Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo una reunión el pasado 29 de abril en la sede de la institución con Albert Ramdin, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con la información de la SRE en sus redes sociales este 30 de abril, el encuentro abordó los problemas actuales del multilateralismo en la región y exploró nuevas formas para impulsar la integración y la cooperación en el continente americano.

Durante el diálogo, Velasco y Ramdin intercambiaron posturas sobre la participación de ambas partes y organismos en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la integración hemisférica. La conversación se desarrolló en el contexto de una visita oficial de Ramdin a territorio mexicano.

Secretario de la OEA visita al Senado de México

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez informó el pasado 29 de abril que el Senado de la República recibió a Albert Ramdin en un encuentro que refuerza la agenda internacional de México y consolida el compromiso del país con el diálogo multilateral y la cooperación regional.

Durante el encuentro, Castillo Juárez destacó la necesidad de una agenda más incluyente dentro de la OEA, y señaló que el liderazgo de Albert Ramdin contribuyó a consolidar una organización “más atenta a la diversidad” y alineada con los desafíos actuales que enfrenta el continente. En palabras de la legisladora, fortalecer la integración entre los países miembros pasa por políticas orientadas al respeto, la paz y la cooperación.

La OEA, organismo fundado en 1948 y con sede en Washington D.C., integra a 35 países independientes de América, y tiene como misión central impulsar la democracia, la defensa de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo sostenible.

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza solicitudes de extradición por falta de pruebas

SRE acusó el pasado 29 de abril ausencia de elementos probatorios en los documentos enviados por Estados Unidos para solicitar la extradición de funcionarios de Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) analizará los expedientes en cumplimiento de la legislación mexicana, y la autoridad federal podría descartar los procedimientos si las acusaciones no cumplen los requisitos legales.

La embajada estadounidense remitió a la cancillería mexicana, el 28 de abril a las 18 horas, solicitudes formales de detención provisional con fines de extradición. Los expedientes fueron turnados de inmediato a la FGR para su revisión, de acuerdo con el marco normativo nacional.

En el comunicado, la SRE advirtió que los documentos carecen de pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

Las solicitudes aparecieron minutos después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos formales contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en especial con la célula identificada como Los Chapitos.

Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cazárez y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, acusados de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, informó el embajador Ronald Johnson durante la presentación del caso en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez informó sobre la recepción del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, en el Senado de la República, en un encuentro que refuerza el compromiso del país con el diálogo multilateral y la cooperación regional.

A través de redes sociales, destacó la importancia de impulsar una agenda más incluyente dentro del organismo hemisférico.

Liderazgo y visión de una OEA más incluyente

Durante el encuentro, la legisladora subrayó que el liderazgo de Albert Ramdin contribuye a consolidar una OEA “más atenta a la diversidad”, en línea con los desafíos actuales de la región.

Este enfoque busca fortalecer la integración entre los países miembros mediante políticas que promuevan el respeto, la paz y la cooperación.

Participación de legisladores clave en política exterior

En la reunión también estuvieron presentes figuras relevantes del Senado:

• Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores: Alejandro Murat
• Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte: Ruth González
• Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico: Yeidckol Polevnsky

Su participación refleja la relevancia del encuentro para la agenda internacional de México.

Qué es la OEA y por qué es clave para la región

La Organización de los Estados Americanos es el principal foro político del hemisferio americano.

Fundada en 1948 y con sede en Washington D.C., agrupa a 35 países independientes con el objetivo de fomentar la democracia, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Su funcionamiento se basa en órganos como la Asamblea General, el Consejo Permanente y la Secretaría General, desde donde se impulsan iniciativas de cooperación regional y solución pacífica de conflictos.

México y su papel en el multilateralismo

El mensaje compartido por la senadora reafirma la postura de México como un actor activo en los organismos internacionales.

La participación en espacios como la OEA permite al país incidir en temas clave como la estabilidad democrática, la cooperación económica y la defensa de los derechos humanos en la región.

Además, estos encuentros fortalecen los lazos diplomáticos y abren la puerta a nuevas alianzas estratégicas en distintos ámbitos, desde la seguridad hasta la educación.

Funciones principales de la OEA en América

Entre las tareas más relevantes que desempeña este organismo destacan:

• Promoción y defensa de la democracia en los países miembros
• Observación de procesos electorales para garantizar transparencia
• Mediación en conflictos políticos y sociales en la región
• Impulso a programas de derechos humanos a través de la Comisión Interamericana
• Desarrollo de iniciativas de cooperación en educación, seguridad y desarrollo sostenible

El encuentro en el Senado se da en un contexto regional donde la cooperación internacional resulta clave para enfrentar desafíos comunes.

En este sentido, México reiteró su disposición de trabajar de la mano con la OEA para construir soluciones conjuntas y fortalecer la estabilidad en el continente.

La región atraviesa una transformación acelerada en el mercado de las drogas sintéticas, definida por la proliferación de mezclas complejas y cambiantes, según advirtió el último informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), la unidad de investigación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

El estudio documentó un fenómeno inédito: la volatilidad y adaptabilidad del mercado, en el que la incertidumbre sobre la composición de las sustancias constituye hoy la principal amenaza para la salud pública.

En diálogo con Infobae, Marya Hynes, jefa del OID y coordinadora general de la investigación, subrayó que “el mercado ya no está definido por la aparición de nuevas sustancias, sino por la proliferación de mezclas cada vez más complejas e impredecibles”.

“La imprevisibilidad misma se ha convertido en el principal riesgo”, destacó.

Un cambio estructural: del auge de las moléculas nuevas al dominio de las mezclas

Desde el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA) en 2019, las alertas han evolucionado de identificar sustancias individuales como MDMA o cannabinoides sintéticos, a describir combinaciones de estimulantes, opioides, sedantes, benzodiacepinas, disociativos y aditivos industriales. Según el informe, “las alertas del SATA ya no describen una sola sustancia, sino combinaciones de sustancias”, lo que incrementa la toxicidad y la imprevisibilidad de los efectos para los consumidores.

Hynes sostuvo que este cambio, que comenzó a notarse entre 2022 y 2023, marcó una nueva etapa: “Ya no hablamos solo de nuevas drogas, sino de nuevas combinaciones, que se adaptan rápidamente y cruzan fronteras con gran velocidad”.

El fenómeno se expresa, por ejemplo, en la expansión del “tuci” o “cocaína rosa”, cuyo contenido puede variar ampliamente: “Se comercializa como un producto único, pero en realidad puede contener múltiples compuestos con efectos muy distintos”, precisó la experta a este medio.

El “tuci” y las mezclas polisustancia: riesgos y composición

El informe detalló que el “tuci” suele contener ketamina, MDMA, metanfetamina, cafeína, catinonas sintéticas, benzodiacepinas y opioides. En algunos casos, las muestras analizadas han tenido hasta nueve sustancias distintas. “El consumidor no sabe qué está tomando, ni en qué dosis”, explicó Hynes.

Esta incertidumbre aumenta el riesgo de sobredosis accidentales, interacciones farmacológicas impredecibles y complicaciones clínicas difíciles de tratar.

El caso de la “cocaína rosa” ilustra cómo los productos reformulados, con identidades comerciales cambiantes, pueden expandirse rápidamente y adaptarse a nuevas realidades del mercado.

Para 2024-2025, la circulación de mezclas polisustancia ha superado a la aparición de moléculas nuevas como el principal desafío sanitario en la región.

Expansión de opioides sintéticos y sedantes veterinarios

El informe documentó la propagación de nitacenos, opioides sintéticos de altísima potencia, inicialmente detectados en América del Norte en 2022 y ahora presentes en Sudamérica.

Al mismo tiempo, sedantes veterinarios como la xilacina y la medetomidina aparecen con frecuencia en suministros de fentanilo, dificultando el tratamiento de sobredosis y generando lesiones cutáneas o necrosis en consumidores.

“La aparición de estos compuestos fuera de América del Norte indica que los riesgos se están expandiendo a nivel regional. Los pacientes que ingresan en tratamiento con antecedentes de consumo de xilacina pueden presentar lesiones cutáneas o necrosis”, explicó el informe.

Además, la reversión de sobredosis se vuelve más compleja, y la letalidad aumenta.

Episodios críticos y lecciones para la región

Un caso emblemático resaltado por el informe es la intoxicación masiva en Argentina en 2022, donde la circulación de cocaína adulterada con carfentanilo provocó 24 muertes y 80 hospitalizaciones en 48 horas. Las autoridades emitieron una alerta epidemiológica y los forenses confirmaron la presencia de un opioide sintético ultra potente.

Para Hynes, este episodio demostró “la importancia de contar con sistemas de alerta temprana funcionales, fortalecer la coordinación entre salud, forense y seguridad, y emitir alertas públicas rápidamente”.

El informe subrayó que “las consecuencias pueden ser inmediatas y masivas cuando no se detecta a tiempo una mezcla tóxica”. Por eso, la integración de datos de salud, seguridad y forense, y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana, aparecen como prioridades urgentes.

Cooperación regional y desafíos institucionales

La velocidad de propagación de estas mezclas y la movilidad del crimen organizado obligan a respuestas coordinadas. El Sistema de Alerta Temprana de las Américas permite compartir alertas entre países, identificar patrones de difusión y anticipar riesgos antes de que escalen.

Según Hynes, “el intercambio de información en tiempo real es absolutamente central. El crimen organizado transnacional que trafica drogas sintéticas no respeta fronteras”.

El informe llamó a consolidar y expandir los sistemas de alerta temprana nacionales y fortalecer el SATA como plataforma hemisférica. El desafío es pasar de sistemas reactivos a modelos anticipatorios capaces de responder a un mercado más dinámico y peligroso, donde la colaboración regional es indispensable.

La entrevista completa a Marya Hynes

— ¿Cuáles considera los hallazgos más relevantes del informe?

— Uno de los hallazgos más importantes es que el mercado de drogas sintéticas en las Américas ya no está definido por la aparición de nuevas sustancias, sino por la proliferación de mezclas cada vez más complejas e impredecibles.

Hoy vemos que las alertas ya no describen una sola sustancia, sino combinaciones de opioides, estimulantes, sedantes y otros compuestos. En muchos casos, la imprevisibilidad misma se ha convertido en el principal riesgo.

Otro punto clave es que estas dinámicas ya no están concentradas en un solo país o subregión. Estamos viendo una difusión rápida a nivel hemisférico, lo que refuerza la necesidad de respuestas coordinadas.

— ¿Cómo ha evolucionado el mercado de las drogas sintéticas en la región en los últimos años, según los datos del SATA (Sistema de Alerta Temprana de las Américas)?

— Los datos del SATA muestran una evolución muy clara en tres fases:

• Primero, entre 2019 y 2021, predominaban sustancias individuales como MDMA o cannabinoides sintéticos.
• Luego, a partir de 2022–2023, comienzan a aparecer mezclas más complejas.
• Y hoy, en 2024–2025, el mercado está dominado por polidrogas y productos “reformulados”, como el “tuci”.

Esto refleja un cambio estructural: ya no hablamos solo de nuevas drogas, sino de nuevas combinaciones, que se adaptan rápidamente y cruzan fronteras con gran velocidad.

— El informe destaca la aparición de mezclas como el “tuci” o “cocaína rosa”. ¿Por qué este fenómeno representa una preocupación particular para la salud pública?

— El “tuci” es especialmente preocupante porque no es una sustancia, sino una mezcla. Se comercializa como un producto único, pero en realidad puede contener múltiples compuestos con efectos muy distintos. Esto significa que el consumidor no sabe qué está tomando, ni en qué dosis.

Desde la salud pública, esto es crítico porque aumenta el riesgo de:

• Sobredosis accidentales.
• Interacciones farmacológicas impredecibles.
• Y complicaciones clínicas difíciles de tratar.

En pocas palabras, el “tuci” ilustra el cambio hacia un mercado donde la incertidumbre es el principal riesgo.

— ¿Qué componentes suelen encontrarse en estas mezclas y qué riesgos específicos implican para los consumidores?

— Los análisis muestran que el “tuci” suele contener combinaciones de:

• Ketamina.
• MDMA.
• Metanfetamina.
• Cafeína.
• Y otros compuestos como catinonas sintéticas o incluso opioides.

En algunos casos, se han detectado hasta nueve sustancias en una sola muestra .

Esto implica riesgos muy elevados porque:

• Combina efectos estimulantes y depresores.
• Puede generar sobrecarga cardiovascular o neurológica.
• Y dificulta la respuesta médica, ya que no se sabe qué sustancias están involucradas.

— Se observa un crecimiento en la presencia de opioides sintéticos, como los nitacenos y la xilacina. ¿Qué impacto han tenido estas sustancias en la región y qué diferencia presentan respecto a otras drogas sintéticas?

— Estamos viendo la expansión de sustancias extremadamente potentes, como los nitacenos, que son incluso más fuertes que el fentanilo. Al mismo tiempo, aparecen adulterantes como la xilacina, que no es un opioide sino un sedante veterinario, lo que complica aún más el tratamiento de sobredosis.

El impacto principal es que:

• Aumentan significativamente el riesgo de muerte.
• Dificultan la reversión con naloxona.
• Y generan nuevas complicaciones clínicas.

Además, su aparición fuera de América del Norte indica que estos riesgos se están expandiendo a nivel regional.

— En 2022, se registró un caso grave de intoxicaciones masivas con cocaína adulterada en Argentina. ¿Qué enseñanzas dejó ese episodio para los sistemas de alerta y la coordinación regional?

— El caso de Argentina fue un punto de inflexión. En menos de 48 horas hubo decenas de intoxicaciones y múltiples muertes por cocaína adulterada. La principal lección es que cuando no se detecta a tiempo una mezcla tóxica, las consecuencias pueden ser inmediatas y masivas.

También demostró la importancia de:

• Contar con sistemas de alerta temprana funcionales.
• Fortalecer la coordinación entre salud, forense y seguridad.
• Y emitir alertas públicas rápidamente.

Es un ejemplo claro de por qué necesitamos pasar de la reacción a la anticipación.

— ¿Qué rol cumple el intercambio de información en tiempo real entre países para anticipar y mitigar riesgos emergentes?

— El intercambio de información en tiempo real es absolutamente central. El crimen organizado transnacional que trafica drogas sintéticas no respeta fronteras. Una sustancia o mezcla detectada en un país puede aparecer en otro en cuestión de semanas.

El SATA permite:

• Compartir alertas entre países.
• Identificar patrones de difusión.
• Y anticipar riesgos antes de que escalen.

En ese sentido, el valor del sistema es transformar datos en acción temprana que salva vidas.

— Por último, desde su perspectiva, ¿cómo debe evolucionar la cooperación regional frente a un fenómeno que se caracteriza por la velocidad y variedad en la aparición de nuevas sustancias?

— La cooperación regional debe evolucionar en tres direcciones:

1. Fortalecer los sistemas nacionales de alerta temprana para que todos los países puedan detectar sustancias rápidamente.
2. Integrar datos de salud, forense y seguridad para convertir información en inteligencia accionable.
3. Acelerar el intercambio regional e internacional porque la velocidad del mercado exige respuestas igual de rápidas.

En última instancia, el reto es claro: pasar de sistemas reactivos a sistemas anticipatorios, capaces de responder a un mercado cada vez más dinámico y complejo.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) desplegó un equipo técnico para acompañar la segunda vuelta de las elecciones regionales que se celebrará este domingo en cinco departamentos de Bolivia.

“Durante su trabajo en el país, el equipo de observadores y observadoras de la OEA dará seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija“, informó el organismo en un comunicado de prensa difundido el miércoles.

Los observadores prevén reunirse con autoridades electorales nacionales y departamentales, candidatos, políticos y representantes de la sociedad civil, entre otros actores.

La OEA ya acompañó las elecciones regionales y municipales realizadas el 22 de marzo, en las que se eligieron más de 5.000 autoridades, incluidos gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para el próximo quinquenio.

La misión cuenta con financiamiento de países como Brasil, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y Turquía para su ejecución.

De acuerdo con la legislación boliviana, para ganar la gobernación en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el segundo. En la primera vuelta fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba.

En Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico de Bolivia, competirán el próximo domingo en las urnas el ex candidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre, Juan Pablo Velasco, y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, la segunda vuelta enfrentará a los candidatos de la alianza Patria, coalición que respalda al presidente Rodrigo Paz, frente a postulantes de otras organizaciones políticas.

En La Paz no habrá balotaje debido a la renuncia, a principios de abril, del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), que argumentó un “distanciamiento” con su candidato, René Yahuasi. Tras el retiro de NGP, que había quedado segundo en la votación de marzo con el 9,18 %, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó ganador al candidato oficialista, el ex alcalde de La Paz Luis Revilla, quien obtuvo el 20% de los votos.

A pesar de ello, Yahuasi impulsó protestas callejeras y una acción judicial que será tratada este jueves, en la que exige que se realice una segunda vuelta, aunque ya no cuenta con partido para postularse.

Los tribunales electorales departamentales informaron que desde las 00:00 de este jueves entra en vigencia el silencio electoral en los cinco departamentos que celebrarán el balotaje de gobernadores.

La medida se implementa en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, prevista para este domingo 19 de abril. La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Adriana Flores Alconz, explicó que el silencio electoral comienza a regir desde las cero horas del jueves y prohíbe toda campaña y propaganda electoral.

Flores precisó que las organizaciones políticas y candidatos podían realizar actividades proselitistas hasta las 23:59 del miércoles en los departamentos involucrados. Desde ese momento, queda restringida la difusión de mensajes electorales tanto en medios de comunicación como en espacios públicos y digitales.

Por su parte, el presidente del TED de Santa Cruz, Marco Monasterio, indicó que la medida busca garantizar condiciones de reflexión ciudadana. Explicó que este periodo, previo a la votación, permite a los electores evaluar sus decisiones sin influencia de propaganda política. Además, recordó que la normativa vigente incluye la prohibición de campaña en redes sociales durante el silencio electoral establecido por el calendario.

(Con información de EFE)

En un contexto marcado por cuestionamientos y tensión, el representante del organismo internacional lanzó un llamado a la prudencia de cara a la segunda vuelta. Sus declaraciones se producen mientras continúan las investigaciones sobre la demora en la entrega de material electoral y la tardía apertura de mesas, factores que obligaron a extender la votación en distintos puntos del país.

OEA advierte que retrasos “alimentaron narrativas de fraude” y pide actuar con responsabilidad

Durante la conferencia, Víctor Rico fue enfático al referirse a uno de los efectos más delicados del proceso electoral. “La misión advirtió con preocupación que la tardanza en la apertura de los locales alimentó las narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos desde la etapa preelectoral”, sostuvo.

La declaración se produce en medio de un escenario donde, incluso antes de los comicios, ya circulaban versiones que ponían en duda la transparencia del proceso. Según explicó la misión, los retrasos en la instalación de mesas y la apertura tardía de locales terminaron reforzando esos discursos, generando reacciones políticas y movilizaciones ciudadanas.

El jefe de la misión también hizo un llamado directo a la ciudadanía y a los actores políticos a mantener la calma en la etapa postelectoral. “La misión hace un llamado a esperar las siguientes etapas del proceso con calma y actuando de manera responsable de cara a la segunda vuelta”, afirmó.

En esa línea, destacó que el equipo de observadores continuará desplegado en el país para dar seguimiento al proceso. “La misión mantiene un equipo de diez personas que está dando seguimiento a la fase postelectoral”, precisó, al remarcar que el trabajo de observación no concluye con la jornada de votación.

Asimismo, el representante de la OEA reconoció el esfuerzo de las autoridades peruanas para llevar adelante los comicios. “La misión reconoce el esfuerzo realizado por los órganos del sistema electoral para la celebración de estos comicios”, indicó, destacando también la colaboración de instituciones públicas, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Demoras en elecciones generaron controversia

Las declaraciones de la OEA se dan en un contexto en el que las fallas logísticas en las elecciones vienen siendo analizadas tanto a nivel técnico como legal. Durante la jornada del 12 de abril, diversos locales de votación no pudieron instalar sus mesas a tiempo debido a la falta de material electoral, lo que afectó a miles de ciudadanos.

En Lima, al menos 13 centros de votación presentaron estos problemas, obligando a reprogramar el sufragio para el día siguiente. La situación generó largas colas, confusión entre los electores y críticas hacia las autoridades electorales, especialmente hacia la ONPE, encargada de la organización del proceso.

De acuerdo con especialistas en derecho electoral, la demora en la entrega de material podría tener implicancias legales. La normativa vigente contempla sanciones para quienes retrasen o detengan la distribución de estos insumos, con penas que pueden ir desde los seis meses hasta los tres años de prisión.

En este escenario, las investigaciones buscan determinar si la responsabilidad recae únicamente en la empresa encargada del traslado o si también alcanza a funcionarios públicos que tenían a su cargo la supervisión del proceso. Uno de los puntos clave será establecer si se trató de una falla operativa o de una posible omisión de funciones.

A nivel técnico, el informe preliminar de la misión también advirtió que los simulacros previos no replicaron completamente las condiciones reales de la jornada electoral. Esto habría contribuido a que los problemas logísticos no fueran detectados a tiempo, generando retrasos en cadena durante el día de la votación.

Mientras avanzan las indagaciones, el proceso electoral entra en una etapa decisiva con miras a la segunda vuelta. En ese contexto, las advertencias de la OEA y el llamado a la responsabilidad buscan contener la tensión política y reforzar la confianza en las siguientes fases del proceso.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) emitió su primer informe preliminar tras las elecciones generales celebradas el 12 de abril en Perú, resaltando que el proceso electoral, aunque pacífico y con participación significativa, estuvo marcado por retrasos logísticos y problemas en la distribución del material electoral que obligaron a extender la jornada en varios locales, lo que derivó en un llamado de atención para fortalecer la preparación de cara a la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

Esta evaluación, presentada el 14 de abril y encabezada por Víctor Manuel Rico Frontaura, incluyó la advertencia de la misión sobre el impacto de las demoras en la confianza ciudadana y la necesidad de medidas excepcionales por parte de los organismos electorales peruanos, según el informe publicado por la MOE/OEA.

El informe de la MOE/OEA —integrada por 96 observadores de 22 nacionalidades— indica que 13 locales de votación en Lima Metropolitana no pudieron instalar mesas el día de la elección, por lo que más de 55.000 electores debieron esperar hasta el día siguiente para ejercer el voto. La extensión del horario electoral y la reprogramación del sufragio fueron adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como respuesta a los fallos observados, una medida que, según la misión, intentó “salvaguardar el derecho al sufragio”.

Estas dificultades se atribuyeron principalmente a la tardanza en el envío del material electoral, la ausencia de miembros de mesa, y problemas en la instalación de equipos tecnológicos, lo que provocó retrasos y largas filas tanto en Perú como en el extranjero. Según la MOE/OEA, el horario promedio de apertura fue a las 8:03, una hora más tarde de lo estipulado en la normativa vigente. Ante estos contratiempos, el JNE amplió la jornada hasta las 18:00 del mismo día y, en casos excepcionales de Lima Metropolitana, habilitó la votación hasta el lunes 13 de abril.

El jefe de la misión, Víctor Manuel Rico Frontaura, hizo un llamado directo a la ciudadanía y sectores políticos para mantener “calma y responsabilidad” en vistas a la fase postelectoral, señalando que el equipo continuará desplegado para dar seguimiento a la segunda vuelta, según el Primer Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú para las Elecciones Generales 2026.

Retrasos en instalación de mesas en Lima obligaron a extender la votación

La MOE/OEA identificó que los principales retrasos se concentraron en la apertura de mesas de votación en Lima Metropolitana y el Callao. Estos problemas logísticos originaron la necesidad de ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 14:00 y de votación hasta las 18:00 del domingo 12 de abril.

Según el organismo internacional, 13 locales no lograron conformar las mesas, afectando directamente a 55.261 votantes. La respuesta del JNE fue excepcionar la jornada y extender la votación un día adicional. La misión dejó en claro que el 99,8 % de las mesas sí pudieron instalarse, aunque esa cifra implicó que cientos de ciudadanos quedaran excluidos momentáneamente del proceso hasta su reprogramación.

Durante la extensión de la votación el día lunes 13, se reportaron nuevas demoras, derivadas de la ausencia de coordinadores y de módulos preferenciales de atención, así como confusión sobre los horarios de cierre. Los observadores también documentaron que la mayoría de las urnas cerró puntualmente y que el escrutinio avanzó sin incidentes mayores.

Frente a este escenario, la MOE/OEA formuló una serie de recomendaciones específicas: instó a detectar las causas del retraso con precisión y revisar los planes de contingencia, con el fin de que no se repitan las dificultades en la segunda vuelta. Advirtió que estas falencias pueden erosionar la confianza pública y alimentar narrativas infundadas de fraude.

Advierte que simulacros electorales no incluyeron sistemas clave

De acuerdo con el informe, los simulacros técnicos realizados antes de las elecciones no incluyeron todos los componentes a implementarse en la jornada real, en particular la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) desarrollada por la ONPE, ni el módulo de presentación de resultados. La misión señaló que las pruebas previas deben replicar toda la carga y complejidad operativa que se enfrentará, sugiriendo que los simulacros incorporen al menos el 70 % del flujo de trabajo previsto.

La MOE/OEA observó que numerosas demoras adicionales en la apertura de mesas derivaron de la necesidad de instalar, configurar y verificar los equipamientos STAE mientras los votantes esperaban en fila, agravadas por problemas de conectividad y fallos en los suministros de tinta, así como largas esperas para recibir soporte técnico.

En este sentido, las recomendaciones apuntan a simplificar y paralelizar los pasos previos a la atención electoral, fortalecer la logística para asegurar que los materiales lleguen de forma anticipada y establecer pruebas operativas más rigurosas para validar procedimientos y capacitar al personal. Asimismo, se aconseja rediseñar el modelo de la mesa de ayuda, incrementando recursos y herramientas tecnológicas para asistencia inmediata, y establecer controles de calidad sobre los insumos, mediante protocolos de muestreo antes de su distribución.

Más de 27 millones de electores participaron en Perú y el exterior

La jornada registró la habilitación de 27.325.432 electores en Perú y el exterior, con 1.210.813 posibles votantes fuera del país, según la MOE/OEA. La observación se realizó en 358 centros de votación distribuidos en los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, así como en cuatro ciudades de tres continentes: Buenos Aires, Washington D.C., Barcelona y Concepción.

El informe presta especial atención al papel de las mujeres, quienes ocuparon el 52 % de las presidencias de mesa en los locales observados, consolidando su participación como un componente destacado de la vida democrática peruana. La mayoría de las mesas fue conformada correctamente, bajo supervisión de las autoridades electorales y con presencia de fuerzas de seguridad.

El reporte recoge que, aunque la infraestructura y organización en la mayoría de los locales fue considerada adecuada, la ampliación del horario electoral y la reubicación de algunos centros producto de recomendaciones de seguridad respondieron a un contexto donde, además de dificultades logísticas, se mantuvieron estados de emergencia en varias jurisdicciones.

MOE/OEA advierte que demoras alimentaron narrativas de fraude

En materia de transparencia, la MOE/OEA elogió la publicación continua de resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que permitió que la ciudadanía consultara datos en tiempo real. Destacó que el 34,6 % de las actas presidenciales fue contabilizado antes de la medianoche del 12 de abril y que, para el mediodía del 14 de abril, el avance alcanzaba el 76,6 %.

El acceso a información y la habilitación de módulos para personeros de partidos políticos aportaron a la confianza en el resultado y abonaron a la percepción de integridad del proceso. No obstante, la misión alertó sobre el efecto de las demoras en alimentar narrativas de fraude, amplificadas por campañas de desinformación digital y protestas frente a edificios de autoridades electorales.

Durante la ampliación excepcional del proceso, la ONPE tomó medidas para que quienes no pudieron votar el primer día fueran exonerados de penalidades. Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE y miembros de su equipo, mientras que se presentaron denuncias contra autoridades electorales por los retrasos acontecidos.

La MOE/OEA recomendó mantener la vigilancia contra la desinformación y continuar las acciones de verificación emprendidas por autoridades y sociedad civil. De cara a la segunda vuelta, la misión reiteró la necesidad de asegurar condiciones logísticas y tecnológicas que minimicen riesgos operativos y refuercen la legalidad y transparencia en la administración de los comicios.

Como parte de sus funciones de observación de la misión de la OEA destinada al Perú durante las elecciones generales, la institución internacional emitió un comunicado en el que saludó la extensión de la jornada electoral en el país, lo que permitirá que 52.261 personas ejerzan el derecho al voto el lunes 13 de abril de forma excepcional.

La medida tomada por el Jurado Nacional de Elecciones, se produjo en respuesta a la falta de material electoral que impidió la instalación de 211 mesas de votación durante la jornada electoral en distintos puntos de la capital y en dos circunscripciones de Estados Unidos.

La decisión, adoptada tras el pedido de la Defensoría del Pueblo, entidad autónoma, busca garantizar la participación de los electores afectados, según informaron tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en comunicados divulgados este domingo 12 de abril.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, liderada por Víctor Rico Frontaura, constató que la jornada se desarrolló con tranquilidad en la mayoría de los mil recintos observados tanto en territorio nacional como en el exterior, aunque su equipo identificó demoras en la apertura de mesas y la suspensión del sufragio en trece locales. En este contexto, la misión internacional anticipó que mañana desplegará observadores adicionales en los puntos pendientes de votación, según el comunicado difundido por la OEA.

Reacciones institucionales

Por su parte, el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, atribuyó el contratiempo a la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la logística para la entrega de materiales electorales, según recogió el propio Jurado Nacional de Elecciones.

Como medida correctiva, los afectados podrán votar el lunes 13 de abril, entre las 07:00 y 18:00 en Lima Metropolitana y en dos circunscripciones de Estados Unidos, conforme a las disposiciones aprobadas y difundidas por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones en un comunicado oficial.

La autoridad electoral también solicitó al Ministerio de Trabajo otorgar facilidades para que los trabajadores puedan acudir a votar ese día, y pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros mantener habilitados los centros educativos que sirven como locales de sufragio.

En un comunicado oficial firmado por su presidente, Roberto Burneo, el Jurado Nacional de Elecciones subrayó que la resolución tiene sustento en disposiciones constitucionales y legales que amparan la protección del derecho al voto. Burneo precisó: “Esta decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la realizamos en el marco constitucional y legal”. Agregó que corresponde a otras autoridades asumir las responsabilidades por las situaciones presentadas, según informó el Jurado Nacional de Elecciones.

La Defensoría del Pueblo también celebró la resolución, indicando en un comunicado oficial que “garantiza elecciones transparentes, la cual fortalece la democracia y la gobernanza en el país”, y que resulta relevante para definir la votación de cifra repartidora de diputados y senadores en la circunscripción de Lima, según señaló la Defensoría.

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió también contra la difusión de encuestas de conteo rápido o estimaciones similares mientras se completa la votación. Esta decisión responde a la necesidad de respetar la legalidad y garantizar la equidad del proceso, conforme a las directrices divulgadas este domingo.

El reciente pronunciamiento de la embajada de Canadá y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto bajo escrutinio la legitimidad del proceso que llevó a Walter Mazariegos a la reelección como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En medio de señalamientos de irregularidades, la comunidad universitaria y organismos internacionales exigen revisar el procedimiento y garantizar transparencia.

La misión especial de la OEA, encabezada por Carlos Ayala Corao, describió la situación en la Usac como uno de los desafíos institucionales más críticos del país.

El informe presentado ante el Consejo Permanente mencionó actos violentos contra integrantes de la universidad y la intervención del Consejo Superior Universitario, el cual desconoció resultados a favor de sectores opositores a la administración actual.

Embajada de Canadá se sumó al reclamo de la OEA y solicitó que la elección del rector sea “transparente y democrática”. El mensaje coincidió con una advertencia de la misión de la OEA: “Los hechos recientes podrían comprometer la legalidad, legitimidad y seguridad de la elección”. El organismo internacional alertó sobre el riesgo de consolidar procesos viciados, que finalmente fueron visibles en la reelección de Mazariegos.

Reacción internacional y respuesta universitaria

En paralelo, estudiantes y egresados de la Universidad Da Vinci de Guatemala rechazaron los mecanismos considerados ilegítimos en la designación del rector en la Usac.

Diversas voces del ámbito académico y social insistieron en reconstruir la confianza en los procedimientos universitarios para devolver legitimidad a las decisiones institucionales.

El informe presentado ante la OEA señaló que Guatemala atraviesa una “etapa decisiva” marcada por la renovación de autoridades clave: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el fiscal general y el contralor general.

