En un caso que expone las responsabilidades del transporte público en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca revocó una sentencia de primera instancia.

De esta forma ordenó una nueva indemnización por daño moral, psicológico y gastos médicos a dos pasajeros que sufrieron quemaduras a bordo de un micro de larga distancia. La resolución modificó el fallo anterior y estableció montos actualizados para ambos demandantes, una pareja que viajaba hacia Buenos Aires.

El episodio ocurrió la noche del 29 de mayo de 2018, cuando un hombre y una mujer abordaron un ómnibus en la terminal de Bahía Blanca. Ambos, ubicados en sus asientos asignados, fueron alcanzados por agua caliente que se derramó desde la cafetera del vehículo.

Según la versión presentada en la demanda, un empleado del servicio manipuló la tapa del recipiente, que saltó debido a la presión interna, provocando que el líquido hirviente cayera sobre los pasajeros. El hombre sufrió quemaduras en el rostro, cabeza, cuello y brazo derecho, mientras que su acompañante resultó afectada en el cuello.

El proceso judicial

La pareja inició una demanda civil contra la compañía de transporte y la aseguradora del servicio, reclamando la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y detallando los tratamientos médicos y secuelas derivadas del incidente.

La aseguradora reconoció la existencia de una póliza que cubría el siniestro, aunque negó los hechos y cuestionó los montos requeridos. En tanto, la empresa de transporte atribuyó el accidente a un bache en la ruta e insistió en que el agua no estaba a una temperatura peligrosa.

La sentencia de primera instancia reconoció la existencia del accidente y las lesiones. El fallo estableció una indemnización total de 132.400 pesos para el hombre, distribuidos en gastos médicos, daño psicológico y tratamientos vinculados a las secuelas físicas.

El juez de primera instancia consideró que, si bien existían lesiones y cicatrices, la demanda no argumentó ni probó con claridad la relación entre el daño estético y un perjuicio patrimonial o moral, motivo por el cual rechazó ese ítem. La resolución también desestimó el daño moral para ambos accionantes y rechazó la totalidad del reclamo presentado por la mujer, al no considerar acreditada su participación como víctima directa.

El magistrado fundamentó su decisión señalando que la demanda no expuso con precisión la naturaleza de las secuelas ni su impacto en la vida laboral o social de los damnificados. Según el juez, el peritaje médico realizado no aportó detalles suficientes sobre la extensión ni la morfología de las cicatrices. Además, entendió que no correspondía otorgar un resarcimiento por daño moral sin pruebas concretas sobre el sufrimiento experimentado, y que los testimonios presentados no eran concluyentes.

Cuestionamientos

Ambos demandantes apelaron el fallo, argumentando que la sentencia minimizaba el daño físico y psicológico sufrido y que las pruebas reunidas, incluidos los peritajes y testimonios, respaldaban la existencia de secuelas permanentes.

El hombre sostuvo que el rechazo del daño estético era infundado, mientras que la mujer denunció contradicciones en la valoración de su participación en el accidente. También reclamaron la actualización de los montos indemnizatorios y la modificación del criterio para la imposición de costas procesales.

La Cámara revisó la sentencia y, tras analizar el expediente y los agravios, decidió modificar sustancialmente el criterio de primera instancia. Los jueces reconocieron la existencia de quemaduras y secuelas estéticas irreversibles en el caso del hombre, concluyendo que el daño debía ser indemnizado como daño moral y no como un rubro autónomo, dado que la demanda no había probado una afectación económica directa.

El tribunal valoró el dictamen del perito médico, que acreditó quemaduras de segundo grado, secuelas en rostro y hombro, y la persistencia de una lesión visible superior a cuatro centímetros. La Cámara consideró que la magnitud de las lesiones y el impacto emocional resultaban evidentes, tanto por la naturaleza del accidente como por la afectación estética y funcional. En ese sentido, los jueces resolvieron que el daño moral se presumía por la sola existencia de lesiones físicas y por las consecuencias psicológicas certificadas.

El fallo de la Cámara estableció una indemnización de 3.500.000 pesos por daño moral para el hombre, calculada en función del costo estimado de un viaje de placer para dos personas a Brasil durante diez días. El tribunal fundamentó esta cifra como un placer compensatorio que permitiera armonizar el sufrimiento padecido, considerando la edad y el perfil socioeconómico del damnificado.

Además, la Cámara ordenó actualizar el monto del daño psicológico a 1.706.400 pesos, según los valores mínimos sugeridos por el Colegio de Psicólogos de la provincia, y elevar la suma por gastos médicos y farmacéuticos a 100.000 pesos. Todos los montos fueron fijados a valores actuales y sujetos a intereses hasta el efectivo pago.

Respecto a la mujer, la Cámara revocó el rechazo de su demanda y reconoció su condición de víctima, citando el reconocimiento expreso de la empresa demandada y la declaración de testigos que acreditaron quemaduras en el cuello. El tribunal sostuvo que, aunque las lesiones físicas eran menores, el hecho de haber sufrido el incidente y presenciado las consecuencias en su pareja constituía un perjuicio espiritual indemnizable. Para cuantificar el daño moral, los jueces tomaron como referencia el costo de un televisor de 50 pulgadas, fijando la indemnización en 800.000 pesos.

La sentencia de segunda instancia también resolvió la cuestión de las costas procesales. A diferencia del fallo anterior, la Cámara impuso todos los gastos del proceso a la empresa de transporte y a la aseguradora, al considerar que ambas demandas resultaron mayoritariamente acogidas. El tribunal dejó diferida la determinación de los honorarios profesionales para una instancia posterior.

