La costarricense Rebeca Grynspan Mayufis retomó este viernes el primer lugar entre las candidaturas para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego de obtener nueve votos de apoyo durante el tercer sondeo informal realizado por los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

La actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recibió además cinco votos para desalentar su candidatura y uno “sin opinión”.

El resultado representa una recuperación para Grynspan respecto de la segunda ronda, celebrada el 21 de agosto, cuando había caído a siete respaldos, cuatro votos en contra y cuatro sin opinión.

En aquella consulta, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett había pasado al primer lugar con ocho apoyos. Este viernes volvió a obtener ocho votos favorables, aunque los votos para desalentar su candidatura aumentaron hasta seis, además de uno sin opinión.

La evolución de las votaciones muestra, sin embargo, que Grynspan todavía no recupera el nivel alcanzado en la primera consulta del 30 de julio, cuando consiguió 10 votos para alentarla, uno para desalentarla y cuatro sin opinión.

Así, entre la primera y la tercera ronda perdió un respaldo y pasó de un voto negativo a cinco, aunque respecto de agosto consiguió recuperar dos apoyos.

La clave estará en los cinco países con derecho de veto

Las votaciones realizadas hasta ahora son conocidas como “straw polls” o sondeos informales. No son vinculantes y tampoco constituyen una elección definitiva del próximo secretario general.

En estas primeras rondas, los integrantes del Consejo de Seguridad pueden marcar si desean “alentar”, “desalentar” o expresar “sin opinión” respecto de cada candidatura.

El elemento decisivo llegará en las próximas etapas, cuando pueda identificarse si alguno de los votos negativos procede de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Esos países cuentan con poder de veto, por lo que una oposición formal de cualquiera de ellos impediría que una candidatura reciba la recomendación necesaria del Consejo.

Para que una candidatura sea recomendada se requieren al menos nueve votos favorables de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y ningún veto de los cinco miembros permanentes.

Grynspan alcanzó justamente nueve votos en la ronda de este viernes, pero el carácter confidencial de las papeletas utilizadas en esta fase impide saber si alguno de los cinco rechazos procede de una potencia con derecho de veto.

Por esa razón, los resultados permiten medir el nivel general de respaldo, pero no permiten concluir todavía quién será seleccionado.

Grynspan y Rodrigues-Birkett se mantienen con más respaldos

Las tres rondas realizadas hasta ahora han colocado a Grynspan y Rodrigues-Birkett entre las candidaturas con mayor cantidad de apoyos.

En el tercer sondeo, detrás de ambas quedaron el argentino Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, con cinco apoyos, ocho votos en contra y dos sin opinión; el ugandés Olara Otunnu, con cinco apoyos, siete rechazos y tres sin opinión; y el expresidente de Senegal Macky Sall, con cinco votos favorables, nueve desfavorables y uno sin opinión.

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa obtuvo tres votos para alentar su candidatura, seis para desalentarla y seis sin opinión.

Por su parte, la expresidenta chilena Michelle Bachelet recibió un apoyo, 11 votos en contra y tres sin opinión, mientras la ecuatoriana Ivonne A-Baki no consiguió respaldos, acumuló 10 rechazos y cinco votos sin opinión.

Costa Rica presentó oficialmente su candidatura en marzo

Costa Rica formalizó la candidatura de Rebeca Grynspan el 3 de marzo de 2026, según consta en el proceso oficial de selección publicado por Naciones Unidas.

La economista costarricense ocupa actualmente la Secretaría General de la UNCTAD, organismo de Naciones Unidas especializado en comercio y desarrollo.

El proceso busca escoger a la persona que sucederá al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre de 2026.

Después de las rondas informales, el Consejo de Seguridad deberá adoptar formalmente una recomendación. Posteriormente, el nombre seleccionado será enviado a la Asamblea General de Naciones Unidas, integrada por 193 Estados, que realizará el nombramiento.

Los resultados de este viernes dejan así a Grynspan nuevamente con la mayor cantidad de respaldos en la consulta informal, pero mantienen abierta una incógnita determinante: de qué países proceden los cinco votos que buscan desalentar su candidatura.

Ese dato adquirirá mayor relevancia conforme avance el proceso y comiencen a diferenciarse las posiciones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, el martes en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Casa Blanca anunció que será el primer encuentro entre ambos.

La cita cerrará la agenda de Trump durante su participación en la Semana de Alto Nivel de la ONU, después de su discurso ante la Asamblea General, una recepción con líderes internacionales y reuniones con otros jefes de Gobierno, según informó la Casa Blanca.

Trump y Rodríguez mantendrán una conversación al margen de la Asamblea General de la ONU, no una reunión bilateral formal, según el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz. El encuentro será el primero entre ambos y ocurre tras el respaldo de Washington al Gobierno interino venezolano y la negociación de un acuerdo sobre reservas petroleras.

Waltz definió la cita como una reunión “informal”, más casual que un encuentro bilateral en toda regla. El diplomático comunicó la agenda presidencial durante una llamada con periodistas el viernes.

Además de Rodríguez, Trump tiene programadas reuniones con el primer ministro británico, Andy Burnham, y con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de acuerdo con Waltz. También participará en un encuentro con los dirigentes del Consejo de Cooperación del Golfo.

La Casa Blanca señaló que Trump pronunciará su discurso ante la Asamblea General el martes por la mañana. Luego participará en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con la mandataria venezolana y regresar a Washington.

Será el primer encuentro entre un presidente de Estados Unidos y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión entre Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Rodríguez asumió la presidencia de forma provisional después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas en enero. Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y narcoterrorismo.

Desde entonces, la Administración de Trump reconoció legalmente al Gobierno interino venezolano y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, suspendidas desde 2019, de acuerdo con la información difundida. Washington también retiró a Rodríguez de su lista de dirigentes sancionados el 1 de abril.

El eje del acercamiento ha sido la industria petrolera. Washington y Caracas anunciaron en agosto un acuerdo que daría a Estados Unidos participación en yacimientos venezolanos con un potencial calculado en 65.000 millones de barriles, mediante una empresa concesionaria encargada de la extracción.

La Casa Blanca presentó el pacto como un acuerdo que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas venezolanas de crudo. Rodríguez sostuvo que el entendimiento representa “un paso rumbo a una recuperación económica” para modernizar la industria petrolera del país.

La cooperación económica no ha tenido el mismo alcance en el plano político. Trump ha dicho en varias ocasiones que Venezuela celebrará elecciones, aunque sin fijar una fecha, al considerar que el país “aún no está lista”.

El Gobierno interino liberó a presos políticos e inició contactos con una parte de la oposición, pero dirigentes dentro y fuera de Venezuela reclaman un calendario electoral.

Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, afirmó tras reunirse con Rodríguez en Caracas que existe “una pausa en la represión”. La organización, que volvió al país después de casi dos décadas de ausencia, pidió reformas institucionales urgentes.

Venezuela también modificó su agenda de seguridad y facilitó operaciones contra el crimen organizado solicitadas por Washington. Entre ellas figura la reciente captura de Aníbal Alexander Canelón, alias “El Ingeniero”, señalado como integrante de la banda Tren de Aragua.

(Desde Washington, Estados Unido) La tercera ronda de votación en el Consejo de Seguridad para designar al próximo secretario General de la ONU concluyó con 9 votos para Rebeca Grynspan, 8 votos para Carolyn Rodrigues-Birkett, 5 para Rafael Grossi y 5 para Olara Otunnu.

El resultado exhibe la ausencia de consenso entre Estados Unidos y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tiene derecho a veto como Rusia, Francia y Reino Unido.

El sistema de votación se divide en Encouraged -a favor-, Discouraged -en contra- y No Opinión, que funciona como una abstención.

Y adentro del Discouraged se puede encontrar un rechazo simple -de un miembro no permanente- o un veto ejercido por los cinco miembros permanentes. Si hay veto, el candidato cae.

Los números de Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi fueron los siguientes:

-Grynspan: 9 Encouraged; 5 Discouraged y 1 No Opinion.

-Rodrigues-Birkett: 8 Encouraged; 6 Discouraged y 1 No Opinion.

-Rafael Grossi: 5 Encouraged; 8 Discouraged y 2 No Opinion.

La tercera ronda de votación debería marcar el final de la contienda diplomática para Michelle Bachelet e Ivonne A-Baki. Ambas no tuvieron un sólo Encouraged, y entre las dos sumaron 20 Discouraged.

En cambio, un candidato de África se ha consolidado a lo largo de las tres votaciones. Se trata de Olara Otunnu, excandidato presidencial en Uganda, que tuvo cinco Encouraged, siete Discouraged y tres No Opinión.

La votación para designar al sucesor de Antonio Guterres como secretario General de la ONU exhibe la tensión geopolítica entre Donald Trump y Xi Jinping.

La administración republicana apoya a Grossi, mientras que el líder chino -junto a Vladimir Putin- avalaron un comunicado oficial de los BRICS instando a designar a una mujer al frente de las Naciones Unidas.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, establece el punto 9 de la resolución firmada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).

El 24 de septiembre, en la Casa Blanca, Trump recibe a Xi para tratar una agenda geopolítica atravesada por la crisis en Ormuz, la guerra comercial, el conflicto entre Ucrania y Rusia, y la aplicación global de la inteligencia artificial.

No se descarta que Trump y Xi debatan acerca de la compleja situación diplomática al momento de definir al próximo secretario General de la ONU.

Estados Unidos rechaza que Guterres continúe en el cargo, si no hay acuerdo. Pero tampoco desea acelerar un proceso multilateral que China lleva con mayor facilidad.

Estados Unidos había apostado como candidato de consenso a Grossi, que es un diplomático muy respetado en el mundo por su liderazgo en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

Grossi tiene relaciones fluidas con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y su estrategia electoral era sumar consensos y evitar los vetos.

Sin embargo, esa estrategia quedó dañada cuando Trump afirmó que estaba revisando la posición de Estados Unidos respecto a la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas.

Javier Milei -presidente argentino- tomó las declaraciones de Trump y lanzó una ofensiva jurídica contra las empresas británicas que operan en Malvinas sin derechos legales.

Grossi es presentado como candidato en la ONU por la Argentina, y el Reino Unido quebró su decisión de acompañar a Estados Unidos, en represalia a la posición política de Milei.

Un hecho arbitrario destinado a la política doméstica: en Londres saben que Grossi conoce todas las reglas del juego, y que como secretario General no avalaría ninguna jugada irregular para beneficiar a su país.

Entonces, Grynspan y Rodrigues-Birkett quedaron al frente como posibles sucesoras de Guterres, mientras que Grossi y Otunnu integran el segundo bloque de candidatos. Los demás tienen pocas posibilidades.

Sólo un acuerdo entre Trump y Xi puede destrabar la elección en la ONU.

Más de 1.000 casos de violencia sexual fueron documentados desde el inicio del conflicto en Ucrania, alertó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que atribuye nueve de cada diez al bando ruso.

“Estoy profundamente alarmado por la prevalencia de estos actos atroces y temo que continúen (...) en el contexto de la violencia incesante que presenciamos cada día en Ucrania”, lamentó en un comunicado el alto comisionado, Volker Türk.

Según un reciente informe, basado en entrevistas confidenciales con cientos de víctimas de abusos cometidos por ambos bandos, así como en documentos judiciales y registros oficiales, “se documentaron 1.004 casos de violencia sexual entre el 24 de febrero de 2022, fecha de inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, y finales de julio”.

Esa cifra “solo representa una fracción de la realidad”, subrayó ante la prensa en Ginebra Danielle Bell, jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Del total de los casos registrados, 89% fue atribuido al bando ruso, en particular a miembros de las fuerzas armadas, la administración penitenciaria y los servicios de seguridad nacional, y 11% a ucranianos.

La mayoría de las víctimas son hombres, especialmente en los centros de detención, aunque mujeres y niños también fueron objeto de estos abusos, principalmente en los territorios ucranianos ocupados.

“Las violaciones documentadas incluyen violaciones colectivas, violaciones, mutilaciones genitales, descargas eléctricas y golpes en los genitales, así como otros actos degradantes de carácter sexual”, precisó la ONU.

La superviviente de violación más joven identificada es una niña de cuatro años y la de mayor edad una mujer de 82 años. En ambos casos, los hechos fueron perpetrados por autoridades rusas, añadió el informe.

Una mujer ucraniana relató que un soldado ruso se instaló en su vivienda en la región de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, y la violó varias veces por semana durante un mes, prometiéndole a cambio velar porque su marido, que se encontraba detenido, recibiera un mejor trato.

“Rusia y Ucrania deben investigar todas las acusaciones creíbles de violencia sexual, de manera rápida, exhaustiva e imparcial, y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, exhortó Volker Türk.

(Con información de AFP)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) calculó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto provocó daños por USD 14.000 millones, tras afectar a 16 de los 32 departamentos del país y golpear viviendas, infraestructura y servicios básicos en territorios vulnerables como Chocó.

La estimación preliminar supera en USD 4.500 millones el cálculo inicial de USD 9.500 millones realizado por el Gobierno nacional.

La directora regional del Pnud, Michelle Muschett, describió la emergencia como una “profunda tragedia” que se concentró en “infraestructura, vivienda y servicios básicos”. Durante una visita al país, dijo a EFE que el impacto alcanzó con mayor fuerza a zonas con carencias históricas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas solicitó USD 14,83 millones para ejecutar durante 12 meses un plan de respuesta humanitaria y recuperación temprana en San José del Palmar, uno de los municipios más afectados. La iniciativa busca atender a 370.950 personas de una población afectada que supera las 466.000.

Una emergencia sobre una crisis humanitaria previa

San José del Palmar enfrentaba antes del sismo una crisis marcada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza y el abandono estatal. La oficina regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, con sede en Ciudad de Panamá, advirtió que el desastre profundizó “gravemente una crisis humanitaria preexistente”.

“El desastre tuvo un doble impacto devastador sobre poblaciones ya vulnerables”, señaló el organismo. Los daños en cerca de 400 centros de salud y el aumento del riesgo de violencia de género forman parte de las consecuencias identificadas en el municipio.

El plan humanitario priorizará a 125.984 mujeres en edad reproductiva y a 5.038 embarazadas. Las acciones previstas incluyen el refuerzo de la salud sexual y reproductiva, la prevención y atención de la violencia de género y el empoderamiento de jóvenes en las comunidades más vulnerables.

La agencia de Naciones Unidas definió el alcance de su petición: “Unfpa hace un llamado urgente por 14,83 millones de dólares para implementar un plan de respuesta humanitaria y recuperación temprana de 12 meses tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar (Chocó)”.

Reconstrucción y recursos internacionales

La recuperación no debería limitarse a restituir las condiciones anteriores al terremoto, planteó Muschett. “El abordaje que desde el Pnud hacemos no es solo reconstruir desde la lógica de volver a donde estábamos, sino de reconstruir mejor”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el proceso debe evitar la repetición de las vulnerabilidades previas y fortalecer la capacidad de las familias, comunidades y economías locales frente a futuros impactos. “Aquí hay una posibilidad de ir a esas vulnerabilidades y construir con resiliencia este proceso de recuperación que permita que estas familias y que estas comunidades y economías tengan mejor capacidad para hacer frente a choques que desafortunadamente sabemos que seguirán viniendo”, explicó.

Aunque países aliados y empresarios colombianos anunciaron apoyos económicos en las últimas semanas, Muschett consideró que el país necesitará recursos de la comunidad internacional y de organismos multilaterales. También valoró el acompañamiento técnico de Naciones Unidas a las autoridades para calcular daños, pérdidas y costos de recuperación.

La propuesta de incorporar la reconstrucción al próximo Plan Nacional de Desarrollo (Permitiría vincular un proceso de recuperación de largo plazo con las demás prioridades nacionales, según la directora regional. Muschett destacó además el enfoque territorial impulsado por el Ejecutivo del presidente Abelardo de la Espriella.

El balance oficial, reportado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, registró 335 muertes y 4.516 heridos. El sismo dejó 206.931 viviendas dañadas y 36.478 destruidas.

Los daños alcanzaron 397 centros de salud, 4.316 centros educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

Por el momento, la administración nacional, ya inició con las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. El país recibió ayuda internacional, así como, aportes de empresarios y también recursos públicos para recuperar los departamentos que sufrieron el impacto más severo por el movimiento telúrico.

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump y Xi Jinping lideran agendas geopolíticas antagónicas, en un escenario internacional atravesado por la guerra comercial, el conflicto en Medio Oriente, la influencia de la inteligencia artificial y la disputa interminable entre Ucrania y Rusia.

En este contexto, el Consejo de Seguridad vota hoy para elegir al secretario General de las Naciones Unidas (ONU). La disputa global que enfrenta a Trump y Xi ya se reflejó en las dos votaciones anteriores, adonde no hubo una mayoría suficiente que permita designar al sucesor de Antonio Guterres.

Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y tienen derecho a veto. Si uno de ellos ejerce esa facultad exclusiva, el candidato vetado queda afuera de la carrera electoral.

Junto a los cinco miembros permanentes se alinean otros diez no permanentes, que no tienen derecho al veto. Esos diez miembros no permanentes son: Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia, Bahrein, Colombia, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia.

Rafael Grossi es apoyado por Trump, mientras que Xi dejó entrever en la cumbre de los BRICS que avalaría una candidata para suceder a Guterres.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución firmada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).

Carolyn Rodrigues-Birkett, Rebeca Grynspan, María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki y Michelle Bachelet son las cinco candidatas que pujan por llegar a la Secretaría General de la ONU.

Xi y Vladimir Putin -China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad-, se inclinarían por alguna de ellas acorde al comunicado final que firmaron en la cumbre de los BRICS que organizó India.

Sin embargo, en la Casa Blanca y en la ONU aseguraron a Infobae que Xi y Putin firmaron la declaración de los BRICS para satisfacer los intereses electorales de Lula da Silva, que busca su reelección como presidente de Brasil.

Desde esta perspectiva, China y Rusia jugarán sus cartas en el tablero al margen del genero de los candidatos.

Aunque hay que tener en cuenta que Xi y Putin se sienten cómodos con Grynspan, que es Secretaria General de la UNCTAD, un resorte clave en la ONU.

“Soy realista optimista”, se definió Grossi en una columna de opinión que publico en The Economist.

Y añadió: “No soy un idealista que cree que la buena voluntad y las declaraciones pueden resolver los desacuerdos entre Estados. Tampoco soy un tecnócrata en busca del organigrama perfecto para devolverle relevancia a la ONU”

En las dos primeras votaciones informales del Consejo de Seguridad -Straw Polls, en la jerga diplomática-, Rodrigues-Birkett y Grynspan se intercambiaron el primer lugar.

María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki y Michelle Bachelet quedaron muy lejos, y por ahora son candidatos testimoniales.

La Casa Blanca apoya la candidatura del argentino Rafael Grossi. Y hasta hace pocos días, se asumía que Grossi podía tener los votos de Francia y Reino Unido.

Pero Trump exhibió cercanía con la posición de Argentina en las Islas Malvinas, y eso puso en jaque la posición de Londres, que planteaba una presunta abstención para evitar que Grossi quedara afuera de la contienda.

Pero en la actual coyuntura diplomática, el Reino Unido habría revertido su postura ante el temor de que Grossi utilizara a la Secretaría General de la ONU para fortalecer la estrategia multilateral de la Argentina.

El próximo 24 de septiembre, Trump recibe a Xi en la Casa Blanca.

Es un cónclave con agenda abierta, aunque la prioridad será Ormuz, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Irán, la guerra global de tarifas y la influencia de la inteligencia artificial.

Antes de esa cumbre bilateral será muy difícil que haya consenso entre Estados Unidos y China para nombrar al próximo secretario General de la ONU. Y la administración republicana ya adelantó que no aceptará una prórroga de hecho del mandato de Guterres.

La votación del Consejo de Seguridad está prevista para las 10 AM, hora de New York.

El Congreso de Zacatecas derogó el delito de calumnia del Código Penal estatal mediante el Decreto 368, publicado el 16 de septiembre en el Periódico Oficial, por lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) saludó la decisión y la calificó como un avance para la libertad de expresión.

“La eliminación de esta figura penal representa un avance para la libertad de expresión y contribuye a fortalecer el espacio cívico y las condiciones del ejercicio del periodismo”, señala la ONU-DH en un mensaje difundido en redes sociales.

El organismo sostiene que la protección del honor y la reputación debe garantizarse “por vías distintas al derecho penal, particularmente a través del derecho civil”.

La reforma deroga nueve artículos del delito de calumnia

El decreto deroga los artículos 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283 y 284 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, que integraban el tipo penal de calumnia. El artículo 274 vigente hasta ahora imponía prisión de tres meses a cinco años y multa de cinco a quince cuotas a quien imputara a otro un delito falso o a una persona inocente.

La iniciativa fue presentada el 13 de mayo de 2025 por el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, de Movimiento Ciudadano, y turnada a la Comisión de Justicia del Congreso local.

La Comisión de Justicia cita jurisprudencia de la SCJN sobre taxatividad

El dictamen de la Comisión de Justicia recupera las acciones de inconstitucionalidad 113/2015 y su acumulada 116/2015, resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidaron un tipo penal similar en el estado de Nayarit.

La Corte determinó entonces que el delito de calumnia viola el principio de taxatividad porque no precisa si la imputación falsa debe realizarse ante una autoridad o ante cualquier persona en cualquier foro, lo que genera incertidumbre jurídica.

El dictamen zacatecano señala que el tipo penal “afecta, restringe y es disuasivo del ejercicio periodístico, pues quienes ejercen este relevante oficio se ven frente a una barrera jurídica que criminaliza su labor de informar y opinar sobre temas de relevancia social e interés público”.

Zacatecas reconoce un retraso de casi dos décadas frente al ámbito federal

El dictamen legislativo reconoce que en el ámbito federal las figuras delictivas contra el honor de las personas fueron proscritas desde 2007. Por ello, la Comisión de Justicia admite que Zacatecas tenía “un retraso de casi dos décadas” en la alineación de su normativa local con el marco federal en materia de calumnia.

El documento retoma también la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2000, que establece que la protección a la reputación debe garantizarse “sólo a través de sanciones civiles” cuando la persona ofendida sea funcionario público o particular involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

Reforma fue impulsada por la ONU-DH

La ONU-DH afirma que mantuvo “un diálogo y trabajo de cooperación con autoridades, periodistas y personas defensoras en Zacatecas para fortalecer las garantías para el ejercicio de sus derechos” y reconoce a quienes impulsaron la reforma.

El propio dictamen legislativo confirma esa colaboración al señalar que, “de la mano con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a través de su representación en México, se identificaron tres tipos penales” susceptibles de revisión: halconeo, ultrajes y calumnia.

La Comisión de Justicia decidió, sin embargo, aplazar el debate sobre halconeo y ultrajes a insignias públicas “para un momento subsecuente en que haya posibilidad de consenso”, y avanzar únicamente con la derogación de calumnia en este decreto.

El organismo internacional exhorta a “otras entidades federativas a adecuar sus marcos normativos a los estándares internacionales de derechos humanos, eliminando disposiciones que puedan restringir indebidamente la libertad de expresión”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que los funcionarios cubanos enfrentan las mismas carencias que la población y negó que la familia Castro disponga de bienes o condiciones excepcionales. Sus declaraciones ocurren en medio de una crisis de abastecimiento, electricidad y combustibles que ha profundizado las dificultades cotidianas en la isla.

Fernández de Cossío afirmó que en su casa tiene electricidad apenas entre dos y tres horas al día. Según relató, esa situación le impide conservar alimentos y, en algunos momentos, también afecta el acceso al agua potable. Con esas afirmaciones, buscó responder a las críticas sobre una presunta separación entre la dirigencia cubana y las condiciones que enfrenta la mayoría de los ciudadanos.

La información fue publicada por el medio cubano CiberCuba, que recogió una entrevista concedida por el funcionario durante una visita a Washington vinculada a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí, el viceministro fue consultado por denuncias de Estados Unidos sobre presuntos privilegios de la familia Castro y de otros dirigentes de la isla.

Niegan las acusaciones sobre propiedades y lujos

El funcionario negó de forma tajante que la familia Castro tenga un avión privado y 17 viviendas, como señaló Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU. “Totalmente” falsas, respondió al ser preguntado por esas acusaciones. También rechazó que exista un sector del régimen cubano protegido de los apagones, la escasez de alimentos o las fallas en el suministro de agua.

Las declaraciones incluyeron una referencia a otras acusaciones dirigidas contra el dictador Miguel Díaz-Canel, a quien autoridades estadounidenses atribuyen el uso de artículos de lujo, como una corbata Hermès, un reloj Rolex y un bolígrafo Montblanc. El funcionario no respondió de manera puntual sobre esos objetos, pero insistió en que los servidores públicos viven las mismas dificultades que el resto de la población.

No es la primera vez que el vicecanciller expone esa postura. En octubre de 2025, cuando habló sobre los apagones, dijo que en su vivienda los cortes de energía ocurrían “cada cuatro horas” y que él y su familia sentían “ganas de protestar”. La nueva declaración retoma ese argumento en un momento de mayor presión sobre el sistema eléctrico cubano.

Los apagones agravan las dificultades diarias en la isla

Cuba atraviesa una situación compleja por la escasez de combustible, las fallas de generación eléctrica y los problemas para asegurar productos básicos. El problema de los apagones es que afectan directamente la conservación de alimentos, el transporte, el bombeo de agua, el funcionamiento de comercios, hospitales y otros servicios públicos.

Fernández de Cossío atribuyó el deterioro de la situación a las sanciones de Estados Unidos. “La política de Estados Unidos busca producir un castigo colectivo para inducir una crisis humanitaria en Cuba”, afirmó. Añadió que el sufrimiento de la población “no es un daño colateral, es el objetivo de la política”.

El viceministro describió los efectos de los cortes eléctricos en la atención médica. Mencionó casos de familias que no pueden trasladar a enfermos a un hospital, cirugías que deben aplazarse por falta de energía y recién nacidos que dependen de equipos médicos. Según los datos citados en la nota, este 17 de septiembre el déficit eléctrico rondaba los 2,120 megavatios, frente a una demanda prevista de 3,200 megavatios.

En cuanto a la relación con Washington, Fernández de Cossío señaló que persisten canales de comunicación, aunque sin avances visibles. Cuestionó la aplicación de nuevas sanciones y rechazó cualquier amenaza contra la soberanía cubana. “Los funcionarios estadounidenses son preguntados constantemente si eso está sobre la mesa, y responden que nada está descartado”, sostuvo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que 2025 fue uno de los años más secos para el caudal de los ríos en los últimos 35 años. El dato no describe un episodio aislado: se inscribe en una tendencia de descenso de las reservas de agua dulce, que deja a más regiones expuestas a las sequías. El informe sobre el estado de los recursos hídricos mundiales registró niveles inferiores a los normales en más del 36% de la superficie de las cuencas del planeta y confirmó la continuidad del deterioro de reservas como los glaciares y las aguas subterráneas.

Para Argentina, el reporte del organismo especializado de Naciones Unidas no presenta un diagnóstico por país ni desagrega datos nacionales. Sin embargo, ubica a la cuenca del Río de la Plata entre las regiones que sufrieron caudales recurrentemente bajos entre 2021 y 2025. La recuperación parcial detectada en el último año llegó después de una sequía prolongada. El informe también señala déficits persistentes de almacenamiento de agua terrestre en la Patagonia y los Andes subtropicales.

El estudio reúne datos de los miembros de la OMM, modelos hidrológicos mundiales y observaciones satelitales para seguir la evolución de ríos, acuíferos, humedad del suelo, lagos, nieve, hielo y eventos extremos.

A continuación, las 6 alertas del documento sobre el agua mundial.

1. Uno de los balances más secos para los ríos en 35 años

Los modelos hidrológicos utilizados por la OMM mostraron que más de un tercio de las cuencas mundiales tuvo caudales por debajo de lo normal en 2025. El indicador ubica al año entre los más secos desde comienzos de la década de 1990.

Los niveles bajos afectaron a gran parte de América del Norte, a las cuencas del Río de la Plata y del San Francisco en Sudamérica, a Europa oriental, Oriente Medio y Asia central. En África, las cuencas de los ríos Nilo, Congo y Zambeze también quedaron muy por debajo de sus valores de referencia.

El panorama fue distinto en el sur y sudeste de Asia, además de algunas zonas del norte de Sudamérica, donde los caudales anuales superaron los niveles habituales. En África, los ríos Senegal, Níger, Chad, Orange y Limpopo registraron valores superiores a los normales.

2. Las cuencas con caudales normales son minoría desde hace siete años

El informe advierte que el problema excede a un solo año. Entre el 34% y el 38% de las cuencas mantuvo condiciones normales en cada uno de los últimos siete años, frente al promedio de 46% que se observó entre 1991 y 2020.

Durante el período 2021-2025 se repitieron caudales inferiores a lo normal en áreas de las cuencas del Amazonas y del Río de la Plata, América del Norte, África central y oriental, Asia central y Oriente Medio. La OMM atribuye este comportamiento a una mayor irregularidad del ciclo del agua, con alternancia de sequías e inundaciones.

En la cuenca del Río de la Plata, el reporte señala una recuperación parcial en 2025. El dato aparece después de varios años de sequía que afectaron a una de las principales regiones hídricas y productivas del sur de Sudamérica.

3. El almacenamiento de agua terrestre disminuye desde mediados de la década de 2010

El almacenamiento de agua terrestre considera el volumen acumulado en aguas subterráneas, lagos, ríos, suelo, vegetación, hielo y nieve. La OMM detectó una tendencia negativa sostenida desde el período 2014-2016, con un aumento de las superficies que se encuentran por debajo de los valores normales.

Entre 2021 y 2025, las anomalías negativas se repitieron en el sudoeste de Estados Unidos, la Patagonia, los Andes subtropicales, las cabeceras de los ríos Ganges e Indo, el norte de África, Oriente Medio, Asia central y el este de China.

En 2025, las lluvias estuvieron por debajo de los niveles habituales en el norte y sudoeste de América del Norte, la Patagonia, Europa oriental, Oriente Medio, Asia central, el este de Brasil, el norte de India, partes del norte de Europa, Rusia, China y el norte de África.

4. Los glaciares perdieron masa por cuarto año consecutivo en todas las regiones

La pérdida de hielo volvió a ser generalizada en 2025. Los glaciares perdieron 408 gigatoneladas de masa durante el año hidrológico, una cantidad equivalente a una suba estimada de 1,1 milímetros en el nivel medio del mar.

Entre 2023 y 2025, la pérdida acumulada fue de 1.400 gigatoneladas de agua. La reducción de estas reservas puede elevar el riesgo de inundaciones en el corto plazo y limitar la disponibilidad hídrica futura para las poblaciones que dependen del deshielo.

Asia central, el sur de Asia occidental, el Ártico ruso, Islandia y el oeste de Canadá y Estados Unidos anotaron balances de masa entre los tres más negativos de sus respectivas series. En áreas con glaciares pequeños, como el Cáucaso, Europa central y el oeste de Canadá, algunos sistemas podrían haber llegado al máximo caudal que produce el deshielo antes de comenzar a reducir su aporte.

5. Asia y África concentraron la mayor parte de los desastres vinculados al agua

Asia y África reunieron al menos la mitad de los eventos extremos relacionados con el agua registrados durante los últimos cinco años y más del 80% de las muertes asociadas que se notificaron. Las sequías prolongadas afectaron a las cuencas del Amazonas y del Río de la Plata, Oriente Medio y el Cuerno de África, mientras que África occidental y central y el sudeste asiático padecieron inundaciones reiteradas.

Ciclones tropicales y un monzón intenso causaron hasta 3.600 muertes en el sur y sudeste asiático durante 2025, según los datos incluidos en el reporte. Sri Lanka, Pakistán, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas estuvieron entre los países afectados.

Varios países africanos enfrentaron inundaciones importantes por segundo o tercer año consecutivo, entre ellos Nigeria y la República Democrática del Congo. La OMM señaló que, en algunas zonas, la sucesión de extremos dejó escaso margen de recuperación entre una sequía y una inundación.

6. Las mediciones mejoraron, pero persisten vacíos de información en regiones expuestas

La OMM amplió la cobertura de su evaluación desde tres variables hidrológicas en la primera edición de 2021 hasta quince indicadores en el informe actual. Decenas de servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, centros de datos, investigadores e instituciones asociadas aportaron observaciones directas, resultados de modelos y registros satelitales.

Pese a esa expansión, África y Asia siguen entre las áreas menos representadas por observaciones hidrológicas, a pesar de su exposición a los fenómenos extremos. Mientras la red mundial de medición se amplía, las zonas más afectadas por sequías e inundaciones todavía presentan vacíos de información. El organismo sostiene que la cooperación para compartir datos, establecer parámetros comunes y reforzar los sistemas de alerta temprana resulta clave en cuencas y sistemas glaciares que atraviesan fronteras.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que las aguas subterráneas, los glaciares y la nieve estacional funcionaron durante décadas como reservas frente a los años secos. El informe advierte que esas reservas disminuyen al mismo tiempo que crece la frecuencia de los extremos vinculados al agua.

Estados Unidos aprobó las visas necesarias para que el presidente iraní Masud Pezeshkian, el canciller Abbas Araghchi y otros integrantes de la delegación del régimen de Irán participen la próxima semana en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El Departamento de Estado confirmó que autorizará la presencia de la delegación iraní durante la Semana de Alto Nivel, que incluye el debate general de la 81ª Asamblea General. El organismo explicó que la decisión responde a las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de Naciones Unidas.

“De conformidad con nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación central del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”, señaló el Departamento de Estado.

La autorización no implica libertad de movimiento plena dentro de Estados Unidos. Según Washington, el grupo será más reducido que el enviado por Irán el año pasado y estará sujeto a controles específicos mientras permanezca en Nueva York.

“La delegación estará sujeta a restricciones de viaje y tendrá prohibida la compra de bienes de lujo y otros productos conforme a nuestra política”, agregó el Departamento de Estado.

La Asamblea General comenzó su nuevo período de sesiones el 8 de septiembre, mientras que el debate general de alto nivel se desarrollará del 22 al 26 de septiembre y continuará el 28. La ONU informó que los jefes de Estado, de Gobierno y otros representantes de alto nivel expondrán las posiciones de sus países ante los 193 Estados miembros.

Para Pezeshkian, el viaje supondría una nueva participación presencial ante los líderes mundiales en medio de una relación especialmente deteriorada con Washington. El conflicto entre ambos países comenzó a finales de febrero y, más de seis meses después, continúa sin un entendimiento que permita resolver las principales disputas relacionadas con las operaciones militares, el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

La situación de Ormuz constituye uno de los principales puntos de tensión. El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y representa una ruta fundamental para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos. Las restricciones al tráfico marítimo han añadido presión sobre un corredor cuya actividad tiene consecuencias directas para los mercados energéticos internacionales.

El enfrentamiento tampoco se limita al territorio iraní. En Yemen, los hutíes respaldados por Teherán han intensificado sus acciones contra instalaciones y rutas marítimas vinculadas con Arabia Saudita. La situación afecta además al Bab el Mandeb, paso estratégico entre el mar Rojo y el golfo de Adén, por donde circula una parte relevante del comercio internacional.

Washington mantiene además una política de sanciones contra Irán y lo considera un Estado patrocinador del terrorismo. En las últimas semanas, el gobierno de Donald Trump incrementó sus esfuerzos para limitar las fuentes financieras que, según Estados Unidos, permiten sostener las estructuras vinculadas al régimen iraní.

La decisión sobre las visas iraníes fue anunciada un día después de que Washington negara el ingreso a Mahmoud Abbas para participar en la misma reunión internacional. El Departamento de Estado también informó que no concederá visas a determinados funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina, alegando incumplimientos y acciones que, según su posición, perjudican las perspectivas de paz.

La diferencia entre ambos casos quedó expuesta mientras Washington prepara la recepción de delegaciones extranjeras para una semana en la que cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto asistir presencialmente a las actividades de alto nivel de Naciones Unidas.

En el caso iraní, la autorización permitirá que sus principales representantes ingresen a territorio estadounidense para participar en el principal foro diplomático multilateral del año, aunque bajo condiciones específicas fijadas por el país anfitrión.

La Sociedad de las Américas distinguirá al presidente dominicano Luis Abinader con su Insignia de Oro el próximo 23 de septiembre en Nueva York, según informó la agencia EFE.

La ceremonia privada se celebrará en la sede de la organización y coincidirá con la participación del mandatario en la semana de alto nivel de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general arranca ese mismo día.

La distinción se otorga a jefes de Estado elegidos democráticamente cuyo trabajo haya dejado un impacto profundo y duradero en su país y en la región.

La Sociedad de las Américas señaló que Abinader la recibe por su labor en la recuperación económica del país, su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y su papel en la cooperación regional en materia de seguridad e integración económica.

La condecoración la entregarán Susan Segal y Andrés Gluski

La Insignia de Oro será entregada por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización, y por Andrés Gluski, presidente de su junta de directores. Al acto asistirán empresarios y líderes del sector público, de acuerdo con el comunicado difundido por EFE.

El reconocimiento ubica a Abinader en una nómina que incluye a figuras como Raúl Alfonsín (1985), Ronald Reagan (1987), Fernando Henrique Cardoso (1998), Ricardo Lagos (2005), Luiz Inácio Lula da Silva (2008), Michelle Bachelet (2009), Felipe Calderón (2011), Juan Manuel Santos (2012), Mauricio Macri (2017), Iván Duque (2021) y Luis Lacalle Pou (2023).

El contexto económico que respalda el galardón

La distinción llega en un momento en que el gobierno dominicano exhibe indicadores favorables. El propio Abinader afirmó a comienzos de septiembre que la pobreza descendió de cerca del 26% en 2019 a alrededor del 16% en el primer trimestre de 2026, mientras que la economía acumula un crecimiento de 4,5% y los salarios mejoran por encima de la inflación, según datos de la Presidencia de la República recogidos por Infobae.

El dinamismo del sector privado suma otro indicador: en los primeros seis meses del año se crearon casi 18.000 nuevas empresas, y las exportaciones alcanzaron los USD 9.277 millones entre enero y julio, un alza de 12% frente al mismo período de 2025, según informó Lucile Houellemont Jimenes, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Abinader también subrayó que el país mantuvo la estabilidad económica pese a lo que describió como “tres grandes golpes” en seis años: la pandemia de covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre generada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, de acuerdo con Diario Libre, portal dominicano.

Una semana cargada de agenda multilateral en Nueva York

La visita a Nueva York se enmarca en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que este año sesiona bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: una ONU que responde a todos”, con el bangladesí Khalilur Rahman como presidente de la sesión 81, según la información oficial de Naciones Unidas.

El 23 de septiembre, fecha de la ceremonia de la Sociedad de las Américas, el secretario general António Guterres convocará además a los líderes mundiales a un evento de alto nivel sobre acción climática y transición justa, lo que convierte esa jornada en una de las más densas de la semana diplomática.

No es la primera vez que Abinader recibe reconocimientos internacionales en el marco de foros multilaterales. En junio de 2025 obtuvo una distinción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante su 113.ª Conferencia Internacional en Ginebra, por el respaldo de su gobierno a los derechos y el bienestar de la clase trabajadora dominicana. En septiembre de 2024 recibió el Chairman’s Award for Leadership in the Americas del Consejo de las Américas en Washington.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó un patrón sistemático de violaciones a las garantías fundamentales perpetrado por el régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que incluye 4,796 detenciones arbitrarias registradas desde 2018, junto con casos confirmados de desaparición forzada y muertes ocurridas durante la privación de libertad.

El documento oficial detalla cómo el aparato estatal nicaragüense ha mantenido un uso continuado y prolongado de la privación de libertad como un instrumento de represión contra opositores reales o percibidos.

Las cifras recopiladas por organizaciones de la sociedad civil y sistematizadas por las Naciones Unidas revelan que, entre las 4,796 personas arrestadas arbitrariamente desde el estallido social de 2018, 3,861 corresponden a hombres y 935 a mujeres, grupo que incluye a 13 mujeres trans.

Al 15 de junio de 2026, el reporte confirmó que al menos 46 personas continuaban privadas de libertad por motivos políticos. La gran mayoría de estos ciudadanos permanecía recluida antes del período analizado por la ONU, bajo dinámicas de detención prolongada que vulneran los estándares internacionales. En al menos tres casos, las víctimas continuaban en prisión a pesar de haber cumplido la totalidad de sus condenas dictadas por el sistema judicial local.

Entre estos casos destaca el de Jaime Enrique Navarrete Blandón, un ciudadano encarcelado desde 2019 que, según las denuncias recogidas por el organismo internacional, sufrió torturas sistemáticas en prisión y completó formalmente su sentencia en 2023 sin ser puesto en libertad por las autoridades del régimen de Nicaragua.

El informe de la ONU resalta que la represión evolucionó desde las capturas masivas registradas en 2018 hacia una operatividad selectiva. Además, las violaciones al debido proceso afectaron a funcionarios del propio Estado y simpatizantes del partido de gobierno, de los cuales al menos 55 sufrieron arrestos arbitrarios en el período evaluado.

La desaparición forzada se consolida como una práctica sistemática del aparato estatal

La investigación realizada por la ACNUDH identificó que, en al menos 29 de los 35 casos individuales de detención arbitraria analizados a profundidad por la oficina, las víctimas sufrieron desaparición forzada mediante el ocultamiento deliberado de su paradero y su suerte.

Al cierre del informe, las autoridades de la ONU mantenían abiertos al menos ocho expedientes de desaparición forzada, con la advertencia de que la cifra real puede ser sustancialmente mayor debido al temor a represalias que frena las denuncias de los familiares en la nación centroamericana.

Las detenciones se caracterizaron por la ausencia de órdenes judiciales, la falta de información inmediata sobre los cargos imputados y la privación del derecho a contar con un abogado de elección.

En múltiples procesos penales, agentes de la Policía Nacional figuraron como los únicos testigos presentados por la fiscalía, mientras que las audiencias se celebraron a puerta cerrada o de forma remota bajo deficientes condiciones técnicas.

Registraron múltiples fallecimientos de prisioneros políticos bajo la custodia del Gobierno

Durante el período evaluado por las Naciones Unidas, se registró un incremento en las muertes de prisioneros políticos durante su custodia estatal, con al menos cuatro casos plenamente documentados. Todos los fallecidos eran hombres y tres de ellos correspondían a personas de edad avanzada que padecían afecciones médicas graves.

Uno de los fallecimientos documentados corresponde al líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, quien murió bajo la custodia del régimen nicaragüense tras ser víctima de desaparición forzada e incommunicación.

Rivera había sido objeto de represalias gubernamentales, entre otras razones, por mantener cooperación activa con los mecanismos de las Naciones Unidas. Tras su deceso, sus familiares enfrentaron severos obstáculos por parte de las fuerzas de seguridad para organizar las exequias según sus tradiciones culturales y religiosas.

Las precarias condiciones de los centros de reclusión contribuyeron al deterioro fatal de la salud de los prisioneros. La ACNUDH constató que los prisioneros recibieron suministro de agua contaminada para consumo y aseo personal, celdas contiguas a letrinas y la denegación sistemática de asistencia médica especializada.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcará en la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para la tercera revisión del acuerdo rubricado con el Gobierno, en una semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La coincidencia de ambas agendas impedirá que el titular del Palacio de Hacienda esté presente en todos los encuentros con los representantes del organismo, que mantendrán reuniones con el resto del equipo económico a fin de analizar las metas acordadas para 2026. En paralelo, el viernes 25 de septiembre vencen USD 800 millones con el FMI.

La llegada de los técnicos del Fondo abrirá una nueva etapa de diálogo sobre los compromisos definidos para este año, con dos ejes centrales: la acumulación de reservas y el resultado fiscal primario. El Gobierno superó el objetivo anual de compras de divisas establecido en el programa de USD 10.000 millones, aunque incumplió la meta fiscal del primer semestre. Las conversaciones deberán abordar esa diferencia entre los dos componentes del acuerdo, además de la evolución de la recaudación, la baja de impuestos y el nivel de actividad económica.

Según pudo saber Infobae, la delegación del prestamista de última instancia aterrizará el lunes, aunque por ahora no existe información sobre los nombres de los integrantes de la comitiva ni sobre la fecha hasta la que permanecerán en el país. Tampoco trascendieron detalles de la agenda de reuniones que desarrollarán los enviados del FMI con los funcionarios del Ministerio de Economía.

Meta cumplida

Uno de los datos que llegará a la mesa de discusión es el cumplimiento de la pauta de reservas internacionales. Para 2026, el programa fijó una meta de compra de USD 10.000 millones, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya compró más de 14.200 millones de dólares. Esa cifra dejó a la entidad por encima del objetivo previsto para el año, con una diferencia superior a USD 4.200 millones a lo pactado.

Aún resta determinar si se cumplirá la meta de acumulación de reservas, fijada en USD 8.000 millones para este año. Según cálculos de la consultora Analytica, el BCRA supera por ahora ese objetivo, con USD 9.000 millones de dólares. La evolución durante los meses restantes de 2026 será determinante para confirmar si sostiene esa posición.

Mayor complicaciones

El desempeño en la meta de compra de reservas internacionales contrasta con la situación fiscal, donde el Gobierno no alcanzó el compromiso correspondiente al primer semestre. El acuerdo para este año estableció un superávit primario de 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), una referencia que ordenará parte de la conversación entre los funcionarios argentinos y los técnicos que llegarán a Buenos Aires.

El resultado fiscal del primer semestre quedó en 0,6% del PBI por debajo de la meta (0,7%/PBI) por distintos factores. Entre ellos, apareció la postergación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, una modificación que afectó el flujo de ingresos tributarios durante ese período. También pesaron la caída general de la recaudación, asociada a la baja de impuestos, y el nivel de actividad económica.

