El exdiputado opositor nicaragüense Enrique Sáenz sostuvo que la democracia en Nicaragua no llegará mediante un helicóptero militar de Estados Unidos y afirmó que la salida de Daniel Ortega dependerá de la movilización interna y de presiones internacionales efectivas. El dirigente, al que el Gobierno privó de la ciudadanía, rechazó la expectativa de que Washington expulse por la fuerza al mandatario.

“La democracia en Nicaragua no llegará de la mano de un helicóptero militar estadounidense”, dijo Sáenz a EFE. Consideró que esa posibilidad es una fantasía sostenida por ciertos sectores de la oposición nicaragüense.

Sáenz fue uno de los 94 nicaragüenses declarados “traidores a la patria” por las autoridades en febrero de 2023. La consulta se produjo tras la creación, por parte de la Organización de Estados Americanos, de un grupo ministerial destinado a dialogar con el Gobierno nicaragüense y buscar el retorno del país a la senda democrática.

La presión internacional y la construcción de una alternativa

La salida de Ortega y el inicio de un proceso de cambio democrático, planteó el exlegislador, solo serán posibles con la participación del pueblo nicaragüense, especialmente de quienes padecen los abusos de la dictadura y las dificultades económicas y sociales que atribuyó a “la mafia en el poder”.

Los grupos opositores enfrentan el desafío de construir una alternativa que genere confianza tanto dentro de Nicaragua como ante la comunidad internacional. Sin embargo, Sáenz sostuvo que la polarización ideológica y el apego a una solución proveniente de Washington han impedido hasta ahora consolidar esa opción política.

El grupo de la OEA está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Su mandato consiste en dar seguimiento a la situación nicaragüense, promover elecciones y reclamar la liberación incondicional de los presos políticos.

La organización resolvió intervenir después de que Ortega declarara el 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones. Posteriormente, el Gobierno impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de las personas consideradas “traidoras a la patria”, una categoría dirigida contra la oposición.

Ortega no cederá “un centímetro” sin presiones reales, advirtió Sáenz. A excepción de Estados Unidos, afirmó, los demás integrantes del grupo no cuentan con mecanismos capaces de “mover la voluntad del dictador”.

A su juicio, la principal posibilidad de que el organismo continental tenga un papel político efectivo es que el Gobierno estadounidense aplique medidas contundentes que respalden las gestiones diplomáticas. Los recientes resultados electorales en Estados Unidos podrían, según su análisis, restablecer un consenso bipartidista en el Congreso y ofrecer apoyo político renovado para esas medidas.

Ese consenso ya se había expresado en la Nica Act y, posteriormente, en la Ley Renacer, dos iniciativas que contemplaron presiones contra el Gobierno sandinista, aunque Sáenz consideró que su aplicación fue incompleta.

La segunda alternativa sería que el grupo ministerial, después de realizar algunas gestiones, diera por terminada su tarea. Esa decisión podría dejar abierta la posibilidad de acciones unilaterales, particularmente desde Estados Unidos, aunque el dirigente planteó dudas sobre la existencia de espacio político para que ocurran.

La crisis iniciada en 2018 y la reelección de Ortega

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se profundizó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega, de 81 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo desde su regreso al poder en 2007.

Las elecciones se celebraron mientras sus principales competidores permanecían encarcelados. Después, el Gobierno los expulsó del país, les retiró la nacionalidad y los derechos políticos, tras acusarlos de ser “golpistas” y de cometer “traición a la patria”.

Un informe del Miranda Center for Democracy, un centro de análisis con sede en Estados Unidos, sostiene que la política del entonces presidente colombiano Gustavo Petro hacia Venezuela contribuyó a reducir el costo diplomático del fraude electoral atribuido al gobierno de Nicolás Maduro tras los comicios del 28 de julio de 2024.

El documento, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy se enfoca en el efecto de decisiones diplomáticas tomadas por el Gobierno colombiano, que, según el centro de estudios, dieron margen al chavismo para sostener su posición internacional luego de que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamara la reelección de Maduro sin publicar las actas desagregadas.

El informe cuestiona el silencio inicial y la abstención en la OEA

La investigación ubica uno de los puntos centrales en las primeras horas posteriores a la votación. Según el recuento del Miranda Center, Petro tardó cerca de 55 horas en pronunciarse públicamente sobre el proceso, mientras gobiernos como los de Brasil y Chile reclamaban la divulgación de los resultados detallados.

El organismo venezolano anunció entonces que Maduro había obtenido 51,2% de los votos, pero no difundió las actas de mesa que permitieran verificar el escrutinio. La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, divulgó copias de actas con un resultado distinto y denunció irregularidades en el proceso.

El 31 de julio de 2024, Colombia se abstuvo en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre una resolución que pedía a Caracas publicar de inmediato los resultados desagregados. La iniciativa consiguió 17 respaldos y quedó a un voto de los 18 necesarios para su aprobación.

Para el informe, esa abstención fue una de las decisiones que redujo la presión regional sobre Maduro. El centro de estudios afirma que el apoyo colombiano, o el de alguno de los otros países que no respaldaron la resolución, habría permitido aprobar el texto.

La mediación reemplazó la exigencia de publicar las actas

Después de la votación en la OEA, los gobiernos de Colombia, Brasil y México impulsaron una posición conjunta que pidió transparencia y verificación, aunque con énfasis en el diálogo político. El Miranda Center interpreta que ese cambio de lenguaje desplazó la exigencia inmediata de exhibir las actas electorales.

El reporte denomina este patrón como un “blanqueo” institucional, una expresión con la que describe decisiones que, a su juicio, disminuyeron el aislamiento internacional del gobierno venezolano. El documento aclara que su conclusión se refiere al impacto de esas acciones y que no depende de demostrar la existencia de un plan deliberado entre los gobiernos de Petro y Maduro.

El análisis también cita las evaluaciones del Centro Carter, que determinó que la elección venezolana no cumplió estándares internacionales de integridad electoral. La organización señaló deficiencias en la transparencia y en la publicación de resultados, mientras la oposición sostuvo que sus registros otorgaban a González una ventaja amplia sobre Maduro.

Energía, frontera y Paz Total aparecen entre las razones señaladas

El Miranda Center atribuyó la posición colombiana a tres factores. El primero es una afinidad política con el chavismo y la crítica frecuente de Petro a las sanciones de Estados Unidos como causa de la crisis venezolana.

El segundo está relacionado con la agenda energética. El informe menciona los acercamientos entre Ecopetrol y la estatal venezolana PDVSA, así como el interés de Bogotá en eventuales importaciones de gas desde Venezuela. Esos vínculos, conforme a lo expuesto en el documento, favorecían la preservación de una relación bilateral estable.

El tercer elemento es la política de Paz Total. Venezuela participó como país garante en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ha sido señalada como zona de retaguardia de grupos armados colombianos. Para los autores, una confrontación diplomática con Caracas podía afectar los contactos destinados a esas negociaciones.

Hasta ahora, el informe no equivale a una acusación oficial del Gobierno de Estados Unidos ni a una decisión judicial contra Petro. Se trata de un análisis elaborado por una organización con sede en Washington, cuyas conclusiones reabren el debate sobre la respuesta regional ante la elección venezolana de 2024.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó el martes 5.570 fusiles automáticos y 20 ametralladoras livianas a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar las operaciones contra las bandas criminales, a las que su Gobierno responsabiliza por la escalada de violencia en el país.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que el material sustituirá armas que los militares utilizaban desde períodos anteriores. “Es un armamento de asalto, más liviano, mejor para operar en condiciones urbanas, es ambidiestro y de última generación”, sostuvo.

Del total de fusiles, el Ejército recibirá 3.220 unidades, la Armada contará con 1.667 y la Fuerza Aérea con 883. La entrega incluyó 24.253 unidades de equipamiento complementario y demandó una inversión de USD 24,5 millones, informó la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.

Loffredo señaló que una mejora de las capacidades de las Fuerzas Armadas permitirá “enfrentar mejor” al “enemigo”, en alusión a los grupos armados organizados que Noboa calificó como terroristas.

El comandante del Ejército, John Miño, indicó que la incorporación del nuevo armamento supone un “salto transcendental” en la lucha contra las organizaciones criminales y precisó que el material ingresará “de manera inmediata a las operaciones militares en defensa del territorio nacional”.

Cabe recordar que Noboa declaró en 2024 un estado de conflicto armado interno para intensificar la ofensiva contra las bandas delictivas. Desde entonces, el Ejecutivo decretó sucesivos estados de excepción y toques de queda nocturnos, con el fin de habilitar operativos especiales de las fuerzas de seguridad. Pese a esas medidas, Ecuador cerró 2025 con 9.284 asesinatos, la cifra más alta registrada en el país.

En paralelo a la entrega de armamento y de cara a los comicios locales del 29 de noviembre, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el asesinato de dos candidatos y una comerciante en Huaquillas, ciudad ecuatoriana fronteriza con Perú, y reclamó garantías para unas elecciones en paz.

El ataque armado causó la muerte de Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía de Huaquillas; Cristhian Rugel, aspirante a concejal; y Hilda Ruiz, una comerciante que acompañaba a ambos. La agresión ocurrió el lunes por la noche en el sector Los Israelitas, durante un acto de campaña.

Farfán ejerció como alcalde de Huaquillas entre 2014 y 2019 y buscaba regresar al cargo en las próximas elecciones. La Alcaldía local informó que Ruiz no integraba las candidaturas y que acompañaba a los dos dirigentes al momento del ataque.

El jefe policial de El Oro, coronel Renato González, explicó que varios hombres llegaron al sitio en dos motocicletas y efectuaron disparos. Las autoridades investigan si el crimen se vincula con una extorsión que Rugel sufrió meses atrás en uno de sus comercios. “No descartamos que pueda tener alguna connotación de carácter político”, afirmó González. El jefe policial recordó que uno de los hijos de Farfán fue asesinado hace nueve meses.

La OEA sostuvo que los ecuatorianos “merecen ejercer su derecho al voto en un clima de paz y convivencia cívica” y consideró que la participación ciudadana en las elecciones locales constituye “una respuesta democrática frente a la violencia”.

El Oro formó parte de las cinco provincias costeras sometidas a un toque de queda nocturno desde el 1 de noviembre hasta este martes. El presidente Daniel Noboa dispuso la medida dentro de su estrategia contra las bandas criminales, a las que declaró la “guerra” en 2024.

Fue el cuarto toque de queda nocturno que Noboa aplicó durante el año. En el primer semestre, El Oro registró 68,74 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa provincial más elevada de Ecuador, con un aumento interanual del 62%, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en los comicios locales. La jornada definirá 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales, además de sus respectivos suplentes.

(Con información de EFE)

La República Dominicana será sede de la XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, un encuentro que reunirá en Santo Domingo a representantes de 25 países y 35 organismos electorales de la región entre el 11 y el 13 de noviembre de 2026.

La Junta Central Electoral (JCE) participará como anfitriona de la cita, organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo multilateral hemisférico con sede en Washington.

El foro, que tendrá lugar en el Hotel El Embajador, convocará a autoridades electorales para debatir sobre los desafíos que afrontan los procesos comiciales en el continente. El programa incluye discusiones sobre financiamiento político-electoral, tecnología aplicada a las elecciones, ciberseguridad, inteligencia artificial y estrategias frente a la desinformación.

La actividad será coordinada por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, con la colaboración de la JCE y el apoyo de los gobiernos de Canadá y Suiza.

Santo Domingo reunirá a autoridades electorales de 25 países

La XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales comenzará el miércoles 11 de noviembre con una ceremonia de inauguración. Las sesiones de trabajo se desarrollarán los días 12 y 13 bajo la modalidad de plenarias cerradas, un formato que permitirá a las delegaciones compartir experiencias institucionales y analizar respuestas frente a riesgos que afectan a los sistemas electorales.

La convocatoria forma parte de los espacios de cooperación técnica entre organismos que administran elecciones en las Américas. La agenda prevé intercambios sobre mecanismos para mejorar la transparencia, proteger la infraestructura electoral y fortalecer la capacidad de respuesta ante campañas de manipulación informativa.

La JCE tendrá un papel central como institución anfitriona. El país recibirá a delegaciones de autoridades electorales y especialistas que examinarán experiencias regionales vinculadas a la administración de comicios, la seguridad de los datos y la comunicación pública durante las jornadas electorales.

La tecnología, la ciberseguridad y la desinformación en el centro del debate

Uno de los paneles del programa llevará por título “Tecnología Electoral: ¿Cómo equilibrar la transparencia sin comprometer la seguridad?”. La discusión abordará uno de los principales dilemas de las autoridades comiciales: cómo incorporar herramientas que permitan verificar procedimientos y resultados sin exponer sistemas, bases de datos o información sensible.

En esa sesión participará Mario Núñez, director de Elecciones de la JCE. El funcionario presentará la experiencia dominicana en materia de modernización de los procesos electorales, mecanismos de transparencia y medidas de seguridad.

El debate sobre tecnología electoral incluirá aspectos asociados a la digitalización de trámites, la transmisión de resultados, la protección de los registros y la trazabilidad de los procedimientos. La agenda también pondrá el foco en los riesgos que surgen de los ataques informáticos y de la circulación de contenidos falsos o manipulados durante los períodos de campaña y votación.

La reunión incorporará además el análisis del impacto de la inteligencia artificial en el comportamiento humano y en la difusión de mensajes políticos. El uso de herramientas capaces de producir imágenes, audios y videos falsificados ha ampliado los desafíos de las autoridades electorales, que deben responder a nuevas formas de desinformación sin afectar la libertad de expresión ni el debate público.

Alberto Díaz-Cayeros expondrá sobre competencia electoral y comportamiento humano

El programa contempla una conferencia magistral de Alberto Díaz-Cayeros, académico de la Universidad de Stanford, institución de educación superior de California. Su presentación se centrará en las condiciones necesarias para garantizar una competencia electoral equitativa y en el uso de inteligencia estratégica por parte de los organismos responsables de organizar comicios.

La exposición también incluirá el efecto de la desinformación y de las nuevas tecnologías sobre las decisiones de los votantes. El tema adquiere relevancia en un contexto regional donde las plataformas digitales se convirtieron en un canal central para la circulación de información política, pero también para la difusión de contenidos sin respaldo o fabricados con herramientas automatizadas.

Los asistentes participarán, además, en un taller práctico sobre construcción de resiliencia electoral mediante el diálogo, la negociación y la mediación. Especialistas de la Universidad de Notre Dame, institución de educación superior de Indiana, estarán a cargo de esta actividad, orientada a ofrecer herramientas para prevenir conflictos y canalizar desacuerdos vinculados con los procesos electorales.

La propuesta busca fortalecer la capacidad institucional de los organismos electorales para responder ante tensiones políticas, cuestionamientos sobre los resultados o disputas entre actores que participan de una elección.

La OEA destacó el valor regional del encuentro

Como Secretaría Técnica de la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, la OEA difundió un mensaje previo al inicio de las actividades. El organismo afirmó que acompaña “este espacio de diálogo y cooperación” para fortalecer las capacidades de las autoridades electorales y mejorar la organización de los comicios en las Américas.

La XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales concluirá el viernes 13 de noviembre con una ceremonia de clausura. La agenda prevé una recepción ofrecida por la Embajada de Suiza, país que apoya la realización del encuentro junto con Canadá.

Nicaragua profundizó durante el 2026 el deterioro de sus instituciones democráticas y la concentración del poder estatal en el régimen copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe divulgado este miércoles 4 de noviembre por la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, una organización nicaragüense con sede en Costa Rica.

El documento sostiene que el país atravesó un nuevo período de restricciones a las libertades civiles y políticas, reducción de la participación ciudadana y pérdida de autonomía de las instituciones estatales. La evaluación abarca reformas constitucionales, presiones sobre organizaciones civiles y religiosas, limitaciones a la prensa independiente y el avance de concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes.

La Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano sustituyó a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente que fue ilegalizado por el régimen de Ortega y Murillo. La entidad presentó su análisis desde Costa Rica, donde opera después de la cancelación de la personalidad jurídica de numerosas ONG en Nicaragua.

El organismo afirmó que el entorno político e institucional nicaragüense registró una mayor concentración del poder estatal a lo largo de este año. Según el informe, las libertades civiles y políticas siguieron bajo presión, mientras los canales de participación independiente se redujeron.

Las reformas constitucionales ampliaron las facultades del Ejecutivo

La organización señaló que las modificaciones constitucionales promovidas en 2026 reforzaron la influencia del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado, con efectos particulares sobre el sistema de justicia y la autonomía institucional.

En septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen sandinista, aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución. La iniciativa requiere una segunda aprobación, prevista para el 18 de enero de 2027, antes de su entrada en vigor.

La reforma excluye de los cargos de elección popular a los opositores considerados “traidores a la patria” y extiende de cinco a siete años el mandato presidencial. Para la Fundación Sin Límites, la modificación forma parte de una secuencia de decisiones que apunta a consolidar el control político de los copresidentes.

Daniel Ortega, quien cumple 81 años el 11 de noviembre, gobierna Nicaragua de manera consecutiva desde 2007. Antes coordinó la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y ocupó la Presidencia entre 1985 y 1990. Con esos períodos, acumuló 30 años al frente del país.

La iniciativa parlamentaria fue presentada semanas después de que Ortega declarara, durante un acto oficial, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Esa afirmación provocó cuestionamientos de actores internacionales y reavivó las críticas sobre las condiciones políticas y electorales del país.

Persisten las restricciones a la prensa, las ONG y las comunidades indígenas

El informe indicó que las limitaciones sobre la sociedad civil continuaron durante 2026. La evaluación incluye obstáculos para el funcionamiento de organizaciones independientes, presiones contra medios de comunicación y restricciones vinculadas con la libertad religiosa.

La Fundación Sin Límites también alertó por la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El documento vincula las tensiones territoriales con la expansión de las concesiones mineras, un proceso que, según la ONG, incrementó las presiones sobre comunidades que reclaman protección de sus tierras y recursos naturales.

El organismo sostuvo que la reducción de los espacios autónomos no se limitó a las instituciones políticas. También alcanzó a sectores civiles que habían participado en la discusión pública, el monitoreo de derechos y la formulación de propuestas sobre asuntos económicos y sociales.

“Durante 2026, el entorno político e institucional de Nicaragua continuó caracterizándose por el debilitamiento de las libertades civiles y políticas, la reducción de los espacios de participación ciudadana y una creciente concentración del poder estatal”, señaló la organización en el informe.

La respuesta internacional mantuvo diferencias sobre sanciones y diálogo

El análisis subrayó que el aumento del escrutinio internacional sobre Nicaragua no derivó en una estrategia externa común. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) mantuvieron el seguimiento de la situación institucional, mientras Estados Unidos y la Unión Europea sostuvieron o aplicaron medidas y pronunciamientos sobre el país.

La ONG consideró que, en América Latina, varios gobiernos y administraciones expresaron preocupación por la evolución política y electoral nicaragüense. No obstante, persistieron diferencias respecto de la conveniencia del diálogo, la aplicación de sanciones y el principio de no intervención.

El documento agregó que el fortalecimiento de los vínculos del régimen nicaragüense con China y Rusia amplió las opciones de cooperación económica, diplomática y de seguridad. Esas relaciones, según la entidad, ampliaron el margen de maniobra externo de Managua frente a las presiones de Estados Unidos, la Unión Europea y organismos multilaterales.

Para la Fundación, los hechos de 2026 reflejan una reducción sostenida de los espacios de autonomía y participación independiente.

Centroamérica, República Dominicana y Belice reafirmaron el 29 de octubre su compromiso con la Hoja de Ruta contra el tráfico ilícito de armas, una estrategia regional con horizonte en 2035 que busca prevenir la proliferación ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

La Primera Reunión Anual de Estados parte congregó de forma virtual a ministros, viceministros y otras autoridades de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, además de los otros dos países participantes. El encuentro revisó los resultados obtenidos desde la adopción de la estrategia y definió prioridades para el próximo período, según informó este 2 de noviembre la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Las delegaciones coincidieron en que el fortalecimiento de las capacidades nacionales y de los mecanismos internos de coordinación resulta necesario para ampliar la cooperación regional frente al tráfico ilegal de armamento. También intercambiaron experiencias sobre los distintos ritmos de aplicación en cada país.

Planes nacionales y coordinación entre instituciones

Los avances se concentraron en tres áreas: el desarrollo y la aplicación de los Planes de Acción Nacionales, los mecanismos de coordinación interinstitucional y el sistema de monitoreo y evaluación creado para medir el cumplimiento de los objetivos regionales.

Guatemala fue el primer país de la subregión en concluir las consultas y la validación de su plan nacional. Trabaja en el seguimiento de las medidas previstas.

República Dominicana se encuentra próxima a aprobar un decreto presidencial para crear una Comisión Nacional interinstitucional. Ese organismo coordinará acciones de prevención y control del uso indebido de armas.

Belice incorporó a su plan nacional los compromisos asumidos en las hojas de ruta del Caribe y de Centroamérica. Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá continúan con la elaboración de sus respectivos planes y con el fortalecimiento de la articulación entre organismos nacionales.

La Hoja de Ruta fue adoptada el 12 de febrero de 2025 en la sede de la OEA. El compromiso regional se organiza en cuatro ejes: refuerzo de las normas y la coordinación entre instituciones; prevención de la violencia con armas de fuego; gestión del ciclo de vida de armas, municiones y explosivos; e investigación y persecución penal del tráfico y uso ilegal.

El secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Ivan Marques, sostuvo que el encuentro excedía una revisión de tareas pendientes: “Esta Primera Reunión Anual es mucho más que un ejercicio de balance. Es una oportunidad para reafirmar que la cooperación regional produce resultados, que el liderazgo de los Estados puede traducirse en acciones concretas y que, trabajando juntos, podemos fortalecer nuestra capacidad colectiva para prevenir y combatir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos”.

Asistencia técnica y próxima reunión en 2027

La reunión incluyó un diálogo con donantes y socios encargados de aplicar las medidas para identificar necesidades de asistencia técnica, oportunidades de cooperación y acciones prioritarias. La Unión Europea financió el encuentro como parte de su respaldo a la implementación de la estrategia.

Cada Estado elabora su plan nacional con acompañamiento técnico de la OEA, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La Unión Europea y Alemania aportan el financiamiento para ese proceso.

La jefa de la Subdivisión de Desarme Regional, Información y Divulgación de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Radha Day, advirtió que los resultados deberán medirse por su efecto: “El verdadero éxito de esta Hoja de Ruta no dependerá únicamente de las acciones emprendidas, sino de los cambios y el impacto que logremos generar. Las bases se están consolidando. Ahora, los Estados deben avanzar con determinación para traducirlas en resultados concretos”.

Los Estados ratificaron su intención de avanzar hasta 2027 en el desarrollo y la aplicación de los planes nacionales, y prevén celebrar la próxima reunión anual de manera presencial durante ese año.

Hasta este viernes 30 de octubre especialistas en seguridad digital, representantes de organismos internacionales comparten en Panamá experiencias para reforzar la prevención, la detección y la respuesta frente a las amenazas cibernéticas.

Esto será en el marco del Cyber Americas Forum y Cibercom 2026, cuyo acto inaugural reunió a autoridades y diplomáticos de distintos países.

“Hoy comprendemos que las amenazas no reconocen fronteras. La protección de nuestras infraestructuras críticas, la defensa del ciberespacio y la prevención del ciberdelito requieren instituciones preparadas, cooperación efectiva y una visión compartida”, señaló el viceministro de Seguridad Pública encargado, Juan Carlos Rodríguez.

Que Panamá reciba este foro implica para el funcionario una responsabilidad que trasciende lo protocolar.

“Significa consolidar nuestro compromiso con la seguridad hemisférica, impulsar el intercambio de conocimientos y contribuir a la construcción de una región más segura, resiliente y preparada ante las amenazas emergentes”, manifestó.

Remarcó que la cita abre una vía para reforzar lazos entre naciones, compartir aprendizajes y avanzar hacia un continente con mayor capacidad de respuesta ante los riesgos del entorno digital.

El evento, surge de una cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reforzar las capacidades regionales en esta materia, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad.

En esta oportunidad, agrega, se trata de la primera edición que fusiona el tradicional Simposio de Ciberseguridad con Cibercom, ampliando los espacios destinados al intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación entre naciones.

El trasfondo de esta cooperación excede lo estrictamente tecnológico: una estafa electrónica puede vaciar los ahorros de una familia, el robo de datos puede exponer la identidad de una persona y un ataque contra sistemas esenciales puede interrumpir servicios de los que depende la población entera.

Estos escenarios colocan a la ciberseguridad como un componente central de la seguridad pública, alineado con los objetivos del Plan Firmeza que adelantan las autoridades, que tiene proyectado una protección ciudadana capaz de adaptarse a nuevos desafíos sin perder el foco en las personas.

Bajo esa lógica, se indicó que la prevención, la preparación y la coordinación entre países se vuelven herramientas necesarias para anticipar amenazas, tanto en el espacio físico como en el digital.

El Cyber Americas Forum + Cibercom 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del hemisferio para discutir la ciberseguridad, la ciberdefensa y el futuro digital de las Américas, al articular en un mismo encuentro el tradicional simposio de ciberseguridad de la OEA y el congreso nacional panameño de ciberseguridad y ciberdefensa CIBERCOM.

Bajo el lema de las “hiperamenazas” y la necesidad de asegurar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras, el foro reúne a las autoridades gubernamentales, responsables de seguridad pública, diplomáticos, organismos internacionales, sector privado tecnológico, academia y poder judicial.

El objetivo, se indicó, también es el de fortalecer la cooperación regional frente a riesgos como las estafas electrónicas, el robo de datos personales, los ataques contra infraestructuras críticas y la sofisticación de las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

Según las descripciones oficiales, el foro está organizado por la Sección de Ciberseguridad del CICTE de la OEA y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), lo que evidencia una alianza institucional entre un organismo multilateral de seguridad hemisférica y la autoridad nacional responsable de la política de seguridad pública panameña.

Esta coorganización permite que el evento combine la visión regional de la OEA sobre amenazas cibernéticas con las necesidades específicas de Panamá, que tiene un rol estratégico como centro de conectividad internacional y nodo de comercio global, subrayó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez en su intervención inaugural.

A la ceremonia asistieron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sara Rogers, y el secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Guillermo Moncayo.

Igualmente, se contó con la presencia de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, y el embajador estadounidense en el país, Kevin Marino Cabrera.

El Pacífico tropical atraviesa un calentamiento que ya reordena los pronósticos de lluvia en el continente. La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que El Niño 2026-2027 alcanzó una intensidad “muy fuerte” y que su pico, previsto entre octubre y diciembre, podría traer inundaciones en algunos puntos de Sudamérica y sequías persistentes en otros.

Para la Argentina, el foco está puesto sobre la Cuenca del Plata, un sistema compartido con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El organismo prevé lluvias por encima de los valores habituales entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, un escenario que puede favorecer las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, el anegamiento de tierras productivas y dificultades para la logística portuaria.

La Cuenca del Plata es la quinta cuenca hidrográfica más grande del mundo y uno de los sistemas hídricos y socioeconómicos más importantes del Cono Sur y de toda América Latina. En el territorio argentino, comprende toda la región del nordeste, el litoral y gran parte del centro del país.

La advertencia alcanza al país en un momento sensible del calendario hidrológico. Los caudales que descienden por las grandes cuencas no reconocen fronteras: una sucesión de lluvias intensas en el sur de Brasil, Paraguay o la alta cuenca del Paraná puede trasladar sus efectos, días o semanas después, a las ciudades y localidades ribereñas argentinas.

Lluvias superiores a lo normal en la Cuenca del Plata

El informe técnico fue elaborado por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA junto con la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño. La entidad ubica a la Cuenca del Plata entre las zonas sudamericanas expuestas a un exceso de precipitaciones por encima del promedio estacional durante los próximos meses.

El escenario incluye a la Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Entre los efectos operativos esperados, el trabajo menciona crecidas en los ríos Paraná y Uruguay, anegamientos en áreas rurales e impactos en la actividad portuaria. El nivel de confianza asignado a esta previsión es medio, por lo que el organismo remarca la necesidad de un seguimiento permanente de los pronósticos locales y de la evolución de los ríos.

El documento también diferencia situaciones dentro del territorio argentino. Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, prevé condiciones de temperatura cercanas a los valores normales en parte del país y por debajo de lo habitual en el centro. En materia de lluvias, la señal de mayor humedad alcanza al centro de la Argentina y a sectores vinculados a la cuenca, mientras que el sur patagónico aparece entre las áreas con una posible precipitación inferior a la normal.

Los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay ya muestran señales de atención

En sus anexos, la OEA incluyó una advertencia de la Entidad Binacional Yacyretá emitida el 6 de octubre. El reporte consignó que el aporte de agua de septiembre había quedado 37% por encima del promedio histórico, con proyecciones de lluvias de hasta 200 milímetros sobre la cuenca del río Iguazú.

El informe anticipó un ascenso en Puerto Ituzaingó, Corrientes, y advirtió que la Cuenca del Plata ya comenzó a mostrar una dinámica de aguas altas, con impacto potencial sobre las poblaciones y la infraestructura ubicadas a la vera de los ríos. La recomendación fue activar planes de contingencia para poblaciones costeras y obras de infraestructura.

La evaluación coincide con el último boletín hidroclimático elaborado por el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional. El reporte prevé lluvias superiores a las normales en el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. Además, señaló que el Paraná argentino-paraguayo registró una onda de crecida y que el Uruguay mantiene una condición reactiva, con posibilidad de nuevos repuntes.

La proyección, de todos modos, no equivale a un pronóstico de inundaciones para cada localidad. La magnitud de los impactos depende de la distribución de las lluvias, de la respuesta de cada subcuenca, del estado de los suelos y de la infraestructura disponible.

El fenómeno mantendría su fuerza hasta el primer trimestre de 2027

Lejos de las costas sudamericanas, el calentamiento del Pacífico tropical empieza a trasladar sus efectos a miles de kilómetros. El Niño es una alteración entre el océano y la atmósfera que modifica la circulación del aire y desplaza los patrones de lluvia a escala global.

Según el informe de la OEA, la anomalía de temperatura en la región central del Pacífico, conocida como Niño 3.4, llegó a +2,0℃ a comienzos de septiembre, un valor asociado a la categoría de evento “muy fuerte”. Frente a las costas de Ecuador y Perú, en la región Niño 1+2, el desvío alcanzó +4,5℃, un registro que el documento define como un Niño costero extraordinario.

Las proyecciones citadas por el organismo indican una probabilidad del 100% de que el fenómeno se mantenga durante el primer trimestre de 2027. Para el período de octubre a diciembre de 2026, también asignan 100% de probabilidad a que conserve la categoría de “muy fuerte” y 75% de chances de que supere los registros históricos desde 1950.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones del sistema El Niño-Oscilación del Sur corresponden a una fase cálida y que los modelos proyectan su continuidad durante el trimestre.

América enfrenta un mapa dividido entre inundaciones y sequías

El informe de la OEA describe un continente atravesado por riesgos opuestos. Mientras la Cuenca del Plata, la costa de Ecuador, el norte de Perú y parte de Chile podrían recibir lluvias intensas, otras regiones enfrentarían una marcada escasez de agua.

El Corredor Seco de Centroamérica, el Caribe insular, las regiones andina y caribeña de Colombia, Venezuela y la Amazonia figuran entre las zonas con riesgo de déficit de precipitaciones. En Colombia, la caída de lluvias podría ubicarse entre 40% y 80% en algunas áreas, con presiones sobre los embalses, la generación de electricidad y el riesgo de incendios.

En el Caribe, el organismo alertó por la posibilidad de racionamientos urbanos e intrusión de agua salada en acuíferos. En Panamá, una reducción de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela podría afectar el calado permitido para los buques que cruzan el Canal de Panamá.

La OEA también advirtió que la escasez de lluvias en el Corredor Seco podría llevar a entre 500.000 y 750.000 personas a una situación de crisis alimentaria.

El mapa de El Niño dibuja, así, dos amenazas sobre América: mientras algunas regiones deberán contener el avance del agua, otras enfrentarán el desafío de su ausencia.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) descartó dudas sobre el resultado electoral en Brasil, pero criticó la judicialización del proceso y recomendó cambios en la Justicia Electoral después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial del domingo.

La misión de observación sostuvo que los datos difundidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE) coincidieron con la información que sus integrantes reunieron durante la jornada. El organismo afirmó que no encontró motivos para cuestionar la integridad de los resultados oficiales y felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% del senador Flávio Bolsonaro. La diferencia superó los 4,4 millones de sufragios. El TSE proclamó el resultado tras el cierre de la votación, mientras los observadores destacaron la capacidad técnica, logística y organizativa de las autoridades que llevaron adelante los comicios.

El informe preliminar de la OEA señaló, sin embargo, que la campaña y la jornada electoral quedaron atravesadas por un número elevado de acciones judiciales. Los observadores advirtieron que esa dinámica expuso tensiones entre las decisiones urgentes que requieren los procesos electorales y las garantías de debido proceso.

La misión indicó que algunas decisiones individuales de magistrados pueden mantener sus efectos durante un período prolongado sin una revisión del pleno del TSE, porque no existen plazos definidos para llevar esos casos a consideración colegiada. Por ese motivo, propuso procedimientos más rápidos y previsibles para resolver las controversias electorales.

También recomendó fijar plazos breves para las resoluciones vinculadas a derechos de respuesta y fortalecer el diálogo institucional entre el TSE y el Supremo Tribunal Federal (STF). La OEA planteó una delimitación más precisa de las competencias de ambos tribunales para evitar problemas de coordinación durante etapas sensibles de una elección.

Uno de esos episodios ocurrió el domingo, cuando se registraron denuncias por dificultades en el transporte público gratuito de votantes en distintos estados. Cristiano Zanin, magistrado del STF, ordenó ampliar en dos horas el horario de votación en todo el país cuando la jornada se acercaba a su final.

La resolución extendió la votación de las 17.00 a las 19.00 horas. Según la misión electoral, la medida generó inconvenientes operativos porque algunas mesas ya habían cerrado las urnas. El informe situó el episodio como una muestra de los problemas de coordinación entre las dos cortes.

Flávio Bolsonaro cuestionó después la extensión nacional del horario y, al conocerse los resultados, anunció que recurriría a la Justicia. “Vamos a usar nuestro equipo jurídico, vamos a pedir la anulación de estas elecciones”, afirmó la noche del domingo.

Al día siguiente, el senador modificó ese planteo. En un video publicado en redes sociales, informó que pediría la revocación de la fórmula integrada por Lula y el vicepresidente electo Geraldo Alckmin por un presunto abuso de poder político y económico. Bolsonaro dejó de referirse a la anulación general de la votación.

Esa estrategia se sumó a otras acciones ya presentadas ante el TSE por la campaña de Bolsonaro. Una de ellas cuestionó un supuesto uso de la estructura del Ministerio de Cultura; otra apuntó a la difusión oficial de información sobre beneficios sociales. El tribunal también admitió una tercera denuncia por el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que tuvo a Lula como tema para el Carnaval de 2027. No se conocieron decisiones de fondo sobre esos expedientes.

Bajo este contexto, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, admitió formalmente el resultado: “Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben aclararse debidamente en un debate político equilibrado y democrático”, escribió.

Costa Neto no felicitó a Lula en su comunicado ni respaldó expresamente el anuncio inicial de Bolsonaro sobre una anulación. El titular del PL recordó que el senador consiguió 2.200.000 votos más que Lula en la primera vuelta y cuestionó el aumento del gasto federal en beneficios sociales durante la campaña, aunque no detalló irregularidades concretas ni aportó cifras para sustentar esa acusación.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Bolsonaro reunió el 47,03% de los votos válidos, equivalentes a 56.104.503 sufragios, mientras Lula obtuvo el 45,16%, con 53.879.538 votos. La segunda vuelta invirtió aquella ventaja y aseguró a Lula, de 81 años, su cuarto mandato presidencial y el segundo consecutivo. Republicanos, União Brasil y Podemos, que acompañaron a Bolsonaro en el balotaje, reconocieron el triunfo del presidente electo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también cuestionó el proceso sin presentar pruebas de fraude. “Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente”, declaró antes de viajar a Misisipi. Luego sostuvo que las elecciones “tienen que ser indiscutibles” y calificó de extraña la extensión de dos horas.

Trump afirmó que no apoyó a ningún candidato y diferenció sus críticas al proceso de su relación con Lula. “Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña”, dijo. La ampliación horaria produjo 34.000 votos adicionales, una cifra inferior a la diferencia final entre los candidatos.

Pasaportes cancelados y proceso judicial contra Bolsonaro

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro abandonó hoy Brasil junto con su esposa y sus dos hijas rumbo a Estados Unidos, con Florida como destino final, según informó Reuters, tras la confirmación de un aliado del senador. El diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon afirmó en un video que Bolsonaro “ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos”. La Policía Federal señaló que no encontró un registro formal de la salida del senador del territorio brasileño.

El Supremo Tribunal Federal ordenó el domingo la cancelación de los pasaportes de Bolsonaro, incluido el diplomático, y le concedió 24 horas para entregar otros documentos de viaje que pudiera poseer. La resolución también prohibió su salida de Brasil y dispuso una alerta migratoria. El senador dijo que agentes federales lo abordaron al salir de la residencia de su padre en Brasilia y negó que hubiera planeado dejar el país.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó Bolsonaro, en referencia a dichos de su hermano Eduardo sobre una eventual salida del país en caso de derrota. El legislador aseguró que entregaría sus documentos y reiteró que promovería una impugnación contra la fórmula ganadora.

La decisión judicial se vinculó con una investigación sobre presunto lavado de dinero y evasión de divisas que alcanza a Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz. La Policía Federal investigó además el financiamiento de la película Dark Horse, centrada en la vida del expresidente Jair Bolsonaro. Mientras continuaban las verificaciones migratorias sobre el paradero del senador, el TSE mantuvo como fecha límite el 18 de diciembre para diplomar a Lula y Alckmin; la asunción presidencial quedó prevista para el 5 de enero de 2027.

(Con información de EFE y Reuters)

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó este lunes su solidaridad con El Salvador ante la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de su personal en Haití y reclamó una respuesta regional más firme frente a las pandillas que operan en ese país caribeño.

“Expresamos nuestra solidaridad con El Salvador, su Gobierno y su pueblo, y en especial con las familias de los cuatro miembros del personal salvadoreño desaparecidos en Haití”, escribió Ramdin en un mensaje difundido en la red social X. El jefe de la OEA agregó que espera que los cuatro ciudadanos “regresen sanos y salvos”.

La declaración sitúa a la OEA entre los organismos hemisféricos que siguen el caso de los salvadoreños cuyo paradero se desconoce. El pronunciamiento puso el foco en las familias de los desaparecidos y en la responsabilidad de reforzar las condiciones de seguridad para quienes cumplen funciones en territorio haitiano.

Medidas coordinadas contra las pandillas en Haití

Ramdin sostuvo que el episodio expone “la urgente necesidad de adoptar medidas más decisivas y coordinadas contra las pandillas criminales”. En su mensaje, vinculó la desaparición de los cuatro integrantes del personal de El Salvador con la situación de inseguridad que atraviesa Haití.

El secretario general planteó también que “la comunidad internacional debe fortalecer su apoyo a Haití para restablecer la seguridad y proteger a su población”. La declaración reclama una mayor coordinación exterior ante la actuación de grupos criminales que mantienen presencia e influencia en distintas zonas del país.

Ramdin no precisó cuáles serían las medidas que deberían adoptarse, tampoco mencionó si el organismo participa de gestiones concretas para ubicarlos.

El mensaje de Ramdin y la información de “The Washington Post”

La publicación de Ramdin incluyó un mensaje de The Washington Post, diario estadounidense, fechado el 23 de octubre. Según la traducción incorporada en la captura, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, habría enviado al menos 200 soldados a Haití para buscar a los cuatro militares desaparecidos.

La nota atribuida al diario también señaló que Bukele habría advertido que intensificaría las acciones contra las pandillas haitianas si los salvadoreños no eran devueltos con vida. Esa versión fue atribuida por el medio a una persona familiarizada con el asunto.

El pronunciamiento de la OEA, sin embargo, se concentró en la desaparición de los cuatro integrantes del personal salvadoreño y en el llamado a incrementar el respaldo internacional a Haití. Ramdin no confirmó en su mensaje el despliegue de tropas ni las eventuales decisiones del Gobierno de El Salvador.

Presión sobre la respuesta internacional ante la crisis de seguridad

La declaración de Ramdin pone la desaparición de los cuatro salvadoreños en el centro del debate sobre la seguridad en Haití, donde las pandillas son señaladas como una amenaza para la población, las instituciones y las operaciones de apoyo internacional.

El secretario general de la OEA difundió su mensaje a las 11:05 del 26 de octubre de 2026. Para entonces, la publicación no incluyó información sobre la identidad de los desaparecidos, su función específica ni avances oficiales en las tareas de localización.

La expectativa expresada por Ramdin quedó resumida en una frase dirigida a las familias de los cuatro ciudadanos salvadoreños: “Esperamos que regresen sanos y salvos”.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer una agenda internacional para prevenir y combatir la corrupción, con presencia en más de 36 foros y cooperación permanente con 14 países. Lo hizo mediante el comunicado No. 124, fechado el 25 de octubre de 2026, el mismo día en que Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que formaliza este lunes 26 de octubre.

Se trata de dos hechos independientes. Ambos coinciden en una semana en la que el tema de la corrupción domina la conversación pública en México.

Una agenda internacional con tres ejes

Según la dependencia, su estrategia se sustenta en tres pilares:

• Cumplimiento de los compromisos internacionales de México.
• Cooperación técnica para fortalecer las capacidades institucionales.
• Intercambio de experiencias y soluciones con otros países.

La Secretaría indicó que ha participado en más de 36 foros y espacios de trabajo especializados desde su creación. México también forma parte de tres convenciones internacionales anticorrupción.

Convenciones multilaterales: sanción y prevención

México participa en los mecanismos de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la OCDE.

En estos espacios, la Secretaría promueve un enfoque que combina la sanción de conductas indebidas con la prevención de riesgos. Entre los temas prioritarios figuran:

• Integridad empresarial
• Conflictos de interés
• Regulación del cabildeo
• Protección de datos personales
• Contrataciones públicas como instrumento de desarrollo

Cooperación técnica y alianzas bilaterales

La dependencia colabora con la OCDE, el BID, la Unión Europea, el CAF, la OEA, la ONU, el CLAD y la GIZ. Con ellos intercambia conocimientos, metodologías y herramientas para fortalecer la prevención de riesgos, la innovación gubernamental y la profesionalización del servicio público.

En el plano bilateral, comparte experiencias con Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania. Destacan dos colaboraciones:

• Francia: formación de personas servidoras públicas, capacidades directivas, ética y modernización administrativa.
• Chile: control gubernamental, contrataciones públicas y uso de nuevas tecnologías en la supervisión.

La agenda incluye también capacitaciones, talleres, visitas de estudio y programas de especialización para evaluar la aplicación de experiencias internacionales en las instituciones mexicanas.

El contexto: la renuncia de Taddei al INE

Taddei informó, tras una “profunda reflexión”, que presentaría su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. Asumió el cargo en abril de 2023 y afirmó que deja la presidencia con la tranquilidad de haber dedicado 33 años al servicio electoral.

Su salida ocurre en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés con proveedores. Representantes de partidos ante el Consejo General le habían pedido dejar el cargo y dar explicaciones por una fiesta organizada por un proveedor. Medios como Excélsior reportaron además denuncias de contratos irregulares por 198 millones de pesos y una indagatoria de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación.

Taddei calificó los señalamientos como versiones cuya autenticidad, contexto y propósito deben verificarse y corroborarse. Sostuvo que proteger al INE debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal.

Reacciones y lo que sigue

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró una “buena decisión” la renuncia, y dijo que debe haber una auditoría para revisar los señalamientos. Reconoció que la salida ocurre en un momento polémico rumbo a las elecciones de 2027, y recordó que la ley establece las reglas para elegir al relevo.

Desde Morena, el vicecoordinador en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, había advertido que la renuncia sería, en todo caso, un acto insuficiente.

En cuanto al relevo, como Taddei estuvo en el cargo tres años y seis meses, la Constitución prevé elegir a un sustituto que concluya el periodo, porque no cumplió seis años. La Cámara de Diputados elegirá a la persona sucesora y los consejeros nombrarán una presidencia provisional. La renuncia se presenta a siete meses de la jornada electoral federal.

Dos agendas, un mismo tema

El comunicado de la Secretaría no hace referencia al INE ni a Taddei. Describe una estrategia de cooperación internacional que, según la dependencia, busca prevenir la corrupción y proteger los recursos públicos. La renuncia de la consejera presidenta, por su parte, abre un proceso de investigación y relevo en el órgano electoral.

Panamá se convertirá en el primer país de América Latina en recibir una herramienta digital regional para reportar sus Medidas de Fomento de la Confianza en bioseguridad y biocustodia.

El Ministerio de Salud (Minsa) administrará la plataforma de manera autónoma y sin costos de licencia para las instituciones beneficiarias del país.

La iniciativa busca prevenir riesgos biológicos y facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país centroamericano.

Responde a un acuerdo entre la OEA, la Unión Europea y el gobierno panameño

La transferencia de la herramienta se formalizó mediante un acuerdo de cooperación entre el Minsa y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

El financiamiento proviene de la Unión Europea (UE), en el marco del proyecto regional de Fortalecimiento de la Bioseguridad y Biocustodia en América Latina.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros, aproximadamente $3 millones, y se extenderá hasta junio de 2027.

Se informó que la plataforma permitirá recopilar, sistematizar y remitir información nacional vinculada a la Convención sobre las Armas Biológicas y Toxínicas.

Ese cumplimiento forma parte de los compromisos multilaterales que Panamá mantiene en materia de seguridad sanitaria.

La selección de Panamá como país piloto implica un reconocimiento a los esfuerzos nacionales, dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

“Reafirmamos nuestro compromiso de convertir esta cooperación en resultados concretos y sostenibles, que fortalezcan la protección de la salud pública y la seguridad de nuestra población”, expresó el funcionario. La coordinación recaerá en la Dirección General de Salud Pública.

El funcionario señaló que la Dirección General de Salud Pública coordinará el trabajo conjunto con las instituciones nacionales y los laboratorios vinculados a la salud humana, animal y vegetal.

Esa articulación interinstitucional, explicó, apunta a consolidar una cultura de responsabilidad y transparencia en el manejo de riesgos biológicos.

La representante de la OEA en Panamá, Alexandra Moreira, explicó que la herramienta excede el cumplimiento de una obligación internacional.

Definió este avance como un recurso práctico para fortalecer las capacidades del sector salud y de otras instituciones que gestionan riesgos biológicos.

Moreira agregó que la centralización de la información permitirá identificar recursos y capacidades existentes, además de facilitar la toma de decisiones.

La representante de la OEA destacó también que mejorará la coordinación entre las entidades responsables de la salud humana, animal y vegetal.

