En un caso que expone las responsabilidades del transporte público en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca revocó una sentencia de primera instancia.

De esta forma ordenó una nueva indemnización por daño moral, psicológico y gastos médicos a dos pasajeros que sufrieron quemaduras a bordo de un micro de larga distancia. La resolución modificó el fallo anterior y estableció montos actualizados para ambos demandantes, una pareja que viajaba hacia Buenos Aires.

El episodio ocurrió la noche del 29 de mayo de 2018, cuando un hombre y una mujer abordaron un ómnibus en la terminal de Bahía Blanca. Ambos, ubicados en sus asientos asignados, fueron alcanzados por agua caliente que se derramó desde la cafetera del vehículo.

Según la versión presentada en la demanda, un empleado del servicio manipuló la tapa del recipiente, que saltó debido a la presión interna, provocando que el líquido hirviente cayera sobre los pasajeros. El hombre sufrió quemaduras en el rostro, cabeza, cuello y brazo derecho, mientras que su acompañante resultó afectada en el cuello.

El proceso judicial

La pareja inició una demanda civil contra la compañía de transporte y la aseguradora del servicio, reclamando la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y detallando los tratamientos médicos y secuelas derivadas del incidente.

La aseguradora reconoció la existencia de una póliza que cubría el siniestro, aunque negó los hechos y cuestionó los montos requeridos. En tanto, la empresa de transporte atribuyó el accidente a un bache en la ruta e insistió en que el agua no estaba a una temperatura peligrosa.

La sentencia de primera instancia reconoció la existencia del accidente y las lesiones. El fallo estableció una indemnización total de 132.400 pesos para el hombre, distribuidos en gastos médicos, daño psicológico y tratamientos vinculados a las secuelas físicas.

El juez de primera instancia consideró que, si bien existían lesiones y cicatrices, la demanda no argumentó ni probó con claridad la relación entre el daño estético y un perjuicio patrimonial o moral, motivo por el cual rechazó ese ítem. La resolución también desestimó el daño moral para ambos accionantes y rechazó la totalidad del reclamo presentado por la mujer, al no considerar acreditada su participación como víctima directa.

El magistrado fundamentó su decisión señalando que la demanda no expuso con precisión la naturaleza de las secuelas ni su impacto en la vida laboral o social de los damnificados. Según el juez, el peritaje médico realizado no aportó detalles suficientes sobre la extensión ni la morfología de las cicatrices. Además, entendió que no correspondía otorgar un resarcimiento por daño moral sin pruebas concretas sobre el sufrimiento experimentado, y que los testimonios presentados no eran concluyentes.

Cuestionamientos

Ambos demandantes apelaron el fallo, argumentando que la sentencia minimizaba el daño físico y psicológico sufrido y que las pruebas reunidas, incluidos los peritajes y testimonios, respaldaban la existencia de secuelas permanentes.

El hombre sostuvo que el rechazo del daño estético era infundado, mientras que la mujer denunció contradicciones en la valoración de su participación en el accidente. También reclamaron la actualización de los montos indemnizatorios y la modificación del criterio para la imposición de costas procesales.

La Cámara revisó la sentencia y, tras analizar el expediente y los agravios, decidió modificar sustancialmente el criterio de primera instancia. Los jueces reconocieron la existencia de quemaduras y secuelas estéticas irreversibles en el caso del hombre, concluyendo que el daño debía ser indemnizado como daño moral y no como un rubro autónomo, dado que la demanda no había probado una afectación económica directa.

El tribunal valoró el dictamen del perito médico, que acreditó quemaduras de segundo grado, secuelas en rostro y hombro, y la persistencia de una lesión visible superior a cuatro centímetros. La Cámara consideró que la magnitud de las lesiones y el impacto emocional resultaban evidentes, tanto por la naturaleza del accidente como por la afectación estética y funcional. En ese sentido, los jueces resolvieron que el daño moral se presumía por la sola existencia de lesiones físicas y por las consecuencias psicológicas certificadas.

El fallo de la Cámara estableció una indemnización de 3.500.000 pesos por daño moral para el hombre, calculada en función del costo estimado de un viaje de placer para dos personas a Brasil durante diez días. El tribunal fundamentó esta cifra como un placer compensatorio que permitiera armonizar el sufrimiento padecido, considerando la edad y el perfil socioeconómico del damnificado.