En respuesta a las irregularidades detectadas por la misión especial de la OEA, se detalló que el proceso electoral en la Usac excluyó a sectores opositores, lo que puso en duda la legalidad del resultado y habilitó la continuidad de Mazariegos al frente de la universidad pese a las advertencias internacionales.

Evaluación de la OEA y desafíos institucionales

La representante de Guatemala ante la OEA, Claudia Escobar, y el propio Ayala Corao, expresaron que la renovación institucional en el país está acompañada de riesgos evidentes para la transparencia y la gobernabilidad.

El informe consignó antecedentes de politización que desembocaron en la criminalización de jueces, periodistas y miembros de la sociedad civil, así como en el debilitamiento de las garantías democráticas.

La misión de la OEA subrayó la necesidad de completar la integración de la Corte de Constitucionalidad, puntualizando que la toma de posesión, prevista para el 14 de abril, debe realizarse sin interferencias. Además, Ayala Corao remarcó que la Comisión de Postulación debe evaluar a los aspirantes a fiscal general con independencia, priorizando méritos y honorabilidad.

Al abordar lo sucedido en la Usac, la misión especial de la OEA determinó que la reelección de Walter Mazariegos como rector estuvo rodeada de irregularidades, violencia y exclusión de opositores, factores que impulsaron la intervención de organizaciones internacionales para exigir respeto a la legalidad.

Observación internacional y perspectiva democrática

La OEA interpretó la crisis en la Usac como un reflejo del actual estado de la democracia en Guatemala. Los pronunciamientos de actores internacionales han puesto el foco en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para asegurar que los procesos institucionales respondan a los principios de legalidad y transparencia.

La misión especial de la OEA confirmó una nueva visita a Guatemala del 14 al 16 de abril, con el objetivo de observar los procesos de elección y toma de posesión en las instituciones clave del país. La comunidad internacional y los sectores universitarios mantienen la atención sobre la evolución de estos hechos, convencidos de que el desenlace tendrá repercusiones en la gobernabilidad y la confianza pública en las instituciones guatemaltecas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó su agradecimiento a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) por el envío de observadores internacionales para acompañar el proceso electoral en Perú. El presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó durante la inauguración oficial del Programa de Observación Electoral Internacional que la presencia de estas misiones representa una garantía del estado de derecho y del compromiso internacional con la democracia en la región.

En su intervención, Burneo señaló que tanto el JNE como el sistema electoral peruano actúan con transparencia, imparcialidad y profesionalismo, subrayando que el desarrollo de los comicios cuenta con la vigilancia de organismos reconocidos a nivel global. “Este domingo 12 de abril no solo es el día de las elecciones sino el día en que el Perú marca su nuevo destino”, afirmó Burneo, citado por Andina.

Observadores internacionales y capacitación

En marzo, el JNE organizó una capacitación dirigida a observadores internacionales. El curso incluyó sesiones sobre el marco legal electoral, los procedimientos que rigen la jornada y la metodología utilizada en la observación. Esta iniciativa, busca dotar a los participantes de herramientas para evaluar el proceso con criterios objetivos y técnicos.

La misión de la Unión Europea, liderada por la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, completó su despliegue este miércoles. De acuerdo con información difundida por Andina, el equipo está integrado por 150 observadores distribuidos en las 25 regiones del país. Su labor consiste en acompañar la apertura de las urnas, seguir el desarrollo de la votación, observar el cierre de las ánforas, el conteo de votos y la publicación de los resultados oficiales.

Despliegue de la OEA y cobertura electoral

Por su parte, la misión de la OEA, encabezada por Víctor Rico Frontaura, inició su trabajo en Perú con la participación de más de 90 expertos provenientes de 22 países. Según lo informado por Andina, esta delegación evaluará aspectos como organización, tecnología electoral, justicia, financiamiento y participación política durante la jornada. Ambas misiones presentarán informes preliminares al finalizar el día, acompañados de recomendaciones orientadas a fortalecer el proceso electoral.

Los observadores internacionales estarán presentes en todas las etapas del proceso electoral. Desde la apertura de las urnas hasta el cierre y conteo de votos, el seguimiento busca garantizar la autenticidad, transparencia y legitimidad de los resultados. El jefe adjunto de la misión europea, Alexander Gray, señaló que dos días después de los comicios se presentarán los primeros hallazgos en una conferencia de prensa.

Participación ciudadana

Más de 27 millones de peruanos han sido convocados a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales. El proceso incluye la elección de presidente, dos vicepresidentes, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, y cinco representantes para el Parlamento Andino.

Según declaraciones recogidas por Andina, se prevé la posibilidad de una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, la cual se celebrará el 7 de junio. Las observaciones de las misiones internacionales, tanto de la UE como de la OEA, servirán como insumo para mejorar la organización de esta eventual segunda ronda y fortalecer la confianza en el proceso democrático peruano.

La 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Panamá del 22 al 24 de junio próximo, en el país, se verá engalanada con la selección de unas 60 obras de artistas panameños que se encuentran en el Museo de Arte de las Américas, en Washington, Estados Unidos.

La propuesta de traer las obras de artes de artistas panameños se dio durante la visita al país de la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, y de la directora del Museo de Arte de las Américas, Adriana Ospina, quienes recorrieron la Ciudad de las Artes como parte de la agenda preparatoria de la Asamblea General.

Gil destacó el valor de la Ciudad de las Artes como referente regional en formación artística, señalando que “es un ejemplo a nivel latinoamericano”.

En la galería de arte de la OEA han expuesto artistas de la plástica panameña que han contribuido al desarrollo de pintura local, con proyección internacional.

Entre ellos destacan Alfredo Sinclair Ballesteros (1914-2014), considerado el primer panameño en explorar el expresionismo abstracto, y Mario Calvit (1933-2021), pintor y escultor asociado con el realismo y el neorealismo, conocido por sus paisajes, figuras humanas y caballos salvajes.

También han expuesto sus obras Manuel Chong Neto, Antonio Alvarado y Alberto Dutary, así como Luis Aguilar Ponce y Guillermo Trujillo.

En esta oportunidad la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) cobra un significado mayor al coincidir con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar.

Aquel encuentro pionero sembró las semillas del multilateralismo americano, promoviendo la unidad, la paz, la soberanía y la cooperación entre las naciones del continente, ideales fundamentales de la OEA.

La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución declarando el 2026 como el “Año conmemorativo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”, lo que convierte esta cita en una oportunidad única para reflexionar sobre el legado bolivariano y reafirmar el compromiso colectivo con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la integración regional.

En la agenda cultural del país el Ministerio de Cultura anunció la apertura de la segunda convocatoria del Concurso Internacional para la selección del director(a) titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, temporada 2026.

La convocatoria, publicada en la Gaceta Oficial, invita a directores y directoras de trayectoria nacional e internacional a formar parte de un proceso competitivo que posiciona a Panamá como un referente cultural en la región.

La convocatoria exige formación académica en dirección orquestal, experiencia comprobada en escenarios nacionales e internacionales, una hoja de vida artística actualizada y la presentación de un proyecto artístico que plantee su visión para el desarrollo de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El repertorio del concurso incluirá obras emblemáticas de grandes compositores universales como Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky, Johannes Brahms y Claude Debussy, lo que garantizará un alto nivel técnico y artístico en cada etapa del certamen.

Los participantes serán evaluados por un jurado integrado por tres especialistas: un representante nacional y dos jurados internacionales, asegurando un proceso transparente, riguroso y de alto nivel.

Con esta convocatoria del Concurso Internacional para la selección del director(a) titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, temporada 2026, el Ministerio de Cultura señaló que continúa impulsando iniciativas que fortalecen la institucionalidad cultural, promueven el talento y consolidan a la Sinfónica como un referente artístico dentro y fuera del país.

El Gobierno de Costa Rica resolvió retirar la representación del país del foro especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para temas de derechos de la población LGBTIQ+, una decisión que marca un giro en la política exterior costarricense en materia de derechos humanos y diversidad.

La medida fue confirmada por el canciller Arnoldo André durante una entrevista en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental. Según explicó el jerarca, la decisión responde a la necesidad de priorizar los recursos diplomáticos en asuntos que el Ejecutivo considera más urgentes, en un contexto de limitaciones institucionales y redefinición de prioridades a nivel internacional.

La determinación se produce, además, a menos de un mes de que concluya la actual administración, lo que añade un componente político al anuncio, al anticipar un posible cambio en la agenda internacional del país.

Con esta decisión, Costa Rica deja de participar en el denominado Core Group LGBTIQ-OEA, un espacio de articulación regional que durante años ha servido para el intercambio de experiencias, la discusión de políticas públicas y la promoción de derechos para personas de la diversidad sexual en el continente.

La retirada fue comunicada formalmente por la embajadora costarricense ante la OEA, Alejandra Solano, cerrando así un ciclo de aproximadamente una década en la que el país tuvo un rol activo dentro de este foro.

Durante ese periodo, Costa Rica fue considerado uno de los Estados con mayor compromiso en la promoción de derechos humanos en la región, especialmente en temas vinculados a la población LGBTIQ+.

El canciller André justificó la decisión señalando que, desde la perspectiva del Gobierno, el país ha alcanzado un nivel suficiente de protección normativa para las minorías.

“Consideramos que los esfuerzos de nuestros diplomáticos deberían dirigirse más hacia los temas de actualidad y de urgencia y, por lo tanto, decidimos no participar activamente más en ese grupo”, indicó el canciller durante la entrevista.

Contexto regional y señales políticas

El retiro de Costa Rica no ocurre en un vacío regional. De acuerdo con el Semanario Universidad, la decisión se enmarca en una serie de movimientos similares impulsados por gobiernos de corte conservador en América Latina, que han replanteado su participación en espacios multilaterales relacionados con derechos de la diversidad sexual.

Uno de los ejemplos más recientes es el de Chile, cuyo nuevo gobierno, encabezado por José Antonio Kast, optó por no suscribir una declaración de la OEA en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+, rompiendo así con una línea de respaldo sostenida durante casi una década.

Este tipo de decisiones ha sido interpretado por analistas como una señal de reconfiguración de alianzas políticas y prioridades ideológicas en la región. En el caso costarricense, también se ha señalado la cercanía política evidenciada en la asistencia del presidente Rodrigo Chaves y de la presidenta electa Laura Fernández a la investidura de Kast, lo que algunos sectores interpretan como un indicio de afinidad en determinadas agendas.

Implicaciones de la salida

Durante su participación en el Core Group LGBTIQ-OEA, Costa Rica formó parte de un mecanismo clave para el intercambio de buenas prácticas, el seguimiento de avances en derechos humanos y la coordinación de iniciativas entre Estados miembros.

La salida del país implica, en términos prácticos, el abandono de uno de los principales espacios regionales de diálogo sobre diversidad sexual, lo que podría limitar su incidencia en la construcción de políticas internacionales en esta materia.

Aunque el Gobierno sostiene que se trata de una decisión estratégica orientada a optimizar recursos y concentrar esfuerzos en otros temas prioritarios, críticos advierten que podría interpretarse como un retroceso en el posicionamiento histórico del país como referente regional en derechos humanos.

Más de 150 observadores internacionales enviados por la Unión Europea, la OEA y sus equipos técnicos, velarán por la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones generales el próximo 12 de abril. Ambos organismos ya iniciaron el despliegue de sus misiones en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la legitimidad de las elecciones generales.

La Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea completó la llegada de sus integrantes con el arribo de los observadores de corto plazo, quienes se movilizan hacia distintas regiones del país. Alexander Gray, jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, señaló que este grupo se suma a los 10 observadores analistas y 50 de largo plazo que trabajan desde hace tres semanas.

“Hoy estamos desplegando nuestros observadores de corto plazo, que han llegado al país hace tres días y han realizado una capacitación para prepararse para la jornada electoral. Su tarea es reforzar el trabajo que llevamos haciendo desde hace dos meses en el país”, detalló Gray en declaraciones a la prensa.

La misión europea prevé superar los 150 observadores distribuidos en todo Perú el día de los comicios. En los días previos a la votación, se incorporará una delegación de eurodiputados y diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea, quienes reforzarán la cobertura del proceso. El equipo de la UE permanecerá en el país hasta el cierre definitivo del proceso electoral y, en caso de una segunda vuelta, hasta finales de junio.

El trabajo de la misión internacional incluye la visita a jurados Electorales Especiales (JEE) y oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), así como reuniones con diferentes actores involucrados. Desde 2001, la Unión Europea ha participado en diversas elecciones peruanas.

Según Gray “en Perú, muchas de las recomendaciones que hemos hecho en el transcurso de los últimos 20 años han sido tomadas en cuenta e implementadas”.

La vigésima cuarta misión de la OEA y el despliegue internacional

En simultáneo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó su misión de observación electoral, encabezada por Víctor Rico Frontaura. Este grupo cuenta con un equipo técnico compuesto por más de 90 observadores y especialistas de 22 países. Es la vigésima cuarta vez que la Organización de los Estados Americanos observa un proceso electoral en Perú.

El equipo de la OEA mantendrá reuniones con autoridades electorales, candidaturas, representantes de la sociedad civil, miembros de la comunidad internacional y otros actores relevantes, para obtener diferentes perspectivas sobre el desarrollo de las elecciones.

“El equipo de especialistas de la Misión realizará un análisis exhaustivo e integral de aspectos fundamentales del proceso electoral peruano en áreas como organización electoral. Tecnología electoral. Justicia electoral. Financiamiento político-electoral. Participación política de las mujeres. Participación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Campañas, medios y comunicación digital. Violencia electoral, entre otros”, indicó la OEA.

Una vez concluida la jornada electoral del 12 de abril, la misión de la OEA difundirá un informe preliminar con los hallazgos y recomendaciones. Ambos organismos han confirmado su compromiso con la transparencia y la imparcialidad en el proceso, y pidieron la colaboración de las autoridades nacionales y de la ciudadanía durante el desarrollo de las elecciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano autónomo de la OEA) ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ampliación inmediata de las medidas provisionales para proteger a cinco disidentes nicaragüenses detenidos. El pedido surge ante la posibilidad real de daños irreparables para su integridad y derechos, derivada de una política de persecución sistemática ejercida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra más de cien opositores en los últimos ocho años, según informó la CIDH en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Entre estos beneficiarios se encuentran figuras con relevancia política y social dentro de Nicaragua: el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, quien fuera asesor presidencial y delegado de inversiones bajo el gobierno de Ortega; su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy; el coronel en retiro Carlos Brenes; su esposa Salvadora Martínez; y el opositor Larry Martínez.

La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, autoridad estatal encargada de la investigación y persecución penal, los identifica como presuntos creadores de “20 sociedades de papel” para lavar dinero y evadir impuestos. Tres de los mencionados tienen más de 65 años, lo que incrementa la urgencia por su estado de salud, de acuerdo a la Comisión. La organización Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, con sede en Costa Rica, confirmó los antecedentes y detenciones.

El paradero y las condiciones de reclusión de algunos de estos opositores generan especial preocupación en la comunidad internacional. El informe de la CIDH documentó que Baltodano Cantarero y su hijo permanecen en el centro de detención La Modelo, después de más de cinco meses desaparecidos; existen alegatos consistentes sobre falta de atención médica adecuada.

En el caso de Brenes, su esposa y Martínez, la Comisión señaló que sus ubicaciones permanecen desconocidas desde su detención, situación que incrementa el riesgo de violaciones graves a sus derechos.

Ante ello, la CIDH pidió a la Corte IDH ampliar las medidas provisionales a favor de estos cinco disidentes nicaragüenses por riesgo grave e inminente a su vida e integridad. Algunos llevan meses detenidos o con paradero desconocido, y la CIDH acusa al Estado de Nicaragua de no presentar pruebas de protección o investigación.

De acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 27 de su Reglamento, la CIDH sostuvo que el Estado de Nicaragua no ha emitido respuesta ni adoptado medidas para disminuir los riesgos mencionados, ni ha informado avances en la investigación.

Por esto, solicitó que la Corte IDH garantice la protección inmediata de la vida, integridad, salud y libertad personal de los cinco disidentes, además de requerir un informe oficial sobre su paradero o lugar de detención.

El contexto de la persecución a la disidencia y la reacción internacional

Las medidas provisionales que puede dictar la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio y se reservan a escenarios de gravedad y urgencia comprobada. La petición de la Comisión se produce en un contexto signado por la crisis social y política en Nicaragua desde abril de 2018, con un marcado agravamiento tras los comicios generales del 7 de noviembre de 2021.

En dichas elecciones, Ortega —con ochenta años y en el poder desde 2007— fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en una votación denunciada internacionalmente por la exclusión de sus principales rivales a través de arrestos y expulsiones. Conforme a la información recabada por EFE, un centenar de opositores, despojados de nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”, siguen sometidos a procesos judiciales y encarcelamientos.

Ante esa situación, la iniciativa de la CIDH y el recurso ante la Corte IDH se configuran como las principales instancias de protección para quienes enfrentan el peligro de desaparición o de condiciones carcelarias severas. La Comisión, por su parte, recalcó que sus gestiones formales y solicitudes de información al Estado de Nicaragua no han obtenido ninguna prueba concreta sobre la adopción de medidas de protección ni avances en los procesos judiciales.

La tarde de este 1 de abril de 2026, el embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas Rodríguez, alertó sobre la existencia de una cuenta falsa a su nombre en Facebook:

“Alerto sobre la apertura de una cuenta falsa de Facebook a mi nombre. Solicito hacer caso omiso de cualquier comunicación proveniente de dicha cuenta, en tanto es bloqueada”.

En la captura de pantalla compartida por el funcionario se puede ver que los ciberdelincuentes envían mensajes a usuarios de la red, en el que invitan a formar parte de un grupo en WhatsApp:

“Hola a todos. Para agradecer a nuestros seguidores su apoyo, el analista principal de mi equipo y yo creamos recientemente un grupo de aprendizaje en WhatsApp. En este grupo, compartiremos ideas y estrategias sobre acciones, bonos, criptomonedas y ETF. Unirse es totalmente gratis. Si te interesa participar, responde ‘Sí’”.

Podrían cometer fraude a nombre de funcionarios

Desde hace varios años y con el avance de la tecnología, sobre todo en Inteligencia Artificial, los funcionarios y las dependencias públicas se han convertido en blanco fácil de los ciberdelincuentes, quienes buscan cometer fraudes a través de la suplantación de identidad.

En 2023 se registró aumento sostenido en la aparición de sitios web que aparentan pertenecer a instituciones oficiales, perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, así como el uso de documentos y correos electrónicos apócrifos.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado detectó que estas plataformas buscaban realizar transacciones fraudulentas bajo la fachada de donaciones o de operaciones de compra-venta de bienes muebles e inmuebles, además de sustraer información y ejecutar fraudes cibernéticos dirigidos tanto a instituciones de gobierno como a particulares y a la ciudadanía en general.

Tan solo en ese año, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado identificó y denunció 83 sitios web falsos, junto con 23 perfiles apócrifos en redes sociales, de los cuales 21 correspondieron a Facebook y 2 a canales de YouTube.

Frente a este contexto, el Instituto advirtió a la ciudadanía para no caer en este tipo de dinámicas que podrían conllevar la pérdida de dinero, bienes o la identidad.

¿Qué hacer ante los sitios falsos?

Debido a que esta práctica se sigue repitiendo, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para la ciudadanía, dependencias o funcionarios públicos que se tomen con esta problemática:

1. Reportar en las redes sociales oficiales Facebook, Twitter o Instagram.
2. Denunciar ante la Fiscalía más cercana a tu domicilio, consulta el listado en https://bit.ly/fiscalias para conocer a cuál debes acudir.
3. Revisar periódicamente el listado de páginas falsas que actualizamos cada mes, en este sitio https://bit.ly/sitiosfalsos
4. Compartir esta información en tus redes sociales para alertar a más personas.

El Gobierno venezolano afirmó este martes que la Organización de los Estados Americanos (OEA) “carece de toda competencia para pronunciarse” sobre los asuntos internos del país, tras el llamado del organismo a las autoridades venezolanas para garantizar la transparencia en la elección del fiscal general y el defensor del pueblo.

A través de redes sociales, el canciller Yván Gil subrayó que Venezuela “no forma parte” de la OEA y calificó como “profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional”.

El ministro añadió: “Sorprende que el actual secretario general pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor, Luis Almagro. Venezuela continuará su curso de autodeterminación, derecho inalienable de su pueblo”. Gil acompañó su mensaje con una captura de la publicación en X del líder de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, sobre la que escribió la palabra “desatinado”.

En la red social, Ramdin señaló que las autoridades de Venezuela “deben asegurar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana”.

En días recientes, 11 ONG venezolanas denunciaron la “ausencia de reglas claras y públicas” respecto al procedimiento y los criterios de evaluación, y advirtieron que no se ha publicado el reglamento, el cronograma ni el “baremo que será utilizado para evaluar las credenciales”.

El proceso comenzó tras la dimisión de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos cercanos al chavismo y quienes ocupaban los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente, hasta febrero pasado.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, informó el viernes que se recibieron 21 nuevas postulaciones: 18 para defensor del pueblo y 3 para fiscal general, luego de una prórroga de 48 horas concluida el jueves.

Entre los postulados para defensor del pueblo figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del ex ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente se inscribió pero se retiró posteriormente de la contienda.

En total, la Defensoría del Pueblo registra 78 postulaciones, mientras que la Fiscalía General tiene 76 aspirantes.

El proceso ocurre en el contexto de la amnistía aprobada en febrero, que habilita, en principio, liberaciones de presos políticos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 hechos distribuidos en 13 años.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este martes a las autoridades de Venezuela a asegurar la transparencia en el proceso de elección del fiscal general y del defensor del pueblo.

Esta demanda se produce tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a la cabeza de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, puestos clave en la estructura institucional del país.

El llamado de la OEA se difundió a través de un mensaje de Ramdin en la red social X, donde subrayó la necesidad de que los procedimientos de designación respeten estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana. Este reclamo surge en medio de denuncias sobre la falta de imparcialidad en la conducción de los procesos judiciales venezolanos.

El proceso para seleccionar a los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo se inició tras la dimisión de los funcionarios, quienes llevaban casi una década al frente de estos organismos.

Durante su gestión, Saab reforzó la alineación institucional con el chavismo y asumió tareas de respuesta ante denuncias de corrupción y detenciones masivas en protestas ciudadanas.

Ruiz, por su parte, fue cuestionado por organizaciones civiles y multilaterales debido a la falta de independencia en su labor desde 2017.

La Asamblea Nacional reportó la recepción de 21 postulaciones nuevas: 18 para defensor del pueblo y tres para fiscal general. Entre los postulantes figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se presentó al cargo, pero luego se retiró.

Además, la exdiputada opositora Marialbert Barrios aparece entre los aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Según cifras oficiales, existen 78 postulaciones para la Defensoría y 76 para la Fiscalía.

Durante la gestión de Saab, el Ministerio Público aseguró haber atendido a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017 y puso en marcha programas de justicia comunitaria que beneficiaron a más de 1,2 millones de personas. Saab anunció excarcelaciones a inicios de año, indicando que se tramitaron más de 400 medidas de liberación desde diciembre, en el marco de acciones para la “pacificación total del país”.

En octubre de 2024, la Asamblea Nacional había extendido el mandato de Saab hasta 2031. Sin embargo, la coyuntura generada tras la captura del dictador Nicolás Maduro y la instauración del gobierno de transición tutelado de Delcy Rodríguez precipitó la salida de ambos funcionarios.

El proceso de selección ha sido cuestionado por al menos una decena de organizaciones no gubernamentales, que denunciaron la ausencia de reglas claras y públicas para el procedimiento y los criterios de evaluación.

Dos relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos solicitaron al gobierno de transición venezolano que garantice que los nuevos titulares sean elegidos conforme a sus méritos e integridad probada.

(Con información de EFE)

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) determinó repetir este domingo 5 de abril la votación de las elecciones autonómicas en 29 mesas de sufragio, debido a fallas como la distribución de papeletas erróneas en algunos municipios. Este proceso está contemplado en el calendario electoral y no modificará el balotaje para la Gobernación previsto para el 19 del mismo mes.

El presidente del TED, Marco Monasterio, explicó que se trata de cuatro mesas de sufragio en Santa Cruz de la Sierra, 22 en el municipio de San Ignacio de Velasco y tres en San Javier.

Sobre el error de las papeletas, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) remarcó que “generó descontento social” y que “por la distancia y dificultad de acceso a la zona, el error no pudo subsanarse durante la jornada”.

Los resultados de estas votaciones permitirán cerrar el cómputo oficial de las elecciones municipales y departamentales. Sin embargo, salvo en el caso de la alcaldía de San Ignacio de Velasco, la votación no será determinante para el resultado final porque los porcentajes actuales tienen una tendencia irreversible.

El 22 de marzo, 7,4 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir a más de 5.000 autoridades autonómicas entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales. Esta elección fue la primera a nivel regional que se dio en un escenario político distinto, marcado por el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y con expectativa por la nueva distribución de recursos públicos y la profundización de la autonomía de las regiones.

Con el MAS fuera de las papeletas y una multiplicidad de partidos y candidatos, el presidente Rodrigo Paz conformó una alianza a la que denominó “Patria” y que estuvo conformada por la fuerza política de su aliado Samuel Doria Medina y el histórico Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido que lideró su padre —el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993)— y que resucitó luego de casi 20 años de proscripción.

Los resultados de las elecciones autonómicas muestran que Patria está lejos de formar una nueva hegemonía en el país, porque solo obtuvo la alcaldía de una ciudad capital y cinco de sus candidatos a gobernador deberán disputar el puesto en la segunda vuelta.

Uno de los resultados sorpresivos se dio precisamente en Santa Cruz, el departamento más extenso y poblado del país, donde uno de los principales aliados del Gobierno, el actual gobernador Luis Fernando Camacho, buscaba la reelección y quedó en tercer lugar, pese a ser el favorito en las encuestas. Su lugar será ocupado por Juan Pablo Velasco u Otto Ritter, que irán al balotaje dentro de tres semanas.

En Cochabamba, otra de las regiones del denominado “eje central”, ganó en primera vuelta el dirigente cocalero y alfil de Evo Morales, Leonardo Loza. En tanto en La Paz, el departamento que alberga a la sede de Gobierno, ganó el exalcalde Luis Revilla, de la oficialista Patria, pero con un porcentaje insuficiente para evitar el balotaje.

Este proceso electoral estuvo marcado por incertidumbre debido a inhabilitaciones tardías, cancelación de personerías jurídicas y acefalías en tribunales electorales departamentales. La OEA recomendó en su informe establecer normas claras, habilitar un periodo en el calendario para la subsanación de requisitos de postulación, reformar el marco normativo para asegurar que el organismo electoral esté completo antes del inicio de un proceso electoral, entre otras acciones.

La culminación de este proceso electoral, que definirá la conformación del poder territorial para el próximo quinquenio, está prevista para mayo cuando tomen posesión las nuevas autoridades electas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un documento que destaca el papel de las mujeres en el multilateralismo, señalando cómo las políticas y acciones de la institución impulsan avances para las mujeres en el continente americano, desde su acceso a la educación y el empleo, el liderazgo empresarial y político, hasta la consolidación de su participación y toma de decisiones tanto en la esfera pública como privada.

Este informe expone que, si bien la igualdad está estipulada en la carta fundacional de la OEA desde 1948, la presencia, el liderazgo y la participación de las mujeres en espacios multilaterales continúan siendo una meta pendiente en la región y en el mundo.

Las barreras numéricas en organismos internacionales y la región

El informe Las mujeres en el multilateralismo 2026 detalla que la representación femenina en instancias internacionales sigue siendo reducida.

Desde 1946, solo cinco mujeres frente a setenta y cinco hombres han presidido la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que ninguna haya alcanzado el cargo de Secretaria General.

Además, apenas el 7% de los más de 2.800 Representantes Permanentes ante las Naciones Unidas desde 1947 han sido mujeres, y setenta y tres países, que representan el 38% de los Estados miembros, nunca nombraron a una embajadora como representante permanente.

La tendencia se repite en América Latina. Entre los 33 Representantes Permanentes ante la OEA, únicamente ocho son mujeres (24%). La Secretaría General del organismo tampoco ha tenido nunca una titular mujer.

Embajadoras centroamericanas relatan experiencias y desafíos

Diversas embajadoras centroamericanas aportan una visión directa sobre los desafíos y logros del multilateralismo. La embajadora Alejandra Solano Cabalceta, representante permanente de Costa Rica, manifestó que su cargo le ha permitido “contribuir al diálogo y la cooperación entre los Estados miembros” e impulsar iniciativas que visibilizan el liderazgo femenino.

Relató el cambio de nombre de la galería de las Heroínas y los Héroes de las Américas en la sede de la organización y la incorporación de retratos de figuras como Ángela Acuña Braun.

En su presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios, organizó una sesión para discutir el impacto de la migración sobre mujeres y niñas, y en el Consejo Permanente impulsó la declaración “La OEA: Espacio Seguro para Todas las Mujeres”.

Según Solano Cabalceta, “el multilateralismo acerca los acuerdos políticos a la vida diaria” y permite construir sociedades más inclusivas.

Wendy Jeannette Acevedo, embajadora de El Salvador, destacó el papel de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) como pionera en garantizar derechos y ciudadanía plena a las mujeres del hemisferio.

Acevedo señaló la Convención de Belém do Pará como referente internacional para asegurar “el derecho a una vida libre de violencia” y fortalecer instituciones. Aseguró que los marcos jurídicos y la cooperación logrados por la CIM se traducen en agendas nacionales de seguridad y autonomía femenina.

La embajadora de Guatemala, Claudia Escobar Mejía, sostuvo que la OEA avanza en los derechos de las mujeres al transformar consensos en estándares y mecanismos de rendición de cuentas. Puntualizó que la CIM articula pruebas y buenas prácticas, además de impulsar políticas para la igualdad y participación.

Escobar Mejía citó su labor en el Panel de Alto Nivel sobre Nuevos Retos para la Democracia y la Igualdad en las Américas (La Antigua, 2025), donde se abordaron temas como la paridad, la seguridad con perspectiva de igualdad y la gobernanza digital vinculada a la inteligencia artificial.

Para la embajadora Ana Irene Delgado de Panamá, la OEA ha representado un espacio donde la normativa se traduce en herramientas de protección real, con logros como la tipificación del femicidio y el avance en la paridad dentro del servicio exterior.

Delgado narró que presidir la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Comisión de Asuntos Migratorios le permitió evidenciar el impacto de políticas multilaterales en la vida de mujeres migrantes y víctimas de violencia. Para Delgado, estos avances resultan de años de diálogo y compromiso, con el multilateralismo materializándose a través de la cooperación.

Desde la República Dominicana, la embajadora Mayerlyn Cordero Díaz destacó que la acción de la OEA posicionó los derechos civiles, políticos y económicos de las mujeres y amplió su protagonismo en la democracia y el desarrollo sostenible.

Afirmó que la CIM hizo visible la desigualdad en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según Cordero Díaz, “el reconocimiento de la economía de los cuidados, como un pilar del bienestar social, ha permitido avanzar hacia políticas públicas” de corresponsabilidad. Dijo que en su país se lograron leyes de paridad, impulso a la autonomía económica y programas como Canasta Digital Social 3.0 para la inclusión en la economía digital.

Persisten retos pese a los avances normativos regionales

De acuerdo al documento de la OEA, la normativa y los instrumentos regionales —como la Convención de Belém do Pará— han sido clave para el progreso, pero la representación de mujeres en cargos de decisión multilaterales sigue siendo limitada. Los registros demuestran que ni en el sistema interamericano ni en el global una mujer ha llegado a liderar la Secretaría General, y menos de un cuarto de los puestos de representación permanente están ocupados por mujeres.

Las experiencias de las diplomáticas centroamericanas respaldan la conclusión: “tanto el camino ya recorrido, como el que queda por recorrer, demandan la presencia, la participación sustantiva y el liderazgo de las mujeres”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene disponible su convocatoria 2026 de becas para profesionales colombianos que quieran cursar una maestría o un doctorado en el exterior —o de manera virtual— en universidades de países que hace parte de esa organización.

La ventana para aplicar ya está abierta desde el 2 de marzo y se cierra el 30 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m., hora Colombia. No hay prórroga anunciada. La OEA paga hasta 10.000 dólares estadounidenses por año para ayudar a financiar un posgrado de entre 12 y 24 meses.