Sostuvo que la experiencia panameña podrá servir de referencia para otros países de la región.

Según Moreira, el caso demuestra cómo una herramienta tecnológica contribuye al fortalecimiento de capacidades nacionales y al cumplimiento de compromisos multilaterales.

La representante de la Unión Europea, Petra Mayoura, resaltó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar riesgos biológicos que trascienden fronteras.

Advirtió que esas amenazas pueden tener consecuencias para la salud, las economías y las sociedades.

La implementación del proyecto está a cargo de la OEA, con el financiamiento ya mencionado de la Unión Europea.

Para Panamá, encabezar esta experiencia regional implica modernizar los procesos de reporte y fortalecer la autonomía institucional en la materia. El país también espera mejorar la coordinación entre las entidades responsables de la bioseguridad y la biocustodia.

Los aprendizajes generados durante la implementación podrán compartirse con otros países latinoamericanos. Esa transferencia de conocimiento busca promover la cooperación regional y el desarrollo de capacidades para responder de forma coordinada ante eventuales amenazas biológicas.

Con la adopción de esta plataforma, el Minsa reafirma su apuesta por la innovación tecnológica y la cooperación internacional. El organismo sanitario panameño ubica estas herramientas como parte de su estrategia para proteger la salud pública y la seguridad de la población.

Costa Rica expresó su apoyo a seis organizaciones juveniles y estudiantiles de Nicaragua que denunciaron la crisis de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una señal de respaldo diplomático a los sectores que reclaman la recuperación de las libertades civiles y políticas en el país centroamericano.

La representación permanente costarricense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió el 21 de octubre una comunicación a los grupos, que habían dirigido una carta el 24 de septiembre a la entonces ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Indiana Trejos Gallo.

Según informó Artículo 66, la misión de Costa Rica señaló que las preocupaciones planteadas por las organizaciones fueron recogidas en la resolución aprobada el 2 de octubre durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. El texto regional reclama medidas para frenar el deterioro institucional en Nicaragua y restablecer derechos suspendidos o restringidos.

La carta estuvo dirigida a la Alianza Universitaria Nicaragüense, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, el Movimiento UNA 19 de Abril, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, AVANZA-Acción Universitaria y la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. La diplomacia costarricense reconoció el aporte de esas agrupaciones y destacó el papel de los jóvenes en la búsqueda de una salida democrática.

La resolución de la OEA plantea la liberación incondicional de las personas detenidas por razones políticas y la divulgación del paradero y la situación de quienes permanecen desaparecidos de forma forzada. También pide la restitución de la nacionalidad y de los derechos civiles y políticos a quienes fueron privados de ellos.

El documento reclama el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión, además de garantías para el funcionamiento de organizaciones civiles, medios de comunicación independientes, universidades y asociaciones empresariales. También solicita la devolución o compensación de bienes confiscados.

En el plano institucional, la OEA instó a recuperar la independencia de los poderes públicos, la separación de poderes y las condiciones para elecciones libres, justas, inclusivas y con observación internacional creíble. La resolución prevé un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que debía comenzar sus labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del texto y presentar recomendaciones en un plazo de 60 días.

Costa Rica reafirmó, de acuerdo con la información publicada por Artículo 66, su compromiso con los derechos humanos del pueblo nicaragüense y con una solución pacífica y democrática. El país también planteó ante la OEA la necesidad de que la respuesta regional no se limite a declaraciones de preocupación.

La presión internacional combina reclamos diplomáticos y sanciones selectivas

La iniciativa regional se suma a otras medidas y pronunciamientos contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Reuters indicó que República Dominicana anunció el retiro de su embajada en Nicaragua durante la reunión de cancilleres. Managua abandonó formalmente la OEA en 2023, pero el organismo sostiene que Nicaragua mantiene obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estados Unidos, por su parte, mantiene sanciones contra funcionarios, familiares del matrimonio gobernante y entidades vinculadas al Estado nicaragüense. La Oficina del Representante Comercial estadounidense anunció además un arancel gradual para importaciones nicaragüenses que no estén cubiertas por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos: la tasa será de 0% en 2026, subirá a 10% el 1 de enero de 2027 y llegará a 15% en 2028.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas documentó 199 detenciones por motivos políticos entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026, de acuerdo con un reporte citado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La nueva instancia de seguimiento de la OEA deberá evaluar si Managua atiende las exigencias regionales y proponer medidas diplomáticas y jurídicas no militares.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, recibió este miércoles en Washington al excanciller dominicano Roberto Álvarez para discutir la situación de Nicaragua y otros asuntos vinculados con la democracia regional, informó la agencia EFE.

La reunión ocurrió mientras República Dominicana mantiene suspendidas sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. El Gobierno dominicano anunció el 2 de octubre el cierre de su embajada en Managua mientras persistieran las condiciones que afectan las libertades y los principios democráticos; el 9 de septiembre, Nicaragua había comunicado el cierre de su embajada en Santo Domingo.

Ramdin dijo que ambos mantuvieron una conversación constructiva y que intercambiaron puntos de vista sobre Nicaragua, cuya situación permanece bajo observación de los Estados miembros de la OEA. También reafirmó su disposición a respaldar los esfuerzos de los países del organismo y señaló que conversaron sobre las elecciones latinoamericanas y la necesidad de mantener un compromiso regional con la democracia.

Álvarez agradeció al secretario general la conversación y afirmó en su cuenta de X: “Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo. Cuenta con mi amistad y mi disposición a seguir aportando”. En julio, cuando era canciller, el exfuncionario había llamado a consultas a la embajadora dominicana en Managua por declaraciones de autoridades nicaragüenses que, según el Gobierno dominicano, contravenían los principios democráticos y las obligaciones del sistema interamericano.

Atención consular desde Honduras y Costa Rica

El 19 de octubre, las autoridades informaron que República Dominicana habilitó servicios consulares en Costa Rica y Honduras para asistir a sus nacionales residentes en Nicaragua, después de retirar su embajada en Managua en medio de la crisis diplomática entre ambos países.

La medida dispone que la Sección Consular de la Embajada en San José, Costa Rica, y el Consulado General en San Pedro Sula, Honduras, atiendan las solicitudes de documentos y asistencia de los ciudadanos dominicanos que viven en Nicaragua.

La Cancillería dominicana también comunicó que quedaron suspendidas de forma temporal las notificaciones judiciales y otros actos procesales destinados a personas físicas o jurídicas con domicilio en Nicaragua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores atribuyó esa suspensión a “razones de fuerza mayor” vinculadas con la salida de la embajada. Las oficinas consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no podrán realizar esas diligencias dentro de Nicaragua.

“La suspensión se mantendrá hasta tanto existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio”, señaló la Cancillería dominicana en su comunicado.

La disposición implica que los consulados designados podrán atender trámites y consultas de los ciudadanos, aunque no sustituirán a la antigua embajada para actuaciones judiciales en territorio nicaragüense.

Sin aval a la pérdida de elecciones

El dúo de dictadores de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos “más enérgicos” las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país “no volverán a haber elecciones”, porque no quieren que haya cabida para la participación de opositores.

“Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”, indicó la cancillería dictatorial en un comunicado.

El despojo de nueve jubilados estadounidenses en Playa Gavilán, Tola, llamó la atención sobre un fenómeno que, según el economista y ex preso político Juan Sebastián Chamorro, podría atraer la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos. La confiscación fue valuada en más de USD 10 millones.

Los propietarios habían llegado a Nicaragua durante la década de 2000 y terminaron de construir sus viviendas en 2010, de acuerdo con los testimonios recogidos por Confidencial.digital.

El caso, señaló Chamorro, se suma a lo que estimó en al menos 370 propiedades transferidas al Instituto de Seguridad Social (INSS) durante los últimos dos años, que a su juicio procederían de confiscaciones ilegales.

El mecanismo de transferencia de bienes al INSS

El economista describió el procedimiento que, a su entender, se aplicó en estos casos. Según su relato, la Procuraduría General de Justicia ejecuta el despojo y luego entrega los inmuebles al INSS, que puede transferirlos a terceros mediante ventas o contratos de alquiler. Chamorro sostuvo que ese circuito ya se habría aplicado contra cientos de propietarios nicaragüenses antes del caso de Tola.

Chamorro, ex coordinador de la Coalición Nacional (CxL) en el exilio y quien afirmó haber sido también objeto de una confiscación en las isletas de Granada, planteó que las autoridades modificarían los números de asiento de los registros inmobiliarios.

“Han inventado un número que es indescifrable para que los confiscados no puedan saber el traspaso de la confiscación de la Procuraduría al INSS”, dijo Chamorro a Confidencial.digital. A su entender, esa práctica buscaría impedir que se conozcan la ubicación, el valor y los destinatarios finales de los inmuebles.

El economista indicó, además, que la falta de registros accesibles le impide calcular con precisión el alcance total de los despojos, que —según su señalamiento— afectarían a particulares, empresas, medios de comunicación, asociaciones civiles e instituciones de la Iglesia católica.

Los bienes confiscados, observó, no pueden trasladarse ni ocultarse físicamente, por lo que los vecinos suelen reconocer a sus antiguos dueños. Esa circunstancia, consideró, podría dificultar la incorporación de esas propiedades al mercado inmobiliario y facilitar que terminen en manos de personas cercanas al poder, aunque no precisó casos concretos de esa reasignación.

Chamorro vinculó el traslado de activos hacia el INSS con lo que calificó como un déficit operativo de la institución superior al 2% del producto interno bruto (PIB), al que describió como una situación de quiebra. También mencionó que un 10% del territorio nacional habría sido concedido a empresas chinas para actividades mineras, en zonas donde —según dijo— se han denunciado otros despojos.

El precedente de BHMB y las vías de reclamo internacional

La situación de los jubilados estadounidenses se conoció en paralelo a un reporte reciente del Departamento de Estado sobre el clima de inversiones en Nicaragua, que examinó las confiscaciones, el papel de la Procuraduría y la aplicación de la Ley de las Fronteras en una franja de 10 kilómetros. Ese informe, según Chamorro, también mencionó un trato desigual y favoritismo hacia inversionistas chinos.

El economista citó como antecedente lo ocurrido en 2025, cuando la empresa minera BHMB, propiedad de un inversionista estadounidense, denunció la confiscación de sus operaciones. El caso derivó en sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos contra funcionarios públicos, y tras una demanda contra el Estado, la compañía recuperó el plantel, aunque no se divulgaron los términos del acuerdo.

A partir de ese antecedente, Chamorro planteó que “las confiscaciones, así como se hacen, se pueden deshacer”. Para los afectados en Tola, sugirió la posibilidad de acudir a tribunales de Estados Unidos, a las reglas del CAFTA de protección de inversiones y a instancias internacionales.

El economista consideró, en su visión, que “no existen derechos de propiedad para nicaragüenses ni para extranjeros” dentro del país, aunque remarcó que los propietarios nicaragüenses enfrentarían mayores obstáculos que los extranjeros para reclamar sus bienes.

En su propio caso, explicó que incorporó el decreto de confiscación de su propiedad de Granada a una causa internacional por violaciones de derechos, aunque aclaró que no puede usarlo ante tribunales nicaragüenses.

La resolución de la OEA exige la devolución de bienes y nacionalidades

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 2 de octubre, con el consenso de 32 países, una resolución que exige al Estado de Nicaragua devolver los bienes confiscados y restituir la nacionalidad a 452 nicaragüenses que fueron despojados de ella. El texto reclama también el regreso seguro de los exiliados, la devolución de activos a medios de comunicación y condiciones para elecciones libres y transparentes.

La resolución contempla un plazo de 90 días y la posterior formación de una delegación de alto nivel, que deberá presentar recomendaciones sobre medidas políticas y diplomáticas. Chamorro planteó que esas acciones podrían incluir componentes financieros y económicos, aunque reconoció que tales medidas no figuraron en la versión consensuada del texto.

El economista consideró, como posibilidad, que Estados Unidos y Canadá podrían adoptar medidas unilaterales que complementen la respuesta regional. Entre las eventuales vías mencionó procesos judiciales vinculados con tortura, narcotráfico, terrorismo o relaciones con Irán, aunque calificó como poco probable una intervención militar.

El Consejo de Europa, por su parte, prorrogó por un año las sanciones de la Unión Europea contra 21 funcionarios y tres entidades estatales nicaragüenses: TELCOR, la Policía y el Consejo Supremo Electoral. Chamorro consideró insuficiente mantener esa lista sin incorporar a más personas e instituciones que, a su juicio, estarían vinculadas con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Félix Ulloa, el vicepresidente de El Salvador, afirmó que la política de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele no debe replicarse de manera automática en otros países. “Yo no creo que sea exportable ni para Argentina ni para ningún otro país”, sostuvo durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Buenos Aires.

Ulloa llegó a la Argentina para participar de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ese marco, defendió la estrategia de seguridad aplicada en su país contra las pandillas y planteó que cada Estado debe adaptar las políticas a sus propias condiciones.

“El Salvador comparte su experiencia y da la oportunidad de que se estudie nuestro proceso. Luego, cada país podrá tomar las medidas que considere oportunas”, dijo. Advirtió además que los “ensayos mecánicos” que trasladan estrategias de una nación a otra “no funcionan”.

Interés de otros gobiernos en las cárceles de máxima seguridad

El vicepresidente se refirió al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, la prisión de máxima seguridad construida durante la gestión de Bukele para alojar a acusados y condenados por delitos vinculados con pandillas y terrorismo.

Según explicó, el establecimiento cuenta con más de siete controles de seguridad y recursos tecnológicos para realizar audiencias judiciales a distancia. También remarcó que fue instalado en una zona rural, a más de 100 kilómetros de la capital salvadoreña y lejos de centros urbanos.

Ulloa señaló que la ubicación busca evitar problemas de circulación durante las visitas y, sobre todo, impedir que los detenidos mantengan contacto con estructuras criminales fuera de la cárcel. “Las cárceles se habían convertido en los cuarteles generales de los cabecillas”, afirmó.

El funcionario también mencionó que el Gobierno de Costa Rica pidió asistencia técnica a El Salvador para la construcción de una prisión de alta contención destinada al crimen organizado. De acuerdo con Ulloa, el nuevo establecimiento costarricense tendrá capacidad para 5.100 reclusos considerados de alta peligrosidad.

La estrategia salvadoreña frente a las pandillas

Durante la entrevista, el vicepresidente describió el escenario que, según dijo, recibió la administración de Bukele en junio de 2019. Aseguró que los dos gobiernos anteriores dejaron un saldo de 41.000 salvadoreños asesinados en una década.

Ulloa señaló que, en 2015, el Instituto de Medicina Legal registró 6.656 homicidios. También sostuvo que las pandillas imponían restricciones a la circulación de los habitantes en distintas comunidades y extorsionaban a comercios, empresas de transporte y pequeños emprendedores.

“El Estado había perdido soberanía”, planteó el vicepresidente, quien definió a esas estructuras como un poder paralelo. Según su relato, el Ejecutivo declaró la guerra a las pandillas bajo una interpretación del derecho internacional humanitario.

El funcionario afirmó que la ofensiva contra esos grupos permitió reducir los niveles de violencia y sentar las condiciones para una etapa de crecimiento económico, inversiones y expansión de servicios públicos.

Sin modelo trasladable a la Argentina

Consultado sobre la visita de funcionarios argentinos a El Salvador, Ulloa recordó que la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich viajó al país centroamericano junto a integrantes de su equipo para conocer el sistema de seguridad salvadoreño.

También mencionó solicitudes de información de otros gobiernos y dijo que la experiencia de El Salvador despertó interés internacional. Pese a ello, insistió en que ningún país debería trasladar la estrategia sin considerar su realidad institucional, política y social.

“Exportar modelos no funciona”, reiteró. “Cada país podrá tomar las medidas que considere adecuadas”.

La reelección indefinida de Bukele, defendida por el vicepresidente

Ulloa también se refirió a la reforma constitucional que habilitó la posibilidad de que el presidente salvadoreño pueda presentarse a elecciones sin un límite de mandatos. Para el vicepresidente, la continuidad o la alternancia deben depender de la decisión de los votantes.

Recordó que Bukele obtuvo el 54% de los votos en su primera elección presidencial y el 85% en los comicios de 2024. “Es el pueblo el que decide”, sostuvo al defender los cambios aprobados por la Asamblea Legislativa.

El funcionario afirmó que los partidos tradicionales perdieron respaldo tras gobernar El Salvador durante tres décadas. Según indicó, la falta de representación opositora en el Congreso responde al resultado electoral y no a una restricción para la presentación de candidaturas.

Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, luego de que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazara las credenciales de Natasha Franceschi como nueva embajadora estadounidense en el país centroamericano.

El Departamento de Estado atribuyó la decisión a Ortega y a su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, y afirmó que la negativa demuestra su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

La medida fue tomada por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio. Un comunicado de prensa del Departamento de Estado precisó: “Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales”.

El rechazo se produjo contra Franceschi, descrita por la cartera diplomática estadounidense como “una diplomática de carrera de alto nivel y sumamente cualificada”. Según el comunicado, la negativa nicaragüense “pone de manifiesto la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su afán por montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”.

El Senado de Estados Unidos había ratificado a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua el pasado 30 de septiembre. El país centroamericano no cuenta con un embajador estadounidense desde 2023.

La negativa de Managua contra la diplomática fue revelada por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington el pasado 2 de octubre.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La resolución de la OEA

Durante esa reunión extraordinaria, la OEA aprobó una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que Ortega anunciara que no habrá más comicios en el país.

El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella. La resolución no incluye, sin embargo, la imposición de sanciones concretas para Ortega y Murillo.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es “urgente” que la nación recupere el orden constitucional. Ramdin pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el sábado 3 de octubre su salida del Parlamento Centroamericano (Parlacen), apenas un día después de que los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaran por unanimidad una nueva resolución de condena a Nicaragua, sin que ningún país saliera en defensa del Gobierno nicaragüense.

En lugar de buscar acercamientos con sus vecinos, Nicaragua respondió con otra ruptura que se suma a una larga lista de enfrentamientos con organismos internacionales, de los cuales se retira cuando sus decisiones, informes o pronunciamientos resultan contrarios a sus intereses.

La resolución de la OEA, aprobada el viernes 2 de octubre en Washington, exigió la liberación incondicional de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades civiles, la recuperación de la separación de poderes y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres e inclusivas.

También reclamó información sobre las personas desaparecidas por motivos políticos y acordó establecer un mecanismo para mantener la interlocución con las autoridades nicaragüenses y los ciudadanos en el exilio. México, Brasil y Uruguay formularon observaciones, pero no impidieron el consenso sobre el documento.

Salida del Parlacen

La reacción de Managua fue denunciar el tratado constitutivo del Parlacen, organismo regional al que Nicaragua pertenecía desde su creación y del que Ortega fue uno de sus impulsores originales en 1987.

La Cancillería notificó que la decisión tendría “efecto inmediato”, sin explicar inicialmente las razones. Dos días después, Murillo justificó la medida argumentando que el organismo “no ha logrado cumplir su objetivo y función” en beneficio de las familias centroamericanas.

El 6 de octubre, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó con 91 votos la derogación de los decretos que habían incorporado a Nicaragua al Parlamento.

Desde 2021, esa confrontación ha provocado su salida de la OEA, la FAO y la Corte Centroamericana de Justicia, además de anuncios de retiro de organismos de Naciones Unidas dedicados a la educación, el trabajo, los derechos humanos y las migraciones.

El analista político y exdiputado del Parlacen Eliseo Núñez considera que la decisión de abandonar el Parlamento Centroamericano tiene una finalidad que va más allá del propio organismo. Según explica en una entrevista con Infobae, Ortega ha escogido deliberadamente una institución cuya pérdida no compromete directamente los intereses económicos de su Gobierno, pero que le permite enviar una advertencia al resto de Centroamérica.

“Esto es Ortega escogiendo un órgano del sistema de integración que no lo afecte a él, pero que sirva como amenaza de que, así como se salió del Parlacen, puede salir del resto del sistema”, afirma Núñez. El exdiputado resume el mensaje mediante una comparación: “Es como cuando vos, en lugar de pegarle a alguien, le enseñás la faja”.

Estrategia del “mendigo apestoso”

Núñez utiliza una expresión particular para explicar la conducta internacional del Gobierno nicaragüense: la estrategia del “mendigo apestoso”. Con ella describe una forma de confrontación en la que el gobernante procura convertirse en un interlocutor tan incómodo y conflictivo que los demás terminan evitando enfrentarse con él, incluso cuando desaprueban sus actuaciones.

“Él trabaja todos los días para convertirse en alguien tan difícil, tan complejo que nadie lo quiera tocar. Es como querer convertirse en un puerco espín para que nadie se le acerque”, explica el exdiputado. En su interpretación, el objetivo consiste en elevar el costo político de cualquier enfrentamiento hasta conseguir que otros gobiernos prefieran evitar nuevas disputas.

“Eso es lo que hacen aquellas personas que se vuelven infernales y que vos preferís que hagan lo que quieran con tal de no escuchar sus gritos y su diatriba. Esa es la estrategia de Ortega”, añade Núñez.

El Gobierno nicaragüense mantiene una relación de confrontación con aquellos que cuestionan su actuación política, pero procura conservar su participación en instituciones que proporcionan financiamiento, facilitan el comercio o permiten mantener relaciones económicas con sus vecinos.

“Él se sale donde no tiene costos para él. Salirse del Parlacen no tiene costo”, sostiene Núñez, quien distingue esa decisión de una eventual ruptura con instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El precedente de Panamá

La retirada del Parlacen enfrenta un problema jurídico que el propio Gobierno de Ortega defendió hace 17 años, cuando Panamá intentó abandonar el organismo durante la presidencia de Ricardo Martinelli.

En aquella ocasión, Nicaragua sostuvo que ningún Estado podía denunciar unilateralmente el tratado constitutivo porque el documento no contempla un procedimiento de retiro, argumento que ahora el régimen Ortega y Murillo ha dejado de lado para justificar su propia decisión.

El 28 de octubre de 2009, el Gobierno nicaragüense comunicó formalmente a Guatemala, país depositario del tratado, su oposición a la salida panameña. Núñez, quien era diputado del Parlamento Centroamericano cuando ocurrió la controversia, recuerda que Nicaragua se opuso porque los tratados de integración no establecen una salida unilateral.

A su juicio, para abandonar legalmente el organismo sería necesario negociar una reforma del instrumento constitutivo con los demás Estados. También advierte que una retirada de hecho no necesariamente extingue las obligaciones financieras contraídas mientras el país fue miembro.

El Parlacen respondió a la notificación nicaragüense señalando que estudiaría sus “alcances jurídicos y operativos” y recordó que cualquier modificación de su composición debe realizarse bajo el “estricto cumplimiento del derecho internacional”.

Para Núñez, la contradicción entre la postura de 2009 y la de 2026 responde a una prioridad política del Gobierno. “En la lógica de ellos lo importante es el poder. Si tienen que contradecirse mil veces lo van a hacer”, afirma el exdiputado, quien considera que el régimen utiliza argumentos jurídicos distintos según sus necesidades políticas.

Ruptura con la OEA

La primera gran ruptura de esta etapa ocurrió después de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega consiguió un nuevo mandato mientras sus principales adversarios políticos permanecían encarcelados o habían sido excluidos de la competencia.

El 12 de noviembre, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución con 25 votos a favor, siete abstenciones y el voto contrario de Nicaragua, en la que declaró que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

El 19 de noviembre de ese año, el Gobierno nicaragüense notificó su decisión de denunciar la Carta de la OEA, con lo que inició un proceso de retiro que, conforme a las reglas de la organización, tardaría dos años en hacerse efectivo.

Sin esperar ese plazo, el 24 de abril de 2022 las autoridades ocuparon las oficinas del organismo en Managua, una acción que la Secretaría General denunció como una violación de las inmunidades y la inviolabilidad de su sede diplomática.

La salida se hizo efectiva el 19 de noviembre de 2023, pero no puso fin al examen internacional de la crisis nicaragüense. La OEA continuó aprobando resoluciones sobre derechos humanos, democracia y presos políticos, aunque Nicaragua ya no tenía representación ni voto en sus órganos.

La reunión de cancilleres del 2 de octubre de 2026 fue otra expresión de esa situación: los gobiernos del continente volvieron a discutir y condenar las actuaciones de Ortega y Murillo sin que Managua pudiera intervenir como Estado miembro.

La retirada tampoco extinguió las obligaciones de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el país no ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte ha declarado a Nicaragua en desacato permanente por incumplir sus resoluciones, mientras la CIDH continúa documentando detenciones arbitrarias, persecución política y desapariciones.

Unesco: el premio de la discordia

Uno de los episodios más ilustrativos de esta política reactiva ocurrió el 4 de mayo de 2025, cuando el Gobierno anunció su retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), apenas un día después de que un jurado internacional independiente otorgara al diario nicaragüense La Prensa el Premio Mundial de Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano.

El reconocimiento distinguió a un periódico cuyas instalaciones habían sido ocupadas y confiscadas por el Gobierno y cuya redacción continuaba trabajando desde el exilio.

Nicaragua calificó el premio de “inaceptable e inadmisible” y anunció su decisión de abandonar la organización, de la que Nicaragua formaba parte desde 1952.

La entonces directora general, Audrey Azoulay, lamentó públicamente la medida. “Lamento esta decisión, que privará a la población de Nicaragua de los beneficios de la cooperación en áreas como la educación y la cultura”, declaró. También recordó que la organización “cumple plenamente su función cuando defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Aunque la decisión política fue anunciada inmediatamente después del premio, la salida tiene un plazo jurídico que Nicaragua no puede acortar unilateralmente. Conforme a las normas de la Unesco, Nicaragua seguirá siendo miembro hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando la retirada se hará efectiva.

FAO: conflicto por cifras

Tres meses antes, el 4 de febrero de 2025, el Gobierno había anunciado su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después de que las estadísticas del organismo situaran a Nicaragua entre los países centroamericanos con mayores problemas de subalimentación.

Las autoridades rechazaron los resultados, calificaron las cifras de “inaceptables”, “inadmisibles” e “irrespetuosas” y ordenaron el cierre de la representación de la agencia en Managua.

La retirada se hizo efectiva el 4 de febrero de 2026, exactamente un año después de su notificación, como establece la Constitución de la FAO. Nicaragua perdió así su condición de miembro de una agencia especializada que participa en proyectos agrícolas y programas de cooperación alimentaria.

La decisión no significó, sin embargo, la salida del Programa Mundial de Alimentos, una institución distinta que mantiene un plan estratégico de cooperación con Nicaragua para el período 2024-2029.

Rupturas de 2025

El 27 de febrero de 2025, Managua anunció otra decisión de confrontación, esta vez contra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus mecanismos de supervisión.

La medida llegó en medio de los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado en 2022 para investigar las violaciones cometidas desde la represión de las protestas de 2018.

El Gobierno acusó al Consejo de politización, doble rasero e injerencia, y comunicó su “decisión soberana e irrevocable” de retirarse de sus mecanismos. Al día siguiente, la delegación nicaragüense no asistió a la sesión en la que los expertos presentaron su informe.

El retiro anunciado, sin embargo, no eliminó las facultades del Consejo para investigar la situación del país, y en abril de 2025 el organismo renovó por otros dos años el mandato del grupo investigador.

En esos mismos días de febrero de 2025, el Gobierno anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de convenios laborales y reúne a representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores.

La decisión ocurrió mientras sus órganos de control examinaban denuncias sobre restricciones a la libertad sindical, falta de independencia de las organizaciones laborales y vulneraciones de los derechos fundamentales del trabajo.

Según confirmó la OIT, la notificación fue recibida el 27 de febrero de 2025, pero Nicaragua continuará siendo miembro hasta el 28 de febrero de 2027, siempre que cumpla sus obligaciones financieras.

Asimismo, la retirada tampoco eliminará automáticamente los compromisos derivados de los convenios internacionales ratificados por el país, cuyas disposiciones mantienen vigencia conforme a sus propias reglas.

El 28 de febrero de 2025, Managua también anunció su salida de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la que acusó de “politización”, “injerencismo” y de divulgar información “falsa, malintencionada e irresponsable”.

La OIM puso fin a sus actividades dentro de Nicaragua durante 2025, aunque continuó prestando asistencia a migrantes nicaragüenses en otros países.

Una situación semejante ocurrió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del que Nicaragua anunció su desvinculación el 12 de junio de 2025, acusándolo de ser un “instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

SICA: perder el poder de veto

La confrontación con los organismos internacionales también se ha desarrollado dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que agrupa a ocho países y coordina asuntos políticos, económicos, comerciales y de cooperación regional.

A diferencia de lo ocurrido con otras instituciones, Nicaragua no ha abandonado el sistema, aunque mantiene una disputa con varios gobiernos por el control de su Secretaría General.

El conflicto comenzó en 2021, cuando correspondía a Nicaragua proponer candidatos para dirigir la institución. Los demás países rechazaron varias ternas presentadas por los Ortega Murillo, alegando que los aspirantes no reunían las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas para el cargo.

Después de un prolongado bloqueo, en agosto de 2022 fue nombrado el nicaragüense Werner Vargas, quien renunció en noviembre de 2023 y dejó nuevamente vacante la Secretaría.

El Gobierno propuso posteriormente a funcionarios cercanos al oficialismo, entre ellos Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, pero tampoco consiguió el respaldo necesario. El régimen de Ortega y Murillo acusó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de impedir injustificadamente que Nicaragua ejerciera el derecho que, según su interpretación, le correspondía por el sistema de rotación regional.

Durante ese enfrentamiento, el Gobierno recurrió a la regla del consenso para impedir decisiones que no contaran con su aprobación. La situación cambió el 24 de abril de 2026, cuando los otros siete países del SICA, reunidos en Santo Domingo sin la participación nicaragüense, aprobaron un reglamento que sustituyó la exigencia de unanimidad por mayorías calificadas para determinadas decisiones, incluida la elección del secretario general.

El 10 de junio, los gobiernos centroamericanos eligieron a la diplomática costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas para dirigir la Secretaría General durante el período 2026-2030. Nicaragua había cuestionado el cambio de reglas y reclamado que el puesto le correspondía, pero sus cocancilleres participaron en la reunión de alto nivel en la que se produjo el nombramiento.

Fin de la Corte Centroamericana

El 18 de marzo de 2025, después de un nuevo rechazo a la candidatura de Moncada, Nicaragua anunció su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia, tribunal con sede en Managua encargado de resolver controversias relacionadas con la integración.

El canciller Jaentschke comunicó entonces la decisión “soberana e irrevocable” de abandonar el organismo, argumentando que después de 32 años no había conseguido cumplir sus objetivos originales.

La Corte, que funcionaba fundamentalmente con la participación de Nicaragua, Honduras y El Salvador, sufrió posteriormente otras dos retiradas. Honduras denunció su Estatuto el 29 de abril de 2026 y El Salvador hizo lo mismo el 20 de mayo. La institución quedó sin sus tres Estados participantes y se reportó el cese de sus funciones.

Organismos de los que no se retira

Pese a sus amenazas contra las instituciones regionales, Nicaragua continúa formando parte del SICA y de su subsistema económico. El 26 de junio de 2026 asumió incluso la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica Centroamericana para el segundo semestre del año, una responsabilidad que contrasta con la decisión de abandonar el Parlacen y con las disputas por el nombramiento de la Secretaría General.

Eliseo Núñez considera que esa diferencia responde a los costos que tendría para el Gobierno una ruptura con los mecanismos que facilitan las relaciones comerciales entre los países. Según el exdiputado, poco más del 40 por ciento de las exportaciones nicaragüenses se dirige al mercado centroamericano, por lo que una confrontación que afectara las transacciones regionales tendría consecuencias económicas mucho mayores que abandonar un organismo parlamentario de carácter consultivo.

El analista advierte que la salida del Parlacen puede interpretarse como una amenaza dirigida a los demás países del SICA, pero distingue esa advertencia de una decisión efectiva de romper con el sistema económico. “Se sale de los lugares donde tiene que pagar y no le dan nada. No se sale del BID, del Banco Mundial, no se sale del BCIE”, señala.

El Banco Centroamericano de Integración Económica es uno de los principales prestamistas multilaterales de Nicaragua y financia proyectos de infraestructura, carreteras, energía y servicios públicos. Según sus registros, al cierre de 2025 había aprobado históricamente más de 7,744 millones de dólares para el país y desembolsado más de 6,032 millones.

En abril de 2026, su presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez, encabezó una misión a Nicaragua, confirmando la continuidad de las relaciones institucionales.

Organizaciones de derechos humanos y legisladores estadounidenses han cuestionado el financiamiento concedido a Nicaragua desde la represión de 2018, mientras la administración del BCIE ha revisado la concentración de su cartera crediticia.

Algo semejante ocurre con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que Nicaragua es miembro desde 1946. Una misión técnica visitó Managua entre el 3 y el 14 de noviembre de 2025 y, en enero de 2026, el organismo concluyó su evaluación económica correspondiente a ese año.

Aunque reconoció la estabilidad macroeconómica, las reservas internacionales y la posición fiscal del país, también recomendó fortalecer considerablemente el Estado de derecho, la gobernanza económica y los mecanismos anticorrupción.

El FMI señaló además problemas relacionados con las transferencias de propiedad privada al Estado, las sanciones internacionales, el deterioro del financiamiento multilateral concesional y las deficiencias en determinadas estadísticas económicas.

Pese a esas observaciones, Nicaragua mantiene su relación con el Fondo, al igual que con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones de las que no ha anunciado intención de retirarse.

(Desde Washington, Estados Unidos) Las Naciones Unidas y la OEA se encaminan a otro fracaso diplomático en Haití: coordinaron esfuerzos para crear una “Fuerza de Supresión de Pandillas” que controlan el 80 por ciento de la isla caribeña, y en doce meses de gestión nada ha cambiado en la vida cotidiana de los haitianos.

El objetivo primario de la misión represiva era aniquilar a las bandas de narcotraficantes y asegurar que hubiera elecciones a mediados de diciembre de 2026.

Las pandillas siguen activas, y los comicios presidenciales ya se postergaron sin fecha.

Jack Christofides, lidera la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que enfrenta complejas trabas burocráticas que impiden su máximo funcionamiento.

Hace un año que se autorizó su despliegue en Haití, pero todavía no logró sumar los 5.500 efectivos que prometió el Consejo de Seguridad de la ONU. A la fecha, se cuentan 1.600. Ni uno más.

Haití es una isla muy cerca de 20 países con salida al océano Atlántico, Pacífico y el Mar Caribe. Sin embargo, la burocracia de la ONU decidió solicitar barcos a Bangladesh para patrullar la zona.

Bangladesh está a casi 15.000 kilómetros de Haití.

Como jefe de la Fuerza de Supresión de Pandillas, Christofides debería contar con tropas de Jamaica, Bahamas, Guyana, Barbados, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín y Chad.

Pero los países comprometidos con la misión de la ONU demoran en cumplir con sus obligaciones multilaterales, exhibiendo así la debilidad de una fuerza represiva que exhibe pocos resultados a la vista.

No obstante esta compleja situación estructural, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó su vigencia hasta fines de marzo de 2027.

Christofides quedaría a cargo de la misión, pese a las críticas que recibe desde las Naciones Unidas y la OEA.

El principal cuestionamiento a Christofides es su incapacidad para entender que lidera una fuerza de supresión que actúa en un escenario de fragilidad política y escaso marco jurídico para asegurar la destrucción constante del delito organizado.

En este contexto, adonde las tropas no llegan y su jefe directo aplica conceptos para una misión de paz, circula en ámbitos diplomáticos un memo de la administración Trump que cuestiona la iniciativa avalada por el Consejo de Seguridad.

Titulado “un año después, la crisis de seguridad en Haití exige una estrategia real, no burocracia”, el memo de dos página sostiene lo siguiente:

-“El mes pasado se cumplió un año desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución destinada a enfrentar la violencia devastadora en Haití”

-“Ante la creciente falta de recursos y la lentitud en la ejecución, la ONU extendió discretamente el mandato de la misión por seis meses adicionales”.

-“La extensión parece un trámite habitual de la diplomacia internacional, pero sobre el terreno, en Haití, resulta una trágica ironía”.

-“Según los plazos originales, la GSF (Fuerza de Supresión de Pandillas) debía aumentar considerablemente su despliegue hasta alcanzar un objetivo de 5.500 efectivos. Sin embargo, un año después de iniciado este experimento, el número de efectivos sigue siendo apenas una fracción de esa meta, mientras que la infraestructura esencial y las instalaciones logísticas necesarias para recibir a las fuerzas que deben incorporarse continúan relegadas”.

-“Millones de dólares siguen desapareciendo en circuitos burocráticos, dejando una realidad evidente: la solidaridad verbal y financiera de la comunidad internacional no se traduce en seguridad para el haitiano común”.

-“En este momento, la vida cotidiana en Haití está completamente paralizada. Los ciudadanos no pueden desplazarse libremente dentro de su propio país”.

-“Las despiadadas pandillas, que cuentan con más de 10.000 integrantes, controlan de hecho las principales vías de circulación y cobran peajes extorsivos incluso por el transporte público, donde las personas arriesgan todo lo que tienen, incluida su propia vida.

-“Miles de haitianos son asesinados cada año. A esto se suman la violencia sexual generalizada, los secuestros y las agresiones sistemáticas. Los principales líderes de las pandillas se burlan abiertamente de la comunidad internacional, mientras las víctimas quedan indefensas”.

-“La solución inmediata más evidente es trasladar la conducción operativa fuera de los canales burocráticos civiles y colocarla directamente bajo la supervisión estratégica del liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM)”.

-“Esto no significa desplegar una enorme cantidad de tropas estadounidenses sobre el terreno. Significa incorporar experiencia táctica, disciplina operativa y capacidad logística a la cadena de mando”.

-“Los expertos del SOUTHCOM saben cómo planificar, dotar de recursos y ejecutar estrategias de seguridad coordinadas capaces de desmantelar las redes de los cárteles y las pandillas, despejar infraestructuras esenciales y respaldar eficazmente a las fuerzas de seguridad locales”.

-“La crisis de Haití no puede resolverse mediante resoluciones interminables y diluidas, extensiones sucesivas de los mandatos ni capacitación improvisada de administradores civiles sobre la marcha”.

El debate hacia adentro de la administración republicana apunta a resolver si se continúa con una estrategia diplomática liderada por la Secretaría de Estado, o si se cambia la perspectiva para solicitar la colaboración de la Secretaría de Guerra a través del Comando Sur.

La misión de la ONU en Haití vence el 31 de marzo.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, presentó este miércoles al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el plan de acción contra las pandillas que operan en Haití, en una reunión celebrada en Santiago de los Caballeros, durante la apertura del 41° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según informó la Presidencia dominicana, Ramdin expuso ante Abinader las gestiones de la OEA para respaldar las iniciativas impulsadas dentro de las Naciones Unidas frente a la crisis de seguridad haitiana. También detalló las líneas de trabajo que la organización pretende desarrollar para avanzar en la respuesta contra los grupos armados.

Respaldo de la OEA a la respuesta internacional en Haití

La situación de Haití ocupa un lugar central en la agenda de seguridad de República Dominicana, país que comparte una frontera terrestre de casi 400 kilómetros con su vecino y que ha reclamado una mayor participación de la comunidad internacional ante la expansión de la violencia.

La Presidencia señaló que Ramdin explicó los esfuerzos de la OEA para acompañar las acciones desarrolladas “en el marco de las Naciones Unidas” en relación con la fuerza desplegada contra las pandillas. El comunicado no precisó los componentes del plan presentado ni un cronograma para su aplicación.

El 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prorrogó por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas. Ese contingente fue creado hace un año con el objetivo de enfrentar a las bandas armadas que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe.

La ONU atribuye a esos grupos la presunta comisión de más de 230 secuestros y la violación de más de 1,000 mujeres y niñas en el país caribeño. Las pandillas han extendido su presencia en la capital haitiana y en áreas cercanas, en un contexto de deterioro institucional y crisis humanitaria.

Las elecciones haitianas siguen bajo incertidumbre y Nicaragua en la mira

La violencia también ha condicionado el calendario político de Haití. La organización de las elecciones presidenciales y legislativas sufrió varias postergaciones en los últimos años debido a la falta de condiciones de seguridad y estabilidad.

Los comicios están previstos para el próximo 13 de diciembre, aunque persisten dudas sobre la posibilidad de que se celebren en esa fecha. La capacidad de las autoridades haitianas para organizar el proceso dependerá, entre otros factores, de la evolución de la ofensiva contra las pandillas y de la recuperación del control estatal en los territorios afectados.

Durante la reunión, Abinader y Ramdin abordaron además el estado de la democracia en América Latina. De acuerdo con la información oficial, ambos conversaron sobre la situación de Nicaragua y sobre las iniciativas de la OEA para promover el retorno a la democracia en ese país.

La Presidencia dominicana sostuvo que República Dominicana ha tenido una participación relevante en esas gestiones. El viernes pasado, el canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, anunció el cierre de la embajada de su país en Managua mientras continúen las condiciones que, según Santo Domingo, afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos.

La decisión ocurrió después de que, el 9 de septiembre, la Cancillería dominicana comunicara que Nicaragua resolvió cerrar su embajada en Santo Domingo.

Encuentro con Michelle Bachelet

Abinader mantuvo además un encuentro con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien participó en las actividades de la Cepal. Según el comunicado, Bachelet destacó el discurso del mandatario dominicano durante la apertura de las sesiones.

La exjefa de Estado chilena valoró el llamado de Abinader a que los países latinoamericanos no concentren sus políticas únicamente en el crecimiento económico y consideren las condiciones sociales de la población.

Ambos también intercambiaron opiniones sobre programas sociales aplicados durante los dos gobiernos de Bachelet en Chile. La información oficial indicó que algunas de esas iniciativas guardan similitudes con políticas implementadas por la actual administración dominicana.

El funcionario centró su discurso en una defensa de la fe religiosa, la familia, el orden público y en el eje del mensaje de la actual administración sobre la “batalla cultural”.

De hecho, “Viva Cristo Rey, y digo, viva” fue la expresión con la que Ordóñez hizo apertura de su mensaje, con el que llevó al escenario multilateral los principios que, según afirmó, orientan la visión de país promovida por el presidente colombiano, y que estos fundamentos serán los ejes de la política interna y exterior.

“Estos principios de política exterior no pueden entenderse separados de la visión de país que el presidente ha propuesto para Colombia. La Patria Milagro tiene unos fundamentos claros: la fe, la creencia en Dios como fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y nuestras decisiones públicas y privadas, un principio que algunos han querido borrar del debate nacional, pero que permanece vivo en el corazón de nuestra gente”, dijo.

Ordóñez hizo un énfasis particular en la familia como uno de los cimientos más importantes del proyecto gubernamental y la definió como “núcleo fundamental de la sociedad”. También ubicó el cumplimiento de la ley y la respuesta estatal frente a los delitos dentro de las prioridades expuestas ante la OEA.

“El imperio de la ley y el castigo a la delincuencia forman parte de esos pilares”, afirmó. A ello añadió “el uso legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos frente a la criminalidad y la corrupción”, afirmó.

El embajador conectó esos conceptos con la estrategia de seguridad del Gobierno De la Espriella y sostuvo que la recuperación de valores tradicionales es una condición para alcanzar los objetivos de la administración. Según su planteamiento, sin ese proceso “será imposible alcanzar la seguridad, la prosperidad y la cohesión social”.

El embajador habló de una “contrarrevolución cultural”

Sobre lo que denominó “batalla cultural”, el embajador colombiano fue enfático al afirmar ante el organismo multilateral que su propósito es reintegrar “valores fundacionales” a la vida pública, como “eje central de la acción de gobierno”.

“Se trata, en definitiva, de una contrarrevolución cultural orientada a restaurar los valores tradicionales —familia, amor a la patria, creencia religiosa— de nuestra sociedad”, explicó.

Alejandro Ordóñez resumió los postulados de esa agenda en “un tríptico: Dios, patria y familia”.

Al finalizar su intervención, Ordóñez dijo que hacía propias las palabras con las que, según explicó, el presidente concluye habitualmente sus discursos. Desde la sede de la OEA, afirmó que elevaba su voz “en defensa de nuestros principios fundacionales” y cerró con la consigna: “Viva Cristo Rey”.

Qué hará Alejandro Ordóñez en la OEA

Esta es la segunda oportunidad en la que Ordóñez funge como embajador ante la OEA. En 2018, tras ser procurador, ocupó este mismo cargo.

Entre las funciones principales están la participación en negociaciones internacionales, el liderazgo en delegaciones cuando lo ordene la Cancillería y la comunicación a los viceministerios sobre la aplicación de la política exterior.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en el decreto 1305 del 4 se septiembre de 2026 que este embajador deberá “ejecutar la política exterior colombiana en materia de relaciones bilaterales y multilaterales” ante los países y organismos bajo su responsabilidad.

También tiene la función de identificar oportunidades políticas, económicas y culturales que sirvan a los intereses de Colombia, así como promover la presencia del país en el exterior en coordinación con la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería.

Entre sus responsabilidades figuran salvaguardar los intereses colombianos ante otros Estados y conferencias internacionales, anticipar el efecto de los acontecimientos regionales sobre la política exterior y participar en las conversaciones que involucren al país.

La misión de observación electoral de la OEA denunció que el activismo político internacional durante la campaña presidencial de Brasil llegó al extremo de incluir insultos contra una de las candidaturas. El informe, divulgado este martes 6 de octubre, no identifica quién los profirió ni a qué candidato se dirigieron.

El pasaje figura en la sección dedicada a la campaña y la comunicación digital. Los observadores señalan una tendencia creciente, ya constatada en otras misiones de la OEA, a que jefes de Estado opinen sobre procesos electorales en curso en otros países del continente. Políticos y representantes de la sociedad civil les trasladaron su preocupación por declaraciones y acciones de actores externos que podrían haber influido en la contienda.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, sostuvo al término de la primera vuelta que no se constataron hechos que indiquen interferencia extranjera. Nunes Marques, magistrado del Supremo Tribunal Federal designado por Jair Bolsonaro en 2020, asumió la presidencia del TSE el 12 de mayo. El documento recoge su declaración junto con las inquietudes de los actores consultados.

La misión describe además unas semanas previas al voto marcadas por la difusión masiva de información falsa. La misión considera particularmente preocupante la circulación de contenidos falsos o engañosos sobre los comicios y los ataques infundados al sistema electoral, pese al esfuerzo de partidos e instituciones por contrarrestarlos. La misión reconoce, a la vez, que la jornada del domingo 4 de octubre transcurrió de forma cívica y pacífica.

El TSE endureció para estos comicios las reglas contra la manipulación digital. La resolución 23.610 prohíbe los deepfakes que alteren la voz o la imagen de los candidatos, obliga a identificar los contenidos creados con inteligencia artificial y prevé sanciones que llegan a la pérdida del registro o del mandato. El tribunal pactó además con siete redes sociales y tres empresas de inteligencia artificial medidas para combatir la desinformación.