Además, la Cámara ordenó actualizar el monto del daño psicológico a 1.706.400 pesos, según los valores mínimos sugeridos por el Colegio de Psicólogos de la provincia, y elevar la suma por gastos médicos y farmacéuticos a 100.000 pesos. Todos los montos fueron fijados a valores actuales y sujetos a intereses hasta el efectivo pago.

Respecto a la mujer, la Cámara revocó el rechazo de su demanda y reconoció su condición de víctima, citando el reconocimiento expreso de la empresa demandada y la declaración de testigos que acreditaron quemaduras en el cuello. El tribunal sostuvo que, aunque las lesiones físicas eran menores, el hecho de haber sufrido el incidente y presenciado las consecuencias en su pareja constituía un perjuicio espiritual indemnizable. Para cuantificar el daño moral, los jueces tomaron como referencia el costo de un televisor de 50 pulgadas, fijando la indemnización en 800.000 pesos.

La sentencia de segunda instancia también resolvió la cuestión de las costas procesales. A diferencia del fallo anterior, la Cámara impuso todos los gastos del proceso a la empresa de transporte y a la aseguradora, al considerar que ambas demandas resultaron mayoritariamente acogidas. El tribunal dejó diferida la determinación de los honorarios profesionales para una instancia posterior.

El fallo aclaró que la condena alcanzaba a la aseguradora citada en garantía. La Cámara recordó que la actualización de los montos indemnizatorios debía regirse por los lineamientos fijados en la jurisprudencia vigente y que cualquier desfasaje por inflación o variación de valores sería revisado al momento de la ejecución de la sentencia.

La resolución adoptada por la Cámara de Bahía Blanca marca un precedente en materia de responsabilidad civil en el transporte público, al reconocer el impacto emocional y estético de accidentes que ocurren durante el servicio. El tribunal enfatizó que la valoración del daño debe atender tanto las pruebas objetivas como las circunstancias particulares de cada víctima y que la reparación debe buscar una compensación efectiva del menoscabo sufrido.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay puso en su agenda la transformación del sistema metropolitano de Montevideo y sus departamentos más cercanos: Canelones y San José. El proyecto es ambicioso y la primera etapa es la conformación de las iniciativas, que estiman que el costo de los cambios puede rondar los USD 590 millones.

El director nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Felipe Martín, dijo que “la transformación del sistema de movilidad contribuirá a una mejor calidad de vida de los usuarios”, en declaraciones difundidas por la Presidencia de la República. Los estudios técnicos incluyen trabajos de ingeniería, simulaciones de tránsito y transporte público.

El proyecto de movilidad se basará en la estructuración de troncales, que son los trayectos por donde ingresa y sale la mayor cantidad de pasajeros del sistema, según indicó Martín. Estos grandes ejes son las avenidas Italia y Gianattasio, y de 8 de Octubre y Camino Maldonado. Serán recorridas por ómnibus de alto desempeño, capaces de trasladar a unas 250 personas de forma “confortable, eficiente y accesible”, dijo el jerarca del ministerio.

Luego habrá puntos de intercambio por coches de menor porte o “alimentadoras”, que realizarán diferentes caminos desde y hacia cada troncal. “Esto es una combinación intermodal”, señaló Martín.

Los trabajos fueron contratados por la cartera, con fondos no reembolsables de organismos multilaterales. Fueron publicados en el sitio web del ministerio.

“Estos informes constituyen el primer paso para diseñar este sistema, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad, confiabilidad e integración urbana”, informó el MTOP en su página web.

Además, el gobierno uruguayo trabaja con fondos de cooperación internacional para financiar la iniciativa. Se prevé que el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprueban créditos no reembolsables, de entre USD 300 millones y USD 500 millones, respectivamente.

Una vez cumplida esta primera etapa se pasará a la siguiente, que consiste en la definición del proyecto ejecutivo. Podría completarse en el transcurso del primer semestre de este año, una vez que se cuente con todos los insumos necesarios. El documento deberá contener toda la estructura de la transformación, así como los datos de los costos estimados.

Uno de los estudios, consignado por El Observador, fue realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la universidad estatal uruguaya, la Udelar. Este informe fue el que concluyó que la reforma del transporte supondría una inversión de unos USD 590 millones.

