El planeta atraviesa una coyuntura sin precedentes en materia climática. El fenómeno de El Niño, tradicionalmente observado como uno de los motores principales de la variabilidad global, ingresó en una fase de intensidad tal que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la ONU lo calificaron en su último informe como uno de los episodios más potentes registrados.

El arribo de este “Súper Niño”, como ya lo denominan algunos especialistas, ocurre sobre un telón de fondo donde el calentamiento global y las temperaturas oceánicas alcanzan máximos históricos, amplificando los riesgos y forzando a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes.

Las advertencias no provienen solo de modelos estadísticos: los boletines de la OMM y los comunicados de la ONU reiteran que el fenómeno ya no es una amenaza futura, sino una realidad instalada que condicionará la vida de millones en el planeta durante los meses venideros.

El secretario general. António Guterres, lo resumió la semana última en una frase contundente: “El Niño ya no está a la vuelta de la esquina, sino que ha entrado en casa y ha subido la calefacción. Y esto es solo el calentamiento”.

A continuación, las tres claves que explican la urgencia y el potencial impacto de este episodio.

1- Intensidad y contexto inédito: cuando el planeta ya está al límite

La primera clave reside en la intensidad inusual del fenómeno y el contexto global en el que se produce. El Niño consiste en el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico central y oriental, lo que altera la atmósfera y desencadena cambios en lluvias y temperaturas a escala planetaria. Sin embargo, en 2026, el evento se presenta en un escenario de temperaturas históricamente elevadas tanto en los océanos como en la atmósfera.

El boletín de la OMM advierte que este episodio ya cumple con los criterios técnicos para ser clasificado como de gran magnitud.

“Las proyecciones de la NOAA y Copernicus sugieren que 2026 podría ubicarse entre los cinco años más cálidos registrados. Si el fenómeno mantiene su intensidad, 2027 podría llegar a convertirse en el año más cálido hasta la fecha”, señala el informe. Los modelos globales anticipan anomalías de temperatura de la superficie del mar superiores a 2,9 °C en las regiones clave del Pacífico, un valor inédito en el registro reciente.

Guterres insistió en que este episodio “echa más leña al fuego de un planeta en llamas, abrasado por sofocantes cúpulas de calor, incendios forestales apocalípticos y océanos excepcionalmente cálidos”. La advertencia pone de relieve que el fenómeno llega en un año donde el cambio climático ya llevó al planeta a un punto crítico, y el impacto de El Niño puede amplificar, aún más, los extremos.

A este refuerzo de El Niño se suma la posibilidad de que el dipolo del océano Índico entre en fase positiva, lo que agrava los efectos en regiones como el Cuerno de África y el sudeste asiático.

También las temperaturas superficiales del Atlántico tropical permanecen por encima de lo habitual, lo que suma presión a los sistemas climáticos regionales. Nunca antes la humanidad enfrentó un episodio de El Niño con el planeta tan recalentado y con tantos factores regionales actuando en simultáneo.

2- Impacto global y regional severo: riesgos de lluvias, calor extremo e inundaciones

La segunda clave que resalta la urgencia es la severidad del impacto esperado a nivel global y regional. La OMM prevé que El Niño, junto a otros patrones oceánicos, condicione el clima del planeta durante el trimestre agosto-octubre de 2026 y posiblemente más allá. “La Actualización Climática Estacional Global prevé para este año una probabilidad muy alta de temperaturas superiores al promedio en la mayor parte de las áreas continentales”, indica el boletín.

¿Dónde se sentirán con más fuerza los efectos? África, el sur de Europa, la península Arábiga, el subcontinente indio, el este de Asia, América Central, el Caribe, el sur de África, gran parte de Sudamérica y Nueva Zelanda aparecen como las regiones más expuestas a temperaturas anómalamente altas. En paralelo, se esperan condiciones más húmedas de lo normal en el Gran Cuerno de África, el sur de Europa, el oeste de América del Norte y el sudeste de Sudamérica, mientras que otras zonas como el subcontinente indio, Australia y buena parte del Caribe podrían experimentar sequías.

El caso de Argentina es paradigmático. El Niño aumentará la probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el sudeste del continente, que incluye gran parte del territorio argentino. “En el caso de Argentina y principalmente en verano, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país. Si normalmente aparece con inundaciones, este Súper Niño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas”, explicó el meteorólogo Marcelo Madelón a Infobae en Vivo la semana pasada.

El experto advirtió que este fenómeno puede afectar de forma significativa a la Argentina, especialmente durante el verano, ya que suele provocar lluvias abundantes e inundaciones en el centro y este del país. En esta ocasión, la magnitud del evento podría generar inundaciones aún más severas que en años anteriores.

Pero los riesgos no se limitan al agua. La OMM identifica a Argentina entre los países que enfrentarán temperaturas superiores a los valores normales, con riesgo de olas de calor, crisis hídricas y presión sobre sistemas de salud y producción agrícola. En toda la región, los sectores agrícola, hídrico y energético deben estar atentos a las actualizaciones oficiales para anticipar posibles escenarios y reducir el impacto de eventos extremos.

La OMM recuerda que estos pronósticos representan probabilidades y no certezas absolutas, y que los impactos pueden variar significativamente según la interacción entre El Niño y otros patrones climáticos. Pero la combinación de temperaturas oceánicas récord, anomalías en el Atlántico y el Índico y una tendencia sostenida al calentamiento global configuran el escenario más riesgoso desde que se tienen registros.

3- Necesidad de acción y preparación: pronóstico sin prevención no salva vidas

La tercera clave de la urgencia que transmite la OMM es que la información y los pronósticos solo resultan útiles si se traducen en acción y prevención. La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, fue contundente: “El Niño es uno de los fenómenos climáticos sujetos a un monitoreo más estrecho. Pero los pronósticos por sí solos no evitan los peligros; eso solo pueden hacerlo las personas”.

La comunidad internacional está reforzando la coordinación, los servicios de información climática y el apoyo en materia de alertas tempranas. El objetivo es ayudar a gobiernos, organismos humanitarios, sectores sensibles al clima —como la agricultura y la salud— y comunidades vulnerables a prepararse para los posibles impactos. Saulo remarcó el valor práctico de la información anticipada: “Las decisiones que tomemos hoy determinarán las consecuencias que experimentaremos mañana”.

La OMM publica cada mes su boletín sobre el clima estacional mundial y actualiza el informe El Niño/La Niña Hoy. El monitoreo constante, la emisión de alertas y la divulgación de pronósticos confiables buscan otorgar tiempo y herramientas para que las autoridades y la sociedad actúen antes de que los impactos se materialicen.

Esto implica ajustar los planes agrícolas, mejorar la gestión del agua, diseñar estrategias para evitar desastres en zonas de riesgo, proteger infraestructuras críticas y fortalecer sistemas de salud y emergencia. La prevención y la acción temprana pueden marcar la diferencia entre una crisis gestionable y una catástrofe de gran escala.

El Niño como señal de alerta global

En conclusión, el fenómeno de El Niño en 2026 representa una urgencia inédita por tres razones: su intensidad sumada a un contexto global extremo, la severidad y amplitud de los riesgos esperados, y la necesidad de traducir la información científica en acciones concretas de prevención y respuesta. Los organismos internacionales insisten en que la ventana para actuar se está cerrando, y que el episodio será recordado por la forma en que gobiernos, sectores productivos y comunidades respondan antes, durante y después de los impactos.

El Niño es un fenómeno natural, pero sus consecuencias están determinadas por las decisiones humanas. La advertencia de la OMM y la ONU es clara: el futuro depende de la capacidad de anticipar, coordinar y reducir los daños en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable al clima.

El candidato argentino Rafael Grossi reivindicó este lunes la figura del peruano Javier Pérez de Cuéllar, único latinoamericano que ha ocupado la Secretaría General de las Naciones Unidas, y señaló que su estilo de mediación directa en conflictos internacionales representa una actitud diplomática “que se ha perdido” en el organismo.

El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) transmitió el mensaje a través de un video difundido en el Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas, un encuentro impulsado por Uruguay para que los aspirantes latinoamericanos y caribeños al cargo expusieran su visión sobre el papel de la región en la agenda multilateral.

“Yo quiero recordarlo, no solamente por haber sido latinoamericano ni por haber sido secretario general, sino porque, a través de su acción, nos está mostrando una actitud de secretario general que se ha perdido”, afirmó Grossi en el mensaje, recogido por la agencia EFE.

Pérez de Cuéllar dirigió la ONU entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991, los únicos dos mandatos consecutivos que un latinoamericano ha ejercido al frente del organismo desde su fundación en 1945. Grossi lamentó que su figura “no esté tan presente en la reflexión” de los actuales candidatos al puesto.

El aspirante argentino destacó en particular la influencia del diplomático peruano en el cese del fuego que puso fin a la guerra entre Irán e Irak en 1988, tras ocho años de conflicto, así como su papel en los acuerdos de paz de Afganistán y en la resolución de la crisis de independencia de Namibia. También citó su contribución a los procesos de desmilitarización en Angola y Camboya, negociados bajo su gestión hacia el final de la Guerra Fría.

El proceso para elegir al sucesor de António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre de 2026, entró en su fase decisiva el pasado 30 de julio, cuando el Consejo de Seguridad realizó una primera votación informal y confidencial entre los quince miembros para medir el respaldo a los siete postulantes. Según fuentes diplomáticas citadas por medios de la región, la costarricense Rebeca Grynspan obtuvo el mayor número de apoyos en ese sondeo, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y por Grossi.

Completan la lista de candidatos la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el ex mandatario senegalés Macky Sall y el diplomático ugandés Olara Otunnu, incorporado más recientemente a la contienda. La votación formal por parte del Consejo de Seguridad requiere que un candidato reúna al menos nueve apoyos y evite el veto de alguno de los cinco miembros permanentes, tras lo cual el nombre se eleva a la Asamblea General para su nombramiento definitivo. El nuevo secretario general asumirá funciones el 1 de enero de 2027.

El diálogo del lunes, organizado por el Gobierno uruguayo en el marco de su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), contó también con el patrocinio de la Campaña GQUAL, que promueve la paridad de género en organismos internacionales, y del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI). El formato combinó la presencia física con la participación virtual.

Espinosa y Grynspan asistieron de manera presencial, mientras que Rodrigues-Birkett intervino por videoconferencia. El mensaje de Bachelet fue leído por los organizadores, y el de Grossi se difundió, como en su caso, en formato de vídeo grabado previamente.

La candidatura de Grossi cuenta con el respaldo del Gobierno argentino y se apoya en su experiencia como mediador en el conflicto en torno a la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, así como en su interlocución directa con líderes como Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin y Emmanuel Macron durante sus años al frente del OIEA. Esa trayectoria constituye, según sus impulsores, un activo diferencial frente al resto de los aspirantes en un contexto de fragmentación geopolítica creciente.

La apelación al legado de Pérez de Cuéllar no es un gesto meramente conmemorativo. En un sistema multilateral cuestionado por su parálisis ante guerras como las de Ucrania o Gaza, la invocación de un modelo de secretario general capaz de intervenir con resultados concretos plantea, de fondo, qué tipo de liderazgo buscan hoy las grandes potencias en el Consejo de Seguridad para los próximos cinco años.

Perú anticipa un fuerte impacto de El Niño sobre el sector agropecuario, que aporta el 7% de su PBI. El economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero, advierte que el golpe será inevitable. Sostiene que el nuevo gobierno debe enfocarse en mitigar el impacto y reducirlo a un tercio de lo esperado. Para ello, recomienda priorizar la prevención, la resiliencia y la protección social focalizada. Subraya la importancia de proteger la infraestructura agrícola y emplear semillas resistentes. Además, propone que se evalúen créditos con aval estatal para apoyar a los productores más vulnerables.

- ¿Cuál es el efecto inmediato que la FAO espera con El Niño para Perú?

El costo en el pasado ha sido de alrededor de tres billones [3.000 millones] de dólares, dependiendo del evento. Al principio representaba el 19% del PBI y luego el 10%, porque el PBI ha crecido. Ese es el valor de pérdidas que tenemos como consecuencia de El Niño.

El objetivo del gobierno debe ser reducir esas pérdidas lo más posible. Para eso, hay que actuar rápido, porque El Niño ya empezó. Se requieren acciones preventivas y de resiliencia de absorción.

Las acciones preventivas implican analizar la historia para identificar las regiones y los productos más afectados, especialmente en la costa, donde los frutales son los más sensibles a los cambios de temperatura. En la sierra, el problema será la sequía, no las inundaciones como en la costa. Por eso, hay que diseñar estrategias de prevención e información.

- ¿Y en términos de absorción?

En términos de absorción, se trata de minimizar el impacto del fenómeno, ya que se va a dar. Esto implica acelerar la cosecha, usar semillas resistentes al exceso de humedad en la costa y a la escasez de agua en la sierra, y aplicar medidas de protección social inmediatas para prepararse para este shock.

Esto incluye desde la supervisión de hospitales hasta transferencias condicionadas y no condicionadas dirigidas a las zonas más vulnerables. También hay que prepararse para enfermedades y plagas en plantas y animales.

Un plan integral que contemple prevención y capacidad de absorción ayudará a que las pérdidas no lleguen a tres billones, tal vez solo a un billón. Lo más importante es evitar la destrucción de la infraestructura agrícola, como los plantones de frutales o los campos irrigados, cuya recuperación tomaría años.

- Históricamente, a nuestros gobiernos les ha sido difícil enfrentar El Niño. ¿Cómo proyectan el escenario de inseguridad alimentaria del país?

Lo vemos en dos dimensiones. Primero, la producción mundial, sobre todo de cereales. Perú es importador y El Niño puede afectar la oferta global. Hay que monitorear a los grandes exportadores: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Australia.

Actualmente, hay estrés en el trigo duro, el arroz y posiblemente el maíz. El Niño puede generar más o menos agua, según la zona, por lo que el efecto neto aún no es claro. Australia, India, Bangladesh y parte de Estados Unidos ya se han visto afectados.

- ¿Y a nivel interno?

Esa es la segunda dimensión. A nivel interno, los riesgos están en la agroexportación, especialmente frutales como arándanos y mangos. En la sierra, puede verse afectada la producción de maíz, arroz y productos animales. Es clave prever la disponibilidad de alimentos para animales y el impacto en la pesca, ya que la anchoveta migrará a mayor profundidad por el cambio de temperatura.

Sin embargo, la preocupación principal debe estar en los más pobres de las zonas vulnerables, quienes son los más afectados por El Niño. Hay que mejorar los registros digitales para focalizar los programas de protección social. La inseguridad alimentaria en Perú, en los últimos tres años, ronda el 5,7%. Si se considera inseguridad severa o moderada, afecta al 30% de la población, lo que incluye tanto desnutrición como sobrealimentación.

El rol del nuevo gobierno para enfrentar El Niño

- El gobierno entrante ha señalado que recibe un país debilitado. Si la contingencia climática fuera muy fuerte, ¿qué medidas debería asumir?

El país ha seguido creciendo, aunque menos de lo que podría, y tiene una institucionalidad débil. Esto hace más compleja la gestión del gobierno entrante, que debe ser más focalizado. No recomiendo subsidios generalizados; eso solo genera presión fiscal.

Es mejor tener un sistema de monitoreo (dashboard) para identificar los focos de problemas y actuar de inmediato. Se necesita acción anticipada para minimizar el impacto, por ejemplo, posicionar maquinaria en zonas históricamente afectadas, limpiar cauces de ríos y generar reservorios en la sierra.

La acción debe ser centralizada pero ejecutada con coordinación descentralizada. El objetivo es perder mucho menos que los tres billones estimados, absorbiendo el shock con acciones anticipadas.

- ¿Son plausibles los subsidios al agro, dirigidos a la compra de urea?

El peor error sería que el país empiece a comprar fertilizantes y los distribuya sin un mecanismo de mercado adecuado, porque así se destruye el funcionamiento del mercado, que opera bien o mal, pero opera. No se deben implementar subsidios generalizados a fertilizantes, porque ya sabemos que eso fracasa. Ha fracasado en muchos países del mundo, como en Malawi, donde se implementaron en la crisis alimentaria de 2011. La experiencia internacional lo demuestra.

La protección social debe estar bien focalizada, con registros digitales adecuados. Para los productores, lo esencial es el acceso a semillas resistentes a los shocks de humedad o sequía, y eso sí es una buena inversión, igual que invertir en infraestructura: caminos, puentes, sistemas de irrigación y pequeñas represas.

La compraventa de insumos solo tendría sentido para productores muy vulnerables, pero no para toda la población. Programas de transferencias productivas pueden funcionar si están bien focalizados. La experiencia en COVID-19 demostró que las transferencias mal planificadas no ayudaron al sector informal, que era el más vulnerable.

Hambre, pobreza y morosidad en el agro: ¿Qué hacer?

- Sin embargo, la inseguridad alimentaria también está asociada con el aumento de la pobreza. El nuevo gobierno ha ofrecido reducirla del 25% al 15% al 2031. ¿Será posible con El Niño?

Además de El Niño, hay problemas como el cierre del estrecho de Ormuz, que ha elevado los precios de insumos agrícolas. Es una situación compleja, pero el objetivo sigue siendo minimizar las pérdidas, que pueden llegar al 10 u 11% del PBI.

Perú podría crecer más si usara eficientemente sus recursos públicos y focalizara mejor las inversiones. Hay margen para mejorar y eso puede ayudar a evitar un mayor impacto del Niño y a recuperar más rápido la inversión existente.

- ¿Esto implica fortalecer o multiplicar los programas sociales actuales?

Hay que mejorarlos y modernizarlos. Perú ha tenido buenos programas sociales, pero se han deteriorado. Es necesario hacerlos más dinámicos y digitales, como en Brasil, donde durante el COVID-19 se logró reducir la pobreza gracias a una focalización y transferencias eficientes.

En Perú, la pobreza rural ha empezado a disminuir, pero la urbana no. Hay que seguir invirtiendo en capital humano y mejorar tanto en las zonas rurales como periurbanas.

- Otro posible efecto es el aumento de la morosidad entre los agricultores que acceden a créditos. ¿Qué hacer en esos casos?

El acceso a crédito formal del pequeño agricultor es casi nulo, y el de los grandes exportadores también es limitado, porque el sistema financiero peruano considera al sector agrícola como muy riesgoso. Los sistemas de riesgo no están adaptados a la agricultura. La solución es vincular los créditos a seguros climáticos, como ha hecho México con seguros indexados.

El sector agrícola peruano es mayormente informal, por lo que se deben promover asociaciones, cooperativas y arreglos contractuales para facilitar la formalización indirecta y el acceso a financiamiento. Dada la subida de los insumos agrícolas y los márgenes bajos, se pueden establecer líneas de crédito temporales, como durante la pandemia, con periodos de gracia y tasas subsidiadas.

- ¿Y para los informales?

Para los informales, el camino es fortalecer la asociatividad, como se ha visto con la expansión de la palta en la sierra, que empezó en la costa. Se puede aprender de estas experiencias para replicarlas en otros productos.

FAO: Perú puede aprovechar el desabastecimiento mundial de alimentos

- Con el objetivo de proteger la producción interna, desde el sector se ha pedido revisar los aranceles a la importación, como en el caso del arroz. ¿Qué opina la FAO?

Debemos respetar las reglas de intercambio y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Perú tiene acuerdos comerciales con casi todo el mundo, lo que ha sido una gran ventaja y ha permitido exportar productos como paltas, arándanos y uvas a muchos mercados.

Hay que seguir trabajando para mantener la competitividad y productividad en los productos en los que somos fuertes. En arroz, la tecnología ha avanzado y puede ayudar a mejorar los retornos y reducir pérdidas, haciéndolo más competitivo.

- ¿Qué hacer, entonces? ¿Cómo mitigar la merma sobre la competitividad agroexportadora lograda por el Perú en los últimos años?

El rol del gobierno es asegurarse de que el impacto sea el menor posible y no perder oportunidades de mercado. No solo Perú se verá afectado, también Chile, Ecuador y Colombia. El país que mejor se prepare quedará mejor posicionado. Hay mucha información acumulada sobre El Niño y con la tecnología actual se puede anticipar el estrés de los cultivos y acelerar cosechas.

El impacto será inevitable, pero se puede reducir. Si Perú logra que el impacto sea menor que en Ecuador, Colombia o Chile, podrá aprovechar los precios internacionales y beneficiarse de la menor producción mundial. En cada crisis hay una oportunidad, y el gobierno debe ser lo suficientemente hábil para aprovecharla y acelerar procesos.

La muerte de tres integrantes del pueblo Nasa en el municipio de Florida, Valle del Cauca, provocó un nuevo llamado de organismos nacionales e internacionales para reforzar las medidas de protección de las comunidades indígenas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia rechazó el ataque ocurrido el pasado 1 de agosto y expresó su preocupación por la violencia que golpeó al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe. Además de condenar la masacre, pidió fortalecer las acciones institucionales para garantizar la seguridad de sus autoridades, líderes y habitantes.

Entre las víctimas se encuentra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, reconocido líder del pueblo Nasa y defensor de derechos humanos. También fueron asesinados Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, integrante de la guardia indígena que participaba en labores de protección colectiva y diferencial del resguardo, y Hamilton Daniel Dagua, comunero del pueblo Nasa.

Durante el mismo ataque resultó herido Jhon Fredy Lemus Ferro, integrante de la guardia indígena vinculado a las labores de protección colectiva y diferencial que desarrolla esa comunidad. Frente a estos hechos, la ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y territoriales para responder a los riesgos que enfrenta el pueblo Nasa.

“Llamamos a todas las autoridades competentes a seguir fortaleciendo la coordinación nación-territorio e interinstitucional, así como la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural”, aseguró la organización en su comunicado. El organismo también pidió avanzar en medidas orientadas a prevenir nuevas vulneraciones contra los derechos individuales y colectivos de esta comunidad, además de reforzar las acciones dirigidas a combatir la impunidad.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, el Pueblo Nasa y sus estructuras de gobierno y organizativas y reiteramos nuestra disposición en seguir acompañando a este Pueblo Indígena y a las autoridades competentes en pro del respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos”, agregó.

Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia solicitó que el caso avance con garantías de justicia, verdad y reparación para las víctimas, e insistió en que tanto los autores materiales como los intelectuales sean identificados, juzgados y sancionados. Tras conocerse el crimen, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario para evaluar la situación y definir las primeras acciones institucionales frente al atentado.

Como resultado de esa reunión, la mandataria anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque ocurrido en Florida. “Tras conocer el atroz atentado que dejó tres personas asesinadas, entre ellas el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, hoy citamos un Consejo de Seguridad Extraordinario, en el que definimos una bolsa de recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables”, manifestó Toro a través de su cuenta en la red social X.

La gobernadora informó además que el lunes 3 de agosto se desarrollará una Mesa de Derechos Humanos en el municipio de Florida con participación del Gobierno nacional y de las secretarías departamentales de Paz Territorial, Asuntos Étnicos y Convivencia y Seguridad Ciudadana. El propósito de ese encuentro será revisar la situación de orden público en la zona y analizar las medidas que puedan adoptarse para fortalecer la respuesta institucional frente a los riesgos que enfrenta la comunidad indígena.

En su pronunciamiento, Toro reveló que Julián Mauricio Gutiérrez contaba con medidas colectivas de protección, denunció amenazas y esperaba la asignación de un esquema individual de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. “Es especialmente grave señalar que el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe contaba con medidas colectivas, se encontraba bajo amenazas y estaba a la espera de un esquema individual de protección por parte de la UNP, el cual no llegó”, afirmó la mandataria.

La costarricense Rebeca Grynspan dio un importante paso en su aspiración de convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de encabezar la primera votación de sondeo realizada por el Consejo de Seguridad, un mecanismo que marca el inicio del proceso para elegir a la persona que sustituirá al portugués António Guterres cuando concluya su segundo mandato el próximo 31 de diciembre de 2026.

La exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recibió la mayor cantidad de evaluaciones favorables durante la denominada “votación indicativa”, celebrada a puerta cerrada entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

En esta primera ronda, los Estados miembros calificaron de manera anónima a cada uno de los siete candidatos mediante tres opciones: “recomendar”, “desaconsejar” o “sin opinión”. Aunque el resultado no es vinculante, sí permite medir el nivel inicial de respaldo político de cada aspirante y, sobre todo, identificar cuáles candidaturas tienen posibilidades reales de avanzar en la competencia.

Según fuentes diplomáticas citadas por agencias internacionales como AFP, Reuters y Al Jazeera, Grynspan obtuvo el mayor número de menciones favorables, ubicándose por delante de la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

La lista de aspirantes también incluye a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el exrepresentante ugandés ante la ONU Olara Otunnu y el expresidente de Senegal Macky Sall.

No obstante, el proceso está lejos de concluir. Expertos en diplomacia internacional advierten que podrían incorporarse nuevos candidatos durante las próximas semanas, mientras continúan las rondas de consultas entre los Estados miembros y, especialmente, entre las cinco potencias con derecho de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

Precisamente, el respaldo o rechazo de cualquiera de esos cinco países suele definir el desenlace de la elección, independientemente del apoyo obtenido en las votaciones preliminares.

El sistema de votaciones indicativas comenzó a utilizarse a inicios de la década de 1980 para evitar bloqueos prolongados entre candidatos. Sin embargo, organizaciones y especialistas en gobernanza internacional han cuestionado el mecanismo por la falta de transparencia que rodea todo el proceso, ya que las preferencias de los países permanecen en secreto y las negociaciones suelen desarrollarse mediante intensas gestiones diplomáticas.

En esta ocasión, además, existe una expectativa adicional. Diversos Estados consideran que ha llegado el momento de que, por primera vez desde la creación de Naciones Unidas en 1945, una mujer ocupe la Secretaría General del organismo.

A ese impulso se suma la tradición no escrita de rotación geográfica, según la cual corresponde a América Latina y el Caribe presentar al próximo titular de la ONU, aunque esa práctica no siempre ha sido respetada en procesos anteriores.

Costa Rica confía en sus posibilidades

Semanas antes del inicio formal de las votaciones, el Gobierno de Costa Rica ya manifestaba optimismo sobre las opciones de Grynspan.

En una entrevista concedida el pasado 3 de julio a Teletica.com, el canciller Manuel Tovar aseguró que la candidatura costarricense reunía las condiciones necesarias para liderar una profunda transformación dentro de Naciones Unidas.

“Tiene altas posibilidades”, afirmó entonces el jerarca, quien sostuvo que Grynspan posee una combinación de experiencia política, conocimiento interno del sistema multilateral y capacidad para conducir procesos de negociación en escenarios internacionales complejos.

“Nosotros genuinamente sentimos que ella es la candidata que mejor reúne las condiciones para liderar la ONU hacia donde tiene que llegar. La ONU se ha desviado de su mandato a lo largo de los años. Se ha convertido más en una agencia de empleo que en un organismo llamado a resguardar la paz y la seguridad internacional. Requiere una reforma profunda, y eso puede ocurrir con alguien que conoce la organización desde adentro como doña Rebeca”, expresó Tovar.

Aunque liderar la primera votación constituye una señal alentadora para Costa Rica, el camino hacia la Secretaría General de Naciones Unidas apenas comienza. Las próximas rondas de consultas y votaciones serán determinantes para definir si Rebeca Grynspan logra convertir ese respaldo inicial en un consenso suficiente para convertirse en la primera mujer y la primera costarricense en dirigir el organismo multilateral más importante del mundo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica alertó que la trata de personas no se limita únicamente a la explotación sexual, ya que incluye otras formas de explotación como la mendicidad forzada y el trabajo doméstico. De acuerdo con datos oficiales, durante 2026 se han abierto 43 investigaciones por este delito, cifra que supera en seis los expedientes registrados en todo el año anterior.

La mayoría de los casos corresponden a explotación sexual, con 37 investigaciones activas, además de dos por mendicidad forzada y cuatro por trabajo forzado, vinculadas principalmente a la vulnerabilidad de personas migrantes.

Según informó el OIJ, la trata de personas puede configurarse incluso en situaciones donde una persona obliga a otra a pedir limosna, aunque exista un vínculo familiar. La institución enfatizó que la mayoría de las víctimas identificadas son mujeres y menores de edad, lo que subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y atención integral a quienes sufren este tipo de delitos.

El organismo también recordó que el trabajo doméstico forzado figura entre las modalidades detectadas, afectando especialmente a migrantes en condiciones precarias.

Las autoridades costarricenses detallaron que las cifras actuales reflejan un crecimiento sostenido de las investigaciones por trata en los últimos años. En 2025 se documentaron 37 casos, mientras que en los primeros siete meses de 2026 la cifra ya alcanzó los 43 expedientes, lo que evidencia una tendencia al alza.

El OIJ reiteró que este delito suele operar mediante redes organizadas que aprovechan la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, especialmente en contextos de pobreza, migración irregular y ausencia de redes de apoyo.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, el OIJ indicó que la lucha contra este fenómeno requiere acciones coordinadas entre las instituciones nacionales e internacionales. La entidad insistió en la importancia de una respuesta estatal que proteja los derechos de las víctimas y persiga eficazmente a quienes se benefician de su explotación.

A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera la trata de personas como una grave violación a los derechos humanos que afecta a millones de personas en el mundo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata con fines de explotación sexual y laboral sigue siendo la modalidad más detectada, pero en los últimos años se observa un aumento significativo de la trata para actividades delictivas forzadas, como fraudes online y ciberestafas.

La ONU subraya que la explotación criminal forzada se ha convertido en la tercera forma de trata más común, con víctimas en al menos 80 nacionalidades diferentes identificadas al cierre de 2025.

El reporte global de la UNODC divulgado este 2026 señala que más de 300,000 personas han sido obligadas a participar en esquemas de fraude digital y otros delitos, especialmente en regiones de Asia y América Latina. Los centros de fraude son operados por redes criminales transnacionales que generan ganancias ilícitas de hasta 37,000 millones de dólares anuales, según datos de la organización.

La ONU advierte que ninguna región está exenta de este problema y enfatiza la necesidad de medidas coordinadas para desmantelar estas redes y garantizar la protección efectiva de las víctimas.

En América Latina, la trata de personas continúa afectando principalmente a mujeres, niñas y migrantes en situación irregular, quienes enfrentan mayores riesgos de explotación sexual, laboral y criminal. La UNODC y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llaman a los Estados a fortalecer las estrategias de prevención, protección y asistencia a víctimas, así como la persecución penal de los responsables. La cooperación internacional y el intercambio de información son señalados como elementos clave para enfrentar el carácter transnacional de este delito.

La ONU insta a los países a reconocer la trata de personas en todas sus formas, a fortalecer los marcos legales y a implementar políticas públicas que garanticen la restitución de derechos y la reparación integral de las víctimas. Entre las recomendaciones destaca la necesidad de mejorar la detección temprana, reforzar la capacitación de funcionarios y asegurar el acceso a la justicia y la asistencia psicosocial, especialmente para mujeres y niños afectados.

La efeméride del 30 de julio se utiliza cada año para sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud del problema y para renovar el compromiso internacional en la erradicación de la trata de personas, un delito que persiste en todo el mundo y que requiere respuestas integrales y sostenidas, según destacó la ONU en su declaración más reciente publicada por UN Women y UNODC.

Ucrania solicitó a Guatemala sumarse a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, una iniciativa destinada a coordinar acciones globales frente a la deportación de menores por parte de Rusia.

La petición fue transmitida durante una conversación entre Mariana Betsa, viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, y Mónica Bolaños, su homóloga guatemalteca, según confirmaron las cancillerías de ambos países.

Conversaciones diplomáticas y agenda bilateral

El diálogo, realizado por vía telefónica, giró en torno a la cooperación bilateral y multilateral entre Ucrania y Guatemala.

Las partes discutieron la situación actual de la relación, las dinámicas en el seno de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el respaldo guatemalteco a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Uno de los puntos principales del encuentro fue el análisis de las consecuencias humanitarias de la invasión rusa, con especial énfasis en la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso o zonas bajo ocupación. En este contexto, Ucrania solicitó formalmente a Guatemala que evalúe su adhesión a la coalición internacional creada para facilitar el retorno de esos menores, según reveló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado.

¿Qué implica la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos?

La Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos representa una plataforma diplomática, legal y humanitaria cuyo objetivo es identificar, localizar, repatriar y reintegrar a los miles de menores ucranianos trasladados ilegalmente fuera del país.

Al integrarse a la coalición, un Estado adquiere el compromiso de intercambiar información, aportar recursos financieros y técnicos, y ejercer presión diplomática en foros internacionales.

Entre las obligaciones asumidas por los miembros destacan: el intercambio ético de datos sobre casos documentados, la cooperación judicial y logística, y la exigencia a la Federación Rusa de cumplir las Convenciones de Ginebra y los derechos del niño.

Actualmente, la coalición incluye a 50 miembros entre países y organizaciones internacionales, con Ucrania y Canadá como co-presidentes. Se encuentran representadas naciones de América, Europa, Asia y Oceanía, así como entidades como la Unión Europea (UE) y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

Respuestas y próximos pasos de Guatemala

Durante la reunión, Guatemala recibió la información sobre la iniciativa y anunció que analizará la propuesta a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Según autoridades consultadas por Infobae, el gobierno guatemalteco no ha adelantado detalles ni ha tomado una decisión mientras esté en curso la fase de análisis.

La Cancillería guatemalteca informó que el diálogo con Ucrania continuará y que se dará seguimiento a los temas abordados en futuras rondas diplomáticas.

“Ucrania compartió información sobre la iniciativa Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y planteó a Guatemala la posibilidad de sumarse. Al respecto, Guatemala analizará la propuesta a través de los canales diplomáticos correspondientes, por lo que, por el momento y durante la fase de análisis, no es posible adelantar la decisión ni brindar mayores detalles sobre la iniciativa", dijo la cancillería a Infobae.

En el mismo intercambio, Guatemala reiteró su adhesión a los principios de la Carta de la ONU y al Derecho Internacional para la solución pacífica de controversias. El país reafirmó su compromiso con el multilateralismo, postura que ha sostenido en distintas instancias internacionales.

Impacto y acciones de la Coalición

Las gestiones de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos incluyen cumbres de alto nivel, operaciones de repatriación, respaldo judicial y programas de rehabilitación integral. Según cifras recogidas por Reuters, más de 1.600 niños ucranianos han logrado regresar a sus familias o tutores legales gracias a estas acciones colectivas.

El proceso de retorno suele ser complejo y requiere la mediación de terceros países, así como la participación de organismos internacionales. Además, la coalición financia programas de asistencia médica, apoyo psicológico y reintegración educativa para los menores repatriados.

La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea expresaron su satisfacción por el acuerdo que establece el desarme de Hamas en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio, confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que la confirmación del pacto constituye la única señal alentadora en una región marcada por la guerra. “El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos para que Hamas entregue sus armas y para que Israel retire sus fuerzas de Gaza es la única buena noticia en días recientes”, aseguró.

“Lo que había comenzado como un conflicto regional hace seis meses se convirtió en un motivo de inestabilidad global”, agregó. Además, el máximo responsable de Naciones Unidas remarcó ante la prensa que los combates deben terminar “en todos los frentes” de la región.

El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos prevé que Hamas entregue sus armas en Gaza y que, una vez completado ese desarme, las fuerzas israelíes se retiren del territorio, mientras una Fuerza Internacional de Estabilización y una nueva fuerza policial palestina asumen tareas de seguridad, con el almacenamiento de armamento bajo supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Desde la Unión Europea, la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, destacó el plan para desarmar a Hamas en Gaza como “un paso constructivo hacia la paz” si se ejecuta en su totalidad. “Queda mucho por encajar para que esto funcione. El éxito depende del compromiso total de todas las partes”, advirtió la diplomática.

Kallas afirmó que verificar el cumplimiento “será un reto importante” y que Israel deberá retirarse de Gaza “con el tiempo”. Además, aseguró que el bloque europeo está “preparado para apoyar los próximos pasos”, incluyendo la entrada del Comité Nacional, el futuro gobierno tecnocrático palestino y la Fuerza Internacional de Estabilización.

La funcionaria recordó: “La Unión Europea es el mayor donante humanitario de Gaza”, y que en julio destinó 900 millones de euros para la recuperación del territorio.

La noticia del acuerdo se conoció después de que el presidente Donald Trump anunciara que la Junta de Paz alcanzó un pacto para el “desarme total” de Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza. Trump calificó el entendimiento como un paso “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave y precisó: “El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”.

“Tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento con esto. Israel nos ayudó y se ha portado muy bien”, aseguró Trump a los periodistas en la residencia presidencial de Camp David.

El acuerdo fue mediado por Estados Unidos, con el apoyo de Egipto, Qatar y Turquía, además del responsable de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov. El texto establece que, tras el desarme, la administración de Gaza pasará a un nuevo gobierno palestino, mientras una fuerza internacional acompañará el proceso de transición y estabilización.

La implementación del acuerdo requiere la coordinación de las partes y una verificación constante para evitar incumplimientos.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este entendimiento, al que la ONU considera el único avance positivo en una región marcada por la violencia y la inestabilidad.

(Con información de AFP y EFE)

Más allá de la identidad de la persona involucrada, el caso de Cristina Fernández de Kirchner reabre una discusión que trasciende a cualquier persona en particular. La pregunta no es si una condena es correcta o incorrecta, sino cuál es el verdadero efecto que puede tener, dentro del ordenamiento argentino, un eventual dictamen del Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando existe una sentencia firme.

El CDH no actúa como una cuarta instancia judicial ni sustituye a los tribunales nacionales. Examina si el Estado cumplió las obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y emite dictámenes en el marco del Protocolo Facultativo. No obstante, el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal reconoce expresamente que la decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual puede habilitar la promoción de una acción de revisión.

No se trata de una incorporación casual. El legislador previó que, excepcionalmente, un órgano internacional pudiera concluir que durante un proceso penal se vulneraron garantías protegidas por tratados internacionales. Para esos supuestos diseñó una vía procesal específica: la acción de revisión. Esa previsión demuestra que el derecho argentino no ignoró esa posibilidad, sino que decidió regularla.

Ahora bien, una cosa es habilitar la revisión y otra muy distinta es modificar una sentencia firme. Un eventual dictamen favorable no deja automáticamente sin efecto una condena. Solamente puede abrir la puerta para que la defensa solicite la revisión ante los tribunales argentinos.

La primera decisión corresponderá a la Justicia argentina: determinar si la revisión debe abrirse o no. El tribunal podrá rechazarla por no reunirse los requisitos legales o admitir su tratamiento. Si la revisión fuera admitida, tampoco existirá un resultado predeterminado. El tribunal podrá confirmar íntegramente la condena, modificar parcialmente alguno de sus aspectos o, en la hipótesis más excepcional, dejarla sin efecto si considera que las circunstancias jurídicas así lo justifican. En todos los escenarios, la decisión final seguirá siendo competencia exclusiva de los jueces argentinos.

El antecedente Fontevecchia y D’Amico resulta ilustrativo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado argentino había violado la libertad de expresión y dispuso medidas reparatorias. Sin embargo, cuando el expediente regresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ésta entendió que ese pronunciamiento internacional no producía por sí mismo la nulidad de su sentencia. En consecuencia, la decisión de la Corte Suprema permaneció inalterada. Ese precedente no resuelve el caso actual, pero demuestra que la existencia de un pronunciamiento internacional y sus efectos concretos dentro del derecho argentino son cuestiones diferentes.

En definitiva, el verdadero error consiste en reducir una discusión jurídica compleja a afirmaciones categóricas. No es correcto sostener que un dictamen del Comité carece absolutamente de efectos, como tampoco afirmar que automáticamente revoca una condena firme. Entre ambos extremos existe un procedimiento previsto por la legislación argentina y serán, como ocurre en todo Estado de Derecho, los tribunales nacionales quienes tendrán la última palabra.

El debate público, sin embargo, suele presentarse como un falso dilema: o un eventual dictamen del Comité no produciría ningún efecto por existir una sentencia firme, o bastaría un pronunciamiento favorable para dejar sin efecto la condena. Ninguna de esas posiciones refleja con precisión el funcionamiento del derecho procesal argentino.

La revisión de una sentencia firme constituye un remedio procesal extraordinario y de interpretación restrictiva. Por ese motivo, aun cuando un dictamen internacional pudiera constituir el fundamento para promover la acción prevista en el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, ello no elimina el análisis que deben realizar los tribunales argentinos sobre su procedencia y sus eventuales efectos.

También conviene recordar que el Comité de Derechos Humanos no juzga personas ni reemplaza a los tribunales nacionales. Su función consiste en evaluar si el Estado cumplió las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos. El eventual impacto interno de sus dictámenes depende de los mecanismos previstos por el propio ordenamiento argentino.

La importancia institucional de este debate excede ampliamente el caso de Cristina Fernández de Kirchner. La respuesta que el sistema jurídico argentino otorgue a un eventual pronunciamiento del Comité será la misma que deberá aplicarse respecto de cualquier ciudadano que invoque una decisión de un órgano internacional de protección de los derechos humanos.

En otras palabras, el verdadero alcance de un eventual pronunciamiento internacional no depende exclusivamente de lo que resuelva el Comité, sino también de la respuesta que el ordenamiento jurídico argentino le otorgue a través de sus mecanismos procesales. Entre sostener que un dictamen carece de todo efecto y afirmar que automáticamente revoca una condena firme existe el derecho procesal argentino.

El debate público suele presentarse como un falso dilema: sostener que un eventual dictamen del Comité no produciría ningún efecto por existir una sentencia firme o afirmar que bastaría un pronunciamiento favorable para dejar sin efecto la condena. Ninguna de esas posiciones refleja con precisión el funcionamiento del derecho procesal argentino.

El artículo 366, inciso f, no fue incorporado para garantizar que toda decisión internacional modifique una sentencia firme. Fue incorporado para que los tribunales argentinos puedan evaluar, dentro de un procedimiento excepcional, si ese pronunciamiento justifica revisar una condena. Esa diferencia es la clave de todo el debate.

La aplicación de la política exterior de un país suele revelar con mayor claridad sus verdaderas intenciones geopolíticas que cualquier discurso pronunciado en foros internacionales. El Reino Unido ofrece hoy un ejemplo elocuente. Y, el nuevo Canciller, Ed Miliband, encarna como pocos esa circunstancia y sus contradicciones. Porque hay momentos en que la diplomacia deja de medirse por las palabras y comienza a juzgarse por sus conveniencias, deja de expresar principios para convertirse en instrumentos de poder.

Cuando ocupaba la Secretaría de Energía, Ed Miliband defendía con firmeza la necesidad de poner fin a las nuevas licencias de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mar del Norte y la revisión de proyectos como Rosebank y Jackdaw, bajo la premisa de que la transformación del modelo energético obliga a dejar de expandir la oferta de hidrocarburos. “Lo hacía en nombre de la transición energética, la lucha contra el cambio climático y de la responsabilidad ambiental.” Sin embargo, ahora llega al Foreign Office y avala el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur, en aguas cuya soberanía es objeto de una controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas,

La contradicción es evidente. Si la explotación de nuevos yacimientos resulta incompatible con los objetivos climáticos británicos y el Acuerdo de París cuando se trata del Mar del Norte, ¿por qué deja de serlo cuando el petróleo se encuentra en las aguas circundantes al territorio colonial de las Islas Malvinas? Existe también otra contradicción más grave. Como Canciller, Miliband tendrá que responder a los reiterados llamamientos de las Naciones Unidas para que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones sobre la disputa de soberanía y se abstenga de adoptar medidas unilaterales que alteren la situación mientras el diferendo permanezca sin resolver (resolución 31/49).

Cada avance del proyecto Sea Lion, cada licencia otorgada y cada paso destinado a consolidar la explotación de recursos naturales en un territorio colonial en disputa constituyen, desde la perspectiva de Naciones Unidas, exactamente el tipo de hechos consumados que la comunidad internacional ha procurado evitar durante décadas. No se trata únicamente de una controversia bilateral. Se trata de la credibilidad del sistema internacional. Si un Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede desoír las exhortaciones de la ONU de no innovar sin costo político alguno, el mensaje para el resto del mundo es demoledor: las reglas son obligatorias para unos, pero opcionales para quienes concentran mayor poder.

El Canciller Ed Miliband tiene ahora la oportunidad de demostrar que el Reino Unido cree realmente en los principios que proclama y seguir la dimensión ética que proponía el Canciller laborista Robin Cook. Podría así impulsar una política exterior coherente con el respeto al derecho internacional y con la búsqueda de una solución negociada a una disputa que la propia ONU considera pendiente de resolución. Fue justamente otro laborista, el Primer Ministro Harold Wilson, el que inició el proceso de negociación con Argentina tras la resolución 2065 (XX).

Si, en cambio, Miliband decide mantener el respaldo irrestricto a la explotación petrolera en el Atlántico Sur mientras ignora los llamamientos de las Naciones Unidas, su legado y el del partido laborista quedará marcado por una doble incoherencia: la de quien predicó la transición energética mientras avalaba nuevos desarrollos petroleros según la ubicación geográfica, y la de quien, como Canciller, eligió privilegiar los hechos consumados antes que el diálogo que reclama la comunidad internacional.

La verdadera autoridad moral de un Estado no se mide por la firmeza de sus discursos, sino por la congruencia entre lo que exige a los demás y aquello que está dispuesto a cumplir. Como habría reconocido Harold Wilson, en su concepción pragmática de la política exterior, la credibilidad internacional depende tanto de los principios proclamados como de la coherencia con que se los aplica.

Guatemala se vistió de azul, desplegó símbolos y efectuó actividades en diversos puntos del país para conmemorar el Día Mundial Contra la Trata de Personas, una jornada establecida cada 30 de julio por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este año, la campaña global se centró en la alerta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el fenómeno de las víctimas obligadas por redes criminales a participar en ciberdelitos, bajo el lema “Atrapados detrás de la estafa”.

Estrategias estatales y el símbolo del Corazón Azul

El gobierno de Guatemala ratificó su adhesión a la campaña internacional Corazón Azul. Esta iniciativa busca articular esfuerzos entre instituciones estatales y la sociedad civil para fortalecer la prevención y combate a la trata de personas en todas sus formas.

El Corazón Azul representa la tristeza de las víctimas y la insensibilidad de quienes las explotan, así como el compromiso de la ONU para erradicar este delito.

Por su parte el Ministerio de Gobernación (Mingob) implementó estrategias coordinadas desde la Policía Nacional Civil (PNC) y unidades especializadas, logrando desarticular cinco estructuras criminales y capturar a 35 presuntos responsables de trata y tráfico ilícito de personas durante 2026.

Mientras que el Palacio Nacional de la Cultura y otros edificios de Gobierno fueron iluminados con una tonalidad azul.

Fortalecimiento institucional y profesionalización

La profesionalización de los cuerpos de seguridad constituye una prioridad para las autoridades. En alianza con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), se han desarrollado procesos de formación orientados a capacitar a agentes de la PNC en la identificación y atención de víctimas, así como en la persecución penal de estos delitos.