El informe no menciona nombres. Entre los antecedentes de la campaña figura que el candidato del Partido Liberal, senador por Río de Janeiro, reeditó dudas sin fundamento sobre la seguridad del sistema de votación, un cuestionamiento que ya había planteado su padre.

El sistema de votación electrónica, en uso en Brasil desde 1996, volvió a quedar en el centro del debate público en las semanas previas a la elección.

Jair Bolsonaro cumple bajo arresto domiciliario una condena de 27 años por conspirar para un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022. Su hijo compite por primera vez por la Presidencia y se ha presentado como heredero político de ese legado, frente a un Lula que busca un cuarto mandato.

La primera vuelta dejó una diferencia estrecha. Según los datos del TSE, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula el 45,16%. Ninguno superó la mitad de los sufragios válidos que exige la Constitución, y ambos reunieron el 92,19% del total entre 13 candidatos. La participación fue del 78,92%.

Al reconocer el desarrollo pacífico del domingo, la misión invitó a candidatos, equipos de campaña y simpatizantes a mantener un ambiente de respeto en la próxima etapa, centrado en las propuestas y el intercambio de ideas. Pidió a todos los actores, nacionales e internacionales, responsabilidad y respeto a las instituciones y a la voluntad soberana del pueblo brasileño.

Presidida por el exsecretario general de la OEA y excanciller chileno José Miguel Insulza, la misión reunió a 91 observadores de 23 nacionalidades y celebró más de un centenar de reuniones con autoridades, candidaturas, partidos y sociedad civil. Volverá a Brasil para seguir la segunda vuelta.

Con menos de dos puntos de diferencia entre los finalistas, el balotaje se disputará bajo observación internacional y con una advertencia ya formulada sobre las presiones externas.

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) informó que examinará las consecuencias jurídicas, operativas, políticas y diplomáticas de la decisión anunciada por Nicaragua de denunciar el tratado constitutivo del organismo regional.

En un comunicado difundido el 4 de octubre desde Guatemala, el Parlacen indicó que someterá el asunto a sus órganos internos de deliberación. La institución sostuvo que cualquier cambio en la participación de los Estados parte debe ajustarse al derecho internacional, al principio de buena fe y a las normas del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Alcance jurídico de la denuncia presentada por Managua

El organismo regional señaló que mantiene abiertos los canales de comunicación con los Estados parte para atender sus inquietudes. También afirmó que preservar la institucionalidad comunitaria es necesario para sostener la agenda regional de desarrollo y la representación de Centroamérica en el ámbito internacional.

“Toda modificación en la composición o participación de los Estados Parte debe procesarse bajo el estricto cumplimiento del derecho internacional”, sostuvo el Parlacen en el comunicado.

La entidad citó el principio de pacta sunt servanda, que establece el deber de los Estados de cumplir de buena fe los tratados que suscribieron. Los compromisos asumidos por los países deben respetarse para garantizar la seguridad jurídica regional.

Llamado a preservar la institucionalidad de la integración centroamericana

El Parlacen describió a la integración centroamericana como un compromiso histórico con la paz, los derechos humanos y la democracia representativa y plural. A la vez, expresó que la soberanía de cada Estado se fortalece a través del respeto de las normas nacionales y los acuerdos internacionales vigentes.

El comunicado concluyó con un llamado a la fraternidad, la responsabilidad histórica, la unidad y el apego a la legalidad. “La unidad y el apego a la legalidad son el único camino para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar regional”, afirmó.

El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, anunció el sábado su salida inmediata del Parlacen tras denunciar el tratado constitutivo del organismo. La decisión fue comunicada el 3 de octubre mediante una nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería nicaragüense sostuvo que la medida responde al “ejercicio pleno de su soberanía” y notificó la denuncia del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas a la Junta Directiva del organismo. El Gobierno también trasladó la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del acuerdo, para que informe a los demás Estados miembros sobre la salida de Nicaragua.

Nicaragua es el segundo país que manifiesta su interés en retirarse del organismo, el primero fue El Salvador, país que hasta modificó su Constitución para no elegir esos representantes desde las elecciones de 2027.

Antecedentes del Parlacen y contexto regional

El tratado que dio origen al Parlacen fue firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987. El organismo inició sus actividades en 1991 como una instancia de representación política y debate regional dentro del proceso de integración centroamericana.

La decisión de Managua se conoció un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que reclama a Nicaragua el restablecimiento de las libertades públicas, la liberación de los presos políticos y condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.

El texto pide a las autoridades nicaragüenses que restituyan el espacio cívico, pongan fin a las represalias y garanticen los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales aplicables al país.

Félix Maradiaga, presidente de Ruta del Cambio y ex preso político, pidió al Ejército de Nicaragua que defina si será parte del problema o de la solución ante la presión diplomática impulsada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El dirigente opositor se pronunció el viernes 2 de octubre, luego de que los cancilleres aprobaran una ruta de acciones hasta diciembre, según La Prensa.

La declaración de Maradiaga apuntó a una institución cuya cúpula está encabezada por el general Julio César Avilés. Los informes de Naciones Unidas han señalado a integrantes del Ejército de Nicaragua por graves violaciones de derechos humanos, mientras la oposición considera a la institución uno de los pilares del poder de Ortega y Murillo desde 2007.

“El Ejército de Nicaragua debe decidir si será parte del problema o la solución”, dijo Maradiaga durante una conferencia.

El opositor describió la decisión de los cancilleres como una “ruta diplomática de plazos” frente a una crisis que se profundizó desde 2018. Ese año, las protestas contra una reforma a la seguridad social fueron reprimidas y, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 personas fueron asesinadas; sus casos continúan impunes.

Ayer, 11 organizaciones opositoras en el exilio prometieron intensificar sus acciones durante los próximos 60 días, mientras el nuevo Grupo Ministerial de Seguimiento de la OEA prepara un diálogo con distintos sectores nicaragüenses. La instancia buscará visitar el país, reunirse también con exiliados y formular, en un plazo de dos meses, recomendaciones diplomáticas y jurídicas que excluyan el uso de la fuerza.

La resolución fue copatrocinada por Estados Unidos, Colombia, Argentina, República Dominicana y Perú. Los países miembros exigieron elecciones libres, el desmantelamiento del Estado totalitario y la reversión de las reformas constitucionales de 2025 y 2026, después de que Ortega anunciara en julio la eliminación de las elecciones competitivas.

Maradiaga sostuvo que la oposición mantendrá abiertas todas las alternativas para lograr la salida del gobierno. “La oposición está apostando a todas las opciones sobre la mesa hasta que la dictadura se vaya, porque el pueblo no puede seguir secuestrado”, afirmó en declaraciones recogidas por La Prensa.

Maradiaga valoró el consenso alcanzado en el organismo hemisférico y anticipó que la eventual llegada de una delegación internacional colocaría al gobierno nicaragüense ante una interpelación directa. “La coincidencia es la máxima presión. Se llegó a un consenso. Es un consenso hemisférico: hay una decisión clara de la salida de la dictadura”, expresó.

La reacción pública de Rosario Murillo fue el silencio. Durante su alocución del viernes no se refirió a la resolución, mientras que el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció en la reunión de la OEA que las autoridades nicaragüenses negaron el plácet a la embajadora Natasha Franceschi.

La organización opositora ante una posible transición

Durante la conferencia de ayer, Haydée Castillo llamó a formar “unidades de transición” en los barrios para que los ciudadanos presionen al gobierno y se protejan de manera colectiva e individual en un entorno represivo. También propuso que esos grupos dialoguen con soldados y policías de línea para persuadirlos de tomar distancia de la dictadura.

Castillo consideró que la declaración de la OEA ofrece a la población y a las organizaciones nicaragüenses una herramienta política para exigir cambios. “Tenemos una gran responsabilidad para tener preparada una propuesta”, señaló sobre la futura interlocución con el Grupo Ministerial de Seguimiento.

La resolución alienta a los Estados miembros a respaldar la investigación, documentación, preservación y análisis de pruebas sobre graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Para los opositores, ese punto es central en la búsqueda de rendición de cuentas.

Costa Rica condenó este viernes 2 de octubre lo que calificó como una “deriva autoritaria” en Nicaragua y pidió crear condiciones para la celebración de elecciones libres, plurales y con observación internacional, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington.

La posición costarricense fue expuesta por la vicecanciller Adriana Bolaños, quien sostuvo que el país observa un deterioro de las condiciones democráticas y del pluralismo político en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Estamos ante un proceso sistemático de eliminación del pluralismo político, el cierre del espacio cívico y concentración del poder. Costa Rica condena firmemente esta deriva autoritaria”, expresó Bolaños durante la sesión.

La reunión fue convocada por el Consejo Permanente de la OEA después de considerar que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituían “un problema de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos”.

Durante el encuentro, los países miembros aprobaron una resolución que solicita a las autoridades nicaragüenses restablecer libertades civiles, avanzar hacia condiciones que permitan elecciones libres y liberar a las personas detenidas por motivos políticos. La OEA también acordó establecer un mecanismo de seguimiento diplomático para evaluar avances y determinar posibles acciones posteriores.

Costa Rica pide pasar de la preocupación a las acciones

En su intervención, Bolaños afirmó que la organización regional no debería limitarse a expresar preocupación y planteó la necesidad de avanzar hacia medidas con objetivos y mecanismos de seguimiento definidos.

“Nuestras exigencias deben ser claras: liberar a las personas detenidas por razones políticas, restituir plenamente los derechos civiles y políticos, incluida la nacionalidad, cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y crear condiciones reales para unas elecciones libres, plurales y con observación internacional”, manifestó.

La resolución adoptada por la OEA también reclama información sobre el paradero de personas desaparecidas, la recuperación de la separación de poderes y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron privados de ella.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó al finalizar la sesión que el objetivo del mecanismo será contribuir a crear las condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos y definir su futuro político mediante “instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas”.

Organismos internacionales denuncian violaciones de derechos humanos

La reunión se produjo un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas solicitaran a los países de la OEA colocar los derechos humanos, el Estado de derecho y la rendición de cuentas en el centro de sus deliberaciones.

Ambos organismos señalaron que, desde el inicio de la crisis sociopolítica nicaragüense en abril de 2018, han documentado un patrón de violaciones que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia del Estado, confiscación de bienes y privación arbitraria de la nacionalidad.

También solicitaron la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, el esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas y el restablecimiento del espacio cívico.

Estas afirmaciones corresponden a los organismos internacionales que han documentado la situación; el gobierno nicaragüense ha rechazado históricamente cuestionamientos externos sobre su situación política y de derechos humanos.

Costa Rica recuerda impacto migratorio

La vicecanciller costarricense destacó además las consecuencias que la crisis nicaragüense ha tenido para Costa Rica como país vecino.

Bolaños recordó que el territorio costarricense ha recibido a decenas de miles de ciudadanos nicaragüenses que han buscado protección, empleo y otras oportunidades desde el inicio de la crisis política.

“Sabemos que cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción”, afirmó.

La funcionaria agregó que “el pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en libertad, a elegir entre distintas opciones políticas y a decidir democráticamente su futuro”.

Costa Rica ha mantenido una posición crítica frente al gobierno de Ortega desde la crisis política de 2018, cuando las protestas contra el Ejecutivo derivaron en una fuerte confrontación interna y denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se mantienen desde entonces a nivel consular. Durante la administración del expresidente Carlos Alvarado, Costa Rica optó por no designar un nuevo embajador en Managua en medio de las denuncias por la represión de manifestantes y opositores.

OEA establece mecanismo de seguimiento

La discusión de este viernes se produjo después de declaraciones de Ortega sobre el futuro de los procesos electorales en Nicaragua y de nuevos cuestionamientos regionales sobre las garantías políticas en ese país.

Según la resolución, la OEA buscará mantener canales diplomáticos tanto con las autoridades nicaragüenses como con otros actores relacionados con la crisis, con el objetivo de evaluar las condiciones políticas y electorales.

El organismo interamericano mantiene capacidad para coordinar respuestas entre sus Estados miembros, aunque Nicaragua formalizó su salida de la organización en 2023.

Costa Rica ha planteado durante los últimos meses sus cuestionamientos sobre Nicaragua en espacios multilaterales como la OEA y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), particularmente en relación con las restricciones a libertades fundamentales, las detenciones y el cierre del espacio cívico.

La posición planteada este viernes insiste en que cualquier salida a la crisis debe incluir condiciones que permitan nuevamente la competencia política y el ejercicio de derechos civiles.

Estados Unidos dejó “todas las opciones sobre la mesa” para exigir cuentas a la dictadura de Nicaragua después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara por unanimidad una resolución que reclama elecciones libres y la liberación de presos políticos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló que el escrito prevé una nueva reunión dentro de 90 días, una vez que la delegación encargada de seguir la situación presente sus avances.

Segura sostuvo que el líder del régimen Daniel Ortega “no tiene voluntad de negociar” y citó el rechazo de Managua a la embajadora estadounidense designada, Natasha Franceschi, diplomática de carrera nominada por el presidente Donald Trump. A juicio del funcionario estadounidense, la decisión de no aceptar a Franceschi indica que Nicaragua “no quiere tener un diálogo serio” y contradice el intento de Washington de “mantener un canal diplomático profesional con el país”.

El texto aprobado por la OEA, impulsado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, reclama a las autoridades nicaragüenses que garanticen las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”. La resolución también insta a restablecer la separación de poderes, informar el paradero de personas desaparecidas y restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella. El documento no contempla sanciones específicas contra Ortega ni contra su esposa, Rosario Murillo.

Solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus cancilleres a la reunión extraordinaria convocada por la organización: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. El resto de los países estuvo representado por funcionarios de menor rango.

Además, Washington denunció que el régimen Ortega y Murillo rechazó a su nueva embajadora en Nicaragua, Natasha Franceschi, una decisión que, según Washington, confirma la falta de disposición de Managua para mantener un diálogo diplomático.

“Murillo y Ortega han cerrado constantemente la puerta al diálogo productivo. Justo ayer, rechazaron a nuestra altamente calificada embajadora, lo que demuestra su falta de diplomacia”, afirmó el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, durante la sesión extraordinaria de la OEA sobre Nicaragua. El Senado de Estados Unidos ratificó a Franceschi el 30 de septiembre como embajadora en Nicaragua. El país centroamericano no cuenta con un representante diplomático estadounidense de ese rango desde 2023.

Landau intervino en nombre del secretario de Estado, Marco Rubio, y recordó que Nicaragua debía celebrar elecciones este año, a la vez que sostuvo que la situación interna del país “pone en peligro la paz y la seguridad” de Centroamérica y del resto del continente americano.

El funcionario acusó al régimen nicaragüense de facilitar la inmigración ilegal a través de vínculos con actores “no hemisféricos”, en una aparente referencia a China y Rusia. Según Landau, esos países entrenan a la Policía nicaragüense y comparten inteligencia con la “maquinaria de represión”.

A criterio del subsecretario, esos actores externos no solo “apuntalan la dictadura”, sino que utilizan a Nicaragua como “trampolín” para ampliar su influencia regional.

Opositores nicaragüenses en el exilio celebraron la resolución aprobada por la OEA. El excarcelado político nicaragüense y desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro consideró que el pronunciamiento constituye una señal para el oficialismo.

“Hoy ha sido un día sumamente importante para la democracia en Nicaragua, para la oposición, porque se pone de manifiesto que la comunidad internacional y sus países miembros no tolerarán expresiones como las expuestas por Ortega de que no van a haber ya más elecciones y que esa expresión acarrea consecuencias políticas”, comentó Chamorro en un audio enviado a los medios.

El dirigente opositor sostuvo que la resolución representa una advertencia para las autoridades nicaragüenses y aludió a las medidas que el grupo de seguimiento podría plantear.

“La resolución de la OEA se trata de una advertencia más que le hacen a los dictadores, que aún les queda algo de tiempo para poder emprender acciones que, de lo contrario, estas medidas que se están planteando, que les va a plantear el grupo, empezarán a tomar efecto”.

(Con información de EFE)

Las autoridades chilenas pidieron este viernes a Nicaragua “avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad” democrática, tras el voto en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis política que atraviesa el país centroamericano desde 2018, según informó EFE.

La petición llegó de boca de Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, durante la XXXI Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores del organismo, convocada en Washington de forma exclusiva para abordar el caso nicaragüense.

“Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a acoger la oportunidad de diálogo que ofrece esta resolución y a trabajar con la comunidad internacional para avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática”, dijo el subsecretario chileno ante el pleno, según el comunicado difundido por la cancillería de su país y recogido por la agencia.

Qué resolvió la OEA sobre Nicaragua

La resolución, aprobada por consenso entre los países miembros, urge al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a “las acciones sistemáticas que han llevado al continuo desmantelamiento de la democracia”. El texto exige, entre otros puntos, la liberación de los presos políticos y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.

También reclama el restablecimiento de la libertad de expresión y la creación de condiciones para “elecciones libres, justas e inclusivas”. La delegación chilena se ofreció a “contribuir a ese esfuerzo” y remarcó que una salida “democrática, pacífica y respetuosa del derecho internacional” es el camino para que Nicaragua retorne “a nuestra comunidad hemisférica”.

Para dar seguimiento al acuerdo, los cancilleres constituyeron un Grupo Ministerial que mantendrá diálogo con las autoridades nicaragüenses y la sociedad civil del país. Ese grupo deberá informar avances concretos hacia el restablecimiento democrático en un plazo de 60 días, según detalló la cancillería chilena a la agencia.

Durante la sesión también intervino Rosa María Payá, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien advirtió sobre “el grave deterioro democrático” del país.

El contexto que motivó la reunión extraordinaria

El pronunciamiento de Chile se produjo después de que Ortega anunciara que Nicaragua no celebrará más comicios, un giro que terminó de activar la convocatoria extraordinaria en la OEA. Según precisó Reuters, agencia de noticias internacional, la declaración del mandatario nicaragüense se produjo el 19 de julio, y tras ella el oficialismo impulsó una reforma constitucional que veta la participación electoral de quienes el régimen considera “traidores a la patria”, en referencia a sectores de la oposición.

La resolución final, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, careció de sanciones concretas contra el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que ejercen la copresidencia del país, informó EFE en su cobertura de la jornada en Washington.

La cita reunió apenas a siete cancilleres de los 32 países activos del organismo, entre ellos los de Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití, mientras el resto de las delegaciones envió representantes de menor rango. El canciller dominicano, Víctor Bisonó, anunció además el cierre de la embajada de su país en Managua mientras persistan las condiciones de deterioro democrático, de acuerdo con el reporte de EFE.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció en el encuentro que el gobierno nicaragüense vetó el ingreso al país de la nueva embajadora estadounidense, Natasha Franceschi, ratificada días antes por el Senado. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó como “urgente” que Nicaragua recupere el orden constitucional y pidió a los países miembros aplicar sanciones económicas y restricciones de viaje contra determinadas autoridades, sin afectar a la población civil.

Nicaragua no participó de la sesión: el país abandonó la OEA en 2023 por decisión del propio Ortega, en medio de las presiones diplomáticas que ya entonces cuestionaban la deriva autoritaria de su gobierno.

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, participó este 2 de octubre en la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que el organismo aprobó por unanimidad una resolución que exige al Gobierno de Daniel Ortega establecer condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas en Nicaragua. El encuentro, celebrado en la sede de la OEA en Washington D.C., reunió a representantes de los 34 Estados miembros, aunque solo siete países enviaron a sus titulares de Exteriores.

De acuerdo con información de la Cancillería en Guatemala, Martínez Alvarado se sumó así a los cancilleres de Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití, los únicos siete ministros que asistieron de manera personal al Salón de las Américas, mientras el resto de las delegaciones estuvo representado por viceministros, secretarios de Relaciones Exteriores o embajadores ante el organismo. La silla de Venezuela permaneció vacía durante toda la sesión.

Un mecanismo que no se activaba desde 2019

La reunión convocada para tratar la situación en Nicaragua corresponde a un mecanismo excepcional que la OEA no utilizaba desde 2019, cuando se recurrió a él para abordar la crisis política en Venezuela. La convocatoria había sido aprobada el 23 de septiembre por el Consejo Permanente del organismo, impulsada por Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, y ratificada el 19 de agosto con el voto a favor de 29 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.

Nicaragua se retiró formalmente de la OEA en 2023 y no reconoce la autoridad del organismo, por lo que la sesión se desarrolló sin participación del Gobierno de Managua. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, fue elegido por aclamación como presidente de la reunión.

El texto exige restablecer libertades políticas y civiles

La resolución, titulada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. El documento llama a restablecer “las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica” y exige permitir que medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresas disueltas puedan reanudar sus actividades y recuperar sus bienes.

El texto también urge a restaurar la nacionalidad y el acceso a los registros civiles de las personas despojadas de ella, además de permitir el regreso “seguro y voluntario” de líderes religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos que debieron abandonar el país sin temor a represalias. La resolución dispone además la creación de un grupo ministerial de seguimiento, encargado de entablar un diálogo con las autoridades nicaragüenses y con sectores opositores, con la obligación de presentar un informe con recomendaciones en un plazo no mayor a 90 días.

Pese a la contundencia del texto, la resolución no contempló sanciones concretas contra el Gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Durante la sesión se presentó además un informe de la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, sobre la situación del país y las acciones que corresponden conforme a la Carta de la OEA.

México se desmarcó del documento final

El respaldo a la resolución no fue unánime en la práctica. México, representado por el embajador Alejandro Encinas, se deslindó formalmente del texto mediante una nota al pie, pese a que el documento fue aprobado sin votos en contra. La delegación mexicana cuestionó en particular las referencias que vinculan la situación política y de derechos humanos en Nicaragua con riesgos para la paz y la seguridad hemisférica.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México precisó que la postura de su delegación se fundamenta en el artículo 89, fracción X, de la Constitución mexicana, que consagra el principio de no intervención como eje de la política exterior del país. El Gobierno mexicano reiteró que la protección de los principios democráticos debe ser compatible con el respeto a la soberanía nacional y remarcó que las decisiones de organismos multilaterales no pueden sobrepasar sus competencias ni contravenir el derecho internacional.

Guatemala firmó un acuerdo bilateral con Perú durante su estadía en Washington

Al margen de la reunión de consulta, la agenda de Martínez Alvarado en Washington incluyó la firma de un memorando de entendimiento con Perú en materia consular y migratoria. El canciller guatemalteco permanece en la capital estadounidense entre el 1 y el 3 de octubre, según la agencia peruana Andina, en el marco de su participación en la Trigésima Primera Reunión de Consulta celebrada en la sede de la Secretaría General de la OEA.

Cabe señalar que la mayoría de los Estados miembro de la OEA se encuentran alineados a los intereses de la política exterior del gobierno estadounidense de Donald Trump.

México quiere evitar “injerencia” y no exige que haya elecciones en Nicaragua

En su participación, durante la reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores, en la cual participó en representación de la cancillería mexicana, Encinas Rodríguez informó que México no acompañará la resolución llamada “La situación Nicaragua y su consideración colectiva continua”.

La resolución en cuestión contempla cinco líneas de acción ante la anulación de las elecciones Nicaragua y la decisión de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de impedir la participación política de sectores de la oposición.

Urgen restablecer elecciones en Nicaragua

Mediante la resolución, los cancilleres de la región se comprometen a urgir al gobierno Ortega-Murillo a “restablecer el espacio cívico” e instalar las condiciones para organizar elecciones.

Además, el documento detalla que los compromete a utilizar los mecanismos internacionales para apoyar la investigación de violaciones a los derechos humanos.

Mientras que el tercer resolutivo contempla la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, “de composición voluntaria y abierto a todos los Estados”.

Dicho grupo buscará un “diálogo directo y rápido” con el gobierno de Nicaragua y con “todo el espectro de los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales del país, incluidas la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio”, con el fin de encontrar una solución a la instalación de una dictadura en ese país centroamericano.

Brasil y México rechazan que la dictadura en Nicaragua impacte de manera negativa en la región

En la misma sintonía que el gobierno del brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la delegación mexicana, encabezada por Rodríguez –quien representa a la administración de Claudia Sheinbaum–, rechazó el documento por plantear que las políticas de los Ortega-Murillo:

“Ya han tenido impactos negativos en países del hemisferio y tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región”.

Desde el punto de vista de Alejandro Encinas, “una caracterización en este sentido podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización, al abordar asuntos internos de un Estado que ya no forma parte de la OEA, y que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias”.

Rechaza “categóricamente” cualquier intento de injerencia

La postura de la representación mexicana, sobre el caso Nicaragua, no es nueva ante la OEA; no obstante, en esta ocasión, Encinas la reiteró, con el mismo argumento de evitar cualquier tipo de injerencia en Nicaragua.

“México rechaza categóricamente cualquier intento de injerencia en los asuntos. La historia nos ha demostrado que las soluciones impuestas desde el exterior rara vez construyen una paz duradera; al contrario, suelen fracturar el tejido social de las naciones, generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que, lejos de favorecer una solución pacífica, terminen produciendo una mayor desestabilización”, agregó el funcionario.

Integrantes de la OEA ven “contradictoria” la postura crítica de México

Ante una audiencia conformada por los cancilleres de la región, dirigidos en su mayoría por gobiernos alineados con la política exterior del presidente estadunidense Donald Trump, Encinas defendió una postura crítica hacia cualquier intervencionismo.

Sin embargo, sus detractores señalaron esta postura como contradictoria desde que la expresó en una primera junta en la OEA, en agosto pasado.

“Ningún país puede imponer su visión sobre los demás. La soberanía no se mide en Ejércitos o en recursos materiales. Todas las naciones, todos los pueblos valen lo mismo, y por lo tanto no corresponde, sino a cada nación, decidir su propio futuro”, comentó el político, quien momentos antes, reconoció que Ortega anunció la anulación de elecciones y la prohibición de la participación de fuerzas opositoras en el país.

Cabe recordar que nicaragüenses que huyeron de su país —a algunos el gobierno del país centroamericano incluso les retiró la nacionalidad— y voces críticas de la postura de México han señalado una contradicción:

• México defiende una posición que apuesta a la autodeterminación de los pueblos para que la situación cambie en Nicaragua.
• Al mismo tiempo, reconoce que el gobierno Ortega-Murillo impide que se desarrolle esa autodeterminación por la vía electoral.

No deja de llamar la atención la postura de México sobre lo que ocurre en Nicaragua. Implícitamente, aprueba las graves violaciones a las derechos humanos, la anulación de las elecciones y el impedimento a que la oposición participe en la vida política.

Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, cuestionó que su rival Carlos Bruce de Somos Perú haya acudido a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para poner en conocimiento los cuestionamiento a su candidatura, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

“¿Qué hace la OEA en un tema que corresponde netamente al Perú, a su independencia jurídica y jurisdiccional? O sea, yo respeto lo que él quiera hacer, pero se está haciendo mucho ruido cuando el tema está clarísimo", declaró López Aliaga en entrevista con RPP Noticias.

Como se recuerda, Carlos Bruce se reunió el jueves con integrantes de la misión de observación de la OEA para trasladarles su preocupación por lo que calificó de “reelección encubierta” del líder de Renovación Popular. El candidato de Somos Perú sostuvo que la falta de una definición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre si entregará las credenciales de alcalde a López Aliaga, en caso de que resulte ganador, genera incertidumbre entre los electores.

López Aliaga rechazó que el organismo internacional intervenga en un asunto que, según su interpretación, ya fue resuelto por la justicia electoral peruana. Insistió en que su caso fue “validado y sentenciado en última instancia por el Jurado” y que existe jurisprudencia en “800 casos” similares.

El candidato del partido celeste citó el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que regula la sucesión en caso de que el titular electo no asuma el cargo por fallecimiento, ausencia u otro motivo. “Hay una asunción, el verbo es asumir. Uno asume por ausencia del titular, asume teniente alcalde”, señaló.

Finalmente, Rafael López Aliaga advirtió que una decisión contraria del Pleno del JNE —entiéndase no entregarle la credencial de alcalde si la lista obtiene la mayoría en las urnas— configuraría el delito de prevaricato: “Estaría legislando en contra de toda la jurisprudencia de casi 12 años”.

Incoherencia

El reclamo de López Aliaga se produce pese a que su propio partido recurrió a la OEA durante la crisis poselectoral de 2021. Tras el balotaje presidencial de ese año entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, una comisión integrada por representantes de Fuerza Popular y de Renovación Popular viajó a Washington para solicitar al organismo una auditoría de los resultados electorales, en medio de denuncias de fraude que fueron descartadas tanto por la justicia electoral peruana como por la propia misión de observación de la OEA.

El entonces congresista electo Jorge Montoya, de Renovación Popular, formó parte de esa delegación junto con el fujimorista Hernando Guerra García, el economista Daniel Córdova y la excandidata aprista Nidia Vílchez. La comitiva no logró ser recibida por el entonces secretario general del organismo, Luis Almagro, aunque el pedido fue recibido por Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA.

Además, en ese mismo contexto, el 15 de julio de 2021, Rafael López Aliaga difundió en su cuenta de X la solicitud de VOX (España) para que la OEA auditara la segunda vuelta.

(Desde Washington, Estados Unidos) La OEA aprobó hoy una resolución que exige al régimen de Nicaragua terminar con la represión ilegal y reinstaurar el derecho al voto, que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminaron para perpetuarse en el poder.

La resolución fue presentada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana, y estuvo a punto de caer por la oposición geopolítica de Brasil, México y Uruguay.

Los representantes diplomáticos de Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi se oponían a las propuestas de la iniciativa que impactaban en intereses de seguridad y negocios que vinculan a Nicaragua con China, Rusia e Irán.

Brasil, México y Uruguay, alegando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países, rechazaban esas disposiciones.

Pero una larga y compleja negociación resolvió la crisis diplomática y permitió que -por unanimidad- se aprobara la resolución que cuestiona al régimen sandinista.

La resolución de la OEA exige lo siguiente a Ortega y Murillo:

1. “Restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a Nicaragua.
2. Poner en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos y divulgar el paradero y el estado de todas las personas desaparecidas de forma forzada;
3. Restaurar la nacionalidad, el acceso a los registros civiles y todos los derechos relacionados a todas las personas despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y permitir su regreso seguro y voluntario sin temor a represalias incluidos, entre otros a líderes religiosos, clérigos y laicos, periodistas, y defensores de derechos humanos.
4. Restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica; permitir que los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las personas empresarias y otras organizaciones del sector privado disueltas reanuden sus actividades; restablecer su estatuto jurídico y recuperar sus instalaciones, bienes y otros activos.
5. Restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político incluyendo mediante la revocación de aquellas disposiciones constitucionales y legales aprobadas, especialmente en 2025 y 2026, que subviertan la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político o los derechos protegidos internacionalmente, y la toma de medidas concretas para restaurar esas garantías.
6. Establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación electoral internacional creíble.
7. Proporcionar recursos efectivos, de acuerdo con el debido proceso, respecto a propiedad y bienes confiscados arbitrariamente a individuos, empresas organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras priorizando la restitución o, cuando no sea posible, proporcionando una compensación adecuada y efectiva.
8. Interrumpir actividades que se desarrollen con apoyo internacional, en materia de seguridad, suministro de tecnología y de intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y no permitir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas en este contexto que impacten los derechos humanos y la estabilidad".

Además de las exigencias básicas al régimen sandinista, la resolución de la OEA establece la creación de un “Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua”, “entablar un diálogo con todo el espectro de los sectores políticos” y “elaborar y entregar recomendaciones” en un plazo de 60 días para evitar que los dictadores Ortega y Murillo consoliden sus decisiones autoritarias.

El 19 de julio, durante un acto oficial para reivindicar a la Revolución Sandinista, Daniel Ortega anunció que se iban a abolir los derechos electorales en Nicaragua.

“No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder. (...) Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. ¡Jamás, jamás, jamás!”, anunció el dictador nicaraguense.

El primero de septiembre, bajo las órdenes de Ortega-Murillo, se aprobó en la Asamblea Nacional de Nicaragua esta reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en elecciones y extiende el período presidencial de seis a siete años.

Esta decisión política implicó que no hubiera elecciones presidenciales el próximo 1 de noviembre, y que los dictadores Ortega y Murillo tengan la posibilidad de mantenerse en el poder hasta 2033.

Desde una perspectiva formal, el régimen necesita una segunda votación, que será el 18 de enero 2027. Si a ese momento, la OEA no puede frenar la ofensiva totalitaria de Ortega y Murillo, Nicaragua profundizará su crisis institucional.

Rosa María Payá, en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un discurso que describió sin eufemismo el aparato represivo de Nicaragua y sus vínculos profundos con China, Rusia e Irán.

“Quiero ser clara. La situación en Nicaragua es una amenaza a la seguridad regional, y no solo un problema interno. Nicaragua es un Estado policial, y su clima de miedo se extiende a otros países mediante”, señaló Payá.

Y completó:

“El sistema interamericano conoce de cerca el impacto de la represión transnacional: esta región ya vivió la Operación Cóndor y dijo ´nunca más´“.

Los cancilleres de la OEA se reúnen hoy en Washington para aprobar una resolución que exige al régimen de Nicaragua terminar con la represión ilegal y reinstaurar el derecho al voto, que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminaron para perpetuarse en el poder.

La resolución presentada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana puede caer por la posición geopolítica de Brasil, México y Uruguay.

Los representantes diplomáticos de Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi se resisten a convalidar artículos que condenan la presencia de tropas militares y agentes de inteligencia enviados por China, Rusia e Irán.

Además, por instrucción de sus respectivas presidentes, los embajadores Benoni Belli (Brasil), Alejandro Encinas Rodríguez (México) y Edison Lanza (Uruguay) rechazan las disposiciones legales que denuncian la minería ilegal y la delincuencia trasnacional, que son la base financiera y económica del régimen nicaraguense.

Acorde al último borrador de la resolución de la OEA, que Infobae accedió de manera exclusiva, estos son los párrafos que rechazan Brasil, México y Uruguay alegando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países:

-“EXPRESANDO consternación por las actividades del personal de seguridad e inteligencia extra-hemisférico, tecnología, capacidades e instalaciones que puedan facilitar la represión interna, la vigilancia transnacional ilegal u otras conductas que amenazan la paz y seguridad hemisféricas”.

-“REITERANDO que muchos de esos actos, prácticas y políticas, así como la minería ilegal y las actividades de la delincuencia organizada transnacional vinculadas a ella, que tienen efectos extraterritoriales que pueden poner en peligro la paz y la seguridad del Hemisferio, incluidos sus efectos sobre el medio ambiente y la seguridad pública de los Estados vecinos”

-“RECORDANDO que la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región”

-“Retirar de Nicaragua personal de seguridad, la tecnología, los medios y las instalaciones procedentes de fuera del Hemisferio cuya presencia amenacen la paz y la seguridad hemisféricas, y poner fin a los acuerdos de seguridad y defensa relacionados”.

Se necesitan 24 votos para aprobar la resolución que exige el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua, y hasta anoche ese número de respaldos estaba en duda, por la posición intransigente de Brasil, México y Uruguay.

El 19 de julio, durante un acto oficial para reivindicar a la Revolución Sandinista, Daniel Ortega anunció que se iban a abolir los derechos electorales en Nicaragua.

“No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder. (...) Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. ¡Jamás, jamás, jamás!”, anunció el dictador nicaraguense.

El primero de septiembre, bajo las órdenes de Ortega-Murillo, se aprobó en la Asamblea Nacional de Nicaragua esta reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en elecciones y extiende el período presidencial de seis a siete años.

Esta decisión política implicó que no hubiera elecciones presidenciales el próximo 1 de noviembre, y que los dictadores Ortega y Murillo tengan la posibilidad de mantenerse en el poder hasta 2033.

Ortega cumple 81 años en noviembre, y asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo, tras cometer fraude en los comicios de 2021.

Murillo tiene 75 años, y junto a su esposo Ortega son dictadores de Nicaragua desde 2017.

Sin acuerdo político final entre los dos bloques enfrentados que lideran Lula da Silva y Donald Trump, la Cumbre de Cancilleres de la OEA está convocada a las 11 AM (hora del este).

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, se reunió este jueves con integrantes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para trasladarles su preocupación por lo que considera una posible “reelección encubierta” del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

A través de un mensaje publicado en X, Bruce señaló que expuso ante los observadores su cuestionamiento por la falta de una definición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre qué ocurriría con la candidatura de López Aliaga en caso de que Renovación Popular obtenga la mayor votación en Lima.

“Los limeños merecen reglas claras y saber con certeza por quién están votando”, afirmó al señalar que los integrantes de la misión tomaron nota de su preocupación. Agregó que los observadores le indicaron que también habían recibido información sobre el caso por parte de medios de comunicación y de otras instituciones, entre ellas la Asociación Civil Transparencia.

“Tomaron nota para los fines que ellos consideren convenientes”, declaró al añadir que los representantes de la OEA le preguntaron qué acciones podrían adoptarse en los ámbitos nacional e internacional. Bruce respondió que existen “varias posibilidades”, aunque evitó precisar cuáles.

El cuestionamiento se produce después de que el pleno del JNE confirmara la candidatura de López Aliaga como primer regidor de Lima por Renovación Popular, tras desestimar una apelación que solicitaba su exclusión por una supuesta “reelección encubierta”.

La controversia se mantiene porque el organismo electoral aún no ha definido si entregará a López Aliaga la credencial de alcalde en caso de que la lista de Renovación Popular gane las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. El presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, ha señalado que esa decisión corresponde al pleno del JNE.

Bruce sostiene que esta falta de definición impide a los electores conocer con claridad quién asumiría la Alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la mayoría de votos.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a estos comicios para escoger a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. Gran parte de la atención está puesta en la capital, donde se escoge a un alcalde metropolitano y a otros 42 alcaldes distritales.

Los ganadores se escogerán para ejercer los cargos en el periodo 2027-2030, que coincidirá en su totalidad dentro del periodo presidencial 2026-2031 para el que se eligió a la presidenta Keiko Fujimori.

Desde 2015 está prohibido que los gobernadores regionales y alcaldes opten a la reelección inmediata, pero los políticos han encontrado la forma de esquivar esa ley: se presentan en el número dos de las listas y, en caso de ser elegidos, el primero dimite para que este acceda al cargo de manera indirecta por sucesión, en lo que supone una reelección encubierta.

Bajo esa vía, más de 130 alcaldes en todo el país buscan la reelección encubierta en estos comicios. El más conocido es el favorito para volver a ser alcalde de Lima: López Aliaga, quien ganó los comicios de 2022, dimitió para ser candidato presidencial en 2026 y ahora quiere volver a la alcaldía a través de este polémico método.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes 2 de octubre en Washington una reunión extraordinaria de cancilleres para debatir la situación en Nicaragua, después de que Daniel Ortega anunciara que el país no volverá a celebrar elecciones competitivas.

La convocatoria lleva a la mesa de ministros de Exteriores una resolución promovida por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. El texto reclama a las autoridades nicaragüenses que generen las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”.

La sesión será la primera reunión de consulta de cancilleres de la OEA desde 2017, cuando el organismo regional trató la crisis política y de derechos humanos en Venezuela. Nicaragua no participará, ya que abandonó la organización en 2023 por decisión del gobierno de Ortega.

La resolución exige liberar a presos políticos y restablecer el pluralismo

El proyecto que discutirán los Estados miembros plantea una serie de demandas al Ejecutivo nicaragüense. Entre ellas, pide garantizar las libertades fundamentales, liberar sin condiciones a los presos políticos y divulgar el paradero de las personas desaparecidas.

También solicita que se restituya la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella y que se restablezcan la separación de poderes y el pluralismo político. La iniciativa será sometida a debate y votación durante la cita en la capital estadounidense.

La reunión fue convocada tras declaraciones de Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que en Nicaragua no habría nuevas elecciones. Tras ese anuncio, el oficialismo impulsó una reforma constitucional que impediría la participación electoral de personas calificadas como “traidores a la patria”, en alusión a sectores opositores.

Seis cancilleres confirmaron asistencia

Hasta el momento, confirmaron su presencia los ministros de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez; Jamaica, Kamina Johnson; Paraguay, Rubén Ramírez; Perú, Carlos Elmer Cáceres; República Dominicana, Víctor Bisonó; y Santa Lucía, Alva Baptiste.

El resto de los países miembros de la OEA prevé enviar a otros representantes. La convocatoria había sido aprobada el 19 de agosto con 26 votos a favor, el rechazo de Brasil y la abstención de México.

Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. El mandatario y su esposa, Rosario Murillo, ejercen la copresidencia del país en medio de denuncias de fraude electoral, persecución política y restricciones contra dirigentes opositores.

La visión del país

Estados Unidos, Argentina y otros países aliados consideran que la situación representa una “amenaza para la estabilidad y la seguridad del hemisferio”, una formulación que otras delegaciones buscan retirar del texto. La OEA, que cuenta con 32 miembros activos, no puede imponer sanciones y solo puede pedir a los países que adopten medidas individuales.

Una fuente diplomática cercana a las conversaciones advirtió que la represión tiene “repercusiones en materia de seguridad que tienen que ver con el crimen transnacional o la persecución de exiliados nicaragüenses en países vecinos”, pero sostuvo que no debe calificarse como una amenaza a la paz y la seguridad. “Esto es algo muy complicado, porque una vez que se define de esa manera, se está invitando al uso de la fuerza militar contra la amenaza”, objetó.

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzó el control sobre la sociedad después de las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU. Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023, durante las presiones diplomáticas por la deriva autoritaria del país.

Brasil y México han cuestionado la llamada “doctrina Donroe”, término acuñado por el presidente estadounidense Donald Trump a partir de su apellido y el de James Monroe, quien ocupó la presidencia de Estados Unidos entre 1817 y 1825. Sus críticos sostienen que esa doctrina promueve la hegemonía de Washington y le atribuye el papel de vigilante de la democracia en las Américas.

La embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cossette López-Osorio, puso sobre la mesa una expresión que resume uno de los debates actuales sobre democracia en América Latina: el “secuestro institucional”.

La diplomática utilizó ese concepto para referirse a formas de deterioro democrático que pueden avanzar gradualmente mediante el debilitamiento de los contrapesos, la separación de poderes y el pluralismo político, según reportes sobre sus recientes intervenciones ante el organismo hemisférico.

La advertencia se produjo en el contexto de las actividades por los 25 años de la Carta Democrática Interamericana, adoptada en 2001 como uno de los principales instrumentos políticos regionales para la defensa de la democracia representativa.

El Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión extraordinaria el 25 de septiembre para conmemorar ese aniversario.

La expresión utilizada por López no corresponde a una categoría jurídica específica de la Carta Democrática Interamericana, sino a una caracterización política empleada por la embajadora.

En términos prácticos, apunta a escenarios en los que las instituciones continúan formalmente funcionando, pero los controles entre poderes, la independencia institucional o la competencia política pueden verse debilitados.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este septiembre que en el hemisferio existen procesos de “debilitamiento gradual” de elementos esenciales de la democracia representativa y pidió a los Estados proteger la independencia de autoridades judiciales, fiscales y electorales, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Eso no significa que la CIDH haya utilizado el término de López ni que haya señalado específicamente a Honduras en ese pronunciamiento. Se trata de un diagnóstico regional distinto que ayuda a contextualizar el debate.

López-Osorio asumió formalmente como representante permanente de Honduras ante la OEA el 9 de septiembre de 2026. Durante la presentación de sus credenciales aseguró que Honduras buscaría mantener una relación “abierta y constructiva” con el organismo y participar activamente en la construcción de consensos hemisféricos.

Su agenda reciente ha incluido democracia, derechos humanos, seguridad regional y cooperación institucional.

La intervención sobre el “secuestro institucional” encaja dentro de ese enfoque, aunque los reportes disponibles no detallan países concretos a los que López estuviera atribuyendo esa situación.

Por ello, la frase debe entenderse como una advertencia general sobre riesgos democráticos, no como una acusación comprobada contra un gobierno específico.

La representante hondureña también participó en discusiones relacionadas con la violencia digital contra mujeres y niñas.

La OEA presentó recientemente la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, diseñada para orientar a los Estados en la creación o adaptación de marcos legales y políticas públicas.

El instrumento aborda fenómenos como agresiones digitales, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hostigamiento en línea y otras formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

Su aplicación depende, sin embargo, de que cada Estado traduzca esas recomendaciones en legislación, mecanismos de investigación y políticas públicas nacionales.

La discusión planteada en Washington vuelve a colocar en el centro una pregunta recurrente para las democracias de la región: cómo impedir que las instituciones se debiliten desde dentro sin que exista una ruptura formal del orden constitucional.

La Carta Democrática establece que la democracia no se limita a celebrar elecciones. Incluye también elementos como respeto a los derechos humanos, acceso al poder conforme al Estado de derecho, pluralismo partidario y separación e independencia de los poderes públicos.

Ese es precisamente el terreno en el que se ubica la advertencia de Cossette López.

Su mensaje ante la OEA apunta a que los riesgos contemporáneos para la democracia pueden ser menos visibles que un golpe de Estado tradicional: pueden surgir mediante erosiones progresivas de controles, instituciones y espacios de participación política.

El líder opositor Juan Sebastián Chamorro considera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cumplirá las demandas planteadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para restablecer las libertades y abrir un proceso de diálogo en Nicaragua.

En declaraciones recogidas por Despacho 505, Chamorro advirtió que el incumplimiento dará paso a una nueva etapa de presión internacional contra el régimen nicaragüense.

La propuesta que será discutida por los cancilleres de la OEA el 2 de octubre establece un plazo de 30 días para que el régimen busque un diálogo y comience a cumplir una lista de demandas relacionadas con la situación política del país. Si no se registran avances, el documento contempla una escalada gradual de acciones en los ámbitos diplomático, económico, financiero y multilateral.

“El régimen muy probablemente no tomará ninguna de las acciones recomendadas, eso se puede ver venir”, afirmó Chamorro, según consigna Despacho 505. El dirigente opositor sostuvo que, si Ortega y Murillo desoyen las exigencias, Nicaragua y la comunidad internacional ingresarán en “una nueva etapa de relación”, marcada por “acciones concretas y específicas” contra el régimen.

El opositor señaló que las medidas posteriores todavía no están definidas en la propuesta. Sin embargo, dijo que habría preferido que el documento estableciera desde ahora cuáles serían las acciones que seguirían a un eventual incumplimiento.

Las demandas planteadas al régimen

La primera exigencia presentada formalmente por las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Perú consiste en liberar a todos los presos políticos y revelar el paradero de las personas en condición de desaparición forzada. El documento también plantea restituir la ciudadanía a 452 opositores despojados de su nacionalidad, además de restablecer los registros civiles y los derechos de los nicaragüenses declarados apátridas.

La lista incluye la restitución de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. También exige permitir el regreso de los medios de comunicación y devolver la personalidad jurídica a las organizaciones de la sociedad civil ilegalizadas.

Entre las demandas figura, además, revertir las reformas constitucionales y devolver las propiedades y otros activos confiscados, incluidos los bienes de medios de comunicación. El borrador plantea retirar de Nicaragua al personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad de países extranjeros cuya presencia, según el documento, representa una amenaza para la seguridad hemisférica.