La obra central del proyecto es la construcción de un túnel en 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo, aunque su extensión todavía no está definida. Ahora se han manejado diferentes alternativas de extensión.

Este túnel no sería utilizado por los vehículos particulares sino únicamente por los ómnibus BTD, como se les denomina a los sistemas de línea de alta frecuencia. Bajo tierra habría dos carriles, uno en cada sentido de circulación. Y también habría una vía auxiliar de emergencia de 0,9 metros de ancho, ubicada lateralmente en caso de emergencias.

Todos los vehículos serían eléctricos.

Habría paradas para ingresar a estos ómnibus que estarían ubicadas aproximadamente cada 500 metros. Según lo definido en el proyecto, se construirían entre 5 y 6,5 metros de profundidad con respecto al nivel de calle y se conectarían a la superficie por escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores accesibles.

La circulación de camiones por carriles no permitidos en las autopistas urbanas cuenta desde agosto con un sistema de fiscalización electrónica destinado a reforzar la seguridad vial y ordenar el tránsito en la Ciudad. Esta medida introduce controles automatizados y una multa significativa para quienes infrinjan la normativa vigente.

El sistema electrónico, recientemente instalado, identifica y sanciona a los camiones y ómnibus que circulen fuera de los carriles habilitados. La normativa exige que estos vehículos transiten exclusivamente por el carril derecho y utilicen el segundo solo para maniobras de sobrepaso. Según la ley de tránsito, “los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos”. Esta disposición busca reducir los riesgos asociados a la presencia de vehículos de gran porte en carriles centrales o de alta velocidad.

Normativa sobre circulación de camiones y ómnibus

La regulación establece límites claros para el desplazamiento de vehículos pesados en las autopistas urbanas. Camiones y ómnibus tienen prohibido utilizar cualquier carril salvo el derecho, y solo pueden acceder al segundo carril para adelantar. Esta restricción tiene como objetivo proteger a los demás usuarios de la vía y evitar situaciones que puedan derivar en accidentes o congestiones.

En agosto se sumaron ocho nuevos puntos de control electrónico, distribuidos y señalizados a lo largo de las autopistas de la Ciudad. Estos dispositivos permiten una vigilancia constante y precisa, sin requerir la presencia de agentes de tránsito. La ubicación estratégica de los controles busca maximizar la cobertura y la efectividad del sistema, promoviendo una mayor observancia de la normativa por parte de los conductores de vehículos pesados.

Multas y fiscalización electrónica en autopistas urbanas

La circulación indebida de camiones y ómnibus representa un riesgo concreto para la seguridad vial. Estos vehículos, por sus dimensiones y peso, requieren distancias de frenado más largas y generan puntos ciegos que dificultan la visibilidad de otros conductores. Además, su presencia en carriles no habilitados puede provocar congestión y afectar la fluidez del tránsito, con consecuencias directas en la experiencia diaria de quienes utilizan las autopistas urbanas.

El sistema de fiscalización electrónica contempla una sanción económica considerable para quienes incumplan la normativa. La multa establecida asciende a $146.000, correspondiente a 200 unidades fijas, cuyo valor actual es de $731,62 cada una. Este mecanismo automatizado permite detectar las infracciones de manera eficiente y registrar las evidencias necesarias para la aplicación de la sanción, eliminando la necesidad de operativos presenciales y agilizando el proceso de control.

La incorporación de este sistema se enmarca dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, que promueve la convivencia ordenada entre todos los actores del tránsito y busca mejorar la seguridad vial a través de herramientas tecnológicas y normativas actualizadas.

La automatización del control y la eliminación de la intervención discrecional permiten que la fiscalización de la circulación de camiones en las autopistas urbanas sea más eficiente y transparente, fortaleciendo la confianza en el cumplimiento de las normas y en la equidad del proceso sancionatorio.

La audiencia se realizó este miércoles en la Sala 2 de tribunales y estuvo a cargo del juez penal Nicolás Falkenberg.

El caso conmocionó a la región, ya que el impacto involucró a un colectivo de la empresa Santa Lucía y a un camión Scania cargado con aerosoles de insecticida. El violento accidente, registrado por cámaras de seguridad, tuvo consecuencias trágicas que propiciaron una investigación penal inmediata y la presentación de diversas pruebas ante la Justicia.

