa de Hamas a aceptar un proceso de desarme verificado, a ceder el control coercitivo y a permitir una transición civil en Gaza. Señaló que la alternativa al deterioro consistió en abrir un nuevo comienzo para la población palestina, que afrontó condiciones desesperadas tras años de conflicto.

“Pido al Consejo que utilice todos los medios a su alcance para instar a Hamas a aceptar la hoja de ruta sin más demora, y a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del alto el fuego. La diplomacia debe continuar; no puede utilizarse como excusa para la dilación mientras dos millones de personas esperan en condiciones desesperadas”, declaró el alto representante.

La propuesta exigió tanto a Hamas como a Israel cumplir sus compromisos, incluido el respeto del alto el fuego y el flujo de ayuda humanitaria.

El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, defendió el plan integral para terminar la guerra y expresó la disposición de su delegación a cumplir con los compromisos asumidos, aunque pidió que todas las partes se rigieran por los mismos criterios.

“No escatimamos esfuerzos para cumplir con nuestras propias obligaciones y compromisos, pero es fundamental que todas las partes se rijan por los mismos criterios”, aseguró Mansour.

Por su parte, el representante adjunto de Israel, Jonathan Miller, condicionó el éxito de la reconstrucción al desarme total de Hamas y afirmó que la organización siguió fuertemente armada. Enumeró la posesión de cohetes, misiles antitanque, rifles automáticos y lanzagranadas como prueba de que el Movimiento de Resistencia Islámica no actuó como una entidad política, sino como una fuerza militar preparada para la próxima confrontación.

“La reconstrucción de Gaza no podrá tener éxito mientras las milicias sigan controlando las calles, y cualquier esfuerzo serio por instaurar la estabilidad y un gobierno civil, así como un futuro mejor para los palestinos, fracasará a menos que se desarme a Hamas y se ponga fin a su régimen de terror”, mencionó el israelí.

Los enfrentamientos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica continuaron durante los últimos días. El fin de semana pasado, el ejército israelí comunicó que abatió a Ezedin Al Hadad, jefe del brazo armado del grupo, en un ataque aéreo realizado en Gaza la noche anterior.

“El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer (viernes), en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado”, indicaron las fuerzas israelíes.

Bajo este contexto, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, obedecerá todas las indicaciones que él le transmita en el marco del conflicto militar que mantienen ambos países contra el régimen de Irán.

“Hará todo lo que yo quiera que haga y, para mí, es un gran tipo. Es un gran tipo. No olviden que fue primer ministro en tiempo de guerra y, en mi opinión, en Israel no lo tratan como se merece”, mencionó Trump.

El Movimiento de Resistencia Islámica, al sostener su estructura militar y rechazar cualquier proceso de desarme, somete a la población de Gaza a un ciclo permanente de violencia y privaciones. Su decisión de mantener el control armado impide el avance hacia la paz y condena a millones de personas a vivir bajo el temor constante de nuevos enfrentamientos y en condiciones humanitarias extremas.

(Con información de AP)

Un documento que circula en redes sociales y que se presenta como una carta formal dirigida al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) encendió las alarmas sobre el estado operativo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), la única planta de este tipo en México.

El documento, fechado el 6 de mayo de 2026, fue difundido públicamente por el Dr. Jesús Pámanes —identificado como exingeniero de CFE-CENACE, con doctorado y MBA en sistemas energéticos— junto con lo que se presentan como firmas de respaldo. Pámanes acompañó la publicación con un mensaje contundente en redes: “¿Alguna vez imaginaron un país donde operadores de una central nuclear tengan que alertar a organismos internacionales por el deterioro laboral?”

El detonador: la reforma al Artículo 127 constitucional

El texto presentado señala como origen de la crisis la reciente modificación al Artículo 127 de la Constitución mexicana, que establece topes salariales y pensionales para empleados del sector público. Según los firmantes, esta medida —presentada ante la opinión pública como el combate a las llamadas “pensiones doradas”— ignora la naturaleza altamente especializada del trabajo en una central nuclear.

El documento argumenta que reemplazar a un Operador Senior de Reactor (SRO) requiere entre 5 y 7 años de formación y certificación, tanto bajo normas nacionales como internacionales, y que los recortes a jubilaciones están provocando una fuga de talento técnico altamente calificado hacia otros sectores.

Los riesgos técnicos que describe el documento

La carta enumera una serie de vulnerabilidades operativas que, según sus autores, derivarían del deterioro en las condiciones laborales:

• Fatiga del personal: Necesidad de cubrir turnos extra ante la falta de operadores certificados disponibles.
• Estrés cognitivo: La incertidumbre económica reduce la capacidad de detección de anomalías sutiles en los sistemas del reactor.
• Ruptura de programas de mentoría: La transferencia de conocimiento entre generaciones de especialistas estaría fracturada.
• Riesgo de SCRAMs no planificados: El documento proyecta un aumento en paradas de emergencia del reactor atribuibles a la inexperiencia del personal de reemplazo.
• Debilitamiento de la “actitud cuestionadora”: Personal en conflicto tendería a no reportar cuasi-accidentes por apatía o miedo.

Los firmantes invocan los estándares INSAG-4 e INSAG-15 del propio OIEA en materia de cultura de seguridad nuclear.

Un llamado con precedentes internacionales

El documento cita experiencias en Francia y Estados Unidos donde, ante crisis similares, los gobiernos reconocieron regímenes especiales para personal nuclear o implementaron planes de retención de conocimiento, al considerar que la pérdida de operadores licenciados resulta más costosa que ofrecer pensiones competitivas.

Los firmantes solicitan formalmente a los organismos internacionales que emitan recomendaciones técnicas a las autoridades mexicanas para que el personal de Laguna Verde —activo y jubilado— quede excluido de los efectos de la reforma al Artículo 127.

Lo que se desconoce

Hasta el momento de publicación de esta nota, no existe confirmación pública por parte del OIEA, WANO ni la CNSNS de haber recibido o estar procesando dicho documento. La Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tampoco han emitido pronunciamiento oficial al respecto.

El estado de salud de la princesa tailandesa , hospitalizada desde hace más de tres años, empeoró, según informó este jueves el Gran Palacio de Bangkok. La hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn enfermó durante una sesión de entrenamiento militar con perros en diciembre de 2022 y permaneció internada desde entonces.

El Palacio indicó previamente que la princesa padecía una grave infección sanguínea y que sus funciones pulmonares y renales estaban siendo asistidas con dispositivos médicos y medicamentos.

En un nuevo comunicado, la Oficina de la Casa Real señaló que Bajrakitiyabha desarrolló una infección abdominal por inflamación del intestino grueso y presenta “signos vitales inestables, presión arterial baja, latidos cardíacos irregulares y coagulación sanguínea anormal”.

La comunicación oficial añadió que la princesa sigue dependiendo de equipos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación. “Su estado ha seguido deteriorándose”, indicó el comunicado, y precisó que la infección se volvió “incontrolable y afectó a otros órganos”.

Bajrakitiyabha, de 47 años, estudió en Gran Bretaña, Estados Unidos y Tailandia, desempeñó cargos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y promovió mejoras en el trato a las mujeres en las cárceles. Es la única hija del primer matrimonio del monarca y fue nombrada para un puesto de alto rango en la unidad de guardaespaldas real un año antes de su hospitalización. El rey, de 73 años y con siete hijos de cuatro matrimonios, aún no anunció a su heredero, aunque las normas de sucesión tienden a favorecer a los hombres.

La noticia sobre el agravamiento de la salud de la princesa conmocionó a Tailandia. Aunque es una figura relevante en la vida pública, su perfil no es ampliamente conocido debido a que se mudó al extranjero desde muy joven. Se formó en el Reino Unido y obtuvo un doctorado en Derecho en Chicago. A lo largo de su carrera, ocupó cargos de responsabilidad en Naciones Unidas y fue embajadora de Tailandia en Austria.

Desde el inicio de su hospitalización, la Casa Real emitió cuatro comunicados oficiales con escasa información sobre su estado. En los primeros informes, se indicó que Bajrakitiyabha estaba “estable hasta cierto punto” pero con órganos vitales afectados, y que la frecuencia cardíaca estaba siendo controlada por medicamentos. Posteriormente, se explicó que se utilizaban medicamentos y equipos médicos para mantener el funcionamiento de su corazón, pulmones y riñones.

El 8 de enero de 2023 se confirmó que la princesa seguía inconsciente y bajo tratamiento antibiótico, revelando que el colapso se debió a una bacteria que causó “inflamación del corazón” y una “alteración grave del ritmo cardíaco”, lo que resultó en la pérdida de conciencia.

Bajrakitiyabha enfrenta una infección que ingresó al torrente sanguíneo, requiriendo el uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico mantiene un control estricto de sus órganos vitales y señaló que el pronóstico depende de la respuesta del organismo a los tratamientos. La Casa Real y los medios nacionales, sujetos a restricciones legales, mantienen un silencio casi absoluto sobre su delicada situación.

Siete hijos y ningún heredero

El rey Maha Vajiralongkorn (Rama X) ascendió al trono de Tailandia en 2016 tras la muerte de su padre, el rey Bhumibol, aunque su coronación se celebró en 2019. Rama X, décimo monarca de la dinastía Chakri, fue objeto de polémicas y críticas por sus ausencias y su estilo de vida tras asumir el trono.

A sus 73 años, Rama X contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y tiene siete hijos, aunque algunos no son considerados legítimos. De su primer matrimonio con Soamsavali Kitiyakara nació su primogénita, la princesa Bajrakitiyabha, vista por parte de la sociedad tailandesa como una potencial sucesora. Sin embargo, la ley dinástica en Tailandia impide que una mujer acceda al trono, reservando la sucesión al primer hijo varón del monarca.

De su segundo matrimonio, Rama X tuvo cinco hijos con Yuvadhida Polpraserth. Estos descendientes son considerados ilegítimos porque la unión no recibió la aprobación de la madre del rey, Sikirit, y en consecuencia no pueden acceder a los privilegios reales. Además, los hijos fueron obligados a abandonar el país por orden del propio Maha Vajiralongkorn.

(Con información de AFP)

El Gobierno de Estados Unidos retiró las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos, una semana después de que un juez federal de Washington suspendiera las medidas dictadas por la administración estadounidense en 2025 contra la abogada italiana.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo cual dejó sin efecto la prohibición para que la relatora ingrese a Estados Unidos y cancelando las restricciones financieras vigentes en su contra.

Estados Unidos sancionó a Albanese en julio de 2025 en el marco del programa relacionado con la Corte Penal Internacional (CPI), después de que la relatora criticara la ofensiva israelí en Gaza y solicitara investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes y estadounidenses. Washington acusó entonces a la experta de la ONU de promover acciones legales contra aliados y funcionarios de Estados Unidos en tribunales internacionales.

El 13 de mayo, un tribunal federal de Washington había suspendido temporalmente las sanciones al considerar que posiblemente constituían una restricción inconstitucional contra la libertad de expresión.

La familia de Albanese, residente en Estados Unidos, denunció que las medidas impuestas afectaron la vida personal de la relatora, quien no pudo acceder a su hogar en Washington, donde vive su hija, ciudadana estadounidense.

La eliminación de las sanciones por parte del Tesoro contradijo la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, quien en febrero calificó a Albanese como promotora de una “guerra jurídica” contra Estados Unidos.

El juez de distrito Richard Leon suspendió la medida impuesta por la Administración Trump contra Francesca Albanese, de nacionalidad italiana, al considerar que las sanciones violaban sus libertades de la Primera Enmienda al dirigirse directamente a sus declaraciones críticas con Israel.

El magistrado señaló que la medida también afectaba al esposo de Albanese, el economista italiano del Banco Mundial, Massimiliano Cali, y a la hija menor de ambos. Además, recordó que la Orden Ejecutiva que sancionó a la relatora de la ONU buscaba hacer frente a la “amenaza extraordinaria” que representarían los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional (TPI) para “investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas”, imponiendo sanciones a extranjeros que hayan participado directamente en esas acciones.

La confrontación de Albanese con Estados Unidos

El alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, Nikolay Mladenov, advirtió la semana pasada que el desarme del grupo Hamas en la Franja de Gaza es “no negociable” y que sin esa condición la reconstrucción del territorio resulta imposible. Mladenov reconoció que el alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre “no es perfecto” y registra violaciones “todos los días”.

El diplomático búlgaro realizó estas declaraciones en una rueda de prensa ante la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en Jerusalén Este, luego de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Mladenov subrayó que siete meses sin avances en la implementación del acuerdo no benefician ni a Israel ni a los palestinos.

“Tenemos un alto el fuego. Se mantiene. No es perfecto. Está lejos de serlo. Hay violaciones todos los días y algunas son muy graves”, afirmó. Añadió que estas infracciones tienen consecuencias concretas: “Significan que todavía se mata a civiles”.

Por su parte, la letrada italiana calificó a la Junta de Paz para Gaza como “lo opuesto” a una solución de paz, al considerarlo la continuación de una “limpieza étnica” bajo un nuevo disfraz diplomático. “El ‘Plan Trump’ (...) es continuar con la destrucción del pueblo palestino como tal en la poca tierra que les queda”, afirmó Albanese en una entrevista con EFE.

La relatora de la ONU sostuvo que es “necesario” crear una coalición alternativa a la llamada Junta de Paz y abogó por reforzar los mecanismos de justicia internacional. “El camino a la paz es respetar el derecho internacional, y no ha habido nada de eso”, afirmó.

Albanese criticó los planes de desarrollo comercial contemplados en el acuerdo: “El plan de reconstruir Gaza sobre fosas comunes, sobre una escena del crimen, sin tener en cuenta los derechos de propiedad ni lo que fue destruido... Es la anarquía elevada a sistema”.

(Con información de agencias)

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles a su futuro sucesor que mantenga la independencia del cargo y continúe abogando por reformar el Consejo de Seguridad.

“Aconsejo a mi sucesor que continúe luchando, que no guarde silencio y que reivindique la necesidad de establecer la justicia en el mundo mediante la reforma del Consejo de Seguridad”, aseguró Guterres durante una rueda de prensa en Tokio.

El portugués, cuyo segundo mandato de cinco años finaliza en diciembre, destacó la importancia de garantizar la “independencia” del cargo, en un momento que definió como de “crisis por el comportamiento de las superpotencias que violan el derecho internacional”.

“Cuando empecé (...) se suponía que el secretario general no debía hablar de esto”, dijo Guterres sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, donde los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) tienen poder de veto frente a los diez miembros rotativos.

“Las cosas están empezando a cambiar e incluso los miembros permanentes reconocen que es necesaria una reforma”, aseguró.

Guterres se ha mostrado muy crítico con el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo, dos de los cuales (Estados Unidos y Rusia) han lanzado ofensivas militares en los últimos años contra otros países miembros de la ONU (Irán y Ucrania, respectivamente).