El fallo aclaró que la condena alcanzaba a la aseguradora citada en garantía. La Cámara recordó que la actualización de los montos indemnizatorios debía regirse por los lineamientos fijados en la jurisprudencia vigente y que cualquier desfasaje por inflación o variación de valores sería revisado al momento de la ejecución de la sentencia.

La resolución adoptada por la Cámara de Bahía Blanca marca un precedente en materia de responsabilidad civil en el transporte público, al reconocer el impacto emocional y estético de accidentes que ocurren durante el servicio. El tribunal enfatizó que la valoración del daño debe atender tanto las pruebas objetivas como las circunstancias particulares de cada víctima y que la reparación debe buscar una compensación efectiva del menoscabo sufrido.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay puso en su agenda la transformación del sistema metropolitano de Montevideo y sus departamentos más cercanos: Canelones y San José. El proyecto es ambicioso y la primera etapa es la conformación de las iniciativas, que estiman que el costo de los cambios puede rondar los USD 590 millones.

El director nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Felipe Martín, dijo que “la transformación del sistema de movilidad contribuirá a una mejor calidad de vida de los usuarios”, en declaraciones difundidas por la Presidencia de la República. Los estudios técnicos incluyen trabajos de ingeniería, simulaciones de tránsito y transporte público.

El proyecto de movilidad se basará en la estructuración de troncales, que son los trayectos por donde ingresa y sale la mayor cantidad de pasajeros del sistema, según indicó Martín. Estos grandes ejes son las avenidas Italia y Gianattasio, y de 8 de Octubre y Camino Maldonado. Serán recorridas por ómnibus de alto desempeño, capaces de trasladar a unas 250 personas de forma “confortable, eficiente y accesible”, dijo el jerarca del ministerio.

Luego habrá puntos de intercambio por coches de menor porte o “alimentadoras”, que realizarán diferentes caminos desde y hacia cada troncal. “Esto es una combinación intermodal”, señaló Martín.

Los trabajos fueron contratados por la cartera, con fondos no reembolsables de organismos multilaterales. Fueron publicados en el sitio web del ministerio.

“Estos informes constituyen el primer paso para diseñar este sistema, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad, confiabilidad e integración urbana”, informó el MTOP en su página web.

Además, el gobierno uruguayo trabaja con fondos de cooperación internacional para financiar la iniciativa. Se prevé que el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprueban créditos no reembolsables, de entre USD 300 millones y USD 500 millones, respectivamente.

Una vez cumplida esta primera etapa se pasará a la siguiente, que consiste en la definición del proyecto ejecutivo. Podría completarse en el transcurso del primer semestre de este año, una vez que se cuente con todos los insumos necesarios. El documento deberá contener toda la estructura de la transformación, así como los datos de los costos estimados.

Uno de los estudios, consignado por El Observador, fue realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la universidad estatal uruguaya, la Udelar. Este informe fue el que concluyó que la reforma del transporte supondría una inversión de unos USD 590 millones.

La obra central del proyecto es la construcción de un túnel en 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo, aunque su extensión todavía no está definida. Ahora se han manejado diferentes alternativas de extensión.

Este túnel no sería utilizado por los vehículos particulares sino únicamente por los ómnibus BTD, como se les denomina a los sistemas de línea de alta frecuencia. Bajo tierra habría dos carriles, uno en cada sentido de circulación. Y también habría una vía auxiliar de emergencia de 0,9 metros de ancho, ubicada lateralmente en caso de emergencias.

Todos los vehículos serían eléctricos.

Habría paradas para ingresar a estos ómnibus que estarían ubicadas aproximadamente cada 500 metros. Según lo definido en el proyecto, se construirían entre 5 y 6,5 metros de profundidad con respecto al nivel de calle y se conectarían a la superficie por escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores accesibles.

La circulación de camiones por carriles no permitidos en las autopistas urbanas cuenta desde agosto con un sistema de fiscalización electrónica destinado a reforzar la seguridad vial y ordenar el tránsito en la Ciudad. Esta medida introduce controles automatizados y una multa significativa para quienes infrinjan la normativa vigente.

El sistema electrónico, recientemente instalado, identifica y sanciona a los camiones y ómnibus que circulen fuera de los carriles habilitados. La normativa exige que estos vehículos transiten exclusivamente por el carril derecho y utilicen el segundo solo para maniobras de sobrepaso. Según la ley de tránsito, “los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos”. Esta disposición busca reducir los riesgos asociados a la presencia de vehículos de gran porte en carriles centrales o de alta velocidad.

Normativa sobre circulación de camiones y ómnibus

La regulación establece límites claros para el desplazamiento de vehículos pesados en las autopistas urbanas. Camiones y ómnibus tienen prohibido utilizar cualquier carril salvo el derecho, y solo pueden acceder al segundo carril para adelantar. Esta restricción tiene como objetivo proteger a los demás usuarios de la vía y evitar situaciones que puedan derivar en accidentes o congestiones.

En agosto se sumaron ocho nuevos puntos de control electrónico, distribuidos y señalizados a lo largo de las autopistas de la Ciudad. Estos dispositivos permiten una vigilancia constante y precisa, sin requerir la presencia de agentes de tránsito. La ubicación estratégica de los controles busca maximizar la cobertura y la efectividad del sistema, promoviendo una mayor observancia de la normativa por parte de los conductores de vehículos pesados.

Multas y fiscalización electrónica en autopistas urbanas

La circulación indebida de camiones y ómnibus representa un riesgo concreto para la seguridad vial. Estos vehículos, por sus dimensiones y peso, requieren distancias de frenado más largas y generan puntos ciegos que dificultan la visibilidad de otros conductores. Además, su presencia en carriles no habilitados puede provocar congestión y afectar la fluidez del tránsito, con consecuencias directas en la experiencia diaria de quienes utilizan las autopistas urbanas.