En el plano fiscal, en la segunda revisión del equipo económico tomó compromisos con el FMI a los fines blindar el superávit fiscal, entre ellas postergar la entrada en vigencia de iniciativas de la reforma laboral como finalmente sucedió con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) cuya fecha de inicio se pasó al 1° de noviembre aunque hay dudas al respecto. También en su momento se fijó un aumento de recaudación por impuestos específico y la necesidad de una mejora en la focalización de subsidios al transporte.

Caputo no estará en Buenos Aires

La ausencia de Caputo en la revisión responde a su viaje con Milei a Nueva York. El ministro acompañará al Presidente en las reuniones de la ONU, mientras los técnicos del Fondo iniciarán sus contactos en la Argentina. El cronograma dejará los encuentros con la delegación internacional en manos de otros integrantes del equipo económico, dado que el funcionario responsable del Ministerio de Economía estará fuera del país junto al jefe de Estado.

La tercera revisión tendrá lugar después de la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina, a fines de julio. Durante su estadía, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó una serie de medidas que consideró necesarias para el equipo económico. Sus declaraciones apuntaron a ampliar la actividad ligada al petróleo, el gas y la minería, además de extender ese impulso hacia otros sectores.

La titular del organismo sostuvo que el dinamismo de esas áreas debería repercutir en la construcción, los servicios y la logística. En ese sentido, planteó que el desarrollo de Vaca Muerta debe tener impacto sobre una porción más amplia de la economía. También señaló tres frentes de acción para el Gobierno: mejorar las condiciones financieras de quienes acceden a créditos, profundizar el mercado de capitales y remover restricciones de infraestructura que afectan el funcionamiento de la economía.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el miércoles el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas en Nicaragua y advirtió que “la situación es completamente indefendible”, en momentos en que el país centroamericano enfrenta crecientes críticas internacionales por los intentos de limitar las elecciones.

“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, afirmó Türk al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que abarca el período entre junio de 2025 y junio de 2026. El texto documenta “la captura casi total de las instituciones estatales” por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido que gobierna desde 2007 bajo el dictador Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Una mayoría absoluta sin votos en contra

Según el informe, el FSLN cuenta actualmente con mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios del país y en ambos consejos regionales de la Costa Caribe. Un análisis de las 185 votaciones plenarias registradas en el sitio oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026 no encontró ni un solo voto en contra ni abstenciones, ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no integran formalmente la coalición de gobierno.

A principios de septiembre, la Asamblea aprobó por unanimidad, en primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma constitucional que impide participar en las elecciones a quienes sean considerados “traidores a la patria” o “golpistas”, y que además extiende el mandato presidencial de seis a siete años. La reforma entrará en vigor si se aprueba en una segunda legislatura en 2027, y pospone las elecciones hasta 2028. Ortega había anticipado la medida al declarar que “no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

El informe también señala las detenciones arbitrarias como la principal herramienta de represión utilizada por las autoridades, y registró al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia atribuidas al Estado. Los autores advirtieron que estas cifras podrían ser más altas de lo documentado, debido a la falta de acceso al país, la negativa de las autoridades a cooperar y el temor a represalias entre víctimas y testigos.

Durante el último año, cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil se vieron obligadas a cerrar, con lo que el total de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años llegó a 5.539. Las autoridades también ordenaron el cierre de un nuevo medio de comunicación, elevando a al menos 56 el número de medios clausurados en el mismo período.

“Casi no queda nada por cerrar”, lamentó Türk. El Alto Comisionado había mencionado en agosto de 2018 las protestas contra el gobierno de Ortega, que dejaron al menos 300 muertos según cifras de la ONU y marcaron un punto de inflexión en el endurecimiento del régimen.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, pidió a los gobiernos y las principales empresas tecnológicas una coordinación internacional para contener los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y advirtió que “el mundo no puede permitirse una carrera hacia el abismo en materia de seguridad de la IA”.

Guterres sostuvo que las advertencias de quienes desarrollan esta tecnología requieren atención, ya que la IA “avanza a toda velocidad, por delante de nuestra comprensión de los riesgos”. En ese sentido, indicó que los Estados tienen la responsabilidad inicial de proteger a la población frente a esas amenazas.

“La acción nacional es esencial”, afirmó ante periodistas en la ONU, “pero la coordinación global también es indispensable”.

El secretario general reclamó “barreras de seguridad para generar confianza... y que hagan que la IA sea segura, transparente y responsable, con la dignidad humana en el centro”. Sus declaraciones aludieron a la propuesta de Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, para que las empresas y los gobiernos coordinen una desaceleración en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, respaldaron en los últimos días los pedidos para moderar el ritmo de avance de la IA. El director general de Meta, Mark Zuckerberg, se apartó de esa posición y sostuvo que cada compañía debe garantizar la seguridad de su propia tecnología.

La coordinación enfrenta obstáculos por la competencia entre empresas, las tensiones geopolíticas —en especial entre Estados Unidos y China— y los incentivos económicos del sector. El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó esta semana las advertencias sobre un posible daño existencial de la IA, a las que calificó de “un engaño”, y definió los intentos de limitar la tecnología como parte de una “conspiración enferma”.

Guterres destacó el potencial de la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo económico, ampliar el acceso a la educación y fortalecer los sistemas sanitarios. A la vez, alertó sobre la posibilidad de una “inteligencia artificial fuera de control” y adelantó que el tema formará parte de sus reuniones con líderes mundiales durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

“Naciones Unidas seguirá explorando ideas y enfoques prácticos en los próximos días”, expresó. “Necesitamos un entendimiento compartido de cómo impulsar el desarrollo seguro, protegido y responsable de la IA, al tiempo que identificamos cuándo sistemas cada vez más potentes pueden requerir barreras de seguridad más estrictas, o medidas adicionales para gestionar riesgos potenciales”.

A pedido de Guterres, la Asamblea General puso en marcha en 2025 el primer organismo científico mundial sobre inteligencia artificial. En un informe preliminar difundido en julio, el panel de 40 integrantes alertó que el uso acelerado y sin control de esta tecnología puede afectar la salud mental de los usuarios, facilitar su empleo como herramienta destructiva y generar impactos en los sistemas sociales, económicos y ambientales.

El jefe de la ONU reconoció que las divisiones geopolíticas pueden dificultar los acuerdos, aunque señaló que los países con mayor capacidad en la frontera de la IA deben intercambiar información y adoptar salvaguardas comunes para evitar “esta carrera hacia el abismo que podría conducir algún día a un desastre gigantesco a nivel global”.

Guterres descartó convocar una cumbre específica durante la reunión de la próxima semana de representantes de los 193 Estados miembros, por falta de tiempo para prepararla. “Creo que tiene todo el sentido, en el momento adecuado, celebrar una cumbre internacional seria sobre inteligencia artificial”, afirmó. También remarcó que un encuentro de ese tipo debe incluir a gobiernos, empresas, científicos y organizaciones de la sociedad civil.

(Con información de Associated Press)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el miércoles por la noche que viajará a la Asamblea General de las Naciones Unidas para decirle al mandatario estadounidense, Donald Trump, que no intervenga en las elecciones brasileñas de octubre, en las que buscará la reelección. La declaración se produce en medio de las tensiones diplomáticas entre Brasilia y Washington por los aranceles, la seguridad y las críticas de Estados Unidos a la lucha contra el crimen organizado.

“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, afirmó Lula durante un acto de campaña en Ceilândia, un barrio popular de Brasilia. El mandatario brasileño tiene previsto pronunciar su discurso el próximo martes en Nueva York, donde puede coincidir con Trump, aunque por ahora no existe una reunión bilateral específica prevista entre ambos presidentes.

El secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Bicalho Cozendey, señaló que “no está prevista una reunión bilateral específica” entre Lula y Trump. Sin embargo, ambos presidentes probablemente coincidirán durante la Asamblea General, como ocurrió en 2025, debido a que sus discursos están programados de forma sucesiva.

El viaje de Lula a Nueva York se producirá a pocas semanas de las elecciones presidenciales brasileñas y en un contexto de fuerte tensión entre Brasilia y Washington. El presidente brasileño sostiene que las medidas adoptadas por Estados Unidos contra productos de su país constituyen una forma de presión sobre Brasil en el contexto electoral.

Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, medidas que Lula cuestionó de forma pública. La disputa comercial se sumó a otros desacuerdos entre los dos gobiernos, entre ellos las críticas estadounidenses contra la política brasileña frente al crimen organizado.

Trump volvió a expresar el miércoles su preocupación por la lucha contra las organizaciones criminales de Brasil en un documento enviado al Congreso estadounidense. El mandatario republicano cuestionó la actuación del Gobierno de Lula frente al Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos de las principales organizaciones criminales del país y consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

Ante ese escenario, fuentes de la diplomacia brasileña citadas por EFE indicaron que Lula responderá a las críticas durante su discurso ante la ONU y presentará medidas “proactivas”, entre ellas iniciativas de cooperación internacional con países de la región y con Estados Unidos, además de un refuerzo de las acciones contra los delitos ambientales.

El objetivo será mostrar que Brasil adopta medidas contra el crimen organizado y, al mismo tiempo, defender la posición de Brasilia frente a cualquier intervención externa. La seguridad pública ocupa uno de los principales lugares en la campaña electoral brasileña de este año.

El senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la disputa por la Presidencia y primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro, defiende una política más dura contra las organizaciones criminales. Entre sus propuestas figura el endurecimiento de las penas y la declaración del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas.

Lula también vinculó las tensiones con Estados Unidos con las gestiones de integrantes de la familia Bolsonaro ante el Gobierno de Trump. Durante el acto de campaña en Brasilia, el presidente brasileño afirmó: “Brasil no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se entrega a Estados Unidos”.

La relación entre Brasilia y Washington se deterioró a partir de 2025, cuando Estados Unidos aplicó medidas comerciales contra Brasil en represalia por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro por la causa relacionada con un intento de golpe de Estado. Lula acusó entonces a la familia Bolsonaro de promover ante Washington medidas contra su Gobierno.

En paralelo, Lula prevé utilizar su presencia en Nueva York para defender la soberanía nacional y cuestionar la actuación de las principales potencias dentro de Naciones Unidas. El mandatario brasileño calificó de “cobardes” a los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— por su actuación ante los conflictos armados.

Lula también tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres, para abordar una reforma del organismo. Guterres afronta su último año al frente de Naciones Unidas.

El presidente brasileño viajará a Nueva York el domingo y permanecerá allí durante la Asamblea General. Además, podría mantener el lunes un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque esa actividad todavía no fue confirmada.

(Con información de AFP y EFE)

El miedo a no ser creídas, la vergüenza, la posibilidad de afrontar un proceso judicial revictimizante o el temor al agresor son algunos de los motivos que dificultan que muchas víctimas denuncien la violencia sexual, unas barreras que pueden ser aún mayores cuando la acusación señala a una figura pública. A Laura y Rebeca, las mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias por los presuntos abusos sufridos en 2021 en las residencias del artista en las Bahamas y República Dominicana, tampoco les ha resultado sencillo enfrentarse a ese desequilibrio de poder, pero han decidido seguir con su reclamo. A principios de este mes de septiembre presentaron una nueva querella en la Audiencia Nacional, después de que la primera denuncia fuera archivada en España por falta de jurisdicción, y la semana pasada sus representantes legales llevaron el caso ante seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas.

En esa comunicación presentada el 10 de septiembre a diferentes instancias de la ONU por Women’s Link, organización que asesora a Laura y Rebeca (nombres ficticios), advierten que España podría incumplir su deber de investigar los hechos denunciados, por lo que piden que se requiera información a las autoridades. Desde Women’s Link explican a Infobae que las dos vías legales, es decir, la querella y la comunicación urgente presentada a la ONU, pueden coexistir y avanzar de manera complementaria y simultánea.

“Con esta carta pedimos a los mandatos que soliciten a España información sobre cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, que recomienden medidas urgentes de protección para Rebeca, Laura, sus familias y los testigos, además de que se examine el caso desde una perspectiva de género interseccional. También se les ha pedido a estos mecanismos especiales que trasladen al Estado español una comunicación urgente que informe sobre todas las medidas que está tomando o tomará en relación con sus obligaciones de prevención, juzgamiento y reparación”, señala Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link.

La organización recuerda que no sería la primera vez que un organismo internacional señala fallos del Estado español en su respuesta ante la violencia de género. En 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) concluyó que el país no actuó con la diligencia debida para proteger a Ángela González Carreño, una mujer que sufrió violencia machista durante años por parte de su marido, Felipe Rascón, quien terminó asesinando a la hija de ambos en 2003 para después suicidarse. Por otro lado, en octubre de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el caso T.V. por deficiencias en las primeras etapas de una investigación vinculada a explotación laboral.

“Insistimos en que España tiene la obligación de investigar los hechos que Rebeca y Laura han denunciado. Los sistemas de justicia deben ser congruentes, pues no basta con alentar a las mujeres a denunciar, sino que es necesario garantizar que, al hacerlo, puedan acceder a una investigación efectiva y a las medidas de protección que correspondan”, añade Ríos Cisnero.

Temor a represalias

El aspecto más urgente es la seguridad de las denunciantes, ya que ambas temen posibles represalias, señala la organización, que considera que la diferencia de poder, recursos, influencia pública y exposición mediática entre las partes “obliga a reforzar las garantías institucionales”. “Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia”, indica por su parte la abogada Estefanny Molina, directora adjunta de Women’s Link.

Entre las medidas solicitadas figura la anonimización de todos aquellos datos que puedan permitir la identificación, directa o indirecta, de las denunciantes, sus familiares y los testigos. También piden que se valore una prohibición de aproximación y de comunicación del querellado hacia las mujeres, ya sea de forma directa o a través de terceras personas.

Pese a los obstáculos, la organización confía en que el caso de Rebeca y Laura “se convierta en un ejemplo de cómo las instituciones de justicia en España sí pueden honrar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales”. Esperan que la querella también sea admitida y estudiada de fondo.

“Sin duda, no ha sido un proceso fácil dado el acceso a recursos e influencia pública del querellado. Sin embargo, su caso es una oportunidad para las instituciones del Estado y la sociedad en general de acompañar a las mujeres que denuncian. Cuando existen importantes diferencias de recursos, influencia o exposición pública entre las partes, las instituciones tienen la responsabilidad de reforzar las medidas de protección para garantizar un acceso efectivo a la justicia, lo cual es especialmente relevante cuando las denunciantes se encuentran en situación de vulnerabilidad, o provienen de contextos donde persisten falencias estructurales en los sistemas de justicia”, concluye la organización.

Ambiente marcado por el control y el acoso

La investigación periodística que permitió conocer los testimonios de Laura y Rebeca, publicada el pasado mes de enero, fue realizada por elDiario.es y Univision durante tres años. Las mujeres describieron un ambiente marcado por el control, el acoso y el abuso de poder, así como por comportamientos que calificaron de agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados. Los hechos, según relataron, se produjeron cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

Documentación médica a la que accedieron estos medios también mostró cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las mujeres señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó este miércoles que la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “totalmente indefendible” por la concentración de poder en el régimen y en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La advertencia coincidió con la difusión de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que examinó el período comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026. El documento describe un proceso de captura de las instituciones estatales por parte de la dictadura y denuncia el uso sistemático del poder contra las voces disidentes.

Türk sostuvo que el debilitamiento de los controles institucionales dejó a gran parte de la población sin mecanismos efectivos para reclamar ante vulneraciones de derechos. El informe también indicó que el espacio para la participación política y cívica independiente es cada vez más limitado.

“Ya casi no queda nada que cerrar”, declaró el alto comisionado al referirse a las restricciones sobre organizaciones de la sociedad civil. Según la Acnudh, este año fueron disueltas otras cuatro entidades, con lo cual la cifra de organizaciones cerradas de forma arbitraria desde 2018 ascendió a 5,539.

La ONU pidió liberar a los detenidos arbitrariamente

El informe identifica a la detención arbitraria como uno de los mecanismos empleados contra opositores, activistas y críticos. Al cierre del período analizado, organizaciones civiles contabilizaban al menos 46 personas privadas de libertad. La oficina de la ONU también registró ocho casos de desaparición forzada que seguían sin resolverse y cuatro muertes bajo custodia estatal.

Ante ese panorama, Türk reclamó al régimen de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas detenidas de manera arbitraria. También pidió al Estado que revierta las medidas que restringen las libertades públicas y retome la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.

La Acnudh señaló además que en los últimos 12 meses se produjo el cierre de otro medio de comunicación. Desde las protestas masivas de 2018, al menos 56 medios fueron clausurados, según los datos reunidos por la oficina de Naciones Unidas.

El documento remarca que la concentración política se consolidó en los poderes del Estado, las municipalidades y los consejos regionales de la costa caribeña. Para la ONU, esa estructura redujo de hecho el pluralismo democrático y limitó las vías de participación de sectores ajenos al oficialismo.

La OEA reclamó una respuesta regional tras el veto electoral

El nuevo pronunciamiento de Naciones Unidas se produjo días después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortara a los países de la región a coordinar una respuesta frente a las decisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que restringen la competencia electoral.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, calificó como “absolutamente inaceptable” la exclusión de sectores opositores de los próximos comicios. La Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, aprobó una disposición que impide postularse a las personas consideradas “traidores a la patria”.

Ramdin propuso convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre. El objetivo sería acordar una posición conjunta que combine presión diplomática y una posible vía de diálogo con Managua.

Nicaragua formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, tras años de tensiones con el organismo. La relación se deterioró a partir de la represión de las protestas de 2018, que dejaron al menos 300 muertos, según datos de Naciones Unidas.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este miércoles que la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “absolutamente indefendible”, en la presentación de un informe de su oficina que documenta la concentración absoluta del poder en manos de Daniel Ortega y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El texto describe, en palabras del propio Türk, “el secuestro casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los mecanismos institucionales de control y contrapeso, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos ante las violaciones o abusos de los derechos humanos”.

El diagnóstico llega dos semanas después de que la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el oficialismo, aprobara por unanimidad una reforma constitucional que impide a los opositores participar en futuras elecciones. Según el informe, el FSLN “actualmente tiene mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios y en ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa Caribe”, algo que Türk interpreta como reflejo de “un contexto más amplio de poder político concentrado y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.

La enmienda, aprobada el 1 de septiembre en una sesión especial celebrada en la ciudad de León, amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes hayan participado en la planificación de un “golpe de Estado”, a los calificados como “traidores a la patria” o a quienes soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, la definió como aprobada “de forma unánime”. La reforma exige una segunda ratificación legislativa prevista para enero de 2027, un trámite que se da por descontado dado el control absoluto del oficialismo sobre el Parlamento. El cambio consolida además a Rosario Murillo, esposa de Ortega, como copresidenta, con capacidad de coordinar los órganos legislativo, judicial, electoral, de control, regional y municipal. Dirigentes opositores en el exilio sostienen que la reforma busca blindar la continuidad del poder ante los problemas de salud del mandatario, de 80 años, que padece lupus y afecciones renales.

El deterioro institucional que retrata el informe tiene un punto de inflexión en abril de 2018, cuando protestas contra reformas del sistema de pensiones fueron reprimidas con un saldo de más de 300 muertos, según cálculos de la ONU. Ortega, que regresó al poder en 2007 tras haber gobernado en la década de 1980, calificó aquellas movilizaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Desde entonces ha sido reelegido en tres comicios cuestionados por la comunidad internacional, el último en 2021, con buena parte de la oposición encarcelada o exiliada. En 2024, una primera reforma ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años; la de 2026 pospone además las elecciones generales, previstas para noviembre de este año, hasta finales de 2027.

El informe, que cubre el período de junio de 2025 a junio de 2026, documenta al menos ocho desapariciones forzadas y cuatro muertes en detención atribuidas a las autoridades. La oficina de Türk recordó que el cierre este año de otras cuatro organizaciones civiles eleva a 5.539 el número de entidades disueltas arbitrariamente en ocho años, mientras que el cierre de otro medio de comunicación en el último año lleva a 56 el total de clausuras periodísticas desde 2018.

“Ya casi no queda nada que cerrar”, lamentó Türk, quien instó a las autoridades a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a la Asamblea de haber “destripado lo que quedaba de la democracia” y anticipó nuevas medidas en la próxima reunión ministerial de la OEA.

La maternidad adolescente generó en Perú un costo de oportunidad de S/1.159,5 millones en 2019, una cifra equivalente a la recaudación interna anual del Impuesto General a las Ventas (IGV) del sector minero en ese período, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El monto, presentado durante la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, refleja las consecuencias que los embarazos tempranos tienen sobre la educación, el empleo y los ingresos de las adolescentes.

Los datos muestran una baja del indicador nacional en 2025, aunque persisten diferencias marcadas entre las adolescentes que viven en zonas urbanas, rurales y de la selva. Cerca de tres de cada cuatro embarazos entre jóvenes de 15 a 19 años no fueron intencionales.

El costo de oportunidad mide los estudios y empleos que quedan postergados

El representante de UNFPA en Perú, Gregor von Medeazza, explicó a Infobae Perú que la estimación reúne las oportunidades educativas, laborales y económicas que se reducen cuando una adolescente asume la crianza antes de completar su formación.

“Cada embarazo temprano puede limitar el desarrollo de las adolescentes, al dificultar la continuidad de sus estudios y reducir sus posibilidades de acceder a un empleo e ingresos propios”, afirmó. También contempla las responsabilidades de cuidado que surgen con la maternidad y que pueden profundizar las barreras para retomar esas trayectorias.

La comparación con el IGV del sector minero busca dimensionar el impacto económico de este tipo de maternidad. Según explicó, los S/1.159,5 millones equivalían a unos USD 329,4 millones y superaban los S/1.125 millones de recaudación interna por ese impuesto en la actividad minera durante 2019.

La prevención puede devolver hasta USD 40 por cada dólar destinado

El informe regional de UNFPA estimó que, por cada dólar invertido en prevención del embarazo adolescente, los países de América Latina y el Caribe analizados —entre ellos Perú— pueden obtener entre USD 15 y USD 40 en retornos sociales y económicos.

Von Medeazza sostuvo que la prevención requiere presencia sostenida del Estado en los sectores de salud, educación, justicia y protección. El representante mencionó la importancia de que el tema tenga lugar en las políticas públicas, los presupuestos y las normas de alcance nacional y local.

La prevalencia nacional descendió en 2025. El 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez, de acuerdo con información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) difundida por UNFPA.

El funcionario señaló que la reducción representa un avance respecto de los niveles superiores al 8% de años previos. “Es un progreso”, afirmó, aunque remarcó que la meta planteada por el organismo es que ninguna niña o adolescente enfrente un embarazo.

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según las estimaciones difundidas durante la presentación. Los embarazos en ese grupo de edad están asociados a violencia sexual y requieren intervención de los sistemas de salud, protección, justicia y reparación.

El informe señaló que el 15,3% de las muertes maternas registradas en 2025 correspondió a menores de 20 años. En 2019, ese grupo representaba el 10,9% del total.

Entre 2020 y 2024, la tasa de mortalidad materna en niñas de 10 a 14 años alcanzó 84 por cada 100.000 nacidos vivos. UNFPA planteó que esos casos exponen fallas en la prevención de la violencia sexual y en la respuesta institucional ante sus consecuencias.

Las adolescentes rurales registran una prevalencia superior al doble del promedio

La disminución nacional no tuvo el mismo alcance en todos los territorios. En las áreas rurales, el 16,3% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez. La proporción rural fue más de dos veces mayor que el promedio nacional.

La prevalencia llegó a 14,6% en la selva, mientras que en las zonas urbanas fue de 5,4%. UNFPA asoció esas diferencias con las brechas de acceso a información, servicios de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y mecanismos de protección.

Los indicadores también reflejan esa desigualdad en la tasa de nacimientos. En 2025, el promedio nacional de nacimientos entre niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000. En Lima, la cifra descendió a 9,2 por cada 1.000.

En Ayacucho, la tasa de nacimientos en niñas y adolescentes pasó de 33,2 por cada 1.000 en 2019 a 16,3 en 2025. La reducción se acercó al 50%, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población.

UNFPA vinculó el resultado con un Plan Regional de Prevención, la asignación presupuestaria y la coordinación entre salud, educación, protección, justicia, gobiernos locales, organizaciones sociales y adolescentes.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían reunirse por primera vez la semana próxima en Nueva York, en un encuentro reservado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que aún no está confirmado y que tendrá lugar en medio de la escalada con la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Según reportaron diversos medios británicos, como The Times, The Guardian y Daily Mail, la tensión sobre el archipiélago sería uno de los temas en la agenda de ambos mandatarios, además de los conflictos por la guerra con Irán, Ucrania y la inteligencia artificial. Trump y Burnham ya sostuvieron al menos dos llamadas telefónicas: la más reciente, el lunes pasado, giró en torno a los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Ucrania y a cuestiones económicas.

De la Asamblea General de la ONU también participará el presidente Javier Milei y diplomáticos argentinos no descartan una reunión con su par de EEUU para tratar el reclamo histórico sobre las Islas Malvinas. En las últimas semanas, Trump insinuó en varias ocasiones que no respaldaría al Reino Unido en la cuestión de la soberanía, y vinculó esa posición a la negativa de Londres a participar en la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán.

Esta semana, Trump también describió al premier laborista como “un tipo muy simpático”, aunque añadió que lo veía “del lado liberal”. El mandatario generó además controversia al mostrarse favorable a una fusión entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, posición rechazada de plano por el gobierno británico, que reiteró que el respaldo popular necesario para convocar ese referéndum, según el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, aún no existe. Esta posición, para la Casa Rosada, favorece el argumento argentino.

En paralelo a la discusión de la soberanía sobre las Islas, en el centro del conflicto está el proyecto Sea Lion, un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, cuya explotación impulsa el consorcio formado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El gobierno de Javier Milei calificó el yacimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país.

La Cancillería argentina también rechazó “de la manera más enérgica” una guía publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) de Londres, titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, que promueve la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona y declara que la legislación argentina no tiene aplicación sobre las islas. “La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, se indicó en un comunicado oficial.

Buenos Aires acumula presión sobre las firmas vinculadas a Sea Lion. Las tres mayores compañías de servicios petroleros del mundo -entre ellas Halliburton y Baker Hughes- descartaron públicamente participar en el proyecto, en una señal atribuida al riesgo de quedar excluidas del mercado argentino, especialmente del yacimiento Vaca Muerta. Rockhopper, por su parte, indicó que no espera que las medidas de Buenos Aires tengan un “efecto material” en el desarrollo, que prevé iniciar la extracción en 2028 con una primera fase de 170 millones de barriles.

El marco normativo argentino combina la Ley N° 26.659 de 2011, ampliada en 2013, y el Decreto N° 868/2026, que acortó los plazos del proceso sancionatorio. A la fecha, la Cancillería argentina envió cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas en 30 países, inició 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales contra 10 compañías y sus directivos. Las penalidades previstas incluyen la inhabilitación para operar en el país por entre cinco y veinte años.

La IA y la regulación tecnológica abren otro frente de diferencias

Más allá de los conflictos geopolíticos, Londres y Washington también divergen en materia tecnológica. Funcionarios estadounidenses se quejaron en privado de la legislación británica de seguridad en línea y de la eventual prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, según el Daily Mail. Trump, en tanto, descartó la necesidad de “salvaguardas” regulatorias para la inteligencia artificial, mientras el gobierno británico defiende un marco de supervisión más estricto.

En ese contexto, el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, publicó en las últimas horas una reflexión que ratifica la sintonía entre Milei y Trump. “Hay una poderosa convergencia: ambos entienden que la respuesta a la disrupción tecnológica no es detener la innovación, sino liberarla, liderarla y gestionar sus riesgos sin permitir que el miedo paralice el progreso”, escribió en su cuenta de X.

El diplomático también destacó la adhesión de Argentina a Pax Silica, una iniciativa para construir infraestructura tecnológica entre socios de confianza con valores democráticos compartidos, y subrayó que el país tiene recursos para competir “en prácticamente cada eslabón” de la cadena de valor de la IA, que abarca desde minerales críticos hasta semiconductores y centros de datos.

El presidente libanés Joseph Aoun dijo que buscará un acuerdo de seguridad con Israel cuando sus fuerzas se retiren del sur de Líbano y pretende desarmar al grupo terrorista Hezbollah sin una confrontación, según declaró en una entrevista exclusiva con AFP antes de viajar a Francia el miércoles.

“No tenemos más opción que las negociaciones, porque la alternativa es la guerra, que sería muy costosa para nosotros”, afirmó Aoun. El mandatario sostuvo que el desarme del grupo respaldado por Irán “no es negociable ni está abierto a discusión”, aunque aseguró que su objetivo es resolverlo de forma pacífica y evitar una nueva guerra civil.

La prioridad inmediata de Beirut es impedir un vacío de seguridad cuando las fuerzas de paz de la ONU abandonen el sur del país, una zona con presencia israelí. El mandato de esa misión, desplegada desde 1978, expirará a finales de año después de que el Consejo de Seguridad votara en 2025 ponerle fin bajo presión de Estados Unidos.

Aoun propuso crear una fuerza temporal, europea o de otra composición, hasta que el Ejército libanés pueda asumir el control del área. Dijo que podría incluir efectivos europeos, árabes, asiáticos, estadounidenses o de Naciones Unidas, y pidió apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes para el despliegue militar en el sur.

Durante su visita a París, el presidente participará en una reunión organizada por Emmanuel Macron, a la que también asistirá el rey Abdalá II de Jordania. El objetivo será obtener respaldo internacional para las tropas libanesas mientras se despliegan por todo el país.

Aoun planteó que el eventual pacto con Israel sirva primero para terminar con el estado de hostilidad y retirar a los ejércitos de la frontera. Según explicó, ese entendimiento podría preceder a un acuerdo de paz, aunque Líbano no está preparado para avanzar directamente hacia esa etapa.

Apoyo iraní

Por su parte, el ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, expresó al presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, el apoyo de Teherán a la resistencia libanesa y planteó una mayor coordinación regional para hacer frente a Israel, según un comunicado de la cartera iraní.

Durante la conversación, ambos responsables abordaron los acontecimientos de Oriente Próximo y la necesidad de coordinar a los países de la región frente a “la hegemonía y el belicismo del régimen sionista contra Líbano y otras naciones de la región”.

Araqchi también transmitió la preocupación constante de Irán por preservar la soberanía y la integridad territorial del Líbano ante las agresiones del “régimen israelí genocida”. Berri no se había pronunciado sobre la conversación hasta el momento.

La crisis energética de Cuba pone en riesgo la vida de decenas de miles de niños: la Organización de Naciones Unidas advirtió que los apagones prolongados amenazan directamente los programas de vacunación sistemática de cerca de 70,000 menores y el funcionamiento de equipos hospitalarios como incubadoras y respiradores.

Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) describió la situación como una emergencia que desborda la capacidad de respuesta disponible.

La generación eléctrica en agosto cubrió menos de un tercio de la demanda nacional, una caída pronunciada frente al 45% registrado en enero. En algunas provincias, los cortes superaron las 30 horas consecutivas; en Matanzas, los residentes soportaron hasta 87 horas sin electricidad en lo que va de 2026.

Los apagones colapsan el sistema de salud y el acceso al agua

La interrupción de la cadena de frío es una de las consecuencias más graves para el sistema sanitario. Sin refrigeración garantizada, las vacunas se deterioran y los calendarios de inmunización infantil quedan suspendidos.

La ONU subrayó que incubadoras y respiradores —equipos que dependen de un suministro eléctrico estable— funcionan de forma intermitente en hospitales de toda la isla.

El impacto se extiende al acceso al agua potable. OCHA precisó que la crisis eléctrica agrava el desabastecimiento hídrico tras un verano seco y afecta a unas 3.5 millones de personas, aproximadamente la mitad de ellas en La Habana. Las estaciones de bombeo de la capital dejaron de operar en repetidas ocasiones durante los colapsos del sistema eléctrico nacional.

La Organización Mundial de la Salud y la propia OCHA informaron en mayo que más de 100,000 pacientes —entre ellos 11,000 niños— aguardaban cirugías postergadas por los cortes de luz. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente esa cifra ante la prensa internacional.

El bloqueo petrolero de Washington y el fin del crudo venezolano

La crisis tiene dos detonantes recientes que se sumaron a décadas de deterioro de infraestructura. En enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, lo que interrumpió casi por completo las importaciones de crudo.

Días después, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses puso fin al esquema por el que Venezuela enviaba petróleo a la isla sin costo, un mecanismo que cubría parte sustancial de las necesidades energéticas cubanas.

En septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones y designó a ABAPET —la empresa estatal encargada de importar equipos y repuestos para la red eléctrica— junto a otras cuatro entidades del sector petrolero y minero.

El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo en Barranquilla, Colombia, que la crisis es estructural: “El principal motivo por el que Cuba sufre una crisis energética es que Venezuela ya no regala su petróleo”, y atribuyó el deterioro a años de falta de inversión en la red eléctrica por parte del Gobierno de La Habana.

La Unión Eléctrica cubana reconoció en septiembre que más de 1,200 megavatios de capacidad instalada permanecen paralizados por falta de combustible importado.

La disponibilidad estimada ronda los 1,300 megavatios frente a una demanda de entre 2,850 y 3,300 megavatios. Desde enero, el sistema sufrió al menos seis colapsos totales; el más extenso ocurrió el 16 de marzo, con casi 30 horas de apagón en todo el territorio nacional.

El plan humanitario de la ONU llega a menos de la mitad de su meta de financiación

La ONU presentó en marzo un Plan de Acción para asistir a unos dos millones de cubanos, con un presupuesto de USD 94 millones. Al cierre de junio, el plan estaba financiado apenas al 40%, con USD 42 millones recibidos. La organización advirtió que “las necesidades siguen superando los recursos disponibles” y que la mayoría de los socios humanitarios carece de fondos suficientes en los sectores de seguridad alimentaria, salud y agua.

Hasta esa fecha, el sistema de Naciones Unidas y sus socios habían entregado agua potable a cerca de 500.000 personas y asistencia alimentaria a más de 900,000.

La Unión Europea anunció en julio un desembolso adicional de 10 millones de euros para atención sanitaria, alimentos de emergencia y rehabilitación de sistemas de agua, con foco en adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

Cuba acumula seis años de crisis económica sostenida, con escasez de alimentos, combustible y medicamentos, inflación persistente y dolarización parcial.

La ONU calificó el bloqueo petrolero como contrario al derecho internacional, mientras Washington sostiene que la responsabilidad recae en el modelo económico del Gobierno cubano y ofreció USD 100 millones en ayuda humanitaria —60 millones canalizados a través de la Iglesia Católica y 40 millones a través de organizaciones no gubernamentales independientes— para evitar que el régimen controle su distribución.

El canciller alemán Friedrich Merz canceló su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para enfrentar una crisis interna en su propio partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), luego de una serie de derrotas electorales frente a la ultraderecha.

Merz, de 70 años, tenía previsto recibir el premio Henry Kissinger en Nueva York y pronunciar un discurso ante la asamblea general la semana próxima. La oficina del canciller informó en un comunicado enviado por correo electrónico el martes: “Contrariamente a los planes iniciales, el canciller no viajará a Nueva York la próxima semana, ya que su presencia en Berlín es requerida”.

La decisión se toma en momentos en que crece la especulación sobre un posible desafío interno a su liderazgo, después de que Alternativa para Alemania (AfD), el partido de ultraderecha, derrotara a la CDU en una reciente elección estatal. Merz asumió el poder en mayo del año pasado con la promesa de reactivar la economía estancada, rearmar al país frente a Rusia, limitar la inmigración irregular y frenar el avance de la AfD. Sin embargo, la formación ultraderechista lo supera actualmente en las encuestas a nivel nacional y en las elecciones del 6 de septiembre en el estado oriental de Sajonia-Anhalt lo aplastó por un margen cercano a 44 a 17 por ciento.

Según una vocera del partido, el comité ejecutivo de la CDU se reunirá después de las votaciones del domingo en la ciudad-estado de Berlín y en el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con el objetivo de que Merz obtenga garantías de respaldo continuo de su partido. Un cable difundido por separado señaló, en cambio, que Merz planea asistir a una reunión de la dirigencia de la CDU el lunes y a una reunión de bancada el martes, instancia en la que se espera que enfrente una revuelta abierta dentro de su propio bloque. Ese mismo material indicó que el partido podría sufrir otra derrota a nivel estatal frente a la AfD, luego de haber perdido la elección en Sajonia-Anhalt dos semanas atrás.

Las encuestas muestran a la CDU muy pareja con la izquierdista Die Linke en Berlín, mientras que en la otra votación podría obtener apenas siete por ciento, en momentos en que se prevé que la AfD vuelva a crecer en ambos comicios. Según una encuesta del instituto Forsa difundida esta semana, solo 10 por ciento de los encuestados dijo estar conforme con el desempeño del canciller, la cifra de aprobación más baja jamás registrada para un jefe de gobierno alemán.

Merz enfrenta desde hace tiempo bajos niveles de aprobación personal y, más recientemente, una creciente crítica interna, lo que alimenta las versiones de que dirigentes estatales influyentes de la CDU podrían estar maniobrando para desplazarlo del cargo. En los últimos días, varios referentes conservadores pidieron su renuncia y responsabilizaron al canciller por la seguidilla de derrotas electorales. Entre los nombres mencionados como posibles sucesores figuran Hendrik Wuest, primer ministro del populoso estado de Renania del Norte-Westfalia, y Markus Soeder, primer ministro de Baviera y líder de la Unión Social Cristiana (CSU), partido hermano regional de la CDU.

En un discurso pronunciado el martes, Merz reiteró que, pese a la fuerte presión en contra, está decidido a continuar con las reformas económicas y de bienestar social acordadas con el Partido Socialdemócrata, socio menor de la coalición de gobierno. “El amargo resultado electoral del 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt no cambia nada al respecto”, afirmó el canciller.

El politólogo Oliver Lembcke, de la Universidad Ruhr de Bochum, dijo a la agencia AFP que los desarrollos recientes dentro de la CDU muestran que el propio Merz “aparentemente considera un final anticipado de su cancillería como una posibilidad real”. Lembcke agregó: “Por eso Merz está tratando de reunir apoyo, particularmente de los primeros ministros estatales influyentes”. El académico advirtió: “Si ellos no expresan de manera demostrativa su confianza en él después de las elecciones, su posición se volverá muy difícil”.

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, advirtió que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA) pone en riesgo derechos humanos como la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad, y puede afectar desde el suministro de agua hasta las barreras que impiden el uso de armas de destrucción masiva.

La advertencia alcanzó a la IA agéntica, una modalidad capaz de tomar decisiones propias que exceden las funciones de los sistemas convencionales. Para Türk, sus fallos podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas.

“La actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas”, afirmó Türk. El funcionario de la ONU pidió que los Estados y las empresas actúen con urgencia en foros multilaterales para gobernar la tecnología sobre la base del derecho internacional y los derechos humanos.

Qué le preocupa al representante de la ONU sobre el avance de la IA

Volker Türk aseguró que un riesgo es que “poblaciones enteras podrían perder el acceso a agua, calefacción o servicios financieros si esos sistemas fallaran o fueran utilizados sin controles adecuados”.

El jefe de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas agregó que la tecnología ya acelera las guerras, amplía su alcance y debilita las salvaguardias frente al lanzamiento de armas de destrucción masiva.

La preocupación fue expresada en un comunicado, luego de que referentes del sector tecnológico reclamaran reducir deliberadamente la velocidad de desarrollo de los modelos más avanzados ante la posibilidad de perder el control sobre ellos.

Entre quienes plantearon esa necesidad figuran el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el empresario Elon Musk.

Cómo debe ser regulada la inteligencia artificial, según la ONU

El alto comisionado de la ONU sostuvo que ningún país está en condiciones de regular por sí solo una tecnología de ese alcance. Rechazó que una única empresa determine qué peligros debe aceptar el resto del mundo o que las personas deban renunciar a sus derechos a cambio de promesas de progreso tecnológico.

“Ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo, y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico”, resumió Türk.

Otros líderes respaldan la visión de regular la IA. Amodei propuso un ritmo de desarrollo que mantenga el avance técnico, pero incorpore mayores controles externos. El director de Anthropic advirtió que la inteligencia artificial comparte riesgos con tecnologías anteriores, aunque su capacidad los vuelve más graves.

“Al igual que muchas tecnologías anteriores, la IA conlleva riesgos, y por su gran poder, estos riesgos son graves”, afirmó. Entre las amenazas que enumeró se encuentran la pérdida de control sobre los sistemas, los ciberataques, el bioterrorismo y las crisis económicas.

Qué peligros identificó el CEO de Anthropic

La principal inquietud de Amodei se concentra en la auto-mejora recursiva, un proceso en el que sistemas de inteligencia artificial colaboran para crear la siguiente generación de herramientas. Si esa dinámica no tuviera límites, los modelos podrían superar la capacidad humana de comprender cómo funcionan y controlar sus decisiones.

Asimismo, el ejecutivo citó un incidente atribuido a un entramado de agentes de OpenAI y Hugging Face. Según Amodei, ese grupo operó como un colectivo que tomó decisiones fuera de los objetivos iniciales de la tarea que tenía asignada.

Los agentes realizaron ciberataques contra objetivos que no figuraban en las instrucciones, intentaron alterar el sistema encargado de evaluar su desempeño y aceptaron perjuicios individuales en favor del resultado colectivo.

El daño económico fue limitado y no hubo víctimas, aunque Amodei sostuvo que un sistema con capacidades superiores podría generar consecuencias mucho más graves.

Dos años después del asesinato de Juan López, el caso continúa siendo una herida abierta para Honduras y una ventana para observar algunos de los principales desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

En entrevista exclusiva con Infobae, Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), sostiene que el asesinato del defensor ambiental no debe analizarse como un hecho aislado ni limitarse a una fecha conmemorativa.

Según el representante de OACNUDH, el principal homenaje a López no consiste solo en recordarlo cada septiembre, sino en esclarecer completamente el crimen y extraer las lecciones necesarias para evitar que un hecho así vuelva a ocurrir “defender los derechos humanos no debe costar la vida”, afirma.

¿Quién era Juan López?

Juan López fue un defensor ambiental y de los bienes comunes de Honduras, vinculado a la defensa del territorio en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, en la costa norte del país.

Su trabajo estuvo estrechamente relacionado con la protección del medio ambiente y del Parque Nacional Carlos Escaleras, una zona marcada por conflictos en torno a la tierra, el territorio, los recursos naturales y el impacto de proyectos extractivos.

López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, en un contexto en el que ya había sido objeto de amenazas y contaba con medidas de protección.

Su muerte puso nuevamente bajo escrutinio internacional la situación de las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras, así como la capacidad del Estado para prevenir ataques contra quienes defienden territorios y comunidades.

La Oficina del Alto Comisionado recuerda que López, integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y personas vinculadas a su defensa habían sido beneficiarias con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el funcionario afirma que esas medidas no fueron consideradas. “Definitivamente no fueron implementadas adecuadamente y se produjo la muerte de Juan López en septiembre de 2024”, declaró Monge a Infobae.

En declaraciones a Infobae, reconoce el valor simbólico de las conmemoraciones. Sin embargo, advierte que pierden sentido si no generan resultados concretos. Por ello, considera necesario revisar lo ocurrido antes del asesinato del ambientalista. Especialmente, las amenazas que recibió por defender el medio ambiente frente a proyectos extractivos. También señala las fallas en la implementación de sus medidas de protección.

Los desafíos que persisten

A juicio del representante de la ONU, una investigación efectiva debe ir mucho más allá de identificar a los autores materiales. “Hay que entender cuáles son los contextos. Cuáles son las diferentes relaciones que existen entre distintos actores y llegar a los autores intelectuales”, explica.

La Oficina documentó durante 2025 un aumento de los homicidios de personas defensoras de derechos humanos registrados por su propio sistema de monitoreo: 13 personas defensoras de la tierra y familiares; 2 periodistas; y 1 defensor del medio ambiente y su hijo.

Aclara que el registro de la Oficina no representa necesariamente la totalidad de los casos ocurridos en Honduras y que pueden existir diferencias con los registros de otras instituciones y organizaciones.

Lo importante, insiste, es identificar los patrones de violencia y criminalización. Entre ellos, los relacionados con el uso y la tenencia de la tierra, la falta de consulta libre, previa e informada a Pueblos Indígenas y Afrohondureños, la insuficiente participación de comunidades de Pueblos Indígenas, Garífunas y Negras de Habla Inglesa, locales y campesinas en decisiones que pueden afectar sus territorios, y los conflictos asociados a proyectos mineros y extractivos.

¿Cómo resolver los conflictos?

En numerosos territorios se superponen distintos registros y títulos de propiedad: registros nacionales, catastros municipales y catastros agrarios, mientras comunidades enteras pueden verse afectadas por conflictos de titularidad, una situación con dimensiones históricas y culturales.

Asimismo, es importante fortalecer la autonomía e independencia de las instituciones del sistema de justicia y adoptar una política de persecución penal basada en criterios técnicos, derechos humanos y rendición de cuentas; dotar al Mecanismo Nacional de Protección de capacidad técnica y recursos suficientes, e incorporar medidas colectivas y territoriales cuando el riesgo lo requiera, así como, establecer mecanismos institucionales confiables para prevenir y gestionar los conflictos relacionados con la tierra, el territorio y el ambiente e implementar el decreto 18-2024.

El problema alcanza a comunidades locales, campesinas, de Pueblos Indígenas, Garífunas y Negras de Habla Inglesa, entre otros sectores. Por ello, OACNUDH considera insuficiente responder a estas disputas únicamente mediante procesos penales.

“No se puede pretender que los problemas relacionados, por ejemplo, con la tenencia y la propiedad se resuelvan solamente por la vía penal o mediante la criminalización de la protesta”, sostiene.