Estas capacitaciones dotan a los policías de herramientas técnicas para responder de manera oportuna y garantizar una atención digna a quienes sufren explotación.

El Ministerio de Gobernación destacó que la creación de Oficinas de Investigación Criminal Contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas, junto con la ratificación de alianzas con organizaciones internacionales como Crime Stoppers, refuerza el mecanismo de persecución penal y la cooperación interinstitucional.

Mientras que edificios de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) también se iluminaron de azul.

Concientización social y participación ciudadana

Durante la jornada, mujeres especialistas de la Unidad de Género del Mingob instalaron un stand informativo en la sede ministerial. Allí, servidores públicos y visitantes recibieron material educativo sobre la prevención de la trata, junto con pulseras azules elaboradas por adolescentes beneficiadas por programas de atención integral.

La campaña incluyó la distribución de documentos con información sobre la línea de denuncia 110 de la PNC, medida que busca incentivar la participación ciudadana en la detección y denuncia de estos delitos.

La iniciativa pretende “reconstruir el proyecto de vida de los sobrevivientes”, como señaló Linda Alay, encargada de la Unidad de Género: “Desde el Estado se continúa fortaleciendo la prevención, la investigación, la persecución de este crimen y la reconstrucción del proyecto de vida de los sobrevivientes”.

Visibilización y apoyo a sobrevivientes

El emblemático Edificio de Gobernación fue iluminado de azul durante julio como parte de los actos de sensibilización. Paralelamente, se realizó una exposición y venta de productos elaborados por sobrevivientes de trata.

Según el Mingob, esta actividad busca “contribuir a la recuperación integral, robustecer la autonomía económica y visibilizar los procesos de reintegración”.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fomentar la prevención, reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la coordinación entre entidades estatales y organismos internacionales.

La Ciudad de México recibirá el 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo del 7 al 9 de septiembre de 2026, con una agenda centrada en el turismo deportivo como motor de desarrollo e inversión, de acuerdo con información del organismo consultada este 30 de abril.

CDMX es la primera sede en que se realiza el Congreso en el continente americano, según publicó la Secretaría de Turismo (SECTUR) en un mensaje en su cuenta oficial este 30 de julio.

En otra publicación del mismo día, la secretaria de turismo, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó: “México hará historia al recibir el 4.º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, el primero en América”.

De acuerdo con ONU Turismo, el encuentro se organiza en colaboración con la SECTUR, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, el Fondo Mixto de Promoción Turística de Ciudad de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

El foro de ONU Turismo se plantea tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México como coanfitrión

ONU Turismo enmarcó el Congreso en el periodo posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con México como uno de los países anfitriones. Según el organismo, el foro convoca a responsables públicos, destinos, organizaciones deportivas, empresas e inversores para revisar el efecto del turismo deportivo en comunidades locales.

Entre los temas previstos por ONU Turismo están los megaeventos y su legado, innovación y tecnología, turismo activo y desarrollo de destinos, modelos de negocio y patrocinio, gobernanza e inversión con colaboración público-privada, sostenibilidad e inclusión, así como tendencias y oportunidades futuras.

El turismo deportivo representa alrededor de 10% del gasto turístico mundial y en 2025 alcanzó un volumen estimado de 672 mil millones, según ONU Turismo. El organismo añadió que el segmento se amplía más allá de los grandes eventos e incluye turismo activo y outdoor, deporte amateur y experiencias vinculadas a comunidades deportivas y aficionados.

Claudia Sheinbaum sostiene que el Mundial 2026 es un éxito para México

La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Josefina Rodríguez Zamora sostuvieron este jueves 30 de julio que el Mundial 2026 fue un éxito para México, aun cuando el alza en el precio de la turbosina habría frenado parte de la llegada de turistas extranjeros por vía aérea; el Gobierno federal anticipó que los datos de junio y julio permitirán medir con mayor precisión el efecto de la justa en la actividad turística.

Con cifras disponibles hasta mayo y a la espera del reporte de junio que el INEGI publicará el próximo 11 de agosto, México acumuló más de 42 millones de visitantes y más de 24 millones de turistas, dijo la titular de Sectur durante la conferencia matutina. La funcionaria añadió que ese comportamiento representa un aumento de 8% frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la presidenta, el balance preliminar del torneo es favorable en las tres sedes mexicanas: CDMX, Guadalajara y Monterrey. También afirmó que durante el periodo mundialista hubo más turistas en otros puntos del país.

El Gobierno atribuye el freno del turismo aéreo al alza de la turbosina

Sheinbaum señaló que el principal factor que habría afectado la llegada de visitantes extranjeros por avión es el encarecimiento de la turbosina, combustible que usan las aerolíneas. Según explicó, ese aumento eleva el costo de los vuelos internacionales hacia México.

La mandataria lo resumió así: “¿Qué nos ha afectado en llegada de turistas extranjeros? Si en algo nos ha afectado es el precio de la turbosina en avión. Sin embargo, hay más turistas también que llegan por otras vías”.

El propio Gobierno expuso que la turbosina forma parte de los costos operativos centrales de la aviación comercial. Cuando sube su precio, las aerolíneas pueden absorber una parte del aumento, pero también trasladarlo a los pasajeros con tarifas más altas o con ajustes en la oferta de vuelos.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres alertaron sobre el avance de una modalidad delictiva que combina trata de personas y fraude digital: grupos criminales organizados que captan, trasladan y coaccionan a sus víctimas para obligarlas a cometer estafas en línea.

La campaña “Atrapadas/os detrás de la estafa”, impulsada este año por Naciones Unidas, expone el costo humano de estas operaciones: personas engañadas, trasladadas a instalaciones ilegales y sometidas mediante violencia, amenazas y deudas fabricadas para forzarlas a delinquir en beneficio de sus captores.

Las tácticas utilizadas por el crimen organizado para captar víctimas

Una de las maneras en las que operan los grupos criminales, y que fue identificada por los organismos, es la captación mediante ofertas de empleo falsas.

Las víctimas son atraídas por anuncios fraudulentos que prometen oportunidades de trabajo en el extranjero; una vez que aceptan, pueden ser trasladadas a centros de operaciones de estafas, donde pierden toda libertad de movimiento y se les somete.

Dentro de estos recintos, se las obliga a cometer fraudes en línea u otras formas de violencia y explotación, incluida la violencia sexual.

Otro de los métodos es la interacción en redes sociales y plataformas de videojuegos en los que las víctimas son engañadas para acudir a encuentros presenciales en sitios como:

• Estaciones de autobús
• Parques
• Centros comerciales
• Otros lugares públicos

Una vez captadas, las víctimas suelen ser obligadas a cometer estafas románticas, esquemas de inversión fraudulenta, estafas con criptoactivos y otras modalidades dirigidas a personas de todo el mundo.

Además, enfrentan un entorno diseñado para impedir cualquier posibilidad de escape en los que se les imponen cuotas de producción, aplican multas cuando no se cumplen las metas y mantienen una vigilancia constante; a esto se suman la violencia y la servidumbre por deudas.

Los organismos advirtieron que el uso de inteligencia artificial, plataformas digitales y activos virtuales amplía el alcance geográfico de estas redes y les permite ocultar con mayor eficacia las ganancias.

México presentó 18 casos en 2025

En 2025, fueron rescatas 18 personas —entre ellas extranjeras y menores de edad— tras ser obligadas a trabajar en un centro de estafa dedicado a la venta de rifas fraudulentas.

Y durante el mes de julio de 2026, las autoridades liberaron a cuatro personas jóvenes que permanecían encadenadas en celdas improvisadas dentro de una finca que operaba como centro de llamadas ilegal, equipada con dispositivos electrónicos e instrumentos de comunicación.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estimó en su 5º Reporte Anual contra la Trata de Personas que el 31% de los casos recibidos correspondieron a trabajo o servicios forzados.

Las cifras globales y la expansión del fenómeno

De acuerdo con el Reporte Mundial sobre Trata de Personas 2024 de UNODC, esta forma de explotación ocupa el tercer lugar en número de víctimas detectadas a nivel global.

A escala mundial, la segunda edición de la Evaluación Global de Amenazas de Fraude Financiero de INTERPOL estimó que entre 2024 y 2025 las notificaciones relacionadas con fraude crecieron más del 54%. Hasta marzo de 2025, se identificaron víctimas tratadas procedentes de 66 países, con indicios de expansión fuera del Sudeste Asiático hacia África Occidental, Oriente Medio y Centroamérica.

Sin embargo, en 2022 las mujeres y las niñas representaron el 60% de las víctimas de trata detectadas en el mundo. ONU Mujeres subrayó que esta forma de explotación se encuentra enraizada en las desigualdades de género y la inseguridad económica, por lo que llamó a evitar la criminalización de las víctimas y a garantizar su acceso a la justicia con perspectiva de género.

El Consejo de Seguridad de la ONU dio este jueves el primer paso en la elección de su próximo secretario general con una votación exploratoria destinada a evaluar el nivel de respaldo de los siete candidatos que aspiran a reemplazar a António Guterres a partir del 1 de enero de 2027.

Aunque la consulta no define el resultado, marca el inicio formal de un proceso que suele extenderse durante varios meses y en el que los cinco miembros permanentes del órgano tienen un papel determinante. En paralelo, Estados Unidos dejó clara su expectativa de que el futuro líder impulse una transformación estructural de la organización.

La primera ronda se desarrolló a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York. Los 15 integrantes del Consejo recibieron una papeleta para expresar, de manera confidencial, si recomiendan, desaconsejan o no tienen opinión sobre cada uno de los postulantes. El mecanismo, conocido como straw poll, sirve para identificar qué candidaturas reúnen mayores posibilidades antes de las votaciones decisivas.

A diferencia de las etapas finales del proceso, esta consulta no es vinculante y sus resultados permanecen reservados. Los candidatos conocerán posteriormente la evaluación obtenida a través de los gobiernos que presentaron oficialmente sus nominaciones.

Tras finalizar la reunión, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que el comienzo de la selección representa un momento relevante para la organización, aunque evitó revelar cualquier dato sobre el desarrollo de la votación. “Creo que es notable y bueno que el proceso ya esté en marcha”, declaró ante los periodistas.

El representante estadounidense aprovechó además la ocasión para fijar la posición de Washington respecto al perfil que considera necesario para dirigir la ONU durante los próximos años. Según explicó, el organismo necesita modernizar su funcionamiento y concentrar más recursos en las operaciones sobre el terreno.

“Necesitamos menos sede central, más presencia sobre el terreno (...) Menos gente aquí y más gente allá, sobre el terreno”, sostuvo Waltz, al reclamar una institución “más ágil y adecuada a su propósito”.

Las declaraciones reflejan una de las prioridades de Estados Unidos en el debate sobre el futuro de la organización: reducir la burocracia administrativa y fortalecer la capacidad de respuesta en los países donde Naciones Unidas desarrolla misiones humanitarias, de paz o de asistencia.

En esta primera fase participan varios candidatos procedentes de distintas regiones, aunque América Latina concentra la mayoría de las postulaciones. Compiten la ex presidenta chilena Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi; la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la costarricense Rebeca Grynspan; la canciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett; el ex presidente de Senegal Macky Sall; y el diplomático ugandés Olara Otunnu.

El mandato de Guterres concluirá el 31 de diciembre de 2026, después de completar dos períodos consecutivos de cinco años al frente de la organización.

Aunque en los círculos diplomáticos el nombre de Rafael Grossi aparece con frecuencia entre los aspirantes más mencionados, hasta ahora no existe un favorito indiscutido. Las negociaciones suelen evolucionar a medida que avanzan las rondas de consulta y dependen, en gran medida, de la posición que adopten Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto sobre la candidatura final.

Durante esta primera jornada, ninguno de esos países dio señales públicas sobre sus preferencias. Los representantes de Rusia y Colombia se limitaron a señalar que la reunión se desarrolló de manera satisfactoria, sin ofrecer detalles sobre el contenido de la votación.

La presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, ejercida este mes por la República Democrática del Congo, confirmó que el resultado permanecerá confidencial por decisión de los propios miembros del órgano. Tampoco se anunció la fecha de la siguiente votación informal, que previsiblemente se celebrará en agosto bajo la presidencia de Dinamarca.

Además del equilibrio geográfico que tradicionalmente influye en la designación del secretario general, numerosos Estados sostienen que esta elección representa una nueva oportunidad para que, por primera vez desde la creación de Naciones Unidas en 1945, una mujer asuma la máxima responsabilidad del organismo.

Mientras continúan las consultas diplomáticas, el proceso entra ahora en una etapa de negociaciones reservadas que definirá quién llegará con mayores opciones a las votaciones finales del Consejo de Seguridad.

En diálogo con Infobae a las 9, Valim señaló que la condena presenta “un problema técnico muy serio” desde el punto de vista del derecho administrativo, al atribuir a Kirchner, en su rol de presidenta de la Nación, responsabilidad sobre contratos firmados por la provincia de Santa Cruz con la Dirección Nacional de Vialidad, un ente autárquico.

“Desde el punto de vista del derecho administrativo es una barbaridad lo que hicieron”, afirmó, y recordó que en Argentina la administración pública nacional recae sobre el jefe de gabinete y no sobre el presidente, a diferencia de lo que ocurre en Brasil.

El letrado también fue categórico al referirse al alcance de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), ante el cual la defensa presentó una Comunicación Individual para cuestionar el proceso judicial. “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo Valim, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una decisión sobre una comunicación individual ante ese organismo puede ser base para la revisión de una sentencia firme.

En este punto, la defensa solicitó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que actualmente funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.

Sobre la inhabilitación, Valim fue directo: “El comité rechaza inhabilitaciones perpetuas o inhabilitaciones políticas muy largas. Hay precedentes muy claros sobre eso”, dijo, y citó casos europeos en los que el organismo revisó sanciones de entre cinco y ocho años impuestas a altos funcionarios.

Para explicar la elección del Comité de la ONU por sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Valim destacó que la vía elegida ofrece acceso directo sin necesidad de pasar por una comisión previa, y que no rige un plazo de prescripción comparable. “En el reglamento del comité se dice que no se puede abusar del derecho de acceder al comité, y ponen como plazo que sería un abuso cinco años”, precisó, ante las críticas que apuntaban a que la presentación llegaba tarde.

Sobre el carácter vinculante de una eventual cautelar favorable, Valim admitió que el Estado argentino podría no acatarla, tal como ocurrió en Brasil con el caso Lula, pero advirtió sobre las consecuencias de ese camino. “Se quedó insostenible la situación del propio poder judicial brasileño, porque hubo una presión internacional”, recordó. Aclaró que aquel incumplimiento no tuvo consecuencias jurídicas directas, pero que precipitó la resolución del caso al volver evidente la arbitrariedad del proceso.

Consultado sobre la posibilidad de que Kirchner participe en las primarias del peronismo pese a su inhabilitación, Valim respaldó la tesis de Borrego, que sostiene que la restricción alcanza solo a los cargos públicos electivos y no a la etapa previa de las internas partidarias. “Las restricciones a los derechos fundamentales tienen que ser interpretadas de una manera restrictiva y nunca ampliativa”, argumentó. Reconoció que la interpretación generó controversia, aunque aclaró desconocer si también dentro del entorno de la expresidenta.

Sobre su vínculo con Lula, Valim precisó que el mandatario brasileño “sabe que estoy trabajando en eso” pero que no discuten estrategia legal. Fue el propio equipo de Kirchner el que lo contactó a principios de año. “Yo no estoy acá como un militante político, estoy como un abogado”, subrayó.

Al ser preguntado por los periodistas Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet sobre si Jair Bolsonaro podría recorrer el mismo camino internacional, respondió que su condena le parece correcta desde el punto de vista jurídico. “Él intentó de una manera comprobada hacer un golpe de Estado en Brasil. Y a golpistas se les reserva la cárcel”, dijo. Sí se mostró crítico de la decisión de la justicia brasileña de impedir al presidente Javier Milei visitar a Bolsonaro: “Desde el punto de vista constitucional, de las libertades, no es correcto eso”.

La próxima sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para octubre, cuando la defensa espera obtener una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.

Más de 200,000 personas fueron víctimas de trata entre 2020 y 2023 en todo el mundo, según la ONU. En Centroamérica, los operativos y reportes difundidos en 2026 muestran un patrón regional marcado por la explotación de menores, redes transnacionales y una brecha amplia entre los casos detectados y los no denunciados.

El 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaron que las víctimas recorren cada año mayores distancias, soportan más violencia durante períodos más prolongados y generan ganancias más altas para las redes que las explotan.

Centroamérica es origen, destino y escenario de explotación directa. Más del 90% de los casos en la región involucra víctimas explotadas dentro de su propio país o por perpetradores del mismo entorno geográfico, según datos publicados en enero de 2026 por This Week in Public Health.

Los focos de origen y las víctimas más afectadas

Los países del Triángulo Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— concentran buena parte de los flujos de origen. Las redes trasladan a sus víctimas hacia México y Estados Unidos, pero también hacia Costa Rica y Panamá, donde la explotación sexual y el trabajo forzado alimentan un mercado interno.

Más de la mitad de las víctimas detectadas en Centroamérica y el Caribe son menores de edad, una de las proporciones más altas del mundo. Las niñas representan el grupo más afectado por la explotación sexual; los niños y adolescentes varones son captados principalmente para trabajo forzado y actividades delictivas.

Casos recientes en Honduras y El Salvador

En julio de 2026, la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras detuvo en Catacamas, Olancho, a los padres biológicos de tres niñas de entre 11 y 13 años que habrían sido sometidas a explotación sexual comercial dentro de su propia vivienda durante casi dos años.

El operativo, del 17 de ese mes, incluyó la participación del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la ONG OUR RESCUE. Las menores quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Niñez para recibir atención psicológica, médica y legal.

El caso expone una constante regional: el 77% de las víctimas rescatadas en Honduras son menores de edad, según la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT). En los primeros meses de 2026, esa institución informó el rescate de 18 personas, entre ellas 10 niñas, cuatro niños y tres mujeres adultas.

En El Salvador, la Fiscalía presentó en julio de 2026 una acusación formal ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado por el caso de 86 salvadoreños trasladados a la República Democrática del Congo con la promesa de trabajar como guardias de seguridad con salarios superiores a USD 4,000 mensuales.

Según la acusación, la empresa salvadoreña IMPROA S.A. de C.V. los reclutó como intermediaria de una firma internacional y los convirtió en contratistas militares sin pago. La Fiscalía imputa trata en modalidad de servidumbre, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas.

Infobae también documentó en abril de 2026 el caso de una red transnacional de reclutamiento engañoso que ha puesto su mirada en América Latina, utilizando promesas de salarios de hasta $2,600 como anzuelo para atraer a cientos de civiles al frente de guerra.

Bajo la fachada de ofertas laborales legítimas y salarios extraordinarios, decenas de ciudadanos de países como El Salvador, Colombia y Cuba están siendo trasladados a la Federación Rusa.

En El Salvador, un grupo de familiares de ciudadanos afectados alertó a Infobae sobre la existencia de reclutadores identificados como Carlos Gallego y Marlyn Montoya, quienes presuntamente operan como nexos locales.

Un caso similar también se documentó en Honduras , el caso de cinco hondureños lograron escapar de Rusia tras denunciar que fueron engañados con falsas ofertas de empleo y posteriormente presionados para integrarse a fuerzas militares en medio del conflicto con Ucrania.

Y en Panamá, durante junio Panamá confirmó que al menos 15 de sus ciudadanos se encontraban vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y que evidencia el alcance de las redes de reclutamiento que operan en América Latina mediante falsas ofertas de empleo.

La Cancillería advirtió que varios panameños habrían sido engañados con promesas de trabajos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, pero terminaron en zonas de combate.

Guatemala: más investigaciones y menos enjuiciamientos

Guatemala abrió 765 investigaciones por trata en 2024, frente a 452 en 2023, pero el número de enjuiciamientos cayó de 200 a 63 sospechosos en el mismo período. El Informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo al país en Nivel 2: hace esfuerzos, pero no cumple los estándares mínimos.

Entre las fallas señaladas figuran la ausencia de condenas a funcionarios por complicidad y la insuficiencia de servicios para víctimas fuera de la capital.

En febrero de 2026, las autoridades guatemaltecas desarticularon la red conocida como Mercaderes de Migrantes, que operaba en el departamento de Huehuetenango. La organización captaba a migrantes guatemaltecos y extranjeros, los trasladaba hacia México y luego los secuestraba para exigir rescates a sus familias, con pagos de entre 179,000 y 300,000 pesos mexicanos.

Los captores enviaban videos y fotografías de las víctimas para presionar a sus familiares mientras los retenían en territorio mexicano y les hacían creer que ya habían llegado a Estados Unidos.

Nicaragua y Costa Rica en los reportes internacionales

El informe del Departamento de Estado ubicó a Nicaragua en Nivel 3, la categoría más severa: el régimen no identificó ninguna víctima de trata durante el período evaluado, en contraste con las tres registradas en 2023. Las reformas legales implementadas por el gobierno eliminaron la cooperación con la sociedad civil, y no hubo condenas a tratantes.

Las víctimas nicaragüenses son explotadas en Costa Rica, Panamá, México, España y Estados Unidos, captadas con ofertas en restaurantes, hoteles, construcción y servicio doméstico que derivan en explotación sexual o trabajo forzado.

Costa Rica identificó 53 víctimas formales en 2024, frente a 36 en 2023. El Índice Global de Crimen Organizado 2025 señaló al país como un sitio de alta exposición a la explotación sexual de menores y al uso de niños para el tráfico de drogas. Las víctimas extranjeras provienen principalmente de Venezuela, Nicaragua, Colombia y República Dominicana.

En julio de 2026, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) participó en la operación Global Chain / Atlas 2026, coordinada por Interpol y Europol, que detectó 20 posibles víctimas en Costa Rica: 12 de nacionalidad nicaragüense y ocho costarricenses.

Los operativos regionales y el alcance de las redes

La operación identificó a 2.070 víctimas en total, de las cuales 162 eran menores. La explotación sexual representó el 64,2% de los casos en adultos y el 86,4% en menores.

La operación Liberterra III de Interpol, desplegada en noviembre de 2025 en 119 países, permitió rescatar a más de 4,400 posibles víctimas y detener a 3,744 sospechosos. En Centroamérica, Guatemala y Honduras cooperaron con controles y detenciones; en El Salvador, las autoridades documentaron el caso de una niña vendida a un hombre 65 años mayor.

Meses antes, la operación Eclipse, tras once meses de investigación que concluyeron en enero de 2026, permitió el rescate de 65 menores de entre cinco y 13 años en nueve países de Latinoamérica y el Caribe, con el 80% de las víctimas siendo niñas.

Los países centroamericanos presentes en los resultados fueron Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El mecanismo de captación y las ganancias

El 74% de los traficantes opera dentro de grupos delictivos organizados, según la UNODC. Sus ganancias globales por criminalidad forzada, que incluye estafas en línea, narcotráfico y fraudes, ascienden a USD 40.000 millones anuales.

En el Sudeste Asiático, las pérdidas por estafas en línea vinculadas a trata alcanzaron entre USD 88.300 y 114.100 millones solo en 2025.

El mecanismo se repite en distintas regiones: falsas ofertas laborales, confiscación de documentos al llegar al destino, deudas fabricadas, violencia y amenazas para mantener el control. Las familias, en muchos casos, venden tierras o contraen préstamos para financiar el viaje de sus seres queridos.

Cuando descubren el engaño, muchas recurren a nuevos préstamos para pagar rescates. La directora general de la OIM, Amy Pope, afirmó: "Merecen protección, no castigo“.

La criminalización de las víctimas

Uno de los obstáculos más documentados es la criminalización de las propias víctimas. Cuando son rescatadas, muchas enfrentan registros delictivos por actos que cometieron bajo coacción, sin documentos y con el temor de ser procesadas judicialmente.

“Los tratantes obtienen utilidades no solamente por los delitos cometidos bajo coerción, sino también por los sistemas de justicia que criminalizan a las víctimas, permitiendo así la impunidad”, denunció la OIM. La agencia instó a los gobiernos a defender el principio de no punibilidad y a garantizar que los mecanismos nacionales de derivación funcionen con protección, asistencia legal y apoyo para la reintegración.

La UNODC señaló que las respuestas de la justicia penal son insuficientes para un delito en rápida evolución: “Para acabar con la trata de personas, las fuerzas del orden deben aplicar leyes estrictas, realizar investigaciones proactivas, fortalecer la cooperación transfronteriza, combatir las finanzas delictivas y aprovechar la tecnología para identificar y desmantelar las redes".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que México “está en el nivel más bajo de inseguridad alimentaria”, destacando un descenso sostenido en comparación con años previos; sin embargo, reconoció que 21.6 millones de habitantes permanecen en situación vulnerable.

Esto, luego de que según el informe “The State of Food Security and Nutrition in the World 2026“, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que el país logró reducir 3.1% la subalimentación y el costo relativo de una dieta saludable para una fracción creciente de la población.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria explicó que, hace una década, la cifra alcanzaba al 24% de la población, mientras que en los últimos tres o cuatro años, el porcentaje descendió al 16 por ciento.

Subrayó que, aunque se registra el nivel más bajo desde que se mide este indicador, la cifra sigue siendo alarmante y representa un reto persistente para las autoridades.

Al hacer referencia al perfil de la población afectada, Sheinbaum detalló que la mayoría de quienes padecen inseguridad alimentaria son pequeños campesinos y productores ejidatarios o comuneros, concentrados principalmente en el sur y sureste del país.

“Es justamente el pequeño productor, el campesino del sur sureste, aunque no exclusivamente”, dijo en Palacio Nacional.

Expresó que, irónicamente, quienes se dedican a generar alimentos para México son los que más sufren la escasez, por lo que insistió en que revertir esta paradoja es uno de los mayores retos para el gobierno.

Políticas públicas y programas para mejorar la alimentación

Sheinbaum explicó que el gobierno federal implementa diversas acciones para combatir la inseguridad alimentaria, entre los que está el programa El maíz es la raíz, el cual tiene como objetivo fortalecer la producción agrícola, aumentar la productividad de los pequeños productores y preservar el maíz nativo.

El programa se dirige principalmente a campesinos que poseen una hectárea o menos de tierra, a quienes el gobierno otorga apoyos directos y promueve la entrega de equipos agrícolas en colectivo.

“El objetivo es que regresen a producir, que puedan alimentarse de la propia milpa y que además tengan un excedente que permita comercializarse”, puntualizó.

A eso se suma el próximo fin de semana se entregarán los primeros cheques para la compra de equipos en Oaxaca, en el marco de la estrategia denominada “milpateca”.

La mandataria informó que este año el programa llegará a 350 mil productores y que la meta para el próximo año es alcanzar a un millón de beneficiarios.

Señaló que aproximadamente 2 millones de familias dependen de la producción agrícola de pequeña escala, actividad que, según Sheinbaum, debe ser fortalecida para asegurar el derecho a la alimentación.

Indicadores clave de seguridad alimentaria y nutrición en México

El informe “The State of Food Security and Nutrition in the World 2026” presenta una reducción sostenida de la subalimentación en México durante las últimas dos décadas.

La prevalencia pasó de 4.0 % entre 2004 y 2006 a 3.1 % en el periodo 2023-2025. Este dato muestra una mejora ligera pero consistente en el acceso básico a los alimentos.

En cuanto a la inseguridad alimentaria, la escala FIES señala que la prevalencia de inseguridad alimentaria severa disminuyó de 3.4 % en 2014-2016 a 2.7 % en 2023-2025.

La inseguridad alimentaria moderada o severa registró una caída más marcada: pasó de 24.9 % a 16.5 % en la última década, lo que indica un avance importante en la cobertura alimentaria.

Desnutrición, obesidad y doble carga nutricional

El país mantiene cifras estables en desnutrición infantil. La emaciación en menores de cinco años permanece en 1.0 %, mientras que el retraso en el crecimiento bajó ligeramente a 13.1 %. Sin embargo, el sobrepeso infantil aumentó a 7.4 % en el mismo grupo etario.

Uno de los retos más graves es la obesidad en adultos, que creció de 29.4 % en 2012 a 37.4 % en 2024.

México enfrenta así una doble carga de malnutrición: conviven altas tasas de obesidad adulta con la persistencia de anemia en mujeres (10.2 %) y la baja prevalencia de lactancia materna exclusiva, que se mantiene en 14.4 %, muy lejos del objetivo del 60 % fijado para 2030.

Respecto al bajo peso al nacer, el informe reporta un 41.4 %, aunque se recomienda revisar fuentes nacionales adicionales debido a que este valor parece atípico frente a estándares globales.

Diversidad de la dieta y acceso económico

En el acceso a una dieta variada, el país muestra contrastes. El 41.4 % de los niños de seis a veintitrés meses recibe una dieta mínima diversa, mientras que el 85.8 % de las mujeres entre quince y cuarenta y nueve años logra esta meta, ubicando a México entre los países con mejor desempeño regional en este indicador.

El costo de una dieta saludable ha incrementado: de 2.90 dólares por persona por día en 2017 a 4.54 pesos proyectados para 2025.

A pesar de este aumento, la proporción de la población que no puede costear una dieta saludable bajó de 31.6 % en 2017 a 20.0 % para 2025, lo que se traduce en aproximadamente 26.2 millones de personas con dificultades de acceso económico a una alimentación adecuada.

Comparativo regional y desafíos estructurales

México se ubica por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en prevalencia de subalimentación e inseguridad alimentaria severa. En la región, la subalimentación alcanza el 4.8 % y la inseguridad alimentaria moderada o severa el 22.9 % para 2025.

Esta mejor posición relativa no elimina los desafíos internos: la obesidad, el bajo peso al nacer y la baja lactancia materna exclusiva persisten como obstáculos para alcanzar los objetivos nutricionales nacionales.

El reporte resalta que México ha mantenido avances en la reducción de la subalimentación y en la diversificación de la dieta, aunque la desigualdad, la doble carga de malnutrición y el costo creciente de una dieta saludable siguen constituyendo los principales retos para la política pública alimentaria.

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miercoles que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia judicial de la ex presidenta, luego de haber agotado todas las instancias de apelación disponibles en la Justicia argentina.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el NH Hotel de la ciudad de Buenos Aires, este miércoles, donde los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego presentaron los lineamientos de la ofensiva internacional que buscará revisar el proceso judicial que culminó con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De ser aceptado el planteo, el caso se revisará en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un órgano con sede en Ginebra integrado por 18 expertos independientes. Sus pronunciamientos no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

En el anuncio, los tres abogados presentaron los lineamientos de la ofensiva internacional. La defensa recurrió a una comunicación individual ante el organismo encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.

La condena contra la expresidenta, por la que cumple arresto domiciliario, quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó por unanimidad la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 y avalada en las instancias superiores a ese tribunal.

Ese fallo de la Corte Suprema descartó los cuestionamientos sobre falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de la prueba. Para los tres integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los planteos defensivos no lograron desvirtuar los fundamentos de las decisiones previas.

Durante la conferencia de esta mañana, el abogado Rafael Valim precisó que “hay un pedido cautelar de la suspensión de la inhabilitación perpetua” que enfrenta CFK como parte de su condena, lo que le impide participar de las elecciones. La defensa busca que “se suspenda esta sanción hasta que se tome una decisión de fondo sobre la condena. Esperamos que la revisión de la sentencia sea total”, dijo Valim.

Su par Javier Borrego aseguró que “es posible” que esa cautelar se resuelva en octubre de este año. Las otras dos medidas de este tenor que presentó la defensa apuntan a rever la prisión domiciliaria de la exmandataria y a revisar la composición de la Corte Suprema, que tiene dos de sus cinco sillones vacantes.

Por qué la defensa recurrió al sistema de Naciones Unidas

Con la vía interna cerrada, condición necesaria para acudir al sistema de Naciones Unidas, el equipo de la expresidenta resolvió priorizar ese canal por encima de otras alternativas que habían sido evaluadas, entre ellas una eventual presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas del sistema internacional impiden que una misma controversia tramite en simultáneo ante distintos organismos de protección de derechos humanos.

La defensa sostiene que durante la investigación y el juicio se vulneraron garantías fundamentales reconocidas por el tratado internacional. Entre ellas, el derecho al debido proceso, a ser juzgado por un tribunal imparcial y a contar con una defensa adecuada.

“He encontrado muchísimas violaciones y arbitrariedades. ¿Por qué esa hostilidad a la Dra. Kirchner? ¿Porque es mujer? ¿Por qué ha sido la Dra. Kirchner dos veces presidenta? Y una cosa curiosa: en la judicatura y en la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres; Cristina Fernández de Kirchner ha conocido cuatro instancias, y no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez”, reflexionó el abogado español Javier Borrego.

Ese será el núcleo del reclamo: Cristina Kirchner no buscará en Naciones Unidas una nueva apelación sobre el contenido del fallo, sino un pronunciamiento sobre la compatibilidad del proceso con los estándares internacionales de derechos humanos, a los que Argentina adhiere. Incluso una resolución favorable no suspenderá la condena ni implicará una revisión inmediata de la sentencia firme.

Los pasos procesales ante la justicia argentina

Consultado el abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, sobré cuál sería el procedimiento específico en la justicia local, señaló que -en caso de que se hiciera lugar al pedido de alguna de las cautelares- se invocará ante la Cámara de Casación Penal el artículo 366 inciso F del Código Procesal Penal Federal. La incorporación de la referencia es relevante porque contempla supuestos como el que persigue la defensa: si se resolviera una comunicación individual sobre la causa Vialidad, esa decisión podría constituir un fundamento para solicitar la revisión de la condena firme, conforme ese artículo.

Ello no implica una revocación automática de la condena, pero sería la estrategia legal para pedir la apertura del procedimiento de revisión. La Cámara de Casación deberá pronunciarse entonces sobre la viabilidad de ese reclamo.

En el entorno de la exmandataria reconocen que el trámite probablemente demandará meses en su primera etapa, y años en la cuestión de fondo. Aun así, consideran que una eventual opinión favorable podría fortalecer su posición en el plano político y en futuras discusiones judiciales.

La estrategia internacional

La incorporación de Valim y Borrego fue presentada como una pieza de esta nueva etapa. Valim participó en la estrategia impulsada por Lula ante el mismo Comité de Derechos Humanos durante el proceso derivado de la operación Lava Jato, mientras que Borrego fue juez del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La referencia al caso brasileño no es casual. En el expediente de Lula, el Comité concluyó que se habían vulnerado distintos derechos durante el proceso encabezado por el entonces juez Sergio Moro, aunque ese pronunciamiento llegó después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ya hubiera anulado las condenas. Para la defensa de la expresidenta argentina, ese antecedente aporta un marco de legitimidad internacional para cuestionar la actuación judicial local.

Los ejes con los que Cristina buscará impugnar el proceso

Uno de los principales argumentos de la futura presentación será la legalidad del proceso seguido en la causa Vialidad. En ese expediente se investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Durante el juicio de Vialidad, las defensas de los acusados cuestionaron que la pericia técnica ordenada por el tribunal abarcara solo cinco de las 51 obras públicas incluidas en la acusación. A partir de ese dato, sostuvieron que no era posible proyectar al conjunto de los contratos investigados conclusiones extraídas de esa muestra acotada.

Otro de los planteos apuntó a la imparcialidad de los peritos oficiales. La defensa pidió su recusación al considerar que habían manifestado opiniones previas sobre el caso. También se objetó el modo en que se administraron los fondos públicos destinados a las obras. Según la posición defensiva, los proyectos fueron ejecutados por la provincia y tanto los presupuestos nacionales como las rendiciones de cuentas provinciales habían sido aprobados por los organismos competentes sin observaciones sobre el destino de los recursos.

La imputación por asociación ilícita también formará parte del reclamo. La defensa sostuvo que las decisiones sobre política de infraestructura respondían a actos de gobierno adoptados dentro del funcionamiento institucional previsto por la Constitución y aprobados mediante leyes sancionadas por el Congreso Nacional, por lo que rechazó que esos actos pudieran ser interpretados como parte de una organización criminal.

Otro de los cuestionamientos remite al principio de cosa juzgada. Según el planteo defensivo, algunas de las obras investigadas ya habían sido objeto de actuaciones previas en la justicia provincial que concluyeron sin responsabilidades penales, de modo que el nuevo juzgamiento habría reabierto hechos ya revisados.

La columna en medios europeos

Al mismo tiempo que sus abogados anunciaron la denuncia internacional, Cristina Kirchner difundió una columna en medios de Europa en la que cuestionó la condena, sostuvo su inocencia y anticipó la presentación ante el Comité. El texto apareció en forma simultánea en El País de España y Libération, diario de Francia.

Según la expresidenta, se trata de someter “al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” la actuación de quienes llevaron adelante el proceso en su contra.

En esa columna abrió con una advertencia sobre el papel del poder judicial en las democracias: “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.

A partir de esa premisa, definió su inhabilitación de por vida como una forma de proscripción. También sostuvo que ese mecanismo constituye “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”.

La ex presidenta afirmó que no hacen falta “tanques en las calles” ni la clausura del Congreso para alterar el sistema democrático. Según escribió en la publicación, las instituciones pueden seguir funcionando de manera formal mientras las decisiones judiciales pasan a determinar quién puede competir políticamente.

En otro pasaje, sostuvo que el proceso estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal”. También denunció “un ambiente de hostilidad” que, a su juicio, expresa el machismo estructural presente en sectores de la justicia argentina.

La exmandataria amplió allí el alcance político de su denuncia y la vinculó con su trayectoria institucional. “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”, escribió.

La carta también incluyó una referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Kirchner describió ese episodio como un hecho que puso en riesgo su vida y que mostró hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática.

El cierre del texto publicado en El País y Libération, diario francés retomó el eje jurídico de la presentación ante Naciones Unidas. “No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”.

La simultaneidad entre la conferencia de prensa de sus abogados y la difusión de la columna dejó expuesta una estrategia de doble frente. Por un lado, la defensa formalizaró una denuncia internacional sobre presuntas violaciones de derechos; por otro, la expresidenta buscó instalar ese reclamo en la discusión pública fuera de la Argentina.

La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.

El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.

En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.

El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.

Función y alcance del Comité de la ONU

Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.

Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.

El antecedente de Lula y el caso de la OEA

La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.

Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.

Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.

Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia— en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Así también, en sus redes sociales, dio a conocer un texto con el mismo tenor, intitulado: Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.

La exvicepresidenta formuló así una denuncia política, judicial y de derechos humanos: afirmó que la condena en la causa Vialidad busca su proscripción perpetua, sostuvo que esa exclusión afecta el derecho del electorado a elegir y anunció que ya presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para llevar el caso fuera de la Argentina.

La ex presidenta ligó esa decisión con un hecho preciso de su estrategia de defensa: convocó a dos abogados extranjeros, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, a quienes definió como juristas de prestigio internacional para esta nueva etapa. También recordó que en 2022, después del atentado del 1 de septiembre, un grupo de juristas internacionales ya había denunciado irregularidades y violaciones a sus derechos fundamentales.

La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, abrió su documento en los medios internacionales con una advertencia sobre el rol del poder judicial en las democracias. “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió.

En ese marco, calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y sostuvo que ese mecanismo representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.

Por otro lado en su carta abierta, Fernández de Kirchner planteó que su caso no debe leerse como una suma de fallos equivocados. “Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, escribió.

La ex mandataria sostuvo además que la sanción penal tiene un sentido político por encima del castigo judicial. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, afirmó.

La columna, firmada por la propia Kirchner, se publicó en simultáneo con la conferencia de prensa en la que su equipo de defensa formalizó la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El planteo sostiene que el proceso judicial violó garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Argentina.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, precisó la exmandataria.

CFK también señaló que el proceso al que fue sometida estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino".

En ese pasaje, extendió el argumento más allá de su situación personal: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes.”

Para conducir esa etapa internacional, la defensa incorporó a dos juristas extranjeros: el brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos participarán, junto al abogado Alberto Beraldi, en la conferencia de prensa que se celebrará hoy a las 11 en el NH Hotel del microcentro porteño.

“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, afirmó Kirchner en la columna.

La exmandataria fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas. El 2 de julio de 2026, el máximo tribunal también dejó firme un decomiso de $684.990 millones de pesos contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados.

En la columna, la expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al que describió como “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”. El texto cerró con una afirmación de alcance colectivo: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, está integrado por 18 expertos independientes y no dicta órdenes a los Estados miembros, sino recomendaciones. Deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar. Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

La agencia de migración de la ONU alertó sobre el aumento de tráfico de personas para trabajos forzados en centros de estafas en línea, una modalidad que afecta a cientos de miles de víctimas, incluidas personas angloparlantes con estudios universitarios. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los grupos criminales captan a sus víctimas mediante anuncios falsos de empleo, especialmente a través de redes sociales, que prometen oportunidades laborales en el extranjero.

Al llegar al destino, los afectados son privados de libertad, se les retienen documentos y se les obliga a participar en esquemas de fraude por internet, bajo amenazas, violencia y “servidumbre por deudas”.

“Estamos viendo que ahora mismo surgen muchos más de estos casos”, declaró la directora general de la OIM, Amy Pope, el martes en Ginebra. La funcionaria precisó que hay víctimas de más de 80 países distintos en este tipo de delitos. Pope subrayó que los reclutadores buscan perfiles que “por lo general hablan muy bien inglés”, a menudo con títulos de posgrado y cierto nivel académico, y que los casos “se están dando específicamente en toda Asia”.

“Las redes criminales atraen a estas personas con promesas de empleo, anunciando ofertas en redes sociales, reclutando a personas que a menudo hablan inglés muy bien, y que frecuentemente tienen títulos universitarios”, sostuvo Pope y agregó: “No todas las personas que trabajan en esos centros son víctimas de trata, algunas saben en lo que se están involucrando, pero un porcentaje significativo son víctimas de trata”.

La OIM citó estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que calculan pérdidas por hasta 114.000 millones de dólares el año pasado en Asia oriental, Australia y Nueva Zelanda, y advierten que los “complejos de estafas” en la región podrían albergar a cientos de miles de trabajadores traficados.

Entre 2022 y 2025, la OIM asistió a más de 3.500 víctimas de este tipo de explotación, originarias de casi 40 países, siendo las más afectadas Indonesia, India, Sri Lanka, Etiopía, Kenia y Bangladesh.

Pope, precisó que, aunque inicialmente las víctimas procedían principalmente de países asiáticos cercanos a los centros de estafa, actualmente se han documentado afectados de más de 80 países, lo que indica una diversificación en el origen de las personas explotadas por estas organizaciones. Respecto a los perjudicados por los fraudes en línea, Pope advirtió que estas redes suelen seleccionar como objetivo a personas mayores, a quienes contactan telefónicamente para intentar obtener datos bancarios y cometer estafas.

Malasia desmanteló centros de estafas digitales y detuvo a 300 personas

La Policía de Malasia desarticuló dos centros de estafas digitales en el estado de Johor, frente a Singapur, y detuvo a más de 300 personas presuntamente implicadas en fraudes millonarios contra víctimas internacionales, según informaron las autoridades y recogen medios locales.

De acuerdo con el jefe policial de Johor, Ab Rahaman Arsad, citado por la prensa malasia, los centros operaban en 32 inmuebles —27 apartamentos en un complejo de lujo y 5 chalés— y estaban vinculados a sospechosos con antecedentes en fraudes similares en otros países. El diario nacional The Star indicó que cada residencia tenía asignadas víctimas de un país específico, y que la mayoría de los engaños estaban relacionados con falsas inversiones, criptomonedas y la suplantación de bufetes de abogados.

El operativo culminó con la detención de 335 personas de entre 20 y 58 años, entre ellos 309 ciudadanos chinos, 19 indonesios, cuatro birmanos y cuatro malasios, según el mismo medio.

Expertos y la ONU señalaron que los centros de estafa surgieron en el Sudeste Asiático ligados a la industria de los casinos, y se trasladaron al entorno digital tras la pandemia de la covid-19. Muchos de sus trabajadores cumplen labores en condiciones cercanas a la semiesclavitud, defraudando millones de dólares a víctimas en todo el mundo bajo las órdenes de mafias, en su mayoría de origen chino.

(Con información de Associated Press y EFE)

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela manifestó este lunes su preocupación ante el anuncio de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y solicitó a las autoridades que reconsideren esta decisión.

En un comunicado, la misión afirmó que esta medida “sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos” y remarcó que la decisión ocurre en un momento clave para el país, en el que existe una necesidad urgente de garantizar el derecho de los venezolanos a la justicia y la verdad.

Según la misión, con esta determinación el Gobierno venezolano —que no ha implementado acciones significativas para avanzar en las investigaciones sobre graves violaciones cometidas en la última década— “busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar precisamente esa rendición de cuentas a nivel nacional”.

El viernes, el Gobierno de Venezuela comunicó su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma y comenzar su retirada definitiva de la CPI, argumentando que el organismo mantiene un “sesgo” y ha enfocado sus acciones de forma “desproporcionada” en países africanos y latinoamericanos.

El chavismo ya había amenazado con dar este paso como una forma de expresar su rechazo ante la investigación que impulsa la CPI sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de autoridades venezolanas. Una averiguación que originalmente fue promovida por los estados de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

¿La medida adoptada por Caracas desactivará los esfuerzos que desarrolla la CPI para eventualmente sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el país?

“Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”, respondió el abogado Alí Daniels, vocero de la ONG Acceso a la Justicia, en diálogo con Infobae.

El experto legal puso como ejemplo el caso del ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien aplicó la misma fórmula y hoy tiene que hacer frente a la justicia internacional por el asesinato de decenas de personas en el marco de su “guerra contra las drogas”.

Daniels explicó que “una vez se consigne la comunicación oficial de la renuncia ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que surta efecto. Durante ese lapso, Venezuela está obligada a colaborar con las investigaciones en curso”.

Por su parte, Martha Tineo, representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coincidió al destacar que la salida de la CPI “no tiene implicación práctica” sobre el expediente de Venezuela, y apunta que la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez viene a confirmar los retrocesos que ha sufrido la República en materia de defensa de DDHH.

Tineo recordó que el Estado venezolano fue uno de los promotores de la redacción del Estatuto de Roma.

Durante décadas, millones de personas refugiadas y apátridas quedaron atrapadas en un vacío legal. Quienes huían de la guerra, la persecución o la violencia cruzaban fronteras en busca de seguridad, pero no existía un marco jurídico internacional que les garantizara protección real. Esa falta de normas dejaba su destino sujeto a la voluntad de cada Estado a los que llegaban.

Ese escenario cambió con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La enorme crisis humanitaria que desplazó a millones de personas en Europa, llevó a la Organización de las Naciones Unidas a impulsar un instrumento internacional que respondiera a esa realidad, hasta entonces sin precedentes. El 28 de julio de 1951 se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, un tratado internacional que se convirtió en punto de inflexión al reconocer el derecho de asilo y establecer garantías fundamentales para quienes lo habían perdido todo.