El sistema de fiscalización electrónica contempla una sanción económica considerable para quienes incumplan la normativa. La multa establecida asciende a $146.000, correspondiente a 200 unidades fijas, cuyo valor actual es de $731,62 cada una. Este mecanismo automatizado permite detectar las infracciones de manera eficiente y registrar las evidencias necesarias para la aplicación de la sanción, eliminando la necesidad de operativos presenciales y agilizando el proceso de control.

La incorporación de este sistema se enmarca dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, que promueve la convivencia ordenada entre todos los actores del tránsito y busca mejorar la seguridad vial a través de herramientas tecnológicas y normativas actualizadas.

La automatización del control y la eliminación de la intervención discrecional permiten que la fiscalización de la circulación de camiones en las autopistas urbanas sea más eficiente y transparente, fortaleciendo la confianza en el cumplimiento de las normas y en la equidad del proceso sancionatorio.

La audiencia se realizó este miércoles en la Sala 2 de tribunales y estuvo a cargo del juez penal Nicolás Falkenberg.

El caso conmocionó a la región, ya que el impacto involucró a un colectivo de la empresa Santa Lucía y a un camión Scania cargado con aerosoles de insecticida. El violento accidente, registrado por cámaras de seguridad, tuvo consecuencias trágicas que propiciaron una investigación penal inmediata y la presentación de diversas pruebas ante la Justicia.

Según la imputación presentada por la fiscal Milagros Parodi, el siniestro se inició cuando A. V. efectuó un giro prohibido para reincorporarse a la ruta luego de salir de una gomería ubicada sobre el kilómetro 513 de la traza nacional. El camión, al intentar cruzar la calzada, quedó atravesado sobre los carriles, sin margen para que los vehículos pudieran evitar la colisión.

En ese momento, un colectivo de la firma Santa Lucía, que circulaba desde Chaco hacia el norte, embistió de manera directa contra el acoplado del camión. El impacto fue de tal magnitud que causó la muerte en el acto de los dos choferes del micro y del coordinador del viaje, además de provocar lesiones a 17 pasajeros que viajaban a bordo.

La secuencia quedó registrada en una grabación captada por una cámara de seguridad instalada en un comercio próximo. Ese video fue sumado como evidencia principal en la causa, junto a declaraciones de testigos presenciales, peritajes sobre la dinámica del hecho y otros elementos probatorios relevantes.

En la audiencia desarrollada ayer miércoles y según informó el portal Veo Noticias, la representante del Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación contra el camionero por los delitos de homicidio culposo agravado por múltiples víctimas fatales, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de conducción imprudente e inexperta.

La fiscal Parodi presentó el pedido de una audiencia especial para debatir la prisión preventiva del imputado, que fue fijada para este viernes. En la instancia participaron también la defensora pública Virginia Segado, quien representa al conductor, y el juez Nicolás Falkenberg como máxima autoridad del tribunal.

De acuerdo con la información del expediente, los peritajes técnicos y el material audiovisual aportado refuerzan la hipótesis de una maniobra indebida por parte del camionero. El vehículo de gran porte, que transportaba aerosoles de insecticida, habría realizado el cruce en un sector con restricciones expresas para ese tipo de movimientos, aumentando el riesgo para los demás usuarios de la ruta.

El saldo del siniestro fue trágico. Dos choferes del colectivo y el coordinador del viaje perdieron la vida en el momento del impacto. Otros 17 pasajeros sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser trasladados a centros de salud de la zona. Desde entonces, varios de ellos continuaban con tratamiento médico al cierre de esta edición.

Las familias de las víctimas y de los heridos siguieron de cerca la imputación y esperan que la causa avance hacia un juicio para que se determinen las responsabilidades penales y eventuales reparaciones. “Las pruebas que aparecen en el expediente confirman que hubo una conducta imprudente”, señaló una fuente ligada a la instrucción del caso.

La acumulación de pruebas fue clave en la decisión de avanzar con la imputación formal. Además de la filmación del hecho, el expediente cuenta con peritajes accidentológicos, informes médicos sobre el estado de las víctimas y documentos relativos al reglamento de tránsito vigente en la zona.

La investigación judicial buscará determinar si existían condiciones adicionales que agravaron la maniobra del conductor y si hubo fallas en la señalización o el estado de la ruta que hayan podido influir en el resultado del accidente.

El incidente sucedió durante la noche del sábado sobre la Ruta Nacional N° 11, entre las localidades santafesinas de Nelson y Llambi Campbell, a unos 40 kilómetros de la capital de Santa Fe.

Un camión semirremolque que intentaba reincorporarse a la calzada desde una gomería ubicada a la vera de la ruta quedó atravesado en la ruta cuando el micro de larga distancia, que regresaba de Buenos Aires hacia Resistencia, Chaco, lo atravesó por la mitad del acoplado. Según fuentes policiales, el camión hacía la ruta de Córdoba capital a la ciudad de Reconquista, en Santa Fe;.

Medios locales dieron cuenta de que el ómnibus, que pertenecía a la empresa “Santa Lucía”, llevaba a bordo personas de distintas localidades, como Vera, Calchaquí, Malabrigo, San Justo, zonas rurales del norte provincial, además de Resistencia.

Habían partido desde la Ciudad de Buenos Aires el sábado a las 13.30, luego de realizar un tour de compras, y tenían previsto llegar a destino durante la madrugada de este domingo a destino.