El portugués también destacó este miércoles que entre los cinco países con un puesto permanente en el Consejo hay tres europeos, uno asiático y uno norteamericano, pero ninguno de África o de América Latina.

“Este es un problema serio de legitimidad y efectividad”, criticó el secretario general, que pidió aumentar tanto el número de miembros permanentes como el de no permanentes.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el 1 de enero de 2027 y entre los nombres que suenan se encuentran el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

También suenan como posibles candidatas Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de Costa Rica; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; y Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda.

¿Cómo se elige al secretario general de la ONU?

El cargo de secretario general de la ONU es una de las posiciones más influyentes del sistema internacional, pero el proceso de selección está lejos de ser un simple concurso de méritos.

Desde 1945, la designación debe ser aprobada por la Asamblea General, aunque el verdadero filtro lo ejerce el Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros, de los cuales cinco tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

En la práctica, cualquier candidato vetado por alguno de estos cinco países queda fuera de carrera, y solo aquellos con el visto bueno del Consejo llegan a la votación final de la Asamblea.

Esto explica por qué el proceso está marcado por un delicado equilibrio geopolítico y numerosas negociaciones detrás de escena. Los Estados miembro pueden impulsar audiencias y entrevistas públicas, pero las decisiones clave se toman en reuniones privadas entre embajadores.

(con información de EFE)

El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció su apoyo a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, postulada a la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2027 - 2032.

Así lo notificó el propio mandatario en su cuenta de X, en una decisión que se suma a los apoyos de México y Brasil, e incrementa el impulso latinoamericano en la contienda diplomática por el puesto que dejará António Guterres a finales de 2026.

“Como presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas”, manifestó el jefe de Estado sudamericano en las redes sociales.

Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos ocasiones, se ha destacado internacionalmente en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la protección social.

Su experiencia incluye haber sido fundadora y primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los derechos humanos del organismo entre 2018 y 2022.

Las dificultades de Bachelet

Pese a tener los respaldos de México, Brasil y Colombia, Bachelet aún enfrenta dificultades para tener los votos necesarios para acceder al cargo, debido a que el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, anulara el apoyo previamente otorgado por el exmandatario Gabriel Boric.

En su momento, la Cancillería chilena aseguró que, tanto “la dispersión de candidaturas de países de América Latina” como “las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable su respaldo a la candidatura de Bachelet. Pese a ello, la exmandataria sudamericana decidió mantener su candidatura.

La postulación de Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de la ONU enfrenta obstáculos definidos que exceden las variables habituales en este tipo de procesos.

Inicialmente, su candidatura ha sido criticada en el terreno estadounidense, luego de que 30 legisladores republicanos del Congreso norteamericano han solicitado, por vía formal, al Secretario de Estado y a la delegación de ese país ante la ONU bloquear la postulación de Bachelet.

El argumento de los legisladores apunta a su defensa activa del derecho al aborto, etiquetada como “radical” y, a su juicio, inaceptable porque “atenta contra la soberanía de los Estados”.

Incluso, el enviado estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, respaldó públicamente estos cuestionamientos, debilitando aún más la expectativa de apoyo de Estados Unidos.

La candidatura también recibe objeciones desde China y Rusia, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aunque grupos internacionales han criticado a Bachelet por un supuesto “enfoque tibio” o por la demora en denunciar tales abusos, para el gobierno chino resultó inaceptable la difusión de ese informe, cuya sola existencia provocó una reacción adversa.

En el frente ruso, la incomodidad se remite a su papel en la supervisión internacional de derechos humanos durante las etapas iniciales de la invasión a Ucrania y las reiteradas críticas institucionales a la represión de opositores en Rusia.

Sus rivales para la secretaría de la ONU

Además de Michelle Bachelet, hay otros cinco candidatos que también aspiran a la Secretaría General de la ONU.

Entre los candidatos, se destaca el argentino Rafael Grossi que asumió una posición destacada al reivindicar su gestión al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica, especialmente por su experiencia durante crisis nucleares en Ucrania e Irán.

También, se encuentra la postulación formal de María Fernanda Espinosa por parte del gobierno de Antigua y Barbuda que marcó un hito relevante en la contienda diplomática.

Del mismo modo, están postulados Rebeca Grynspan (Costa Rica) que apostó por reformas que aprovechen la inteligencia artificial para la prevención de crisis económicas, así como Macky Sall (Senegal), el único aspirante africano, que presentó una oferta centrada en la soberanía estatal y el desarrollo regional.

El proceso de nominación oficial registró a tres contendientes en los diálogos que inauguraron la fase pública en abril de 2026, con Espinosa sumándose mediante una postulación gubernamental en mayo.

Esta dinámica concentró la decisión final en la capacidad de los países latinoamericanos y del Caribe para articular consensos y evitar fracturas internas en torno a sus candidaturas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) disminuyó sus pronósticos de crecimiento económico mundial para 2026 y elevaron las perspectivas de inflación, en respuesta a la crisis en Medio Oriente y al alza de los precios del petróleo, ambas derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Según los economistas de la ONU, se espera que el crecimiento del PIB mundial sea de 2,5% en 2026, por debajo del 2,7% previsto en enero, y podría caer hasta 2,1% en un escenario más adverso, sin un desbloqueo del estrecho de Ormuz, la vía marítima actualmente paralizada por Teherán.

Shantanu Mukherjee, director de análisis económico del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, señaló que estas serían unas de las tasas de crecimiento más bajas del siglo, excluyendo la pandemia por coronavirus y la crisis financiera global de 2008.

“No estamos cerca de una recesión”, afirmó Mukherjee, aunque advirtió que la vida podría volverse más difícil para miles de millones de personas y que algunos países podrían enfrentar contracciones económicas.

La proyección de inflación mundial sube a 3,9% este año, 0,8 puntos porcentuales más de lo pronosticado en enero. “El aumento de los precios de la energía es un factor potente, al igual que los precios de los productos refinados que son cruciales para la producción industrial y el transporte comercial”, comentó Mukherjee en relación al bloqueo de Ormuz

El informe indica que la inflación no será uniforme. En los países desarrollados, se prevé que aumente de 2,6% en 2025 a 2,9% en 2026, mientras que en los países en desarrollo se aceleraría de 4,2% a 5,2%, como resultado de mayores costos de energía, transporte y bienes importados.

El impacto de la guerra con Irán es desigual, con el daño económico más grave en Asia occidental, donde se espera que el crecimiento regional caiga de 3,6% en 2025 a 1,4% en 2026, afectado tanto por el shock energético como por daños a la infraestructura y disrupciones en la producción de petróleo, comercio y turismo. En África, el crecimiento medio bajaría de 4,2% en 2025 a 3,9% en 2026. En América Latina y el Caribe, la previsión es de una desaceleración de 2,5% a 2,3% en 2026.

Para Estados Unidos, las Naciones Unidas prevé que la economía se mantenga “comparativamente resiliente”, con un crecimiento estimado del 2% este año, similar al de 2025. En contraste, Europa enfrenta mayor exposición debido a su dependencia de la energía importada; se proyecta que el crecimiento de la Unión Europea pase de 1,5% en 2025 a 1,1% en 2026, y en el Reino Unido de 1,4% a 0,7%.

En Asia, la diversificación energética y las reservas estratégicas de China, sumadas a medidas gubernamentales, ofrecen cierta protección, por lo que se espera que su crecimiento económico se desacelere de 5% en 2025 a 4,6% este año. India, en tanto, mantendría un crecimiento de 6,4% en 2026, aunque por debajo del 7,5% estimado para 2025.

El economista sénior de la ONU, Ingo Pitterle, planteó que la duración y el impacto del conflicto serán determinantes para el crecimiento económico de China, India y otros países, ya que los recursos de protección “son claramente limitados”.

Ante este pronóstico, el secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó el mecanismo anunciado por el régimen de Irán para gestionar el tráfico marítimo en Ormuz y pidió que se garantice la libertad de navegación en la zona. La postura del organismo fue comunicada este lunes por el portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, después de que un alto cargo del Parlamento iraní informara sobre un sistema que contempla el cobro de peajes en la vía marítima.

“No queremos que ninguna entidad en particular restrinja esa libertad de acceso”, declaró Haq durante su rueda de prensa diaria. Añadió: “Queremos asegurarnos de que no haya ningún obstáculo para la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho de Ormuz”.

Las declaraciones de la ONU se conocieron luego de que el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunciara la creación de un mecanismo para administrar el flujo marítimo en el estrecho. “Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, preparó un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, señaló Azizi en X.

(Con información de Associated Press)

Las autoridades emiratíes afirmaron el domingo que respondieron a un incendio provocado por un ataque con drones que se desató "fuera del perímetro interior" de la central de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin ocasionar problemas de seguridad.

Waltz atribuyó el ataque a Irán y aseguró que EAU tuvo que activar sistemas de emergencia para garantizar el suministro energético de la central.

"¿Qué nación responsable lanza drones contra una instalación nuclear operativa?", criticó el embajador estadounidense ante el Consejo, e insistió en que tal acción "cruza una línea roja" porque "supone una amenaza a la seguridad global".

Según Waltz, el ataque es "el último ejemplo de las actividades peligrosas y desestabilizadoras que definen al régimen iraní".

El representante insistió en que el incidente "no puede interpretarse como un hecho aislado" sino que "forma parte de una dinámica más amplia" para "poner en riesgo infraestructuras civiles críticas y la estabilidad internacional".

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

Sobre este asunto, Waltz afirmó hoy que EE.UU. ha vuelto a presentar una resolución centrada en las "violaciones de las libertades básicas de navegación de las que dependen las economías de todo el mundo", texto aún en negociación con el resto de miembros del Consejo y que pide defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

No obstante, China y Rusia ya vetaron el mes pasado un texto similar sobre este asunto por considerarlo partidista, ya que, a su juicio, solo responsabilizaba a Irán.

Tras el inicio del conflicto, Teherán respondió con ataques de represalia contra Israel y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -compuesto por Emiratos, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait y Omán-, y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para estos países petroleros para poder exportar sus recursos.

Sin embargo, Emiratos está siendo el país más castigado por Irán, incluso más que Israel, y las tensiones entre Abu Dabi y Teherán han aumentado hasta niveles sin precedentes tras el estallido de la guerra.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó a Panamá como parte de la gira internacional que mantiene para impulsar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un proceso que ya comenzó a movilizar apoyos diplomáticos y alianzas regionales de cara a la elección que definirá al sucesor del portugués António Guterres a partir de enero de 2027.

Durante su visita oficial, Bachelet sostuvo una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, donde ambos conversaron sobre el papel que debe asumir la ONU frente al complejo escenario geopolítico internacional, marcado por conflictos armados, tensiones migratorias, narcotráfico y desafíos multilaterales que afectan a distintas regiones del mundo.

La exmandataria chilena se encuentra realizando contactos diplomáticos en varios países para fortalecer respaldos a su aspiración de convertirse en la primera mujer en dirigir las Naciones Unidas en sus más de siete décadas de historia.

En los últimos meses ha tomado fuerza una corriente internacional que impulsa que el próximo liderazgo de la organización recaiga en una mujer y, preferiblemente, en una figura proveniente de América Latina y el Caribe.

En el encuentro con Mulino también se abordaron temas relacionados con seguridad regional, especialmente el narcotráfico y el crimen organizado, problemáticas que afectan tanto a Panamá como a Chile y al resto de países latinoamericanos.

Según la información divulgada por la Presidencia panameña, ambas figuras intercambiaron opiniones sobre cooperación regional y los desafíos que enfrenta actualmente el continente en materia de seguridad y migración.

Bachelet además reconoció el trabajo realizado por la administración panameña para cerrar el paso irregular por la selva del Darién, calificando la medida como un logro relevante en medio de la crisis migratoria que durante los últimos años impactó a países de América y Europa.

El tema migratorio se ha convertido en uno de los puntos más sensibles dentro de las discusiones multilaterales impulsadas por Naciones Unidas y distintos organismos internacionales.

Por su parte, el presidente Mulino destacó la importancia estratégica de Chile para Panamá debido a su peso comercial y al uso que hace el país sudamericano del Canal de Panamá. Chile figura entre los principales usuarios latinoamericanos de la vía interoceánica, utilizada para el tránsito de mercancías y conexiones marítimas entre el Pacífico y el Atlántico.

La visita de Bachelet a Panamá también reflejó el respaldo diplomático que mantiene actualmente de parte de Brasil y México, países que impulsaron originalmente su candidatura. La expresidenta chilena llegó acompañada de la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano, y del embajador de Brasil en Panamá, João Mendes Pereira. En la reunión también participó el canciller panameño, Javier Martínez Acha.

La carrera por dirigir la ONU

El proceso de selección para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas ya se encuentra oficialmente en marcha. El actual secretario general, António Guterres, concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026, abriendo paso a una nueva elección que será definida mediante negociaciones entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Aunque Michelle Bachelet es considerada una de las figuras más conocidas dentro de la contienda por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la competencia incluye otros perfiles diplomáticos y técnicos con experiencia internacional.

Entre los candidatos formalmente registrados figura María Fernanda Espinosa, diplomática ecuatoriana que fue ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador y presidenta de la 73ª Asamblea General de la ONU. Su candidatura fue presentada oficialmente por Antigua y Barbuda, lo que le permitió entrar al proceso formal de selección ante los Estados miembros.

Otro de los nombres que aparece en la carrera es el del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Grossi ha ganado visibilidad internacional por su participación en negociaciones relacionadas con seguridad nuclear y conflictos internacionales vinculados al control de programas atómicos. Su candidatura cuenta con el respaldo oficial de Argentina y apoyo diplomático expresado por países como Italia y Paraguay.

La lista también incluye a Rebeca Grynspan, economista costarricense y actual secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica y mantiene una amplia trayectoria dentro del sistema de organismos multilaterales vinculados al desarrollo económico y social.

Fuera del bloque latinoamericano aparece el expresidente de Senegal, Macky Sall, quien gobernó ese país africano entre 2012 y 2024 y además presidió la Unión Africana. Su candidatura fue impulsada por Burundi y representa una alternativa africana dentro de una contienda que hasta ahora mantiene fuerte protagonismo latinoamericano.

Los candidatos oficiales ya participaron en las primeras fases de diálogos interactivos y debates televisados organizados ante los Estados miembros de Naciones Unidas. Se espera ahora que el Consejo de Seguridad inicie en los próximos meses las deliberaciones reservadas que permitirán escoger al candidato que finalmente será recomendado para ocupar la Secretaría General de la ONU a partir de 2027.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su rechazo al mecanismo anunciado por el régimen de Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y reclamó que se garantice la libertad de navegación. La posición del organismo fue transmitida este lunes por el portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, después de que un alto cargo del Parlamento iraní informara sobre un sistema que contempla el cobro de peajes.

“No queremos que ninguna entidad en particular restrinja esa libertad de acceso”, declaró Haq durante su rueda de prensa diaria. El funcionario añadió: “Queremos asegurarnos de que no haya ningún obstáculo para la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho de Ormuz”.