En sus inicios, la Convención estuvo limitada a los acontecimientos ocurridos en Europa antes de 1951. Sin embargo, ese alcance restringido no impidió que se convirtiera en la base del sistema internacional de protección de las personas refugiadas. La adopción del Protocolo de 1967 eliminó las limitaciones geográficas y temporales, dando al tratado un alcance mundial. Con el paso del tiempo, su interpretación se amplió para responder a nuevas formas de persecución y violencia. Así, mujeres y niñas que huyen de la violencia de género, al igual que personas desplazadas por conflictos armados y otras graves violaciones de derechos humanos, pueden acceder a la protección internacional que garantiza la Convención.

El escenario tras la devastación: Europa frente a la crisis de los desplazados

A mediados del siglo XX, Europa atravesaba una de las mayores crisis humanitarias de su historia. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la paz no significó el regreso a la normalidad. El continente quedó devastado, las fronteras fueron redibujadas y millones de personas se encontraron lejos de sus hogares, sin un lugar al que volver.

Entre los desplazados había supervivientes de los campos de concentración, trabajadores sometidos al régimen nazi, prisioneros de guerra y minorías étnicas expulsadas de sus territorios. Para muchos, el retorno era imposible. Sus comunidades habían desaparecido bajo la violencia del conflicto o sus países de origen habían quedado bajo regímenes autoritarios que los señalaban como enemigos del Estado.

La nacionalidad pasó entonces a ser mucho más que un vínculo jurídico: se convirtió en la diferencia entre tener derechos o quedar completamente desprotegido. La desaparición de antiguos Estados y la reorganización política de Europa del Este dejaron a miles de personas sin ciudadanía o sin forma de demostrarla. Sin documentos de identidad, muchas quedaron apátridas (personas que no son reconocidas como ciudadanas por ningún país) o sin posibilidad de acreditar su nacionalidad. No podían cruzar fronteras legalmente, acceder a un empleo, recibir atención médica o reclamar la protección de ningún gobierno.

Hasta ese momento, la respuesta internacional era insuficiente. Cada país gestionaba la llegada de refugiados según sus propias normas o mediante acuerdos temporales que variaban de una frontera a otra. La falta de un sistema común prolongaba el limbo jurídico de millones de personas, expuestas a expulsiones arbitrarias y privadas de garantías básicas.

Frente a esa realidad, la recién creada Organización de las Naciones Unidas comprendió que la asistencia humanitaria, por sí sola, no bastaba. Era necesario construir un marco legal que definiera quién debía ser protegido y qué obligaciones asumirían los Estados. Con ese objetivo, en julio de 1951 se convocó en Ginebra una conferencia diplomática destinada a redactar un tratado que cambiaría para siempre el derecho internacional.

La arquitectura del tratado y el principio de no devolución

La Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas reunió en Ginebra a delegaciones de veintiséis Estados. El desafío era ambicioso: establecer una definición común de refugiado y fijar un conjunto mínimo de derechos que ningún país pudiera desconocer.

El resultado fue la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Por primera vez, el derecho internacional definió quién podía ser reconocido como refugiado: alguien que, debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese Estado.

El corazón del tratado está en su artículo 33, que consagró el principio de non-refoulement o no devolución, o sea, la prohibición de enviar a una persona a un país donde su vida o su libertad corran peligro. Desde entonces, los Estados tienen prohibido expulsar (o devolver) a una persona de regreso al territorio donde pueda ser perseguida por alguna de las causas previstas en la Convención. Con esta disposición, el asilo dejó de depender exclusivamente de la voluntad política de cada gobierno y pasó a constituir una obligación jurídica internacional.

La Convención también reconoció otros derechos esenciales para quienes obtenían la condición de refugiado. Entre ellos: acceso al trabajo, a la educación, a la justicia, a la documentación de identidad y, en determinadas condiciones, a la libertad de circulación y a la protección social.

Su adopción marcó un cambio profundo en la manera en que la comunidad internacional entendía las migraciones forzadas. Por primera vez, la soberanía de los Estados encontró un límite claro cuando estaba en juego la protección de personas perseguidas.

De la posguerra a la incorporación de la perspectiva de género

Con el paso de las décadas, la Convención de 1951 tuvo que adaptarse a una realidad que había cambiado. El desplazamiento forzado dejó de estar asociado únicamente a la crisis europea de la posguerra y comenzó a aparecer en distintos continentes como consecuencia de guerras, procesos de independencia y crisis políticas.

Como en sus primeros años, el tratado solo se aplicaba a los acontecimientos ocurridos en Europa antes de 1951, fue necesario superar esa limitación. Por eso, el 31 de enero de 1967 se aprobó en Nueva York el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, un instrumento que eliminó las restricciones geográficas y temporales de la Convención. A partir de entonces, sus normas pudieron aplicarse a personas refugiadas de cualquier región del mundo, sin importar cuándo o dónde hubieran ocurrido los hechos que las obligaron a huir.

Con esa ampliación, la protección internacional comenzó a responder a nuevas formas de persecución. Sin embargo, durante décadas, el texto original de la Convención no contempló de manera expresa la violencia basada en el género. Las solicitudes de asilo se analizaban principalmente desde una perspectiva centrada en persecuciones por motivos políticos, religiosos o ideológicos, lo que dejaba fuera muchas experiencias de violencia que afectaban especialmente a mujeres y niñas.

El cambio comenzó a consolidarse en la década de 1990, cuando tribunales y organismos internacionales ampliaron la interpretación de la expresión “pertenencia a determinado grupo social” (una de las categorías de protección previstas por la Convención para personas perseguidas por compartir una condición o característica común). Esta evolución permitió reconocer que ciertas formas de violencia contra las mujeres, como la violencia sexual sistemática, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, podían constituir persecución y justificar una solicitud de refugio.

Las pautas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, la agencia de la ONU encargada de proteger a las personas refugiadas) consolidaron esta interpretación y ayudaron a que los Estados incorporaran una mirada más específica sobre los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas desplazadas. Así, un tratado creado para responder a una crisis histórica logró adaptarse a nuevas formas de violencia y continúa siendo una herramienta fundamental para proteger a quienes huyen de situaciones que ponen en peligro sus vidas.

Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas pidió este lunes al régimen de Irán revocar las condenas a muerte impuestas a diez jóvenes procesados por su presunta participación en las protestas antigubernamentales registradas en enero. Los especialistas sostuvieron que el juicio incumplió estándares internacionales de debido proceso y reclamaron la suspensión inmediata de las ejecuciones pendientes.

El pronunciamiento se produjo después de que un tribunal iraní condenara a doce hombres, la mayoría de ellos de entre finales de la adolescencia y poco más de veinte años. Dos de los acusados fueron ejecutados el pasado 19 de julio, mientras que los otros diez permanecen bajo sentencia de muerte.

En un comunicado, los expertos expresaron su preocupación por la forma en que se desarrolló el proceso judicial.

“Condenar a muerte a 12 personas en una misma audiencia, a puerta cerrada y sin claridad sobre la responsabilidad individual de cada acusado, vulnera las normas establecidas para un juicio justo”, afirmaron.

Los firmantes del documento son 13 expertos de la ONU, entre ellos relatores especiales y miembros de grupos de trabajo dedicados a temas como las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias. Aunque forman parte de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, actúan de manera independiente y no representan oficialmente la posición del organismo.

Las condenas están relacionadas con las manifestaciones que sacudieron varias ciudades iraníes a comienzos de enero. Las protestas comenzaron como una respuesta al aumento del costo de vida y derivaron en movilizaciones contra el régimen persa. La represión desplegada por las fuerzas de seguridad durante los días 8 y 9 de enero dejó un elevado número de víctimas.

El régimen iraní sostuvo que más de 3.000 personas murieron durante esos episodios y atribuyó la violencia a “actos terroristas” organizados por Estados Unidos e Israel. En cambio, organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que miles de personas fallecieron como consecuencia de la respuesta de las fuerzas estatales.

De acuerdo con los expertos de la ONU, al menos 24 personas vinculadas a las protestas de enero han sido ejecutadas en lo que va de año. Ese dato incrementó la preocupación internacional por el uso de la pena capital en procesos relacionados con las manifestaciones.

Los doce jóvenes condenados fueron acusados de participar en la muerte de cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad, además de presuntos delitos de incendio provocado y actos de vandalismo ocurridos en la plaza Shahid Alikhani, en la ciudad de Isfahán.

Sin embargo, los expertos cuestionaron la transparencia de la causa. “Los cargos en su contra siguen sin estar claros, ya que las audiencias del Tribunal Revolucionario son a puerta cerrada y las sentencias no se publican”, señalaron.

También indicaron que las condenas se sustentaron en confesiones difundidas por televisión y denunciaron que varios de los acusados habrían sido detenidos de manera arbitraria.

El comunicado añade que algunos de los procesados fueron sometidos a desaparición forzada durante su detención y sufrieron malos tratos antes de comparecer ante la justicia, circunstancias que, según los expertos, comprometen la validez de cualquier prueba obtenida durante ese período.

El caso se suma a las crecientes críticas internacionales por el uso de la pena de muerte en Irán. Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que el país figura entre los que más ejecuciones realizan en el mundo. Además, las organizaciones Iran Human Rights y ECPM informaron que durante 2025 fueron ejecutadas al menos 1.639 personas, la cifra más alta registrada en el país desde 1989.

Haití fijó el 13 de diciembre como fecha para la primera vuelta de sus elecciones presidenciales y legislativas, según anunció este lunes el Consejo Electoral Provisional (CEP). El país no celebra comicios desde 2016.

Ese mismo día los ciudadanos también votarán un referendo para ratificar enmiendas a la Constitución. La segunda vuelta de los comicios, junto con las elecciones a los órganos de gobierno local, quedó fijada para el 21 de febrero de 2027, y la publicación de los resultados definitivos para el 7 de marzo. Ambas fechas reemplazan el cronograma anterior, que situaba la primera vuelta el 30 de agosto.

En un comunicado, el CEP condicionó el cumplimiento del calendario a dos factores: un clima de seguridad aceptable y la disponibilidad de recursos financieros suficientes. El organismo también llamó a que la organización de los comicios sea una “responsabilidad compartida” entre el Gobierno, los actores políticos y la comunidad internacional.

La nación caribeña arrastra una década sin elecciones desde que concluyó el período de transición que llevó a la presidencia a Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021 en su residencia oficial. Desde entonces, ninguna autoridad ha sido elegida por voto popular.

La inseguridad es precisamente la causa de ese vacío: solo en el primer semestre de 2026, la violencia dejó más de 2.300 muertos, según la ONU. Entre las masacres más letales figura la perpetrada entre el 29 y el 31 de marzo en 16 localidades de la Baja Artibonite, una región agrícola del centro del país, donde 83 personas fueron asesinadas en apenas 72 horas.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé anticipó en abril que el proceso electoral solo podría avanzar tras recuperar los territorios bajo control de las bandas. “Las elecciones se celebrarán cueste lo que cueste”, declaró durante una ceremonia pública.

La alianza Viv Ansanm, designada organización terrorista por Washington, controla la mayor parte de Puerto Príncipe y se ha expandido hacia el interior del país. Sus operaciones incluyen secuestros masivos, violaciones en grupo, incendios provocados y tráfico de armas, órganos y drogas. Aproximadamente el 12% de la población vive en campamentos improvisados o con familias de acogida.

A principios de julio, el CEP informó que había comenzado a registrar votantes, capacitar agentes de seguridad electoral y publicar una lista de más de 300 partidos habilitados para competir. En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF), un cuerpo de hasta 5.500 efectivos entre militares y policías, en reemplazo de la anterior misión multinacional.

(Con información de EFE, EP y Reuters)

El precio del petróleo se desplomó este lunes hasta mínimos de una semana tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán, que avivó las expectativas de una salida diplomática al conflicto y alivió el temor a nuevas interrupciones en el suministro de crudo desde Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia en Europa, cedió un 8,70% hasta los USD 88,36, según datos del mercado de futuros de Londres. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), retrocedió un 7,50%, hasta USD 82,61. Ambas referencias tocaron en algún momento de la sesión sus niveles más bajos desde el 20 de julio.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, confirmó a Fox News Sunday y a otros medios que el presidente Donald Trump había decidido suspender temporalmente los ataques para dar más tiempo a la diplomacia. No se registraron intercambios de bombardeos entre Washington y Teherán desde el sábado, al término de dos semanas de violentos ataques.

El propio Trump afirmó este lunes que su país mantiene “buenas conversaciones” con Irán y que “hay muchas posibilidades de que ocurra algo” en relación con un posible acuerdo, aunque advirtió que respondería con una “acción militar contundente” si la vía diplomática fracasaba. Esa combinación de señales fue suficiente para que los mercados reaccionaran con fuerza a la baja.

Marc Chandler, analista de Bannockburn Capital Markets, señaló a la agencia AFP que el optimismo de Trump refuerza la dinámica bajista del crudo. La semana pasada, el Brent había llegado a rozar los USD 100 por barril —nivel que no alcanzaba desde mayo— cuando el conflicto se extendió al mar Rojo y comprometió las exportaciones sauditas hacia Asia.

El alivio en los precios no implica una normalización del tráfico marítimo. Según datos de la firma de seguimiento Kpler, durante el fin de semana transitaron por el estrecho de Ormuz menos de diez buques de materias primas al día. En condiciones normales, ese paso concentra alrededor del 20% del comercio marítimo mundial de petróleo, cuyo control Teherán ha buscado desde el inicio del conflicto.

En el mar Rojo, los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el domingo instalaciones petroleras sauditas a lo largo de la costa, lo que redujo el tráfico por el estrecho de Bab el-Mandeb. Arabia Saudita afirmó este lunes haber interceptado un ataque de drones lanzado desde Irak por grupos proiraníes.

Gregory Brew, analista de Eurasia Group, matizó que el impacto de los hutíes ha sido menor de lo esperado: “los envíos de petróleo no saudita continúan, y algunos buques vinculados a China que transportan petróleo saudita han pasado sin incidentes”. Riad también puede derivar sus entregas de hidrocarburos por el canal de Suez, aunque a un costo mayor.

No todos los analistas comparten el optimismo. John Evans, de PVM, advirtió que “el mercado parece estar siempre buscando buenas noticias en un escenario que, en realidad, no las ofrece”. A su juicio, la suspensión de los ataques no garantiza que el petróleo vaya a fluir pronto desde la zona, y los precios solo descenderán de forma sostenida si los niveles elevados terminan por erosionar la demanda.

Brew advirtió además que “el riesgo de una escalada entre Estados Unidos e Irán alimenta la volatilidad de los precios”, lo que mantiene al mercado en vilo pese a la tregua provisional.

A ese panorama se suma una perturbación adicional en el suministro global: Kazajistán, uno de los diez mayores productores mundiales, redujo a más de la mitad su producción diaria tras el cierre de la principal terminal de exportación en el mar Negro ruso a causa de ataques con drones. El Ministerio de Energía kazajo informó posteriormente de que la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio había reanudado las operaciones de carga.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este domingo a aprovechar la transición política en Siria para mejorar la vida de las personas, al concluir su histórica visita a Damasco. Se trata de su primer viaje al país desde que asumió el mandato en 2017 y de la primera visita de un jefe de la organización a Siria en 17 años.

En una rueda de prensa con la que puso fin a su recorrido, Guterres indicó que la tarea ahora es “traducir la transición política en mejoras tangibles en la vida de las personas, para que cada sirio se sienta plenamente partícipe en la construcción del futuro de su país”. El dirigente portugués llegó a Damasco el sábado y mantuvo encuentros con el presidente interino, Ahmed al Sharaa, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani, además de reunirse con representantes de la sociedad civil siria.

Guterres se declaró “más que optimista” respecto de la situación en el país, aunque reconoció que queda mucho trabajo por delante. Aseguró haber constatado “avances significativos en la transición política, a pesar de las cicatrices dejadas por años de conflicto” durante el régimen de Bashar al Assad, y remarcó que Naciones Unidas “seguirá siendo un firme aliado del pueblo sirio en este camino”.

Consultado sobre las matanzas de miembros de la minoría alauí registradas en la costa mediterránea siria y los enfrentamientos armados en la provincia meridional de Al Sueida, Guterres sostuvo que el proceso de “reconciliación y rendición de cuentas” debe completarse. El secretario general señaló que existen indicios de que “hay compromiso para solucionar” ambos episodios, sin ofrecer más precisiones sobre plazos o mecanismos concretos.

El jefe de la ONU insistió también en la importancia de la reconstrucción del país, al sostener que Siria “necesita urgentemente” apoyo político y económico, y pidió a la comunidad internacional que respalde al pueblo sirio en la próxima etapa. Reclamó “un levantamiento total” de las sanciones internacionales que aún pesan sobre el país, así como un incremento de las inversiones de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros. Según una estimación del Banco Mundial difundida en octubre pasado, el coste de reconstruir la infraestructura y las viviendas dañadas durante el conflicto ronda los 216.000 millones de dólares, una cifra que el propio organismo calificó de conservadora dentro de un rango que llega hasta los 345.000 millones.

Sobre los Altos del Golán, meseta siria ocupada militarmente por Israel desde 1967 y anexionada de forma unilateral en 1981, Guterres reafirmó que “las violaciones de la soberanía de Siria son inaceptables” y exigió que el Estado israelí cumpla con el Acuerdo de Separación firmado en 1974. El dirigente se reunió con el gobernador de Al Quneitra, Ghasan Elias al Sayed Ahmed, provincia siria situada parcialmente bajo ocupación militar israelí, y con otros responsables locales de la zona fronteriza.

Guterres adelantó que Naciones Unidas presentará a finales de este mes un informe detallado ante el Consejo de Seguridad sobre las violaciones israelíes documentadas en territorio sirio y remarcó que Siria “sigue siendo un pilar de estabilidad” en la región. El anuncio se produce en un contexto de tensión persistente entre Damasco y Tel Aviv, que en los últimos meses han mantenido rondas de contactos directos sin que ello haya logrado frenar la actividad militar israelí en el sur sirio.

Durante su estancia, el secretario general visitó también sitios históricos como la Mezquita de los Omeyas y la Ciudad Antigua de Damasco, además de la prisión de Sednaya, convertida en símbolo de la represión ejercida por el aparato de seguridad del régimen de Asad contra opositores y disidentes durante décadas.

La presencia de la sangre africana sigue luchando por ganar espacio y reconocimiento en El Salvador. Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, una fecha instituida en 1992 para reconocer la lucha y el aporte de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora.

Actualmente la comunidad afrodescendiente reclama mayor visibilización y reconocimiento estatal, un desafío que persiste tras siglos de negación oficial.

De acuerdo con el censo nacional de población y vivienda de 2024, en El Salvador se identificaron más de 25,600 personas que se autoidentifican como afrodescendientes, cifra que equivale al 0.4% de la población. La mayoría de quienes reconocen este origen son mujeres, según las cifras oficiales.

En palabras de Yohalmo Cabrera, fundador del colectivo AFROOS y miembro de la comunidad afro Panunes de Atiquizaya, “el Estado salvadoreño ha negado la existencia y los derechos de la población afrodescendiente”.

Cabrera, docente y abogado, relata que el trabajo de organización y reivindicación afro en el país se remonta a esfuerzos iniciados desde 2007, aunque la historia de la presencia africana es mucho más antigua. “No son cosas de un día. Son fenómenos que han pasado y que nos han permitido crecer, avanzar”, afirma.

La comunidad afrodescendiente en El Salvador

La presencia de población de origen africano en El Salvador suele ser ignorada en los relatos históricos y en la educación formal. Cabrera explica que, durante su formación académica, nunca escuchó sobre la esclavitud africana en el país ni sobre la existencia de comunidades afrodescendientes.

“A nadie le escuché yo eso”, señala. La inspiración para investigar y trabajar en la visibilización afro provino de un intercambio con el antropólogo Wolfgang Effenberger, quien le mostró datos y testimonios sobre la historia africana en la región.

Según el censo nacional de población y vivienda de 2024, realizado por el Banco Central de Reserva (BCR), 25,690 personas se autoidentificaron como afrodescendientes en El Salvador.

De ese total 13,183 mujeres y 12,507 hombres manifestaron su identidad afro. Cabrera considera que “ese dato es falso, lo digo con propiedad.

Somos más. Lo que pasa es que el censo se implementó mal por diseño y asesoría a los censadores ¿Cuántas personas en El Salvador saben qué es afrodescendiente?”, explicando que durante el proceso se consultó a las personas si se consideraban afrodescendientes o no.

La falta de información y la ausencia de conceptos claros en la sociedad salvadoreña, marcada por los términos coloniales como “mulato”, “zambo”, “negro” o “moreno”, dificultan el reconocimiento pleno de la población afro.

Cabrera subraya que “la escuela y la universidad han tenido una posición excluyente y discriminadora”, ya que no incluyen en sus programas la historia de los afrodescendientes.

Organización y logros de la comunidad afro

AFROOS nació como un colectivo voluntario y sin recursos, integrado por personas que aportan su tiempo y esfuerzo para impulsar la visibilidad afrodescendiente.

Cabrera destaca el papel de Ana Yensi, directora de la organización y menciona que “hemos estado visibilizando el tema”, desde la participación en foros internacionales hasta la denuncia de la negación estatal ante instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Congreso estadounidense.

Entre los logros del colectivo se encuentra la presentación de propuestas para reformar la Constitución, con el objetivo de incorporar el derecho de los pueblos afrodescendientes, así como la solicitud de incluir la historia afro en la currícula educativa.

“No ha pasado nada después del 2014 que se aprobó la reforma constitucional para los pueblos indígenas”, lamenta Cabrera, quien expone que las iniciativas para el reconocimiento de los derechos afro han sido archivadas.

En el ámbito cultural, el colectivo logró que la gastronomía local, como la “Cochinita afroatiquizayense”, fuera declarada patrimonio cultural inmaterial por la alcaldía de Atiquizaya. Cabrera expone que esta receta es un legado de sus ancestros y forma parte de una tradición que se mantiene viva en la comunidad Panune desde 1580.

El mapa afro y la Ruta Afro

Como parte de su investigación, Cabrera elaboró un mapa documentado de 12 sitios históricos en El Salvador con presencia de población africana esclavizada y sus descendientes desde el siglo XVI. Este material, aún inédito en libros oficiales, se utiliza para desarrollar la llamada “Ruta Afro”, que recorre lugares significativos de la historia afro en el país.

“La ruta comienza en Meanguera del Golfo, sigue por La Unión, San Miguel, Usulután, Zacatecoluca y San Vicente”, detallando que también está vinculada al añil.

La historia de los afrodescendientes en El Salvador está marcada por la llegada de personas esclavizadas tras la prohibición de la esclavitud indígena en el siglo XVI. Cabrera sostiene que, aunque la cantidad de africanos traídos fue menor que en otras regiones de Centroamérica, existe abundante documentación en archivos de El Salvador, Guatemala y España sobre la presencia africana.

Retos actuales de la comunidad

El trabajo de los colectivos como AFROOS busca revertir un proceso histórico de invisibilización y discriminación. Cabrera enfatiza que “somos un nuevo sujeto social y político que hemos estado allí siempre. Nunca nos fuimos”. La comunidad reclama la implementación de políticas públicas, el acceso a estadísticas reales y la inclusión de la historia afrodescendiente en la educación y la cultura nacional.

El fundador de AFROOS sostiene: “Aquí se ha querido blanquear a la sociedad de este país por una élite gobernante que ha planteado que todos somos mestizos para esconder y borrar de la memoria la población indígena y afrodescendiente”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha llegado este sábado a Siria en el marco de una histórica visita, la primera de un jefe de la ONU desde 2009, antes de que comenzara la guerra civil en el país.

El ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani, ha recibido a Guterres y a su delegación en el aeropuerto internacional de Damasco, en la capital, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias SANA.

Desde allí, está previsto que el secretario general de la ONU muestre su apoyo al proceso de transición en Siria, en el marco de una visita que se prevé que se alargue durante tres días y que se produce más de un año después de que las nuevas autoridades del país, encabezadas por Ahmed al Shara, derrocaran al expresidente Bashar al Assad.

Guterres se ha convertido así en el primer jefe de la ONU en visitar Siria desde Ban Ki Moon en 2009. Desde que Al Shara asumió el poder, la comunidad internacional ha instado a las nuevas autoridades a construir instituciones sólidas y eficaces y a establecer un sistema de gobernanza que incluya todos los componentes de la sociedad siria, con especial hincapié en la representación de las minorías.

Ahora, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, ha indicado que el objetivo no es solo recuperarse de más de trece años de guerra sino “sentar las bases para un futuro más estable e inclusivo para todos los sirios”.

En este sentido, ha destacado que Guterres reafirmará durante su viaje “el papel de Naciones Unidas”, que es el de “acompañar y prestar ayuda al pueblo sirio” para lograr sus objetivos.

“El presidente Ahmed al Sharaa recibe al secretario general de la ONU en el Palacio del Pueblo de Damasco”, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA, sin dar más detalles del contenido de la reunión.

Después de la reunión con el presidente, Guterres visitó la antigua y sagrada Mezquita de los Omeyas en Damasco y recorrió la Ciudad Vieja, acompañado por el representante permanente de Siria ante la ONU, Ibrahim Alabi.

El jefe de la ONU llegó la mañana de este sábado a Damasco y aseguró que se trata de una “visita de solidaridad”, e indicó en un mensaje en su cuenta de la red social X que “la ONU apoya a Siria en este momento crucial y hago un llamamiento a la comunidad internacional para que no escatime esfuerzos en apoyar también al pueblo sirio”.

El secretario general se verá también con otros responsables del Gobierno sirio, así como representantes de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y diversas comunidades, según explicó su portavoz, Stéphane Dujarric.

La visita de Guterres se trata del primer viaje al país de Guterres desde que lidera la organización.

La última vez que un líder de la ONU viajó al país fue en 2009, cuando el entonces presidente, Bachar al Asad, invitó al entonces secretario general, Ban Ki-moon.

Guterres y Al Sharaa se reunieron por primera vez en la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre, en la primera vez del sirio en la ONU.

Durante su viaje, el secretario general reafirmará el compromiso de la organización con el Gobierno y el pueblo de Siria y subrayará la importancia de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria, indicó el portavoz.

Además, Guterres podrá observar de cerca el estado de la transición política y del proceso de recuperación que atraviesa el país.

El secretario general también tiene previsto visitar la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, que trabaja en la frontera entre Siria e Israel.

(Con información de Europa Press y EFE)

La alianza estratégica entre Nicaragua y Rusia se consolida con nuevos acuerdos en materia de seguridad, defensa, justicia y bioseguridad.

El régimen de Managua considera a Moscú un socio clave para impulsar un orden mundial multipolar y fortalecer su defensa de la soberanía, según declaró Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, canciller nicaragüense, en una entrevista reciente con el medio Sputnik.

Nicaragua y Rusia han firmado en los últimos meses varios protocolos y convenios destinados a ampliar la cooperación en áreas consideradas sensibles por ambas partes. Entre los ejes principales figuran pactos en:

• Seguridad
• Defensa
• Justicia internacional
• Bioseguridad.

El canciller Jaentschke detalló que estos acuerdos refuerzan el carácter estratégico de la relación bilateral y posicionan a Rusia como un aliado confiable para el gobierno que encabeza Daniel Ortega.

“La Federación Rusa es un país amigo en un contexto de un mundo que está cambiando”, afirmó Jaentschke en declaraciones recogidas por Sputnik. El funcionario explicó que el acercamiento responde a una política deliberada de la administración de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, orientada a consolidar alianzas fuera del eje occidental.

Ante esta alianza, el gobierno de Estados Unidos anteriormente expresó preocupación advirtiendo un posible riesgo de crisis energética en Managua si se interrumpen los suministros rusos y venezolanos.

Además, Washington mantiene su distancia sobre la cooperación militar nicaragüense con Moscú y busca limitar la influencia de Rusia y sus aliados en la región. Por su parte, la ONU se ha enfocado en alertar sobre el deterioro del espacio cívico y político en Nicaragua, sin pronunciarse directamente sobre la cooperación militar con Rusia.

Rechazo a la hegemonía occidental

Durante la entrevista, Jaentschke subrayó que la estrategia de su gobierno busca “superar los esquemas de hegemonía” que, según su visión, han sido impuestos por potencias occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El canciller sostuvo que el mundo atraviesa una etapa de transición en la que resulta indispensable “reconocer el multilateralismo” y abrir espacios a nuevas potencias y modelos de desarrollo.

“No aceptamos esa hegemonía unilateral… El nuevo orden internacional reconoce que hay distintas fuerzas, distintos países y distintos modelos en el mundo que deben ser reconocidos”, expresó Jaentschke.

En este contexto, insistió en que la relación con Moscú permite a Nicaragua posicionarse como un actor relevante dentro de la región centroamericana y servir de plataforma para la presencia rusa en el área.

Ante este panorama, el funcionario abogó que el gobierno de Managua aspira a consolidarse como un enlace fundamental para la proyección de Rusia en Centroamérica. Esta ambición se concreta a través del impulso a proyectos conjuntos y la firma de protocolos que abren la puerta a la transferencia de tecnología, capacitación de personal y cooperación judicial.

El canciller nicaragüense destacó que la defensa de la soberanía nacional constituye uno de los ejes centrales de la asociación con Rusia. El gobierno de Ortega considera que el apoyo ruso contribuye a fortalecer su capacidad para enfrentar desafíos externos y rechazar presiones internacionales.

De acuerdo con el reporte de Sputnik, el gobierno nicaragüense prevé que la relación con Moscú continúe profundizándose en los próximos años. Los proyectos en marcha y los acuerdos firmados incluyen la posibilidad de nuevas inversiones, iniciativas conjuntas en materia de salud y tecnología, y una mayor coordinación política en foros internacionales.

“Nuestra colaboración, cercanía y asociación estratégica con la Federación Rusa es muy buena”, enfatizó Jaentschke. El canciller insistió en que la apuesta por el fortalecimiento de la relación bilateral responde a la necesidad de adaptar la política exterior nicaragüense a un mundo en transformación y a los retos que plantea el surgimiento de un nuevo orden internacional.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este viernes la evacuación de unos 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz a medida que continúa la ofensiva contra Irán y el bloqueo de las embarcaciones, que no pueden navegar de forma segura para abandonar el golfo Pérsico.

“Pido a todos los Estados y los actores pertinentes garantizar urgentemente la protección de los marinos varados, lo que incluye asegurar el acceso efectivo a la asistencia consular, los suministros y servicios esenciales, así como facilitar las evacuaciones y repatriaciones”, ha afirmado la portavoz de Turk, Shabia Mantoo, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

Así, ha lamentado que la cifra podría ser superior dado que muchos otros trabajadores se encuentran desaparecidos. “Se cree que están atrapados en el golfo Pérsico en diversos buques de menor tamaño o que no han sido localizados de momento”, ha afirmado, según un comunicado.

La portavoz de Turk ha denunciado que algunos de ellos han sido “abandonados” en alta mar “sin apoyo ni posibilidad de repatriación e incluso sin el pago de los salarios adeudados”. “Tenemos conocimiento de al menos nueve buques, con 93 tripulantes a bordo, abandonados en la zona desde el inicio de la guerra”, ha añadido.

“Los marinos han sido dejados a bordo de sus buques a su suerte, sin alimentos, agua, combustible, atención médica, electricidad ni medios para comunicarse con sus familias. Se enfrentan a un aislamiento y confinamiento prolongados en una zona de conflicto, con incertidumbre sobre su seguridad y desembarque, lo que pone en grave riesgo su bienestar físico y mental”, ha explicado.

“Estos trabajadores siguen expuestos a las hostilidades, ya que continúan los ataques mortales en el Estrecho, enfrentándose a riesgos inminentes de morir o sufrir heridas”, ha sostenido, antes de informar de que ya son 17 los tripulantes muertos desde el inicio del conflicto.

Es por ello que ha recalcado que “los ataques contra buques civiles son inaceptables y deben cesar”. “Están protegidos por el Derecho Internacional”, ha aseverado Mantoo, que ha señalado que la ONU está “preocupada por la situación” actual en la zona, pero también en el mar de Azov y en el mar Negro. “Los marinos tienen derecho a elegir o aceptar libremente un trabajo, lo que incluye la decisión de navegar o continuar navegando en zonas de alto riesgo”, ha puntualizado.

(Con información de Europa Press)

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de dos hombres en el Centro Penitenciario Fénix, ubicado en el estado Lara, al este de Venezuela. Con estos casos, la organización eleva a 36 el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano desde abril.

Uno de los internos murió por tuberculosis y el otro por un cuadro de deshidratación y diarrea. El OVP responsabilizó al “régimen venezolano” por ambas muertes y afirmó: “Quien está privado de libertad no decide cuándo acudir a un médico, no puede adquirir sus medicamentos ni trasladarse a un hospital cuando su estado de salud se deteriora”.

La organización detalló que las cárceles en el país, recientemente golpeado por dos terremotos, se enfrentan a escasez de agua potable, mala alimentación, falta de medicamentos, ausencia de atención médica permanente y el incumplimiento de las Reglas Mandela, que exigen un nivel de atención sanitaria equivalente al de la población general.

“En ese sentido, cada muerte bajo custodia constituye una grave violación de derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Gobierno venezolano”, señaló el OVP.

El pasado 7 de julio, la ONG reportó el fallecimiento de cinco personas bajo custodia estatal en cárceles de los estados Zulia, Carabobo, Lara y Táchira. Durante junio, el OVP indicó que 181 presos murieron en cárceles y calabozos venezolanos en 2025, la mayoría por falta de atención médica. El informe anual de la organización alertó que esta cifra representa un aumento de más del 50 % respecto al año anterior.

De acuerdo al observatorio, el registro cubre el 85% de los centros de detención del país. La ONG detalló que 158 muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales y que 151 de los decesos se debieron a la falta de atención médica. Entre las principales causas de muerte, el OVP citó afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallo multiorgánico y shock hipovolémico.

En paralelo, al menos 11 ONG y familiares de presos políticos solicitaron a las autoridades de Venezuela autorizar una inspección independiente y transparente de la infraestructura carcelaria, tras el doble terremoto ocurrido hace un mes atrás.

En un comunicado conjunto firmado por Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz, las ONG exigieron al Estado venezolano “permitir la evaluación técnica independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos”. El documento fue presentado en una rueda de prensa en la que también se reclamó la libertad de los presos políticos.

Las organizaciones instaron a que se permita el ingreso “inmediato” de organismos internacionales de derechos humanos y de asistencia humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Además, reclamaron el acceso regular de familiares y abogados a las cárceles, así como atención médica oportuna y la provisión de información pública y transparente sobre la situación en los centros penitenciarios.

El objetivo de estas solicitudes es que se pueda constatar el estado de las instalaciones y las condiciones de salud de los reclusos. “La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales”, afirmó Martha Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón.

(Con información de EFE)

La ONU celebró su primer debate público entre los seis candidatos a suceder a Antonio Guterres al frente de la Secretaría General en un momento de profunda crisis de confianza en el multilateralismo, con conflictos sin resolver, un Consejo de Seguridad bloqueado y el reloj del mandato portugués corriendo hacia su fin el 31 de diciembre de 2026.

El encuentro se celebró este jueves en la Asamblea General y reunió por primera vez en formato abierto a los aspirantes al cargo: la expresidenta de Chile Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi; la exministra de Exteriores de Ecuador María Fernanda Espinosa; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan; la embajadora de Barbados ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, y el expresidente de Senegal Macky Sall.

La cita forma parte de los esfuerzos por dotar de mayor transparencia al proceso de selección, una práctica instaurada en 2016 que busca que las posiciones de los aspirantes sean conocidas antes de que el Consejo de Seguridad inicie sus consultas internas.

El proceso de selección y sus plazos

La elección del secretario general sigue un mecanismo en el que la Asamblea General nombra al candidato recomendado por el Consejo. La decisión final está condicionada por los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—, que tienen poder de veto.

Tras los diálogos públicos, los candidatos deberán afrontar los llamados straw polls, sondeos informales a puerta cerrada que miden el nivel de apoyo de cada aspirante y permiten detectar posibles vetos. Fuentes diplomáticas apuntan a que la decisión podría conocerse a principios de octubre, como ocurrió con la primera elección de Guterres el 13 de octubre de 2016.

Esas mismas fuentes descartan una extensión del mandato del portugués. Varios países han defendido además que el próximo secretario general sea mujer y proceda de América Latina y el Caribe, región que no ocupa el cargo desde hace más de tres décadas y a la que correspondería el turno según la norma no escrita de rotación regional.

Un organismo ausente de los conflictos más graves

El diagnóstico compartido por los seis candidatos fue contundente: la ONU ha perdido protagonismo en la resolución de los conflictos más serios. Grossi lo formuló con mayor crudeza al señalar que “el mundo registra el mayor número de conflictos armados en los últimos cuarenta años” y que la organización está “ausente de la resolución de los conflictos más graves”.

Para el director del OIEA, la imparcialidad no equivale a indiferencia. “Es la capacidad de proponer soluciones concretas, escuchar sin condenar, estar presente para resolver un problema”, afirmó, y citó como prueba de que el multilateralismo puede funcionar la presencia de inspectores del organismo en la central nuclear de Zaporizhzhia, en plena zona de guerra en Ucrania.

Grynspan, por su parte, recurrió a su experiencia en la negociación del acuerdo del Mar Negro para ilustrar que el bloqueo del Consejo de Seguridad no paraliza al secretario general, sino que marca exactamente el punto en que su trabajo debe comenzar. “Precisamente es abrir las posibilidades para el acuerdo el trabajo del secretario general”, sostuvo.

Diplomacia preventiva frente al bloqueo del Consejo

Bachelet subrayó que el secretario general debe usar todos los instrumentos que le otorga la Carta de la ONU: buenos oficios, enviados especiales, mediación y trabajo conjunto con agrupaciones regionales. “El secretario general no puede rendirse. Tiene que insistir y probar distintas estrategias”, señaló, y añadió que la Asamblea General puede jugar un papel relevante cuando el Consejo está paralizado, a través del mecanismo de Unión pro Paz.

Sall aportó un testimonio directo: tras el inicio de la guerra en Ucrania, viajó a Moscú y a Kiev en representación de la Unión Africana para defender los intereses de un continente de 1.500 millones de habitantes afectado por el bloqueo del puerto de Odesa y la escasez de fertilizantes. “El contacto debe mantenerse de forma permanente, cualesquiera que sean las tensiones”, afirmó.

Rodrigues-Birkett, que integró la delegación de Barbados en el Consejo de Seguridad durante dos años, fue directa: “El secretario general no tiene el lujo de no intentarlo”, y se comprometió a presentar propuestas al Consejo incluso cuando sus herramientas no sean suficientes.

Reforma de la ONU y financiación del desarrollo

Todos los candidatos coincidieron en la necesidad de una organización más ágil y eficiente, aunque con énfasis distintos. Grynspan situó el núcleo de la reforma en el terreno, lejos de las dinámicas de las sedes centrales, y reclamó una ONU impulsada por la demanda de los países y no por la oferta de los organismos.

Bachelet apostó por una institución “más delgada pero musculosa”: con menos estructura, pero con mayor capacidad de respuesta. Rodrigues-Birkett subrayó que reformar la ONU debe ir acompañado de movimientos paralelos en las instituciones financieras internacionales, con avances incrementales que amplíen el acceso a financiación concesional para los países en desarrollo.

Sall planteó la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional y combinar financiación pública, inversión privada, filantropía y sociedad civil para crear condiciones de prosperidad compartida. Grossi advirtió que la asistencia oficial al desarrollo cae “a un ritmo dramático” y que ciertos enfoques verticales e ideológicos no están funcionando.

Cambio climático, inteligencia artificial y el papel del sector privado

Espinosa definió el cambio climático no como el problema en sí, sino como síntoma de una falta de armonía entre los patrones de producción y consumo. Señaló que la comunidad internacional se aproxima a su 31ª Conferencia de las Partes (COP) con las emisiones todavía en aumento y las naciones insulares y comunidades costeras sin protección suficiente. Su diagnóstico: “Tenemos el conocimiento, las tecnologías y los acuerdos. Lo que falta es implementación”.

Grynspan vinculó el clima directamente con la paz y la seguridad, al señalar que la mayoría de los desplazamientos forzados actuales tienen causas climáticas, lo que desestabiliza países y regiones enteras.

En materia de inteligencia artificial, los seis aspirantes rechazaron una regulación vertical impuesta desde arriba. Grossi, desde su experiencia al frente de un organismo técnico, advirtió contra “el optimismo ingenuo y los miedos injustificados” y propuso una plataforma colaborativa para definir reglas de conducta sin frenar la innovación. Espinosa reclamó que “la dignidad humana sea el código fuente de todas las nuevas tecnologías”.

Rodrigues-Birkett señaló que los jóvenes temen que la IA elimine sus empleos y destruya su creatividad, y llamó a aprovechar la sabiduría colectiva de los 193 Estados miembros para construir un marco de gobernanza que equilibre innovación y protección.

La visión a cinco años

Bachelet describió el objetivo como una ONU que genere confianza porque está más cerca de los problemas reales de la gente y representa genuinamente a todos sus miembros, “los poderosos y los menos poderosos”.

Grynspan quiere ver a la organización de vuelta en la mesa de los conflictos, con una confianza reconstruida y traducida en resultados concretos sobre el terreno.

Sall convocó a la generación actual de dirigentes a trabajar “mano a mano” para que la ONU recupere el centro del escenario mundial en el marco de un multilateralismo renovado, con especial atención a los casi 4.000 millones de jóvenes que necesitan educación, formación y empleo.

Grynspan resumió la apuesta de fondo del debate: “En un mundo multipolar, si no tenemos multilateralismo, caminaremos hacia la fragmentación”.

El doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio no solo provocó una de las mayores catástrofes de la historia reciente del país, también expuso, según un informe del Miranda Center for Democracy, el colapso de la capacidad del régimen chavista para responder a una emergencia de gran magnitud.

El centro de estudios sostiene que el Estado venezolano no activó los mecanismos previstos para una situación de desastre, dejaron sin coordinación las primeras 72 horas —consideradas decisivas para salvar vidas— y terminaron agravando una crisis que pudo haber tenido consecuencias aún mayores de no ser por la intervención de decenas de equipos internacionales de rescate.

El documento, elaborado por el think tank fundado por venezolanos y con sede en Washington, reconstruye la respuesta de la cúpula chavista tras el desastre a partir de testimonios de especialistas en gestión de riesgos, rescatistas, funcionarios, documentos técnicos y datos de organismos internacionales. Según el informe, la magnitud de la crisis estuvo marcada no solo por la fuerza del doble terremoto, sino también por el deterioro de las instituciones encargadas de atender emergencias.

La investigación sostiene que las cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión de la tragedia. Mientras el régimen interino mantiene un balance de 5.208 fallecidos, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó una probabilidad del 70% de que la cantidad de muertos superara los 10.000.

El informe también cita estimaciones del sistema de Naciones Unidas y del Comité Internacional de Rescate, según las cuales habría al menos 50.000 personas desaparecidas, aunque un registro ciudadano mantiene alrededor de 30.000 casos que todavía no han podido ser localizados.

Los datos recopilados muestran además el alcance de la emergencia humanitaria. Naciones Unidas calcula que hasta 6,76 millones de personas resultaron afectadas por los terremotos, incluidos unos dos millones de habitantes del área metropolitana de Caracas. El organismo también estima que 680.000 niños requieren asistencia y que hasta 1,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. En paralelo, una evaluación de la NASA proyectó que cerca de 58.870 edificaciones sufrieron daños o quedaron destruidas, frente a las poco más de mil reportadas oficialmente por el chavismo

El Miranda Center sostiene que, frente a un evento de esa magnitud, el Estado debía haber activado de inmediato el Sistema Nacional de Protección Civil, clasificar formalmente la emergencia, iniciar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinar las operaciones durante la denominada ventana crítica de las primeras 72 horas.

De acuerdo con los especialistas consultados para el estudio, la conducción de esa respuesta debía recaer en autoridades civiles con experiencia en gestión de desastres, mientras que las Fuerzas Armadas tendrían que haber concentrado su participación en tareas logísticas, como mantener operativos los aeropuertos de Maiquetía y La Carlota para facilitar el ingreso de equipos internacionales, aportar maquinaria pesada, coordinar el trabajo de voluntarios y garantizar la seguridad de las zonas afectadas.

Sin embargo, el informe afirma que esa estructura nunca llegó a funcionar. Aunque la noche del 24 de junio fue anunciado un Estado Mayor de Emergencia, los investigadores sostienen que esa coordinación no se tradujo en operaciones efectivas sobre el terreno. El estudio también señala que Protección Civil ha permanecido durante años bajo conducción de autoridades militares y que esa situación debilitó la capacidad técnica del organismo.

La ausencia de una respuesta coordinada, sostiene el documento, hizo que las labores de búsqueda recayeran principalmente en ciudadanos, bomberos voluntarios y brigadas internacionales procedentes de 28 países. En total, participaron 51 equipos extranjeros de búsqueda y rescate.

El informe describe además las limitaciones materiales con las que trabajaban numerosos rescatistas venezolanos.

“No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología… estamos en la Edad de Piedra”, declaró un integrante de Protección Civil citado por el estudio. Según la investigación, muchas unidades operaban desde hacía años con una fracción mínima de su capacidad, sin vehículos suficientes, maquinaria especializada ni equipos hidráulicos para remover grandes estructuras colapsadas.

Durante los primeros cinco días posteriores al terremoto, agrega el documento, el principal registro de personas desaparecidas fue elaborado por ciudadanos y voluntarios de la diáspora venezolana, ante la ausencia de un sistema oficial de identificación y seguimiento.

El informe también establece un paralelismo con la tragedia de Vargas de 1999, que dejó decenas de miles de muertos y desplazados. Según los expertos consultados, aquella experiencia impulsó reformas legales destinadas a fortalecer la gestión de riesgos, pero con el paso de los años esas instituciones perdieron autonomía y capacidad técnica.

Uno de los capítulos más extensos del estudio examina la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Miranda Center sostiene que numerosos desarrollos habitacionales fueron construidos en zonas aluviales de La Guaira, donde ya existían antecedentes de alta vulnerabilidad geológica. Asimismo, afirma que nunca se realizaron auditorías independientes para verificar el cumplimiento de las normas antisísmicas y que los cálculos estructurales permanecieron bajo reserva oficial.

El documento recuerda además que ingenieros habían advertido sobre posibles riesgos tras un sismo registrado en 2017. Uno de los colaboradores del informe documentó un conjunto residencial de ocho torres en el que seis edificios colapsaron completamente y los otros dos quedaron inhabitables.

La investigación también identifica una serie de actuaciones atribuidas al régimen interino durante la emergencia. Entre ellas menciona la militarización de La Guaira mediante controles de acceso, restricciones impuestas a voluntarios y equipos de rescate, obstáculos administrativos que retrasaron el ingreso de brigadas internacionales, amenazas contra periodistas, suspensión temporal del acceso de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales a las zonas afectadas, además de denuncias sobre incautación de ayuda humanitaria y presuntos casos de saqueo y cobros irregulares para la entrega de cuerpos en morgues.