Chamorro interpretó la propuesta como una advertencia directa al régimen nicaragüense. “Yo diría que se trata de una advertencia que le hace la OEA a los dictadores”, sostuvo el dirigente, quien no espera que Ortega y Murillo rectifiquen su conducta.

“Aunque hubiéramos preferido o querido que la resolución ya incluyera estas acciones de este plan, esta resolución, este borrador, es un paso a favor porque está dejando en evidencia a la OEA que fueron advertidos los dictadores”, agregó.

Un proceso con plazos definidos

Si la resolución es aprobada durante la reunión de cancilleres del 2 de octubre, el primer paso será crear un “Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua”. El organismo estará integrado por Estados miembros designados por la presidencia de la OEA, con una representación geográfica equitativa y el respaldo de la Secretaría General.

El grupo deberá abrir un canal directo con el régimen y buscar “un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses”. Esa gestión podría incluir una visita a Nicaragua encabezada por ministros de Relaciones Exteriores.

El mecanismo tendrá un plazo limitado. En un máximo de 30 días, el grupo deberá entregar a la presidencia un primer informe con sus recomendaciones, evaluar la respuesta del régimen y proponer los pasos siguientes.

La resolución también mantiene abierta la posibilidad de convocar la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores dentro de 45 días, o antes si las circunstancias lo justifican. En esa instancia, los países miembros podrían decidir nuevas medidas en los ámbitos diplomático, político, económico, financiero e institucional multilateral.

El canal NTN24 el 28 de septiembre en primicia dio a conocer la resolución que los cancilleres van a votar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua.

La propuesta de al menos seis puntos, impulsada por Estados Unidos, Colombia y Perú. establece como primer pilar la liberación inmediata de todos los presos políticos y el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas.

Asimismo, el economista y político nicaragüense desterrado en territorio estadounidense Juan Sebastián Chamorro compartió el borrador del documento que se someterá a votación el próximo 2 de octubre ante los ministros de Relaciones Exteriores del continente.

El texto elaborado para el encuentro hemisférico sitúa la crisis de derechos humanos en el centro de las demandas diplomáticas. La iniciativa exige que las autoridades nicaragüenses pongan fin al encarcelamiento arbitrario por razones ideológicas y ofrezcan información detallada sobre las víctimas de desaparición forzada.

Para las familias de los detenidos, el cumplimiento de este apartado representa una medida indispensable para detener los abusos cometidos por el aparato estatal en Nicaragua.

La propuesta exige la devolución de la ciudadanía a 452 personas expulsadas del país

En su segundo eje de acción, el borrador enfoca la atención en el despojo de la nacionalidad y el destierro forzado aplicados por el régimen nicaragüense. El proyecto de la OEA exige la restitución completa de los derechos civiles y la ciudadanía a más de 452 nicaragüenses expulsados del país, con la garantía de un retorno seguro.

La recuperación de la identidad legal busca recomponer la cohesión social destruida por las medidas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, el documento demanda garantías efectivas para el ejercicio de las libertades de:

• Expresión
• Prensa
• Asociación
• Culto
• Reunión pacífica.

Esta disposición contempla la posibilidad de que los medios de comunicación independientes regresen a Nicaragua sin temor a represalias oficiales. La medida incluye también la devolución de la personería jurídica a más de 5,500 organizaciones no gubernamentales (ONG) que resultaron censuradas e ilegalizadas en los últimos años.

La resolución demanda revertir 12 modificaciones realizadas a la Constitución desde 2007

Desde el año 2007, el oficialismo impulsó al menos 12 reformas a la Constitución, entre las que destacan las modificaciones introducidas en 2014, 2024 y los trámites efectuados entre 2025 y 2026.

Según el análisis de la OEA, estas enmiendas se diseñaron para perpetuar el control del ejecutivo, eliminar el equilibrio de poderes y bloquear la participación de la oposición política.

Ante ese escenario, los países miembros solicitan derogar las reformas constitucionales para devolver la separación de poderes y permitir que la ciudadanía decida de manera transparente el rumbo de la nación. La propuesta subraya que la reconstrucción del orden democrático en Nicaragua exige procesos electorales transparentes, competitivos y fiscalizados por la comunidad internacional.

Restitución de propiedades confiscadas a particulares e instituciones

El proyecto de resolución exige además la devolución inmediata de bienes inmuebles, activos e instalaciones expropiados de forma arbitraria por el Estado. La medida abarca las propiedades confiscadas a ciudadanos particulares, medios de prensa, universidades privadas, empresas y colectivos religiosos.

Restituir el patrimonio incautado constituye un requisito indispensable para recuperar la seguridad jurídica y fomentar la inversión económica futura.

En el ámbito geopolítico y de seguridad regional, el borrador insta al retiro del suelo nicaragüense de todo personal, equipamiento tecnológico, infraestructura o capacidad militar y de inteligencia procedente de potencias extranjeras ajenas al continente americano. El documento menciona explícitamente a Rusia, China e Irán, y advierte que la presencia de estas fuerzas representa una amenaza directa para la estabilidad estratégica del hemisferio.

En relación con los alcances del borrador, Juan Sebastián Chamorro sostuvo que, aunque el texto no reúne la totalidad de las medidas complementarias necesarias, significa un paso sustancial en el ámbito internacional. A juicio del dirigente nicaragüense, la importancia del proyecto radica en que la OEA deja constancia de una advertencia formal y coordinada dirigida a las autoridades en Managua.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU la renovación y el “despliegue completo” de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití y ha instado a la comunidad internacional a “proporcionar el personal, la financiación, el equipo y el apoyo logístico necesarios para su despliegue pleno y sostenido”.

En una declaración conjunta, los Estados miembro de la OEA han reafirmado su “solidaridad con el pueblo haitiano, su respeto a la soberanía y la independencia y la integridad territorial de Haití”, así como “su compromiso con las soluciones lideradas por Haití”.

Es por ello que han pedido que se implemente la resolución de la Asamblea General de la OEA adoptada el pasado mes de junio con el “propósito central de organizar el apoyo a Haití, manteniendo al mismo tiempo esa asistencia bajo liderazgo haitiano y en coordinación con Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otros socios”.

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, ha expresado su apoyo a la declaración y ha apuntado que es necesario “honrar las aspiraciones del pueblo haitiano continuando con el apoyo a la GSF y a la renovación de su mandato”.

“Esta fuerza está sobre el terreno desempeñando un papel esencial para ayudar a las autoridades haitianas a recuperar el control territorial, restablecer el acceso a infraestructura crítica, mejorar la seguridad pública y crear el entorno de seguridad necesario para que las instituciones funcionen y se celebren elecciones”, ha dicho.

“Sin embargo, el apoyo a la renovación no es suficiente. Un mandato, por sí solo, no produce resultados. También debemos garantizar que los resultados que los haitianos necesitan en materia de seguridad cuenten con los recursos adecuados. Los resultados requieren personal, financiamiento, equipo, logística y, por supuesto, apoyo político sostenido”, ha apuntado.

Por su parte, el representante permanente de Haití ante la OEA, Jean Josué Pierre, ha afirmado que “el mensaje está claro: renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, garantizar su despliegue completo, fortalecer las instituciones de seguridad de Haití, proteger a la población y crear las condiciones para que Haití avance hacia elecciones creíbles y una estabilidad duradera”.

El comunicado hace hincapié en que esta fuerza debe estar equipada “para apoyar a la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas del país de conformidad con sus respectivos mandatos”. “Entre las prioridades se incluyen restablecer la autoridad estatal legítima en las zonas afectadas por el control de las pandillas, garantizar el acceso al aeropuerto y al puerto, reabrir las principales rutas de transporte, proteger a la población y mantener una presencia permanente de la Policía Nacional de Haití en sitios de infraestructura estratégica y en las zonas recuperadas de las pandillas”, recoge el texto.

Desde la OEA han pedido también que se pongan en marcha medidas que lleven al “desarme, desmovilización y reintegración” de los miembros de las pandillas, además de medidas para “restablecer el acceso humanitario y los servicios públicos y ampliar las oportunidades socioeconómicas, particularmente para los jóvenes haitianos”.

“Las operaciones de la GSF y de las instituciones de seguridad haitianas a las que apoya deben cumplir con el Derecho Internacional y las normas internacionales de derechos humanos aplicables”, ha aseverado.

(Con información de Europa Press)

Tininiska Rivera, hija del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera, espera que los cancilleres del hemisferio adopten medidas diplomáticas más firmes contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante la reunión convocada para el 2 de octubre por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Espero que la OEA apruebe resoluciones más firmes en el tema de Nicaragua, que reconozca estas violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas y demás sectores, y contra todos los nicaragüenses, y adopten mecanismos diplomáticos más severos para evitar la impunidad y más muertes de los presos políticos, de los cuales ocho son familiares y allegados de mi padre, que en paz descanse”, declaró Tininiska a La Prensa de Nicaragua.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó la convocatoria de los ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación de Nicaragua. La decisión coincidió con la presentación de un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que documentó al menos 161 desapariciones forzadas y varias muertes bajo custodia estatal.

El documento dedica parte de sus conclusiones al caso de Brooklyn Rivera, líder indígena y exdiputado de Yatama, quien fue detenido por la Policía el 29 de septiembre de 2023, en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Posteriormente, fue trasladado a Managua y permaneció bajo custodia del régimen hasta su muerte.

De acuerdo con el informe del GHREN, las explicaciones oficiales sobre el fallecimiento de Rivera fueron contradictorias. El grupo señaló que las declaraciones del régimen presentaban inconsistencias médicas en aspectos fundamentales y que no podían verificarse debido a la ausencia de una investigación independiente o autopsia.

“La evaluación del Grupo, que incluyó un análisis médico independiente de las propias declaraciones del Gobierno, concluyó que estas declaraciones eran contradictorias entre sí, médicamente incoherentes en aspectos fundamentales y no podían verificarse debido a la ausencia de una investigación independiente o autopsia. Un caso en el que la presunción de responsabilidad del Estado por una muerte bajo custodia no ha sido refutada en absoluto”, expuso el informe.

Para Tininiska, la reunión de cancilleres ocurre en un momento relevante para que la comunidad internacional examine la situación nicaragüense. La hija de Rivera consideró que los gobiernos deben mantener una postura firme y utilizar la diplomacia y los organismos multilaterales para acompañar a la población.

“La comunidad internacional debe mantenerse firme y organizada, utilizando la diplomacia y organismos como la OEA. No se trata solo de sancionar o presionar, sino de acompañar al pueblo y promover una salida democrática y pacífica”, sostuvo.

Antes de la presentación del informe del GHREN, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expuso el documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe, titulado “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, describe violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la población indígena.

La situación también afecta a la familia de Rivera. Según información publicada por La Prensa, ocho familiares, amigos y allegados del dirigente fueron detenidos entre mayo y junio, después de que el régimen anunciara su muerte y trasladara su cuerpo a Managua. Desde entonces, sus parientes no cuentan con información oficial sobre su situación y desconocen los cargos que enfrentan.

“No podemos llorar por la muerte de mi padre con toda esta incertidumbre que seguimos viviendo”, lamentó Tininiska. También señaló que su familia no pudo reunirse para celebrar los 74 años de Rivera, que habría cumplido el 24 de septiembre.

La familia y la comunidad indígena miskita tampoco pudieron cumplir la última voluntad del líder, conocida como taupla, que contemplaba su entierro en el likaudu, en Sandy Bay, Costa Caribe Norte, donde está sepultada su madre. La persecución contra sus familiares y allegados, afirmó Tininiska, continúa después de la muerte de su padre.

La Organización de los Estados Americanos pidió que la elección del próximo Contralor General de Cuentas de Guatemala para el período 2026-2030 se fundamente en la capacidad, honorabilidad e independencia de la persona elegida, mientras el Ministerio Público requirió información sobre las reglas aplicadas a los aspirantes dentro de una investigación penal en curso.

La Comisión de Postulación integró el 20 de septiembre una nómina de seis candidatos, que deberá atravesar las etapas de impugnación y remisión antes de que el Congreso de la República designe al nuevo titular. La futura autoridad tendrá a su cargo la fiscalización de entidades públicas, la protección de los recursos estatales y la prevención de la corrupción.

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala sostuvo que la inclusión en la nómina y los puntajes obtenidos no concluyen el análisis de idoneidad.

El Congreso deberá evaluar los seis perfiles y realizar una valoración expresa de la honorabilidad de cada postulante, basada en información verificable.

La documentación de los seis aspirantes y el control ciudadano

Los expedientes que lleguen al Poder Legislativo deben exponer las calificaciones, los señalamientos, los descargos de los candidatos, las verificaciones efectuadas y los fundamentos de las decisiones de la comisión. Las objeciones, añadió la Misión, deben resolverse de manera individualizada, motivada y con respeto por el derecho de defensa.

La entidad hemisférica pidió que la Comisión de Postulación publique los documentos que respaldan la nómina y garantice los plazos legales para impugnarla. También reclamó que se examinen los cuestionamientos sin atribuir responsabilidades a partir de afirmaciones no comprobadas, pero sin dejar fuera hechos relevantes para el ejercicio del cargo.

El Congreso fue exhortado a divulgar con anticipación el calendario de elección, facilitar el acceso a los expedientes públicos y realizar audiencias abiertas que permitan entrevistas útiles en condiciones de igualdad. La recomendación incluye recibir observaciones de organizaciones civiles, autoridades indígenas, universidades y otros sectores antes de la votación.

La ciudadanía, según el pronunciamiento de la OEA, debe conocer tanto el sentido de los votos de los diputados como las razones que sustenten la elección. La Misión también pidió revisar posibles conflictos de interés y vínculos que puedan condicionar la actuación de quien resulte electo.

La experiencia laboral de los aspirantes en organismos bajo fiscalización o en la propia Contraloría General de Cuentas deberá evaluarse según la trayectoria y conducta individual de cada persona. El organismo advirtió que la designación debe mantenerse libre de compromisos sobre auditorías, contrataciones, nombramientos o tratamientos favorables para quienes participen en la elección.

El requerimiento penal sobre las reglas de postulación

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, solicitó a la Comisión de Postulación un informe sobre las normas y requisitos utilizados durante la recepción inicial de expedientes. El requerimiento forma parte de la investigación identificada como MP001-2026-42141, que no atribuye responsabilidades penales a integrantes de la comisión ni a los aspirantes.

La petición fue divulgada el 23 de septiembre por Movimiento ProJusticia en sus redes sociales. La Fiscalía dio siete días a la comisión para entregar la información solicitada.

El oficio, fechado el 23 de septiembre de 2026, fue dirigido a Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas. Está suscrito por personal del Equipo 03 del Grupo de Investigación Criminal de la Fiscalía contra la Corrupción.

La Fiscalía pidió precisar cuáles fueron las reglas básicas para la postulación en la etapa inicial, las bases de la convocatoria y el listado de condiciones que debían cumplir los profesionales interesados en el cargo. La solicitud busca obtener colaboración de la comisión para la pesquisa penal en desarrollo.

La comisión recibió los expedientes, revisó los requisitos y evaluó los perfiles antes de conformar la nómina que será remitida al Congreso. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Movimiento ProJusticia, siguieron la evaluación de los candidatos, las tachas presentadas y las decisiones adoptadas durante el proceso.

La OEA también vinculó la elección con el próximo proceso electoral: pidió preservar la objetividad en las fiscalizaciones y en la emisión, denegación o revocación de finiquitos. Esas facultades deben ejercerse con fundamento legal, criterios uniformes y debido proceso, sin utilizarlas como mecanismos de presión o exclusión política.

Un grupo de cinco países propuso que los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reúnan el próximo 2 de octubre para examinar posibles acciones frente a la situación política en Nicaragua, después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzara con restricciones que impedirían la participación electoral de sectores opositores.

La iniciativa fue presentada por Paraguay, con el respaldo de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, de acuerdo con un borrador de agenda al que accedió AFP, agencia internacional de noticias. La propuesta será sometida a votación este miércoles 23 de septiembre durante una sesión del Consejo Permanente prevista para las 10h (14h GMT).

El documento plantea que la reunión extraordinaria de consulta de cancilleres tenga lugar el viernes 2 de octubre de 2026. En esa instancia, los jefes de la diplomacia regional deberán considerar “la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas”, según el texto.

El Consejo Permanente definirá este miércoles si convoca a los cancilleres

La convocatoria necesita la aprobación de los Estados miembros reunidos en el Consejo Permanente, órgano político que mantiene sesiones regulares en la sede de la OEA en Washington.

El mecanismo había sido aprobado el 19 de agosto, cuando el organismo resolvió convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para abordar la crisis nicaragüense. Se trata de una herramienta excepcional dentro de la estructura política de la OEA, reservada para situaciones que los países consideran de especial gravedad regional.

La discusión llega después de semanas de negociaciones entre las delegaciones. El respaldo de Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú refleja la búsqueda de una posición coordinada ante las últimas decisiones institucionales adoptadas en Managua.

La agenda propuesta evita anticipar medidas concretas. Su formulación se limita a abrir un debate entre los cancilleres sobre las respuestas que cada gobierno y el organismo hemisférico podrían impulsar ante el cierre del espacio electoral en el país centroamericano.

El veto a la oposición profundizó las tensiones con el gobierno de Ortega y Murillo

El detonante inmediato de la convocatoria es la decisión del oficialismo nicaragüense de prohibir la participación de la oposición en las elecciones. A comienzos de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó el veto electoral, en un contexto de creciente concentración de poder alrededor de la pareja presidencial formada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El régimen sandinista ha calificado a dirigentes y grupos opositores como “traidores a la patria”, una acusación que ha acompañado medidas contra organizaciones políticas, medios de comunicación, entidades civiles y críticos del Ejecutivo.

La propuesta de los cinco países busca trasladar esa situación al máximo nivel político de la OEA. Los cancilleres deberán evaluar si la organización puede promover una respuesta conjunta, aunque el texto preliminar no precisa qué alternativas se someterían a consideración.

Nicaragua ya no forma parte del organismo. El país formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, luego de un proceso de ruptura que comenzó en 2021, cuando el gobierno de Ortega denunció la Carta de la organización tras recibir cuestionamientos por la situación institucional y electoral.

La salida de Nicaragua no impide que la OEA discuta la crisis regional

La desvinculación formal de Managua limita la capacidad de la OEA para intervenir de manera directa en asuntos internos nicaragüenses, pero no impide que los Estados miembros debatan la situación del país ni adopten posiciones diplomáticas.

El organismo tampoco cuenta con atribuciones propias para aplicar sanciones económicas. Las eventuales medidas de presión deben ser decididas e implementadas por cada Estado, de acuerdo con su legislación y su política exterior.

Estados Unidos ha promovido durante este año sanciones económicas dirigidas contra integrantes del gobierno nicaragüense, entidades estatales y estructuras vinculadas al poder político. Washington busca que otros países de la región adopten medidas de aislamiento diplomático frente al gobierno de Ortega y Murillo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió este jueves a sus países miembros coordinar una respuesta frente al régimen de Nicaragua después de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueara la participación de sectores opositores en las próximas elecciones, una decisión que, según el secretario general del organismo, Albert Ramdin, amenaza con convertir el sistema político del país centroamericano en uno sin competencia electoral efectiva.

Ramdin sostuvo que los gobiernos del continente deberían analizar una estrategia conjunta para aumentar la presión sobre Managua y abrir eventualmente una vía de diálogo.

“Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable”, afirmó el secretario general de la OEA al referirse a las recientes decisiones adoptadas por el régimen sandinista.

La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó la semana pasada una disposición que impide competir en los comicios a personas consideradas “traidores a la patria”. La medida afecta directamente a sectores opositores y modifica las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las próximas elecciones.

Ante este escenario, la OEA decidió recurrir a un mecanismo diplomático de carácter extraordinario: una reunión de consulta de cancilleres. Ramdin explicó que el encuentro podría realizarse después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre, y expresó su intención de concretarlo cuanto antes.

“Espero que podamos celebrar esta reunión lo antes posible, ojalá poco después de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló.

El secretario general planteó que los gobiernos podrían acordar un paquete de acciones para incrementar el costo internacional de las decisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La OEA, sin embargo, no cuenta con facultades para imponer directamente sanciones económicas: cualquier medida de ese tipo debe ser adoptada y ejecutada por los Estados de manera individual.

La propuesta busca combinar esa presión con una eventual instancia de negociación. Ramdin planteó la posibilidad de que un grupo de países asuma un papel de interlocutor, aunque aclaró que todavía no existe una definición sobre quién podría encabezar ese proceso.

Nicaragua se retiró formalmente de la OEA en noviembre de 2023, después de años de enfrentamiento con el organismo. La relación se deterioró especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó al menos 300 muertos según Naciones Unidas.

Estados Unidos ya incrementó durante este año las sanciones dirigidas contra integrantes de la cúpula gobernante nicaragüense, instituciones estatales y sectores considerados estratégicos. Tras la decisión sobre las elecciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió terminar con las relaciones habituales con el régimen de Managua.

La OEA busca reincorporar a Venezuela

Ramdin también se refirió a Venezuela y sostuvo que el país debería designar un representante permanente ante la organización. Aunque Caracas dejó de ocupar su asiento, jurídicamente continúa siendo miembro de la OEA.

El proceso de salida comenzó en 2017, pero no llegó a completarse debido a las disputas sobre la legitimidad del gobierno venezolano y a la crisis política que derivó en el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino en 2019.

“No necesitan volver a unirse a la OEA porque siguen siendo un miembro. Es su elección. Es su decisión”, explicó Ramdin.

El funcionario afirmó que el organismo está dispuesto a colaborar con Venezuela en su proceso de transición política y en la organización de elecciones, pero señaló que necesita una contraparte oficial para poder hacerlo.

“Estamos viendo la transición hacia la democracia y hacia unas elecciones; estamos preparados para ayudar”, declaró.

Haití y los vínculos entre política y crimen

Sobre Haití, Ramdin alertó por la posible relación entre dirigentes políticos y organizaciones armadas, en un país donde la violencia continúa condicionando la preparación de las elecciones.

“Hay cierto grado de connivencia entre el ámbito político y las bandas. Y lo digo tal y como es porque todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello”, afirmó.

El secretario general dijo que durante su visita a Haití en agosto planteó la necesidad de establecer criterios que impidan competir a candidatos vinculados con estructuras criminales. La inseguridad, señaló, constituye el principal obstáculo para celebrar unos comicios creíbles.

El calendario electoral contempla la primera vuelta presidencial y legislativa para el 13 de diciembre de 2026 y una segunda ronda el 21 de febrero de 2027. Naciones Unidas contabilizó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos por la violencia durante los primeros seis meses del año.

Ramdin también cuestionó la capacidad de la fuerza internacional destinada a combatir a las pandillas y reclamó mayor respaldo de los países que se comprometieron a contribuir con esa misión.

“Las elecciones dependen de un buen entorno de seguridad”, afirmó.

Cuando en octubre de 2024 el cantante británico Liam Payne murió tras caer desde el balcón de un hotel en el barrio porteño de Palermo, un informe toxicológico preliminar incluyó entre las sustancias halladas en su organismo un coctel de metanfetamina, ketamina y MDMA conocido como cocaína rosa o “tuci”. El episodio, ocurrido en Buenos Aires, expuso ante una audiencia global un producto que los organismos antidrogas de América Latina documentan desde hace más de una década: un producto vendido bajo un nombre único que rara vez contiene la sustancia que ese nombre sugiere.

Así lo confirma un boletín publicado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el organismo técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) especializado en política de drogas. El documento sostiene que el “tuci” no corresponde a una molécula específica, sino a una mezcla de sustancias psicoactivas de composición variable comercializada bajo una misma marca. La mayoría de las muestras analizadas en laboratorios forenses de la región no contiene 2C-B, el psicodélico con el que originalmente se asoció el nombre.

El fenómeno se originó en Colombia a comienzos de la década de 2010, en circuitos de ocio nocturno de sectores de ingresos medios y altos, como una alternativa más económica al 2C-B, sustancia sintetizada en los años setenta. La escasez y el alto costo de ese compuesto en el mercado ilegal llevaron a los productores a sustituirlo por combinaciones más accesibles, principalmente ketamina y MDMA. El nombre comercial se mantuvo pese al cambio radical en la fórmula, lo que consolidó una marca independiente de su contenido químico real.

A diferencia de la cocaína o la heroína, que siguen una cadena de producción relativamente fija —cultivo, procesamiento, refinamiento, distribución—, el “tuci” se ensambla de forma descentralizada a partir de insumos disponibles localmente, sin un proceso único ni un control centralizado. Esa flexibilidad, señala la CICAD, facilita su rápida difusión y explica por qué el mismo nombre puede designar mezclas radicalmente distintas según el país o incluso la ciudad.

Los registros del Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA), la red de la CICAD que recoge notificaciones de los observatorios nacionales, documentan detecciones vinculadas al “tuci” en nueve países entre enero de 2023 y mayo de 2026: Colombia y Estados Unidos encabezan la lista, seguidos de Chile, El Salvador, Uruguay, Argentina, Brasil, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En Bogotá, 5 muestras vendidas como “tuci” en mayo de 2025 contenían xilacina, un sedante de uso veterinario; en Argentina se detectó en marzo de 2026 medetomidina, otro fármaco animal, junto a ketamina y MDMA.

Un estudio químico realizado en 2024 sobre 992 muestras recogidas en 22 eventos de música electrónica en Santiago de Chile identificó 48 como “tuci”, con una composición heterogénea: alrededor del 42% contenía solo ketamina, un tercio combinaba ketamina y MDMA, y el resto incluía otras sustancias o resultó imposible de identificar. Un informe posterior, de febrero de 2026, halló que el 82% de la ketamina incautada en el país estaba mezclada con otros compuestos. En Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) reportó la incautación de 960 muestras de “tuci” entre 2020 y 2025, de las que solo una proporción mínima contenía 2C-B. En Australia se decomisaron 133 kilos de “cocaína rosa” entre marzo y julio de 2024.

La variabilidad química multiplica los riesgos clínicos. Un estudio en entornos nocturnos de Nueva York encontró que el 41,7% de quienes declararon consumir “tuci” subestimaba su exposición real a la ketamina, cuyo uso frecuente en dosis altas puede provocar daño urológico y un cuadro de dependencia con síndrome de abstinencia. En Chile, una investigación sobre adolescentes del sistema de justicia juvenil detectó que el 29% presentaba riesgo de suicidio, en un contexto de alto consumo de drogas sintéticas, entre ellas el “tuci”.

El fenómeno tampoco es ajeno a Europa. La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) reportó en su informe de 2026 que España concentró, junto con Alemania, la mayor parte de las incautaciones de ketamina del continente en 2024, y que el número de muestras presentadas como ketamina a los servicios de análisis de sustancias en siete países comunitarios casi se triplicó entre 2023 y 2025. La agencia registró además un aumento de los residuos de ketamina en las aguas residuales de la mayoría de las ciudades europeas con datos disponibles, y confirmó la circulación de cócteles de ketamina y estimulantes bajo la etiqueta de cocaína rosa.

Para la CICAD, creada en 1986 en el marco del Programa de Acción de Río de Janeiro y en la que España participa como observador, existen vacíos regulatorios: la ketamina no está sujeta a control internacional y su inclusión en las listas nacionales varía de un país a otro, lo que abre vacíos legales ante mezclas no contempladas explícitamente por la ley. El organismo recomienda reforzar los sistemas nacionales de alerta temprana, ampliar la capacidad de los laboratorios forenses y avanzar hacia marcos regulatorios basados en grupos de sustancias y no en listas cerradas.

El “tuci” no es, en rigor, una droga nueva, sino el síntoma de un mercado que ha aprendido a vender fórmulas cambiantes bajo etiquetas estables. Mientras los sistemas de control sigan diseñados para perseguir sustancias individuales, seguirán un paso por detrás de un producto que se reinventa en cada laboratorio clandestino.

El Gobierno de Bolivia avanzó este miércoles con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la preparación de una misión civil de policías para prevenir nuevos conflictos, después de las protestas y bloqueos que se extendieron entre mayo y junio, dejaron al menos 16 muertos y provocaron desabastecimiento y pérdidas económicas por más de USD 3.000 millones.

La reunión se realizó en La Paz entre el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabezada por el director del Departamento de Seguridad Pública, Steven Griner, y el jefe de la Sección de Seguridad y Justicia, Cristian Taboada. También participó un representante de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial.

La cita marcó el inicio de una instancia de trabajo orientada a delinear la llegada de efectivos de distintos países para asesorar y acompañar a la Policía boliviana. Oviedo indicó que la iniciativa busca contribuir al resguardo de las garantías ciudadanas y de la convivencia pacífica frente a posibles escenarios de tensión social.

Griner señaló que la visita tiene como objetivo recoger las expectativas que las autoridades bolivianas plantearon al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con vistas a un posible envío de personal. También precisó que la propuesta todavía permanece en elaboración y que contempla la participación de policías sin armas y sin uniformes.

Durante la reunión con la comitiva, Oviedo presentó un saldo de los conflictos registrados entre mayo y junio y planteó la necesidad de avanzar en tareas preventivas conjuntas. Según sostuvo, la cooperación apuntó a preservar el derecho a la manifestación sin afectar el libre tránsito, la atención médica ni el abastecimiento de productos esenciales.

El ministro remarcó que durante la crisis anterior varias ciudades quedaron sin oxígeno, sin alimentos, sin transporte y sin atención médica, una situación que integró la evaluación del organismo. La agenda prevista hasta el viernes también quedó vinculada al proceso de reinstitucionalización de la Policía boliviana.

El conflicto se desarrolló durante siete semanas con cortes de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con apoyo de sectores afines al exmandatario Evo Morales. Las protestas exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz y tuvieron mayor impacto en el occidente y el centro de Bolivia.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo dispuso el 20 de junio un estado de excepción para levantar las medidas, luego de alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana. La disposición quedó fijada por 90 días, mientras algunas autoridades dejaron abierta la posibilidad de una prórroga ante anuncios de nuevas protestas.

La ronda de contactos surgió a partir del informe presentado la semana pasada por una comisión de la OEA que visitó La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio. Tras ese recorrido, el organismo pidió abrir un diálogo lo más amplio posible entre el Gobierno y los distintos sectores de la sociedad boliviana para reducir la polarización y evitar nuevos enfrentamientos.

Sobre esa base comenzó el intercambio entre especialistas en seguridad pública y justicia y las autoridades locales, con la intención de definir mecanismos concretos de prevención.

Además del eje centrado en los conflictos sociales, Oviedo presentó un panorama de seguridad que incluyó la situación del narcotráfico. En ese repaso, reconoció un incremento de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba y señaló que esa evolución contrastó con los resultados obtenidos en interdicción.

A la vez, sostuvo que bajo el nuevo mando policial aumentaron los decomisos de aeronaves utilizadas para el traslado de cocaína al exterior. Según el detalle oficial, la cifra superan las 80 avionetas incautadas tras pruebas químicas y de microaspirado que, de acuerdo con el Gobierno, confirmaron su uso en operaciones ilegales. También informó sobre la desarticulación de laboratorios y sobre la presencia de redes integradas por ciudadanos extranjeros.

La reunión incluyó una referencia a la explosión ocurrida en el cuartel Simón Bolívar, en Viacha. Sobre ese caso, el ministro indicó que la investigación avanzó por dos carriles institucionales, uno bajo conducción de las Fuerzas Armadas y otro a cargo del Ministerio Público y de las instancias judiciales.

(Con información de EFE)

(Desde Washington, Estados Unidos) Lula da Silva era presidente de Brasil y José Miguel Insulza ocupaba la cartera de Interior de Chile en la administración de Ricardo Lagos. Insulza pidió a Lula que apoyara su candidatura como secretario general de la OEA, y Brasil ejecutó una precisa maniobra diplomática que puso al ministro chileno al frente del foro regional. Corría 2005, y la izquierda en América Latina tenía muchísimo poder con Néstor Kirchner, Hugo Chávez y da Silva.

Insulza es amigo de Lula -apoyó también su reelección en la OEA-, y no dudó en firmar una carta en 2016 defendiendo su inocencia en la causa Lava Jato. Junto a Insulza aparecían Cristina Fernandez de Kirchner, Felipe González, José “Pepe” Mujica y Manuel Zelaya.

“Lula no se considera ni está encima de las leyes. Pero tampoco puede ser objeto de injustificados ataques a su integridad personal. Preocupa a la opinión democrática el intento de algunos sectores de destruir la imagen de este gran dirigente latinoamericano”, sostenía la carta que avaló Insulza.

Donald Trump tiene una estrategia geopolítica para América Latina que se consolida con el tiempo. Cuando llegó por segunda vez a la Casa Blanca, sólo Javier Milei -Argentina-, Nayib Bukele -El Salvador-, Daniel Noboa -Ecuador- y Santiago Peña -Paraguay- apoyaban su agenda regional.

Pero con el correr del tiempo, el presidente de Estados Unidos sumó a Nasry Asfura -Honduras-, Rodrigo Paz -Bolivia-, Keiko Fujimori -Perú-, José Kast -Chile- y Abelardo de la Espriella -Colombia-, que comparten el denominado Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

El líder republicano arrinconó a la izquierda regional en el poder, y ahora apuesta a derrotar a Lula en los comicios presidenciales de octubre. Ya venció en Colombia, desplazando al candidato de Gustavo Petro, y ahora desea que Flavio Bolsonaro suceda a da Silva.

Trump tiene un enfrentamiento abierto con Lula, que desembocó en la cancelación de la visa del embajador de Brasil en Estados Unidos. Y apoya la candidatura de Flavio Bolsonaro para evitar la reelección de da Silva.

El 26 de mayo, en un cónclave fuera de agenda, Trump recibió a Bolsonaro en el Salón Oval. Fue un hecho inédito para el protocolo político de la Casa Blanca, ya que los presidentes de Estados Unidos -habitualmente- no son anfitriones de candidatos presidenciales.

“Fue un placer tener a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. ¡Un joven inteligente que ama mucho a su país, Brasil!”, posteó Trump en la red Truth Social.

Si el presidente de Estados Unidos corona en Brasil, sólo quedarían Claudia Sheinbaum -México- y Yamandú Orsi -Uruguay- como representantes políticos de la izquierda en América Latina.

En este contexto, Estados Unidos tiene un profundo malestar con la decisión unilateral del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, de designar a José Miguel Insulza como jefe de la misión de la OEA que observará la transparencia de los comicios presidenciales en Brasil.

La Casa Blanca reconoce la trayectoria institucional de Insulza, pero considera “un grotesco error diplomático” que Ramdin “entregue” a un aliado político y amigo personal de Lula el control de la misión de la OEA que supervisará unos comicios clave en América Latina.

Una eventual denuncia de fraude en las elecciones presidenciales contra Lula sería revisada por la misión de observación de la OEA, y ahí se iniciarán las sospechas políticas.

Insulza fue secretario general de la OEA apoyado por da Silva y no es un secreto de Estado que cuestiona la mirada ideológica de Flavio Bolsonaro.

Estados Unidos afirma que Ramdin debería haber designado a un ex presidente de la región, y que no podía desconocer los vínculos de Insulza con Lula.

Ramdin fue subsecretario de la OEA durante diez años consecutivos (2005-2015). Insulza era el secretario general.

Once organizaciones democráticas y opositoras de Nicaragua denunciaron este viernes, por medio de un comunicado conjunto, que la reforma parcial a la Constitución, aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre y publicada el día siguiente, constituye una nueva ruptura del orden constitucional.

Las agrupaciones dirigieron el texto a la población nicaragüense, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos. En el documento sostienen que el proceso legislativo no representó un “acto jurídico válido” ni el ejercicio legítimo de la potestad de reforma del Estado.

Según las organizaciones, la modificación aprobada por la Asamblea Nacional consolida la concentración del poder y busca formalizar la exclusión de sectores opositores. El comunicado califica la iniciativa como una maniobra para “sepultar formalmente el principio de soberanía popular” e institucionalizar prácticas represivas del régimen.

Los firmantes indicaron que el debate parlamentario fue reemplazado por la actuación de una Asamblea Nacional sin independencia, que aprobó con rapidez, por unanimidad y sin escrutinio ciudadano un texto elaborado de forma reservada.

El comunicado también cuestionó el proceso de consulta ciudadana. Las organizaciones afirmaron que la dictadura Ortega-Murillo limitó esa instancia a operadores propios, familiares, mandos del Ejército y de la Policía Nacional, además de estructuras partidarias.

Para los grupos opositores, esa modalidad anuló la función deliberativa que debería tener una consulta sobre cambios constitucionales. El texto señala que someter el proyecto a la ratificación de quienes consideran beneficiarios de la reforma y de las fuerzas que sostienen al Gobierno vacía de contenido democrático el procedimiento.

Las organizaciones también objetaron la creación o validación de la figura de la “copresidencia”. Sostuvieron que esa denominación no cuenta con respaldo en la voluntad popular y acusaron al oficialismo de intentar convalidar, mediante reformas posteriores, mandatos que consideran caducos.

Grupos opositores denunciaron que los cambios restringen el derecho a elegir y ser elegido

Uno de los principales cuestionamientos se concentró en la ampliación simultánea a siete años de los períodos de la denominada copresidencia, las diputaciones, las alcaldías, las magistraturas estatales y los mandos militares.

Para los firmantes, esa estructura elimina los contrapesos institucionales y el control entre los poderes del Estado: “El resultado directo de esta arquitectura es la consolidación formal de un modelo totalitario y dinástico”.

También señalaron que la reforma restringe la posibilidad de que los ciudadanos elijan periódicamente a sus gobernantes y agrava la persecución política contra la oposición organizada.

El texto vinculó esos cambios con lo que los grupos definieron como una cadena de desviaciones del orden democrático. Entre otros puntos, mencionaron la falta de competencia política genuina en elecciones que, según indicaron, fueron declaradas fraudulentas por la OEA y la comunidad internacional.

A juicio de los firmantes, esa disposición profundiza el aislamiento del país y busca limitar la aplicación de obligaciones y sentencias vinculadas con derechos humanos.

Las once agrupaciones llamaron a los gobiernos y organismos multilaterales a desconocer la reforma, declarar su ineficacia jurídica y mantener la solidaridad con los nicaragüenses. También reclamaron la restitución de la democracia, el Estado de derecho, las libertades públicas, los derechos humanos y el derecho a elegir y ser elegido.

El pronunciamiento lleva las firmas de Ciudadanos por la Libertad Exilio, Ruta del Cambio, Unamos, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Avanza, Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, Gran Confederación Opositora Nicaragüense, Mesa Todos Somos Nicaragua, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y Unidad Nacional.

La presidenta Keiko Fujimori designó a Aurelio Pastor, exministro de Justicia y exdirigente del Partido Aprista Peruano, como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a Carlos Tubino, exlegislador de Fuerza Popular, como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Argentina.

Ambos nombramientos, con fecha del 4 de setiembre, fueron formalizados a través de resoluciones supremas refrendadas por el ministro de Relaciones Exteriores, canciller Carlos Espá. En los dos casos, las resoluciones establecen que la fecha en que los funcionarios deberán asumir sus cargos se fijará mediante una resolución ministerial posterior, según el texto publicado en el diario oficial El Peruano.

El caso Aurelio Pastor

Aurelio Pastor se desempeñó como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García, entre julio de 2009 y marzo de 2010, y fue congresista por la región San Martín en dos períodos consecutivos. Su trayectoria pública quedó marcada por un proceso judicial que derivó en su encarcelamiento.

La condena se originó en septiembre de 2012, cuando Corina de la Cruz, entonces exalcaldesa de la ciudad de Tocache, en San Martín, enfrentaba dos procesos judiciales en su contra y contrató los servicios profesionales de Pastor Valdivieso, ya para entonces exministro. Según la acusación, el abogado le habría ofrecido interceder ante jueces y fiscales a cambio de dinero para resolver su situación legal, conducta que quedó registrada en audios que posteriormente fueron difundidos por un medio periodístico y dieron origen al proceso penal en su contra. Fue condenado en primera y segunda instancia a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias, en su modalidad de “influencias simuladas”.

Pastor cumplió cerca de seis meses de reclusión en el penal Piedras Gordas, hasta que la Sala Permanente de la Corte Suprema decidió absolverlo al considerar que su conducta se enmarcaba dentro del ejercicio legítimo de la abogacía y que no constituía una falta ética conforme al Código de Ética del Colegio de Abogados.

Tras recuperar la libertad, el exministro cuestionó el proceso que lo mantuvo detenido. “Son las imperfecciones de un sistema y de una democracia que se tienen que mejorar y fortalecer”, declaró Pastor a la prensa tras su salida del penal.

De acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el flamante embajador de Perú ante la OEA está afiliado al Partido Aprista.

La trayectoria de Carlos Tubino

Carlos Tubino, nacido en Lima en 1949, es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, institución en la que sirvió durante cuatro décadas antes de ingresar a la política. Se desempeñó como jefe político militar de Ucayali en 1996 y, quince años después, retornó a esa región como congresista por Fuerza Popular, cargo que ejerció en dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019.

Durante su gestión legislativa, integró la comisión que investigó presuntos actos ilícitos cometidos durante el segundo gobierno de García. El exmarino también enfrentó cuestionamientos por declaraciones públicas consideradas discriminatorias hacia comunidades indígenas de la Amazonía.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará una Misión de Observación Electoral para las elecciones municipales de Paraguay, previstas para el próximo 4 de octubre, luego de la firma de un acuerdo entre el secretario general del organismo, Albert R. Ramdin, y el miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard.

El entendimiento fue formalizado este viernes y confirmó el acompañamiento de la misión durante unos comicios en los que más de cinco millones de votantes estarán habilitados para elegir autoridades locales para el período 2026-2031. La delegación será encabezada por el ex vicecanciller de Uruguay Nicolás Albertoni, designado por Ramdin.

Durante la ceremonia de firma, Ramdin sostuvo que el proceso electoral paraguayo se desarrollará en un contexto internacional marcado por tensiones sobre los sistemas democráticos. “Este proceso electoral tiene lugar en un momento en que las democracias de todo el mundo enfrentan desafíos significativos, como la polarización, la desinformación y la creciente presión sobre las instituciones democráticas”, afirmó.

El secretario general añadió que “unas elecciones transparentes, inclusivas y bien administradas son fundamentales” para fortalecer la confianza pública y asegurar el respeto de la voluntad popular.

La declaración vinculó la misión de la OEA con la necesidad de respaldar la integridad de los comicios.

Por su parte, Jaime Bestard valoró el respaldo que el organismo regional ha dado a los procesos electorales del país. “La firma de este acuerdo es un paso más en las relaciones muy fructíferas que tenemos con la organización”, señaló.

Bestard también afirmó que la presencia de la Misión de Observación Electoral constituye una garantía para el proceso y consideró que sus recomendaciones podrán contribuir a mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema electoral paraguayo.

El representante permanente de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, subrayó la relevancia de este tipo de despliegues en la región. “Para Paraguay es muy importante recibir a la Misión de Observación Electoral, pues es un sello de seriedad que otorga autenticidad a las elecciones”, afirmó el embajador.

La de octubre será la misión número 17 que la OEA despliega en Paraguay, una cifra que refleja la continuidad del acompañamiento del organismo en los procesos electorales del país sudamericano.

Paraguay se convirtió este en el último país en condenar la reforma constitucional aprobada en Nicaragua y recibió de Managua la misma respuesta escueta que ya habían obtenido Perú, Guatemala y Costa Rica: una invocación a la soberanía nacional y una negativa a debatir el asunto.

La Cancillería nicaragüense, en una nota suscrita por el cocanciller Valdrack Jaentschke, rechazó las críticas del gobierno paraguayo con una fórmula idéntica a la que usó con los otros tres países: “La soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”, señaló el texto oficial, que cerró con la frase “Nicaragua triunfa en paz y seguridad”.

El hecho de que Managua distribuyera una nota calcada a cuatro gobiernos distintos reveló la estrategia de la administración Ortega-Murillo ante la ola de cuestionamientos regionales: respuesta mínima, sin concesiones y sin diálogo.

La reforma que detonó la crisis diplomática

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes 1 de septiembre, en una sesión especial celebrada al aire libre en la ciudad de León, una reforma constitucional que prohíbe a los opositores calificados como “traidores a la patria” ocupar cargos de elección popular, liderar partidos o postularse a cualquier cargo público.

La enmienda también extendió de seis a siete años el mandato presidencial y el de otros cargos electivos, así como el de los jefes del Ejército y la Policía, lo que desplaza las elecciones presidenciales que estaban previstas para noviembre de este año hasta 2028.

El texto aprobado elevó a rango constitucional un sistema electoral que ya operaba sin competencia real: en 2021, los principales candidatos opositores fueron encarcelados antes de los comicios.

La votación fue unánime y constituyó solo el primero de los dos pasos legislativos que exige la ley nicaragüense para que una reforma constitucional entre en vigor. La copresidenta Rosario Murillo anunció que la segunda votación comenzará el 18 de enero de 2027.

Ortega descartó elecciones en julio y la región reaccionó

La reforma no llegó sin advertencia. El 19 de julio, durante el acto conmemorativo de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega declaró públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para evitar que la oposición “se apodere del gobierno”.

Esa declaración disparó una cadena de condenas internacionales que incluyó a Bolivia, Brasil, Chile y varios países centroamericanos, además de la retirada del embajador panameño de Managua.

Ortega gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007, aunque su presencia en el poder data de 1979, cuando coordinó la Junta de Gobierno que sucedió a la dictadura somocista.

Acumula tres décadas en el ejercicio del poder. La reforma aprobada esta semana fue la segunda reescritura constitucional en dos años. En febrero de 2025, la Asamblea ya había extendido el mandato presidencial de cinco a seis años, creado la figura de la copresidenta para Murillo, entonces vicepresidenta, y reorganizado la estructura del Estado.

Rubio exigió aislar a Managua y la OEA debate qué hacer

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los países aliados a cortar las relaciones comerciales y políticas habituales con el gobierno nicaragüense.

“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la paz hemisférica”, sostuvo en un comunicado, según recogió Al Jazeera.

Paraguay suma su voz a un rechazo que ya involucra a cinco países

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay expresó el jueves “su profunda preocupación por la reforma constitucional aprobada en Nicaragua, que restringe la participación política y compromete la realización de elecciones libres”, según informó la agencia EFE.

El gobierno paraguayo reafirmó además su adhesión a los principios de la Carta Democrática Interamericana y el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

La nota paraguaya se sumó a las de Costa Rica, Perú y Guatemala, que también manifestaron su rechazo. Las cuatro recibieron de Managua el mismo texto sin variaciones.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este jueves su respaldo al orden democrático en Bolivia y pidió al Gobierno y a los distintos sectores sociales que impulsen un diálogo amplio, mientras el país continúa bajo estado de excepción desde junio por las protestas y bloqueos contra el presidente Rodrigo Paz.

Una misión de alto nivel del organismo presentó el informe de su visita a La Paz y Santa Cruz de la Sierra, realizada el 29 y 30 de julio. La delegación reunió a representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay.