Las declaraciones de la ONU llegaron después de que el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunciara la creación de un mecanismo para administrar el flujo marítimo en el estrecho.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó Azizi en X.

Según explicó el funcionario iraní, el mecanismo beneficiará únicamente a los buques comerciales y a las partes que cooperen con Irán. “Se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”, sostuvo.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaron las hostilidades el pasado 28 de febrero. Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un segundo cerco sobre la zona.

El cierre del estrecho generó preocupación internacional por las consecuencias económicas que podría provocar sobre el comercio y el suministro energético. Durante la conferencia de prensa, Haq advirtió sobre los efectos que podría tener la situación sobre distintos sectores.

“La escasez de combustible y de fertilizantes provocará diversas crisis, así como altas tasas de inflación, un menor crecimiento y, a la larga, una crisis alimentaria, que afectará especialmente a los países que menos pueden permitírselo”, señaló el portavoz adjunto de la ONU.

En paralelo, Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico redactaron una resolución para el Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. El texto se encuentra en proceso de negociación con el resto de los miembros del organismo.

La iniciativa busca oponerse a los peajes anunciados por Irán para los buques que utilicen el mecanismo de gestión del tránsito marítimo.

Un mes antes, China y Rusia vetaron otro texto relacionado con el estrecho de Ormuz. Ambos países consideraron que la propuesta era partidista porque, según su postura, solo responsabilizaba a Irán por la situación en la zona.

La discusión sobre el estrecho de Ormuz se mantiene en el centro de las negociaciones diplomáticas internacionales debido a la importancia estratégica del paso marítimo para el comercio global y el transporte energético. Mientras Irán sostiene que el mecanismo responde a criterios de soberanía y seguridad comercial, Naciones Unidas y varios países reclaman que no existan restricciones al tránsito internacional en la región.

(Con información de EFE)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró el sábado la extensión por 45 días del alto el fuego alcanzado a mediados de abril entre Israel y Líbano, y exigió a ambas partes el fin de toda agresión y el cumplimiento del Derecho Internacional.

“El jefe de la ONU acoge con satisfacción el anuncio de la prórroga de 45 días del cese de hostilidades tras las conversaciones facilitadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano”, señaló un comunicado oficial difundido por el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

El representante máximo de la organización reiteró el apoyo de Naciones Unidas a “todos los esfuerzos para poner fin a las hostilidades y aliviar el sufrimiento de las comunidades a ambos lados de la Línea Azul”, nombre que recibe frontera provisional entre ambos países.

“Naciones Unidas está comprometida a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos para promover la plena aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad”, orientada a poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah.

El comunicado subrayó la importancia de que “todos los actores (...) respeten plenamente el cese de las hostilidades, cesen cualquier ataque posterior y cumplan en todo momento con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario”.

El viernes, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, anunció en redes sociales que “el cese de hostilidades (entre Líbano e Israel) se prorrogará 45 días para permitir que se sigan realizando avances” entre las partes.

La diplomacia estadounidense convocó para el 2 y 3 de junio una nueva ronda de negociaciones, la cuarta entre ambos países desde la reactivación del conflicto, y adelantó para el 29 de mayo una “ronda de negociaciones sobre seguridad en el Pentágono con delegaciones militares” de las dos partes.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó a Europa Press que “el ambiente de las conversaciones ha sido muy positivo, incluso superando las expectativas”.

La delegación israelí estuvo compuesta por el embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional, Yossi Draznin. Por parte de Líbano participaron la embajadora en Washington, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam. La representación estadounidense incluyó al consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, al embajador en Israel, Mike Huckabee, y al embajador en el Líbano, Michel Issa.

Pese a la tregua vigente desde el 17 de abril, los ataques israelíes sobre territorio libanés continuaron. Hezbollah, que no participa en las negociaciones, siguió lanzando proyectiles hacia Israel y atacando fuerzas israelíes en el sur del Líbano, donde el ejército israelí mantiene una extensa zona de amortiguamiento.

El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió el martes que los bombardeos israelíes “erosionan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades”. Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, instó este viernes a dejar de lado los actos temerarios en favor de intereses extranjeros, en una crítica dirigida a Hezbollah.

“Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de proyectos e intereses extranjeros, la última de las cuales es una guerra que no elegimos sino que nos fue impuesta y que ha llevado a que Israel ocupe 68 pueblos, aldeas y lugares”, sostuvo Salam.

El liderazgo de Hezbollah rechazó públicamente las resoluciones del Gobierno libanés y calificó la participación en las negociaciones como un error estratégico. Desde Beirut, el grupo reiteró su oposición a cualquier contacto directo con Israel y exigió la retirada inmediata de la delegación oficial libanesa de las conversaciones, desestimando la autoridad del Ejecutivo para limitar sus actividades armadas en el territorio.

(Con información de Europa Press)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reiteró el llamado al Estado de Honduras para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y fortalecer la protección de la libertad de expresión en el país, especialmente en temas de interés público.

A través de un comunicado oficial, la Oficina manifestó su preocupación por las constantes agresiones, amenazas e intimidaciones que enfrentan periodistas y comunicadores hondureños, señalando que estos hechos representan un riesgo directo para la democracia y el acceso de la ciudadanía a la información.

El organismo internacional recordó que la labor periodística cumple un papel esencial dentro de cualquier sociedad democrática, ya que permite fiscalizar el actuar de las autoridades, denunciar actos de corrupción y mantener informada a la población sobre temas de interés nacional.

En ese sentido, la OACNUDH enfatizó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para que periodistas y medios de comunicación puedan desarrollar su trabajo sin temor a represalias, amenazas o violencia.

Asimismo, subrayó que cualquier agresión o acto de intimidación contra comunicadores debe ser investigado de manera pronta, imparcial y efectiva, a fin de evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

La Oficina recordó además que el derecho a la libertad de expresión únicamente puede estar sujeto a restricciones excepcionales y bajo estándares estrictamente necesarios y proporcionales, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.

Según el pronunciamiento, las autoridades deben abstenerse de cualquier tipo de interferencia indebida que limite el ejercicio periodístico o afecte el trabajo informativo de los medios de comunicación.

El organismo internacional sostuvo que los periodistas deben poder desempeñar su labor de manera libre y segura, sin presiones políticas, criminales o institucionales que pongan en riesgo su integridad física o su credibilidad profesional.

El pronunciamiento de Naciones Unidas ocurre en un contexto en el que diversos sectores nacionales e internacionales han denunciado el aumento de discursos estigmatizantes, amenazas y campañas de descrédito contra comunicadores y medios críticos.

La OACNUDH también hizo referencia a las declaraciones emitidas recientemente por la relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, quien visitó Honduras y sostuvo reuniones con periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades del Estado.

Tras concluir su visita, Khan llamó a las autoridades hondureñas a reconocer y respaldar la labor que realizan los periodistas en el país, destacando que el periodismo es fundamental para garantizar la transparencia y fortalecer las instituciones democráticas.

La relatora además instó a los funcionarios públicos a abstenerse de emitir mensajes o declaraciones que puedan fomentar actos de estigmatización contra periodistas, ya que este tipo de discursos pueden incrementar los riesgos de violencia y debilitar la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación.

Honduras continúa siendo considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina.

De acuerdo con organismos defensores de derechos humanos y asociaciones de prensa, más de 100 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en los últimos 25 años en el país.

La mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad, situación que ha sido señalada constantemente por organismos internacionales como uno de los principales factores que alimentan la violencia contra la prensa.

Según datos citados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, más del 90 % de los casos de asesinatos de periodistas en Honduras no han sido resueltos judicialmente, lo que evidencia debilidades en los procesos de investigación y acceso a la justicia.

A ello se suma la creciente presión que enfrentan comunicadores que cubren temas relacionados con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, conflictos territoriales y procesos electorales.

En la más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Honduras ocupa la posición 132 de 180 países evaluados.

Los apagones continuos y la escasez de combustible en Cuba están agravando la crisis del sistema sanitario, con hospitales obligados a suspender cirugías, limitar servicios esenciales y enfrentar una creciente falta de medicamentos y material médico, según han advertido este viernes responsables de Naciones Unidas.

Representantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron, tras una visita de tres días a la isla, que las carencias de electricidad y suministros afectan de manera severa la atención de urgencias, los bancos de sangre, los laboratorios y los programas de vacunación y salud materno-infantil.

Durante una comparecencia telemática desde Nueva York, el responsable de la OMS Altaf Musani advirtió que “el coste humano es significativo y sigue aumentando”, mientras clínicas y hospitales intentan mantener su actividad en medio de cortes eléctricos prolongados y falta de recursos básicos.

Según datos de la ONU, más de 100.000 personas, entre ellas unos 11.000 menores, esperan operaciones aplazadas debido a la inestabilidad energética y la escasez de suministros médicos. Además, alrededor de cinco millones de pacientes con enfermedades crónicas podrían ver interrumpidos sus tratamientos esenciales.

La situación impacta especialmente en pacientes oncológicos, ya que más de 16.000 personas requieren radioterapia y otras 12.000 siguen con quimioterapia en un contexto de dificultades para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos médicos.

Los responsables humanitarios también advirtieron del impacto sobre mujeres embarazadas y recién nacidos. Más de 32.000 gestantes enfrentan riesgos adicionales por las limitaciones en el acceso a pruebas diagnósticas, transporte y electricidad estable para alimentar incubadoras y otros equipos vitales.

“La plantilla sanitaria tiene que subir agua por las escaleras mientras las mujeres están dando a luz porque las bombas no funcionan”, explicó la directora de operaciones de OCHA, Edem Wosornu, quien también subrayó que los problemas de transporte dificultan la distribución de alimentos frescos y empeoran la nutrición de muchas embarazadas.

La ONU alertó que las interrupciones en los sistemas de agua, saneamiento y refrigeración aumentan el riesgo de propagación de enfermedades como el dengue y la chikungunya, mientras los programas de vacunación siguen operativos bajo presión por los problemas en la cadena de frío y el abastecimiento.

Pese al deterioro de las condiciones, OCHA y la OMS destacaron la labor del personal sanitario cubano, que continúa prestando asistencia “en circunstancias extremadamente difíciles”.

“La ayuda humanitaria debe llegar sin demora”, reclamó Wosornu, y advirtió que “actuar rápidamente y de manera conjunta es la única forma de evitar un mayor deterioro de la situación”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer a través de sus redes sociales que este 15 de mayo de 2026 recibió en Palacio Nacional a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. En el breve mensaje, la mandataria mexicana escribió:

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”.

Cabe recordar que en el encuentro que tuvieron el 7 de agosto del año pasado, ambas conversaron sobre la situación de América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, estuvieron presentes en la reunión.

México reitera su apoyo a la expresidenta de Chile

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dio a conocer que esta mañana el secretario Roberto Velasco sostuvo una reunión con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral y el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el contexto internacional actual.

El encuentro tuvo lugar en el marco del respaldo de México a la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada conjuntamente con Brasil.

“Como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”, resalta el breve comunicado.

El proceso de selección, comenzó formalmente en diciembre de 2025 con la presentación de candidaturas, para luego entrar en una etapa de negociaciones y discusiones internacionales que se prevé se extienda a lo largo de 2026, con el fin de definir quién sucederá al actual secretario general portugués, António Guterres.

Estos son los perfiles que buscarán el mismo cargo que Michelle Bachelet

La ONU detalla que el proceso de nombramiento se basa en resoluciones de la Asamblea General y se rige por los principios de transparencia e inclusión, esto se da bajo los siguientes pasos:

• El proceso se inicia con una carta conjunta del Presidente de la Asamblea General y el Presidente del Consejo de Seguridad.
• Las candidaturas son presentadas por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembros, que deben proporcionar una declaración de intenciones, un currículum vítae y la información relativa a la financiación de la campaña.
• La Presidencia de la Asamblea General convoca diálogos interactivos retransmitidos por Internet con las personas candidatas.
• La Presidencia de la Asamblea General colabora estrechamente con los Estados Miembros, de manera transparente e inclusiva.

Hasta la fecha solo se han presentado 6 nominaciones, sin embargo, una de ellas ya fue retirada:

• Michelle Bachelet Jeria (nombrada el 2 de febrero de 2026)
• María Fernanda Espinosa Garcés (nombrada el 11 de mayo de 2026)
• Virginia Gamba (nombrada el 11 de marzo de 2026; retirada el 25 de marzo de 2026) 
• Rafael Mariano Grossi (nombrado el 26 de noviembre de 2025)
• Rebeca Grynspan Mayufis (nombrada el 3 de marzo de 2026)
• Macky Sall (nombrado el 2 de marzo de 2026)

Más de 200 organizaciones, activistas y familiares de personas desaparecidas publicaron una carta dirigida a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para solicitar que de manera urgente se trace una ruta para atender la crisis de desaparición forzada en México

Esto a poco más de un mes de que se activó el Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.

La demanda, plasmada en una carta dirigida a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, acusa la ausencia de respuestas estatales suficientes y advierte que el tiempo es el mayor enemigo de las víctimas.

En el documento difundido en redes sociales, recordaron que el pasado 2 de abril de 2026, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada notificó la decisión inédita de trasladar el caso de México a la Asamblea General, al considerar que existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

“La urgencia no es una palabra retórica; es afirmar que el tiempo es nuestro peor enemigo”, se lee en la carta firmada por colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) y Fundación para la Justicia.

Recalcaron que en México se contabilizan más de 132 mil personas desaparecidas y al menos 70 mil restos humanos sin identificar, según la comunicación enviada a la ONU.

En este sentido, las familias de las víctimas enfatizaron que la desaparición es un delito continuo, que afecta tanto a los ausentes como a sus seres queridos, quienes enfrentan estigmatización institucional y social mientras mantienen la búsqueda.

Por ello, los colectivos solicitaron a la oficina de Guterres que traslade de inmediato el asunto a la Asamblea General, siguiendo el mandato de urgencia del Artículo 34.

También exigen transparencia sobre el procedimiento, la publicación de información clara y accesible sobre los mecanismos de recepción, y la definición de plazos para la inclusión del tema en la agenda del periodo de sesiones.

Las organizaciones piden establecer canales para asegurar la participación de familiares y colectivos de víctimas en el seguimiento del proceso ante la Asamblea General.

“Las madres y familiares no percibimos indicios claros de que se vaya a obtener verdad y justicia sin la actuación indispensable y urgente de la Asamblea General para ordenar soluciones efectivas”, indican en la carta.

Señalan momento definitorio

Las familias y colectivos subrayan que es la primera vez que se activa el Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Advierten que lo que resuelva la Asamblea General respecto a México servirá como referencia internacional para la protección de personas en futuros contextos.

Entre las agrupaciones firmantes figuran Familias unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas AC, Buscando con el corazón, De pie Hasta Encontrarte Guanajuato, Colectivo Buscadoras Guanajuato, Tu Ausencia Nos Unió Zacatecas A.C, H.I.J.O.S. México, Victimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Madres Buscadoras de río grande, entre otras.