En materia de acceso a la información, el documento sostiene que persistieron restricciones digitales durante la emergencia y recuerda que tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela como Amnistía Internacional solicitaron el levantamiento de las limitaciones que afectaban la labor informativa y el acceso humanitario.

Finalmente, el Miranda Center afirma que el país contaba con recursos suficientes para fortalecer su capacidad de respuesta ante desastres. El estudio menciona inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sistemas de videovigilancia, la adquisición de miles de camiones pesados y multimillonarios desembolsos destinados a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, sostiene que esos recursos no estuvieron disponibles durante la emergencia. Para los autores, lo ocurrido tras el doble terremoto refleja el deterioro prolongado de las instituciones encargadas de atender desastres y documenta cómo la falta de preparación, coordinación y capacidad operativa terminó profundizando una de las peores tragedias que ha vivido Venezuela en las últimas décadas.

António Guterres advirtió este jueves ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Oriente Medio se está “saliendo de control” y se acerca “al borde de lo inimaginable”, al tiempo que reclamó un giro diplomático urgente para frenar la escalada de hostilidades en la región.

“Es hora de dar marcha atrás”, declaró el secretario general de la ONU en una sesión convocada por la República Democrática del Congo y Pakistán sobre la resolución pacífica de conflictos. Guterres sostuvo que no existe una solución militar y que “la diplomacia es la única vía”.

La intervención del diplomático portugués se produjo poco después de que las milicias hutíes de Yemen, respaldadas por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo. Los bombardeos amenazan con convertir el estrecho de Bab al-Mandab en un nuevo escenario del conflicto.

Ese paso marítimo se ha consolidado como una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, lo que agrava la presión sobre el comercio internacional. Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y es aliada de Washington, es el objetivo directo de estos ataques. Guterres reclamó el pleno restablecimiento de los derechos y libertades de navegación en ambos estrechos.

Pese al denominado alto el fuego en Gaza, el secretario general alertó de que la población civil sigue muriendo en sus hogares y durante actividades cotidianas, mientras Israel aumenta su control sobre el territorio. Las enfermedades se propagan y las operaciones humanitarias enfrentan graves obstáculos.

Un análisis de seguridad alimentaria publicado este jueves prevé que 1,4 millones de personas —aproximadamente el 70% de la población de Gaza— afrontarán altos niveles de inseguridad alimentaria en los próximos meses. Guterres atribuyó este deterioro a las restricciones al acceso de la ayuda y a la continuación de la violencia. En Cisjordania ocupada, alertó además de una “anexión progresiva”, acompañada de expansión de asentamientos, operaciones militares israelíes y desplazamientos a gran escala.

El diplomático señaló que los conflictos son cada vez más numerosos, complejos y prolongados, mientras crecen el desprecio por el derecho internacional y la impunidad. “Cada violación que queda sin respuesta se convierte en el precedente para la siguiente”, afirmó, al subrayar que los civiles pagan el precio más alto también en Ucrania, Sudán y el Sahel.

Ante el Consejo, Guterres presentó seis áreas de acción para reforzar la prevención de conflictos: ampliar el uso de sus buenos oficios y de los equipos de mediación de la ONU, fortalecer las oficinas y enviados regionales, y lograr que el órgano actúe antes de que las disputas escalen. Como ejemplo, recordó que la organización ayudó a negociar en mayo un acuerdo entre el Gobierno yemení y los hutíes para liberar a más de 1.600 detenidos vinculados al conflicto.

El secretario general reclamó también el recurso más frecuente a misiones de investigación para establecer una visión común de los hechos sobre el terreno, herramienta que podría reducir las divisiones internas del Consejo. Instó igualmente a garantizar la participación plena de mujeres, jóvenes y sociedad civil en las negociaciones, y a que cada Estado miembro mantenga abiertos los canales de diálogo incluso cuando las posibilidades de éxito parezcan limitadas.

Guterres, que dejará el cargo en los próximos meses, describió al Consejo de Seguridad como “la esperanza de la humanidad” y advirtió que su solidez depende del compromiso de quienes tienen la responsabilidad de defenderla. La sesión dio seguimiento a la resolución 2788 del Consejo, que insta a los Estados a utilizar plenamente las herramientas previstas en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellas la negociación, la mediación, el arbitraje y la vía judicial.

El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM) busca consolidarse como uno de los principales referentes internacionales en la preparación de personal para participar en las misiones de paz de las Naciones Unidas (ONU), mediante el fortalecimiento de sus procesos de capacitación, la certificación internacional de sus cursos y una mayor proyección hacia otros países.

Creado como parte del compromiso del Estado mexicano con la ONU, el CECOPAM tiene la misión de preparar a integrantes de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y personal civil que participará en operaciones de paz en distintas regiones del mundo. Actualmente, México mantiene presencia en cuatro misiones internacionales: India y Pakistán, el Sahara Occidental, República Centroafricana y Colombia.

En entrevista con Infobae México, la directora del CECOPAM, la teniente coronel enfermera de Estado Mayor María del Rosario Cardoso Reyes, y el subdirector, el teniente coronel de Infantería Bruno Enrique Ceballos Bernal, explicaron que la visión del centro es trascender el ámbito nacional para posicionarse como un referente en la formación de personal para operaciones de paz.

“Nuestra misión es entrenar a todo el personal bajo los altos estándares que determina la doctrina de Naciones Unidas para que estén aptos y apoyar mejor las operaciones de paz”, señaló Cardoso Reyes.

La capacitación no se limita al Ejército Mexicano. También participan elementos de la Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, civiles nacionales e internacionales e incluso militares de otros países.

De hecho, durante uno de los cursos actuales participan elementos provenientes de Egipto, Bangladesh y Colombia, reflejo de la creciente proyección internacional que ha adquirido el centro mexicano.

Uno de los principales desafíos, coincidieron ambos mandos, continúa siendo el dominio del idioma inglés, requisito indispensable para integrarse al sistema de Naciones Unidas, ya que la mayor parte de las operaciones internacionales se desarrollan en esa lengua.

“Consideraría que nuestra área de oportunidad más grande siempre es el trabajo de preparación en otra lengua”, explicó Ceballos Bernal.

Entrenamiento bajo estándares internacionales

Desde su creación, el CECOPAM ha acompañado el crecimiento de la participación mexicana en operaciones de paz.

Mientras que inicialmente el país colaboraba únicamente en dos misiones internacionales, actualmente mantiene presencia activa en cuatro operaciones, donde personal mexicano se desempeña como observadores militares y oficiales de Estado Mayor.

Los primeros realizan patrullajes, verifican el cumplimiento de acuerdos entre las partes en conflicto y mantienen presencia en el terreno, mientras que los segundos participan en la planeación, coordinación y supervisión de las actividades de las misiones.

Para preparar al personal, el centro cuenta con infraestructura que reproduce escenarios similares a los que enfrentarán durante su despliegue.

Entre ellos destacan una pista especializada para conducción de vehículos tácticos, áreas donde se simulan campamentos de refugiados y bases de operaciones de la ONU, así como espacios destinados a ejercicios de negociación, resolución de conflictos y toma de decisiones bajo condiciones adversas.

La experiencia práctica constituye una de las principales fortalezas del CECOPAM.

A diferencia de otros centros, prácticamente todos sus instructores han participado previamente en misiones internacionales, lo que permite transmitir conocimientos sustentados en experiencias reales.

“Tenemos la capacitación, lo vivimos para poder contarlo y tener más seguridad en los conocimientos que se imparten”, explicó la directora.

Además, el personal continúa capacitándose mediante cursos internacionales e intercambios académicos con centros especializados de países como Francia, China, Colombia y Chile.

La inclusión también forma parte de la estrategia institucional.

Bajo la agenda Mujeres, Paz y Seguridad impulsada por Naciones Unidas, México mantiene una participación femenina acorde con los compromisos internacionales.

Actualmente, de los 19 elementos mexicanos desplegados en operaciones de paz, cinco son mujeres.

Para Cardoso Reyes, la presencia femenina resulta especialmente importante en comunidades vulnerables, donde facilita el contacto con mujeres y niñas para detectar necesidades humanitarias y de protección.

La directora consideró que su nombramiento como primera mujer al frente del CECOPAM representa un reconocimiento al trabajo colectivo de la institución y una muestra del compromiso de las Fuerzas Armadas con la igualdad de oportunidades.

“No es un logro personal; es un reconocimiento al trabajo conjunto y a la formación que he recibido durante toda mi carrera”, afirmó.

Por su parte, Ceballos Bernal sostuvo que la inclusión deja de ser únicamente un compromiso plasmado en documentos cuando se refleja en decisiones institucionales.

“No es en beneficio de las mujeres; es en beneficio de una mejor sociedad, de un mejor país y de unas mejores Fuerzas Armadas”, señaló.

La apuesta por convertir a México en un referente regional

Uno de los principales objetivos del CECOPAM es incrementar el reconocimiento internacional de sus programas académicos.

Actualmente, el centro cuenta con cuatro cursos certificados por el Sistema Integrado de Entrenamiento de Naciones Unidas y espera obtener este año la certificación de un quinto programa.

De concretarse, México igualaría a Brasil como el país latinoamericano con mayor número de cursos certificados por Naciones Unidas, pese a que el centro mexicano tiene apenas ocho años de operación frente a casi dos décadas de funcionamiento de su contraparte brasileña.

Para lograrlo, el CECOPAM trabaja en la actualización permanente de sus programas de estudio, el fortalecimiento del intercambio internacional de instructores y el desarrollo de cursos completamente impartidos en inglés.

La meta también contempla atraer a un mayor número de participantes extranjeros y consolidar la presencia del centro en los principales foros internacionales sobre operaciones de paz.

Los directivos coincidieron en que la contribución más importante de México a la comunidad internacional ha sido la decisión de aportar personal altamente capacitado.

“El mejor aporte que puede haber en el mundo es el personal”, sostuvo Cardoso Reyes, al destacar que detrás de cada despliegue existe un proceso de selección, preparación y profesionalización que busca representar al país con los más altos estándares.

Más allá del entrenamiento militar, ambos mandos insistieron en que la construcción de la paz comienza desde las acciones cotidianas.

“La cultura de la paz debe empezar por nosotros mismos, por nuestras actividades diarias”, expresó la directora.

Mientras México amplía su participación en las operaciones de paz de Naciones Unidas, el CECOPAM busca consolidarse como el principal centro de entrenamiento de América Latina y proyectarse como un referente internacional mediante la certificación de sus cursos, el intercambio de instructores y la preparación de personal bajo los estándares más altos del organismo internacional.

Un mes después del doble terremoto de 7,2 y 7,5 grados que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, solo el 39 % de la respuesta humanitaria para atender a las poblaciones afectadas y a la costa devastada cuenta con financiación, alertó el Consejo Noruego de Refugiados (NRC).

La cifra de personas que requieren asistencia humanitaria en las zonas más afectadas del país asciende a 1,3 millones, casi el doble de quienes ya la necesitaban antes de los sismos, según informó el NRC. Como consecuencia, la ONU y sus socios han revisado el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, ampliando sus objetivos e incrementando casi en un 50 % las necesidades de financiación.

El plan actualizado busca llegar a 6,2 millones de personas durante los próximos seis meses, pero hasta la fecha solo se ha cubierto el 39 % del financiamiento necesario. La directora del NRC en Venezuela, Elena Vicario, advirtió en un comunicado que “el primer mes después de un desastre suele generar solidaridad y atención a nivel mundial. La verdadera prueba ahora es si ese apoyo se mantendrá una vez que los titulares empiecen a desvanecerse”.

El doble terremoto registrado en Venezuela el 24 de junio dejó un saldo de 5.398 personas fallecidas y mantiene a miles de familias en situación crítica, sobre todo en el estado de La Guaira, el más afectado. Las labores de desescombro y recuperación de cuerpos continúan en la zona, mientras la comunidad humanitaria advierte que la emergencia está lejos de concluir.

Cerca de 24.000 niños han quedado sin clases y muchos viven en albergues temporales donde las condiciones siguen siendo precarias. El NRC señaló que “las personas afectadas por los terremotos siguen viviendo con incertidumbre a diario. La comunidad humanitaria se enfrenta ahora a una disyuntiva: mantener la respuesta y ayudar a las comunidades a recuperarse o permitir que la falta de financiación convierta este desastre en una crisis a largo plazo”.

El NRC solicitó que las donaciones internacionales destinadas al terremoto sean adicionales y no sustituyan el apoyo a las necesidades humanitarias preexistentes del país. La organización remarcó que es imprescindible aumentar la inversión y el desembolso financiero por parte de la comunidad internacional para evitar el agravamiento de la crisis.

Actualmente, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela requiere una inversión que creció casi un 50 % tras los sismos, pero la cobertura financiera apenas supera un tercio de lo necesario. “El mundo no debe mirar hacia otro lado”, reclamó Vicario en el comunicado donde se advierte que la continuidad de la ayuda determinará si la emergencia se convierte en una crisis prolongada.

La lista provisional de oradores de la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha del 26 de junio de 2026, incluye a México en el séptimo lugar de la sesión matutina del martes 22 de septiembre, junto con países como Brasil, Estados Unidos, Jordania y Türkiye. El documento clasifica la participación mexicana con las siglas “HS” (Head of State), designación que en el protocolo de la ONU corresponde a jefes de Estado.

Lo que trascendió en redes sociales

La información comenzó a circular luego de una publicación en la red social X del analista internacional Nathan Wolf, exembajador de México, quien señaló que la lista preliminar representaría “una sorpresa positiva” y, de confirmarse, marcaría un giro en la política exterior del gobierno actual, que en años recientes había optado por no participar en la Asamblea General a nivel de jefatura de Estado.

Según el análisis difundido por Wolf, la presencia en el segmento de alto nivel del debate general no se limita al discurso: implica acceso a reuniones bilaterales, posibilidad de influir en la agenda internacional y proyectar la postura de México ante otros gobiernos.

Medios como SDP Noticias retomaron la información y precisaron que se trataría de la primera vez en más de una década que un presidente mexicano encabece personalmente la representación del país en este foro, en caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asista.

Sin confirmación oficial hasta el momento

Es importante señalar que, hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por el gobierno de México ni por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que Sheinbaum encabezará la delegación mexicana en septiembre próximo. La lista de oradores de la ONU es, por naturaleza, preliminar y sujeta a cambios hasta la fecha del evento; los países pueden modificar el nivel de representación (jefe de Estado, jefe de gobierno, canciller o representante permanente) en las semanas previas al debate general.

Antecedente reciente: en la 80ª sesión de la Asamblea General, celebrada en septiembre de 2025, México fue representado por el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente en nombre de la presidenta, según informó en su momento la SRE a través de un comunicado oficial. La ausencia de Sheinbaum en esa edición generó comentarios en medios de opinión sobre la proyección internacional del país.

Qué significaría un cambio de formato

De concretarse la asistencia presidencial, el hecho se leería como una variación respecto al criterio que había prevalecido en la actual administración. Entre los elementos que suelen destacarse en este tipo de participaciones están:

• Acceso directo a encuentros bilaterales con otros jefes de Estado y de gobierno.
• Mayor visibilidad para fijar postura sobre temas de la agenda multilateral.
• Posibilidad de reuniones de alto nivel al margen del debate general, incluyendo potenciales encuentros con homólogos como el presidente de Estados Unidos.

Hasta la publicación de esta nota, no existe un comunicado de la Presidencia ni de la Cancillería mexicana que confirme la agenda de Sheinbaum para la semana del 22 de septiembre. Se recomienda a los lectores tomar la información como preliminar hasta que las autoridades mexicanas emitan un pronunciamiento oficial al respecto.

Si quieres, puedo ajustar la extensión, afinar el ángulo (por ejemplo, más enfocado en el antecedente de la ausencia en 2025) o preparar una segunda versión más corta para redes.

El presidente Bernardo Arévalo reafirmó con la ONU y el PMA una alianza para ampliar la atención a comunidades vulnerables en Guatemala, en una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura que también apuntó a fortalecer la respuesta humanitaria y la seguridad alimentaria en las zonas más expuestas del país.

Ese refuerzo de la coordinación se inserta en un esquema más amplio de trabajo entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas que ya reunió a 228 participantes en la primera ronda de los Grupos de Coordinación de Resultados.

En esas mesas participaron 150 representantes de 44 instituciones públicas y 78 representantes de 18 entidades de la organización internacional.

Según la publicación del coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Miguel Barreto, el encuentro con Arévalo sirvió para ratificar el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno para obtener resultados concretos en beneficio de la población. En la reunión también estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez.

Acompañaron además al mandatario el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, y la directora regional del organismo, Lena Savelli. Barreto difundió en su cuenta oficial de X una síntesis del encuentro celebrado en el despacho presidencial.

La reunión puso el foco en ayuda humanitaria y seguridad alimentaria

El punto central de la cita fue la atención de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con Barreto, también se abordó el respaldo a la respuesta humanitaria dirigida a la población afectada en zonas altamente vulnerables del país.

En ese marco, el Programa Mundial de Alimentos fue señalado como una pieza de la cooperación en Guatemala por sus acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria y brindar asistencia a comunidades en riesgo.

La reunión, según lo expresado por el coordinador residente, buscó sostener esa línea de trabajo con mayor articulación entre el Gobierno y el sistema multilateral.

Barreto escribió: “Junto a la directora regional y representante del WFP, Lena Savelli, acompañamos al WFP Chief Carl Skau en la reunión con el presidente Bernardo Arévalo y al canciller Carlos Ramiro Martínez, ocasión en la cual reafirmamos el compromiso del SNU de seguir trabajando en función de resultados”.

La reunión respondió de forma directa a un objetivo concreto: ampliar la ayuda y coordinar mejor la respuesta institucional hacia la población más vulnerable. Esa coordinación incluye tanto la asistencia humanitaria inmediata como el fortalecimiento de programas vinculados con la alimentación y la protección de comunidades expuestas a situaciones de riesgo.

Los diálogos con el Estado revisaron prioridades de trabajo para 2026

La alianza entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas también avanzó en un plano técnico con la conclusión de la primera ronda de los Grupos de Coordinación de Resultados, un mecanismo de alto nivel diseñado para fortalecer la cooperación de la ONU y concentrar esfuerzos conjuntos en metas verificables para el país.

Esos cuatro diálogos permitieron revisar las prioridades de trabajo para 2026, identificar oportunidades de acción conjunta y señalar los principales desafíos que requieren más coordinación.

El proceso se concentró en las cuatro prioridades del Marco de Cooperación 2026-2030: gobernabilidad democrática y Estado de derecho; desarrollo humano, reducción de la pobreza y prosperidad; sostenibilidad y resiliencia; y movilidad humana y migración.

El secretario de Planificación, Carlos Mendoza, resumió ese enfoque con una definición operativa sobre el trabajo entre instituciones. “Hay que concentrar fuerzas de manera estratégica e identificar aquellos cuellos de botella que nos impiden alcanzar los resultados o acelerar el proceso para llegar a ellos”, indicó.

Según la información difundida sobre esos diálogos, el proceso refleja una visión compartida entre SEGEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la coordinación residente de las Naciones Unidas para avanzar hacia una cooperación más articulada, alineada con las prioridades nacionales y con mayor capacidad para demostrar resultados concretos en beneficio de la población.

Ese esquema de trabajo también fue planteado como una vía para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante los cuatro años restantes de la Agenda 2030.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un recordatorio oficial al Estado peruano, otorgándole un nuevo plazo para presentar un informe que debe detallar, entre otros puntos, el cumplimiento de las garantías de un juicio justo en el proceso penal contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

A través de una misiva fechada el pasado 29 de junio, firmada por la relatora especial para el Seguimiento de las Observaciones Finales Yvonne Donders, la ONU advirtió que Perú no cumplió con entregar la documentación exigida para la fecha límite original, el 24 de marzo de 2026.

“El Comité ha observado que aún no se ha proporcionado la información solicitada y ha decidido enviar un recordatorio al Estado parte. El Comité agradecería recibir la información antes mencionada a más tardar el 24 de septiembre de 2026“, se lee en el documento.

El documento de recordatorio fue remitido a la Misión Permanente del Perú en Ginebra, representada por el excanciller Elmer Schialer.

El requerimiento de la ONU tiene su origen en un informe que emitió el Comité de Derechos Humanos en marzo de 2023. En dicho documento, el Comité expresó su preocupación por la crisis política y social desatada tras los hechos del 7 de diciembre de 2022.

En el párrafo 37 de dicho informe, el organismo internacional exigió a Perú velar por que los procesos de vacancia presidencial respetaran los principios básicos del debido proceso y garantizaran un adecuado sistema de contrapoderes. Además, se exigió al Estado peruano “garantizar que el proceso penal seguido contra Pedro Castillo, actualmente en prisión provisional, se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo”. Las medidas tomadas al respecto son las que Perú omitió reportar en marzo de este año.

Más omisiones del Estado peruano

Cabe destacar que el ultimátum de la ONU no solo abarca el caso de Castillo Terrones. El informe pendiente también debe dar cuenta sobre la implementación de las recomendaciones contenidas en el párrafo 27 del informe de marzo de 2023, referidas al uso de la fuerza por parte de las autoridades en el contexto de manifestaciones, y el párrafo 43, que exige garantizar los derechos, tierras y recursos de las minorías y comunidades indígenas.

La ONU ha solicitado al gobierno peruano que su respuesta se centre exclusivamente en las medidas específicas adoptadas desde la emisión de las observaciones en 2023. La respuesta no podrá exceder las 3.500 palabras.

Debido al próximo cambio de mando, lo más probable es que sea el Gobierno de Keiko Fujimori el que decida si responda o no el recordatorio del organismo internacional.

Pedro Castillo en prisión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación de la defensa de Pedro Castillo y ratificó la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses, con vencimiento el 8 de marzo de 2027.

El tribunal fundamentó la medida en el riesgo de fuga —su familia reside en México y ese gobierno estaría dispuesto a concederle asilo—, la complejidad de la investigación y la magnitud de la presunta red criminal, que involucra a más de 90 personas, incluidos exministros, en casos de corrupción en Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda.

Los seis candidatos a secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participarán este jueves en un debate en el Salón de la Asamblea General, a una semana del inicio formal del proceso de selección para un puesto clave a escala mundial.

La sesión, sin un favorito claro y en medio de dificultades para movilizar entusiasmo, consistirá en 90 minutos de preguntas de diplomáticos, empleados de la ONU y representantes de la sociedad civil. El evento, que comenzará a las 17:00 (21:00 GMT), será transmitido por Bloomberg.

Entre los aspirantes se encuentran Rafael Grossi (Argentina), Michelle Bachelet (Chile), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal), quienes buscan suceder al actual secretario general saliente, Antonio Guterres.

El próximo 30 de julio, los 15 miembros del Consejo de Seguridad realizarán una primera votación a puerta cerrada y de manera anónima para expresar sus preferencias. Este sufragio informal será seguido por rondas adicionales hasta que uno de los aspirantes logre nueve votos y evite el veto de los cinco miembros permanentes. El nombre seleccionado se enviará a la Asamblea General para su nombramiento formal, y el nuevo secretario general asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, afirmó: “Este foro abierto de la ONU brindará una oportunidad única para conocer las ideas, las prioridades y la visión de liderazgo de los candidatos a uno de los puestos más importantes del mundo”.

En ese sentido, añadió que, “en un mundo cada vez más fragmentado, las Naciones Unidas necesitan no solo un administrador jefe excepcional que adapte la organización al siglo XXI, sino también el liderazgo y la integridad de alguien dispuesto a defender con firmeza la Carta de las Naciones Unidas y sus tres pilares”.

Las Naciones Unidas enfrentan actualmente una crisis financiera y de confianza. La administración del presidente estadounidense Donald Trump critica a la organización por el uso ineficiente de sus recursos y la falta de resultados claros. Estados Unidos pidió que la ONU retome el enfoque en la paz y la seguridad, mientras que otros Estados miembros subrayan la importancia de los derechos humanos y el desarrollo como pilares igualmente fundamentales.

En este contexto, la contienda por la secretaría general de la ONU muestra un clima menos animado que la campaña de 2016, cuando el proceso destacó por la multiplicidad de candidaturas y las intrigas políticas previas a la elección de Antonio Guterres.

Richard Gowan, analista de International Crisis Group, afirmó en diálogo con la agencia AFP: "En esta ocasión, todos coinciden en que la contienda es de vital importancia para el futuro de la ONU, pero el proceso ha sido bastante cauteloso“. Gowan agregó: ”Existe la sensación de que los candidatos están actuando con mucha cautela para evitar ofender a Estados Unidos y a otras potencias con derecho a veto".

Hasta ahora, los candidatos enfrentaron tres horas de interrogatorio cada uno por parte de representantes de los 193 estados miembros. La mayoría enfatizó la necesidad de avanzar con las reformas internas de la organización y de que el futuro secretario general tenga un papel más activo en los esfuerzos de paz globales.

Fuentes diplomáticas consultadas por AFP subrayan la incertidumbre del proceso, ya que varias capitales continúan sin definir su posición. Gowan señaló: "Considero que Grossi sigue siendo el favorito más mencionado, pero aún no tiene la victoria asegurada. Otros candidatos como Grynspan y Rodrigues-Birkett también cuentan con un número significativo de seguidores“. El analista advirtió que podría surgir un candidato sorpresa en la fase final.

En línea con la tradición de rotación geográfica, Latinoamérica reclama en esta ocasión el puesto, mientras que numerosos estados insisten en que por primera vez una mujer debería asumir la secretaría general.

(Con información de AFP)

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua instó este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad internacional a frenar el avance de la iniciativa impulsada por la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, para eliminar la competencia política y consolidar la permanencia de su familia en el poder.

El grupo, formado por activistas exiliados en su mayoría, advirtió que la propuesta representaría “una decisión dictatorial en proceso de materialización”, según informó la agencia española EFE.

La advertencia del colectivo surge tras una declaración pública de Ortega, quien durante un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista afirmó: “No volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

El mandatario, de 80 años y en el poder desde 2007, habló ante miles de simpatizantes en Managua y consolidó la postura oficialista de cerrar las vías democráticas para la alternancia política. EFE informó que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, ya expresó su respaldo a la iniciativa presidencial.

En una carta abierta, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con sede en Costa Rica, pidió a los Estados democráticos “no esperar a que esa iniciativa quede formalizada para reaccionar”, y los urgió a desconocer cualquier reforma que elimine los comicios o perpetúe la permanencia de la familia Ortega-Murillo.

El documento, citado por EFE, señala que “si el régimen materializa la abolición de las elecciones y convierte en ley la permanencia indefinida de la familia Ortega-Murillo, los Estados democráticos deberán proceder al desconocimiento pleno de su legitimidad, revisar integralmente sus relaciones diplomáticas y negar reconocimiento a las autoridades y estructuras surgidas de ese nuevo orden antidemocrático”.

El colectivo exhortó a la comunidad internacional a adoptar sanciones individuales y medidas diplomáticas contra quienes impulsen la eliminación de las elecciones y nuevas disposiciones represivas, y evitar medidas económicas generales que puedan afectar a la población nicaragüense.

Entre las demandas del grupo figura la exigencia de que se deroguen todas las leyes represivas implementadas por el régimen, así como la promoción de acciones urgentes en el seno de la ONU y otros organismos multilaterales.

La reacción de la ONU

EFE recogió también declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien criticó la postura del gobierno de Ortega y solicitó la reapertura del espacio cívico y la restauración del Estado de derecho en Nicaragua.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, afirmó Türk, lamentando que el régimen reprima de manera sistemática la expresión independiente de ideas y opiniones.

La situación descrita por el colectivo y las declaraciones del alto funcionario de la ONU reflejan la preocupación internacional por el posible establecimiento de un sistema político dinástico y la supresión total de la participación ciudadana en los procesos electorales de Nicaragua. El documento del colectivo alerta que la propuesta oficialista permitiría una sucesión familiar discrecional sin controles ni contrapesos institucionales.

Las reacciones internacionales se producen mientras el régimen nicaragüense mantiene firmes las restricciones a la libertad política y de expresión, y mientras decenas de miles de ciudadanos permanecen en el exilio, según consignó EFE.

Aunque el número de personas que padecen hambre en el mundo disminuyó por tercer año consecutivo, el acceso a una alimentación saludable sigue siendo uno de los mayores desafíos globales. Así lo advierte el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2025 (SOFI), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras agencias del sistema de Naciones Unidas.

El reporte, difundido en México por Alianza Alimentaria, destaca una paradoja preocupante: mientras los indicadores de hambre muestran una ligera mejoría, millones de personas continúan sin poder adquirir los alimentos necesarios para mantener una dieta equilibrada y nutritiva. De hecho, 2 mil 690 millones de personas, equivalentes a una de cada tres en el planeta, no pueden costear una alimentación saludable.

En este panorama, América Latina y el Caribe encabezan un ranking poco alentador: es la región donde resulta más caro alimentarse de forma saludable, incluso por encima de África, Asia y América del Norte, una situación que especialistas consideran urgente atender mediante cambios profundos en los sistemas alimentarios.

645 million people faced hunger in 2025, while a healthy diet remained unaffordable for 2.7 billion people.

Explore the key findings of the 2026 edition of The State of Food Security & Nutrition in the World by @FAO @IFAD @UNICEF @WFP & @WHO 👉 https://t.co/fSEO3W2mOO#SOFI2026 pic.twitter.com/jZHjBSqkd2

— FAO Knowledge (@FAOKnowledge) July 21, 2026

Amid high food price inflation, the cost of a healthy diet has become a pressing issue.

Discover how the cost of a healthy diet is measured and how we can work to lower the price of nutritious food for all.

🔗 https://t.co/G9QbwayjEU#SOFI2026 #COAG30 #HealthyDiets pic.twitter.com/fhr2dmecwp

— Food and Agriculture Organization (@FAO) July 21, 2026

Latam tiene el costo más alto del mundo para una dieta saludable

El informe SOFI 2025 señala que América Latina y el Caribe registran el costo promedio más elevado del planeta para acceder a una alimentación saludable.

De acuerdo con el documento, mantener una dieta nutritiva en esta región cuesta en promedio 4.91 dólares diarios por persona, equivalentes a aproximadamente 85 pesos mexicanos, cifra superior a la observada en el resto de las regiones del mundo.

Esta realidad representa un desafío importante para millones de familias, ya que una alimentación adecuada es indispensable para prevenir enfermedades crónicas, favorecer el desarrollo infantil, mejorar la calidad de vida y fortalecer la productividad de las personas.

Sin embargo, el informe advierte que los actuales sistemas alimentarios continúan favoreciendo la disponibilidad y el consumo de alimentos con menor valor nutricional, mientras que las opciones saludables permanecen fuera del alcance económico de una parte importante de la población.

El hambre disminuyó, pero millones siguen sin poder comer saludablemente

Según el reporte de la ONU, entre 608 y 696 millones de personas padecieron hambre durante 2025, lo que representa una disminución aproximada de 14 millones respecto al año anterior.

No obstante, los organismos internacionales advierten que esta reducción no significa que el problema alimentario esté resuelto.

La principal preocupación ahora es el acceso a una dieta de calidad. Mientras el hambre extrema disminuye lentamente, 2 mil 690 millones de personas continúan sin recursos suficientes para adquirir alimentos variados y nutritivos.

Para Sofía Ruiz Oldenbourg, gerente de Políticas Alimentarias de Alianza Alimentaria y Acción Climática, el indicador que realmente debe medir el éxito de un sistema alimentario no es únicamente la cantidad de alimentos producidos, sino la capacidad de la población para acceder a opciones saludables.

La especialista sostuvo que mientras los alimentos más nutritivos continúen siendo los más costosos, el derecho a la alimentación seguirá siendo una meta incumplida.

ONU propone transformar los sistemas alimentarios

El informe plantea que reducir el costo de una alimentación saludable requiere modificar la manera en que se producen, distribuyen y comercializan los alimentos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

• Fortalecer la producción de frutas, verduras, hortalizas y legumbres.
• Reorientar los subsidios agrícolas hacia alimentos con mayor calidad nutricional.
• Mejorar la infraestructura y la logística para facilitar el acceso a alimentos frescos.
• Impulsar mercados que favorezcan una oferta más diversa y saludable.

Asimismo, el documento señala que actualmente alrededor del 70 % del apoyo agrícola mundial sigue concentrándose en cereales, azúcar y productos de origen animal, lo que limita la disponibilidad de alimentos más nutritivos.

Especialistas piden políticas públicas para abaratar los alimentos saludables

Para Sofía Ruiz Oldenbourg, garantizar el derecho a una alimentación adecuada exige transformar integralmente los sistemas alimentarios y replantear la manera en que se destinan los recursos públicos.

La especialista afirmó que no resulta sostenible continuar financiando modelos de producción que abaratan alimentos asociados con la degradación ambiental y encarecen aquellos que benefician la salud de las personas. En su opinión, las políticas públicas deben alinearse con objetivos de salud, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Finalmente, el informe de la FAO concluye que avanzar hacia sistemas agroalimentarios más saludables dependerá de políticas capaces de reducir el costo de una dieta nutritiva, fortalecer la producción sostenible y garantizar que todas las personas puedan ejercer efectivamente su derecho a una alimentación adecuada.

La expansión sin precedentes del mercado mundial de la cocaína ha reforzado el papel de Ecuador como una de las principales plataformas logísticas utilizadas por las organizaciones criminales para abastecer a consumidores de Europa, Norteamérica y Oceanía. Así lo concluye el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que sitúa al país como una ruta marítima clave dentro de una cadena de tráfico transnacional que continúa creciendo pese al aumento de las incautaciones.

El organismo de Naciones Unidas estima que durante 2024 la producción potencial de cocaína pura alcanzó aproximadamente 4.100 toneladas, la cifra más alta registrada hasta ahora. El volumen representa un crecimiento sostenido durante la última década y responde principalmente al incremento de los cultivos ilícitos y de la capacidad de producción en Colombia, además de la actividad en Perú y Bolivia, los tres países andinos donde se concentra la fabricación de la droga.

En ese escenario, Ecuador aparece como un territorio estratégico no por su producción de cocaína, sino por su ubicación geográfica y por la magnitud de su comercio marítimo. El informe sostiene que una parte importante de la droga producida en Colombia utiliza infraestructura logística ecuatoriana antes de emprender viaje hacia mercados internacionales de alto consumo.

La UNODC explica que las organizaciones criminales aprovechan la intensa actividad de los puertos ecuatorianos y el elevado movimiento de contenedores para insertar cargamentos ilícitos dentro del comercio legal. La combinación entre una amplia red exportadora, una extensa costa sobre el océano Pacífico y conexiones regulares con distintos continentes ha convertido al país en un corredor de especial interés para las redes de narcotráfico.

Entre las modalidades identificadas por el organismo figura la contaminación de exportaciones de banano, uno de los principales productos ecuatorianos vendidos al exterior. Según el informe, los grupos criminales han desarrollado mecanismos para introducir cocaína en cargamentos legítimos durante el trayecto terrestre hacia los puertos, alterando parcialmente la mercancía sin modificar la documentación oficial del envío.

La práctica consiste en sustituir parte de la carga previamente empacada por paquetes de cocaína antes de que el contenedor ingrese a la terminal portuaria. Para la UNODC, este procedimiento representa una modalidad híbrida que combina técnicas tradicionales de ocultamiento con el denominado sistema “rip-on/rip-off”, mediante el cual la droga es incorporada y posteriormente retirada del contenedor por integrantes de la organización criminal, incluso sin conocimiento del exportador.

El organismo aclara que este mecanismo no implica, de manera general, la participación de las empresas exportadoras. Por el contrario, señala que las organizaciones buscan infiltrarse en distintos eslabones de la cadena logística mediante la colaboración de operadores de transporte, trabajadores portuarios u otros actores que facilitan la introducción y posterior recuperación de los cargamentos ilícitos.

Además del uso de exportaciones legales, el informe describe otras estrategias utilizadas para mover cocaína por vía marítima. Entre ellas menciona la construcción de compartimentos ocultos dentro de contenedores, modificaciones en las paredes de unidades refrigeradas, paquetes adheridos al casco de embarcaciones y operaciones ejecutadas por buzos para colocar o retirar la droga una vez que los barcos han zarpado o alcanzado el puerto de destino.

La dimensión internacional del fenómeno también se refleja en los mercados de consumo. Si bien Europa y Norteamérica continúan siendo los principales destinos de la cocaína producida en Sudamérica, la UNODC advierte un creciente interés de las organizaciones criminales por Oceanía. Australia y Nueva Zelanda presentan algunos de los niveles de consumo y de precios más elevados del mundo, lo que incrementa la rentabilidad de los cargamentos que logran superar los controles internacionales.

El crecimiento del tráfico ocurre en paralelo a un aumento histórico de las incautaciones. De acuerdo con el informe, América del Sur concentró el 64% de todos los decomisos mundiales de cocaína registrados durante 2024, la mayor proporción desde que existen estadísticas comparables. Colombia encabezó ese listado con aproximadamente 966 toneladas incautadas, equivalentes a cerca del 40% del total mundial.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.

Ortega, un ex guerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, anunció el domingo que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único.

Hasta este anuncio grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión de Estados Unidos y otros países lograse una transición o comicios libres.

“Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho”, señaló el Alto Comisionado, que denunció que el poder se concentre cada vez más en el país latinoamericano.

“Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho. Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos“, dijo Türk.

El Alto Comisionado también dijo estar preocupado por “las alegaciones sobre la represión contra la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien fue detenido el 29 de junio”.

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murillo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.

Türk pidió al régimen que libere “de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente” y que garantice “que todos aquellos privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad”.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, señaló el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, lamentando que la expresión independiente de ideas y opiniones sea reprimida en Nicaragua “de forma sistemática”.

El domingo, el presidente de Nicaragua cerró explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al declarar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

“Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, indicó en un discurso durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista.

Türk no sólo criticó estas declaraciones sino también otros hechos que en su opinión “acentúan las restricciones a las libertades fundamentales”, como la reciente revocación de credenciales de abogados “sin fundamento jurídico ni explicación oficial alguna”.

También recordó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente en el país centroamericano por motivos políticos, y la creciente represión a la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas.

En este sentido, el alto comisionado recordó la falta de información de las autoridades sobre el paradero del obispo Abelardo Mata, de 80 años, desde su detención el 29 de junio.

La verificación representa un respaldo técnico a una de las principales apuestas de la política antidrogas del Gobierno: promover la transición voluntaria de campesinos hacia actividades legales, en lugar de privilegiar la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Sin embargo, esa validación coincide con un panorama nacional marcado por el crecimiento de las áreas sembradas con coca y de la producción potencial de cocaína.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la Unodc confirmó, mediante su programa de monitoreo a la sustitución de cultivos, que esas 15.000 hectáreas dejaron de estar dedicadas a la coca y pasaron a actividades productivas legales. La certificación responde directamente a la cifra mencionada por Petro ante el Congreso.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que ese resultado se alcanzó gracias al trabajo conjunto con las comunidades campesinas y sin recurrir a mecanismos de erradicación forzada.

“Y ya tenemos certificada por las Naciones Unidas quince mil hectáreas erradicadas, pero son treinta y dos mil”, afirmó el presidente, al tiempo que sostuvo que en agosto el organismo internacional certificaría una cifra superior.

Petro atribuyó esos resultados a los procesos de diálogo desarrollados con comunidades de departamentos como Nariño, Putumayo y Norte de Santander, así como de otras regiones afectadas por los cultivos ilícitos.

“Logré simplemente hablando, simplemente ganando la confianza campesina en Nariño, en Putumayo, en Norte de Santander, en otros lugares, que pacíficamente el mismo campesino arrancara la mata de raíz, no las hojas, y sustituyera”, expresó el mandatario durante su discurso.

No obstante, aunque la Unodc verificó las 15.000 hectáreas mencionadas por el presidente, la información disponible no confirma públicamente la cifra de 32.000 hectáreas que también fue anunciada por Petro en la misma intervención.

La oficina de Naciones Unidas cuenta con un registro detallado de los predios incluidos en el programa de sustitución. Sin embargo, ese mapa no es divulgado debido a razones de seguridad para las familias campesinas que participan en el proceso.

Según la información conocida, las áreas verificadas se encuentran principalmente en Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Vichada, territorios históricamente afectados por la presencia de economías ilegales y grupos armados.

Aunque la sustitución voluntaria recibió ese respaldo técnico, los indicadores nacionales continúan reflejando un crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos.

El más reciente informe oficial de la Unodc indicó que durante 2023 Colombia alcanzó 253.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta registrada hasta ese momento, además de una producción potencial estimada en 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con cifras extraoficiales citadas por El Tiempo, para 2024 esos registros habrían aumentado hasta 262.000 hectáreas y una producción potencial cercana a las 3.001 toneladas de cocaína.

Diversos analistas han señalado que el énfasis del Gobierno en la sustitución voluntaria coincidió con una disminución significativa en las labores de erradicación manual, situación que ha generado cuestionamientos sobre la estrategia integral para enfrentar el crecimiento de los narcocultivos.

Las diferencias también se evidencian en los datos de remoción de cultivos. Mientras en 2020 las autoridades reportaron la destrucción de cerca de 130.000 hectáreas de coca, cifras del Ministerio de Defensa indican que durante 2025 apenas se habían removido poco más de 8.000 hectáreas.

El informe de Naciones Unidas también advierte que la expansión de los cultivos continúa concentrándose en un número reducido de municipios. De los 1.122 municipios del país, 180 presentan presencia de coca y cerca de la mitad de todas las hectáreas sembradas se concentran en apenas diez municipios.

Además, el organismo internacional señaló que el 47 % del total nacional permanece en enclaves cocaleros que mantuvieron una variación estable durante el último año analizado.

Entre los territorios con mayores incrementos aparecen Tumaco, en Nariño, y Tibú, en Norte de Santander, dos municipios estratégicos para las negociaciones de la política de Paz Total. Tumaco recuperó el primer lugar nacional con aproximadamente 31.300 hectáreas sembradas, unas 8.300 más que el año anterior, mientras Tibú pasó de cerca de 23.000 a alrededor de 26.000 hectáreas.

Las autoridades de Corea del Sur interceptaron y capturaron en marzo un buque acusado de violar las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU impuestas a Corea del Norte, según informó la agencia Yonhap citando a un funcionario del Ministerio de Exteriores surcoreano. El carguero, conocido como Prada y también como Sophia, fue capturado dos meses antes de ser acusado formalmente por Corea del Sur, Estados Unidos y la Unión Europea de infringir las restricciones que prohíben a Pyongyang exportar carbón e hierro.

El funcionario indicó que Corea del Sur realizó una investigación sobre el navío y determinó que efectivamente violó las sanciones establecidas para frenar el desarrollo del programa nuclear norcoreano. “La investigación confirmó las infracciones y el buque fue incautado como medida de seguimiento en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”, declaró la fuente. El buque fue trasladado al puerto de Pyeongtaek, ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Seúl.

El comercio marítimo de carbón y minerales de Corea del Norte se intensificó a pesar de las sanciones internacionales, según denunció la ONG surcoreana Alianza Ciudadana Defensora de los Derechos Humanos en Corea del Norte (NKHR). El incremento coincide con un acercamiento reciente de Pyongyang a China y Rusia y con la apuesta del dictador norcoreano Kim Jong-un por modernizar las minas del país.

De acuerdo con el informe ‘Sailing Sanctions’, las detecciones de buques de gran tamaño en los cinco principales puertos norcoreanos aumentaron de 783 en 2019 a 3.756 en 2025. Más de 3.000 de esos movimientos correspondieron al puerto de Nampo, la mayor terminal norcoreana de petróleo y carbón y principal puerta marítima del país, según el reporte elaborado junto al centro de investigación británico Data Desk.

La organización advirtió que muchas de las embarcaciones de 80 metros o más, capaces de transportar carbón y otras mercancías de gran volumen, navegan ahora bajo bandera china, en contraste con la práctica anterior de usar pabellones de países distintos al del propietario.

Además de la tensión peninsular entre Seúl y Pyongyang, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, India, Australia y Japón, integrantes del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), reafirmaron este miércoles en Manila su compromiso con la “paz y estabilidad” en el Indopacífico, en un contexto de creciente influencia regional de China.

“Estamos unidos en nuestra convicción de que la paz y la estabilidad en el dominio marítimo del Indopacífico sustentan la seguridad y la prosperidad de la región”, señalaron en un comunicado conjunto tras la reunión celebrada en la capital filipina, paralela al encuentro anual de ministros de Exteriores de la ASEAN.

La cita coincide con un aumento de la tensión en el mar de China Meridional, donde la soberanía es disputada por Beijing, varios países del Sudeste Asiático y Taiwán. Esta semana se registró un incidente entre guardacostas chinos y marines filipinos en un atolón reclamado por ambas partes.

El Quad advirtió sobre el riesgo de que estas aguas se conviertan en escenario de un potencial conflicto indirecto entre China y Estados Unidos, que mantiene un pacto de defensa mutua con Filipinas. Los cancilleres del Quad subrayaron su compromiso de cooperar con los países de la ASEAN en materia de seguridad marítima, prosperidad y seguridad económica, tecnologías críticas y emergentes, y asistencia humanitaria y respuesta a emergencias.

La alianza, creada en 2007, busca fortalecer la región frente a la influencia de China e incrementó su cooperación en seguridad marítima, cadenas de suministro y minerales críticos, sectores donde el procesamiento global está dominado por Beijing. En la red social X, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, resaltó que los miembros del Quad “comparten la visión de un Indopacífico libre y abierto, basado en el Estado de derecho, la soberanía y la integridad territorial”, y anunció que la alianza celebrará una nueva reunión antes de fin de año.

(Con información de EFE)

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela hace casi un mes ascendió a 5.346, tras la suma de 68 decesos reportados el martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantiene en 16.740 y se contabilizan 17.907 personas sin vivienda, de acuerdo con el balance difundido por el titular del Parlamento.

Actualmente, 23.122 personas permanecen en 107 campamentos transitorios y 128.324 familias recibieron atención por parte de las autoridades. El desastre dejó 856 edificios afectados y 190 colapsados. Desde el doble sismo del 24 de junio, se registraron 1.405 réplicas.

El lunes, el Gobierno entregó las primeras viviendas a más de 240 familias afectadas, en un acto encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Además, las autoridades convocaron el martes a familiares de víctimas a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos, especialmente en morgues de La Guaira y Bello Monte, Caracas, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio de Interior.

El Gobierno chavista remarcó que el objetivo es “lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias”. Las personas deberán acudir a la sede del Senamecf en Bello Monte, Caracas, entre lunes y sábado, de 8.30 a 18.00 hora local, para la realización de las pruebas de ADN, según informaron el Senamecf y el Ministerio de Interior.

Las autoridades no ofrecieron cifras oficiales de desaparecidos. La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ registra 29.500 personas en paradero desconocido tras los terremotos. Cifras no confirmadas recibidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas estiman que el número de desaparecidos podría alcanzar los 50.000.