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Ese dinero no llega en un cheque en blanco. Existe un orden de prioridades para usarlo: primero se cubre la matrícula universitaria, luego el seguro médico, después los gastos de manutención mensual, el tiquete aéreo si el programa es presencial, y por último materiales de estudio o libros.

Un punto que conviene subrayar es que la beca es complementaria, lo que significa que no está diseñada para cubrir el total de los gastos del beneficiario durante su estadía. Trámites migratorios, alojamiento, pasaporte y costos de admisión a las universidades corren a cuenta de quien resulte seleccionado. Es decir, contar con la beca no exime al estudiante de tener los recursos propios para sostener su vida en el exterior si el programa es presencial.

¿Quién puede aplicar?

El programa está dirigido a colombianos residentes en Colombia, mayores de 25 y menores de 55 años al cierre de la convocatoria. Ese rango de edad no tiene excepciones de ningún tipo.

Para optar por una maestría se requiere un título de pregrado con un promedio mínimo de 4,0 sobre 5,0. Para un doctorado, el requisito es contar con título de maestría, también con ese mismo promedio mínimo. Los certificados de especialización no son válidos como último nivel académico en ninguno de los dos casos.

Adicionalmente, el aspirante debe acreditar al menos 24 meses de experiencia profesional en áreas relacionadas con el programa que desea estudiar, contados desde la obtención del título universitario. Si el candidato trabajó en varias instituciones al mismo tiempo, ese período se cuenta una sola vez.

Antes de aplicar a la beca, el profesional ya debe haber sido admitido en una universidad de un país miembro de la OEA —distinta a cualquier institución colombiana— para iniciar estudios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, este será el filtro más determinante del proceso. Sin esa carta de admisión definitiva en la mano, la candidatura queda excluida de manera automática, sin posibilidad de subsanar el requisito después.

¿En qué áreas se puede estudiar?

Los programas deben estar relacionados con las prioridades del Plan Estratégico Integral de la OEA: cultura, educación, medio ambiente y desarrollo sostenible, turismo, desarrollo social y empleo, ciencia y tecnología, integración económica y fortalecimiento institucional democrático.

Este es otro punto crítico que hay que tener claro y es que el candidato debe registrarse simultáneamente en la plataforma del Icetex y en la plataforma propia de la OEA. Si solo se aplica en una de las dos podría quedar por fuera del proceso completo, sin importar qué tan sólida o completa esté su documentación.

Entre los documentos requeridos figuran: formulario oficial de la OEA diligenciado, carta de admisión de la universidad extranjera, cédula de ciudadanía, certificado oficial de notas, títulos académicos, certificados de experiencia laboral con descripción detallada de funciones, certificado de clasificación en el Sisbén IV vigencia 2025 y una factura de servicio público con no más de 60 días hábiles de expedición.

También se requiere un ensayo de motivación personal de entre 1.000 y 2.500 palabras, y dos cartas de recomendación —de docentes o empleadores— en los formatos establecidos por la OEA. Todos los archivos deben cargarse en formato PDF legible; los documentos con contraseña o errores de visualización serán descartados.

Los resultados de la Comisión Nacional de Becas se comunicarán por correo electrónico. La fecha en que esto ocurrirá está fijada para el 9 de abril de 2026.

La controversial decisión comunicada desde las disidencias de las Farc de impedir el ingreso de organismos humanitarios a territorios bajo el control “político y militar” del Estado Mayor Central (EMC), por “graves violaciones a la confianza y a la neutralidad”, generó una respuesta inmediata por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Defensoría del Pueblo y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El 18 de marzo de 2026, desde el EMC, bajo el mando de “Iván Mordisco”, emitieron un comunicado en el que anunciaron desde esa fecha la restricción para el ingreso de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) y la Defensoría del Pueblo no tendrían acceso a los territorios donde opera la disidencia. Únicamente otorgaron acceso a misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo estrictas condiciones.

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De manera paralela, los tres organismos concluyeron que la determinación subversiva se traduce en graves peligros para la población civil de estos territorios.

Esta medida, de acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, “vulnera el Derecho Internacional Humanitario” y atenta directamente contra las poblaciones al restringir el acompañamiento y monitoreo necesarios para la protección de los civiles que “ya están expuestos a violaciones de derechos Humanos”, agregó Marín en un comunicado oficial.

En diálogo con Caracol Radio, Marín afirmó que la imposición del grupo armado permitirá que las comunidades queden excluidas de “ayudas humanitarias, liberación de secuestrados o atención a heridos” en casos de operativos.

Además, la defensora negó las acusaciones del EMC que en su carta señalaron que en la Defensoría se emiten alertas tempranas “manipuladas”, y sostuvo que el trabajo de la institución es “imparcial, independiente y autónomo”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó en sus redes sociales el respaldo del Gobierno nacional a las labores de la Defensoría, la ONU y la OEA.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X el 19 de marzo, Benedetti aseguró que el Ejecutivo no cederá a las pretensiones guerrilleras y “dará las garantías necesarias para que continúen con sus labores en las regiones”. También convocó a una reunión extraordinaria para abordar la situación con representantes de los organismos afectados y el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón.

En el encuentro, reiteraron el llamado a los grupos armados ilegales para facilitar el tránsito de las instituciones y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Lo que dijeron desde la ONU y la OEA

Voceros de la Mapp/OEA también concluyeron con que las restricciones “afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”.

Afirmaron que tras 22 años no han filtrado información “para favorecer acciones militares, a través de su labor”, y que su mandato humanitario no había contado con bloqueos “gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales”.

Sin embargo, también harán caso omiso al anuncio de las disidencias y “continuarán haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.

Portavoces de la oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia también rechazaron el mensaje de los disidentes y expresaron preocupación. A través de un comunicado, exhortaron a los grupos armados a respetar sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario.

“Las restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil”, se leyó en el mensaje.

El proceso de diálogo entre el Gobierno y el EMC se rompió tras una serie de ataques contra la población civil, incluido el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule Paví en marzo de 2024. El territorio de Guaviare, junto con Cauca, Valle del Cauca y Nariño, sigue siendo escenario de confrontaciones entre facciones disidentes y de disputas por el control de economías ilegales.

El Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc liderada por “Iván Mordisco”, anunció una medida que incrementa la tensión con la comunidad internacional y el Estado colombiano: la restricción de acceso a organismos humanitarios y de verificación internacional en los territorios bajo su influencia.

A través de una misiva publicada en redes sociales, voceros del grupo armado comunicaron que la Misión de Verificación de la ONU, la Mapp-OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a las zonas donde el grupo guerrillero “desarrolla su actuar político y militar”.

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En su comunicado, el Estado Mayor Central sostuvo que la restricción está vigente “a partir de la fecha”, y que la medida obedece a “graves violaciones de confianza y neutralidad”.

“Desafortunadamente acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra (sic)”, afirmaron los portavoces del grupo armado.

De hecho, puntualizaron que las alertas tempranas que suelen emitir con frecuencia los voceros de la Defensoría del Pueblo han sido “manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las Farc-EP y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares”.

Los delincuentes señalaron y atribuyeron episodios de presuntas violaciones al derecho internacional humanitario a las organizaciones nombradas.

“Siempre hemos señalado el silencio casi cómplice de estos organismos frente a crímenes de estado o la violación al derecho internacional humanitario como en los casos de la muerte del menor de 10 años Dylan Cruz, y los tres civiles asesinados a manos de la fuerza pública en el corregimiento de El Plateado Argelia en el mes de enero, o los bombardeos contra civiles y menores de edad en el departamento del Guaviare, además de la estigmatización creciente contra las legítimas formas de resistencia del pueblo colombiano”, se leyó en el documento.

Además, reiteraron una presunta “filtración de información sensible desde misiones humanitarias” que estaría arriesgando no solo las fuerzas de las disidencias, sino a las comunidades, como se lee en la carta. Indicaron que el presunto espionaje se ha presentado en numerosas oportunidades.

La Cruz Roja puede entrar, pero con condiciones

En ese sentido, los integrantes del grupo de “Iván Mordisco” anunciaron que solo están dispuestos a “mantener” misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), pero con la condición de que la organización garantice “la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción”.

De acuerdo con el comunicado, la restricción tiene efectos directos sobre las poblaciones que habitan las zonas bajo influencia del grupo armado. La exclusión de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo limita la capacidad de monitoreo independiente y la presencia de mecanismos de protección y verificación de derechos humanos en contextos de conflicto armado.

El comunicado salió a la luz en medio de un incremento de operaciones militares y policiales en contra de este grupo armado y sus redes de apoyo que les permiten un contundente crecimiento financiero, incluso, en entornos urbanos como Bogotá y Medellín.

De manera paralela, uno de los operativos más contundentes en contra de las estructuras del Frente 36 ocurrió en Medellín, Antioquia, y fue confirmado por el alcalde Federico Gutiérrez, que informó que tras seis meses de investigación, una red criminal vinculada al mencionado Frente 36 fue desarticulada luego de que “operaba desde el Valle de Aburrá, utilizando inmuebles para logística, almacenamiento de armamento y coordinación de acciones terroristas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes la Resolución No. 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos, un documento que llega en un momento de alta presión para México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha exhibido como trofeos de su política de seguridad una serie de extradiciones masivas a Estados Unidos realizadas en tres tandas desde febrero de 2025, entregando a líderes del Cártel de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas, el Cártel del Golfo y la Organización Beltrán-Leyva, en operaciones que Washington celebró como “logros históricos” de la era Trump. A eso se suma una “reducción sostenida en homicidios dolosos” que el gabinete de seguridad presume como evidencia de que la estrategia funciona. Los números, vistos desde la superficie, parecen contundentes.

El crimen organizado, de amenaza emergente a crisis estructural

Pero la CIDH advierte que eso no es suficiente, y que nunca lo ha sido. El documento parte de reconocer que lo que en 2003 los Estados miembros de la OEA identificaron como una “nueva amenaza” para la seguridad hemisférica se ha convertido hoy en una crisis de otra magnitud. El crimen organizado ya no es solo un fenómeno delictivo contenible con detenciones y extradiciones; es una manifestación estructural de desigualdad, corrupción e impunidad que erosiona el Estado de derecho desde adentro. La CIDH identifica como factores que lo alimentan la pobreza, la debilidad institucional, la proliferación de armas y la falta de estrategias judiciales actualizadas, todos ellos presentes con intensidad en el contexto mexicano.

Justicia independiente y persecución financiera, las apuestas más urgentes

Entre las recomendaciones con mayor resonancia para México destacan las que exigen el fortalecimiento de la independencia judicial y la creación de unidades especializadas con autonomía real frente a la cooptación del crimen organizado. En un país donde el Operativo Enjambre documentó en 2025 que decenas de servidores públicos, entre ellos presidentes municipales y directores de seguridad, estaban vinculados a organizaciones criminales, esa recomendación no es abstracta. La CIDH también pide priorizar la investigación de flujos financieros ilícitos y el lavado de activos, persiguiendo no solo a ejecutores sino a los financiadores y facilitadores políticos de las redes.

Protección diferenciada para los más vulnerables

La resolución también insta a proteger de forma diferenciada a periodistas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas y afrodescendientes, grupos que en México han sufrido de manera desproporcionada la violencia criminal. Asimismo, llama a tipificar de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, una práctica documentada en Michoacán, Guerrero y Sinaloa, donde hallazgos como el del rancho Izaguirre en Teuchitlán revelaron en 2025 la escala del horror con que operan estas estructuras y en el que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado graves omisiones de la Fiscalía de Jalisco en la investigación del caso.

Prevención estructural frente al espectáculo punitivo

Frente al modelo que empuja Washington —donde Trump firmó el 7 de marzo una proclamación para crear la “Americas Counter Cartel Coalition” bajo una lógica de “hard power” militar— la CIDH es explícita: las estrategias represivas, militarizadas o basadas en estados de excepción no reducen la criminalidad ni atienden sus causas. Analistas advierten que las extradiciones exprés mexicanas, realizadas sin agotar recursos legales disponibles, funcionaron como gestos políticos dirigidos a la facción más dura del trumpismo, normalizando la idea de que la presión externa puede alterar el curso de la justicia interna. Para la CIDH, ese camino tiene un costo democrático alto. La resolución apuesta en cambio por políticas estructurales y preventivas, con participación comunitaria, persecución de redes financieras y reparación integral para las víctimas: un modelo que mide el éxito no en capos entregados, sino en comunidades efectivamente protegidas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este 5 de marzo su Opinión Consultiva 30, adoptada el 3 de diciembre de 2025, en la que establece las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego. El documento fue emitido en respuesta a una consulta que los Estados Unidos Mexicanos presentaron ante el organismo en noviembre de 2022.

Una consulta que nació en México

Fue el gobierno mexicano quien, hace poco más de tres años, solicitó a la Corte IDH que se pronunciara sobre este tema. El organismo decidió reformular y condensar las preguntas planteadas en un solo interrogante central: ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas? La respuesta quedó plasmada en la Opinión Consultiva 30.

El vínculo entre armas y derechos humanos

La Corte subrayó en su opinión el impacto directo que tiene el tráfico ilícito de armas sobre la violencia y la criminalidad, y cómo esto repercute en el goce de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. A partir de ese vínculo, el organismo determinó que los Estados tienen un deber de debida diligencia respecto de cualquier actividad que pueda derivar en tráfico ilícito de armas.

Cuatro obligaciones concretas para los Estados

La Corte identificó cuatro deberes principales que los Estados deben cumplir. El primero es regular y adoptar disposiciones en su derecho interno. El segundo es fiscalizar y supervisar las actividades de las empresas armamentistas, asegurándose de que cumplan con la regulación vigente y con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. El tercero es garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos vinculadas al tráfico de armas, tanto a nivel nacional como transnacional. El cuarto es cooperar internacionalmente, de buena fe, para prevenir el tráfico ilícito y su efecto en los niveles de violencia.

Rastreo, registro y evaluación de riesgos

Entre las medidas concretas que la Corte detalló, los Estados deben garantizar el marcaje, registro y rastreo de las armas de fuego, así como mantener información actualizada sobre su fabricación, localización, transferencias, confiscación y decomiso. Además, deben realizar procesos de evaluación de riesgos antes de autorizar importaciones o exportaciones de armas, y negar aquellas que puedan socavar la paz, facilitar violaciones al Derecho Internacional Humanitario o afectar a poblaciones vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Hasta el 30 de marzo de 2026, la Organización de Estados Americanos y el Icetex mantendrán abierta una convocatoria para becas dirigidas a personas colombianas interesadas en cursar maestrías o doctorados en universidades de diferentes países del continente americano, con un financiamiento que puede llegar hasta USD 10.000 al año, destinado a cubrir los derechos de matrícula y, en ciertos casos, otros gastos académicos.

El programa permite elegir entre estudios presenciales y virtuales en naciones como Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay, entre otras. La información fue difundida por el Icetex en su sitio web oficial.

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El monto máximo de la beca principal es de USD 10.000 anuales por estudiante, cubriendo prioritariamente la matrícula por un plazo mínimo de un año y máximo de dos.

Adicionalmente, existe la posibilidad de acceder a una beca complementaria de igual valor para gastos que se distribuyen, en este orden de prioridad: matrícula, seguro de salud, manutención mensual, pasajes aéreos y materiales de estudio.

Como requisito indispensable, quienes aspiren a estos fondos deben presentar la carta de admisión definitiva expedida por la universidad elegida, sin importar si forma parte o no del Consorcio de Universidades de la OEA. La ausencia de este documento lleva a la exclusión automática del proceso de selección.

No es posible postularse para realizar estudios en instituciones colombianas, ya que la convocatoria está restringida a instituciones de los Estados Miembros de la OEA.

Las becas abarcan una gama amplia de áreas de conocimiento. Según la página oficial del Icetex, se consideran elegibles disciplinas vinculadas a la cultura, el desarrollo e intercambio científico, la transferencia de tecnología, el desarrollo social y la creación de empleo productivo, el turismo sostenible, el desarrollo y protección ambiental, la diversificación económica, la integración y el acceso a mercados, la educación y el fortalecimiento de instituciones democráticas.

“Se dará preferencia a quienes cuenten con trayectoria profesional relacionada en el campo del programa académico a cursar. Es requisito indispensable que las personas aspirantes cuenten con la carta de admisión definitiva expedida por parte de cualquier institución académica de los Estados Miembros, incluyendo aquellas que participan en el Consorcio de Universidades de la OEA”, dice la información publicada en la página oficial del Icetex.

Pueden postularse únicamente personas colombianas que tengan entre 25 y 55 años al cierre de la convocatoria, es decir, hasta el 30 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m.. El promedio acumulado ponderado exigido es de 4.0 sobre 5.0, certificado por la entidad educativa correspondiente.

Para quienes buscan financiación para una maestría, se exige haber concluido y certificado los estudios de pregrado. Quienes aspiran a un doctorado deben acreditar una maestría finalizada.

Otro criterio esencial es comprobar al menos 24 meses de experiencia laboral en un área afín al objeto de estudios, contabilizados a partir de la fecha de obtención del título universitario. Aquellas personas con deudas previas con el Icetex no pueden hallarse en mora al cierre de la convocatoria.

“Experiencia profesional: La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional relacionada al objeto de estudios, contados a partir de la obtención del título de profesional universitario, en áreas relacionadas con el programa de maestría que desea cursar”, se observa en el portal del Icetex.

La postulación requiere completar un formulario de la OEA disponible en línea, y anexar varios documentos: copia digital de la cédula, certificado de notas, diploma universitario o de posgrado según corresponda, constancia de experiencia laboral, factura de un servicio público domiciliario (como energía eléctrica, gas o acueducto), copia del registro en el Sisbén en caso de estar inscrito, un ensayo motivacional y dos cartas de recomendación.

“Además de la postulación a través del Icetex, todas las personas aspirantes deberán aplicar en la plataforma de la OEA, donde deberán adjuntar toda la documentación allí requerida. Quienes no apliquen a través del Icetex no serán tenidos en cuenta por la OEA, y quienes apliquen únicamente en la plataforma de la OEA no serán tenidos en cuenta por el Icetex”, se agrega en el comunicado.

El trámite se realiza a través de la plataforma digital del Icetex, donde también se debe cargar la carta de admisión universitaria para que la postulación sea considerada válida.

Se excluyen automáticamente candidaturas que no cumplan con la presentación de cada uno de estos requisitos documentales en tiempo y forma, estableció el Icetex en la convocatoria oficial.

La petición fue dirigida a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, según informó a través de un video difundido en su cuenta de X.

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Luna explicó los motivos de su solicitud y expresó su posición frente a las afirmaciones del mandatario sobre el proceso electoral y el papel de la autoridad electoral en la organización de los comicios.

Solicitud ante organismos internacionales

A través de su mensaje público, David Luna afirmó: “Hoy solicité formalmente ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos una veeduría formal al proceso electoral colombiano. Lo hago porque cuando un presidente de la República pone en duda las elecciones sin pruebas, pone en duda la democracia”.

En su declaración, agregó: “Desde la presidencia y a través de discursos públicos, se lanzan sospechas sobre el software, sobre la organización electoral y sobre las autoridades. Y eso no es menor, mucho menos sin pruebas. Y en particular, el presidente de la República contradice las instrucciones del señor registrador nacional del Estado Civil, quien señaló que los formularios E-14 son la base de un conteo transparente de los votos. Mientras que la Registraduría promueve que las casillas sin votos se dejen en blanco, el presidente promueve lo contrario. Eso genera confusión, no solamente en los jurados, sino en las personas que realizan el conteo”.

El candidato también sostuvo: “Lo que está sembrando nuevamente es una duda, simplemente para tener una excusa en la derrota que va a sufrir. Un presidente no puede convertirse en juez del proceso democrático. Presidente, respete la independencia de los poderes. Yo respaldo frontalmente al señor registrador nacional del Estado Civil y a la organización electoral, y espero que todos los colombianos hagan lo propio. No podemos permitir dudas, ni mucho menos manipulación”.

El choque entre el presidente y el registrador

La solicitud de veeduría internacional se produce en medio del intercambio de declaraciones entre el presidente de la República y el registrador nacional del Estado Civil, en relación con el manejo de los formularios E-14 y la auditoría de los software utilizados en el proceso electoral.

El jueves 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: “No deben dejarse casilleros en blanco en los formularios, el software de Thomas and Gregg debe ser auditado por expertos a profundidad, el software de Indra ya es un resumen. No puede Thomas and Greg manejar software de cómputo electoral cuando al mismo tiempo maneja los datos de los colombianos por su incidencia en la cedulación permitida en la registraduría, y en los pasaportes, que aún quieren entregarles y aún mantiene la base de datos”.

El jefe de Estado también señaló: “En concreto una empresa privada sabe quienes con nombre propio están en el exterior, y si le dejan tambien, el software de cómputo, pueden hacerlo votar sin su consentimiento, solo poniendo su nombre y cédula en el formularios (sic)”.

Días antes, el martes 17 de febrero, el mandatario había escrito: “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral”. Y añadió: “Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

El jueves, durante la Cumbre de Gobernadores en Montería, el registrador nacional Hernán Penagos respondió a los cuestionamientos. En su intervención anunció que por primera vez los software electorales tendrán auditoría internacional en las elecciones de 2026: “Estamos trabajando en auditorías de sistemas con órganos internacionales y por primera vez, auditoría a los software. Vamos a convocar a organizaciones, partidos políticos, Contraloría, Procuraduría, veedurías para la exposición del código fuente de cada uno de los componentes de los software que maneja la Registraduría“.

“Y nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”, sentenció el funcionario.

En la noche del mismo día, el presidente respondió a las declaraciones del registrador, afirmando que “la Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la Registraduría cómo hacer las elecciones (...) Esto es una democracia”.

En su cuestionamiento a la integridad del software para la transmisión y cómputo de votos, el mandatario calificó de “mayor peligro de corrupción” el hecho de que una empresa privada gestione las bases de datos del país. Petro responsabilizó a Thomas Greg & Sons de entregar un sistema que identificó como defectuoso y alertó que solo haría falta un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato presidencial para manipular los resultados electorales.

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Según señaló, el software de la empresa se emplea no solo a nivel nacional, tambièn en municipios y departamentos: “No deben haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos”, advirtió el presidente en su cuenta de X. Añadió que el sistema, diferente al de Indra, que el Gobierno nacional compró para las elecciones de 2022, ya fue notificado como problemático.

Las declaraciones del jefe de Estado sobre el proceso electoral colombiano fueron interpretadas por el sector de oposición como una interferencia indebida y una actitud temeraria que pone en riesgo la confianza en la democracia.

Por esta razón, David Luna, candidato presidencial, hizo un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas para que adelanten una veeduría internacional rigurosa del proceso electoral colombiano, como garantía frente a cualquier intromisión indebida y asegurar transparencia, confianza y pleno respeto por la voluntad de los ciudadanos.

“Solicité formalmente ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos una veeduría formal al proceso electoral colombiano. Lo hago porque cuando un presidente de la República pone en duda las elecciones sin pruebas, pone en duda la democracia. Desde la presidencia y a través de discursos públicos, se lanzan sospechas sobre el software, sobre la organización electoral y sobre las autoridades. Y eso no es menor, mucho menos sin pruebas”.

Así mismo, expresó respaldo institucional al Registrador Nacional, como autoridad encargada de la organización electoral, y reitera la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger la democracia.

“Mientras que la Registraduría promueve que las casillas sin votos se dejen en blanco, el presidente promueve lo contrario. Eso genera confusión, no solamente en los jurados, sino en las personas que realizan el conteo. Lo que está sembrando nuevamente es una duda, simplemente para tener una excusa en la derrota que va a sufrir. Un presidente no puede convertirse en juez del proceso democrático”.

Y agregó: “Colombia no puede permitir que desde la Presidencia se debilite la confianza en las elecciones”.

Luna también advirtió que “como candidato presidencial, defenderé la democracia, la transparencia electoral y la independencia de nuestras instituciones”.

La reflexión de David Luna de cara a la consulta interpartidista

David Luna, en paralelo, hizo un llamado a los colombianos a no votar por Roy Barreras en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.

En su opinión, dicha decisión favorece a Iván Cepeda, por lo que recomendó sufragar de manera consciente y responsable.

“Votar por Roy para castigar a Petro, fortalece a Cepeda. Las consultas no pueden convertirse en escenarios de cálculo o revancha. Se vota por quien se quiere como Presidente, no por castigar a otro”.

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que el proceso que sigue el Congreso de la República de Guatemala para seleccionar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral puede poner en riesgo la independencia del organismo y afectar la confianza pública en la democracia del país. La entidad internacional recomendó de forma urgente elevar el rigor de los estándares aplicados en la designación de magistrados, señalando que la opacidad actual podría debilitar la legitimidad institucional a mediano y largo plazo.

En un informe dirigido a la Junta Directiva y los Jefes de Bloque parlamentarios, la OEA insistió en que los criterios adecuados para la selección son la idoneidad, la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas. Señaló que, en la etapa inicial del actual proceso, los procedimientos empleados no garantizan estos valores fundamentales, lo que facilita decisiones discrecionales y dificulta tanto el control ciudadano como el entendimiento colectivo del proceso.

Como resultado, la Misión detectó debilidades sustanciales en la fase de selección de candidatos. Subrayó la presencia de postulantes que enfrentan objeciones y señalamientos públicos graves, y alertó sobre el riesgo de que estos no sean investigados ni resueltos exhaustivamente. En muchos casos, las objeciones no reciben una revisión suficiente, lo que podría deteriorar la percepción de legitimidad de todo el proceso electoral.

Puntos críticos de la evaluación inicial y déficit de transparencia

La OEA señaló que la comisión postuladora del Congreso concedió prioridad a factores meramente administrativos para evaluar a los candidatos, dejando de lado la necesidad de asegurar perfiles independientes y honorables para integrar el Tribunal Supremo Electoral.

Según la Misión, la deliberación se lleva a cabo sin la necesaria publicidad ni justificaciones claras respecto a los resultados. Reclamó al Congreso: “Evitar decisiones percibidas como discrecionales o insuficientemente fundamentadas”, argumentando que la ciudadanía carece de acceso a información fundamental sobre el proceso y el historial de los postulantes.

Recomendaciones para el fortalecimiento institucional

La Misión Especial instó al Congreso a implementar cambios inmediatos en la etapa final de selección, haciendo hincapié en la realización pública de las entrevistas a los 20 nominados para las magistraturas titulares, suplentes y alternas. Solicitó que estas instancias sean abiertas, bajo reglas predefinidas, tiempos equitativos y preguntas orientadas a evaluar la independencia, integridad y capacidad técnico-jurídica de los aspirantes.

La OEA también pidió que el acceso a los expedientes, hojas de vida y criterios de evaluación sea completamente público. De este modo, la ciudadanía, los medios de comunicación y los observadores internacionales podrían verificar la consistencia y mérito de los postulantes en tiempo real.

Se enfatizó que los estándares de probidad y honorabilidad deben estar basados en criterios objetivos y no limitarse a formalidades legales, para garantizar una autoridad electoral sólida. Recomendó que la decisión final sobre los miembros del Tribunal Supremo Electoral se tome en sesiones públicas y con una motivación detallada y explícita para cada nombramiento.

El documento instó a “fortalecer la legitimidad del proceso, la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática”, destacando la importancia de permitir la participación de organismos independientes nacionales e internacionales como veedores del proceso.

Advertencias sobre el impacto futuro de la falta de transparencia

La Misión Especial advirtió que la debilidad en las entrevistas públicas y las herramientas de evaluación podría afectar la percepción de independencia del Tribunal Supremo Electoral ante la población. Indicó que la falta de mecanismos sólidos para asegurar la transparencia puede poner en duda la legitimidad de los próximos comicios y minar la confianza en la democracia guatemalteca.

En su exhortación al Congreso, la OEA precisó la obligación de realizar una sesión pública transparente y justificar las designaciones de las autoridades electorales bajo los más altos estándares internacionales de escrutinio.

(Desde Washington, Estados Unidos) El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, empuja una ofensiva política para remozar las instituciones del país, frente a las constantes denuncias de la fiscal general Consuelo Porras, que aprovecha su cargo para trabar un proceso democrático que es apoyado por la mayoría de los países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea.

La fiscal Porras intentó destituir varias veces al presidente Arévalo con presentaciones sin evidencia judicial y apoyadas por resortes de poder vinculados al crimen organizado y grupos de ultra derecha que resisten el cambio institucional.

La última batalla de la fiscal general contra Arévalo sucede durante la elección de los futuros miembros de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, una estructura clave en la pirámide judicial del país.

Arévalo estableció un proceso transparente para elegir a los futuros cinco miembros de la Corte de Constitucionalidad, mientras que Porras intentó trabar la elección de la representante del Colegio de Abogados, una prestigiosa profesional que tiene bajo investigación a la fiscal general.

Los otros cuatro miembros son elegidos por el Gobierno, la Corte Suprema, el Parlamento y los académicos, a través del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos

Pese a la intervención para ilegal de Porras, Astrid Lemus fue designada como representante del Colegio de Abogados por más de 1.200 votos frente a su principal competidor.

Desde Human Rights Watch, el subdirector para las Américas,Juan Pappier, enfatizó que “las trampas e intimidaciones no surtieron efecto”, en obvia referencia a las acciones que se urdieron en la fiscalía general de Guatemala.

En este contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una Misión Especial a Guatemala para monitorear el proceso electoral para designar a los futuros miembros de la Corte de Constitucionalidad.

La Misión Especial de la OEA cuestionó las actuaciones irregulares de la fiscal Porras para trabar la elección de la abogada Astrid Lemus, y a continuación en el foro regional se decidió que se tratará hoy la crisis política en Guatemala durante la sesión del Consejo Permanente.

Además de las exposiciones de los representantes de Costa Rica, Canadá, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Mexico y Panamá, que advirtieron sobre la inestabilidad institucional guatemalteca, se escucharon las exposiciones del canciller Carlos Martínez, la Presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, Patricia Gámez, y Astrid Lemus.

Sin mencionar a la fiscal Porras, el canciller Martínez describió la situación política e institucional en su país.

“Hoy Guatemala se encuentra ante una oportunidad histórica. Como ha señalado el Presidente de la República, estamos a las puertas de dejar atrás años de oscuridad institucional. Somos testigos de los embates de un grupo de individuos corruptos que se resisten a perder privilegios. Los próximos días, semanas y meses serán determinantes para que el país pueda liberarse de estructuras que han limitado el pleno desarrollo democrático y han obstaculizado la confianza ciudadana en sus instituciones", afirmó el Martínez ante el Consejo Permanente de la OEA.

A su turno, Gámez denunció en la OEA las maniobras ejecutadas por Porras para complicar la elección de la representante del Colegio de Abogados.

“La presencia fiscal se prolongó hasta aproximadamente las veintiuna horas, tiempo en el cual estuvieron presentes en las mesas de votación, grabando y tomando fotografías, procediendo a la incautación del teléfono del presidente del Tribunal Electoral, requiriendo el secuestro de cualquier teléfono, también de mi persona.”, aseguró Gámez.

Y para cerrar el círculo, frente a los actos extra legales ordenados por Porras para frenar la elección del representante de los abogados, la abogada Lemus sostuvo:

“Al pretender interrumpirla (la votación) se está pretendiendo también violentar el orden constitucional en la renovación de la Corte de Constitucionalidad y con ello atentar contra ese orden establecido constitucionalmente”.

Antes de concluir el tratamiento de la situación en Guatemala en el Consejo Permanente, tomó la palabra Albert Ramdin, secretario General de la OEA.

“La transparencia, el respeto al Estado de derecho y la participación ciudadana no son opcionales: son salvaguardas esenciales contra la captura institucional. Seguiremos monitoreando de cerca los acontecimientos y apoyando a Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, en plena conformidad con la Carta Democrática Interamericana”, enfatizó Ramdin.

El apoyo de la OEA al proceso de institucionalidad de Guatemala es firme, pero se trata de una instancia política que tiene final abierto.

Porras termina su mandato legal en mayo, y busca preservar sus espacios de poder.

Se presentó para integrar la futura Corte de Constitucionalidad como miembro académico, en una elección que sucedió hace pocas horas.

A Porras no le fue como esperaba. Nadie la voto.

Pero eso no significa que la crisis en Guatemala ya ha terminado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República la propuesta para nombrar a Luz Elena Baños Rivas como nueva embajadora de México en Guatemala, en un movimiento que busca reforzar la representación diplomática del país en Centroamérica. La diplomática fue hasta hace poco representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nombramiento fue remitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) y deberá ser analizado por las comisiones correspondientes del Senado antes de ser sometido a votación en el pleno, donde se determinará si la candidata cumple con los requisitos constitucionales y de idoneidad para ocupar el cargo.