También se suman familiares como Nancy Elizabeth Ramón Hernández, Yolanda Vargas González y Juana María Castillo Gallegos.

La conmemoración del Día Internacional de las Familias, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo sensibilizar sobre el papel fundamental de las familias en la sociedad y promover políticas que fortalezcan su bienestar.

Establecida formalmente en 1993, esta efeméride busca poner en primer plano el valor de los vínculos familiares y su impacto en el desarrollo social, económico y cultural de los países.

Cada año, la jornada invita a reflexionar sobre los desafíos que afrontan los hogares en contextos cambiantes y sobre la necesidad de implementar medidas que aseguren su protección y estabilidad.

Qué es el Día Internacional de las Familias

El Día Internacional de las Familias es una jornada promovida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de reconocer la función esencial que cumplen las familias como núcleo básico de la vida comunitaria. Desde su declaración en 1993 mediante la resolución A/RES/47/237, la fecha del 15 de mayo fue designada oficialmente para visibilizar los desafíos y transformaciones que atraviesan los hogares en todo el mundo.

De acuerdo con la ONU, la elección de esta efeméride responde a la necesidad de resaltar el papel de las familias en la educación, el desarrollo afectivo de sus integrantes y la construcción de sociedades más inclusivas. La organización internacional subraya que la familia constituye el primer espacio de socialización y protección y que su bienestar repercute directamente en la cohesión social.

En palabras de la Secretaría General de la ONU, “las familias, en todas sus formas, son el fundamento de las comunidades y de la sociedad en su conjunto”. Por esa razón, la jornada busca no solo celebrar la diversidad de modelos familiares, sino también llamar la atención sobre los problemas que afectan su estabilidad, como la pobreza, la migración o la desigualdad de género.

Origen y evolución de la conmemoración

La idea de dedicar un día a las familias surgió en la década de 1980, cuando diversos organismos internacionales y gobiernos comenzaron a señalar la importancia de adoptar políticas de apoyo familiar. El interés se consolidó con el Año Internacional de la Familia en 1994, lo que permitió que la efeméride ganara visibilidad en la agenda global.

Durante las últimas décadas, la conmemoración ha servido de plataforma para el debate público sobre el impacto de las transformaciones sociales y económicas en la vida familiar. Cada año, la ONU propone un lema específico para abordar distintas problemáticas, como el acceso a servicios de salud, la conciliación laboral y familiar, o la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Según el portal oficial de Naciones Unidas, el objetivo es que los gobiernos y la sociedad civil trabajen de manera conjunta para promover entornos familiares saludables y resilientes. En ese sentido, la fecha se emplea para difundir información, organizar actividades educativas y fomentar la adopción de políticas públicas basadas en evidencia.

El Día Internacional de las Familias también ha sido una oportunidad para que los Estados miembros de la ONU presenten informes y compartan buenas prácticas orientadas a fortalecer la protección social y el acceso a oportunidades para todos los miembros del hogar.

Significado social y alcance internacional

La celebración del Día Internacional de las Familias adquiere especial relevancia en un contexto de cambios demográficos, migración y diversidad de estructuras familiares. De acuerdo con la ONU, la efeméride invita a reconocer que existen múltiples formas de familia y que todas requieren apoyo y protección por parte del Estado y de la sociedad.

En América Latina, por ejemplo, la jornada es utilizada por instituciones gubernamentales y organizaciones sociales para sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad en el cuidado, la igualdad de género y la inclusión de grupos vulnerables. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú ha señalado que “la familia es el espacio donde se forman los valores y se genera el primer aprendizaje de convivencia”.

El impacto de la efeméride se refleja en la adopción de políticas que buscan garantizar el acceso a servicios básicos para las familias, la protección de la infancia y la promoción de la igualdad de oportunidades. Según datos de la ONU, más de 190 países reconocen la jornada, organizando actividades educativas, campañas de sensibilización y encuentros comunitarios.

La conmemoración también sirve para poner en agenda la necesidad de adaptar las leyes y programas sociales a las nuevas realidades familiares, incluyendo hogares monoparentales, familias reconstituidas y aquellas afectadas por la migración forzada.

Datos clave y declaraciones sobre la jornada

Desde su establecimiento, el Día Internacional de las Familias ha permitido visibilizar estadísticas y tendencias sobre la composición y situación de los hogares en diferentes regiones. Según la ONU, aproximadamente el 80% de los niños en el mundo vive en entornos familiares diversos, lo que enfatiza la importancia de políticas inclusivas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha destacado que “el fortalecimiento de la familia contribuye a la erradicación de la pobreza y a la promoción del desarrollo sostenible”. En esta línea, organismos internacionales subrayan la necesidad de asegurar que todos los miembros del hogar tengan acceso a educación, salud y protección social.

En declaraciones recogidas por portales institucionales, representantes de la sociedad civil han afirmado que “la familia es un pilar fundamental para la transmisión de valores y la promoción de la equidad”. Por su parte, la Asamblea General de la ONU sostiene que “promover el bienestar familiar es clave para el progreso de las sociedades”.

El Día Internacional de las Familias, celebrado anualmente el 15 de mayo, representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de los Estados y la comunidad internacional con la protección, el desarrollo y la diversidad de los hogares en todo el mundo.

A días de que Colombia entre de lleno a una nueva contienda electoral, desde distintos sectores comenzaron a elevarse llamados para cuidar el tono del debate público. En medio de una conversación política cada vez más intensa, la comunidad internacional puso sobre la mesa una advertencia que va más allá de las urnas, la democracia también se protege en la forma en que una sociedad discute sus diferencias.

Ese fue el mensaje que dejó Miroslav Jenča, que insistió en que el país enfrenta una etapa determinante para fortalecer la paz y preservar la confianza en sus instituciones. Desde su intervención, el representante internacional señaló que la calidad del proceso democrático no depende únicamente de la organización electoral, sino del ambiente social y político que lo rodea.

En un escenario marcado por la polarización y las tensiones propias de la agenda pública, la Organización de las Naciones Unidas decidió respaldar de manera directa una iniciativa nacional enfocada en proteger el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y alejadas de cualquier forma de violencia o estigmatización. La posición fue expresada como parte del compromiso promovido por la Defensoría del Pueblo, una apuesta que busca blindar el ejercicio democrático frente a discursos agresivos, ataques personales y narrativas que puedan profundizar la división social.

Durante su pronunciamiento, Jenča recordó una reflexión planteada por António Guterres, que insistió en la necesidad de proteger los valores democráticos en momentos de alta sensibilidad política. “Cuando la democracia es inclusiva y respeta los derechos humanos, se convierte en una fuerza poderosa para la dignidad, la estabilidad y la paz”.

A partir de esa idea, el diplomático reiteró que Colombia necesita preservar espacios donde la discusión pública pueda desarrollarse desde el respeto, incluso en medio de profundas diferencias ideológicas. Según explicó, una democracia sólida no solo requiere instituciones funcionando, sino ciudadanos, líderes y movimientos capaces de debatir sin recurrir al odio.

Por eso, el jefe de la misión internacional hizo un llamado directo a partidos, campañas, líderes sociales, sectores institucionales y ciudadanos para que el lenguaje utilizado durante este periodo político contribuya a construir confianza y no a profundizar fracturas. “Hacemos un llamado a todos los actores a promover un lenguaje constructivo y respetuoso, fortalecer la escucha y rechazar toda forma de estigmatización, odio y violencia, incluida la violencia contra las mujeres”, señaló Jenča.

El mensaje adquirió especial relevancia en un país donde la violencia política ha dejado profundas heridas históricas. En ese contexto, la forma en que se desarrolla el debate electoral puede convertirse en un factor decisivo para fortalecer la convivencia o, por el contrario, alimentar escenarios de confrontación. Jenča advirtió que garantizar elecciones transparentes también implica ofrecer condiciones reales de participación para todos los sectores de la sociedad. Eso incluye el derecho de las mujeres a intervenir en política sin intimidaciones, ataques o agresiones basadas en género, un fenómeno que sigue siendo motivo de preocupación dentro de distintos procesos democráticos en la región.

Además, insistió en que cada colombiano debe contar con las condiciones necesarias para acudir a las urnas de manera libre, con acceso a información suficiente y bajo garantías de seguridad. Para la misión internacional, el voto no puede entenderse únicamente como un acto individual, sino como una expresión colectiva de confianza en la institucionalidad.

A medida que el calendario político avanza, la ONU mantiene la atención sobre el comportamiento del debate nacional y sobre las condiciones en las que se desarrollará la participación ciudadana.

Desde la visión del organismo, construir paz no es un proceso que se limite a los acuerdos o a los escenarios institucionales. También ocurre en los discursos, en la manera en que se escucha al otro y en la posibilidad de competir políticamente sin convertir la diferencia en enemistad. “La paz también se construye en las palabras, en el respeto y en cada voto”, concluyó el jefe de la Misión.

Ucrania convocó este jueves una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas luego del masivo ataque lanzado por Rusia contra Kiev, donde al menos 16 personas murieron —entre ellas dos menores— y decenas resultaron heridas tras una ofensiva con cientos de drones y misiles.

El gobierno de Volodimir Zelensky pidió una reacción internacional inmediata y denunció que Moscú respondió con “más terror y violencia” a las propuestas de negociación impulsadas en las últimas semanas.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, confirmó que ordenó activar mecanismos diplomáticos en Naciones Unidas y otros foros internacionales tras el bombardeo sobre la capital.

“He dado instrucción para que se inicie de inmediato una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU”, escribió en redes sociales. El funcionario sostuvo además que “una escala tan grande de terror ruso requiere respuestas internacionales fuertes”.

Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó durante las últimas 24 horas unos 675 drones de ataque y 56 misiles, en uno de los operativos más intensos desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó haber interceptado la mayoría de los proyectiles, aunque varios impactaron sobre edificios residenciales e infraestructura civil de Kiev.

El Servicio Estatal de Emergencias informó que continúan las tareas de búsqueda entre los escombros en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el distrito de Darnitski. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que más de 50 personas resultaron heridas y confirmó que cerca de veinte debieron ser hospitalizadas.

“Este es uno de los ataques más masivos sufridos por Kiev”, afirmó Klitschko, quien además decretó jornada de duelo oficial en la capital ucraniana.

El presidente Volodimir Zelensky aseguró que uno de los misiles utilizados por Rusia destruyó por completo un edificio residencial de nueve pisos.

“Literalmente arrasó un bloque de viviendas”, declaró el mandatario. También precisó que unas 180 estructuras sufrieron daños, incluidas escuelas, clínicas y edificios habitacionales.

En su mensaje diario, Zelensky afirmó que el misil empleado en uno de los ataques era un Kh-101 fabricado este mismo año.

“Esto significa que Rusia todavía importa componentes, recursos y equipos necesarios para producir misiles evadiendo las sanciones internacionales”, sostuvo. Por ese motivo reclamó endurecer las medidas económicas contra Moscú.

“Las sanciones deben ser más dolorosas para Rusia”, insistió.

Las escenas en Kiev fueron caóticas durante toda la madrugada. Residentes buscaron refugio en estaciones de metro mientras se escuchaban explosiones en distintos puntos de la ciudad. Equipos de rescate trabajaron entre edificios destruidos y estructuras parcialmente colapsadas para retirar escombros y localizar sobrevivientes.

“Todo ardía. La gente gritaba y pedía ayuda”, relató Andrii, un vecino de Kiev que sobrevivió al derrumbe de un edificio residencial.

El ataque ruso se produjo pocos días después del final de la tregua temporal anunciada por Moscú con motivo de las celebraciones del Día de la Victoria, el pasado 9 de mayo. Tanto Rusia como Ucrania se acusaron mutuamente de violar ese alto el fuego durante las jornadas previas.

Kiev sostiene que la ofensiva representa un nuevo golpe a los intentos diplomáticos impulsados por distintos países para alcanzar una salida negociada al conflicto.

“El mundo debe ver que la respuesta de Rusia a todas nuestras propuestas constructivas de paz es más terror y violencia”, afirmó Sibiga.

En paralelo, varios aliados occidentales expresaron respaldo al gobierno ucraniano tras los ataques. El canciller alemán Friedrich Merz sostuvo que “los ataques rusos más intensos en mucho tiempo muestran que Moscú apuesta por la escalada y no por la negociación”.

Mientras tanto, el Kremlin mantiene sus exigencias para avanzar hacia conversaciones de paz. Rusia reiteró esta semana que Ucrania debe retirarse completamente de la región del Donbás como condición previa para un eventual acuerdo, una demanda que Kiev rechaza por considerarla equivalente a una rendición.

(Con información de EFE y AFP)

El nuevo gobierno de Costa Rica anunció oficialmente que mantendrá su respaldo a la candidatura de Rebeca Grynspanpara convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, en una apuesta diplomática que busca colocar nuevamente al país centroamericano en el centro de la discusión internacional.

El anuncio fue realizado por el nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar, quien destacó la experiencia internacional, la capacidad de negociación y el liderazgo de Grynspan como elementos fundamentales para dirigir el organismo multilateral en uno de los momentos más complejos de la política global.

“Me complace reiterar la firme determinación de impulsar la candidatura de doña Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, afirmó Tovar en un mensaje oficial divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El jerarca aseguró que el sistema multilateral enfrenta actualmente “desafíos implacables”, por lo que consideró indispensable contar con un liderazgo capaz de reformar y fortalecer la estructura internacional.

Según el canciller, la ex secretaria general iberoamericana y actual figura de relevancia internacional posee el perfil necesario para asumir el cargo debido a su trayectoria regional y global.

“La señora Grynspan cuenta con una larga trayectoria a nivel regional e internacional, demostrando su capacidad de negociación en los escenarios internacionales más complejos, consiguiendo éxitos sobresalientes en sus misiones”, sostuvo Tovar.

El ministro también enfatizó que la diplomática costarricense mantiene un compromiso firme con los principios fundamentales de las Naciones Unidas, particularmente con la idea de “no dejar a nadie atrás”, una de las consignas centrales impulsadas por la organización durante los últimos años.

En medio de conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y crisis humanitarias, el gobierno costarricense considera que la ONU necesita una conducción capaz de recuperar consensos y fortalecer la cooperación entre países.

“Hoy más que nunca, el mundo necesita de la vocación de paz que la Organización de las Naciones Unidas representa. Pero esta, a su vez, necesita de un liderazgo fuerte y claro”, expresó el canciller.

Tovar agregó que Grynspan no solo conoce profundamente el funcionamiento del sistema internacional, sino que además entiende la necesidad de reformarlo para responder de manera más eficiente a los retos contemporáneos.

“La señora Grynspan posee no solo una amplia experiencia internacional, sino que también conoce el sistema de Naciones Unidas y el valor que representa defenderlo, pero también reformarlo para que cumpla con su mandato”, indicó.