Según la imputación presentada por la fiscal Milagros Parodi, el siniestro se inició cuando A. V. efectuó un giro prohibido para reincorporarse a la ruta luego de salir de una gomería ubicada sobre el kilómetro 513 de la traza nacional. El camión, al intentar cruzar la calzada, quedó atravesado sobre los carriles, sin margen para que los vehículos pudieran evitar la colisión.

En ese momento, un colectivo de la firma Santa Lucía, que circulaba desde Chaco hacia el norte, embistió de manera directa contra el acoplado del camión. El impacto fue de tal magnitud que causó la muerte en el acto de los dos choferes del micro y del coordinador del viaje, además de provocar lesiones a 17 pasajeros que viajaban a bordo.

La secuencia quedó registrada en una grabación captada por una cámara de seguridad instalada en un comercio próximo. Ese video fue sumado como evidencia principal en la causa, junto a declaraciones de testigos presenciales, peritajes sobre la dinámica del hecho y otros elementos probatorios relevantes.

En la audiencia desarrollada ayer miércoles y según informó el portal Veo Noticias, la representante del Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación contra el camionero por los delitos de homicidio culposo agravado por múltiples víctimas fatales, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de conducción imprudente e inexperta.

La fiscal Parodi presentó el pedido de una audiencia especial para debatir la prisión preventiva del imputado, que fue fijada para este viernes. En la instancia participaron también la defensora pública Virginia Segado, quien representa al conductor, y el juez Nicolás Falkenberg como máxima autoridad del tribunal.

De acuerdo con la información del expediente, los peritajes técnicos y el material audiovisual aportado refuerzan la hipótesis de una maniobra indebida por parte del camionero. El vehículo de gran porte, que transportaba aerosoles de insecticida, habría realizado el cruce en un sector con restricciones expresas para ese tipo de movimientos, aumentando el riesgo para los demás usuarios de la ruta.

El saldo del siniestro fue trágico. Dos choferes del colectivo y el coordinador del viaje perdieron la vida en el momento del impacto. Otros 17 pasajeros sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser trasladados a centros de salud de la zona. Desde entonces, varios de ellos continuaban con tratamiento médico al cierre de esta edición.

Las familias de las víctimas y de los heridos siguieron de cerca la imputación y esperan que la causa avance hacia un juicio para que se determinen las responsabilidades penales y eventuales reparaciones. “Las pruebas que aparecen en el expediente confirman que hubo una conducta imprudente”, señaló una fuente ligada a la instrucción del caso.

La acumulación de pruebas fue clave en la decisión de avanzar con la imputación formal. Además de la filmación del hecho, el expediente cuenta con peritajes accidentológicos, informes médicos sobre el estado de las víctimas y documentos relativos al reglamento de tránsito vigente en la zona.

La investigación judicial buscará determinar si existían condiciones adicionales que agravaron la maniobra del conductor y si hubo fallas en la señalización o el estado de la ruta que hayan podido influir en el resultado del accidente.

El incidente sucedió durante la noche del sábado sobre la Ruta Nacional N° 11, entre las localidades santafesinas de Nelson y Llambi Campbell, a unos 40 kilómetros de la capital de Santa Fe.

Un camión semirremolque que intentaba reincorporarse a la calzada desde una gomería ubicada a la vera de la ruta quedó atravesado en la ruta cuando el micro de larga distancia, que regresaba de Buenos Aires hacia Resistencia, Chaco, lo atravesó por la mitad del acoplado. Según fuentes policiales, el camión hacía la ruta de Córdoba capital a la ciudad de Reconquista, en Santa Fe;.

Medios locales dieron cuenta de que el ómnibus, que pertenecía a la empresa “Santa Lucía”, llevaba a bordo personas de distintas localidades, como Vera, Calchaquí, Malabrigo, San Justo, zonas rurales del norte provincial, además de Resistencia.

Habían partido desde la Ciudad de Buenos Aires el sábado a las 13.30, luego de realizar un tour de compras, y tenían previsto llegar a destino durante la madrugada de este domingo a destino.

Con el impacto, quedaron varias personas atrapadas en el micro. Las tres víctimas fatales eran quienes estaban en la trompa del colectivo, donde el daño fue total. El bus transportaba 57 pasajeros, además de los choferes y el coordinador, con lo que en total viajaban 60 personas.

Bomberos voluntarios de Laguna Paiva, Zapadores de Santa Fe y dotaciones de Esperanza intentaron socorrerlos, pero no pudieron rescatarlos con vida.