De acuerdo con el calendario legislativo, la propuesta será presentada en la sesión de este martes 10 de febrero.

Una diplomática de carrera con trayectoria en la OEA

Luz Elena Baños Rivas es una embajadora de carrera del Servicio Exterior Mexicano (SEM), al que ingresó en diciembre de 1986. Es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito diplomático.

En 2018 ascendió al rango de embajadora, consolidando su posición dentro del cuerpo diplomático mexicano. Un año después, el 31 de mayo de 2019, fue designada como representante permanente de México ante la OEA, cargo que ocupó hasta septiembre de 2025.

Durante su gestión en ese organismo hemisférico, México participó en debates clave sobre democracia, derechos humanos, seguridad regional y cooperación interamericana, lo que convirtió a Baños Rivas en una figura conocida dentro de la diplomacia multilateral del continente.

Reacomodos diplomáticos en el gobierno de Sheinbaum

El movimiento ocurre en un contexto de reconfiguración de la política exterior del nuevo gobierno federal. En paralelo al envío del nombramiento de Baños Rivas al Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Alejandro Encinas como el nuevo representante permanente de México ante la OEA, ocupando el espacio que dejó la ahora candidata a embajadora en Guatemala.

Este ajuste refleja una estrategia para colocar perfiles políticos y técnicos en posiciones clave, tanto en organismos multilaterales como en embajadas estratégicas para México, especialmente en una región como Centroamérica, donde los temas de migración, seguridad, comercio y cooperación regional son prioritarios.

Guatemala es uno de los socios más importantes de México en la región, no solo por su vecindad geográfica, sino por su papel en los flujos migratorios, el comercio transfronterizo y la estabilidad política del istmo centroamericano.

El Senado tendrá la última palabra

Una vez que la propuesta llegue formalmente al pleno del Senado, los legisladores deberán evaluar si Luz Elena Baños Rivas cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley del Servicio Exterior Mexicano para desempeñarse como embajadora.

Si obtiene el aval legislativo, la diplomática asumirá la responsabilidad de representar a México ante el gobierno de Guatemala, fortalecer los lazos bilaterales y atender una agenda compleja marcada por la migración, la seguridad fronteriza y la cooperación para el desarrollo.

Desde el foro regional, el mandatario vinculó la supervivencia de la OEA a su capacidad para “coger la eficiencia de la época”, señalando la urgencia de abordar desafíos contemporáneos como la crisis climática y la ampliación de los derechos colectivos.

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El eje, según Petro, no es solo institucional sino existencial, en la medida en que definirá si América Latina opta por la “civilización o barbarie”.

Durante su intervención, el presidente colombiano planteó que los vacíos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular al omitir derechos de las mujeres y de la naturaleza, obstaculizan la evolución de la OEA.

Petro subrayó frente al Consejo Permanente que esos límites impiden que el organismo aborde problemáticas actuales como la niñez vulnerable y las personas mayores, remarcando la necesidad de incorporar enfoques progresistas que “se alumbran de la ciencia”.

Como parte de su gira en la capital estadounidense, Petro previamente sostuvo reuniones con congresistas de Estados Unidos, donde discutió la urgencia de combatir el narcotráfico y expandir los derechos de migrantes venezolanos residentes en Colombia, cuya cifra oficial se aproxima a tres millones.

En diálogo con legisladores como Rand Paul, un interlocutor clave para la posterior cita con el presidente estadounidense Donald Trump, Petro insistió en que Bogotá aspira a mantener un canal diplomático fluido, sin renunciar a su visión soberana sobre asuntos globales.

El presidente agradeció también la gestión del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, para viabilizar el encuentro en la Oficina Oval.

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, destacó la defensa del diálogo hemisférico y la acción climática impulsados por Petro. No obstante, en su discurso, el presidente colombiano cuestionó tanto la funcionalidad actual de la organización como la pertinencia de su estructura legal, lanzando una advertencia a los diplomáticos presentes: “¿La OEA es suficiente? O, si no es suficiente, ¿no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos?”

Petro sostuvo que la OEA sufre una deficiencia común a otros organismos multilaterales. Al comparar con la ONU, afirmó: “La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza. Y lo digo con claridad y sin miedo. Si Naciones Unidas fue fundada para que no hubiera más genocidio ... y no pudo detener el genocidio en Gaza, ¿para qué sirve? Está cuestionada su existencia, así de simple. No tiene poder.”

Asociado a esta reflexión, el mandatario advirtió que los problemas globales requieren diálogo franco y normativas colectivas: “Las normas las construimos colectivamente”, agregó, enfatizando que la exclusión política en el hemisferio se ha manifestado con la ausencia de Venezuela en el Consejo Permanente.

El mandatario recordó que durante su visita a la OEA en 2023 propuso la creación de un grupo de trabajo para ampliar la Convención Americana a los derechos de la mujer, la naturaleza y los colectivos, al considerar el tratado como “muy liberal”.

Sin embargo, lamentó que no se conformó ni un solo equipo para redactar esos capítulos: “No hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo, señor secretario general, para que empezáramos a redactar el capítulo de la convención americana sobre derechos de la mujer, sobre derechos de la naturaleza, sobre derechos sociales y colectivos”.

Detrás de estas demandas se articula una crítica filosófica y política más amplia. Petro, que improvisó un discurso de casi 40 minutos ante diplomáticos y periodistas, recurrió a referencias de Jürgen Habermas, Michel Foucault, la historia de Roma y la filosofía griega para cuestionar el papel de los organismos internacionales en la resolución de crisis como la migratoria, la climática o los genocidios contemporáneos.

El presidente incluyó a figuras como el papa Francisco y Elon Musk como partícipes, desde distintos lugares, de una conversación necesaria sobre el destino humano.

Petro insistió: “Ya esta institución (la OEA), que fue tan eficaz para algunas épocas, dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de la época, pues simplemente no tiene razón de ser”.

Y añadió, en alusión a los cambios que demanda el presente: “Solo es posible con cambios de los modos del poder y con cambios de la sociedad, y que entonces una democracia global, que es la bandera que tenemos que levantar, una democracia de las Américas, en donde sean normas y leyes colectivas, legítimas, las que nos guíen en contra de la barbarie.”

En la sala llena de asesores, periodistas y embajadores, el carácter humanista de la exposición de Petro contrastó con la tradicional prudencia de la diplomacia colombiana en foros multilaterales.

El mandatario fue explícito en su percepción sobre el doble estándar que afecta a América Latina y defendió la transformación de las agendas internacionales. En otro tramo refirió: “Los tiempos de la ciencia nos dicen que ni un siglo tenemos, si no será irreversible”.

La agenda oficial de Petro en Washington concluye el jueves 5 de febrero con una conferencia en la Universidad de Georgetown, centrada en la crisis climática y el rol latinoamericano en su afrontamiento.

El mandatario retornará a Bogotá tras finalizar su ciclo de encuentros y conferencias, resaltando que la OEA, fundada en 1948 en Bogotá, debe convertirse en un foro de derechos colectivos si aspira a sobrevivir. Como advirtió durante su intervención: “De lo contrario, nos espera la barbarie”.

“Ya esta institución (se refiere a la OEA), que fue tan eficaz para algunas épocas dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de la época, pues simplemente no tiene razón de ser", sostuvo Petro.

En un salón de la OEA desbordado de diplomáticos, asesores y periodistas, con un discurso que improvisó palabra por palabra, el presidente de Colombia citó al papa Francisco y al millonario Elon Musk para proponer un cambio a nivel mundial para “salvar a la humanidad”.

El auditorio escuchó en cerrado silencio una disertación de casi cuarenta minutos, donde Petro mezcló a Jürgen Habermas con Michel Foucault, citó a la historia de Roma y consideró que en Gaza hubo un genocidio cuando Israel atacó la Franja para replicar el ataque terrorista que Hamas ejecutó el 7 de octubre de 2023.

Entre los diplomáticos acreditados en la OEA llamó la atención el tono humanista del mandatario colombiano, cuando su representante en el foro multilateral siempre se mostró remiso en cuestionar sin eufemismos a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Petro puso en evidencia un doble estándar ético y filosófico.

A continuación, los aspectos centrales del discurso del Presidente de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA:

-“Problemas contemporáneos que podríamos juntar con la crisis climática, que aún no es colapso, pero solo hay una matemática entre la crisis y el colapso. ¿Cuál es la diferencia entre el colapso y la extinción de la vida del planeta? La crisis, lo que tenemos hoy. Malísimo que salir a la calle. La diferencia entre una y otra es si somos capaces de cambiar el modo de energía. Que al parecer, he concluido eso en mi experiencia, es el cambio también del modo de poder".

-“Y aquí me gustaría entonces contarles algunas cosas que quiero dejarles en estas palabras. Decía usted Habermas, ¿sí? El alemán. A veces creo ingenuamente que es posible que un parlamento, este es naciones, acepte la franqueza como medio de un modo. Ese es Habermas. La interlocución racional que consideraba la razón superior. Estas repúblicas se han construido todas alrededor del principio de la razón. Pero él decía: Hay razón de razones y la razón superior es la interlocución franca en una mesa".

-“Pero aquí tenemos que plantear de nuevo, si queremos ser especie humana viva en este planeta, un diálogo franco y sin subordinación. Nadie tiene la razón per se. La razón es colectiva, pero si no hay esa franqueza y esa verdad que hoy la esgrime la ciencia, entonces no llegamos ni a convencer ni llegamos a una razón superior ni llegamos a la existencia humana en los próximos años, décadas o milenios”.

_Entonces, ¿aquí para qué sirve la OEA? Le he preguntado yo al secretario general. Aquella vez que yo vine en el año 23 de este siglo, planteé una propuesta aquí de más o menos todas las personas hoy presentes. Y era que la Convención Americana tenía que reformarse. Que la Convención Americana, como tratado internacional aprobado por todas las naciones aquí presentes, parte de nuestra Constitución de Colombia. Necesitaba una reforma y no para recortar derechos, sino para aumentarlos Yo soy beneficiario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo estoy aquí como presidente de Colombia, además del voto de mi pueblo, por la Convención Americana de Derechos Humanos. Si no, no estaría aquí“.

-“Pero hoy, siglo veintiuno, en el año que estamos dos mil veintiséis, ¿es suficiente? O si no es suficiente y nos mantenemos ahí, ¿no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos? Es un poco la pregunta que me hago. Ya esta institución que fue tan eficaz para algunas épocas dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de esta época, pues simplemente no tiene razón de ser".

-“Pero peor aún, si no es la OEA, entonces en la ONU encontramos el mismo problema en la ONU. La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza. Y lo digo con claridad y sin miedo.

-“Si Naciones Unidas fue fundada para que no hubiera más genocidio como el que cometió el Estado alemán de los nazis frente a soviéticos, chinos con los japoneses y judíos y otros pueblos del mundo. Si fue fundada para eso y no pudo detener el genocidio en Gaza, ¿para qué sirve? Está cuestionada su existencia, así de simple. No tiene poder".

-“Hoy, aquí, con todas las hambres del mundo en nuestras venas, sobre todo en Colombia. ¿Civilización o barbarie?, preguntaría la OEA. Le pregunté al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la guerra. Preguntamos a los colombianos que nos hemos matado entre nosotros. Y lo único que nos dirían los ancestros de Roma, recogiendo ideas griegas, es leyes para salvarnos, normas para salvarnos de barbarie. ¿Dónde están nuestras normas?“.

-“Entonces, es la hora de prender la linterna de Diógenes. Está prendida, pero el poder dice: “No vean, no miren arriba”. Se nos quema la Patagonia, se nos queman los bosques del norte de Chile, se nos-- doscientos delfines en los ríos del Amazonas, se quema la selva amazónica Mi región donde yo nací está inundada en este momento por una conjunción de aguas que vienen de las montañas y el mar que se meten El canal de Panamá matemáticamente va a hundirse".

-“¿Entonces qué hacemos en la OEA? Esa es mi pregunta. Y estos son los problemas de hoy. Si vamos hacia un colapso climático, si vamos hacia un colapso psicoactivo vital de la existencia. El papa Francisco lo decía, para quienes son católicos, una crisis civilizatoria, una crisis civilizatoria es cultural, pero una crisis cultural en la especie humana significa la muerte, es decir, es la barbarie. Entonces, es civilización o barbarie, preguntándole al senador romano de aquella época, todos hombres. ¿Qué va a hacer?Escogimos el camino de la barbarie".

-“Ad astra, me decían los romanos. ¿A qué? A llevar vida, y eso significa tecnología, saberes, ciencia, y eso no lo hace un solo país. Eso lo hace la humanidad. Y viviremos. Pero mientras o hacemos las normas y las leyes colectivamente o caemos en la barbarie. Luego, restablecer la hermandad humana. No hablo de naciones. Me permito decir que quizás si las naciones ya no pueden, le toca a los pueblos y las civilizaciones juntarse".

-“Los tiempos de la ciencia nos dicen que ni un siglo tenemos, si no será irreversible, y que los cambios de modo de energías que tan fácilmente describen los tecnólogos y los ingenieros, solo es posible con cambios de los modos del poder y con cambios de la sociedad, y que entonces una democracia global, que es la bandera que tenemos que levantar, una democracia de las Américas, en donde sean normas y leyes colectivas, legítimas, las que nos guíen en contra de la barbarie. Porque si la barbarie es desde Alaska hasta la Patagonia, podemos desaparecer”.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA resaltó el proceso de las Elecciones Nacionales 2026 en Costa Rica. Según el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la jornada electoral no solo fue significativa por la amplia afluencia de votantes, con casi un 70% de participación, sino porque consolidó a Costa Rica como el primer país de las Américas en elegir a dos mujeres como presidentas por voto popular.

Para la OEA, el TSE mostró capacidad operativa sobresaliente, tanto en el cumplimiento de los plazos legales para la elaboración y distribución del padrón electoral como en la implementación de campañas para el empadronamiento juvenil y la inclusión de personas con discapacidad.

En el proceso del 2026, se destacó el diseño de materiales accesibles y la incorporación de auxiliares de accesibilidad en aproximadamente 200 centros de votación, para apoyar la participación autónoma de personas mayores y con discapacidad.

El día de las elecciones, la Misión de Observación Electoral supervisó la apertura de 7.154 Juntas Receptoras de Voto (JRV), constatando la presencia de materiales y personal necesario, así como la adecuada atención a votantes, incluidos aquellos privados de libertad, quienes ejercieron su derecho al sufragio gracias a operativos para la reimpresión y custodia de cédulas de identidad.

Según el informe de la OEA, la jornada se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes graves, siguiendo la tradición democrática local.

El modelo costarricense enfrentó desafíos en la integración de las JRV. De acuerdo con los datos recabados, en la semana previa solo 313 de las 7.154 JRV estaban compuestas íntegramente por integrantes designados por partidos, mientras que cerca de 1.000 fueron conformadas únicamente por auxiliares electorales del TSE.

Más de 20 mil auxiliares participaron en el proceso, un fenómeno que, según la OEA, evidencia la brecha entre la normativa y la realidad en la integración partidaria de las mesas.

Para garantizar la transparencia y eficiencia en la transmisión de resultados, el TSE operó un sistema multicanal con protocolos de certificación de bases de datos en ceros. La MOE recomendó fortalecer la revisión de versiones del software y unificar la digitalización de actas y resultados numéricos, a fin de mejorar la simultaneidad y claridad en la divulgación de resultados.

El sistema político-electoral de Costa Rica continúa mostrando retos en materia de financiamiento. Según la OEA, persisten factores que favorecen la inequidad, como la dependencia excesiva de financiamiento privado y la liberalidad en los límites de aportes y gastos.

Para las elecciones de 2026, solo tres partidos accedieron a créditos bancarios respaldados por certificados de cesión, y el monto de cesiones autorizadas superó en más de un 80% al total de la contribución estatal prevista, con cifras cercanas a los 71 mil millones de colones (aproximadamente $145,04 millones USD), mientras que la contribución estatal fijada fue casi 39 mil millones de colones (alrededor de $79,9 millones USD).

La OEA subrayó el avance significativo tras la aprobación de la Ley N.º 10755 para fortalecer la transparencia y control del financiamiento político. Dicha ley refuerza la rendición de cuentas, la fiscalización de recursos de los partidos y permite el levantamiento de secretos fiduciarios, renovando las capacidades de la autoridad electoral en la materia.

El foco en la equidad de género se reflejó en la consolidación de la paridad, plasmada tanto en la integración de listas legislativas como en la dirección de partidos.

Tras la elección de 2026, Costa Rica se convirtió en el primer país de las Américas en elegir dos presidentas por voto popular. Pese a ello, la MOE/OEA llamó la atención sobre las brechas persistentes en la encabezamiento de listas y la necesidad de profundizar la capacitación en perspectiva de género al interior de los partidos.

La elección costarricense fue acompañada de un amplio proceso de observación social e internacional. Se dieron múltiples llamados a la participación ciudadana por parte de organizaciones civiles, sector empresarial y la Iglesia Católica.

Según la MOE/OEA, la fortaleza institucional y el profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones son activos fundamentales para la democracia costarricense, recomendando a todos los actores resguardar la integridad y fortalecer permanentemente este órgano autónomo.

El presidente Gustavo Petro continuará este 3 de febrero de 2026 su agenda oficial en Washington con una reunión programada con el senador republicano Rand Paul, encuentro que hace parte del tercer día de actividades del mandatario colombiano en Estados Unidos, según Semana.

De acuerdo con lo informado, el encuentro entre Petro y el senador Paul está previsto para las 10:45 a. m., dentro de una jornada que incluye varias reuniones de carácter privado y actividades en organismos multilaterales.

El papel de Rand Paul ha sido señalado como relevante en los contactos previos entre ambos gobiernos, particularmente en la llamada que antecedió a la reunión sostenida entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

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El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, había explicado semanas atrás que la intervención del senador fue determinante para que se concretara ese acercamiento diplomático.

En declaraciones citadas por Semana, el embajador expresó: “Fue una cosa realmente sorprendente, algunos dirán que milagrosa; en ningún momento hubo reclamos”. Según García-Peña, el proceso fue el resultado de un trabajo sostenido durante varios meses, en el que destacó el respaldo de la misión diplomática colombiana y, de manera puntual, la gestión de Paul como senador republicano por el estado de Kentucky.

En esa misma línea, el embajador señaló: “Esto ha sido un trabajo de varios meses. Tengo que agradecer a un equipo maravilloso en la embajada, pero fue clave el papel del senador Rand Paul, republicano que representa a Kentucky”. Estas afirmaciones contextualizan la relevancia del encuentro previsto entre el mandatario colombiano y el congresista estadounidense, en medio de una agenda orientada a recomponer y fortalecer los canales de diálogo bilateral.

Según el cronograma oficial divulgado, tras la reunión con Rand Paul, el presidente Petro sostendrá dos encuentros privados adicionales, programados para las 11:15 a. m. y la 1:00 p. m..

Posteriormente, a la 1:30 p. m., está previsto un encuentro bilateral con Albert R. Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), espacio que hace parte de la interacción del mandatario con instancias multilaterales durante su visita a Washington.

La agenda continuará en horas de la tarde con una intervención del presidente colombiano, a las 3:00 p. m., en una sesión protocolaria ante la OEA, la cual será transmitida a través de las plataformas digitales de la Presidencia de la República. Más adelante, a las 4:00 p. m., Petro realizará un saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito al sistema interamericano. La jornada cerrará con dos reuniones privadas adicionales, previstas para las 6:45 p. m. y las 7:00 p. m., según la información oficial.

Semana también indicó que el jefe de Estado colombiano tiene previsto finalizar su visita a Estados Unidos entre el jueves 5 de febrero y el viernes 6 de febrero, una vez concluida la serie de encuentros políticos y diplomáticos programados en Washington. Esta visita se produce tras un periodo de tensiones en la relación bilateral, marcado por cruces de declaraciones públicas y diferencias en temas como la política antidrogas y asuntos regionales.

En relación con el reciente encuentro entre Petro y Trump, ambos mandatarios manifestaron su intención de avanzar en “caminos comunes” para enfrentar el narcotráfico. De acuerdo con lo reportado, los dos gobiernos ya se encuentran “trabajando” en esquemas de cooperación en esta materia, considerada prioritaria por la administración estadounidense. En declaraciones posteriores a la reunión, Trump señaló desde la Casa Blanca: “Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”.

Por su parte, el presidente Petro también se refirió al resultado del encuentro bilateral. Ante la prensa, desde la Embajada de Colombia en Washington, afirmó: “La impresión que tengo es positiva”. Además, reveló que durante la conversación propuso a Trump actuar como mediador entre Colombia y Ecuador, países que atraviesan una disputa arancelaria, iniciativa que, según indicó, fue aceptada por el mandatario estadounidense.

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este martes su respaldo a la fortaleza y el profesionalismo de las autoridades electorales en Costa Rica tras los comicios presidenciales del domingo. El informe publicado esta semana resalta no solo el éxito y la alta participación ciudadana, sino también la necesidad de preservar la integridad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), considerado clave para la estabilidad democrática del país.

La OEA advierte que la continua salud institucional de organismos independientes resulta decisiva para mantener el reconocimiento de Costa Rica como una democracia ejemplar en la región.

En su análisis tras la votación, la OEA subrayó la importancia de cuidar componentes esenciales del sistema democrático costarricense. El informe afirma: “La Misión reconoce que ninguna democracia es inmune a la erosión que puede derivar de la polarización, de los ataques a la institucionalidad y de las restricciones a los derechos humanos”.

Además, la misión instó a “resguardar la integridad y el fortalecimiento continuo del TSE, un activo nacional que debe ser debidamente valorado y fortalecido”, y consideró “fundamental que Costa Rica cuide y proteja a los elementos que han hecho de su democracia un modelo regional a seguir”, según el documento difundido este martes.

Esta posición surge tras un proceso electoral en que la candidata Laura Fernández, representante del Partido Pueblo Soberano, se impuso en la primera vuelta con 48.3 % de los votos. Con el 96.87 % de las mesas escrutadas, el segundo lugar lo ocupó álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), con 33.44 %, de acuerdo con el corte más reciente publicado por el TSE. Ninguno de los 18 aspirantes restantes superó el 5 % de los sufragios.

El informe documenta un proceso que, a vista de los observadores internacionales, destacó por su transparencia durante la votación, el conteo y la divulgación preliminar de resultados. En palabras de la OEA: “La votación, el proceso de conteo y la divulgación de los resultados preliminares se llevaron a cabo de manera transparente”.

Al mismo tiempo, la misión reconoció el compromiso cívico de los ciudadanos y manifestó: “Nuestro reconocimiento al pueblo costarricense por la exitosa jornada electoral y por el compromiso cívico que, una vez más, se manifestó de manera clara y pacífica en las urnas”.

Actualmente, el TSE realiza el escrutinio manual con la obligación de publicar los resultados oficiales y declarar a quienes resulten electos en la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 escaños legislativos a más tardar en un mes.

No obstante, el informe de la misión encabezada por Ope Pasquet, exsubsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, pone el foco en las declaraciones formuladas por el presidente Rodrigo Chaves durante el periodo electoral. La OEA manifestó preocupación ante los “señalamientos directos e individualizados” del mandatario hacia el Tribunal Supremo de Elecciones.

Chaves criticó la imparcialidad del ente comicial, especialmente tras la imposibilidad legal de difundir propaganda gubernamental en campaña y la propuesta, que no prosperó en el Congreso, para que el presidente perdiera su inmunidad y enfrentara una pesquisa por posibles injerencias en asuntos electorales.

La misión detalló que sus representantes mantuvieron reuniones con diversas autoridades del Poder Ejecutivo, aunque no accedieron a un encuentro con el presidente Chaves, según el seguimiento realizado y divulgado por EFE.

La expectativa por el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sigue creciendo, después de que se confirmara que el mandatario colombiano sigue llenando su agenda diplomática.

De hecho, en la tarde del martes 27 de enero se conoció que el presidente Petro aprovechará su viaje a los Estados Unidos para asistir a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, el próximo miércoles 4 de febrero.

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La cita está prevista para las 3:00 p. m. (hora Colombia), en el Salón de las Américas, espacio central del organismo hemisférico. Allí, el Consejo Permanente de la OEA ofrecerá una recepción protocolar al mandatario colombiano, según la convocatoria oficial.

Las autoridades confirmaron que la sesión será transmitida en vivo a través de los canales digitales de la OEA, con interpretación simultánea disponible en español, inglés, francés y portugués. De esta manera, se busca garantizar el acceso de audiencias en todo el continente.

Desde la organización, se aclaró que el orden del día podría experimentar modificaciones hasta el inicio de la reunión. Sin embargo, el evento tiene lugar en la emblemática intersección de la 17th Street y Constitution Avenue, en la capital estadounidense, escenario frecuente de los principales encuentros diplomáticos del continente.

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump: de qué hablarán

El Gobierno de Colombia llega a la reunión presidencial del 3 de febrero en Washington D. C. con un extenso balance sobre la lucha antidrogas, en un contexto marcado por el escrutinio internacional y las recientes tensiones por las cifras de producción de cocaína.

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump se produce tras la publicación de un dato polémico: la estimación de 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína como producción potencial para 2023, lo que representó un incremento del 53 % respecto al año anterior. El debate sobre la metodología usada por la ONU y la desvinculación de Colombia de ese sistema de medición han generado malestar y podrían influir en la agenda bilateral.

El Ejecutivo colombiano prevé mostrar como respaldo los resultados de las operaciones militares realizadas entre el 7 de agosto de 2022 y el 25 de enero de 2026. Durante ese periodo, las Fuerzas Militares incautaron 2.030.965 kilogramos de cocaína, además de grandes volúmenes de marihuana y heroína. Los decomisos incluyeron 728.173 kilogramos de marihuana y 818 kilogramos de heroína, junto a 2.055.871 kilogramos de hoja de coca y 97.365 kilogramos de pasta base.

El balance operativo incorpora además la destrucción de 581 laboratorios de cocaína y 9.957 de procesamiento de pasta base. Estas intervenciones se han concentrado en áreas controladas por economías ilegales, lo que muestra la persistencia de la estructura criminal en diferentes regiones.

En paralelo, el informe oficial destaca la neutralización de 41,6 millones de matas de coca y 208.652 de amapola, así como la eliminación de 4.880 semilleros destinados a la producción de cultivos ilícitos. Los esfuerzos también han afectado la cadena logística del narcotráfico, con la incautación de 5,1 millones de kilogramos de insumos sólidos, 2,4 millones de unidades de insumos líquidos y 2,9 millones de galones de combustibles usados en los laboratorios.

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta cuestionamientos internos y externos sobre el avance de grupos armados y las consecuencias de su política de ‘paz total’. Según informes oficiales, la cifra de miembros de estos grupos y sus redes de apoyo habría llegado a 25.000, lo que coincide con el incremento de cultivos y producción de cocaína.

La controversia se agudizó tras la sanción impuesta al presidente Petro por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculó con el otorgamiento de beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de paz, atribuyéndole un impacto negativo en los indicadores antidrogas.

En la antesala de la cumbre, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, mantuvo una comunicación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que al presidente Petro “se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”.

El análisis de las cifras recientes indica variaciones importantes en las operaciones de enero: entre el 1 y el 25 de ese mes, la destrucción de laboratorios de cocaína aumentó, pasando de tres a siete, aunque los laboratorios de pasta base bajaron de 294 a 138. El volumen de matas de coca destruidas, sin embargo, descendió de 617.180 a 37.150.

En cuanto a las incautaciones, la cocaína decomisada cayó de 44.100 kilogramos a 22.607, mientras que la marihuana mostró un leve crecimiento, subiendo de 5.394 a 6.745 kilogramos. La hoja de coca incautada también disminuyó, pasando de 47.091 a 17.807 kilogramos, al igual que la pasta base, que bajó de 1.448 a 299 kilogramos.

El Gobierno de Estados Unidos celebró la liberación de “143 detenidos injustamente” en Venezuela pero ha pedido que las actuales autoridades venezolanas, pero reclamó más excarcelaciones. El pedido se realizó durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada en la sede de la Casa de las Américas en Washington para tratar la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El embajador estadounidense Leandro Rizzuto expresó ante el organismo que “aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas” y afirmó que su país insta a la liberación inmediata de todos los presos políticos. “Celebramos la reciente liberación es unas 143 personas detenidas injustamente (...) Aproximadamente mil más permanecen detenidas injustamente. Estados Unidos solicita y apoya la liberación incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente”, ha declarado Rizzuto.

Rizzuto subrayó que abordar las detenciones políticas será un elemento esencial para la recuperación y reconciliación de Venezuela, y advirtió que quienes participen en violaciones de derechos humanos deberán rendir cuentas por sus actos, reiterando el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y a las instituciones que defienden la democracia y el estado de derecho en la región.

El diplomático estadounidense ha subrayado que su preocupación por la “continua detención de personas por motivos políticos”, incluyendo líderes de la oposición, periodistas, defensores de Derechos Humanos y ciudadanos extranjeros, “no es nueva”, añadiendo que comparte con la comisión su “profunda preocupación” en este ámbito. “Instamos encarecidamente a que se resuelva este asunto”, ha añadido.

La situación fue expuesta también por la relatora especial para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria Monique de Mees, quien aseguró que hasta el 19 de enero solo se han producido 143 excarcelaciones de presos políticos, cifra que contradice la versión del gobierno interino de Delcy Rodríguez, que sostiene que han sido liberados 406 detenidos.

De Mees citó datos de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y denunció la persistencia de “centros de detención clandestinos” en territorio venezolano, lo que revela, según la relatora, la naturaleza estructural de las violaciones y la falta de supervisión institucional efectiva. La CIDH reiteró que no ha podido acceder a Venezuela desde 2002, ya que sus solicitudes de visita han sido rechazadas en 2017 y 2020, y reclamó la urgencia de obtener información transparente y verificable sobre el proceso de liberación de los presos políticos.

En la misma línea, el segundo vicepresidente y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, manifestó su preocupación por el patrón de detenciones arbitrarias implementado en Venezuela. Otros países miembros de la OEA se sumaron a la condena por la existencia de presos políticos y ofrecieron colaboración para su liberación, en respaldo a la postura presentada por Argentina, que solicitó incluir el tema en la agenda del organismo.

Venezuela no participó en la sesión, ya que en 2017 el régimen de Nicolás Maduro denunció la Carta de la OEA y comenzó el proceso formal de salida. Sin embargo, en 2019 el gobierno interino de Juan Guaidó revocó esa denuncia, evitando así la retirada legal del país, que continúa siendo estado parte de los tratados interamericanos pese a su ausencia en los trabajos regulares del organismo.

La relatora de la CIDH advirtió que Venezuela sigue bajo el “estado de conmoción exterior”, decretado el 3 de enero tras el derrocamiento de Maduro, quien actualmente espera juicio en Nueva York junto a su esposa por cargos de narcotráfico. El Consejo Permanente de la OEA solicitó a la CIDH un informe ante el reciente cambio político en el país sudamericano.

La líder opositora María Corina Machado denunció en Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” y que no es cierta la liberación de la mayoría de presos políticos. Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno de Rodríguez ha liberado a “muchos” de ellos. La CIDH insistió en la necesidad de contar con información detallada y actualizada sobre el número de detenidos y las condiciones bajo las cuales se están produciendo las excarcelaciones, así como sobre los centros de detención donde permanecen recluidos.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, reiteró este jueves la disposición del organismo para apoyar la transición en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina del régimen.

“Apoyaremos la transición y al país y al pueblo de Venezuela. Permanecemos listos para ayudar”, afirmó Ramdin durante una breve declaración a periodistas en Perú. El titular de la OEA indicó que no haría más comentarios sobre la situación venezolana y se remitió a los pronunciamientos emitidos en días anteriores.

Ramdin, firmó el miércoles en Lima el acuerdo de privilegios e inmunidades para la misión de observación electoral que el organismo enviará a Perú para monitorear los próximos comicios. Este jueves, Ramdin mantuvo reuniones con las principales autoridades del Estado.

“Muchos estados reconocen que muchos de los conflictos no pueden ser resueltos en forma individual, pero la cooperación mutilateral tiene que dar resultados concretos a los pueblos”, expresó el máximo representante de la OEA.

Durante su visita oficial, la máxima autoridad de la OEA se reunió con el presidente José Jerí; el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y representantes de las autoridades electorales.