Con el impacto, quedaron varias personas atrapadas en el micro. Las tres víctimas fatales eran quienes estaban en la trompa del colectivo, donde el daño fue total. El bus transportaba 57 pasajeros, además de los choferes y el coordinador, con lo que en total viajaban 60 personas.

Bomberos voluntarios de Laguna Paiva, Zapadores de Santa Fe y dotaciones de Esperanza intentaron socorrerlos, pero no pudieron rescatarlos con vida.

“Fue un infierno, gente gritando, sangrando. Los vidrios estallaron y muchos quedaron lastimados. Es muy feo lo que estamos pasando. Me parece que los choferes están muertos. Eran compañeros de viajes de años. Muy tristes todos. Ellos nos llevaban siempre”, dijo una pasajera, identificada como Nilda Pereyra, según reportó el diario local El Litoral.

“Todos desesperados, la mayoría tenemos golpes y cortes en distintas partes del cuerpo y en la cara; y algunos, fracturas. También hay gente lastimada por los vidrios que estallaron”, comentó la mujer, según el diario local El Esperancino.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el camión involucrado habría salido desde la banquina tras realizar una parada en una gomería. En esa maniobra, al retomar la ruta, fue embestido por el colectivo que avanzaba por el carril en sentido norte. El impacto lateral fue inevitable: el ómnibus no habría tenido tiempo ni espacio suficiente para frenar o esquivarlo.

El tránsito quedó interrumpido en ambos sentidos durante toda la madrugada hasta que cerca de las 6.30 fue liberado. La zona fue acordonada para el trabajo de personal de Criminalística y la Policía de Investigaciones, que buscarán establecer las responsabilidades. Se analizarán las cámaras cercanas, los tacógrafos y los testimonios de los pasajeros.

Según comentarios de conductores que transitan la zona, ese sector es peligroso porque muchos camiones salen del parador/gomería y giran en 90 grados. Es una zona donde no hay señalización.

La fiscal Milagros Parodi dispuso que al conductor del camión se le realice pericias de alcoholemia y test de consumo de narcóticos.

El estado de las rutas nacionales es objeto de críticas hacia el Gobierno nacional por parte de gobernadores y también otros sectores vinculados al transporte.

Semanas atrás, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a reclamar por "rutas nacionales en pésimo estado y siniestralidad con victimas fatales”.

“Lo que habíamos acordado con el gobierno nacional en el Pacto de Mayo acerca de que iban a repavimentar, bachear y ensanchar, en algunos casos, las rutas nacionales no se cumplió”, dijo.

“El año 2024, muchas de esas vidas se perdieron en un accidente de tránsito por el estado de las rutas”, remarcó Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte.

“El estado de la red hoy es desastroso. Los compañeros salen a trabajar, pero con muchos menos kilómetros de cobertura, y el desfinanciamiento no nos está permitiendo hacer la conservación que corresponde ni siquiera para bachear, calzar banquinas o hasta arreglar o darle combustible a las máquinas”, reclamó Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA).

En febrero de este año, el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de veinte intendentes presentaron una denuncia por el abandono del mantenimiento de las rutas, así como por la retención de la parte de la recaudación del Impuesto al Combustible que debe destinarse a Vialidad y la del ahora ex Impuesto PAÍS que debía destinarse a obras de infraestructura.

Un operativo de rutina de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la provincia de Salta dejó al descubierto un preocupante caso que involucra a tres menores de edad viajando sin la documentación requerida, acompañados por un hombre con antecedentes judiciales y una orden que le prohíbe salir del país.

Según informó la CNRT, el hallazgo tuvo lugar en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, un punto estratégico cercano a la frontera con Bolivia, conocido por ser una zona de alta actividad relacionada con el contrabando.

El incidente según informó el portal del diario La Voz, se produjo cuando un ómnibus de la empresa “Turismo Elite” fue detenido durante un control de rutina debido a serias fallas técnicas que comprometían la seguridad de los pasajeros. Entre los desperfectos detectados, el parabrisas del vehículo presentaba grietas significativas que, según las autoridades, representaban un riesgo inminente de desprendimiento. Este hecho motivó la intervención de la Gendarmería Nacional, que procedió a la retención del vehículo para garantizar la seguridad de los ocupantes.

Sin embargo, lo que comenzó como una inspección técnica derivó en una situación mucho más alarmante. Según detalló la CNRT, al verificar la lista de pasajeros y la documentación de los viajeros, se constató que los tres menores no figuraban en el registro oficial y carecían de los papeles necesarios para trasladarse.

Además, el hombre que los acompañaba resultó tener antecedentes judiciales y una prohibición expresa de abandonar el territorio nacional, lo que despertó sospechas sobre las circunstancias del viaje y el posible riesgo al que estaban expuestos los niños.

Ante estos hechos, la fiscalía local inició una investigación para determinar si los menores eran víctimas de un delito, como trata de personas o explotación infantil, y esclarecer las razones detrás de su traslado irregular.

Según consignó la CNRT, este tipo de situaciones no solo representan una violación a las normativas de transporte, sino que también exponen a los menores a condiciones de vulnerabilidad y peligro.

El organismo regulador informó que, como parte de las acciones derivadas del caso, se llevará a cabo una auditoría exhaustiva a la empresa “Turismo Elite” para identificar posibles antecedentes de irregularidades en sus operaciones. En caso de confirmarse responsabilidades, se aplicarán las sanciones correspondientes, que podrían incluir desde multas económicas hasta la suspensión de sus servicios.

De acuerdo con datos proporcionados por la CNRT, durante el año pasado se atendieron más de 7.900 consultas relacionadas con la búsqueda de personas, de las cuales 1.739 derivaron en la identificación de movimientos de transporte que podrían haber sido irregulares. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la importancia de los controles en rutas y terminales para prevenir delitos como la trata de personas.