Con este anuncio, la administración encabezada por Laura Fernández deja claro que mantendrá una política exterior enfocada en el multilateralismo, la diplomacia y el fortalecimiento de la presencia costarricense en organismos internacionales.

La propia Rebeca Grynspan reaccionó al respaldo oficial mediante un mensaje de agradecimiento dirigido al nuevo gobierno.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento al nuevo canciller Manuel Tovar y a la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, por este apoyo y por el honor que me dan de representar a Costa Rica en esta tarea para llegar a ser la secretaria general de Naciones Unidas”, manifestó.

La economista costarricense es una de las figuras latinoamericanas con mayor reconocimiento dentro de organismos multilaterales. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alto perfil vinculados al desarrollo, la cooperación internacional y la gobernanza democrática.

Su eventual llegada a la Secretaría General de la ONU representaría un hecho histórico no solo para Costa Rica, sino también para América Latina y para las mujeres en espacios de liderazgo global.

En círculos diplomáticos internacionales, el nombre de Grynspan ha sido asociado en múltiples ocasiones con posibles posiciones de alto nivel debido a su experiencia en negociación política y desarrollo sostenible.

Costa Rica, país históricamente identificado con la defensa de los derechos humanos, el desarme y la paz internacional, busca ahora posicionar a una de sus diplomáticas más reconocidas en la máxima estructura del sistema multilateral.

La candidatura también se interpreta como una señal de continuidad de la política exterior costarricense en materia de cooperación internacional y defensa del diálogo como mecanismo para resolver conflictos globales.

Aspirantes a la Secretaría de la ONU

La carrera por suceder a António Guterres al frente de la ONU también incluye a otras figuras de peso dentro de la diplomacia internacional. Entre los nombres que han surgido en los últimos meses destacan la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien ya presidió la Asamblea General de Naciones Unidas; el ex primer ministro portugués António Costa; y el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuya gestión ganó alta visibilidad internacional en medio de las tensiones nucleares derivadas de la guerra en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente.

Aunque el proceso todavía se encuentra en una etapa preliminar y sin candidaturas oficialmente cerradas, diversos medios especializados y fuentes diplomáticas coinciden en que Grossi es, hasta ahora, el aspirante que reúne mayores adhesiones entre distintos bloques internacionales, gracias a su perfil técnico, experiencia en organismos multilaterales y capacidad de interlocución con potencias occidentales y países emergentes.

En ese escenario, el respaldo de Costa Rica a Rebeca Grynspan busca posicionarla como una de las principales cartas latinoamericanas en una contienda que promete convertirse en una intensa disputa geopolítica dentro del sistema de Naciones Unidas.

El sufrimiento humano producido por las acciones belicistas por parte de los Estados nacionales en la actualidad se potencia con los avances tecnológicos de la inteligencia artificial (IA). Este sufrimiento no es el único: la desigualdad producida por la concentración de la riqueza, el avance de la carrera armamentista y las consecuencias del cambio climático no tienen ningún límite. Las normas y reglas diplomáticas establecidas después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la Carta de San Francisco, firmada el 26 de junio del año 1945, que pusieron en marcha el orden mundial con el protagonismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para preservar la paz mundial, son ahora un recuerdo.

Durante el enfrentamiento de la Guerra Fría, las dos potencias líderes lograron el equilibrio de poderes para atenuar los conflictos nucleares, como la Crisis de los Misiles en el año 1962 y el Tratado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la eliminación de sus misiles de intermedio y corto alcance firmado en 1987. De esa bipolaridad de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, llegando a la unipolaridad estadounidense gracias a la caída del Muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, se estableció un orden (Neo) liberal sostenido en la defensa de la democracia y el libre mercado.

El orden mundial tuvo varios cimbronazos, como los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos fue atacado en su propio territorio y entre las respuestas de dicho país a los ataques estuvieron las acciones militares en Afganistán e Irak sin el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. Pocos años después, la crisis económica mundial de 2008 originada por la caída de las hipotecas subprime y la quiebra del banco Lehman Brothers tuvo como respuesta el intento de una organización que pudiera prever y activar respuestas rápidas como el G20. Finamente, la pandemia del COVID–19 tuvo una reacción coordinada entre los Estados nacionales y las organizaciones internacionales para enfrentar la crisis sanitaria y geopolítica.

En este marco de intentos de respuestas y atemperación de conflictos de toda índole, no podemos olvidar aquellas acciones que, lejos de atemperar los problemas, los escalaron de un modo inusitado como las acciones unilaterales de varios países. Por ejemplo, las acciones de Rusia con la invasión a Crimea en 2014 y al territorio ucraniano en 2022; o en otro orden geopolítico, la intervención estadounidense en Venezuela.

Las decisiones del líder ruso Vladimir Putin determinaron que el continente europeo dejara de representar una zona de paz y estabilidad en Europa. A su vez, el Oriente Próximo y Oriente Medio son territorios condicionados por conflictos y enfrentamientos de larga data que multiplican el sufrimiento. En este momento, el ataque de Gaza luego del acto terrorista de Hamas contra Israel y la potenciación de dicho conflicto por la cuestión del estrecho de Ormuz, muestra cada vez más la debilidad de organizaciones supranacionales que posibiliten el mantenimiento y/o recuperación de la paz. Cada uno de estos acontecimientos tiene factores políticos, geopolíticos, militares, económicos y sanitarios, que condicionan al actual sistema internacional.

Dos propuestas analítico-políticas resultan de considerable interés para reflexionar sobre el presente y el “desorden” mundial. Tanto el embajador y académico Jorge Argüello en su libro “Efecto Mariposa”, como así también el último libro del analista político estadounidense Robert D. Kaplan “Tierra Baldía: un mundo en crisis permanente” son análisis que vale la pena tener en cuenta. Ambos autores acercan una reflexión clara y eficaz para la comprensión del “orden” mundial y proponen herramientas que permitan comprender y enfrentar la crisis.

Según Argüello, detrás de guerras, crisis y tensiones contemporáneas no hay desorden puro sino un proceso de descomposición del sistema internacional surgido en 1945 y la gestación aún incierta de un nuevo equilibrio multipolar. Incluso, se pregunta: ¿estamos viviendo un momento de caos o estamos en presencia de una transición del orden internacional? Así también Kaplan asegura que todos habitamos el mismo sistema global altamente inestable. Su incisivo estudio geopolítico plantea cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos.

A partir de las propuestas de estos dos autores, enumero rápidamente los elementos necesarios y urgentes para enfrentar un mundo en crisis permanente y total.

En primer lugar, debemos priorizar la importancia de fundamentación y base de los Estados nacionales y las organizaciones internacionales de la ONU. Es decir, el multilateralismo como la llave para enfrentar el actual sistema internacional.

En segundo lugar, es necesario realizar una reforma estructural en la ONU, en especial en el Consejo de Seguridad, porque su capacidad de acción es limitada –tal como quedó demostrado con el ejemplo de la situación en Ucrania a partir del veto ruso-. Países como Brasil y la India deberían incorporarse en un futuro cercano como Miembros Plenos del Consejo de Seguridad de la ONU. Teniendo en cuenta que para el año 2100 el 40% de la población mundial será ciudadana de algún estado-nación del continente africano, es llamativo que a esta altura ninguno de los países de dicho continente tenga protagonismo en el Consejo de Seguridad.

En tercer lugar, es inadmisible la falta de templanza y prudencia en quienes tienen poder para tomar decisiones que afectan a la paz y evitan el sufrimiento humano. La diplomacia es la guía para lograr la paz. No es idealismo, se trata de tener conciencia social para todos y todas los que vivimos en este planeta, para entregar un mundo habitable a las próximas generaciones.

En cuarto lugar, el orden multilateral es el corazón para evitar guerras entre potencias. La ONU debe profundizar la Agenda 2030, un plan de acción global con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para esa fecha. Debe buscar un desarrollo sostenible e inclusivo, abordando el cambio climático, la desigualdad, la paz y la justicia con la colaboración de todos los países.

En quinto lugar, los diálogos entre líderes políticos desde las diferentes Cumbres Presidenciales y/o el G7 como el G20 se fundamentan en una acción diplomática y geopolítica para buscar la paz, a la vez que en una saludable dinámica comercial que además permita enfrentar las problemáticas que tiene la humanidad como es el Cambio Climático.

Por último, los Estados nacionales deben de manera urgente regular la IA. El poder de la inteligencia artificial es peligroso si solo queda en manos de pequeños grupos con intereses que están alejados del bien común.

Sin embargo, frente a este panorama desolador, podemos tener esperanza e ilusión. En septiembre de 2026, la ONU tiene que elegir nuevo secretario general. Uno de los principales candidatos para reemplazar a Antonio Manuel de Oliveira Guterres es el argentino Rafael Mariano Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU.

Grossi es señalado como uno de los más idóneos representantes para coordinar el sistema internacional. Incluso, puede ser el hombre indicado para realizar las reformas que necesita la ONU para renovar y asegurar la capacidad del Consejo de Seguridad en la toma de decisiones de la política internacional.

Esperemos entonces que el nuevo liderazgo de la ONU proponga también nuevas y renovadas acciones para atenuar el sufrimiento de grandes sectores de la humanidad en este mundo en crisis permanente.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó este miércoles que Estados Unidos sumó a más de 110 países copatrocinadores al proyecto de resolución presentado junto a Bahréin en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz”, vía marítima actualmente bloqueada por el régimen iraní.

La diplomacia estadounidense consideró este respaldo como evidencia de que “Irán está aislado en sus acciones ilegales” en ese estratégico paso marítimo.

“Irán está aislado en sus acciones ilegales de explotar minas en aguas internacionales y cobrar peajes. Véase la lista de los 113 copatrocinadores de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU —entre los que se incluyen India, Japón y Corea del Sur— que exigen a Irán que cese su comportamiento ilegal e inaceptable”, declaró el diplomático, quien destacó que el número de apoyos supera el 58% de los Estados miembros de la organización mundial.

El proyecto de resolución, promovido por Estados Unidos y Bahréin con el respaldo inicial de todo el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo salvo Omán, exige a Irán el cese de los ataques, la colocación de minas y el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz.

Además, solicita que el régimen revele el número y la ubicación de las minas marinas que instaló y que coopere con los esfuerzos internacionales para su retirada.

Teherán respondió a través de su misión ante Naciones Unidas y afirmó que las declaraciones del representante estadounidense sobre el respaldo internacional constituyen “un intento desesperado por legitimar objetivos políticos predeterminados, socavar la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU y brindar cobertura política a acciones ilegales”.

La delegación iraní calificó de “absurdo y engañoso” presentar el número de copatrocinadores como muestra de aislamiento de Irán. En ese sentido, añadió que bajo la mirada de Teherán “muchos miembros se han unido al proyecto de resolución bajo presión política, coacción e incluso amenazas”.

Irán sostuvo que “ningún número de copatrocinadores forzados puede legitimar los actos internacionalmente ilícitos que Washington sigue cometiendo contra Irán, incluyendo el bloqueo marítimo, los ataques y la incautación ilegal de buques mercantes iraníes, y la toma de rehenes de sus tripulaciones en prácticas que recuerdan a la piratería”.

El miércoles, el régimen iraní anunció la expansión de la zona estratégica que considera bajo su control en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles y cruciales para el transporte mundial de petróleo y gas, lo que incrementó aún más la tensión en Medio Oriente.

La declaración fue realizada por un alto oficial de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní y difundida por las agencias Fars y Tasnim, en un contexto de renovada tensión con Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.

Mohammad Akbarzadeh, subdirector político de la Marina de la Guardia Revolucionaria, afirmó que Teherán ya no concibe Ormuz como un paso marítimo reducido a unas pocas islas del Golfo Pérsico, sino que lo redefine como “una vasta área operativa” con un alcance mucho mayor. “En el pasado, el estrecho de Ormuz era definido como un área limitada alrededor de islas como Hormuz y Hengam, pero hoy esa visión cambió”, declaró Akbarzadeh según la agencia Fars.

El oficial detalló que la nueva delimitación estratégica se extiende desde la ciudad de Jask, en el este, hasta la isla de Siri, en el oeste, lo que representa un aumento significativo del espacio marítimo bajo influencia militar iraní. Las agencias Fars y Tasnim señalaron que el ancho operativo del estrecho, antes calculado entre 30 y 50 kilómetros, ahora abarca entre 320 y 480 kilómetros. Ambos medios describieron la nueva delimitación como “una media luna completa”.

(Con información de Europa Press)

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa fue nominada por Antigua y Barbuda para competir por el cargo de secretaria general de la ONU, en reemplazo de António Guterres. De acuerdo a analistas internacionales, es la favorita del Reino Unido.

Espinosa se desempeñó como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas entre 2018 y 2019, convirtiéndose en la cuarta mujer en ocupar la posición. También fue ministra de Defensa (2012-2014) y canciller (2017-2018) de Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa.

“Recibimos su documentación anoche. Ha sido propuesta por Antigua y Barbuda”, informó a la agencia de noticias EFE La Niece Collins, portavoz de la presidenta de la Asamblea General de la ONU, y adelantó que la candidatura se oficializará en las próximas horas. Sin embargo, detrás de esa postulación se encontraría Londres.

Antigua y Barbuda fue una colonia británica desde 1632 hasta su independencia el 1 de noviembre de 1981. Actualmente es un estado soberano e independiente, aunque mantiene vínculos como miembro de la Commonwealth, reconociendo al monarca británico como jefe de Estado. Sus vínculos con el Reino Unido son fluidos.

Con esta postulación, Espinosa se suma como la quinta candidata en la contienda por suceder a Guterres.

Las otras candidaturas corresponden al argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien concita mayor apoyo entre las potencias internacionales, como Estados Unidos, China e Israel, y la mayoría de los países de América Latina y Europa; Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile; Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y ex vicepresidenta de Costa Rica; y Macky Sall, ex presidente de Senegal.

Estos cuatro aspirantes participaron en un diálogo interactivo, en el que cada uno dispuso de tres horas para exponer sus prioridades y responder a preguntas de Estados miembros y representantes de la sociedad civil.

Si bien no existe una norma formal, la organización suele favorecer la rotación regional para asegurar la representatividad. De mantenerse este criterio, el turno correspondería a América Latina.

Dentro del organismo, la presidenta de la Asamblea General, la alemana Annalena Baerbock, instó a los Estados miembros a presentar y respaldar candidaturas femeninas, recordando que en los 80 años de historia de la ONU ninguna mujer ha ocupado el cargo.

Se prevé que a finales de julio, tras los diálogos, los 15 integrantes del Consejo de Seguridad debatan en privado sobre los candidatos y que la Asamblea General formalice el nombramiento hacia fin de año. La decisión suele resolverse entre agosto y octubre.

¿Cómo se elige al secretario general de la ONU?

El cargo de secretario general de la ONU es una de las posiciones más influyentes del sistema internacional, pero el proceso de selección está lejos de ser un simple concurso de méritos.