En La Guaira, identificada como la zona cero del doble sismo, rescatistas y voluntarios mantienen las labores de búsqueda para localizar los cuerpos de las personas fallecidas que aún permanecen bajo los escombros de los edificios derrumbados. El Ministerio de Salud venezolano anunció también el martes un intenso despliegue de fumigación y control sanitario en varias parroquias de La Guaira. Las acciones incluyeron fumigación, rociamiento, desinfección y desratización para frenar la proliferación de mosquitos y otros vectores tras las recientes contingencias ambientales.

El operativo contó con cuadrillas de fumigadores e inspectores de salud, organizados para cubrir estratégicamente los sectores abordados y mitigar los riesgos epidemiológicos en la zona, según informó la cartera en un comunicado. La jornada se concentró especialmente en las parroquias Caraballeda, La Guaira y Macuto.

En paralelo, Delcy Rodríguez agradeció el martes a la delegación de auxilio y asistencia humanitaria de Israel por las operaciones de apoyo realizadas en el país tras el doble terremoto del 24 de junio. Según una nota de Prensa Presidencial, Rodríguez sostuvo una reunión con la delegación israelí, que concluyó sus labores en territorio venezolano.

El equipo de Israel, con respaldo de la comunidad judía venezolana, incluyó ingenieros civiles cuya labor se centró en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia.

Rodríguez ya se había reunido con este grupo hace dos semanas, en un encuentro donde también participaron otras delegaciones internacionales para coordinar la remoción de escombros. En esa ocasión estuvo presente Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien brindó asesoramiento sobre el manejo de residuos.

(Con información de EFE)

Durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ministra de Vivienda de El Salvador, Michelle Sol, subrayó ante representantes de 193 países que el déficit habitacional persiste como uno de los retos más urgentes y complejos de América Latina y el Caribe.

En el foro global, la funcionaria insistió en que la problemática trasciende lo técnico y adquiere dimensiones financieras, lo que exige respuestas innovadoras y coordinadas.

Sol estuvo acompañada por la representante permanente de El Salvador ante la ONU, Egriselda López, y expuso que el acceso universal a la vivienda digna no puede alcanzarse sin mecanismos de financiamiento que respondan a la realidad económica de las familias.

Detalló que el principal obstáculo ya no es únicamente la construcción de nuevas viviendas, sino la capacidad de facilitar créditos de largo plazo con tasas de interés accesibles y cuotas adaptadas a los ingresos de la población.

La ministra recordó que, hace apenas unos años, El Salvador figuraba entre los países más violentos del mundo, lo que restringía el desarrollo urbano y social. En 2018, más de nueve salvadoreños perdían la vida cada día a causa de la violencia.

Este contexto, explicó, condicionaba la vida cotidiana y las oportunidades de desarrollo. Sin embargo, afirmó que la situación ha cambiado y que ahora la seguridad también forma parte de la política urbana, convirtiéndose en una condición indispensable para el desarrollo sostenible.

En su intervención, la funcionaria señaló que la estrategia de El Salvador combina acceso al financiamiento, seguridad jurídica, planificación urbana y una colaboración estrecha con el sector privado.

El objetivo es facilitar la construcción de viviendas de interés social y ampliar las oportunidades de acceso para más familias. Sol enfatizó que la solución al déficit habitacional requiere políticas de financiamiento innovadoras y acciones integrales coordinadas entre los sectores público y privado.

Sol remarcó que ningún país podrá cerrar su déficit habitacional si las familias no cuentan con acceso a financiamiento de largo plazo y con tasas de interés accesibles. Por ello, realizó un llamado a la comunidad internacional, organismos multilaterales, sector financiero y sector privado para colocar el financiamiento de la vivienda en el centro de la agenda internacional, reconociendo que la velocidad con la que se pueda reducir el déficit dependerá de la capacidad para ampliar estos mecanismos.

La ministra reafirmó el compromiso de El Salvador de continuar impulsando programas y proyectos orientados a transformar la realidad de las familias. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran cooperativas de vivienda, créditos para construcción y vivienda social, esquemas de alquiler y otras soluciones que atienden necesidades específicas de la población salvadoreña.

El discurso de Michelle Sol en la ONU puso de relieve la urgencia de adoptar políticas regionales que permitan una urbanización sostenible, con énfasis en la equidad y la inclusión financiera. Además, reconoció el papel clave de la seguridad urbana y la colaboración multisectorial como condiciones habilitantes para el desarrollo de soluciones habitacionales a largo plazo.

La ministra concluyó con un mensaje de invitación a los países miembros y a los actores internacionales para que el tema de la vivienda digna y el financiamiento accesible no quede relegado, sino que forme parte prioritaria de la agenda global de desarrollo sostenible.

El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, instó este lunes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a acelerar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, subrayando que la falta de transporte aéreo estratégico y el reducido número de efectivos en misión obstaculizan la restauración de la seguridad en el país vecino.

La intervención de Álvarez se produjo durante una sesión dedicada a la crisis haitiana, donde reiteró el respaldo dominicano a la renovación del mandato de la GSF y de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití.

Según informó Diario Libre, Álvarez subrayó que, a pesar de que la misión fue autorizada para desplegar hasta 5,550 efectivos, actualmente hay poco más de mil en Haití.

“Esa diferencia representa el principal desafío para el éxito de la misión”, señaló el canciller, quien explicó que la escasez de transporte aéreo estratégico impide trasladar con rapidez los contingentes y equipos comprometidos.

El ministro exhortó a los Estados con capacidad logística a ponerla a disposición de la misión, insistiendo en que “no debería un obstáculo de naturaleza puramente logística interponerse entre la comunidad internacional y la protección de todo un pueblo”.

Durante la sesión, Álvarez afirmó que la recuperación de la seguridad constituye una condición indispensable para la celebración de elecciones libres en Haití. El canciller dominicano pidió la aplicación plena del régimen de sanciones de la resolución 2653, dirigido no solo a los líderes de las bandas, sino también a quienes financian, facilitan el tráfico ilícito de armas o apoyan material o políticamente a estas estructuras criminales.

Además, el funcionario respaldó la propuesta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para impulsar una estrategia regional que enfrente las redes criminales transnacionales asociadas a las pandillas haitianas. “Una fuerza internacional puede ayudar a recuperar el territorio; solamente instituciones haitianas sólidas podrán conservarlo de manera permanente”, afirmó Álvarez según Diario Libre.

En la misma sesión, el Consejo de Seguridad de la ONU analizó la situación haitiana en voz de su representante especial, Carlos Ruiz Massieu, quien aseguró que el país atraviesa una “ventana de oportunidad” para avanzar en su transición política y organizar elecciones.

Según reportó la agencia EFE, Ruiz Massieu destacó como logros recientes la revisión del decreto electoral, el consenso sobre el presupuesto de los comicios y el inicio del registro de votantes.

El diplomático insistió en que el siguiente paso será aprobar un calendario electoral “creíble y realista”, pero advirtió que la violencia de las bandas armadas continúa siendo el obstáculo principal para recuperar la estabilidad.

Ruiz Massieu remarcó que los preparativos para las elecciones y la mejora de la seguridad “deben avanzar juntos”, señalando que la violencia no puede convertirse en un motivo para retrasar el proceso político.

El representante de la ONU expuso que millones de haitianos siguen desplazados o en situación de inseguridad alimentaria, y que “uno de cada dos integrantes de las pandillas podría ser un menor de edad”.

Por su parte, Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC, advirtió que las bandas armadas no solo buscan controlar territorio, sino también apoderarse de las instituciones y de los principales circuitos económicos.

Alertó sobre la expansión de estas organizaciones fuera de Puerto Príncipe y sobre la llegada constante de armas desde el extranjero, reclamando una respuesta regional coordinada ante el avance del crimen organizado.

El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), Jack Christofides, informó que la misión ya cuenta con estructura de mando, una base operativa y ha realizado operaciones en Tabarre y Delmas, donde se detuvo a sospechosos, se confiscaron armas y se destruyeron cocteles molotov.

Christofides advirtió que la misión aún se encuentra en una etapa inicial y solicitó mayor apoyo internacional para reforzar la presión sobre las bandas armadas.

El compromiso de República Dominicana con la estabilidad en Haití fue reiterado por el titular de Exteriores, quien aseguró que el país seguirá cooperando con la ONU, apoyando a la GSF y reforzando la lucha contra el tráfico ilícito de armas.

Durante su intervención, Álvarez estuvo acompañado por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente dominicano ante la ONU. La sesión dejó en evidencia tanto el apoyo regional como el consenso internacional sobre la urgencia de reforzar la seguridad para permitir la normalización institucional y democrática en el país caribeño.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió a través de un comunicado de prensa la preocupación que manifestaron algunos de sus expertos respecto a los obstáculos que enfrentaron las familias de personas desaparecidas para protestar durante la Copa del Mundo 2026 en México.

Los especialistas recibieron reportes de actos de intimidación, vigilancia y restricciones impuestas a quienes buscaban visibilizar la crisis de desapariciones que suma más de 133 mil personas no localizadas en el país.

Familias buscadoras fueron víctimas de hostigamiento e intimidación

Entre las situaciones denunciadas, los familiares organizaron manifestaciones pacíficas, actividades simbólicas, como la instalación del memorial o antimonumento dedicado a las víctimas de desaparición forzada en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, y que en menos de 24 horas fue removido, presuntamente por autoridades.

Asimismo, la respuesta desde el poder federal acusó a las madres buscadoras de Jalisco que se manifestaron al exterior del Estadio Azteca de haber recibido apoyo para trasladarse y aseguró, el paso 11 de junio, que iniciaría con investigaciones para esclarecer los hechos.

El objetivo de estas expresiones era captar la atención internacional sobre el elevado número de desapariciones en México y reiterar sus exigencias de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, algunos actos habrían sufrido limitaciones por parte de las fuerzas de seguridad desplegadas en las ciudades sede.

De acuerdo con los reportes, varias personas distribuyeron avisos de búsqueda en las inmediaciones de los estadios, siendo rodeadas por la policía a pesar de hacerlo de manera pacífica. Otros grupos no pudieron llegar a sus protestas, mientras que integrantes de colectivos fueron llamados a comparecer ante autoridades el mismo día de la inauguración del torneo, lo que dificultó su participación.

ONU al Estado mexicano: proteger a las familias de personas desaparecidas

El pronunciamiento de los expertos de la ONU subraya: “Los Estados deben garantizar los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión, y asegurar que las víctimas y quienes defienden derechos humanos puedan ejercer sus actividades legítimas sin vigilancia, intimidación ni represalias”. Según los especialistas, los eventos deportivos globales abren una ventana crucial para que movimientos sociales y organizaciones civiles expongan problemas sistémicos ante la mirada internacional.

Las autoridades mexicanas, señala el comunicado, adoptaron algunas medidas en materia de derechos humanos durante el Mundial, lo que los expertos reconocen como un avance. Sin embargo, instan a que se proteja de manera efectiva a las familias que buscan a sus seres queridos, y a que las denuncias de interferencia indebida se investiguen rápida y objetivamente.

La ONU mantiene comunicación con el Gobierno de México sobre estos hechos. Los expertos agradecieron la disposición de las autoridades mexicanas para dialogar sobre el tema y reiteraron la importancia de que el Mundial no implique un retroceso en el espacio cívico ni en los derechos de las víctimas.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que en la final de la Copa del Mundo, las familias buscadoras fueron las ganadoras, porque lograron visibilizar la crisis de desaparición en el país ante la mirada internacional

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha dirigido su mirada hacia la Luna, dejando que su luz plateada inspire sueños, preguntas y leyendas.

Hoy, ese vínculo ancestral recibe un nuevo significado: las Naciones Unidas decidieron que cada 20 de julio el mundo celebre el Día Internacional de la Luna, una invitación a recordar el instante en que la humanidad tocó otro mundo y a renovar el asombro por el único satélite natural de la Tierra.

No es solo una fecha en el calendario ni un simple homenaje al pasado. Es un puente entre generaciones, una promesa compartida de explorar y proteger un territorio que, aunque lejano, forma parte de nuestra historia y nuestro futuro. La resolución 76/76 de la ONU convirtió a la Luna en símbolo universal de descubrimiento, cooperación y esperanza ante los misterios que aún aguardan en el cielo.

Las Naciones Unidas celebran el 20 de julio como Día Internacional de la Luna, un reconocimiento al legado del Apolo 11 y al valor científico y simbólico de nuestro satélite, clave en la historia y el futuro de la humanidad.

Las Naciones Unidas instituyeron el Día Internacional de la Luna para que cada 20 de julio el mundo recuerde el aniversario del primer aterrizaje humano en la superficie lunar y el impacto de la exploración lunar en la ciencia, la cooperación y el conocimiento global. La resolución 76/76, adoptada en 2021 bajo el título “Cooperación internacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”, fijó la fecha para que coincida con el histórico alunizaje del Apolo 11, ocurrido en 1969, y para que la Luna sea celebrada como un territorio de descubrimientos.

La declaración de este nuevo día internacional responde a una doble misión: conmemorar el pasado y proyectar el futuro.

Por un lado, rinde homenaje a la gesta del Apolo 11, que demostró que los seres humanos podían llegar a otro cuerpo celeste. Por otro, impulsa la conciencia pública sobre la exploración lunar como motor para la ciencia, la tecnología y la colaboración internacional. La resolución reconoce que la Luna es “un territorio de conocimiento, no solo de conmemoración histórica”, y busca que su exploración sea vista como un esfuerzo colectivo de toda la humanidad.

La Luna siempre despertó la curiosidad de civilizaciones y científicos, que durante siglos la observaron para entender su origen y sus misterios.

Las primeras observaciones telescópicas y, más tarde, la llegada de la era espacial abrieron un nuevo capítulo en la relación entre la humanidad y su único satélite natural. Desde entonces, las misiones robóticas y tripuladas fueron cruciales para descifrar los secretos del sistema Tierra-Luna.

Un símbolo de cooperación internacional y ciencia planetaria

La declaración del Día Internacional de la Luna por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el valor de la cooperación internacional en el espacio ultraterrestre desde los primeros años de la era espacial. La familia de la ONU se propuso, desde 1967 con el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, que la Luna y otros cuerpos celestes fueran patrimonio común, dedicados a fines pacíficos y ajenos a disputas geopolíticas.

La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas (UNOOSA) coordina hoy la cooperación global para el uso pacífico del espacio y la aplicación de la legislación espacial internacional. UNOOSA mantiene el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre y sirve como secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS).

La fecha elegida, el 20 de julio, coincide con la jornada en la que, en 1969, Neil Armstrong y Edwin Aldrin caminaron por primera vez sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins permanecía en órbita. Armstrong fue el primero en descender y pisar la Luna, pronunciando la frase inmortal: “Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”. Ese episodio no solo marcó un antes y un después en la historia de la exploración, sino que elevó a la Luna al rango de símbolo universal de lo posible.

El Día Internacional de la Luna tiene como objetivo adicional celebrar los logros de todos los países en la investigación lunar y fomentar la conciencia sobre la importancia de estudiar y utilizar de manera sostenible los recursos lunares. El aniversario no solo recuerda el pasado, sino que subraya el valor de la ciencia y la cooperación en el presente y el futuro.

Este 2026, el 20 de julio encuentra a la Luna en fase creciente, con el 38,9% del disco lunar iluminado y una edad de 6,33 días dentro de su ciclo, según la plataforma The Sky Live.

El cuarto creciente llegará el 21 y la Luna llena el 29 de julio, por lo que quienes miren el cielo verán un satélite que aún no alcanza la mitad de su ciclo, pero que crece cada noche.

Claves científicas y curiosidades de un satélite sin igual

La exploración lunar volvió a cobrar prioridad en la agenda internacional por el valor científico y estratégico que representa. La superficie lunar funciona como un registro de impactos, lo que permite a los científicos calibrar la cronología de cráteres y rocas y afinar los modelos sobre la formación de planetas rocosos.

Además, las regiones polares de la Luna albergan depósitos de hielo de agua en sombras perpetuas, un recurso fundamental para comprender el origen del agua en el sistema solar y para sostener futuras misiones humanas y robóticas.

Las nuevas campañas de exploración buscan también probar tecnologías para energía, hábitats, navegación y minería de regolito en un ambiente cercano pero hostil, antes de dar el salto a Marte. La Luna, por su proximidad y condiciones extremas, permite ensayar soluciones técnicas y logísticas que serán críticas en la expansión de la presencia humana en el espacio.

La hipótesis del gran impacto es la explicación más aceptada sobre el origen de la Luna: un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó con la Tierra primitiva y del material expulsado se formó el satélite.

El debate actual se centra en cómo fue ese impacto y qué proporción de materiales terminó en la Luna, ya que su composición se parece mucho a la de la Tierra. Resolver ese misterio ayuda a entender la evolución de los planetas rocosos tanto en nuestro sistema como en otros.

La Luna mantiene una rotación sincrónica, lo que significa que tarda lo mismo en girar sobre su eje que en orbitar la Tierra, y por eso siempre muestra la misma cara. Este fenómeno, llamado acoplamiento de marea, obedece a la interacción gravitacional entre ambos cuerpos y afecta, entre otros aspectos, la estabilidad del eje terrestre y las mareas, que regulan ecosistemas y costas.

La Luna no solo es el quinto satélite más grande del sistema solar, con un radio de 1.738 kilómetros, sino que su tamaño y cercanía la vuelven el objeto más brillante del cielo nocturno.

Su relación particular con el Sol permite los eclipses totales, ya que, aunque es 400 veces más pequeña que el Sol, está 400 veces más cerca de la Tierra, logrando cubrirlo casi exactamente en ciertas posiciones.

La superficie lunar está cubierta por regolito, un polvo abrasivo generado por impactos, y presenta sismos conocidos como moonquakes, que pueden durar hasta media hora y se deben a tensiones internas y cambios térmicos.

La Luna también tiene agua, antes considerada exclusiva de los polos, pero hoy se sabe que cantidades variables de hidratación se distribuyen por toda la superficie, liberadas por impactos de meteoroides.

El Día Internacional de la Luna, además de resaltar el valor de los logros pasados, subraya la importancia de expandir el conocimiento sobre el satélite. La misión Apolo 11 cambió para siempre la pregunta central: de “¿podemos llegar?” a “¿qué puede revelar la Luna sobre la Tierra, el sistema solar y la expansión futura de la humanidad?”.

La exploración lunar moderna prioriza tres frentes: reconstruir la historia temprana del sistema Tierra-Luna, buscar agua y otros recursos que faciliten la permanencia humana, y probar tecnologías antes de aplicarlas en destinos más lejanos.

El programa Artemis de la NASA busca volver a llevar astronautas y sostener presencia cerca del polo sur lunar, mientras que otros países y agencias avanzan con misiones robóticas para cartografiar recursos y estudiar el subsuelo.

La Luna influye en la dinámica de nuestro planeta, estabilizando el eje de rotación y modulando las mareas, pero su impacto científico es aún mayor: permite reconstruir la historia temprana de la Tierra, demasiado activa en sus inicios como para conservar huellas de su pasado.

Cada rareza lunar —desde el regolito hasta los sismos y los volátiles atrapados en los polos— es una pista esencial para entender procesos universales.

Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, criticó la reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

La relatora llamó a “cesar toda estigmatización y descrédito” contra las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que han acompañado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Cabe señalar que la relatora especial de la ONU se suma a una serie de condenas por la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, al criticar que ese pronunciamiento exime al Ejército Mexicano de los hechos.

Sin embargo, el documento de la CNDH contrasta con el hecho de que 17 integrantes de las Fuerzas Armadas están siendo procesados por lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Alerta sobre ataque contra organizaciones civiles en recomendación de CNDH

Este viernes, a través de su cuenta de X, la relatora especial de la ONU compartió su postura respecto a la publicación de la recomendación 208VG/2026 de la CNDH, la cual, explícitamente, deslegitima el trabajo de las organizaciones civiles que han estado al lado de los familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Andrea Bolaños apuntó haber recibido información de que en la resolución, firmada por Rosario Piedra Ibarra, se “incluye un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas, desacreditando su labor”.

Defiende trabajo de GIEI y CoVAJ

La experta colombiana advirtió que la recomendación “deslegitima” el trabajo de instancias que, desde su punto de vista, avanzaron en la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Además, la especialista sostuvo que esa recomendación también desacredita los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), organismos que, señala, han intervenido en el esclarecimiento y la ruta de investigación del caso.

“Recuerdo, con carácter de urgencia, que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está protegido, y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización que enfrentan quienes lo ejercen”, expresó la experta de las Naciones Unidas.

También hizo “un llamado a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor”.

CNDH de Rosario Piedra se inventa “antiverdad” del caso Ayotzinapa

A través de su polémica recomendación, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, salió abiertamente en defensa del Ejército Mexicano e incluso acuñó el término “antiverdad” para atacar a todos aquellos que han exhibido la participación de las autoridades en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Días después de que la recomendación fue publicada, la misma CNDH compartió una “nota aclaratoria” en la que respondió a las críticas, pero no hizo ninguna corrección sobre el rol de los militares en el caso Ayotzinapa.

Todo lo contrario, se lanzó contra expertos como el abogado Alejandro Martínez, extitular de la Dirección Especial para el Caso Ayotzinapa de la CNDH, que denunció que la recomendación tuvo “el objetivo de proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

El tema escaló al plano internacional, pues la relatora especial de la ONU Andrea Bolaños criticó la más reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, solicitó a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dar seguimiento a las muertes de migrantes mexicanos en Estados Unidos, que han ocurrido bajo custodia o en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglasne inglés).

En la carta dirigida directamente a Volker Türk, Monreal informó que al menos 18 personas mexicanas han perdido la vida en hechos ligados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos: 14 fallecieron en centros de detención migratoria y cuatro durante operativos de aseguramiento.

El legislador explicó que estos hechos se producen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, incremento de redadas y ampliación de los centros de reclusión.

Pide intervención institucional y cooperación internacional

Monreal indicó que la Cámara de Diputados respalda la acción del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se suma formalmente al requerimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que la Oficina del Alto Comisionado recabe información de las autoridades estadounidenses y analice la compatibilidad de estos hechos con obligaciones internacionales en derechos humanos.

Asimismo, pidió que se formulen recomendaciones y que el caso se transmita a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Resaltó que existen testimonios sobre detenciones mediante operativos sorpresivos, agentes armados y sin identificación clara, así como separación abrupta de familias y obstáculos para mantener comunicación con representantes legales.

También mencionó denuncias sobre uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, condiciones inadecuadas de internamiento y posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El legislador subrayó que la gravedad y reiteración de las denuncias exigen investigaciones independientes, imparciales y efectivas con participación de las familias y acceso oportuno a la información.

Añadió que se requieren medidas de prevención, supervisión institucional y rendición de cuentas para identificar responsabilidades y evitar que los hechos se repitan.

“La condición migratoria de una persona no disminuye su dignidad ni suspende sus derechos fundamentales. Toda persona sometida a la jurisdicción de un Estado debe ser protegida frente a actos arbitrarios y recibir un trato compatible con su condición humana”, señaló.

Monreal puntualizó que la defensa de las personas mexicanas en el exterior es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano y un deber compartido por sus instituciones.

“Frente a la pérdida de vidas humanas, a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y a las posibles vulneraciones de derechos humanos, guardar silencio o permanecer indiferente no es una opción”, enfatizó.

Revisión de obligaciones internacionales y mecanismos de protección

El diputado morenista recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Estados Unidos es parte, protege el derecho a la vida, prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, y dispone que toda persona privada de libertad sea tratada con respeto a su dignidad.

Añadió que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce la importancia de la comunicación y asistencia consular para personas extranjeras detenidas.

Monreal concluyó que la situación expuesta exige una “mirada humana, capaz de reconocer que la protección de la vida y de la dignidad debe ocupar siempre un lugar central en la actuación de las instituciones públicas”.

Por ello, pidió que la comunidad internacional no cierre los ojos ante hechos que pueden comprometer obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El más reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, generó gran polémica al exculpar al Ejército mexicano de participar en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero, pero no fue lo único que reportó el organismo, también deslegitimó el trabajo de las organizaciones civiles que han participado en las investigaciones en los últimos 10 años.

En ese contexto, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Andrea Bolaños Vargas, cuestionó la recomendación 208VG/2026 e hizo un llamado “a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de DDHH”.

La funcionaria escribió a través de sus redes sociales que en la última recomendación publicada por el organismo de derechos humanos, se incluyó “un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas, desacreditando su labor”.

El señalamiento de la relatora no se limita a una diferencia de criterio. En su publicación, remarcó “con carácter de urgencia” que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está amparado y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización de quienes ejercen esa labor.

El mensaje coloca el foco en un punto sensible del caso Ayotzinapa. Durante años, las familias de los 43 normalistas han estado acompañadas por organizaciones civiles, expertos independientes y mecanismos de investigación que documentaron irregularidades, omisiones y posibles responsabilidades de agentes del Estado. Por eso, el cuestionamiento a esas organizaciones no se leyó como una nota al pie, sino como una toma de posición dentro de una disputa más amplia sobre qué versión de los hechos debe prevalecer, sobre todo porque la CNDH nombró su propia versión: “Anti Verdad Histórica”.

En ese marco, la relatora de la ONU apuntó de forma directa a la necesidad de cesar “toda forma de estigmatización y descrédito” contra personas defensoras de derechos humanos. También pidió garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo.

El documento trastoca una herida que permanece latente

La publicación de Bolaños Vargas subrayó otro punto de fondo: la recomendación, dijo, deslegitima el trabajo que realizaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

No se trata de instancias marginales ni de actores improvisados. Su participación fue parte de los esfuerzos más visibles para desmontar versiones oficiales previas, revisar pruebas y abrir rutas de investigación.

Ese señalamiento cobra fuerza porque el caso Ayotzinapa no arrastra solo una deuda judicial, sino también una larga batalla por la narrativa. Cada documento, informe, recomendación o pronunciamiento entra de inmediato a una zona de disputa.

El pronunciamiento de la ONU eleva la presión sobre las autoridades mexicanas

La intervención de Andrea Bolaños Vargas eleva el costo del debate para las autoridades mexicanas porque traslada la polémica a un plano internacional. Ya no se trata solo de una discusión interna entre organismos, expertos y colectivos acompañantes, ahora surge el posicionamiento de una relatora de la ONU advirtiendo que el Estado debe actuar sin demora frente a la estigmatización de personas defensoras.

Ese pronunciamiento también devuelve al centro una pregunta que el caso arrastra desde hace años: si la prioridad institucional está puesta en garantizar verdad y justicia para las víctimas o en disputar el sentido de las investigaciones previas.

En su recomendación, la CNDH insistió en que su papel es el de garantizar la búsqueda de la verdad para las víctimas y reiteró que su prioridad son las familias de los jóvenes, sin embargo, su versión contradice años de investigación independiente.

En su llamado final, la relatora del organismo internacional pidió respeto para la labor de las personas defensoras y exigió que se detenga el descrédito en su contra.

La próxima elección del Secretario General de las Naciones Unidas trasciende el habitual recambio de autoridades en el principal organismo multilateral del planeta. El complejo escenario geopolítico actual exige un timonel capaz de devolver relevancia, credibilidad y capacidad de acción a un sistema multilateral que atraviesa una de las etapas más críticas de su historia. Será la oportunidad de definir qué tipo de liderazgo necesita el sistema internacional para afrontar una etapa marcada por tensiones y desafíos globales sin precedentes.

En este contexto, la selección del reemplazante de António Guterres adquiere una dimensión excepcional y debería basarse en méritos objetivos. El cargo demanda una combinación poco frecuente de experiencia diplomática, capacidad técnica, dinamismo personal e independencia política. El futuro titular de la ONU deberá fortalecer la autoridad política del organismo, restaurar la confianza en el multilateralismo, reconstruir puentes entre gobiernos enfrentados, fortalecer la cooperación internacional y recuperar espacios de diálogo en un mundo en el que predominan la desconfianza y la lógica de la confrontación.

La historia demuestra que las designaciones acertadas pueden resultar decisivas en el concierto internacional. Dag Hammarskjold elevo el perfil político de la ONU hasta convertirla en un actor de relevancia global. U Thant contribuyo a desactivar una de las crisis más peligrosas de la Guerra Fria. Javier Pérez de Cuéllar confirmó que la diplomacia discreta puede abrir caminos allí donde la confrontación parece irreversible. Kofi Annan supo imprimir una visión humanista en un período de profundas transformaciones. Todos ellos comprendieron que la fuerza del Secretario General es construir confianza.

Es precisamente ante nuevas circunstancias de recelo internacional donde la candidatura del Embajador Rafael Grossi adquiere relevancia singular. Al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el diplomático argentino ha demostrado liderazgo, rigor técnico y habilidad política. Su desempeño en algunos de los escenarios más sensibles de la agenda internacional ha permitido construir una reputación poco frecuente, la de ser respetado por países con posiciones frecuentemente antagónicas.

Esta capacidad de mediar cara a cara con líderes en conflicto demuestra una aptitud operativa que la ONU necesita con urgencia para recuperar la credibilidad en el mantenimiento de la paz y en el sistema multilateral en su conjunto.

Tras los diálogos interactivos ante la Asamblea General de la ONU y la sociedad civil, el proceso de selección inicia su fase más decisiva, la etapa de votación en el Consejo de Seguridad (CSNU). En las próximas semanas, los quince miembros –incluidos los cinco permanentes con derecho a veto– iniciarán las votaciones tentativas a puerta cerrada (Straw polls). Este procedimiento ayuda a reducir la lista de aspirantes de forma gradual hasta que algún candidato acumule al menos 9 votos a favor y ningún veto.

Esperemos que el Consejo de Seguridad reconozca que los tiempos excepcionales exigen liderazgos excepcionales para una etapa bisagra para el futuro del orden internacional. También que privilegie las cualidades que el Embajador Rafael Grossi ha acreditado con solvencia en el ejercicio de la diplomacia multilateral, al ser la figura que mejor encarna el perfil que Naciones Unidas necesita para recuperar protagonismo y enfrentar los desafíos del siglo XXI.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México no hay un retroceso en los derechos de las mujeres y que incluso, el país subió de nivel en la materia, luego de que recientemente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre una regresión a nivel mundial.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria dijo que México es uno de los países con más avances en el acceso a derechos políticos de las mujeres.

Señaló que un ejemplo de esto último son las reformas que se han implementado para garantizar que la mitad de los legisladores federales y locales, así como las candidaturas, sean mujeres.

Destacó que a esto se suma que por primera vez en 200 años, una mujer es titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pues no es el caso de México. De hecho, México subió en el ranking que se llama de Protección de Derechos de las Mujeres. Una parte tiene que ver con los derechos políticos, que México es de los países más avanzados.

“La mitad de los congresos son mujeres, la mitad de las candidaturas a gobernadoras son mujeres, a gobernadores y gobernadoras son mujeres. Ybueno, por primera vez una mujer presidenta”, dijo en Palacio Nacional.

Afirmó que también “se ha avanzado en muchos otros derechos”; sin embargo, reconoció que aún falta por avanzar en que haya un mayor número de mujeres administradoras de empresas, así como en erradicar la brecha salarial por cuestiones de género.

Esto último, a pesar de que en noviembre del 2024 se impulsó un decreto para prohibir este tipo de violencia a nivel constitucional.

“Quizá el que tenemos que seguir avanzando o los que tenemos que seguir avanzando son dos. Uno, mayor número de mujeres como administradoras de empresa, porque ahí dominan los hombres.

“Y la otra es la brecha salarial, que todavía sigue siendo importante. Es decir, que hay mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres, ganan menos. Aunque ya esté en la Constitución, pues tiene que ser una realidad”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo consideró una opción la propuesta de convocar a una reunión con otras presidentas, aunque sean pocas, para dialoigar sobre este tema e impulsar las diversas agendas afavor de las mujeres.

“Podría ser. No lo había pensado, pero es una opción”, concluyó.

En marzo pasado, ONU Mujeres advirtió sobre un retroceso mundial en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, marcado por el aumento de conflictos, presiones económicas y un rechazo cada vez más organizado a los avances en equidad.

Sarah Hendriks, directora de Políticas de ONU Mujeres, señaló que los sistemas de justicia reflejan estas presiones y no son ajenos a ellas.

El informe “Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas” reveló que, a nivel global, las mujeres solo gozan del 64% de los derechos jurídicos de los hombres, lo que las expone a discriminación, violencia y exclusión.

En más de la mitad de los países, la violación no se define por consentimiento y casi tres de cada cuatro permiten el matrimonio infantil forzado. Además, el 44% carece de leyes de igualdad salarial.

La medida fue comunicada como parte de un acuerdo para restablecer en forma plena e inmediata las relaciones diplomáticas y económicas entre Colombia e Israel, luego de la reunión entre el canciller de Colombia designado por Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

Según el comunicado difundido el 16 de julio de 2026, la próxima administración dejará sin efecto la intervención en el proceso judicial iniciado por Sudáfrica. El texto señala que Colombia asumirá una posición “seria y responsable” en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas.

“Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas, y retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, indicó el comunicado.

El acuerdo entre ambos países se logró durante una reunión en Washington entre ambos funcionarios. La hoja de ruta incluye el restablecimiento inmediato de relaciones diplomáticas, el intercambio de embajadores y la eliminación recíproca de visas.

“El canciller designado del presidente electo Abelardo De La Espriella, Omar Bula Escobar, sostuvo en Washington una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en la que se acordó una hoja de ruta para la restauración plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, a partir del 7 de agosto”, precisó el texto

El comunicado también menciona el avance hacia la apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén, definida allí como capital de Israel, con el acompañamiento de la Cancillería israelí.

La decisión responde a la intención del Gobierno entrante de modificar la política exterior adoptada por la administración de Gustavo Petro.

El comunicado afirmó que la relación histórica entre ambos países, interrumpida durante el gobierno de Gustavo Petro, volverá a fortalecerse. Colombia busca recuperar sus alianzas, su credibilidad diplomática y su posición como socio confiable en el ámbito internacional.

“El acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo”, se lee en el texto.

Por el anuncio de reestablecer las relaciones diplomáticas, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta oficial de X con un breve mensaje. El mandatario colombiano recordó las operaciones realizadas por Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, a las que calificó como “genocidio”.

Según Gustavo Petro, el jefe de Estado que apoya lo que él calificó como genocidio “será genocida en su propio país”.

“Quien apoya un genocidio será genocida en su propio pais (sic)”, indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

Durante la visita de la delegación colombiana a Estados Unidos, ambos países coincidieron en la necesidad de reanudar por completo sus vínculos políticos y comerciales. Entre los acuerdos alcanzados destaca la supresión del visado para los ciudadanos y la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén, lo que abre nuevas posibilidades para la cooperación mutua.

De acuerdo con lo anunciado, el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas se concretará el 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia. “Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos una hoja de ruta detallada para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países”, expresó Sa’ar.

Durante el Consejo de Seguridad de la ONU del miércoles 15 de julio, Estados Unidos felicitó a De la Espriella por su victoria y anunció que trabajará con su gobierno. También advirtió que cualquier amenaza contra el traspaso pacífico del poder es inaceptable.

Jeff Bartos, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, afirmó que su país felicita al pueblo colombiano y a sus autoridades por la celebración de elecciones pacíficas y democráticas.

Añadió que en la segunda vuelta del 29 de junio, “el 60%, 41 millones de votantes emitieron su voto” y señaló que el día de la elección fue pacífico, aunque expresó preocupación por la violencia política durante todo el ciclo, incluido el asesinato del senador Uribe.

Bartos agregó que Washington mantiene su preocupación por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y la producción ilegales de drogas en Colombia. También señaló que las acciones de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales amenazan la seguridad de los colombianos, de la región y de los estadounidenses.

“Estados Unidos reitera su postura de que no hay lugar para la violencia política ni para inmiscuirse en la voluntad que ha expresado libremente el pueblo colombiano. Cualquier amenaza para impedir el proceso democrático y un traspaso de poder pacífico y sin sobresaltos son inaceptables”, señaló Bartos.

La presión internacional sobre el relevo presidencial coincide así con las alertas sobre seguridad, violencia política y rezagos en la implementación del acuerdo. El llamado apunta a evitar que la confrontación política abra nuevos obstáculos para la continuidad del proceso de paz.

Secretario general de la ONU pidió al nuevo gobierno mantener continuidad del acuerdo de paz

La preservación del Acuerdo de Paz de la Habana quedó en el centro de la transición presidencial en Colombia después de que António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, pidiera sostener los avances logrados antes del relevo del 7 de agosto.

La ONU pidió mantener y proteger los avances del Acuerdo de Paz durante el cambio de gobierno en Colombia, al advertir que la transición coincide con una etapa determinante para su implementación.

En su informe sobre la Misión de Verificación correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026 y presentado en la mañana del , reclamó continuidad en las políticas de reincorporación, seguridad y desarrollo rural.

El documento también destacó las elecciones presidenciales y la participación registrada en la jornada que concluyó con la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia.

Guterres afirmó que el relevo entre administraciones debe desarrollarse de manera coordinada para evitar retrocesos. “Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”, dijo.

Además, reiteró la disposición de la organización para continuar el acompañamiento a las autoridades colombianas.

También anunció que Miroslav Jenča, representante especial para Colombia, sostendrá contactos con el nuevo gobierno para conocer sus prioridades y ofrecer apoyo técnico y la experiencia acumulada por la misión durante casi una década de trabajo en el país.

La ONU vincula la violencia con los retrasos en la implementación

EN el informe presentado por el secretario de la ONU, Antonio Guterres señaló que los asuntos de seguridad recuperaron protagonismo durante la reciente campaña presidencial.

También sostuvo que la aplicación pendiente de varios puntos del acuerdo mantiene una relación directa con la persistencia de la violencia en algunos territorios.

Según el documento, las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados coinciden en buena medida con aquellas donde las medidas pactadas avanzaron con mayor lentitud.

“Las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente. Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa”, indicó la ONU.

Naciones Unidas reconoció avances graduales en la ejecución del acuerdo, aunque advirtió que no han sido homogéneos. El informe añadió que persisten desafíos para fortalecer la presencia institucional y mejorar la coordinación entre entidades del Estado.

Más de 11.000 exintegrantes de las Farc continúan en proceso de reincorporación y completan cerca de diez años en su tránsito hacia la vida civil.

La ONU insistió en que las garantías de seguridad y las oportunidades económicas siguen siendo determinantes para consolidar ese proceso y evitar nuevos ciclos de violencia.

Persisten las amenazas contra excombatientes y líderes sociales

El documento recordó que desde la firma del acuerdo han sido asesinados 493 excombatientes. Entre las víctimas hay mujeres, integrantes de comunidades indígenas y población afrocolombiana.

Aunque la ONU reportó una reducción de los homicidios registrados durante 2026, advirtió que continúan las amenazas, la extorsión, las presiones de grupos armados y los desplazamientos forzados.

El organismo también advirtió que varios mecanismos de protección previstos en el Acuerdo de Paz siguen pendientes de aprobación e implementación.

Entre finales de marzo y comienzos de junio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU registró más de 5.200 personas desplazadas y cerca de 9.600 confinadas por emergencias humanitarias en siete departamentos del país.

Más de la mitad de los afectados pertenecían a comunidades étnicas. A esa situación se sumaron restricciones de movilidad y acceso que afectaron al menos a 316.000 personas en Cauca y en zonas de la Amazonia bajo influencia de estructuras armadas ilegales.

En el mismo periodo, la Oficina de Derechos Humanos recibió denuncias relacionadas con 33 asesinatos de líderes sociales, incluidos casos de mujeres, indígenas, afrodescendientes y campesinos.

La defensa del expresidente peruano Pedro Castillo formalizó el 10 de julio de 2026 un nuevo pedido de gracia presidencial ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de lograr su liberación antes del 28 de julio, cuando el presidente interino José María Balcázar dejaría el cargo. El abogado Luis Roel sostuvo que la solicitud no cumple los requisitos legales.

El pedido se sustenta en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política del Perú y no invoca razones de salud ni argumentos humanitarios. La defensa apela a la gracia común, que, a diferencia del indulto, puede aplicarse a un procesado sin sentencia firme si el plazo de instrucción excedió el doble de su término más su ampliatoria.

Según el escrito presentado ante el ministerio, el plazo de investigación compleja venció el 11 de abril de 2024 y, con un cálculo que duplica ese parámetro, los abogados sostienen que el límite máximo de reclusión se cumplió el 16 de diciembre de 2024. Roel, consultado en el programa En Directo de Canal N, rechazó ese argumento y afirmó que el proceso judicial contra Castillo está en etapa de apelación ante la Corte Suprema.

Las objeciones

Roel señaló que las solicitudes anteriores de indulto fueron archivadas porque no existía una sentencia condenatoria firme, consentida o ejecutoriada, requisito indispensable para esa figura. Añadió que el cambio hacia la gracia común tampoco estaría libre de trabas procesales que impiden su tramitación en los plazos que maneja el Gobierno.

La Comisión de Gracias Presidenciales archivó el 10 de junio de 2026 un pedido anterior de gracia presidencial y declaró inadmisible una solicitud de indulto común presentada por el abogado Walter Ayala. Ese expediente recibió un plazo para subsanar observaciones, que vencía el 14 de julio de 2026.

Los requisitos legales en discusión

El marco legal peruano distingue entre el indulto y la gracia presidencial. Para el indulto común, la persona debe contar con una sentencia condenatoria firme, consentida o ejecutoriada. Castillo tiene una condena de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión, dictada tras el intento de golpe de Estado del siete de diciembre de 2022, pero esa sentencia sigue en apelación ante la Corte Suprema.

Para el indulto humanitario, la persona debe padecer una enfermedad terminal, crónica, degenerativa o grave. Roel afirmó que medios de comunicación informaron sobre intentos de construir informes médicos que acrediten alguna dolencia en el exmandatario, pero que ninguno pudo comprobarse.

El ministro de Justicia Luis Jiménez manifestó públicamente que no firmará ninguna resolución que beneficie a Castillo, tras concluir que no existen condiciones jurídicas para conceder el indulto común, el indulto humanitario, el derecho de gracia ni la conmutación de penas.

El alcance del informe de la ONU

El presidente Balcázar invocó públicamente un informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para sostener la posibilidad de una gracia presidencial y señaló en declaraciones recientes que esperaba que Jiménez estuviera “a la altura de las circunstancias”. Roel dijo que ese documento data del año anterior y que su uso responde a una búsqueda de sustento político más que jurídico.

El informe de la ONU no tiene carácter vinculante para el Estado peruano porque el Grupo de Trabajo no es un órgano jurisdiccional, sino de consulta. A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones sí obligan a los Estados parte, ese grupo emite opiniones técnicas que no generan obligaciones legales.

Roel agregó que el propio documento mostraría un desconocimiento del sistema de justicia peruano: el informe habría señalado que el caso debió ser resuelto por el Tribunal Constitucional, cuando ese órgano solo interviene en última instancia en procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y proceso de cumplimiento, y solo después de que pasan por el Poder Judicial, lo que no había ocurrido en el caso de Castillo.

La discrecionalidad presidencial y el refrendo

La gracia presidencial es una potestad discrecional del presidente de la República, pero Roel sostuvo que discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. El Tribunal Constitucional fijó esa distinción en el caso del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, concedido en 2017 por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski por razones humanitarias y luego cuestionado por no cumplir los estándares del debido procedimiento legal.

En ese caso, la Corte Suprema anuló el indulto en una primera instancia y el Tribunal Constitucional lo restableció en 2022. Eso derivó en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que invalidó la sentencia del tribunal peruano por considerar que incumplía las disposiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Los actos presidenciales en materia de gracias pueden quedar sin efecto por decisión del Poder Judicial, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de un gobierno posterior.

Más allá de los requisitos de fondo, existe un obstáculo procedimental. El artículo 120 de la Constitución establece que son nulos todos los actos presidenciales sin refrendo ministerial. En el caso de las gracias presidenciales, esa firma corresponde al ministro de Justicia.

Jiménez ya anticipó que no refrendará ninguna resolución que beneficie a Castillo. Según el exmagistrado del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, el ministro es “la llave definitiva” del proceso. Sin esa firma, cualquier decisión presidencial en materia de indulto o derecho de gracia carece de valor jurídico.

Qué consecuencias podría tener una firma

Balcázar reconoció en declaraciones a RPP que el Ejecutivo no tiene “en estudio de debate ninguna solicitud concreta sobre el indulto o la gracia presidencial” y que aguardará a ver “si se presenta o no se presenta” alguna petición formal.

Si el Gobierno avanzara con la gracia pese a los impedimentos legales, Roel advirtió que tanto el presidente como el ministro que refrende el acto podrían enfrentar un proceso de acusación constitucional. Las causales serían infracción a la Constitución por abuso de poder, afectación al orden constitucional, vulneración del principio de separación de poderes e interferencia en investigaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de delitos de función por el ejercicio abusivo de atribuciones más allá de lo que permite la ley.

Roel también rechazó el argumento de la defensa según el cual Castillo no habría podido ejercer su derecho a la defensa durante el proceso. El constitucionalista enumeró a los abogados que lo representaron en distintas etapas: el exprimer ministro Aníbal Torres en los momentos iniciales de su detención, letrados designados de manera voluntaria por el propio Castillo, defensores ad honorem y abogados de la defensa pública. La responsabilidad por la calidad de esa defensa, afirmó Roel, recae sobre el exmandatario.

Diferencia entre gracia e indulto presidencial

El indulto es una medida de gracia por la cual el presidente de la república extingue la pena impuesta a una persona que ya cuenta con una sentencia condenatoria firme. En términos sencillos, el indulto no borra el delito ni la culpabilidad del procesado (quien sigue siendo considerado culpable ante la ley), sino que simplemente lo exonera de cumplir la totalidad o el resto de la sanción de prisión efectiva. Por su naturaleza humanitaria o de conveniencia pública, esta facultad presidencial se aplica directamente sobre personas que ya han sido declaradas culpables por el Poder Judicial.

Por el contrario, la gracia presidencial se otorga a personas que aún no han sido sentenciadas y se encuentran en calidad de procesadas. Este mecanismo constitucional se aplica cuando el juicio penal ha superado los plazos máximos legales de instrucción y el imputado sigue bajo investigación sin que se resuelva su situación jurídica. Al concederse la gracia presidencial, el mandatario ordena la extinción de la acción penal, lo que significa que el proceso judicial se archiva definitivamente antes de que un juez determine si el procesado es inocente o culpable.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al Gobierno saliente de Gustavo Petro y a la administración entrante de Abelardo De la Espriella para que el proceso de transición presidencial se lleve a cabo de manera “fluida y cooperativa”, con el fin de preservar los avances alcanzados desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016.

La petición quedó consignada en el más reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, documento que cubre el periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026 y que será presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este 15 de julio.