En este contexto, las autoridades recordaron la existencia de la Línea 145, un servicio gratuito y anónimo disponible las 24 horas del día para realizar denuncias relacionadas con la trata de personas. Este canal busca facilitar la detección temprana de casos y garantizar la protección de las víctimas.

A medida que avanza la investigación, las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza. La colaboración entre organismos como la CNRT, la Gendarmería y la fiscalía será clave para determinar las responsabilidades y proteger los derechos de los menores involucrados.

El caso pone de manifiesto la importancia de los controles en el transporte público como herramienta para detectar y prevenir delitos graves. Además, resalta la necesidad de que las empresas de transporte cumplan estrictamente con las normativas de seguridad y registro de pasajeros, no solo para evitar sanciones, sino también para proteger a los usuarios, especialmente a los más vulnerables.

“41 cuerpos” de víctimas del accidente ingresaron al instituto forense, informó este domingo la Policía Civil en una conferencia de prensa.

El ómnibus viajaba por la carretera BR-116 desde Sao Paulo hacia el estado de Bahia, cuando se accidentó a la altura del municipio mineiro Teófilo Otoni, cerca de las cuatro de la madrugada del sábado.

La Policía Rodoviaria Federal indicó en un comunicado que, según “informaciones preliminares”, un gran bloque de granito “posiblemente” se desprendió de la carrocería de un camión que circulaba en sentido contrario e impactó al ómnibus.

En el acto “ocurrió un gran incendio” en el ómnibus. Otro automóvil con tres ocupantes chocó además contra la parte trasera del camión.

El conductor del camión huyó del lugar y se encuentra “fugitivo”, dijo este domingo la Policía Militar, y agregó que el chofer tenía su habilitación para conducir suspendida desde hacía dos años.

Se trata de la peor tragedia en carreteras federales de Brasil desde 2007, primer año disponible para consulta, según la PRF.

Varios cuerpos de las víctimas fueron retirados “carbonizados” del ómnibus. Entre los muertos hay al menos un niño, según el Cuerpo de Bomberos Militar.

El conteo exacto del número de víctimas ha sido difícil “debido al estado de los cuerpos”, explicó a la AFP una portavoz de los bomberos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó el accidente de “terrible tragedia” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Brasil es el tercer país del mundo con más muertes por accidentes de tránsito, después de India y China, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En noviembre, otro grave accidente de ómnibus en el estado de Alagoas había dejado 17 muertos al precipitarse por un barranco, mientras circulaba por una carretera de montaña.

Este domingo, apenas un día después del siniestro, una aeronave de pequeño tamaño se desplomó en el centro urbano de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, detalló Defensa Civil Nacional con datos preliminares.

“Hay nueve muertos confirmados por (los servicios de) Defensa Civil y no hay sobrevivientes del avión”, dijo, por su parte, a la agencia AFP el comisario Cléber dos Santos Lima, director del Departamento de Policía del Interior de la Policía Civil del estado.

Las autoridades no confirmaron por el momento cuántos pasajeros y tripulantes viajaban en el avión, un turbohélice Piper Cheyenne 400, aunque Defensa Civil dijo más temprano que “preliminarmente, el avión transportaba diez personas”.

Con el objetivo de generar más oferta para los pasajeros, a partir de la eliminación de trabas para las empresas, el Gobierno desreguló el Transporte Automotor de larga y media distancia. Cambios en el acceso a aeropuertos, registros, tarifas y el régimen de cancelaciones y reprogramaciones son algunos de los puntos principales que incluye la medida.

“Hoy por Decreto 883/23 el presidente Javier Milei implementó la total desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. A partir de ahora las empresas podrán elegir sus horarios, rutas, precios, tamaño de sus vehículos y paradas sin necesidad de autorizaciones ni trámites engorrosos. El transporte de pasajeros hasta ahora se dividía en servicio público (ley 12.346) y libre. Por ejemplo, el transporte de pasajeros turístico era libre (aunque con engorrosos registros), mientras que el transporte de pasajeros local e interjurisdiccional eran un servicio público. El Decreto 883 mueve todo el tránsito interjurisdiccional al segmento libre (solo queda parte del urbano local como regulado)”, aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Sucede que con dicho decreto se dispuso que ya no existirá más la clasificación del transporte en servicios públicos, servicios de tráfico libre, servicios ejecutivos y servicios de transporte para el turismo.

En esta línea, previamente la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional era el único documento que habilitaba a realizar el transporte interjurisdiccional de cargas o de pasajeros en el territorio nacional. Esta seguirá vigente hasta la implementación de la medida en los próximos 60 días pero su función a partir de entonces será canalizada por la Licencia Nacional de Conducir acorde a la categoría que corresponda (B,C,E o D).

“El cambio se adapta a los tiempos que corren. Hace 30 años el tránsito en colectivo era el único mecanismo de conexión entre los puntos más importantes del país, pero en la actualidad este tránsito se hace en competencia con otros medios (aerocomercial). Por este motivo lo más relevante hoy es brindarle flexibilidad a la industria para adecuarse a las cambiantes condiciones de la demanda. Adicionalmente, obliga a todas los hubs de tránsito a destrabar el acceso. En particular, aeropuertos y puertos deberán permitir el ingreso de cualquier operador de transporte de pasajeros, e incluso generar espacios para las plataformas de uso compartido (Uber, Cabify y otros)”, agregó. Ahora los aeropuertos deberán disponer de un lugar específico para este tipo de aplicaciones.