El grupo instó a respetar los mandatos surgidos de los procesos electorales y recomendó establecer un mecanismo permanente y plural de conversación entre el Estado y sectores de la sociedad. “El propósito central de esta misión fue apoyar el orden democrático y constitucional de Bolivia y la voluntad soberana expresada por su pueblo en las urnas”, afirmó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en un comunicado.

El informe planteó la necesidad de proteger el derecho a la protesta pacífica, sin afectar la circulación de personas ni el acceso de terceros a los servicios esenciales. La OEA pidió además un diálogo “lo más amplio posible” entre el Ejecutivo y todos los sectores sociales, con el objetivo de superar la polarización y evitar nuevos episodios de conflicto.

Organizaciones campesinas, productores, transportistas y sectores vinculados al ex presidente Evo Morales anunciaron movilizaciones en todo el país, en rechazo a las medidas económicas del Gobierno y ante la persistente escasez de diésel. Las protestas se producen mientras se aproxima el vencimiento del plazo del estado de excepción, de 90 días, dispuesto por el Ejecutivo ante los bloqueos y movilizaciones registrados semanas atrás. Durante esas manifestaciones, hubo problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos. Las pérdidas económicas superaron los USD 3.000 millones de dólares.

El Gobierno de Bolivia amplió el miércoles de 120 a 2.500 litros mensuales el cupo de diésel subvencionado para pequeños productores agropecuarios, con el objetivo de atender los reclamos de campesinos que bloquean rutas en el departamento de Santa Cruz.

El decreto 5698 mantiene el precio de 9,80 bolivianos por litro, equivalentes a 0,79 dólares al tipo de cambio vigente, para los productores que cumplan los requisitos. La decisión modifica el límite anterior de 120 litros por mes.

Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, informó que los pequeños productores “seguirán accediendo al diésel al precio de 9,80 bolivianos” y “podrán adquirir hasta 2.500 litros mensuales para su actividad productiva”. Justiniano sostuvo que “el pequeño productor (...) no debe ser considerado como un gran consumidor”, categoría para la que el litro de diésel cuesta 18 bolivianos, unos 1,46 dólares. Ese precio rige desde el decreto 5676, emitido el 17 de agosto, que retiró de forma parcial la subvención para industrias, empresas y otras entidades definidas como clientes directos o grandes consumidores.

El funcionario indicó que el acceso al combustible subvencionado figura entre los principales reclamos de productores de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas. Campesinos de esas localidades mantuvieron este miércoles bloqueos de carreteras durante 24 horas para reclamar la derogación de la norma de agosto.

La norma dispone que los productores beneficiados no podrán transferir “bajo ningún título” el diésel adquirido a precio subvencionado. Quienes incumplan esa condición perderán el beneficio.

El esquema vigente conserva el valor de 9,80 bolivianos por litro para el transporte público y para usuarios privados con consumos inferiores a 5.000 litros mensuales. Para los grandes consumidores, el precio referencial de 18 bolivianos por litro puede variar.

Sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazan la eliminación parcial de los subsidios y exigen que el Ejecutivo derogue el decreto. Las organizaciones anunciaron protestas pese al estado de excepción que rige desde junio. El Gobierno sostuvo que la reducción de la subvención al diésel formó parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación de 1.900 millones de dólares anunciado para Bolivia.

Grupos vinculados al ex presidente Evo Morales también advirtieron con avanzar con las movilizaciones y, para este viernes, prevén una marcha en la ciudad de Cochabamba.

(Con información de AFP)

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, participó en una visita del Grupo de Amigos de Belice y Guatemala a la Zona de Adyacencia, junto con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, y el ministro de Relaciones Exteriores de Belice, Francis Fonseca.

La actividad tuvo como objetivo que los representantes conocieran el trabajo de la Oficina de la OEA en la zona y ratificaran el acompañamiento político, técnico y financiero al proceso bilateral.

También buscó sostener las medidas destinadas a prevenir incidentes, preservar la estabilidad y afianzar la relación entre ambos países a partir del diálogo, la cooperación y el derecho internacional.

La Oficina de la OEA expuso sus mecanismos para prevenir incidentes

Durante la jornada, las delegaciones mantuvieron una reunión en la sede de la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia.

El encuentro abordó las tareas de prevención y verificación de incidentes, la coordinación con las autoridades de ambos lados de la zona, las medidas de confianza y los proyectos destinados a las comunidades fronterizas.

Martínez Alvarado reiteró la posición de Guatemala de alcanzar una salida pacífica y definitiva al Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice.

El caso se encuentra sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia ante la cual ambos países buscan resolver la controversia.

El ministro señaló que la presencia de la OEA durante más de dos décadas permitió crear capacidades para verificar hechos en el terreno, prevenir tensiones y mantener canales de coordinación institucional.

Añadió que las iniciativas dirigidas a las poblaciones locales son parte de los esfuerzos para generar confianza entre las comunidades guatemaltecas y beliceñas.

Jóvenes y tecnología, parte del trabajo en la Zona de Adyacencia

Las delegaciones participaron además en una actividad en el Centro Ta’Amay de Capacitación y Promoción de la Paz, ubicado en El Arenal, Guatemala.

La iniciativa forma parte del proyecto “Promoción del diálogo e intercambio entre los jóvenes de la Zona de Adyacencia Belice–Guatemala”.

El programa propone espacios de contacto entre jóvenes de ambos países, con actividades orientadas al diálogo, el entendimiento intercultural y la cooperación. Según la información oficial, la propuesta apunta a impulsar una cultura de paz en las comunidades cercanas a la Línea de Adyacencia.

Las representantes del Grupo de Amigos también presenciaron una demostración del Sistema de Verificaciones de la OEA. La Oficina utiliza drones y dispositivos de geoposicionamiento satelital (GPS) para sus labores técnicas en la zona.

Guatemala planteó preparar la etapa posterior al fallo

El canciller guatemalteco sostuvo que Guatemala, Belice y la OEA deben avanzar en la preparación de las condiciones para la etapa que seguirá al fallo de la CIJ. Indicó que cualquier ajuste de la presencia de la Secretaría General en ese momento deberá definirse de forma conjunta, con base en las decisiones soberanas de las partes, los acuerdos vigentes y las necesidades identificadas por ambos gobiernos.

Martínez Alvarado propuso continuar el trabajo sobre una hoja de ruta para determinar qué capacidades técnicas, institucionales y operativas deberán mantenerse, reforzarse o adecuarse tras la decisión judicial.

Al cierre de la visita, Martínez Alvarado, Fonseca y Ramdin dieron una entrevista a la emisora comunitaria La Zona – The Zone, que funciona en las instalaciones de la Oficina de la Zona de Adyacencia. El secretario general de la OEA destacó el diálogo entre los gobiernos y afirmó que la Organización y el Grupo de Amigos mantendrán su acompañamiento al proceso.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió este miércoles que la reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua profundiza las restricciones a la competencia política y utiliza la Carta Magna para impedir que sectores considerados adversarios puedan acceder a cargos públicos. El secretario general del organismo, Albert Ramdin, señaló que los cambios aprobados en primera instancia reducen los espacios democráticos y prolongan los períodos de gobierno.

“La propuesta de reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos”, afirmó Ramdin. El funcionario puso especial énfasis en la disposición dirigida contra quienes sean catalogados como “traidores a la patria”, una figura que el proyecto incorpora al marco constitucional como impedimento para ejercer funciones públicas.

“Esta reforma convierte la Constitución en un instrumento más para excluir las voces disidentes”, sostuvo el secretario general. Para la OEA, el problema no se limita a una modificación administrativa de las reglas electorales: la incorporación de esas restricciones al texto constitucional puede afectar el derecho de determinados ciudadanos a participar en la vida política del país.

La Asamblea Nacional, dominada por la dictadura sandinista, aprobó el martes el proyecto en primera legislatura. La iniciativa todavía debe superar una segunda aprobación para entrar en vigor. Ese trámite corresponderá a la próxima legislatura.

Uno de los cambios centrales eleva de seis a siete años la duración del mandato de la copresidencia, fórmula bajo la cual gobiernan Ortega y Murillo. La modificación altera también el calendario político: Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero el nuevo esquema desplaza esos comicios hasta noviembre de 2027.

La reforma llega después de otra modificación constitucional aprobada en 2025, que cambió más de un centenar de disposiciones de la Carta Magna y concentró atribuciones estatales en la copresidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo del sistema interamericano, había advertido en agosto que las nuevas medidas podían consolidar la permanencia indefinida en el poder, restringir la competencia política y eliminar condiciones necesarias para la alternancia democrática.

Ramdin vinculó el nuevo avance legislativo con el deterioro general de las instituciones nicaragüenses. “Quienes están en el poder parecen empeñados en demostrar que la apreciación de que estamos presenciando un desastre político en Nicaragua es correcta, con consecuencias terribles para el pueblo nicaragüense”, afirmó.

El secretario general señaló que las modificaciones chocan con compromisos asumidos dentro del sistema interamericano. “Estas medidas contravienen los principios de la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, dijo.

La advertencia de Ramdin llega mientras el organismo prepara una reunión de cancilleres sobre Nicaragua. El Consejo Permanente de la OEA aprobó recientemente la convocatoria de esa instancia para discutir la respuesta regional ante el deterioro democrático.

La presión internacional aumentó desde Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a otros países suspender las relaciones comerciales habituales con Managua y acusó a la dictadura de Ortega y Murillo de utilizar la reforma para consolidar su permanencia en el poder y cerrar definitivamente el camino a elecciones libres.

Rubio sostuvo que la Asamblea Nacional “socavó la ficción democrática de Nicaragua” y afirmó que la Administración de Donald Trump mantendrá su compromiso de adoptar medidas frente a las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen.

La OEA ya había advertido que la situación nicaragüense trasciende sus fronteras. La CIDH señaló que la represión transnacional, el desplazamiento forzado de ciudadanos y otros efectos de la crisis pueden generar consecuencias para países vecinos.

Ramdin insistió en que la población debe conservar la posibilidad de escoger a sus autoridades entre distintas alternativas. “Los ciudadanos de Nicaragua merecen instituciones que protejan sus derechos, no que los restrinjan”, afirmó, y reclamó condiciones que permitan elegir libremente a los dirigentes y decidir el futuro político del país.

El secretario general de la OEA Albert Ramdin reclamó medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que vinculó con un “desastre político” en Nicaragua. Según Confidencial.digital, el funcionario advirtió que la crisis dejó de ser un asunto exclusivamente interno y puede generar efectos sobre otros países del hemisferio.

La próxima instancia para definir esa respuesta será una reunión de cancilleres propuesta para el 17 de septiembre de 2026. La convocatoria recibió el respaldo de 29 países, mientras que Brasil votó en contra y México se abstuvo.

Ramdin pidió que los gobiernos de la región pasen de las declaraciones a decisiones capaces de aumentar la presión sobre Managua. Su planteo incluye sanciones, medidas diplomáticas, apoyo político en organismos internacionales y acciones para recuperar las libertades civiles y electorales.

El funcionario sostuvo que la crisis nicaragüense exige una respuesta colectiva porque puede provocar migración forzada, problemas de seguridad y un deterioro económico con impacto en los países vecinos. La OEA, según su posición, debe acompañar al pueblo de Nicaragua sin impulsar una intervención externa.

La reunión de cancilleres deberá definir acciones contra Managua

Ramdin afirmó que ningún presidente puede eliminar el derecho de la población a elegir a sus autoridades en comicios nacionales. “Es una declaración que debemos rechazar y condenar”, dijo el secretario general de la OEA a Confidencial.digital, en una entrevista con el programa Esta Semana.

La reunión del 17 de septiembre tendrá como objetivo discutir la situación de Nicaragua de manera conjunta. El secretario general espera que los Estados adopten medidas individuales y colectivas, en lugar de limitarse a aprobar nuevas resoluciones sin efectos prácticos.

Entre las alternativas mencionadas aparecen la presión económica, las restricciones relacionadas con la conectividad aérea y otras acciones coordinadas. Ramdin también planteó la necesidad de impulsar la liberación de presos políticos, incluidos opositores y periodistas.

La agenda que propuso abarca la recuperación del espacio cívico. En ese punto incluyó la libertad de expresión, el funcionamiento de las organizaciones civiles y la participación de los partidos políticos.

“No podemos seguir diciendo las mismas cosas sin actuar”, afirmó Ramdin. La frase resume su pedido de que los gobiernos utilicen las herramientas diplomáticas disponibles para aumentar el costo político de las decisiones adoptadas por el Gobierno nicaragüense.

La Secretaría General de la OEA no puede imponer por sí sola una respuesta formal. El funcionario explicó que la capacidad de actuar corresponde a los países miembros, que pueden acordar medidas comunes o aplicar decisiones unilaterales dentro de una estrategia coordinada.

La crisis nicaragüense mantiene efectos fuera del país

Ramdin sostuvo que Nicaragua continúa siendo un asunto hemisférico aunque ya no forme parte de la OEA. El país permanece dentro del sistema regional de derechos humanos, una condición que, según el secretario general, mantiene vigente la responsabilidad de los Estados frente a las denuncias de abusos.

El funcionario rechazó que señalar esas vulneraciones implique una intervención en los asuntos internos. La organización, explicó, no debe intervenir desde una perspectiva política, administrativa, militar o policial, pero sí puede reconocer que existe un problema que afecta los principios del sistema interamericano.

Ramdin comparó el deterioro institucional con las consecuencias que un desastre natural puede generar más allá de las fronteras. “Ahora tenemos lo que yo llamaría un desastre político en Nicaragua”, señaló.

La advertencia se relaciona con el posible aumento de los desplazamientos de población, los riesgos de seguridad y el agravamiento de las condiciones económicas. El secretario general consideró que esos efectos pueden alcanzar a otros países del hemisferio si la situación continúa deteriorándose.

La OEA plantea una salida pacífica con elecciones abiertas

La organización mantiene conversaciones con dirigentes de la oposición democrática nicaragüense que viven en Washington D. C. y en otros países. Ramdin aclaró que la OEA no debe legitimarlos, porque esa decisión corresponde a la población nicaragüense.

El secretario general sí defendió que esos sectores tengan condiciones para presentar sus propuestas y competir en libertad. Su planteo apunta a preservar un espacio político para una eventual salida negociada.

Ramdin insistió en que cualquier proceso debe ser pacífico y estar encabezado por los propios nicaragüenses. La OEA, dijo, está dispuesta a colaborar con una agenda de futuro y una hoja de ruta que conduzca a elecciones creíbles, abiertas a todos y con resultados justos.

Desde el inicio de la crisis, en 2018, la OEA aprobó al menos 16 resoluciones sobre Nicaragua. De acuerdo con la publicación, todas fueron ignoradas por el Régimen de Ortega y Murillo.

Ese antecedente condiciona la expectativa sobre la próxima reunión. Ramdin planteó que la cita de cancilleres debe servir para acordar medidas específicas, aumentar la presión internacional y abrir un proceso de diálogo con Managua.

La OEA pidió este 28 de agosto que la elección del próximo contralor general de cuentas de Guatemala se resuelva con criterios de mérito, transparencia y fundamentación, al cerrar su quinta visita de seguimiento a un proceso que considera decisivo para la fiscalización de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

La misión también advirtió sobre otro foco de presión institucional: la crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala sigue teniendo alcance nacional y, según el organismo, sus efectos van más allá de la participación de la universidad en comisiones de postulación y otros procesos de elección de segundo grado.

De acuerdo con la misión especial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, durante esta visita hubo reuniones con autoridades de la Presidencia de la República, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.

También recogió valoraciones de representantes de la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, la academia, analistas y medios de comunicación.

La OEA exigió que la nómina para la Contraloría se fundamente en méritos y decisiones públicas

La misión compareció ante la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030. Allí presentó de forma verbal sus sugerencias y recomendaciones preliminares, y además entregó una comunicación escrita.

El organismo sostuvo que la comisión debe evaluar las candidaturas con rigor, objetividad y transparencia. Sus decisiones, señaló, deben basarse en los méritos, la experiencia, la honorabilidad, la independencia y la idoneidad de las personas aspirantes.

En esa línea, identificó como condiciones indispensables para la legitimidad de la nómina la publicidad de las sesiones, el acceso a los expedientes, la valoración adecuada de los señalamientos y la motivación de las calificaciones. La misión añadió que después corresponderá al Congreso realizar una elección responsable, guiada por las capacidades necesarias para dirigir una institución técnica e independiente.

Ese llamado respondió de manera directa a la pregunta central del proceso: qué debe garantizar la elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas. La respuesta de la misión fue concreta: un procedimiento abierto, decisiones razonadas y una selección basada en capacidades comprobables, no en restricciones automáticas ni criterios ajenos al mérito.

La OEA también indicó que el Congreso deberá celebrar audiencias e entrevistas públicas antes de seleccionar y elegir a la persona que considere más idónea para el cargo.

El finiquito y la crisis de la USAC quedaron bajo observación de la misión

Durante la visita, la misión dijo haber conocido preocupaciones sobre los efectos de exigir, denegar o revocar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito. Según el organismo, ese mecanismo puede afectar los derechos políticos y el acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad, a la luz de los estándares interamericanos.

La misión reconoció que el instrumento cumple una función de fiscalización. Aun así, remarcó que su aplicación no debe convertirse en una restricción automática, arbitraria o desproporcionada del ejercicio de los derechos políticos electorales.

Para el organismo, cualquier decisión en esa materia debe apoyarse en normas claras, hechos comprobables y procedimientos que aseguren el derecho de defensa. También debe existir la posibilidad de impugnación judicial y una resolución oportuna.

En paralelo, la misión recibió información sobre la persistencia de la crisis institucional en la USAC. Señaló que la universidad ocupa un lugar central en la vida pública del país, tanto por la formación profesional y la producción de conocimiento como por su integración en diversos órganos del Estado.

La prolongación de los cuestionamientos sobre la legitimidad de sus autoridades, el funcionamiento de sus órganos de gobierno y el respeto de sus procedimientos internos, advirtió la OEA, afecta a la comunidad universitaria y debilita la confianza en una institución clave para la democracia guatemalteca.

El organismo añadió que la autonomía universitaria implica también responsabilidades: asegurar legalidad, participación democrática, elección legítima de autoridades, transparencia, rendición de cuentas y pluralismo dentro de la propia universidad. Por eso exhortó a las autoridades competentes, a la comunidad universitaria y a los distintos sectores nacionales a sostener los esfuerzos de reforma y depuración institucional, con apego a la Constitución, la ley, el debido proceso y la autonomía universitaria.

La misión sostuvo que esos esfuerzos deben continuar más allá de cada coyuntura electoral. Su objetivo, precisó, debe ser corregir las causas estructurales de la crisis, recuperar la legitimidad de los órganos de gobierno y asegurar procesos internos transparentes y democráticos.

Al cerrar la visita, la misión especial reafirmó su disposición de seguir acompañando a Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y en la promoción de reformas orientadas a consolidar la independencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

La administración Donald Trump y el gobierno de Lula da Silva chocan en la OEA por la metodología para designar al próximo Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE), que funciona bajo competencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estados Unidos no cuestiona la independencia de la CIDH y respeta su prestigio institucional, pero tiene profundas dudas respecto al procedimiento que está utilizando para designar al futuro relator que promueve y protege la libertad de pensamiento y expresión en América Latina.

En este contexto, la representación diplomática de Estados Unidos en la OEA propuso que se analice en el Consejo Permanente de la OEA cómo la CIDH designa al Relator Especial para la Libertad de Expresión.

Benoni Belli -embajador de Brasil en la OEA- rechazó la iniciativa de la Casa Blanca con un discurso que exhibe las diferencias políticas e ideológicas entre Lula y Trump.

“Se trata de un claro intento de interferencia en la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al pretender cuestionar criterios de un proceso selectivo en curso, cuando inclusive ya se encuentra publicada la lista de finalistas. Y teniendo en cuenta que los criterios son los mismos desde hace 20 años y son conocidos por todos”, sostuvo Belli.

Y completó: “Intentar cambiar las reglas del juego cuando el juego está en curso no es solo contrario al Estado de derecho y a la seguridad jurídica; constituye igualmente una injerencia indebida en los trabajos de un órgano independiente de protección y promoción de los derechos humanos. Lo que nos parece intolerable por crear un peligroso precedente que tiende a minar los cimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Belli es un hábil diplomático que conoce las reglas de juego en la OEA, y pidió una votación en el Consejo Permanente para determinar si se debatía la propuesta de Estados Unidos, que no cuestionaba la independencia e integridad de la CIDH.

Fue derrota para la administración Trump: necesitaba 18 votos para validar su proyecto y sólo obtuvo 15.

Aliados regionales de la Casa Blanca, como Bolivia, Panamá y Surinam se abstuvieron y de esta manera beneficiaron a Brasil, que fue respaldado sin objeciones por México y Uruguay.

La CIDH se había preparado por el debate, y ante la jugada sorpresiva de Brasil, optó por enviar una carta a todos los representantes de la OEA para defender su método al momento de la designación del próximo Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE).

“La metodología de la valuación se basó en la evidencia documental presentada por las personas candidatas, incluidos los formularios de aplicación y los currículos vitae, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria pública”, explica la carta que firma Tania Reneaum Panszi, secretaría ejecutiva de la CIDH.

La presentación formal de Reneaum Panszi no satisfizo todas las expectativas de Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos.

Y a través de una presentación con ajustado wording diplomático, Rizutto rescató el valor institucional de la CIDH y desplegó una sucesión de argumentos para explicitar los cuestionamientos que tiene Estados Unidos frente al método que se utiliza para nombrar al futuro relator especial.

Infobae accedió en exclusiva a la presentación de Estados Unidos, que afirma lo siguiente sobre la designación del Relator Especial para la Libertad de Expresión:

-“Estados Unidos aprecia la decisión de la Comisión de brindar información adicional sobre el proceso y agradece la oportunidad de continuar el diálogo constructivo que esperábamos sostener en el Consejo Permanente el 19 de agosto. Aunque ese punto propuesto en la agenda no se llevó a cabo, la comunicación posterior de la Comisión ha avanzado de manera útil el intercambio al proporcionar información fáctica adicional para que los estados miembros la revisen durante el período de consulta pública.

-“Estados Unidos aborda estas cuestiones con pleno respeto por la autonomía e independencia de la CIDH. No buscamos decirle a la Comisión a quién debe seleccionar. La decisión corresponde propiamente a los Comisionados. Nuestro interés es garantizar que los Comisionados puedan ejercer su criterio independiente a través de un proceso que sea transparente, creíble y reflejo del Hemisferio al que la Comisión sirve.

-“Estados Unidos ha apoyado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión desde sus primeros días y durante mucho tiempo ha considerado a la Oficina como un instrumento importante para defender a periodistas, sociedad civil, voces religiosas, oposición democrática y ciudadanos que ejercen su libertad de expresión tanto en línea como fuera de ella”.

-“Reconocemos la aclaración de la Comisión de que se recibieron 145 solicitudes, que 127 avanzaron a la evaluación técnica y que, a partir del 17 de julio, los Comisionados tuvieron acceso a los expedientes individuales de los 145 solicitantes, junto con el informe técnico de preselección, las matrices de evaluación y los análisis documentales de respaldo. También tomamos nota de la declaración de la Comisión de que la totalidad de los miembros de la CIDH participó en el proceso y seleccionó por unanimidad a los diez finalistas”.

-“Al mismo tiempo, el “acceso” a la totalidad de los expedientes de los solicitantes no es necesariamente lo mismo que la presentación de todas las solicitudes a los Comisionados para su revisión comparativa y deliberación. Por lo tanto, agradeceríamos una aclaración adicional sobre el grupo de candidatos identificados a través del proceso técnico de preselección y presentados al pleno para su consideración activa".

-“Esa distinción es particularmente importante dada la información disponible para nosotros que indica que la preselección técnica puede haber producido una lista de trabajo de aproximadamente 16 candidatos antes de que los Comisionados seleccionaran a los diez finalistas”.

-“Agradeceríamos una aclaración sobre si las deliberaciones de los Comisionados se centraron inicialmente en ese grupo; cómo se identificó a esos candidatos; y qué mecanismo existía para que los Comisionados llevaran a candidatos adicionales del grupo elegible más amplio a una consideración activa”.

“Por lo tanto, agradeceríamos más información sobre cómo el análisis técnico y las matrices informaron cuáles solicitantes recibieron consideración activa en el pleno, a diferencia de estar técnicamente disponibles para la revisión de los Comisionados”.

-“La composición de la lista corta pública también continúa planteando preguntas legítimas con respecto a la representación. Los diez finalistas son nacionales de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. No hay finalistas de Estados Unidos, Canadá ni de ningún estado miembro del Caribe y, según las nacionalidades anunciadas públicamente, no hay finalistas de jurisdicciones de derecho consuetudinario (common law)”.

-“Por lo tanto, tomamos nota con interés de la explicación de la Comisión de que la representación geográfica puede considerarse como un factor complementario en la etapa de entrevistas cuando los candidatos estén comparativamente cualificados. Agradeceríamos un mayor diálogo sobre si la representación geográfica y de sistemas jurídicos puede informar significativamente un proceso y de qué manera, si los candidatos de ciertas regiones o tradiciones jurídicas ya no están representados para cuando se alcanza esa etapa de entrevistas”.

“-Agradeceríamos información adicional sobre cómo las observaciones enviadas por los estados miembros y la sociedad civil durante este período informarán la decisión de la Comisión para identificar a los cinco candidatos que serán entrevistados y, cuando corresponda, si la información recibida durante la consulta podría llevar a los Comisionados a reconsiderar aspectos de su evaluación anterior.

-“Estas son preguntas institucionales ofrecidas con un espíritu constructivo. La transparencia no disminuye la autonomía de la Comisión; la fortalece. Explicar claramente cómo se evaluó a los candidatos, cómo los Comisionados ejercieron su criterio independiente y cómo se considerarán las observaciones de los estados miembros solo puede mejorar la confianza en la Relatoría Especial y en la Comisión en general”.

En este complejo escenario, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH redacta otra carta explicativa del procedimiento que utiliza para designar al relator especial. Se aguarda que en las próximas horas, esa presentación formal llegue a todas las delegaciones diplomáticas de la OEA.

Las dudas de Estados Unidos y sus socios estratégicos en América Latina se enfocan en un proceso burocrático de selección que en la OEA se conoce como “TALEO”.

Y la intención del embajador Rizutto, que está muy preocupado por los mecanismos de elección del RELE, es que la CIDH despeje todos los interrogantes sobre la aplicación del TALEO.

Hay una preocupación legítima de Estados Unidos y sus aliados en el continente respecto a la elección del próximo Relator Especial.

La Casa Blanca teme que Brasil condicione a la CIDH para nominar a un relator que ejecute la agenda regional de Lula, en un momento de fuerte tensión diplomática con Trump.

Rosario Murillo amenazó con sostener su continuidad en Nicaragua con el respaldo del Ejército y la Policía al defender la reforma constitucional que impulsa el oficialismo, en un momento en que la Organización de los Estados Americanos convocó una reunión de emergencia de cancilleres para evaluar acciones colectivas ante el cambio institucional en el país.

La advertencia llegó durante su llamada telefónica de este miércoles, cuando la vocera del régimen presentó a los cuerpos armados y de seguridad como la base que resguardará la nueva Carta Magna. El mensaje situó la fuerza coercitiva del Estado como garantía del proceso de reformas y de la permanencia indefinida de la pareja gobernante.

Murillo sostuvo que la continuidad del oficialismo asegura mejores condiciones para la población nicaragüense. A la vez, planteó que el cambio constitucional avanza con rapidez para consolidar un nuevo orden institucional, jurídico y constitucional.

Murillo señaló al Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior como garantes del nuevo esquema

En su intervención, Murillo dijo: “Seguimos cambiando Nicaragua para bien, para mejor, más desde nuestras instituciones de orden público, nuestro orgullo esas instituciones, nuestra fuerza militar del Ejército de Nicaragua, nuestras fuerzas policiales, seguridad ciudadana, seguridad soberana desde el Ejército, desde la Policía, desde el Ministerio del Interior, garantía de todo esto, nuestra seguridad, nuestra estabilidad”.

La mención explícita al Ministerio del Interior, al Ejército de Nicaragua y a la Policía colocó a esos aparatos como resguardo directo de la reforma. El planteo, de acuerdo 100% Noticias, expuso que la nueva Constitución se sostendrá en la capacidad de coerción del Estado y no en votos ni en consenso democrático.

Murillo también justificó la premura del proceso con una apelación a la soberanía. “Más y mejor ordenamiento institucional, jurídico y ahora constitucional en la medida en que vamos reformando lo pertinente para garantizar nuestra soberanía”, afirmó.

La apelación a la “paz” apareció ligada al control interno y al aislamiento internacional

En otro tramo de su alocución, Murillo vinculó la reforma con la promesa de dejar atrás la pobreza y con el rechazo a cualquier forma de subordinación externa. “Es nuestro derecho vivir bien, es nuestro derecho dejar atrás la miseria y la pobreza que nos impusieron, es nuestro deber, además, dejar atrás esas imposiciones que tienden a llevarnos a la subordinación y a la dependencia, nunca más”, dijo.

La frase final elevó el tono de advertencia frente a cualquier protesta interna o cuestionamiento diplomático. “Esa preciosa paz de la que hablamos tanto, la resguardamos con toda el alma”, señaló Murillo.

El pronunciamiento se produjo mientras la OEA activó una reunión de emergencia de cancilleres para examinar posibles respuestas colectivas ante el avance de la reforma constitucional en Nicaragua. En ese marco, el mensaje de la vocera oficial presentó la “paz” como un objetivo custodiado por las fuerzas armadas y policiales, en medio del desmantelamiento de derechos ciudadanos descrito en el texto fuente.

A una semana del escándalo que involucra al asesor del presidente Rodrigo Paz, el consultor argentino Fernando Cerimedo, crece la presión en Bolivia para esclarecer su función en el Gobierno y las acusaciones de corrupción que lo vinculan.

Cerimedo, un argentino de 45 años, está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, tras ser acusado de tentativa de feminicidio contra su amante, la abogada Nadia Beller. Tras sobrevivir al ataque de dos sicarios, la mujer denunció a Cerimedo por ordenar el atentado contra su vida con el objetivo de “silenciarla” y lanzó una serie de acusaciones de corrupción estatal que salpican al Gobierno y a la esposa del presidente.

Pese a que en el Ejecutivo minimizan la influencia de Cerimedo y el presidente no ha hecho ninguna referencia a su “asesor principal”, según se identificaba en las tarjetas de presentación, legisladores y otros actores políticos exigen una investigación sobre el rol del consultor argentino.

El diputado opositor Edgar Zegarra, de la alianza Libre, señaló que propondrá una resolución camaral para gestionar una comisión de investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Esto va a ser una muestra transparente para que no se contamine la investigación”, afirmó en una conferencia de prensa.

En la misma línea se pronunciaron los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz y la presidenta del partido Unidad Nacional, liderado por Samuel Doria Medina, quien exigió investigar el caso por las “fuertes implicaciones y consecuencias políticas” que tiene. “Pedimos que se investigue el caso por completo, hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga”, afirmó Elizabeth Reyes, citada por el portal Visión360.

El vicepresidente Edmand Lara también exigió al Gobierno “dar la cara” por las acusaciones que hizo la abogada Beller, quien denunció —aún sin presentar evidencia— sobreprecio en la distribución de combustible, la conformación de un equipo de élite policial que dependía del consultor, pagos a legisladores para lograr la aprobación de normas, entre otras irregularidades.

“El presidente debería dar la cara; son acusaciones muy fuertes directas a él, directas a su esposa”, afirmó el vicepresidente, quien tiene una relación tensa con Paz desde el inicio del Gobierno que asumieron en noviembre.

En tanto, el ministro de Obras Públicas y hombre de confianza de Paz, Mauricio Zamora, manifestó este lunes que el primer mandatario no hará referencia a su asesor porque considera que el ataque y las acusaciones de corrupción contra el gobierno son un “tema de pareja”.

Mientras crece la tensión política por este caso, las investigaciones contra el asesor presidencial continúan en marcha con dos procesos penales. El primero, por tentativa de feminicidio, en el que hay dos personas detenidas acusadas de haber participado en el ataque; y otro por enriquecimiento ilícito, que lleva adelante la Fiscalía Departamental de La Paz y en el que se realizaron al menos cinco allanamientos en los que se encontró dinero, un vehículo oficial, equipos electrónicos y otros elementos.

El periodista y analista político Andrés Gómez Vela señaló que el presidente debe responder al menos tres preguntas sobre su asesor: quién pagaba sus servicios, qué funciones cumplía y qué acceso tenía al primer mandatario.

“La responsabilidad penal de Fernando Cerimedo la determinará la Justicia; pero la responsabilidad política de explicar por qué ese hombre tenía tanto acceso al poder corresponde al presidente”, escribió en una columna de opinión.

Dos líderes de la CGT tendrán la oportunidad de reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano antes de que su visita a la Argentina, en noviembre próximo: Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) viajarán como parte de una delegación sindical internacional que verá al jefe de la Iglesia Católica y aprovecharán para pedirle una audiencia con la central obrera en Buenos Aires y darle detalles sobre la situación de la economía y de los trabajadores en nuestro país.

Ambos dirigentes formarán parte de una comitiva del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), órgano consultivo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que, junto con representantes de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), que pertenece al mismo organismo internacional, se reunirán en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre próximo para elaborar un documento que entregarán al Papa con sus conclusiones sobre la necesidad del diálogo social tripartito en toda América, el derecho a la negociación colectiva y la creación de trabajo decente, entre otros temas.

Los integrantes de COSATE y CEATAL, que presiden Marta Pujadas (abogada de la UOCRA e integrante del equipo jurídico de la CGT) y Daniel Funes de Rioja (ex titular de la UIA), deliberarán en la tercera escala de un itinerario que, inspirado en el pensamiento del Papa Francisco, comenzó hace dos años en Bogotá, Colombia, y continuó luego en Washington, Estados Unidos, con la presencia de distintas organizaciones sindicales y empresariales de la región. En ambas instancias, el objetivo fue consensuar una declaración con participación de empleadores, trabajadores y la Iglesia católica, además de otras religiones.

“La idea era ver cómo podíamos acercarnos para trazar un camino y encontrar un resultado diferente, atendiendo más que nada a que en la región es mucha la riqueza que hay, pero es mucha más la desigualdad”, dijo Gerardo Martínez en diálogo con Infobae, quien confirmó que irá al Vaticano con Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT.

El secretario de Relaciones Internacionales cegetista señaló que León XIV ratificó el acercamiento entre sectores sociales que había iniciado el Papa Francisco y que ahora recibirá “un documento con conclusiones alineadas con los objetivos trazadas desde un inicio, uno de los cuales es afianzar el diálogo como llave maestra para acercar a las partes, atendiendo a la responsabilidad que tienen las distintas entidades sociales para mejorar el empleo y la distribución de la riqueza”.

— ¿Van a hablar con el Papa acerca de su visita a la Argentina?

— Siempre se dará la oportunidad de que todo se hable porque, además, quien coordina toda esta área dentro del Vaticano es Emilce Cuda, que es una teóloga argentina considerada una de las mujeres con mayor protagonismo dentro del Vaticano, que ya viene en esa tarea desde la época de Francisco y fue ratificada por León XIV.

— ¿Es una de sus interlocutoras en el Vaticano?

— Sí, tenemos un diálogo desde un principio porque fue quien nos permitió materializar estas reuniones en el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), con la participación de obispos y cardenales, que se convirtieron en encuentros ecuménicos porque también asistieron un rabino y un pastor evangélico.

— ¿Le pedirán al Papa una audiencia para la CGT cuando esté en la Argentina, en noviembre próximo?

— Es lo que voy a transmitirle teniendo en cuenta de que tengo la oportunidad de estar en el Vaticano y estaremos cerca de quienes van a formar parte de la delegación de León XIV en su viaje a América del Sur. La idea es exponerle el pedido de la CGT de tener una conversación con él durante su estadía en nuestro país.

— Además de una audiencia, ¿están planificando algún tipo de movilización o actividad con el Papa?

— Por supuesto que sí. Todas las regionales que conforman la red de representación de la CGT ya están trabajando para estar en los lugares donde Su Santidad estará o dará una misa. Y estamos preparando la logística para Buenos Aires, Luján y Córdoba, por ejemplo, organizando los detalles para contener a la multitud que va a congregarse alrededor de la visita del Papa.

— Como uno de los líderes de la CGT, ¿usted siente que este Papa tiene un compromiso con los temas sociales y laborales similar al que tenía Francisco?

— Sí, en la hoja de ruta que representa la postura y el protagonismo del Vaticano, sobre la base del diálogo y el cuidado del medio ambiente, la primera encíclica de León XIV está relacionada con el desafío que genera la inteligencia artificial, la robótica y la cibernética. Esa encíclica tiene un enorme nivel de profundidad porque advierte que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la humanidad y no debe generar una justicia social artificial. Es decir, necesitamos el avance tecnológico y, a la vez, resolver las desigualdades que arrastramos como para tener un mundo más justo.

— ¿La expectativa de la CGT es que el Papa brinde en la Argentina un mensaje en sintonía con sus reclamos?

— Sí, el pensamiento que representa a la CGT es el mismo que tiene en el sindicalismo en el mundo y los antecedentes recientes de los viajes del Papa muestran que sus mensajes van en una dirección similar, como, por ejemplo, el problema de los inmigrantes y las desigualdades, la protección a la niñez y los jubilados, o un sistema sanitario que esté al servicio de curar más allá de las condiciones económicas. Todo eso encierra no solamente los grandes dilemas que tenemos que resolver en Argentina sino en todo el mundo. Porque una de las cosas que se plantean en la encíclica Magnifica Humanitas, sin decirlo, es que necesitamos un nuevo contrato social. Queda en claro que los componentes del contrato social cuando fue la Revolución Industrial hoy ya no están. Tiene que haber una profunda discusión para empezar a resolver seriamente estos problemas que forman parte del costado oscuro que hay en el mundo.

— ¿La visita del Papa a nuestro país puede contribuir a que el Gobierno flexibilice sus posiciones?

— Ojalá la primera muestra de qué puede llegar a suceder con la visita del Papa sea solucionar la situación lamentable y desgarradora que están viviendo millones de familias que se ven expuestas a un endeudamiento sin tener los recursos para afrontarlo. El reclamo de la CGT que hizo en la marcha del jueves está orientado a eso. La primera muestra de sensatez del Gobierno tendría que ser encontrar una salida para ampliar las posibilidades que, que puedan tener las familias endeudadas. Espero que la visita de Su Santidad ayude a resolver no sólo este tema sino también otros como la necesidad del diálogo o que la trilogía “desarrollo, producción y trabajo” se transforme en un eje importante a partir de la presencia del Papa.

— Si no hay una rectificación de políticas, ¿seguirá el plan de lucha y terminará en un gran paro nacional?

— Sí, el plan de lucha está de pie. Por eso la CGT ha generado acciones tácticas sobre la base de una estrategia a mediano y a largo plazo, atendiendo al hecho de que este el momento justo para llevar estos reclamos acompañando a la ciudadanía, a nuestros trabajadores, exponiendo un pensamiento que no tiene un sentido político partidario, sino de sensatez, de ser la voz de la demanda. La CGT es la voz de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Algunos funcionarios de este gobierno no entienden que así como reaccionan los mercados financieros, los trabajadores también tenemos que reaccionar cuando vemos que hay algo que no está funcionando bien y que no representa un salario digno o un trabajo permanente. El Gobierno no puede alterarse si los trabajadores y la sociedad en su conjunto reaccionamos y reclamamos para que atiendan nuestras necesidades y seamos escuchados.

Por su parte, Funes de Rioja remarcó a Infobae: “Si hay algo en lo que he creído siempre es que. en el marco de los cambios trascendentes que se están dando en el mundo, en particular en lo que hace a la tecnología y a la necesidad de educación y formación profesional para la productividad y la competitividad en estas nuevas realidades, es fundamental crear las condiciones de diálogo social e intersectorial”.

El ex presidente de la UIA consideró que “ante una serie de problemas que no son solamente los ecológicos, sino también los sociales, no sólo por la pobreza, sino también por la exclusión y por la informalidad, el desafío que se presenta es cómo armamos los puentes para ir engarzando los distintos sectores de la sociedad”.

“En el marco de un sistema de principios y valores que funciona dentro del Estado democrático de derecho, el camino también es productividad, competitividad, pero con inclusión social”, destacó el abogado.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reaccionó este jueves a la postura del gobierno mexicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Nicaragua, y aprovechó el momento para lanzar una advertencia sobre la situación política en México.

A través de su cuenta en la red social X, Moreno retomó una frase del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sobre la cancelación de elecciones en Nicaragua, y trazó un paralelismo directo con el país. “Los ojos de la comunidad internacional también están puestos en México”, escribió el líder priista, quien señaló lo que describió como:

• El deterioro de los contrapesos institucionales
• El debilitamiento de instituciones
• La concentración de poder que, dijo, impulsa Morena

Moreno afirmó que su partido enfrentará “cada intento de consolidar una dictadura en México” y llamó a defender elecciones libres, instituciones independientes y una oposición en condiciones de competir.

Lo que ocurrió un día antes en la OEA

El pronunciamiento de Moreno llega un día después de que México se abstuviera, el miércoles 19 de agosto, en la votación del Consejo Permanente de la OEA para convocar a una reunión de cancilleres sobre Nicaragua, luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara, el pasado 19 de julio, que no habrá más elecciones en el país centroamericano.

La resolución, impulsada por Estados Unidos, fue aprobada con 29 votos a favor, el rechazo de Brasil y la abstención mexicana, además de dos ausencias. Durante la sesión, el embajador de México ante el organismo, Alejandro Encinas, defendió la postura al señalar que la situación en Nicaragua no representa una amenaza a la paz o estabilidad continental, y advirtió que la estrategia impulsada por Washington podría derivar en mayor desestabilización en el país centroamericano.

La defensa de Sheinbaum, este jueves

Horas antes del pronunciamiento de Moreno, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió en su conferencia matutina la abstención de México, al calificarla como un asunto de autodeterminación de los pueblos.

Sheinbaum sostuvo que la postura de Encinas responde a principios constitucionales —como la no intervención— y no a una valoración personal sobre el gobierno de Ortega. “Va más allá de si estamos de acuerdo o no”, afirmó la mandataria, quien también descartó que su gobierno busque entablar un diálogo directo con el mandatario nicaragüense: “No, no tendríamos por qué”, respondió al ser cuestionada al respecto.

El origen de la frase citada por Moreno

La declaración que retomó el dirigente priista pertenece a un artículo de opinión que Ramdin publicó en The Washington Post el pasado 7 de agosto, en el que sostuvo que la cancelación de elecciones “no puede justificarse como un asunto interno”. El texto se publicó dos días después de que el Consejo Permanente de la OEA sesionara, el 5 de agosto, en un primer intento —fallido por falta de apoyos— de convocar a cancilleres sobre Nicaragua.

El trasfondo en Nicaragua

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo. En 2025 se aprobó una reforma constitucional que amplió el periodo presidencial y convirtió a Murillo en copresidenta sin que ella pasara por un proceso electoral para ese cargo. Esa misma reforma movió las elecciones generales, originalmente previstas para noviembre de 2026, a noviembre de 2027. El 19 de julio, Ortega anunció que, de forma directa, “no habrá” comicios en el país.

Reacciones divididas

La votación del 19 de agosto generó posturas encontradas: la oposición nicaragüense en el exilio la celebró como una victoria diplomática, mientras Murillo calificó a los opositores de “mercenarios” y “traidores”.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni Morena han respondido de manera directa a los señalamientos de Alejandro Moreno.

El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsa una nueva edición del OEA Cyber Challenge El Salvador 2026, una competencia virtual que busca atraer a jóvenes salvadoreños al mundo de la ciberseguridad mediante una experiencia práctica y colaborativa.

El evento tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre, con la finalidad de fortalecer capacidades técnicas en un sector clave y de alta demanda profesional, según informó la OEA.

La convocatoria, difundida por el organismo internacional y confirmada en sus canales oficiales, está dirigida a personas de 18 a 25 años residentes en El Salvador. La organización remarcó que la participación no exige experiencia previa en ciberseguridad, lo que abre las puertas a estudiantes, autodidactas y entusiastas de la tecnología interesados en explorar este campo.

Los interesados pueden competir de forma individual o en equipos de hasta tres integrantes, modalidad que facilita el trabajo conjunto y el aprendizaje entre pares.

El proceso de inscripción debe realizarse en la plataforma habilitada por la OEA, donde los participantes ingresan sus datos personales y, en el caso de equipos, seleccionan o crean un grupo.

El líder de cada equipo será responsable de coordinar la comunicación y registrar al grupo en la plataforma oficial. Tras el registro y la confirmación de datos, los participantes recibirán una notificación que les permitirá acceder a la zona de competencia cuando inicie el evento.

La dinámica de la competencia será completamente virtual y utilizará la plataforma de aprendizaje https://oea-cyberchallenge.hackrocks.com/, que presentará escenarios realistas con retos de distinta complejidad. Cada reto resuelto aportará puntos al equipo o participante individual, y el total de puntos determinará la posición en el ranking general, que se actualizará en tiempo real. En caso de empate, el sistema priorizará el tiempo en que se alcanzó la puntuación, fomentando la agilidad y la toma de decisiones rápidas.

La OEA ha especificado que los equipos deben organizarse antes del registro y seleccionar un líder, quien deberá proporcionar un número de teléfono móvil como canal de coordinación. Esta medida busca garantizar la comunicación eficiente y la correcta gestión de la inscripción. Los organizadores subrayaron que no es necesario contar con conocimientos previos en ciberseguridad para participar, lo que amplía el alcance de la convocatoria a diversos perfiles de jóvenes.

Para competir, se requiere acceso a internet sin restricciones en el tráfico saliente y un computador que funcione con Windows, Linux o MacOS. Los participantes pueden optar por distribuciones especializadas, como Kali Linux, si así lo prefieren. La organización enfatizó que el objetivo principal es acercar a los jóvenes salvadoreños a la ciberseguridad, promover el desarrollo de nuevas habilidades y potenciar el trabajo en equipo en un entorno competitivo y educativo.

El sistema de puntuación asigna valores a los retos según su dificultad, desde 25 hasta 100 puntos. Los equipos únicamente sumarán los puntos que obtenga el primer miembro en resolver cada reto. Si algún participante no logra superar un desafío, podrá solicitar pistas, aunque esto reducirá la cantidad de puntos disponibles para ese reto. Al concluir la competencia, cada participante o equipo podrá descargar un certificado online que acredita su intervención en el evento.

Entre los incentivos principales, el equipo ganador recibirá una invitación a un evento regional presencial de la OEA/CICTE, programado para el primer trimestre de 2027, con gastos cubiertos. Además, los tres primeros equipos obtendrán una licencia PRO anual para la plataforma Hackrocks, valorada en 100 dólares, mientras que los clasificados del cuarto al décimo lugar accederán a una licencia PRO mensual con un valor de 10 dólares. Todos los participantes tendrán acceso a un descuento del 25% en la plataforma.