“Fue un infierno, gente gritando, sangrando. Los vidrios estallaron y muchos quedaron lastimados. Es muy feo lo que estamos pasando. Me parece que los choferes están muertos. Eran compañeros de viajes de años. Muy tristes todos. Ellos nos llevaban siempre”, dijo una pasajera, identificada como Nilda Pereyra, según reportó el diario local El Litoral.

“Todos desesperados, la mayoría tenemos golpes y cortes en distintas partes del cuerpo y en la cara; y algunos, fracturas. También hay gente lastimada por los vidrios que estallaron”, comentó la mujer, según el diario local El Esperancino.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el camión involucrado habría salido desde la banquina tras realizar una parada en una gomería. En esa maniobra, al retomar la ruta, fue embestido por el colectivo que avanzaba por el carril en sentido norte. El impacto lateral fue inevitable: el ómnibus no habría tenido tiempo ni espacio suficiente para frenar o esquivarlo.

El tránsito quedó interrumpido en ambos sentidos durante toda la madrugada hasta que cerca de las 6.30 fue liberado. La zona fue acordonada para el trabajo de personal de Criminalística y la Policía de Investigaciones, que buscarán establecer las responsabilidades. Se analizarán las cámaras cercanas, los tacógrafos y los testimonios de los pasajeros.

Según comentarios de conductores que transitan la zona, ese sector es peligroso porque muchos camiones salen del parador/gomería y giran en 90 grados. Es una zona donde no hay señalización.

La fiscal Milagros Parodi dispuso que al conductor del camión se le realice pericias de alcoholemia y test de consumo de narcóticos.

El estado de las rutas nacionales es objeto de críticas hacia el Gobierno nacional por parte de gobernadores y también otros sectores vinculados al transporte.

Semanas atrás, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a reclamar por "rutas nacionales en pésimo estado y siniestralidad con victimas fatales”.

“Lo que habíamos acordado con el gobierno nacional en el Pacto de Mayo acerca de que iban a repavimentar, bachear y ensanchar, en algunos casos, las rutas nacionales no se cumplió”, dijo.

“El año 2024, muchas de esas vidas se perdieron en un accidente de tránsito por el estado de las rutas”, remarcó Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte.

“El estado de la red hoy es desastroso. Los compañeros salen a trabajar, pero con muchos menos kilómetros de cobertura, y el desfinanciamiento no nos está permitiendo hacer la conservación que corresponde ni siquiera para bachear, calzar banquinas o hasta arreglar o darle combustible a las máquinas”, reclamó Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA).

En febrero de este año, el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de veinte intendentes presentaron una denuncia por el abandono del mantenimiento de las rutas, así como por la retención de la parte de la recaudación del Impuesto al Combustible que debe destinarse a Vialidad y la del ahora ex Impuesto PAÍS que debía destinarse a obras de infraestructura.

Un operativo de rutina de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la provincia de Salta dejó al descubierto un preocupante caso que involucra a tres menores de edad viajando sin la documentación requerida, acompañados por un hombre con antecedentes judiciales y una orden que le prohíbe salir del país.

Según informó la CNRT, el hallazgo tuvo lugar en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, un punto estratégico cercano a la frontera con Bolivia, conocido por ser una zona de alta actividad relacionada con el contrabando.

El incidente según informó el portal del diario La Voz, se produjo cuando un ómnibus de la empresa “Turismo Elite” fue detenido durante un control de rutina debido a serias fallas técnicas que comprometían la seguridad de los pasajeros. Entre los desperfectos detectados, el parabrisas del vehículo presentaba grietas significativas que, según las autoridades, representaban un riesgo inminente de desprendimiento. Este hecho motivó la intervención de la Gendarmería Nacional, que procedió a la retención del vehículo para garantizar la seguridad de los ocupantes.

Sin embargo, lo que comenzó como una inspección técnica derivó en una situación mucho más alarmante. Según detalló la CNRT, al verificar la lista de pasajeros y la documentación de los viajeros, se constató que los tres menores no figuraban en el registro oficial y carecían de los papeles necesarios para trasladarse.

Además, el hombre que los acompañaba resultó tener antecedentes judiciales y una prohibición expresa de abandonar el territorio nacional, lo que despertó sospechas sobre las circunstancias del viaje y el posible riesgo al que estaban expuestos los niños.