Además, “ya no será obligatorio para las empresas parar en las terminales, por lo que estas deberán competir y atraer los colectivos a ellas (se habían convertido en un mecanismo adicional de recaudación, además de imponer costos en términos de tiempo para los pasajeros)”, dijo el ministro.

En este sentido, las empresas no van a estar obligadas a pagar el toque de dársena a las terminales, al poder elegir donde hacer sus paradas. El decreto les permite también poder hacerlo en aeropuertos, lo que antes se encontraba prohibido.

No obstante, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Ómnibus de Larga Distancia, aclaró que se debe aguardar a la reglamentación que realice cada municipio o gobierno local sobre este punto, principalmente en las ciudades capitales.

Por otro lado, Sturzenegger indicó: “Desde ahora cualquier empresa que quiera operar simplemente deberá informarlo a través de una plataforma electrónica con 5 días de anticipación; luego de este plazo quedará automáticamente habilitada. Los requisitos de seguridad de los vehículos no se modifican: los vehículos deberán estar en condiciones y sus operadores verificar los seguros exigidos. Sí se eliminan las exigencias de patrimonio que históricamente operaba como una barrera a la entrada”.

Más en detalle, los transportistas y empresas podrán iniciar sus actividades automáticamente a partir de los 5 días hábiles administrativos de la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Transporte para pasajeros, el cual será público, online y no tendrá costos.

Asimismo, el permiso no tendrá más un plazo determinado: la explotación del servicio público de transporte automotor de pasajeros ya no tendrá una vigencia de 10 años.

Sobre los cambios para los pasajeros, como el Estado determinó que a partir de ahora no son más servicio público, las empresas ya no estarán obligadas a llevar personas con discapacidad gratis y se elimina la política de devolución de pasajes ante cancelaciones.

Luego se eliminan las bandas tarifarias que fijaban un precio del boleto máximo, lo cual estaba determinado por el Gobierno. Gaona señala que, depende la demanda y los destinos, algunas tarifas podrían bajar y otras subir.

Y sostuvo que esperan que en las próximas semanas, acompañado de este decreto, se publique alguna reglamentación que dé más especificaciones. “Nosotros ya le hemos solicitado a la autoridad nacional que nos reciba y que trabajemos en esas medidas porque son fundamentales para terminar de entender cuál va a ser el alcance real de la medida. Faltan normativas de reglamentación para terminar de clarificar”, dijo.

“Necesitamos un poco más de información y entonces le hemos pedido formalmente al Gobierno que se conforme una mesa de trabajo para conocer los detalles de cómo se van a implementar estas medidas. Por ejemplo, no sabemos qué requisitos se le van a pedir a los nuevos ingresantes en el sistema, cómo se van a reconfigurar los sistemas de control ya que hoy la mayoría de los controles se realizan en las terminales, pero la normativa dice que ya no es obligatorio. Entonces, ¿cómo se va a controlar el transporte a larga distancia?”, consideró.

En tanto, desde el Gobierno aseguran que las medidas de seguridad no presentan cambios y que no se eliminan ni el examen psicofísico ni las capacitaciones, sino que se delegará en las jurisdicciones locales la realización de los mismos con prestadores locales, previa autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Claves

• Se eliminan las clasificaciones: Ya no existen más la clasificación en servicios públicos; servicios de tráfico libre; servicios ejecutivos; servicios de transporte para el turismo.
• Registro: Se modifica el nombre y pasa a ser digital.
• Apertura total del sistema: ya no será un registro cerrado con permisos especiales para cada tramo, sino que cualquier empresa habilitada para el transporte de personas podrá realizar cualquier tramo con solo estar inscripta en el Registro.
• Parque móvil: Podrán compartir vehículos entre empresas.
• No hay plazo del permiso: Sin un plazo determinado, la explotación del servicio público de transporte automotor de pasajeros ya no tendrá una vigencia de 10 años.
• Inicio de actividades: Los transportistas y empresas podrán iniciar sus actividades automáticamente a partir de los 5 días hábiles administrativos de la fecha de su inscripción.
• Recorridos y tarifas: Las empresas podrán establecer libremente los recorridos, horarios, precios y duración de los servicios que presten.

Durante la jornada de ayer jueves, el Juzgado Federal Nº 2 de Resistencia ordenó la detención de un ciudadano y el decomiso de más de 2 kilos de cannabis sativa que se encontraba en un transporte público de pasajeros en Ruta Nacional Nº 16 en la provincia de Chaco. Efectivos del Escuadrón 51 “Fontana” y la Patrulla Fija “Puente General Belgrano” identificaron la sustancia durante un procedimiento rutinario de control, informó la Gendarmería Nacional Argentina.

El hallazgo se produjo al inspeccionar el vehículo con la ayuda de Olivia, un perro detector de narcóticos. Los funcionarios notaron inicialmente tres paquetes ocultos en el compartimiento del aire acondicionado del autobús y junto a estos paquetes, Olivia mostró una clara reacción ante una mochila, lo que llevó a realizar una inspección más detallada.

El análisis de los paquetes conducido por personal de Criminalística y Estudios Forenses mediante pruebas de campo Narcotest confirmó la presencia de cannabis. En total, los paquetes contenían 2 kilos 185 gramos de la sustancia, según los resultados.

Este procedimiento se llevó a cabo cuando el transporte público se dirigía hacia la provincia de Santa Fe. Las autoridades acreditaron al Juzgado Federal Nº 2 de Resistencia la disposición del arresto del involucrado y la incautación de la droga.

Y a fines del mes de mayo de este año y en un procedimiento similar de la Gendarmería, agentes del Escuadrón 53 “Jujuy” detuvieron una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes en un operativo de prevención vial en el kilómetro 1.730 de la Ruta Nacional Nº 9.