La OEA subraya que el Cyber Challenge busca identificar y estimular nuevos talentos en el área, fortalecer competencias técnicas y abrir oportunidades laborales en un sector que demanda profesionales capacitados. “Queremos que los jóvenes descubran su potencial y encuentren en la ciberseguridad un camino de desarrollo profesional”, expuso la organización en su anuncio.

La competencia representa una oportunidad para quienes desean iniciarse en la ciberseguridad, aprender en un entorno controlado y medir sus habilidades frente a desafíos reales. El evento, según la OEA, también contribuye a fomentar el interés por la protección digital y la colaboración en un contexto latinoamericano cada vez más digitalizado.

Durante el desarrollo de la competencia, los participantes podrán monitorear su avance en tiempo real, observar la evolución de otros equipos y ajustar sus estrategias para mejorar su posición en el ranking. La cuenta regresiva marcará el cierre de la jornada, y el equipo con mayor puntaje será reconocido como ganador oficial al término del evento, informó la OEA.

La presidenta de México durante la conferencia matutina presentó el segundo modelo de Olinia carga, el cual se tiene previsto salga a la venta en los últimos meses del 2027.

Se tiene contemplado que durante el primer año se produzcan 10 mil unidades, para posteriormente llegar a la meta de una fabricación de 50 mil anuales.

Por otro lado, la mandataria también señaló que la FGR es la instancia indicada para dar información sobre la detención de Fausto Corrales, testigo del “secuestro” de “El Mayo”, cuya investigación sigue abierta, asegurando que su declaración podría ayudar a esclarecer los hechos.

Finaliza la conferencia de prensa

Peticiones del gobernador Américo Villareal a Sheinbaum tras su visita a Tamaulipas

La mandataria mexicana declaró que se está trabajando principalmente en el desarrollo productivo en el norte de la región para combatir la escasez del agua que ha afectado a la población desde hace años debido al cambio climático.

Mónica Soto renuncia al Tribunal Electoral

“Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo, y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del tribunal”, comunicó sobre el tema la presidenta de México.

/mexico/2026/08/20/monica-soto-esta-en-su-derecho-de-renunciar-al-tribunal-electoral-sheinbaum-desconoce-si-salida-es-por-candidatura/

Proveedores de Pemex esperan pagos por adeudos que arrastran desde 2024

“Yo creo que son muy pocos ya. Son... No me atrevo a dar un porcentaje, pero sí es 95% de los que ya fueron pagados, de la proveeduría que se había retrasado sus pagos. Y a lo mejor todavía quedan algunos en Tamaulipas. Por ejemplo, ahora que fui, unos pequeños empresarios me dijeron que todavía Pemex les debía. No sé si es del 24 o del 25 o ahora, pero ya es menor y lo sigue viendo Pemex. En caso de que hayan hecho un trabajo y que se les deba recurso, pues debe pagarse”, aseguró la mandataria mexicana.

Omar García Harfuch y el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna

La mandataria aseguró que la asistencia del secretario de seguridad, Omar García Harfuch al evento de la DEA en Argentina, no está relacionado con el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna.

Producción de Olinia

La meta es tener una planta que produzca 50 mil unidades al año, pero durante el primer año comenzará la fabricación con aproximadamente 10 mil vehículos.

México se abstiene de votar en la OEA para definir acciones en Nicaragua

“Tiene que ver con los principios constitucionales de México. Más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión de que hubiera abstención”, declaró Sheinbaum.

/mexico/2026/08/20/sheinbaum-defiende-abstencion-de-mexico-en-la-oea-sobre-nicaragua-es-un-tema-de-autodeterminacion/

Resultados de la consulta de los derechos de las audiencias se podrían dar a conocer le próxima semana.

Caso del contralmirante Fernando Farías Laguna

“Lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina, y que por eso se retrasó, la llegada a México. Pero pues ya que lo informen con todo detalle, porque no sé si al explicarlo estoy violando algún asunto procedimental. Entonces, pedirle a la fiscalía que pueda explicarlo”, informó la jefa de Estado.

Detención de Fausto Corrales testigo del “secuestro” de “El Mayo”

Sheinbaum señaló que la FGR es la instancia indicada para dar información sobre el caso, cuya investigación continúa abierta hasta el momento, y aseguró que su declaración podría ayudar a esclarecer los hechos.

“Y es relevante, es relevante esta detención. Y ya la fiscalía, pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso”, indicó.

/mexico/2026/08/20/detencion-de-fausto-corrales-relevante-para-aclarar-traslado-del-mayo-zambada-a-eeuu-el-caso-no-se-ha-cerrado-afirma-sheinbaum/

Dos años del mandato de Sheinbaum

“Es un privilegio servir al pueblo, un privilegio”, expresó la jefa de Estado.

Superpeso vuelve a romper récord

Sheinbaum aseguró que México cuanta con una economía muy sólida, como varios países del mundo, debido al cambio internacional derivado de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, los cuales han modificado la economía mundial.

/mexico/2026/08/20/peso-rompe-piso-de-17-por-dolar-sheinbaum-atribuye-avance-a-economia-muy-solida-pese-aranceles-de-trump/

México continúa apostándole a la movilidad eléctrica

La mandataria mexicana dio a conocer dos razones esenciales por las que su gobierno continúa apostándole a la movilidad eléctrica:

• Un vehículo eléctrico es más eficiente que el de combustión interna y a la hora de cargarse, si la generación eléctrica tiene una parte, un porcentaje importante de energías renovables, pues siempre va a ser más limpia que el vehículo de combustión interna.
• Es más barato para quien tiene un vehículo eléctrico. Precisamente por ser más eficiente, pues gastas menos en la operación del vehículo.

Lanzan convocatoria publica para empresas nacionales e internacionales que deseen socios del proyecto para darle una mejor capacidad industrial y comercial.

Características de Olinia carga

• Transporta hasta 650 kilos con un rango de más de 120 km.
• Caben doce huacales sobre la plataforma y se pueden estibar en varios niveles.
• Al ser eléctrico, el espacio abajo de la plataforma queda libre para poder transportar más producto.
• Venta de la Olinia 1: verano de 2027
• Venta de Olinia carga: finales de 2027 con un precio aproximado de 150 mil pesos

Sheinbaum anuncia el modelo 2 de Olinia carga.

/mexico/2026/08/20/ni-moto-ni-coche-olinia-lanza-segundo-vehiculo-compacto-electrico-permite-cargar-12-huacales/

Comienza la conferencia matutina

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la postura, asumida ayer por el representante mexicano ante el organismo, Alejandro Encinas, responde a principios establecidos en la Constitución mexicana y no a una posición personal de los funcionarios involucrados.

“Va más allá de si estamos de acuerdo o no”

Sheinbaum fue enfática al señalar que la decisión trasciende las opiniones individuales sobre el gobierno de Daniel Ortega.

La abstención, dijo, no depende de si Encinas, ella misma u otro funcionario están o no de acuerdo con lo que ocurre en Nicaragua, sino de un mandato constitucional que rige la política exterior mexicana.

• La resolución buscaba citar a cancilleres para analizar la crisis nicaragüense.
• México optó por no respaldar ni rechazar la medida.
• La justificación se ancla en los principios constitucionales de no intervención.

Descarta buscar un diálogo directo con Ortega

Al ser cuestionada por una reportera sobre si su gobierno ha buscado o planea entablar un diálogo con Daniel Ortega, la presidenta fue categórica: “no, no tendríamos por qué”.

Sheinbaum insistió en que la postura mexicana en la OEA no obedece a una convicción exclusivamente política, sino a obligaciones constitucionales que cualquier representante de política exterior del país debe cumplir.

¿Qué ocurrió ayer?

El miércoles 19 de agosto, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, se sometió a votación una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión de cancilleres que analice la situación en Nicaragua, luego de que Daniel Ortega anunciara que no habrá elecciones en el país. La propuesta fue aprobada con 29 votos a favor, el voto en contra de Brasil y la abstención de México, además de dos ausencias. Durante la sesión, el embajador mexicano ante el organismo, Alejandro Encinas, defendió la postura al señalar que la situación nicaragüense no representa una amenaza a la paz o estabilidad continental, y advirtió que la estrategia impulsada por Washington podría derivar en una mayor desestabilización en el país centroamericano. Aunque Nicaragua se retiró de la OEA en noviembre de 2023, Estados Unidos sostuvo que el organismo está obligado a atender el tema por tratarse de un asunto de interés hemisférico común.

El fondo del asunto: Ortega y Murillo se perpetúan en el poder

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien era vicepresidenta.

• En 2025 se aprobó una reforma constitucional que amplió el periodo presidencial y convirtió a Murillo en copresidenta, sin que ella pasara por un proceso electoral para ese cargo nuevo.
• Nicaragua tenía elecciones generales programadas para noviembre de 2026, pero con esa reforma, los comicios se movieron a noviembre de 2027.
• El 19 de julio de 2026, Ortega anunció que, directamente, “no habrá” elecciones en el país.

La reacción internacional

Ese anuncio fue lo que detonó:

• Estados Unidos impulsó en la OEA una resolución para convocar a los cancilleres de la región y discutir el tema.
• El 5 de agosto, un primer intento no se sometió a votación por falta de apoyos.
• El 19 de agosto, sí se votó: 29 países a favor, Brasil en contra y México en abstención.
• La oposición nicaragüense en el exilio celebró la votación como una victoria; Murillo, por su parte, llamó “mercenarios” y “traidores” a los opositores.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este miércoles a las autoridades de Haití a acelerar el registro de votantes de cara a las próximas elecciones, las primeras en una década en el país caribeño, que enfrenta una crisis de violencia y desplazamiento masivo.

La primera ronda de votación está prevista para mediados de diciembre. Según el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, “el registro de votantes necesita acelerarse, necesita intensificarse”, declaró en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe al concluir una visita de tres días. Ramdin subrayó que más de un millón de personas permanecen desplazadas y señaló: “Debemos asegurarnos de que su derecho no sea vulnerado”.

“La OEA continuará evaluando de manera constante tanto el entorno de seguridad como los preparativos electorales. Estas dos dimensiones no pueden disociarse”, afirmó.

Durante las reuniones con el gobierno haitiano, el consejo electoral y organismos de seguridad nacionales e internacionales, Ramdin expresó preocupación por el estado de preparación, a solo tres meses de los comicios. “Expresamos nuestra preocupación respecto a la situación actual”, afirmó el funcionario.

Según la OEA, varios municipios bajo control de bandas criminales no cuentan con centros de registro electoral y, hasta el lunes, cerca de un mes después de la apertura del proceso, solo se habían inscrito unos 260.000 votantes.

Ramdin llamó a los Estados miembros de la OEA y a los socios internacionales que prometieron apoyo para una fuerza internacional de represión de bandas a cumplir sus compromisos.

En materia de seguridad, Ramdin respaldó la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), aunque advirtió que la medida “no será suficiente si los países que han ofrecido personal, equipos o recursos financieros no aceleran el cumplimiento de sus compromisos”. En ese sentido, subrayó que “el trabajo de esa fuerza es fundamental para mejorar la seguridad y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones seguras”.

Entre los objetivos prioritarios, el secretario general de la OEA mencionó la necesidad de reducir el control territorial de las bandas armadas, asegurar el acceso al aeropuerto internacional y al puerto, y restablecer una vía segura hacia el sur del país.

La delegación internacional, integrada por representantes de la OEA, la Comunidad del Caribe (Caricom), Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Consejo Interamericano de Defensa y el Colegio Interamericano de Defensa, además de la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, sostuvo reuniones con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y funcionarios del Gobierno para analizar los avances y los desafíos persistentes en el país.

“Haití se encuentra en un momento decisivo. El futuro de Haití pertenece, ante todo, al pueblo haitiano. Pero la comunidad internacional también tiene responsabilidades”, concluyó Ramdin.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití estableció el 13 de diciembre como fecha para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como para el referendo sobre reformas constitucionales.

La primera vuelta electoral estaba inicialmente programada para agosto, pero fue aplazada debido a razones de seguridad. Haití no celebra elecciones desde 2016, y su último presidente, asesinado en 2021, no ha sido reemplazado.

Con una población de 11 millones de habitantes, el país más pobre de América vive una situación de inestabilidad marcada por asesinatos, secuestros, saqueos y violaciones perpetradas por bandas armadas. La crisis de seguridad se agravó a inicios de 2024, cuando el aumento de la violencia forzó la renuncia del primer ministro interino. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 1,5 millones de haitianos viven desplazados internamente a causa de la violencia.

(Con información de EFE y AFP)

Cossette López Osorio asumió la representación permanente de Honduras ante la OEA, una función que ejercerá desde Washington. El nombramiento implica su paso del ámbito electoral hondureño al principal foro político interamericano

La nueva embajadora llega al cargo después de haber desarrollado buena parte de su experiencia reciente en el ámbito electoral e institucional hondureño, particularmente durante su período como consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde esa posición participó en la conducción y supervisión de procesos electorales, además de formar parte de discusiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar y garantizar los procesos democráticos del país.

Su principal responsabilidad será representar a Honduras ante la OEA y defender los intereses y posiciones del Estado en los distintos espacios de discusión del organismo.

Por ello, la representación hondureña deberá mantener una participación permanente en reuniones, debates, negociaciones y mecanismos de cooperación que involucren a los Estados miembros.

Agenda de trabajo

La nueva representante tendrá que trabajar con delegaciones de los distintos países del continente y con las diferentes instancias del sistema interamericano y funcionar como un canal para trasladar las posiciones del Gobierno hondureño ante la organización.

El paso de López Osorio por el Consejo Nacional Electoral adquiere relevancia debido a que uno de los pilares de la OEA es la promoción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La organización cuenta con mecanismos de observación electoral, cooperación técnica y acompañamiento institucional para los países del hemisferio.

La experiencia de la nueva embajadora en materia electoral puede convertirse en un elemento para su participación en las discusiones regionales relacionadas con procesos electorales, institucionalidad y gobernabilidad democrática.

Su llegada a la OEA ocurre además en un momento en que los países de la región enfrentan debates sobre la calidad de las instituciones, la confianza ciudadana, la transparencia de los procesos electorales y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

La misión diplomática también deberá explicar las posiciones hondureñas cuando estas sean objeto de discusión dentro del sistema interamericano.

No se trata únicamente de representar al país en actos oficiales, sino de construir alianzas, buscar respaldos y promover acuerdos en temas prioritarios para Honduras.

Gestión diplomática

Para Honduras, la representación ante el organismo constituye una plataforma para gestionar acompañamiento técnico y promover proyectos que respondan a las prioridades nacionales.

La tarea diplomática deberá combinar la defensa de los intereses del Estado con la búsqueda de mecanismos que permitan traducir la participación de Honduras en beneficios concretos para el país.

Su trabajo estará ahora concentrado en Washington, sede de la OEA, desde donde deberá mantener comunicación constante con las autoridades hondureñas y con las delegaciones de los demás Estados miembros.

La capital estadounidense concentra buena parte de la actividad diplomática hemisférica y permite mantener contacto directo con gobiernos y organismos internacionales.

López Osorio además debe fijar una posición que combine las instrucciones de política exterior del Gobierno con las dinámicas propias de la diplomacia multilateral.

Su nuevo desafío será convertir esa experiencia en una herramienta diplomática y contribuir, desde Washington, a posicionar los intereses hondureños en el escenario interamericano.

La copresidenta Rosario Murillo reaccionó al voto de la OEA que aprobó convocar una reunión de cancilleres para evaluar medidas sobre Nicaragua, un paso que la oposición en el exilio celebró porque puede derivar en respuestas diplomáticas y nuevas presiones conjuntas sobre el régimen de Daniel Ortega y Murillo.

La resolución avanzó con 29 votos a favor, Brasil en contra y México en abstención, de acuerdo con información de Infobae, tras la sesión. La inclusión de países del CARICOM, que hasta entonces aparecían como indecisos, permitió destrabar una votación que, según la oposición, venía beneficiando al oficialismo.

En un mensaje a la nación divulgado por Canal 4 de Nicaragua, este miércoles, Murillo respondió con un discurso de confrontación contra sus críticos y defendió la línea política del oficialismo. La funcionaria insistió en que “hay patria” y descalificó a opositores y voces disidentes con expresiones como “cartuchos quemados”, “espantapájaros”, “mercenarios”, “traidores” y “cobardes”.

También afirmó que en Nicaragua se desarrolla “la amplia consulta que se realiza en todo el país” y sostuvo que la Asamblea Nacional presentará avances sobre las “reformas electorales soberanas”. Según dijo, esas reformas estarán orientadas a “nuestras elecciones libres y dignas”.

La reunión de cancilleres abre uno de los mecanismos de presión más fuertes de la OEA

La convocatoria a cancilleres figura entre los instrumentos más relevantes de presión política dentro de la Organización de los Estados Americanos ante situaciones consideradas graves en la región. En los próximos días se espera conocer la fecha y la hora propuestas para esa reunión.

Ese punto responde a la pregunta central abierta por la votación: ¿Qué puede ocurrir ahora con Nicaragua?. La consecuencia inmediata es que el caso pasará a un nivel diplomático superior dentro de la Organización de los Estados Americanos, con la posibilidad de que se discutan acciones concretas frente a las decisiones del gobierno de Ortega y Murillo.

Murillo no aludió en sus declaraciones a los detalles de la votación, pero sí enmarcó su intervención en una defensa de la soberanía nacional y en una deslegitimación total de la oposición. “Primero ignorarlos porque no son nadie, pero también exhibirlos como los ridículos forajidos que a falta de valentía y de voz propia conforman legiones de mentirosos en lo que llaman redes sociales”, dijo en el mensaje oficial.

La dirigente oficialista presentó además una agenda política y conmemorativa para este sábado en el Palacio Nacional, hoy Palacio de la Cultura. Allí, sostuvo, sesionará la Asamblea Nacional con centenares de jóvenes para conmemorar la lucha contra el somocismo y dar a conocer los avances de las consultas sobre la reforma electoral.

La oposición en el exilio interpretó la votación como una derrota del oficialismo

Mientras el gobierno endurecía el tono, dirigentes opositores celebraron el resultado de la sesión. Juan Sebastián Chamorro escribió en sus redes sociales: “Apabullante derrota de la dictadura Ortega Murillo en la OEA. Con 29 votos a favor, Brasil en contra y Mexico en abstención, se convoca a Cancilleres para abordar acciones concretas en relación a Nicaragua. Gracias OEA y estimadas naciones hermanas”.

El partido Ruta del Cambio, dirigido por Félix Maradiaga, sostuvo en su cuenta de X que “este voto demuestra que Nicaragua no está sola en su búsqueda de democracia, libertad y un futuro en el que los nicaragüenses puedan decidir libremente”.

Según información de Infobae, durante varios días la oposición exiliada y organizaciones de la sociedad civil concentraron sus esfuerzos en convencer a países que todavía no definían su posición. Ese trabajo de cabildeo se enfocó, entre otros, en los miembros de CARICOM, cuyo apoyo terminó por inclinar la votación.

Los pronósticos descritos en el mismo texto no son favorables para Ortega y Murillo. La expectativa de la oposición es que la reunión de cancilleres pueda traducirse en respuestas diplomáticas y otras formas de presión conjunta para forzar al gobierno nicaragüense a retomar el rumbo democrático.

Este miércoles, durante una asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que decidió convocar de “manera urgente”, el gobierno de México se abstuvo de votar para definir “acciones apropiadas” sobre el amago de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, de cancelar las elecciones.

A la reunión en cuestión fueron citados los ministros de relaciones exteriores de la región o de las naciones que forman parte de la OEA.

¿Por qué México se abstuvo de votar sobre la situación en Nicaragua?

En ese sentido, el representante de México, Alejandro Encinas Rodríguez, justificó la abstención del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por “considerar que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o seguridad hemisférica”.

Además, advirtió que la Organización podría exceder sus facultades “al abordar los asuntos internos de un Estado que ya no forma parte de la OEA”.

“La experiencia de nuestra región demuestra que marcar una crisis política interna como amenaza a la seguridad hemisférica no necesariamente contribuye a resolverla; por lo contrario, puede generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que lejos de favorecer la resolución pacífica, terminan conduciendo hacia una mayor desestabilización”, dijo el funcionario durante su intervención.

Problemas en Nicaragua no deben ser vistos como de seguridad: Encinas

Encinas Rodríguez, en su participación, aseguró que la convocatoria deja en el “aire” la naturaleza de las “acciones” que discutirán los ministros, y adelantó el rechazó del gobierno mexicano a cambiar el enfoque de la crisis en Nicaragua.

El representante mexicano ante la OEA consideró que la crisis que vive el país centroamericano es “política y de derechos humanos” y no de seguridad, como se plantea en el organismo multilateral.

Por su parte, el gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula Da Silva, votó en contra de la resolución, que terminó aprobándose por 29 votos a favor. Falta ver qué medidas se aplican, ya que Nicaragua no forma parte de la OEA.

La mayoría de los países de América Latina que votaron a favor durante la reunión de urgencia sobre lo que ocurre en Nicaragua, están alineados a la política exterior de Estados Unidos respecto a la situación de la nación centroamericana.

Sheinbaum evita condenar a Daniel Ortega por cancelar elecciones

Durante su conferencia mañanera del pasado 27 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el derecho de la autodeterminación de los pueblos, luego de que fue cuestionada sobre la decisión de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, de cancelar para siempre las elecciones en el país.

“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”, comentó la mandataria en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Con este tipo de respuestas, Sheinbaum mantiene la postura característica del gobierno del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, de evitar señalamientos a mandatarios de América Latina –aparentemente de izquierda– bajo el principio de autodeterminación de los pueblos.

En México no pasaría algo similar a Nicaragua: Sheinbaum

Aquel 27 de julio, Sheinbaum Pardo también fue cuestionada sobre si propondría la misma medida para México ante el avance de la ultraderecha.

“No, aquí hasta hay revocación de mandato. Democracia, democracia, democracia. Cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país decida cómo se organiza”, aclaró.

Mientras tanto, en Nicaragua, Daniel Ortega ha construido una dictadura al bloquear candidatos de la oposición. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo.

“Pero que (los opositores) se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, expresó Ortega.

Dado que Sheinbaum ya había ofrecido su postura, no extraña que México, en la OEA, se abstuviera de votar para definir “acciones apropiadas” sobre la situación en Nicaragua.

(Desde Washington, Estados Unidos) La OEA aprobó una convocatoria urgente de cancilleres de toda la región para condenar a la dictadura de Nicaragua, que desde septiembre tiene intenciones de suspender para siempre los comicios presidenciales y legislativos.

La decisión política del foro regional fue aprobada por 29 países, Brasil en contra y la abstención de México. Los gobiernos de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum jugaron en tándem, pese a que utilizaron diferentes métodos al momento de votar.

En concreto: los embajadores de Lula y Sheimbaum rechazaron la convocatoria de todos los cancilleres para repudiar otra decisión autocrática de los dictadores Murillo y Ortega.

La cumbre diplomática aún no tiene fecha precisa. Pero debería ser antes del primero septiembre, ya que ese día la Asamblea Nacional abolirá el derecho de votar en Nicaragua.

Antes de la votación se abrió un espacio de debate geopolítico que exhibió las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados frente a la posición que detentan Brasil y México en la región.

Benoni Belli -embajador de Lula ante la OEA- planteó una objeción formal que tenía como única finalidad política evitar que la OEA pudiera convocar a los cancilleres para debatir la situación en Nicaragua.

“Nosotros consideramos que hay que agotar las posibilidades de actuar desde el Consejo Permanente y la Secretaría General. Por este motivo, no entendemos que sea el motivo adecuado para convocar a una reunión de cancilleres. Esta conducta va en contra de las mejores actuaciones diplomáticas y también el espíritu de cooperación entre los organismos multilaterales. En lugar de contribuir a una solución sustentable, simplemente estamos precipitando un principio de negociación para obtener visibilidad política en detrimento de medidas que podrían ayudar de manera eficiente a ratificar los derechos de Nicaragua”, afirmó Belli.

Y completó: “Nosotros respaldamos la creación de un grupo de especialistas nacionales para tratar de solucionar la situación en Nicaragua, según lo fue sugerido por el señor (Albert) Ramdin, secretario general, en una reunión sobre este tema para analizar la situación en Nicaragua”.

La posición reluctante de Belli fue replicada por Carlos Cherniak, embajador de la Argentina en la OEA, quien desnudó la posición formal que alegaba Brasil.

Cherniak planteó lo que pensaban otros 28 representantes diplomáticos en el foro regional: no hay tiempo para debates académicos, la dictadura de Nicaragua otra vez violará los derechos humanos en beneficio propio.

“Tenemos en claro de que estamos en una situación de una emergencia enorme en un país que su gobierno decidió que no va a haber más elecciones y no va a haber más democracia. Ninguno de nuestros países que firmó la carta democrática y tiene un compromiso con este sistema interamericano puede permanecer absolutamente inerme frente a esta situación”, sostuvo Cherniak.

Y añadió: Cada uno de nuestros colegas tiene que saber lo que se juega con su voto respecto de esta cuestión. Es un tema muy delicado y todos los exiliados nicaragüenses que nos acompañan, todos aquellos que han perdido su nacionalidad por el autoritarismo del gobierno nicaragüense, todos aquellos que están mirando por diferentes mecanismos visuales, virtuales, toda esta situación, están mirando qué va a hacer la OEA y qué va a hacer cada uno de los países en términos de solidaridad con aquellos nicaragüenses que están sufriendo la represión y que le están diciendo que nunca más van a tener democracia".

El 19 de julio, durante un acto oficial para reivindicar a la Revolución Sandinista, Daniel Ortega anunció que se iban a abolir los derechos electorales en Nicaragua.

“No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder. (...) Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. ¡Jamás, jamás, jamás!”, anunció el dictador nicaraguense.

Este anuncio autoritario, que se ejecutaría el primero de septiembre por la Asamblea Nacional, puso en marcha los mecanismos institucionales de la OEA.

Estados Unidos avalado por sus aliados en América Latina solicitó que se convocara a una cumbre de cancilleres para repudiar la decisión del régimen sandinista y definir una línea de acción que pueda preservar el derecho a votar en Nicaragua.

Con la oposición de Brasil y la abstención de México, 29 países avalaron la convocatoria a la cumbre de cancilleres, que podría suceder la semana siguiente.

La OEA respaldó el arranque del proceso para elegir al contralor general de cuentas de Guatemala para el período 2026-2030, pero advirtió que la Comisión de Postulación debe reforzar la transparencia antes de avanzar: pidió publicar de inmediato las reglas y actas, revisar el cronograma y garantizar condiciones equitativas para los aspirantes antes de la convocatoria prevista para el 20 de agosto.

La observación central apunta a que los postulantes conozcan de antemano el perfil, los requisitos, el formulario, la guía curricular, la tabla de gradación, la metodología de las pruebas psicométricas y las reglas de las entrevistas.

La Misión Especial también recomendó que la recepción de expedientes no comience antes de que esos instrumentos estén aprobados y publicados.

El organismo propuso además que los candidatos dispongan de al menos cinco días hábiles completos para presentar su postulación. La recomendación busca facilitar la participación de personas que estén fuera de la capital o necesiten obtener documentación oficial, y se acompaña de otra exigencia: que la convocatoria tenga difusión nacional.

La OEA pidió que cada voto quede motivado y trazable

La misión manifestó preocupación porque la motivación de los votos quedó definida como una opción para cada integrante de la comisión. Por eso planteó que cada decisión incluya una explicación breve vinculada con el perfil, la calificación, la honorabilidad, las entrevistas y los impedimentos, en especial cuando se aparte de los resultados técnicos.

De acuerdo con la publicación, esa justificación podría incorporarse al acta para fortalecer la trazabilidad de las decisiones. La OEA también reclamó la publicación inmediata e íntegra de las actas, las reglas, el calendario, los instrumentos aprobados y los resultados nominales de las votaciones.

Entre las medidas adicionales de control, la misión consideró relevantes las declaraciones de intereses de los comisionados, el registro de contactos con aspirantes, un repositorio público del proceso, la verificación independiente de antecedentes y las votaciones nominales sustentadas en una evaluación integral.

La Comisión de Postulación está integrada por 27 miembros. La misión valoró como pasos positivos su instalación y las primeras decisiones adoptadas: la elección de secretaria titular y secretario suplente, la designación de la Universidad Rafael Landívar como sede y la aprobación de normas de funcionamiento y cronograma.

Las entrevistas y las pruebas psicométricas deben regirse por reglas públicas

Sobre las entrevistas, la OEA recomendó que todos los aspirantes enfrenten un núcleo común de preguntas, dispongan del mismo tiempo y sean evaluados con una rúbrica pública. Las preguntas adicionales, indicó, deberían surgir del expediente de cada postulante y no producir tratos desiguales.

En el caso de las pruebas psicométricas, la misión planteó que se informe con anticipación su finalidad, metodología, ponderación y mecanismos de resguardo. También sugirió que cada aspirante pueda conocer sus resultados y presentar aclaraciones.

El organismo pidió revisar también el mecanismo para presentar impedimentos. En lugar de exigir la entrega simultánea en formato físico y en dispositivo USB, recomendó habilitar vías físicas y electrónicas que dejen constancia de recepción y garanticen la protección de los datos personales.

Durante su próxima visita al país, la Misión Especial buscará reunirse con la comisión para presentar estas recomendaciones, compartir experiencias, escuchar a sus integrantes y continuar acompañando de manera independiente la elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas.

(Desde Washington, Estados Unidos) Los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega suprimirán los derechos electorales en Nicaragua desde el primero septiembre. Se trata de un hecho político inédito en América Latina, que exhibe la voracidad autoritaria del régimen sandinista.

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene la obligación de defender los derechos humanos en América Latina, y la decisión dictatorial de Murillo y Ortega activó ese mandato institucional de manera automática.

Estados Unidos junto a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago presentaron un proyecto de Resolución con el objetivo de convocar a los cancilleres de América Latina “para considerar la situación en Nicaragua”.

Hace una semana, se trató esta posibilidad en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, que exhibió la fractura ideológica en la región.

Un bloque homogéneo liderado por Estados Unidos y acompañado por un grupos de países aliados de la administración Trump que repudia la dictadura de Nicaragua, frente a la posición reluctante de Lula da Silva junto al acompañamiento sigiloso de México.

En esa oportunidad, Thaís Mesquita Candia Pecoraro -ministra consejera de la embajada de Brasil en la OEA-. enfrentó la posición de Estados Unidos y los socios regionales de Trump apelando a la cuestión de seguridad como concepto disruptivo.

Estos fueron los aspectos clave del discurso pronunciado por Candia Pecoraro:

“En cuanto al proyecto de resolución presentado durante esta sesión, creemos que es equivocado abordar la situación en Nicaragua como una cuestión de seguridad. Se trata, sí, de una crisis política, con graves repercusiones sobre los derechos humanos. No se han presentado a este consejo evidencias que permitan afirmar que existe algún proceso que afecte la paz y la estabilidad regionales”.

“La cuestión migratoria no debe ser abordada desde el ángulo de la seguridad. Nuestro país siempre ha defendido que el tema de las migraciones sea abordado desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo sostenible. Los migrantes son personas en busca de mejores oportunidades y de una vida digna, no una amenaza a la paz”.

“Por este motivo, creemos que, sin perjuicio del seguimiento permanente del tema por parte del Consejo Permanente, la convocatoria a una reunión de cancilleres, en este momento, parece prematura”.

“En las condiciones originalmente propuestas, el proyecto de resolución podría contribuir al aumento de tensiones y crearía dificultades adicionales en el diálogo de la Organización y de los Estados miembros con Nicaragua, situación que en nada favorece la garantía de elecciones y la protección de los derechos humanos en el país”.

La Casa Blanca tiene la estrategia de lograr una cumbre de cancilleres con un respaldo firme y masivo en la OEA. Desde esta perspectiva, y asumiendo los cuestionamientos ideológicos de Brasil y México, la administración republicana pulió los argumentos de la convocatoria para sumar a los embajadores que responden a Da Silva y Claudia Sheinbaum.

Al final, tras una ronda de consultas con los países que apoyan la propuesta de Estados Unidos, se logró una redacción de consenso.

El texto es insípido, incoloro e inodoro:

“1.Convocar, con carácter urgente y de conformidad con los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la sede de la Secretaría General de la Organización, tan pronto como sea posible, para considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

2. Encomendar a la Presidencia del Consejo Permanente que, con el apoyo de la Secretaría General, prepare y presente a la consideración de los Estados Miembros el proyecto de temario y el reglamento de la Reunión de Consulta, de conformidad con el artículo 63 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos".

Pese al voluminoso gesto diplomático de la Casa Blanca, Brasil rechazó el texto y exigió que se levantara la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que debería deliberar mañana para aprobar la cumbre de cancilleres.

Es poco probable que Da Silva logre su cometido.

La mayoría de los estados miembros de la OEA consideran que la dictadura de Nicaragua no puede suprimir el derecho democrático a votar, como pretenden Rosa Murillo y Daniel Ortega.

Hasta anoche se mantenía la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, y el proyecto de resolución de Estados Unidos contaba con el apoyo necesario para lograr su aprobación definitiva.

La cumbre de cancilleres sería el 26 de agosto.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se reunió el lunes con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, para conocer los esfuerzos de las autoridades para restablecer la seguridad y generar las condiciones para unas elecciones generales “creíbles”, “inclusivas” y “transparentes”.

De acuerdo con las autoridades haitianas, los comicios están previstos para mediados de diciembre próximo. Haití celebró sus últimas elecciones generales en noviembre de 2016, por lo que el proceso previsto para diciembre constituye el principal objetivo institucional de la misión de la OEA, Caricom y otros socios internacionales.

Las conversaciones entre Ramdin y Fils-Aimé también incluyeron medidas para reforzar el apoyo internacional a las instituciones haitianas y mejorar la coordinación entre los distintos socios. La agenda contempló asuntos vinculados con la Justicia, el desarrollo sostenible, la reactivación económica y la cooperación entre Haití, la OEA y la Comunidad del Caribe (Caricom), según informó el Gobierno haitiano.

El encuentro contó con la presencia de altos cargos del Gobierno, del gobernador del Banco de la República de Haití (BRH), Ronald Gabriel, de la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, y de representantes de distintas instituciones regionales e internacionales que acompañan a Ramdin durante su visita.

En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas haitiano, Serge Gabriel Collin, firmó un acuerdo sobre la integración de Haití en el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El Gobierno haitiano reafirmó “su determinación” de continuar las acciones destinadas a “restaurar la autoridad del Estado, reforzar la seguridad” en todo el territorio y “hacer avanzar” el proceso electoral, en “respeto de las aspiraciones” del pueblo haitiano y de los principios democráticos, según el documento difundido por la oficina del primer ministro.

A través de la reunión, la OEA, Caricom y sus socios reafirmaron su compromiso de acompañar a Haití en sus esfuerzos en materia de seguridad, estabilidad institucional y celebración de elecciones, de acuerdo con el comunicado oficial.

Seguridad, elecciones y cooperación internacional

La misión de Ramdin permanecerá en Haití hasta el miércoles y tiene entre sus principales objetivos consolidar la cooperación en torno a las prioridades nacionales: seguridad, proceso electoral, necesidades humanitarias y reactivación del desarrollo.

Durante su estancia, el secretario general de la OEA y su delegación mantendrán reuniones con distintos actores institucionales, además del primer ministro, para evaluar la situación del país y analizar mecanismos para un acompañamiento internacional más coordinado y orientado a resultados concretos.

La visita también forma parte de la implementación de la Hoja de Ruta de la OEA para la estabilidad y la paz en Haití, con el propósito de trasladar los compromisos asumidos por los socios internacionales a acciones concretas y coordinadas, de acuerdo con las prioridades establecidas por las autoridades haitianas.

La cuestión de la seguridad ocupa un lugar central en la agenda debido a la presencia de poderosas bandas armadas, que controlan alrededor del 90 % de Puerto Príncipe, según el texto proporcionado por las autoridades. La crisis de seguridad también afecta a otros sectores del país.

Desde abril, Haití cuenta con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y compuesta por militares y personal de distintos países. De acuerdo con las autoridades, la fuerza recuperó algunas zonas de la capital haitiana.

En este contexto, la seguridad constituye uno de los principales requisitos que las autoridades haitianas vinculan con el avance del proceso electoral. El Gobierno también sitúa entre sus prioridades la recuperación de la autoridad estatal, la estabilidad institucional y la atención de las necesidades humanitarias.

La misión de Ramdin busca reunir a las instituciones haitianas y a los socios regionales e internacionales en torno a esas prioridades, mientras el Gobierno mantiene como objetivo la celebración de elecciones generales a mediados de diciembre.

(Con información de EFE)

(Desde Washington, Estados Unidos) Con la excepción de Brasil, la totalidad de los miembros de la OEA avalaron hoy la decisión de convocar a una cumbre de cancilleres de América Latina para repudiar la suspensión definitiva de las elecciones en Nicaragua, que fue ordenada hace casi tres semanas por los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega.

La iniciativa diplomática tratada en la OEA fue presentada por Estados Unidos y acompañada por la Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay.

El primero de septiembre, Murillo y Ortega pretenden ejecutar otro acto autoritario en Nicaragua, y la intención del foro regional es evitar que los dictadores marxistas avancen de nuevo contra los derechos humanos en América Latina.

No hubo un solo representante diplomático en toda la OEA que no estuviera de acuerdo con la propuesta que presentó Estados Unidos a través de Michael Kozak, reconocido diplomático del Departamento de Estado.

“Murillo y Ortega han encarcelado, torturado, silenciado, transnacionalizado y exiliado a los que consideraban como amenazas, expulsando a cientos de miles de nicaragüenses para que se fueran del país y recargando a su región de personas desplazadas. Esa dictadura también facilitó la inmigración masiva ilegal que amenazó la seguridad no solo de Estados Unidos, sino también de otros Estados miembros de la sala”, explicó Kozak.

Y completó: “La situación de Nicaragua no es una cuestión solamente interna, sino que amenaza la paz y la seguridad en las Américas. ¿Cuánto más tiene que sufrir el pueblo nicaragüense antes que actuemos? No podemos dejar transcurrir otros cincuenta años".

La perspectiva de Kozak, que se apoyó en anteriores resoluciones asumidas por la OEA, fue replicada por Thaís Mesquita Candia Pecoraro, ministra consejera de la embajada de Brasil en la OEA.

Candia Pecoraro fijó la posición de Lula da Silva con una sucesión de inasibles argumentos que sorprendieron a los representantes diplomáticos que participaron del Consejo Permanente de la OEA.

A continuación, los aspectos clave del discurso pronunciado por Candia Pecoraro:

“En cuanto al proyecto de resolución presentado durante esta sesión, creemos que es equivocado abordar la situación en Nicaragua como una cuestión de seguridad. Se trata, sí, de una crisis política, con graves repercusiones sobre los derechos humanos. No se han presentado a este consejo evidencias que permitan afirmar que existe algún proceso que afecte la paz y la estabilidad regionales”.

“La cuestión migratoria no debe ser abordada desde el ángulo de la seguridad. Nuestro país siempre ha defendido que el tema de las migraciones sea abordado desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo sostenible. Los migrantes son personas en busca de mejores oportunidades y de una vida digna, no una amenaza a la paz”.

“Por este motivo, creemos que, sin perjuicio del seguimiento permanente del tema por parte del Consejo Permanente, la convocatoria a una reunión de cancilleres, en este momento, parece prematura”.

“En las condiciones originalmente propuestas, el proyecto de resolución podría contribuir al aumento de tensiones y crearía dificultades adicionales en el diálogo de la Organización y de los Estados miembros con Nicaragua, situación que en nada favorece la garantía de elecciones y la protección de los derechos humanos en el país”.

El embajador de Paraguay en la OEA, Raúl Florentín, hizo un discurso que puso en exacta dimensión lo que propuso Estados Unidos y qué pretende Brasil cuando utiliza artilugios dialécticos para menospreciar la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua.

“No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, afirmó Florentín.

En el recinto de la OEA había dos protagonistas de la lucha constante contra la represión ilegal y la defensa permanente de los derechos humanos en América Latina.

Entre los invitados especiales estaba Juan Sebastián Chamorro, un dirigente opositor nicaragüense que fue arrestado sin causa y condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

El 9 de febrero de 2023, Chamorro fue excarcelado junto a otros 221 presos políticos y desterrado hacia Estados Unidos. A continuación, la dictadura de Murillo-Ortega lo despojó de su nacionalidad nicaragüense y ordenó la confiscación de sus bienes.

A pocos metros de Chamorro, se encontraba Rosa María Payá, que actualmente integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).

Payá tiene una historia familiar vinculada a la dictadura de Cuba, y conoce muy bien cómo funciona el régimen dictatorial que protagoniza la familia Murillo-Ortega.

Dos frases de Payá, en su discurso ante los representantes de la OEA, sintetizan el sentido de la propuesta de Estados Unidos que fue avalada casi por unanimidad en la sesión del Consejo Permanente del foro regional.

“Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución religiosa, la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y la represión política de la dictadura de Ortega Murillo han instaurado el miedo en la ciudadanía. Los nicaragüenses viven bajo un régimen sin garantías ni libertades que intenta silenciarlos sistemáticamente”, describió Payá.

Y cerró: “El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización, los nicaragüenses no”.

El Consejo Permanente de la OEA sesiona este miércoles en Washington para votar si convoca a los cancilleres del hemisferio a evaluar “medidas colectivas” contra Nicaragua, tras la declaración de Daniel Ortega de que en el país “no volverá a haber elecciones”, según destaca una nota de Confidencial.Digital.

La sesión extraordinaria fue impulsada por Estados Unidos, que presentó un proyecto de resolución de cinco puntos y suma como patrocinadores a Argentina, Paraguay, Panamá y Uruguay. Costa Rica también anunció su intención de copatrocinar el texto.

De acuerdo a la nota, la maniobra de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo tiene un componente constitucional concreto: la reforma que avanza en la Asamblea Nacional propone ampliar el mandato presidencial de seis a siete años renovables, elevar a rango constitucional la exclusión de quienes el régimen catalogue como “golpistas” o “traidores a la patria” y extender ese mismo período de siete años al jefe del Ejército, los directores de la Policía Nacional y cerca de 7,000 cargos adicionales entre electivos y ratificados por el Parlamento.

La resolución y lo que pide Washington

El proyecto de resolución estadounidense, titulado Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para Considerar la Situación en Nicaragua, sostiene que las declaraciones de Ortega y la reforma constitucional representan un “rechazo directo” al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes “mediante elecciones libres”.

La misión diplomática de Estados Unidos ante la OEA calificó la situación como una “amenaza para el interés común” del hemisferio, con consecuencias sobre el orden democrático, los derechos humanos, el desplazamiento forzado y la represión transnacional.

El texto también aclara de forma expresa que la resolución “no constituye una autorización para el uso de la fuerza armada” y encarga a la presidencia del Consejo Permanente y a la Secretaría General preparar el temario de la eventual reunión de cancilleres.

Esa reunión, según la Carta de la OEA, procede cuando hay asuntos de “carácter urgente y de interés común” y requiere mayoría absoluta de votos del Consejo para ser convocada.

Un debate con límites claros

El politólogo nicaragüense Manuel Orozco, en un artículo de opinión publicado por Confidencial, consideró “poco probable” que la sesión “concluya con una decisión colectiva de presionar material y coercitivamente a Nicaragua”.

Su análisis apunta a que “la propuesta más realista a corto plazo en el ámbito diplomático multilateral de Estados Unidos es que tanto el secretario Marco Rubio como el subsecretario Christopher Landau recomienden conformar un nuevo Grupo de Trabajo sobre Nicaragua”.

El límite práctico del debate tiene una razón estructural: Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en retirarse voluntariamente del organismo, después de Venezuela.

Managua no tiene representación ante el Consejo, aunque sigue vinculada al sistema interamericano a través de entes autónomos y especializados. Las resoluciones que emita el organismo, de concretarse la reunión de cancilleres, tampoco tendrán efectos vinculantes para el régimen.

Diez países firman una declaración previa

Horas antes de la sesión, 10 países del hemisferio suscribieron una declaración conjunta distribuida por la propia OEA. Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay afirmaron que “unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular”.

El texto conjunto advierte que las medidas del régimen “menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y resultan incompatibles con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Los signatarios exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y a garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad.

La voz del exilio nicaragüense

Antes de que el Consejo se reuniera, una decena de organizaciones nicaragüenses en el exilio enviaron una carta a la OEA para alertar sobre el agravamiento de la crisis y pedir una respuesta coordinada. Entre los firmantes figuran la Unidad Nacional, Unamos y Ciudadanos por la Libertad (CxL).

“No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo”, sostiene el documento.

Las organizaciones describen a Nicaragua como “un desafío para la seguridad hemisférica” por sus impactos regionales: desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, persecución transnacional, alianzas con países autoritarios y una creciente presión sobre los países receptores de exiliados y migrantes.

Siete países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su “profunda preocupación” por las recientes declaraciones del líder de la dictadura en Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la posible eliminación de las elecciones en el país y reformas consideradas como una vulneración de derechos humanos.

La declaración, firmada por Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay, reafirma que la democracia representativa exige pluralismo político, elecciones multipartidistas genuinas y pleno respeto por los derechos humanos.

“Unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular”, afirmaron los firmantes en alusión a los anuncios de Ortega y de la Asamblea Nacional nicaragüense.

El documento sostiene que esta tendencia pone en duda la existencia de un proceso electoral auténtico y advierte que “tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y resultan incompatibles con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Los países exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad.

El pronunciamiento se produce un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA analice la situación de Nicaragua y convoque a una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. El régimen sandinista abandonó formalmente la OEA en 2023 tras completar el proceso de salida iniciado por Ortega, por lo que actualmente no cuenta con representación ante el organismo.

La sesión llega después de que el dictador, quien gobierna junto a su esposa Rosario Murillo, afirmara en un mitin el 19 de julio que en el país “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó días después que sí habrá comicios, pero solo tras una reforma constitucional que permita excluir a “los traidores de la patria”.

Las declaraciones generaron el rechazo de países vecinos, como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ortega, ex guerrillero sandinista de 80 años, se mantiene en el poder en Nicaragua desde 2007 tras denuncias de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales políticos.

A su vez, opositores nicaragüenses en el exilio solicitaron el martes a los países miembros de la OEA que presionen al régimen de Nicaragua, para que se garantice la celebración de elecciones libres en el país.

La abogada constitucionalista exiliada Azahálea Solís destacó que los cancilleres vuelven a debatir la crisis nicaragüense por primera vez desde 1978, antes de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. “No quiero dar falsas expectativas de lo que pueda ocurrir, pero es importante posicionar de que Nicaragua está en la agenda pública frente a la cantidad de hechos políticos que hay en el contexto mundial”, señaló Solís.

Solís adelantó que, como opositores, presionarán tanto de manera general como particular “frente a los gobiernos y a las sociedades de América Latina”, subrayando que Nicaragua puede ser vista como “el futuro de lo que le puede pasar a otras sociedades” en la región.