Desde 1945, la designación debe ser aprobada por la Asamblea General, aunque el verdadero filtro lo ejerce el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

En la práctica, cualquier candidato vetado por alguno de estos cinco países queda fuera de carrera, y solo aquellos con el visto bueno del Consejo llegan a la votación final de la Asamblea.

Esto explica por qué el proceso está marcado por un delicado equilibrio geopolítico y numerosas negociaciones detrás de escena. Los Estados miembro pueden impulsar audiencias y entrevistas públicas, pero las decisiones clave se toman en reuniones privadas entre embajadores.

¿Quiénes pueden postularse y quién vota?

No hay requisitos estrictos sobre la nacionalidad, el género o la experiencia previa para ser candidato. Sin embargo, existe una tradición no escrita de rotación geográfica, que busca alternar regiones del mundo al frente de la organización. América Latina, por ejemplo, solo tuvo un secretario general en más de 80 años: el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

El proceso formal contempla la presentación de candidaturas, la exposición pública ante los Estados miembro y la sociedad civil, y finalmente la deliberación privada en el Consejo de Seguridad. Allí, los miembros permanentes pueden ejercer su derecho de veto sobre cualquier postulante. La Asamblea General, donde cada país tiene un voto, ratifica la decisión del Consejo, pero no puede revertir un veto.

Los resultados suelen anunciarse en los meses previos al final del mandato vigente, para dar tiempo a una transición ordenada. El nuevo secretario general asumirá funciones el 1 de enero de 2027.

La Organización de Naciones Unidas ha remitido en una comunicación oficial remitida el 18 de febrero de 2026 al Gobierno de España, en la que muestran su “seria preocupación” ante la ausencia de investigación judicial en 18 casos tramitados ante tribunales españoles al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática por crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición.

El escrito está firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y viene en respuesta a un comunicado presentado por las entidades de derechos humanos Irídia y CEAQUA.

Los firmantes consideran que se está obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo. “En tal sentido, recordamos que mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período franquista, estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, aseguran en ese sentido.

Los obstáculos de la Ley de Amnistía de 1977

El documento también versa sobre la persistencia de obstáculos como como la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción y una interpretación restrictiva del principio de legalidad penal, a pesar de la entrada en vigor en 2022 de la nueva Ley de Memoria Democrática.

“Por su parte, recordamos que, si bien es importante asegurar que la justicia opere con respeto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías, a los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos”, recuerdan.

También recuerdan que la falta de investigación y sanción adecuada de las graves violaciones de derechos humanos, y el incumplimiento de esas obligaciones por parte de las instituciones pertinentes, incluidas las judiciales, está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español en su conjunto.

18 casos denunciados desde la Ley de Memoria Democrática

Estas dos asociaciones presentaron dicha comunicación conjunta el pasado mes de diciembre ante el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, denunciando la responsabilidad internacional de España por la falta de investigación judicial efectiva de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.

En esta incluyeron 18 casos denunciados tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, 17 querellas interpuestas ante Juzgados y Tribunales españoles y una denuncia presentada ante la Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

En respuesta, la ONU insta al Gobierno español a proporcionar información detallada sobre las querellas indicadas y a justificar cómo las decisiones judiciales de archivo se ajustan a los estándares internacionales. Asimismo, le insta a adoptar medidas que garanticen investigaciones eficaces, independientes y exhaustivas, a fin de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales, y de ofrecer un recurso adecuado a las víctimas.

En su respuesta, el Estado confirma que los tribunales archivan estas causas aplicando la doctrina constitucional sobre prescripción, la Ley de Amnistía y los principios de legalidad e irretroactividad penal. También reconoce que no dispone de datos desglosados sobre las cuestiones planteadas y no justifica el cumplimiento del derecho internacional, limitándose a destacar el papel del Ministerio Fiscal en su intervención judicial contra los archivos.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ha cuestionado de manera pública que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, otorgara la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, en un acto celebrado el pasado 7 de mayo. En la red social X (antigua Twitter), Waltz sostiene que la galardonada ha recibido condenas de Estados Unidos y de varios países europeos por supuestas expresiones de antisemitismo y por “tácticas legales abusivas”. Según ha recogido la Agencia EFE, Waltz también ha arremetido contra Albanese por “socavar los esfuerzos de paz en Gaza respaldados por muchos países musulmanes”.

Francesca Albanese fue premiada por el Gobierno de España “en reconocimiento a su extenso trabajo documentando y denunciando las violaciones del Derecho Internacional en Gaza”, según la comunicación oficial de la presidencia española difundida en la misma red social. Mientras que entre las acusaciones destacadas por Waltz, se incluyen el “antisemitismo descarado”, el presunto “apoyo al terrorismo” y un supuesto “abierto desprecio por Estados Unidos, Israel u Occidente”.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó medidas sancionatorias contra Albanese en 2025, alegando que había liderado una “campaña de guerra política y económica” contra el país gobernado por Donald Trump e Israel. En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la acusó de impulsar “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes”.

Pedro Sánchez insiste en la necesidad de “una paz duradera”

El presidente del Gobierno entregó la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese el pasado 7 de mayo. La relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Palestina, durante un acto celebrado el jueves pasado en La Moncloa, recibía el obsequio de manos de Sánchez. El mandatario destacaba su trabajo al documentar y denunciar violaciones del derecho internacional en Gaza, según informó el Ejecutivo.

Este reconocimiento se produce tras la decisión de Sánchez de remitir una carta a la Comisión Europea para solicitar la activación del Estatuto de bloqueo con el objetivo de dejar sin efecto en la Unión Europea las sanciones impuestas por Estados Unidos a Albanese y a los integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI).

En el encuentro, tanto el presidente del Gobierno como la relatora de la ONU defendieron una aplicación ecuánime del derecho internacional y la independencia de las instituciones multilaterales, añadiendo la importancia de un cese inmediato de la violencia y la búsqueda de una paz “duradera” basada en la “dignidad y humanidad” para Palestina, de acuerdo al comunicado emitido.

Decenas de millones de personas podrían enfrentarse al hambre y la inanición “en unas semanas” si no se permite el paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz, declaró este lunes a la AFP el responsable de un grupo de trabajo de la ONU.

En represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica a finales de febrero, Irán bloquea desde hace meses el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto solía transitar alrededor de un tercio de los fertilizantes que se consumen a nivel mundial.

Las exportaciones que pasan por esa vía marítima estratégica están destinadas en general a Brasil, China, India y países de África.

“Tenemos unas semanas por delante para prevenir lo que probablemente será una crisis humanitaria de gran magnitud”, afirmó Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y líder del grupo de trabajo que tiene como objetivo evitar una crisis humanitaria inminente, en una entrevista con la AFP.

“Podríamos ser testigos de una crisis que sumirá a 45 millones de personas más en el hambre y la inanición”, añadió.

El secretario general de la ONU, António Guterres, creó en marzo un grupo de trabajo, dirigido por Moreira da Silva, para poner en marcha un mecanismo que permita el paso de los fertilizantes y de las materias primas conexas como el amoniaco, el azufre y la urea.

El portugués afirma que se ha reunido con representantes de más de 100 países para lograr que los Estados miembros de la ONU apoyen este mecanismo. Pero la iniciativa no convence a las partes implicadas en el conflicto -Estados Unidos, Irán y países del Golfo-.

La siembra “no espera”

“El problema es que la temporada de siembra no espera”, subrayó Moreira da Silva, pues hay siembras que terminan en solo unas semanas en algunos países africanos.

Según él, el paso de cinco buques cargados de fertilizantes y de materias primas conexas al día permitiría que los agricultores se libraran de una crisis.

“Es una cuestión de tiempo. Si no abordamos rápidamente el origen de la crisis, tendremos que gestionar las consecuencias con ayuda humanitaria”, agregó.

Si se alcanza un acuerdo, el mecanismo podría funcionar en siete días, asegura el responsable de la UNOPS. Según él, aunque el estrecho reabriera inmediatamente, se necesitarían al menos cuatro meses para volver a la normalidad.

Aunque los precios de los alimentos aún no se hayan disparado, Moreira da Silva dio cuenta de un “fuerte aumento” del precio de los fertilizantes que, según expertos, acarreará necesariamente una bajada de la productividad agrícola y, en última instancia, una subida de los precios de la comida.

“No podemos estar dándole vueltas a algo que es posible y urgente: permitir el paso de los fertilizantes por el estrecho y, de ese modo, minimizar el riesgo de una grave inseguridad alimentaria mundial”, insistió.

(con información de AFP)

La oficina en México del Alto Comisionado de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU-DH México) reconoció a las madres buscadoras en vísperas del 10 de mayo y afirmó que su lucha es memoria, esperanza y amor que persevera", en un mensaje publicado en X en medio de las movilizaciones convocadas este domingo en la Ciudad de México y otros puntos del país.

La oficina en México del organismo escribió en su cuenta oficial que estas mujeres “han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos” durante décadas.

En su publicación, difundida con motivo del Día de las Madres, también señaló que las madres buscadoras recuerdan cada 10 de mayo “una causa justa que resuena en todo el país”.

Además, la ONU-DH México recordó las palabras de Volker Türk, quien expresó: ““Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”. Los colectivos, muchos de ellos liderados por mujeres, desempeñan una labor esencial de búsqueda, memoria y exigencia de rendición de cuentas".

El mensaje se difundió mientras colectivos de familiares de personas desaparecidas preparaban marchas y concentraciones para exigir a Claudia Sheinbaum Pardo y a su gabinete medidas concretas frente a la crisis de desapariciones.

La jornada del 10 de mayo se ha convertido en una fecha de protesta para estos grupos, que cada año salen a las calles para reclamar avances en las búsquedas y respuestas de las autoridades.

La publicación de ONU-DH México colocó ese reclamo en el centro de la conversación pública al dar respaldo al sentido de estas movilizaciones y al reconocer la persistencia de quienes buscan a sus familiares desaparecidos desde hace años.

Movilizaciones este Día de las Madres en la CDMX

Este 10 de mayo, miles de madres buscadoras marcharán en el marco de la XIV Marcha por la Dignidad de las Madres Buscadoras por las calles de la Ciudad de México, provenientes de distintos estados de la República. El objetivo es visibilizar la crisis de desaparecidos, así como exigir acciones concretas para disminuir y encontrar a sus hijas, hijos y familiares desaparecidos.

Ceci Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora, expresó, el pasado jueves 8 de mayo, desde su cuenta oficial en ‘X’ recordó que este día no hay nada que celebrar, “No es un día de fiesta, es un día de dolor”. En dicha publicación también recordó a su hijo Alejandro Islas Flores, quien desapareció hace 11 años en Los Mochis, Sinaloa.

“Desde ese día mi vida cambió para siempre. No hay un solo día en que no piense en ti, en dónde estás, si tienes frío, si tienes hambre o si aún esperas que te encuentre (...) No me voy a rendir, hijo. Te seguiré buscando hasta encontrarte”, expresó.

La crisis de desapariciones en México ha alcanzado niveles que despiertan alerta internacional, especialmente en fechas como el Día de las Madres, cuando miles de familias viven el dolor de no conocer el paradero de sus seres queridos.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el número de restos sin identificar pasó de 52 mil en 2021 a cerca de 72 mil en 2026. Al inicio de ese año, en México se habían localizado más de 4 mil 500 fosas clandestinas, donde se hallaron más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos.

La falta de acciones efectivas por parte del Estado mexicano obligó a muchas mujeres a formar colectivas conocidas como madres buscadoras, quienes han asumido un papel central ante la crisis de desapariciones.

Alerta internacional por crisis humanitaria

Con más de 130 mil personas desaparecidas en el país, colectivos y organizaciones de Estados Unidos han emitido un llamado urgente para que el Estado mexicano acepte asistencia internacional y refuerce su respuesta ante la emergencia humanitaria.

El reciente pronunciamiento del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) marca un precedente al activar, por primera vez, el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional. Este mecanismo permite que la situación de México sea presentada ante la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de que se adopten medidas concretas para apoyar la búsqueda, identificación forense e investigación de los casos de desaparición forzada. El comité también subrayó la urgencia de proteger a las familias, ya que decenas de personas buscadoras han sido asesinadas en 2026.

Ante esto, organizaciones de derechos humanos y colectivos estadounidenses, entre los que se encuentran Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, urgieron al Estado mexicano a aceptar la asistencia internacional.

“En el Día de las Madres, las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las decenas de miles de madres y familias que buscan a sus seres queridos en México. Hacemos un llamado al Estado a escuchar y atender a las familias, así como aceptar la asistencia internacional para ayudar a poner fin a la crisis de desapariciones", se lee en el comunicado.

Recordaron que la comunidad internacional ha insistido repetidamente en la necesidad de que el Estado mexicano mejore su actuación, reduzca la impunidad y brinde atención efectiva a las víctimas.

Rechazo del gobierno mexicano ante recomendaciones de la ONU

La decisión de la ONU representa, según los colectivos estadounidense, una oportunidad para que el gobierno fortalezca sus acciones y políticas públicas, reconozca el derecho de las familias a la verdad y la justicia, y acepte el apoyo técnico y financiero necesario para enfrentar la crisis.

No obstante, cuando la ONU dio a conocer la recomendación, el Gobierno de México rechazó formalmente la recomendación del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), calificando el informe como “tendencioso” y carente de rigor.

El rechazo del informe, que alerta sobre una crisis de desapariciones forzadas de carácter generalizado y sistemático en el país, ha desatado un intenso debate nacional e internacional, con posiciones encontradas entre autoridades, organismos de derechos humanos y colectivos de víctimas.

En este contexto, las organizaciones reiteraron su solidaridad con las madres y familias que buscan a sus desaparecidos en México. Exhortaron al Estado mexicano a escuchar y atender a las víctimas, aceptando la cooperación internacional para avanzar hacia la búsqueda efectiva, la protección de las familias y el fin de la crisis de desapariciones que afecta a todo el país.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes realizará una visita oficial a México la próxima semana, para revisar la situación de los derechos humanos de este sector de la población en el país.

En un comunicado, la ONU detalló que el grupo de expertos visitará cinco municipios de tres estados, del 11 al 20 de mayo de 2026, a poco menos de un mes de que Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó México.

¿Qué analizarán durante la visita?

En el mismo documento precisó que durante la visita, las expertas examinarán la situación de los derechos humanos de las personas africanas y afrodescendientes en el país.

Con base a esto, recabarán información sobre todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

También promoverán el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el cual comenzó el 1 de enero de 2025 y finalizará el 31 de diciembre de 2034.

Esto último, tiene el objetivo de fortalecer medidas y cooperación en todos los niveles para garantizar que los afrodescendientes gocen plenamente de sus derechos y participen en igualdad de condiciones en la sociedad.

También se promoverá el reconocimiento y respeto de su herencia y cultura, así como su aporte al desarrollo social. Además, se busca aprobar y reforzar marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales, en línea con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación efectiva.

La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por Isabelle Mamadou y Catherine Namakula, mantendrá reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones nacionales, representantes de los poderes legislativo y judicial.