Al momento de ser consultados, los individuos, procedentes de La Quiaca y con destino a Buenos Aires, mostraban signos de nerviosismo y evadían las preguntas de los oficiales.

Fue durante la inspección que un perro policía, Nahir, señaló la posible presencia de estupefacientes en el área del tanque de combustible.

Ante ello, la Fiscalía Federal de Jujuy ordenó una revisión exhaustiva, que resultó en el hallazgo de 19 paquetes de una sustancia blancuzca y las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 20,062 kilogramos.

Las autoridades confiscaron la droga y el vehículo, y arrestaron a los dos ocupantes bajo cargos de violación de la Ley de Estupefacientes 23.737.

Y en otra operación destinada a enfrentar el narcotráfico en áreas fronterizas, efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron en el mes de marzo pasado, un vehículo en la provincia de Salta que ocultaba más de 24 kilos de cocaína en su tanque de combustible lo que resultó en la detención de dos individuos.

El hallazgo se produjo durante un operativo de control en la ruta nacional Nº34, parte de una serie de operaciones de saturación sincronizada dirigidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando miembros del Escuadrón 54 “Aguaray”, asistidos por el perro detector de narcóticos “Minos”, señalaron la camioneta para una inspección más detallada.

El can alertó a los agentes sobre la posible presencia de sustancias prohibidas en la parte inferior del vehículo y un escáner reveló anomalías en el tanque de combustible y una inspección manual posterior permitió recuperar 44 paquetes rectangulares.

Las pruebas de campo confirmaron que contenían cocaína, con un peso total de 24,985 kilogramos. La Fiscalía Federal de Tartagal ordenó el secuestro de la sustancia y del vehículo, y la detención de los dos sospechosos.

Finalmente, en otro operativo, miembros de la Sección “Joaquín V. González” del Escuadrón 45 “Salta” detuvieron un vehículo sospechoso en la Ruta Nacional Nº 16.

Allí, una inspección detallada reveló 20 paquetes de cocaína sumergidos en el combustible, con un peso total de 21,526 kilogramos. Los ocupantes del vehículo fueron detenidos y se ordenó el secuestro del vehículo y la droga.

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos debido a los reportes de secuestros en rutas de una línea de transporte de pasajeros que salen de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, misma que es controlada por una facción del Cártel del Golfo.

En el aviso del Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, se menciona que se continúan “recibiendo reportes de secuestros organizados para pedir rescate en autobuses interurbanos que salen de Reynosa, Tamaulipas, operados por la empresa de transporte Omnibus”.

“Estos secuestros han ocurrido predominantemente por las noches en autobuses Omnibus que partían hacia el sur desde la principal terminal de autobuses de Reynosa”, se lee en la advertencia emitida este 11 de julio. Se informó que los secuestradores se han dirigido específicamente a pasajeros con conexiones a Estados Unidos, incluidos ciudadanos y residentes estadounidenses.

“Las víctimas denuncian que les roban sus pertenencias y documentos, les vacían las cuentas bancarias y sus familias se ven obligadas a pagar rescates de miles de dólares por cada víctima”, señala la advertencia del Consulado estadounidense.

Por esta razón, el Departamento de Estado lanzó una Advertencia de Viaje para Tamaulipas de Nivel 4: “No viajar debido a delitos y secuestros”.

El gobierno de los EEUU pidió a sus ciudadanos evitar viajar dentro o a través de la entidad que gobierna el morenista Américo Villareal Anaya.

“Notifique a sus amigos y familiares sobre sus planes y permanezca en contacto con ellos”, se lee en la alerta de las autoridades en donde también se pide tener cuidado con el entorno. “Si usted o un familiar es víctima de secuestro en Reynosa, llame a la oficina local del FBI en McAllen al 1 (956) 984-6300″, se informó.

La Reynosa, ciudad en disputa por Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y CJNG

En mayo del 2023, la organización Insight Crime informó que en la ciudad fronteriza había presencia de tres cárteles de la droga: dos facciones del Cártel del Golfo, Los Metros y Escorpiones; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y el Cártel del Noreste.

De acuerdo con distintos medios periodísticos, Los Metros habría sido los causantes de que la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, llegara al estado que históricamente ha dominado el Cártel del Golfo, por lo que el año pasado se reportaron varios enfrentamientos entre el Grupo Escorpión y Los Metros y sus aliados de Jalisco.

En tanto, José Alberto García Vilano, alias La Kena o Ciclón 19, líder del Grupo Escorpión fue detenido el 18 de enero en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El gobierno de Estados Unidos busca la extradición de La Kena, quien permanece recluido en El Altiplano, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. García Vilano es requerido por la corte de Distrito Sur de Texas quien lo acusa de diferentes delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Efectivos del Escuadrón Seguridad Vial Autopista “Noroeste” detuvieron un ómnibus en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del acceso a la Autopista Panamericana, que viajaba desde Misiones hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la inspección de la bodega del vehículo, los agentes encontraron cuatro conservadoras de telgopor etiquetadas como “peces vivos”. Procedieron a requisar las conservadoras, descubriendo 330 peces empaquetados en bolsas plásticas, en violación a la Ley 22.421 de Conservación de la Flora y Fauna Silvestre.

La operación contó con la intervención del Juzgado Federal de San Martín. Además, personal de la Subsecretaría de Ambiente se encargó del traslado, resguardo y conservación de los peces, informó Gendarmería Nacional.

En otro procedimiento similar a principios del mes de mayo pasado, personal de la Sección de Seguridad Vial “Lapachito”, adscrito al Escuadrón 14 “Las Palmas” de Gendarmería Nacional, llevaba a cabo un operativo de seguridad vial cuando detuvieron la marcha de un auto procedente de la ciudad de Formosa con destino final en Corrientes.