La alternativa, según explica, requiere un abordaje integral que incluya saneamiento territorial, revisión de registros de propiedad, análisis de la superposición de títulos y comprensión de las causas sociales y económicas de los conflictos. “Hay que entender cuáles son las verdaderas causas del conflicto”, afirmó a Infobae.

Monge considera que la conflictividad territorial está estrechamente relacionada con otros problemas estructurales: pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas, acceso a la tierra, discriminación histórica e inseguridad.

OACNUDH presta asesoría técnica y acompañamiento tanto al Ministerio Público y el Poder Judicial en temas relacionados con la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento institucional, incluida la posibilidad de desarrollar una política estratégica de persecución penal con enfoque de derechos humanos. Monge resalta la apertura del Organismo Judicial y de la Fiscalía General de la República.

La justicia un anhelo que no se cumple

Para Monge, no basta con que existan recursos legales si estos no producen respuestas oportunas, y pone como ejemplo los recursos de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, cuya función debería permitir una protección efectiva y rápida de los derechos reclamados “Si la respuesta no es rápida y suficiente para proteger los derechos vulnerados, la justicia se vuelve un anhelo que no se cumple”

Desde OACNUDH reconocen que Honduras ha registrado avances en materia de seguridad durante la última década y media pero advierten que esos avances no deben llevar a ignorar los problemas estructurales.

El funcionario recuerda que Naciones Unidas ha desarrollado principios rectores sobre empresas y derechos humanos que establecen tres obligaciones fundamentales: proteger, respetar y remediar.

El primer deber es corresponder principalmente al Estado: establecer regulación y mecanismos adecuados para proteger los derechos humanos. El segundo alcanza directamente a las empresas: respetar los derechos humanos en sus operaciones. El tercero entra en juego cuando se producen afectaciones: garantizar mecanismos de reparación.

Pero Monge aclara que hablar de derechos humanos y actividad empresarial no debe entenderse como un conflicto. “No significa que no haya ninguna actividad económica, de minería ni actividad industrial de ningún tipo. Significa consultar a las comunidades afectadas, respetar sus decisiones y cumplir con todos los requisitos que establece la Ley”

También plantea un desafío para las empresas transnacionales que operan en Honduras: aplicar los estándares internacionales de derechos humanos y, cuando corresponda, estándares más elevados existentes en sus países de origen.

Monge explica que la Oficina ha trabajado con gobiernos de diferentes orientaciones políticas, con instituciones estatales y con organizaciones de la sociedad civil.

“Se trata de entender cuál es la responsabilidad de las entidades del Estado y las empresas, el rol de las personas defensoras de los derechos humanos y de cualquier ciudadano de este país”, afirmó.

El mandato de OACNUDH incluye monitorear la situación de derechos humanos, formular recomendaciones y brindar asesoría técnica y acompañamiento, pero no cuenta con un mecanismo de coerción para obligar al Estado a implementar sus recomendaciones.

Durante la entrevista concedida a Infobae, Monge recurre a una frase del exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, incluida en el informe de 2005 Un concepto más amplio de la libertad, que a su juicio resume la relación entre los diferentes desafíos que enfrenta Honduras:

“No tendremos desarrollo sin seguridad. No tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos”. señalo

El verdadero homenaje a Juan López, a su familia y a quienes continúan defendiendo el ambiente y los derechos humanos debe ser que se conozca toda la verdad y que las instituciones aprendan de las fallas que permitieron que las amenazas terminaran convirtiéndose en un asesinato.

(Desde Washington, Estados Unidos) Las diferencias geopolíticas entre Donald Trump y Xi Jinping complican la posibilidad de cerrar un acuerdo diplomático que permita designar al sucesor de Antonio Guterres en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La arquitectura institucional de la ONU establece que el secretario General se vota en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son miembros permanentes, y tienen derecho a veto.

Si hay veto, se cae el candidato impugnado.

Esta lógica de poder significa que debe haber acuerdo entre los cinco miembros permanentes (5P, en el slang de la ONU). Y el pacto diplomático no implica un bloque de cinco votos: sólo se necesita que no haya vetos.

En la actual dinámica global, adonde la fragmentación es una plaga, Estados Unidos puede arrastrar a Francia y el Reino Unido, mientras que China y Rusia juegan en tándem.

La Casa Blanca apoya la candidatura del argentino Rafael Grossi. Y hasta hace pocos días, Grossi también contaba con los votos de Francia y Reino Unido. Pero Trump exhibió cercanía con la posición de Argentina en las Islas Malvinas, y eso puso en jaque el voto de Londres.

Reino Unido teme que Grossi, desde la Secretaría General de la ONU, facilite la reivindicación histórica de Argentina en las Malvinas.

Una falacia: Grossi conoce las reglas del juego y nunca forzaría la agenda multilateral en favor de su país de nacimiento.

Pero la complicaciones no terminan en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y Grossi. Durante la última cumbre de los BRICS, que se sesionó en la India, se acordó una resolución final que puso en un laberinto la sucesión de Guterres.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirma el punto 9 de la resolución firmada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).

Carolyn Rodrigues-Birkett, Rebeca Grynspan, María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki y Michelle Bachelet son las cinco candidatas que pujan por llegar a la Secretaría General de la ONU.

En las dos primeras votaciones informales del Consejo de Seguridad -Straw Polls, en la jerga diplomática-, Rodrigues-Birkett y Grynspan se intercambiaron el primer lugar.

María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki y Michelle Bachelet quedaron muy lejos, y por ahora son candidatos testimoniales.

China y Rusia se sienten cómodos con la perspectiva global de Grynspan, que es Secretaria General de la UNCTAD, un resorte clave en estructura de poder de la ONU.

La voluntad política de China de designar a una mujer en la Secretaría General de la ONU es resistida por Estados Unidos. Trump no tiene muchísima afinidad con los foros multilaterales, y su única preocupación en Naciones Unidas es evitar que China corone al sucesor de Antonio Guterres.

Desde esta perspectiva, cuando Xi establezca su opción en la ONU, a Trump no le quedará otro camino que vetar su propuesta u obtener una ventaja global a cambio de la abstención en el Consejo de Seguridad.

En este contexto, la designación se puede dilatar en el tiempo. En 1996, se sucedieron 9 Straw polls hasta que se designó a Kofi Annan como secretario General de la ONU.

El próximo 24 de septiembre, Trump recibe a Xi en la Casa Blanca.

Se trata de un cónclave con agenda abierta, aunque la prioridad será Ormuz, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para asfixiar a Irán, y la guerra de tarifas a nivel global.

Antes de esa cumbre bilateral será muy difícil que haya consenso entre Estados Unidos y China para nombrar al próximo secretario General de la ONU. Y la administración republicana ya adelantó que no aceptará una prórroga de hecho del mandato de Guterres.

Esta posición de la Casa Blanca confirma las dificultades que existen para designar al futuro secretario General.

Sólo Trump y Xi tienen suficiente poder global para aceitar una votación que aparece trabada en el Consejo de Seguridad de la ONU.

(Desde Washington, Estados Unidos) La Cancillería trabaja con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para definir una reunión formal entre Javier Milei y Donald Trump destinada a tratar -principalmente- la disputa territorial sobre las Islas Malvinas.

El martes 22 de septiembre, Milei y Trump se encontrarían en el coctel protocolar que ya convocó la administración republicana para todos los mandatarios que participan de la Asamblea General de la ONU.

Pero la intención de Balcarce 50 es coordinar una reunión formal para que Milei describa los derechos históricos de Argentina sobre las Islas Malvinas, y escuche la posición de Trump al respecto.

Trump considera a Milei su principal aliado estratégico en América Latina y desplegará todas las acciones necesarias desde la Casa Blanca para consolidar la agenda doméstica del presidente argentino.

Sin embargo, el líder republicano debe bascular sus relaciones geopolíticas con Londres, y no protagonizará una mediación de Estados Unidos entre Argentina y el Reino Unido, si ello afecta sus propias intenciones con Andy Burnham, el premier británico.

Durante la última cumbre de la OTAN, el Reino Unido se comprometió a destinar un cinco por ciento de su PIB para defensa y seguridad en 2035.

Trump no cree que Londres cumpla con su promesa, y Burnham admitió que tiene un gap financiero que dilatará su compromiso ante la OTAN.

Entonces, el presidente de Estados Unidos pareciera que presiona a Burnham con la Causa Malvinas para lograr que cumpla con sus compromisos de defensa y seguridad.

En este contexto, Trump hizo dos declaraciones periodísticas que conmocionaron a los círculos de poder en Reino Unido.

Trump dijo en la Casa Blanca y en Irlanda:

“Siempre reviso todas las posiciones, esa es apenas una entre muchas. ¿Puedo cambiar de posición? Sí, puedo hacerlo".

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”.

Milei está dispuesto a pedir la mediación de Trump, aunque haya poco espacio geopolítico para que ese gesto se concrete. Trump sólo será mediador, si Burnham acepta sentarse a negociar con la Argentina.

Y es poco probable que el premier británico avale una mesa de diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Sería decapitado en el Parlamento, y los conservadores regresarían sin escalas al 10 de Downing Street.

Trump no tuvo éxito en la guerra que libra Ucrania contra Rusia, en el conflicto que enfrenta a Israel con Hamas, y en las negociaciones que avaló con Irán para abrir Ormuz y desmantelar el proyecto nuclear chiíta.

Desde esta perspectiva internacional, y a pocas semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, puede ser muy costoso para Trump anunciar una mediación que sea rechazada por Reino Unido.

Washington siempre fue un aliado histórico de Londres, y un cambio de posición a favor de la Argentina no debería tener como único objetivo lograr la mediación de Trump.

Con el respaldo de la administración republicana, acorde a lo explicado a Infobae en DC, hay tres iniciativas que podrían forzar a Londres a aceptar una eventual mesa de negociación:

-Estados Unidos podría archivar su posición permanente de abstención en todos los foros multilaterales que traten la Causa Malvinas.

-La aplicación de aranceles diferenciados para ciertos productos británicos que se exportan a Estados Unidos como sanción económica por negarse a negociar con Argentina

-La prohibición de operar en Estados Unidos de las empresas que participan en la explotación petrolera de las Islas Malvinas.

Si hay encuentro formal entre Milei y Trump, ocurriría entre el 21 y 22 de septiembre.

El canciller Carlos Espá calificó la postulación como una “candidatura sólida” y con una amplia base de apoyo, al destacar el respaldo del Gobierno y de sectores vinculados al mundo del trabajo y los organismos multilaterales. González-Olaechea, por su parte, resaltó el respaldo público de gremios empresariales y sindicales a su candidatura.

El proceso electoral tendrá tres postulantes: el actual director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, quien busca la reelección; la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez; y el exministro de Relaciones Exteriores peruano. La elección se realizará en noviembre en Ginebra, Suiza.

La OIT es el organismo internacional encargado de promover los derechos laborales, el empleo digno y mejores condiciones de trabajo. Su particularidad es que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores en la toma de decisiones sobre asuntos vinculados al mundo laboral.

Javier González-Olaechea destaca respaldo de gremios a su candidatura para dirigir la OIT

Durante su intervención en Torre Tagle, Javier González-Olaechea agradeció el respaldo de la Cancillería y de los representantes peruanos ante organismos internacionales. También destacó el apoyo de los gremios empresariales y sindicales, que, según señaló, expresaron su respaldo de manera documentada y pública ante la OIT.

“Los gremios empresariales y sindicales han apoyado de forma documentada, pública y expresa [...] esta unidad en torno a la candidatura peruana”, manifestó el excanciller durante la presentación.

La candidatura peruana lleva como lema “Una vida digna en la era disruptiva”, una propuesta que busca abordar los cambios que enfrenta el mundo del trabajo debido a la aceleración de las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales.

González-Olaechea sostuvo que, en caso de ser elegido, utilizará el periodo previo al inicio de su mandato para profundizar en los desafíos que enfrenta el mercado laboral. “La aceleración de estos cambios constituye ya una nueva normalidad sin retorno”, afirmó al referirse al escenario que deberá afrontar la organización.

González-Olaechea y otros dos candidatos disputarán la dirección de la OIT

El plazo para presentar candidaturas terminó el 31 de agosto de 2026, según explicó González-Olaechea. Además de la postulación peruana, participan en el proceso el actual director general de la organización, Gilbert F. Houngbo, y Yolanda Díaz Pérez, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo.

La primera etapa del proceso contempla una presentación de los candidatos ante el Consejo de Administración de la OIT y los delegados de los países que forman parte de este órgano. Cada postulante expondrá los principales aspectos de su propuesta y responderá las preguntas formuladas por los representantes.

Posteriormente, el 9 de noviembre, los candidatos participarán en una sesión reservada del Consejo de Administración, en la que presentarán con mayor detalle sus propuestas y responderán las interrogantes de los miembros antes de la elección.

La votación secreta comenzará el 16 de noviembre. González-Olaechea explicó que podrían realizarse varias rondas si ninguno de los candidatos obtiene inicialmente los votos necesarios. La elección requerirá una mayoría de al menos 29 votos, de acuerdo con el procedimiento que describió durante su presentación.

La elección será en noviembre y el nuevo director asumirá en 2027

La elección del próximo director general se desarrollará en el marco de la 358.ª Reunión del Consejo de Administración de la OIT, programada del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Ginebra. El Perú participa en este proceso como integrante del Consejo de Administración, órgano encargado de elegir al titular de la organización.

El Gobierno también autorizó el viaje de González-Olaechea a Ginebra y París entre el 14 y el 25 de septiembre. La comisión de servicios fue aprobada mediante la Resolución Ministerial 548-2026-RE y contempla actividades relacionadas con el cronograma oficial del proceso de selección.

De acuerdo con lo explicado por el candidato peruano, quien resulte elegido comenzará su mandato el 1 de octubre de 2027 y permanecerá en el cargo durante cinco años, correspondiente al periodo 2027-2032.

González-Olaechea también resaltó la relación histórica de Perú con la Organización Internacional del Trabajo. Recordó que el país estuvo entre los primeros Estados que participaron en la creación de la organización tras la firma del Tratado de Versalles en 1919. Para el candidato, esta trayectoria representa un antecedente de la participación peruana en los principales espacios multilaterales vinculados al mundo del trabajo.

Perú cambia de apariencia en el nuevo mapa mundial, el cual se puede ver en este enlace, que busca impulsar la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La propuesta, promovida por Togo y respaldada por la Unión Africana, plantea dejar atrás la proyección de Mercator, utilizada desde 1569, para adoptar representaciones cartográficas que reflejen con mayor precisión las dimensiones de los países y continentes.

La resolución fue aprobada este viernes con el respaldo de 164 países. Estados Unidos fue el único país que se opuso. La iniciativa apunta a ampliar el uso de mapas proporcionales en materiales educativos, plataformas digitales, medios de comunicación y documentos oficiales.

En ese nuevo encuadre, Perú aparece como una franja territorial longitudinal sobre el flanco occidental de América del Sur. La imagen modifica la percepción habitual del país: su silueta se observa más angosta de este a oeste y adquiere una relación distinta con los territorios vecinos, especialmente frente a la extensión de Brasil y al conjunto del continente sudamericano.

Cómo cambia la imagen de los países

La alternativa planteada ante la ONU es la proyección Equal Earth, un modelo que busca conservar una relación más equilibrada entre las superficies continentales. A diferencia del sistema de Mercator, reduce el efecto que agranda visualmente a los territorios próximos a los polos, como Rusia, Estados Unidos, Alaska, Groenlandia y parte de Europa.

Ese cambio tiene consecuencias directas en la forma en que se percibe América Latina. Brasil adquiere una dimensión visual más cercana a su tamaño en comparación con Europa, mientras que África recupera una presencia territorial mucho mayor que la mostrada en numerosos planisferios tradicionales. También Oceanía y el sur de Asia se ven menos reducidos.

Para Perú, el resultado es una imagen más compacta dentro de la geografía sudamericana. La cordillera de los Andes mantiene su protagonismo como eje del territorio, mientras que la costa del Pacífico se dibuja como un borde delgado junto al océano. La Amazonía peruana, por su parte, aparece más próxima al relieve andino y menos extendida hacia el este.

El país tiene una superficie de más de 1,28 millones de kilómetros cuadrados y supera los 2.100 kilómetros de norte a sur. Esas dimensiones no cambian, pero sí la manera en que quedan representadas frente a otras masas terrestres. La comparación permite advertir que el tamaño visual de Perú en los mapas más difundidos no siempre guarda una proporción equivalente con el resto del planeta.

La proyección de Mercator fue concebida para facilitar la navegación, ya que permite conservar direcciones y ángulos. Sin embargo, esa utilidad técnica también provoca distorsiones en las áreas cercanas a los polos y reduce, en comparación, los territorios ubicados alrededor del ecuador. Por ello, África y América Latina suelen verse más pequeñas de lo que son.

Los mapas Equal Earth ofrecen versiones políticas y físicas. Los primeros muestran países, dependencias territoriales y capitales; los segundos se concentran en el relieve, los ríos, la cobertura terrestre, el fondo oceánico y otros elementos naturales. Además, existen opciones con distintos idiomas, áreas de interés y formatos de descarga, como JPG y archivos vectorizados.

La resolución aprobada por la ONU busca que estas representaciones tengan un uso más amplio. Para Perú, la modificación propone otra forma de observar su territorio: una figura andina y longitudinal, inserta en un continente que también recupera escala frente a las proyecciones cartográficas tradicionales.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este sábado que China trabajará con los BRICS para lograr la paz en Medio Oriente y el Golfo, y pidió al grupo que se oponga a la confrontación de bloques, a las violaciones de la soberanía de otros países, al proteccionismo y que defienda la autoridad de Naciones Unidas.

Xi, que llegó en esta misma jornada a Nueva Delhi para participar en la cumbre de líderes del bloque, urgió en su intervención a los países presentes a que jueguen un “papel pionero en el mantenimiento de la paz y estabilidad”, y defendió que deben “situarse con firmeza en el lado correcto de la historia”.

También subrayó que la guerra “ha causado serias pérdidas a los pueblos de la región y no sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional”.

Los países que conforman los BRICS “deben conducir el orden internacional hacia una mayor justicia e igualdad”, sostuvo Xi, quien les pidió asimismo que contribuyan a la mejora de la gobernanza global y que sean pioneros en “desarrollo innovador”.

A su juicio, el mecanismo de cooperación que forman los miembros del grupo se ha convertido en la “plataforma más influyente para la cooperación entre economías emergentes y países en desarrollo”.

Por ello, exhortó a los BRICS a que lideren la gobernanza global en el ciberespacio, el espacio exterior y las aguas profundas y a que “amplifiquen la voz del Sur Global”.

Bajo esa premisa, el presidente del gigante asiático consideró que los países miembros deben fortalecer su cooperación en materia de inteligencia artificial (IA), por lo que propuso una iniciativa para promover la “nueva industrialización” mediante este tipo de tecnología.

Además, Xi recordó que China asumirá la presidencia rotatoria de los BRICS el próximo año y acogerá la cumbre anual de sus líderes, aunque no precisó en qué ciudad tendrá lugar.

La visita de Xi a India es la primera en siete años e incluirá una reunión con su homólogo de este país, Narendra Modi, con vistas a consolidar el cauteloso deshielo iniciado tras años de enfrentamiento fronterizo.

La XVIII Cumbre de los BRICS celebró esta tarde su primera sesión, dedicada a la gobernanza global y el multilateralismo, y en la que Modi, como presidente anfitrión, llamó este sábado a los países del bloque a transformar la “pirámide de privilegios” de la gobernanza mundial y propuso elaborar una hoja de ruta con diez propuestas de reforma de aquí a la próxima cumbre.

Los BRICS reúnen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Finalmente el presidente Javier Milei no viajará a Londres. “La gira está suspendida”, indicaron a Infobae desde las comunicación del Gobierno, la misma área que este mediodía había dicho que el primer mandatario iría al Reino Unido, pese a la tensión renovada por las Malvinas. La agenda iba a incluir una conferencia en la Universidad de Oxford y reuniones con empresarios, después de que el Gobierno resolviera llevar el reclamo por la soberanía de las islas a la Asamblea General de la ONU.

“Va a ir y lo tiene en agenda”, habían dicho voceros oficiales del Presidente esta mañana. Esto no se sostuvo ni siquiera en cuestión de horas. Todavía no se han dado motivos de este cambio de decisión.

La agenda internacional más inmediata de Milei será en las Naciones Unidas, en Nueva York. Hacia finales de mes, utilizará el Foro de las Naciones Unidas para darle prioridad internacional al reclamo argentino por las islas. Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En esa comitiva también estarán el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, así como el representante permanente de Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Tropepi.

El Presidente tiene previsto sumar en las próximas semanas una escala en París para participar de la Argentina Week y asistir el 14 de octubre en Washington a la Gala Oficial del Hispanic Heritage como invitado de honor.

La única agenda gubernamental que está confirmada es la que se dará en la London Metal Exchange (LME) Week, el evento más relevante a nivel global para la industria de metales y minerales críticos, programado para el 19 y el 20 de octubre. El secretario de Minería, Luis Lucero, ya confirmó su asistencia pero no tendrá a la cúpula de la Casa Rosada.

Reino Unido tiene un interés particular en la participación argentina en esa cumbre. Según la Estrategia Nacional de Minerales Críticos de ese país, la demanda interna de litio crecería un 1.100% antes de 2035, mientras que la de cobre casi se duplicaría. En ese contexto, el Servicio Geológico Británico (BGS) identificó a Argentina como uno de los tres destinos prioritarios para la cooperación en minerales críticos, junto a Filipinas y Zambia, con oportunidades específicas en litio, cobre y exploración geológica en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

El repunte de la agenda Malvinas ocurre en paralelo a una creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum, con el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La primera fase del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios, con primer petróleo previsto para 2028.

La Cancillería argentina calificó esa explotación de “unilateral” y la consideró “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General”, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas permanezcan sujetas al proceso de negociación.

El viaje de Milei iba a representar la primera visita bilateral de un jefe de Estado argentino a Reino Unido desde la que realizó Carlos Menem en octubre de 1998, cuando se reunió con el entonces primer ministro Tony Blair y la reina Isabel II. Antes de la guerra de 1982, el último mandatario en viajar había sido Arturo Frondizi, en 1960. Néstor Kirchner visitó Londres en julio de 2003, pero en el marco de una cumbre multilateral, sin actividades bilaterales oficiales.

Lo cierto es que con los movimientos de la última semana la relación se tensó más que nunca. El argentino no ha tenido ningún tipo de intercambio con Andy Burnham, el primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Laborista. La mayoría de las conversaciones diplomáticas que había encarado en su momento la Cancillería Argentina fue con la administración de Keir Starmer, quien dejó en su cargo dos meses atrás.

Lo mismo ocurría con las diferentes áreas del Ministerio de Defensa que tenían diálogo con esa gestión. Estos contactos se producían por el interés de Milei por estrechar el vínculo con el Reino Unido para flexibilizar el embargo de armas del Reino Unido a la Argentina, vigente desde 1982. Consultado por The Economist sobre si las conversaciones con Londres ya habían comenzado, Milei respondió: “Absolutamente”.

El embargo prohíbe la venta a Argentina de armas o equipamiento militar con componentes británicos, lo que en la práctica restringe buena parte del mercado occidental de defensa. Las negociaciones para levantarlo se gestan desde febrero de 2024, cuando el Ministerio de Defensa argentino consideró prioritario recuperar capacidades militares. El último levantamiento parcial se produjo en 2018.

El pasado 18 de agosto, el Reino de Tonga formalizó ante las Naciones Unidas la candidatura de la diplomática ecuatoriana Ivonne Baki para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General. Con ella son ya ocho las personas aspirantes a ocupar uno de los cargos más importantes del sistema internacional. La ONU registra, además, un dato que no debería pasar inadvertido al ser cinco de los ocho candidatos mujeres y dos de ellas ecuatorianas.

Más allá de las personas y de las legítimas aspiraciones de cada candidatura, esta elección debería servir para responder qué Naciones Unidas necesita hoy el mundo. La respuesta exige una Organización capaz de convertir la cooperación internacional en resultados concretos.

Lo sostuve desde el estrado de la Asamblea General durante mi Gobierno, al afirmar que los problemas globales requieren respuestas globales. Cuando la diplomacia funciona y los países son capaces de sentarse a conversar, incluso desde posiciones distintas, el multilateralismo deja de ser una expresión solemne y se convierte en una inapreciable herramienta para mejorar la vida de las personas.

Ecuador tuvo la oportunidad de comprobarlo durante la pandemia. En septiembre de 2021, cuando intervine ante la Asamblea General, expliqué que nuestro programa de vacunación no podía entenderse únicamente como un logro nacional. En pocos meses habíamos pasado de una situación dramática a convertirnos en uno de los países de la región con mayor avance en inmunización. Una parte decisiva de ese resultado fue posible gracias a la cooperación internacional. China proporcionó el 62 % de las vacunas que recibió el Ecuador durante ese período y Estados Unidos donó dos millones de dosis. Aquello fue diplomacia de resultados. No importaba que esos gobiernos amigos tuvieran sistemas políticos, visiones económicas o posiciones internacionales diferentes. En una emergencia que amenazaba a toda la humanidad, decidimos hablar con todos, con respeto. La salud no tenía ideología y lo importante era salvar vidas.

Esa experiencia contiene una lección que Naciones Unidas debe recuperar. El multilateralismo no puede medirse por el número de declaraciones aprobadas, por la cantidad de cumbres celebradas ni por la extensión de los comunicados finales. Debe medirse por aquello que consigue cambiar en la realidad. La diplomacia de las vacunas demostró que, cuando existe un propósito humano claro, es posible conversar con países distintos y transformar ese diálogo en resultados concretos y pragmáticos.

Las Naciones Unidas nacieron en 1945 porque la humanidad comprendió, después de una guerra devastadora, que determinados problemas no podían ser resueltos individualmente por los Estados. Ochenta años después, esa premisa sigue siendo válida, ya que lo que ha cambiado es la naturaleza de los desafíos. Hoy enfrentamos guerras, desplazamientos masivos, terrorismo, cambio climático, inseguridad alimentaria, pandemias, amenazas digitales y transformaciones tecnológicas que ningún país puede enfrentar por sí solo; pero también enfrentamos una crisis de confianza.

Una institución puede conservar intacta su legitimidad jurídica y, sin embargo, perder peso ante los ciudadanos si estos dejan de percibir su utilidad. Naciones Unidas no es ajena a ese riesgo, y quien asuma la Secretaría General, en enero de 2027, tendrá una tarea que va mucho más allá de administrar una enorme organización internacional. Tendrá que reconstruir confianza y reputación, y demostrar que la diplomacia puede prevenir conflictos antes de que se conviertan en guerras, que la cooperación puede producir bienes públicos globales y que las instituciones multilaterales todavía son capaces de resolver problemas que los Estados, actuando solos, no lo pueden hacer.

El mecanismo de selección ha incorporado elementos importantes de transparencia y participación a través de la resolución 79/327. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad han buscado hacerlo más abierto, incluyendo diálogos interactivos públicos con los candidatos. Es un avance que debe ser valorado, pero la transparencia del proceso no será suficiente. También tendremos que preguntarnos qué clase de liderazgo necesita la Organización.

Gobernar un país enseña que la legitimidad de origen es indispensable, pero no alcanza. Un gobierno puede llegar al poder democráticamente y perder el respaldo ciudadano si no consigue seguridad, empleo, libertad de expresión, oportunidades e instituciones que funcionen. Algo parecido ocurre con Naciones Unidas, cuya legitimidad de origen es extraordinaria. La Carta de San Francisco representa uno de los mayores esfuerzos de la humanidad por establecer reglas comunes para preservar la paz y la dignidad humana, pero esa legitimidad debe renovarse todos los días mediante resultados.

Karl Popper defendía la sociedad abierta porque permitía resolver los conflictos mediante instituciones, discusión y libertad, en lugar de recurrir a la fuerza o al dogma. Esa idea conserva una enorme vigencia cuando la trasladamos al escenario internacional. El mundo necesita una organización que vuelva a hacer de la diplomacia una herramienta de paz y no solamente un lenguaje de declaraciones; necesita una ONU capaz de sentar a adversarios en una misma mesa, construir acuerdos complejos y convertir esos acuerdos en acciones y pragmatismo.

América Latina tiene hoy una oportunidad única ante la presencia de varias candidaturas de nuestra región, y especialmente de mujeres con amplia trayectoria internacional, que demuestra que tenemos experiencia, talento y una visión propia que ofrecer al sistema multilateral. No se trata de convertir esta elección en una disputa regional ni tampoco de reducirla a una cuestión de género o de nacionalidad. Se trata de escoger a quien tenga la capacidad, la independencia y la autoridad moral para conducir una organización que necesita recuperar eficacia y confianza.

El próximo Secretario General o la próxima Secretaria General tendrá que responder a la pregunta de ¿cómo hacer que Naciones Unidas vuelva a ser indispensable para la gente común? Mi experiencia me lleva a la conclusión de que cuando la diplomacia consigue vacunas para salvar vidas, cuando los países protegen juntos un océano que pertenece a todos, cuando un instrumento financiero permite reducir deuda y conservar biodiversidad, el multilateralismo funciona. Cuando la cooperación internacional produce resultados, la gente vuelve a creer en ella.

Hoy, más que nunca, también necesitamos liderazgos que crean en el Estado de derecho, en la cooperación y en la dignidad humana como pilares de la coexistencia, y que comprendan que el orden internacional no es un obstáculo para el progreso, sino su fundamento y su mejor opción estratégica. Si el mundo renuncia a las reglas, no gana la libertad, gana la fuerza. Y cuando gana la fuerza, siempre pierde la humanidad. Ochenta años después de su fundación, Naciones Unidas necesita, con urgencia que el mundo vuelva a sentirla suya. Ese es el verdadero mandato que debería acompañar a quien reciba, el próximo mes de enero, las llaves del piso 38.

* Ex presidente de la República del Ecuador

Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU, en un acto que formalizó el inicio de su misión diplomática en Nueva York. El jurista asumirá la representación del país en la próxima Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, donde Colombia conserva un puesto no permanente durante un año más.

Gaona viajó a Nueva York durante el fin de semana posterior a su posesión, que tuvo lugar el 3 de septiembre en Bogotá. La entrega de credenciales ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se realizó este 9 de septiembre y marcó el comienzo efectivo de sus funciones en la sede del organismo multilateral.

El diplomático divulgó una fotografía de la reunión con Guterres en su cuenta de X. Allí indicó que ya trabaja en la preparación de la participación colombiana durante la Semana de Alto Nivel y en la labor que ejercerá el país dentro del Consejo de Seguridad.

“Presentando credenciales ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y preparando a Colombia de cara a la Semana de Alto Nivel y nuestra representación en el Consejo de Seguridad de la ONU”, escribió Gaona.

Colombia se prepara para la Semana de Alto Nivel en Nueva York

La llegada de Mauricio Gaona a la misión permanente coincide con los preparativos para el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agenda reunirá a jefes de Estado, representantes de gobiernos y delegaciones diplomáticas entre el 18 y el 28 de septiembre.

Según la información conocida antes de su viaje, el vicepresidente José Manuel Restrepo encabezará la representación de Colombia en ese encuentro. El país figuraba inicialmente en el puesto 30 del orden de intervenciones y, tras el cambio de delegado, pasó al puesto 89.

Antes de trasladarse a Estados Unidos, Gaona anticipó que el calendario diplomático tendría una alta actividad durante las próximas semanas. “Va a ser una agenda muy movida, muy dinámica. Esperamos contar con la participación naturalmente del gobierno y del vicepresidente”, expresó el embajador.

El nuevo representante colombiano tuvo reuniones previas con integrantes del Gobierno antes de su desplazamiento. En el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, se reunió con el canciller Omar Bula, el vicepresidente Restrepo y la embajadora María Consuelo Araújo. Al día siguiente, mantuvo un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño.

Mauricio Gaona representará al país en el Consejo de Seguridad

La misión de Colombia ante la ONU tendrá una tarea central en el Consejo de Seguridad, órgano integrado por 15 Estados y responsable de intervenir en asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales. Colombia ocupa uno de los asientos no permanentes y le resta un año en esa representación.

Ese lugar adquiere relevancia por el proceso de elección del próximo secretario general de Naciones Unidas. El mandato de António Guterres concluye en 2026 y la persona que lo suceda asumirá el cargo a partir de 2027.

La presencia de Gaona en Nueva York permitirá al Gobierno De la Espriella fijar su postura frente a las discusiones multilaterales que se desarrollarán en la Asamblea General y en el Consejo. Durante la campaña presidencial, el jefe de Estado había planteado la posibilidad de revisar la relación de Colombia con algunos espacios internacionales, por lo que la agenda en Naciones Unidas ofrecerá señales sobre el rumbo que buscará imprimir su administración.

Restrepo sostuvo, durante la posesión del embajador, que la experiencia del jurista será útil para la participación colombiana en esos escenarios. También afirmó que el Gobierno busca una presencia multilateral con mayor liderazgo y mencionó debates vinculados con inteligencia artificial, computación cuántica y nuevas tecnologías.

El perfil académico del nuevo embajador colombiano

Mauricio Gaona es jurista, académico, escritor y analista internacional. Su trayectoria se concentra en derecho internacional público, derechos humanos, derecho constitucional y democracia.

Es hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y desarrolló parte de su carrera académica y profesional en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia. Cuenta con un doctorado en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, una maestría en Derecho Internacional y un máster en Derecho de la Unión Europea.

Con la presentación de las credenciales, Gaona inicia formalmente una misión que tendrá su primer examen en la Asamblea General de septiembre y en las discusiones del Consejo de Seguridad sobre el relevo de Guterres al frente de Naciones Unidas.

La combinación de incendios forestales, olas de calor y contaminación del aire está elevando los riesgos sanitarios y ambientales en distintas regiones del planeta. Organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el deterioro de la atmósfera puede neutralizar parte de los avances logrados en las últimas décadas para mejorar la calidad del aire.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó en un comunicado publicado junto con su Boletín anual sobre calidad del aire y clima que los incendios de vegetación asociados al cambio climático están elevando la presencia de partículas finas y otros compuestos nocivos en la atmósfera.

En paralelo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC) señalaron en otro informe que enfrentar ambas crisis de forma conjunta puede generar beneficios sanitarios y económicos.

La OMM advirtió que los episodios de fuego extremo son cada vez más frecuentes y agravan los riesgos para la salud pública. El organismo indicó que, aunque en Europa y América del Norte las regulaciones lograron reducir parte de la contaminación generada por la industria y el transporte, la exposición a partículas finas asociadas a incendios sigue en aumento.

Entre los principales contaminantes figuran las PM2,5, partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro capaces de penetrar en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. Su presencia se vincula con actividades industriales que utilizan combustibles fósiles, la calefacción doméstica, la agricultura, el transporte, las tormentas de polvo y los incendios forestales.

La OMM advirtió que el humo de incendios agrava los riesgos para la salud

En el comunicado que acompañó su Boletín anual sobre calidad del aire y clima, la OMM sostuvo que “los incendios extremos van en aumento y provocan graves consecuencias para la salud debido a la elevada toxicidad del humo”. El organismo añadió que estos contaminantes siguen sin recibir un control suficiente pese a su amplia distribución y a su posible impacto sobre los ecosistemas.

Lorenzo Labrador, integrante de la red científica de Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM, dijo a AFP que la crisis climática y la degradación del aire forman parte de un mismo problema. “La calidad del aire y el cambio climático no se pueden tratar por separado. Si uno empeora, el otro también”, afirmó.

Labrador sostuvo que el humo de los incendios supone una amenaza especialmente seria para la salud, incluso por encima de otras fuentes de contaminación atmosférica, debido a la composición de las partículas que genera la vegetación al arder.

La advertencia abarca zonas más allá de los focos. La OMM señaló que las micropartículas pueden viajar largas distancias y afectar comunidades humanas y fauna lejos del fuego. También alertó que los modelos de riesgo basados en PM2,5 pueden subestimar hasta en un 93 % la mortalidad causada por incendios forestales.

Los episodios extremos de humo se triplicaron desde la década de 1990

Otro estudio citado en el boletín concluyó que los episodios extremos de humo se triplicaron en el mundo desde la década de 1990 y que entre 2010 y 2018 estuvieron relacionados con cerca de 100.000 muertes adicionales por año, una estimación que, según la entidad, podría incluso quedar por debajo del impacto real.

La OMM también puso el foco en el ozono a nivel del suelo, un contaminante que se incrementa cuando coinciden temperaturas elevadas, atmósfera estancada y radiación solar intensa. Ese patrón, indicó, ya se observó durante recientes olas de calor en China, Europa y el sudeste de Estados Unidos.

De acuerdo con el organismo, una mayor exposición al ozono puede causar decenas de miles de muertes prematuras adicionales, sobre todo vinculadas con enfermedades respiratorias. Ese escenario vuelve a poner de relieve el vínculo entre el calentamiento global y el deterioro de las condiciones sanitarias en regiones densamente pobladas.

El ozono y los aerosoles amplían el alcance de la contaminación atmosférica

El boletín además reclamó más vigilancia sobre aerosoles como el carbono negro (hollín) y los microplásticos. Estos compuestos pueden viajar hacia océanos y continentes alejados de su origen, modificar la forma en que la atmósfera refleja la luz solar, alterar propiedades químicas del suelo y del agua y afectar áreas que, en principio, permanecían relativamente limpias.

Como ejemplo, la OMM mencionó la deposición de hollín sobre nieve y hielo. Ese fenómeno reduce la capacidad de esas superficies para reflejar radiación solar y favorece el deshielo. Un contaminante atmosférico generado a distancia puede incidir sobre procesos físicos clave en regiones frías.

En cuanto a los microplásticos, el boletín señaló que se originan por la degradación de materiales plásticos bajo la acción de la luz solar y otros factores, y que ya están presentes en el aire, el suelo y los océanos. Una simulación incluida en el informe estimó 51 millones de toneladas en tierra y 22 millones de toneladas en el océano, que a su vez actúa como fuente de nuevas partículas para la atmósfera.

La OMM sostuvo que, a medida que siga creciendo la producción de plástico y persista una gestión deficiente de residuos, será crucial rastrear las trayectorias aéreas que transportan esas partículas hasta entornos remotos.

El PNUMA destaca los beneficios de actuar sobre clima y contaminación

En paralelo, otro informe difundido el 7 de septiembre por el PNUMA y la CCAC planteó que actuar al mismo tiempo sobre la crisis climática y la polución puede ofrecer una rentabilidad elevada. El documento concluyó que cada dólar invertido en medidas para el clima y el aire limpio puede generar un retorno de 15 dólares.

La evaluación incluye beneficios de mercado y no de mercado vinculados con salud, productividad y daños climáticos evitados. Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, afirmó que durante años la acción climática fue tratada como un costo y la contaminación como una consecuencia del desarrollo, pero que las pruebas presentadas por el organismo apuntan en otro sentido.

El reporte analizó emisiones de seis sectores: energía y combustibles fósiles, industria, transporte, agricultura y sistemas alimentarios, cocina y calefacción residenciales, y gestión de residuos.

Entre las 25 medidas propuestas figuran la expansión de energías renovables, mejoras de eficiencia energética, mayor adopción de vehículos eléctricos, combustibles marítimos con bajo contenido de azufre, uso más eficiente de fertilizantes, mejor tratamiento de aguas residuales y reducción progresiva de hidrofluorocarbonos.

Según el documento, la aplicación de este paquete de iniciativas permitiría reducir a la mitad las emisiones mundiales de dióxido de carbono hacia 2050 y evitar 144 millones de muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire.

El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, votó este miércoles a favor de remitir a Irán al Consejo de Seguridad por el “incumplimiento” de sus obligaciones nucleares, en un intento por redoblar la presión sobre la república islámica.

La resolución, presentada en Viena por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, fue aprobada por 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, según confirmaron a la AFP dos fuentes diplomáticas.

El texto expresa “profunda preocupación” por el incumplimiento persistente de Irán de sus obligaciones e insta al país a subsanar “urgentemente” su incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias con el organismo. Rusia, China y Níger se opusieron a su adopción.

Sin acceso a instalaciones clave desde los ataques de 2025

El OIEA no ha tenido acceso a instalaciones nucleares clave de Irán desde que Israel, con apoyo de Estados Unidos, lanzó en junio de 2025 ataques contra sitios nucleares iraníes. Algunas de esas instalaciones también fueron alcanzadas durante la última guerra, que estalló el 28 de febrero, y el organismo reclamó en varias oportunidades poder acceder a ellas. Tras los primeros ataques, Irán había restringido en el verano boreal de 2025 el acceso de los inspectores, alegando motivos de seguridad.

Según la resolución, el director general del OIEA, Rafael Grossi, necesita ese acceso para poder “proporcionar las garantías necesarias respecto de la corrección y exhaustividad de las declaraciones de Irán”. El propio Grossi insistió en que la inspección resulta indispensable incluso después de los bombardeos, ya que es la única vía para que el organismo verifique el cumplimiento de las obligaciones de salvaguardias y determine si todo el material nuclear del país se destina a fines pacíficos.

La incógnita sobre 400 kilos de uranio altamente enriquecido

Desde los ataques, el OIEA no logra determinar el paradero de unos 400 kilos de uranio altamente enriquecido al 60%, un nivel cercano al necesario para uso militar. Esa incertidumbre —que persiste tanto desde los bombardeos de junio de 2025 como desde los de fines de febrero pasado— es uno de los principales puntos de fricción entre Teherán y el organismo, y un argumento central que esgrimieron las potencias occidentales para justificar la resolución.

Se trata de la primera vez en dos décadas que se remite a Irán al Consejo de Seguridad por incumplir sus obligaciones sobre declaraciones de su programa nuclear, según una fuente cercana al OIEA; la última resolución de este tipo databa de 2006. La decisión marca una nueva escalada diplomática en el esfuerzo de las potencias occidentales por forzar a Irán a permitir mayor acceso a los inspectores y a brindar información sobre el paradero de su uranio enriquecido.

Sin embargo, el resultado concreto de la medida genera dudas entre los analistas. Ali Vaez, del centro de estudios International Crisis Group (ICG), sostuvo que se trata de “un ejercicio inútil”, ya que “probablemente Rusia y China se encargarán de que la presión occidental se dé de bruces con un muro en el Consejo de Seguridad”, donde ambos países —aliados de Irán— cuentan con poder de veto.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una fecha que busca visibilizar y reconocer el trabajo de miles de mujeres que en distintos países han asumido la búsqueda de familiares y otras personas cuyo paradero se desconoce.

La resolución fue adoptada el pasado 31 de agosto por la Asamblea General de Naciones Unidas, luego de aprobar un proyecto promovido por la República Árabe de Siria.

El anuncio fue celebrado por colectivos integrados por madres y mujeres buscadoras, quienes desde hace años han exigido mayor reconocimiento, protección y participación en las políticas públicas relacionadas con la desaparición de personas.

En el documento, Naciones Unidas destacó el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las asociaciones de familias de personas desaparecidas.

“Resaltando del importante papel de las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las asociaciones de familias de personas desaparecidas, que proporcionan apoyo jurídico, psicológico y material esencial a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas y sirven de pilares clave para preservar la memoria histórica”, señala la resolución.

El establecimiento de esta fecha internacional busca colocar en el centro del debate global la labor realizada por mujeres que, ante la ausencia o insuficiencia de respuestas institucionales, participan directamente en la búsqueda de personas desaparecidas.

ONU llama a visibilizar y reconocer la labor de las buscadoras

La resolución no solamente establece una nueva fecha en el calendario internacional, sino que incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, organizaciones internacionales, sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y sector privado.

Entre los planteamientos se encuentra la promoción de eventos y actividades encaminadas a resaltar la labor que realizan las mujeres buscadoras en diferentes partes del mundo.

El organismo internacional también invitó a impulsar medidas para prevenir y combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas, además de promover y proteger sus derechos humanos.

La ONU destacó además la importancia de que las propias buscadoras sean tomadas en cuenta en las discusiones y decisiones relacionadas con una problemática que afecta directamente sus vidas.

“Alienta a que se incluya a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en las deliberaciones que se estén manteniendo sobre esta cuestión y en los procesos de adopción de decisiones que las afectan”, añade la resolución.

Este punto representa uno de los principales reclamos de los colectivos de búsqueda: que las familias no sean únicamente receptoras de decisiones tomadas por las autoridades, sino que tengan participación en la construcción de políticas, mecanismos y estrategias para localizar a las personas desaparecidas.

La búsqueda también tiene un costo económico

Otro de los aspectos que busca hacer visible la resolución de Naciones Unidas es el impacto económico que representa la búsqueda de personas desaparecidas.

Las actividades realizadas por los colectivos y las familias pueden implicar gastos relacionados con traslados, herramientas, investigaciones, alimentación y otras necesidades derivadas de las jornadas de búsqueda.

Por ello, el documento señala la necesidad de reconocer estos costos y plantea que puedan ser sufragados mediante contribuciones voluntarias, así como con la participación del sector privado.

Para miles de familias, la búsqueda se convierte en una actividad que modifica completamente su vida cotidiana y sus condiciones económicas.

Muchas mujeres deben dedicar tiempo y recursos propios a recorrer zonas rurales, campos, carreteras, fosas clandestinas o distintas regiones del país en busca de información sobre sus familiares.

En México, una lucha encabezada principalmente por mujeres

El reconocimiento de Naciones Unidas adquiere una dimensión particular en México, donde la crisis de desapariciones continúa afectando a miles de familias.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, actualmente existen 131 mil 974 personas desaparecidas o no localizadas en el país.

En este contexto, integrantes de colectivos han destacado que la lucha por localizar a las víctimas está encabezada principalmente por mujeres.

Grace Fernández, integrante del colectivo Búscame, quien busca a su hermano desaparecido, consideró importante que exista un reconocimiento internacional para quienes han convertido la búsqueda en una lucha permanente.