Por su parte, el mandatario peruano expresó su esperanza de que Venezuela logre pronto la estabilidad política y económica necesaria para la plena restitución de la democracia y sus instituciones, tras los esfuerzos de Estados Unidos para reconstruir la institucionalidad democrática en el país sudamericano, según informó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Jerí destacó la reciente liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros y manifestó su expectativa de que este proceso continúe hasta completarse la excarcelación de todas las personas detenidas ilegalmente por el régimen.

Además, subrayó que la coyuntura actual representa una oportunidad para reforzar el rol de la OEA como principal foro político regional, encargado de promover el diálogo, la concertación y la acción colectiva, así como de fortalecer la cooperación frente a desafíos comunes como el crimen organizado transnacional y los impactos humanitarios de la crisis migratoria.

Jerí afirmó que Perú promueve en el seno de la OEA un sistema más sólido, técnico, previsible y legítimo, orientado a la protección de los derechos humanos sin posicionamientos ideológicos. En ese sentido, reiteró la voluntad de seguir cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), bajo un enfoque técnico, jurídico y despolitizado, según indicó la Presidencia de Perú en un comunicado.

La comunicación de la OEA y Estados Unidos ante la transición política en Venezuela

El jueves 8 de enero, Tommy Pigott, un portavoz del Departamento de Estado, informó: “El día de hoy el secretario de Estado Marco Rubio habló con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para reforzar la función de la Secretaría para apoyar la estabilidad en todo el hemisferio, incluida Venezuela. El secretario Rubio agradeció al secretario general Ramdin por proporcionar un foro para el intercambio abierto y el diálogo constructivo, e hizo hincapié en la importancia de que la institución se mantenga centrada en la mejor manera de abordar los desafíos que enfrenta el pueblo venezolano”.

“El secretario Rubio reiteró la importancia de la OEA como un foro para la participación de los Estados miembros en apoyo de una transición de poder adecuada y justa en Venezuela”, resaltó la misiva.

En la red social X, Ramdin subrayó ese mismo día que “Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible”.

(Con información de EFE)

La prolongada detención de Nahuel Agustín Gallo, suboficial argentino de la Gendarmería Nacional, mantiene en vilo a su familia y concita la atención de la opinión pública. Este miércoles, la esposa del gendarme, María Alexandra Gómez, reclamó de manera directa a Delcy Rodríguez, nombrada como nueva jefa del régimen venezolano, la excarcelación de su pareja, quien permanece privado de libertad desde hace más de trece meses en el país caribeño. El pedido se concretó a través de la red social X, donde Gómez enfatizó la urgencia de la situación al recordar que el hijo de Gallo espera el regreso de su padre.

El mensaje de Gómez se difundió en respuesta a una publicación de Rodríguez emitida tras el mensaje anual de la funcionaria. En su texto, la esposa del argentino reiteró: “Libertad para Nahuel Agustín Gallo. Su familia lo está esperando, su hijo lo está esperando”. La solicitud ocurre en un escenario de expectativa creciente, luego de que el gobierno venezolano anunciara la posibilidad de liberar a personas detenidas por causas políticas y a ciudadanos extranjeros, lo que generó esperanza en el entorno de Gallo, pero sin resultados concretos hasta el momento.

Ayer, Gómez profundizó su reclamo en un tuit en el que detalló los 403 días transcurridos desde la detención de Gallo en la Sede de Migración de San Antonio del Táchira, Venezuela, calificando la privación de libertad como “ilegal y arbitraria”. La esposa del gendarme relató que su única intención era reencontrarse con la familia y pasar las fiestas juntos en Argentina, pero la situación se tornó dramática poco después de su arribo a territorio venezolano. En su publicación, Gómez expresó: “Después de 13 meses luchando, por fin pensamos que esta pesadilla terminaba, hace justamente una semana @jorgerpsuv dijo que iban a excarcelar Presos Políticos y Extranjeros. Aún Nahuel no ha vuelto a casa, una semana llena de angustias, de una sensación de agotamiento físico y mental. Señor Rodríguez, no se burle de nosotros, mi hijito está esperando a su Papá”. En el mismo mensaje, advirtió sobre la gravedad de las desapariciones forzadas, recordando que constituyen un crimen de lesa humanidad.

El caso de Nahuel Gallo cobró notoriedad internacional tras la caída del régimen encabezado por Nicolás Maduro y los anuncios de excarcelación realizados por el nuevo gobierno. Desde la Ciudad de Buenos Aires, Gómez manifestó que la familia permanece en vigilia permanente aguardando novedades y reclamó la liberación de todos los detenidos arbitrariamente en Venezuela. En diálogo con TN, Gómez sostuvo: “No puede haber transición de otra forma”, insistiendo en la necesidad de una medida integral para devolver la tranquilidad a las familias afectadas. Pese a la angustia, la esposa del suboficial argentino expresó su esperanza en que la liberación de Gallo sea inminente, aunque reconoció que no cuentan con información oficial sobre el proceso.

La detención de Gallo se produjo en diciembre de 2024, cuando viajó a Venezuela para reunirse con su familia. Fue interceptado en la frontera colombo-venezolana y trasladado a la prisión El Rodeo I, un establecimiento bajo control militar señalado por la falta de garantías procesales. Durante varias semanas, su paradero se mantuvo en secreto, lo que motivó la intervención de la cancillería argentina y generó un nuevo foco de tensión diplomática entre ambos países.

El testimonio de Iván Colmenares, ciudadano colombiano que compartió celda con Gallo, permitió reconstruir las dificultades que enfrenta el suboficial argentino. En declaraciones a TN, Colmenares describió las condiciones de encierro, los malos tratos y la falta de contacto con el exterior. “Nos encapuchaban, nos esposaban, nos pegaban con los rifles. Uno tenía que quedarse quieto y tranquilo porque había consecuencias”, relató. La familia de Gallo reiteró la importancia de la presión internacional y la necesidad de sostener el reclamo hasta obtener la liberación.

La expectativa de la familia se renueva cada 8 del mes, fecha en la que se cumple un nuevo mes de la detención.

La crisis venezolana vuelve a exponer una falsa dicotomía regional: o soberanía absoluta, o intervenciones sin reglas. La Carta Democrática de la OEA ofrece un camino distinto, que la región sigue eludiendo.

Lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela —aún envuelto en silencios oficiales y lecturas interesadas— no admite respuestas automáticas ni consignas repetidas. Mucho menos admite la comodidad de mirar hacia otro lado.

La captura y traslado de Nicolás Maduro fuera de Venezuela por parte de Estados Unidos reabrió un debate que América Latina conoce bien, pero que demasiadas veces ha preferido evitar: ¿hasta dónde alcanza el principio de no intervención cuando un régimen viola de manera sistemática y sostenida los derechos humanos de su propio pueblo?

Planteado en estos términos, el dilema suele presentarse de forma falsamente binaria. O se condena toda acción externa en nombre de la soberanía, o se justifica cualquier método bajo el paraguas de la defensa de los derechos humanos. Ambas posiciones resultan intelectualmente cómodas. Ninguna es suficiente.

El principio de no intervención fue concebido para proteger a los Estados frente a abusos de poder externos, no para blindar a gobiernos que han vaciado de contenido a la democracia, desmantelado las instituciones y convertido la represión en política de Estado. Invocarlo como excusa para la inacción no es neutralidad: es, lisa y llanamente, una forma de complicidad.

Desde la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la región asumió que la democracia y los derechos humanos dejaron de ser asuntos exclusivamente domésticos. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Cuando ese orden se ve gravemente alterado, el sistema interamericano no solo puede actuar: tiene la obligación de hacerlo.

Venezuela no es un “caso complejo” ni una crisis coyuntural. Es un caso ampliamente documentado. Organismos internacionales han registrado persecución política, detenciones arbitrarias, restricciones al espacio cívico, manipulación electoral y una progresiva destrucción del Estado de derecho. No se trata de excesos aislados, sino de un patrón sostenido de violaciones graves que ha forzado al exilio a millones de personas y ha convertido a Venezuela en una herida abierta para toda la región.

Cuando hablamos de derechos humanos, conviene recordar —como lo ha señalado la doctrina interamericana— que los Estados no pueden invocar como un asunto de su dominio reservado el trato que dispensan a las personas sometidas a su jurisdicción. La protección de los derechos humanos dejó hace tiempo de ser un asunto exclusivamente interno, y los Estados y las organizaciones internacionales no violan el principio de no intervención cuando adoptan medidas frente a violaciones graves y sistemáticas, siempre que esas acciones sean compatibles con el derecho internacional.

Esta distinción resulta central para evitar una inconsistencia cada vez más extendida en el debate regional: exigir un respeto formal de la soberanía allí donde su contenido democrático ha sido deliberadamente vaciado. En el sistema interamericano, la soberanía no se agota en el control territorial ni en la invocación ritual de la no intervención, sino que se expresa —y se legitima— en elecciones libres, en el respeto a los derechos fundamentales y en la vigencia efectiva del Estado de derecho. Cuando esos elementos desaparecen, aferrarse al legalismo como coartada para la inacción no preserva el orden jurídico: lo desnaturaliza.

Frente a este cuadro, la pregunta ya no es si la comunidad hemisférica debe hacer algo. La pregunta es cómo debe hacerlo.

Defender los derechos humanos no habilita a prescindir del derecho. Denunciar un régimen autoritario no convierte automáticamente en legítima cualquier acción destinada a removerlo. Si se confirma que la captura y traslado de Maduro se produjo mediante una operación unilateral, sin mandato multilateral ni transparencia institucional, la región tiene la obligación de formular preguntas incómodas: sobre legalidad internacional, debido proceso, precedentes peligrosos y, en última instancia, sobre el tipo de orden hemisférico que estamos dispuestos a tolerar.

Esto no implica relativizar las responsabilidades del régimen venezolano. Implica algo más exigente: sostener que la autoridad moral se construye respetando las reglas, incluso —y sobre todo— cuando el adversario no lo hace.

En este contexto, resulta imposible soslayar el rol de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, que continúa insistiendo en una estrategia de diálogo con un régimen que ha demostrado, de manera reiterada y documentada, no tener voluntad alguna de rectificación democrática. Ese esfuerzo, que pudo haber tenido sentido en etapas iniciales, ha quedado vacío de contenido cuando se prolonga sin condiciones claras, sin exigencias verificables y sin consecuencias frente al incumplimiento sistemático. Persistir en el diálogo como fin en sí mismo, mientras continúan la represión y la negación de derechos fundamentales, no fortalece la democracia ni protege a las víctimas: erosiona la credibilidad del propio sistema interamericano.

La alternativa a la no intervención no es la arbitrariedad. Es la acción colectiva, institucional, gradual y con reglas. La Carta Democrática ofrece mecanismos claros para actuar frente a la ruptura del orden democrático. Cuando esos instrumentos no se utilizan —o se utilizan apenas de manera retórica— otros actores llenan el vacío. Y cuando eso ocurre, la región pierde capacidad de decisión, legitimidad y control.

América debe abandonar la comodidad del silencio y la tentación del atajo. No se trata de elegir entre soberanía o derechos humanos. Se trata de comprender que la soberanía sin derechos se vacía de sentido, y que los derechos sin Estado de derecho se vuelven frágiles.

Cuando un dictador comete crímenes de lesa humanidad y somete a su pueblo, no existen soluciones ideales disponibles. La teoría del “second best “ enseña que, en ausencia de condiciones óptimas —destruidas deliberadamente por quien ejerce el poder—, persistir en una respuesta que ya ha fracasado no es neutralidad: es renuncia. América no enfrenta hoy el dilema entre lo perfecto y lo imperfecto, sino entre asumir una responsabilidad colectiva, con reglas y legitimidad, o seguir administrando la inacción como si fuera una virtud diplomática. Frente al dolor organizado, la inacción nunca es la mejor opción posible.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, anunció que iniciará este miércoles 14 de enero una visita oficial a Perú, en el marco del compromiso permanente del organismo internacional con sus Estados Miembros. La llegada del alto funcionario a Lima forma parte de una agenda orientada a abordar temas considerados sensibles para la región, con énfasis en la gobernabilidad democrática y la seguridad.

Según informó la OEA, la visita tiene como objetivo promover el diálogo y el intercambio de posiciones sobre los desafíos que enfrentan los países de las Américas en materia institucional. En ese contexto, el organismo destacó que estas acciones se enmarcan en su rol de acompañamiento y seguimiento de los procesos políticos y sociales en la región.

Reuniones con autoridades

Durante su estancia en la capital peruana, Ramdin sostendrá reuniones con autoridades gubernamentales “del más alto nivel”, así como con otros actores relevantes del escenario político y social. Estos encuentros permitirán abordar la situación local y generar espacios de conversación sobre asuntos vinculados al fortalecimiento institucional y la estabilidad democrática.

La OEA precisó que la agenda de trabajo también contempla el análisis de acontecimientos actuales que se registran en varios países de la región. En ese sentido, el organismo subrayó que su liderazgo mantiene un monitoreo constante de los desarrollos en las Américas y que se encuentra preparado para responder con prontitud cuando sea necesario actuar, de acuerdo con sus competencias.

Actividades académicas

Además de las reuniones de carácter político, el secretario general participará en la 67.ª Cátedra de las Américas, que se desarrollará en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). En este espacio académico, Ramdin ofrecerá la ponencia titulada “Una agenda común de paz y prosperidad para las Américas”, orientada a promover la reflexión sobre el futuro del continente.

El organismo internacional destacó que la USMP mantiene una relación de cooperación con esta iniciativa de la OEA desde hace más de dos décadas. Finalmente, la OEA remarcó que los encuentros previstos en Lima reflejan su énfasis en una diplomacia directa y constructiva, como herramienta para avanzar hacia valores democráticos compartidos y reforzar el diálogo entre los países de la región.

¿Quién es Albert R. Ramdin?

Albert R. Ramdin es un diplomático surinamés que se desempeña como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo al que fue elegido el 10 de marzo de 2025 durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la organización. Su elección marcó un hito histórico, ya que se convirtió en el primer Secretario General proveniente de un Estado miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Su mandato de cinco años, que abarca 2025-2030, comenzó oficialmente el 26 de mayo de 2025 con el objetivo de liderar la OEA en temas de cooperación hemisférica, desarrollo sostenible y fortalecimiento democrático.

Ramdin tiene una trayectoria diplomática de varias décadas tanto dentro como fuera de la OEA. Antes de asumir la secretaría general, fue Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación Internacional de Surinam entre 2020 y 2025, donde profundizó los vínculos de su país con socios regionales y promovió políticas de desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional. Además, cuenta con experiencia previa en el organismo panamericano, habiendo servido dos mandatos consecutivos como Secretario General Adjunto de la OEA entre 2005 y 2015, período en el que se destacó por su labor en diálogo interamericano, resolución de conflictos y cooperación multilateral.

Nacido en Surinam el 27 de febrero de 1958, Ramdin es multilingüe y posee formación académica en geografía y desarrollo. Estudió Geografía Humana en la Universidad de Ámsterdam y un posgrado en Geografía del Desarrollo en la Vrije Universiteit Amsterdam, especializándose en temas socioeconómicos relevantes para pequeñas economías y cooperación internacional. En su papel actual, ha enfatizado la importancia de una OEA más ágil, transparente y orientada al servicio de sus Estados miembros, con un enfoque en fortalecer mecanismos de gobernanza democrática, derechos humanos y diálogo regional.

El canciller Pablo Quirno se reunirá este martes con el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, que se encuentra en Argentina hasta el jueves en el marco de una visita oficial. Según se informó, la agenda del diplomático norteamericano incluye actividades con funcionarios de otros ministerios con el objetivo de “avanzar en prioridades compartidas” entre ambos países, como el comercio regional y mecanismos para garantizar la seguridad en la región.

El encuentro entre Quirno y Rizzuto tiene como contexto el alineamiento total del gobierno libertario a las políticas de Donald Trump. El operativo militar en Venezuela para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y las declaraciones de los diplomáticos argentinos en organismos internacionales como la ONU, la OEA y la CELAC, dan cuenta de ello.

El propio Quirno, durante la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para analizar la situación regional tras la intervención de EEUU, tuvo un papel clave al conformar un bloque de diez países que rechazaron sumarse a una condena al operativo en Caracas. En el ámbito de la Organización de Estados Americanos, el embajador Carlos Cherniak destacó que esta acción abrió la posibilidad de una nueva etapa de democracia y libertad en la región, mientras que el representante ante la ONU, Francisco Tropepi, estableció el posicionamiento del Gobierno argentino de manera contundente.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”, planteó el diplomático en su intervención.

Y amplió: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.

Luego de estos movimientos geopolíticos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó telefónicamente con Quirno para agradecer “la continua cooperación de Argentina para confrontar el narcotráfico y fortalecer la seguridad en América Latina”.

A su vez, y en esta misma línea, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, visitó el lunes Casa Rosada y se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo. El encuentro tuvo lugar luego de que el diplomático ratificara el apoyo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei a raíz del reintegro de los USD 2.500 millones que había utilizado del swap, en la previa a las elecciones. Desde la Embajada de Estados Unidos precisaron a Infobae que fue un encuentro “para conversar sobre asuntos de la agenda bilateral”.

No es la primera vez que el representante de Donald Trump se reúne con interlocutores del Ejecutivo. Ni bien desembarcó en el país se entrevistó con el ministro del Interior, Diego Santilli, incluso estuvo presente en las juras de Alejandra Monteoliva en Seguridad, y Carlos Presti en Defensa. Además, visitó el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y estableció contacto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En diciembre, el propio Lamelas había anticipado que trabajaría para concretar una visita del republicano a la Argentina durante el evento de bienvenida que celebró la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham). En paralelo, en la administración libertaria aseguran que coordinan una nueva visita del Presidente a Estados Unidos que podría tener lugar en marzo.

En una entrevista a Infobae, Lamelas sostuvo que el vínculo entre Trump y Milei es “más que una relación personal”, y subrayó que comparten los mismos valores de Occidente. Tras la intervención de Estados Unidos a Venezuela, el mandatario respaldó el accionar del republicano y se mostró completamente alineado. “No lo llamaría una invasión sino una liberación”, definió desde el despacho presidencial en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español.

Estados Unidos advirtió de “serias consecuencias” al gobierno de Honduras tras la decisión del Parlamento de realizar un nuevo recuento de votos de las elecciones presidenciales, que habían dado la victoria a Nasry “Tito” Asfura. Asimismo, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana se sumaron al repudio sobre la iniciativa del ejecutivo de Xiomara Castro y pidieron el respeto al proceso democrático en el país centroamericano.

El Departamento de Estado norteamericano subrayó que “las voces de 3,8 millones de hondureños han hablado y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de la elección”. Añadió que cualquier intento de revertir los resultados de manera ilegal pondrá en riesgo la relación bilateral.

La resolución parlamentaria fue impulsada el viernes por la mayoría afín al oficialismo y liderada por Luis Redondo, presidente de la junta directiva. La sesión se realizó sin la presencia de más de setenta diputados de la oposición, quienes denunciaron que no pudieron ingresar al hemiciclo. El Parlamento argumentó que busca revisar más de 19.000 actas electorales consideradas, según el oficialismo, como no completamente escrutadas. No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró presidente electo a Nasry Asfura el 24 de diciembre y publicó los resultados de alcaldías y diputaciones.

La revisión de las actas con inconsistencias quedó a cargo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que presentará su informe el 20 de enero. Juristas consultados indicaron que esta medida parlamentaria carece de fundamento legal, ya que el proceso electoral había concluido formalmente. La controversia ha agravado el ambiente de polarización, mientras la oposición acusa al oficialismo de intentar demorar la transición política.

La presidenta saliente, Xiomara Castro, criticó la advertencia de Washington. La jefa de Estado confirmó que acatará la decisión del CNE y finalizó la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, una medida que había dictado el 28 de agosto de 2024. Además, consideró contradictoria la postura de Estados Unidos al referirse al indulto otorgado al ex presidente Juan Orlando Hernández—acusado y condenado por narcotráfico—por parte del presidente estadounidense Donald Trump en diciembre.

La situación derivó en episodios de violencia política. La diputada opositora Gladis Aurora López, del Partido Nacional, resultó herida tras la explosión de un artefacto cerca del Congreso. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el ataque y reiteró que “la violencia política no tiene lugar en el proceso democrático”, llamando a garantizar una transición pacífica y respetar la voluntad de los hondureños.

La reacción internacional incluyó un comunicado firmado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. Los gobiernos firmantes rechazaron el decreto promovido por Xiomara Castro para un recuento general, denunciando que desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afecta la institucionalidad democrática. El documento reiteró su respaldo a la proclama electoral que reconoce a Asfura como presidente electo y condenó los recientes hechos de violencia contra miembros de la oposición. Además, los países exhortaron a las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático y privilegiar el diálogo nacional.

“Reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia”, señalaron en el texto conjunto.

La OEA, por su parte, expresó su preocupación por el clima de polarización y el debilitamiento institucional en Honduras. El organismo lamentó que un grupo reducido de diputados adoptara resoluciones sin la pluralidad necesaria y subrayó la importancia de respetar los procedimientos constitucionales.

En medio de la crisis, Nasry Asfura prevé viajar este domingo a Estados Unidos para reunirse con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo. También se contempla la posibilidad de encuentros con funcionarios estadounidenses, mientras se definen los próximos pasos para la toma de posesión prevista para el 27 de enero.

Fuentes estadounidenses citadas por EFE indicaron que Washington mantiene el deseo de desarrollar la agenda bilateral con la nueva administración hondureña en cuanto se consolide la transición de poder.

El reconocimiento internacional de la Ley Olimpia marca un momento decisivo para la protección de los derechos digitales de las mujeres en América. La iniciativa, que surgió en México como respuesta urgente a la violencia sexual en línea y que ha sido fuertemente impulsada por el propio movimiento de defensoras digitales del cual forma parte la activista Olimpia Coral, se transforma ahora en una referencia global, impulsando la creación de la Ley Modelo Interamericana para combatir este delito en todo el continente.

La Ley Olimpia: de México a la agenda internacional

La Ley Olimpia, pionera en sancionar la violencia digital de género, ha sido tomada como inspiración principal por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el desarrollo de la nueva Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres por Razones de Género.

Conforme a lo externado por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, este avance demuestra que el trabajo legislativo y la movilización feminista mexicana han logrado posicionar la seguridad digital como una prioridad regional.

El proceso de internacionalización de la Ley Olimpia no solo representa un logro diplomático para México, sino que también consolida el activismo de quienes, desde las calles y los congresos, exigieron justicia y protección ante agresiones en línea.

Dimensión y urgencia de la violencia digital

Durante la presentación de la Ley Modelo, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, subrayó que la violencia digital afecta de forma estructural a las mujeres y debe entenderse como un mecanismo de control social, no como incidentes aislados.

“No es una agresión menor ni un malentendido tecnológico; es una amenaza directa a nuestra ciudadanía digital y a nuestra democracia”, afirmó Gómez Saracibar ante autoridades internacionales.

Los datos expuestos son contundentes: en México, cerca de 10.6 millones de mujeres han sufrido acoso en línea y el 87 % de los agresores identificados son hombres. Esta realidad evidencia la urgencia de respuestas estatales coordinadas y efectivas.

Ven necesaria una transformación profunda en los sistemas judiciales

La Ley Modelo Interamericana adopta la definición y estrategias de la Ley Olimpia, priorizando la remoción de contenidos y la reparación del daño. No obstante, México ha advertido que la legislación por sí sola no será suficiente sin una transformación profunda en los sistemas judiciales, que hasta ahora han representado obstáculos para las víctimas.

La propuesta mexicana contempla cuatro líneas de acción:

• Homologar los tipos penales ante riesgos como los deepfakes
• Pasar de la autorregulación a la corresponsabilidad tecnológica
• Profesionalizar a las fuerzas de seguridad
• Consolidar sistemas de datos interoperables entre países

“Si la violencia digital puede cruzar fronteras en segundos, nuestras soluciones no pueden permanecer encerradas en los límites de cada país”, sentenció Gómez Saracibar.

Además, la Secretaría de las Mujeres llamó a las plataformas tecnológicas a asumir mayor responsabilidad, pues la demanda de las jóvenes es clara: “No queremos dejar de estar en internet; queremos estar seguras allí”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló por teléfono con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y le transmitió su intención de que se realice una transición de poder “adecuada y justa en Venezuela”.

En un comunicado, Tommy Pigott, un portavoz del Departamento de Estado, sostuvo: “El día de hoy el secretario de Estado Marco Rubio habló con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para reforzar la función de la Secretaría para apoyar la estabilidad en todo el hemisferio, incluida Venezuela. El secretario Rubio agradeció al secretario general Ramdin por proporcionar un foro para el intercambio abierto y el diálogo constructivo, e hizo hincapié en la importancia de que la institución se mantenga centrada en la mejor manera de abordar los desafíos que enfrenta el pueblo venezolano”.

“El secretario Rubio reiteró la importancia de la OEA como un foro para la participación de los Estados miembros en apoyo de una transición de poder adecuada y justa en Venezuela”, resaltó la misiva.

Más temprano, el titular de la OEA calificó este jueves como una “buena noticia” los anuncios de liberaciones de detenidos en Venezuela y expresó su expectativa de que beneficien a “todas las personas detenidas injustamente”.

En la red social X, Ramdin subrayó que “Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible”.

El mensaje del líder de la OEA se produce tras el anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien informó de la “liberación” de “un número importante de personas”, entre venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni condiciones, y lo describió como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país”.

Además, las excarcelaciones fueron anunciadas luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, hablara este martes sobre el supuesto cierre de una “cámara de torturas” en Caracas, en el marco de la presión que ejerce sobre el Gobierno de la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por tropas estadounidenses el sábado pasado.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de cinco españoles que fueron liberados este jueves en Venezuela, entre los que se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

(Con información de EFE)

A trece meses de la detención, María atraviesa un momento de angustia, pero sostiene la esperanza de que la liberación de Nahuel sea inminente, luego de la caída del ex dictador Nicolás Maduro. “No tenemos ningún tipo de información confirmada pero estamos esperanzados y con mucha fe de que lo que tanto hemos pedido, por lo que tanto hemos luchado, se dé hoy”, manifestó Gómez en declaraciones a TN. El entorno familiar se aferra a la posibilidad de que, luego de la detención de Maduro y el anuncio de amplias excarcelaciones, se concrete una medida largamente esperada por allegados y organismos de derechos humanos.

Según el relato de María, la incertidumbre sigue marcando las horas previas a un posible desenlace. “Entendemos que va a ser un proceso y que llevará horas, pero esperemos que se dé”, expresó, al tiempo que reconoció el impacto emocional de la espera: “Tengo el corazón en la boca”. La esposa del gendarme insistió en que la libertad debe comprender a todos los casos bajo detención arbitraria. “Lo único que necesito es que la libertad se dé para todos porque creo que no hay transición ni libertad en Venezuela si hay inocentes encerrados todavía, la libertad tiene que ser para todos los extranjeros, venezolanos, y que podamos volver a la tranquilidad que nos han robado”, afirmó Gómez ante el móvil de TN.

El caso de Nahuel Gallo se inscribe en el contexto de una serie de detenciones de ciudadanos extranjeros y opositores políticos en Venezuela, muchas de ellas denunciadas como desapariciones forzadas por organismos internacionales y el propio Gobierno argentino. La familia de Gallo ha sostenido gestiones ante la Gendarmería Nacional Argentina y ha elevado denuncias ante la ONU, la OEA y diversas entidades de derechos humanos. “Nosotros hicimos todo lo legalmente correcto para lograr la liberación de Nahuel Agustín, están elevadas las denuncias ante todos los organismos internacionales, la ONU, la OEA, Argentina sigue haciendo los llamados necesarios en los foros internacionales”, subrayó María Gómez.

La detención de Gallo se produjo en diciembre de 2024 cuando viajó a Caracas para reencontrarse con su familia. Fue interceptado en la frontera colombo-venezolana y, desde entonces, su paradero permaneció oculto por varias semanas, lo que motivó la intervención de la cancillería argentina y una escalada en la tensión bilateral. La prisión de El Rodeo I, donde permanece recluido, es señalada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana como un enclave bajo fuerte control militar, y ha sido objeto de múltiples denuncias por la falta de garantías judiciales.

Durante el período de detención, María residió junto a su hijo Víctor en las inmediaciones del centro penitenciario, a la espera de novedades. “Yo estuve fuera de la cárcel del Rodeo I durante tres meses con Víctor y lo único que nos decían era que nos largáramos. Yo sabía que Nahuel estaba ahí, mi corazón no se equivocaba”, rememoró. La persistencia de la familia, sumada a la presión internacional, ha mantenido el caso en la agenda pública y diplomática.

La situación de Gallo fue visibilizada por testimonios como el de Iván Colmenares, ciudadano colombiano que compartió celda con el argentino en El Rodeo I. Colmenares, en entrevista con TN, describió las condiciones de reclusión y las coacciones que sufrían los internos, a quienes se les requería firmar documentos sin consentimiento y se les sometía a tratos violentos. “Nos encapuchaban, nos esposaban, nos pegaban con los rifles. Uno tenía que quedarse quieto y tranquilo porque había consecuencias”, relató Colmenares. El testimonio también reveló que, tras varios meses, Gallo no había podido comunicarse con su familia.

La angustia de María se intensifica cada 8 del mes, fecha en la que se cumple un nuevo mes de detención. “Son trece meses de desaparición forzada. Espero que hoy sea el último 8. Estoy demasiado nerviosa, angustiada y con la fe intacta”, compartió. La falta de información oficial y la ausencia de avances concretos incrementan la presión sobre las autoridades y organismos responsables.

Al referirse a casos similares, Gómez mencionó la liberación reciente de ciudadanos españoles, también detenidos en Venezuela. “Me emocioné cuando leí lo de los españoles. Eran chicos que fueron de mochileros a Venezuela. Sus mamás lucharon mucho, yo he hablado con ellos. Estaban desde septiembre de 2024. Me puedo imaginar la emoción que sintieron. Es lo que espero sentir acá”, señaló en diálogo con DNews. La experiencia de otras familias refuerza el reclamo por la liberación de su esposo y de todos los prisioneros en situación similar.

La situación de Nahuel Gallo permanece como una de las prioridades en la agenda diplomática argentina y un símbolo del reclamo internacional por la restitución de derechos y la liberación de ciudadanos detenidos bajo cargos políticos en Venezuela.

La sesión se realizó en un clima de alta tensión diplomática, luego de una incursión militar que culminó con la captura del líder chavista y su traslado a Estados Unidos. Durante su intervención, el embajador peruano enfatizó que el homenaje a las víctimas reafirma el compromiso de la OEA con la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales en la región.

Postura de Perú sobre crisis en Venezuela

Coronado Molina aprovechó su intervención para reafirmar la postura de Perú frente a la situación política en Venezuela, asegurando que su país mantiene una política exterior basada en el respeto al derecho internacional y los valores democráticos.

“De conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el Perú ha sido un defensor constante de la democracia hemisférica y reitera su respaldo a la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica e institucional”, declaró ante los miembros de la OEA.

El diplomático subrayó que esta transición debe ser liderada por los propios venezolanos y fundamentada en la voluntad popular expresada libremente en las urnas, en consonancia con los principios de participación y legitimidad democrática.

Denuncia de ilegitimidad de Nicolás Maduro

En su exposición, el representante peruano reiteró que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ejerció su poder de forma ilegítima y dictatorial. Coronado Molina reafirmó que las elecciones del 28 de julio de 2024 no lo proclamaron como ganador legítimo, y recordó que el Perú reconoce a Edmundo González Urrutia como el vencedor de esos comicios. “El Perú ha sido claro y consistente al denunciar que Nicolás Maduro ha ejercido el poder de manera ilegítima y dictatorial”, afirmó el embajador.

Con este pronunciamiento, el país busca reforzar el rechazo internacional a los intentos de perpetuación en el poder de Maduro y promover una salida institucional a la crisis política venezolana.

Respeto a una transición pacífica e institucional

Perú también enfatizó que cualquier proceso de recuperación democrática debe ser pacífico, institucional y reflejar la voluntad del pueblo venezolano. Durante su intervención, Coronado Molina señaló que la transición debe ser inclusiva y contar con la participación activa de todos los sectores de la sociedad venezolana para garantizar su legitimidad.

“El respaldo de Perú a la recuperación del orden institucional en Venezuela es una política de Estado”, afirmó el diplomático, destacando que su país continuará promoviendo un proceso guiado por principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Diáspora venezolana

El embajador también recordó la crisis migratoria venezolana, señalando que Perú ha acogido en los últimos años a cerca de un millón y medio de ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis generada bajo el chavismo. Este fenómeno, afirmó, refuerza la necesidad de una estabilidad política, social y económica en la región.