Asimismo se reunirán con personas y comunidades de ascendencia africana, organizaciones de la sociedad civil, así como con otras personas que trabajan en temas de racismo y discriminación racial.

¿Qué estados y municipios visitarán?

El Grupo de Trabajo, que estará en el país por invitación del gobierno de México, visitará los estados y municpios:

• Veracruz (Córdoba y Yanga).
• Guerrero (Acapulco y Cuajinicuilapa).
• Oaxaca (El Azufre).

La ONU adelantó que posteriormente, las expertas ofrecerán una conferencia de prensa el miércoles 20 de mayo y posteriormente, se presentará un informe sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos durante su 63º período de sesiones, previsto para finales del 2026.

Tras su visita a México en abril pasado, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, así como los esfuerzos para desarrollar una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Asimismo, valoró la preservación y promoción de lenguas indígenas y la política de paridad de género, pero mostró preocupación por la violencia de género y la necesidad de fortalecer la respuesta estatal ante desapariciones.

(Desde Miami, Estados Unidos) La Conferencia de Seguridad Hemisférica organizada por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea exhibió las prioridades geopolíticas de Estados Unidos en América Latina.

En este contexto, ministros, embajadores, militares, académicos, periodistas, inversores y consultores abordaron los temas básicos de seguridad de la Casa Blanca vinculados a China, los delitos trasnacionales, la protección de la infraestructura y la transición democrática en Venezuela y Cuba.

“Estamos convencidos de que la única manera de encontrar soluciones verdaderamente efectivas para nuestras naciones es que desarmemos las recetas pre-hechas, escuchemos las experiencias de primera mano y encontremos un camino conjunto en el que todos tenemos algo que aportar”, señaló Mario Montoto, presidente de la Fundación Tadea y alma mater de la Conferencia.

Y completó:

“Esto aplica al combate al crimen organizado, a las amenazas del terrorismo internacional ya la injerencia de potencias extra hemisféricas que buscan la desestabilización de nuestros países”.

Rafael Grossi es el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero su impacto en la conferencia realizada en la Universidad Internacional de Florida se vincula a su decisión política de competir por la Secretaría General de la ONU.

Tras su exposición en la conferencia junto a Brian Fonseca-director del Instituto Jack D. Gordon- y John Mearsheimer, reconocido académico de la Universidad de Chicago, Grossi dialogó en exclusiva con Infobae.

En ese diálogo, el candidato a secretario general de la ONU exhibió su mirada sobre la crisis en Medio Oriente.

—¿Cuál es su análisis hoy de la situación en Medio Oriente, fundamentalmente la crisis en el estrecho de Ormuz?, le preguntó este corresponsal.

—La crisis en el estrecho de Ormuz ha sido un poco el cisne negro de la guerra, del nuevo episodio bélico. Este problema de Ormuz tiene un impacto directo en economías muy distantes de la región, tiene una reverberación inesperada y de pronto pone en manos de Irán un activo estratégico que no había sido hasta ese momento, operacionalizado.

—¿Por qué lo llama cisne negro?

—Porque es inesperado. En mi conocimiento, nadie había previsto la obstrucción de la libre navegación, que el estrecho se iba a convertir en un factor tan decisivo...

La justificación institucional de la actual agenda de seguridad y defensa de la administración republicana se conoce como el Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

En ese escenario, Estados Unidos plantea una limitación expresa a las potencias extranjeras que pretenden desplegar sus propios intereses en la región. China, es el paradigma a contener acorde a la posición geopolítica de Trump.

Desde esta perspectiva, Joseph Humire, -subsecretario de Guerra de Estados Unidos- y Michael Jensen -consejero de Seguridad Nacional de Trump-, ratificaron el valor estratégico que asigna la Casa Blanca a América Latina.

“En la Estrategia de Seguridad Nacional y en la Estrategia de Defensa Nacional hemos puesto al Hemisferio Occidental como la prioridad número uno de Estados Unidos. Eso es histórico”, describió Humire.

“Si hay organizaciones terroristas que están proporcionando servicios gubernamentales, donde ni siquiera puedes hacer que tus fuerzas de seguridad se desplacen a esas áreas, parece ser una deficiencia en tu capacidad para ejercer soberanía sobre todo tu país. Y si tu gasto en seguridad no es igual a tus amenazas de seguridad, Estados Unidos no puede cubrir esa brecha para todos en todo el mundo. Estamos felices de ayudar y contribuir, pero como tu socio, no como garante de seguridad, aseguró Jensen.

La última definición de Jensen exhibe una fractura en la región que quedó evidenciada durante las distintas exposiciones que se escucharon en la conferencia concluida ayer en Miami.

Estados Unidos alinea a la Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay como socios estratégicos. Y al otro lado se encuentran Brasil, Colombia y México que comparten similares perspectivas con China, y se apoyan en su lógica política para tratar de condicionar la agenda regional de Washington.

Estados Unidos revisó su propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir al régimen de Irán el cese de los ataques en Medio Oriente y la actividad minera en el estrecho de Ormuz, aunque diplomáticos consideran poco probable que los cambios eviten vetos de China y Rusia.

El borrador actualizado, distribuido a los miembros del Consejo el jueves por la tarde y al cual la agencia Reuters tuvo acceso, eliminó una cláusula que invocaba el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el cual habilita al órgano a imponer sanciones o autorizar acciones militares.

Sin embargo, el texto mantiene un tono firme contra Teherán y estipula que, en caso de incumplimiento, el Consejo “se reuniría de nuevo para considerar medidas efectivas... incluidas medidas de sanción, con el fin de garantizar la libertad de navegación en la zona”.

Un eventual veto chino colocaría un manto de tensión para Estados Unidos antes del viaje del presidente Donald Trump a China la próxima semana, donde la guerra con Irán figura como uno de los principales temas de la agenda bilateral que debatirán ambos líderes mundiales.

Hasta el momento, no fue definida la fecha para la votación de la resolución en el Consejo de Seguridad. Aunque el texto no autoriza explícitamente el uso de la fuerza, tampoco lo descarta y “reafirma el derecho de los Estados miembros... a defender sus buques de ataques y amenazas, incluidas aquellas que menoscaban los derechos y libertades de navegación”.

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el martes la resolución propuesta por su país ante la ONU, como una prueba de la utilidad de las Naciones Unidas. Rubio instó a China y Rusia a no ejercer nuevamente el derecho de veto.

El Consejo inició el martes conversaciones a puerta cerrada sobre el texto redactado por Estados Unidos junto con Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. De ser aprobada, la resolución podría derivar en sanciones contra Irán y, potencialmente, autorizar el uso de la fuerza si Teherán no cesa los ataques y amenazas contra el transporte marítimo comercial.

Los recientes enfrentamientos registrados evidenciaron la magnitud de la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la energía y el comercio mundial. La situación ha puesto en riesgo una frágil tregua de cuatro semanas y ha intensificado los bloqueos marítimos rivales.

Las fuerzas de Estados Unidos inutilizaron el viernes los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda antes de que ambas embarcaciones pudieran ingresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán, en el marco del bloqueo impuesto por Washington. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aplicó medidas de bloqueo contra estos dos petroleros de bandera iraní, que navegaban sin carga y pretendían arribar a Irán.

Un caza F/A-18 Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bush atacó ambos buques con municiones de precisión dirigidas a las chimeneas, impidiendo así su ingreso al país.

Una resolución anterior impulsada por Bahréin y respaldada por Estados Unidos, que apuntaba a legitimar acciones militares contra Irán, fue rechazada el mes pasado por el doble veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad.

El nuevo borrador evita un lenguaje que autorice de forma explícita el uso de la fuerza, aunque mantiene su base en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que permite al Consejo imponer desde sanciones hasta acciones militares.

En paralelo a la pulseada diplomática en la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

“Supuestamente recibiré una carta esta noche (viernes), así que veremos qué pasa”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de un retraso deliberado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

El mandatario advirtió que, si no se concreta el acuerdo, su administración considerará “un camino diferente”. Trump también indicó que Pakistán, mediador en el proceso, solicitó a Estados Unidos no abandonar la vía negociadora.

(Con información de Reuters)

(Desde Miami, Estados Unidos) Durante su exposición en la Conferencia de Seguridad Hemisférica, organizada por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea, Mike Waltz describió con exactitud la agenda geopolítica diseñada por Donald Trump para América Latina.

Waltz es representante de Estados Unidos en la ONU, y antes de ocupar ese puesto en New York, fue consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos anunció un minucioso plan estratégico que coloca la anulación de los carteles de la droga en América Latina como prioridad absoluta en materia de seguridad.

“No permitiremos que los cárteles, los yihadistas o los gobiernos que los apoyan conspiren contra nuestros ciudadanos con impunidad”, aseguró Trump.

En este contexto, la administración republicana estructuró un mecanismo de contención que se asienta en el denominado Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

Esta construcción geopolítica de Trump consiste en desarrollar una estrategia económica y militar que trabe a potencias extraterritoriales -China, por ejemplo- el acceso a la región.

Pero la estrategia de contención de la Casa Blanca no se agota en China y su ofensiva sobre América Latina. También apunta a desmantelar a carteles de la droga que trabajan en tándem con organizaciones terroristas financiadas por Irán.

Un ejemplo de esta alianza transnacional es la venta de fentanilo en Estados Unidos que sirve para financiar las operaciones terroristas de Hezbollah contra Israel.

-¿Cómo se está implementando el Corolario Trump a la Doctrina Monroe específicamente visto desde el punto de vista de la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas?-, preguntó Shlomi Dinar, decano de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales, Steven J. Green.

-Las organizaciones terroristas multinacionales, las organizaciones criminales, son absolutamente una amenaza para los Estados Unidos. Son una amenaza para nuestros ciudadanos y organizaciones, y las situaciones donde las drogas, las armas, las personas entran y salen de los Estados Unidos sin control o sirven como una especie de cáncer que se propaga por la región son algo que no podemos ni debemos tolerar-, contestó Waltz.

Tras la exposición de Waltz, el debate en la Universidad Internacional de Florida continuó con las implicancias políticas y económicas de la ofensiva de China en América Latina.

La confrontación entre Estados Unidos y China se extiende desde los organismos multilaterales -OEA y ONU- al control de los minerales críticos, insumos estratégicos en la industria civil y militar.

Washington empuja una diplomacia agresiva para evitar que Beijing se apropie de las reservas de minerales críticos que tiene América Latina.

En este sentido, la administración Trump y Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Chile y República Dominicana, entre otros países de la región, acordaron una agenda común para preservar el control de los minerales críticos ante el avance constante de China.

Junto al control de este insumo básico para la fabricación de dispositivos civiles y militares, Estados Unidos apuesta a trabar la aspiración china de manejar infraestructura clave en América Latina.

China perdió el manejo del Canal de Panamá, fracasó en su intento de establecer un puerto de aguas profundas en el sur de la Argentina, y ya casi no accede a licitaciones públicas para montar redes tecnológicas destinadas a la transmisión de datos.

Desde esta perspectiva, la Conferencia de Seguridad Hemisférica fue escenario de un debate protagonizado por Kevin Cabrera -embajador de Estados Unidos en Panamá-, Bernie Navarro -embajador de Perú- y Jay Kramer, director de Asuntos Públicos de Citadel.

El Salvador expuso avances y logros clave en el Foro de Examen de la Migración Internacional 2026, celebrado del 5 al 8 de mayo. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del país en el debate general de la Asamblea de Naciones Unidas, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, marcó un hito para la agenda migratoria salvadoreña y proyectó una estrategia de Estado que busca garantizar una migración segura, ordenada y regular.

Durante su intervención en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la canciller Hill presentó un balance de los resultados obtenidos en los últimos ocho años de implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. La ministra resaltó que El Salvador ha impulsado transformaciones institucionales y normativas que colocan al país como referente en la gestión de la movilidad humana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que, desde 2023, El Salvador cuenta con el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, un espacio que reúne a 45 instituciones nacionales y facilita la ejecución coordinada de políticas migratorias.

A esto se suma la creación y puesta en marcha, en 2024, del Plan Nacional de Implementación del Pacto, instrumento que posicionó a El Salvador como el primer país del hemisferio en adoptar un marco de este tipo. Según la Cancillería, 476,000 personas migrantes y sus familias se han beneficiado de las acciones contempladas en el plan hasta 2025.

En el marco normativo, el país dispone de una Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, orientada a fortalecer la atención y los derechos de los salvadoreños en el exterior. Paralelamente, el Programa de Movilidad Laboral ha gestionado más de 18000 oportunidades de trabajo temporal bajo esquemas de migración circular, lo que representa un avance significativo en la movilidad laboral segura.

La ministra Hill mencionó que El Salvador ha cumplido con los compromisos asumidos en el Foro anterior de 2022 y adoptará seis nuevos compromisos para fortalecer la implementación del Pacto Mundial. Entre las nuevas metas, se encuentra el desarrollo de al menos el 80% de las acciones del Plan Nacional a través del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana.

Cooperación internacional y atención integral a la diáspora salvadoreña

El Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del sistema de Naciones Unidas, así como las contribuciones del Fondo Fiduciario de Múltiples Socios para la Migración, actores clave en el fortalecimiento de la respuesta nacional y regional ante los desafíos migratorios.

En el contexto del Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, tuvo un rol destacado al co-presidir la Mesa #2 y participar en el debate de políticas. Godínez afirmó que el país promueve una atención integral y de calidad a la diáspora salvadoreña mediante sus Representaciones Diplomáticas y Consulares. Allí se ofrecen servicios de documentación, asistencia legal, migratoria y protección para personas en situación de vulnerabilidad.

La viceministra Godínez, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), lideró junto a la Presidencia Pro Témpore de Guatemala el evento paralelo Movilidad Climática: Perspectivas y conclusiones del diálogo regional. Manifestó que la movilidad climática se ha incorporado a las agendas nacionales, especialmente por la vulnerabilidad de la región a fenómenos naturales.

La funcionaria señaló que la cooperación internacional y el trabajo articulado resultan esenciales para abordar la movilidad humana con responsabilidad compartida y perspectiva de futuro.

El Salvador y Filipinas refuerzan cooperación en movilidad laboral

Además, Godínez sostuvo una reunión bilateral con el viceministro de Filipinas, Jainal Rasul, en la que ambas partes analizaron oportunidades de intercambio de experiencias en materia de movilidad laboral.

Durante el encuentro, los representantes destacaron que sus países figuran entre los precursores en la implementación del Pacto Mundial para la Migración, gracias a los avances alcanzados y al compromiso con los principios de este instrumento internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que el Foro de Examen de la Migración Internacional constituye la principal plataforma intergubernamental para el intercambio y seguimiento de los progresos logrados en la aplicación del Pacto Mundial.

A través de estos espacios, El Salvador busca consolidar su liderazgo y afianzar alianzas estratégicas que permitan afrontar los desafíos migratorios de la región.