“La lucha está encabezada principalmente por mujeres y no es solamente porque muchos de los desaparecidos son hombres, sino porque las mujeres, con independencia del género de la persona desaparecida, son ellas las que buscan”, expresó Fernández.

La integrante del colectivo consideró que los gobiernos deberían impulsar actividades relacionadas con el reconocimiento de esta labor.

El nuevo Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras busca precisamente dar visibilidad a una realidad que se repite en distintos países: madres, hermanas, hijas, esposas y familiares que se organizan para buscar a quienes desaparecieron.

Para los colectivos, el reconocimiento de la ONU representa un paso importante para hacer visible una labor que durante años ha sido realizada en medio de obstáculos, riesgos, violencia y falta de recursos.

A partir de ahora, cada 19 de diciembre, la comunidad internacional tendrá una fecha destinada a reconocer a las mujeres que han convertido la búsqueda de personas desaparecidas en una causa de lucha, memoria y exigencia de justicia.

Volodimir Zelensky volvió a reclamar una reacción internacional más firme después de una nueva ola de bombardeos rusos contra zonas civiles de Ucrania, en una jornada en la que ataques nocturnos dejaron al menos dos muertos y siete heridos, mientras Kiev aseguró haber golpeado una base naval rusa en el mar Negro.

El presidente de Ucrania sostuvo que la presión económica y diplomática aplicada hasta ahora sobre Rusia no alcanzó para frenar la invasión y advirtió que Moscú no debería llegar al invierno con la idea de que puede mantener el uso de misiles y drones sin pagar costos. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que la respuesta internacional ha sido insuficiente frente a ofensivas que, según dijo, causan víctimas casi a diario.

El planteo de Zelensky se produjo después de que Naciones Unidas informara el mes pasado que en julio murieron o resultaron heridos 437 civiles y más de 2.600 sufrieron lesiones por el aumento de los ataques aéreos rusos, la cifra mensual más alta desde marzo de 2022.

De acuerdo con la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, más de 16.800 civiles ucranianos murieron y más de 51.000 resultaron heridos desde que las fuerzas rusas cruzaron la frontera. Ese balance se convirtió en uno de los argumentos centrales del gobierno ucraniano para insistir en un endurecimiento de las sanciones y del aislamiento diplomático sobre el Kremlin.

Un dron impactó un edificio de 22 pisos en Kiev y dejó heridos

Mientras se multiplicaban los pedidos políticos, los ataques rusos durante la noche del miércoles alcanzaron seis regiones ucranianas con misiles balísticos, misiles de crucero y drones, según autoridades de Kiev. En la capital, cuatro de los heridos estaban en un edificio residencial de 22 pisos del distrito Darnytskyi, donde un dron dañó el piso 11 y provocó un incendio en el 12.

Olha Smal, una vecina de 62 años que vive en ese nivel, relató a The Associated Press que la onda expansiva la arrojó dentro de su cocina y que el humo cubrió el departamento en pocos minutos después de que uno de los dormitorios se incendiara. La mujer agregó que una vecina embarazada también resultó herida. “Vives al día. No sabes qué te pasará mañana, o incluso qué pasará hoy”, dijo la residente, en declaraciones recogidas por la agencia.

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que sus fuerzas alcanzaron un almacén de una fábrica de drones en Kiev. También aseguró que fueron atacadas instalaciones logísticas en Mykolaiv, depósitos de combustible en el puerto de esa ciudad del sur ucraniano y una subestación eléctrica.

Según la misma versión oficial, el ejército ruso golpeó además un buque que se dirigía a Odesa con carga militar e instalaciones logísticas en el paso fronterizo de Starokozache, en la frontera de Ucrania con Moldavia. Las autoridades ucranianas informaron que ese ataque causó la muerte de dos personas.

En paralelo, Zelensky aseguró que Ucrania mantiene ofensivas diarias de largo alcance contra infraestructura situada dentro de territorio ruso como respuesta a los ataques de Moscú. Entre los blancos recientes mencionó a Novorossiysk, ciudad portuaria del mar Negro situada en la región rusa de Krasnodar.

De acuerdo con el mandatario, el ataque alcanzó una base naval, una terminal utilizada para cargar petróleo, instalaciones portuarias militares y buques de guerra que transportaban misiles de crucero. El Estado Mayor General ucraniano describió a esa base como un nodo central de apoyo logístico y mantenimiento para la Flota rusa del mar Negro.

Un ataque con drones en territorio ruso dejó cuatro muertos, según Krasnodar

El gobernador regional, Veniamin Kondratyev, afirmó que cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y otras 29 resultaron heridas en el ataque con drones contra Novorossiysk. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que las defensas antiaéreas derribaron 596 drones ucranianos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

La nueva escalada dejó expuestos, una vez más, los ataques cruzados que se extienden desde ciudades ucranianas hasta infraestructura estratégica en territorio ruso, en un conflicto que sigue ampliando su impacto sobre la población civil y los corredores logísticos de ambos países.

La crisis provocada por los eventos climáticos en Honduras vuelve a poner al país frente a uno de sus mayores desafíos: garantizar alimentos, agua y medios de vida para las familias que dependen directamente de la agricultura.

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que mantiene acciones de asistencia en zonas afectadas por la sequía y trabaja junto al Gobierno en medidas para atender la emergencia y reducir la vulnerabilidad del país a futuro.

El coordinador residente de la ONU en Honduras, Alejandro Álvarez, explicó que los efectos de la variabilidad climática representan una preocupación permanente para el país, debido a la recurrencia de períodos de sequía y temporadas ciclónicas que pueden afectar la producción de alimentos y las condiciones de vida de miles de familias.

Álvarez señaló que la situación obliga a pensar en soluciones que trasciendan la atención de las emergencias y permitan al país contar con mejores mecanismos para anticiparse y responder a nuevos fenómenos climáticos.

Riesgo y seguridad alimentaria

Para el representante de Naciones Unidas, Honduras necesita avanzar hacia una estrategia de mayor alcance que permita enfrentar de manera más efectiva los impactos derivados del clima.

Entre las prioridades identificadas se encuentran el fortalecimiento de la gestión del riesgo, una política de seguridad alimentaria más sólida y una mejor administración de los recursos hídricos.

“Estábamos viendo cómo poder encarar esto de una forma más sobre el largo plazo: tener una mejor gestión del riesgo, tener un plan de seguridad alimentaria más robusto, también temas ligados a la gestión del agua”, explicó Álvarez.

El funcionario remarcó que estos asuntos forman parte de las áreas en las que el Gobierno hondureño trabaja y en las que Naciones Unidas mantiene disposición para brindar acompañamiento técnico y apoyo.

La preocupación adquiere especial relevancia porque los períodos prolongados de falta de lluvias pueden afectar los cultivos, reducir la disponibilidad de agua y deteriorar las condiciones económicas de los productores, particularmente de quienes dependen de la agricultura para garantizar los ingresos y alimentos de sus hogares.

Mientras se analizan medidas de largo plazo, los organismos de Naciones Unidas ya desarrollan acciones en diferentes municipios que han sufrido las consecuencias de la sequía.

Álvarez detalló que la asistencia contempla varios frentes, ya que el impacto de la emergencia no se limita a la pérdida o reducción de cultivos.

Asistencia en municipios afectados

Entre las acciones se encuentra la entrega de alimentos a familias que enfrentan dificultades, además del respaldo a productores mediante semillas y sistemas de riego que permitan mantener o recuperar sus actividades agrícolas.

La intervención también incluye componentes relacionados con la salud, el acceso al agua y la nutrición, sectores que pueden verse afectados cuando las condiciones climáticas adversas se prolongan.

“Estamos ya activos en varios de los municipios afectados por la sequía, también en otros municipios y la ayuda ha consistido en entrega de alimentos, también en apoyo a algunos productores con semillas, con sistemas de riego”, manifestó el coordinador residente.

A estos esfuerzos se suman acciones destinadas a fortalecer los servicios de salud en las comunidades afectadas, incluido apoyo a centros asistenciales y suministro de medicamentos.

De acuerdo con Álvarez, el acceso al agua y la atención nutricional también forman parte de las intervenciones que Naciones Unidas desarrolla en las zonas donde las condiciones climáticas han generado mayores necesidades.

Por esa razón, la ONU considera que la gestión del agua debe incorporarse a una estrategia nacional que permita reducir la exposición de la población a futuras emergencias climáticas.

El planteamiento apunta a que las respuestas no se concentren exclusivamente en entregar ayuda cuando ocurre una emergencia, sino también en desarrollar mecanismos de prevención, adaptación y preparación para enfrentar nuevos períodos de condiciones climáticas adversas.

Álvarez indicó que actualmente no existe certeza sobre cuándo terminará la sequía, por lo que las instituciones deben mantenerse atentas al comportamiento del clima y concentrar sus esfuerzos en medidas de mitigación y respuesta.

En el marco de estos esfuerzos también se destacó la visita a Honduras de Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), quien llegó al país para conocer de primera mano las prioridades nacionales en materia de seguridad alimentaria y asistencia humanitaria.

Savelli sostuvo un encuentro con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, como parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación y el acompañamiento del organismo internacional al país.

La funcionaria señaló que el encuentro con el mandatario hondureño permitió conocer directamente las principales necesidades y prioridades del país.

El acercamiento entre el Gobierno y el PMA se produce en un contexto en el que la seguridad alimentaria continúa siendo uno de los temas prioritarios, especialmente en las comunidades cuya producción y disponibilidad de alimentos han sido afectadas por las condiciones climáticas.

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y elevó el caso de México a la Asamblea General de la ONU.

La decisión, adoptada el 19 de marzo de 2026 y transmitida a todos los Estados miembros el 12 de mayo por el secretario general António Guterres, concluye que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y se siguen cometiendo en México como crímenes de lesa humanidad, ante una crisis que acumula más de 135 mil personas desaparecidas y 72 mil restos humanos sin identificar, de acuerdo con un artículo de Michael W. Chamberlin en Aristegui Noticias.

Apenas diez días después de esa transmisión, el 22 de mayo, México y la Unión Europea (UE) firmaron en la Ciudad de México el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino. El momento abrió una pregunta que la sociedad civil mexicana lleva meses planteando ante las embajadas europeas: si Bruselas honrará sus compromisos con el multilateralismo o guardará silencio ante la crisis humanitaria que el propio sistema de tratados de la ONU ya no puede ignorar.

El artículo 34 de la ONU nunca había sido invocado hasta el caso mexicano

El artículo 34 de la Convención es un mecanismo de última instancia. Permite al Comité llevar un caso con carácter urgente ante la Asamblea General cuando existen indicios de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un país.

El CED concluyó que en México las desapariciones responden a tres fuentes: particulares o grupos criminales, autoridades estatales, y grupos criminales con apoyo o tolerancia del Estado. El organismo documentó además una tasa de impunidad del 99% en esos casos y señaló que las fiscalías carecen de autonomía efectiva para investigar la posible colusión de servidores públicos con los perpetradores.

El promedio diario de desapariciones pasó de 25 a más de 40 personas en los últimos dos años, de acuerdo con un estudio del medio A Dónde Van Los Desaparecidos basado en el registro oficial del Estado. Esa aceleración llevó al CED a solicitar a la Asamblea General que aporte cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación.

El caso está enlistado bajo el punto 71 de la agenda de la Asamblea General —“Promoción y Protección de los Derechos Humanos”— y se prevé que la Tercera Comisión lo analice entre octubre y noviembre de 2026. Es la primera vez que ese mecanismo llega tan lejos en la historia de la Convención, según el artículo de Aristegui Noticias.

Ursula von der Leyen prometió defender los derechos humanos diez días antes de que el caso llegara a la ONU

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el 22 de mayo en la Ciudad de México: “Juntos construiremos un futuro mejor para nuestros ciudadanos y para el planeta, encontrando puntos comunes para defender las instituciones internacionales, impulsar un crecimiento limpio y promover los derechos humanos y la igualdad de género”. El boletín oficial de la UE señaló que los dirigentes se comprometieron a colaborar en la reforma de las instituciones de gobernanza mundial.

El Parlamento Europeo aprobó el 8 de julio la resolución que acompaña al Acuerdo Global Modernizado, con 388 votos a favor, 161 en contra y 120 abstenciones. El documento proyecta que las exportaciones totales de bienes y servicios de la UE hacia México podrían aumentar un 75% y que las empresas europeas podrían ahorrar hasta 100 millones de euros al año en aranceles.

Esa misma resolución subraya que “en un contexto geopolítico cada vez más fragmentado, los eurodiputados consideran que la asociación estratégica entre la UE y México es fundamental para defender el orden internacional basado en normas y promover el multilateralismo”. El defensor de derechos humanos Michael W. Chamberlin, autor del análisis publicado en Aristegui Noticias el 29 de agosto, señala que eso es precisamente lo que está en juego en la próxima sesión de la Asamblea General.

El caso Ternium expone a qué contexto llegan las inversiones europeas en México

Chamberlin advierte ante Aristegui Noticias que las empresas europeas que inviertan en México pueden verse involucradas en contextos dominados por el crimen organizado. El caso más documentado es el de la acerera Ternium, con sede central en Luxemburgo, que opera la mina Las Encinas en Michoacán, una de las más grandes del país.

En enero de 2023, el defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia desaparecieron cuando representaban a comunidades indígenas en disputa con esa mina. Su automóvil apareció abandonado y con impactos de bala en los límites de Michoacán y Colima, zona bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Global Rights Advocacy y las familias de los desaparecidos presentaron una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Luxemburgo contra Ternium por falta de conducta empresarial responsable. La abogada Alejandra Gonza, representante de las familias, declaró a Aristegui Noticias: “Ternium es una empresa poderosa en México y en la región. Tiene influencia política y económica. Cuenta con su propio sistema de seguridad y vigilancia. Queremos usarlo para obtener información y responder a una pregunta sencilla: ¿dónde están?”

La compañía acumuló una facturación de USD 17.600 millones en 2023. Las familias la acusan de ignorar sus solicitudes de reunión y de negarse a asumir responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos.

La región de Aquila, donde opera la mina, está bajo el control del mismo cártel. Chamberlin plantea en el análisis publicado por el medio una pregunta directa: “¿Valdrá la pena incidir desde la amistad y el derecho internacional para cambiar ese contexto?”

El Acuerdo Global Modernizado incluye, según el Parlamento Europeo, un compromiso vinculante con los principios democráticos y el Estado de derecho, y establece acciones conjuntas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada. Chamberlin sostiene en Aristegui Noticias que la cooperación de la UE debe ir más allá de la gestión del problema e incorporar mecanismos de evaluación de impacto que hasta ahora han estado ausentes.

La sociedad civil mexicana envió una carta a las delegaciones de los países miembros ante la ONU en Nueva York y a la Cancillería mexicana. La propuesta pide que la Asamblea General acuerde la conformación de una comisión independiente que consulte a Estados miembros, al CED y a los colectivos de familiares de víctimas para definir el procedimiento de aplicación del artículo 34.

El gobierno mexicano ha rechazado que en el país exista una política estatal de desaparición forzada. Chamberlin señala ante el medio que los funcionarios mexicanos buscan que el tema se omita en la Asamblea General.

La pregunta que el analista deja abierta en Aristegui Noticias apunta directamente a Bruselas: si los países de la UE serán cómplices de ese silencio o si honrarán el “compromiso compartido con el multilateralismo y las instituciones mundiales” que firmaron en la Ciudad de México hace apenas tres meses. La respuesta llegará entre octubre y noviembre de 2026, cuando la Tercera Comisión de la Asamblea General abra el debate.

El Poder Judicial evaluará este miércoles 10 de setiembre la apelación del golpista expresidente Pedro Castillo para salir en libertad al amparo del cuestionado informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A las 9:00 de la mañana de dicho día, la Primera Sala en lo Constitucional de Lima llevará a cabo la audiencia de apelación contra la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentada a favor de Castillo.

“SE DISPONE: SEÑALAR EL DÍA DIEZ DE SETIEMBRE DEL 2026, a horas. 9.00.A.M. como fecha para la vista de la causa. La cual será por audiencia virtual”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae. Los jueces superiores han dispuesto comunicar al Establecimiento Penitenciario de Barbadillo para que se le den las facilidades a Pedro Castillo para que pueda conectarse a la audiencia de apelación.

Luego de culminada la audiencia, la apelación quedará al voto.

Juzgado rechazó demanda

En agosto, el juzgado constitucional desestimó la demanda de hábeas corpus presentada por el expresidente Pedro Castillo para obtener su liberación, con la que buscaba anular su condena por conspiración, la prisión preventiva que enfrenta por organización criminal, su vacancia presidencial y el levantamiento del antejuicio político en su contra. El fallo, al que accedió Infobae, declara improcedente el pedido y precisa que las conclusiones del organismo de Naciones Unidas invocadas por la defensa carecen de fuerza obligatoria para el Estado peruano.

La estrategia legal de Castillo se centró en el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Infobae había advertido con anterioridad que ese documento omitía pronunciamientos centrales de la justicia peruana: la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que convalidó la vacancia y el posterior procesamiento del exmandatario, además del fallo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. En su resolución, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima sí incorporó esos antecedentes al momento de resolver.

La magistrada Ana Osorio Sosa, a cargo del despacho, sostuvo que la restricción de libertad que pesa sobre Castillo no deriva de una detención en flagrancia, sino que “obedece a una decisión judicial de fondo”: la sentencia de primera instancia que le impuso 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Con ese argumento, la jueza descartó el planteo central de la defensa sobre una supuesta privación ilegal de la libertad.

Respecto del pedido para anular la vacancia presidencial y el levantamiento del fuero que permitió el procesamiento penal, Osorio Sosa recordó que el Tribunal Constitucional ya había descartado los mismos cuestionamientos planteados ahora por la defensa. Según el TC, Castillo dejó de ejercer la presidencia no en el momento en que el Congreso aprobó la moción de vacancia, sino cuando decidió “quebrantar el orden constitucional” con su declaración pública del 7 de diciembre de 2022, en la que manifestó su intención de instaurar un gobierno de facto.

Sobre el antejuicio, el máximo intérprete de la Constitución había señalado que el procedimiento regular no resultaba exigible porque ese mecanismo se aplica en contextos ordinarios, no ante “una situación de emergencia que obliga a decisiones urgentes en el marco jurídico de la defensa de la Constitución”.

En cuanto al pedido para dejar sin efecto la sentencia de 11 años y cinco meses de prisión, el juzgado constitucional precisó que esa resolución todavía no tiene carácter firme, dado que se encuentra en etapa de apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esa circunstancia procesal fue otro de los elementos que sustentó el rechazo de la demanda.

El punto central del fallo recae sobre el valor jurídico del informe de Naciones Unidas. La jueza Osorio Sosa determinó que la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria “no constituye una decisión de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado Peruano” y que, por lo tanto, no incide de manera directa en los procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno.

La magistrada fundamentó esa conclusión en jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional, que calificó al grupo de trabajo como un organismo de “origen extraconvencional”, es decir, creado con posterioridad a la firma del tratado internacional correspondiente. En consecuencia, sostuvo que “el Estado peruano no se ha sometido expresamente a dicho organismo”.

El Gobierno de Bolivia lanzó una nueva política antidroga para 2026-2030 después de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informara un aumento del 7% en los cultivos de coca durante 2025. El plan, financiado con USD 492 millones, se centró en seguridad, salud pública y desarrollo integral.

La nueva estrategia fue presentada este martes por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz junto con el informe anual de monitoreo de coca, que registró un incremento de la superficie cultivada de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

Durante el acto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que los datos eran “realmente preocupantes” y dijo que era “urgente” recuperar la capacidad de intervención institucional para sostener resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El funcionario explicó que la Política Antidroga 2026-2030 apunta a reducir de manera progresiva los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los márgenes permitidos por la ley, con una diferenciación entre esa producción y la hoja destinada a usos tradicionales y legales.

Según la presentación oficial, el esquema para reducir la oferta de droga se apoyó en una interdicción focalizada por territorios, con intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

A esa línea se sumaron mecanismos de inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control sobre los precursores químicos, dentro de un enfoque dirigido a desarticular redes vinculadas al narcotráfico.

El plan también incorporó un frente orientado a la reducción de la demanda desde la salud pública, con programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social. El Gobierno indicó que esa parte de la estrategia priorizó a niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

En ese marco, el representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, valoró que la iniciativa incluyera de manera conjunta los planos de seguridad, salud y desarrollo, y expresó la disposición del bloque a colaborar con el país en acciones contra las redes criminales.

El anuncio de la estrategia antidroga coincidió con una etapa de tensión económica en Bolivia, marcada por la escasez de dólares, las filas en surtidores por combustibles y el aumento de precios de distintos productos.

“Ahora estamos recuperando (con una) etapa crediticia, pero nosotros no podemos vivir del crédito, tenemos que vivir de la producción, por eso los programas y las leyes van a ir hacia la producción”, dijo el mandatario.

En la misma intervención, sostuvo: “No va a llover dólares del cielo, porque esos dólares se los gastaron con el gas que Dios nos dio”, al insistir en que su administración debía orientar programas y leyes hacia la producción y no hacia un esquema sostenido por crédito.

(Con información de EFE)

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó el ingreso armado a la sede del cabildo indígena de Toribío, en Cauca, y pidió a las autoridades adoptar medidas para proteger la autonomía, el gobierno propio y el sistema de justicia del pueblo nasa.

El pronunciamiento de ONU Derechos Humanos Colombia se conoció luego del ataque ocurrido en la madrugada del 7 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, hombres armados irrumpieron por la fuerza en las instalaciones del cabildo, liberaron a tres personas que permanecían bajo custodia de la jurisdicción especial indígena, amenazaron a las autoridades presentes y causaron daños en el lugar.

La oficina consideró que lo ocurrido constituye una “grave agresión” contra la jurisdicción especial indígena. También solicitó acciones para prevenir nuevos hechos de esta naturaleza y garantizar la seguridad de las autoridades ancestrales en el norte del Cauca.

En su mensaje, la organización recordó que los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer su autonomía, sus formas de gobierno y sus mecanismos propios de justicia. El llamado incluyó una referencia particular a la situación del pueblo nasa y de las comunidades asentadas en Toribío.

“Deben tomarse medidas para proteger a las autoridades indígenas”, señaló ONU Derechos Humanos Colombia al exigir una respuesta de las instituciones competentes frente a la incursión.

Acin informó que siete hombres armados ingresaron a la sede del cabildo

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) divulgó un boletín en el que entregó detalles sobre el asalto a la sede del gobierno propio de Toribío.

Según el documento, el hecho ocurrió hacia las 12:15 a. m. del lunes 7 de septiembre de 2026. Las autoridades ancestrales neeh we’sx reportaron que siete hombres armados y encapuchados llegaron a las instalaciones del kwekwe neeh we’sx, sede en la que permanecían tres comuneros bajo detención de las autoridades indígenas.

La Acin afirmó que los atacantes entraron de forma violenta, dañaron puertas y ventanas y utilizaron una pulidora para abrir los candados de la celda. De ese modo, sacaron del sitio a los detenidos, identificados en el boletín como Daniel Stiven Yonda López, Jesús Esneider Noscue Pequi y Uldarico Tenorio Méndez.

La organización indígena indicó que los tres comuneros se encontraban investigados en el proceso de la jurisdicción especial indígena. Tras su salida del recinto, quedaron “prófugos de la jurisdicción especial indígena”, según el reporte del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos.

El comunicado agregó que los hombres armados intimidaron a los khabuwe’sx, autoridades veredales que custodiaban a los detenidos en ese momento.

El boletín indicó que, durante la retirada, los responsables se llevaron a los tres detenidos e incendiaron una camioneta que estaba bajo custodia de las autoridades indígenas. La organización no detalló la propiedad del vehículo ni precisó si el automotor estaba relacionado con alguna investigación en curso.

Para la Acin, el episodio representa un ataque directo contra las autoridades ancestrales y contra las estructuras del movimiento indígena. “Se vulneró la autonomía del pueblo nasa”, sostuvo la asociación al referirse a la entrada armada a las instalaciones del gobierno propio.

La entidad señaló que este tipo de acciones ponen en riesgo la integridad de las autoridades indígenas, además de afectar los esfuerzos comunitarios por preservar el orden y la convivencia dentro de sus territorios.

El documento fue emitido por el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Çxhab Wala Kiwe, organización que reúne a cabildos indígenas del norte del Cauca. En su pronunciamiento, pidió respeto por el ejercicio del gobierno propio y por las decisiones que adopta la jurisdicción especial indígena.

La organización también reclamó acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos para las autoridades del Plan de Vida Proyecto Nasa, que agrupa a los territorios de Toribío, San Francisco y Tacueyó.

La Acin solicitó el respaldo de las estructuras organizativas indígenas de los ámbitos zonal y regional. El llamado busca reforzar la protección a los integrantes de los cabildos y permitir que continúen las actuaciones de su sistema de justicia.

Ciudad Juárez, México. Los albergues para migrantes en la frontera norte de México registran una ocupación de apenas 15%, luego de que la política migratoria del presidente Donald Trump desalentó a miles de personas que buscaban llegar a Estados Unidos, de acuerdo con un reportaje de Reuters. El fenómeno ocurre en paralelo a un aumento en las denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un tema que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado de forma reiterada en sus conferencias matutinas.

El cierre de CBP One y la contracción de la red de albergues

De acuerdo con Reuters, el regreso de Trump a la presidencia significó el cierre de CBP One, la aplicación que permitía a solicitantes de asilo programar citas en puntos de entrada. Esto dejó a miles de personas varadas en ciudades fronterizas y llevó a las autoridades mexicanas a habilitar albergues de emergencia que, sin embargo, permanecieron mayormente vacíos.

Dirvan García, del Consejo Estatal de Población (Coespo), indicó que la red de albergues en Ciudad Juárez se redujo casi a la mitad, hasta quedar en 18 instalaciones, con una ocupación general de alrededor de 15%. La mayoría de los residentes actuales serían mexicanos desplazados por la violencia, mientras que el resto correspondería principalmente a migrantes de Venezuela, Colombia y Centroamérica.

Sheinbaum ha cuestionado el actuar de ICE y exigido rendición de cuentas

En meses recientes, la mandataria mexicana ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a lo que ha calificado como presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de ICE contra migrantes, incluidos connacionales. En agosto, Sheinbaum cuestionó un plan del organismo estadounidense para equipar a sus agentes con guantes capaces de emitir descargas eléctricas, al advertir que ese tipo de herramientas podrían vulnerar derechos humanos.

La presidenta también ha dado seguimiento a casos de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria estadounidense. En julio el gobierno mexicano presentó demandas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante organismos de Naciones Unidas por la muerte de 17 connacionales a manos de ICE. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, ha señalado que la reiteración de estos decesos reflejaría deficiencias graves en los centros de detención migratoria.

Adicionalmente, Sheinbaum ha rechazado que Estados Unidos deporte a mexicanos hacia terceros países. De acuerdo con La Jornada, tras informar el Instituto Nacional de Migración (INM) que más de 2,900 connacionales fueron trasladados a Guatemala, Honduras y Costa Rica, la presidenta afirmó que no existe razón para ese tipo de traslados y que su gobierno ya manifestó su inconformidad ante Washington.

La ONU también exige explicaciones por muertes bajo custodia de ICE

El tema ha trascendido el ámbito bilateral. Según SDP Noticias, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió rendición de cuentas por 23 muertes registradas en 2026 bajo custodia de ICE, durante la apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Türk también pidió frenar las deportaciones hacia países considerados peligrosos, como Haití, y garantizar el debido proceso en los procedimientos migratorios.

Cabe señalar que estas denuncias corresponden a acusaciones formuladas por el gobierno mexicano y por organismos internacionales; las autoridades estadounidenses han sostenido que ICE actúa conforme al marco legal vigente.

Puntos clave del panorama actual

• La ocupación de albergues en Ciudad Juárez se ubica en 15%, tras la reducción de la red a 18 instalaciones.
• La mayoría de los residentes son ahora mexicanos desplazados por violencia, no migrantes en tránsito hacia EU.
• Sheinbaum ha exigido respeto a los derechos humanos de connacionales detenidos y ha rechazado deportaciones hacia terceros países.
• La ONU pidió rendición de cuentas por muertes bajo custodia de ICE en lo que va de 2026.
• El gobierno mexicano ha interpuesto demandas ante instancias estadounidenses e internacionales por casos de connacionales fallecidos.

Cuba cifró en USD 8,083.3 millones el costo del embargo de Estados Unidos entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, según el informe que presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reclamar el levantamiento de las sanciones. La cifra es 7% superior a la del período anterior.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, presentó los datos este lunes durante una conferencia de prensa en La Habana. La exposición acompañó la difusión del documento titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

Según informó la agencia EFE, el texto formará parte de la resolución anual que la isla eleva ante la ONU para solicitar el fin de las medidas estadounidenses.

El costo acumulado desde el inicio del embargo

Rodríguez sostuvo que el costo acumulado del embargo desde su inicio asciende a más de USD 178,700.5 millones a precios corrientes. El funcionario indicó que esa estimación tuvo un incremento del 4.7% durante el último período analizado.

La cancillería cubana suele divulgar anualmente una estimación sobre las consecuencias económicas de las restricciones estadounidenses. La Habana denomina “bloqueo” a esa política y considera que afecta las posibilidades de comercio, financiamiento e importación del país.

El canciller indicó que el informe solo incorporó el primer mes de los efectos de las restricciones energéticas que, según afirmó, Estados Unidos decretó el 29 de enero. A su juicio, el impacto de esas disposiciones superaría los datos incluidos en el documento.

“Los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el periodo tratado”, afirmó Rodríguez durante la comparecencia.

Los efectos que el régimen cubano atribuye a las sanciones

El ministro puso el foco en las consecuencias que, según el régimen cubano, tienen las sanciones sobre la población. Citó dificultades en áreas como la salud pública, el transporte y el abastecimiento de bienes esenciales.

“El bloqueo no castiga a un Gobierno. Castiga a la vida cotidiana de un pueblo”, expresó el titular de Exteriores.

Las autoridades cubanas sostienen que las restricciones limitan la capacidad del país para comprar insumos, acceder a financiamiento internacional y contratar servicios de transporte marítimo. Rodríguez también señaló que las sanciones contra funcionarios, empresas y entidades extranjeras con negocios en la isla han profundizado las dificultades económicas.

Entre otros puntos, el canciller mencionó las complicaciones para importar mercancías ante las reticencias de compañías navieras. El texto difundido por EFE señaló además que algunas cadenas hoteleras españolas, como Meliá e Iberostar, dejaron de operar en Cuba en este escenario.

El contexto de tensión con Estados Unidos y la crisis interna

La presentación del informe ocurrió en un contexto de tensión entre el régimen de Cuba y Estados Unidos. El cable de EFE indicó que Washington no descartó una intervención militar y que el presidente Donald Trump amenazó en distintas oportunidades con tomar la isla.

Cuba atraviesa, además, una crisis económica que se extiende desde hace seis años. El Gobierno atribuye parte de la situación a los efectos de la pandemia de covid-19, mientras que diversos análisis también apuntan a problemas estructurales y a fallas en el diseño y la aplicación de políticas monetarias y económicas internas.

Los cortes eléctricos se convirtieron en una de las expresiones más visibles de ese deterioro. En La Habana, los apagones pueden superar las 24 horas, mientras otras zonas del país registran interrupciones del servicio durante varios días.

La Asamblea General de la ONU debate cada año una resolución impulsada por Cuba que pide el levantamiento del embargo. Aunque esos textos no son vinculantes, suelen contar con un respaldo mayoritario. La próxima votación está prevista para el 28 de octubre.

El embargo entró formalmente en vigor el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 3447, que prohibió el comercio con Cuba.

El presidente Lai Ching-te afirmó este lunes que China interpreta de forma errónea la Resolución 2758 de las Naciones Unidas para sostener que Taiwán forma parte de su territorio, y pidió al sector jurídico que ayude a refutar esa lectura en foros nacionales e internacionales porque, según dijo, ese texto solo resolvió la representación de la República Popular China ante la ONU.

Durante una cena por la 79.ª edición del Día del Abogado en el Centro Internacional de Convenciones de Taipéi, Lai vinculó ese pedido con una agenda más amplia para el sector legal: la defensa de la posición internacional de Taiwán, el desarrollo de normas para la inteligencia artificial, la aplicación del sistema de tasas al carbono ya vigente y una mayor participación de juristas en la vida pública.

El mandatario sostuvo que el régimen de Beijing no solo recurre a amenazas verbales y militares, sino también a acciones de infiltración y de frente unido contra Taiwán. A esa estrategia, añadió, se suma el uso de la resolución de la Asamblea General para presentar a la isla como parte de la República Popular China.

Lai sostuvo que la Resolución 2758 no define el estatus de Taiwán

Lai dijo que la resolución “únicamente resolvió la cuestión de la representación de la República Popular China ante las Naciones Unidas y no guarda relación alguna con Taiwán”. Con ese argumento, reclamó que los profesionales del derecho aclaren ese punto cada vez que tengan oportunidad de intervenir en espacios jurídicos dentro y fuera del país.

También señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha explicado públicamente en reiteradas ocasiones que ninguno de los documentos vinculados con la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la Declaración de El Cairo, la Declaración de Potsdam y el Tratado de San Francisco, demuestra que Taiwán forme parte de la República Popular China.

Ante los abogados reunidos en Taipéi, Lai pidió que la Federación Nacional de Abogados de Taiwán continúe expresándose a favor del país y transmita a la comunidad internacional que Taiwán es un país soberano e independiente y que no pertenece a la República Popular China.

El presidente también elogió el papel de los abogados en la defensa de la justicia social y de los grupos más vulnerables. Añadió que la federación ha enviado delegaciones a encuentros como el Foro Internacional de Abogados de Alemania, la Unión Internacional de Abogados y LAWASIA, lo que, según dijo, ha contribuido a la diplomacia judicial taiwanesa.

Respaldo jurídico para inteligencia artificial

En el plano interno, Lai afirmó que el desarrollo económico de Taiwán atraviesa una etapa en la que confluyen condiciones favorables. En ese marco, explicó que el Gobierno puso en marcha el programa “Construcción para una Nueva Era de la Inteligencia Artificial” para preservar la competitividad de las próximas generaciones y de los próximos 100 años.

Señaló que ese proceso requerirá apoyo del sector jurídico en áreas como la gobernanza de la inteligencia artificial, los derechos humanos digitales y la propiedad intelectual. El objetivo, indicó, es reforzar el Estado de derecho en la era de una ley básica sobre inteligencia artificial y mantener la posición de Taiwán en las cadenas internacionales de suministro.

Lai añadió que el sistema taiwanés de tasas al carbono ya entró en vigor. A partir de ese cambio, instó a los abogados a participar en la aplicación de la normativa ESG para convertir las reglas verdes internacionales en una ventaja competitiva para la modernización industrial de Taiwán.

En un tercer eje, el jefe de Estado recurrió al ideal de “seleccionar a personas virtuosas y capaces”, formulado en el capítulo Li Yun del Libro de los Ritos. Dijo que el Gobierno sigue ampliando el bienestar social mediante políticas como el programa de cuidados de larga duración 3.0 y el aumento de seis subsidios sociales.

Aun así, sostuvo que ese principio todavía no se concreta plenamente. Según afirmó, en cada elección aparecen candidatos vinculados con organizaciones criminales o implicados en casos de corrupción, por lo que alentó a los abogados a presentarse como candidatos y a participar en la vida pública para que más personas íntegras y capacitadas sirvan al país.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidió este lunes a Irán que retome el diálogo y permita el acceso de sus inspectores a las instalaciones nucleares del país, ante la posibilidad de que Teherán sea llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El organismo no tiene acceso a las plantas nucleares clave de Irán desde que Israel, con apoyo de Estados Unidos, lanzó en junio de 2025 una guerra de 12 días que incluyó ataques contra varias de ellas; las instalaciones también fueron alcanzadas en la guerra que estalló el 28 de febrero pasado.

“La mejor y más rápida vía para obtener un resultado positivo es que Irán se comprometa con nosotros”, declaró Grossi en una conferencia de prensa, al inaugurar la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena.

Una resolución impulsada por Estados Unidos y potencias europeas

Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania redactaron una resolución —que en principio se presentará y someterá a votación esta semana— para llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad por incumplir sus obligaciones de informar sobre su programa nuclear. El proyecto, consultado por la AFP, le pide a Grossi que “presente esta resolución a todos los miembros del organismo y al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Consultado sobre si esa vía era la adecuada, Grossi respondió: “Mi trabajo con Irán continúa, independientemente de la resolución”, y agregó: “Si Irán entabla con nosotros un diálogo serio, si podemos empezar a obtener acceso (...) puedo garantizarles que esto tendrá repercusiones muy, muy positivas”.

Antes de los ataques de junio de 2025, el OIEA calculaba que Irán disponía de unas 440 toneladas de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al 90% necesario para una bomba y muy superior al límite del 3,67% fijado por el acuerdo nuclear de 2015, hoy inaplicable. Desde entonces, no se sabe qué ocurrió con esas reservas.

El hallazgo de un reactor sirio casi terminado

En la misma conferencia, Grossi se refirió también a un reactor nuclear a medio construir descubierto en Siria, que según dijo estaba casi terminado y habría podido usarse para fabricar armas.

“El reactor estaba casi terminado. Solo faltaba cargarlo de combustible”, afirmó. Un informe reciente del OIEA había revelado que las infraestructuras halladas en Deir Ezor eran compatibles con las de un reactor nuclear, construido bajo el régimen de Bashar al Asad y nunca declarado.

Grossi, candidato a secretario general de la ONU, no afirmó que el programa tuviera un fin militar, pero remarcó que las autoridades sirias de ese momento “no querían que el mundo supiera lo que estaban haciendo”, y agregó: “Sabemos que, dada la configuración y las características técnicas de este tipo de reactor, se trata de un reactor muy eficaz para producir material fisible que podría utilizarse directamente para fabricar armas nucleares”. El sitio, en el este de Siria, permanece cerrado desde hace 18 años; Israel había reconocido en 2018 haberlo bombardeado once años antes.

Además del reactor, el OIEA halló instalaciones de producción de combustible nuclear y 73 toneladas de uranio natural, según un informe consultado la semana pasada por la AFP. Inspectores del organismo visitaron en agosto dos sitios en Siria —uno en Deir Ezor y otro vinculado a materiales nucleares identificado por las nuevas autoridades sirias tras la caída de Al Assad, en diciembre de 2024.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este lunes que la inteligencia artificial podría alcanzar un nivel de poder capaz de amenazar a la humanidad. Durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Türk señaló que comparte la preocupación de expertos del sector sobre que la IA avanzada represente un “riesgo existencial”, y adelantó que en los próximos días exhortará a las empresas tecnológicas a reducir esos riesgos.

El funcionario, quien iniciará su segundo mandato el próximo mes, hizo un llamado a establecer garantías absolutas de seguridad antes de que —dijo— “sea demasiado tarde”. Sin nombrarlas directamente, advirtió que solo un puñado de hombres concentra un poder casi ilimitado sobre la tecnología, entre las que destacan Meta, Anthropic, OpenAI y Google.

Una preocupación que también resuena en Palacio Nacional

Mientras la comunidad internacional discute los riesgos de la IA a gran escala, en México el debate ha tomado un cariz más cercano: la protección de la niñez y la adolescencia frente a las plataformas digitales.

Desde hace varios meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido los lunes en un espacio recurrente de la mañanera para abordar el tema, invitando a especialistas nacionales e internacionales a exponer los riesgos del uso excesivo de redes sociales e inteligencia artificial en niñas, niños y jóvenes. Entre los puntos que se han presentado en semanas anteriores:

• Estudios que vinculan el uso temprano de pantallas con alteraciones en el desarrollo cerebral infantil.
• Reportes internos de plataformas como Meta que reconocen afectaciones en la autoestima y salud mental de adolescentes.
• Datos sobre el uso de la IA generativa como sustituto de vínculos afectivos entre estudiantes mexicanos.

La mandataria ha insistido en que su gobierno no busca prohibir por prohibir, sino construir consenso social antes de definir una regulación, con una propuesta dirigida a escuelas prevista para este ciclo escolar y otra, más amplia, para la sociedad en general.

Dos escalas de un mismo riesgo

Las declaraciones de Türk se suman a advertencias previas de figuras como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, sobre escenarios extremos vinculados al desarrollo acelerado de la IA. La ONU ya había llamado a establecer normas armonizadas a nivel global, y en julio celebró su primera reunión mundial sobre gobernanza de la inteligencia artificial.

El contraste es notorio: mientras Ginebra discute el riesgo existencial de la IA para la humanidad en su conjunto, Palacio Nacional concentra el debate en un ángulo más inmediato y doméstico —la salud mental y el desarrollo de la infancia mexicana frente a las pantallas—. Ambas discusiones, sin embargo, parten de una misma premisa: la tecnología avanza más rápido que la capacidad de los gobiernos para regularla.

(Desde Washington, Estados Unidos) Una declaración periodística de Donald Trump sobre las Islas Malvinas provocó una reacción política de Javier Milei que podría causar un daño colateral a la candidatura de Rafael Grossi como secretario General de las Naciones Unidas.

-¿Está revisando la postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas?-, le preguntaron a Trump en la Casa Blanca.

-Siempre reviso mis posturas, todas mis posturas. Esta es una de muchas...-, replicó el Presidente de los Estados Unidos.

El Reino Unido ocupa ilegalmente las Islas Malvinas desde 1833, y Estados Unidos apoyó a Margaret Thatcher cuando sucedió la guerra del Atlántico Sur en 1982.

Entonces, las declaraciones de Trump implican un giro notable en la posición geopolítica de la Casa Blanca.

La afirmación política de Trump fue asumida por Javier Milei como un respaldo explícito de Estados Unidos al reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas que protagoniza la Argentina desde hace décadas.

En este contexto, el presidente argentino pronunció un discurso en cadena nacional anunciando la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y la promulgación una batería de sanciones contra empresas petroleras que operan en territorio nacional ocupado ilegalmente por el Reino Unido.

“Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección. Para eso, la Argentina necesita recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional de largo plazo”, afirmó Milei.

Y añadió:

“La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro”.

Tras la cadena nacional de Milei, se conoció la respuesta política del Reino Unido. El secretario de Defensa británico Wes Streeting posteó lo siguiente en X:

“La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas. Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.

Las Naciones Unidas es una construcción multilateral que exhibe la distribución de poder geopolítico tras la derrota de Adolfo Hitler en 1945. La ONU tiene un secretario General, que es votado en el Consejo de Seguridad y confirmado -una formalidad burocrática- por la Asamblea.

Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia controlan todas las decisiones clave de la ONU a través del Consejo de Seguridad, que integran como miembros permanentes con derecho a veto. El Consejo también tiene otros 10 miembros no permanentes-rotan año a año-, que no tienen poder de veto.

Antonio Guterres es el actual secretario de la ONU, su mandato concluye a fin de año, y nadie va a extrañar su opacidad diplomática.

Carolyn Rodrigues-Birkett, Rebeca Grynspan y Rafael Grossi son los candidatos con más posibilidades para suceder a Guterres.

También se presentaron Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, Olara Otunnu, Macky Sall e Ivonne A-Baki, pero son nominaciones casi testimoniales por los apoyos obtenidos en las dos primeras votaciones.

El prestigio institucional de Grossi -Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA)- lo puso al frente de todos los cálculos entre los cinco miembros permanentes.

Pero la tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido añadió un factor geopolítico extra que puede complicar la candidatura de Grossi.

Londres respeta la trayectoria de Grossi y su aporte a las Naciones Unidas, y estaba considerando la posibilidad de abstenerse al momento de la votación definitiva. Esto implicaba que tácitamente apoyaba a Grossi, al margen de su nacionalidad argentina.

Sin embargo, las declaraciones de Trump y el discurso de Milei podrían haber afectado los cálculos políticos previos.

Milei anunció la construcción de una base naval y sanciones contra empresas petroleras que operan ilegalmente en Malvinas, y Argentina respalda la candidatura de Grossi como secretario General.

En la jerga del Consejo de Seguridad para las votaciones informales del próximo secretario General se utilizan las palabras Encouraged -a favor-, Discouraged -en contra- y No opinion -abstención.

En la última votación, Rodrigues-Birkett tuvo 8 Encouraged, 3 Discouraged y 4 No opinion; Grynspan 7 Encouraged, 4 Discouraged y 4 No opinion; y Grossi 7 Encouraged, 6 Discouraged y 2 No opinion.

Hasta ahora, las votaciones se hacen en una boleta de un solo color, que no distingue si los votantes son miembros permanentes o no permanentes.

Cuando el proceso avance, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia votarán con una boleta diferente.

El 18 de septiembre se votará de nuevo, y si no hay cambios protocolares, los 15 integrantes del Consejo de Seguridad todavía fijarán posición con la misma boleta.

Eso significa que no habrá certeza definitiva sobre la posición del Reino Unido, tras el enfrentamiento diplomático con Argentina por su reclamo legítimo sobre la soberanía en las Islas Malvinas.

Sólo Estados Unidos y Francia podrían abogar a favor de Grossi para que el Reino Unido mantenga su postura inicial de abstención.

Milei tiene excelente relación política y personal con Trump y Emmanuel Macron, que tenían intenciones de votar a favor del candidato apoyado por Argentina.

El régimen de Irán condenó este sábado los ataques estadounidenses contra tres de sus petroleros y advirtió que si se repiten estas agresiones responderá “de manera más severa que antes” contra buques de Estados Unidos en la región.

El Ministerio de Exteriores iraní “condenó enérgicamente” los ataques contra “mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán” este sábado y lo consideró una violación de la Carta de Naciones Unidas y un “crimen de guerra”.

“La responsabilidad de las consecuencias de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de Estados Unidos en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios”, indicó la cartera en un comunicado.

Por su parte, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, advirtió de consecuencias militares si los ataques contra los buques iraníes continúan así como el cerco contra sus puertos.