Asimismo, Coronado Molina instó a fortalecer el papel de la OEA como principal foro político para la cooperación regional y sugirió que se reflexione sobre mecanismos para apoyar el retorno voluntario de la diáspora venezolana en el contexto de una eventual transición democrática pacífica.

La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por cargos de narcotráfico, operación encabezada por Estados Unidos en territorio venezolano, resignifica observaciones de figuras clave de la región sobre la respuesta internacional y latinoamericana a la crisis venezolana. Entre las voces más lúcidas destaca Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura peruano, fallecido en 2024, quien en una entrevista de 2014 en CNN con Fernando del Rincón advirtió sobre la pasividad de los gobiernos regionales y la falta de acción efectiva de organismos internacionales frente a los abusos del chavismo.

Ya entonces, Vargas Llosa sostenía que la postura de los países vecinos no reflejaba necesariamente el sentir de sus sociedades. “Es una actitud cobarde, lamentable, que hay que criticar de la manera más enérgica. Son gobiernos que aparentan ser neutrales y en realidad son cómplices del gobierno de Maduro. Están creando subterfugios para alargarle la vida artificialmente. Tengo la impresión de que estos gobiernos no representan el sentir de sus pueblos”, declaró el escritor a Fernando del Rincón. Además, sentenció: “En toda América Latina hay un sentimiento de admiración y solidaridad hacia los valientes venezolanos que están dando realmente una batalla, no solo por la libertad de Venezuela, sino por la libertad de América Latina”.

Del Rincón planteó que el silencio de muchos gobiernos podía estar ligado a intereses económicos relacionados con el petróleo. Vargas Llosa admitió que en algunos casos hubo “gobiernos que han sido sobornados, por el gobierno venezolano, con dádivas, con acuerdos comerciales positivos para ellos”, según sus palabras en Conclusiones. No obstante, advirtió que en otros países primaba el temor a una reacción adversa de sectores de izquierda, aunque estos ya estaban debilitados en la región. El Nobel consideraba preocupante el “espíritu timorato y acobardado” de buena parte del liderazgo continental, si bien subrayó que la democracia había echado raíces en América Latina con la reducción del número de dictaduras.

Sobre el papel de las instituciones internacionales, Vargas Llosa distinguió entre la Unión Europea y organismos interamericanos. Afirmó a Fernando del Rincón que “La Unión Europea se ha pronunciado de una manera bastante clara en contra de los abusos, con un comunicado bastante firme”, y valoró que partidos y gobiernos europeos mostraron “una posición mucho más digna que los países latinoamericanos”. Por el contrario, calificó a la OEA como “un cascarón vacío”, incapaz de promover o defender la democracia en América Latina según decía su estatuto. Apuntó que la OEA “jamás ha servido, jamás ha ayudado, ha contribuido a promover y a defender la democracia en América Latina, como dice en sus estatutos, unos estatutos que incumple sistemáticamente”. Señaló que su inoperancia es un reflejo de la actitud de los gobiernos que la integran y propuso que requería una transformación radical: “Creo que es una institución completamente inservible que habría que transformar de raíz, porque nunca ha servido para nada”.

Consultado sobre el diálogo entre el gobierno de Maduro y sectores de la oposición venezolana, Vargas Llosa consideró legítimo que la oposición participara en estos espacios siempre que continuara la movilización democrática en paralelo. Defendió la acción dual del antichavismo y descartó la idea de una fractura real entre sus filas: “Creo que la unión de la oposición es real y que tienen suficiente lucidez y sensatez los líderes de la oposición para saber que si se dividen, el gobierno va a aprovecharse de esas divisiones para mantener su política. Y lo importante es que esa política cambie y cambie de una manera radical para que Venezuela salga de la crisis terrible, probablemente la peor de su historia”.

El Nobel enfatizaba que la disidencia interna era una cuestión de tácticas complementarias, institucionalizando tanto el escepticismo como la presencia en el diálogo. Reconocía la legitimidad de diversas posturas, incluidas las de María Corina Machado o Antonio Ledezma, quienes se oponían a sentarse en la llamada Mesa de la Unidad Democrática con el gobierno venezolano, y señalaba que el gobierno de Maduro pretendía exacerbar diferencias para debilitar la creciente fuerza popular de la oposición.

Las advertencias de Vargas Llosa ante la “cobardía” de gobiernos regionales y la inoperancia de organismos multilaterales resuenan ante el desenlace que significó la intervención directa de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro: el escenario que describió el escritor en 2014, en el que la crisis venezolana demandaba una respuesta clara y decidida de la comunidad internacional, quedó evidenciado en los hechos posteriores.

Durante su intervención en Washington ante el Consejo Permanente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, señaló que la estabilidad en la región requiere una respuesta colectiva e inmediata de los países miembros. Ramdin advirtió que la actual crisis en Venezuela, desencadenada tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, exige respeto irrestricto a la institucionalidad democrática y la adopción de medidas urgentes. Según consignó el medio que reportó la reunión, Albert Ramdin llamó a los Estados miembros a coordinar acciones concretas, resaltando que la situación venezolana tras la detención de Maduro representa un desafío hemisférico.

Tal como detalló el medio, la OEA celebró la sesión especial de su Consejo Permanente en la capital estadounidense, convocada a raíz de la operación militar estadounidense que resultó en la detención del mandatario venezolano en Caracas el sábado anterior. Durante esta sesión extraordinaria, Ramdin subrayó la necesidad de que los países del continente actúen en sintonía para proteger no solo la democracia venezolana, sino también los principios fundamentales del Derecho Internacional y el marco jurídico interamericano. Remarcando el compromiso del organismo, el diplomático declaró: "Si la democracia, los principios fundamentales del Derecho Internacional y el marco jurídico interamericano están en peligro, como ya ha sucedido en nuestro hemisferio, ahora en Venezuela, el hemisferio debe actuar colectivamente para restablecer las normas y principios aceptados".

De acuerdo con la información publicada, el funcionario enfatizó que la misión de la OEA es preservar la democracia y defender los derechos humanos en la región. Insistió en que estos hechos no competen únicamente a Venezuela, sino que representan una responsabilidad de todo el hemisferio, puntualizando que "este no es solo un asunto venezolano (sino) una responsabilidad hemisférica". Ramdin enfatizó que la estabilidad de la región está ligada de forma directa a la acción conjunta de los Estados miembros y advirtió que la simple asistencia a estos espacios institucionales resulta insuficiente para lograr una mejora sustancial en la vida de los pueblos americanos.

Según informó el medio, Ramdin instó a transformar las declaraciones de solidaridad y buena voluntad en una "acción coordinada, basada en principios y sostenible". En su discurso, destacó que la Carta de la OEA y la voluntad misma de los Estados exigen esa respuesta cooperativa. El secretario general reafirmó la importancia de una Venezuela estable y democrática no solo para su población sino también para el conjunto de los países americanos.

El representante surinamés defendió el papel de la OEA como espacio de diálogo institucional, reflexión y acción colectiva, y subrayó su potencial valor como intermediario honesto en momentos de crisis hemisféricas. En palabras atribuidas por el medio, señaló que la OEA actúa como "un socio cooperativo y de confianza", en permanente respeto de los principios de soberanía, no intervención y orden constitucional que rigen la convivencia entre los Estados miembros.

El medio también destacó la declaración de Ramdin sobre los derechos humanos, donde aseguró que la organización continuará monitoreando la situación en Venezuela, documentando y denunciando públicamente violaciones, especialmente en relación a personas privadas de la libertad por motivos políticos. En este sentido, el secretario general remarcó la necesidad de realizar evaluaciones directas en el terreno para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Venezuela en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Además, según consignó la fuente, Ramdin expresó que la OEA está preparada para acompañar a Venezuela y a los demás países miembros mediante estrategias complementarias orientadas a restablecer la confianza institucional, fortalecer la democracia, optimizar la gestión estatal y promover prácticas de gobernanza sostenible. La propuesta incluye el ofrecimiento de una plataforma de diálogo inclusivo donde los actores de la sociedad venezolana puedan definir prioridades, analizar necesidades y consensuar una hoja de ruta compartida hacia el futuro. Este espacio buscaría "generar confianza y fortalecer las instituciones", incluyendo la independencia del poder judicial, el equilibrio de poderes y la vigencia de los mecanismos de defensa del Estado de derecho y los derechos humanos.

En su intervención, Ramdin reiteró la disposición de la OEA a colaborar en la construcción de condiciones que propicien un retorno democrático en Venezuela y otorguen legitimidad a los futuros gobernantes. Según las declaraciones recogidas, enfatizó la importancia de reconocer el derecho del pueblo venezolano a decidir su destino a través de métodos pacíficos y democráticos, ajustados a los principios rectores del sistema interamericano.

Durante la sesión, Ramdin subrayó también que los arreglos institucionales y el respeto al orden constitucional local aportan la base necesaria para avanzar hacia la estabilidad y la legitimidad democrática a largo plazo. Según puntualizó el medio, el secretario general sostuvo que la legitimidad solo surge mediante procesos pacíficos y diálogo incluyente, respaldados por instituciones sólidas. A criterio de Ramdin, la puesta en marcha de estos mecanismos debe realizarse de inmediato para evitar un deterioro mayor de la situación tanto en Venezuela como en el continente.

La delegación de México en la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por Alejandro Encinas, expresó este martes su preocupación ante por las advertencias recientes del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de expandir la intervención militar en la región, tras el operativo que realizó el país norteamericano en Venezuela y derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro.

En la sesión extraordinaria de hoy, Encinas afirmó que “estas lamentables acciones demandan una reflexión hemisférica responsable, apegada al derecho internacional y orientada a la preservación de la democracia, la paz y la estabilidad de la región”.

El diplomático enfatizó que la postura de México es “firme, clara e histórica”, basada en el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados, reiterando su llamado urgente a respetar el derecho internacional, cesar y no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela y privilegiar las vías pacíficas para la solución de controversias.

“Solo los pueblos pueden definir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno, así como su modelo económico-social, sin presiones externas”, recalcó.

El representante mexicano advirtió que los cambios de régimen impulsados por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo contravienen el derecho internacional, sino que históricamente han agudizado los conflictos y vulnerado el tejido social de las naciones.

“La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera”, afirmó Encinas.

A pesar de las diferencias políticas existentes en la región, Encinas subrayó que América Latina y el Caribe se han consolidado como una zona de paz, como lo reconoce la resolución AG/RS2862 adoptada en 2014 por la Asamblea General de la OEA. Dicha resolución llama a consolidar el continente como una zona de paz, basada en el respeto de los principios y normas del derecho internacional y la convicción en la solución pacífica de controversias.

“La violación actual de este equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos”, advirtió el diplomático. Encinas manifestó la profunda preocupación de México por “las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”.

Frente a este panorama, México reafirmó que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, a través del diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. Encinas reiteró la disposición de México para apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación de mayores consecuencias.

El Monumento Nacional a la Bandera en Rosario inició una nueva etapa de trabajos de restauración y modernización, lo que obligó a la clausura de la Sala de Honor de las Banderas de América. La medida se extenderá por un plazo estimado de 120 días y también mantiene restringido el acceso a la Torre del Monumento hasta fines de febrero, mientras se desarrollan mejoras en seguridad, accesibilidad y conservación.

El cierre de la Sala de Honor de las Banderas de América marca el inicio de una intervención integral sobre uno de los espacios más visitados del monumento. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Gobierno de Rosario, las tareas incluyen la instalación de un sistema de climatización frío/calor y la renovación total del sistema de iluminación, iniciativas que buscan garantizar condiciones ambientales estables para la conservación de los símbolos expuestos y ofrecer un entorno más adecuado para los visitantes. Además, está prevista la sustitución de los vidrios de las vitrinas por cristales de seguridad y la restauración de los marcos, bajo estrictos criterios de protección patrimonial.

El plan de obra también contempla la modernización del ascensor de la Torre, la restauración de aberturas y el reemplazo de las rejas de seguridad en los miradores. Estas acciones se orientan a mejorar la funcionalidad y reforzar la seguridad en los puntos de mayor afluencia de público. “Al tratarse de tareas de restauración patrimonial, los plazos de ejecución pueden presentar modificaciones en función de la complejidad de las intervenciones y del cuidado que requiere cada etapa del proceso”, precisó el Gobierno de Rosario en su reporte.

El acceso a la Torre del Monumento, frecuentado tanto por turistas como por residentes, ya se encontraba restringido por trabajos previos en el basamento. La administración municipal anunció que la reapertura de este sector se prevé para finales de febrero, aunque las fechas definitivas dependerán del avance de las obras. El cierre temporario de estos espacios responde a la necesidad de garantizar la seguridad de quienes visitan el lugar y preservar la integridad de los bienes patrimoniales durante el proceso de restauración.

La Galería de Honor de las Banderas de América, ubicada debajo del Propileo, representa un recorrido simbólico por la hermandad de las naciones del continente. En este espacio, según detalla la información institucional del monumento, se exhiben los símbolos oficiales de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos bandera, escudo, himno y flor nacional. Argentina preside el conjunto, acompañada por los símbolos de España e Italia, en reconocimiento a las principales corrientes migratorias que llegaron a la ciudad de Rosario.

Uno de los elementos más destacados de la colección es la bandera argentina que ondeó en la Casa de Gobierno de las Islas Malvinas durante el conflicto bélico de 1982. Según la documentación oficial, esta pieza permanece en resguardo en el monumento “hasta el día en que pueda volver a izarse en las Islas del sur”.

El recorrido patrimonial continúa por la Sala Antártida Argentina, inaugurada en 1975 e incorporada al circuito en el año 2014 tras una renovación integral. Este espacio, según la información institucional, rinde homenaje a quienes consolidaron la presencia argentina en el continente blanco mediante una muestra de infografías, fotografías, textos, maquetas y mapas que dan cuenta del proceso de afirmación de la soberanía nacional. En la misma sala se encuentra el boceto “Gran Parque a la Bandera”, obra del arquitecto Ángel Guido, que proyectó una visión integral del monumento y su entorno.

El Gobierno de Rosario remarcó que “las intervenciones pueden variar en sus plazos por la complejidad de las tareas y el cuidado que requiere cada etapa”, por lo que recomendó a quienes planean visitar el monumento consultar previamente el estado de acceso a los distintos espacios.

Qué otras calles estarán cerradas por obras en Rosario

A la par de las obras en el Monumento a la Bandera, la Municipalidad de Rosario avanza con trabajos de mejoramiento en varias calles y avenidas del centro y otros sectores de la ciudad. Según el comunicado oficial, esta situación implicó cortes totales o parciales en arterias clave, con el objetivo de renovar la infraestructura urbana.

Para este martes 6 de enero, se encuentran afectados los siguientes tramos: Ayacucho entre Centeno y Uriburu, Rouillón entre Pellegrini y Cochabamba, Rouillón y Riobamba, San Lorenzo entre Callao y Pueyrredón, Ayacucho entre Lamadrid y Uriburu, España entre Salta y Catamarca y Estévez Boero entre el Galpón 13 y el 15, donde el acceso vehicular se mantiene habilitado solo por el mismo sentido de ingreso de avenida.

Además, se reportaron reducciones de calzada en Rouillón y Pasco, Avenida Estanislao López de Bulevar Oroño a Avenida Francia, Avenida Carballo desde Avenida Francia hasta Gorriti (norte a sur), Provincias Unidas y Eva Perón, Ayolas entre Buenos Aires y Alem, Newbery de Avenida Real a Wilde, Salta de Cafferata a Crespo, Oroño y Uriburu, Provincias Unidas y Eva Perón y Mendoza y Teniente Agneta.

Estos trabajos también afectan recorridos de varias líneas de transporte urbano de pasajeros, que podrían modificar sus trayectos habituales. Para obtener información actualizada, el Gobierno de Rosario sugirió recurrir a la web del Ente de la Movilidad de Rosario, la aplicación Movi Rosario y la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 147.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) vivió una de sus sesiones más tensas tras la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

De hecho, el acto internacional, que fue solicitado precisamente por el presidente Gustavo Petro, contó con la intervención del viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, que dejó clara la postura del Gobierno nacional.

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El representante colombiano advirtió que la región afronta un escenario de riesgo inédito. Según Jaramillo, la acción unilateral de Estados Unidos “viola el derecho internacional”, al transgredir los principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza, establecidos tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la OEA.

Durante la sesión, presidida por el embajador colombiano Luis Ernesto Vargas, Jaramillo insistió en que cualquier intento de imponer la democracia desde el exterior resulta contrario a los valores que han guiado históricamente a América Latina y el Caribe. Explicó que la democracia solo puede consolidarse mediante procesos políticos pacíficos, inclusivos y respetuosos de la voluntad popular.

“Frente a la gravedad de los hechos, expresamos nuestro categórico rechazo a cualquier acción que atente contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela, y hacemos un llamado a la unidad y a la solidaridad de América Latina y el Caribe frente a cualquier forma de injerencia externa”, señaló.

En su discurso, el funcionario colombiano puso énfasis en la necesidad de proteger a la población civil venezolana y garantizar que la infraestructura esencial no sea blanco de operaciones militares.

Incluso, Jaramillo alertó sobre la posibilidad de un desplazamiento masivo hacia territorio colombiano, lo que supondría una carga adicional para los recursos y capacidades del Estado.

Colombia reafirmó su disposición a acoger a quienes lleguen desde Venezuela por la crisis, aunque advirtió que un agravamiento de la situación podría desbordar la capacidad de respuesta. “La protección de los civiles debe ser una prioridad absoluta”, destacó Jaramillo en su intervención.

El debate en la OEA reflejó la división continental: algunos países respaldaron la acción estadounidense, mientras otros, encabezados por Colombia, la rechazaron de forma categórica. El viceministro destacó que la región debe mantenerse como “zona de paz” y reiteró la importancia de evitar acciones que escalen el conflicto.

Otro punto álgido fue la reacción ante declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump, que sugirió que Colombia y el presidente Gustavo Petro podrían ser futuros blancos de operaciones similares.

Jaramillo calificó estas amenazas como “inadmisibles” y exigió respeto para la soberanía nacional. “Colombia rechaza de manera categórica, firme e inequívoca cualquier amenaza de uso de la fuerza o acto de agresión contra su territorio”, afirmó el viceministro.

El Gobierno colombiano, en palabras de Jaramillo, ofreció sus buenos oficios diplomáticos para contribuir a una salida negociada a la crisis venezolana. A la vez, insistió en que el papel de la OEA debe centrarse en la prevención de conflictos y la promoción de soluciones pacíficas, no en el escalamiento de las tensiones.

La sesión extraordinaria, convocada por Colombia junto a Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay, evidenció la preocupación regional por el presunto precedente que sienta la intervención militar en Venezuela. Jaramillo advirtió que la “normalización” de estas excepciones amenaza con erosionar el sistema internacional basado en normas y abrir la puerta a un orden regido por la imposición.

En la recta final de su intervención, el viceministro reiteró la postura colombiana: “Exigimos respeto ante las estigmatizaciones y discursos irrespetuosos contra nuestro jefe de Estado, legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano”, concluyó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deben de garantizar la “autodeterminación de los pueblos, la no intervención(...) siempre buscar una salida pacífica como lo establece la Carta de las Naciones Unidas”.

La mandataria adelantó que durante la reunión que se llevará a cabo el día martes 6 de enero del 2026 con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México mantendrá su rechazó a la intervención en Venezuela.

“Nosotros no estamos a favor de las intervenciones, sino de la solución pacífica”, destacó Sheinbaum.

La mandataria federal destacó la necesidad de que el multilateralismo sea el eje central de la convivencia internacional y remarcó que la ONU debe fortalecer su participación ante los conflictos globales, respetando los principios de su Carta fundacional.

Para Sheinbaum Pardo, resulta “indispensable” que el organismo supere inercias administrativas y recupere su función principal en la prevención de conflictos y la promoción de la paz, priorizando el resurgimiento de la institución más allá de un simple fortalecimiento burocrático.La jefa del Ejecutivo federal subrayó la importancia de que la Carta de las Naciones Unidas conserve plena vigencia y llamó a los Estados miembros a defenderla en momentos de tensión internacional.

“La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente, y tienen que defenderla todas las naciones. Es decir, que las Naciones Unidas se fortalezcan, se salgan de este letargo burocrático y que realmente se conviertan en un espacio de construcción de la paz en el mundo”, puntualizó.

México advierte en la ONU sobre el riesgo regional por la presencia militar de EE.UU. en el Caribe

Durante una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante permanente de México, Héctor Vasconcelos, expresó su preocupación ante el despliegue de fuerzas estadounidenses en el sur del Mar Caribe, tras la operación militar impulsada por el gobierno de Donald Trump en Caracas y otras ciudades venezolanas con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro.

Vasconcelos destacó que América Latina y el Caribe han mantenido un historial como zona de paz, fundamentada en el respeto mutuo y la solución pacífica de controversias. Advirtió que la escalada de tensiones compromete la estabilidad tanto regional como internacional y subrayó la importancia de preservar la convivencia pacífica.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también manifestó inquietud por las posibles consecuencias de la intervención militar estadounidense ocurrida el 3 de enero en Venezuela. Reiteró la necesidad de encontrar soluciones pacíficas a la crisis y defendió el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

La ONU, a través de una declaración leída por Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos, consideró que la operación para detener a Maduro no se ajusta a los principios del derecho internacional ni a los preceptos de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, participó en la sesión, en la que se debatió la legalidad de la acción militar y se insistió en que la paz y la seguridad internacionales dependen del cumplimiento estricto del derecho internacional y la Carta de la ONU.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se prepara para analizar los recientes sucesos ocurridos en Venezuela en una sesión extraordinaria programada para el martes 6 de enero de 2026 a las 10:00 a. m. (hora Colombia), según información oficial de la organización.

La reunión, que se desarrollará en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, será transmitida en directo por las plataformas digitales del organismo, con interpretación disponible en español, inglés, francés y portugués.

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Colombia, que desde este año ocupa un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitó la convocatoria del órgano para “establecer la legalidad internacional de la agresión contra Venezuela”, de acuerdo con otro mensaje del presidente Petro difundido en X.

Además, el jefe de Estado colombiano pidió que tanto la ONU como la OEA celebraran reuniones extraordinarias para tratar lo que calificó como una grave situación en el país vecino.

Frente a estos hechos, el Gobierno colombiano ha intensificado las medidas de seguridad en las sedes diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos en Bogotá y ha activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Asimismo, puso en marcha el Plan Frontera, diseñado para atender las necesidades de la población migrante y reforzar la vigilancia. El Ejecutivo también alertó a la Fuerza Pública, instruyendo la activación de todas las capacidades para anticipar y neutralizar posibles intentos de ataque por parte del ELN u otros grupos armados ilegales con presencia en la zona fronteriza.

En un comunicado posterior, el presidente Petro expresó que “el Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Petro destacó el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o amenaza de la fuerza y la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias internacionales.

El mandatario colombiano recalcó que “el país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

En ese contexto, se manifestó en contra de “cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.

De manera preventiva, el Gobierno de Colombia implementó medidas para “proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”, según detalló el presidente Petro.

Asimismo, instruyó a la Cancillería a mantener abiertos los canales diplomáticos con los gobiernos involucrados y a promover en los espacios multilaterales y regionales iniciativas destinadas a la verificación objetiva de los hechos y la preservación de la seguridad regional.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, según quedó consignado en el comunicado oficial.

Finalmente, el mensaje del presidente cerró con una expresión dirigida a los países que hacen parte de la ruta de Simón Bolivar, de la que suele hablar constantemente en sus discursos.

“Que Bolívar protega al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano (sic)”, concluyó el texto publicado por el presidente Petro en su cuenta de X.

El presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, en representación de Colombia, ha realizado la convocatoria para una sesión del organismo con el fin de definir posiciones frente a la situación generada por la intervención militar estadounidense en Caracas y la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Según informó la OEA en un comunicado recogido por diversos medios, la reunión se desarrollará el martes seis de enero, a las 10:00 horas de la costa este de Estados Unidos (16:00 en España), en el salón Simón Bolívar de la sede institucional situada en Washington.

De acuerdo con la información difundida por la OEA, el Consejo Permanente se congregará para analizar los hechos ocurridos recientemente en la República Bolivariana de Venezuela. La detención de Maduro, producida durante una incursión de fuerzas estadounidenses en la capital venezolana, ha provocado una crisis política de alcance internacional que ha motivado la intervención del principal organismo multilateral americano para la concertación de respuestas regionales.

El Consejo Permanente de la OEA fue convocado a instancias de la presidencia del diplomático colombiano Luis Ernesto Vargas, tras consultas con el resto de delegaciones diplomáticas del continente. El objetivo, según detalló la OEA, consiste en “considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela”, frase incluida en la notificación oficial divulgada a las misiones participantes y a la opinión pública.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tomó la palabra el sábado para enfatizar la necesidad de frenar la escalada de violencia en Venezuela. Según publicó la OEA, Ramdin instó a una “salida pacífica” que se fundamente en el respeto del derecho internacional. El secretario general consideró prioritaria la tarea de evitar un mayor deterioro de la situación, llamando a todos los actores vinculados al conflicto a observar en todo momento el marco jurídico internacional, al tiempo que remarcó la importancia del “arreglo pacífico de controversias” y el respeto a los derechos humanos durante cualquier proceso de diálogo o solución.

Además, Ramdin subrayó que la resolución del conflicto debería depender de la voluntad del pueblo venezolano y discurrir por los cauces institucionales vigentes en el país. El secretario general sostuvo que el proceso debe respetar tanto la Constitución de Venezuela como el conjunto de normas que estructuran el sistema político e institucional de esa nación, según consignó la OEA en su declaración.

El medio informó que la crisis se precipitó tras la operación militar desplegada por Estados Unidos en territorio venezolano, que derivó en la detención del presidente venezolano. La acción armada ha suscitado múltiples respuestas de la comunidad internacional y generado preocupación en distintos gobiernos americanos sobre el futuro del país sudamericano y la estabilidad regional.

Las deliberaciones del Consejo Permanente sucederán en un contexto de alta tensión diplomática y con la presencia de delegados de los Estados miembros de la OEA, quienes examinarán opciones de respuesta institucional y mecanismos de mediación. Entre los temas que los embajadores prevén abordar se encuentran la protección de los derechos fundamentales en Venezuela y la viabilidad de una transición política conforme al derecho internacional y las normas constitucionales venezolanas.

Según consignó el propio organismo, los representantes asistentes valorarán la posibilidad de promover iniciativas multilaterales orientadas a canalizar el conflicto hacia soluciones pacíficas y evitar un aumento de la violencia en el país caribeño. Distintas delegaciones han manifestado la intención de plantear propuestas para respaldar el proceso institucional en Venezuela y garantizar el respeto a la soberanía nacional, como reflejó la OEA en sus comunicaciones públicas previas a la cita.

La convocatoria del Consejo Permanente pone de manifiesto la importancia que otorga la OEA a la resolución de controversias a través del diálogo diplomático y la aplicación de herramientas jurídicas internacionales. Tal como remarcó en sus declaraciones el secretario general Ramdin, el contexto obliga a todos los actores involucrados a buscar formas de conciliar posturas y proteger los derechos y garantías de la sociedad venezolana.

A lo largo del desarrollo de la reunión se espera que representantes de los distintos gobiernos de la región expongan sus puntos de vista sobre los acontecimientos en Venezuela y propongan distintas rutas para la restauración del orden constitucional, siguiendo el marco legal establecido en el país sudamericano. Según la OEA, ese enfoque es compartido por la presidencia del Consejo Permanente y por la mayoría de las misiones diplomáticas acreditadas ante el organismo.

El papel de organismos como la OEA, según reiteraron sus máximos responsables, se orienta a propiciar espacios para el diálogo multilateral y el entendimiento regional en circunstancias de crisis política, recurriendo en todo momento a los principios del derecho internacional y el respeto a las decisiones soberanas de los pueblos de América.

Colombia asumió en la mañana del viernes 2 de enero de 2026 su rol como uno de los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) durante la tradicional ceremonia de instalación de la bandera que se realizó en Nueva York (EE. UU.).

El acto simbólico, que marca la bienvenida oficial a las naciones que integran este órgano, dio inicio al periodo 2026-2027 para Baréin, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia.

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El ingreso de Colombia responde a la rotación establecida dentro del grupo regional y se produce tras más de una década desde su último periodo como miembro no permanente.

El largo camino de Colombia para ser incluida entre los miembros no permanentes en Consejo de la ONU

Sobre el proceso que llevó a Colombia a este escenario, la secretaria General Adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), Laura Gil, explicó que la candidatura del país al Consejo de Seguridad de la ONU fue presentada en 2012, inmediatamente después de finalizar su anterior periodo en ese organismo, a cargo entonces de María Emma Mejía como representante permanente ante las Naciones Unidas.

Gil señaló que, dentro del grupo regional Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), las elecciones para el Consejo de Seguridad suelen no ser competidas y responden a turnos previamente acordados.

Según sus declaraciones, “las candidaturas rara vez son disputadas y las inscripciones tienden a respetarse. Es decir, los países en Grulac se van anotando según interés. Esta elección de Colombia no fue competida en Grulac. Por lo tanto, su candidatura estaba asegurada porque se necesitan dos países por grupo regional para conformar el Consejo de Seguridad”.

Gil precisó que no es habitual que una inscripción abarque el mandato de dos gobiernos diferentes y añadió que, según la explicación de Mejía, este fue el primer periodo disponible para el país. También recordó que Colombia, en promedio, accede a este órgano una vez cada diez años.

Gil citó la reflexión del excanciller uruguayo Enrique Iglesias, que sostenía que un país pequeño no debería aspirar a ser miembro del Consejo de Seguridad por las posibles dificultades que ello puede acarrear, aunque para otros, ocupar estos dos años representa una oportunidad para dejar huella en el multilateralismo.

Murillo atribuyó el regreso de Colombia al Consejo de Seguridad a su gestión diplomática

Y es que el excanciller Murillo afirmó que la reincorporación de Colombia al Consejo de Seguridad no fue producto de la casualidad, sino del trabajo diplomático realizado durante su gestión, en el que se enfocó en fortalecer las relaciones multilaterales y recuperar el liderazgo del país en escenarios globales.

Según declaraciones del exjefe de la diplomacia y hoy precandidato presidencial, su administración priorizó el diálogo con distintos Estados miembros y organismos internacionales para posicionar a Colombia como un actor confiable en temas de paz, seguridad internacional y cooperación, lo que permitió obtener el respaldo necesario para que el país regresara al Consejo de Seguridad.

Murillo destacó que pertenecer a este organismo otorga a Colombia voz y voto en decisiones clave de alcance global y abre la posibilidad de visibilizar las prioridades nacionales ante la comunidad internacional, especialmente en asuntos relacionados con la construcción de paz y la estabilidad regional.

Finalmente, el aspirante presidencial señaló que el regreso al Consejo de Seguridad representa una oportunidad estratégica para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones internacionales y fortalezca su presencia diplomática en uno de los escenarios más relevantes de las Naciones Unidas.

“Que Colombia llegue hoy al Consejo de Seguridad de la ONU no es casualidad: fue una gestión que lideré desde la Cancillería con una visión clara de país. En un mundo atravesado por crisis climática, migración y seguridad, el multilateralismo no es un lujo, es una herramienta para proteger a la gente. Tener voz y voto allí significa más cooperación, más respaldo a la paz y más capacidad de incidir para que las decisiones globales se traduzcan en resultados concretos para Colombia y la región”, indicó puntualmente su publicación, vía X.

El impacto de la explosión en el Centro Logístico Electoral (CLE) de Tegucigalpa se reflejó especialmente en la situación de los tres simpatizantes del Partido Nacional de Honduras que, a la salida de sus labores en el centro, resultaron heridos mientras abordaban un autobús. El hecho activó alarmas dentro de organismos internacionales y reforzó la preocupación sobre la violencia electoral en el país, teniendo lugar en un contexto de tensión agudizada tras la jornada de votaciones del 30 de noviembre. Según informó la Organización de Estados Americanos (OEA), el ataque con explosivos “marca un punto límite en la creciente escalada de violencia” asociada al proceso electoral hondureño.