Por su parte, el abogado exiliado Juan Diego Barberena manifestó en diálogo con la agencia EFE que la OEA por sí sola no puede frenar los intentos de Ortega de excluir a opositores y críticos del proceso electoral, como plantea una propuesta de reforma constitucional. “Si de la reunión de cancilleres se derivan una serie de acciones diplomáticas, unilaterales, económicas y políticas de los Estados, sí puede generar unas presiones suficientes para que el régimen Ortega Murillo detenga esta andanada en contra de la voluntad popular que la tiene secuestrada desde hace 20 años”, valoró.

La propuesta de reforma constitucional, presentada la semana pasada por la Asamblea Legislativa, incluye ampliar de seis a siete años el mandato de la copresidencia y establecer su renovación, así como elevar a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como “golpistas” o “traidores a la patria”.

Barberena sostuvo que “detrás de esto lo que hay es un temor de la dictadura a afrontar un proceso electoral, una comparecencia mínima (...) hay un temor de la dictadura que la ciudadanía se pueda movilizar alrededor de un proceso electoral”. Para el jurista, si antes se hablaba de una dinastía familiar en Nicaragua, ahora se busca instaurar “una monarquía familiar absolutista, típica del siglo XVIII”.

(Con información de EFE)

Diez países de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron este martes su preocupación por declaraciones de Daniel Ortega sobre una posible supresión de las elecciones en Nicaragua. El pronunciamiento anticipa la discusión que el organismo abrirá sobre la situación nicaragüense, indica la nota de la agencia de noticas EFE.

El pronunciamiento se conoció en vísperas de una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, que analizará la situación de Nicaragua y la posible convocatoria de una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, según detalló EFE.

La reacción internacional se produjo luego de que Ortega, quien comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, afirmara el pasado 19 de julio en un acto público que en Nicaragua: “No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.

Las palabras de Ortega fueron matizadas posteriormente por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien aseguró que sí se realizarán comicios, pero solo después de una reforma constitucional que excluirá a quienes considere “traidores de la patria”, en alusión a la oposición. EFE reportó que esta postura ha generado rechazo en países vecinos como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Qué dice el comunicado conjunto

El comunicado conjunto difundido por los países de la OEA sostiene que la política de la dictadura nicaragüense pone en duda la existencia de un proceso electoral auténtico. El texto advierte que “tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y destaca su incompatibilidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Los firmantes exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad, según recogió EFE.

El antecedente del retiro de Nicaragua de la OEA

Nicaragua formalizó su retiro de la OEA en 2023, luego de completar el proceso iniciado por el régimen de Daniel Ortega, por lo que actualmente no cuenta con representación ante el organismo. Esta decisión se produjo en medio de reiteradas denuncias internacionales sobre presuntos fraudes electorales, persecución de opositores y restricciones a la competencia política en el país centroamericano.

De acuerdo con EFE, la sesión del Consejo Permanente de la OEA se realizará un día después del pronunciamiento, en un contexto marcado por la tensión diplomática y la preocupación regional.

Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, ejerce el poder desde 2007 y ha sido señalado por organizaciones internacionales y gobiernos de la región por prácticas que, según sostienen, vulneran el sistema democrático en Nicaragua.

“Ortega planea votaciones, pero no elecciones”

El exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields afirmó que Daniel Ortega prepara “votaciones, pero no elecciones”, en un escenario marcado por reformas que, según voces opositoras y organismos regionales, buscan impedir una competencia real y prolongar la permanencia del oficialismo en el poder.

La presión internacional ya tiene una fecha inmediata: la OEA convocó para este 5 de agosto una sesión extraordinaria en Washington D.C. para examinar el caso de Nicaragua. La agenda incluye la posibilidad de llamar a los ministros de relaciones exteriores del continente para discutir la situación política del país.

Según ACI Prensa, McFields sostuvo el 3 de agosto que en Nicaragua se perdió desde hace años “el derecho fundamental básico de elegir y ser elegido”. El exrepresentante ante el organismo hemisférico atribuyó esa situación a la falta de garantías democráticas bajo el régimen de Ortega y Rosario Murillo.

El exdiplomático aseguró además que el gobierno teme incluso organizar procesos fraudulentos ante la posibilidad de una sorpresa electoral. A su juicio, Managua ha mantenido de forma sistemática una conducta cerrada a cualquier apertura democrática.

“Ortega planea votaciones, pero no elecciones. En Nicaragua llevamos años en que no se respeta el derecho fundamental básico de elegir y ser elegido”, dijo McFields al medio.

La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la aprobación de una reforma constitucional que busca fortalecer el marco jurídico, restringir la participación de opositores y ampliar los mandatos políticos y militares; en ese contexto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, defendió la iniciativa y dijo que responde a una estrategia gubernamental para consolidar la soberanía y preservar el modelo denominado “Pueblo Presidente”.

Porras detalló en el programa “El Mapa” de Telesur que, actualmente, la reforma es objeto de consulta con distintos sectores sociales y políticos. El legislador argumentó que la historia nacional ha estado marcada por constantes intervenciones extranjeras, desde la invasión filibustera de William Walker en 1856 hasta la ocupación militar estadounidense en el siglo XX, episodios que, a su juicio, justifican el reforzamiento del orden constitucional.

“La reforma pretende impedir que quienes hayan promovido golpes de Estado, atentado contra la independencia nacional o violado los principios fundamentales de la Constitución puedan participar en procesos electorales”, indicó Porras, de acuerdo con Prensa Latina.

Uno de los puntos medulares de esta reforma es la propuesta de establecer períodos de siete años para los cargos de elección popular, así como para funcionarios designados por la Presidencia de la República o electos por el Parlamento.

Según el titular de la Asamblea, esta medida favorecería la continuidad de programas estatales en infraestructura, salud, educación y electrificación, y busca armonizar los plazos para los máximos responsables del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. La reforma también contempla fortalecer las atribuciones del Consejo Supremo Electoral, otorgando potestad para cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos que reciban financiamiento externo o promuevan sanciones e intervenciones contra el país.

En palabras de Porras, el objetivo es “elevar a rango constitucional normas dirigidas a proteger la democracia nicaragüense y evitar la repetición de episodios de injerencia extranjera registrados en el pasado”, según recogió Prensa Latina.

El parlamentario insistió en que Nicaragua continuará celebrando “elecciones limpias y transparentes”, mientras el modelo de desarrollo vigente mantendrá la gratuidad de la educación y la salud, junto a la expansión de la infraestructura y la lucha contra la pobreza.

Las palabras de Porras surgen pocos días después de que Daniel Ortega reafirmara públicamente la decisión de cancelar los procesos electorales como mecanismo de alternancia. Durante un acto oficial transmitido en Managua, Ortega hizo el anuncio oficial. “Aquí no va a volver a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, según reportó EFE y replicaron medios internacionales. El mandatario sostuvo que la reforma constitucional permitirá realizar comicios “con soberanía”, y planteó que la oposición actúa como “golpistas” y “vendepatria” con apoyo extranjero.

La reacción internacional a las declaraciones de Ortega no se hizo esperar. La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que evaluará la situación y ha convocado a una reunión de ministros de Exteriores de la región.

El Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión extraordinaria el 5 de agosto para considerar la propuesta de reforma y la suspensión de los procesos electorales, mientras gobiernos de países vecinos y Estados Unidos expresaron su rechazo a la medida.

De acuerdo con Prensa Latina, la reforma constitucional avanzará en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y podría aprobarse en septiembre.

Organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que la reforma amenaza con desmantelar las salvaguardas democráticas, al restringir la participación ciudadana y ampliar los mandatos presidenciales. El texto íntegro de la propuesta aún no ha sido publicado ni por el Parlamento ni por el Ejecutivo, pero la información oficial subraya que la finalidad es impedir la injerencia extranjera y garantizar la estabilidad institucional.

El contexto político nicaragüense, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se caracteriza por la exclusión de opositores, la supresión del debate plural y el endurecimiento del control institucional. Mientras el gobierno defiende el proceso como una vía para asegurar el desarrollo y la soberanía, sectores internacionales y de la sociedad civil denuncian el cierre de los espacios democráticos y una deriva hacia el autoritarismo, según las reseñas de EFE y Prensa Latina.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que la reforma constitucional que impulsa prohibe la participación de opositores a los que califica como “terroristas y golpistas” en futuras elecciones, decisión que ha generado un amplio rechazo internacional y reacciones de organizaciones y gobiernos, según reportó la agencia EFE. La medida, impulsada desde Managua en coordinación con la Asamblea Nacional, busca modificar la legislación electoral para limitar el acceso de críticos y exiliados al proceso democrático.

En un acto oficial, Ortega explicó que preparan una reforma parcial a la Constitución para impedir que opositores privados de nacionalidad o acusados de traición puedan postularse a cargos públicos. “No tendrán espacio los terroristas, los golpistas” en los próximos comicios, aseguró el mandatario, quien gobierna Nicaragua junto a su esposa Rosario Murillo desde 2007.

De acuerdo con EFE, el mandatario insistió en que las reformas buscan “fortalecer la paz con leyes” y evitar la repetición de conflictos armados en el país.

Durante su intervención, Ortega evocó episodios históricos como la guerra civil de 1856 y la intervención del estadounidense William Walker, señalando que las nuevas restricciones pretenden impedir “que se organicen de nuevo guerras como las de aquel entonces”.

En palabras recogidas por EFE, el líder sandinista sostuvo que la reforma garantizará “que no queden lugares donde los opositores puedan volver a lanzar sus guerras criminales”.

Las autoridades nicaragüenses han retirado la nacionalidad a decenas de opositores y críticos, a quienes acusan de conspiración, traición a la patria o de haber impulsado protestas contra el Gobierno. Según datos reportados por EFE, Nicaragua completó en 2023 su salida formal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que dejó al país sin representación en ese organismo regional. La OEA, tras el anuncio de Ortega, informó que analiza convocar a una reunión de ministros de Exteriores para evaluar la situación nicaragüense.

EFE detalló que el Consejo Permanente de la OEA celebrará el 5 de agosto una sesión extraordinaria para debatir una resolución titulada “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”. La respuesta internacional no se hizo esperar gobiernos de Costa Rica, Panamá y Guatemala expresaron su rechazo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó abiertamente las declaraciones del mandatario.

En sus declaraciones, Ortega matizó su discurso respecto al pronunciado el pasado 19 de julio, cuando advirtió que “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Ahora, el presidente nicaragüense sostiene que las reformas permitirán elecciones “con soberanía” y cita como antecedente negativo la época de las invasiones estadounidenses en Nicaragua.

El Gobierno de Ortega enfrenta acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación sistemática de rivales para evitar la competencia en las urnas, según la información de EFE. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la comunidad internacional han denunciado la falta de garantías democráticas y la represión contra la disidencia.

Con 80 años, Ortega es el dirigente con más tiempo en el poder en la historia reciente de Nicaragua. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y asumió la presidencia de 1985 a 1990, antes de regresar al cargo en 2007. Su permanencia ha estado marcada por la concentración del poder y la supresión de voces críticas, en un contexto de creciente aislamiento internacional.

La agencia EFE informó que el mandatario defendió la necesidad de “mantener la paz reforzada por las leyes”, subrayando que “no se trata de imponer la paz con estados de sitio o a punta de balazos”, sino de evitar “la conspiración para meter la guerra” que, según su visión, impulsa la oposición.

El futuro político de Nicaragua permanece incierto mientras avanzan las reformas propuestas por el Ejecutivo, que busca consolidar el control sobre el proceso electoral y limitar la participación de adversarios. La comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación en el país centroamericano, a la espera de la discusión en la OEA y de eventuales reacciones adicionales de gobiernos y organismos multilaterales.

La reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua extenderá a siete años los mandatos de al menos 6,750 cargos públicos, una modificación que ampliará la permanencia de alcaldes, diputados, magistrados, fiscales y jefaturas de seguridad antes de un nuevo proceso electoral, mientras Estados Unidos pidió una reunión extraordinaria de la OEA por el rumbo político del país.

La cifra central del cambio alcanza a 6,722 cargos de elección popular y a 28 puestos sujetos a elección o ratificación de la Asamblea Nacional. El total todavía podría crecer en cerca de un centenar si se incluyen ministros, viceministros, directores de entes autónomos, procuradores y jefes de misiones diplomáticas nombrados directamente por la copresidencia.

Según Confidencial.net, el diputado sandinista Gustavo Porras presentó la modificación durante el proceso de consulta que comenzó oficialmente el 29 de julio de 2026. Allí sostuvo: “Esos siete años significa algo que no te pueden cuestionar Hay un montón de países que tienen siete años tenemos derechos, es una decisión de nosotros”.

La iniciativa, cuyo texto completo aún no fue publicado, cambia el plazo que la Constitución fijaba originalmente en cinco años. El oficialismo ya lo había llevado a seis años y ahora propone un nuevo aumento.

La ampliación alcanza desde la copresidencia hasta las alcaldías y el Caribe

El paquete de cambios incluye todos los cargos de elección popular contemplados en la Ley 1242 o Ley Electoral. Eso abarca dos puestos en la copresidencia de la República, 90 diputados de la Asamblea Nacional y sus respectivos suplentes, para un total de 180 cargos.

También comprende 90 miembros propietarios de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe, 45 por cada región autónoma, junto con sus suplentes, lo que suma otros 180 nombramientos. A eso se añaden 20 diputados propietarios ante el Parlamento Centroamericano y sus suplentes, para un total de 40 cargos.

El mayor volumen está en los gobiernos municipales: 6.320 puestos entre 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y 6.014 concejales municipales propietarios y suplentes. Esa estructura concentra la mayor parte de los mandatos que pasarían a durar siete años.

La reforma también incorpora 28 cargos cuya designación depende de la Asamblea Nacional. Entre ellos figuran 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seis magistrados del Consejo Supremo Electoral, cinco miembros propietarios y tres suplentes del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, un superintendente y un vicesuperintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, además de un fiscal general y un fiscal adjunto.

El medio recordó que el número actual de magistrados ya había sido recortado por una reforma constitucional previa: la Corte Suprema pasó de 16 a 10 integrantes y el tribunal electoral de 10 a seis. Además, en agosto de 2025 otra modificación absorbió el Ministerio Público dentro de la Procuraduría General de Justicia.

El Ejército y la Policía también quedarían bajo mandatos más largos

Las consultas abiertas por la Comisión Especial de Carácter Constitucional comenzaron con la cúpula del Ejército de Nicaragua. Después se confirmó que el nuevo plazo de siete años también alcanzará a las jefaturas del Ejército y de la Policía Nacional.

Entre los cargos mencionados están el del general Julio César Avilés y los de los cojefes policiales Francisco Díaz y Victoriano Ruiz. En la segunda jornada de consultas, celebrada el 30 de julio de 2026, los diputados oficialistas expusieron a la conducción policial y a oficiales superiores y alternos que los cambios buscan “garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz”.

El 29 de julio, la ronda de reuniones también incluyó al sector financiero y bancario. Participó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, junto con representantes de otras entidades del sistema financiero.

El oficialismo afirmó que continuará las consultas con distintos sectores antes de que la Asamblea Nacional apruebe las modificaciones en septiembre. La reforma llega apenas 18 meses después de la entrada en vigor, en febrero de 2025, de la Constitución reformada que el mismo bloque impulsó.

Estados Unidos llevó el tema a la OEA tras los dichos de Ortega sobre las elecciones

En paralelo a la reforma, la misión permanente de Estados Unidos ante la OEA solicitó una reunión extraordinaria del organismo para examinar las implicaciones de la iniciativa promovida por el régimen nicaragüense. La petición fue enviada al Consejo Permanente.

Washington argumentó que la declaración pública de Ortega del 19 de julio, en la que afirmó que Nicaragua nunca más celebrará elecciones, constituye un “rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas”. La solicitud fue acompañada por un proyecto de resolución de “condena inequívoca”.

Ese borrador advierte que las declaraciones del mandatario significan “abolir las elecciones, eliminar el pluralismo político, poner fin a la transición pacífica del poder o impedir de forma permanente la participación pacífica en la vida política de aquellas personas a las que consideren una amenaza para su control del poder”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó para el próximo miércoles 5 de agosto una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en la que evaluará la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la crisis política en Nicaragua, después de que Daniel Ortega anunciara que el país no volverá a celebrar elecciones.

La sesión está programada para las 2:30 de la tarde, en el Salón Libertador Simón Bolívar de la sede de la OEA, en Washington. En la agenda figura la consideración del proyecto de resolución titulado “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”, presentado por Estados Unidos.

La convocatoria responde a una solicitud formal presentada el 29 de julio por la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA, en la que Washington sostiene que las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio —cuando afirmó que en Nicaragua “nunca volverá a haber elecciones”— y las reformas constitucionales anunciadas el 24 de julio representan un quiebre definitivo del orden democrático.

En su comunicación al presidente del Consejo Permanente, el embajador de Dominica, Steve Ferrol, Estados Unidos argumenta que estas decisiones constituyen “un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus dirigentes mediante elecciones libres y justas” y agravan una crisis que ya ha provocado el exilio y la migración forzada de cientos de miles de nicaragüenses.

Washington sostiene además que la eliminación de la vía electoral y la profundización del modelo político impulsado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo trascienden las fronteras de Nicaragua y plantean riesgos para “el orden democrático, los derechos humanos, el desplazamiento forzado, la represión transnacional y la paz y estabilidad regionales”.

Con base en esos argumentos, Estados Unidos solicitó que el Consejo Permanente convoque una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, un mecanismo previsto en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA para tratar asuntos urgentes y de interés común para los Estados miembros. La convocatoria de esa reunión requiere la aprobación de la mayoría absoluta del Consejo Permanente.

La iniciativa forma parte de la respuesta diplomática impulsada por Washington desde que Ortega anunció, durante el acto del 19 de julio, que en Nicaragua no volverían a realizarse elecciones. Posteriormente, el oficialismo inició un proceso de reformas constitucionales que, entre otros cambios, busca extender el período presidencial de cinco a siete años, con posibilidad de renovación, y rediseñar el sistema electoral conforme a las nuevas directrices del régimen.

Aunque Nicaragua dejó de ser Estado miembro de la OEA en 2023 tras completar el proceso de denuncia de la Carta del organismo, los países del hemisferio mantienen la facultad de discutir la situación del país y adoptar posiciones políticas o diplomáticas sobre la crisis nicaragüense.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó el jueves que Bolivia requiere “grandes reformas” surgidas de “un gran diálogo”, al finalizar la visita de una misión del organismo que investigó las protestas ocurridas entre mayo y junio en el país andino.

Durante una conferencia en Santa Cruz, Ramdin estuvo acompañado por el presidente boliviano Rodrigo Paz, el canciller de Panamá Javier Martínez-Acha, y altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay que integraron la Misión de Alto Nivel iniciada el miércoles en La Paz.

El secretario general reconoció que, dadas las circunstancias sociales y económicas actuales, “no siempre es fácil conseguir resultados a corto plazo”, aunque subrayó que Bolivia “tiene oportunidades únicas” para avanzar.

“Las grandes reformas en favor de todo el pueblo de Bolivia son tan necesarias como posibles. Y una gran reforma necesita un gran diálogo. Por ejemplo, si se requiere acordar nuevas leyes, será necesario construir consensos entre tantas miradas distintas que hemos podido escuchar”, expresó.

Entre mayo y junio, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupaj Katari” y la Central Obrera Boliviana (COB) encabezaron bloqueos de carreteras, principalmente en el este y centro del país, con el apoyo de grupos afines al ex presidente Evo Morales. Las protestas exigían la renuncia de Paz y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de 16 muertes—13 de ellos por falta de atención médica— y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones.

Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción, lo que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para garantizar la circulación.

“Lamentamos lo que vivieron en mayo y junio. Hemos visto las imágenes de los bloqueos, amenazas a la infraestructura y disrupción a servicios esenciales, pero esa no es la Bolivia que conocemos”, manifestó Ramdin. En ese sentido, destacó que, luego de reunirse con autoridades y representantes de distintos sectores, la misión concluyó que “nadie quiere que esas imágenes se repitan, porque el costo social, económico, financiero, personal y reputacional para Bolivia ha sido muy alto, y tomará tiempo repararlo”.

El secretario general instó a los actores institucionales a “abrir puertas a todos los sectores y posiciones políticas para construir juntos los caminos hacia el desarrollo” y confió en que “cada movimiento respete la Constitución y los resultados de las elecciones”. Además, ratificó el respaldo de la OEA al Gobierno de Paz y al pueblo boliviano, además de anunciar la presentación de un informe escrito sobre la visita ante el Consejo Permanente del organismo.

Por su parte, Paz advirtió que lo sucedido en Bolivia podría repetirse en otros países y alertó que la “democracia hemisférica está en peligro”, señalando que “no a todos les gusta que los países tengan democracias”. El mandatario agradeció a la OEA por su labor en defensa de la democracia.

La Misión de Alto Nivel que visitó Bolivia destacó el miércoles el “diálogo franco y abierto” mantenido con autoridades y representantes de diversos sectores. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, leyó un comunicado en el que la misión destacó “el diálogo franco y abierto sostenido con distintos sectores que expresaron sus diversas experiencias, puntos de vista y aspiraciones para Bolivia”.

El texto subrayó que las conversaciones “fueron, sin excepción, abiertas, constructivas y de buena fe”, y adelantó que las propuestas concretas planteadas por los actores sociales “serán recogidas en el informe de esta Misión”.

La delegación incluyó altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes se reunieron con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como con representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos obreros, sectores empresariales, transportistas y medios de comunicación.

(Con información de EFE)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó este martes a los cancilleres del continente para analizar la situación de Nicaragua tras el anuncio de Daniel Ortega de que el país “nunca más” celebrará elecciones, una decisión que el organismo vinculó no solo con el colapso democrático interno, sino también con una amenaza directa a la seguridad regional.

El texto aprobado por el Consejo Permanente sostiene que las medidas impulsadas por Ortega y Rosario Murillo ya desbordan la crisis doméstica.

El documento advierte sobre migración masiva irregular que empujó al exilio a cientos de miles de personas, la facilitación de actividades militares y de inteligencia de actores extrahemisféricos, y la fragilidad estatal que, según el organismo, exporta inestabilidad al resto del hemisferio.

La convocatoria a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores fue presentada por la Misión Permanente de Estados Unidos ante el Consejo Permanente.

La decisión respondió de forma directa a las declaraciones del 19 de julio, cuando Ortega anunció una reforma constitucional parcial para eliminar el voto y restringir de manera permanente la participación política de opositores.

El Consejo Permanente vinculó la crisis nicaragüense con la seguridad del continente

El resolutivo aprobado por la Organización de los Estados Americanos condena “de manera inequívoca” el anuncio de Ortega y cualquier intento de abolir elecciones, eliminar el pluralismo político o impedir de forma permanente la participación pacífica en la vida pública.

Para el Consejo Permanente, esa “abolición codificada” es incompatible con la democracia representativa, con los derechos políticos de los nicaragüenses y con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

El mismo texto también cita la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos de los que Nicaragua sigue siendo parte. Sobre esa base, el organismo encuadró la decisión del régimen como una ruptura frontal de compromisos interamericanos aún vigentes.

El documento enumera además otros factores que, a juicio del Consejo, agravan el riesgo hemisférico: la erosión de la independencia judicial y legislativa, la persecución de nicaragüenses fuera del territorio y posibles ejecuciones extrajudiciales. Esa combinación, añade la resolución, socava la seguridad, la soberanía y la prosperidad de los países vecinos.

En ese diagnóstico aparece otro elemento central: la apertura a influencias externas. El Consejo advirtió que la participación de actores extrahemisféricos en actividades militares y de inteligencia puede poner en peligro la paz del continente.

La resolución excluyó de forma expresa el uso de la fuerza armada

El texto aprobado por el Consejo Permanente incorporó una precisión explícita: la resolución no autoriza el uso de la fuerza armada. La salvedad llamó la atención porque, al menos de manera pública, esa posibilidad no había sido planteada antes en el debate.

La convocatoria se ampara en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA. En ese marco, la medida se limita a reunir a los ministros de Relaciones Exteriores en la sede del organismo para evaluar la situación en Nicaragua y debatir medidas colectivas que los Estados miembros consideren adecuadas.

El presidente del Consejo Permanente, con apoyo de la Secretaría General, deberá elaborar y someter a consideración de los países miembros el proyecto de agenda y el reglamento de la reunión. Ese procedimiento, previsto en el artículo 63, será el paso inmediato antes de que los cancilleres discutan la respuesta política del sistema interamericano.

Estados Unidos pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocar una reunión de cancilleres para analizar la crisis en Nicaragua, tras las declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que el país “nunca más” celebrará elecciones, y el anuncio de una reforma constitucional parcial para codificar la abolición del voto.

El embajador permanente de Estados Unidos ante la OEA, Andrew Stevenson, envió este miércoles una carta al Consejo Permanente del organismo en la que solicitó una sesión extraordinaria y presentó un proyecto de resolución. El texto propone reunir a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para examinar la situación política y de derechos humanos en el país centroamericano.

La petición de Stevenson señala dos hechos concretos como fundamento de la urgencia. El primero es la declaración pública de Daniel Ortega del 19 de julio, en la que anunció la eliminación permanente de los procesos electorales. El segundo es el anuncio, el 24 de julio, de una revisión parcial de la Constitución orientada a impedir que cualquier persona vinculada a la oposición —real o percibida— acceda al poder por la vía electoral.

Para Stevenson, ambas medidas “constituyen un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas”. En su carta, el diplomático advirtió que la dictadura de Murillo-Ortega “ha exacerbado drásticamente la ya situación urgente en Nicaragua” al declarar abiertamente la supresión del cambio electoral pacífico.

El documento presentado por la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA condena de forma expresa las declaraciones de Ortega y cualquier medida destinada a eliminar el pluralismo político, impedir la alternancia democrática o restringir la participación pacífica de ciudadanos considerados opositores. El texto aclara de manera explícita que la iniciativa “no constituye autorización para el uso de la fuerza armada”.

La propuesta sostiene que la supresión de elecciones y la exclusión permanente de la oposición son incompatibles con la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del que Nicaragua sigue siendo parte. De ser aprobada por el Consejo Permanente, la presidencia del organismo deberá elaborar, con apoyo de la Secretaría General, la agenda y el reglamento de la reunión ministerial.

Más allá del ámbito electoral, el proyecto de resolución enumera acciones atribuidas al régimen que, según Washington, desestabilizan el continente. Entre ellas figuran el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y del Legislativo, denuncias sobre persecución y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos nicaragüenses fuera del país, y la presunta presencia de actores extrarregionales con actividades militares e de inteligencia en territorio nicaragüense.

El texto también menciona acuerdos financieros que, a juicio de Estados Unidos, afectan la seguridad hemisférica, y señala que el régimen ha facilitado la migración masiva ilegal que ha provocado el exilio forzado de cientos de miles de nicaragüenses. Stevenson calificó el conjunto de estas acciones como “una amenaza” para los intereses de Washington y para la paz y estabilidad de la región.

Una decena de países del continente se pronunció en contra de las intenciones de Ortega de suprimir las elecciones: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Uruguay y Perú, además de Estados Unidos. Fuera del hemisferio, el Reino Unido y la Unión Europea también expresaron su rechazo.

A esas voces se sumaron el secretario general de la OEA, Albert Randim, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En la 56.ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá en junio pasado, Washington ya había exigido a los países miembros acciones más contundentes frente al régimen sandinista.

La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.

El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.

En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.

El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.

Función y alcance del Comité de la ONU

Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.

Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.

El antecedente de Lula y el caso de la OEA

La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.

Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.

Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el organismo está preparado para apoyar los esfuerzos dirigidos a una “transición democrática” en Venezuela, tras el acuerdo alcanzado entre el chavismo y un grupo de opositores para establecer una hoja de ruta.

“La OEA está lista, dentro del mandato encomendado por sus Estados miembros, para apoyar los esfuerzos que promuevan una transición pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela”, expresó el director en X. En ese sentido, destacó el compromiso de la organización con la Carta Democrática Interamericana, que establece principios de democracia, derechos humanos, Estado de derecho y bienestar. “El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo”, añadió.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país. La administración de Donald Trump en Estados Unidos, que dialoga con el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de agosto, celebró la apertura del diálogo.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, quien manifestó su intención de regresar a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en la mesa de conversaciones. El opositor venezolano Henrique Capriles pidió el martes una negociación política que incluya a la líder opositora y premio Nobel de la Paz para la “reconstrucción institucional” del país, tras recalcar que las autoridades llevan años “de espaldas a los venezolanos”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington participará activamente en el proceso de transición política previsto en Venezuela tras el acuerdo entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo. Rubio calificó el entendimiento como un paso relevante para el futuro del país y aseguró que la administración estadounidense seguirá de cerca el desarrollo de las conversaciones programadas para agosto.

Durante una rueda de prensa, el funcionario destacó el consenso alcanzado la semana pasada para implementar un mecanismo de diálogo orientado a la reconciliación nacional y al inicio de una transición política. “Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado señaló que las primeras reuniones oficiales están previstas para la primera semana de agosto y consideró que el anuncio tuvo una recepción favorable en Venezuela. “Creemos que ese acuerdo fue recibido en Venezuela como una muy buena noticia y es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”, declaró.

Estados Unidos reconoció a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el último Parlamento surgido de elecciones democráticamente reconocidas. Rubio confirmó que su país mantendrá la asistencia destinada a atender las consecuencias de los terremotos en Venezuela, con ayuda humanitaria que ya supera los USD 180 millones y que podría incrementarse conforme avancen las tareas de reconstrucción.

Rubio explicó que el gobierno estadounidense trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos internacionales de financiamiento y crédito que permitan hacer frente a los elevados costos de la emergencia. “Ya supera los 180 millones de dólares y haremos más”, señaló, y subrayó que la reconstrucción requerirá importantes inversiones tanto para retirar escombros como para levantar nueva infraestructura.

(Con información de EFE)

La Misión Especial de la OEA para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala advirtió que la reciente asunción de la autoridad rectoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala no resuelve las objeciones sobre la legalidad del proceso y puede agravar la incertidumbre institucional, la conflictividad universitaria y la confianza pública si las autoridades competentes no aclaran con prontitud los cuestionamientos pendientes.

Según el comunicado difundido por la propia misión en sus canales oficiales, la USAC ocupa un lugar central en la vida democrática, académica e institucional del país por su carácter público, autónomo y estratégico. Por eso, sostuvo, la elección y toma de posesión de sus autoridades no puede tratarse como un acto interno o protocolario sin consecuencias sobre la legalidad y la credibilidad pública.

El pronunciamiento recoge una serie de objeciones que la misión ya había expresado sobre el proceso electoral rectoral: cuestionamientos a la integración del cuerpo elector, exclusiones de votantes, acreditaciones selectivas, falta de suficiente publicidad, acciones judiciales pendientes, denuncias de intimidación y dudas sobre la igualdad de condiciones en que se desarrolló la elección.

Para la misión, esos señalamientos no son diferencias políticas accesorias entre sectores universitarios. El organismo afirmó que remiten a condiciones básicas de legalidad, integridad electoral, participación efectiva, debido proceso y legitimidad institucional, y que la sola toma de posesión del cargo no las corrige por sí misma.

La OEA sostuvo que la toma de posesión no convalida el proceso rectoral

La misión también tomó nota de la información pública sobre la situación del finiquito y de la existencia de denuncias penales o actuaciones pendientes vinculadas con la autoridad rectoral y con actos de administración universitaria. Aclaró que la existencia de denuncias, investigaciones o señalamientos no equivale a responsabilidad penal, en atención al principio de presunción de inocencia.

Aun así, precisó que cuando esos elementos se relacionan con requisitos legales para asumir o ejercer el cargo, con la administración de recursos públicos o con la regularidad del proceso electivo, las autoridades competentes e independientes deben investigar y aclarar de manera pronta, diligente, motivada y transparente sus efectos jurídicos.

La OEA remarcó que el hecho de que la asunción ya se haya producido no libera a las instituciones de esa obligación. Añadió que la falta de una respuesta institucional clara puede profundizar el conflicto universitario y debilitar la confianza pública en la legalidad del proceso.

En ese punto, la misión subrayó que la incorporación de la asunción como punto de agenda en una sesión del Consejo Superior Universitario, y no mediante un acto público de investidura, no cierra una controversia institucional que sigue sin resolverse. También señaló que esa vía administrativa interna no puede interpretarse como una validación automática de un proceso cuya integridad continúa seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca.

El organismo sostuvo que la estabilidad institucional no se obtiene por hechos consumados. Indicó que esa estabilidad depende de decisiones legales, claras, verificables y respetuosas del Estado de Derecho, y que ni el paso del tiempo, ni los actos protocolarios, ni la continuidad administrativa sustituyen la necesidad de esclarecer las objeciones de fondo que pesan sobre el proceso rectoral.

La misión pidió prudencia institucional y decisiones rápidas sobre las acciones pendientes

En su comunicado, la misión exhortó al Consejo Superior Universitario y a las demás autoridades universitarias competentes a actuar con máxima prudencia institucional, transparencia y apego estricto a la legalidad. Señaló que la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución, debe preservarse como garantía de libertad académica, autogobierno responsable y deliberación plural.

Al mismo tiempo, advirtió que esa autonomía no puede entenderse como un espacio exento de legalidad, rendición de cuentas y control democrático. Tampoco, agregó, puede invocarse para consolidar situaciones surgidas de procesos percibidos como excluyentes, opacos o contrarios a principios básicos de integridad institucional.

La misión también llamó a las autoridades judiciales, administrativas y de control a conocer, esclarecer y resolver con independencia, imparcialidad, celeridad y publicidad las acciones pendientes que puedan incidir en la certeza jurídica del proceso. Identificó en particular las vinculadas con el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer el cargo y con la validez de los actos determinantes del proceso rectoral, cuyas consecuencias jurídicas, afirmó, no quedan saneadas por la asunción.

El pronunciamiento incluyó además un llamado a todos los sectores de la comunidad universitaria para que ejerzan sus derechos por vías pacíficas, democráticas e institucionales. La USAC fue presentada en ese marco como un ámbito que exige garantías frente a cualquier forma de violencia, intimidación, criminalización o estigmatización contra estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades, periodistas, observadores o integrantes de la sociedad civil que expresen posiciones críticas o realicen auditoría social.

La misión instó además a las autoridades estatales a garantizar, con respeto a la autonomía universitaria, la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas vinculadas a los acontecimientos en la universidad, conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

El organismo concluyó que continuará observando, dentro de su mandato, los hechos que puedan incidir en la legalidad, la legitimidad y la confianza pública de los procesos institucionales en Guatemala, y reafirmó su disposición a acompañar esfuerzos orientados al diálogo democrático, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta electa del Perú y le expresó sus mejores deseos de éxito durante su mandato. El pronunciamiento se produjo luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el cómputo de la segunda vuelta presidencial.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ramdin informó que la presidenta electa lo invitó a asistir a la ceremonia de toma de posesión. Asimismo, señaló que ambos acordaron sostener una reunión al margen de dicho acto para dialogar sobre temas de interés común.

El secretario general de la OEA manifestó además su interés en trabajar estrechamente con el próximo Gobierno peruano para fortalecer la cooperación institucional. Precisó que las áreas prioritarias serán la seguridad, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible, como parte de la agenda conjunta entre el organismo y el Perú.

OEA reafirma cooperación con Perú

En respuesta al saludo, la lidereza de Fuerza Popular agradeció las felicitaciones y los buenos deseos expresados por Albert R. Ramdin. La presidenta electa afirmó que espera mantener una relación de trabajo con la OEA orientada al fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

“Estoy convencida de que podremos fortalecer nuestra cooperación y trabajar de manera conjunta para consolidar la democracia, la institucionalidad y el desarrollo de nuestra región", manifestó Fujimori mediante sus redes sociales.

La comunicación entre ambas autoridades se produce en el inicio del proceso de transición hacia el nuevo Gobierno. La reunión prevista durante la ceremonia de investidura permitirá abordar las prioridades de cooperación entre la OEA y el Perú para los próximos años.

OEA destaca la participación de Roberto Sánchez

Además de felicitar a Keiko Fujimori, Albert R. Ramdin envió un mensaje al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por la campaña desarrollada durante el proceso electoral.

Albert R. Ramdin destacó que la participación de todos los candidatos y el respeto a la competencia democrática constituyen elementos fundamentales para fortalecer las instituciones del Perú y respaldar la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

Con este pronunciamiento, el organismo hemisférico reconoció el desarrollo del proceso electoral y reiteró la importancia de preservar los mecanismos democráticos como base para la estabilidad institucional del país.

¿Cuándo juramentará Keiko Fujimori?

El calendario constitucional peruano establece que la juramentación de la presidenta electa Keiko Fujimori se realizará el 28 de julio de 2026. Esta fecha coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias, siguiendo la tradición en la que los mandatarios asumen sus funciones el día del aniversario de la independencia nacional. La ceremonia tendrá lugar en la sede del Congreso de la República, que ha retornado al sistema bicameral, y contempla la entrega de la banda presidencial y el primer mensaje a la Nación de la mandataria.

Previo a la toma de posesión, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe concluir la etapa de proclamación oficial y entrega de credenciales. Este proceso incluye la resolución de apelaciones y actas impugnadas, así como el reconocimiento legal de la candidatura vencedora. El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que la proclamación se realizará el 3 de julio de 2026, tras lo cual se entregarán las credenciales necesarias para la asunción del nuevo gobierno.

La juramentación de Keiko Fujimori marcará el inicio del periodo presidencial 2026-2031 y dará paso a la transferencia de funciones entre las autoridades salientes y el nuevo Ejecutivo. Entre las primeras acciones figuran la designación del presidente del Consejo de Ministros y la conformación del gabinete ministerial. El proceso de transición busca asegurar la continuidad de la gestión pública antes de la instalación oficial del nuevo gobierno el 28 de julio.

La 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acaba de concluir en Panamá, ha probado la irrelevancia a la que ha llegado por incumplimiento de sus objetivos y principios, reducida a una burocracia incapaz de señalar como dictaduras a los regímenes de Nicaragua y Cuba y sirviendo de espacio de retirada al socialismo del siglo 21 o castrochavismo. Una OEA desprestigiada, desfinanciada y sin liderazgo, tiene la opción de realizar reformas de fondo concentradas en la defensa de los derechos humanos y la democracia, o asumir su fin.

La Primera Cumbre de las Americas de 1994 inició un nuevo tiempo de fortalecimiento de la OEA al consensuar una agenda de libertad, democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible, libre comercio, lucha contra el narcotráfico y el crimen y más. Las Americas integradas por 35 países, en 1994 eran 34 democracias y la dictadura de Cuba que se agotaba en su denominado periodo especial como resultado de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS.

El capitalismo había derrotado al comunismo, la Guerra Fría había terminado y la idea de las Américas unidas en base a principios de libertad y democracia era la política exterior bipartidista de Estados Unidos promovida por el presidente republicano George H. Bush 41 y continuada por el demócrata Bill Clinton. En estas condiciones se preveía que “el siglo 21 sería el de la democracia plena para las Américas” con la recuperación de la libertad del pueblo cubano. Así nació la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima-Perú el 11 de septiembre de 2001, el mismo día que EEUU era objeto de ataques terroristas en su territorio (9-11).

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela produjo a partir de 1999 la activación y salvación de la dictadura de Cuba. Bajo liderazgo de Chávez como socio capitalista con el petróleo y la riqueza venezolanas, se asociaron Fidel Castro con su metodología de terrorismo de Estado para la permanencia indefinida en el poder y Lula da Silva con el Foro de Sao Paolo, produciendo el movimiento populista bolivariano que terminó en el socialismo del siglo 21 o castrochavismo, que expandió la dictadura de Cuba en Venezuela con Chávez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa.

El siglo 21 previsto como el de la democracia plena en las Americas terminó siendo hasta 2025 el de la expansión de la dictadura de Cuba, de dictaduras narcoestados actoras y promotoras de la delincuencia organizada trasnacional, con guerra híbrida contra las democracias de la región, con discurso antiimperialista, con violación institucionalizada de derechos humanos, aplicación sistemática de terrorismo de Estado como método de gobierno, migraciones forzadas de los pueblos oprimidos, tráfico de personas y más.

En este escenario, la OEA fue objetivo central de la expansión dictatorial que empezó con el derrocamiento del Secretario General Miguel Ángel Rodríguez, el ex presidente de Costa Rica falsamente acusado de corrupción y recientemente declarado inocente de las infamias, pero que fue obligado a renunciar. Lo siguiente fue la operación con el petróleo de Venezuela para comprar votos (Petrocaribe) hasta llegar a Insulza como Secretario General (2005-2015) que sirvió a Chávez y Castro incumpliendo los principios y objetivos de la OEA e ignorando la Carta Democrática Interamericana. La secretaría Insulza perpetró el copamiento de órganos e instituciones de la OEA incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Secretario Almagro (2015-2025) recuperó la naturaleza de la OEA con los “informes Almagro” que prueban la dictadura de Venezuela, con el señalamiento de Cuba como “una dictadura jinetera”, con el intento de activación del TIAR, y con la recuperación de liderazgo interamericano que permitió la esperanza fracasada en Venezuela con Guaidó y en Bolivia con Añez. Almagro señaló y actuó en torno a la realidad objetiva de las Americas dividida entre dictaduras del socialismo del siglo 21 y democracias acosadas por agresiones o controladas por gobiernos para dictatoriales.

En 2025 asumió la presidencia de EEUU Trump 47 y cambió la política exterior y la geopolítica regional y mundial reflejándola en la “Estrategia de Seguridad Nacional” que repone la “Doctrina Monroe” con el “Corolario Trump”. Operaciones como la Lanza de Sur, la captura del dictador Maduro, la eliminación del jefe del Tren de Aragua, la activación de la lucha contra el narcoterrorismo incluso en países con gobiernos para dictatoriales como México de Sheinbaum, Colombia de Petro y Brasil de Lula, el ultimátum en curso a la dictadura de Cuba y el retiro de visa a la Jefa de Gabinete de Albert Ramdin el actual Secretario General de la OEA por acusaciones de corrupción, son el cambio del paradigma pro dictatorial al de la libertad.

Con las conclusiones y acuerdos de su 56 Asamblea General, la OEA da la señal de no entender el cambio geopolítico ni el momento histórico y si no retorna enérgicamente a la defensa de la libertad y la democracia, al señalamiento claro de las dictaduras de delincuencia organizada trasnacional y toma acciones concretas para su terminación, corre el riego de perecer por incumplimiento de sus objetivos. La irrelevancia de una organización internacional no es el fin del multilateralismo.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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La Embajada de China en Panamá defendió el derecho de sus autoridades a inspeccionar buques con bandera panameña que arriban a puertos chinos y dejó entrever que esos controles continuarán, al sostener que forman parte de sus facultades como Estado rector de puerto y que responden a razones de seguridad marítima.

En el mismo comunicado, la representación diplomática afirmó que embarcaciones registradas en Panamá se han visto involucradas en colisiones que dejaron personas fallecidas y desaparecidas.

El pronunciamiento se conoció después de que el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, calificara como una “mentira garrafal” la versión china de que el aumento de inspecciones no tiene relación con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El comunicado también llega días después del fuerte intercambio diplomático ocurrido en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, donde el representante permanente de China ante el organismo, Xie Feng, cuestionó públicamente las decisiones adoptadas por Panamá en torno a los puertos de Balboa y Cristóbal.

En su nota, la Embajada china sostuvo que las inspecciones se realizan conforme a normas internacionales y rechazó que tengan carácter político. Según la representación diplomática, las autoridades marítimas chinas tienen derecho a verificar el cumplimiento de estándares de seguridad, sanidad y operación de las embarcaciones que ingresan a sus puertos.

La Embajada afirmó además que, desde 2026, buques con bandera panameña se han visto involucrados en varias colisiones con embarcaciones mercantes o pesqueras en aguas chinas, con saldo de muertos y desaparecidos. El comunicado no detalla fechas, nombres de barcos ni investigaciones específicas que permitan identificar los casos mencionados.

El régimen chino también respondió a las declaraciones del canciller Javier Martínez-Acha, quien durante la sesión de la OEA defendió que Panamá es una democracia con separación de poderes y señaló que China tiene un sistema político distinto. La Embajada sostuvo que China también es un Estado de derecho y rechazó los señalamientos sobre su modelo político.

La Embajada de China también respondió a los cuestionamientos sobre su sistema político. En el comunicado sostuvo que “los comentarios sobre el sistema político de China carecen de fundamento” y defendió que “el socialismo con características chinas ha sido forjado por el pueblo chino”, además de afirmar que “las formas de hacer realidad la democracia son tan variadas como diversas” y que “la democracia popular en todos los procesos de China es la democracia más amplia, auténtica y eficaz”, con el respaldo de su población.

El comunicado también deslizó otra acusación contra el Gobierno del presidente José Raúl Mulino: que Panamá estaría actuando bajo la influencia de terceros. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, la Embajada señaló que el país debe actuar conforme a sus propios intereses y no convertirse en instrumento de “una tercera parte”.

La frase aparece en un contexto de creciente respaldo público de Washington a Panamá. En su entrevista con Telemetro Reporta, Cabrera sostuvo que el incremento de inspecciones a barcos panameños fue de aproximadamente 400% después del fallo de la Corte y acusó a Beijing de intentar castigar al país por respetar una decisión judicial independiente.

“Ya no es un cuento chino, ahora es una mentira garrafal”, dijo Cabrera. El diplomático estadounidense afirmó que China combinó en la OEA el tema de los puertos con el de las inspecciones marítimas, lo que a su juicio demuestra que las acciones contra buques panameños no son casuales.

La controversia tiene como origen el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá.

Durante su intervención en la OEA, Xie Feng sostuvo que la decisión panameña envía una señal negativa a la inversión extranjera y pidió a Panamá corregir lo que calificó como errores, además de proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

Martínez-Acha respondió que el fallo fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una decisión judicial. También aseguró que representantes chinos le pidieron en varias ocasiones intervenir para modificar el resultado del proceso, algo que rechazó por ser incompatible con la separación de poderes.

El canciller panameño también cuestionó el incremento de inspecciones a buques nacionales en puertos chinos y afirmó que ese comportamiento no se observa en la misma proporción con enbarcaciones registradas en otros países de la región.

El nuevo comunicado de la Embajada china profundiza el choque diplomático y confirma que el desacuerdo por los puertos de Balboa y Cristóbal ya trascendió el terreno judicial y comercial para convertirse en un pulso político entre Panamá, China y Estados Unidos.

Infobae consultó al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, sobre la tensión diplomática entre Panamá y China, pero el funcionario prefirió no hacer comentarios. Al ser preguntado sobre si el Gobierno panameño pedirá explicaciones a la representación diplomática china en el país por el contenido del comunicado, respondió únicamente que actualmente no hay embajador de Beijing en Panamá.