El pronunciamiento se conoce en un momento de especial incertidumbre para la política de paz del país, debido a que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha manifestado en repetidas ocasiones sus críticas a la estrategia de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y ha anunciado cambios en el manejo de la seguridad y las negociaciones con los grupos armados.

La ONU advierte que Colombia atraviesa un momento crítico para el proceso de paz

En el informe, António Guterres señaló que el cambio de Gobierno ocurre en una coyuntura determinante para el futuro del proceso de paz, razón por la que pidió que el relevo presidencial se realice con coordinación institucional.

“Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”, afirmó el Secretario General.

El máximo representante de Naciones Unidas agregó que la transición hacia un nuevo Gobierno se desarrolla “en un momento crítico para el proceso de paz”, al tiempo que reiteró la disposición del organismo internacional para continuar acompañando al Estado colombiano.

En ese sentido, indicó que el representante especial del Secretario General en Colombia, Miroslav Jenča, trabajará con las nuevas autoridades para conocer sus prioridades y poner a disposición la experiencia acumulada por la Misión de Verificación durante casi una década de implementación del Acuerdo.

La seguridad sigue siendo el principal desafío

Más allá del llamado institucional, el informe presenta un panorama preocupante sobre la situación de seguridad en varias regiones del país.

La Misión de Verificación concluyó que, pese al ambiente democrático que caracterizó las recientes elecciones presidenciales, las zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado continúan enfrentando altos niveles de violencia.

De acuerdo con el documento, la seguridad en los territorios afectados por el conflicto “siguió siendo frágil”, como quedó evidenciado durante la ola de violencia registrada en el suroccidente colombiano en la última semana de abril y en el departamento del Guaviare a finales de mayo.

Asimismo, Guterres destacó que la paz y la seguridad volvieron a convertirse en una de las principales preocupaciones de los colombianos durante la reciente campaña presidencial.

Frente a ese escenario, insistió en que una implementación más completa del Acuerdo Final puede convertirse en una herramienta clave para reducir la violencia, especialmente en aspectos relacionados con la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la Reforma Rural Integral.

“Las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente. Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa”, sostuvo el Secretario General.

Los avances existen, pero siguen siendo desiguales

Aunque Naciones Unidas reconoció que Colombia ha logrado avances importantes en la implementación del Acuerdo, el informe advierte que estos continúan siendo graduales y desiguales entre las distintas regiones.

Según el organismo, todavía persisten retos estructurales relacionados con la presencia del Estado, la coordinación entre las instituciones y la necesidad de que las medidas pactadas se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

Uno de los aspectos destacados por el informe es el proceso de reincorporación de los excombatientes de las extintas Farc, del cual dependen actualmente más de 11.000 personas que llevan cerca de una década construyendo su vida civil.

Para Naciones Unidas, fortalecer las garantías de seguridad y generar oportunidades económicas sostenibles resulta fundamental para consolidar este proceso, reducir la estigmatización y evitar nuevos reclutamientos por parte de organizaciones armadas ilegales.

La Reforma Rural sigue siendo una pieza clave

El documento también resalta avances en la Reforma Rural Integral, especialmente en la formalización y entrega de tierras.

Además, destaca que la pobreza multidimensional rural pasó del 38,66% en 2018 al 22,4% en 2025, aunque advierte que estos resultados aún no son suficientes para estabilizar los territorios donde persiste la presencia de grupos armados.

Por ello, António Guterres afirmó que la aplicación de la reforma ha sido desigual y enfatizó que garantizar la seguridad de los beneficiarios será determinante para consolidar sus efectos.

Persisten asesinatos de excombatientes y líderes sociales

Entre las mayores preocupaciones expuestas por Naciones Unidas se encuentra la situación de quienes firmaron el Acuerdo de Paz.

El informe recuerda que desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 493 excombatientes, entre ellos 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos.

Aunque durante 2026 el número de homicidios disminuyó y hasta la fecha se han registrado cinco asesinatos, Naciones Unidas advierte que persisten amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados y presiones por parte de grupos armados para reclutar nuevamente a antiguos integrantes de la guerrilla.

En paralelo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026 fueron desplazadas forzosamente 5.272 personas y otras 9.553 permanecieron confinadas en siete departamentos del país, mientras que 316.000 habitantes sufrieron restricciones de movilidad y acceso, especialmente en Cauca y la Amazonía.

A ello se suma que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió denuncias sobre 33 asesinatos de líderes sociales durante ese mismo periodo, incluidos líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y representantes de juntas de acción comunal.

El llamado final: bajar la confrontación política

En las conclusiones del informe, António Guterres hizo un llamado para que, tras una campaña electoral marcada por la polarización, los distintos sectores políticos trabajen conjuntamente en favor de la paz.

“No hay lugar para la violencia política, y espero que los líderes de todas las partes se esfuercen por desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo”, manifestó.

Finalmente, el Secretario General reiteró que la Misión de Verificación de la ONU seguirá acompañando al Estado colombiano y a la comunidad internacional en los esfuerzos para consolidar una paz duradera, en una etapa que calificó como decisiva para el futuro del Acuerdo de Paz.

El Gobierno de Costa Rica oficializó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una postura en la que rechazó el uso de conceptos como “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”, al considerar que no forman parte de tratados internacionales vinculantes y que su incorporación podría representar una expansión no autorizada de las obligaciones asumidas por los Estados.

La declaración fue presentada durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra, Suiza, por Gustavo Corella Cordero, consejero de la Misión Permanente de Costa Rica ante la ONU. La posición marca un nuevo giro en la política exterior del país respecto a los debates internacionales sobre derechos humanos, género y derechos sexuales y reproductivos.

Ese mismo día, la diputada oficialista y pastora evangélica Kattya Mora, del Partido Pueblo Soberano, aseguró mediante una publicación en redes sociales que el posicionamiento fue elaborado desde su despacho y contó con la aprobación de la presidenta Laura Fernández Delgado.

“Gracias, señora presidenta, por atender nuestra gestión y permitir que Costa Rica alzara la voz en defensa de nuestros principios”, escribió la legisladora al atribuirse las gestiones que derivaron en la intervención de la delegación costarricense.

La posición del Gobierno se conoce apenas un mes después de que la mandataria manifestara públicamente que no desea que Costa Rica continúe participando en foros relacionados con derechos y diversidades de género, una declaración que ya había generado debate entre organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores conservadores.

Rechazo a nuevos conceptos

Durante su intervención, Corella afirmó que términos como “interseccionalidad”, “violencia reproductiva” y “masculinidad patriarcal” no cuentan con una definición ni reconocimiento en tratados internacionales jurídicamente vinculantes.

Según expuso, incorporar progresivamente estos conceptos como parámetros normativos dentro del sistema internacional de derechos humanos podría constituir una modificación de las obligaciones de los Estados sin el debido consentimiento de las partes.

Además, sostuvo que aceptar esas formulaciones también podría entrar en conflicto con el ordenamiento jurídico costarricense e incluso interferir con competencias que corresponden exclusivamente a la Asamblea Legislativa, conforme al artículo 121 de la Constitución Política.

La representación costarricense dejó claro que el país mantiene su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, indicó que ello no implica aceptar conceptos que, a criterio del Gobierno, no han sido incorporados formalmente en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica.

Reservas sobre género y derechos reproductivos

Otro de los puntos centrales de la intervención fue la interpretación del concepto de “género”.

Costa Rica dejó constancia ante el Consejo de Derechos Humanos de que únicamente reconoce la definición contenida en el artículo 7.3 del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional.

Ese artículo establece que, para efectos del tratado, el término género se refiere “a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”, y señala que no tendrá otra acepción distinta.

Asimismo, la delegación costarricense manifestó reservas sobre la utilización de los conceptos de “autonomía corporal”y “derechos sexuales y reproductivos”, al sostener que estos no pueden interpretarse de manera que desconozcan el derecho a la vida protegido desde la concepción.

Para respaldar esa posición, Corella citó el artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen la protección del derecho a la vida.

La intervención también abordó el tema de la educación sexual. La representación nacional indicó que el acceso a información sobre sexualidad y autocuidado no debe sustituir el derecho de los padres a orientar la educación de sus hijos, haciendo referencia al artículo 143 del Código de Familia.

Contexto de la posición

El pronunciamiento de Costa Rica se produjo durante la etapa de comentarios generales sobre las resoluciones discutidas por el Consejo de Derechos Humanos entre el 15 de junio y el 7 de julio.

En la parte final de su intervención, la delegación costarricense también se refirió a la cooperación internacional, al señalar que la asistencia humanitaria debe regirse por criterios de necesidad, neutralidad y eficacia, evitando —según indicó— posicionamientos ideológicos que excedan el mandato humanitario de los organismos internacionales.

La postura representa uno de los posicionamientos más explícitos asumidos por la actual administración en escenarios multilaterales sobre temas de género y derechos reproductivos. Además, coincide con la línea política expresada por el Poder Ejecutivo en los últimos meses y con iniciativas impulsadas por sectores conservadores representados en la Asamblea Legislativa.

Aunque hasta el momento el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre el alcance de la intervención, la declaración ya comenzó a generar reacciones en el ámbito político y reaviva el debate nacional sobre el papel de Costa Rica en las discusiones internacionales relacionadas con los derechos humanos, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos.

Fue Robles quien, en 2023 y con el respaldo de la Red Nacional de Derechos Humanos, presentó ante ese organismo la comunicación que derivó en el dictamen, difundido esta semana y que reavivó la presión sobre el gobierno del presidente José María Balcázar para conceder un indulto o gracia presidencial al exmandatario.

La aparición pública del letrado en medios locales trajo consigo una serie de preguntas sobre su trayectoria y sus vínculos con Sendero Luminoso. La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo tiene registrado desde 1992, cuando fue detenido con explosivos junto a dos integrantes de una célula senderista. Tras su salida del penal, apoyó la inscripción del brazo político de esa organización ante las autoridades electorales y patrocinó a procesados por terrorismo en distintos casos judiciales.

El expediente policial y los años en prisión

La Dircote tiene registrado a Robles Rivera desde el 23 de julio de 1992, cuando fue detenido junto a Jacinto Illanes Bautista y Amador Oré Durán en posesión de dos cargas de dinamita y documentación vinculada a Sendero Luminoso. El entonces jefe de la Dircote, Óscar Arriola, detalló a Exitosa que los tres formaban una célula terrorista responsable de explosiones los días 22 y 23 de ese mes. El caso quedó plasmado en el atestado número 169 de 1992, en el que Robles aparece identificado como el “camarada Aldo”.

El coronel en retiro Max Anhuamán, exjefe de la Inteligencia Nacional, precisó que el abogado fue señalado directamente por uno de sus camaradas como receptor de los explosivos. “Se estableció en el documento que él pertenecía al Movimiento Revolucionario Democrático Popular, zonal, con cargo”, sostuvo Anhuamán en declaraciones a medios locales. Robles pasó más de 11 años recluido antes de recuperar la libertad.

De los abogados democráticos al caso Castillo

Tras su salida del penal, Robles se incorporó al entorno de los denominados abogados democráticos, un organismo que Anhuamán vincula con la estructura política de Sendero Luminoso, junto a figuras como Jorge Crespo y el abogado Cabero. Ya en 2011, respaldó la inscripción del Movadef ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Años después, patrocinó a procesados por terrorismo en el denominado Caso “Perseo”, un proceso contra integrantes de Sendero Luminoso y el Movadef, según registros de la PNP.

Anhuamán señaló que hay documentación que ubica a Robles junto a Castillo en eventos del Conare-Sutep entre 2015 y 2018, organización que el exfuncionario vincula al Movadef. El coronel también recordó las constantes visitas del letrado a reclusos por delitos de terrorismo en distintos penales del país. Para Anhuamán, la actuación del abogado en el caso de la ONU responde a una estrategia deliberada: “Ellos saben que ese documento no es vinculante, pero lo utilizan para engañar a la población menos informada”.

Los descargos del abogado

Robles reconoció públicamente haber estado recluido, pero insistió en que fue absuelto tanto en primera como en segunda instancia, con el acuerdo de la fiscalía y la procuraduría. “Con esa acta de registro personal en la que no me encuentran nada delictivo, no sé, se olvidaron de sembrarme tal vez. La cosa es que se hizo un juicio oral y yo fui absuelto”, afirmó en declaraciones a Exitosa. Anhuamán matizó esa versión: según el exfuncionario, el caso fue sobreseído, lo que no equivale a una declaración de inocencia.

En cuanto a sus vínculos con Abimael Guzmán Reynoso, el abogado evitó una condena directa durante la entrevista radial. Ante la pregunta explícita de los periodistas, respondió: “Toda acción que vulnere la vida, vulnere la libertad de las personas es condenable”, para agregar a continuación que lo hacía “así como condeno los crímenes que ha cometido el Estado”, una equiparación que generó críticas inmediatas en el debate público.

El dictamen de la ONU y la respuesta del gobierno

La Cancillería peruana respondió al dictamen del GTDA con un comunicado en el que subrayó que sus opiniones “no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que el grupo de trabajo es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos integrado por profesionales independientes, cuya función es promover el diálogo y la cooperación, no emitir fallos vinculantes.

Pese a ello, la defensa de Castillo presentó el 10 de julio una nueva solicitud de gracia presidencial ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, amparada en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución.

El pedido no invoca razones de salud ni humanitarias, sino que argumenta que no existe una sentencia firme y consentida en contra del exmandatario, quien cumple una condena de primera instancia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Balcázar reconoció que el informe de la ONU “modifica un poco el escenario jurídico, legal y constitucional” respecto a un eventual indulto, aunque aclaró que cualquier decisión deberá analizarse con el ministro de Justicia dentro del marco legal vigente.

El excandidato presidencial Roberto Sánchez anunció una movilización para el miércoles 15 de julio en respaldo al pedido de liberación del expresidente, luego de visitar el penal de Barbadillo donde Castillo permanece recluido.

Michoacán aprobó un protocolo de atención al desplazamiento interno forzado y reformó su Código Penal para tipificar este delito, con el respaldo técnico de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, consolidando así uno de los marcos institucionales más completos del país en la materia.

El estado de Michoacán cuenta desde el 8 de junio de 2026 con un Protocolo de Respuesta a Emergencias de Desplazamiento Interno, aprobado en sesión ordinaria del Comité Interinstitucional durante la visita oficial de Chiara Cardoletti, representante de ACNUR en México. El documento fue construido con asistencia técnica de la agencia onusiana y es resultado de una iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Qué establece el Protocolo de Respuesta

El instrumento fija directrices claras y mecanismos de coordinación entre 15 dependencias estatales y representantes de la sociedad civil. Su propósito central es garantizar la protección, el bienestar y los derechos de las personas desplazadas mediante medidas de atención temporal y ayuda humanitaria de emergencia.

El Protocolo también busca evitar la duplicidad de funciones entre niveles de gobierno y sentar las bases para soluciones duraderas: retorno voluntario, integración local o reubicación en otro punto del país. Todo ello con perspectiva interseccional y adecuada al contexto de cada evento.

Su contenido consolidó las lecciones aprendidas en las respuestas operativas desplegadas desde 2023 para atender eventos masivos de desplazamiento, en coordinación con autoridades municipales y con el acompañamiento de ACNUR.

La primera activación: Apatzingán

Semanas después de su aprobación, el Protocolo fue puesto en marcha ante un evento de desplazamiento interno en la comunidad de El Morado, en el municipio de Apatzingán. ACNUR participó directamente en la jornada de atención junto a la Secretaría del Migrante y la Secretaría de Gobierno del estado, así como el Ayuntamiento local.

Durante la intervención se entregaron artículos de higiene y se trabajó en la detección de necesidades comunitarias, perfiles en riesgo y el fortalecimiento de rutas de referencia para las personas afectadas.

Dado que El Morado es una comunidad de difícil acceso, la jornada requirió la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Protección Civil Municipal, y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, a fin de garantizar corredores seguros para la asistencia humanitaria.

Michoacán tipifica el desplazamiento arbitrario

El 1 de julio, el Congreso del estado aprobó una reforma al Código Penal de Michoacán para incorporar la tipificación del desplazamiento arbitrario como delito. Según el gobierno estatal y ACNUR, con esta medida Michoacán se convierte en el sexto estado de México en concretarlo.

La reforma fue producto del diálogo con las comunidades afectadas y de la interlocución sostenida con autoridades locales y legisladores. Junto al Protocolo de Respuesta, este cambio normativo representa uno de los avances más concretos en materia de protección a personas desplazadas registrados en el país en los últimos años.

Un proceso de cuatro años con respaldo de la ONU

ACNUR brinda asistencia técnica al Gobierno de Michoacán desde 2022, con el objetivo de fortalecer espacios de coordinación, apoyar respuestas operativas y diseñar un marco jurídico que retome estándares internacionales de protección y restitución de derechos.

En 2024, la agencia facilitó las metodologías para el diseño y aprobación del Reglamento de Respuesta a Emergencias del Municipio de Apatzingán, descrito como el primer ordenamiento de su tipo a nivel municipal en Las Américas.

En la sesión de aprobación del Protocolo estuvieron presentes la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo; el presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza; y el presidente municipal de Tuzantla, Fernando Ocampo Mercado, los tres con experiencia en la respuesta coordinada a eventos de desplazamiento junto al gobierno estatal.

Ramírez Bedolla subrayó la necesidad de fortalecer la operatividad en la respuesta al desplazamiento y de profundizar la coordinación con el nivel municipal, al que definió como la autoridad territorialmente más próxima a las comunidades afectadas.

El acompañamiento de ACNUR en Michoacán es posible gracias al cofinanciamiento de la Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión Europea.

Roberto Sánchez, excandidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), convocó a una marcha para este miércoles 15 de julio en el Centro de Lima. El objetivo de la movilización será exigir la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, cuya detención ha sido calificada de arbitraria por un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La jornada de protesta se realizará el mismo día de la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori, y se prevé que congregue a simpatizantes de diversas regiones.

Roberto Sánchez aseguró que la movilización será pacífica y reivindicó el derecho constitucional a la protesta. “Democráticamente, pacíficamente, haciendo uso al derecho constitucional del libre tránsito nos vamos movilizar”, declaró el dirigente.

Asimismo, exhortó a las autoridades a cumplir los tratados internacionales y garantizar las acciones previstas en la Constitución. “Nosotros respetuosamente y con convicción democrática exigimos, en base a estos tratados internacionales que el Perú ha suscrito, que se dé cumplimiento, que se dé las garantías, que se establezcan todas las acciones en el marco de la ley, los tratados internacionales, la Constitución y actuemos con soberanía”, afirmó.

El dirigente también recordó otros antecedentes en los que el Estado peruano procedió a la excarcelación y reparación ante actuaciones arbitrarias, y recalcó que el caso de Pedro Castillo merece el mismo tratamiento.

“Cuando corresponde que ha habido una actuación arbitraria, la conducta del Estado peruano ha sido de resarcir”, señaló Sánchez.

La movilización también exigirá justicia para “los mártires del sur”, en referencia a las personas fallecidas durante las protestas tras la destitución de Castillo en 2022 y 2023. El líder de Juntos por el Perú aún no precisa la ruta de la marcha.

El contexto jurídico e internacional

El pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU surgió tras analizar la detención de Pedro Castillo ocurrida el 7 de diciembre de 2022, luego de que el exmandatario anunciara la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia.

El grupo consideró arbitraria la privación de libertad y recomendó la liberación inmediata del exjefe de Estado, así como una reparación y la investigación de las presuntas vulneraciones a sus derechos.

No obstante, las autoridades peruanas han respondido que el dictamen carece de carácter vinculante y que la decisión sobre la situación jurídica del expresidente corresponde a las instancias nacionales.

La Cancillería precisó que la opinión del grupo de trabajo “no es una decisión jurisdiccional obligatoria” ni impacta de modo directo en el ordenamiento legal del país. A su vez, el presidente interino, José María Balcázar, señaló que el documento “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida”.

Mientras tanto, Pedro Castillo permanece recluido a la espera del juicio oral por el presunto delito de rebelión y por otros procesos vinculados a hechos de su gestión presidencial. La defensa del exmandatario presentó un hábeas corpus que, apoyado en el dictamen de la ONU, solicita su libertad inmediata.

Venezuela suma 4.734 muertos por el doble terremoto del 24 de junio, casi tres semanas después de que dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaran el norte del país. La cifra incorpora 173 nuevos fallecimientos respecto al balance anterior, según informó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, a través de su cuenta de Telegram.

El número de heridos se mantiene en 16.740, aunque Rodríguez precisó que la mayoría ya recibió el alta médica. Las personas que quedaron sin vivienda ascienden a 17.907, mientras que 20.903 se encuentran distribuidas en 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños.

Las autoridades venezolanas han evitado pronunciarse sobre desaparecidos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que esa cifra podría alcanzar los 50.000, en lo que organismos internacionales consideran uno de los peores terremotos registrados en América Latina.

El doble sismo afectó más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron. El estado costero La Guaira, vecino de la capital y zona de mayor impacto, concentra la mayor parte de los damnificados, quienes se instalaron en estadios, canchas, plazas e incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y distribuyen alimentos.

Desde el 24 de junio se han registrado 1.275 réplicas. La más reciente de magnitud perceptible ocurrió el viernes, cuando un sismo de 3,9 se produjo a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en La Guaira, provocando pánico y evacuaciones preventivas en edificios.

El Gobierno informó haber atendido a 128.324 familias y a 33.652 pacientes, sin especificar las condiciones ni los plazos de esa asistencia. Decenas de personas continúan buscando restos de familiares entre los escombros, mientras retroexcavadoras avanzan en las labores de remoción.

Las autoridades iniciaron el fin de semana un censo biométrico para cuantificar las necesidades habitacionales, estimadas en unas 25.000 unidades. Rodríguez anunció el sábado que la jefa de Estado, Delcy Rodríguez, entregaría las primeras 200 viviendas durante esta semana.

En paralelo, el Gobierno y un grupo opositor encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera suscribieron un plan de trabajo que arrancará el 1 de agosto, orientado al “fortalecimiento de la democracia” y a enfrentar “las consecuencias del doblete sísmico”.

Esto se debe a que, al crecer, Blunt no quería ser actriz en absoluto. Tenía la mirada puesta en un trabajo mucho menos glamoroso: la traducción.

“Antes de querer ser actriz, quería trabajar para la ONU y ser traductora de español”, dijo recientemente a BBC Radio 2.

“Siempre me encantaron los idiomas”, compartió Blunt. Y añadió: “Mi madre es una lingüista increíble, así que creo que crecí sintiéndome bastante inspirada por ella”.

Además de inventar un idioma alienígena completo formado por extraños chasquidos y zumbidos para su papel más reciente en el thriller de ciencia ficción “El día de la revelación” de Steven Spielberg, también tuvo que aprender ruso y coreano. Y antes de eso, Blunt aprendió a hablar sobre lechos de ríos y pesca en mandarín para la comedia romántica “Amor imposible” (Salmon Fishing in the Yemen) de 2011.

Y aunque ya se vio algo de su facilidad con los idiomas en la gran pantalla, Spielberg, que también estaba en la entrevista, dijo en voz alta lo que todos pensaban: “Me alegro de que no hayas tomado ese trabajo”. Y hasta Blunt estuvo de acuerdo: “Yo también”.

Como resumió la BBC en el pie de la entrevista: “Nos alegra estar en el universo donde Emily se convirtió en actriz y no en traductora de español para la ONU”.

En vez de un patrimonio de 80 millones, Blunt podría haber estado ganando USD 80.000 como traductora

Si hubiera sido traductora, Blunt habría tenido un salario mucho menor de más de USD 80.000; su trabajo estaría en riesgo de ser reemplazado por la IA; y el mundo nunca habría visto su interpretación nominada al Oscar en Oppenheimer.

De hecho, una investigación de Microsoft mostró que los intérpretes y traductores tienen un 98% de coincidencia con la IA, lo que significa que herramientas como ChatGPT y Copilot ya pueden realizar la mayoría de las tareas del puesto, colocándolo en la cima de la lista de los 40 trabajos más expuestos a la IA.

Las tarifas mensuales para freelancers comienzan en unos USD 6.727, pero varían ligeramente según el lugar de residencia.

Un anuncio de trabajo expirado para un intérprete experimentado de inglés en la ONU ofrecía un salario entre USD 131.084 y 171.644. Pero hay un inconveniente: Blunt no habría podido postularse de todos modos.

El puesto requería fluidez en al menos tres idiomas, y Blunt, según su propia confesión, apenas habla español. “Estaba estudiando español como una de mis materias del bachillerato, y luego iba a pasar un año en Sudamérica, y para ese momento ya sería fluida, y sería la mejor traductora de todas”, contó previamente a Howard Stern.

La actuación, admitió, casi no pasaba por su mente. Solo empezó a participar en obras escolares para ayudar a manejar su debilitante tartamudez. Y fue porque el jefe de teatro de su escuela la reclutó para su “extraña” ópera rock en el Edinburgh Festival Fringe que su vida cambió accidentalmente de rumbo en el verano del 2000.

Su agente estaba en el público y salió de allí con una nueva clienta: Blunt. “Me contrató y me dijo: ‘¿Quieres hacer esto? ¿Es algo que quieres hacer?’ Y yo respondí: ‘Oh, realmente no lo había pensado como una carrera’“, recordó la intérprete.

Aun así, aceptó la oferta, comenzó a hacer audiciones tras terminar la escuela al año siguiente, y el resto es historia. Hoy, Blunt acumula más de 45 películas y un patrimonio estimado de USD 80 millones.

(c) 2026, Fortune

El Poder Judicial admitió a trámite el hábeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, recurso con el que su defensa busca que se declare vulnerado su derecho a la libertad y se revisen las decisiones judiciales y legislativas adoptadas tras su detención. La información fue confirmada por el abogado Walter Ayala, quien difundió la resolución del Segundo Juzgado Constitucional de Lima a través de sus redes sociales y sostuvo que el proceso representa un nuevo paso en la búsqueda de la liberación del exmandatario.

La decisión judicial se conoce pocos días después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyera que la detención de Castillo fue arbitraria y recomendara al Estado peruano disponer su libertad inmediata. Aunque el pronunciamiento del organismo internacional no es vinculante, la defensa del exjefe de Estado lo ha convertido en el principal sustento de su nueva estrategia legal, mientras el Gobierno ya ha precisado que dicho informe no modifica por sí mismo las resoluciones emitidas por las autoridades nacionales.

El hábeas corpus que ingresó al Segundo Juzgado Constitucional

De acuerdo con el documento difundido por la defensa, la demanda de hábeas corpus fue presentada por Walter Ayala Gonzales a favor de José Pedro Castillo Terrones y dirigida contra diversas autoridades del Estado, entre ellas el presidente de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el presidente del Congreso, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria y el Fiscal de la Nación. El escrito alega una supuesta vulneración de la libertad individual del exmandatario.

En la parte resolutiva del auto admisorio, el juzgado señala que la demanda será tramitada conforme a lo establecido en la Ley 31307, nuevo Código Procesal Constitucional. Además, ordena correr traslado a la Procuraduría General del Estado, la Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría del Congreso de la República, la Procuraduría del Poder Judicial y la Procuraduría del Ministerio Público para que, en un plazo de tres días desde la notificación, presenten sus descargos con la documentación que consideren pertinente.

El recurso no solo cuestiona la detención de Castillo, sino que también solicita revisar actos judiciales previos, como la prisión preventiva de 18 y 36 meses dictada antes de la sentencia. A ello se suma el pedido de nulidad de la condena emitida en primera instancia el 4 de diciembre del año pasado, fallo que actualmente se encuentra en apelación. La defensa también busca que se deje sin efecto la resolución legislativa que declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral, al considerar que no se habría respetado el derecho a la defensa del entonces mandatario.

La estrategia de la defensa y el peso del informe de la ONU

La presentación del hábeas corpus está estrechamente vinculada con el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que recientemente sostuvo que la captura de Pedro Castillo fue arbitraria y que debía ser puesto en libertad inmediata. Ese pronunciamiento, según la defensa, refuerza la tesis de que el exmandatario fue privado de su libertad sin base legal suficiente. El documento internacional también plantea reparaciones e indemnización, de acuerdo con el derecho internacional.

Wilfredo Robles, parte de la defensa legal de Castillo, ha insistido en que el Estado peruano debería tomar en cuenta esas conclusiones. En declaraciones a medios locales, señaló que “lo ideal sería” que el Estado, a través de su más alta autoridad, emita un decreto supremo acatando las recomendaciones del grupo de trabajo. Aunque reconoció que esas opiniones no son vinculantes, sostuvo que sí constituyen una petición formal dirigida al gobierno peruano y que, por tanto, deberían ser evaluadas.

En esa misma línea, Robles indicó que el documento de Naciones Unidas “le pide al gobierno” una respuesta concreta. Si bien admitió que la posición estatal podría ser negativa, remarcó que, desde su perspectiva, el contenido del informe abre una posibilidad jurídica que la defensa no piensa dejar pasar. Para el entorno legal del expresidente, el pronunciamiento internacional no solo tiene valor simbólico, sino que podría servir como base para una eventual revisión de medidas adoptadas contra Castillo.

La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. La Cancillería aclaró que este tipo de opiniones emitidas por procedimientos especiales de la ONU no alteran las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales. En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria forma parte de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y que sus integrantes actúan de manera independiente para emitir observaciones y recomendaciones a los Estados. Desde esa posición, el Gobierno remarcó que el informe no modifica por sí mismo la situación jurídica del exjefe de Estado.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por Naciones Unidas, denunció una nueva ofensiva contra el ejercicio de la abogacía en el país centroamericano, luego de que numerosos abogados fueran eliminados del registro oficial de profesionales sin recibir una explicación ni una notificación previa.

Los expertos señalaron que existen “motivos razonables para considerar que el Gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, según expresó el presidente del grupo, Jan-Michael Simon.

La denuncia surge después de que profesionales del derecho reportaran que sus nombres dejaron de aparecer en el registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. De acuerdo con los testimonios recopilados por el grupo, cerca de 2.000 abogados habrían sido excluidos en cuestión de días.

Los afectados indicaron que la pérdida de sus credenciales no estuvo acompañada de comunicaciones oficiales, procesos administrativos o resoluciones que explicaran los motivos de la medida. Muchos descubrieron la situación cuando intentaron ingresar a tribunales, presentar documentos legales o consultar sus datos en la plataforma digital del máximo órgano judicial.

“Se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, afirmó Simon.

El grupo de expertos advirtió que la eliminación masiva de abogados representa una nueva fase dentro de la intervención sobre las instituciones judiciales del país.

“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero eliminar una parte importante de la profesión jurídica constituye una nueva escalada”, agregó el presidente del organismo.

Los especialistas recordaron que las restricciones contra abogados no comenzaron con esta medida. Según sus registros, desde 2023 las autoridades nicaragüenses ya habían suspendido de forma permanente a algunos profesionales y habían impedido la renovación de autorizaciones notariales obligatorias para continuar ejerciendo determinadas funciones.

La ONU vinculó esta situación con una serie de cambios aplicados al sistema judicial desde octubre de 2023, cuando la Policía Nacional asumió el control de la Corte Suprema de Justicia y se produjeron salidas de altos funcionarios. El grupo indicó que ocho magistrados dejaron sus cargos, mientras que más de 1.000 empleados judiciales fueron apartados.

Los expertos también señalaron que las reformas constitucionales aprobadas en 2025 modificaron el rol del Poder Judicial, que dejó de ser considerado un poder independiente del Estado y pasó a ser definido como un “órgano” coordinado por la Presidencia.

En ese contexto, Reed Brody, integrante del grupo de expertos, calificó la situación como una “depuración silenciosa” de la profesión jurídica y sostuvo que afecta la capacidad de los ciudadanos para acceder a una defensa legal.

“Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente”, afirmó Brody. “En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar”.

El organismo internacional indicó que entre las personas afectadas figuran abogados en el exilio, antiguos funcionarios judiciales, exintegrantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y profesionales sin una identificación política conocida.

Ariela Peralta, también integrante del grupo, señaló que los abogados nicaragüenses han enfrentado presiones desde las protestas antigubernamentales de 2018, incluyendo amenazas, hostigamientos, detenciones y desplazamiento fuera del país.

Los expertos advirtieron que impedir que abogados y notarios aparezcan en los registros oficiales puede tener consecuencias directas sobre el acceso a la justicia, al limitar la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con representación legal ante los tribunales.

El abogado Wilfredo Robles, defensor de Pedro Castillo, planteó que el Estado peruano adopte oficialmente las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, en las que se indica que se tendría que proceder a la liberación del expresidente.

Según el representante legal, “lo ideal sería que el Estado peruano, a través de su más alto representante, que es el doctor Balcázar, emita un decreto supremo acatando las recomendaciones”, indicó a Exitosa.

Pese a que las recomendaciones del grupo de trabajo no son vinculantes y no obligan al Perú a ser acatadas, tal como lo explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, Robles insistió en que el documento sí contiene un pedido directo dirigido al gobierno peruano. “El informe, la decisión, le pide al gobierno, le hace una petición”, afirmó, y aceptó la posibilidad de que la respuesta estatal podría ser negativa.

“Lo ideal dentro del respeto del derecho internacional de los derechos humanos sería que lo acate, que acoja esas recomendaciones y las aplique”, sostuvo en declaraciones al medio radial.

El futuro de Pedro Castillo

Consultado sobre qué haría Castillo en caso de recuperar la libertad y si viajaría a México, Robles evitó adelantar definiciones. “Yo estrictamente lo que he sido llamado para asumir la defensa, yo no puedo trazarle o tampoco soy quien ingiere en su actividad política”, dijo.

El letrado describió el perfil político del expresidente y apuntó a la reacción que genera en parte del espectro partidario. “Él desde ya ha sido, puedo observar que está consagrado como un líder social, por mucho que incomode a ciertos sectores, no solo de la derecha”, afirmó.

Cancillería aclaró alcances del informe de la ONU

La Cancillería se pronunció sobre la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU respecto al expresidente Pedro Castillo, luego de que este organismo calificara de “arbitraria” su detención y recomendara al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación.

La reacción del Ejecutivo surge después de la difusión del dictamen del grupo de expertos de Naciones Unidas, que sostiene que la privación de libertad del exmandatario vulneró la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El documento también plantea investigar las circunstancias de su detención y adoptar medidas frente a las presuntas violaciones de derechos.

Mientras la defensa dePedro Castilloy algunos de sus aliados consideran que el Estado debe acatar la recomendación del organismo internacional, laCancilleríaremarcó que este tipo de opiniones no modifica las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales.

En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos integrado por profesionales independientes.

Según indicó la entidad, estos expertos actúan dentro del mandato otorgado por dicho órgano para “examinar comunicaciones individuales y formular opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados”, por lo que su labor consiste en supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Cancillería difundió esta aclaración luego de que el grupo emitiera una opinión favorable al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de primera instancia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El PlanRetorno al Hogar de Guatemala, ejecutado por el Instituto Guatemalteco de Migración, recibió respaldo de delegados internacionales y agencias multilaterales durante el Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, donde fue valorado como un referente regional por su enfoque de reintegración social y económica y por su énfasis en los derechos humanos.

El programa ya ha asistido y registrado de manera integral a miles de guatemaltecos retornados, tanto en procesos voluntarios como en deportaciones desde Estados Unidos y México. Ese alcance fue presentado como una de las bases de su sostenibilidad, junto con un esquema de coordinación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la evaluación expuesta en el foro, el modelo guatemalteco se aparta de la recepción pasiva de migrantes retornados. La estrategia concentra su diseño en acompañar a la persona antes del regreso, durante la llegada al país y en la etapa posterior de reintegración comunitaria y económica.

El programa se organiza en tres fases desde la red consular hasta la reinserción productiva

La primera etapa, llamada Cerca de ti, se activa desde la red consular en el extranjero. Su función es garantizar asistencia y protección antes del retorno.

La segunda, Regreso digno, opera en centros especializados de recepción en el país, como el de la Zona 13 de la capital. Allí se ofrece atención médica, apoyo psicológico, kits de alimentación y documentación inmediata.

La tercera fase, Nuevas oportunidades, articula el trabajo con ministerios y municipalidades para facilitar el acceso a programas de empleo, capacitación técnica, salud, vivienda y emprendimientos agrícolas. El plan quedó integrado de manera formal a la Política Migratoria Nacional de Guatemala con respaldo directo de la vicepresidencia de la República.

De acuerdo con lo presentado durante el encuentro en la Organización de las Naciones Unidas, esa estructura permitió que el programa fuera examinado como una política de gobernanza migratoria y no solo como un mecanismo de recepción. La valoración internacional puso el foco en la continuidad del acompañamiento institucional a lo largo de todo el trayecto del migrante.

La coordinación interinstitucional fue señalada como la base del modelo

El funcionamiento de la estrategia está bajo la coordinación del Consejo de Atención y Protección, que articula esfuerzos entre el sector público y actores de la sociedad civil. Ese componente fue señalado como uno de los factores que explican el alcance del programa entre personas retornadas desde los dos principales países de procedencia mencionados en la evaluación.

Representantes de la Organización Internacional para las Migraciones indicaron durante el foro que el plan aborda tres ejes de la movilidad humana actual: la protección de los derechos humanos, la reintegración comunitaria y la eficiencia en la gestión de fronteras. Esa combinación fue uno de los elementos mejor valorados en las sesiones globales de examen.

Para las autoridades migratorias guatemaltecas, el reconocimiento recibido en el FEMI refuerza la necesidad de ampliar el financiamiento y la cooperación técnica internacional. El objetivo, según la presentación oficial del programa, es que el retorno no sea entendido como el cierre del proceso migratorio, sino como el inicio de una nueva etapa de desarrollo productivo en las comunidades de origen.

La Cancillería se pronunció sobre la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU respecto al expresidente Pedro Castillo, luego de que este organismo calificara de “arbitraria” su detención y recomendara al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación.

La reacción del Ejecutivo surge después de la difusión del dictamen del grupo de expertos de Naciones Unidas, que sostiene que la privación de libertad del exmandatario vulneró la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El documento también plantea investigar las circunstancias de su detención y adoptar medidas frente a las presuntas violaciones de derechos.

El pronunciamiento abrió un nuevo debate político y jurídico en el país. Mientras la defensa de Pedro Castillo y algunos de sus aliados consideran que el Estado debe acatar la recomendación del organismo internacional, la Cancillería remarcó que este tipo de opiniones no modifica las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales.

Cancillería aclara el rol del Grupo de Trabajo de la ONU

En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos integrado por profesionales independientes.

Según indicó la entidad, estos expertos actúan dentro del mandato otorgado por dicho órgano para “examinar comunicaciones individuales y formular opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados”, por lo que su labor consiste en supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Cancillería difundió esta aclaración luego de que el grupo emitiera una opinión favorable al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de primera instancia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Pronunciamiento de la ONU no tiene efectos jurídicos obligatorios

El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que, conforme al derecho internacional público, las opiniones del Grupo de Trabajo “constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional”, cuyo propósito es promover el diálogo y la cooperación entre los Estados en materia de derechos humanos.

Asimismo, señaló que dichas opiniones “no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional”, “no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias” y “no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno”.

En esa línea, la Cancillería añadió que estos pronunciamientos “no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes”, por lo que cualquier decisión sobre la situación jurídica del exmandatario continúa bajo competencia de las instituciones peruanas.

Grupo de Trabajo de la ONU cuestiona la detención de Pedro Castillo

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomendó al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras formas de reparación.

El panel sostuvo que el expresidente fue detenido sin una base legal suficiente, sin orden judicial y sin respetar la inmunidad que tenía como jefe de Estado. También pidió realizar una investigación sobre las circunstancias de la detención y adoptar medidas frente a las presuntas vulneraciones de derechos.

Sin embargo, el dictamen no fue unánime. Dos de los cinco integrantes del grupo emitieron opiniones disidentes al considerar que la privación de libertad del exmandatario no podía calificarse como arbitraria debido a las características de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.

Abogado de Pedro Castillo anuncia que elevarán el caso al Alto Comisionado de la ONU

Tras difundirse el informe, la defensa de Pedro Castillo anunció que solicitará al Poder Judicial la suspensión de la ejecución de la condena de 11 años y cinco meses de prisión mientras se resuelve la apelación presentada ante la Corte Suprema.

El exmandatario también cumple una segunda prisión preventiva dentro de la investigación que afronta por el presunto liderazgo de una organización criminal, proceso distinto al relacionado con el intento de golpe de Estado.

Según reportó RPP Noticias, el equipo legal del expresidente buscará que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria sea evaluado por otras instancias del sistema de Naciones Unidas.

Durante una conferencia de prensa, el abogado Wilfredo Robles, integrante del equipo jurídico que presentó la denuncia ante la ONU, explicó que el siguiente paso será solicitar que el informe sea elevado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, esperan que el caso sea incorporado en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su evaluación.

Controversia ha generado el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que concluye que la detención del expresidente Pedro Castillo es “arbitraria” y plantea al Gobierno de Perú dejarlo en libertad e incluso darle una indemnización económica.

El informe de 19 páginas, de las cuales 15 constituyen la opinión mayoritaria, es, por decirlo menos, deficiente para la fecha. Y es que omite pronunciamientos trascendentales de instancias peruanas: la sentencia del Tribunal Constitucional (expediente 01803-2023-PHC/TC) y la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que condena a Castillo.

En el caso de la sentencia penal, su omisión responde a que el grupo de trabajo recibió información, tanto de la “fuente” como del Gobierno peruano, hasta marzo de 2025. Lo que no se explica es que no se analice la decisión del TC peruano, que fue publicada en abril de 2024. O el Gobierno no la presentó en sus descargos o los expertos decidieron no abordarla.

En este fallo, los magistrados peruanos, además de validar la vacancia exprés porque el Perú atravesaba una situación extraordinaria (intento de golpe de Estado), se pronuncia sobre la detención en flagrancia.

El informe de expertos de la ONU se centra en analizar la detención en flagrancia de Castillo y, por extensión, la prisión preventiva luego impuesta. Dicen que esta carecería de base legal porque, en ese momento, aún no se le levantaba el antejuicio político, donde también consideran no se siguió con el procedimiento establecido.

Justamente este aspecto es abordado por el TC en su sentencia, en el fundamento 49: “El procedimiento parlamentario de antejuicio debe seguirse respetando estrictamente el debido proceso en el marco jurídico del artículo 89 del Reglamento del Congreso, en todas aquellas situaciones de normalidad constitucional. Es preciso recalcar que dicha situación, como ya se ha sostenido previamente, evidentemente no se suscitó en el presente caso, en el que de forma pública y manifiesta el favorecido (Pedro Castillo) atentó contra el orden constitucional en flagrancia, al constituirse como un gobernante de facto”.

Debido a que la sentencia del TC no es siquiera mencionada en el informe, no se sabe cuál sería la posición del grupo de trabajo sobre este razonamiento de los magistrados peruanos.

Informe parcializado

En el informe de expertos de la ONU también se advierte una parcialidad a favor de la ‘fuente’, que aboga por Pedro Castillo Por ejemplo, en el párrafo 87 del informe se consigna: “A pesar de que la defensa técnica ofreció los elementos suficientes para el levantamiento de esta medida solicitando la aplicación de una medida menos gravosa, el tribunal extendió una prisión preventiva inicial de 7 días a 18 meses y luego durante todo el juicio”. Aquí se omite que Castillo habría buscado escapar a la Embajada de México, a fin de solicitar asilo político para huir del país. Tampoco se explicita como el grupo de trabajo llegó a la conclusión de que los argumentos de Castillo son “suficientes” como para que se levante la prisión preventiva y se le imponga otra medida, como comparecencia con restricciones.

Luego, el grupo de trabajo de la ONU cuestiona que no se haya evaluado imponer vigilancia electrónica. Sin embargo, el Gobierno sí informó que el Poder Judicial lo desestimó por una cuestión de forma: el delito de rebelión no permite que se imponga dicha medida.

La mayoría de expertos de la ONU también dice que “las autoridades del Perú se pronunciaron públicamente en una muy activa campaña estableciendo por adelantado el hecho de que el expresidente era culpable de delitos gravísimos tales como rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública”. Según el documento, esto habría presionado al Poder Judicial.

No obstante, aquí se omite mencionar que los pronunciamientos que emitieron las instituciones, al unísono, condenaban el intento de Castillo de quebrar el orden constitucional. Las entidades calificaron de inconstitucional la medida, pero no imputaron algún delito.

Asimismo, en varios puntos del informe, el grupo de trabajo da por acreditada automáticamente la supuestamente vulneración porque el Gobierno peruano, a consideración del grupo, no pudo refutar lo alegado por “la fuente”. No procede a valorar si lo que alega la “fuente” se ajusta a la realidad.

Omisión

El informe del grupo de trabajo de la ONU recomienda la liberación de Pedro Castillo a pesar de que sobre él pesa una prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal. Este caso no tiene nada que ver con los hechos del 7 de diciembre de 2022, que es lo que analiza el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

El expresidente Pedro Castillo solicitará al Poder Judicial suspender la ejecución de la condena de 11 años y 5 meses de prisión que se le impuso en primera instancia por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El fundamento de su pedido será el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que considera que su detención fue “arbitraria”.

Según pudo conocer Infobae, la defensa del exmandatario presentará en las próximas horas un escrito a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema solicitando la suspensión de la ejecución mientras se tramita la apelación contra la sentencia.

Cabe anotar que el tribunal supremo aún no ha calificado las impugnaciones de Pedro Castillo y los otros condenados por el fallido golpe de Estado: los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Antes de evaluar el fondo, los jueces supremos deberán determinar si las apelaciones fueron bien concedidas. Una vez se cumpla dicho paso, se convocará audiencia de apelación. Esto podría ocurrir en esta segunda mitad del año o en el primer semestre del 2027.

Informe de grupo de la ONU propone liberar a Castillo

El expresidente Pedro Castillo exigió este viernes su liberación inmediata tras conocerse el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que calificó su encarcelamiento como “arbitrario” y recomendó al Estado peruano ponerlo en libertad.

A través de la cuenta de X que usaba durante su Gobierno, Castillo exhortó a todos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a las instancias del sistema de justicia peruano a “acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas”. El exmandatario sostuvo que ignorar el pronunciamiento “no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”.

El dictamen del GTDA, fechado el 4 de junio y difundido esta semana por el portal El Foco, concluye que la detención de Castillo tras el 7 de diciembre de 2022 se realizó “sin ninguna base legal, sin una orden emitida por una autoridad judicial, sin ser informado de los motivos de su detención y sin respetar su inmunidad como presidente”. El panel de expertos independientes determinó, por mayoría, que la privación de libertad del exgobernante contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y solicitó al Gobierno peruano que le conceda también una indemnización.

El comunicado de Castillo omite, sin embargo, un dato central: su reclusión actual no deriva de aquella detención en flagrancia ni de la prisión preventiva que analiza el informe de la ONU, sino de la sentencia de primera instancia dictada en diciembre de 2025 por la Sala Penal Especial, que lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

También se omite que Castillo tiene una segunda prisión preventiva. Esta fue impuesta en la investigación por presuntamente liderar una organización criminal.