El organismo hemisférico condenó el atentado y emitió un comunicado en el que manifestó su respaldo a una investigación ágil y exhaustiva por parte del Estado de Honduras para esclarecer el ataque y sancionar a los responsables, de acuerdo con lo difundido por la OEA a través de su cuenta oficial en la red social X. Además, la OEA expresó su deseo de recuperación para las tres personas heridas, todas vinculadas al Partido Nacional, y subrayó la gravedad del incidente para la integridad del proceso democrático.

La agresión se produjo en momentos en que el ambiente político hondureño registra una marcada inestabilidad debido a que, desde el pasado jueves, el CLE lleva adelante el recuento de aproximadamente 2.800 actas que presentan inconsistencias. El proceso de escrutinio, señalado por el medio como escenario de denuncias de fraude, ha generado reiteradas tensiones políticas y ha estado acompañado por diversas acusaciones de irregularidades. Tal como consignó la OEA, este contexto ha derivado en una “exige de los liderazgos políticos, de todos los sectores, una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática”.

En este escenario, la disputa por la presidencia mantiene un margen ajustado. Nasry Asfura, candidato que cuenta con apoyo destacado del expresidente estadounidense Donald Trump, conserva una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla. Nasralla sostiene que se produjo un “robo” electoral y ha señalado en reiteradas ocasiones problemas técnicos durante el proceso de conteo, según detalló la OEA. Estas denuncias han contribuido a la atmósfera de incertidumbre que han descrito diversos observadores y que se ve agravada por acontecimientos violentos como el registrado en Tegucigalpa.

La Misión de Observación Electoral de la OEA, presente en Honduras durante el proceso, insistió en la importancia de que se mantengan las garantías democráticas y se prevenga cualquier episodio violento adicional en medio de las labores de recuento. “Condena enérgicamente la agresión sufrida por ciudadanos hondureños que participaban del escrutinio”, señaló la organización, reiterando la urgencia de medidas institucionales destinadas a proteger a los ciudadanos y fortalecer la transparencia electoral.

El medio también reportó que líderes y sectores políticos enfrentan el desafío de contribuir a la pacificación y al restablecimiento de la confianza pública en el marco de la continuidad democrática. Las declaraciones de la OEA insisten en que el grado de violencia reportado, vinculado directamente al conteo electoral y las denuncias por supuestas irregularidades, plantea un reto significativo para las instituciones nacionales y la observación internacional.

La explosión y sus consecuencias inmediatas añaden complejidad al proceso electoral hondureño, ya de por sí marcado por polémicas y desconfianza. El caso sigue en investigación por parte de las autoridades nacionales, mismas que, según han instado organismos internacionales, deben actuar con celeridad y transparencia para responder a la inquietud ciudadana y al escrutinio global sobre el desarrollo y la legitimidad de los comicios.

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el martes el ataque con explosivos contra el Centro Logístico Electoral (CLE) en Tegucigalpa, el cual ocurrió la noche del lunes y dejó al menos tres heridos del Partido Nacional.

El organismo advirtió que el episodio marcó un punto límite en la escalada de violencia política en Honduras tras las elecciones del 30 de noviembre. Las víctimas, identificadas como miembros del Partido Nacional, sufrieron lesiones cuando abordaban un autobús al finalizar su jornada en el CLE.

La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE OEA) en Honduras expresó: “(La MOE OEA) condena enérgicamente la agresión sufrida por ciudadanos hondureños que participaban del escrutinio, exhortando al Estado a desarrollar rápidamente las investigaciones correspondientes”.

La OEA manifestó su deseo de “pronta recuperación” a los escrutadores del Partido Nacional y remarcó la gravedad del hecho, especialmente porque se produjo en el contexto del conteo especial de las cerca de 2.800 actas con inconsistencias. “Estos graves hechos denunciados marcan un punto límite en la creciente escalada de violencia que experimenta el conteo de votos”, destacó la organización.

El ataque se produjo mientras persiste la tensión por denuncias de fraude electoral en el país centroamericano. Desde el jueves anterior, el CLE inició la revisión de las actas cuestionadas, en medio de protestas y reclamos de transparencia.

“Esta situación exige de los liderazgos políticos, de todos los sectores, una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática”, recalcó la OEA.

En el plano político, Nasry Asfura del Partido Nacional —líder en la contienda presidencial y respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump— mantiene una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla del Partido Liberal.

Por su parte, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, manifestó su solidaridad con los lesionados y repudió el hecho. “Condeno enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral de las personas involucradas en el escrutinio especial”, expresó en un comunicado difundido en la red social X.

“Como presidenta del CNE, hago un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia”, añadió la funcionaria.

Hall también subrayó: “Honduras es un gran país, así lo hemos demostrado al mundo el pasado 30 de noviembre y solamente juntos saldremos adelante”, en referencia al proceso electoral y la participación ciudadana.

La consejera Cossette López-Osorio del CNE, denunció que el ataque se perpetró con “bombas molotov” y señaló como “extraña” la inoperatividad de las cámaras del sistema de emergencia 911 en el área. López subrayó que las grabaciones “se encontraban en mantenimiento al momento del hecho” y cuestionó la ausencia de detenciones vinculadas a los incidentes de violencia registrados durante el proceso poselectoral.

“¿Por qué no hay un solo miembro del PLR (Partido Libertad y Refundación) detenido por los actos delictivos que han ejecutado? Son unos delincuentes que hoy planificaron asesinar nacionalistas y solo gracias a Dios no lo lograron. Todo indica que tienen cómplices, no actuaron solos”, expuso López en declaraciones públicas.

Según el último registro oficial del CNE, con el 99,92% de las actas escrutadas, Nasry Asfura lidera la votación con el 40,34% de los sufragios. En segundo lugar se ubica Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,44%, mientras que Rixi Moncada, representante del partido oficialista Libre, permanece en el tercer puesto con el 19,22% de los votos.

(Con información de Europa Press)

Estados Unidos elevó este lunes la presión diplomática sobre Honduras al exigir que se concluya sin más demoras el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre y al advertir que habrá consecuencias contra quienes intenten bloquear o retrasar el trabajo de la autoridad electoral.

El pronunciamiento se produjo a pocos días del vencimiento del plazo constitucional para certificar los resultados oficiales.

La advertencia fue formulada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que utilizó la red social X para instar a las autoridades responsables a cumplir con sus obligaciones legales.

“Es imperativo que los responsables cumplan con sus obligaciones a tiempo para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE tendrá consecuencias”, señaló el organismo estadounidense.

Washington expresó además su preocupación por las dificultades que enfrenta el proceso electoral y apuntó directamente a actores políticos que, según su evaluación, continúan interfiriendo en el desarrollo normal del escrutinio.

El Departamento de Estado calificó la situación como “profundamente problemática” y subrayó que la ciudadanía hondureña merece un desenlace claro y confiable.

“El pueblo hondureño ha esperado bastante. Se merecen un proceso en tiempo, transparente y creíble”, añadió el mensaje oficial.

La declaración de Estados Unidos se enmarca en su política de respaldo a procesos electorales que cumplan estándares democráticos en la región y en su interés por evitar escenarios de inestabilidad institucional en Centroamérica. Aunque el comunicado no detalló el tipo de sanciones o medidas que podrían aplicarse, la referencia a “consecuencias” fue interpretada como una señal de firmeza frente a eventuales intentos de manipulación o bloqueo del conteo.

El llamado de Washington fue acompañado por un pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que también urgió a las autoridades hondureñas a completar el escrutinio y certificar los resultados dentro de los plazos previstos por la Constitución. En un comunicado difundido por su Secretaría General, el organismo regional enfatizó la necesidad de cerrar el proceso electoral con apego estricto a la ley.

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos hace un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que concluyan el escrutinio lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales”, señaló la OEA. El texto recordó que la certificación de los resultados debe realizarse antes del 30 de diciembre, un mes después de la jornada electoral.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, insistió en que el cumplimiento de ese calendario es clave para preservar la legitimidad del proceso y el respeto a la voluntad expresada en las urnas. En ese sentido, exhortó a los distintos actores políticos a actuar con responsabilidad y a evitar acciones que puedan generar mayor tensión institucional.

“Instamos a todos los actores políticos a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía”, afirmó.

Estados Unidos y la OEA han coincidido en subrayar que la transparencia y la oportunidad en la divulgación de los resultados son elementos centrales para sostener la confianza pública en el sistema electoral hondureño. Ambos actores han seguido de cerca el desarrollo del proceso y han mantenido una postura activa frente a los retrasos y cuestionamientos que han surgido tras los comicios.

Mientras el conteo continúa y se procesan las actas pendientes, la presión internacional se concentra en un objetivo común: que las autoridades electorales concluyan su labor sin interferencias y certifiquen los resultados dentro del marco legal. Para Washington y el organismo hemisférico, ese paso es esencial para evitar una prolongación de la incertidumbre política y para asegurar que el proceso electoral cierre conforme a los estándares democráticos reconocidos a nivel internacional.

(Con información de EFE)

La Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó este jueves las sesiones de su 54 Asamblea General, con la situación en Bolivia, la prolongada crisis en Haití y la preocupación regional por la escalada de violencia entre sus temas en agenda.

Treinta y dos delegaciones de los miembros activos de la OEA acudieron en esta jornada a la ciudad paraguaya de Luque para la primera sesión de deliberaciones, que arrancó con la elección de la Presidencia de la Asamblea, que recayó en el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez.

Este jueves, la 54a Asamblea General aprobó una resolución de seguimiento de la situación en Nicaragua, en la que insta a los Estados miembros a intensificar los “esfuerzos” para el “cese de la violación a los derechos humanos” en ese país.

La resolución, aprobada por los cancilleres y representantes de los 32 miembros activos de organismo, pide a sus Estados miembros adoptar medidas para poner fin a la “persecución ideológica” en el país centroamericano. Nicaragua salió oficialmente de la OEA en diciembre de 2023 a pedido de su presidente, Daniel Ortega, y Venezuela se encuentra suspendida.

Insta además al “Gobierno de Nicaragua para la inmediata e incondicional liberación de todas las personas que han sido privadas de libertad por razones políticas o religiosas”.

También se aceptó una resolución orientada a mitigar la crisis humanitaria y política que sufre Haití, que recientemente recibió una misión de asistencia policial de Kenia para combatir a pandillas que tienen sumido al país caribeño en una grave crisis.

Brasil pidió nuevas fuentes de financiamiento para descarbonizar la economía

La secretaria general de Relaciones Exteriores de Brasil, Maria Laura da Rocha, pidió que se procuren nuevas fuentes de financiamiento para descarbonizar la economía y fortalecer los mecanismos de respuesta humanitaria ante las emergencias climáticas.

“Necesitamos nuevas fuentes de financiamiento que nos permitirán dar el salto tecnológico que se necesita para una economía de carbono bajo y lo necesitamos ahora”, expuso la delegada brasileña.

Da Rocha destacó que “los efectos climáticos extremos causan destrucción y la pérdida de vida humanas”, como sucedió en el estado brasileño Rio de Grande do Sul, que fue golpeado por inundaciones que dejaron al menos 172 muertos.

El canciller de Ecuador pidió mayor integración para enfrentar el crimen transnacional

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld, abogó este jueves por la unidad en contra del crimen organizado, la corrupción y la impunidad, “enemigos poderosos” de la democracia.

“El deterioro de las condiciones de seguridad en nuestros países nos debe integrar aún más, porque de lo contrario el desarrollo de la región no será más que una quimera”, defendió la canciller.

Sommerfeld contó que Ecuador declaró en enero pasado el “conflicto armado interno”, por medio del cual catalogó a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, en respuesta a una ola de violencia que sacudió al país e incluyó la toma de un canal de televisión en plena trasmisión en vivo.

“Hoy decimos desde Ecuador: vamos tras una democracia organizada transnacional para combatir el crimen organizado transnacional”, subrayó la canciller.

Canciller dominicano aboga por paridad y rotación geográfica de la Secretaría General

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, abogó por promover la paridad de género y la rotación geográfica en la titularidad de la Secretaría General del organismo.

El canciller expuso que “todos los secretarios generales hasta la fecha han sido hombres y, excepto por un interinato por motivos de fuerza mayor de 7 meses, durante 75 de los 76 años de existencia de esta organización han provenido todos de una misma región”.

“Es el momento de considerar la rotación geográfica y el inicio de un reequilibrio hacia la paridad de género para reflejar verdaderamente la diversidad y los valores de nuestras naciones”, planteó en su intervención.

Estados Unidos condenó “cualquier intento de subvertir el orden constitucional” en Bolivia

Estados Unidos condenó este jueves “cualquier intento de subvertir el orden constitucional” en Bolivia y consideró que los acontecimientos de las últimas 24 horas muestran que la democracia sigue siendo “frágil” en el continente americano.

Estas declaraciones las realizó el subsecretario de Estado de EEUU para Gestión y Recursos, Richard R. Verma.

“Condenamos enérgicamente el despliegue ilegal de unidades del Ejército en Bolivia, así como cualquier intento de subvertir el orden constitucional”, afirmó Verma, quien forma parte de la delegación estadounidense en la Asamblea General de la OEA, el foro más importante del organismo.

Antigua y Barbuda pide no perpetuar “ficción” de que Cuba y Venezuela son parte de la OEA

Antigua y Barbuda pidió este jueves que no perpetúe la “ficción” de que Cuba y Venezuela forman parte del organismo y llamó a admitir que solo son 32 Estados activos.

“No podemos continuar perpetuando la ficción de que Cuba y Venezuela siguen siendo miembros de esta organización”, afirmó el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Michael Sanders.

El diplomático argumentó que esta situación “ha llevado a un sistema de votación distorsionado”, en el que se calcula el voto de la mayoría sobre la base de 34 miembros, reconocimiento el retiro de Nicaragua, cuando en realidad son “solamente 32″.

Argentina pide a OEA evitar “ideologías que atentan contra la vida y la libertad”

La canciller de Argentina, Diana Mondino, pidió este jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) que “vuelva a los principios que le dieron vida” y que no promocione “iniciativas ideológicas” que atentan contra “la defensa de la vida, los derechos individuales y la libertad”.

Durante la primera plenaria de la 54 Asamblea General de la OEA que se celebra hasta el viernes en Paraguay, Mondino instó al organismo a evitar “convertirse en un ámbito en el que puedan converger iniciativas ideológicas que, buscando construir sociedades más inclusivas e igualitarias, en realidad promueven la adopción de modelos que arrasan ideales como defender la vida, los derechos individuales y la libertad”.

“La defensa de la vida, la libertad y la propiedad es vital. Nuestra Constitución nacional consagra estos derechos y creemos que la dignidad de cada persona es un fin en sí mismo y no un medio para otro fin”, añadió la ministra argentina.

México promete trabajar por la integración y seguridad de América

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández García, anunció la intención de México de trabajar por la integración y seguridad de América ante la Asamblea General de la OEA.

“La integración regional no solo fortalece nuestras economías y sociedades, sino que también nos permite enfrentar conjuntamente los desafíos comunes”, declaró el subsecretario ante el plenario de la 54 asamblea de la OEA.

Hernández no pasó por alto el conflicto diplomático que mantiene su país con Ecuador tras la agresión al personal de la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril.

“Nunca más un asalto ilegal a una embajada, nunca más agresiones a enviados diplomáticos, nunca más la sustracción de una persona protegida, nunca más la violencia como solución de nada”, declaró en clara referencia al conflicto con el gobierno ecuatoriano.

Uruguay espera que comicios en Venezuela no sean una manipulación para sostener un régimen

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini, dijo este jueves que espera que las elecciones del próximo 28 de julio en Venezuela, en las cuales el presidente Nicolás Maduro competirá por un tercer mandato consecutivo, supongan un paso hacia la democratización y no una manipulación para sostener a un “régimen autoritario”.

“Vemos con preocupación el próximo evento electoral del 28 de julio, que ojalá resulte en un proceso de avance hacia la democratización y no en una manipulación desde el poder para meramente legitimar a un régimen autoritario”, expresó el canciller en la plenaria de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunida en Paraguay.

La Asamblea aprobó la Declaración de Asunción y 14 resoluciones

El 54 Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy la Declaración de Asunción “Integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región” y 14 resoluciones:

• Derecho Internacional
• Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas
• Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas
• Convocatoria del Quincuagésimo quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para considerar y aprobar el programa-presupuesto 2025 y tratar asuntos administrativos y otros asuntos presupuestarios
• Coordinación del voluntariado en el hemisferio para la respuesta a los desastres y la lucha contra el hambre y la pobreza - Iniciativa Cascos Blancos
• Papel prioritario de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones en el Desarrollo de las Telecomunicaciones/Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
• Seguimiento de la situación en Nicaragua
• Papel y parámetros de actuación de las personas que ejerzan la titularidad de la Secretaría General y de la Secretaría General Adjunta de la OEA
• Impulsando iniciativas hemisféricas en materia de desarrollo integral: Promoción de la resiliencia
• Continuar impulsando el fortalecimiento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)
• Fomentemos el Desarrollo de Puertos Competitivos, Seguros, Sustentables e Inclusivos
• Promoción de la Conectividad y Tecnología para el Desarrollo socioeconómico Resiliente en las Américas
• Continuación de los esfuerzos para el restablecimiento inmediato de la seguridad, el fortalecimiento de la asistencia humanitaria, la promoción del desarrollo socioeconómico y la prestación de asistencia para la protección de los derechos humanos y la democracia en Haití

Comenzó la segunda Sesión Plenaria

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro junto al Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay y presidente de la Asamblea General de la OEA, Rubén Ramírez Lezcano y el Secretario General Adjunto, el beliceño Néstor Méndez posan con embajadores y representantes para la foto de familia del 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en la sede de la CONMEBOL en Luque.

La OEA inició la víspera una agitada sesión marcada por un intento de golpe de Estado en Bolivia y nuevos desencuentros con la Argentina de Javier Milei, que ha objetado menciones a los derechos humanos y la igualdad de género.

Finalizó la sesión matutina de la primera Sesión Plenaria de la Asamblea General. Las actividades continuarán más tarde.

El embajador de Bolivia ante la OEA aseguró que hay al menos 10 militares detenidos por el intento de golpe de Estado en su país

El representante de la delegación boliviana, Héctor Arce, hizo un recuento de los hechos registrados durante el alzamiento militar que se registró en La Paz este miércoles y aseguró que al menos 10 uniformados se encuentran detenidos por la intentona golpista.

Zúñiga, un alto mando militar con un historial de críticas al Gobierno del MAS, intentó derrocar a la Administración de Luis Arce, alegando corrupción y mala gestión. Las primeras horas del golpe fueron caóticas, con enfrentamientos entre fuerzas leales al Gobierno y los golpistas en la ciudad de La Paz.

El intento de golpe fue rápidamente condenado por la comunidad internacional, incluyendo a la OEA y la ONU, que instaron al respeto por el orden constitucional.

Tanto Zúñiga como el comandante de la Armada Boliviana (Marina), Juan Arnez Salvador fueron arrestados por ser los principales sospechosos de organizar y llevar a cabo el intento de golpe de Estado y serán imputados por terrorismo y alzamiento armado.

Se aprobó por aclamación la resolución propuesta sobre las “acciones contra la democracia” por el intento de golpe de Estado en Bolivia

Tras la propuesta realizada por Chile y luego de dar lectura al documento que repudió el alzamiento militar en la ciudad de La Paz contra el gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, la Asamblea aprobó la moción.

Posteriormente la delegación de Bolivia agradeció el apoyo de los países al rechazar los hechos registrados en la capital de su país.

Chile pidió que se incluya al temario un item sobre las “acciones contra la democracia” por el intento de golpe de Estado en Bolivia

La delegación chilena junto con las de Antigua y Barbuda, Colombia, Brasil, México y Paraguay, Uruguay, dijo que hará circular un documento para que trate el tema del alzamiento militar en la Paz contra el gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, el cual fue aprobado.

El presidente de Paraguay dio inicio a la sesión plenaria de la Asamblea de la OEA

Santiago Peña reiteró la postulación del canciller Rubén Ramírez a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en sustitución de Luis Almagro.

Además, el mandatario repudió nuevamente el alzamiento militar que registró en Bolivia este miércoles

Menciones al intento de golpe en Bolivia

Todos los representantes de los países que hablaron en la primera parte de la sesión de hoy dedicaron un párrafo a mencionar la necesidad de preservar la democracia y sus instituciones tras lo ocurrido el miércoles en La Paz, cuando una asonada militar comprometió la continuidad del gobierno de Luis Arce.

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, saludó la valentía del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, quien participó en la 53ª Conferencia de Washington sobre las Américas, tras ser expulado de Colombia hace pocos días, viéndose obligado a refugiarse en Estados Unidos.

Almagro destacó la labor del dirigente opositor al enfrentarse a la dictadura de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y aprovechó para destacar los desafíos a los que Guaidó se tuvo que someter mientras luchó por la restauración de la democracia en el país caribeño.

“Quiero reconocer aquí la presencia del presidente Juan Guaidó, ex presidente de Venezuela, quien ha sido un político valiente que ha luchado contra una dictadura, enfrentando los desafíos, enfrentando a una dictadura que es famosa en todo el mundo por sus crímenes contra la humanidad, por torturar personas, por tener personas en prisión, por ejecuciones extrajudiciales”, destacó Almagro.

El reelecto secretario de la OEA agradeció al líder opositor por hacer frente a los abusos de la dictadura chavista dentro del territorio venezolano y posteriormente le cedió la palabra para cerrar la Conferencia de Washington.

“Gracias Juan por todo que has hecho”, dijo Almagro.

Por su parte, el dirigente venezolano agradeció al secretario general de la OEA “por ser la voz de la resistencia” que se ha enfrentado a la dictadura en Venezuela. “Queremos regresar a nuestro país para detener todo ese miedo en la región. Gracias por resistir a las intimidaciones de las dictaduras y defender los derechos humanos”, dijo Juan Guaidó.

El opositor destacó que su presencia en el evento se debe a que ha logrado sobrevivir a la persecución del régimen, pero destacó que hay cientos de venezolanos que “no pueden contar su historia”.

“Por favor contemos la historia de esos sobrevivientes que aún resisten a los horrores en nuestros países. Estamos con los pobres, estamos con los migrantes, estamos con la democracia”, dijo Guaidó.

“Para ponerle fin a la migración necesitamos progresos, para lograr esos progresos, necesitamos democracia, necesitamos respeto a los derechos humanos”, concluyó.

Guaidó llegó a Miami (Florida) la semana pasada desde Colombia ante las amenazas de ser deportado a Venezuela por el Gobierno de ese país.

Guaidó viajó a Washington con la intención de establecer contactos con congresistas y funcionarios, participar en un evento y ofrecer una rueda de prensa.

Según dijo en Miami el pasado jueves, al igual que cuando era reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, incluido EEUU, busca el apoyo de la comunidad internacional para unas elecciones libres en Venezuela y “protección” para los millones de personas que están a merced de la “dictadura”.

Guaidó dijo que piensa regresar a Venezuela, pero una vez que esté “protegido” él mismo, pues no va a “entregar un rehén más a la dictadura de Maduro”.

Por otra parte, la semana pasada, Almagro fue ratificado por el Consejo Permanente de la OEA para que continúe conduciendo el organismo pese a las críticas de Argentina, México y Bolivia.

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(Desde Washington, Estados Unidos) El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, defendió a su asesora de confianza, Xaviera Jessurun, que debe entregar su pasaporte diplomático por estar involucrada en un caso de corrupción, fraude y blanqueo de capitales que investiga la justicia penal de Surinam.

Esa defensa política de Ramdin respecto a Jessurun provocó un fuerte malestar entre la mayoría de los embajadores que están asignados en el foro regional.

La OEA aparece como un organismo multilateral anclado en el siglo XX, y con escaso prestigio institucional. En ese contexto, Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Ecuador -por citar algunos ejemplos- decidieron fortalecer su presencia geopolítica fijando posición sobre Venezuela, Haití y Honduras.

Pero ese lento proceso diplomático se descascaró con el nombramiento de Jessurun: es muy difícil defender el prestigio de un organismo multilateral cuando la asesora de confianza del secretario general enfrenta cargos penales en la justicia de su propio país.

No hay un sólo embajador que haya defendido la designación de Jessurun. Y la mayoría de los diplomáticos exigen que Ramdin “eche o fuerce la renuncia” de su consejera política de confianza.

Antes de asumir en la OEA, Ramdin era canciller de Surinam y Jessurun cumplía funciones como su principal consejera política.

El dos de febrero de 2025, Xaviera Jessurun fue imputada en un expediente penal que investiga un profundo caso de corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Ramdin conocía la imputación penal contra Jessurun, y no le importó: fue nombrada en la OEA en mayo de 2025.

Cuando se lo consultó acerca del proceso penal que enfrentaba su asesora mas cercana, el secretario general relativizó las evidencias recogidas en el expediente judicial.

“Jessurun no tomó ninguna medida en su calidad de presidenta del consejo de supervisión. Era miembro del equipo de gestión de crisis. Ese equipo no tomó ninguna decisión por sí solo”, sostuvo Ramdin para relativizar las acusaciones contra su asesora en la causa Compañía de Aviación de Surinam.

Y completó: “De repente la gente se ha vuelto tan moralista. Esto huele a resentimiento. Se trata de un proceso politizado”.

Las opiniones políticas de Ramdin en favor de su asesora Jessurun no coinciden con la acusación formal que realizó la justicia de Surinam.

En un escrito enviado a la Cancillería de Surinam, el Fiscal General García Paragsingh sostiene que Jessurun ha sido designada sospechosa en la investigación por supuesta corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Tras analizar con su cuerpo legal la comunicación formal remitida por García Paragsingh, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam revocó el pasaporte diplomático emitido en favor de Xaviera Jessurun.

Paul de Haan -director de la empresa aérea-, Xaviera Jessurun -extitular del Consejo de Supervisión-, y el exconsultor Prenobe Bissessur aparecen en la causa como sospechosos de corrupción, fraude y falsificación, entre otros delitos.

El ministerio de Relaciones Exteriores, que hace pocos meses ocupaba Randim, sostuvo que mantener un pasaporte diplomático en esta situación puede servir para evadir el proceso penal.

Jessurun debe entregar el pasaporte diplomático en un plazo de catorce días en la embajada más cercana de la República de Surinam. Así lo resolvió la cartera de Relaciones Exteriores.

La irritación de la mayoría de los diplomáticos por el “Caso Jessurun” se multiplicó cuando el secretario general decidió que su asesora de confianza apareciera ayer en el último Consejo Permanente de la OEA.

A esa hora, la primicia de Infobae sobre las consecuencias diplomáticas de la imputación contra Jessurun era comentario obligado en todos los grupos de Whatsapp de la OEA, y sin embargo Ramdin decidió doblar la apuesta poniendo a su asistente a la vista de todos los embajadores.

En los próximos días, esta crisis política en la OEA se puede multiplicar: Jessurun tendría que obtener una nueva visa de los Estados Unidos para mantener su trabajo junto a Ramdin, y debería aclarar que está bajo proceso penal.

Una situación jurídica compleja para la lógica migratoria de la administración Trump, que expulsa a extranjeros con causas judiciales abiertas.

En el Departamento de Estado se cuestiona la designación de Jessurun que hizo Ramdin. Y el secretario general de la OEA, lo sabe.

La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.

“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.

El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.

En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.

El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.

El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.

“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.

Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.

Mientras tanto, el conteo oficial mantiene al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, al frente con el 40,54% de los votos, seguido por Nasralla (39,19%) con el 99,80% de las actas procesadas. En tercer puesto se encuentra Rixi Moncada (Libre), que denunció fraude y reclama la anulación de los resultados, con el 19,29% de los sufragios.

Desde Estados Unidos, la Embajada estadounidense en Honduras pidió el martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice “libertad y transparencia” en el proceso de divulgación de los resultados de las elecciones presidenciales.

“El Consejo Nacional Electoral debe realizar su trabajo con libertad y transparencia. Gracias a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por salvaguardar el proceso. Los ojos del mundo siguen puestos en Honduras”, expresó el cuerpo diplomático a través de un mensaje en la red social X.

(Con información de EFE)

(Desde Washington, Estados Unidos) Una investigación penal sobre un caso de corrupción pública en Surinam inició una crisis política en la OEA que involucra a su secretario General, Albert Ramdin, y su principal asesora Xaviera Jessurun.

Los representantes de los Estados miembros del foro regional ya conocen la decisión del gobierno de Surinam de revocar el pasaporte de Jessurun, y aguardan una inmediata respuesta institucional de Ramdin, que hasta anoche se mantenía en silenzo stampa.

En el Departamento de Estado causó sorpresa la inédita situación procesal de la influyente consejera Jessurun.

El dos de febrero de 2025, Xaviera Jessurun fue imputada en un expediente penal que investiga un profundo caso de corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Antes de asumir como secretario General de la OEA, Ramdin fue canciller de Surinam y conocía la situación jurídica de Jessurun, ya que en ese entonces era su principal consejera en política exterior.

A Ramdin no le preocupó la imputación penal contra Jessurun, y la nombró en la OEA en mayo de 2025. Cuando se lo consultó acerca del proceso penal que enfrentaba su asesora mas cercana, el secretario General relativizó las evidencias recogidas en el expediente judicial.

En este contexto, la Cancillería de Surinam revocó el pasaporte diplomático emitido en favor de Xaviera Jessurun. La consejera de Ramdin recibió una notificación oficial, que es conocida por el secretario General.

La decisión administrativa de la Cancillería de Surinam es la respuesta protocolar a un escrito remitido por el Fiscal General García Paragsingh, adonde se afirma que Jessurun ha sido designada sospechosa en la investigación por supuesta corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Paul de Haan -director de la empresa aérea-, Xaviera Jessurun -extitular del Consejo de Supervisión-, y el exconsultor Prenobe Bissessur aparecen en la causa como sospechosos de corrupción, fraude y falsificación, entre otros delitos,

El ministerio de Relaciones Exteriores, que hace pocos meses ocupaba Randim, sostuvo que mantener un pasaporte diplomático en esta situación puede servir para evadir el proceso penal

Jessurun debe entregar el pasaporte diplomático en un plazo de catorce días en la embajada más cercana de la República de Surinam. Así lo resolvió la cartera de Relaciones Exteriores.

La gestión política y administrativa del secretario General de la OEA, Albert Ramdin, ya mereció fuertes críticas internas por su débil postura frente a la dictadura de Venezuela, la decisión de nombrar como su jefe de Gabinete a un diplomático de Bahamas investigado por corrupción y la predisposición a gastar escasos fondos públicos en la remodelación de sus oficinas personales.

Chris Landau, subsecretario de Estado adjunto, ha planteado en la OEA qué posición tiene Donald Trump respecto a la importancia geopolítica del foro regional.

“Estoy aquí para extender un lazo de amistad a esta organización y a cualquiera que lo acepte. Pero la amistad es una calle de doble sentido. El secretario (Marco) Rubio y yo debemos poder decirle a nuestro Presidente y a nuestro pueblo que nuestra inversión sustancial en esta organización beneficia a nuestro país". Landau.

Y completó: No estoy seguro de que estemos en posición de hacer eso en este momento, y les pido de buena fe que me ayuden a presentar este argumento".

Desde esta perspectiva, la inédita situación institucional de Jessurun, causó sorpresa y malestar en el Departamento de Estado.

Rubio y Landau conocen la lógica de poder en América Latina, y no tolerarán que posibles casos de corrupción erosionen -aún más- la imagen pública de la OEA, en un escenario geopolítico caracterizado por la dictadura de Venezuela y el proceso electoral en Honduras.

Ramdin deberá decidir con rapidez la estabilidad laboral de su Jessurun: no es habitual que un secretario General de la OEA nombre como su principal consejera a una imputada penal en Surinam que enfrenta cargos de corrupción pública, fraude y blanqueo de capitales.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras instó este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) a “realizar su trabajo con libertad y transparencia” para que la ciudadanía conozca los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

“El Consejo Nacional Electoral debe realizar su trabajo con libertad y transparencia. Gracias a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por salvaguardar el proceso. Los ojos del mundo siguen puestos en Honduras”, señaló la Embajada en un mensaje difundido en X.

La sede diplomática reconoció además la labor de los socios regionales y agradeció al pueblo hondureño por su participación pacífica en los comicios.

A más de dos semanas de la elección para presidente, vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, Honduras sigue sin conocer el resultado final. Por mandato legal, el CNE debe proclamar a los ganadores antes del 30 de diciembre.

El escrutinio especial de al menos 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias no pudo comenzar el día previsto, el 13 de diciembre, debido a obstáculos administrativos, ausencia de representantes partidarios en las mesas de verificación y dificultades tecnológicas aún por resolver, que según el CNE se intentarán superar en las próximas horas.