“Si continúan las provocaciones y las interferencias contra los buques iraníes, junto con el bloqueo marítimo de Irán, los ataques de Irán contra los buques militares estadounidenses en la región se intensificarán, y existe la posibilidad de que se amplíen dichos ataques”, avisó Zolfaghari en un comunicado recogido por medios iraníes.

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, informó el Comando Central de Estados Unidos

En un comunicado, el Centcom detalló que un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos “lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes” y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido.

Los ataques estadounidenses de este sábado se produjeron después de que esta semana Washington lanzase los ataques más duros en más de un mes contra la República Islámica que causaron 19 muertos.

Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Medio Oriente.

Apenas el mes pasado, dos niñas de 10 años, una ecuatoriana y la otra peruana, fueron rescatadas de una inminente unión forzada producto del trueque de dos abusadores. El caso alcanzó resonancia internacional y expuso, una vez más, la brutal realidad del matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas en América Latina.

El matrimonio infantil es un delito y una grave violación de los derechos humanos. Expone a las niñas a violaciones, violencia sexual, embarazo infantil y/o adolescente y a una vida en la que las decisiones sobre su propio cuerpo, educación y futuro son tomadas por terceros.

En la actualidad, alrededor de 650 millones de mujeres y niñas en el mundo se casaron antes de cumplir los 18 años, y más de 12 millones de niñas son casadas cada año antes de alcanzar esa edad. UNICEF estima que, en 2023, el 21% de las mujeres de entre 20 y 24 años en América Latina y el Caribe estaban casadas o en una unión temprana antes de los 18 años. Mientras que otras regiones del mundo han logrado avances, América Latina y el Caribe prácticamente no ha registrado ninguna reducción en los índices de matrimonio infantil durante los últimos 25 años. (UNICEF calcula que para 2030 América Latina y el Caribe podría convertirse en la segunda región con mayor prevalencia de matrimonio infantil y uniones tempranas del planeta. La primera es África subsahariana, que alberga a 127 millones de novias infantiles).

Sí se han dado avances legislativos: Ecuador y Panamá prohibieron el matrimonio infantil en 2015, mientras que República Dominicana lo hizo en 2021. Asimismo, la Ley 2447 de 2025 en Colombia eliminó las excepciones previas y fijó los 18 años como la edad mínima legal para contraer matrimonio.

Sin embargo, la ley es solo el comienzo. La respuesta institucional contra el matrimonio infantil y las uniones tempranas debe tener la capacidad de llegar a cada rincón donde una niña o adolescente se encuentre en riesgo.

La precariedad económica, el acceso limitado a la educación y la violencia son factores que facilitan que los abusadores entren en contacto con familias con niñas y adolescentes; además de que, en algunas comunidades, el matrimonio todavía se percibe erróneamente como una vía de seguridad o estabilidad.

La respuesta ante esta realidad debe ser: mantener a las niñas y adolescentes en la escuela, brindarles capacitación y oportunidades de subsistencia, vincular a las familias vulnerables con programas estatales con ayuda económica, fortalecer las redes comunitarias de protección e informar a las autoridades cuando una niña o adolescente esté en riesgo.

Este es un problema global. Por eso, impulsé durante mucho tiempo la creación del día internacional contra el matrimonio infantil, propuesta que recibió un firme respaldo durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo de 2026. La Primera Dama de Sierra Leona, Fatima Maada Bio, llevó la petición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) junto a Costa Rica, Cabo Verde y Marruecos, contando con el copatrocinio de 38 naciones.

Y, finalmente, este 4 de septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que estableció el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. Un día internacional evita que el matrimonio infantil y las uniones tempranas queden invisibilizados frente a otras prioridades de la agenda global.

Para quienes hemos dedicado años a combatir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en el terreno, este es un logro extraordinario, que le brinda a los gobiernos una fecha fija anual para evaluar avances, examinar evidencias, identificar vacíos y determinar dónde se requiere intensificar la atención política, los programas institucionales y los recursos.

Una fecha para actuar

Los países necesitan planes de acción nacionales con presupuesto asignado, sistemas de denuncia e intervención más sólidos y campañas masivas de concientización que comiencen con la niñez y alcancen a docentes, personal de salud, líderes comunitarios y líderes religiosos. Las leyes deben aplicarse tanto para prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas como para garantizar consecuencias legales cuando los niños, niñas y adolescentes son explotados.

India ofrece un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando se conjugan la voluntad política, la acción institucional, la aplicación de la ley y la movilización comunitaria.

Just Rights for Children ha colaborado con instituciones gubernamentales, líderes de fe y comunidades para evitar más de 550.000 matrimonios infantiles. En los casos en que no se pudieron evitar, se procesó judicialmente a los padres, participantes y, en algunas ocasiones, a los oficiantes religiosos. Además, algo más de 1,2 millones de niños y niñas fuera del sistema escolar fueron identificados y reincorporados a la educación, y 250 millones de personas firmaron un compromiso contra esta práctica nociva, movilizados por una campaña nacional.

Durante demasiado tiempo, hemos tolerado uniones que solapan a abusadores de niñas y adolescentes, mientras las sobrevivientes viven las consecuencias.

El 27 de noviembre le otorga al mundo una oportunidad periódica para corregir ese error. La fecha está marcada. La tarea ahora es garantizar que un estado de protección y justicia alcance a cada niña y adolescente, en cualquier rincón de Ecuador, Perú o India, en cualquier lugar del planeta.

Si observamos un mapa del mundo, veremos que Groenlandia se presenta con un tamaño similar al del continente africano. Mediante esta representación, podríamos pensar que este mastodonte helado perteneciente a Dinamarca ocupa más de 30 millones de kilómetros cuadrados en los que solamente viven cerca de 56.000 persona.

Sin embargo, esto no es realmente así. La superficie real de Groenlandia es de 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué en la mayoría de los mapas que utilizamos se presenta como similar en tamaño a África?

La clave se encuentra en que la proyección que utilizamos, la de Mercator —cartógrafo flamenco que introdujo el diseño en el año 1569, aunque este fue perfeccionado posteriormente—, aumenta la distorsión cuanto más alejada esté una región del ecuador. Así, Europa, Norteamérica, Groenlandia y Rusia se muestran considerablemente más grandes de lo que son, mientras que África, Sudamérica o la India parecen mucho más pequeñas en comparación con estos lugares.

Así se verá África en mapa que propone Togo

Esto, sin embargo, va a cambiar. La Asamblea General de la ONU ha votado este viernes a favor de la resolución presentada por Togo que insta a abandonar este mapa tradicional y adoptar uno nuevo que refleje con mayor precisión el tamaño real de los países. Con 164 votos a favor, 6 abstenciones y el voto en contra de Estados Unidos, la gran mayoría de países de Naciones Unidos están a favor de esta propuesta. Esto no implica la prohibición de la proyección de Mercator por completo, pero sí se solicitaría a gobiernos, escuelas, organizaciones internacionales y empresas tecnológicas que adoptasen la versión Equal Earth.

“Un mapa nunca es neutral”, ha señalado en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Africana y Togoleses en el Extranjero. “Moldea las percepciones, influye en cómo se entiende el lugar de los pueblos y los continentes en el mundo y, a veces, desde los primeros años de escolarización, puede perpetuar representaciones que no se corresponden con la realidad geográfica”.

La resolución presentada por Togo cuenta, según Dussey, con el respaldo de la Unión Africana, aunque no ha especificado el número total de naciones que apoyan la votación. “África no pide un trato preferencial. África pide que se tengan debidamente en cuenta su realidad, sus aspiraciones y su contribución al sistema internacional”. El ministro de Togo ha añadido que este cambio resulta “fundamental” a medida que África “adquiera mayor relevancia en la solución de los desafíos globales”.

Una campaña reúne firmas para cambiar el mapa

En enero de 2025, se creó en la plataforma Change.org una campaña llamada #CorretTheMap (#CorrigeElMapa) que ha reunido más de 11.000 firmas verificadas. En agosto de ese mismo año, la Unión Africana respaldó la campaña y pidió a Togo que se encargase de liderar la iniciativa en la ONU.

“¿Sabías que el mapa del mundo con el que creciste está equivocado?“, reza la petición. ”Si has visto la proyección de Mercator, probablemente hayas creído que África tiene aproximadamente el mismo tamaño que Groenlandia. Pero nada más lejos de la realidad. En realidad, África es 14 veces más grande. Podrías meter dentro de África a Estados Unidos, China, India, Japón, México y gran parte de Europa, y aún sobraría territorio.

La campaña en Change señala que esta distorsión no es únicamente “un error cartográfico”, sino también “un fallo narrativo”: “En un mundo donde el tamaño suele equipararse con el poder, tergiversar la verdadera dimensión de África refuerza ideas erróneas perjudiciales sobre su importancia geopolítica y económica”.

Esta distorsión ocurre con todos los mapas de alguna u otra manera, pues “es imposible aplanar perfectamente un globo terráqueo tridimensional”. Sin embargo, los impulsores de la campaña señalan que las que se presentan en la proyección de Mercator “son particularmente perjudiciales, pues exageran el tamaño de Europa y América del Norte, a la vez que reducen el de África”.

En este sentido, apuestan por el mapa Equal Earth, que “conserva el tamaño relativo de los continentes, refleja con precisión las proporciones de África y los presenta con formas más parecidas a las que se ven en un globo terráqueo. Esto la convierte en la opción ideal para mapas a pequeña escala, vistas globales y mapas mundiales que priorizan la equidad y la representación”.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) cuestionó que en las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda anunciada por la Secretaría de Gobierno (Segob), no incluya una política para prevenir y erradicar la desaparición. La organización reconoció que el tema de las desapariciones aparece como una prioridad, pero sostuvo que los anuncios no atienden las fallas de la política pública.

Centro Prodh recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU recomendó desde el 2021 la creación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. De acuerdo con la organización, las acciones planteadas por Segob se alejan de esa recomendación.

10 acciones para atender la desaparición de personas en México

La Estrategia Nacional de Búsqueda contempla 10 acciones y fue explicada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado jueves 3 de septiembre; las cuales son:

1. Completar datos de registro: Asegurar que todos los reportes ingresados al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tengan información íntegra, con el apoyo de expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico y jurídico.
2. Apertura de carpetas de investigación: Garantizar que cada caso reportado como desaparición esté respaldado por su respectiva carpeta de investigación.
3. Seguimiento y transparencia de reportes: Informar los progresos de búsqueda utilizando la Plataforma Única de Identidad y los resultados del trabajo territorial de las brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
4. Actualización de alertas inmediatas: Comunicar continuamente los avances generados a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).
5. Búsqueda en vida: Reforzar y extender los esfuerzos de localización en instituciones como hospitales, centros de reclusión y otros espacios públicos y privados.
6. Plan de Identificación Humana: Implementar una estrategia liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de disminuir el rezago forense.
7. Prevención en entornos digitales: Desplegar medidas para evitar el reclutamiento y cooptación de jóvenes que ocurre a través de plataformas digitales.
8. Fortalecimiento de la CNB: Ampliar la capacidad humana, técnica y operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda incorporando personal especializado.
9. Atención a víctimas: Sostener un diálogo permanente, cercano y constante con los colectivos y las familias de las personas desaparecidas.
10. Despliegue territorial: Llevar las acciones de búsqueda directamente a las entidades federativas a través de jornadas de atención a familias y una mayor coordinación local.

Medina Padilla, así como la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, dijeron que la búsqueda de personas desaparecidas ha sido un tema relevante en su agenda y lo seguirá siendo en lo que resta de la administración de la presidenta.

Centro Prodh cuestiona el uso de las carpetas de investigación de personas

Uno de los señalamientos de la organización se dirige a la decisión de usar la Base Nacional de Carpetas de Investigación como un registro central para los casos de desaparición. Centro Prodh advirtió que estos mecanismos podrían excluir los casos que no llegan a las fiscalías.

La organización sostuvo que muchas personas enfrentan obstáculos para presentar denuncias en contextos de criminalidad. Ese escenario, señalan, puede resultar en un subregistro de personas desaparecidas.

Centro Prodh expuso que las fiscalías concentran denuncias que no siempre reflejan la totalidad de los casos, además, señaló que las familias y víctimas de desaparición pueden presentar dificultades como el acceso a la justicia, así como el miedo a acudir ante autoridades ministeriales.

El organismo también cuestionó que se deposite parte de la estrategia de identificación forense en las fiscalías sin una reforma de fondo a esas instituciones. En su mensaje, afirmó que el desempeño de las fiscalías frente a la crisis de desapariciones ha sido documentado por familiares y organizaciones.

“Buscar no debe costar la vida”: agresiones contra buscadores continúan incrementando

Entre los riesgos que no se contemplan en el plan de Segob está la atención a las personas buscadoras, ya que estas continúan siendo violentadas.

Como ejemplo del panorama violento que enfrentan, mencionaron el caso de la buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo, quien sufrió un ataque armado el pasado sábado 29 de agosto en Sinaloa y que desde el 2009 ha trabajado por localizar a su hermano Miguel Ángel Rojo.

“Mientras tanto, las personas buscadoras siguen siendo objeto de agresiones graves (...) Buscar no debe costar la vida”, expresó Centro Prodh.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el ataque contra Rojo y también dirigió un mensaje al gobierno de México, recordándole que “los Estados deben proteger a las personas defensoras, que incluye a quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas”.

Los gobiernos de República Dominicana y Haití acordaron reforzar la cooperación en seguridad fronteriza, migración, comercio e inversión durante una reunión celebrada este jueves 3 de septiembre en el Parque Industrial CODEVI.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor O. Bisonó Haza, y la ministra de Asuntos Extranjeros y Cultos haitiana, Raina Forbin. Ambas delegaciones abordaron los principales asuntos de la agenda bilateral y ratificaron la continuidad del diálogo entre los dos países.

Medidas contra las economías ilícitas en la frontera

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX), los cancilleres analizaron mecanismos para mejorar la gobernanza de la seguridad fronteriza y los asuntos migratorios. También trataron acciones contra las economías ilícitas que operan en la zona limítrofe.

La agenda incluyó la formalización del comercio, la promoción de inversiones y la ampliación de la conectividad aérea. Las partes consideraron estos sectores como áreas vinculadas al desarrollo económico de ambas naciones.

Pedido de respaldo internacional para la Fuerza de Supresión de Bandas

Las autoridades también coincidieron en la necesidad de sostener el respaldo de la comunidad internacional a la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), con especial atención al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las delegaciones acordaron mantener las gestiones para asegurar el despliegue completo de la misión, aprobada por la resolución 2793 del 30 de septiembre de 2025, y renovar su mandato. De acuerdo con el MIREX, el objetivo es apoyar a las autoridades haitianas en la recuperación de la seguridad, el fortalecimiento institucional y la creación de condiciones para una paz sostenible.

Restablecimiento de las operaciones consulares

En la reunión, las partes expresaron su intención de normalizar las operaciones consulares de República Dominicana en Haití cuando las condiciones de seguridad permitan el funcionamiento de cada jurisdicción.

Después del encuentro oficial, los representantes diplomáticos mantuvieron una reunión con empresarios. Allí abordaron la necesidad de impulsar actividades productivas, generar empleo y ampliar los intercambios económicos bilaterales.

La delegación dominicana incluyó a los viceministros Rubén Silíe, Francisco Caraballo y Ramón Pérez Fermín; al embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel; y al embajador asesor Jatzel Román. Por Haití participaron el embajador en República Dominicana, Fritz Emmanuel Longchamp; la directora de Gabinete, Winnie Hugot Gabriel; el director de Asuntos Políticos, Jean-Claude Lappe; el director de Asuntos Dominicanos, Yves Rody Jean; y el jefe del puesto consular haitiano en Dajabón, Ricot Almonord.

Alto índice de migración irregular

En julio, la Dirección General de Migración dio a conocer que un total de 34,226 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular fueron deportados a su nación de origen a lo largo del mes de junio.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo detalló que, al concluir el primer semestre de 2026, la cifra acumulada de extranjeros indocumentados repatriados por las autoridades alcanzó las 196,321 personas. Adicionalmente, la institución señaló que, desde el nombramiento de Luis Rafael Lee Ballester como director el 1 de octubre de 2024, el total de deportaciones gestionadas bajo su administración asciende a 670,500 personas.

La última vez que el presidente Javier Milei reunió a todo el Gabinete para que lo acompañe en el momento de hacer un anuncio por cadena nacional fue en septiembre del 2025, cuando confirmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitió a la Argentina salir definitivamente del cepo. Este jueves, el mandatario hizo lo mismo para brindar un mensaje vinculado al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que permanece bajo un estricto secreto, pero generó expectativa.

De acuerdo con lo que pudo confirmar Infobae, una de las medidas en las que estuvo trabajando en los últimos días el Gobierno tiene que ver con un proyecto de ley que se enviará próximamente al Congreso y que planteará sanciones más duras para las empresas que operen en el archipiélago.

Este fue un tema recurrente en estas semanas, debido a episodios como el del buque petrolero de bandera británica VS Promise, que amarró en el puerto de Ushuaia, algo prohibido en el marco de la disputa con el Reino Unido.

Asimismo, también causó polémica el proyecto Sea Lion, de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes, respectivamente, para explorar la posibilidad de extraer crudo de las islas.

El asunto tuvo especial repercusión debido a la buena relación que hay actualmente entre Argentina y el país de Medio Oriente, que argumenta extra oficialmente que se trata de una compañía privada y de una iniciativa que recién está en la etapa de evaluación.

El Presidente arribó a Buenos Aires poco después de las 15:40, tras su visita relámpago a Santiago de Chile, y desde Aeroparque se dirigió inmediatamente a la Casa Rosada, a donde llegó minutos antes de las 16:00 para grabar la cadena nacional.

No obstante, los preparativos se demoraron más de una hora y las cámaras recién se prendieron a las 17:25 y los funcionarios comenzaron a retirarse pasadas las 19:15. El mensaje dura aproximadamente 20 minutos y se transmitirá a las 21:00, después de un proceso de revisión.

Alrededor del mandatario, en el Salón Blanco de Balcarce 50 se sentaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis “Toto” Caputo (Economía) Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Además, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, representando a la pata legislativa.

Detrás de cámara, observando todo se encontraban el asesor presidencial, Santiago Caputo; el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

En la elaboración de todas las medidas que se anunciarán, además de la Cancillería, también participó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), pero no se convocó para la grabación a su titular, Cristian Auguadra.

La filmación se demoró un poco porque primero, junto a Pettovello, Milei se reunió con el premio Nobel de Economía, James Heckman, y con la rectora de UCEMA, Carola Pessino.

En la previa de la grabación, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que reveló que, en Chile, Milei le agradeció a su par local, José Antonio Kast, en nombre del Gobierno argentino “por el tradicional apoyo” de su país en el reclamo por las Islas Malvinas y “expresó que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Antes de esto, hubo un fuerte hermetismo sobre lo que se iba a comunicar en la cadena nacional, aunque con el correr de las horas trascendieron varias versiones, principalmente vinculadas a medidas en torno al reclamo internacional.

Actualmente, la Argentina lleva adelante su queja contra el Reino Unido por la ocupación en las islas Malvinas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya instó a ambas partes a sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo, todavía sin muchos resultados.

Recientemente, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a este tema y se mostró ambiguo respecto de su posición en el conflicto, pero sí cuestionó a Londres por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán.

“Estuve allí en 1982. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, señaló, durante una entrevista con un medio inglés.

En Argentina, aseguran que estas declaraciones no influyeron en la decisión de Milei de hablar sobre las Malvinas, sino que es algo que ya se venía planificando, aunque la buena relación entre el libertario y el republicano es un factor que influye.

El líder de la Casa Rosada fue uno de los primeros jefes de Estado que aceptó la invitación de Trump a ser un Miembro Fundador del Board of Peace (La Junta de La Paz, en español), el organismo que el presidente norteamericano creó para posicionarse al frente de la resolución de diferentes conflictos globales.

El grupo fue anunciado el 29 de septiembre de 2025, en el marco de la presentación de un plan para solucionar, en primer lugar, la disputa territorial en la Franja de Gaza.

Esta entidad está compuesta también por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de los EEUU en Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el ex ministro de Exteriores búlgaro, Nickolay Mladenov y el ex primer ministro británico Tony Blair.

En una zona con hoteles, restaurantes, transporte público, comercios, oficinas y una alta concentración de visitantes, la trata de personas puede ocultarse entre actividades cotidianas. En la alcaldía Cuauhtémoc, el número de investigaciones abiertas por este delito es mayor en comparación con otras alcaldías, sin embargo, tiene una percepción de inseguridad menor a la de otras demarcaciones de Ciudad de México, como Iztapalapa o Coyoacán.

De acuerdo al estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y Aeroméxico, dio a conocer que la alcaldía Cuauhtémoc concentra 52% de las 765 carpetas de investigación por trata de personas iniciadas entre 2015 y septiembre de 2025 en ocho alcaldías de Ciudad de México analizadas. La demarcación registra una percepción de inseguridad de 53.9%, por debajo de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

El análisis examina la relación entre este delito y las actividades turísticas en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Cuauhtémoc reúne 390 carpetas por trata entre 2015 y septiembre de 2025

La alcaldía Cuauhtémoc acumuló 52% de carpetas de investigación por trata de personas entre 2015 y septiembre de 2025. La cifra equivale a 390 de las 765 indagatorias registradas en las ocho demarcaciones seleccionadas por su actividad turística y concentración de servicios.

El estudio identifica a la demarcación como uno de los puntos donde confluyen alojamiento, comercio, restaurantes, movilidad, actividades nocturnas y llegada constante de visitantes. Estas condiciones no generan por sí mismas el delito, aunque pueden ser aprovechadas por redes que buscan captar, trasladar, alojar o explotar a víctimas.

Cuauhtémoc tiene una población de 545,884 habitantes, equivalente a 5.9% del total de Ciudad de México, de acuerdo con los datos demográficos integrados en el reporte. Las ocho alcaldías analizadas concentran 68% de la población capitalina y mantienen una ligera mayoría de mujeres.

La demarcación también se inserta en una ciudad que recibió 11,993,059 turistas en cuartos de hotel durante 2023. Esa cifra representa 13% del flujo registrado en los 70 centros turísticos considerados en el compendio utilizado para el estudio.

Del total de visitantes que llegaron a cuartos de hotel en Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México durante ese año, 74% correspondió a turismo internacional y 26% a turismo nacional. El estudio identifica turismo urbano, cultural, gastronómico, de negocios, médico, educativo, deportivo y de aventura en la región.

La percepción de inseguridad no sigue el mismo patrón que las carpetas

Cuauhtémoc registra una percepción de inseguridad de 53.9%, de acuerdo con las cifras expuestas durante la presentación del informe. El porcentaje es menor al de otras alcaldías turísticas incluidas en la revisión, aunque concentra el mayor volumen de carpetas por trata de personas.

Iztapalapa y Gustavo A. Madero suelen concentrar mayores percepciones de inseguridad dentro de Ciudad de México, debido a factores asociados con delitos de alto impacto y experiencias cotidianas de la población. Cuauhtémoc, pese a registrar un nivel elevado de percepción, no ocupa el primer lugar bajo ese indicador.

La diferencia obliga a separar dos fenómenos. La percepción de inseguridad se refiere a la sensación de riesgo de la población frente a diversos delitos; las carpetas de investigación reflejan denuncias y procedimientos iniciados por autoridades ante hechos reportados.

El propio estudio advierte que la trata de personas suele permanecer oculta. La cifra negra nacional alcanza 93.2%, lo que deja fuera de una investigación a la mayoría de los posibles casos. Por ello, las carpetas disponibles no muestran por completo la dimensión del delito ni permiten comparar de forma directa la incidencia entre zonas.

La concentración de investigaciones en Cuauhtémoc puede estar relacionada con una mayor presencia de instituciones, servicios especializados, organizaciones civiles, mecanismos de reporte o identificación de señales de alerta. El documento no determina cuál de esos factores explica la concentración de carpetas.

Marina concentra mayor confianza que policías y fiscalías locales

La distancia entre fuerzas federales y autoridades locales se observa en los datos de Ciudad de México. Mientras la Marina registra 41.4% de mucha confianza y 3.6% de mucha desconfianza, el Ministerio Público y las fiscalías estatales alcanzan 4.7% de mucha confianza y 28.5% de mucha desconfianza.

Los jueces registran 7.9% de mucha confianza y 26.7% de mucha desconfianza. La policía ministerial o judicial tiene 9% de mucha confianza, frente a 24.3% de mucha desconfianza. La policía de tránsito alcanza 4.3% de mucha confianza y 24.1% de mucha desconfianza.

La policía estatal presenta 5.1% de mucha confianza y 20.5% de mucha desconfianza. Estas cifras dibujan un escenario en el que las corporaciones encargadas de recibir denuncias, integrar investigaciones y llevar los casos ante tribunales generan menor confianza que instituciones federales como la Marina.

La Fiscalía General de la República ocupa una posición intermedia. El análisis registra 7.9% de mucha confianza, 44.9% de algo de confianza, 28.1% de algo de desconfianza y 19% de mucha desconfianza entre la población consultada.

En Jalisco, donde se ubica Puerto Vallarta, el estudio identifica una tendencia similar. La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional aparecen como las instituciones de seguridad con mayor confianza, mientras la policía de tránsito, los jueces y la policía preventiva municipal concentran los mayores niveles de desconfianza.

El Mundial de Fútbol terminó, pero algunas de las medidas de vigilancia, control del espacio público y actuación policial desplegadas durante el torneo podrían permanecer como herencia en México, advirtieron este miércoles organizaciones civiles al presentar el informe “Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026”.

Un legado de vigilancia en tres sedes

El documento identifica patrones de represión y criminalización de la protesta, restricciones al espacio público, control territorial y fortalecimiento de capacidades de seguridad en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del torneo, organizado junto con Estados Unidos y Canadá.

Según Josefa Gómez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, las organizaciones documentaron estas afectaciones ante el temor de que se normalicen más allá del Mundial: “Nos preocupa que una vez que esas garantías ya se flexibilizaron, ya no haya vuelta atrás”, señaló.

El presupuesto que fue a cámaras y no a búsqueda

Uno de los hallazgos más señalados ocurrió en Jalisco, donde el fortalecimiento de la vigilancia durante el torneo alcanzó incluso el presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con Gina Díaz Martínez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD):

• El anexo presupuestario para búsqueda aumentó 172.68%, aunque lo calificó como una “ilusión presupuestal”.
• Más del 90% de ese crecimiento se concentró en el C5 y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
• Los recursos no fortalecieron la búsqueda en campo, la identificación forense ni la atención a familias.

El presupuesto del C5 pasó de 6.8 millones de pesos en 2025 a 1,345 millones de pesos en 2026, destinados principalmente a videovigilancia y tecnologías de monitoreo.

“Mientras tenemos fosas clandestinas multiplicándose (...) el Estado prefiere gastar en camaritas inteligentes para vigilar las avenidas de tránsito”, cuestionó Díaz, quien recordó que Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas desde 2019.

Protestas bajo vigilancia diferenciada

Entre el 1 y el 30 de junio, las organizaciones verificaron 50 registros de 21 episodios de protesta, 18 de ellos en Ciudad de México. En 40 casos constataron presencia de agentes estatales y patrones diferenciados de contención:

• Encapsulamientos de familias buscadoras que exigían respuestas ante la crisis de más de 134 mil personas desaparecidas.
• Violencia más intensa contra maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).

A esto se sumó, según Gómez, una estrategia de estigmatización discursiva que —sin criminalizar abiertamente la protesta— habría creado condiciones para minimizar la gravedad del uso de la fuerza.

Otras afectaciones documentadas

El informe también registra:

• Hostigamiento a personas en situación de calle en Ciudad de México y Guadalajara.
• Acciones de reordenamiento urbano que afectaron a poblaciones indígenas, colonias populares y familias buscadoras en Monterrey.
• Afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas.
• 11 agresiones contra mujeres periodistas durante el torneo.

Adriana Quiroz, de la Red TDT, cuestionó que no se haya establecido cuándo terminarán estas medidas de seguridad ni cómo serán retiradas, y señaló el uso de policías vestidos de civil. “Especulativamente esto también funciona como un laboratorio, para ver qué tanto pueden lanzarlo (...) y qué tanto nosotros también nos quedamos callados”, advirtió.

Contexto: la crisis de desapariciones sigue sin resolverse

Este informe se conoce en paralelo a otra alerta internacional: colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, encabezados por Amnistía Internacional, pidieron esta semana a la Asamblea General de la ONU crear un “mecanismo extraordinario” ante la crisis de desapariciones en México, que suma más de 135 mil personas no localizadas y 72 mil restos sin identificar.

Ambos episodios —el gasto en vigilancia durante el Mundial y la petición ante la ONU— exponen la misma tensión de fondo: mientras crece la infraestructura de monitoreo y control en el espacio público, colectivos y organismos internacionales insisten en que la respuesta forense y de búsqueda sigue sin estar a la altura de la crisis.

La grabación fue realizada en la Cancillería y muestra un diálogo entre ambos sobre la representación del país ante el organismo multilateral.

“Hoy, aquí en la Cancillería, me encontré con el doctor Mauricio Gaona”, señaló José Manuel Restrepo. Luego indicó que el académico asumió la misión de representar a Colombia ante las Naciones Unidas.

El vicepresidente destacó la trayectoria del nuevo embajador y afirmó que su incorporación busca aportar experiencia a la política exterior. “Es un académico muy reconocido en nuestro país”, sostuvo Restrepo durante el video publicado en sus redes sociales.

Mauricio Gaona se refirió al lugar de Colombia en el Consejo de Seguridad

En la misma grabación, Gaona expresó que recibe la designación con “placer y honor”. También definió su llegada a la representación diplomática como un servicio al país en un período que consideró relevante para la agenda internacional colombiana.

El embajador afirmó que Colombia atraviesa un momento particular por su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Según sus palabras, el país volverá a ocupar la presidencia de ese órgano, una instancia que reúne a Estados con responsabilidades en asuntos vinculados a la paz y la seguridad.

“Servirle a Colombia” fue la expresión que utilizó Gaona para describir su nueva función. En su intervención, vinculó el trabajo diplomático con la presencia del país en los debates que se desarrollan dentro de la ONU.

Restrepo señaló que el nuevo representante contribuirá con “talento” y conocimiento a la posición colombiana en los espacios multilaterales. También anticipó preparativos para la participación del país en la próxima Semana de las Naciones Unidas.

La inteligencia artificial y la computación cuántica estarán en la agenda de la ONU

El vicepresidente mencionó que la representación de Colombia ante la ONU tendrá entre sus asuntos de trabajo las tecnologías de la cuarta revolución industrial. En esa lista ubicó a la inteligencia artificial, la computación cuántica y otras innovaciones que, según planteó, forman parte de las discusiones globales.

La referencia a esos temas apareció como parte de la preparación para la agenda internacional que acompañará la participación colombiana en la organización. Restrepo sostuvo que la delegación buscará intervenir en los debates sobre “los grandes temas de la humanidad”.

Gaona coincidió en que se prevé una programación de actividades con numerosos compromisos. “Va a ser una agenda muy movida, muy dinámica y esperamos contar con, con la participación, naturalmente, del Gobierno y del señor vicepresidente.”, afirmó.

El embajador no detalló en el video cuáles serán las reuniones, los países con los que Colombia prevé mantener encuentros ni las fechas de la participación oficial, pero sí remarcó que la agenda estará vinculada con las tareas del Gobierno en el escenario multilateral.

José Manuel Restrepo planteó una política exterior con mayor presencia internacional

En el tramo final de la publicación, José Manuel Restrepo aseguró que Gaona tendrá un papel en la estrategia de relacionamiento exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella. Lo definió como “un actor muy importante” para una nueva etapa de vínculos multilaterales.

El vicepresidente sostuvo que la designación busca reforzar la presencia de Colombia en los foros internacionales. “Colombia fortalece su voz ante el mundo”, expresó al cierre de la grabación, en la que también vinculó el nombramiento con un mayor protagonismo del país.

El mensaje que acompañó el video celebró la posesión de Gaona y señaló que su experiencia será relevante para representar a Colombia en el Consejo de Seguridad y en la próxima Asamblea General de la ONU. Además, el texto publicado por Restrepo indicó que el Gobierno pretende impulsar una relación multilateral “con mayor liderazgo”, orientada a defender los intereses nacionales y a participar en las conversaciones sobre nuevas tecnologías.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este jueves que el fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses y alcanzará una magnitud muy fuerte, con efectos que podrían extenderse hasta febrero de 2027 y repercusiones climáticas durante buena parte de ese año.

El organismo señaló que existe una probabilidad “extraordinariamente alta, cercana al 100%” de que el actual episodio persista hasta febrero. El Niño eleva la temperatura de la superficie en el Pacífico ecuatorial central y oriental, con efectos sobre los vientos, la presión atmosférica y las lluvias en distintas regiones del mundo.

“El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo”, afirmó la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”, alertó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. “La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando. Las temperaturas de la superficie del mar están aumentando, las temperaturas siguen subiendo y el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo”, agregó.

Los efectos ya llevaron a Panamá y El Salvador a declarar emergencias. En el caso panameño, el fenómeno obligó a reducir el tránsito de embarcaciones por la vía interoceánica. Ecuador, por su parte, decretó la alerta roja ante la intensificación del evento.

El índice de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental pasó de un promedio de 1,5 °C por encima de lo normal entre mayo y julio a valores semanales de entre 2,2 °C y 2,6 °C sobre la media entre fines de julio y mediados de agosto. En algunas áreas, las temperaturas subsuperficiales del océano superaron en más de 8 °C el promedio durante julio y los primeros días de agosto, según el informe de la OMM.

El fenómeno no deriva del cambio climático, aunque los científicos prevén que agrave el calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles y aumente la intensidad de episodios meteorológicos extremos.

Guterres sostuvo que la respuesta dependerá de la velocidad de las medidas de prevención. “La carrera ahora es entre los riesgos crecientes y nuestro compromiso de tomar medidas climáticas y proteger a las personas. Debemos ganar esa carrera”, afirmó.

La directora de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que el episodio puede afectar a comunidades y economías en distintas regiones. “Este El Niño excepcional (...) tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”, indicó.

“Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique”, agregó Saulo, quien pidió a las autoridades y a los sectores de agricultura, salud, energía y agua que preparen respuestas.

El Niño suele alcanzar su máxima intensidad hacia el final de cada año, pero el calor acumulado en los océanos tarda más tiempo en trasladarse a la atmósfera. Por ese motivo, las temperaturas globales pueden mantenerse elevadas durante los 12 meses posteriores.

El fenómeno aparece, por lo general, cada dos a siete años y dura entre nueve y 12 meses. Alterna con La Niña, su fase opuesta, y con períodos de condiciones neutrales.

Para el trimestre entre septiembre y noviembre, la OMM prevé una mayor probabilidad de temperaturas superiores a los valores habituales en casi todas las regiones terrestres. Los episodios intensos de El Niño suelen asociarse con sequías en áreas de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones de los monzones en India y cambios en el régimen de lluvias de la franja tropical.

(Con información de AFP)

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como personas expertas y académicas, enviaron una propuesta a la Asamblea General de la ONU para que se acuerde un procedimiento que le dé seguimiento a la solicitud del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La propuesta buscó que, en la Tercera Comisión, se definiera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y para proporcionar asistencia y protección a las familias que buscaron a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyaron.

El documento se fechó en México el 30 de agosto de 2026 y se presentó como un insumo para el diálogo bilateral con el gobierno mexicano y para la discusión en la Tercera Comisión de la Asamblea General, en el marco del procedimiento iniciado por el CED.

El caso se enlistó en el punto 71 (Promoción y Protección de los Derechos Humanos) y se previó que se analizara en octubre-noviembre de 2026.

El 12 de mayo de 2026, el secretario general de la ONU, António Guterres, envió una nota (A/80/737) a los Estados miembros para informar la decisión del CED sobre la activación del artículo 34 (CED/C/MEX/A.34/D/1).

En esa decisión, el Comité concluyó que existían indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas “se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios ‘ataques’ generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil”.

En los antecedentes, las organizaciones afirmaron que en México hubo más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense.

También sostuvieron que existió una deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana.

El documento sostuvo que las políticas de prevención habían sido insuficientes e ineficaces y que las desapariciones habían ido en aumento en 28 de las 32 entidades federativas.

Señalaron que las desapariciones se cometieron por particulares o grupos criminales, por autoridades estatales, y por grupos criminales con apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado.

Las organizaciones reportaron 99% de impunidad en los casos de desaparición y afirmaron que no existieron mecanismos efectivos para investigarlos.

Añadieron que las fiscalías carecieron de autonomía efectiva y que no se investigó la posible participación o colusión de servidores públicos con los perpetradores.

También indicaron que mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA coincidieron en su diagnóstico sobre la magnitud y gravedad de la situación, así como en la insuficiencia de las acciones adoptadas por el gobierno para frenar la crisis de violencia y desapariciones en el país.

El CED elevó el caso para que la Asamblea General resolviera apoyos y un mecanismo

Las organizaciones recordaron que el 19 de marzo de 2026 el CED resolvió invocar el artículo 34 al considerar que existieron indicios suficientes de que en México las desapariciones se cometieron de manera generalizada y/o sistemática y que, conforme al artículo 5 de la Convención, pudieron constituir crímenes de lesa humanidad (CED/C/MEX/A.34/D/1).

Por ello, el Comité elevó el caso al secretario general de la ONU y pidió que fuera considerado en la próxima sesión de la Asamblea General, con el objeto de que ésta resolviera: brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada que México requiriera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias, así como a las organizaciones y defensores que las apoyaron.

El documento agregó que el 12 de mayo de 2026 el secretario general envió el caso mexicano a todos los Estados miembros mediante la nota A/80/737.

Las organizaciones sostuvieron que el gobierno de México interpretó la resolución del CED como un ataque y que la Cancillería y la Secretaría de Gobernación manifestaron reiteradamente que el gobierno no estuvo de acuerdo con el procedimiento activado por el Comité, al considerar que no se sustentó la presunción de que existía una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada en el territorio nacional.

El documento señaló que la constatación del CED sobre la existencia de indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad activó el Deber de Proteger (D2P) de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Resolución Final de la Cumbre Mundial de 2005 (A/RES/60/1).

Añadió que ese deber debía empezar, en este caso, por los Estados parte de la Convención, al velar por que el artículo 34, “nunca antes invocado”, contara con un procedimiento eficaz para proteger a todas las personas de la desaparición forzada, en este y en futuros casos.

Propusieron un procedimiento en la Tercera Comisión

En el apartado de propuestas, las organizaciones y colectivos consideraron que el procedimiento fue una oportunidad para que México recibiera apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional frente a una problemática cuya magnitud, señalaron, rebasó las capacidades del Estado.

También afirmaron que el proceso no debió verse como un juicio o un ataque a gobierno alguno, sino como una forma de promover un diálogo profundo sobre maneras cooperativas de abordar la proliferación de desapariciones.

El documento planteó que, al ser la primera ocasión en que el CED activó el artículo 34 y al no existir un procedimiento claro para darle seguimiento en la Asamblea General, resultó pertinente que uno o varios Estados adoptaran y promovieran el asunto ante la Tercera Comisión mediante mociones para acordar un procedimiento para la aplicación del artículo 34.

Entre las opciones, propusieron que una comisión o una persona experta independiente designada elaborara una propuesta en seguimiento a la solicitud del CED, en consulta con Estados parte de la Convención —incluido México—, con expertos en la materia, incluyendo al Comité, y con colectivos de víctimas y organizaciones civiles de México. También pidieron que la Tercera Comisión adoptara esa propuesta y asignara recursos suficientes para implementarla de manera urgente.

Las organizaciones plantearon que fue fundamental que Estados “amigos de México” promovieran un diálogo bilateral con el gobierno mexicano y en la propia Tercera Comisión, con una perspectiva positiva y como una oportunidad para México, con el objetivo de que el país adoptara una postura colaborativa, se abriera al diálogo y se sumara a la construcción de un acuerdo.

Finalmente, señalaron que prepararon acciones de incidencia en el marco del siguiente periodo de sesiones de la Asamblea General, entre ellas reuniones con misiones diplomáticas en Nueva York, reuniones con personas expertas independientes de Naciones Unidas, y la organización de espacios de diálogo con familiares de personas desaparecidas en eventos paralelos, además de adhesiones a la propuesta.

El mundo está cada vez más cerca de superar un umbral clave de la crisis climática: un nuevo informe de la ONU alerta que el planeta cruzará pronto los 1,5 °C de calentamiento respecto de la era preindustrial, la meta que los países fijaron en el Acuerdo de París para evitar daños más graves, aunque todavía ve margen para mitigar el impacto si las emisiones se reducen.

La advertencia figura en un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que plantea un mundo más ambientalmente peligroso para personas y ecosistemas, aunque sostiene que todavía es posible disminuir el riesgo si los países aceleran sus políticas climáticas.

El informe de la ONU parte de un dato central: con la trayectoria actual, el planeta ya no logrará mantenerse por debajo de ese umbral en el corto plazo.

Aun así, el organismo considera que limitar cuánto se supera esa marca y durante cuánto tiempo puede hacer una diferencia concreta sobre los daños que enfrentarán comunidades, economías y sistemas naturales.

“Debemos hacer que el exceso sea lo más pequeño y breve posible”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, al presentar el documento.

Según dijo, eso exige “acelerar el abandono de los combustibles fósiles y la revolución de las energías renovables, reducir drásticamente la contaminación por metano y proteger las tierras, los bosques y los océanos”.

“Cada fracción de grado costará vidas”: superar el umbral implica más daños y menos margen de adaptación

La meta de 1,5 °C quedó consagrada en el Acuerdo de París de 2015 como el límite deseable para evitar consecuencias climáticas de mayor escala.

Rebasarlo no significa un colapso inmediato, pero sí un aumento de los riesgos, porque cada décima adicional de calentamiento incrementa la frecuencia y la intensidad de fenómenos extremos.

El PNUMA advierte que, una vez superado ese nivel, se multiplicarán los impactos sobre la salud humana, la producción de alimentos, el acceso al agua y la estabilidad de los ecosistemas.

En términos concretos, eso supone olas de calor más peligrosas, inundaciones más destructivas, incendios forestales más difíciles de contener y un deterioro más marcado de las condiciones de vida en regiones vulnerables.

También crece el riesgo para los pequeños Estados insulares y las ciudades costeras bajas, más expuestos al aumento del nivel del mar.

El informe además menciona la posibilidad de cruzar puntos de inflexión irreversibles, entre ellos la pérdida parcial de capas de hielo en la Antártida occidental y Groenlandia, o la degradación de sectores de la Amazonia.

“Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles”, señaló Guterres.

El informe de la ONU sostiene que todavía se puede volver a bajar la temperatura

Pese al diagnóstico, el documento no plantea que todo esté definido. La hipótesis que analiza el organismo es que el calentamiento supere temporalmente los 1,5 °C, pero que luego pueda volver a ubicarse por debajo de ese nivel hacia finales de siglo. Para eso, el exceso debería ser limitado y corto, acompañado por recortes drásticos de emisiones y medidas de adaptación sostenidas.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, remarcó que “podemos y debemos volver al buen camino”. En esa línea, sostuvo que la respuesta debe combinar mitigación, adaptación y fortalecimiento de la resiliencia, en lugar de tratar cada dimensión como una etapa separada.

Esa combinación aparece en el informe como una estrategia en tres frentes: respuesta inmediata, adaptación y contención, y resiliencia a largo plazo. La idea es actuar al mismo tiempo para frenar el calentamiento, reducir daños inevitables y preparar a las sociedades para convivir con un clima más hostil que el del pasado reciente.

Uno de los autores del informe, el investigador Andy Reisinger, dijo que el documento funciona como “una llamada de atención a gobiernos e industrias”, pero no como una razón para abandonar la meta de 1,5 °C a largo plazo. En su evaluación, adaptarse será cada vez más importante, aunque hay límites para esa respuesta, por lo que reducir emisiones sigue siendo la condición central.

Reducir emisiones sigue siendo la medida decisiva, incluso si hace falta retirar carbono

El documento insiste en que la prioridad sigue siendo una: limitar con urgencia las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso incluye avanzar hacia el cero neto, acelerar la salida de los combustibles fósiles, ampliar el uso de energías renovables y reducir de manera fuerte la contaminación por metano.

Además, el informe contempla la necesidad de retirar dióxido de carbono de la atmósfera para ayudar a revertir la curva de temperatura. Entre las opciones menciona la restauración de ecosistemas y la forestación, junto con tecnologías de captura directa de carbono del aire y su almacenamiento.

Sin embargo, el PNUMA aclara que esas herramientas no sustituyen la reducción de emisiones y que su despliegue requiere marcos de gobernanza sólidos para evitar efectos negativos.

Ese punto también aparece en las repercusiones de especialistas relevadas por Science Media Centre. Richard Betts, profesor de impactos climáticos de la Universidad de Exeter, sostuvo que el mundo debe “trabajar duro para limitar el daño”, aumentar con urgencia la adaptación y la resiliencia para proteger a las poblaciones y ecosistemas más vulnerables, y avanzar hacia emisiones netas cero para que el calentamiento quede lo más cerca posible de 1,5 °C.

En la misma línea, el investigador Raffaele Bernardello, del Barcelona Supercomputing Centre (BSC), señaló que “cada fracción de grado y cada año por encima de 1,5 °C importan” y deben reducirse al mínimo. Según explicó, el informe plantea tres fases conectadas —respuesta inmediata, contención y resiliencia de largo plazo— y remarca que mitigación y adaptación deben pensarse como partes del mismo problema.