Ante estos hechos, la fiscalía local inició una investigación para determinar si los menores eran víctimas de un delito, como trata de personas o explotación infantil, y esclarecer las razones detrás de su traslado irregular.

Según consignó la CNRT, este tipo de situaciones no solo representan una violación a las normativas de transporte, sino que también exponen a los menores a condiciones de vulnerabilidad y peligro.

El organismo regulador informó que, como parte de las acciones derivadas del caso, se llevará a cabo una auditoría exhaustiva a la empresa “Turismo Elite” para identificar posibles antecedentes de irregularidades en sus operaciones. En caso de confirmarse responsabilidades, se aplicarán las sanciones correspondientes, que podrían incluir desde multas económicas hasta la suspensión de sus servicios.

De acuerdo con datos proporcionados por la CNRT, durante el año pasado se atendieron más de 7.900 consultas relacionadas con la búsqueda de personas, de las cuales 1.739 derivaron en la identificación de movimientos de transporte que podrían haber sido irregulares. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la importancia de los controles en rutas y terminales para prevenir delitos como la trata de personas.

En este contexto, las autoridades recordaron la existencia de la Línea 145, un servicio gratuito y anónimo disponible las 24 horas del día para realizar denuncias relacionadas con la trata de personas. Este canal busca facilitar la detección temprana de casos y garantizar la protección de las víctimas.

A medida que avanza la investigación, las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza. La colaboración entre organismos como la CNRT, la Gendarmería y la fiscalía será clave para determinar las responsabilidades y proteger los derechos de los menores involucrados.

El caso pone de manifiesto la importancia de los controles en el transporte público como herramienta para detectar y prevenir delitos graves. Además, resalta la necesidad de que las empresas de transporte cumplan estrictamente con las normativas de seguridad y registro de pasajeros, no solo para evitar sanciones, sino también para proteger a los usuarios, especialmente a los más vulnerables.

“41 cuerpos” de víctimas del accidente ingresaron al instituto forense, informó este domingo la Policía Civil en una conferencia de prensa.

El ómnibus viajaba por la carretera BR-116 desde Sao Paulo hacia el estado de Bahia, cuando se accidentó a la altura del municipio mineiro Teófilo Otoni, cerca de las cuatro de la madrugada del sábado.

La Policía Rodoviaria Federal indicó en un comunicado que, según “informaciones preliminares”, un gran bloque de granito “posiblemente” se desprendió de la carrocería de un camión que circulaba en sentido contrario e impactó al ómnibus.

En el acto “ocurrió un gran incendio” en el ómnibus. Otro automóvil con tres ocupantes chocó además contra la parte trasera del camión.

El conductor del camión huyó del lugar y se encuentra “fugitivo”, dijo este domingo la Policía Militar, y agregó que el chofer tenía su habilitación para conducir suspendida desde hacía dos años.

Se trata de la peor tragedia en carreteras federales de Brasil desde 2007, primer año disponible para consulta, según la PRF.

Varios cuerpos de las víctimas fueron retirados “carbonizados” del ómnibus. Entre los muertos hay al menos un niño, según el Cuerpo de Bomberos Militar.

El conteo exacto del número de víctimas ha sido difícil “debido al estado de los cuerpos”, explicó a la AFP una portavoz de los bomberos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó el accidente de “terrible tragedia” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Brasil es el tercer país del mundo con más muertes por accidentes de tránsito, después de India y China, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En noviembre, otro grave accidente de ómnibus en el estado de Alagoas había dejado 17 muertos al precipitarse por un barranco, mientras circulaba por una carretera de montaña.

Este domingo, apenas un día después del siniestro, una aeronave de pequeño tamaño se desplomó en el centro urbano de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, detalló Defensa Civil Nacional con datos preliminares.

“Hay nueve muertos confirmados por (los servicios de) Defensa Civil y no hay sobrevivientes del avión”, dijo, por su parte, a la agencia AFP el comisario Cléber dos Santos Lima, director del Departamento de Policía del Interior de la Policía Civil del estado.

Las autoridades no confirmaron por el momento cuántos pasajeros y tripulantes viajaban en el avión, un turbohélice Piper Cheyenne 400, aunque Defensa Civil dijo más temprano que “preliminarmente, el avión transportaba diez personas”.