El dictamen tampoco es vinculante. Especialistas en derecho internacional han precisado que este tipo de pronunciamientos no obliga al Poder Judicial a disponer la excarcelación del exmandatario. Dos de los cinco miembros del panel —la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista coreano Ethan Hee-Seok Shin— sostuvieron una opinión disidente al considerar que la detención no fue arbitraria, dado que el mensaje del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio del poder y no un caso de libertad de expresión o participación política.

El abogado húngaro ReedBródy advirtió que Nicaragua está desmantelando el Estado de derecho “sin tanques”, mediante la eliminación masiva de abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia, una medida que, si queda sin costo internacional, puede convertirse en una señal para otros gobiernos con tentaciones autoritarias.

Según denuncias de los afectados y de fuentes judiciales citadas por la prensa nicaragüense, al menos 2,000 abogados habrían sido borrados de ese registro. Ni el Gobierno ni el Poder Judicial han ofrecido una explicación sobre esa decisión, informó la Agencia EFE.

Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la ONU, sostuvo en una entrevista con EFE que el mensaje que sale de Managua es que “se puede desmantelar el Estado de derecho sin tanques y sin decretos dramáticos: basta con una base de datos”.

Para el jurista, un Estado que decide por vía administrativa quién puede ser abogado y quién no, deja de operar bajo reglas de derecho y convierte esa potestad en un mecanismo de castigo. También alertó que, si la comunidad internacional no reacciona, otros gobiernos pueden interpretar que la abogacía, a la que definió como la última línea de defensa del ciudadano, puede ser eliminada “con una tecla”.

Bródy explicó que un abogado eliminado del registro judicial no puede presentar escritos ante los tribunales, representar clientes ni ejercer como notario. En la práctica, dijo, deja de existir profesionalmente.

La consecuencia, añadió, no recae solo sobre los letrados. “Cada abogado eliminado son familias que se quedan sin quién presente un recurso, sin quién reclame por un detenido, sin quién firme una escritura. Cuando los abogados no pueden ejercer, los ciudadanos se quedan sin defensa”, afirmó.

El experto comparó esta medida con otras acciones atribuidas al gobierno sandinista: el cierre masivo de ONG, universidades, medios independientes e iglesias. Según su análisis, el patrón consiste en eliminar sin proceso a todo actor que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano.

En ese marco, llamó a los colegios de abogados de otros países a pronunciarse. Su argumento es que los profesionales nicaragüenses afectados son colegas de la comunidad jurídica internacional y que su exclusión no debería pasar inadvertida.

La medida viola principios de la ONU y un tratado ratificado por Nicaragua

Bródy sostuvo que la exclusión de abogados constituye una violación directa del derecho internacional, en particular de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, en cuya redacción participó hace más de 35 años. Ese instrumento, recordó, prohíbe apartar a un letrado del ejercicio sin un proceso justo ante un órgano independiente.

El abogado señaló que esos principios no son un código gremial aislado, sino la expresión concreta de derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mencionó entre ellos la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial y las garantías necesarias para la defensa.

Ese pacto, agregó, es vinculante y fue ratificado por Nicaragua. A su juicio, ninguno de esos derechos puede ejercerse de manera real sin abogados libres e independientes.

Bródy citó además el Principio 28, que dispone que las actuaciones disciplinarias contra abogados deben tramitarse ante un comité imparcial de la propia profesión, un organismo independiente establecido por ley o un tribunal, con revisión judicial independiente. Según dijo a EFE, en este caso no se cumplió ninguno de esos requisitos.

El integrante del grupo de expertos de la ONU afirmó que ese organismo ha constatado que el país no cumple siquiera con un estándar mínimo razonable de independencia judicial. Si a eso se suma una abogacía purgada o atemorizada, dijo, el resultado es la indefensión del ciudadano frente al Estado, sin intermediario y sin escudo.

Ante ese cuadro, Bródy consideró que las vías que quedan son en gran medida internacionales: la documentación de las violaciones, los mecanismos de protección, la actuación de terceros Estados mediante sanciones selectivas, la jurisdicción universal y acciones ante la Corte Internacional de Justicia.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, han pedido este sábado al unísono a la comunidad internacional que haga todo lo posible para impedir que se repita un genocidio como el de Srebrenica en el aniversario de la masacre de más de 8.000 bosnios musulmanes a manos de las fuerzas de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia, en julio de 1995.

“Recordar el genocidio de Srebrenica de 1995 significa confrontar el discurso de odio y la discriminación, y renovar nuestra determinación de hacer del ‘nunca más’ una realidad para todos”, ha manifestado Guterres en un día “solemne” en el que hace falta “recordar a las víctimas, escuchar a los superviventes y actuar para promover la justicia, la reconciliación y la paz”.

Turk, por su parte, ha recordado las “desgarradoras historias” que ha escuchado durante sus visitas a Bosnia y Herzegovina, voces que “deben guiar” el trabajo de la ONU “para asegurar que tales horrores jamás se repitan”.

Familiares de las víctimas y supervivientes de la masacre han acudido por miles, como todos los años, al Centro Memorial de Potocari para conmemorar la tragedia. Durante el día, los restos de diez bosnios identificados recientemente serán enterrados en el lugar, antes de la celebración de la tradicional “Marcha por la Paz”.

El Tribunal de La Haya para Crímenes de Guerra en la Antigua Yugoslavia y los tribunales de Bosnia y Herzegovina, Serbia y Croacia han condenado hasta la fecha a 47 personas a más de 700 años de prisión por crímenes cometidos en julio de 1995, pero decenas de implicados han escapado impunes mientras las autoridades serbias, por su parte, siguen manteniendo su negativa a reconocer la masacre de Srebrenica como un genocidio.

Los dos máximos responsables de la matanza, el líder político de los serbobosnios Radovan Karadzic y el ejecutor directo de la operación, el comandante Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua.

Los restos de las diez víctimas, identificadas recientemente y con edades comprendidas entre los 20 y los 56 años, fueron sepultados en el Centro Memorial de Potocari, junto a otras víctimas ya reconocidas de la mayor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, informó el canal regional N1.

Con estos nuevos entierros, el número de personas inhumadas en este memorial asciende a 6.772, aunque cientos de familiares han optado por dar sepultura a sus seres queridos en otros cementerios.

La conmemoración de este año vuelve a poner el foco en la memoria de una guerra cuyas heridas siguen abierta tres décadas después en un país que continúa dividido por líneas étnicas.

El Instituto para las Personas Desaparecidas de Bosnia-Herzegovina mantiene la búsqueda de 7.566 personas desaparecidas durante la guerra, entre ellas cerca de 950 víctimas del genocidio de Srebrenica cuyos restos aún no han sido localizados.

En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias tomaron el control de Srebrenica, un enclave declarado “seguro” por Naciones Unidas, custodiado por cascos azules neerlandeses y poblado en su mayoría por musulmanes bosnios.

En los días posteriores, más de 8.000 hombres y niños bosnios fueron asesinados en ejecuciones organizadas por milicias serbobosnias, según estableció la Justicia internacional.

El entonces comandante militar serbobosnio, Ratko Mladic, y el líder político serbobosnio, Radovan Karadzic, fueron condenados a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

La fecha del 11 de julio fue reconocida en 2024 por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica.

La memoria de la tragedia sigue siendo motivo de disputa política: Serbia reconoce los asesinatos cometidos, pero rechaza calificarlos como genocidio, mientras que el negacionismo sobre lo sucedido continúa presente en la serbobosnia República Srpska, una de la dos entidades en las que está dividida Bosnia.

(Con información de Europa Press)

El congresista y excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, solicitó este viernes la liberación del expresidente Pedro Castillo, luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyera que la privación de libertad del exmandatario fue “arbitraria” y recomendara al Estado peruano disponer su inmediata excarcelación.

El pronunciamiento del organismo internacional se refiere a la detención de Castillo tras el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y un gobierno de excepción. Por estos hechos, afronta un proceso judicial por el intento de golpe de Estado.

A través de sus redes sociales, el también exministro de Estado expresó su respaldo al exjefe de Estado y sostuvo que el Perú debe atender las recomendaciones formuladas por los expertos de la ONU. Asimismo, afirmó que el dictamen respalda la posición que la defensa de Castillo ha sostenido desde su detención.

“La justicia internacional habló: la detención de Pedro Castillo fue arbitraria. El Perú no puede ignorar las recomendaciones de la ONU”, escribió en su cuenta oficial.

En otra publicación, Sánchez convocó a una movilización en respaldo del exmandatario y anunció una conferencia de prensa para el próximo lunes 13 de julio.

“Los pueblos del Perú de todas las sangres nos preparamos para movilizarnos, en ejercicio de nuestro derecho constitucional, en respeto a los derechos humanos y al derecho internacional contra las detenciones arbitrarias e ilegales, exigiendo la liberación del presidente”, señaló.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional de Juntos por el Perú también saludó la publicación del dictamen del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. En un pronunciamiento, la agrupación exhortó al presidente José María Balcázar a atender las recomendaciones del organismo internacional y disponer la libertad inmediata de Pedro Castillo, garantizando el respeto de sus derechos fundamentales.

Castillo también invocó el informe de la ONU

El propio Pedro Castillo, quien continúa autodenominándose “presidente constitucional” pese a haber sido vacado por el Congreso y reemplazado en el cargo por su entonces vicepresidenta, también se pronunció tras conocerse el dictamen de la ONU.

A través de un comunicado, exhortó al Estado peruano a cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo y aseguró que ignorarlas implicaría incumplir obligaciones internacionales.

“Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”, sostuvo.

Cabe precisar que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no tiene carácter vinculante, por lo que sus recomendaciones no obligan al Poder Judicial peruano a ordenar la liberación de Castillo. Su situación jurídica continúa siendo resuelta por las autoridades nacionales en el marco de los procesos penales que enfrenta.

¿Qué dice el informe de expertos de la ONU?

El pronunciamiento citado por Sánchez corresponde al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, un mecanismo independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su dictamen, el grupo concluyó que la detención del expresidente fue arbitraria y recomendó al Estado peruano disponer su liberación, otorgarle una reparación e investigar las presuntas vulneraciones a sus derechos.

No obstante, especialistas en derecho internacional han precisado que este tipo de dictámenes no tiene carácter vinculante, por lo que sus recomendaciones no obligan al Poder Judicial peruano a disponer la excarcelación de Castillo. La decisión sobre su situación jurídica continúa en manos de las autoridades nacionales.

Pedro Castillo continúa afrontando un juicio

Pedro Castillo permanece recluido mientras enfrenta el juicio oral por el presunto delito de rebelión, a raíz del mensaje a la nación que brindó el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y un gobierno de excepción, medidas que fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado.

Además de este proceso, el exmandatario es investigado en otros casos por presuntos delitos de corrupción durante su gestión presidencial.

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA), desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), obtuvo el reconocimiento WSIS Champion 2026 en la categoría Desarrollo de Capacidades, uno de los galardones más importantes que otorgan cada año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para destacar proyectos que utilizan la tecnología como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en Ginebra, Suiza, en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés).

Durante el evento, la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, felicitó a los proyectos galardonados y destacó que representan el espíritu de la iniciativa WSIS al colocar a las personas en el centro del desarrollo digital y demostrar cómo la innovación tecnológica puede generar beneficios sociales.

¿Por qué fue reconocido el Centro Público de Formación en IA?

El reconocimiento WSIS Champion 2026 distingue a las iniciativas que, tras un proceso de evaluación y votación de especialistas internacionales, son consideradas sobresalientes por aprovechar las tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible.

En el caso de México, el jurado destacó el modelo impulsado por la ATDT por ofrecer capacitación gratuita en habilidades digitales altamente especializadas, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales de la población y reducir las brechas de desigualdad.

El programa está dirigido prioritariamente a personas y familias de bajos ingresos y ofrece cursos intensivos de cinco meses, acompañados de certificaciones en áreas estratégicas como:

• Inteligencia artificial.
• Ciberseguridad.
• Computación en la nube.
• Programación.
• Análisis de datos.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades profesionales de los participantes, facilitar su acceso a empleos de mayor valor agregado y contribuir al desarrollo del talento digital en México.

Instituciones y empresas colaboran en la capacitación

Para poner en marcha el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contó con la colaboración de diversas instituciones académicas y de investigación.

Entre ellas se encuentran el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), organismo sectorizado de la ATDT.

Asimismo, empresas globales del sector tecnológico participan mediante tutorías y certificaciones que fortalecen la preparación de los estudiantes y mejoran sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

¿Qué son los Premios WSIS?

Los Premios WSIS son otorgados anualmente por la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones para reconocer proyectos impulsados por gobiernos, organismos internacionales, empresas y organizaciones que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el desarrollo económico y social.

Como parte del proceso de evaluación, el comité internacional consideró que el modelo mexicano es eficiente, sostenible y replicable, al combinar educación digital especializada, colaboración entre instituciones públicas y el sector tecnológico, así como un uso responsable de los recursos públicos para ampliar el acceso a oportunidades de formación.

De acuerdo con la ATDT, este reconocimiento internacional respalda la estrategia del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para democratizar el acceso a las tecnologías emergentes, impulsar la innovación y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

El golpista expresidente Pedro Castillo solicitó al sistema de justicia que “se acate de inmediato” las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que califica su detención como “arbitraria” y propone su liberación.

“Hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la administración de justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas”, se lee en un post de la cuenta de X que Castillo usaba durante su Gobierno.

Según la publicación, que se ignore el pronunciamiento de los expertos de la ONU “no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”.

“Dicha instancia internacional ha determinado, de manera inequívoca, que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República, el pasado 7 de diciembre de 2022″, se lee en la publicación.

Para Castillo, con este informe, ahora “el mundo” podrán ver cómo supuestamente “los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal, violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto ‘alzamiento en armas’ que nunca ocurrió, quebrantando de esa manera el Estado de derecho”.

El exmandatario omite en su comunicado que, a la fecha, su reclusión no responde a su detención en flagrancia o la prisión preventiva, que es lo que analiza de manera deficiente y parcializada el informe de la ONU.

Actualmente, Castillo se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo porque se viene ejecutando la sentencia de primera instancia que lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Dicha sentencia fue apelada y se encuentra en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que aún no ha determinado si la apelación fue bien concedida.

Balcázar se pronuncia

El presidente José María Balcázar admitió este viernes que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA), que califica de ilegal el encarcelamiento de Pedro Castillo y exige su liberación inmediata, abre un nuevo escenario para una eventual concesión de indulto al exmandatario.

Balcázar declaró en entrevista con Radio Nacional que el documento “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. El jefe de Estado anunció que revisará el fallo junto al ministro de Justicia, Luis Jiménez, a su regreso a Lima, y señaló que el pronunciamiento del organismo internacional “abonaría” a cualquier petición formal que presente la defensa de Castillo.

“El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, afirmó Balcázar, aunque precisó que el dictamen no lo obliga de manera directa.

El mandatario remarcó que la concesión de un indulto requiere una solicitud expresa y debidamente fundamentada por parte de los abogados del exgobernante. “Todo lo que ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto. Por eso es que se rechazó formalmente, porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México respalda la resolución del grupo de trabajo de la ONU que califica de arbitraria la detención del expresidente peruano Pedro Castillo y exhortó a su liberación.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 10 de julio, Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno mantiene la intención de recomponer la relación diplomática con Perú si la presidenta electa, Keiko Fujimori, así lo plantea. Recordó que la ruptura de las relaciones no fue decisión de México, sino del propio gobierno peruano, y celebró el anuncio de Fujimori de buscar restablecer los lazos bilaterales.

México sostiene su posición sobre la detención de Pedro Castillo

Al ser cuestionada sobre la reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que determinó como arbitraria la detención de Pedro Castillo y exhortó a su inmediata liberación, Sheinbaum enfatizó que la posición de México no ha cambiado desde el inicio de la crisis política en Perú.

“De hecho, la manifestamos desde el principio, porque consideramos que fue una detención arbitraria, porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente. De acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el Congreso, es tan sencillo como eso, ¿no? Además de otras consideraciones, pero particularmente eso”, explicó la presidenta.

La mandataria agregó que el gobierno mexicano siempre ha sostenido que la destitución y detención de Castillo carecieron de justificación jurídica y que la decisión del Congreso peruano no respetó sus propios procedimientos legales. “Por eso nosotros siempre planteamos que era otra la intención de la detención y que no tenía una justificación jurídica legal”, indicó.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) declaró arbitraria la detención del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a más de 11 años de cárcel por conspiración para rebelión tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y solicitó al Gobierno peruano su liberación inmediata, así como la concesión de una indemnización.

El documento, fechado el pasado 4 de junio y hecho público este jueves por el portal de investigación El Foco, sostiene que la privación de libertad del exgobernante contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La decisión fue adoptada en el 104º período de sesiones del Grupo de Trabajo, realizado del 10 al 14 de noviembre del año pasado. Infobae verificó que el pronunciamiento se realizó junto con otras resoluciones sobre casos en Arabia Saudita, Kirguistán, Pakistán, Túnez, Grecia, Argelia, India, Camboya, Venezuela, Guinea Ecuatorial, Baréin, China y Tanzania.

“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, indica el fallo.

El panel de expertos independientes solicita, además, una “investigación exhaustiva de las circunstancias en torno a la privación arbitraria” y que se adopten medidas pertinentes contra “los responsables de la violación de derechos”.

La exministra Anahí Durand, vocera de Juntos por el Perú —la formación que postuló a la presidencia a Roberto Sánchez y que busca la excarcelación del exmandatario— indicó que este fallo ha sido emitido “después de tres años” y añadió que, “aunque la clase política que se ha apoderado del Estado diga lo contrario, actuaron contra la voluntad popular”.

Sánchez, en tanto, se limitó a expresar en su cuenta de X que “la verdad del pueblo se abre paso”.

Castillo fue arrestado por su escolta después de anunciar la disolución del Congreso en un mensaje a la nación, un hecho que, según los expertos de la ONU, se realizó “sin ninguna base legal, sin una orden emitida por una autoridad judicial, sin ser informado de los motivos de su detención y sin respetar su inmunidad como presidente”.

El GTDA remarcó que el escolta declaró haber recibido “una llamada del Director de Seguridad del Estado ordenándole detener al Presidente por presunta comisión flagrante de los delitos de rebelión, violación de la Constitución y abuso de autoridad”. En ese contexto, el exgobernante fue trasladado a una sede policial y presentado ante la fiscal de la Nación de entonces, Patricia Benavides.

“No existe en la Constitución la figura delictual de ‘flagrancia’ para el Jefe de Estado, pues es necesario antes de detenerlo iniciar un proceso para cumplir con el levantamiento de la inmunidad que le concede su alto cargo”, avanzó el grupo.

Subrayó seguidamente que no se consideraron alternativas menos gravosas al arresto, que Castillo no accedió de inmediato a un abogado de confianza y que existieron presiones a la defensa junto con una campaña mediática que lo presentó como culpable de rebelión sin pruebas de alzamiento.

Dos miembros del panel, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista coreano Ethan Hee-Seok Shin, sostuvieron que la privación de libertad de Castillo no fue arbitraria, ya que su mensaje del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio de poder y no un caso de “libertad de expresión o participación política”.

Por su parte, el presidente-relator neozelandés Matthew Gillett sostuvo una opinión parcial de desacuerdo al plantear que la declaración de Castillo podría estar amparada por la libertad de expresión y criticó que se niegue esa protección al calificarla como “enunciado performativo” sin base legal. También afirmó que la detención solo sería arbitraria por no justificar la prisión preventiva.

El dictamen se ha difundido en medio del debate sobre un posible indulto al exmandatario, al que se ha referido el presidente interino José María Balcázar, pero que ha sido rechazado en al menos seis ocasiones por el Ejecutivo.

Tanto el Ministerio de Justicia como la Comisión de Gracias Presidenciales han declarado inadmisibles los pedidos de gracia, al referir que no existen condiciones legales para concederlo puesto que su condena aún no está firme y sigue en apelación ante la Corte Suprema.

El mandatario, que se encontraba de viaje en Cuzco en el momento de conocer el informe, señaló que el documento “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. Balcázar adelantó que analizará el fallo junto con el ministro de Justicia, Luis Jiménez, una vez regrese a Lima, y que el pronunciamiento de la ONU “abonaría” al petitorio que formule la defensa de Castillo.

“El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, afirmó el jefe de Estado en entrevista con Radio Nacional. Balcázar aclaró que, si bien el pronunciamiento de la ONU no lo vincula de forma directa, esté sí podría ser considerado.

En esa línea, el mandatario subrayó que para que un eventual indulto prospere es necesario que exista un pedido expreso y debidamente fundamentado de parte de la defensa de Castillo. “Todo lo que ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto. Por eso es que se rechazó formalmente, porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes”, explicó.

Expertos de la ONU se pronuncian sobre Castillo

El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), fechado el 4 de junio y difundido el miércoles por el portal El Foco, sostiene que la detención de Pedro Castillo tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022 se realizó “sin ninguna base legal, sin una orden emitida por una autoridad judicial, sin ser informado de los motivos de su detención y sin respetar su inmunidad como presidente”.

El panel de expertos independientes concluyó, por mayoría, que la privación de libertad del exgobernante contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y solicitó al Gobierno peruano que lo ponga “inmediatamente en libertad” y le conceda una indemnización.

Dos de los cinco miembros del panel, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista coreano Ethan Hee-Seok Shin, sostuvieron una opinión disidente al considerar que la detención de Castillo no fue arbitraria, dado que su mensaje del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio del poder y no un caso de libertad de expresión o participación política.

Desde diciembre de 2022, el expresidente se encuentra recluido en el Penal Barbadillo de Ate, tras ser detenido en flagrancia delictiva. Luego, la Corte Suprema en doble instancia validó la detención.

Vencido el plazo de la detención, se dictó la prisión preventiva por 18 meses por el fallido golpe de Estado. En diciembre de 2025, la Sala Penal Especial condenó a Castillo a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

He seguido con atención el primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, porque el lenguaje que António Guterres utilizó en la apertura el 6 de julio en Ginebra remite, casi palabra por palabra, a la genealogía del derecho ambiental internacional. Cuando el Secretario General de la ONU advirtió que la humanidad ejecuta “un experimento sobre nuestras propias sociedades, sin plan y sin consentimiento”, estaba usando la misma retórica que hace medio siglo describía la incertidumbre frente al cambio climático o el adelgazamiento de la capa de ozono. El eco no es casual: el ambiente y la inteligencia artificial son sistemas que ningún Estado controla en soledad, cuyos efectos cruzan fronteras y cuya regulación exige instituciones que el derecho internacional clásico no tenía previstas.

Vale la pena mirar de cerca esa comparación, sin forzarla y sin desconocer sus límites, apoyándose en dos textos recientes que llegan a una conclusión convergente desde lugares muy distintos: el ensayo de junio de Dario Amodei, “Policy on the AI Exponential”, y la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, dedicada a la persona humana en tiempos de inteligencia artificial.

El derecho ambiental internacional no nació de un tratado sino de una acumulación lenta de evidencia científica. Estocolmo, en 1972, instaló el tema en la agenda global sin generar obligaciones vinculantes. Quince años después, el Protocolo de Montreal logró lo que rara vez se repite: consenso científico sólido, daño visible y tecnología de reemplazo disponible, la combinación que vuelve viable un tratado eficaz. El caso climático fue más arduo: la Convención de 1992 fijó principios sin metas obligatorias, Kioto tropezó con las asimetrías entre países y la negativa de Estados Unidos a ratificarlo, y recién París, en 2015, destrabó el estancamiento cambiando de arquitectura: de metas impuestas desde arriba a compromisos nacionales revisados con el tiempo. Esa secuencia —evidencia compartida primero, obligación después— es la lección de método que el derecho ambiental le deja a cualquier campo que intente regular un problema global sin gobierno mundial.

La inteligencia artificial recorre ese mismo camino a una velocidad que el derecho ambiental nunca conoció. Entre Bletchley Park, en 2023, y Ginebra, en 2026, no pasaron cincuenta años sino tres, y sin embargo ya se sucedieron el Cuerpo Consultivo de la ONU, el Pacto Digital Mundial, el Reglamento europeo de IA y el Panel Científico Internacional que en junio advirtió sobre daños catastróficos posibles. Es la misma secuencia que el derecho ambiental tardó generaciones en recorrer, comprimida en apenas un lustro. Guterres lo dijo en Ginebra con una frase que cualquier internacionalista ambiental reconoce: “sin una base común de reglas, el resultado es un mosaico que encarece la adopción, fragmenta los mercados y no protege a nadie”.

Pero la analogía más honda no es la de procedimiento, sino la de sustancia. El derecho ambiental protege un sustrato material del que depende toda vida social. La inteligencia artificial amenaza algo estructuralmente equivalente: el sustrato epistémico del que depende toda vida democrática. La integridad de la información, la posibilidad de distinguir un hecho de una fabricación, la confianza en los procesos electorales, no son bienes que cada individuo defienda por sí solo: son bienes colectivos que se degradan o se preservan como un ecosistema. Cuando la desinformación automatizada erosiona esa capacidad social de discernir, no daña a una persona en particular: contamina el ambiente informativo del que todos dependemos, lo usemos o no.

Esa idea aparece formulada de manera casi literal en la encíclica de León XIV. Al hablar de la necesidad de desarmar a la inteligencia artificial, el Pontífice afirma que esa tarea es ecológica en el sentido más radical, porque la IA “es ya un ambiente en el que estamos inmersos” y un poder que debemos afrontar. No alcanza con regularla, agrega; hay que desarmarla y hacerla acogedora. Es una formulación que, desde una tradición doctrinal ajena al derecho internacional público, converge con la intuición central de esta nota: la IA no es solo una tecnología que se usa, es un entorno que se habita, y los entornos se regulan desde la lógica del bien común, no del consentimiento individual.

Amodei llega a una conclusión de política pública compatible con ese diagnóstico, aunque hable en un registro más técnico que teológico. Su propuesta de regular los sistemas de frontera según la lógica de la Administración Federal de Aviación ―pruebas obligatorias antes del despliegue, auditoría independiente, capacidad estatal de frenar un lanzamiento inseguro― reproduce el mismo tránsito que el derecho ambiental hizo entre Estocolmo y Montreal: transparencia primero, cuando el riesgo todavía es difuso; norma vinculante después, cuando la evidencia se vuelve inequívoca. Para describir el desfase entre esa exponencial y la lentitud institucional, Amodei recurre a una imagen literaria: la relación entre la IA y la política se parece a la de los hobbits que intentan despertar a Treebeard, el ente arbóreo de El Señor de los Anillos tan deliberativo que necesita un día entero para saludar a otro árbol, mientras el bosque que debe proteger ya está siendo talado. Esa lentitud no es un defecto sino una virtud institucional, la misma prudencia que reclaman tanto Amodei como el Pontífice, pero se vuelve peligrosa cuando la ventana de reacción se mide en meses y no en las décadas con que trabajó el derecho ambiental.

Hay diferencias que no conviene diluir. El daño ambiental es acumulativo y lento, lo que —a costa de una demora que hoy lamentamos— dio tiempo a que la ciencia madurara antes de que la norma se volviera urgente. La IA avanza según una curva que invierte ese problema: para cuando la evidencia madura, la tecnología ya cambió de forma. Y mientras la causación del daño ambiental está dispersa entre miles de millones de agentes, la IA de frontera está concentrada en un puñado de empresas y Estados, lo que la acerca más, en su geometría de poder, a la no proliferación nuclear que a la política climática.

De esa comparación se desprende una tarea concreta para quienes trabajamos desde el derecho en la esfera internacional: incorporar la categoría de bien público colectivo digital, tal como el derecho ambiental incorporó hace cincuenta años la de patrimonio común de la humanidad. La integridad electoral y la confiabilidad de la información no se protegen por default en la era de la IA: requieren, como el aire limpio, una arquitectura institucional deliberada. Ginebra, con todas sus limitaciones de foro no vinculante, es un punto de partida análogo a Estocolmo 1972: no produce obligación jurídica todavía, pero instala el vocabulario común sin el cual ninguna obligación futura es pensable.

Amodei cierra su ensayo con una nota esperanzada: Treebeard y su bosque, escribe, están despertando. Queda abierta la pregunta que ninguna analogía puede responder por nosotros: si ese despertar llega a tiempo, o si, como ocurrió más de una vez en la historia del derecho ambiental, la conciencia colectiva madura recién cuando buena parte del daño ya es irreversible.

La demanda de asistencia humanitaria aumentó en las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un llamado para recaudar cerca de 300 millones de dólares destinados a asistir a 1,3 millones de personas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la emergencia sanitaria “está lejos de haber terminado”.

En el estado de La Guaira, donde se concentró la mayor parte de la destrucción, miles de personas acudieron a cocinas móviles, clínicas temporales y hospitales de campaña instalados por organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales. La asistencia alcanza tanto a quienes perdieron sus viviendas como a personas que, pese a conservar sus hogares, necesitan atención médica o medicamentos.

El jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, explicó que las necesidades de la población cambiaron con el paso de las semanas. “Está claro en los lugares donde se encuentran los desplazados que, especialmente después de dos semanas, la gente llega porque no pudo recibir otros tratamientos. Ya no llegan solo con fracturas, llegan con esas necesidades de salud de largo plazo. Es vital que estemos allí para ellos”, afirmó.

Los equipos médicos que trabajan en la comunidad de Catia La Mar reportaron un aumento de enfermedades cutáneas, casos de diarrea y solicitudes de medicamentos para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Los profesionales atribuyen parte de estos problemas al hacinamiento y a las deficientes condiciones de acceso al agua potable y al saneamiento, dificultades que ya afectaban a numerosas comunidades antes de los terremotos.

Irma Echarri, de 67 años, acudió a una unidad médica móvil con las cajas vacías de las gotas para los ojos y del analgésico que utiliza habitualmente con la esperanza de recibir nuevos medicamentos. También buscó atención por un dolor persistente en la nariz que apareció después de los sismos. “Me duele mucho. Me duele porque me duele”, expresó mientras esperaba atención médica.

Aunque su vivienda no sufrió daños, muchos de sus vecinos permanecen en refugios temporales o pasan las noches al aire libre. Según cifras oficiales, los terremotos provocaron el colapso de 190 edificios y daños en otros 856.

El Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez estimó que cerca de 18.000 personas quedaron sin vivienda. Los desplazados ocupan escuelas, plazas, parques, aceras y otros espacios públicos mientras continúan las tareas de asistencia.

De acuerdo con la última actualización oficial difundida el jueves, los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia, dejaron hasta el momento 3.811 muertos, 16.740 heridos y más de 17.900 personas sin hogar.

Entre los desplazados también se encuentra Zulbey Reyes, de 41 años, quien perdió su empleo como niñera tras el desastre. La mujer acudió a una clínica administrada por la organización venezolana Paluz junto con el Comité Internacional de Rescate debido a un fuerte dolor en el pecho.

“Pensé que era mi corazón el que estaba enfermo. Pero es un nervio que se inflamó después de los gritos de aquel día”, relató tras recibir atención médica y medicamentos.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, Armando Denegri, informó que “el 50% de los profesionales de la salud de La Guaira resultó directamente afectado” por los terremotos. “Algunos desaparecieron, algunos murieron y otros sufrieron graves consecuencias de la crisis, con impacto también sobre sus familias”, señaló, sin ofrecer más detalles.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó que los daños físicos directos en viviendas e infraestructura ascienden a unos 37.000 millones de dólares.

Por su parte, la OPS aseguró que la respuesta sanitaria entró en una etapa decisiva. El organismo informó que movilizó hasta ahora 9 millones de dólares de los 24 millones que necesita para atender la emergencia.

“La respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”, indicó la organización.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que “la emergencia sanitaria está lejos de haber terminado” y señaló que las prioridades continúan enfocadas en salvar vidas, mantener el funcionamiento de los servicios esenciales de salud y prevenir nuevos riesgos sanitarios.

El director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, subrayó la urgencia del financiamiento internacional. “Ese pedido es de extrema urgencia. No es para rehabilitación, es para respuesta y recuperación de los servicios esenciales”, afirmó.

Actualmente operan en Venezuela dos equipos médicos internacionales de emergencia y la OPS envió seis toneladas métricas de insumos médicos desde su centro logístico en Panamá. Además, el organismo precisó que parte de los recursos provienen de su fondo para desastres, del Fondo de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de aportes comprometidos por Canadá y España.

Barbosa explicó que los principales riesgos posteriores a una catástrofe de esta magnitud se relacionan con las interrupciones en la atención sanitaria, el hacinamiento, el acceso limitado al agua potable, la vacunación y el impacto psicológico sobre la población y el personal médico.

Fletcher también destacó el cambio en la relación entre el Gobierno venezolano y las organizaciones humanitarias, que durante los últimos años enfrentaron restricciones y acusaciones oficiales.

“Cuando existe una crisis de esta magnitud, la gente deja la política a un lado y puede concentrarse en salvar la mayor cantidad posible de vidas. Eso es lo que veo hasta ahora en esta respuesta”, sostuvo.

(Con información de AP y EFE)

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) condenó este jueves los ataques lanzados por Irán contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz y contra instalaciones militares de Estados Unidos ubicadas en varios países de la región. Los seis miembros del bloque calificaron la ofensiva como una amenaza para la estabilidad regional, la seguridad marítima y el suministro global de energía, al tiempo que instaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar una respuesta contundente.

En una declaración conjunta, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán atribuyeron a Teherán la responsabilidad de las acciones militares y de sus consecuencias. El bloque expresó que los ataques dirigidos contra un petrolero saudí y otro qatarí pusieron en riesgo la vida de sus tripulaciones y afectaron una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos.

El CCG sostuvo que la continuidad de estas operaciones militares representa un riesgo creciente para la navegación internacional y para la economía mundial. Según el comunicado, la escalada también amenaza la estabilidad de los mercados energéticos y compromete la seguridad en una zona estratégica por la que transita una parte significativa del petróleo comercializado a nivel global.

Los países del Golfo también denunciaron los ataques iraníes contra Kuwait y Bahréin, donde Estados Unidos mantiene instalaciones militares. A juicio del bloque, esas acciones constituyen una violación del derecho internacional, de la libertad de navegación y de los compromisos asumidos por Irán en el entendimiento alcanzado con Washington para reducir las tensiones en la región.

El organismo regional reafirmó la unidad entre sus miembros y recordó que cualquier agresión contra uno de ellos será considerada un ataque contra el conjunto del Consejo.

“La seguridad de los Estados del CCG es indivisible y cualquier ataque contra un Estado miembro se considera un ataque directo contra todos los Estados del CCG”, señaló la organización en su comunicado.

Además, el bloque hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene las acciones de Irán y adopte medidas que garanticen la libre circulación de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

En ese sentido, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU asumir una posición “firme” para proteger el tránsito marítimo internacional y asegurar que la navegación continúe “sin restricciones y sin la imposición de tasas de tránsito o de servicio”.

Los gobiernos del Golfo también reclamaron a Teherán que cumpla con sus obligaciones internacionales y respete el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para favorecer la estabilidad regional y mantener abierto el paso por Ormuz.

La reacción del CCG se produjo después de que las Fuerzas Armadas iraníes reivindicaran una serie de ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar. Entre los blancos mencionados por Teherán figuran un sistema de defensa antimisiles Patriot desplegado en Kuwait, una instalación satelital del sistema de alerta temprana en Qatar y depósitos de combustible utilizados por el Ejército estadounidense en Bahréin.

El régimen iraní presentó la ofensiva como una respuesta a los bombardeos realizados previamente por Estados Unidos contra su territorio y advirtieron que podrían ampliar las operaciones si continúan las acciones militares estadounidenses.

La nueva escalada se produce en medio del deterioro del alto el fuego que había sido pactado entre Washington y Teherán para reducir las hostilidades y garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la presión militar sobre Irán continuará mientras persistan las amenazas contra la navegación internacional y los intereses de los aliados occidentales en la región.

“No permitiremos que Irán utilice el terrorismo y la violencia para controlar una de las rutas marítimas más importantes del mundo”, afirmó el jefe del gobierno israelí.

Netanyahu sostuvo además que la libertad de navegación constituye un interés estratégico para la comunidad internacional y reiteró que Israel seguirá coordinando acciones con Estados Unidos y con sus socios regionales frente a las acciones iraníes.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero y el Fondo de Población de las Naciones Unidas firmaron un convenio de colaboración para reducir el rezago de identificación de más de 3 mil 500 cuerpos o restos humanos que permanecen sin nombre en los servicios médicos forenses de la entidad. El acuerdo se formalizó el 8 de julio en Chilpancingo tras una reunión de casi cuatro horas con representantes de 16 colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Con la firma, Guerrero se convirtió en la tercera fiscalía del país en formalizar una alianza con el UNFPA para fortalecer la identificación humana. La meta fijada es identificar al menos 400 restos en lo que resta de 2026 y liquidar el rezago total en 2027.

El micrositio, primer paso concreto

El convenio incluyó la presentación de un micrositio de identificación humana alojado en la página de la Fiscalía. La plataforma arrancó con las fichas de 50 personas ya identificadas mediante el cotejo de sus huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), y se actualizará de forma continua para que los familiares puedan reconocer a sus seres queridos y reclamarlos.

El coordinador del Programa de Identificación Humana del UNFPA, Maximilian Murck, precisó que los datos de esas 50 personas se cargaron el mismo día de la firma. Subrayó que todas ellas “deberían regresar a casa con sus familias que los buscan”.

Qué implica el convenio punto por punto

El acuerdo establece un conjunto de acciones concretas en materia forense y de búsqueda. Las principales son:

1. Incorporación al esquema de colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) para el procesamiento de muestras genéticas.
2. Refuerzo del intercambio de información con el INE para el cotejo de huellas dactilares.
3. Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en los procesos de identificación humana.
4. Jornadas de atención a familiares y toma de muestras biológicas.
5. Operativos regionales de búsqueda.
6. Mesas de revisión de carpetas de investigación.
7. Mecanismos de denuncia inmediata.
8. Herramientas de geolocalización para responder con mayor rapidez ante el reporte de una desaparición.

El programa cuenta con el respaldo financiero de los gobiernos de Alemania, Noruega y Canadá.

La postura de los colectivos: reservas y exigencias

Los colectivos recibieron el proyecto con escepticismo. Gema Antúnez Flores, del colectivo María Herrera, lo calificó de “buenas promesas” y advirtió que el sistema de cotejo de huellas dactilares no resolverá los casos de larga data.

“La mayoría de los que andamos en los colectivos somos de larga data, es decir, de 10 años hacia atrás; mi hijo, Juan Sebastián García Antúnez, tiene 15 años desaparecido", declaró. El grupo le pidió al fiscal una mayor contratación de especialistas en identificación forense y criminalistas para atender precisamente esos expedientes antiguos.

Diana Rufino Tapia, del colectivo Hasta Encontrarlos, señaló que la mesa de trabajo que se realizó el 8 de julio llevaba tres meses siendo cancelada. Afirmó que los colectivos tuvieron que viajar hasta Tabasco para exponer la situación ante el gobierno federal y forzar una respuesta.

Rufino Tapia también cuestionó la eficacia del cotejo dactilar como método único: “No tenemos la esperanza de que nada más con la huella dactilar se identifiquen los cuerpos, porque en Guerrero se han localizado más osamentas que cuerpos”. Agregó que los restos del período entre 2007 y 2015 no cuentan con toma genética, lo que los excluye del alcance inmediato del programa.

La reunión con la gobernadora y el reclamo por la violencia

Los colectivos tienen programada una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para el 15 de julio. En ese encuentro le pedirán que ponga en funcionamiento el Centro de Resguardo Forense de Acapulco, donde podrían procesarse los cuerpos sin toma genética del período antes mencionado.

Rufino Tapia también cuestionó el discurso oficial sobre la seguridad en el estado. “Ella dice que la violencia está a la baja y ayer mataron al de una ferretería de Iguala; no me explico cómo se dice que la violencia va a la baja, si los hechos dicen otra cosa”, señaló.

El fiscal Torres Ojeda evitó precisar durante la conferencia de prensa cuántos cuerpos o restos permanecen sin identificar. El dato de más de 3 mil 500 proviene de los propios colectivos de búsqueda.

Las expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han lanzado un llamado urgente en Guatemala para el acceso a archivos e instalaciones militares. La apertura de estos espacios se considera vital en la búsqueda de miles de personas desaparecidas, en un país donde la herida del pasado sigue abierta y el sufrimiento de las familias permanece vigente.

La petición se hizo pública a través de un comunicado difundido por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, luego de la visita oficial de las expertas al país. En este se advierte sobre un panorama marcado por la fragmentación institucional y la falta de registros consolidados, incluso cuarenta años después del conflicto armado interno.

Las expertas sostienen que el éxito del nuevo Mecanismo para la Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas, recientemente impulsado por el gobierno, dependerá en gran medida del nivel de apertura estatal, especialmente en cuanto al acceso a documentación militar, policial y de inteligencia.

El reclamo por la apertura de archivos militares y policiales

El grupo de expertas enfatizó que el acceso a los archivos no es solo una cuestión administrativa, sino la condición indispensable para localizar personas desaparecidas y combatir la impunidad. La restauración, clasificación y digitalización de expedientes, como los de la Policía Civil Nacional y el Registro Nacional de Reparaciones, fueron señalados como pasos positivos, pero insuficientes si no se garantiza la preservación y la accesibilidad de toda la documentación relevante.

La necesidad de documentar los casos de quienes han desaparecido tras el conflicto y de consolidar los esfuerzos de búsqueda fue uno de los puntos centrales del informe. Las expertas advirtieron: “El Estado debe garantizar la preservación, organización y accesibilidad de toda la documentación relevante”.

Las labores de búsqueda, forense y memoria han recaído históricamente en las víctimas y en organizaciones civiles, señalaron las integrantes del Grupo de Trabajo. Pese a los progresos recientes —como la creación de un equipo dedicado a la búsqueda humanitaria—, el mecanismo enfrenta serias limitaciones de recursos y sostenibilidad, lo que dificulta su funcionamiento pleno.

Preocupación por la institucionalidad y la justicia transicional

El informe no solo apunta al presente, sino que también recoge la preocupación por las debilidades acumuladas en los últimos ocho años. Las expertas subrayan que el debilitamiento de la Fiscalía y la criminalización de operadores de justicia especializados en justicia transicional han golpeado la capacidad estatal para investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado.

El Grupo de Trabajo reclamó al recientemente nombrado Fiscal General que coloque la investigación de las desapariciones forzadas como una prioridad y que contribuya a restaurar la institucionalidad, elemento que consideran clave en la lucha contra la impunidad. “Las víctimas de desapariciones forzadas tienen derecho a investigaciones rápidas, independientes, exhaustivas e imparciales que permitan identificar a los responsables y garantizar la rendición de cuentas”, afirmaron.

En la actualidad, la búsqueda de desaparecidos y la exhumación de restos deben continuar bajo estos principios, según el grupo de expertas. Este enfoque es esencial para responder a la pregunta sobre el estado de la búsqueda en Guatemala: el proceso depende de la apertura de archivos militares y del fortalecimiento institucional para garantizar justicia y reparación.

Reconocimiento al papel de la sociedad civil y los pueblos indígenas

Durante su evaluación, el Grupo de Trabajo destacó el papel fundamental de las y los supervivientes, familiares, Pueblos Indígenas y organizaciones sociales en la construcción de memoria y en la búsqueda de la verdad. Su contribución ha dado forma a una red amplia de iniciativas, pese a las adversidades.

El informe valora los esfuerzos del Gobierno en el desarrollo del Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2026-2036, aunque deja claro que la viabilidad de este plan dependerá de una implementación efectiva, de recursos adecuados y de una participación genuina de las víctimas.

Las expertas alertan que la desaparición forzada tiene consecuencias que trascienden generaciones y afectan especialmente a mujeres, pueblos indígenas y personas vulnerables. La negligencia institucional —advierten— perpetúa la exclusión y el sufrimiento.

La verdad y la memoria como cimientos del futuro

El llamado final del Grupo de Trabajo es a la unidad de todas las instituciones y actores políticos, para construir un compromiso nacional duradero y situar a las víctimas en el centro de las políticas públicas. Solo así, afirman las expertas, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria podrán convertirse en los pilares desde los cuales Guatemala fortalezca su democracia y su cohesión social.

El régimen venezolano llevó este miércoles a un foro ministerial de Naciones Unidas una exigencia que desborda la diplomacia de emergencia: la liberación de los activos estatales congelados en el exterior como condición para financiar la reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio. El canciller Iván Gil Pinto, en videoconferencia con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), emplazó a los países que mantienen fondos venezolanos bloqueados a “iniciar un plan de liberación de estos fondos y podamos utilizarlos en la recuperación”.

Gil mencionó de forma explícita el oro retenido en el Banco de Inglaterra y los fondos bloqueados por Washington. Unas 31 toneladas de oro —valoradas en aproximadamente 4.200 millones de dólares— permanecen inmovilizadas en Londres. A ello se suman cerca de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2021, también congelados.

El trasfondo es una acumulación de sanciones que se extiende desde 2019, cuando Washington designó a PDVSA en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) e impuso restricciones sobre el Banco Central venezolano. La relatora especial de la ONU Alena Douhan documentó que esas medidas redujeron los ingresos del Estado en un 99%. En enero de 2026, la administración Trump derrocó a Nicolás Maduro y respaldó a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina. Desde entonces, Washington ha relajado algunas medidas gradualmente, incluyendo una suspensión de cuatro meses de ciertas sanciones para facilitar la respuesta humanitaria al terremoto.

El doble sismo del 24 de junio —dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos— golpeó con especial dureza el estado costero de La Guaira y Caracas. El balance oficial registra 3.685 muertos y 16.740 heridos. Casi dos semanas después, los equipos de rescate comenzaron a desactivar sus operaciones mientras las familias continúan rastreando entre los escombros. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó los daños materiales en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.

Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, llegó a Venezuela el martes y recorre las zonas afectadas. Desde Playa Grande, una de las localidades más castigadas de La Guaira, declaró a EFE que los sismos provocarán “una situación económica muy difícil” que restará “varios puntos al PIB”. Defendió la necesidad de garantizar “excepciones humanitarias” a las sanciones y anunció que la ONU buscará comprometer al Banco Mundial y al FMI en la recuperación a largo plazo.

La OCHA lanzó este miércoles un llamamiento por 296 millones de dólares para asistir durante seis meses a 1,3 millones de personas. Fletcher precisó que la respuesta ya ha recibido 300 millones en donaciones —incluidos 115 millones comprometidos antes del terremoto—, pero que el déficit total asciende a 627 millones de dólares.