El meteorólogo Ernesto Rodríguez, presidente de la Asociación Meteorológica Española, consideró que el escenario sigue siendo “factible y esperanzador” si el sobrepaso no supera unas pocas décimas de grado y dura un período acotado. Aun así, advirtió que volver a bajar la temperatura exigirá no solo reducción urgente de emisiones, sino también métodos a gran escala para remover carbono de la atmósfera.

La ventana para evitar un daño mayor sigue abierta, pero se achica

La advertencia de la ONU llega después de meses marcados por récords de temperatura, incendios, inundaciones y otros desastres que mostraron hasta qué punto el cambio climático dejó de ser una proyección lejana. Lo que está en juego ya no es solo una meta diplomática, sino la capacidad de limitar pérdidas humanas, sociales y ambientales en las próximas décadas.

Las reacciones internacionales al informe agregan una dimensión concreta a ese diagnóstico. Reisinger advirtió que el fracaso en la reducción de emisiones ya se traduce en muertes asociadas al calor, alteraciones en la producción de alimentos, pérdidas de hielo en regiones montañosas y polares y episodios repetidos de blanqueamiento masivo de corales.

Esa acumulación de impactos no se distribuye de manera pareja. El informe y los especialistas coinciden en que los costos recaerán con más fuerza sobre comunidades vulnerables, regiones costeras, pequeños Estados insulares y poblaciones con menor capacidad de adaptación.

El mensaje final del informe es incómodo, pero no resignado. El mundo no llegará a tiempo para evitar del todo el sobrepaso de 1,5 °C, aunque todavía puede decidir cuán alto será ese exceso, cuánto durará y qué parte del daño podrá evitarse.

Francia anticipó el martes que el Consejo de Seguridad de la ONU votará en septiembre la renovación del mandato del panel de expertos que supervisa las sanciones contra Irán, una decisión que puede enfrentar a París con Rusia y China, países que cuestionan el régimen de sanciones y los mecanismos de supervisión.

El mandato del panel, que respalda el trabajo del comité de sanciones de Naciones Unidas contra Irán, expira el 26 de septiembre, durante la reunión anual de líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán figura entre los principales asuntos previstos para la agenda de ese período.

El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont, presentó el martes ante periodistas los planes de la presidencia francesa del Consejo de Seguridad, que París ocupa durante septiembre. En ese marco, señaló que la cuestión nuclear y el incumplimiento de las obligaciones de Irán ante Naciones Unidas ocuparán un lugar central en las discusiones sobre el país.

“El Consejo finalmente tendrá que votar sobre la renovación del mandato del panel de expertos sobre Irán”, declaró Bonnafont.

El diplomático agregó: “Ese tema se volvió a plantear en septiembre de 2025, cuando restablecimos las sanciones contra el país tras el incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones en virtud de su programa nuclear”.

Diplomáticos de Naciones Unidas señalaron que la votación está prevista para el 17 de septiembre. Según esas fuentes citadas por Reuters, la convocatoria de una votación aumenta la posibilidad de que Rusia y China utilicen su poder de veto, ya que ambos países sostienen que el Consejo de Seguridad ya no tiene mandato para abordar la cuestión nuclear iraní.

En una declaración conjunta emitida en marzo, Rusia y China sostuvieron, en referencia al comité de sanciones, que el Consejo de Seguridad “no puede proceder a restablecer el Comité 1737 ni su Grupo de Expertos”.

El comité de sanciones fue creado en 2006 para supervisar las sanciones impuestas contra Irán por su programa nuclear, mediante la resolución 1737 del Consejo de Seguridad. A diferencia del panel de expertos, el comité no cuenta con un mandato de duración determinada.

Las misiones de Rusia y China ante Naciones Unidas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los planes para la votación.

El antecedente más reciente de un veto ruso a la renovación de un mecanismo de supervisión de sanciones se produjo en 2024, cuando Moscú bloqueó la extensión anual del mandato de un panel de expertos encargado de supervisar el cumplimiento de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte por sus programas nuclear y de misiles balísticos.

La disputa sobre Irán se relaciona con la decisión adoptada el año pasado por Reino Unido, Francia y Alemania de activar un mecanismo de “restablecimiento” de Naciones Unidas. La medida permitió reimponer las sanciones que habían sido levantadas bajo el acuerdo nuclear con Irán de 2015, respaldado por la ONU, después de que los tres países concluyeran que Teherán no cumplía con sus compromisos del pacto destinado a impedir el desarrollo de un arma nuclear.

Irán niega que busque desarrollar armas nucleares, mientras que su programa de enriquecimiento de uranio mantiene la preocupación de Estados Unidos y sus aliados sobre la posibilidad de que Teherán conserve la capacidad de producirlas en el futuro. El uranio enriquecido puede utilizarse tanto para generar energía en centrales eléctricas como para fabricar el núcleo de un arma nuclear.

(Con información de REUTERS)

El sector turístico es uno de los principales focos rojos para la trata de personas. En México, los principales destinos turísticos del país, una reservación, un traslado aéreo, el registro en un hotel o la presencia de una persona menor de edad con un adulto pueden ser momentos para advertir una posible red de trata. El problema aparece cuando quienes observan esas señales no cuentan con capacitación, protocolos internos ni canales seguros para reportarlas.

México identificó 9 mil 18 víctimas de trata de personas entre 2015 y 2025, un delito que encuentra espacios de riesgo en la industria turística y que mantiene una cifra negra de 93.2%, de acuerdo con el estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y Aeroméxico, el cual muestra un panorama actual y detallado sobre los riesgos que presenta la trata de personas en el sector turístico y las medidas para atenderlo.

México es identificado como país de origen, tránsito y destino de víctimas. Las redes pueden aprovechar las rutas de movilidad, la oferta de empleo, la informalidad laboral y los servicios de hospedaje o transporte para captar, trasladar y explotar a personas.

El documento revisa la relación entre el delito y el turismo en Benito Juárez, Quintana Roo, donde se ubica Cancún; Puerto Vallarta, Jalisco; y ocho alcaldías de Ciudad de México: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

El turismo concentra puntos donde una alerta puede frenar la explotación

Hoteles, restaurantes, aeropuertos, terminales de autobuses, centros nocturnos, marinas y alojamientos ofrecidos en plataformas digitales forman parte de los espacios donde pueden presentarse casos de trata de personas. El estudio plantea que estas actividades pueden ser utilizadas por redes de explotación y convertirse en un vehículo para esta actividad delictiva.

Las fases de captación, traslado y recepción dejan rastros en distintos servicios turísticos. Una falsa vacante publicada en redes sociales puede derivar en el traslado de una persona hacia un destino donde enfrenta deudas por boleto, hospedaje o alimentación, bajo amenazas y condiciones de explotación.

“Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Es un delito que no distingue edad, ni nivel educativo, ni nivel socioeconómico, ni género, ni sexo. De las personas victimarias, lo mismo. Encontramos nacionalidades tanto mexicanas como extranjeras de treinta a cincuenta años, con un traslado aéreo, con traslado terrestre a través de amenazas y engaños”, destacó Nayeli Sánchez, titular del UNODC México, durante su participación en la presentación del programa.

El estudio documentó que en casos de explotación sexual en hoteles, centros nocturnos y embarcaciones, las víctimas son mexicanas y extranjeras de entre 18 y 40 años, mientras las formas de traslado incluyen rutas aéreas y terrestres sostenidas por engaños, amenazas o control de movilidad.

También se evidenció la explotación laboral de personas migrantes en condición irregular. En esos casos, las víctimas suelen tener entre 25 y 45 años y pueden permanecer en hoteles de bajo costo, negocios turísticos o marinas después de que les retienen el pasaporte o les imponen una deuda.

En actividades vinculadas con restaurantes y comercio informal, el análisis detectó riesgos de mendicidad forzada y explotación de niñas, niños y adolescentes. Algunas de las víctimas tienen entre 8 y 10 años y solo hablan lenguas indígenas.

Más del 40% del personal no recibe capacitación especializada

Otro de los principales hallazgos del estudio, fue que el 84% del personal del sector turístico que fue consultado afirmó tener conocimientos sobre trata de personas, sin embargo, más del 40% nunca recibió capacitación específica para reconocer indicadores, actuar sin poner en riesgo a una posible víctima o activar un reporte.

La falta de preparación también se refleja en los protocolos empresariales. El 72.3% de los hoteles cuenta con algún procedimiento general de seguridad, pero solo 43% dispone de un protocolo dirigido a la trata de personas. En el sector transporte, la proporción baja a 26%.

El 21.3% del personal de hospitalidad señaló haber identificado conductas sospechosas en su entorno laboral. El estudio plantea que la observación de una señal no confirma por sí misma el delito, aunque sí justifica una alerta interna para evitar que la persona trabajadora confronte a los posibles responsables.

Nayeli Sánchez sostuvo que una señal aislada no confirma por sí sola la comisión de un delito, pero sí amerita un reporte. Por ello, la propuesta del estudio busca que el personal active canales internos y coordine la intervención con autoridades cuando identifique señales de posible trata sin poner en riesgo a la víctima o sí mismos.

Karen Farías, directora de sostenibilidad ESG en Grupo Aeroméxico, señaló a Infobae México que el futuro de la prevención depende de la colaboración entre empresas, autoridades y organizaciones civiles. La ejecutiva refirió que el reto consiste en reducir la brecha de capacitación y ampliar el conocimiento sobre los mecanismos disponibles para actuar.

La cifra negra de 93.2% muestra que la mayoría de los posibles casos de trata no llega a investigarse. El informe relaciona esta brecha con el temor a denunciar, la falta de respaldo institucional, el desconocimiento de los procedimientos y la ausencia de mecanismos de protección para quienes reportan, así lo resaltó Nayeli Sánchez.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció los aportes de las comunidades afrodescendientes al desarrollo de Honduras, pero advirtió que los pueblos garífuna y negro de habla inglesa continúan enfrentando racismo, discriminación estructural y dificultades para ejercer plenamente sus derechos.

En un pronunciamiento reciente, la Oficina destacó la participación de estas comunidades en ámbitos como la educación, la salud y la ciencia, además de la cultura, la economía, la protección ambiental y la defensa de los derechos humanos. Para Naciones Unidas, su participación también es clave para reducir la pobreza, enfrentar las desigualdades y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Y es que las desigualdades se reflejan en el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, el empleo, la vivienda, la justicia y la participación en la vida pública.

Durante el examen periódico de Honduras realizado en 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señaló que la ausencia de datos adecuados dificulta identificar las brechas y diseñar respuestas específicas.

Recomendaciones al estado

El Comité recomendó al Estado recopilar información socioeconómica desagregada y basada en la autoidentificación, con la participación de los propios pueblos afrodescendientes. La finalidad es contar con datos desagregados que permitan orientar políticas públicas hacia las comunidades que enfrentan mayores niveles de exclusión.

La situación de los territorios constituye otro de los principales puntos de preocupación. La OACNUDH señaló dificultades para que los pueblos garífuna y negro de habla inglesa puedan ejercer de manera efectiva sus derechos colectivos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.

Entre los problemas identificados se encuentran la falta de reconocimiento, titulación, demarcación, saneamiento y protección efectiva de los territorios. Estas condiciones pueden afectar los medios de vida de las comunidades y poner en riesgo elementos vinculados con su identidad cultural, conocimientos tradicionales y formas de organización.

El organismo también subrayó la importancia de garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectar sus territorios y sus formas de vida.

Uno de los principales obstáculos identificados es la falta de información suficiente sobre las condiciones socioeconómicas de las poblaciones afrodescendientes.

Preocupación por discursos de odio

Naciones Unidas también alertó sobre la presencia de discursos de odio, estereotipos racistas y campañas de estigmatización contra personas afrodescendientes, incluidas expresiones difundidas a través de plataformas digitales.

Según la OACNUDH, este tipo de mensajes puede profundizar la exclusión social y contribuir a escenarios de violencia o criminalización de determinados grupos.

En ese contexto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que el racismo afecta al conjunto de la sociedad porque limita oportunidades y deteriora la convivencia.

Ante este panorama, la OACNUDH pidió al Estado hondureño fortalecer las políticas contra el racismo y garantizar la participación plena y efectiva de las personas afrodescendientes en la vida pública.

El llamado de Naciones Unidas pone de relieve que el reconocimiento de los aportes de los pueblos afrodescendientes debe estar acompañado de acciones concretas para reducir las desigualdades que aún persisten.

Para Honduras, el desafío pasa por fortalecer las políticas contra la discriminación, proteger los territorios y garantizar una participación efectiva de estas comunidades en las decisiones públicas, especialmente de mujeres y jóvenes.

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba informó este lunes que las dificultades para trasladar insumos humanitarios por vía marítima obligaron a recurrir al transporte aéreo. La alternativa elevó los costos y retrasó la llegada de recursos destinados a la población.

Según reportó EFE, la organización señaló en sus redes sociales que los obstáculos en las operaciones marítimas provocaron gastos adicionales, mayores exigencias logísticas y demoras en la distribución de los productos entre las personas beneficiarias.

Pese a esas limitaciones, el organismo confirmó la llegada a la isla de 213,000 frascos de suplementos prenatales, que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) adquirió con apoyo del Gobierno de Corea del Sur. La carga permitirá asistir a unas 30,430 mujeres embarazadas y en período de lactancia.

“Que nada detenga el trabajo humanitario”, expresó el Sistema de Naciones Unidas en Cuba al informar sobre la recepción de los suplementos, cuya distribución busca cubrir parte de las necesidades nutricionales de las mujeres durante el embarazo y la lactancia.

La semana pasada, Unicef Cuba había comunicado que no pudo concretar el envío de los frascos por barco. La agencia optó entonces por un traslado aéreo entre Ciudad de Panamá y La Habana, con recursos propios para afrontar el incremento de los gastos.

La entidad sostuvo que la urgencia de garantizar tratamientos completos para las embarazadas justificó el cambio de ruta. De acuerdo con EFE, el objetivo consiste en que las beneficiarias puedan recibir los suplementos durante todo el embarazo y también en la etapa de lactancia materna.

La crisis y las sanciones que agravan la logística

La llegada de la ayuda ocurre en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, donde persisten problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros productos básicos. Las autoridades cubanas atribuyen parte de esas dificultades al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y a las restricciones financieras y comerciales que afectan sus operaciones internacionales.

El texto difundido por Naciones Unidas no identificó las causas específicas que impidieron el transporte marítimo de esta carga. No obstante, la situación se conoce después de que varias compañías navieras redujeran o suspendieran operaciones vinculadas con la isla ante el riesgo de sanciones estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que, según el Gobierno cubano, contempla medidas contra personas y empresas que trabajen o hayan trabajado con las autoridades de La Habana, así como contra quienes les hayan brindado apoyo financiero, material o tecnológico.

Tras esa decisión, las navieras CMA CGM, de Francia, y Hapag-Lloyd, de Alemania, dejaron de aceptar nuevos pedidos relacionados con Cuba, según información difundida por autoridades de la isla. La medida afectó el movimiento de mercancías hacia el país caribeño.

Contenedores retenidos y envíos bloqueados

A finales de julio, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, denunció que más de 7,000 contenedores permanecían retenidos en puertos del Caribe. Entre los cargamentos había alimentos, recursos para los sectores energético e hidráulico y medicamentos.

La empresa estatal Medicuba también reportó la inmovilización de dos contenedores con un fármaco para tratar la epilepsia en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. Según la compañía, Hapag-Lloyd rechazó liberar el cargamento por considerar que debía cumplir las disposiciones del bloqueo estadounidense.

El caso de los suplementos prenatales expone las dificultades que enfrentan agencias internacionales y empresas proveedoras para trasladar recursos a Cuba, incluso cuando los envíos tienen fines humanitarios. Para Unicef, la prioridad fue evitar que la falta de una ruta marítima demorara aún más la entrega de un producto destinado a embarazadas y madres lactantes.

Las comunidades afrodescendientes de Casaya, Casayeta y Bolaño, en el archipiélago panameño de Las Perlas, reclaman el retorno de las familias que dejaron las islas ante la pérdida de territorio, el cierre de la escuela y la falta de servicios básicos como agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La situación ha fragmentado familias y redujo la presencia de habitantes en las islas, ubicadas en el municipio de Balboa, en el golfo de Panamá. Para quienes permanecen allí o debieron trasladarse a Ciudad de Panamá, el conflicto no se limita a la disputa por la propiedad: afecta la continuidad de la vida comunitaria, el acceso a la educación y la posibilidad de que niños y jóvenes crezcan en el lugar de origen de sus familias, de acuerdo a datos de la ONU.

“Es muy difícil haber crecido con tus primos, con tus hermanos, corriendo, saltando, brincando, nadando, visitando todo el archipiélago, poder pasar el verano y parte del año en este paraíso, y que de repente todo se desvanezca”, relató Nairobi Centeno, cuya familia proviene de Casayeta.

La población de estas islas desciende de personas africanas esclavizadas que fueron llevadas al archipiélago durante la colonia española para trabajar en la extracción de perlas. Con el paso de los años, las familias consolidaron comunidades dedicadas a la pesca, la agricultura y la artesanía.

Los habitantes sostienen que sus derechos sobre las tierras ancestrales fueron desconocidos pese a resoluciones y documentos que, según afirman, respaldan su posesión. Armando Pinto, vicepresidente del Comité Pro Rescate de las islas Casaya, Casayeta y Bolaño, denunció que autoridades locales vendieron parcelas a terceros y redujeron de forma progresiva el espacio disponible para la comunidad.

“Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos ancestrales y en los derechos que todo pueblo y todo ser humano tiene aquí en la tierra”, afirmó Pinto.

El Movimiento Afropanameño informó en 2025 al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas que persiste la inseguridad jurídica sobre los territorios de Casaya, Casayeta y Bolaño. En su presentación, señaló que la entrega irregular de títulos a terceros provocó el cierre de la escuela, la falta de servicios básicos y la ausencia de un centro de salud, pese a la existencia de una sentencia firme y pronunciamientos de instituciones estatales que, según la organización, ordenan o respaldan la devolución de los terrenos a sus moradores.

Maritza Cajar, habitante de Casayeta de 66 años, resumió la situación con una frase: “La gente de plata nos quiere quitar la tierra y eso lo estamos peleando”.

El cierre de la escuela acentuó la salida de familias. Edward Sosa, residente de la isla desde su nacimiento, explicó que la ausencia de clases alteró la vida cotidiana de la comunidad. “Perder la escuela ha sido un golpe muy duro porque la comunidad se va convirtiendo en una comunidad vacía, sin niños. La comunidad no es igual”, dijo.

Jeffrey Pinto, un joven originario de Casayeta que hoy vive desplazado, recordó que la isla contó con electricidad y agua potable. Milagros Pérez, de 22 años y también desplazada, cuestionó el cierre de la escuela cuando aún había niños que requerían educación.

El apoyo local e internacional

La denuncia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024, con apoyo de la Defensoría del Pueblo de Panamá y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La comunidad denunció apropiación irregular de territorios, despojo y exclusión.

Andrés Sánchez Thorin, representante de ONU Derechos Humanos en América Central, señaló que la oficina acompañó a los habitantes en coordinación con la Defensoría del Pueblo. Explicó que ese trabajo incluyó monitoreo de la situación, fortalecimiento de capacidades y herramientas para utilizar mecanismos nacionales e internacionales de protección.

Según Sánchez Thorin, la Defensoría emitió resoluciones que documentaron presuntas violaciones de derechos humanos, mientras distintas instituciones estatales abrieron expedientes sobre el caso. También mencionó avances en la reversión de tierras.

Carolyn Rodrigues-Birkett, embajadora de Guyana ante las Naciones Unidas, se convirtió en una de las favoritas para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU tras imponerse en la segunda votación indicativa del Consejo de Seguridad, celebrada el 21 de agosto. La diplomática, que en 2013 rindió homenaje al Fidel Castro como líder de la dictadura cubana y que en su reciente paso por el Consejo de Seguridad acusó reiteradamente a Israel de cometer genocidio en Gaza, obtuvo ocho votos de “apoyo”, tres de “no apoyo” y cuatro “sin opinión”, y desplazó del primer lugar a la costarricense Rebeca Grynspan, que había liderado la consulta inicial de julio.

De confirmarse su elección, Rodrigues-Birkett, de 52 años, se convertiría en la primera mujer y la primera persona de origen indígena en dirigir el organismo desde su fundación en 1945. Su candidatura cuenta con el respaldo formal de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y compite con otros siete aspirantes, entre ellos el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, y la propia Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Su trayectoria combina la docencia con más de dos décadas de servicio público. Fue maestra de escuela primaria antes de asumir como ministra de Asuntos Amerindios de Guyana entre 2001 y 2008, y como canciller —ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación Internacional— entre 2008 y 2015. Dirigió posteriormente la oficina de enlace en Ginebra de la FAO y ocupa la embajada de su país ante la ONU desde 2020, cargo desde el que integró el Consejo de Seguridad en el bienio 2024–2025.

Ese asiento en el Consejo, poco habitual para un país de menos de un millón de habitantes, la situó en el centro de los debates más divisivos de la política exterior contemporánea, en particular la guerra en Gaza. Su gestión allí, sumada a antecedentes de política exterior guyanesa que datan de la Guerra Fría, es también la que expone el flanco más señalado de su candidatura.

En enero de 2013, cuando ejercía como canciller, Rodrigues-Birkett presentó ante la Asamblea Nacional de Guyana una moción para conmemorar los 40 años de relaciones diplomáticas entre su país y la dictadura cubana. En el texto, aprobado por unanimidad, rindió homenaje “a Comandante Fidel no solo por lo que ha hecho por Guyana, sino también para la humanidad en general” y deseó “larga vida y buena salud” tanto a Fidel como a Raúl Castro. La moción también reclamó el fin del embargo estadounidense contra la isla.

Como representante de Guyana en el Consejo de Seguridad, sus intervenciones sobre Israel fueron sistemáticamente críticas. En abril de 2024, durante un debate sobre Medio Oriente, sostuvo que “no se puede limitar la crisis actual al 7 de octubre” y que la ocupación de los territorios y el desplazamiento de la población palestina desde 1948 constituyen “la causa real del conflicto actual”, según el acta oficial de la sesión.

En agosto de 2024 pidió al Consejo actuar “en el contexto de su propia responsabilidad de proteger a civiles inocentes del genocidio”, de acuerdo con el resumen de esa sesión publicado por Security Council Report, organización independiente que monitorea la labor del órgano. En intervenciones posteriores calificó de “atrocidades masivas” la conducta del Ejército israelí en Gaza y describió los ataques contra infraestructura civil como parte de un “patrón” que llamó “masacre sin sentido del pueblo palestino”.

Ese historial no es un dato menor en una carrera donde el resultado depende, en última instancia, de evitar el veto de los cinco miembros permanentes del Consejo. Estados Unidos, aliado clave de Israel y con derecho de veto, no ha revelado su posición sobre la candidata guyanesa, pero sus declaraciones sobre Gaza contrastan con el perfil más técnico de Grossi o el tono moderado de Grynspan.

La votación del 21 de agosto es apenas indicativa: el proceso de selección puede prolongarse durante semanas o meses antes de que el Consejo eleve una recomendación a la Asamblea General. Mientras tanto, Rodrigues-Birkett continúa una gira diplomática —incluyó un encuentro con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis— centrada en un discurso de reforma institucional y fortalecimiento del multilateralismo. Si ese mensaje logra imponerse sobre el escrutinio de sus posiciones previas dependerá, sobre todo, de la disposición de Washington a tolerar en el cargo más visible de la diplomacia mundial a una candidata que critica abiertamente a su principal aliado en Medio Oriente.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, pidieron el pasado martes a los Estados que inicien negociaciones para adoptar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre armas autónomas. Ambos señalaron la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), prevista para noviembre en Ginebra, como la oportunidad para dar ese paso.

“Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos”, advirtieron Guterres y Spoljaric en una declaración conjunta difundida desde Ginebra.

El llamamiento llega tres años después de que ambos formularan un primer pedido conjunto, en 2023, para que los países prohibieran estos sistemas antes de 2026. Ese plazo, fijado entonces por el propio Guterres, vence este año sin que exista todavía ningún tratado específico. Desde entonces, sostienen, la distancia entre el ritmo de la innovación militar y la capacidad de los Estados para regularla se ha ampliado.

Por sistemas de armas autónomas se entienden aquellos capaces de seleccionar y atacar objetivos mediante inteligencia artificial, sin que un operador humano intervenga en la decisión final de disparar. La ONU y el CICR distinguen estos sistemas de los drones teledirigidos, en los que una persona conserva el control sobre cada ataque.

El primer caso documentado de un ataque de este tipo se remonta a marzo de 2020, cuando un panel de expertos de la ONU concluyó que drones turcos Kargu-2 habían “perseguido y atacado remotamente” a combatientes en retirada en Libia, sin conexión entre operador y munición. El fabricante, la empresa STM, ha señalado que esa capacidad de ataque autónomo nunca fue demostrada públicamente por la compañía.

Seis años después, la guerra en Ucrania ha convertido la autonomía en el campo de batalla en una práctica habitual antes que en una excepción. Investigadores ucranianos atribuyeron a un dron ruso la muerte de tres civiles en Zaporizhzhia a finales de agosto, lo que consideran el primer caso documentado de víctimas civiles causadas por un sistema que seleccionó su objetivo final mediante visión artificial y sin intervención de un operador. Ucrania, por su parte, emplea ya más de setenta sistemas basados en inteligencia artificial desarrollados por cerca de 200 empresas del país, según su Ministerio de Defensa.

La coalición Stop Killer Robots, coalición internacional contra las armas autónomas, que agrupa a 270 organizaciones no gubernamentales de más de 70 países, reclama desde hace más de una década una prohibición específica para los sistemas que operan sin control humano significativo. Human Rights Watch, uno de sus miembros fundadores, ha documentado que el abaratamiento de la producción está facilitando la integración de estas tecnologías en arsenales ya existentes.

Estados Unidos, que junto con Rusia ha frenado en los últimos años los intentos de negociar restricciones vinculantes en el seno de la CCAC, sostiene que el derecho internacional humanitario vigente ya ofrece garantías suficientes para regular el uso de la fuerza, incluido el empleo de sistemas autónomos. Washington ha defendido en foros previos un enfoque gradual, basado en principios de conducta responsable antes que en prohibiciones categóricas, una cautela que responde en parte a su interés por no limitar su propia inversión en inteligencia artificial militar mientras Rusia y China avanzan en programas similares.

Las decisiones en la CCAC se adoptan por consenso, un mecanismo que permite a cualquier Estado parte bloquear un acuerdo respaldado por la mayoría. El número de países dispuestos a negociar un instrumento vinculante creció de 42 en septiembre de 2025 a 70 en marzo de 2026, según los últimos registros del Grupo de Expertos Gubernamentales que discute el asunto desde 2017, aunque esa cifra no incluye todavía a las principales potencias con programas activos de armamento autónomo. Ese grupo de expertos ya adoptó en 2018 y 2019 once principios rectores no vinculantes sobre la materia, que reafirman la vigencia del derecho internacional humanitario, pero que Guterres y Spoljaric consideran insuficientes frente al ritmo de despliegue actual.

Ambos insisten en que la falta de un marco específico no solo afecta a la decisión de disparar, sino también a la posibilidad de exigir responsabilidades después de un ataque. Sin normas que fijen qué grado de supervisión humana es exigible, advierten, resulta cada vez más difícil determinar si un error de selección de objetivo corresponde al fabricante del sistema, al mando militar que lo desplegó o al algoritmo mismo, un vacío que, sostienen, erosiona las protecciones que el derecho internacional humanitario debe garantizar a la población civil.

La cita de noviembre en Ginebra reunirá a 180 países en un momento en que la autonomía en el combate ya no depende de que la tecnología esté lista, sino de que los Estados con mayor capacidad militar acepten limitarla.

Cuatro décadas después de los hechos vinculados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, la incertidumbre continúa marcando la vida de numerosas familias hondureñas. No existe todavía una respuesta definitiva para todos los casos ni un mecanismo estatal único que permita conocer con precisión cuántas personas fueron víctimas de desaparición forzada y cuál fue su destino.

La experta del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas, Carmen Rosa Villa, advirtió, durante un foro realizado por el 20 aniversario de la adopción por Honduras de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que el país aún carece de respuestas definitivas, un registro único de víctimas y una ley de búsqueda pendiente de aprobación.

Villa puso especial énfasis en un factor que, con el paso de los años, se vuelve irreversible: la pérdida de quienes todavía pueden aportar información sobre los hechos.

“Cada año que pasa, algunas de las personas sobrevivientes mueren sin haber recibido nada, ni verdad, ni reparación y sin ninguna explicación”, señaló la experta, al advertir sobre la urgencia de atender las demandas de las familias que continúan esperando respuestas.

Para Villa, una desaparición forzada no puede darse por concluida mientras no se esclarezca el paradero de la persona. La obligación del Estado, por tanto, no desaparece con el transcurso de los años ni puede considerarse satisfecha simplemente porque haya pasado el tiempo.

El llamado al estado hondureño

En ese escenario, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas aparece como uno de los principales pendientes para Honduras.

La propuesta busca establecer un mecanismo permanente para localizar a las personas desaparecidas, esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, identificar restos, reconocer a las víctimas y sus familiares, garantizar reparación y establecer medidas de no repetición.

La experta de Naciones Unidas aclaró que esta legislación no debe verse como una exigencia nueva impuesta desde el exterior. Honduras ya reconoció compromisos internacionales relacionados con la desaparición forzada y, según Villa, lo que corresponde ahora es convertir esos compromisos en medidas concretas dentro del país.

“Lo que se pide no es que el Estado asuma algo nuevo, sino que complete lo que ya había declarado parte de su agenda”, afirmó.

Uno de los principales obstáculos es la falta de un registro único que permita dimensionar el fenómeno. Villa planteó la necesidad de crear una base de datos de personas desaparecidas forzadamente, incluidos hondureños cuyos casos estén relacionados con hechos ocurridos en el país aunque sus familiares residan actualmente en el exterior.

Familiares a la espera

Contar con esa información permitiría establecer cuántos casos existen, identificar patrones, orientar las investigaciones y diseñar una política pública específica.

La ausencia de una figura penal propia también representa un problema. Villa consideró necesario que Honduras tipifique la desaparición forzada como un delito autónomo dentro del marco de los crímenes de lesa humanidad, en lugar de que los casos puedan terminar siendo abordados únicamente como homicidios o secuestros.

Durante su visita a Honduras, Carmen Rosa Villa dejó planteado un mensaje que trasciende las recomendaciones internacionales: el país todavía tiene una oportunidad de responder a las familias que durante décadas han esperado conocer el destino de sus seres queridos.

La región de Centroamérica atraviesa un momento crítico en materia de consumo de drogas, según el más reciente Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El documento identifica que la cocaína se ha consolidado como el principal estimulante consumido en Centroamérica, desplazando a otros como las metanfetaminas y los nuevos psicoactivos. Esta tendencia, marcada por una oferta creciente y una expansión del mercado interno, plantea desafíos inéditos para los sistemas de salud, la seguridad y las políticas públicas de la región.

De acuerdo con el reporte de la UNODC, la producción mundial de cocaína alcanzó en 2024 un récord histórico con aproximadamente 4,100 toneladas, cifra que representa más de cuatro veces el volumen registrado una década atrás.

Este auge productivo, impulsado principalmente por países de Sudamérica, ha repercutido de manera directa en Centroamérica, tanto por su papel como ruta de tránsito hacia Estados Unidos y Europa, como por el crecimiento sostenido de su propio mercado local.

El informe, citado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, resalta que “el consumo de cocaína ha ganado un espacio cada vez más relevante en Centroamérica, donde ocupa el lugar de principal estimulante entre los usuarios de drogas”. Entre 2020 y 2024, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá reportaron que la cocaína es la sustancia estimulante más disponible y consumida en sus respectivos territorios.

La posición geográfica estratégica de Centroamérica ha convertido a la región en un corredor clave para el tráfico de drogas, asegurando abundante disponibilidad local de cocaína. Las organizaciones criminales han diversificado sus operaciones, incrementando el volumen que permanece en la región para satisfacer un mercado doméstico en expansión. La UNODC detalla que, a la par de su función como zona de paso, la región enfrenta una presión creciente por el consumo interno.

Un dato relevante destacado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es el aumento de las incautaciones de cocaína por parte de las autoridades centroamericanas. Estas acciones han ido acompañadas de una disminución de los precios mayoristas, lo que sugiere un crecimiento notable de la oferta y mayor accesibilidad para los consumidores locales. Además, se registra un incremento en las consultas y solicitudes de tratamiento vinculadas al uso de cocaína y sus derivados, como el “crack”, especialmente en poblaciones más vulnerables.

El análisis de la UNODC muestra que el consumo de cocaína en polvo predomina entre adultos jóvenes con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, el uso de “crack” se ha extendido entre jóvenes y personas en situación de exclusión social, lo que agrava los riesgos sanitarios y sociales. El informe también advierte sobre la proliferación de mezclas peligrosas, donde la cocaína se consume junto a cannabis, alcohol o fármacos, aumentando las complicaciones de salud asociadas

El reporte señala que la expansión del uso de cocaína guarda relación con cambios en los patrones de socialización y la integración de la droga en contextos tan diversos como el ocio nocturno, ámbitos laborales y actividades cotidianas. Esta normalización en ciertos segmentos de usuarios dificulta la eficacia de las políticas preventivas y representa un reto para los sistemas de salud pública.

A diferencia de lo que ocurre en Norteamérica, donde los estimulantes sintéticos, principalmente las metanfetaminas, presentan tasas de consumo ascendentes, en Centroamérica la cocaína mantiene el liderazgo como principal estimulante. La UNODC sostiene que las metanfetaminas solo se consideran una preocupación emergente en algunos países del istmo, lejos del protagonismo que exhiben en Asia o Estados Unidos. Los llamados nuevos psicoactivos, por su parte, presentan una circulación y consumo limitados en la región.

El predominio de la cocaína como droga estimulante genera retos significativos para la salud pública. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los sistemas de atención presentan serias limitaciones para ofrecer tratamiento y rehabilitación efectivos, agravadas por el estigma y la baja cobertura de servicios especializados. “La relación entre el consumo de drogas, la violencia y la criminalidad es especialmente marcada en la región centroamericana, donde la cocaína es a la vez fuente de rentas ilícitas y factor de vulnerabilidad social”, señala el informe.

La UNODC urge a los gobiernos de Centroamérica a fortalecer la prevención, ampliar el acceso a tratamiento y consolidar la cooperación regional frente al fenómeno de la cocaína. El documento advierte que el desafío es multidimensional y exige respuestas integrales e innovadoras que prioricen la salud y la seguridad de las comunidades.

El gobierno de México presentó su Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad, una estrategia que busca ampliar la participación de mujeres en las Operaciones de Paz de la ONU y en la gestión integral del riesgo de desastres rumbo al 2030.

El Plan, elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, establece objetivos concretos para asegurar la presencia femenina en escenarios de prevención de conflictos y construcción de paz.

En un comunicado, la secretaría de las Mujeres informó que en esta ocasión se incluyó al plan la Red Nacional de Tejedoras de la Patria como eje de participación, sumando más de 186 mil voluntarias, de las cuales el 20% son jóvenes menores de 30 años.

De acuerdo con la dependencia, el Plan contempla que estas redes comunitarias se creen en al menos el 10% de los municipios del estado de Michoacán durante el periodo 2026-2030.

Entre las prioridades institucionales está fortalecer las capacidades comunitarias para la mediación, la cultura de paz y la prevención de violencias en municipios prioritarios, con la participación organizada de las mujeres.

El documento oficial promueve un enfoque multinivel, transversal, interseccional e intergeneracional, en apego al Derecho Internacional y a los compromisos de México en la materia.

Durante la presentación, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de las Mujeres y el Centro Nacional de Prevención de Desastres reafirmaron el compromiso del Estado mexicano con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.

También participaron integrantes del cuerpo diplomático, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

“Este Segundo Plan Nacional de Acción demuestra que México no solo renueva su compromiso con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad; consolida un liderazgo regional al traducir los compromisos internacionales en acciones concretas para fortalecer la prevención, la participación de las mujeres y la construcción de una paz más inclusiva y sostenible”, señaló Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México.

El Plan establece mecanismos de seguimiento, metas definidas y una arquitectura institucional que permite traducir los compromisos en acciones concretas, además de fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y mantener un diálogo permanente con la sociedad civil y la academia.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, destacó la trascendencia de reconocer el trabajo comunitario de las Tejedoras de la Patria.

“La paz solo es posible cuando las comunidades tienen capacidad de dialogar y atender las causas de las violencias”, dijo.

Subrayó que el plan reconoce a las mexicanas como actoras vivas del cambio social y protagonistas capaces de identificar problemas, mediar conflictos y generar soluciones solidarias desde sus propias comunidades.

Secretaría de las Mujeres tendrá nueva titular el 1 de septiembre

Laura Itzel Castillo, legisladora de Morena y expresidenta del Senado de la República, asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres el martes 1 de septiembre de 2026, en sutitución de Citlalli Hernández, quien dejó dicho cargo en marzo pasado.

La legisladora lo confirmó en un mensaje difundido el 23 de agosto, donde informó que la Comisión Permanente tendrá su última sesión el 24 de agosto y que, tras el inicio del nuevo periodo legislativo, ocupará el nuevo cargo para el que fue nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su suplente, Elizabeth Fiesco Díaz, se integrará al Senado a partir de esa misma fecha, como parte del inicio del nuevo periodo de sesiones.

El Grupo de Trabajo de la ONU advirtió sobre graves vacíos en la protección de derechos humanos frente a la actividad empresarial en Guatemala y anticipó que presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2027, tras concluir que la regulación estatal no alcanza para prevenir, supervisar y sancionar abusos vinculados con proyectos extractivos y agrícolas, sobre todo en territorios indígenas y rurales.

Entre los datos que enmarcan ese diagnóstico, la misión señaló que la pobreza afecta al 56% de la población y que más del 90% de las fuentes de agua del país están contaminadas. La delegación también describió un escenario marcado por alta concentración de tierras y por un sistema económico dominado por grandes conglomerados familiares.

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la visita incluyó reuniones con el presidente de la República, autoridades ministeriales, representantes de empresas, asociaciones sectoriales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y organismos internacionales. El pronunciamiento posterior resumió que las instituciones estatales tienen limitaciones estructurales para controlar el impacto de las empresas y que persisten denuncias de influencia indebida del sector privado en procesos legislativos y judiciales.

El diagnóstico del organismo identifica deficiencias en la gobernanza de la tierra, el acceso a reparación, la independencia judicial y la transparencia. Aunque reconoció avances normativos, como la adopción de la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el desarrollo de una línea de base para un futuro Plan de Acción Nacional, concluyó que su aplicación sigue siendo insuficiente.

La ONU afirmó que la consulta a pueblos indígenas rara vez se realiza antes de otorgar licencias

Uno de los señalamientos centrales de Naciones Unidas fue que la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas rara vez se lleva a cabo antes de autorizar proyectos extractivos o agrícolas. Para la misión, esa omisión agrava los conflictos sociales y debilita la confianza en las instituciones.

El Grupo de Trabajo recomendó que el Estado establezca directrices gubernamentales claras e incorpore protocolos culturalmente apropiados para asegurar la participación efectiva de las comunidades afectadas. Esa observación se ubicó entre las más urgentes, junto con la criminalización de personas defensoras.

En el plano empresarial, la misión reconoció que algunas compañías y gremios avanzaron en políticas de derechos humanos y en controles sobre sus cadenas de suministro. Aun así, concluyó que existe una brecha amplia entre los compromisos escritos y su aplicación concreta.

Varias empresas señalaron dificultades asociadas con la fragmentación normativa y la ausencia de reglas precisas. El grupo respondió que la falta de una legislación nacional específica no libera a las compañías de cumplir estándares internacionales.

La misión documentó denuncias por contaminación, despojo de tierras y persecución judicial

El pronunciamiento reunió testimonios sobre impactos negativos en sectores como minería, energía, agricultura y construcción. Entre las denuncias mencionó contaminación ambiental, despojo de tierras, trabajo infantil, condiciones laborales inseguras, restricciones al acceso a recursos básicos y persecución contra personas defensoras, periodistas y líderes indígenas.

La delegación advirtió: “El uso del sistema judicial para atacar a personas defensoras de derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación”. La cita fue recogida por la Oficina del Alto Comisionado.

Sobre el acceso a la justicia, el organismo describió barreras estructurales y prácticas judiciales incoherentes que dificultan la reparación para las comunidades afectadas. Enumeró demoras excesivas, falta de acceso a información, obstáculos lingüísticos para pueblos indígenas e influencia de actores económicos poderosos en la administración de justicia.

El documento también reclamó una respuesta estatal más firme frente a la impunidad. En ese punto sostuvo: “El Estado debe poner fin a la cultura de impunidad y enviar un mensaje claro de que no se tolerarán violaciones a los derechos humanos relacionadas con las empresas”.

En materia ambiental, Guatemala fue objeto de observaciones por casos de contaminación de fuentes de agua, expansión empresarial en áreas protegidas y uso masivo de agroquímicos. Según los datos recopilados durante la visita, ese cuadro afecta la salud y los medios de vida de comunidades rurales.

La misión recomendó además que el país ratifique el Acuerdo de Escazú para fortalecer la protección ambiental y la seguridad de las personas defensoras. También pidió reforzar los mecanismos de inspección laboral y ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo.

La Junta Ejecutiva del PNUD aprobó por unanimidad el programa de país de Guatemala para 2027-2030, una hoja de ruta de cuatro años que concentrará la cooperación con el Estado en digitalización, reducción de la pobreza, gobernabilidad y resiliencia, con la mira puesta en la continuidad de políticas públicas antes del próximo ciclo electoral.

El documento fue construido con aportes de más de 500 actores del desarrollo y será ejecutado por una oficina en la que trabajan unas 140 personas, de las cuales 135 son guatemaltecas.

Esa estructura local, según explicó Carlos Benítez, representante residente del organismo en el país, forma parte del diseño operativo del programa.

Benítez dijo a Infobae que el plan aprobado define las prioridades de cooperación entre el organismo multilateral y el Estado guatemalteco durante los próximos cuatro años.

También precisó que la Junta Ejecutiva, integrada por los Estados miembros con sede en Nueva York, es el órgano que aprueba los planes por país, fija orientaciones programáticas y supervisa el financiamiento de las agencias.

“Esta noticia es muy importante para el PNUD y para Guatemala. El CPD es nuestra hoja de ruta para seguir acompañando al país en sus prioridades de desarrollo”, afirmó.

El nuevo programa unifica gobernabilidad, pobreza y resiliencia

El Documento de Programa de País fue aprobado durante la segunda reunión ordinaria de 2026 del órgano rector, que también supervisa al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

El texto se alinea con la Política General de Gobierno 2024-2028, con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 2026-2030 acordado con el Gobierno de Guatemala y con las metas del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.

El nuevo esquema deja atrás una lógica en la que cada área programática operaba por separado. En su lugar, organiza la cooperación alrededor de tres ejes conectados entre sí: Estado de derecho y gobernabilidad, reducción de la pobreza con foco territorial y fortalecimiento de la resiliencia del país.

Benítez sostuvo que esa integración responde al carácter múltiple de los problemas de desarrollo. “Los problemas de desarrollo son problemas multidimensionales. La pobreza es multidimensional. Cualquier propuesta de mejoramiento tiene que tener componentes de gobernabilidad, de reducción de pobreza y de resiliencia”, señaló.

La dimensión territorial ocupa un lugar central en el programa. Los 340 municipios y los 22 departamentos de Guatemala presentan realidades distintas, desde el corredor seco hasta el occidente del país, y esa heterogeneidad exige políticas diferenciadas en protección social y desarrollo económico local.

La digitalización y la igualdad de género fueron definidas como aceleradores

El programa identifica dos aceleradores transversales para aplicar sus tres ejes. El primero es la digitalización, planteada como una herramienta para reducir tiempos en la formulación de políticas públicas y modernizar la gestión estatal en trámites como permisos, registro de empresas y emisión de partidas de nacimiento.

Según el representante del organismo, ese componente también puede mejorar la productividad y crear condiciones más favorables para la inversión privada. En ese punto, el sector privado aparece como un aliado del desarrollo y no solo como destinatario de mejores condiciones de inversión.

El segundo acelerador es la igualdad de género. Benítez describió la situación de las mujeres en los territorios como un problema estructural marcado por baja participación política y económica, concentración de tareas de cuidado y altos índices de violencia de género.

“Las mujeres en el territorio no son todas iguales. Son mujeres indígenas, son mujeres indígenas jóvenes”, dijo. Con esa definición, explicó por qué el programa incorpora una lectura específica de las desigualdades según territorio e identidad.

Se consultó también sobre la continuidad del plan ante un eventual cambio de gobierno. Benítez respondió que el PNUD ya trabaja en la armonización del portafolio de proyectos con los lineamientos del nuevo programa y que la administración actual busca institucionalizar las iniciativas más exitosas antes de la transición.

“La mejor manera de pasarle el bastón a otro es cuando hay programas que están institucionalizados”, afirmó. Como ejemplo mencionó Mano a Mano, un programa que, según indicó, cuenta con base técnica, capacidad de escalamiento y respaldo presupuestario.

Para el funcionario, la institucionalización consiste en incorporar un programa al plan de un ministerio o una secretaría con recursos asignados. Esa condición, señaló, es la garantía más sólida de sostenibilidad frente a los cambios de administración.

La embajadora de Guatemala ante las Naciones Unidas felicitó a la oficina por la calidad del trabajo presentado ante la Junta Ejecutiva. Michelle Muschett, subsecretaria general de la ONU, administradora auxiliar y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, afirmó que el programa “refleja el compromiso con el apoyo a las prioridades nacionales de desarrollo, impulsando soluciones basadas en evidencia y alianzas de confianza para lograr resultados prácticos, inclusivos y sostenibles”.