Estados Unidos acusó este jueves al régimen de Irán de intentar imponer cobros ilegales a barcos que buscan atravesar el estrecho de Ormuz y denunció que esas medidas representan una amenaza para el comercio internacional.

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Teherán pretende obligar a embarcaciones comerciales y civiles a pagar “sobornos” para poder utilizar la estratégica vía marítima, clave para el transporte mundial de petróleo y mercancías.

El diplomático realizó las declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington presentó un proyecto de resolución destinado a garantizar la libertad de navegación en la zona. La iniciativa fue elaborada junto con Baréin y contó además con el respaldo de Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“Irán pretende exigir a todos los capitanes de buques de la navegación internacional, comercial y civil que se registren y paguen un soborno, un peaje, para poder utilizar estas vías navegables internacionales”, afirmó Waltz ante periodistas. El funcionario agregó que esa práctica “es inaceptable, es inmoral y es ilegal conforme al derecho internacional”.

El señalamiento se produjo después de que medios de propaganda iraníes anunciaran la creación de un nuevo organismo destinado a administrar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La entidad, denominada Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico, fue presentada por Teherán como una estructura encargada de supervisar la circulación en la región.

Aunque el régimen iraní no confirmó oficialmente la aplicación inmediata de tarifas obligatorias, distintos funcionarios y medios cercanos a los ayatollahs mencionaron la posibilidad de establecer pagos para las embarcaciones que utilicen el corredor marítimo.

Waltz sostuvo que la medida tendría consecuencias globales debido a la importancia estratégica del estrecho, por donde circula una parte significativa del suministro energético internacional.

“Quienes abusan de ella o tratan de acabar con ella están sentando un precedente muy, muy peligroso y, francamente, preparando el terreno para condenar al comercio mundial”, declaró.

El embajador estadounidense también acusó a Irán de violar normas internacionales mediante acciones militares y restricciones al tránsito marítimo.

“Las acciones indiscriminadas de Irán de colocar minas y obstaculizar el paso en el estrecho de Ormuz son violaciones de libro del derecho internacional”, afirmó.

Además del proyecto de resolución, Estados Unidos propuso la creación de un corredor humanitario bajo supervisión de Naciones Unidas para garantizar el paso seguro de embarcaciones civiles y comerciales en la región.

La tensión en torno al estrecho de Ormuz aumentó en las últimas semanas tras nuevos incidentes marítimos y operaciones militares vinculadas al conflicto regional. Washington sostiene que el bloqueo impulsado por Irán amenaza la estabilidad económica global debido al papel central de esa vía en el comercio energético.

El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Por ese corredor marítimo circula una proporción considerable de las exportaciones mundiales de crudo y gas natural licuado. Cualquier alteración en el tránsito suele impactar de forma inmediata en los mercados internacionales y en los precios de la energía.

Durante su intervención, Waltz evitó precisar cuándo será sometida a votación la resolución impulsada por Washington. El diplomático explicó que continúan las negociaciones con distintos miembros del Consejo de Seguridad antes de avanzar con el texto definitivo.

No es la primera vez que el organismo debate medidas relacionadas con Ormuz. A comienzos de abril, varios países árabes impulsaron otra resolución que reclamaba coordinación internacional para proteger la navegación y exigía el cese de ataques contra barcos comerciales.

Ese proyecto fue bloqueado por Rusia y China, que cuestionaron su contenido y consideraron que la iniciativa no reflejaba de manera equilibrada la situación regional.

La nueva ofensiva diplomática de Washington busca aumentar la presión internacional sobre Teherán en medio del deterioro de la seguridad marítima en Medio Oriente y de las crecientes advertencias sobre el impacto económico que podría generar una interrupción prolongada del tránsito en el estrecho.

(Con información de EFE y AFP)

El Gobierno de Italia ha presentado este jueves una alianza internacional para garantizar el acceso a los fertilizantes y proteger la seguridad alimentaria ante la inestabilidad causada en el Estrecho de Ormuz por la guerra de Oriente Medio. La iniciativa, elaborada con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), agrupa a cerca de 40 países .

La llamada Coalición de Roma ha sido presentada por el ministro de exteriores italiano, Antonio Tajani, y su homólogo croata, Gordan Grlić-Radman, en un encuentro en el que también estuvieron presentes representantes de la FAO y de la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo y diversas agencias de la ONU. La iniciativa busca promover el diálogo y la cooperación para garantizar la continuidad de los flujos de suministro, mejorar el acceso a fertilizantes y reforzar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios.

“Las recientes interrupciones y los riesgos para la libertad de navegación en las rutas marítimas estratégicas, en particular en Ormuz, ya están produciendo un efecto dominó en las cadenas de suministro globales, con repercusiones directas en la disponibilidad y los precios”, ha señalado el ministro italiano.

Tras el encuentro, Tajani ha explicado que el grupo de trabajo seguirá “minuto a minuto” la evolución de la situación para dar respuestas concretas y permitir que las agriculturas de la región y los países más afectados puedan recibir, a través de Ormuz, los suministros necesarios. La plataforma también pretende discutir posibles líneas de acción comunes y promover asociaciones reforzadas entre los países.

Los efectos de la guerra se trasladarán a la próxima cosecha

Sobre el posible envío de buques italianos al estrecho de Ormuz, el ministro italiano ha insistido en que su país ha dado su disponibilidad para participar en iniciativas internacionales “una vez alcanzado un alto el fuego estable” que garantiza la libertad de navegación.

Por su parte, el director general de la FAO, Qu Dongyu, ha asegurado que no se trata solo de una crisis geopolítica, sino también de “una interrupción en el núcleo del sistema agroalimentario mundial y ha advertido que las interrupciones en los flujos marítimos a través del estrecho de Ormuz ya están tensando los mercados de fertilizantes y aumentando los costes de la energía, con consecuencias potencialmente graves para la producción agrícola y los precios de los alimentos.

En este sentido ha explicado que los impactos observados no se limitan a los precios actuales sino que se transmitirán hacia las próximas cosechas, algo que restringiría el suministro de alimentos en la última mitad de 2026 y 2027. Por último, ha señalado que los impactos son particularmente preocupantes porque coinciden con períodos críticos de siembra y fertilización en las principales regiones productoras y, a corto plazo, subrayó la importancia de facilitar rutas comerciales alternativas y evitar restringir las exportaciones.

Las asociaciones agrarias avisan del peligro

En esta línea, desde Copa-Cogeca -asociación de agricultores y cooperativas de la UE- advirtieron este miércoles el margen de reacción para evitar una crisis severa es extremadamente estrecho. Según los representantes agrarios, el incremento continuado de los precios de los fertilizantes tras la invasión rusa de Ucrania, junto al reciente impacto derivado del conflicto en Oriente Medio ha provocado una situación límite en las explotaciones agrarias europeas.

La reacción de la Comisión Europea hasta el momento ha sido calificada como insuficiente por los principales organismos agrarios. Los instrumentos de apoyo existentes no compensan la magnitud de las pérdidas acumuladas, mientras el avance del acuerdo con Mercosur amenaza con intensificar la competencia desleal.

Además, la asociación ha señalado el Plan de Acción sobre Fertilizantes que presentará el 19 de mayo la Comisión como “una oportunidad para ofrecer soluciones que sean materialmente eficaces”. El documento, señalan, debe traducirse en medidas capaces de aliviar la presión en el corto plazo, estabilizar los mercados de insumos a medio plazo y generar un marco estructural que preserve el futuro de un sector estratégico para la alimentación y la soberanía europea.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate una resolución que advierte a Irán sobre la imposición de sanciones si no detiene los ataques contra embarcaciones y el cobro de “peajes ilegales” en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte global de petróleo.

El borrador, elaborado bajo el Capítulo 7 de la Carta de la ONU, permitiría incluso el uso de la fuerza para garantizar la libre navegación y fue divulgado este martes por The Associated Press.

El texto exige que Irán ponga fin de inmediato a las acciones armadas contra barcos comerciales y que revele la ubicación de todas las minas instaladas en la zona. Además, demanda que Teherán colabore activamente con los esfuerzos humanitarios de la ONU para establecer un corredor seguro destinado al envío de ayuda esencial, fertilizantes y otros productos.

De acuerdo con el documento, copatrocinado por Estados Unidos y varias naciones del Golfo Pérsico, cualquier incumplimiento por parte de Irán podría dar lugar a “medidas eficaces proporcionales a la gravedad de la situación, incluidas sanciones”, según la redacción obtenida por The Associated Press.

Esta disposición busca restaurar la seguridad en un paso marítimo por donde transitaba aproximadamente el 20% del crudo mundial antes del inicio del conflicto armado a fines de febrero.

La iniciativa llega después de que una propuesta anterior fuera vetada por China y Rusia, aliados estratégicos de Irán, lo que forzó a Washington y sus socios regionales a negociar un texto más limitado para evitar bloqueos en el Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró a la prensa que la nueva versión del proyecto “tiene mayores posibilidades de ser aprobada sin objeciones ni vetos”, y subrayó la urgencia de restaurar la libertad de navegación en la región.

“Necesitamos una respuesta internacional clara para evitar una escalada mayor y proteger el comercio global”, afirmó Waltz.

La propuesta de resolución también reafirma el derecho de todos los Estados a proteger sus embarcaciones de ataques o provocaciones, y prohíbe explícitamente que otros países ayuden a Irán a bloquear el paso marítimo o a imponer cobros a los navíos que circulan por Ormuz.

El borrador destaca los esfuerzos en curso para evitar una escalada militar y coordinar la protección de los convoyes comerciales, al tiempo que llama a los países de la región a fortalecer el diálogo y buscar una paz duradera. Se alienta, además, a los Estados miembros a “intensificar consultas y cooperación” en materia de seguridad y libre tránsito marítimo.

Irán amenaza con represalias

Mientras la ONU presiona por una solución diplomática y sanciones, el régimen iraní mantiene su postura y advirtió sobre eventuales represalias contra las embarcaciones que no respeten las rutas marítimas designadas por Teherán. La advertencia fue emitida por la Guardia Revolucionaria, que controla el tráfico en el Estrecho de Ormuz, en medio de un operativo estadounidense para escoltar buques civiles y garantizar la seguridad en la zona.

La fuerza naval iraní declaró que “la única ruta segura para cruzar el Estrecho de Ormuz es el corredor previamente anunciado por Irán” y remarcó que cualquier desviación será considerada una violación a su autoridad marítima. “La desviación de los buques a otras rutas es insegura y se enfrentará a la firme respuesta de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria”, advirtió el comunicado oficial.

La tensión se disparó tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes el 28 de febrero. Desde entonces, Teherán ha endurecido los controles sobre el tránsito de barcos y ha impuesto requisitos estrictos para la navegación, lo que ha generado preocupación por el impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales.

El Estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico para el comercio global, ya que por allí circula una porción significativa del suministro mundial de petróleo. Cualquier alteración en su funcionamiento afecta no solo a los países de la región, sino también a la economía global. Las autoridades iraníes justifican sus medidas como una defensa ante las operaciones militares extranjeras, mientras que Estados Unidos y sus aliados insisten en que el paso debe permanecer abierto y libre de amenazas.

En este contexto, la comunidad internacional aguarda el desenlace de la votación en la ONU, que podría marcar un precedente en la gestión de crisis en rutas estratégicas y en la imposición de límites claros al uso de la fuerza para controlar el comercio marítimo internacional.

(Con información de The Associated Press y AFP)

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que el ejercicio del periodismo y la comunicación social en Honduras sigue siendo una labor de alto riesgo, especialmente en un contexto marcado por altos niveles de impunidad y debilidad en los mecanismos de protección y prevención.

La institución alertó que, mientras estas condiciones no cambien, la libertad de prensa seguirá enfrentando serias amenazas, lo que limita el derecho a informar y a recibir información en el país.

Entre 2022 y 2025, Honduras registró al menos 13 muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación, de las cuales solo tres casos han concluido con sentencia condenatoria.

En un periodo más largo, entre 2001 y 2026, el CONADEH documenta 103 muertes violentas de periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, editores y propietarios de medios.

Impunidad condenable

De estos casos, el 88% permanece en la impunidad, mientras que únicamente el 12% ha obtenido condena judicial contra los responsables.

La mayoría de las víctimas eran hombres (96%), mientras que el 4% corresponde a mujeres. Además, más de 80 medios de comunicación han registrado la pérdida violenta de al menos uno de sus trabajadores.

El pronunciamiento se emitió en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo. El CONADEH afirmó: “Sin periodismo libre no hay democracia ni justicia”, y subrayó que el rol del Estado debe centrarse en proteger a quienes buscan la verdad.

Quejas sin respuestas

Durante 2025, el CONADEH atendió 208 quejas a nivel nacional relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión. Muchas de ellas también guardan relación con la protección de la honra, dignidad e imagen personal.

Entre las principales modalidades documentadas figuran calumnias e injurias, restricciones al derecho de expresión, censura de prensa, divulgación de información personal y afectaciones a la reputación de personas.

El organismo indicó que estos hechos reflejan un entorno cada vez más complejo para el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras.

El informe del CONADEH advierte sobre un patrón sostenido de hostigamiento e intimidación contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, capaz de generar autocensura y limitar el debate público.

Entre los hechos registrados se hallan amenazas, agresiones, campañas de descrédito, violencia digital y el uso de mecanismos judiciales como querellas para ejercer presión.

Patrones de amenaza a la prensa

El ente de derechos humanos expresó preocupación ante discursos estigmatizantes y acciones atribuidas a funcionarios públicos y mandos militares, lo que incrementa el efecto de intimidación debido a su posición de poder.

Se documentaron también casos en los que medios de comunicación habrían recibido solicitudes para revelar sus fuentes de información, bajo argumentos legales que el CONADEH considera incompatibles con la protección del ejercicio periodístico.

Estas advertencias subrayan el aumento de la estigmatización, la difamación, la intimidación y los ataques, incluidos los digitales, contra periodistas y medios, generando un efecto disuasorio en el ejercicio informativo.

Para el comunicador Alejandro Cerrato “Los periodistas sabemos que enfrentamos un hostigamiento y eso nos lleva a la autocensura", relató.

Por su parte, Claudia Valladares confirmó que las amenzas por sus coberturas son constantes sobre todo en el entorno digital “Las redes sociales se han convertido en un espacio donde el acoso y la desinformación afectan directamente nuestro trabajo y nuestra seguridad”.

¿Protección del estado?

El CONADEH enfatizó que el Estado tiene la obligación no solo de reconocer la libertad de expresión en el marco legal, sino de garantizar condiciones reales para su ejercicio seguro.

La entidad advirtió que acciones como las querellas, las campañas de descrédito, la presión para revelar fuentes y los ataques digitales pueden ser mecanismos de censura indirecta, con un fuerte impacto en la libertad de prensa.

El CONADEH recordó que varias relatorías de Naciones Unidas han alertado sobre riesgos a la libertad de prensa en Honduras, particularmente en el contexto previo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.