La presión por el desbloqueo no proviene solo de Caracas. Una carta firmada por 113 economistas internacionales —entre ellos Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, e Isabella Weber— exigió a Washington liberar los fondos venezolanos y flexibilizar las sanciones sobre el Banco Central y PDVSA, y pidió al FMI el acceso a los DEG bloqueados. El documento advierte que las licencias humanitarias vigentes son insuficientes mientras los bancos internacionales teman represalias por operar con entidades venezolanas. Frente a más de 9.000 millones en activos bloqueados en Londres y el FMI, la ayuda donante acumulada suma 300 millones: esa brecha define si la reconstrucción dependerá de la solidaridad externa o del acceso a los propios recursos del Estado, atrapados en un régimen de sanciones que el terremoto ha vuelto políticamente más difícil de defender.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas designó a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, actual Director Regional de Article 19, como nuevo Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión.

Esto, en un contexto donde México registra la mayor violencia letal contra la prensa en América Latina, con siete asesinatos y una desaparición de periodistas documentados solo en 2025, según la misma organización.

El nombramiento de Maldonado, realizado durante la 62ª sesión del Consejo, lo convierte en el primer mexicano en encabezar este mandato internacional, enfocado en la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

La Relatoría Especial es uno de los mecanismos independientes de la ONU que observa, documenta y formula recomendaciones en materia de derechos humanos.

La organización subrayó que mantendrá su labor de defensa e impulsará su estrategia global en colaboración con sus equipos en Asia, África, Europa y las Américas.

Precisó que Leopoldo Maldonado permanecerá como director regional de ARTICLE 19 México y Centroamérica mientras inicia un proceso de transición encabezado por el Consejo Consultivo Regional.

En los próximos meses se informarán detalles y ajustes institucionales derivados de su designación.

¿Quién es Luis Maldonado?

De acuerdo con ARTICLE 19 México y Centroamérica, Maldonado suma una trayectoria dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acompañamiento de quienes han enfrentado violaciones a derechos humanos.

Maldonado es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana León y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Ha impartido clases en la IBERO CDMX, donde su trabajo se ha vinculado a la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y la protección de periodistas.

Su carrera comenzó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde trabajó como abogado defensor entre 2008 y 2013 en temas de derechos sociales y acceso a la justicia.

Posteriormente, se integró a ARTICLE 19 como oficial del programa legal y subdirector regional, participando en estrategias jurídicas para la defensa de periodistas.

¿Cuáles serán sus funciones y retos en la ONU?

Como Relator Especial, Maldonado tendrá la responsabilidad de monitorear la situación de la libertad de opinión y de expresión en distintos países, realizar visitas oficiales, elaborar informes temáticos y presentar recomendaciones a los Estados para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales.

También podrá emitir comunicaciones a gobiernos y presentar informes ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.

En el contexto global, el mandato adquiere relevancia ante las agresiones contra periodistas, la vigilancia digital y las restricciones al derecho a informar y ser informado.

A lo largo de su carrera, Maldonado ha denunciado la violencia contra periodistas y la impunidad en los ataques a la prensa, además del uso de mecanismos de censura y vigilancia digital.

ARTICLE 19 consideró este nombramiento un motivo de orgullo y un reconocimiento al trabajo colectivo desarrollado durante casi dos décadas junto con periodistas, organizaciones aliadas y comunidades en la región.

(Desde Washington, Estados Unidos) Las Naciones Unidas están en crisis por su relativo peso global y su excesiva burocracia, que se potenció por la gestión del actual secretario General, Antonio Guterres.

La ONU poco ha servido para manejar las consecuencias globales del ataque de Hamas a Israel y su papel fue muy limitado frente a la guerra ilegal que desató Rusia contra Ucrania.

Guterres es responsable de la escasa calidad institucional que exhibió Naciones Unidas para resolver estos dos conflictos que aún marcan la agenda global.

En el Consejo de Seguridad, con Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido como miembros permanentes, se asume las actuales condiciones de la ONU y se propone una reforma básica para recuperar el prestigio perdido.

En este contexto, Guterres termina su mandato y ya inició una carrera para lograr su sucesión que protagonizan Michelle Bachelet, Rebeca Grynspan, María Fernanda Espinosa, Macky Sall, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi.

El Consejo de Seguridad, a través de sus cinco miembros permanentes, es clave en el proceso de elección. Si EE.UU, China, Rusia, Francia y Reino Unido veta un candidato, todo se terminó.

Rafael Grossi, director general del Organismo de Energía Atómica (OIEA), expuso ayer su plataforma para modernizar a la ONU en el Consejo de Seguridad.

La audiencia se realizó bajo la presidencia mensual de la República Democrática del Congo del Consejo. Fue una reunión a puertas cerradas entre el candidato a secretario General y los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

El cónclave tuvo un clima distendido, y se extendió durante casi dos horas. Grossi respondió las preguntas del Consejo de Seguridad y explicó su perspectiva respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como el desarrollo y los derechos humanos.

Grossi conoce las entrañas de la ONU y sabe cómo funciona el poder global por su responsabilidad al frente de la OEIA.

Ha tenido contacto con Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin y Emmanuel Macron, fundamentales al momento de la designación, y entiende que es necesaria una reforma en la gestión administrativa y financiera de la ONU.

Este es su valor agregado ante las candidaturas de Bachelet, Grynspan, Espinosa, Sall y Rodrigues-Birkett. Grossi entiende las necesidades de la organización multilateral en un escenario atravesado por conflictos que se extienden por la ausencia de un mediador con prestigio y capacidad de negociación.

Cuando terminen las exposiciones de todos los candidatos, el Consejo de Seguridad comienza su proceso formal de selección. Este proceso -conocido en el ámbito diplomático como Straw Polls- arranca a fines de julio y debería concluir en octubre.

Acorde al artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad recomienda a la Asamblea General un candidato, que habitualmente se vota sin mayores inconvenientes.

La Asamblea General ya escuchó a Bachelet, Grynspan, Espinosa, Sall, Rodrigues-Birkett y Grossi en abril, a través de un formato de audiencias públicas que se extendieron por tres horas y sirvieron para conocer las opiniones de todos los candidatos.

En noviembre, el secretario General Guterres ya tendrá sucesor. Será una decisión geopolítica que se asumirá por consenso entre Estados Unidos, China y Rusia. El poder real en las Naciones Unidas.

En abril, los candidatos también realizaron audiencias convocadas por la Presidente de la Asamblea General, en formato público y con toda la membresía de las Naciones Unidas, donde respondieron durante 3 horas preguntas de todos los países y organizaciones de la sociedad civil.

El secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, arribó el martes a Venezuela y sostuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para coordinar la respuesta a los terremotos del 24 de junio, que provocaron al menos 3.685 muertos. Durante la reunión, en la que participó el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, se evaluó la atención integral a las familias afectadas.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro y explicó que Fletcher mantiene una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno nacional para revisar las próximas acciones tras la catástrofe. Al encuentro asistieron también el canciller Yván Gil y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien afirmó en Telegram que el objetivo fue “coordinar esfuerzos tras los recientes sismos”, que han dejado además 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, informó que la visita de Fletcher se extenderá durante cuatro días, periodo en el que prevé reunirse con sobrevivientes, personal de asistencia y altos funcionarios del Gobierno chavista, además de personas que colaboran en labores de búsqueda y rescate.

Fletcher intervendrá el miércoles desde Caracas en una sesión informativa virtual a nivel ministerial sobre la respuesta humanitaria y las acciones futuras, así como el apoyo de los Estados miembros de la ONU.

Dujarric destacó que la financiación total destinada al Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela aumentó a USD 300 millones, frente a los 115 millones recibidos antes del desastre. “Esperamos tener más información sobre ello en la sesión informativa que Tom Fletcher ofrecerá mañana por la mañana a los Estados miembros”, subrayó el portavoz.

Desde el terreno, la ONU y sus socios humanitarios colaboran en la coordinación y prestación de asistencia para satisfacer las necesidades más urgentes de la población, en respaldo a los esfuerzos liderados por el Gobierno venezolano.

Venezuela solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que quedaron sin hogar tras los devastadores terremotos. La petición fue realizada por Delcy Rodríguez durante una conversación con el administrador del PNUD, Alexander De Croo, a quien agradeció la “disposición de ese organismo de acompañar a Venezuela en la respuesta a los terremotos”.

Las autoridades venezolanas reportaron que al menos 17.345 personas perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 79 campamentos transitorios. Además, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados. En redes sociales, Rodríguez, quien asumió el liderazgo del país hace seis meses tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos, anunció que se realizará una evaluación de las necesidades post-desastre con el objetivo de avanzar en la recuperación y reconstrucción del país.

La funcionaria también solicitó el respaldo del PNUD para fomentar programas educativos y de formación laboral y empleo para las comunidades afectadas. “Seguimos avanzando con la cooperación internacional”, afirmó Rodríguez.

El jueves pasado, la presidenta encargada también informó que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para gestionar la recuperación de recursos destinados a la reconstrucción de la infraestructura dañada. Asimismo, señaló que el Gobierno chavista estableció contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que ya han ofrecido cooperación no reembolsable y “líneas de créditos” para Venezuela en el marco del proceso de recuperación.

(Con información de EFE)

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 3.685 personas, según el último balance difundido por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron además 16.740 heridos y dejaron a 17.907 personas sin vivienda en distintas localidades del país. El impacto destruyó infraestructuras clave, afectó edificios residenciales y generó una emergencia humanitaria que mantiene en vilo a la población.

El desastre, que tuvo su epicentro cerca de La Guaira, al norte de Caracas, derivó en el colapso de 190 edificios y daños en otros 856 inmuebles. Imágenes satelitales analizadas por la agencia espacial estadounidense NASA estiman que el número de estructuras afectadas podría rondar las 58.870 entre destruidas y con daños severos en la región más golpeada. La situación en La Guaira es especialmente crítica, con cientos de familias desplazadas y equipos de rescate trabajando contrarreloj.

La emergencia ha implicado el despliegue de 29.567 efectivos de seguridad, el trabajo de 4.388 rescatistas internacionales y la colaboración de 28.362 voluntarios locales. Según datos oficiales, hasta el momento 6.462 personas han sido rescatadas con vida entre los escombros.

La magnitud de la tragedia obligó a habilitar 87 campamentos transitorios para albergar a quienes perdieron sus casas. La cúpula chavista informó la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y la provisión de 8.322.853 litros de agua potable para los damnificados en las zonas sin acceso a servicios básicos. Además, se han atendido 25.970 pacientes en hospitales y centros médicos de emergencia, muchos de ellos con lesiones graves causadas por el colapso de estructuras.

La comunidad internacional se sumó a las tareas de auxilio y reconstrucción. Entre quienes sufrieron el embate de los sismos figuran ciudadanos extranjeros: Portugal confirmó la muerte de 100 nacionales, de los cuales 86 poseían también ciudadanía venezolana y 18 eran menores. Las autoridades lusas informaron que 59 personas de esa nacionalidad permanecen desaparecidas.

La actividad sísmica posterior no ha dado tregua: hasta la fecha se han contabilizado 1.076 réplicas, lo que dificulta la labor de los rescatistas y mantiene la alerta en los equipos de emergencia. El riesgo de nuevos derrumbes ha forzado la evacuación de áreas vulnerables y ha complicado el acceso a zonas con grandes acumulaciones de escombros.

El aeropuerto internacional Simón Bolívar, en La Guaira, resultó dañado durante el evento principal. La jefa del chavismo, Delcy Rodríguez, anunció la reactivación parcial del terminal aéreo para vuelos humanitarios y trabaja en la reapertura total mediante una pista alterna.

“He ordenado la activación inmediata de un plan alternativo para restablecer las operaciones comerciales lo antes posible”, señaló la funcionaria en una comunicación oficial.

El apoyo logístico incluye la presencia de especialistas estadounidenses en control aéreo y manejo de carga, así como la participación de tropas extranjeras dedicadas a las tareas de rescate y distribución de ayuda. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, precisó que el personal militar colabora en la gestión de vuelos y operaciones en el puerto local.

Miles de personas permanecen en refugios temporales o acampan en las inmediaciones de edificios destruidos, a la espera de noticias sobre familiares desaparecidos.

“No nos iremos hasta recuperar los cuerpos”, manifestó Lázaro Rubio, un ciudadano que busca a su esposa e hijas entre los restos de un edificio en Caraballeda. Su testimonio se suma al de decenas de familias que denuncian la lentitud de la respuesta inicial y la falta de recursos en las primeras horas del desastre.

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el saldo económico asciende a 6.700 millones de dólares y unas 50.000 personas continúan sin ser localizadas. La agencia para refugiados de la ONU solicitó fondos adicionales para reforzar la protección y asistencia a 30.000 personas durante los próximos seis meses.

El terremoto agravó la precaria situación de Venezuela, que ya enfrentaba dificultades económicas y problemas en los servicios públicos. Las autoridades insisten en que la prioridad es la atención a los damnificados, la reconstrucción de viviendas y la restauración de los servicios esenciales en las zonas más afectadas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este martes su “consternación” por las desapariciones y posteriores asesinatos de la periodista Roxana Guzmán y el activista medioambiental Alex Serna, a la vez que pidió a las autoridades mexicanas que “esclarezcan los hechos”.

“Llamamos a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral”, reclamó la ONU-DH en una publicación desde su cuenta oficial en ‘X’.

La periodista Roxana Guzmán fue secuestrada el pasado 2 de junio en el estado de Veracruz; sus restos óseos fueron identificados la pasada semana por autoridades estatales; el resto de su cuerpo fue calcinado, de acuerdo con información oficial. Por su parte, Alex Serna, de 39 años de edad, era un comunicador especializado en temas ambientales cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 22 de junio, en el municipio de Petatlán, Guerrero, dos días después de su desaparición, según fuentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; sin embargo, permaneció hasta el 4 de julio en calidad de desconocido.

“Roxana Guzmán era directora de un medio informativo digital (Pulso Informativo del Suroeste) y habría sido la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz. Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres”, solicitó la ONU-DH.

Con respecto a la labor de Alex Serna, el organismo reivindicó la figura del activista y destacó que “contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción”.

Además de expresar solidaridad con las familias de las víctimas, la ONU-DH alertó que en estados como Guerrero o Veracruz hay un “número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas”.

El caso de Roxana Guzmán conmocionó a México después de que trascendiera un vídeo del momento en el que fue secuestrada, cuando sujetos irrumpieron en su domicilio para llevarla por la fuerza frente a su familia.

Por estos hechos, las autoridades ya han detenido a ocho personas acusadas del secuestro y posterior asesinato (incluidos varios policías municipales), aunque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, advirtió este martes en la conferencia de prensa “La Mañanera”, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que aún faltan más personas por capturar.

Por su parte, Sheinbaum Pardo lamentó lo sucedido con Guzmán y llamó a los periodistas para que se acerquen a la Secretaría de Gobernación, cuando consideren que su seguridad está en riesgo, y reciban medidas de protección.

Periodistas y comunicadores regionales corren mayores riesgos, advierten especialistas

En México, al menos 176 periodistas fueron asesinados y otros 32 resultaron desaparecidos, desde 2000 hasta la fecha, según datos de la organización Artículo 19. Sin embargo, la investigación “Contextos organizacionales de la violencia contra la prensa”, elaborada por investigadores de la Universidad de Guadalajara, Iberoamericana, entre otras, señala que la violencia contra la prensa no puede entenderse como un fenómeno homogéneo.

De acuerdo con los resultados, las personas que se dedican a la comunicación en regiones de la República Mexicana, ocupan puestos directivos o colaboran en varios medios, son más vulnerables a sufrir amenazas, espionaje, campañas de desprestigio y ataques físicos.

La eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra (3-2) la madrugada de este domingo enciende las alertas en México: organismos internacionales confirman que la derrota de un equipo puede disparar hasta 38% los casos de violencia familiar, superando incluso el riesgo que representan las victorias o los empates.

El dato que preocupa a las autoridades

De acuerdo con evidencia recopilada por UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, los grandes eventos deportivos como el Mundial no provocan la violencia por sí mismos, pero sí detonan conflictos ya existentes dentro de los hogares.

Los números son contundentes:

• Cuando el equipo del agresor gana o empata, la violencia familiar aumenta 26%.
• Cuando el equipo pierde, el incremento llega a 38%.
• Los incidentes vinculados al consumo de alcohol suben hasta 47% en día de partido.
• El pico de violencia no ocurre durante el juego, sino entre 10 y 12 horas después de iniciado el encuentro.

¿Por qué sube el riesgo tras la eliminación de México?

Con la salida del Tricolor del Mundial, los especialistas identifican varios factores que pueden agravar la tensión en los hogares mexicanos en las próximas horas:

• Frustración deportiva acumulada tras un resultado adverso.
• Consumo excesivo de alcohol durante y después del partido.
• Presión económica derivada de apuestas y gastos del torneo.
• Normas de masculinidad que asocian la derrota con reacciones agresivas.

El mensaje de los organismos es claro: el resultado del partido nunca debe traducirse en violencia dentro de casa.

La campaña “En equipo contra la violencia familiar”

Ante este panorama, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, junto con UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, mantiene activa la campaña “En equipo contra la violencia familiar”, que busca:

• Enseñar a reconocer señales de alerta en casas vecinas o familiares.
• Impulsar el reporte oportuno, sin necesidad de tener certeza absoluta.
• Recordar que ninguna celebración deportiva justifica poner en riesgo la seguridad de mujeres, niñas, niños o adolescentes.

Señales de alerta que no debes ignorar

Las autoridades piden estar atentos a:

• Gritos, golpes o ruidos violentos repetidos, especialmente después de los partidos.
• Llantos prolongados o silencios sospechosos tras discusiones.
• Niñas, niños o adolescentes con miedo de que llegue cierta hora.
• Cambios bruscos de comportamiento: aislamiento, ansiedad o tristeza.
• Marcas físicas sin explicación clara.

Líneas de ayuda disponibles

Si tú o alguien más está en riesgo, los organismos recuerdan que existen canales de atención inmediata:

• Línea de las Mujeres: 079
• Emergencias: 9-1-1

La recomendación de ONU Mujeres y UNICEF es mantener la vigilancia no solo durante el partido, sino en las horas posteriores, cuando el riesgo real de violencia familiar tiende a incrementarse con mayor fuerza.

Cuando comenzó 2026, los principales análisis de riesgos prospectivos del mundo pronosticaban un año turbulento. Casi seis meses después, los riesgos anticipados no solo se concretaron, sino que se potenciaron entre sí. En la primera mitad del año, el sistema internacional acumuló más eventos disruptivos que en muchos años anteriores, demostrando que nos encontramos ante una transformación sistémica en la lógica misma del orden global.

En esta dinámica, lo que se despliega no es una acumulación de crisis separadas, sino la manifestación simultánea de un mismo fenómeno estructural: el sistema internacional ha ingresado en una fase de policrisis donde la fragmentación geoeconómica, la escalada bélica y la disrupción tecnológica no constituyen fenómenos paralelos, sino vectores convergentes de una misma dinámica matricial.

A partir de lo mencionado, en entornos de alta volatilidad, la diferencia entre adaptación y obsolescencia no está en acumular más información, sino en interpretar sistemas y no episodios. Los factores de inestabilidad interactúan, se refuerzan y se amplifican mutuamente. La incertidumbre dejó de ser coyuntural y pasó a ser constitutiva del funcionamiento del sistema internacional. Los datos lo certifican. El relevamiento del Uppsala Conflict Data Program publicado este mes registró 65 conflictos estatales activos durante 2025, el número más alto desde 1946. Por su parte, Estudio ARG mapeó en su Informe de Riesgos Geopolíticos 2026 diez vectores de riesgo sistémico interconectados. El primer semestre del año ha activado simultáneamente la mayoría de ellos.

Estos vectores se cristalizan en hechos concretos de esta nueva dinámica entrópica. Por ejemplo, el 5 de febrero expiró el Nuevo START sin un tratado sucesor. Por primera vez en más de medio siglo, los dos mayores arsenales nucleares del planeta operan sin un límite jurídicamente vinculante. El anuario del SIPRI publicado en junio completa el cuadro: 12.187 ojivas y un gasto militar global que tocó en 2025 un récord de 2,9 billones de dólares, su undécimo año consecutivo de alza.

Erróneo sería aseverar que se trata únicamente de la percepción de “más riesgos”. Por el contrario, asistimos a una mutación en la lógica misma del sistema. Para tomadores de decisiones de empresas, Gobiernos y organismos, el entorno operativo es hoy menos previsible, más competitivo y crecientemente condicionado por interdependencias, que han pasado de ser activos de valor a ser vulnerabilidades sistémicas. Como resultado, la expectativa de inestabilidad reordena preferencias y conductas, acorta plazos de planificación y transforma la prudencia en norma de supervivencia.

Durante décadas, la arquitectura liberal del orden internacional descansó sobre una premisa que pareció irrefutable: la interdependencia económica genera costos que bloquean o debilitan la aparición de conflictos. Keohane y Nye lo formularon con precisión académica y los arquitectos de la globalización lo tradujeron en política internacional. Por ejemplo, la inserción de China en la OMC, la expansión de cadenas de valor transfronterizas, el SWIFT como infraestructura del comercio planetario respondían a la misma lógica. Se razonaba como premisa que conectar era pacificar.

Esa lógica está siendo desmantelada. La interdependencia no desaparece, sino que cambia de signo. Deja de vivirse como promesa compartida y pasa a percibirse como exposición estratégica. Comercio, tecnología, finanzas y logística dejan de ser una infraestructura neutral del intercambio para convertirse en instrumentos de poder y coerción. Así, la lógica de la eficiencia cede terreno ante la lógica de la seguridad, obligando a los Estados y corporaciones a recalibrar dependencias y asumir costos crecientes como precio de la resiliencia.

La evidencia empírica del primer semestre de 2026 es contundente. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Epic Fury contra Irán, eliminando al líder supremo Ali Khamenei y desencadenando una guerra regional que ya supera los tres meses de duración. El alto el fuego de los últimos días debe leerse con cautela: no es el primero ni inaugura una paz, sino una tregua más en una rivalidad que las últimas décadas convirtieron en guerra intermitente, hecha de acuerdos que nacen para ser incumplidos. El conflicto acumuló más de 9000 blancos atacados en sus primeras semanas y mantuvo virtualmente cerrado el Estrecho de Ormuz, arteria por la que transita el 20 % del petróleo mundial y cerca de un tercio del comercio global de fertilizantes. Como consecuencia, el Brent superó los 100 dólares el 8 de marzo, trepó hasta 126 en su pico y obligó a la Agencia Internacional de Energía a ejecutar la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de su historia: 400 millones de barriles, que equivalen apenas a cuatro días de consumo global. El ataque al complejo gasífero de Ras Laffan recortó un 17 % la capacidad exportadora de gas natural licuado de Catar, disparó más de un 140 % los precios spot del GNL asiático y prácticamente duplicó la cotización del gas europeo.

Goldman Sachs elevó ya en marzo la probabilidad de recesión para 2026 al 25 %; la OCDE, en su panorama de comienzos de junio, recortó la proyección de crecimiento global al 2,8 %, desde el 3,4 % registrado en 2025. Asimismo, advirtió que una prolongación de la guerra hacia 2027 podría hundirla al 2,1 %.

En el plano interno de los Estados Unidos, la Corte Suprema invalidó los aranceles IEEPA, dejando al sistema comercial estadounidense en estado de indefinición jurídica. México, por su parte, impuso aranceles de hasta el 50 % sobre 1463 productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, clausurando cuatro décadas de apertura.

Frente a estos escenarios, entendemos que está en curso una reterritorialización del poder. No necesariamente un retorno a fronteras físicas rígidas, sino la proliferación de fronteras funcionales en sus dimensiones tecnológicas, regulatorias, financieras y logísticas, que segmentan el acceso a capacidades críticas. El control de nodos estratégicos, como puertos, redes, estándares, datos, corredores energéticos e infraestructura submarina, se revaloriza como condición de soberanía práctica en un sentido que las constituciones del siglo XX no anticiparon.

La competencia se expande además hacia dominios que la doctrina estratégica clásica apenas contemplaba. El espacio ultraterrestre, el ciberespacio y los fondos marinos emergen como escenarios donde se proyecta poder y se disputan infraestructuras críticas. La militarización de estos ámbitos amplía el perímetro del conflicto y reduce los umbrales de escalada inadvertida. De este modo, la tecnología opera como multiplicador transversal, en tanto los mercados financieros responden hoy a información sintética generada por inteligencia artificial más rápido que cualquier mecanismo humano de verificación. Así, la desinformación ya no necesita convencer: le basta con mover mercados antes de ser desmentida.

Subyacente a este proceso opera una transformación más profunda: el declive de la autoridad normativa del orden liberal y la ausencia de un principio alternativo capaz de estructurar expectativas estables. El universalismo normativo, la cooperación basada en reglas y la legitimidad multilateral ya no disciplinan las conductas con la eficacia de décadas pasadas. Lo emergente se manifiesta como bloques civilizacionales, lógicas transaccionales, coaliciones instrumentales que aún no logran estabilizarse como principio rector del orden mundial. En ese vacío, proliferan conductas de poder más crudas y una diplomacia que se apoya crecientemente en la coerción antes que en el consenso.

Estados Unidos conserva su superioridad material, pero experimenta una erosión visible en su capacidad para sostener el relato universalista que organizó las expectativas del orden posterior a 1945. La potencia dominante ha reducido su inversión en producción de legitimidad y en sostenimiento de las instituciones que multiplicaban su influencia. El síntoma es mensurable: la ONU ejecuta este año el mayor ajuste de su historia, con su presupuesto regular recortado un 15 %, casi una quinta parte de sus puestos eliminados y atrasos de los Estados miembros por 1600 millones de dólares. Cuando el liderazgo se vuelve más transaccional y menos normativo, el orden no colapsa de inmediato, pero comienza a vaciarse desde dentro y las reglas ya no estructuran la competencia.

El resultado es un sistema donde el riesgo deja de ser proporcional a la magnitud del evento desencadenante y pasa a depender de la vulnerabilidad acumulada del sistema que lo recibe. Cada decisión se adopta bajo presión cruzada y con márgenes de error más estrechos: un shock moderado —una sola arteria logística bloqueada— puede producir efectos desproporcionados si impacta sobre estructuras tensionadas. La no-linealidad se convierte en rasgo constitutivo del escenario estratégico global.

¿Qué implicancias tiene esto para la Argentina?

Para el país, este entorno no es una abstracción geopolítica de lectura opcional. La combinación de fragmentación comercial acelerada, el shock energético estructural y la volatilidad financiera redefine las condiciones de acceso a los mercados, el financiamiento y la inserción productiva para una economía con márgenes estrechos y dependencia significativa de la demanda externa de commodities.

Al mismo tiempo, la reconfiguración del mapa de dependencias energéticas y tecnológicas ofrece ventanas de oportunidad. Por ejemplo, la transición hacia energías limpias no elimina vulnerabilidades estratégicas, sino que las reconfigura en torno al control de minerales críticos como el litio, el cobre y las tierras raras, cuya concentración geográfica es tan o más sensible que la del petróleo.

La Argentina cuenta con ciertas ventajas competitivas en este nuevo ordenamiento. Pero aprovecharlas exige precisamente lo que el entorno más demanda y cuya ausencia menos perdona. Esto es, una política exterior con horizonte de largo plazo, previsible para los socios y lo suficientemente versátil para administrar las tensiones entre sus vínculos con las grandes potencias en disputa.

En este sentido, el país debe construir una matriz de decisión que fije la seguridad hemisférica como línea roja; ancle su geopolítica en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y abra su comercio hacia Asia en su totalidad. La Argentina cuenta con los activos; le falta decidir si quiere ser dueña de su futuro o rehén de la coyuntura.

(Desde Washington, Estados Unidos) Haiti está manejado por pandillas armadas que controlan sus principales centros urbanos y aplican el terror constante para enfrentar al gobierno civil de turno. La isla caribeña sufre una crisis institucional perpetua, y ahora se lanzó un inédito proyecto de represión directa de las organizaciones delictivas que tiene respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, la tarea multilateral será muy compleja y con final abierto.

No es la primera vez que Naciones Unidas intenta una hoja de ruta para resolver la crisis en Haití, pero las bandas de narcotraficantes terminan imponiendo su poder interno.

Un informe oficial de la ONU -Children Trafficked by Gangs en Haiti- asegura que hay “al menos 26 bandas” que “utilizan la violencia y las amenazas contra quienes se resisten o intentan marcharse”.

En este contexto, el dossier añade que a los “niños se los utiliza para recados, mensajes, vigilancia de las fuerzas de seguridad y cobro de extorsiones”, mientras que “las niñas son frecuentemente víctimas de violaciones, explotación sexual y esclavitud sexual, se las obliga a realizar trabajos domésticos y, en algunos casos, a participar en actividades delictivas”.

Carlos Ruiz Massieu tiene muchísima experiencia diplomática y es el Representante Especial del secretario General de la ONU en Haití. Vive en Puerto Príncipe, adonde las bandas hacen sentir su poder, y está en permanente contacto con las autoridades formales de la isla caribeña.

El enviado especial de la ONU trabajó en Colombia, adonde supervisó la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y se muestra confiado que en esta oportunidad habrá un proceso institucional que termine con la violencia ejercida por las pandillas armadas.

“Existe una gran oportunidad para mejorar la situación en Haití, y se requiere que los todos los sectores haitianos y la comunidad internacional trabajemos juntos para fortalecer la seguridad, la justicia, la reintegración y el desarrollo”, sostuvo Ruiz Massieu durante la entrevista exclusiva que concedió a Infobae.

A continuación, el reportaje al enviado especial Ruiz Massieu:

-¿Cuál es la situación ahora en Haití?

-Todavía hay cuestiones en cuanto a la inseguridad que todavía se mantienen: tenemos cerca de un millón y medio de desplazados internos por motivo de la violencia de las bandas urbanas, y en los últimos tres meses mil seiscientos asesinados.

-¿En los últimos tres meses?

-En los últimos tres meses.

-¿Cómo es el aparato estatal que reprime a las bandas en Haití?

-Las Fuerzas de Seguridad de Haití, las Fuerzas de Supresión de Bandas que autorizó el Consejo de Seguridad de la ONU, y las Fuerzas de Tareas que formó el Gobierno.

-¿Estos tres andariveles funcionan para reprimir al crimen organizado en Haití?

-Así es.

-¿Y hay coordinación entre ellos o cada uno tiene su agenda?

-Lo que hay una clara coordinación es entre la Fuerza de Supresión de Bandas autorizada por el Consejo de Seguridad y la Policía Nacional haitiana.

-¿Y las Fuerzas de Tareas?

-El gobierno formalmente formó una fuerza de tareas, y así nos referimos. Pero son compañías militares privadas.

-Usted como representante de la ONU en Haití, ¿teme que esas fuerzas privadas vaya más allá de las normas establecidas, asumiendo sus antecedentes?

-Lo que a nosotros nos interesa es que las medidas de seguridad que se adopten en Haití, sea cualesquiera, sea la policía haitiana, sea el ejército haitiano, sea la fuerza de supresión, tomen todas las medidas y tengan todos los protocolos para reducir, mitigar y ojalá eliminar los riesgos a la población abierta,

-Las fuerzas que dependen del Gobierno haitiano, las fuerzas autorizadas del Consejo de Seguridad, se puede pensar que por su estándar no van a violar los derechos humanos. Pero un ejército privado con antecedentes, uno debería tener la mirada más firme para que esto no pase, por lo menos en Haití.

-Yo creo que la mirada firme hay que mantenerla estandarizada ante cualquier medida de seguridad de cualquiera. Y en este caso, si el gobierno ha contratado una compañía militar, el gobierno tiene que tomar las medidas para que esa compañía respete esos estándares que como gobierno está obligado a hacer.

-¿Cuántas pandilleros armados hay en Haití?

-Estamos hablando entre diez mil y quince mil, de acuerdo a los datos más confiables, que se dedican a la extorsión, que se dedican al secuestro y a todo tipo de delitos.

- Y cuántos miembros de las fuerzas de seguridad tiene Haití para enfrentar a las pandillas armadas?

-Tenes trece mil policías y mil dos militares, nada más.

-¿Y el contingente aprobado por el Consejo de Seguridad?

-Se aprobaron 5.500 efectivos, ahora en Haití hay alrededor de 800.

-Y el Grupo de Tareas que paga el gobierno de Haití.

-No tengo el dato.

-¿De la cantidad de pandilleros, cuántos menores?

-De los quince mil, de acuerdo a los datos de Alto Comisionado, de UNICEF, calculan que cerca de la mitad son menores de dieciocho años. Por eso también es muy delicado.

-Cómo es el reclutamiento que hace las bandas de narcotraficantes?

-El mayor tema es la vulnerabilidad de comunidades enteras, barrios, donde no hay autoridad estatal o autoridad estatal suficiente, donde no hay oportunidades socioeconómicas para los chicos y son presa fácil de poder ser reclutados.

-Son reclutados, inducidos o secuestrados, ¿no?

-Exacto.

-Sobre base cien de territorio de Haití, ¿cuánto controla hoy las bandas armadas?

-Pues para ejemplificar mejor es Puerto Príncipe, que es la parte más afectada, porque el territorio haitiano es muy vasto.

-Sí.

-Acorde a las últimas informaciones que tenemos, en el setenta, setenta y cinco por ciento de la capital (Puerto Príncipe) hay presencia, influencia o incluso control de las bandas.

-El principal centro económico, comercial y político de Haití está controlado por las pandillas armadas...

-No. Digamos que no está controlado por el Estado de manera firme.

-Es lo mismo dicho de otra forma, ¿no?

-Cada quien lo dice en la manera que cree que lo dice de mejor manera.

-¿Cómo es vivir en Puerto Príncipe?

-Es una realidad compleja, delicada, en que la inseguridad impera, particularmente en algunas zonas.

-¿Es complicado vivir allí?

-Los haitiano la pasan mal: no pueden circular, no pueden ir al colegio, no pueden trabajar. Tenemos que hacer lo necesario para que la situación mejore a la brevedad.

-Mejorar a la brevedad, ¿qué plazo sería?

-Un año y medio.

Un total de 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos transitorios en Venezuela debido a la pérdida o daños severos en sus viviendas tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, mientras la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó sobre un creciente desplazamiento interno de damnificados hacia regiones que no sufrieron el impacto directo del desastre.

La magnitud de la destrucción en las zonas costeras y urbanas ha obligado a la población a buscar refugio masivo o a abandonar por completo sus localidades de origen en busca de subsistencia. Veronique Durroux, portavoz de la OCHA para Latinoamérica y el Caribe, confirmó que se ha registrado un flujo continuo de personas afectadas que se trasladan de forma independiente hacia los estados de Táchira y Zulia —ambos fronterizos con Colombia—, así como hacia la provincia oriental de Delta Amacuro, lo que ha obligado al organismo internacional a reevaluar los esquemas de apoyo para estas comunidades migrantes.

Saturación en los albergues de la zona cero

El estado norteño de La Guaira, considerado la zona cero de la catástrofe por ser la región más golpeada, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo humanitario, con 6.655 personas distribuidas en 20 campamentos de emergencia. Ante la alta demanda de plazas, el Gobierno nacional informó que 11 de estos centros se encuentran en proceso de ampliación para intentar absorber el flujo de damnificados.

Por su parte, en Caracas se han activado 37 campamentos temporales que albergan actualmente a 3.234 ciudadanos, mientras que en el cercano estado de Miranda se mantienen operativos 22 refugios con 813 personas alojadas. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, declaró a través de canales oficiales que las autoridades trabajan de forma articulada con agencias internacionales y el sector privado para acondicionar las instalaciones y garantizar espacios dignos. Sin embargo, la OCHA advirtió que estos campamentos comunitarios solo están planificados para dar cobertura por un periodo aproximado de un mes, tras el cual se deberá reevaluar el destino habitacional de las miles de familias que se quedaron sin hogar.

Disminución de rescates e incertidumbre por desaparecidos

Al cumplirse 11 días de los movimientos telúricos de magnitudes 7,2 y 7,5, las operaciones de búsqueda y rescate especializado han disminuido drásticamente ante las nulas posibilidades de encontrar supervivientes entre los edificios colapsados. Los equipos internacionales especializados, que lograron rescatar con vida a 14 personas profundamente atrapadas, han comenzado su proceso de desmovilización y retirada de Venezuela, dejando las tareas de remoción de escombros e infraestructura vial en manos de los organismos de seguridad locales.

El último balance oficial mantiene congeladas las cifras en 2.954 fallecidos y 16.592 heridos. No obstante, la crisis humanitaria se agrava por la falta de datos consolidados sobre los desaparecidos, un registro que las autoridades mantienen estancado en 157 personas desde las primeras jornadas del desastre.

En contraposición a la versión gubernamental, la iniciativa civil “Desparecidos Terremoto Venezuela” reporta en sus plataformas que la lista de ciudadanos incomunicados de los que no se tiene rastro supera ya las 31.000 personas a nivel nacional, lo que evidencia la incalculable dimensión del impacto familiar y el desplazamiento provocado por la tragedia.

(Con información de EFE)

Familias desesperadas exigen recuperar cadáveres nueve días después de los terremotos que sacudieron Venezuela y dejaron 2.645 muertos, más de 12.000 heridos y hasta 50.000 desaparecidos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras las autoridades evitan precisar esa última cifra.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el país la semana pasada. La localidad costera de La Guaira concentra la mayor parte de las víctimas fatales, donde decenas de complejos residenciales quedaron reducidos a escombros. La gobernación del estado, a cargo de José Alejandro Terán, informó a AFP que más de 170 edificios fueron destruidos por completo y más de 700 resultaron dañados.

Frente al edificio Tahiti, en el sector Caraballeda de La Guaira, un rescatista reportó haber escuchado gritos de un adulto en las primeras horas del viernes. También circularon versiones sobre el hallazgo con vida de un niño de nueve años, pero rescatistas extranjeros le dijeron a AFP que no encontraron rastro alguno de sobrevivientes.

La ventana crítica para rescates en este tipo de desastres suele cerrarse tras 72 horas. Aunque algunas personas fueron halladas con vida durante la semana, los equipos de rescate comenzaban a reducir las operaciones de búsqueda. Muchos sobrevivientes que perdieron sus hogares dormían en la calle o en refugios improvisados en parques y espacios públicos.

La tensión escaló frente al edificio Tahiti, donde familiares que intentaban recuperar cuerpos se enfrentaron a quienes querían despejar el paso para una posible operación de rescate. José Francisco Liendo, que buscaba los restos de su padre y su hermana, rechazó el uso de maquinaria pesada: “Hasta que no recupere los cuerpos, no estaré en paz. No dejen que las máquinas se los lleven como basura”, dijo.

Dalimer Díaz, de 43 años, denunció la misma situación: “Nos dicen que no, que buscan a los vivos, pero ¿y los muertos? ¿No son seres humanos también?” Más tarde, soldados llegaron al lugar y una brigada española se presentó con una grúa para comenzar a retirar escombros. Las autoridades suministraban entre 40 y 50 toneladas de ayuda humanitaria diarias a quienes permanecían en campamentos temporales, según declaró Terán a AFP.

Aloa González esperaba el cuerpo de su hermana sepultada bajo bloques de hormigón, minutos después de haber regresado de enterrar a su padre y a su madre. “¿Cómo me siento? Muerta por dentro”, dijo. “No puedo creerlo. No quiero parar porque no quiero enfrentar la realidad de lo que está pasando.”

La presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense hace seis meses, sugirió que aún existe la posibilidad de hallar sobrevivientes. En su primera conferencia de prensa formal como presidenta, celebrada el jueves, defendió la gestión gubernamental y calificó las críticas de manipulación mediática: “Quien quiera auditar la realidad es bienvenido”, afirmó.

Su administración cuenta con el respaldo de la del presidente de Estados Unidos Donald Trump, país que ayuda a coordinar los esfuerzos internacionales de rescate. No obstante, la líder opositora en el exilio y premio Nobel de la Paz María Corina Machado cuestionó la actuación del gobierno ante corresponsales en Venezuela a través de Zoom: “La ausencia total del Estado se ha hecho evidente; el país necesita figuras en las que pueda confiar”, señaló, argumentando que su presencia en el país sería estabilizadora.

Muchos residentes de La Guaira denunciaron que vecinos, familiares y voluntarios fueron los primeros en retirar escombros a mano, ante la tardanza en la llegada de rescatistas. AFP fue testigo de cómo un voluntario instó a soldados a dejar sus fusiles y unirse a las labores de remoción.

Rodríguez descartó que los fallecidos terminen en fosas comunes y ordenó su identificación formal. En el puerto de La Guaira funciona una morgue improvisada al aire libre, donde largas filas se forman para recibir los cuerpos de familiares y sus certificados de defunción.

(Con información de AFP)

De acuerdo con un informe de la agencia EFE, las expertas de este organismo internacional advirtieron que la desprotección estatal persiste y afecta a miles de víctimas, mientras la responsabilidad de la búsqueda y el seguimiento recae, casi en su totalidad, sobre las familias.

Según EFE, el Grupo de Trabajo destacó que en los últimos ocho años la justicia ha experimentado un retroceso considerable. Esta “deconstrucción de las instituciones de paz” ha limitado los avances en materia de derechos humanos y ha intensificado la carga emocional, económica y burocrática sobre los familiares de las víctimas.

Durante el conflicto armado interno, que se extendió entre 1960 y 1996, Guatemala registró la desaparición forzada de más de 45,000 personas, según cifras de organismos internacionales. A pesar de la magnitud del fenómeno, la ONU denunció que el Estado guatemalteco no ha establecido mecanismos efectivos de búsqueda ni ha garantizado condiciones de apoyo para los afectados, lo que perpetúa la incertidumbre y el dolor de las familias.

“Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, dijo Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo, en conferencia de prensa, y citada por EFE. Delgadillo también cuestionó el papel de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, al indicar que sus decisiones condicionaron la realización de exhumaciones y sumaron obstáculos burocráticos para el acceso de los familiares a la justicia.

Por su parte, Aua Baldé señaló que la ausencia de apoyo y protección estatal ha obligado a muchas familias a asumir directamente las labores de búsqueda e investigación, lo que afecta el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, según reportó EFE. La experta subrayó que esa situación genera un impacto profundo y duradero sobre las comunidades afectadas.

Durante una inspección en instalaciones militares del departamento de Petén, Delgadillo informó sobre la existencia de obras civiles en zonas donde había indicios de restos humanos, por lo que exigió la “detención de trabajos de forma inmediata” para preservar posibles cementerios clandestinos.

El Grupo de Trabajo de la ONU reconoció algunos avances logrados por el gobierno actual de Bernardo Arévalo de León, especialmente la creación de un mecanismo de búsqueda humanitaria. Sin embargo, las expertas advirtieron que la falta de coordinación entre ministerios y dependencias forenses genera confusión entre las víctimas, que muchas veces desconocen a qué instancia acudir para iniciar sus trámites. Esta desarticulación institucional, según la delegación, dificulta también la localización de personas desaparecidas en el contexto del tránsito migratorio.

Ante este escenario, el Grupo de Trabajo recomendó al presidente Arévalo emitir directrices precisas para que todas las instituciones estatales localicen, organicen y resguarden la información vinculada al conflicto armado interno, y la declaren patrimonio cultural. La delegación también solicitó la apertura total de los archivos militares y el acceso libre a antiguos establecimientos castrenses para facilitar las investigaciones.

Además, la ONU propuso dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copade) de recursos y rango jerárquico, con el objetivo de reforzar legalmente las tareas de búsqueda, resarcimiento y cumplimiento de sentencias internacionales a favor de las víctimas.

La visita oficial del Grupo de Trabajo coincidió con las vísperas del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que en diciembre de 1996 pusieron fin a un conflicto de 36 años y dejaron un saldo superior a 200,000 muertos y miles de desaparecidos. Según advirtió el equipo de la ONU a EFE, mientras no exista una intervención estatal sustantiva, las heridas del pasado permanecerán abiertas y el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas continuará siendo una deuda pendiente.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que El Niño evolucionará rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte en los próximos meses, lo que incrementará la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales en diversas regiones del planeta. El organismo de la ONU advirtió que el fenómeno climático aumentará el riesgo de olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y otros eventos meteorológicos extremos.

Los datos presentados por la OMM señalan que el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental se intensificará entre julio y septiembre, y alcazarán anomalías de temperatura superficial del mar superiores a 2°C. Se prevén temperaturas por encima de la media en la mayoría de las zonas habitadas del mundo, así como un aumento de las lluvias en el Pacífico ecuatorial y condiciones más secas en el océano Índico tropical, el subcontinente indio y gran parte de Australia.

El organismo internacional anunció la movilización de su sistema para reforzar los pronósticos estacionales, mejorar las alertas tempranas y coordinar acciones con gobiernos, agencias humanitarias y sectores vulnerables como la agricultura y la salud, con el objetivo de mitigar el impacto sobre las poblaciones y las economías.

“Se han desarrollado condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé que se intensifiquen rápidamente en los próximos meses, lo que aumentará la probabilidad de... fenómenos meteorológicos extremos en muchas partes del mundo”, nformó la OMM.

Las previsiones para el trimestre julio-septiembre indican menos precipitaciones de lo habitual en partes de Centroamérica, el Caribe y el noroeste de Sudamérica, mientras que el suroeste de Estados Unidos podría experimentar un periodo más húmedo. Para Europa, la OMM anticipa lluvias por encima de lo normal en el sur y por debajo de la media en el norte del continente.

El fenómeno El Niño, que suele aparecer cada dos a siete años, es uno de los principales reguladores naturales del clima global. Aunque se trata de un evento natural, la organización subraya que el cambio climático amplifica sus efectos.

El episodio anterior, que se desarrolló entre 2023 y 2024, contribuyó a que esos años establecieran récords de temperatura global y se asoció a graves sequías en el sur de África, Centroamérica y el norte de Sudamérica, así como a un aumento de incendios forestales e inundaciones en distintas partes del mundo.

Aunque El Niño suele alcanzar su máxima intensidad entre noviembre y febrero, el aumento de las temperaturas globales se registra habitualmente después de ese periodo. “Las condiciones de El Niño ya están presentes y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un fenómeno fuerte”, afirmó la directora general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo.

Saulo advirtió que este desarrollo “intensificará las probabilidades de sequía y lluvias torrenciales, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones”. Destacó la importancia de los pronósticos estacionales avanzados y de las alertas tempranas para salvar vidas y reducir el impacto sobre las economías y las comunidades.

La OMM precisó que no existen pruebas de que el cambio climático incremente la frecuencia o intensidad de los episodios de El Niño. Sin embargo, la agencia considera que el calentamiento global puede amplificar los efectos relacionados, ya que un océano y una atmósfera más cálidos aumentan la energía y la humedad disponibles para fenómenos extremos, como olas de calor y lluvias intensas.

El fenómeno climático El Niño incrementa la actividad de la temporada de huracanes en el Pacífico, según coinciden expertos. Los especialistas señalan que el ciclo natural de calentamiento contribuirá a elevar aún más las temperaturas globales en un planeta ya afectado por el efecto invernadero derivado de la quema de combustibles fósiles, lo que probablemente potenciará el clima extremo en distintas regiones del mundo.

(Con información de AFP y EFE)