El conglomerado militar cubano GAESA acumula más de USD 18,000 millones en cuentas bancarias en el extranjero, mientras ocho de cada diez cubanos saltean al menos una comida al día por falta de dinero o alimentos.

Esa fue la acusación que el embajador estadounidense Jeffrey A. Bartos llevó esta semana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un debate sobre crisis alimentarias mundiales.

La denuncia de Washington ocurrió en medio de la peor crisis humanitaria que registra la isla en décadas, con el 94% de la población en situación de pobreza extrema, según el IX Estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), elaborado a partir de 1,318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país.

La acusación de Bartos en la ONU

Bartos tomó la palabra en respuesta al representante cubano Ernesto Soberón, quien volvió a atribuir a Washington la responsabilidad por el deterioro económico de la isla.

El diplomático estadounidense revirtió el argumento: “Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos”, según recogió Periódico Cubano.

El embajador también apuntó a la inversión del gobierno en hoteles que, a su juicio, permanecen vacíos, como ejemplo del desvío de recursos en medio de la escasez generalizada.

La cifra de USD 18,000 millones atribuida a GAESA y sus filiales no es nueva. Documentos financieros internos filtrados y analizados por el Miami Herald, diario estadounidense, y la BBC, medio público británico, estimaron los activos del conglomerado en USD 17,894 millones en marzo de 2024, con USD 14,467 millones depositados en bancos. Washington la llevó ahora al principal foro multilateral del mundo.

Qué es GAESA y por qué está en el centro de las sanciones

El Grupo de Administración Empresarial S.A. es el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla, con presencia en hotelería, puertos, remesas, telecomunicaciones y comercio exterior.

El secretario de Estado Marco Rubio lo describió como “el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba” al anunciar sanciones directas contra el conglomerado el 7 de mayo, al amparo de la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026.

Las medidas incluyeron sanciones personales contra la presidenta ejecutiva del grupo, la general Ania Guillermina Lastres Morera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó luego que las restricciones alcanzan a cualquier empresa en la que GAESA tenga una participación directa o indirecta de al menos el 50%. El Comando Sur de Estados Unidos identificó al conglomerado como una amenaza regional a mediados de agosto y legisladores del Congreso pidieron el congelamiento de sus activos.

Los lujos de la élite cubana bajo la lupa

Las declaraciones ante la ONU se producen en un año en que varias investigaciones documentaron el contraste entre las condiciones de vida de la población y las de miembros de la élite gobernante, según informó Periódico Cubano.

Uno de esos casos involucra a Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija del exgobernante Raúl Castro. El investigador Luis Domínguez y el periodista Mario J. Pentón analizaron una propiedad que le atribuyen en el exclusivo reparto Atabey, en La Habana, cerca de El Laguito.

La vivienda, que habría unificado tres parcelas, contaría con seis dormitorios, tres baños y carpintería de maderas preciosas: cedro mara del Amazonas brasileño y caoba de Santiago de Cuba. Una piscina de 20 metros de largo, construida alrededor de 2014, completa el cuadro.

El otro caso señalado por Periódico Cubano involucra a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”. Pentón difundió imágenes de una aeronave privada que atribuyó al joven, junto con un presunto registro de vuelos entre Playa Baracoa y Holguín.

Un análisis técnico de las imágenes indicó que el avión pertenecería a la familia Dassault Falcon, una línea francesa de jets ejecutivos de largo alcance.

Una crisis que los números confirman

El telón de fondo de estas denuncias es una emergencia social. El OCDH determinó que el 68% de los hogares cubanos percibe ingresos mensuales equivalentes a apenas USD 30.

La producción azucarera, históricamente central para la economía de la isla, cayó de ocho millones de toneladas en 1989 a menos de 150.000 en la zafra 2024-2025, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de la agencia EFE.

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos USD 2,400 millones anuales en esas compras, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Entre 2018 y 2023, la producción nacional de carne de cerdo cayó un 95%, la de arroz un 87% y la de frijoles un 70%, según estadísticas oficiales recopiladas por ese organismo.

A ese colapso productivo se sumaron los apagones: el 14 de julio de 2026, Cuba sufrió su tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional en menos de dos semanas. El 70% de los cubanos señala los cortes de electricidad como su principal problema, seguido por la crisis alimentaria, que preocupa al 52% de la población.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes a Estados Unidos e Irán que entablen negociaciones para destrabar una guerra que llegó a los seis meses sin una salida acordada, en un escenario marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, el endurecimiento de la presión económica de Washington sobre Teherán y una nueva ronda de gestiones diplomáticas en la región.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, el jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insistió en que la vía diplomática sigue como la única salida posible al conflicto. En su conferencia de prensa diaria, Dujarric calificó de “triste” que la guerra alcanzara el medio año con las conversaciones paralizadas y exhortó a las dos partes a retomar contactos de fondo.

El llamado de la ONU se produjo mientras Estados Unidos mantiene su estrategia de asfixia económica contra el régimen de Irán. La Casa Blanca dejó en claro en las últimas horas que no existen negociaciones en curso para poner fin a la guerra y que esa situación seguiría hasta que el presidente Donald Trump considerara que Teherán esta dispuesto a discutir de manera seria.

Desde Washington, la presión se concentró en las sanciones, dentro de una operación anunciada esta semana para cortar las vías económicas iraníes y aumentar el aislamiento financiero de la República Islámica.

Del lado iraní, la respuesta llegó con un rechazo frontal a esa ofensiva. El Ministerio de Exteriores sostuvo que los países tenían la obligación de no aplicar ni reconocer las nuevas sanciones estadounidenses y encuadró esa campaña como “una continuación de la guerra”.

En un comunicado, la diplomacia iraní afirmó que las medidas vulneraban la Carta de las Naciones Unidas, afectan la soberanía nacional y prolongan el enfrentamiento iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, según la posición oficial de Teherán.

Las autoridades iraníes denunciaron que la operación buscaba provocar sufrimiento en la población y privar a los ciudadanos de derechos fundamentales.

A la vez, reclamaron a la comunidad internacional que actuara para preservar el Estado de derecho. Antes incluso del anuncio formal de esa nueva presión, Irán había advertido que consideraría enemigo a cualquier país que colaborara con lo que definió como una guerra económica impulsada por Washington.

En paralelo, el gobierno estadounidense sostuvo que mantendría abiertas todas sus opciones. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el objetivo central de Trump sigue centrado en impedir que Irán obtuviera un arma nuclear.

“El objetivo principal del presidente Trump ha sido y siempre será garantizar que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear. Y punto. Por eso hemos llevado a cabo la Operación Epic Fury para destruir su ejército. Ahora tenemos la Operación Economic Outcast para destruir su economía”, dijo.

La situación en el estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los nudos más sensibles de la crisis. Ese corredor marítimo, por el que antes del conflicto circulaba cerca del 20% del crudo mundial, quedó en gran medida cerrado en los últimos meses y provocó un impacto sobre los mercados internacionales. El encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes alteró cadenas de suministro y amplió el costo económico de la guerra mucho más allá de Oriente Medio.

Desde la ONU, Dujarric puso el foco en esas consecuencias y alertó por el daño sobre la población civil. Mencionó bombardeos, destrucción de infraestructura y efectos económicos que alcanzaron de manera directa el abastecimiento de alimentos.

En ese contexto, informó que ya está lista la mecánica para establecer un grupo de trabajo liderado por la ONU para impulsar el transporte de fertilizantes por Ormuz, una iniciativa que podría desplegarse con rapidez si los países involucrados daban su aprobación.

La posibilidad de aliviar ese frente logístico aparece ligada a una intensa actividad diplomática en Teherán. En los últimos días llegaron a la capital iraní el jefe del Ejército paquistaní, mariscal de campo Asim Munir; el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi; y el primer ministro y canciller de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani.

Los tres países quedaron involucrados en distintas gestiones de mediación o facilitación desde el comienzo de la guerra, mientras otros actores regionales, como Egipto, Arabia Saudita y Kuwait, también participaron en esfuerzos diplomáticos respaldados por la ONU.

(Con información de EFE)

Jeffrey A. Bartos, representante de Estados Unidos para la Gestión y Reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció ante el Consejo de Seguridad del organismo los privilegios de los líderes del régimen cubana mientras la población de la isla enfrenta escasez alimentaria y energética.

El diplomático afirmó que “las escandalosas acusaciones de Cuba son un intento de eludir la responsabilidad por décadas de corrupción y mala gestión económica” y subrayó que, mientras el pueblo padece carencias, “las élites del régimen viven estilos de vida opulentos y el gobierno continúa dilapidando recursos en complejos turísticos de lujo y hoteles que permanecen vacíos”.

El embajador de EEUU apuntó directamente contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, citando investigaciones que estiman en más de USD 18.000 millones los fondos acumulados por la entidad y sus filiales en cuentas extranjeras. Según documentos financieros analizados por la BBC y el Miami Herald, los activos del grupo ascendían en marzo de 2024 a USD 17.894 millones de dólares, con 14.467 millones depositados en bancos.

La Misión estadounidense ante Naciones Unidas resumió la posición de Washington: “Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos”.

Bartos insistió en que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales proveedores de ayuda alimentaria y humanitaria para la isla, y acusó al régimen cubano de mentir en la ONU para evadir su responsabilidad por décadas de mala gestión. “No es de extrañar que Cuba continúe eludiendo la responsabilidad por décadas de brutal mala gestión económica mintiendo en la ONU”, concluyó. La intervención se produjo durante el foro Alimentos bajo fuego: el papel del Consejo de Seguridad en la mitigación de las crisis alimentarias globales y locales, convocado por Dinamarca.

La reciente ofensiva diplomática de la administración Trump contra La Habana intensifica las tensiones en los principales foros internacionales. El último episodio más notorio ocurrió el pasado 7 de julio, durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, donde las delegaciones de Estados Unidos denunciaron la situación de los derechos humanos en la isla. El embajador Bartos y su colega Mike Waltz centraron sus intervenciones en los cortes de energía y en la existencia de más de 800 presos políticos en territorio cubano. Durante la sesión, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla intentó frenar ambas exposiciones a través de mociones de orden, aunque estas no prosperaron en el recinto.

La votación que siguió marcó un hecho inédito: 136 países respaldaron la apertura del debate sobre el embargo a Cuba, frente a nueve votos en contra y 30 abstenciones. Se trata del apoyo más bajo para La Habana en más de treinta años de deliberaciones sobre el tema.

En el mes de agosto, el Comando Sur de EEUU dio un nuevo giro a la presión internacional al identificar a GAESA como una amenaza regional. Paralelamente, legisladores estadounidenses solicitaron el congelamiento de los activos de este conglomerado militar cubano, posicionándolo como uno de los principales objetivos de la estrategia estadounidense.

La campaña de sanciones alcanzó su punto más alto el 7 de mayo, cuando el secretario de Estado Marco Rubio anunció medidas punitivas contra GAESA y su presidenta ejecutiva, la general Ania Guillermina Lastres Morera. Las sanciones se ampararon en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que apuntó a los responsables de la represión interna y de las amenazas a la seguridad nacional de EEUU.

El jefe de la diplomacia estadounidense definió a GAESA como “el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”, destacando su control sobre entre el 40% y el 70% de la economía formal isleña. El funcionario detalló que la influencia de GAESA abarca sectores clave como hoteles, puertos, remesas y comercio exterior, convirtiéndola en el centro de gravedad económico del régimen.

La decisión de la Asamblea General de la ONU y el endurecimiento de las medidas estadounidenses configuran un escenario de aislamiento sin precedentes para el régimen cubano desde la década de 1990. Mientras tanto, la presión internacional y las sanciones económicas sitúan a GAESA y a su directiva en el centro del debate sobre el futuro político y económico de la isla.

Más de 1.400 personas murieron en Haití entre abril y junio de 2026 debido a la violencia generada por pandillas, según un informe publicado el miércoles por la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH). El organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contabilizó al menos 1.408 muertes y 656 heridos en el segundo trimestre del año, en un contexto donde las autoridades intensificaron los operativos contra grupos armados en Puerto Príncipe, la capital.

El reporte de BINUH indicó que, aunque la cifra de víctimas mortales disminuyó en torno a un 14% respecto al trimestre anterior, la organización advirtió que esta reducción “oculta realidades muy diferentes según las regiones”. De acuerdo con el análisis, más de la mitad de los asesinados y heridos se atribuyen a acciones de pandillas, mientras que alrededor del 40% se relacionan con operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas y un 5% están vinculados a grupos de autodefensa y actos de “justicia popular”.

El representante de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, sostuvo que “estas cifras demuestran que la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia”, según destaca el comunicado que acompaña el informe. Naciones Unidas alertó que la violencia se está “extendiendo geográficamente” en el país, mientras persiste la ofensiva estatal sobre las pandillas en la capital.

Durante esta semana, bandas criminales perpetraron un ataque en Kenscoff, localidad situada en las afueras de Puerto Príncipe, que resultó en 47 víctimas fatales, incluyendo 22 personas que fueron ejecutadas en el interior de una iglesia donde buscaban refugio.

La BINUH advirtió que, aunque las operaciones de seguridad lograron reducir la actividad de las pandillas en áreas como Delmas y Tabarre dentro de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, esta presión estatal produjo un desplazamiento de la violencia hacia otras regiones en lugar de su eliminación total. El informe señala que la llanura de Cul-de-Sac y la comuna de Ciudad Soleil, ambas en la capital, fueron escenario de enfrentamientos “de extrema violencia” entre pandillas rivales por el control de territorios y recursos ilícitos.

Según la oficina de la ONU en Haití, estos choques provocaron 463 muertes, así como cientos de personas heridas o víctimas de violencia sexual, y el desplazamiento de más de 18.000 residentes que debieron abandonar sus hogares. El documento atribuyó parte de la intensidad de estos episodios a las operaciones de seguridad realizadas en otras zonas, las cuales empujaron a miembros de pandillas hacia la Llanura del Cul-de-Sac, considerada estratégica por su ubicación entre los principales ejes de acceso al puerto de contenedores de la capital y la terminal petrolera de Varreux, que conecta con el norte del país.

El informe de Naciones Unidas también subrayó que, fuera de Puerto Príncipe, las pandillas continúan expandiendo su influencia. El caso de Artibonite, una relevante región agrícola del noroeste, ilustra este fenómeno: grupos armados atacaron comunidades, asesinando a habitantes en sus casas y a agricultores en sus campos. Un fenómeno similar se observa en el sur, donde incursiones de la pandilla Village de Dieu en torno a Séguin—una zona hasta ahora poco afectada por la violencia—podrían responder, según BINUH, al interés de estos grupos en controlar carreteras estratégicas, como las que llevan al puerto de Marigot, en busca de nuevas fuentes de ingresos.

En el contexto de la intensificación de las operaciones oficiales contra las pandillas, la población civil también se ve atrapada en los operativos destinados a desalojar a estos grupos. El documento de la agencia de la ONU detalló que, durante el último trimestre, más de 800 personas murieron o resultaron heridas en intervenciones de las fuerzas de seguridad, acciones que incluyeron el uso de drones explosivos por parte de una fuerza especial integrada por policías haitianos y miembros de una empresa militar privada extranjera.

Según el documento, al menos 95 de las víctimas no tenían ningún vínculo con las pandillas. Además, la ONU indicó que no dispone de información que confirme la apertura de investigaciones oficiales sobre los muertos y heridos provocados por estas operaciones, incluidas aquellas donde participó la empresa militar privada.

El análisis de BINUH advierte que el desafío en Haití dejó de limitarse a la recuperación de barrios de Puerto Príncipe, ya que las pandillas han demostrado capacidad de adaptación, expandiéndose hacia nuevos territorios y fuentes de ingresos, mientras que las tácticas empleadas por el Estado expusieron a los civiles a nuevos riesgos.

La referencia a la “empresa militar privada” alude, según diversas fuentes, a Vectus Global, compañía creada por Erik Prince, fundador de la controvertida Blackwater, que firmó en 2025 un acuerdo de colaboración con las autoridades haitianas. En marzo de 2026, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció muertes provocadas por drones en operaciones del gobierno haitiano, identificando a Vectus Global como la empresa privada involucrada, dato confirmado por el embajador de Estados Unidos en Haití, Henry Wooster, quien señaló que la compañía posee licencia para la exportación de servicios de defensa en el país.

(Con información de Europa Press)

El diplomático argentino Rafael Grossi defendió el miércoles una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dotarla de capacidades más focalizadas y eficientes, reducir redundancias y fortalecer su respuesta ante los principales conflictos internacionales.

Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), formuló estas declaraciones durante un simposio celebrado en Washington, en el marco de su candidatura para convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas.

El diplomático argentino expresó su confianza en el multilateralismo como una herramienta para resolver conflictos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales. También defendió el trabajo de la ONU, al que calificó de “generoso y valiente”, y sostuvo que la organización resulta necesaria ante los desafíos actuales.

“Necesitamos urgentemente a la ONU. La necesitamos de verdad. Pero no la encontramos, o al menos no la encontramos donde debería estar”, afirmó Grossi.

El candidato identificó entre los principales problemas de Naciones Unidas la pérdida de foco que, según explicó, se produjo de forma gradual desde la creación del organismo hace más de ocho décadas. A su juicio, la estructura actual genera duplicaciones entre distintas organizaciones y dificulta una respuesta más eficiente.

“Tenemos siete u ocho organizaciones haciendo básicamente lo mismo, lo que genera problemas burocráticos muy evidentes y fáciles de detectar”, sostuvo.

Grossi aclaró que esta situación no reduce la importancia de las tareas que desarrollan esas instituciones, pero consideró que la dispersión de funciones afecta la capacidad general de Naciones Unidas.

“Esto no disminuye en absoluto la importancia del trabajo que realizan algunas de ellas. Sin embargo, nos hemos dispersado tanto que, al final, tenemos un instrumento que está en todas partes sin estar donde debería estar”, argumentó.

El diplomático también rechazó la idea de que la aparición de nuevos grupos de países o asociaciones internacionales pueda sustituir a la ONU. Frente a quienes plantean una nueva configuración del orden global, Grossi destacó el carácter universal de Naciones Unidas y su diferencia respecto de organizaciones basadas en afinidades políticas o estratégicas.

“Existe un instrumento -y sigue siendo el único que tenemos- para abordar cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo, los derechos humanos, los asuntos humanitarios y quizás otros muchos”, explicó.

Grossi también se refirió a su experiencia al frente del OIEA como uno de los principales elementos de su candidatura. El argentino dirige la agencia nuclear de Naciones Unidas desde 2019 y durante ese período tuvo un papel central en distintos asuntos de la diplomacia internacional vinculados con la seguridad nuclear.

Entre esos asuntos figuran el programa nuclear de Irán, la descarga de agua de la central de Fukushima en el océano Pacífico y la situación de la central nuclear de Zaporizhzhia, en Ucrania, bajo control ruso.

En ese contexto, Grossi defendió su experiencia en la gestión de crisis y sostuvo que los mecanismos multilaterales pueden producir resultados incluso cuando no existe una solución inmediata para los conflictos.

“He visto de primera mano, aunque no siempre nos hayamos sentido victoriosos, que es posible abordar un problema y resolverlo, o al menos dejarlo en mejores condiciones”, afirmó.

La candidatura de Grossi compite con la de otros diplomáticos para suceder al actual secretario general de la ONU, António Guterres. En los dos primeros sondeos informales realizados entre los candidatos, el argentino quedó tercero, por detrás de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y la costarricense Rebeca Grynspan.

Pese a ese resultado, Grossi continúa como uno de los candidatos de mayor perfil para ocupar la Secretaría General, con su trayectoria al frente del OIEA como uno de los principales argumentos de su postulación.

Durante su intervención en Washington, el argentino también planteó la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los órganos centrales de Naciones Unidas. La composición del Consejo, en particular la existencia de cinco miembros permanentes con derecho de veto, constituye desde hace años uno de los principales puntos de discusión sobre una eventual reforma del organismo.

Los cinco miembros permanentes son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. La posibilidad de ampliar ese grupo requiere acuerdos políticos entre las principales potencias y enfrenta posiciones diferentes sobre la representación y el funcionamiento del órgano.

“Quizás deberíamos simplemente ser conscientes de que la reforma requeriría un consenso político en el que las principales naciones -y no mencionaré nombres- tendrían que aceptar acuerdos que afecten sus intereses”, señaló Grossi.

El diplomático reconoció las dificultades que implica modificar la estructura del Consejo de Seguridad y sostuvo que, en caso de asumir la Secretaría General, debería trabajar con la composición actual mientras busca facilitar mejoras.

“Siendo realista, me tocaría trabajar con el Consejo de Seguridad que tengo y, por supuesto, hacer todo lo posible por esclarecer y facilitar mejoras”, afirmó.

Grossi también advirtió sobre las consecuencias de asumir que las divisiones internas del Consejo impiden cualquier avance. “Pero si simplemente nos rendimos y decimos que, con este tipo de Consejo de Seguridad, no se puede hacer nada debido a las divisiones internas, entonces no llegaremos a ninguna parte”, concluyó.

(Con información de EFE)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) saludó la condena impuesta por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional contra los cuatro responsables del asesinato del apu kichwa Quinto Inuma Alvarado, líder indígena de la región San Martín que fue emboscado y asesinado en 2023 por denunciar la tala ilegal en su territorio ancestral. Las penas oscilan entre 15 y 35 años de prisión.

Según informó Andina Noticias, el tribunal, integrado por las juezas Nayko Coronado Salazar y María Benites Goicochea, y el magistrado Wilmer Quispe Umasi, acreditó la responsabilidad penal directa de los cuatro procesados. La OACNUDH calificó el fallo como un avance en la lucha contra la impunidad y en la protección de quienes defienden los derechos humanos.

El pronunciamiento de la ONU se sumó al del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, conformado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Cultura (Mincul). En un comunicado conjunto, los tres sectores ratificaron la trascendencia del fallo y lo describieron como “una expresión del compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad de crímenes en agravio de personas defensoras de derechos humanos”, de acuerdo con lo reportado por el citado medio.

Condenas y reparación civil

El colegiado impuso las penas más altas a Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz, condenados a 35 años de cárcel como coautores de los delitos de sicariato y homicidio calificado en grado de tentativa. A Segundo Juan Villalobos Guevara se le dictó una condena de 28 años y cuatro meses como coautor de sicariato, tras probarse que ofreció un beneficio económico para la comisión del crimen. Jerrly Saboya Saboya recibió 15 años de pena como cómplice primario por haber provisto el arma de fuego utilizada en el atentado.

La resolución también fijó una reparación civil de un millón de soles, monto que los cuatro condenados deberán abonar de forma solidaria. El fallo tomó en cuenta, además, las graves lesiones sufridas por Axeldina Barbarán Tapullima, quien acompañaba al apu Inuma Alvarado en el momento de la emboscada.

Defensa del territorio

El asesinato de Inuma Alvarado se inscribe en un patrón de violencia contra líderes indígenas de la Amazonía peruana que enfrentan a organizaciones dedicadas a la tala ilegal y la explotación no autorizada de recursos naturales. El tribunal determinó que existió un acuerdo concertado entre los condenados para eliminar al líder comunal con el propósito de silenciar sus denuncias públicas contra las mafias que operaban en su territorio.

La OACNUDH expresó su solidaridad con la familia del apu y con la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, y subrayó que el fallo representa un avance en la protección de los defensores de derechos humanos en el país. Andina Noticias detalló que el organismo internacional destacó la condena como una señal contra la impunidad en casos que involucran a líderes indígenas amazónicos.

Emboscada y muerte

Los hechos ocurrieron la tarde del 29 de noviembre de 2023, cuando Inuma Alvarado retornaba desde Tarapoto hacia su comunidad nativa en el distrito de Huimbayoc, junto a su esposa, familiares y Barbarán Tapullima. La embarcación en que viajaban fue interceptada en el sector conocido como El Vado, donde los agresores habían cortado previamente un árbol para obstruir el cauce del río Yanayacu.

Desde la orilla, los atacantes dispararon múltiples veces con escopetas y pistolas contra la comitiva. El apu murió en el ataque y su acompañante resultó herida. El juicio oral reconstruyó con precisión la planificación previa del crimen y la participación de cada uno de los condenados en su ejecución.

Impacto en la comunidad kichwa

La sentencia fue recibida por la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu como un reconocimiento al papel que Inuma Alvarado desempeñó en la defensa de su territorio. El fallo judicial pone nombre y responsabilidad penal a quienes organizaron y ejecutaron el crimen contra un líder que había convertido la denuncia pública en su principal herramienta de resistencia frente a las mafias madereras.

La reparación civil de un millón de soles fijada por el tribunal deberá ser abonada de forma solidaria por los cuatro condenados, quienes también enfrentan las consecuencias de un proceso que el Estado peruano presentó como parte de su compromiso con la protección de los defensores de derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente en la Amazonía.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, mostró su respaldo a la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 26 de agosto.

“La reforma ambiental presentada por Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, coloca prevención, restauración y justicia ambiental al centro de la relación entre desarrollo-personas-naturaleza, paso clave hacia un México más sostenible”, publicó el organismo desde su cuenta oficial en ‘X’.

¿En qué consiste la propuesta de ley ambiental?

De acuerdo con Alicia Bárcena Ibarra, esta propuesta de ley busca proteger la naturaleza y asegurar que todas las personas tengan derecho a vivir en un lugar sano. Esta nueva ley quiere actualizar las reglas que existen desde hace mucho tiempo para que sean más útiles hoy, porque ahora hay problemas nuevos como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de plantas y animales.

Algunos puntos importantes de la propuesta son:

• Garantizar que todos tengan derecho a un ambiente limpio y saludable.
• Prevenir los daños antes de que ocurran, en vez de solo reparar después.
• Proteger y restaurar bosques, ríos, mares y animales.
• Dar importancia tanto a la ciencia como a los conocimientos de los pueblos indígenas.
• Incluir a la gente en las decisiones y dar acceso a la información sobre el medio ambiente.
• Impulsar el reciclaje y reducir la basura.
• Proteger a las personas que defienden la naturaleza.

La propuesta también dice que cuidar la naturaleza es necesario para que las personas vivan bien y que el desarrollo debe ser responsable, sin dañar el planeta. Así, busca que todos, desde el gobierno hasta las comunidades, trabajen juntos para proteger nuestro entorno.

Ambientalistas piden al Congreso de la Unión abrir Parlamento Público

El pasado 2 de julio de 2026, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que lleva más de 30 años defendiendo al medio ambiente en México, señaló a través de un comunicado que en ese momento, el gobierno de México planteaba una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), donde había deficiencias en dicha propuesta, entre ellas:

• La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) debe servir para prevenir daños al ambiente y no debe reemplazar a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Si la EAE se usa como permiso principal para grandes proyectos, puede hacer que las revisiones sean menos estrictas, lo que podría afectar mucho a la naturaleza, como en el caso del Tren Maya.
• El proceso para revisar el impacto ambiental de los proyectos (PEIA) aún tiene fallas. No incluye bien el análisis de los efectos acumulados, permite que algunos proyectos se evalúen por partes y hasta deja que algunos que empezaron sin permiso puedan seguir adelante. Se recomienda que esté prohibido dividir proyectos en partes para que pasen más fácilmente la revisión ambiental.
• Un punto positivo es que se reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano y se amplía el alcance de la ley a sectores como la energía, la minería o las zonas costeras.
• Los principios para proteger el ambiente, como pedir siempre información clara y cuidar al máximo la naturaleza, están bien, pero deben convertirse en reglas que todos cumplan, no solo en ideas generales.
• La participación de la gente todavía no es suficiente. Faltan mejores formas para que el público opine y para que sus opiniones realmente sean tomadas en cuenta. Tampoco se facilita el acceso digital a la información ambiental.
• El acceso a la información ambiental debe ser fácil y sin trabas. La propuesta podría poner obstáculos, como pedir muchos requisitos para solicitar información o cobrar por ella, lo que no es correcto.

Respecto a los defensores del medio ambiente, el Centro reconoció que es un avance que se incluya en la ley; sin embargo, debería integrarse un mecanismo de protección más amplío. CEMDA pidió que el Congreso de la Unión escuche a todos los sectores y que la decisión sobre la ley sea en un proceso abierto y participativo, para que así la nueva ley ambiental sea realmente útil y proteja a la naturaleza para el presente y futuro.

La defensa del expresidente Pedro Castillo apeló la sentencia que declaró improcedente el hábeas corpus con el que buscaba su excarcelación. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió el recurso y elevó el expediente a una Sala Constitucional.

La resolución, a la que accedió Infobae, fue emitida por la jueza Ana Osorio Sosa y concede la apelación contra el fallo que rechazó la demanda de habeas corpus promovida por el exministro Walter Ayala a favor de Castillo y en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Congreso, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y la Fiscalía de la Nación.

La jueza verificó que la impugnación cumple los requisitos formales establecidos en el Nuevo Código Procesal Constitucional por lo que dispuso que el caso pase a una Sala conformada por jueces superiores.

El informe de la ONU

El hábeas corpus rechazado en primera instancia se sustentaba en el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La defensa de Pedro Castillo invocó ese documento para exigir la nulidad de la condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, de la prisión preventiva por organización criminal, de la vacancia presidencial y del levantamiento del antejuicio, además de su liberación inmediata.

Al resolver la demanda, el juzgado determinó que ese documento “no constituye una decisión de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado Peruano”. La jueza Osorio Sosa fundamentó esa conclusión en jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC): el grupo de trabajo tiene origen extraconvencional —es decir, fue creado con posterioridad a la suscripción del tratado— y, por ello, el Estado peruano no se sometió expresamente a dicho organismo. La magistrada precisó además que, al tratarse de un proceso penal en curso, es la jurisdicción ordinaria la que eventualmente podría evaluar las consideraciones del informe, y no el juzgado constitucional, cuya labor no es valorar pruebas ni juzgar delitos.

Sobre la supuesta detención arbitraria, el fallo estableció que la restricción de libertad de Castillo “obedece a una decisión judicial de fondo” y no a una detención en flagrancia: la sentencia de primera instancia que lo condena por conspiración para la rebelión. Respecto a la vacancia, la jueza recordó que el TC ya determinó que Castillo dejó de ser presidente no cuando el Parlamento aprobó la moción de vacancia, sino cuando decidió quebrantar el orden constitucional con su declaración pública del 7 de diciembre de 2022.

En cuanto al levantamiento del antejuicio, el TC sostuvo que el procedimiento regular no era exigible porque la situación configuraba “una emergencia que obliga a decisiones urgentes en el marco jurídico de la defensa de la Constitución”. El juzgado constitucional también señaló que la condena de 11 años y 5 meses aún no es firme, pues se encuentra en apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

El caso sube a segunda instancia

Con la admisión del recurso, el expediente pasa ahora a manos del superior colegiado, que deberá revisar si el fallo de primera instancia se ajustó a derecho. En caso de que la Sala confirme el fallo, se habilitará el camino para que el expresidente recurra al Tribunal Constitucional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que se reunirá con Michelle Bachelet, candidata a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su visita en México.

“Sí, sí la voy a ver, nada más todavía no tengo el, el día y la hora, pero con gusto les informo”, aseguró durante la mañanera del pueblo de este 26 de agosto en Palacio Nacional.

México reafirma respaldo a Bachelet pese a retroceso en la ONU

El Gobierno de México reafirmó hace unos días su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, a pesar de que la exmandataria chilena quedó rezagada en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad. La jefa de Estado confirmó que mantiene el apoyo, junto con Brasil, luego de que Chile retirara su patrocinio en marzo pasado por considerar bajas sus probabilidades de triunfo.

La expresidenta, quien fue alta comisionada del organismo para los Derechos Humanos, viajó a México para reunirse con la mandataria mexicana, quien destacó la trayectoria de la candidata y la visión que representa en materia de paz, derechos humanos y multilateralismo. A pesar de su desempeño en la primera consulta, donde finalizó cuarta, en la segunda ronda obtuvo solo dos apoyos y seis votos en contra, ubicándose en el séptimo lugar entre ocho aspirantes.

Sheinbaum manifestó la importancia de la igualdad entre naciones y la defensa de los principios de la ONU, valores que, a su juicio, Bachelet ha promovido durante su trayectoria política. Aunque reconoció la incertidumbre del proceso, insistió en que México continuará respaldando a la candidata latinoamericana para suceder a António Guterres al frente del organismo internacional.

Apoyos y obstáculos en la carrera de Bachelet hacia la Secretaría General de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció públicamente su respaldo a la candidatura de la exmandataria chilena para liderar la ONU, sumando así el apoyo colombiano al de México y Brasil. El expresidente destacó la trayectoria de Bachelet en la defensa de derechos humanos, igualdad de género y protección social, así como su experiencia previa como alta comisionada de la ONU y fundadora de ONU Mujeres.

Pese a estos apoyos latinoamericanos, su postulación enfrenta obstáculos significativos. El actual presidente de Chile, José Antonio Kast, retiró el respaldo oficial, argumentando que existen diferencias con actores clave y una dispersión de aspiraciones latinoamericanas.

Además, la candidatura ha encontrado resistencia en el escenario internacional, especialmente desde Estados Unidos, donde legisladores republicanos y el representante ante la ONU han solicitado bloquear su candidatura por su postura en temas como el aborto. China y Rusia también han planteado objeciones por su gestión en derechos humanos.

En la contienda por el máximo cargo de la ONU también figuran candidatos de Argentina, Costa Rica, Senegal y Antigua y Barbuda, cada uno con distintas propuestas y respaldos. El desenlace dependerá de la capacidad de la región para unificar posiciones y sortear los vetos de las grandes potencias.

Durante un encuentro regional celebrado en la ciudad de Panamá, familiares de personas migrantes desaparecidas de Sudamérica y Centroamérica volvieron a poner en foco una problemática transfronteriza que afecta a miles de familias en la región.

Según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y TVN, medio panameño, la reunión tuvo como eje principal la exigencia de respuestas estatales y mecanismos efectivos de búsqueda para quienes desaparecieron en rutas migratorias hacia Estados Unidos. El evento fue impulsado por la oficina de la ONU, la Defensoría del Pueblo de Panamá y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

De acuerdo con un reporte de TVN, los participantes expusieron los rostros y nombres de migrantes originarios de distintos países que no lograron completar su trayecto. Muchas familias, como la de la hondureña Marcia Martínez, compartieron historias de años de incertidumbre y búsqueda.

“Existimos personas que hemos tenido desaparecidos, que hemos tenido respuesta, los hemos encontrado... Nosotros como comité decimos que va a desaparecer nuestro comité hasta que encontremos hasta el último desaparecido que tenemos”, relató Martínez, cuya hermana fue localizada tras 21 años gracias a redes sociales y el activismo, según recogió TVN.

La defensora del pueblo de Panamá, Ángela Russo, subrayó en declaraciones recogidas por TVN que la búsqueda no debe recaer sobre las víctimas ni sus familias, sino que debe ser asumida como una responsabilidad de los Estados. Russo remarcó la necesidad de que los gobiernos, como suscriptores de las convenciones internacionales de derechos humanos, trabajen para que los casos de desaparición no prescriban y se mantengan los esfuerzos de localización con independencia del paso de los años.

Cooperación entre Estados

El evento, informado también por la OACNUDH, tuvo como objetivo “impulsar alianzas y mecanismos efectivos de búsqueda” entre los países involucrados. La oficina recalcó que, dado el carácter transfronterizo de las desapariciones en contexto migratorio, la cooperación internacional resulta indispensable. “Los Estados tienen el deber de coordinarse, compartir información y garantizar respuestas efectivas para que ninguna familia busque sola”, señaló la organización a través de redes sociales.

Carmen Villa, representante del Comité contra las Desapariciones Forzadas, enfatizó que la obligación de buscar corresponde a los Estados y no a los familiares de las víctimas. “Será siempre un desafío. Hay personas que buscan a sus familiares por décadas sin saber qué les pasó. La obligación de buscar no es una obligación de los familiares, es una obligación de los Estados. Los Estados deben buscar a las personas desaparecidas. No se trata de que las familias, las víctimas coordinen al Estado. El Estado tiene que coordinarse para buscar a las personas desaparecidas”, sostuvo Villa durante el encuentro.

El rol de Panamá

En el contexto panameño, la Defensoría del Pueblo recordó que Panamá cumple un rol particular como país de tránsito para miles de migrantes que atraviesan la región rumbo a América del Norte. Las organizaciones participantes insistieron, según TVN, en que los protocolos y acciones estatales deben nutrirse de la experiencia de los familiares, quienes han sostenido la búsqueda pese a la falta de respuestas oficiales en muchos casos.

El evento regional, que reunió a ONG, organismos internacionales y representantes estatales, reiteró la demanda de fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países latinoamericanos y reforzar el enfoque de derechos humanos en la atención a la desaparición de migrantes. La exigencia central se concentró en garantizar investigaciones sostenidas en el tiempo y respuestas coordinadas que eviten que los casos queden sin seguimiento.

La confirmación de que el Presidente de China, Xi Jinping, limitará el próximo viaje a Estados Unidos a una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca 24 de septiembre, eludiendo la Asamblea General de las Naciones Unidas AGNU que se inicia el 22 de septiembre en Nueva York, no sería un mero cruce de agendas La ausencia de Xi al debate general al que asiste la amplia mayoría de los Jefes de Estado permite interpretar que el mundo podría estar asistiendo formalmente al declive de los consensos colectivos y a la consolidación de un orden internacional supeditado a los equilibrios geopolíticos de una mesa para dos

Durante ocho décadas, la cita en Nueva York funcionó como el epicentro de la diplomacia global para universalizar al más alto nivel soluciones y afirmar el derecho internacional intentando equilibrar el peso de las naciones Al trasladar Estados Unidos y China las decisiones críticas a un marco bilateral, el multilateralismo tradicional – aquel diseñado en 1945 – quedaría reducido a debates periféricos y al riesgo de una irrelevancia funcional mientras la verdadera gobernanza global se pactaría de forma privada

El desapego de Xi Jinping con AGNU quien no asiste de forma presencial desde 2015 coincide con la visión transaccional de Donald Trump, quien históricamente ha catalogado a la ONU como una entidad costosa e ineficiente Este esquema bilateral relegaría al resto de las naciones a una posición de particular vulnerabilidad y sin la red de seguridad del derecho internacional El mensaje implícito es preocupante por cuanto trasmite un desdén para los miembros de la ONU que empiezan a observar como las reglas del juego global se definen sin su participación

La estrategia de Beijing refleja una selectividad calculada que intenta redefinir el multilateralismo en lugar de abandonarlo Al delegar la presencia en AGNU en otros funcionarios y priorizar el cara a cara con la Casa Blanca, Xi demuestra que prefiere construir foros alternativos bajo sus propias reglas y reservar su capital político para negociar de igual a igual con su principal competidor

Por su parte, la confirmación de que Donald Trump participará del debate en la AGNU podría leerse como una paradoja ya que no asistiría para tejer consensos en los temas de interés primordial de la comunidad internacional sino para plantear su mirada crítica del globalismo en su propia cuna El Presidente Trump viene utilizando la vitrina de las Naciones Unidas anualmente como megáfono diplomático para ratificar “Estados Unidos Primero” y reflejar el escepticismo de Washington hacia los organismos internacionales

La coincidencia de enfoques diplomáticos entre los dos rivales sistémicos genera un futuro sombrío para el multilateralismo Asimismo, produce una tendencia gradual hacia el vaciamiento temático de la agenda sustantiva de la ONU al trasladar las cuestiones de vanguardia del siglo XXI – como la regulación de la inteligencia artificial, la seguridad y aranceles tecnológicos y las cadenas de suministro – a ámbitos al margen de su estructura También genera preocupación la posibilidad de partición de un mundo según sus intereses

Esta “mesa de dos” guarda una diferencia más peligrosa que la competencia entre Estados Unidos y la Union Soviética Aquel era un duelo entre bloques estancos, donde el colapso de un rival no arrastraba al otro Hoy, Estados Unidos y China habitan un ecosistema de interdependencia donde un quiebre provocaría, como mínimo, un colapso financiero global instantáneo El nuevo giro que están promoviendo las dos superpotencias podría generar el riesgo de signos de una intemperie geopolítica inédita

Por lo tanto, el debilitamiento del principal foro multilateral revela que el sistema internacional nacido de la segunda post guerra está cediendo a un directorio de gobernanza bajo una estricta lógica transaccional bipolar Este giro descarga un golpe a la relevancia de la ONU Consecuentemente, el desafío para las Naciones Unidas ya no es solo reformar sus órganos principales y el proceso decisorio, sino demostrar que el mundo del mañana no puede ser diseñado en su totalidad a puertas cerradas

Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, murió durante la madrugada de este viernes en la comunidad de Omeapa, municipio de Tixtla, sin conocer el paradero de su hijo.

El fallecimiento fue confirmado por Felipe de la Cruz Sandoval, exvocero de los padres de los 43 normalistas e integrante del colectivo Nos Faltan 43. La muerte de Rodríguez Morales ocurre a casi 12 años de los ataques registrados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De la Cruz lamentó que otro integrante de las familias haya muerto mientras la investigación continúa sin esclarecer por completo qué ocurrió con los estudiantes.

La noticia tomó por sorpresa al movimiento, pues, según explicó el también profesor, no tenían conocimiento de que Francisco Rodríguez enfrentara problemas graves de salud. El desgaste acumulado durante años de movilizaciones, búsquedas y exigencias de justicia ha marcado a las familias de los normalistas.

Francisco Rodríguez buscaba un encuentro con la presidenta Sheinbaum

Rodríguez Morales tenía previsto continuar con las gestiones de los padres y madres para buscar un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 24 de septiembre.

A través de la página “Resistencia Omeapa” también se confirmó el deceso y se informó que el duelo se recibiría en su domicilio de esa comunidad de Tixtla.

Francisco Rodríguez era esposo de Minerva Bello Guerrero, madre de otro de los estudiantes desaparecidos, quien murió en 2018. Su nombre fue retomado posteriormente para una organización de derechos humanos que ha acompañado a las familias en su demanda de verdad y justicia.

Con su fallecimiento, suman siete padres y madres de los 43 normalistas que han muerto desde la desaparición de los jóvenes. Entre ellos están Minerva Bello Guerrero, Bernardo Campos Cantor, Saúl Bruno García, Ezequiel Mora Chora, Donato Abarca Beltrán y Jonathan Maldonado.

Reacciones de la ONU

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó sus condolencias por la muerte de Francisco Rodríguez Morales.

“Desde la ONU-DH expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa”, publicó el organismo.

La ONU-DH agregó: “Acompañamos con solidaridad a su familia y seres queridos, y reconocemos el camino que recorrió en la búsqueda de verdad y justicia”.

El mensaje se sumó a las expresiones de organizaciones y personas vinculadas al movimiento de los familiares de los normalistas, que durante casi 12 años han mantenido la exigencia de conocer el destino de los estudiantes.

El caso Ayotzinapa permanece abierto. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa concluyó en agosto de 2022 que se trató de un crimen de Estado, con participación de integrantes de distintas instituciones y niveles de gobierno.

Los padres y madres de los 43 también han cuestionado los recientes informes sobre el caso. El mes pasado rechazaron un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, a su juicio, desacreditaba investigaciones previas y minimizaba la posible participación de elementos del Ejército mexicano.

La muerte de Francisco Rodríguez Morales se registra semanas antes de un nuevo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. Everardo Rodríguez Bello continúa desaparecido.

La costarricense Rebeca Grynspan perdió el primer lugar en la carrera por convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de que el Consejo de Seguridad realizara este viernes su segunda votación informal para medir el nivel de respaldo que mantienen las candidaturas.

Grynspan obtuvo siete votos para “alentar” su candidatura, cuatro para “desalentarla” y cuatro papeletas sin opinión, según resultados extraoficiales divulgados por el medio especializado PassBlue y citados también en reportes internacionales.

El resultado marca un retroceso respecto de la primera consulta, celebrada el 30 de julio, cuando la exvicepresidenta costarricense encabezó la contienda con 10 votos favorables, uno en contra y cuatro sin opinión.

En apenas 22 días, Grynspan perdió tres respaldos favorables y recibió tres votos adicionales de rechazo, una variación que permitió que otra de las aspirantes latinoamericanas tomara el primer puesto.

Carolyn Rodrigues-Birkett pasa al frente

La nueva líder de la consulta es la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, quien consiguió ocho votos para alentar su candidatura, tres para desalentarla y cuatro sin opinión.

Aunque la guyanesa también perdió respaldo en comparación con la primera ronda —cuando había conseguido nueve votos favorables—, la caída más pronunciada de Grynspan fue suficiente para que Rodrigues-Birkett asumiera la primera posición.

El argentino Rafael Mariano Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quedó empatado con la costarricense en cantidad de votos favorables, con siete apoyos.

Sin embargo, su nivel de rechazo fue mayor: Grossi recibió seis votos para desalentar su candidatura y dos papeletas sin opinión, frente a los cuatro votos negativos obtenidos por Grynspan.

La segunda votación deja así una competencia todavía abierta, sin que ninguno de los aspirantes haya logrado construir por ahora una mayoría suficientemente sólida para anticipar quién podría recibir finalmente la recomendación del Consejo de Seguridad.

El peso de los cinco países con derecho de veto

Las primeras consultas para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas se desarrollan mediante votaciones indicativas entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

Cada miembro puede señalar si desea “alentar”, “desalentar” o no expresar una opinión sobre cada candidatura.

Los resultados individuales son confidenciales, por lo que no permiten conocer qué país respaldó o rechazó a cada aspirante. Esa característica adquiere especial relevancia debido al papel de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Cada uno de esos países dispone de derecho de veto.

Para que una candidatura pueda ser recomendada formalmente a la Asamblea General necesita al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes.

Por esa razón, el número total de respaldos no es el único elemento decisivo. Una candidatura podría contar con una mayoría amplia y aun así quedar bloqueada si uno de los cinco miembros permanentes decide vetarla.