Estados Unidos denunció ante la OEA que Nicaragua fue convertida por Rosario Murillo y Daniel Ortega en un “Estado policial dinástico”, una acusación que vinculó con violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución política, represión contra la sociedad civil y un pedido de mayor presión diplomática internacional.

En la misma intervención, Washington responsabilizó directamente al régimen por la muerte bajo custodia del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera y reclamó la liberación de todos los presos políticos que considera detenidos de manera injusta.

Según la denuncia presentada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Panamá, el gobierno nicaragüense también profundizó las restricciones a la libertad religiosa: más de 300 clérigos y monjas fueron forzados al exilio, expulsados o se les negó el reingreso al país; la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan la posibilidad de apatridia.

El encargado de exponer la posición estadounidense fue el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Leandro Rizzuto Jr., quien sostuvo que la salida de Nicaragua de la OEA no le permitió escapar al escrutinio internacional.

Washington ligó la denuncia a la crisis iniciada en 2018 y a cambios constitucionales de 2025

Rizzuto afirmó que desde la crisis iniciada en 2018 el régimen consolidó un sistema autoritario que, según Estados Unidos, representa una amenaza para la estabilidad democrática regional.

También señaló que desde 2025 los cambios constitucionales impulsados por la Asamblea Nacional reforzaron aún más el poder político de Murillo.

Al describir el funcionamiento de ese sistema, el embajador dijo: “Los dictadores han silenciado, exiliado y encarcelado en condiciones horribles a miles de opositores reales y percibidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Los arrestos injustos continúan sin cesar y las autoridades someten a presos políticos liberados a vigilancia policial constante, acoso y limitaciones de movimiento”.

Ese señalamiento incluyó una acusación específica sobre la situación de los opositores, periodistas y exiliados. Según Rizzuto, el régimen incrementó el acoso y la violencia contra comunicadores nicaragüenses que permanecen fuera del país y ejerce una represión transnacional que preocupa al resto de la región.

La denuncia incluyó libertad religiosa, muerte bajo custodia y falta de seguridad jurídica

Durante su exposición, el representante estadounidense añadió: “Persisten las violaciones de las libertades religiosas. La dictadura ha exiliado por la fuerza, expulsado y negado el reingreso a Nicaragua a más de 300 clérigos y monjas, la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan la posibilidad de apatridia”.

La acusación se conoció en un contexto de denuncias reiteradas de organismos internacionales sobre las restricciones impuestas a organizaciones religiosas y el exilio forzado de numerosos miembros de la Iglesia católica.

Rizzuto también se refirió a la muerte de Rivera bajo custodia. “Fue horrible, todavía debería estar vivo”, afirmó.

Luego atribuyó esa muerte de manera directa al régimen. “Estados Unidos considera a la dictadura Murillo-Ortega singularmente responsable de su muerte, condenamos el arresto y encarcelamiento de los miembros de la familia Rivera y pedimos la liberación de todos los presos políticos injustamente detenidos”.

El embajador agregó que el clima político de Nicaragua afecta además cualquier expectativa económica. Sostuvo que ningún país puede esperar oportunidades de inversión en un Estado donde continúan las confiscaciones de bienes y persiste la ausencia de seguridad jurídica.

Rusia admitió que mantiene asesores y especialistas militares en Nicaragua al responder a las denuncias presentadas por Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA). En un comunicado, la Embajada rusa en Costa Rica rechazó las afirmaciones del canciller Manuel Tovar por considerar que “carecen de fundamento”, aunque confirmó la presencia de ese personal en territorio nicaragüense.

La respuesta oficial fue divulgada la noche del 24 de junio, un día después de que Tovar denunciara ante la Asamblea General de la OEA, reunida en Panamá, la creciente presencia de fuerzas militares rusas en Nicaragua y la supuesta operación de organizaciones como Hamás y Hezbolá dentro del país.

Según el comunicado de la embajada, el personal ruso desarrolla tareas relacionadas con el intercambio de experiencias, la formación de personal y la cooperación humanitaria. Entre esas funciones mencionó actividades de búsqueda y rescate durante emergencias y desastres naturales, rechazando que exista otra finalidad para su presencia.

Las declaraciones de Tovar formaron parte de una intervención centrada en la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, durante una sesión en la que Estados Unidos pidió mantener una política de "cero tolerancia" frente a los regímenes totalitarios del continente.

“Costa Rica observa con mucha preocupación la persistencia y creciente presencia de fuerzas militares rusas y organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá. Justo ayer varios individuos pertenecientes o vinculados a Hamás fueron detenidos por las fuerzas policiales en mi país”, afirmó el canciller ante los Estados miembros de la organización.

El ministro también denunció la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera mientras permanecía bajo custodia estatal, pese a contar con medidas de protección del sistema interamericano de derechos humanos.

“Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, expresó Tovar, quien además condenó el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en territorio costarricense.

Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua permanecen reducidas al nivel consular desde 2018. Ese año, el entonces presidente Carlos Alvarado decidió no nombrar embajador en Nicaragua tras la represión contra las protestas antigubernamentales, que dejó más de 300 muertos, de acuerdo con organismos internacionales.

Frente a las críticas costarricenses, la Embajada rusa sostuvo que la presencia de sus militares responde a mecanismos de cooperación aprobados por la Asamblea Nacional de Nicaragua y aseguró que el mismo procedimiento se aplica a contingentes de Estados Unidos, México, Cuba y otros países de la región.

“Dicha autorización se aplica a los países anteriormente mencionados con el fin de facilitar programas de cooperación internacional de carácter humanitario, educativo, de rescate y de otra índole. Este mecanismo constituye la base jurídica para la eventual presencia de cualquier contingente extranjero en territorio nicaragüense”, señaló la representación diplomática.

La explicación coincide con el decreto presidencial No. 05-2026, aprobado por la Asamblea Nacional a finales de mayo, que autoriza el ingreso de 230 militares rusos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año bajo el argumento de participar en actividades humanitarias.

Sin embargo, ese discurso difiere de declaraciones pronunciadas por Daniel Ortega en 2023 durante la inauguración de actividades en el centro de adiestramiento policial ruso ubicado en el reparto Las Colinas, en Managua.

“Este centro es para enfrentar mejor el narcotráfico, al crimen organizado, para enfrentar mejor a los golpistas, para enfrentar mejor a los terroristas“, dijo entonces el mandatario, utilizando el término “golpistas” para referirse a quienes participaron en las protestas de 2018.

Especialistas consideran que la cooperación entre Moscú y Managua trasciende el ámbito humanitario. Javier Meléndez, director del centro de pensamiento Expediente Abierto, afirmó recientemente a La Prensa que la presencia rusa se ha fortalecido de forma sostenida durante los últimos quince años.

“El incremento de la presencia rusa se viene observando desde hace 15 años. La cooperación ha sido a nivel policial, militar, pero también mediática”, explicó.

El Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia fue inaugurado en Nicaragua en 2017. Durante su apertura, el entonces embajador Andrey Budaev aseguró que el proyecto había sido impulsado directamente por Vladimir Putin y Daniel Ortega para combatir el crimen organizado. Desde entonces, analistas y organizaciones internacionales han cuestionado que la instalación funcione realmente como un espacio para fortalecer la capacidad represiva del régimen.

Esas sospechas llevaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sancionar el centro en mayo de 2024. Evan Ellis, experto en relaciones internacionales de la Escuela de Guerra de Estados Unidos, sostuvo que la decisión reflejaba la verdadera naturaleza de sus actividades.

“El hecho de que el Tesoro de Estados Unidos sancione este centro demuestra que su verdadera función ha sido fortalecer la capacidad represiva del régimen sandinista”, afirmó. Agregó que las técnicas impartidas allí “no son apropiadas para ninguna fuerza policial en democracia”.

La cooperación bilateral también quedó plasmada en un acuerdo policial publicado en La Gaceta el 2 de abril de 2024. El convenio contempla la construcción de un nuevo centro de capacitación bajo personalidad jurídica nicaragüense, aunque sus instalaciones pertenecerán a la Federación de Rusia y el personal ruso destacado en el país gozará de inmunidad. El acuerdo fue aprobado por la Asamblea Nacional con 80 votos a favor y 10 abstenciones tras la visita del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev.

A ello se suma la estación satelital de Roscosmos instalada desde 2017 en Cerro Mokorón, en las afueras de Managua. Analistas de seguridad sostienen que forma parte del sistema ruso SORM-3, empleado para labores de vigilancia.

Un informe elaborado en 2022 por Douglas Farah y Marianne Richardson concluyó que “las instalaciones GLONASS tienen un nivel de sofisticación superior al requerido para sistemas de geolocalización similares, lo que aumenta la posibilidad de que se utilicen para otros fines”. Según el documento, su ubicación permite a Moscú disponer de una posición estratégica sobre el istmo centroamericano y el Canal de Panamá.

La cooperación militar fue reivindicada públicamente por Laureano Ortega Murillo durante la XIII Reunión de Representantes de Alto Nivel para Asuntos de Seguridad, celebrada en Moscú en mayo de 2025.

“Destacamos la cooperación exitosa con el Ministerio del Interior de Rusia a través del Centro Regional que opera en Nicaragua, la cooperación exitosa con la Guardia Nacional de Rusia, así como la cooperación histórica con el Ministerio de Defensa de Rusia que nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades para garantizar la paz y la estabilidad en Nicaragua", afirmó.

En la misma intervención explicó que, tras las protestas de 2018, el Gobierno se había dedicado a “neutralizar y eliminar” a quienes calificó de “mercenarios y vendepatrias”.

Para el jurista Juan Diego Barberena, esas afirmaciones constituyen un reconocimiento de la participación rusa en la estrategia represiva del régimen.

“Cuando habla de eliminación, se refiere a encarcelamientos, destierros y asesinatos. Y reconoce que estas acciones se realizan con asesoría rusa”, afirmó. Añadió que esas declaraciones podrían incorporarse como prueba en la causa abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el régimen Ortega-Murillo. “Esto da paso a que sea imputado”, sostuvo.

La creciente relación entre Managua y Moscú también preocupa a Washington. A finales de enero, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Nicaragua como “la base de operaciones de Rusia en el hemisferio” durante una comparecencia ante el Senado estadounidense.

Lejos de reducir esa cooperación, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha respondido reforzando sus vínculos con Moscú mediante nuevos acuerdos bilaterales, la mayoría firmados por Laureano Ortega Murillo.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, expuso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la forma en la que su Gobierno enfrentó las casi siete semanas de protestas sociales y afirmó que el crimen organizado aprovecha la debilidad institucional y la conflictividad prolongada para extender sus redes de acción.

“El conflicto comenzó con demandas diversas y en muchos casos legítimas, con el paso de los días, el eje del conflicto dejó de centrarse en reclamos y comenzó a desplazarse hacia una confrontación política de mayor profundidad”, explicó Aramayo, quien señaló que en primera instancia el Gobierno optó por priorizar el diálogo y diferenciar las demandas sociales para evitar una escalada de violencia y el uso temprano de la fuerza pública.

El canciller señaló que hay factores que inciden en la estabilidad de los estados americanos que merecen ser abordados de manera conjunta porque ninguna democracia “puede sostenerse en soledad”. “En América Latina observamos cómo el crimen organizado evoluciona, se adapta y aprovecha espacios de debilidad institucional y conflictividad prolongada, ya no se trata solo de estructuras jerárquicas, sino de redes flexibles que operan a través de múltiples países y economías ilícitas”, afirmó el jefe de la diplomacia boliviana y señaló que, en ese contexto, “ningún episodio de inestabilidad puede analizarse de forma aislada”.

Durante la escalada del conflicto, el Gobierno acusó a algunos sectores movilizados de estar financiados con dinero del crimen organizado y tildó de “narcoterroristas” a quienes impulsaban los bloqueos con el objetivo de derrocar al presidente Rodrigo Paz.

“A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados”, advirtió el jefe de Estado el 8 de junio durante la promulgación de la ley que regulaba el estado de excepción. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se ha hecho pública ninguna detención o denuncia penal contra manifestantes por delitos vinculados con el narcotráfico.

Bolivia atravesó casi 50 días de tensión social y bloqueos impulsados por sectores campesinos, obreros y productores de hoja de coca, que exigían la renuncia del primer mandatario, a quien acusaban de traicionar a quienes votaron por él y de incumplir sus promesas de campaña.

La medida de presión, que inició el 6 de mayo en el altiplano, se extendió a siete de los nueve departamentos del país y llegó a sumar 90 piquetes simultáneos.

Tras lograr un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) el 19 de junio, el Ejecutivo puso en marcha una medida de estado de excepción que desincentivó las protestas de los demás sectores. Con el repliegue de los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), las carreteras quedaron expeditas el pasado martes.

Desde entonces han crecido los reclamos para sancionar a los responsables de los piquetes que paralizaron gran parte del país provocando pérdidas económicas cuantiosas para varios sectores, además de generar desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cerradas durante el periodo de conflicto.

Aunque el acuerdo con la COB establecía que se revise la situación de los detenidos y que el Gobierno no “persiga” judicialmente a los líderes de las protestas, el presidente expresó este miércoles que los responsables deben ser sancionados: “Tenemos que ponerlos en el justo lugar donde deben estar, que es la cárcel, por el incumplimiento y el daño que le hicieron a la sociedad”.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen Stanziola, defendió el papel de los tribunales como garantes de la Constitución y afirmó que los jueces no pueden dictar sentencias en función de presiones políticas, de la opinión pública o de intereses particulares, en medio de la controversia diplomática desatada tras las críticas formuladas por China al fallo que anuló la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Aunque evitó pronunciarse sobre el contenido de esa decisión judicial en particular, la magistrada explicó cuál es el alcance constitucional de la función que desempeña la Corte Suprema y por qué sus integrantes mantienen una reserva institucional sobre los fallos emitidos por el Pleno.

“Lo primero que tengo que decir es que la Corte no puede reaccionar, porque constitucionalmente nosotros tenemos una reserva y no podemos hablar de nuestros fallos“, manifestó.

Sin embargo, agregó que era importante hacer “docencia” sobre el funcionamiento del máximo tribunal. “La Corte es la guardiana de la Constitución y como tal tiene un rol fundamental que cumplir", sostuvo.

Chen explicó que cada decisión del máximo tribunal es el resultado de un análisis jurídico de las controversias constitucionales sometidas a consideración de los magistrados y no de criterios políticos o de aceptación pública.

“Las cortes no podemos emitir fallos basados en lo que la gente quiere, sino en lo que es constitucionalmente correcto luego de un análisis que hace la Corte", afirmó.

Añadió que toda decisión judicial genera inevitablemente posiciones encontradas, pero insistió en que precisamente la garantía que ofrece un Estado de derecho consiste en que los jueces actúen con independencia.

“Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que la lleve a una conclusión", señaló.

La presidenta concluyó que la Corte Suprema “no puede renunciar a su rol de guardiana de la Constitución", al considerar que esa constituye una de las bases del sistema democrático panameño.

Sus declaraciones se producen después de uno de los episodios diplomáticos más tensos registrados durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá.

Durante una sesión entre observadores permanentes y representantes de los Estados miembros, el embajador de China ante la OEA, Xie Feng, cuestionó la decisión adoptada por Panamá tras el fallo de la Corte Suprema relacionado con Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El diplomático sostuvo que las actuaciones del Estado panameño enviaban una señal negativa para la inversión extranjera y pidió al Gobierno panameño "corregir sus errores" y proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

La respuesta llegó inmediatamente por parte del canciller Javier Martínez-Acha, quien defendió la independencia de los órganos del Estado y recordó que el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar o interferir en las decisiones del Órgano Judicial.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío", respondió el canciller durante su intervención.

Martínez-Acha afirmó además que representantes chinos le solicitaron en varias ocasiones intervenir para revertir el fallo de la Corte Suprema, algo que calificó como incompatible con el orden constitucional panameño.

La decisión judicial que originó la controversia fue adoptada de forma unánime por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional tanto la Ley No. 5 de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato de concesión con Panama Ports Company, como los actos administrativos que pretendían extender automáticamente esa concesión hasta 2047.

Entre los principales argumentos desarrollados por el tribunal figura la ausencia del refrendo obligatorio de la Contraloría General de la República para perfeccionar jurídicamente la prórroga del contrato, requisito exigido por la Constitución y por la legislación panameña en materia de contratación pública.

La Corte también concluyó que la concesión mantenía un desequilibrio económico contrario al interés público, al determinar que el Estado dejó de percibir cientos de millones de dólares durante la vigencia del contrato y que nunca se renegociaron condiciones más favorables para el país.

Otro de los aspectos considerados por el Pleno fue que algunas cláusulas del contrato limitaban la capacidad soberana del Estado para otorgar nuevas concesiones portuarias, al obligar a consultar previamente a Panama Ports Company, una condición que los magistrados estimaron incompatible con la Constitución.

Asimismo, el fallo señaló que la concesión otorgaba privilegios fiscales desproporcionados y mantenía un esquema que afectaba la libre competencia y los principios de transparencia que deben regir la administración de bienes públicos.

Tras la decisión judicial, el Gobierno panameño adjudicó contratos temporales para garantizar la continuidad de las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal mientras se define el mecanismo definitivo para su administración.

Las declaraciones de la presidenta de la Corte no abordaron directamente esos aspectos jurídicos ni respondieron a las críticas formuladas por China. En cambio, centraron el debate en un principio institucional: que las decisiones del máximo tribunal deben sustentarse exclusivamente en la Constitución y en el análisis jurídico de cada caso, con independencia de las presiones políticas, económicas o diplomáticas que puedan surgir alrededor de sus fallos.

La migración, la estabilidad democrática y la cooperación internacional siguen entre los principales retos del continente americano, según planteó el representante hondureño Javier Handal durante un foro regional. El funcionario pidió fortalecer la coordinación entre los Estados para responder a problemas que afectan a millones de personas en el hemisferio.

Durante su intervención, señaló que la movilidad humana sigue siendo uno de los fenómenos más complejos de la actualidad porque involucra factores económicos, sociales, ambientales y de seguridad que trascienden las fronteras nacionales. Agregó que Honduras vive esta realidad como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Explicó que esa condición permite comprender de manera directa los desafíos que enfrentan miles de personas que abandonan sus comunidades en busca de mejores oportunidades de vida y que las respuestas a la migración deben construirse desde una visión compartida entre los Estados y no con enfoques aislados o medidas centradas solo en las consecuencias inmediatas del fenómeno.

Causas y respuestas a la migración

Handal afirmó que las causas estructurales que impulsan la migración siguen presentes en numerosos países de la región. Entre ellas mencionó las limitadas oportunidades económicas, la pobreza, la desigualdad, los efectos del cambio climático, la inseguridad y otros factores que obligan a miles de familias a abandonar sus lugares de origen.

Planteó que es necesario fortalecer las políticas orientadas a la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos productivos para crear condiciones que permitan a las personas construir su futuro en sus propios países.

También remarcó la importancia de reforzar la cooperación entre las autoridades para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sobre los retornados, subrayó la necesidad de implementar programas que faciliten su reintegración social y económica, con acceso a oportunidades laborales, educación, capacitación y apoyo institucional.

Cooperación internacional

Handal manifestó que la incertidumbre que enfrenta la comunidad internacional exige respuestas basadas en la cooperación y el entendimiento entre las naciones. A su juicio, el aislamiento y la fragmentación no constituyen alternativas frente a desafíos de impacto global.

En esa línea, defendió el multilateralismo como herramienta para construir consensos y encontrar soluciones a problemas compartidos. Sostuvo que los organismos internacionales y los espacios de diálogo regional siguen desempeñando un papel para promover la estabilidad, la paz y el desarrollo sostenible.

Además, afirmó que el respeto al derecho internacional debe mantenerse como uno de los pilares de la convivencia entre los Estados, en momentos en que diversas regiones enfrentan tensiones políticas, económicas y sociales.

Estabilidad democrática

En el plano democrático, señaló que la comunidad hemisférica debe mantener vigilancia sobre situaciones que puedan poner en riesgo los principios democráticos, la institucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

En ese marco, reiteró la posición de Honduras sobre la situación que atraviesa Venezuela. Señaló que es necesario avanzar hacia una solución pacífica, democrática y consensuada que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana y permita el desarrollo de procesos institucionales con garantías suficientes para todos los sectores.

De acuerdo con Handal, la estabilidad política es un elemento esencial para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Por eso, consideró que la región debe seguir promoviendo espacios de diálogo que favorezcan la resolución pacífica de las diferencias y la construcción de acuerdos.

La agenda interna de Honduras

Sobre la agenda interna de Honduras, el funcionario dijo que la administración gubernamental mantiene como prioridad la atención de las necesidades de la población mediante políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Explicó que la estrategia impulsada por el Gobierno parte de una visión integral que busca fortalecer la seguridad como condición para generar estabilidad. Señaló que, a partir de esa estabilidad, se crean las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera, promover la actividad económica y ampliar las oportunidades de empleo.

Según detalló, la generación de puestos de trabajo constituye uno de los principales mecanismos para reducir las brechas sociales y mejorar los niveles de bienestar de la población. Añadió que las acciones gubernamentales buscan consolidar un entorno favorable para el crecimiento económico y el desarrollo productivo.

Handal sostuvo que la confianza ciudadana depende de la capacidad de las instituciones para ofrecer resultados concretos y responder a las demandas de la población. Aseguró que los esfuerzos del Gobierno están orientados a fortalecer la seguridad, dinamizar la economía y ampliar las oportunidades para los sectores más vulnerables.

El canciller Roberto Álvarez pidió fortalecer los mecanismos de cooperación regional durante la 56.ª Asamblea General de la OEA, al sostener que las Américas enfrentan dificultades para actuar de manera concertada ante problemas compartidos como la desigualdad, el crimen organizado transnacional, la seguridad energética, la transformación tecnológica y el cambio climático.

La posición fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana tras la intervención del funcionario en la Ciudad de Panamá. Según la información oficial, el ministro vinculó esa debilidad de acción conjunta con la necesidad de reforzar la cooperación hemisférica.

“La desigualdad, el crimen organizado, la energía y la tecnología son desafíos distintos, pero comparten una misma exigencia: una cooperación más profunda y más eficaz entre nuestras naciones”, afirmó el canciller. Más adelante agregó: “Vivimos una paradoja que conviene mirar de frente. Votamos, elegimos y nos gobernamos a nosotros mismos, pero aún debemos desarrollar una capacidad mayor para actuar de manera concertada frente a desafíos compartidos”.

Desigualdad y crimen organizado

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la región vive una paradoja: aunque cuenta con más gobiernos elegidos democráticamente que en cualquier otro momento de su historia, todavía no logra responder de forma coordinada a desafíos que ningún país puede resolver por sí solo.

También identificó a la desigualdad como uno de los principales problemas de la región. Señaló que no se trata solo de una cuestión social, sino de un factor que erosiona la confianza ciudadana y debilita las instituciones democráticas.

De acuerdo con el comunicado, alertó sobre el peso del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, y consideró que esos fenómenos constituyen una amenaza directa para la autoridad de los Estados, la convivencia democrática y las oportunidades de desarrollo de los pueblos.

“Mientras los Estados desconfían unos de otros, las organizaciones criminales se integran cada vez mejor”, advirtió Álvarez. A partir de ese diagnóstico, pidió ampliar la cooperación regional en inteligencia, control de armas ilegales y combate contra las redes criminales.

Energía, tecnología y clima

El canciller también abordó la cuestión energética. Señaló que el hemisferio dispone de un amplio potencial para impulsar fuentes renovables y reducir la dependencia de combustibles importados, con énfasis en la situación de los países del Caribe.

En materia tecnológica, sostuvo que la región debe participar activamente en la construcción de capacidades, principios y marcos regulatorios en torno a la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. El objetivo, según expuso, es aprovechar los beneficios de esas herramientas sin profundizar las desigualdades ya existentes.

Sobre el cambio climático, hizo referencia a la reciente adopción de la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sargazo. La iniciativa fue impulsada por República Dominicana junto con otros países afectados por ese fenómeno.

La posición dominicana ante la OEA

Álvarez reafirmó además el compromiso de su país con los principios fundamentales del organismo: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, también subrayó la importancia de que la organización actúe en defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, y afirmó que “ninguna circunstancia justifica la persecución de voces disidentes, la existencia de presos políticos ni la restricción de libertades fundamentales”.

Durante el discurso, el canciller estuvo acompañado por la delegación dominicana integrada por el viceministro de Política Exterior Multilateral Rubén Silié; la embajadora y representante permanente ante la OEA Mayerlyn Cordero; los directores Ana Delia Núñez y Emil Chireno; la embajadora Francina Grullón; y la consejera Pamela Polanco.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reclamó el lunes ante la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, apoyo hemisférico concreto al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, al tiempo que calificó a Cuba de “Estado fallido” y exigió reformas inmediatas al régimen de La Habana, en el poder desde hace 67 años sin haber convocado una elección libre.

La intervención de Landau se produjo en un momento de particular tensión regional. Bolivia atravesó durante casi dos meses una crisis que comenzó a principios de mayo con bloqueos de rutas promovidos por sectores campesinos y sindicales vinculados al ex presidente Evo Morales, opuestos al gobierno de Paz. En su punto más crítico, llegaron a registrarse cerca de 90 puntos de corte vial activos en seis departamentos. La Defensoría del Pueblo boliviana documentó al menos 14 fallecidos entre el 1 de mayo y el 1 de junio, mientras las pérdidas económicas superaron los 1.600 millones de dólares, según proyecciones del sector privado.

El presidente Paz declaró el estado de excepción el 20 de junio para despejar las carreteras y restablecer el suministro de alimentos, medicamentos y combustible. La medida surtió efecto sin enfrentamientos graves: para el 23 de junio, víspera de la asamblea, todos los puntos de bloqueo habían sido levantados. El acuerdo alcanzado el 19 de junio entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para crear mesas de trabajo sectoriales contribuyó al repliegue de los manifestantes y dejó políticamente aislado a Morales, quien aceptó un compás de espera en las movilizaciones sin haber logrado su objetivo central: la renuncia del mandatario.

Ante ese telón de fondo, Landau fue directo en su mensaje a los estados miembros. “Bolivia está enfrentando una crisis”, afirmó. “Los ciudadanos bolivianos eligieron un rumbo claro el año pasado cuando eligieron al presidente Rodrigo Paz. Ese mandato democrático ha sido respondido con violencia por quienes perdieron en las urnas. Esto no es una disputa política; es un ataque a la democracia misma”. El subsecretario instó a todos los países miembros a respaldar las llamadas de Bolivia en favor de “una acción significativa” en defensa del orden constitucional. Previo a la asamblea, Washington y Buenos Aires coorganizaron un evento lateral para solidarizarse con el gobierno de Paz y denunciar a quienes buscan derrocarlo.

Sobre Cuba, Landau no dejó margen para la ambigüedad: describió a la isla como un Estado fallido, aliado de los adversarios de Washington, con larga historia de erosionar instituciones democráticas y fomentar la inestabilidad en el hemisferio. “El régimen autoritario y comunista de La Habana —que lleva 67 años en el poder sin haber celebrado una elección— está colapsando y debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción”, afirmó ante la asamblea.

Sus palabras llegaron en un momento de máxima presión sobre la isla. El 19 de junio, apenas cuatro días antes de la asamblea, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un paquete de 176 reformas económicas —la transformación más profunda del modelo cubano desde el Período Especial de los años noventa— en respuesta a una crisis agravada por el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero y por las restricciones energéticas impuestas por Washington. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció ante el Congreso que el bloqueo estadounidense ha llegado a “interrumpir el suministro de combustibles y todas las fuentes de ingreso en divisas del país”, con un impacto directo sobre la infraestructura energética y la calidad de vida de la población.

La administración Trump consideró las reformas insuficientes. El secretario de Estado Marco Rubio fue taxativo: “Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político que no logran reparar. Lo que anunciaron no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema”. Para Washington, el paquete de medidas no toca el núcleo del sistema político y responde más a la presión externa que a una apertura genuina. Landau, en esa línea, extendió el mismo reproche a Nicaragua y exigió “tolerancia cero” con los regímenes totalitarios en el hemisferio.

El discurso también trazó un balance de la OEA desde la asamblea de 2025, celebrada en Antigua y Barbuda, donde el propio Landau había advertido que el organismo padecía de “escasez de resultados”. Entre los avances reconocidos, destacó el papel de la OEA en la aprobación unánime del apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, que allanó el camino para la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizó operaciones contra grupos armados. Sin embargo, advirtió que la renovación de ese mandato no debe darse por garantizada y exhortó a los estados a intensificar su contribución con financiamiento, equipamiento y personal.

El peso financiero de Washington en la OEA es un factor permanente de presión: Estados Unidos aporta cerca del 50% del presupuesto ordinario del organismo —unos 47 millones de dólares en 2026— y la administración Trump ha retenido parte de esa contribución mientras mantiene abierta la posibilidad de retirarse si la institución no demuestra resultados concretos. La resolución de la crisis boliviana justo antes de la cumbre ofrece a la Casa Blanca un argumento para reclamar mayor agilidad del organismo cuando la violencia política desafía mandatos electorales, pero el desafío estructural de la OEA sigue siendo el mismo: convertir la presión en mecanismos de respuesta que no dependan exclusivamente del músculo diplomático estadounidense.

Durante la celebración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, las diversas plataformas de la oposición nicaragüense, en conjunto con organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad civil asentados principalmente en el exilio, han elevado una enérgica solicitud formal a los Estados miembros.

La petición central radica en que la comunidad internacional otorgue de manera definitiva un tratamiento de total ilegitimidad al Gobierno de Nicaragua, el cual es copresidido de forma autocrática por el matrimonio compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esta iniciativa busca que las delegaciones del hemisferio reconozcan formalmente que la administración de Ortega y Murillo carece de validez legal y democrática, fundamentando este reclamo tanto en su origen viciado como en el ejercicio represivo del poder. El documento presentado busca visibilizar de manera directa cómo el régimen ha desmantelado el orden constitucional y democrático a lo largo de los últimos años.

De igual manera, el documento compartido con los representantes internacionales actualiza los datos de una profunda crisis social y política que se extiende ya por un periodo de ocho años. Los datos estadísticos recabados hasta mayo de 2026 reflejan una realidad alarmante dentro de las fronteras nicaragüenses, donde las organizaciones de derechos humanos denuncian que el aparato estatal continúa utilizando la violencia institucionalizada como principal método de control de la población.

Entre las cifras más alarmantes presentadas en el escrito se destaca que permanecen al menos 46 personas recluidas bajo la condición de presos políticos, mientras que otras nueve personas se encuentran en un estado de desaparición forzada.

A este panorama se suma la privación arbitraria de la nacionalidad a 452 ciudadanos nicaragüenses, la confiscación y el cierre masivo de miles de organizaciones de la sociedad civil, la persecución y expulsión sistemática de periodistas independientes y líderes religiosos, y el desplazamiento forzado de más de 850,000 personas que han tenido que migrar al exterior desde el año 2018.

Un hecho de extrema gravedad mencionado explícitamente en el reporte es el fallecimiento bajo custodia estatal del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera. Rivera murió en mayo tras haber permanecido cerca de tres años detenido, incomunicado y bajo condiciones de desaparición forzada.

El bloque opositor denunció que el régimen de Ortega y Murillo solo admitió su detención cuando su estado de salud ya era completamente irreversible, lo que evidencia la vulneración absoluta del derecho a la vida de los disidentes y la urgencia de demandar pruebas de vida de todos los desaparecidos.

Un llamado urgente a la acción internacional

Frente a este escenario exasperante, la oposición nicaragüense ha enfatizado ante la Asamblea General de Panamá que “Nicaragua no puede esperar más”. Por consiguiente, han demandado de forma explícita a la OEA que se reafirme sin ambigüedades el derecho soberano del pueblo nicaragüense a elegir de manera libre, auténtica y transparente a sus legítimas autoridades gubernamentales a través de comicios genuinamente democráticos.

Finalmente, los opositores solicitaron formalmente a los Estados miembros del organismo hemisférico utilizar de manera coordinada todos los mecanismos diplomáticos, políticos e institucionales que estén disponibles en el derecho internacional. El objetivo es canalizar la crisis interna hacia una salida pacífica y democrática, exhortando a los gobiernos de la región a interponer sus buenos oficios para propiciar una transición política integral que cuente indispensablemente con la participación activa de los actores sociales y políticos de la oposición.

Nicaragua ha permanecido bajo el control político de Daniel Ortega desde el año 2007. El exguerrillero sandinista, de 80 años de edad, ha logrado perpetuarse en la presidencia mediante una sucesión de procesos electorales fuertemente cuestionados por la comunidad internacional.

Luego de casi 50 días de bloqueos, protestas y tensión social en Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz recibió en las últimas horas una serie de respaldos internacionales que coinciden en el mensaje de fondo: la defensa del orden constitucional y el rechazo a cualquier intento de alterar el curso democrático del país.

Los pronunciamientos llegaron desde Estados Unidos, 13 países americanos y autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En una declaración conjunta, Estados Unidos y otros países del continente -Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú- manifestaron su preocupación por los efectos de los bloqueos y advirtieron que “los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”.

Los países firmantes también instaron a privilegiar el diálogo y la negociación dentro del marco institucional como mecanismo para resolver las diferencias políticas.

Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su apoyo al gobierno boliviano en la 56ª Asamblea General que se desarrolla en Panamá. Durante la sesión inaugural, el presidente panameño, José Raúl Mulino, solicitó la conformación de una misión integrada por cancilleres para visitar Bolivia y acompañar los esfuerzos destinados a preservar el orden constitucional. Asimismo, promovió una resolución de apoyo al país sudamericano dentro del foro hemisférico.

A estas declaraciones se sumaron otras de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como la del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien envió un mensaje a través del canciller Fernando Aramayo. “Espero que cuando regreses a La Paz, le digas a tu Gobierno que cuenta con el apoyo del hemisferio y que tiene la autoridad moral, así como la autoridad institucional bajo su propia Constitución, para abordar esa situación y asegurar, una vez más, que lo que el pueblo elige en las urnas no pueda ser deshecho en las calles”, señaló Landau en el encuentro de la OEA en Panamá.

Durante casi dos meses, Bolivia vivió una de las crisis sociales más severas de los últimos años. Los bloqueos instalados en distintas carreteras del país impidieron la circulación, golpearon a sectores clave de la economía y provocaron escasez de combustibles, alimentos y otros insumos básicos, especialmente en La Paz, que permaneció sitiada por los conflictos.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo, impulsadas por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz. Más tarde se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Los movilizados exigían la renuncia del presidente Paz, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente y en contra de sus intereses.

El sábado pasado, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la COB y horas después declaró estado de excepción, una medida que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas para despejar puntos de bloqueo. La decisión contribuyó al repliegue gradual de los sectores movilizados y desde el martes no se registra ningún piquete activo en el país.

Aunque todavía no existe una evaluación oficial consolidada, cámaras industriales y entidades vinculadas al comercio exterior calculan que las pérdidas económicas oscilan entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país.

Ecuador destacó ante la Organización de los Estados Americanos la importancia de fortalecer la cooperación regional para enfrentar al crimen organizado transnacional, durante el 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General del organismo, que se desarrolla en Ciudad de Panamá.

La delegación ecuatoriana planteó que la respuesta frente a las redes criminales debe ser coordinada entre los países del continente, debido a que estas estructuras operan más allá de las fronteras nacionales y están vinculadas con delitos como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal y extorsión.

El canciller Roberto Kury encabezó la representación de Ecuador en la cita hemisférica y participó en los debates sobre seguridad, integración regional y cooperación internacional. En ese espacio, el Gobierno ecuatoriano respaldó iniciativas orientadas a mejorar el intercambio de información, la coordinación policial, la cooperación judicial y el control fronterizo.

La posición de Ecuador se produce en un contexto de deterioro de la seguridad interna, marcado por la expansión de grupos de delincuencia organizada con vínculos regionales e internacionales. Quito ha insistido en distintos foros multilaterales en que el crimen transnacional requiere respuestas conjuntas y mecanismos permanentes de colaboración entre Estados.

Uno de los ejes abordados en la Asamblea fue el impulso al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una iniciativa promovida por Chile junto con Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. El mecanismo busca articular acciones en inteligencia financiera, intercambio de datos, cooperación operativa y fortalecimiento institucional.

Ecuador sostuvo que los países de la región deben avanzar hacia herramientas más ágiles para compartir información sobre organizaciones criminales, rutas ilícitas, movimientos financieros y estructuras logísticas. También planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre fiscalías, policías, fuerzas de seguridad y autoridades migratorias.

La participación ecuatoriana en la OEA se suma a otras gestiones diplomáticas recientes del Gobierno para fortalecer sus capacidades frente al crimen organizado. En las últimas semanas, Ecuador ha promovido acuerdos bilaterales y multilaterales con socios regionales y extrarregionales para mejorar la seguridad fronteriza y combatir delitos asociados al narcotráfico.

El Gobierno ecuatoriano ha señalado que las organizaciones criminales aprovechan las diferencias normativas entre países, la porosidad de las fronteras y las limitaciones en el intercambio de información para extender sus operaciones. Por ello, ha defendido que la cooperación regional debe pasar de las declaraciones políticas a mecanismos concretos de ejecución.

En la Asamblea General de la OEA también se discutieron temas relacionados con democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad hemisférica. Para Ecuador, la lucha contra el crimen transnacional ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda regional, debido al impacto que estas redes tienen en la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana y la economía.

La delegación ecuatoriana remarcó que la cooperación debe incluir prevención, persecución penal, control de flujos ilícitos y fortalecimiento de capacidades estatales. Además, subrayó que ningún país puede enfrentar de manera aislada estructuras criminales que operan simultáneamente en varios territorios.

El planteamiento de Ecuador coincide con una preocupación creciente en América Latina por la expansión de bandas dedicadas al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos de alcance regional. Varios gobiernos han promovido en los últimos meses espacios de coordinación para enfrentar a organizaciones que utilizan rutas compartidas y redes financieras internacionales.

En ese marco, Ecuador busca posicionar la seguridad regional como una prioridad dentro del sistema interamericano. La apuesta del país es que la OEA sirva como plataforma para coordinar políticas comunes, facilitar el intercambio de información y respaldar acciones conjuntas contra el crimen organizado.

La reunión en Panamá permitió a Ecuador reiterar su llamado a una respuesta hemisférica frente a las amenazas criminales. El Gobierno sostiene que la cooperación internacional es indispensable para fortalecer la seguridad interna y reducir la capacidad operativa de las redes delictivas que actúan en la región.

El principal bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), confirmó su disposición a “contribuir a los esfuerzos” encaminados a lograr una transición “pacífica y ordenada” en el país, de acuerdo con el plan impulsado por Estados Unidos.

En la red social X, la PUD manifestó: “Ratificamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos que permitan hacer posible una transición democrática, pacífica y ordenada, en el marco de la ruta de tres pasos planteada por el secretario de Estado (de EEUU), Marco Rubio”, aludiendo a las etapas de estabilización, recuperación y transición.

Este anuncio llegó cinco días después de que Estados Unidos enviara a la opositora Dinorah Figuera a Caracas, tras ocho años de exilio, para iniciar negociaciones con el Parlamento venezolano. Este organismo está controlado por el chavismo y presidido por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

La PUD informó que se reunió para realizar un “profundo análisis de la situación nacional y de las oportunidades para avanzar hacia una solución democrática”. También se abordó la situación de los presos políticos, subrayando que Venezuela “demanda unidad, responsabilidad y visión de futuro”.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aseguró el lunes, tras reunirse con Figuera, que la administración de Donald Trump mantendrá el respaldo a los esfuerzos para lograr la reconciliación política en el país.

Figuera lidera lo que considera el “último” poder “legítimamente” electo en Venezuela, en referencia al Parlamento de 2015, que permaneció bajo control opositor hasta 2020, año en el que se celebraron nuevas elecciones no reconocidas por el antichavismo.

En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera planteó como uno de los objetivos la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) “vigoroso, creíble y transparente”, ya que el actual está dirigido por funcionarios alineados con el chavismo. También reconoció que la nueva tarea “no es” fácil, y agradeció el “acompañamiento” de Estados Unidos.

Partidos opositores apoyan el llamado de la OEA a restaurar la democracia

Partidos opositores de Venezuela respaldaron el llamado hecho este martes por la Organización de los Estados Americanos (OEA) a restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en ese país, así como en Cuba y Nicaragua.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, dijo a la agencia de noticias EFE que hoy Venezuela necesita “más que nunca” a la OEA y a toda la comunidad internacional, al igual que esos otros dos países, que también “merecen libertad y democracia”.

“Hoy por fin vislumbramos una región no solamente unida, sino libre, y eso es posible con las voces del mundo actuando al unísono”, expresó.

La abogada y ex diputada aseveró que en su país se han violado gravemente los derechos humanos durante más de 27 años y que esto “se incrementó de manera notoria” en los últimos años del hoy depuesto dictador Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado enero por Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

La dirigente opositora, aliada de la nobel de la paz María Corina Machado, señaló que, si bien “ha habido cerca de 900” excarcelaciones en lo que va de año, aún hay más de 500 presos políticos en Venezuela.

“Ha sido muy grave lo que hemos vivido en el país, se han violado todos los derechos humanos al mismo tiempo, se ha acabado con la institucionalidad, la Justicia pasó a ser simplemente un recuerdo ya borroso y hoy todavía (...) quedan más de 500 prisioneros políticos, evidentemente estos no son símbolos de una democracia”, dijo.

Es por ello que Solórzano insistió en que “toda la comunidad internacional tiene que respaldar el camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela” y no solo Estados Unidos, al que describió como un “aliado fundamental que ha hecho un trabajo extraordinario” para avanzar hacia una transición.

En X, el partido Voluntad Popular (VP), dirigido por el opositor Leopoldo López, expresó su respaldo al pronunciamiento de la OEA y afirmó que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua “es una causa común de todo el continente y del hemisferio occidental”.

La Secretaría General de la OEA indicó que Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte de la comunidad regional, por lo que reconoció “con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos”.

El organismo, que celebra esta semana en Panamá su Asamblea General, destacó la urgencia de que “existan sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó el martes su preocupación por la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reiteró la necesidad de restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en esos países.

El organismo recordó que los tres países forman parte de la comunidad interamericana y reconoció “con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos”.

En el marco de la Asamblea General que se celebra en Panamá, la OEA subrayó la urgencia de contar con “sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”, conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

La Secretaría General manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos y consideró que la detención de personas por motivos políticos es “incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano”.

“En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”, afirmó el organismo, que reiteró la petición de “liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos”.

La OEA indicó que está preparada para acompañar iniciativas orientadas a ampliar el espacio democrático, promover el diálogo, facilitar consensos, respaldar procesos electorales, proteger los derechos humanos y contribuir a la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.

La Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, y el apoyo de la comunidad internacional cuando sea requerido.

“La participación internacional debe estar orientada a respaldar las vías de avance acordadas a nivel nacional”, señaló la OEA, que destacó que el progreso duradero depende de un diálogo inclusivo y del compromiso compartido con los principios democráticos en cada país.

En Cuba, el régimen castrista, liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel, lleva años empobreciendo a la sociedad cubana, al igual que la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo que lleva casi dos décadas encabezando el poder del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, responde a los lineamientos estadounidenses de la administración Trump llevando adelante el plan de estabilidad de la Casa Blanca para el país caribeño tras la salida del ex dictador Nicolás Maduro.

Desde Caracas, partidos opositores de Venezuela respaldaron el llamado de la OEA a restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los presos políticos.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, declaró a la agencia EFE que Venezuela necesita “más que nunca” a la OEA y a la comunidad internacional, al igual que los otros dos países, que también “merecen libertad y democracia”. “Hoy por fin vislumbramos una región no solamente unida, sino libre, y eso es posible con las voces del mundo actuando al unísono”, expresó Solórzano.

Solórzano destacó que, aunque se han producido cerca de 900 excarcelaciones en lo que va de año, aún permanecen más de 500 presos políticos en Venezuela. “Ha sido muy grave lo que hemos vivido en el país, se han violado todos los derechos humanos al mismo tiempo, se ha acabado con la institucionalidad, la Justicia pasó a ser simplemente un recuerdo ya borroso y hoy todavía (...) quedan más de 500 prisioneros políticos, evidentemente estos no son símbolos de una democracia”, señaló.

En X, el partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, respaldó el pronunciamiento de la OEA y afirmó que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua “es una causa común de todo el continente y del hemisferio occidental”.

(Con información de EFE)

El gobierno de Costa Rica elevó una advertencia en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al señalar su “enorme preocupación por la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá”. La declaración la realizó el canciller costarricense Manuel Tovar este martes, quien informó sobre la detención reciente de personas supuestamente vinculadas a Hamás en territorio costarricense, según reportó la agencia EFE.

Ante los representantes del continente, Tovar expuso que la situación en Nicaragua afecta la estabilidad de la región y destacó la importancia de la adopción de una declaración sobre la crisis nicaragüense, aún en fase de borrador. Según lo relatado por EFE, el ministro afirmó: “Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá. Justo el día de ayer varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país”.

El jefe de la diplomacia costarricense subrayó que el borrador de la declaración de la OEA representa un instrumento para reafirmar los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente americano. Tovar valoró que la Asamblea General expresara su inquietud frente al deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, así como por las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.

EFE añade que el canciller costarricense lamentó el fallecimiento de Brooklyn Rivera, líder indígena nicaragüense, defensor de los derechos de los pueblos originarios y beneficiario de medidas de protección del sistema interamericano. “Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, expresó Tovar ante el pleno de la OEA.

De acuerdo con el informe de EFE, el ministro también condenó el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro nicaragüense ocurrido en Costa Rica el 19 de junio de 2025. “Destacamos la actuación de las autoridades nacionales que han permitido la detención y procesamiento judicial de varios sospechosos. Costa Rica continuará actuando con firmeza para garantizar que todos los responsables comparezcan ante la justicia y que ninguna forma de violencia o intimidación encuentre su espacio en la impunidad”, sostuvo.

La declaración impulsada por la OEA: “envía un mensaje contundente de solidaridad con las víctimas, sus familiares y el pueblo nicaragüense, y de respaldo a los principios establecidos en la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

El trasfondo de la crisis entre Costa Rica y Nicaragua

Las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen restringidas al nivel consular desde 2018. El entonces presidente costarricense Carlos Alvarado optó por no designar embajador en Managua tras los episodios de represión y violaciones a los derechos de los opositores por parte del régimen nicaragüense, recuerda EFE.

La crisis en Nicaragua se remonta a abril de 2018, cuando se desencadenaron protestas masivas contra la dictadura de Daniel Ortega, presidente desde 2007. Según los reportes de EFE, la situación se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Los comicios se desarrollaron con los principales candidatos de la oposición encarcelados, quienes después fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de traición y golpismo.

La preocupación expresada por Costa Rica sobre la presencia militar extranjera y de grupos extremistas en la región coincide con el llamado internacional por la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Las autoridades costarricenses han reiterado su compromiso con la justicia y la persecución de los responsables de incidentes violentos en su territorio, al tiempo que solicitan la cooperación y vigilancia de la comunidad internacional.