Durante la inspección del automóvil, los agentes notaron la presencia de una jaula de transporte de animales y al abrir la misma, descubrieron la presencia de un ejemplar de “Alouatta Caraya”, más conocido como mono Carayá, especie protegida por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.

Ante este hallazgo, las autoridades informaron a la División Rural La Leonesa de la Policía de Chaco, quienes se encargaron del traslado del animal a la Brigada Operativa Ambiental para recibir la atención adecuada.

Mientras tanto, el individuo responsable permanecerá bajo investigación, enfrentando cargos por violación a la Ley Provincial N.º 1429-R de Manejo de Recursos de la Fauna Silvestre y la Caza Deportiva.

Y a mediados del mes de marzo pasado, un suceso ocurrido durante la noche en el Puesto de Control Fijo “Cuay Grande” del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería, ubicado en el kilómetro 669 de la Ruta Nacional N° 14, en la provincia de Corrientes, captó la atención de las autoridades locales.

Es que durante una inspección de rutina a un ómnibus proveniente de Bernardo de Irigoyen, con destino a San Justo, en el Gran Buenos Aires, los efectivos descubrieron una situación alarmante en el área de carga del vehículo.

Allí, ocultos en dos valijas se hallaron 90 serpientes, 236 arañas de distintas especies y un ciempiés, lo que generó un operativo inmediato por parte de las autoridades presentes en el lugar.

La rápida intervención de los gendarmes permitió identificar al propietario del equipaje en cuestión, quien fue detenido siguiendo las órdenes de la Fiscalía Ambiental y Rural de Santo Tomé, en coordinación con la oficina de Flora y Fauna según informó la misma fuerza federal en su página web.

En tanto, los animales fueron incautados y entregados a la dirección de Fauna de la provincia, mientras que el pasajero detenido enfrentará las consecuencias legales correspondientes por este acto ilegal.

Y lamentablemente, este incidente no es un caso aislado en la región. A principios de diciembre del año pasado, efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo una operación similar en el AMBA.

En aquella oportunidad, se rescataron más de 130 animales exóticos que estaban siendo comercializados ilegalmente en varios domicilios y en estos allanamientos, se detuvo a cuatro personas y se descubrió un criadero ilegal en el barrio porteño de Villa Urquiza, lo que condujo a la detención de un quinto sospechoso.

En esos lugares, se hallaron ejemplares de dragones barbudos (pogona vitticeps), procedentes de Australia; geckos leopardo y leopardo azul (ublepharis macularius), de Oriente Medio (de Irán hasta Pakistán); tiliquas, de Australia e Indonesia; gecko crestado, de Islas de Nueva Caledonia; pitón bola, de África Central; ranas arborícolas verdes, de Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda y EEUU. También mamíferos como petauros del azúcar (petaurus breviceps), de Australia e islas del Indo-Pacífico; y peces pulmonados de la cuenca del Amazonas.

En total, los efectivos rescataron 128 reptiles, entre ranas, lagartos, tortugas, serpientes e insectos; dos mamíferos; y siete peces, todo en infracción a la Ley de Conservación de Fauna Silvestre 22.421, Ley de Maltrato Animal y Actos de Crueldad 14.346, y Ley 22.344 de C.I.T.E.S.

Asimismo, secuestraron elementos destinados a la cría y almacenamiento de estos animales, junto a documentación que comprueba su comercialización. También incautaron celulares y notebooks que serán analizados para obtener información que permita establecer la procedencia de los ejemplares.

En una acción coordinada con especialistas, los animales rescatados fueron trasladados a una reserva privada en Escobar y al Serpentario Educativo del Tigre para su rehabilitación y se evaluará la posibilidad de reintegrarlos a sus hábitats naturales o repatriarlos, según corresponda.

La investigación sobre este caso está a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, bajo la dirección del fiscal Sebastián Basso.

La Habana, 18 abr (EFE).- El transporte público en Cuba se encuentra en uno de sus "peores momentos de los últimos años" y el país no cuenta con los ingresos y el combustible precisos para estabilizarlo, reconoció este jueves el Gobierno insular.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró durante el programa de Youtube ‘Desde la Presidencia’, que él mismo presenta, que en al menos 121 municipios de las 15 provincias del país hay una preocupación importante de la población por la falta de transporte.

El mandatario, como suele achacar el Gobierno insular, aseguró que las sanciones de EE.UU. son una de las razones que han llevado a esa situación y que, según cálculos oficiales, el embargo (bloqueo) le costó al sector unos 202,4 millones de dólares entre febrero de 2022 y marzo de 2023.

Aseguró que solo en La Habana se necesitan 80.000 litros de diésel diarios para la flotilla de transporte público entera y que el país, "con las condiciones actuales", no dispone de suficiente combustible para cubrirlo.

Al respecto, el ministro del ramo, Eduardo Rodríguez, informó en este mismo espacio que el transporte público estatal sirve actualmente a menos de la mitad de pasajeros que hace cinco años, de 5,9 millones de viajeros al día a apenas 2,7.

De igual manera, el titular de Transporte declaró que este problema también se presenta en el trasiego de cargas, que se encuentra en la mitad de su capacidad.

Asimismo, subrayó que "la mitad de las rutas" cubiertas por la flotilla estatal no funcionan de forma estables, ya sea porque los anticuados vehículos sufren roturas que los sacan de la circulación o por falta de combustible.

Esta situación, según reconocieron Díaz-Canel y Rodríguez, ha llevado a recurrir al transporte privado, cuyos precios suelen ser inalcanzables para la mayoría de los cubanos.