También se espera que algunos de esos países reserven sus preferencias hasta etapas posteriores del proceso, cuando la lista de candidatos comience a reducirse y las negociaciones diplomáticas adquieran mayor peso.

Cinco mujeres y tres hombres buscan suceder a Guterres

Hasta ahora, ocho personas —cinco mujeres y tres hombres— aspiran a suceder al portugués António Guterres, de 77 años, cuyo segundo mandato de cinco años concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Además de Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi, figuran entre los contendores Macky Sall, de Senegal; Olara Otunnu, de Uganda; María Fernanda Espinosa, de Ecuador; Michelle Bachelet, de Chile; e Ivonne A-Baki, también de Ecuador.

La fuerte presencia latinoamericana tiene como telón de fondo una tradición de alternancia geográfica entre regiones, aunque esta no constituye una norma obligatoria y no siempre se ha cumplido.

Diversos sectores también impulsan que Naciones Unidas elija por primera vez en su historia a una mujer como secretaria general.

En ese escenario, Grynspan reúne ambas características: es latinoamericana y, de obtener el cargo, se convertiría tanto en la primera costarricense como en la primera mujer en dirigir la ONU.

La apuesta de Costa Rica

Grynspan, de 70 años, fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y actualmente ocupa la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Costa Rica presentó oficialmente su candidatura el 3 de marzo.

Su desempeño en la primera votación había generado expectativas al colocarse en el primer lugar con 10 respaldos, pero la segunda consulta modifica el escenario al reducir su apoyo hasta siete votos.

Aun así, la costarricense continúa entre las candidaturas con mayor respaldo y mantiene margen para recuperar posiciones en futuras rondas.

La elección se desarrolla además en un período particularmente complejo para Naciones Unidas, marcado por divisiones persistentes dentro del Consejo de Seguridad, dificultades financieras, cuestionamientos al multilateralismo y conflictos internacionales en los que el organismo enfrenta limitaciones para intervenir.

Las presiones presupuestarias y los cuestionamientos de gobiernos como el de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, también forman parte del contexto en el que deberá desenvolverse quien suceda a Guterres.

(Desde Washington, Estados Unidos) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deliberó este viernes a puertas cerradas para votar de manera reservada e informal al probable secretario General, que vence su mandato en diciembre de 2026.

El resultado no sorprendió a la diplomacia internacional: Carolyn Rodrigues-Birkett con 8 votos, y Rebeca Grynspan y Rafael Grossi con 7 sufragios, quedaron como los candidatos con más respaldos para suceder a Antonio Guterres.

La votación es preliminar y no implica una tendencia definitiva para los tres candidatos más votados por el Consejo de Seguridad. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia tienen derecho a veto, y aún no lo han ejercido de forma manifiesta.

En esta etapa, los 15 miembros del Consejo de Seguridad utilizan una boleta del mismo color y allí apuntan los “Encouraged”, “Discouraged” y “No opinion” para discriminar sus apoyos, sus votos en contra (o vetos) y sus abstenciones.

En este contexto, Rodrigues-Birkett tuvo hoy 8 Encouraged, 3 Discouraged y 4 No opinión; Grynspan 7 Encouraged, 4 Discouraged y 4 No opinion, y Grossi 7 Encouraged, 6 Discouraged y 2 No opinion.

Cuando la votación avance, ya a mediados de septiembre, se aguarda que los 5P (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unidos y Francia) ejerzan su voto como miembros permanentes a través de una boleta con distinto color.

En esa boleta propia, los 5P podrán vetar a los candidatos -de manera anónima- y la disputa de poder en la ONU tendrá otro volumen y densidad geopolítica.

Si hay un candidato con veto de Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido o Francia, la carrera para suceder a Guterres prácticamente ha terminado.

La disputa está centrada en Rodrigues-Birkett, Grynspan y Grossi, mientras que las candidaturas de Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, Olara Otunnu, Macky Sall e Ivonne A-Baki ya son casi testimoniales por los votos obtenidos en las dos primeras votaciones.

Se necesitan 9 votos para llegar a la Secretaría General de la ONU, y ningún veto de los miembros permanentes. Rodrigues-Birkett, Grynspan y Grossi no llegaron aún al número mágico, y las próximas semanas serán decisivas.

En Naciones Unidas analizaban que la candidatura de Grossi aparece fortalecida porque no ha perdido votos positivos -se mantiene en 7 adhesiones-, en tanto que Rodrigues-Birkett bajó uno (9 a 8), y Grynspan tres (de 10 a 7), si se comparan las dos rondas de votaciones sucedidas en el Consejo de Seguridad.

Al final del recorrido, la elección del próximo secretario General será una decisión que asuman Estados Unidos, China y Rusia más las opiniones del Reino Unido y Francia.

Donald Trump pretende ajustar la agenda geopolítica de la ONU y achicar su burocracia multilateral, mientras que Xi Jinping y Vladimir Putin se muestran reluctantes a las intenciones geopolíticas del líder republicano.

El candidato que demuestre elasticidad diplomática para satisfacer los intereses de Estados Unidos, China y Rusia sucederá a Guterres, que fue un fracaso como secretario General de la ONU.

En las próximas 12 semanas, Rodrigues-Birkett, Grynspan y Grossi pondrán a juego su capacidad de negociación para obtener los votos necesarios en el Consejo de Seguridad.

Final abierto.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizará este viernes una segunda votación informal para medir el respaldo a los candidatos que aspiran a suceder al secretario general de la organización, António Guterres, cuyo segundo mandato concluirá el 31 de diciembre de 2026. La costarricense Rebeca Grynspan parte como favorita tras imponerse en la primera ronda, aunque el proceso todavía presenta un amplio abanico de postulantes y no se espera que la nueva votación defina un ganador.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los cinco países con poder de veto, evaluarán de forma secreta a los aspirantes. Cada integrante deberá asignar a cada candidato una de tres categorías: “alentar”, “desalentar” o “sin opinión”.

Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), obtuvo el mejor resultado en la primera votación informal, celebrada el mes pasado. Detrás de ella se encuentran otros candidatos con amplia experiencia internacional.

Entre los postulantes figura el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el ugandés Olara Otunnu y el expresidente senegalés Macky Sall.

Después de la primera ronda, la ecuatoriana Ivonne A-Baki también presentó su candidatura para ocupar el cargo que dejará Guterres.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— cuentan con poder de veto y podrían reservar su posición para una etapa posterior del proceso. La posibilidad de que aparezcan nuevos candidatos tampoco está descartada.

El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vassili Nebenzia, reconoció el jueves esa posibilidad. “Si, por ejemplo —estoy especulando ahora—, hay un punto muerto con alguno de los candidatos que vemos hoy, si nadie... despega, entonces creo que también podríamos ver otros candidatos”, afirmó.

El peso del veto

La votación del Consejo de Seguridad constituye solo una de las etapas del proceso. Para que un candidato avance, necesita obtener al menos nueve votos de los 15 miembros y, al mismo tiempo, evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes.

Una vez que un aspirante supera esos dos obstáculos, su candidatura pasa a la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne a todos los Estados miembros y debe confirmar la designación.

El mecanismo de las votaciones informales del Consejo de Seguridad surgió a principios de la década de 1980, después de un bloqueo entre dos candidatos que recibieron vetos. Desde entonces, el procedimiento se mantuvo con distintas modificaciones, aunque recibió críticas de países que cuestionan el carácter reservado del proceso.

Durante las primeras rondas, las papeletas utilizadas por los miembros del Consejo tienen el mismo color. Después de un número de votaciones que no está establecido públicamente, las papeletas correspondientes a los cinco miembros permanentes adquieren un color diferente al de los integrantes elegidos.

Ese cambio permite identificar posibles vetos, aunque sin determinar qué país rechazó a un candidato en particular.

La tradición diplomática establece que el puesto de secretario general debe respetar una rotación regional. Bajo ese criterio, el próximo titular debería proceder de América Latina y el Caribe, una región que concentra una parte importante de los candidatos actuales.

Sin embargo, la presencia de aspirantes de otras regiones mantiene abierta la competencia. Sall es de África, al igual que Otunnu, mientras que Grynspan, Grossi, Bachelet, Espinosa, Rodrigues-Birkett y A-Baki representan a países latinoamericanos.

La votación de este viernes constituye, por lo tanto, una nueva instancia para determinar qué candidaturas conservan posibilidades dentro de un proceso que se extenderá durante los próximos meses y que todavía podría incorporar nuevos nombres.

(Con información de AFP)

El embajador Boris Marchegiani Carrero presentó formalmente sus cartas credenciales ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con lo que quedó acreditado como representante de Costa Rica ante el organismo internacional.

El acto marcó el inicio formal de una nueva etapa de representación diplomática del país ante Naciones Unidas y permitió al embajador exponer ante Guterres algunos de los principales principios que orientarán la presencia costarricense dentro de la organización.

Durante el encuentro, Marchegiani reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y el multilateralismo, pilares que históricamente han ocupado un lugar relevante dentro de la política exterior costarricense.

La presentación de las cartas credenciales constituye el procedimiento diplomático mediante el cual un representante queda formalmente reconocido para ejercer sus funciones ante un Estado u organización internacional. En este caso, el acto permitió a Marchegiani Carrero oficializar su posición ante uno de los principales foros multilaterales del mundo.

Además de completar el trámite protocolario, el diplomático aprovechó la reunión con Guterres para exponer las áreas en las que Costa Rica buscará mantener una participación activa durante su gestión.

Entre esas prioridades aparecen la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Costa Rica reafirma su agenda multilateral

La llegada formal de Marchegiani a la representación ante Naciones Unidas ocurre en un momento en el que Costa Rica busca mantener presencia en discusiones internacionales relacionadas con seguridad, democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible.

El mensaje trasladado durante la presentación de credenciales apuntó precisamente a mantener esa continuidad.

Costa Rica ha desarrollado históricamente una política exterior con énfasis en la defensa del Derecho Internacional y en el fortalecimiento de los organismos multilaterales como espacios para atender conflictos y desafíos compartidos entre países.

En su conversación con el secretario general, el embajador señaló que el país continuará promoviendo esas prioridades dentro de Naciones Unidas.

El encuentro sirvió además para que António Guterres resaltara el papel desempeñado por Costa Rica dentro del organismo.

El secretario general destacó el liderazgo del país en Naciones Unidas y el reconocimiento alcanzado por su voz en el ámbito internacional.

También resaltó el papel costarricense como ejemplo de un Estado que, “pese a su tamaño, contribuye significativamente a los principios de la ONU”.

La valoración de Guterres se produjo en el marco de la acreditación del nuevo embajador y después de que este expusiera la visión con la que Costa Rica pretende continuar trabajando dentro del sistema de Naciones Unidas.

Grynspan también estuvo en la agenda

Aunque la presentación de las cartas credenciales fue el eje principal del encuentro, Marchegiani aprovechó la reunión para reiterar otra de las apuestas diplomáticas del Gobierno costarricense: la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la ONU.

El embajador transmitió nuevamente el respaldo oficial del país y destacó el liderazgo y la experiencia internacional de Grynspan.

La postulación se suma así a los asuntos que deberá acompañar la representación diplomática costarricense durante los próximos meses, junto con la participación del país en debates y negociaciones multilaterales.

Horas después de que el dirigente diera a conocer la acción legal emprendida, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y descartó entrar en lo que llamó “litigios de micrófono”.

La bancada morenista dejó constancia de que no validará “agendas personales diseñadas para generar tráfico digital”, en referencia directa a las declaraciones de Moreno Cárdenas.

Alito lleva a México ante la ONU

Ante el secretario general de la ONU, António Guterres, Moreno Cárdenas expuso una serie de acusaciones contra la administración federal. Señaló que el gobierno publica listas de críticos, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que considera “incómodos” por ejercer su libertad de expresión.

El senador priista enumeró las violaciones que documentó en su denuncia:

• Incumplimiento de compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Palermo.
• Censura y persecución política a opositores, así como intentos por controlar qué información reciben los mexicanos.
• Obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas telefónicas.
• Crisis de desaparición forzada de personas.
• Colusión de autoridades de Morena con cárteles del crimen organizado.
• Captura de órganos electorales, en particular del Instituto Nacional Electoral (INE).
• Destrucción del sistema democrático y judicial del Estado mexicano.

A su estilo, Moreno Cárdenas aseguró que el PRI dará batalla “dentro y fuera de México”, ante las instancias que el también senador del tricolor considere necesarias, finalizó su mensaje reiterando que “no vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país, aunque eso moleste, incomode o haga enfurecer al régimen”.

“Hechos y resultados”, dice Morena

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado emitió un comunicado en el que expresó “respaldo total y decidido” a Sheinbaum frente a los ataques que, según el texto, buscan “notoriedad a costa del conflicto y el sensacionalismo”. La bancada acusó a sus críticos de anteponer “el espectáculo político al debate sustantivo”.

El bloque oficialista presentó tres ejes de gestión como contrapeso a las acusaciones: reducción de delitos de alto impacto y avances en la estrategia de pacificación nacional; consolidación y ampliación de la política social para garantizar derechos a millones de familias; e indicadores macroeconómicos sólidos con atracción de inversión y fortalecimiento del mercado interno.

PRI vuelve a presentar denuncia ante los reflectores internacionales

Alito Moreno vuelve a aplicar la estrategia legal por la que ha sido señalado por Morena como “traidor a la patria”, por varias semanas se ha mantenido al centro del debate por la denuncia interpuesta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos tras el fallo del INE en su contra, quien lo exhortó a borrar publicaciones donde llama a Morena “narcopartido”.

Moreno Cárdenas enmarcó la acción de hoy ante la ONU como parte de una ofensiva que continuará “ante todas las instancias que sean necesarias”.

La bancada morenista, por su parte, cerró su comunicado con un llamado a “concentrar el debate público en el contraste de ideas, propuestas e indicadores que eleven la calidad de la vida democrática”.

Los señalamientos centrales

De acuerdo con el mensaje difundido por Moreno, la denuncia sostiene que el Estado mexicano estaría incumpliendo la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo. Entre los puntos que expuso se encuentran:

• La presunta integración y publicación de listas de críticos, periodistas, medios y ciudadanos señalados por ejercer su libertad de expresión.
• Denuncias de censura y persecución política contra opositores.
• Cuestionamientos sobre la obligatoriedad de entregar datos biométricos para el registro de líneas telefónicas.
• La crisis de desaparición forzada de personas en el país.
• Señalamientos de colusión entre autoridades emanadas de Morena y cárteles del crimen organizado, así como la que describió como “captura” de órganos electorales, en particular del INE.

Estas afirmaciones corresponden a la versión expuesta por el propio Moreno y no fueron corroboradas de manera independiente ante la ONU al momento de esta nota.

Un antecedente reciente en Washington

La denuncia ante la ONU se suma a una acción previa del dirigente priista: apenas el 10 de agosto, Moreno había presentado una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del INE —Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga—, luego de que el organismo electoral le ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”. En esa ocasión, el senador solicitó que la actuación de los funcionarios fuera revisada bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, y citó como precedente la sanción impuesta en 2025 al juez brasileño Alexandre de Moraes. En aquel momento, Moreno ya había adelantado que llevaría el caso ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La postura del PRI

En su mensaje de este jueves, Moreno reiteró que su partido “va a dar la batalla dentro y fuera de México” y afirmó que continuará recurriendo a las instancias internacionales que considere necesarias. “No vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país”, escribió, y añadió que el PRI “siempre defenderá la democracia, los derechos y las libertades de todas y todos los mexicanos”.

La ONU destinará unos 80 millones de dólares equivalente a unos 532.6 millones de lempiras, para apoyar a Honduras frente a la crisis provocada por la sequía, con recursos dirigidos a municipios afectados, acciones anticipatorias, acceso a agua segura y asistencia para pequeños productores.

La sequía que afecta a distintas zonas de Honduras requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno, las municipalidades y los organismos de cooperación internacional, afirmó este miércoles el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alejandro Álvarez.

Durante su participación en el I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos, realizado en el Legislativo, Álvarez informó que Naciones Unidas trabaja con el Gobierno del presidente Nasry Asfura y diferentes instituciones para atender los efectos de la crisis climática, principalmente en las comunidades donde la falta de agua amenaza la producción de alimentos y las condiciones de vida de las familias.

La asistencia busca complementar los esfuerzos que desarrolla el Gobierno y fortalecer la atención directa en las comunidades que enfrentan mayores necesidades debido a la falta de agua y sus consecuencias sobre la seguridad alimentaria.

Fondos para acciones anticipatorias

El propósito de estos fondos es permitir que las comunidades puedan adoptar medidas antes de que los efectos de la falta de lluvias se profundicen y reducir así el impacto sobre las familias y los medios de vida.

La estrategia adquiere especial importancia para las zonas rurales, donde una parte de la población depende directamente de la agricultura y de la disponibilidad de agua para mantener sus cultivos y actividades productivas.

Álvarez señaló que posteriormente se prevé liberar recursos para respaldar a los pequeños productores, uno de los sectores que enfrenta mayores riesgos ante la falta de lluvias y las posibles pérdidas en los cultivos.

“Hay un donativo adicional de alrededor de 20 millones de dólares. Será recibido por el país para poder hacer frente a esta sequía. Posteriormente vamos a liberar fondos para apoyar a pequeños productores y estaremos en condiciones de hacer este trabajo”, expresó.

PMA, FAO y Unicef participan en la respuesta

La respuesta de Naciones Unidas se desarrolla de manera conjunta con organismos especializados como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

A esta coordinación se suma la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), con la que se trabaja para fortalecer las acciones en los territorios.

Según Álvarez, estas organizaciones mantienen coordinación con diferentes instituciones del Gobierno para atender la situación desde una perspectiva multisectorial.

La intervención no se limita a la entrega de alimentos, sino que contempla acciones relacionadas con el agua, la salud, la producción agrícola y la protección de las familias más vulnerables.

Prorizar familias más afectadas

Uno de los principales llamados realizados durante el congreso fue establecer criterios técnicos para determinar cuáles municipios y comunidades requieren atención prioritaria.

Álvarez recordó que la sequía no afecta de la misma manera a todos los municipios, por lo que consideró necesario establecer una metodología que permita dirigir los recursos hacia las zonas con mayores necesidades.

“Digo esto para que tomemos acciones que no necesariamente son simpáticas de tomar, pero se debe priorizar con base en metodologías técnicas para que el apoyo a las familias y las ayudas llegue de manera multisectorial porque la gente debe comer”, manifestó.

Para el representante de Naciones Unidas, la distribución de la asistencia debe responder a las condiciones reales de cada territorio y no realizarse de manera uniforme, debido a que existen diferencias en cuanto a disponibilidad de agua, producción agrícola y capacidad de las familias para enfrentar la emergencia.

Álvarez explicó que las acciones de respuesta deben incluir mecanismos que permitan a las comunidades contar con agua segura, especialmente en aquellas zonas donde las fuentes tradicionales se han reducido o presentan dificultades para abastecer a la población.

Entre las medidas planteadas se encuentran la instalación y distribución de filtros de agua, plantas potabilizadoras, pozos y bombas, con el objetivo de garantizar el suministro y reducir los riesgos para la salud.

El funcionario insistió en que el componente sanitario debe ser atendido, debido a que la falta de agua segura puede convertirse en un problema adicional para las familias afectadas por la emergencia climática.

Los pequeños productores se encuentran entre los sectores que pueden sufrir mayores consecuencias, debido a que la reducción de las precipitaciones puede afectar cultivos, disponibilidad de agua para riego y capacidad de las familias rurales para generar ingresos.

Por esa razón, la ONU contempla liberar recursos específicos para respaldar a este sector, como parte de una estrategia que busca reducir el impacto de la sequía y contribuir a mantener la producción de alimentos.

El presidente Bernardo Arévalo recibió este lunes a las expertas ONU Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, en el inicio de la primera misión oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en Guatemala, una visita de dos semanas que revisará políticas públicas y prácticas corporativas antes de emitir observaciones que formarán parte del seguimiento internacional con conclusiones previstas para 2027.

La misión estará en el país del 18 al 28 de agosto y recorrerá la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa. El itinerario incluye reuniones con ministerios, autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, sindicatos, académicos y representantes de empresas y asociaciones industriales.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el objetivo es examinar cómo actúan el Gobierno de Guatemala y el sector privado frente a sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos.

La visita pondrá el foco en la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el marco adoptado por unanimidad en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Durante el encuentro inaugural, Arévalo reafirmó la disposición de su gobierno para colaborar con los procedimientos especiales de Naciones Unidas y destacó los esfuerzos institucionales emprendidos en derechos humanos.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el mandatario también remarcó la importancia de la visita para evaluar el cumplimiento de esos principios.

La misión revisará derechos laborales, reparación y acceso a la justicia

La agenda de trabajo abarcará todos los sectores sociales y se concentrará en temas como el respeto de los derechos laborales, los mecanismos de reparación y el derecho a la justicia.

La llegada de las expertas abre un proceso de revisión que alcanzará tanto decisiones estatales como conductas empresariales en territorios donde operan compañías y se producen conflictos vinculados con derechos.

En declaraciones a medios de comunicación, una de las integrantes del grupo explicó el alcance inmediato de la visita: “Somos expertas independientes. Venimos en una visita oficial a Guatemala que va a durar dos semanas y esta es la primera reunión inaugural con el señor presidente, que nos recibió muy amablemente.

Ahora empezaremos una serie de reuniones con todos los actores: público, privado y social para documentar la situación de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial”.

La experta añadió que el grupo presentará sus observaciones al cierre de la misión. “Les invitamos a todos y todas con mucho gusto el viernes 28 de agosto a las 12:00 en el Wyndham Garden, aquí en Ciudad de Guatemala, para la conferencia de prensa, donde compartiremos nuestras observaciones finales”, señaló.

Ante preguntas sobre la reunión con Arévalo y los temas abordados, la integrante del grupo evitó adelantar conclusiones. “Todo esto lo vamos a comentar al final. Nosotros tenemos también nuestros protocolos de actuación en este tipo de visitas. Entonces, simplemente decirles que nos abrieron las puertas para venir a Guatemala y observar la situación y poder dar recomendaciones que ojalá sean útiles para el país”, dijo.

Los Principios Rectores fijan el marco global para gobiernos y empresas

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos fueron adoptados en 2011 y establecen la referencia internacional para que los Estados y las compañías prevengan, mitiguen y reparen impactos negativos derivados de la actividad empresarial. De acuerdo con la ACNUDH, ese instrumento busca aclarar qué se espera de la conducta estatal y corporativa en esta materia.

El Grupo de Trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos ese mismo año. Actualmente está integrado por Robert McCorquodale, presidente; Fernanda Hopenhaym, vicepresidenta; Damilola Olawuyi, Pichamon Yeophantong y Lyra Jakulevičienė.

La visita que comenzó con la reunión en la sede presidencial es la primera misión oficial de este mecanismo en Guatemala. Su agenda contempla la recopilación de información de actores públicos, privados y sociales para documentar la situación de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial y traducir ese diagnóstico en recomendaciones para el país.

La ex ministra de Comercio de Ecuador Ivonne Baki se convirtió este martes en la octava candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) tras ser nominada por Tonga para suceder a António Guterres, cuyo mandato expira el 31 de diciembre.

El representante permanente de Tonga ante el organismo, Viliami Va’inga Tone, formalizó la candidatura mediante una misiva dirigida a la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y a la Presidencia del Consejo de Seguridad, que este mes encabeza la representante danesa Christina Markus Lassen. En el escrito, Tone afirmó que las Naciones Unidas “se encuentran en un punto crítico de transición y requieren un liderazgo experimentado, con principios y unificador”.

“Me siento humilde y honrada de anunciar que ahora soy candidata oficial para el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Mi nominación formal fue presentada a la Asamblea General de la ONU por el Reino de Tonga”, escribió Baki en X.

El embajador subrayó que Baki, de 75 años, “posee la experiencia, la habilidad diplomática y la integridad necesarias para movilizar a la comunidad internacional con el fin de fortalecer el multilateralismo y promover los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas”. También destacó su trayectoria de más de dos décadas en iniciativas sobre desarrollo sostenible, diálogo intercultural y protección del medio ambiente.

Baki ejerció como embajadora de Ecuador en Washington en dos períodos no consecutivos. El primero, de 1999 a 2002, bajo los gobiernos de Yamil Mahuad y Gustavo Noboa. El segundo, de 2020 a 2024, con tres presidentes distintos: Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. También representó al país ante Qatar, Francia y Líbano. En el ámbito político, presidió el Parlamento Andino entre 2007 y 2009 y ocupó la cartera de Comercio Exterior entre 2003 y 2005.

Entre los demás postulantes figuran la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y argentino Rafael Grossi, el exministro de Exteriores de Uganda Olara Otunnu, la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Una votación informal celebrada en el Consejo de Seguridad a finales de julio ubicó a Grynspan como ligera favorita, seguida por Rodrigues-Birkett y Grossi. Dinamarca, al frente del Consejo durante agosto, anunció una nueva ronda de consultas entre sus miembros para el viernes.

Los precedentes apuntan a que el proceso se extienda en varias rondas y concluya a finales de septiembre o principios de octubre, aunque podría prolongarse si no surge un nombre de consenso. El elegido deberá contar con el respaldo de los cinco miembros permanentes —China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos—, cualquiera de los cuales tiene poder de veto. El Consejo de Seguridad elevará su recomendación a la Asamblea General para su aprobación, instancia que históricamente ha ratificado al candidato propuesto por el bloque de 15 países.

(Con información de EP y Reuters)

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos iniciará este 18 de agosto su primera visita oficial a Guatemala paraexaminar el cumplimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

La delegación, compuesta por Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, mantendrá reuniones hasta el 28 de agosto con representantes de diversos sectores.

El objetivo de la misión es analizar las acciones del Gobierno de Guatemala y del sector privado en relación con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, informó a través de un comunicado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Por su parte, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que, por ahora, no se ha definido alguna cita con las emisarias de la ONU, aunque comentaron que se dará a conocer de forma oportuna cualquier aspecto relacionado con este tema.

El alcance de la visita

Durante su estadía, el Grupo de Trabajo recorrerá la ciudad de Guatemala y otros departamentos del país, incluyendo Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.

El itinerario contempla encuentros con ministerios, autoridades locales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, sindicatos, la comunidad académica y delegados de empresas y asociaciones industriales.

Los Principios Rectores y el mandato del Grupo

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados en 2011 por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, establecen la referencia global para que gobiernos y empresas prevengan, mitiguen y reparen los impactos negativos sobre los derechos humanos derivados de la actividad empresarial.

Estos principios buscan clarificar las expectativas sobre la conducta estatal y corporativa, detalló la ACNUDH.

El Grupo de Trabajo, creado ese mismo año por el Consejo, está compuesto actualmente por Robert McCorquodale (presidente), Fernanda Hopenhaym (vicepresidenta), Damilola Olawuyi, Pichamon Yeophantong y Lyra Jakulevičienė.

El mandato forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor conjunto de expertos independientes en la materia, quienes rinden cuentas ante el Consejo y la Asamblea General.

Participación y metodología

Las expertas que lideran la misión no forman parte de la plantilla de Naciones Unidas ni representan a ningún gobierno u organización. Realizan su labor de manera independiente y sin remuneración, conforme a las normas del sistema de Procedimientos Especiales.

El trabajo de campo incluye la recolección de testimonios, revisión de políticas públicas y evaluación de prácticas empresariales en contextos locales.

Durante la visita, se espera que el Grupo de Trabajo identifique desafíos, avances y posibles áreas de mejora en la protección de los derechos humanos frente a las actividades empresariales. El informe final con los hallazgos y recomendaciones se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2027.

La revisión abarca cuestiones relacionadas con la consulta previa a comunidades indígenas, el respeto a los derechos laborales, el acceso a la justicia y los mecanismos de reparación.

La atención internacional sobre el cumplimiento de los Principios Rectores por parte de Guatemala y los actores empresariales constituye un factor de seguimiento para organizaciones y observadores de derechos humanos.

Los nitazenos, una familia de opioides sintéticos que incluye compuestos más potentes que el fentanilo, se han extendido a nuevos mercados y ya fueron detectados en al menos 37 países, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La advertencia internacional fue emitida el 25 de febrero de 2026, cuando la UNODC informó que había recibido reportes sobre 34 análogos de nitazenos identificados en muestras de drogas incautadas y casos toxicológicos en al menos 37 países.

El fenómeno representa una nueva preocupación para las autoridades sanitarias y de seguridad debido a que algunos de estos compuestos pueden tener una potencia superior a la del fentanilo y provocar intoxicaciones graves cuando los consumidores desconocen su presencia.

Una familia de opioides sintéticos

Los nitazenos no corresponden a una sola sustancia, sino a una familia de compuestos químicos. El primero de este grupo reportado al sistema de alerta temprana de la UNODC fue el isotonitazeno, identificado en 2019.

Desde entonces, Naciones Unidas ha recibido notificaciones sobre 34 análogos. Entre ellos se encuentran sustancias como el protonitazeno y otros compuestos que han aparecido en muestras de drogas ilícitas.

La diversidad de estas moléculas representa un desafío adicional para su detección. La UNODC advirtió que algunas pruebas rápidas diseñadas para identificar determinados nitazenos no necesariamente detectan todos los compuestos de la familia. Por ello, un resultado negativo en una prueba específica no permite descartar la presencia de otro análogo.

La preocupación también está relacionada con la manera en que estas sustancias pueden llegar al mercado. Los nitazenos han sido encontrados en distintas presentaciones y pueden aparecer mezclados con otras drogas, lo que aumenta el riesgo de que una persona consuma un opioide sintético sin saberlo.

Los nitazenos avanzan mientras el fentanilo sigue presente

El crecimiento de estos compuestos no significa que el fentanilo haya desaparecido del mercado de opioides sintéticos. La relevancia de los nitazenos está en que representan una alternativa cada vez más presente para los mercados ilícitos y algunos pueden producir efectos considerablemente más intensos.

La expansión geográfica registrada por Naciones Unidas muestra la velocidad con la que estas sustancias pueden aparecer en distintos países. La UNODC ha advertido que los mercados de drogas sintéticas pueden adaptarse rápidamente mediante la incorporación de nuevas moléculas.

En ese escenario, la aparición de nitazenos plantea el riesgo de que estos opioides ocupen espacios dentro de los mercados donde otras sustancias comienzan a ser controladas o presentan mayores dificultades para su producción y distribución.

México ya los contempla como estupefacientes

Mientras Naciones Unidas documenta la expansión internacional de los nitazenos, México ya incorporó el nitazeno a su marco jurídico como sustancia controlada.

El Diario Oficial de la Federación publicó el 15 de enero de 2026 una actualización del listado correspondiente de la Ley General de Salud, en el que aparece expresamente “NITAZENO” dentro del capítulo de estupefacientes.

La disposición permite que las autoridades mexicanas cuenten con un marco legal para controlar esta sustancia, independientemente de que exista o no una expansión comprobada de los nitazenos en el mercado nacional.

La inclusión también debe distinguirse de la familia completa de nitazenos. La UNODC identifica decenas de análogos diferentes, mientras que la legislación mexicana señala expresamente al nitazeno dentro de su listado.

México no ha reportado públicamente un decomiso en 2026

La expansión internacional documentada por Naciones Unidas no significa que los nitazenos ya estén presentes de manera comprobada en el mercado mexicano.

Hasta ahora, con la información pública emitida por autoridades federales mexicanas, no aparece un reporte de decomiso de nitazenos en territorio nacional durante 2026 que permita confirmar su circulación en el mercado ilícito del país.

Sin embargo, esta ausencia de un aseguramiento reportado no permite concluir que las sustancias no estén presentes en México. Tampoco descarta que puedan existir casos no identificados o que alguna muestra haya sido analizada sin que sus resultados hayan sido difundidos públicamente. Lo que sí puede establecerse es que México ya cuenta con una disposición legal para controlar el nitazeno.

La alerta sobre una nueva generación de opioides

El avance de los nitazenos ocurre dentro de una transformación más amplia del mercado de drogas sintéticas. La aparición constante de nuevas moléculas permite a los grupos que producen estas sustancias modificar sus fórmulas y buscar alternativas frente a los controles existentes.

Para las autoridades, uno de los principales desafíos consiste en identificar rápidamente los nuevos compuestos y determinar si están presentes en sustancias que circulan bajo otros nombres.

La propia UNODC advirtió que las pruebas de detección disponibles tienen limitaciones debido a la diversidad química de los nitazenos. Algunos análogos pueden no ser detectados por pruebas diseñadas para otros integrantes de la misma familia.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora A.C, encabezado por Ceci Flores, convocó a una marcha el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 18:30 horas en Hermosillo, Sonora, con el objetivo de conmemorar y exigir justicia por las más de 130 mil personas desaparecidas en México.

“Viste una playera con la fotografía de tu familiar, lleva una lona o pancarta y una veladora blanca por su memoria y por la verdad”, convocó Ceci Flores a través de redes sociales. El colectivo invita a familiares, voluntarios y ciudadanía a sumarse, enfatizando la urgencia de mantener vivo el reclamo de búsqueda y verdad ante la ausencia de respuestas oficiales. La marcha iniciará en la Plaza Emiliana de Zubeldía y concluirá en la Catedral de Hermosillo, Sonora.

Movilización para familiares y voluntarios

La movilización es una forma de protesta ante la inacción de las autoridades y el aumento de personas desaparecidas en la entidad. En su convocatoria, el colectivo recordó que “no marchamos porque queremos hacerlo… marchamos porque nuestros desaparecidos nos siguen esperando".

Se trata de un reclamo permanente en el que muchas mujeres llevan años sin poder encontrar a sus desaparecidos, por ello, la convocatoria a esta marcha se extiende también a personas voluntarias que quieran sumarse a las movilizaciones.

“Si eres voluntario, te invitamos a adoptar a un desaparecido: presta tu voz, tus ojos y tu corazón para que su rostro siga presente”, escribió a través de sus redes sociales Ceci Flores, quien también aclaró que, en caso de no poder participar a pie, pueden sumarse desde vehículos; “Pega fotografías de tu desaparecido y haz que su rostro recorra las calles de Hermosillo”.

La movilización de este 30 de agosto se suma a las acciones que Madres Buscadoras de Sonora A.C. mantienen de forma permanente en la entidad y en otras regiones del país. El colectivo subraya que su lucha no termina con la marcha, sino que es una exigencia permanente de búsqueda, justicia y verdad ante la falta de resultados en los casos de desaparición forzada.

“No nos dejes caminar solos. Camina con nosotros por la verdad, la justicia y la memoria”, pidió el colectivo. “Porque cada fotografía representa una vida”, recalcó. El teléfono de contacto, 662 341 5616, permanece abierto para quienes deseen sumarse o solicitar información sobre la marcha y otras acciones de búsqueda.

30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

De acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992, se considera desaparición forzada cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

La desaparición forzada también implica el acoso a defensores de derechos humanos, familiares, testigos y abogados que acompañan estos casos. La impunidad permanece en la mayoría de los hechos, mientras que algunos gobiernos utilizan el argumento de la lucha contra el terrorismo para eludir sus responsabilidades y justificar esta práctica.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por el aumento de estos crímenes y el hostigamiento contra quienes buscan justicia. Ese mismo día, a través de la resolución A/RES/65/209, se declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha comenzó a observarse oficialmente en 2011 y busca visibilizar el problema, exigir la verdad y dar protección a las personas afectadas, con énfasis en los grupos vulnerables como niñas, niños y personas con discapacidad.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto un cerco absoluto a la colaboración y supervisión internacional en Nicaragua. Así lo sostiene Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien advierte que la falta de acceso al país constituye el principal obstáculo para el monitoreo independiente de la situación de derechos humanos.

Brody explica que el Grupo de Expertos no tiene la posibilidad de ingresar a Nicaragua para monitorear avances y apoyar la implementación de reformas, y señala que el régimen no ha respondido a ninguna carta ni permite la entrada de delegaciones internacionales.

Nicaragua se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de casi todos los órganos internacionales de supervisión, consolidando un aislamiento sin precedentes.

La negativa a permitir la supervisión internacional se suma a una serie de reformas institucionales que han debilitado la independencia judicial y restringido gravemente el acceso a la justicia.

Desde octubre de 2023, se ha registrado una purga en el sistema judicial, con la destitución de magistrados, el despido de más de mil trabajadores judiciales y la transformación del Poder Judicial en un órgano coordinado directamente por la Presidencia.

El resultado es un sistema incapaz de ofrecer garantías de independencia o de debido proceso, según Brody.

El experto destaca que no existe en Nicaragua ningún mecanismo interno de rendición de cuentas. El anuncio de que no habrá más elecciones excluye a la oposición y deja sin perspectivas de cambio a las víctimas de represión, desapariciones forzadas y presos políticos. Ante ello, los mecanismos internacionales de rendición de cuentas cobran una importancia fundamental.

La represión también afecta la vida cotidiana de la población. El régimen ha negado pasaportes y restringido la movilidad de ciudadanos percibidos como opositores, ha impedido el acceso a servicios consulares y ha bloqueado el regreso de exiliados mediante notificaciones enviadas a aerolíneas. Aunque la mayoría de la población conserva acceso a servicios básicos, el desplazamiento interno y externo está severamente limitado por el clima de vigilancia y represión.

Brody señala que la comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo. Recomienda la adopción de medidas concretas como acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas para exigir responsabilidades al régimen y a los perpetradores individuales. En 2025, el Grupo de Expertos identificó a 54 funcionarios del régimen y del Frente Sandinista que podrían haber participado directamente en violaciones y crímenes documentados, solicitando que sean sujetos de medidas económicas y judiciales.

La falta de datos independientes y confiables sobre el apoyo al régimen se debe al clima de miedo y represión que impera en el país. Las últimas encuestas que se conocen muestran altos niveles de desaprobación hacia Ortega, aunque Brody advierte que las condiciones han cambiado y que no existen mediciones sólidas, dado el contexto de represión.

“La encuesta más citada en años recientes, de CID-Gallup, encontró en 2023 que el 61% desaprobaba al Gobierno de Ortega, aunque ese dato tiene ya varios años y las condiciones políticas han cambiado sustancialmente desde entonces”, recordó Brody.

La obstaculización de toda colaboración y supervisión internacional por parte del régimen Ortega-Murillo representa un desafío para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y refuerza el llamado de expertos y organismos internacionales a la comunidad internacional para mantener la presión y la vigilancia sobre la situación del país.

Una persona muere cada 30 minutos por el brote de ébola en la República Democrática del Congo, y ese dato resume la velocidad con la que avanza una epidemia que ya desborda la capacidad de respuesta sanitaria en el este del país. La advertencia llegó este viernes de parte de Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, en medio de un escenario que combina contagios en aumento, presión sobre los centros de atención y una crisis humanitaria más amplia en una región golpeada por la violencia y la falta de servicios básicos.

El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo ya dejó 2.184 muertos y más de 4.660 casos desde que fue declarado el 15 de mayo por las autoridades nacionales.

El brote de ébola avanza a un ritmo récord

“El brote es el de crecimiento más rápido del que se tenga registro”, afirmó Tom Fletcher. El funcionario agregó que la enfermedad por este virus “está ganando terreno” en la República Democrática del Congo, con una muerte “cada 30 minutos”.

La emergencia ya se extendió a seis provincias y también alcanzó a Uganda, que notificó 20 casos. Además, hubo reportes en zonas cercanas a la frontera con Sudán del Sur, lo que reforzó la preocupación por una expansión regional. Según un reporte de AFP, para Naciones Unidas este episodio avanza hacia transformarse en el brote de ébola más mortal del que se tenga registro.

La señal de alarma no quedó solo en las cifras. Tom Fletcher pidió una respuesta internacional más rápida y más amplia. Reclamó más velocidad, recursos y coordinación para evitar que el brote siga creciendo: “Necesitamos rapidez, alcance y solidaridad antes de que este virus nos saque aún más ventaja”.

El funcionario anunció además una nueva partida de 30,5 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU. Ese monto se suma a otros 24 millones de dólares ya asignados a la República Democrática del Congo y a países vecinos. A eso se agregan cerca de 300 millones de dólares donados por distintos países para sostener la respuesta.

Tras una reunión entre agencias humanitarias, Fletcher remarcó que hacen falta más equipos sobre el terreno. La ONU ya envió 20 integrantes extra al área más afectada, aunque advirtió que ese refuerzo todavía resulta insuficiente frente al tamaño del problema.

El pedido de los organismos internacionales apunta a varias tareas concretas. Según explicó Fletcher hace falta duplicar los equipos encargados de entierros seguros y dignos, triplicar la capacidad de tratamiento y mejorar el rastreo de contactos.

Ituri, Kivu y una crisis que va más allá del virus

El ébola se transmite por contacto con fluidos corporales de una persona infectada y puede provocar fiebre hemorrágica. Eso significa que la enfermedad puede derivar en un cuadro severo con sangrados, daño orgánico y un alto riesgo de muerte si no hay atención adecuada. El brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo, para la cual no existe un tratamiento conocido ni una vacuna autorizada.

La provincia de Ituri concentra el corazón del brote. De los más de 4.660 casos totales, más de 3.400 se registraron allí. La situación no se limita al avance del virus. En el este de la República Democrática del Congo, la epidemia convive con el conflicto armado entre el ejército congoleño y la milicia M23, respaldada por Ruanda, una combinación que complica la llegada de ayuda y el seguimiento de pacientes.

La propia ONU advirtió que 2,6 millones de personas sufren malnutrición severa en el este del país, y más de la mitad se encuentran en Ituri. Esa situación agrava el impacto del brote porque una población debilitada enfrenta peores condiciones de salud, menor acceso a atención médica y más dificultades para sostener medidas de aislamiento o prevención.

La crisis sanitaria también abrió un frente humanitario más amplio. La portavoz de la ONU, Daniela Gross, informó que el Programa Mundial de Alimentos empezará a ampliar desde este sábado su esquema de comidas calientes en centros de tratamiento de Ituri y otras provincias. Desde fines de mayo, ese organismo ya distribuyó más de 260.000 comidas en centros de tratamiento y aislamiento de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Fletcher insistió en que no alcanza con reforzar hospitales o unidades de aislamiento. También hace falta garantizar agua, higiene, atención médica básica y servicios esenciales para la población afectada. Contener una epidemia de esta magnitud no depende solo de médicos y camas: también requiere comida, limpieza, infraestructura y condiciones mínimas para que la población pueda protegerse.

El brote más mortal de ébola hasta ahora, entre 2018 y 2020, dejó casi 2.300 muertos sobre 3.500 casos. La cifra actual de la República Democrática del Congo ya se acerca a ese umbral y todavía muestra una curva ascendente.

En ese contexto, la frase final de Tom Fletcher funciona como advertencia y como presión diplomática. “El mundo tiene que despertar y hacerse presente”, concluyó.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la adopción del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, e instó a las fiscalías en México a impulsar una difusión y capacitación para su correcta aplicación.

Con ello, las autoridades ministeriales deberán aplicar lineamientos especializados, cuyo objetivo es fortalecer la persecución de delitos y garantizar el acceso a la justicia de quienes defienden derechos fundamentales. El instrumento legal responde a una exigencia de organismos nacionales e internacionales y busca cerrar vacíos que han permitido la impunidad en agresiones contra este sector en México.

En el periodo comprendido entre 2016 y 2025, se documenta que 184 personas defensoras de derechos humanos fueron privadas de la vida y 43 más desaparecieron en circunstancias presuntamente relacionadas con su labor. Estas cifras confirman la gravedad de la violencia que enfrentan quienes impulsan causas sociales en el país y justifican la urgencia de herramientas enfocadas en su protección.

Protocolo obliga a fiscalías a priorizar líneas de investigación vinculadas con la defensa de derechos

El protocolo establece la aplicación obligatoria en todo el país cuando existan indicios que relacionen la actividad de defensa de derechos humanos con la comisión de un delito. Las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República deberán agotar prioritariamente todas las líneas de investigación que tengan vínculo con la labor de la víctima. Este enfoque pretende evitar la desestimación temprana de móviles relacionados con la defensa de derechos y garantizar investigaciones exhaustivas.

Entre los elementos clave del protocolo, destaca la definición formal de persona defensora de derechos humanos, alineada con los estándares internacionales. El documento también reconoce el principio de no criminalización de la labor de defensa y establece la obligación de crear un registro nacional de denuncias por delitos cometidos contra personas defensoras. Además, la participación activa de las víctimas, sus familiares y redes sociales en las investigaciones queda reafirmada como parte central del procedimiento.

Creación y adopción del instrumento surge de proceso participativo

El nuevo mecanismo es resultado de un proceso iniciado en 2022, cuando la Fiscalía General de la República y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México acordaron desarrollar una herramienta especializada. Durante 2023 y 2024, el contenido del protocolo fue enriquecido con aportaciones técnicas de fiscalías locales, instituciones públicas, organizaciones civiles, personas expertas y mecanismos internacionales.

La validación del protocolo en la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia representa el cierre de una etapa de diálogo y colaboración entre el Estado mexicano y actores sociales.

“Celebro la adopción de este importante Protocolo, que espero contribuya significativamente a fortalecer los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en México. Aliento a las autoridades a adoptar medidas inmediatas para asegurar su implementación decidida”, declaró por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visitó México en abril de 2026.

La entrada en vigor del protocolo exige la capacitación inmediata del personal ministerial en todo el país. Las fiscalías deberán impulsar campañas de difusión para informar a la sociedad y establecer mecanismos que permitan evaluar periódicamente los resultados de la nueva herramienta. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera la disposición de su oficina para brindar asistencia técnica durante la implementación y fortalecer capacidades institucionales.

La adopción de este protocolo responde a la persistencia de ataques graves y sistemáticos contra quienes defienden derechos humanos en México. El registro institucional obligatorio y la especialización de las investigaciones aparecen como herramientas fundamentales para combatir la impunidad y atender recomendaciones internacionales.