El proceso se ha visto acompañado de denuncias de hostigamiento, presiones y amenazas dirigidas a dos consejeras del organismo electoral, Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López-Osorio, quienes afirman que está en riesgo tanto la integridad del proceso como su propia seguridad física.

Con el 99,80% de las actas escrutadas, el candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, encabeza la votación con un 40,54% de los sufragios, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal (39,19%). Rixi Moncada, aspirante del Partido Libertad y Refundación, se sitúa en tercer lugar con el 19,29%.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, denunció este martes nuevos obstáculos que impiden el inicio del escrutinio especial para contar los votos de 2.792 actas correspondientes a los comicios del mes pasado.

Según Hall, la situación se agravó porque personal de partidos políticos está “avasallando” al organismo electoral. “¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla al CNE”, expresó Hall en un mensaje en la red social X.

Además, la funcionaria cuestionó el papel de las autoridades y la ausencia de información oficial sobre lo que sucede: “¿Dónde está la investigación que corresponde? ¿Por qué las autoridades a cargo del orden público y de la seguridad del proceso no informan sobre lo que realmente sucede?”, reclamó Hall.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras aseguró este martes, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que no hay evidencia de fraude en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre.

El jefe de la misión, Eladio Loizaga, señaló que “las y los observadores y el equipo de ingenieros de la MOE han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos”.

“En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados”, agregó.

La declaración oficial de la OEA llega en un momento de fuerte presión política, luego de que el gobierno de Xiomara Castro —cuyo partido quedó tercero con la candidatura de Rixi Moncada— instalara un discurso de fraude ante la ajustada disputa entre los líderes opositores Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

(Con información de EFE)

La misión electoral de la OEA en Honduras aseguró hoy durante un Consejo Permanente Extraordinario del foro regional que no se cometió fraude en los comicios presidenciales del pasado 30 de noviembre.

“Las y los observadores y el equipo de ingenieros de la MOE han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos, sostuvo el jefe de la misión de la OEA, Eladio Loizaga.

Y remató: “En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados”.

La posición oficial de la OEA aplaca la presión política del gobierno de Xiomara Castro que osciló entre sostener que hubo fraude en los comicios y la decisión política de desconocer al próximo presidente de Honduras.

La candidata oficialista Rixi Moncada quedó en tercer lugar frente a los candidatos opositores Nasry Asfura y Salvador Nasralla, que disputan voto a voto el triunfo en los comicios presidenciales.

“La MOE (Misión de Observación Electoral) observó la circulación de narrativas de fraude a lo largo de todo el ciclo electoral provenientes del oficialismo, de la oposición, e incluso desde una de las autoridades electorales, las que le han hecho un gran daño a la institucionalidad democrática y al proceso electoral mismo", sostuvo Eladio Loizaga, jefe de la misión de la OEA.

Al margen de los movimientos políticos ejecutados por orden de Xiomara Castro para anular los comicios presidenciales, el jefe de la misión electoral de la OEA cuestionó los mecanismos tecnológicos que se utilizaron para preservar los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

“Las y los observadores y el equipo de ingenieros de la MOE han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos. En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados”, aseguró Eladio Loizaga.

Y completó: “Si bien las soluciones tecnológicas son herramientas de gran utilidad para agilizar los procesos de conteo y totalización de resultados, no constituyen el núcleo del sistema electoral, dado que son las actas físicas las que contienen los resultados. En ese sentido, la Misión considera que el funcionamiento deficiente de dichas herramientas no implica por sí mismo una acción fraudulenta, aunque reflejan impericia técnica y política por parte de la autoridad electoral.

Cuando concluyó la presentación de Eladio Loizaga, el vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, presentó la posición oficial de su país ante los comicios presidenciales.

Torres se movió bajo el guión oficial: denunció la injerencia de Estados Unidos en las elecciones y afirmó que hubo fraude electoral en contra de la candidata oficialista Rixi Moncada.

“Nos parece recurrente y alarmante que se siga omitiendo el tema de una injerencia directa en el proceso electoral hondureño", dijo el vicecanciller Torres.

Y añadió: “Las actas que se transmitieron y que se presentan al pueblo de Honduras están falseadas o están hackeadas, tal como lo adelantó el consejero (Marlon Ochoa). Han pasado quince días desde las elecciones y en Honduras aún no se ha definido el ganador de las mismas.

Citado por Torres para sostener su discurso, se recordó a Infobae en la OEA que el consejero electoral Marlon Ochoa responde a las órdenes directas de Castro, y tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por haber atacado su representación diplomática en Tegucigalpa en 2019.

Los embajadores de Brasil, México, Colombia criticaron con suavidad al proceso electoral y se mantuvieron en silencio frente al discurso del gobierno asegurando que hubo fraude en los comicios del 30 de noviembre.

Michael Kozak, un experto diplomático del Departamento de Estado, replicó las posiciones políticas de Honduras, Brasil, México y Colombia. Fue un discurso corto, y contundente, con señales directas a todos los protagonistas de la contienda electoral.

Kozak sostuvo lo siguiente:

-“Las elecciones del 30 de noviembre en Honduras fueron ampliamente consideradas un éxito y un ejemplo en la región, con una alta participación de votantes y una participación pacífica a pesar de un entorno altamente polarizado".

-“En una contienda extremadamente reñida, es esencial que el Consejo Nacional Electoral pueda desempeñar sus funciones libre de amenazas y opresión".

-“El llamado de la presidenta Castro a anular la elección carece de todo mérito y amenaza con silenciar las voces de 3,4 millones de votantes que depositaron su voto el 30 de noviembre.

-“El hecho es que el pueblo de Honduras depositó libremente su voto por sus candidatos preferidos. Rechazamos acusaciones infundadas de manipulación externa, reiterando nuestro llamado a que todos los actores respeten el trabajo del CNE y los plazos legales establecidos".

-El partido Libre está intentando hacer exactamente lo que advertimos el 25 de noviembre: crear un pretexto para anular o robar una elección democrática y negarse a reconocer la voluntad del pueblo hondureño. No queremos ver otro caso como Venezuela. No aceptaremos el flagrante desprecio de los principios democráticos establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

-“También reconocemos el papel no partidista de las Fuerzas Armadas de Honduras en la protección de los materiales electorales, y la diligencia de los funcionarios del CNE mientras revisan los aspectos visuales en línea con las recomendaciones de los observadores para garantizar la trazabilidad y la certeza".

“-Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático en Honduras. El pueblo hondureño no debe ser despojado de su elección para el próximo presidente. Responderemos de manera rápida y decisiva a quienes deseen desafiar la voluntad del pueblo hondureño. Condenamos en los términos más enérgicos a quienes están llamando a la violencia".

La posición geopolítica de Estados Unidos fue acompañada por Carlos Cherniak, embajador argentino en la OEA. Donald Trump y Javier Milei son socios estratégicos en América Latina.

“Ni injerencia ni operación política. Tanto el Consejo Extraordinario de noviembre pasado como el de hoy, representan una oportunidad para el gobierno de Honduras, para clarificar su posición, para asumir compromisos creíbles en el marco de la Carta Democrática de la OEA y por sobre todo, reconocer la voz de la soberanía popular", señaló Cherniak.

Y sumó: “Todos conocemos la teoría del caos. Pero en este caso, todos los reflectores del mundo están sobre el Consejo Nacional Electoral. No hay margen para querer burlar a la voluntad popular. Honduras es uno de nosotros. Es parte de los que respetamos la Carta Democrática. Y queremos que lo siga siendo".

Tras una breve participación del vicecanciller hondureño Torres, adonde insistió con sus críticas a los Estados Unidos, Albert Ramdin -secretario General de la OEA- cerró la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del foro regional.

“Los líderes políticos, y especialmente los candidatos presidenciales, tienen un papel importante que desempeñar en esta fase del proceso: demostrar responsabilidad y contribuir al orden y la paz en Honduras”, reclamó Ramdin.

Esta semana, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, explicó en Oslo que el reconocimiento recibido correspondía a “todos los venezolanos” que hoy se enfrentan a una guerra declarada por parte de Nicolás Maduro. Machado argumentó cómo la dictadura chavista se valió del apoyo de regímenes como los de Cuba, Rusia e Irán, y de “organizaciones criminales como Hamas y Hezbollah”. Sostuvo que “así como el régimen se apoya en los regímenes del mundo, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”. También señaló que los recursos petroleros del país eran utilizados para “la persecución política y la tortura”, hechos investigados por mecanismos internacionales como posibles crímenes de lesa humanidad. Consultada por la posibilidad de una intervención militar, indicó que la sociedad venezolana ha apostado por una transición “en orden y paz”, que ha sido entorpecida sistemáticamente por el chavismo.

Durante más de dos décadas, distintos gobiernos y actores internacionales aliados y beneficiarios del chavismo afirmaron que la crisis venezolana debía resolverse “entre venezolanos”, sin presión externa, guardando así un silencio cómplice frente a las violaciones constitucionales y de derechos humanos que se perpetraron en el país caribeño. Esa posición se consolidó en foros multilaterales y comunicados oficiales, limitando el margen de acción diplomática y restringiendo la capacidad de la sociedad civil para activar mecanismos internacionales de protección.

En febrero de 2019, el representante permanente de China ante Naciones Unidas, Ma Zhaoxu, afirmó que su país rechazaba cualquier forma de intervención extranjera y que “los asuntos de Venezuela deben ser decididos por el propio pueblo venezolano”, según Xinhua y los registros del Consejo de Seguridad. Rusia expresó la misma línea: entre 2019 y 2021, el canciller Sergei Lavrov sostuvo que las sanciones y presiones externas buscaban “forzar cambios de poder”. Cuba, mediante comunicados de su canciller Bruno Rodríguez, reiteró el principio de “respeto a la soberanía venezolana” y rechazó pronunciamientos internacionales. En la región, líderes como Andrés Manuel López Obrador en México, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador adoptaron siempre posiciones grises y evitaron críticas directas al régimen venezolano.

En paralelo, organismos internacionales documentaron el deterioro progresivo de la institucionalidad venezolana. Informes de la ONU, la OEA, HRW y Amnistía Internacional registraron, desde mediados de los años 2000, la erosión de la independencia judicial, el cierre del espacio cívico, el uso político de la Fuerza Armada y el avance del control estatal sobre medios, instituciones electorales y administración pública. A partir de 2014, estos organismos reconocieron patrones de represión sistemática, con detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. ACNUR y la OIM estimaron más de 7,7 millones de migrantes y refugiados para 2024, una de las diásporas más grandes de la región.

La siguiente cronología reconstruye las 21 principales ocasiones en las que el antichavismo y la sociedad civil intentaron abrir una salida democrática, y cómo cada intento fue bloqueado por un aparato estatal que se ha cohesionado, militarizado y desarrollado la capacidad de revertir o neutralizar cualquier avance:

1. Ley de la Constituyente y reorganización del Estado (1999–2000)

En 1999, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) constituyó el primer paso hacia un modelo político centrado en la concentración del poder ejecutivo en Venezuela. Según informes recogidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el análisis de organismos multidisciplinarios, la ANC fue electa con la encomienda de redactar una nueva Constitución, pero se proclamó por encima de todas las instituciones estatales, anulando así el rol del Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

La Constitución de 1999, sometida a referendo popular, introdujo cambios significativos, como la creación de los Poderes Ciudadano y Electoral y el rebautizo del país. Las elecciones denominadas “megaelecciones” en 2000 permitieron la reelección de Hugo Chávez y un control total sobre el Ejecutivo y Legislativo, consolidando la subordinación institucional de los demás poderes bajo aliados del gobierno.

Durante este proceso, los partidos opositores, principalmente Acción Democrática (AD) y Copei, intentaron denunciar irregularidades y activar recursos legales ante la Corte Suprema. Sin embargo, la proclamación de poder originario de la ANC y el respaldo popular neutralizaron la resistencia de la oposición y debilitaron sus posibilidades de acción efectiva. Las reformas incluyeron la ampliación de funciones de la Fuerza Armada Nacional, que ganó mayor injerencia en asuntos políticos y sociales.

2. 11 de abril de 2002: ruptura y retorno

El 11 de abril de 2002 marcó una ruptura institucional cuando sectores de la oposición y parte del alto mando militar anunciaron el cese de funciones de Chávez y la asunción de Pedro Carmona como jefe provisional. Sin embargo, menos de 48 horas después, fuerzas leales y movimientos populares lograron el retorno de Chávez al poder, afianzando su control sobre la estructura estatal.

La reacción internacional fue convocar al restablecimiento de la institucionalidad democrática. Las consecuencias inmediatas incluyeron un incremento en la polarización política y el fortalecimiento de la alianza entre el Ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Dicho episodio dejó un precedente en cuanto al uso del aparato militar como puntal del poder presidencial y validó la respuesta represiva ante crisis de gobernabilidad. El quiebre institucional agudizó el enfrentamiento entre el oficialismo y sus detractores, marcando el inicio de una política sistemática de represión, descrita posteriormente por organismos internacionales como una constante en los años siguientes.

3. Paro petrolero y despidos masivos en PDVSA (2002–2003)

El paro cívico y petrolero desarrollado entre 2002 y 2003 paralizó temporalmente la infraestructura energética nacional. Diversas fuentes, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relataron cómo el gobierno de Hugo Chávez respondió despidiendo, de forma pública y masiva, a miles de trabajadores de PDVSA, principal empresa estatal petrolera.

La medida fue ejecutada directamente por Chávez en transmisiones televisivas, donde utilizó un silbato y gritos para cesar a empleados señalados de participar en el paro. Organizaciones como HRW documentaron la pérdida de derechos laborales, antigüedades y la imposibilidad de reincorporación mediante recurso judicial, en lo que consideraron un proceso discriminatorio vinculado a motivaciones políticas.

Posterior al paro, el gobierno restructuró radicalmente la industria petrolera eliminando cargos técnicos y consolidando el control político. La militarización de puestos clave en PDVSA, según informes independientes del Foro Penal y la OEA, marcó el inicio de la intervención militar en la economía venezolana y debilitó cualquier resquicio opositor en la administración pública.

4. Referendo revocatorio de 2004

La oposición venezolana afrontó obstáculos legales para impulsar el referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en 2004. El proceso, supervisado por un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señalados como parciales, estuvo afectado por la ausencia de una ley específica y la imposición de reglas administrativas que dilataron y entorpecieron la validación de firmas.

Dicha situación generó la anulación de firmas y exigió verificaciones adicionales, mientras la automatización del voto mediante una empresa cercana al régimen chavista elevó las sospechas de fraude. Herramientas como la “Lista Tascón” sirvieron para identificar a los firmantes y generar represalias laborales, limitando la participación ciudadana, según denuncias documentadas por la OEA y la ONU.

El referendo realizado el 15 de agosto de 2004 otorgó la victoria oficial a Chávez con el 59,25% de los votos. El resultado fue validado por observadores del Centro Carter y otras entidades, aunque opositores insistieron en señalar irregularidades. El fracaso en revertir la permanencia presidencial mediante vías institucionales reforzó el dominio oficialista y debilitó la moral opositora.

5. Reelección de 2006, reforma y cierre de RCTV (2007)

Luego de la incapacidad opositora para enfrentar las elecciones legislativas de 2005, Chávez resultó reelegido en 2006. En 2007 impulsó una reforma constitucional que pretendía formalizar la reelección indefinida; sin embargo, la propuesta fue rechazada por la ciudadanía en referendo que significó la primera derrota electoral de Hugo Chávez desde su llegada al poder.

Ese mismo año, el gobierno decidió no renovar la licencia de transmisión de RCTV, uno de los principales canales de señal abierta. El hecho fue denunciado como un atentado contra la libertad de expresión y un giro en el control mediático estatal. La cancelación generó rechazo internacional y mostró la capacidad del Ejecutivo para limitar la información y acallar el disenso interno.

A pesar de esta derrota en las urnas, en 2009 Chávez logró aprobar la reelección indefinida a través de una enmienda constitucional votada en referéndum. La oposición, debilitada institucionalmente y restringida en el acceso a medios de comunicación, no logró evitar la consolidación de un esquema que permitiría la perpetuidad presidencial.

6. Protestas estudiantiles de 2009

Las protestas estudiantiles se intensificaron en 2009 como resultado de la disminución presupuestaria impuesta a las universidades venezolanas y la violencia denunciada por la comunidad académica. La reducción de fondos, congelados desde 2005, provocó la reacción inmediata de estudiantes y profesores.

Durante enero fallecieron dos jóvenes en el estado Mérida, lo que catalizó manifestaciones, huelgas de hambre y acciones tendientes a visibilizar la situación ante organismos internacionales. La OEA recibió una delegación estudiantil tras constantes solicitudes y denuncias de represión policial y falta de garantías para la protesta pacífica.

Estas protestas coincidieron con el debate y aprobación de la enmienda constitucional que habilitó la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. El movimiento estudiantil se posicionó como actor clave articulando acciones en rechazo tanto al recorte como a la ampliación de poderes presidenciales. Aunque las movilizaciones obtuvieron resonancia mediática y respaldo internacional, la reforma fue aprobada y las demandas del movimiento no lograron revertir el avance del chavismo en las instituciones.

7. Ley Habilitante y mayor concentración de poder (2010)

En diciembre de 2010 la Ley Habilitante concedió a Hugo Chávez poderes para legislar por decreto durante dieciocho meses con el argumento de la emergencia causada por lluvias e inundaciones. La medida fue avalada por la Asamblea saliente dominada por el oficialismo, e intentaba frenar el envión de la nueva legislatura con representación mayoritariamente opositora recién electa y que no había asumido funciones.

El decreto facultó al Ejecutivo para dictar leyes en múltiples ámbitos, eliminando el control regular del Parlamento. El resultado fue una profundización de la centralización y una reducción de los contrapesos democráticos, lo que favoreció la consolidación de poderes en torno a la figura presidencial.

La acumulación de atribuciones por medio de instrumentos como la Ley Habilitante fue denunciada nacional e internacionalmente como un factor de transición hacia el modelo autocrático, debilitando la posibilidad de debate y fiscalización legislativa. Las decisiones adoptadas bajo este marco legal se tradujeron en normativas de alto impacto social, político y económico, que limitaron severamente la acción opositora.

8. Expropiaciones y reconfiguración económica (2005–2012)

El ciclo que abarca desde 2005 hasta 2012 fue testigo de un programa de expropiaciones formalizado bajo la justificación de instaurar un modelo productivo socialista. Se estima que el chavismo decretó la adquisición forzosa de unas 1.200 empresas por parte del Estado, agudizando la dependencia de los recursos públicos y generando dificultades económicas que tendrían sus mayores consecuencias en los años siguientes.

Las respuestas opositoras recurrieron a recursos legales y protestas, señalando contradicciones con los principios constitucionales de propiedad privada. No obstante, la ocupación institucional por parte de autoridades oficiales limitó la efectividad real de cualquier reclamo, tal como certificaron informes parlamentarios y ONG independientes.

La movilización de trabajadores afectados, empresarios y agricultores logró captar atención internacional, pero fue contenida por el aparato policial y judicial alineado con el Ejecutivo. El avance del proyecto expropiador resultó en una disminución de la inversión privada y en una mayor presencia militar en la economía, con mandos militares incorporándose a la dirección empresarial estatal.

9. Avances opositores y estructuras paralelas (2008–2012)

Entre 2008 y 2012, la oposición tuvo logros electorales notables, logrando el control de estados estratégicos y la Alcaldía Mayor de Caracas. La elección de gobernadores y alcaldes opositores fue vista entonces como un indicio de aperturas institucionales para la alternancia.

La respuesta del régimen encarnado aún en Hugo Chávez vino en la forma de recentralización y creación de estructuras administrativas paralelas. Competencias esenciales como la administración de servicios públicos y recursos financieros fueron traspasadas a ministerios o entes controlados directamente por el Ejecutivo, desplazando a las autoridades electas por voto popular.

El Tribunal Supremo de Justicia validó legalmente la transferencia de atribuciones y la creación de organismos paralelos, evidenciando así la limitada capacidad de gestión real de los funcionarios opositores. Este esquema, documentado por medios internacionales y analizado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, implicó un vaciamiento efectivo de las victorias democráticas en el ámbito regional y municipal.

10. Última elección de Chávez y ascenso de Maduro (2012–2013)

El periodo 2012–2013 estuvo marcado por la última reelección de Hugo Chávez, cuya salud en deterioro fue minimizada en campaña. La evidente ventaja oficialista y el uso de recursos públicos resultaron en un 55% de los sufragios a su favor. Las denuncias opositoras sobre manipulación institucional quedaron consignadas en el escrutinio internacional y sin efectos dentro del país.

Tras el fallecimiento de Chávez, el TSJ permitió la asunción total de poderes por parte de Nicolás Maduro, una interpretación constitucional rechazada por la oposición y considerada irregular por diversas ONG. La convocatoria anticipada de elecciones derivó en la primera victoria ajustada de Maduro sobre Henrique Capriles, en medio de protestas por falta de auditoría integral del proceso.

El Consejo Nacional Electoral, con mayoría chavista, validó el resultado sin atender completamente las exigencias de revisión total. Las limitaciones estructurales y la parcialidad denunciadas por la oposición pasaron a fortalecer aún más el aparato estatal chavista.

11. Protestas de 2014

Las protestas de 2014 fueron desencadenadas por el agravamiento de la crisis social, caracterizadas por la inseguridad, inflación y escasez. El movimiento estudiantil y la oposición lideraron las movilizaciones, enfrentando una respuesta estatal definida por el uso excesivo de la fuerza, tal cual documentó el Foro Penal Venezolano.

El saldo fue de al menos 43 muertos —según la OEA—, centenares de heridos y aproximadamente 3.000 detenciones arbitrarias, muchas de ellas con relatos de tortura, abuso sexual y allanamientos sin orden judicial, de acuerdo con Amnistía Internacional. Organizaciones señalaron la complicidad entre fuerzas del orden y colectivos armados oficialistas.

Las principales figuras opositoras, como Leopoldo López y María Corina Machado, sufrieron persecución e inhabilitación. López fue condenado tras un proceso judicial señalado por falta de garantías, mientras Machado fue destituida y acosada judicialmente, episodios analizados por la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.

12. 2015: victoria legislativa y anulación del Parlamento

El 6 de diciembre de 2015, la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Nacional, lo que en teoría permitiría promover cambios estructurales. Sin embargo, el TSJ alineado con el oficialismo comenzó de inmediato a bloquear la agenda parlamentaria, declarando desde sus primeras acciones el “desacato” del Poder Legislativo.

El conflicto inició tras la impugnación de diputados indígenas y la jura de estos, momento desde el cual todas las leyes y acuerdos aprobados por el Parlamento fueron anulados por el TSJ. El Tribunal conformado por magistrados cercanos al chavismo asumió de facto todas las competencias legislativas.

De 2016 a 2017, la Sala Constitucional invalidó prácticamente toda la actividad de la Asamblea, incluyendo la Ley de Amnistía y propuestas de referendo revocatorio. En marzo de 2017 el TSJ asumió total control, desplazando cualquier posibilidad de balance de poderes y de acceso institucional de la oposición.

13. Intento de referendo revocatorio (2016)

En 2016 se intentó nuevamente activar un referendo revocatorio contra Maduro. La MUD logró recolectar 1,85 millones de firmas, superando el 1% legalmente requerido, pero el CNE impuso trámites adicionales y retrasos que dilataron el proceso.

Pocos días antes del inicio formal de la segunda fase, tribunales penales regionales anularon la validez de la primera fase por presunto fraude. La decisión fue acatada por el CNE y ratificada judicialmente, suspendiendo indefinidamente el proceso y negando la ruta institucional para una consulta nacional.

Las apelaciones y recursos legales de la oposición no consiguieron reactivar el referendo. El episodio reveló la consolidación del aparato partidista dentro de las instituciones y el bloqueo sistemático de la vía constitucional de la revocatoria.

14. 2017: protestas y Asamblea Nacional Constituyente

Durante 2017 las protestas se intensificaron tras la decisión del TSJ de asumir competencias de la Asamblea y el agravamiento de la crisis económica. Según la Fiscalía venezolana, las protestas dejaron 121 muertos, aunque organismos internacionales como la ONU elevaron las cifras y denunciaron uso excesivo de la fuerza y detenciones masivas.

En paralelo, Maduro promovió la constitución de una nueva ANC sin referendo consultivo previo. Las elecciones para elegirla, celebradas el 30 de julio, fueron señaladas por la empresa Smartmatic —encargada del sistema de votación— y la propia oposición como manipuladas y carentes de transparencia. La ANC, integrada únicamente por oficialistas, asumió atribuciones plenas y desplazó al Parlamento.

Más de 40 países desconocieron la legitimidad de la ANC, junto a la OEA y la Unión Europea. El proceso acentuó el aislamiento diplomático y la ruptura del orden democrático en Venezuela, según los análisis de la Misión Internacional Independiente de la ONU.

15. 2017–2018: crisis económica y ola migratoria

Desde 2017 la economía venezolana entró en hiperinflación, con tasas superiores al 2.000% anual, mientras la producción petrolera se desplomaba, de acuerdo con datos de la OIM y la ACNUR. La escasez, el colapso de servicios y una contracción de casi el 50% del PIB generaron protestas a gran escala.

Se documentó un éxodo estimado de más de tres millones de personas entre finales de 2017 y 2018. Según información de la ONU, los migrantes buscaron refugio principalmente en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, convirtiendo el fenómeno en la mayor diáspora de la región. Los intentos opositores de intervenir en la gestión de la crisis se vieron frustrados por su destitución de competencias institucionales.

La oposición optó por denunciar internacionalmente el contexto, logrando originar acciones diplomáticas como la conformación del Grupo de Lima y la imposición de sanciones internacionales, reportadas por la OEA y órganos multilaterales. No obstante, la injerencia limitada no logró frenar la crisis humanitaria ni revertir la ola migratoria.

16. Elección presidencial sin garantías (2018)

El 20 de mayo de 2018 se celebraron elecciones presidenciales bajo condiciones catalogadas de ausencia de garantías. La mayoría de los partidos opositores se abstuvo por considerarlas viciadas y sin competencia real, pues líderes como Henrique Capriles y Leopoldo López estaban inhabilitados judicialmente.

La convocatoria y cronograma electoral dificultaron la organización opositora. El uso de recursos públicos en la campaña y la presencia de “puntos rojos” en centros de votación para registrar a portadores del “Carnet de la Patria” fueron documentados por organismos internacionales como mecanismos de coacción. La falta de observación internacional independiente limitó la credibilidad del resultado.

El proceso electoral fue desconocido tanto por la Unión Europea como por la OEA y Estados Unidos. La reelección de Maduro generó una deslegitimación adicional de las instituciones venezolana y cerró de nuevo el camino de la alternancia por la vía electoral.

17. 2019: presidencia encargada y 30 de abril

La proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado el 23 de enero de 2019 fue respaldada en cuestión de días por más de 50 países. La oposición alegó que la reelección de Maduro, carente de garantías, constituía una usurpación del poder. Organizaciones como la OEA y la Unión Europea apoyaron diplomáticamente a Guaidó.

El 30 de abril, Guaidó, acompañado de Leopoldo López y un grupo militar minoritario, intentó un alzamiento denominado “Operación Libertad” cerca de la base aérea La Carlota. El llamado no encontró eco en la cúpula militar, que se mantuvo fiel al régimen. Las jornadas posteriores se caracterizaron por enfrentamientos y detenciones.

No obstante, la represión aceleró la emergencia humanitaria y migratoria. Organizaciones como la ONU y Human Rights Watch documentaron miles de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Solo entre enero y mayo de 2019, la ONU reportó unas 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales y una migración de más de cinco millones de venezolanos.

18. 2020–2022: legislativas sin oposición principal y diálogos

Las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 se celebraron sin la participación de la Plataforma Unitaria ni de los principales partidos opositores, que denunciaron manipulación judicial de sus siglas. El Gran Polo Patriótico obtuvo la totalidad de la Asamblea con una participación reportada del 42%, que no fue reconocida por la OEA ni la Unión Europea.

En este contexto, la oposición perdió la legitimidad internacional de la presidencia encargada. Durante 2021 y 2022 se intentaron negociaciones en México, con mediación de Noruega, Rusia y Países Bajos. Si bien se alcanzaron acuerdos parciales, la extradición del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a EEUU provocó el retiro de los representantes de la dictadura venezolana de la mesa.

El breve retorno al diálogo en 2022 resultó en la firma de un fondo fiduciario manejado por la ONU para programas sociales, pero los avances se detuvieron permanentemente. Las condiciones electorales y la liberación de presos políticos quedaron irresueltas, según la ONU y HRW.

19. Diálogos fallidos y confrontación política (2023–2025)

Durante este periodo, nuevos intentos de negociación fueron impulsados, con la firma en Barbados de un acuerdo parcial para “condiciones electorales” en las presidenciales de 2024. Sin embargo, la negativa a restituir los derechos políticos de María Corina Machado, vencedora en las primarias opositoras, llevó a la congelación de las conversaciones y a sanciones adicionales de EEUU.

El ambiente político se deterioró aún más con el incremento de detenciones arbitrarias y la persecución de equipos de campaña opositores. Los reportes de estos hechos documentaron el empleo sistemático de inhabilitaciones judiciales y desapariciones forzadas, confirmando que las garantías judiciales seguían ausentes.

Las instituciones nacionales se vieron incapaces de proveer condiciones para la competencia política. Los organismos internacionales coincidieron en que la solución al cierre democrático debía venir del exterior, ante la cooptación total del sistema judicial venezolano.

20. Primarias opositoras e inhabilitaciones (2023)

En octubre de 2023 la Plataforma Unitaria organizó primarias autogestionadas, sin intervención del CNE. Más de 2,3 millones de personas participaron, pese a bloqueos y cierres arbitrarios de centros de votación. María Corina Machado obtuvo más del 90% de los votos, pero la jornada fue seguida por declaraciones del régimen descalificando su legitimidad.

La inhabilitación de Machado, originalmente impuesta en 2021 y ratificada por el TSJ en 2024, impidió su postulación a la presidencia, contradiciendo compromisos previos en el diálogo internacional. Además, se incrementaron las detenciones y persecución contra miembros de su equipo.

Los más importantes organismos internacionales señalaron que el uso sistemático de inhabilitaciones y acciones judiciales ha sido la herramienta principal para excluir a la disidencia política en Venezuela, neutralizando cualquier avance electoral logrado por la oposición.

21. 2024: elección presidencial y represión posterior

Tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el CNE declaró como ganador a Maduro sin mostrar las actas de votación que avalaran esos resultados se desató una serie de manifestaciones en el país que fueron cruelmente reprimidas por las fuerzas del régimen. Amnistía Internacional reportó más de 2.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos y episodios de violencia que podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales. El Foro Penal documentó unas 1.900 personas detenidas, incluidos 129 menores de edad, y la Misión Internacional de la ONU advirtió sobre prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En 2025, Human Rights Watch y otros organismos informaron la continuación de los patrones represivos, incluyendo la operación denominada “Tun Tun”, asociada a arrestos masivos y persecución de críticas. El Foro Penal elevó a cerca de 18.000 los arrestos por motivos políticos desde 2014, incluyendo adolescentes, y Amnistía Internacional documentó casos de desapariciones forzadas sistemáticas.

Las acciones opositoras, que reivindicaban el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia con las actas de votación publicadas y difundidas en todo el mundo, fueron contrarrestadas por un aparato estatal cohesionado, apoyado por los cuerpos de seguridad, militares y la administración de recursos estratégicos. Según la OEA y la ONU, el proceso resultó en la clausura permanente de las vías de alternancia política y judicial interna, dejando a la sociedad venezolana sin canales efectivos para una transición democrática.

La secuencia histórica evidencia que la sociedad venezolana recurrió de forma reiterada a los recursos institucionales con el propósito de frenar la consolidación del poder estatal. A pesar de movilizaciones ciudadanas y victorias electorales opositoras, estos intentos no lograron revertir el cierre político. Informes de organismos internacionales corroboran que el proceso represivo superó la capacidad de resolución interna en Venezuela.

Entre los ejemplos registrados, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expuso la falta de independencia judicial y el uso de inhabilitaciones políticas contra figuras opositoras, como en el caso de María Corina Machado. Estas prácticas, adoptadas sin procesos judiciales imparciales, vulneran las normas internacionales y restringen la competencia política. Paralelamente, la Organización de los Estados Americanos señaló la anulación de funciones de la Asamblea Nacional a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, lo que significó una ruptura del orden constitucional y una transferencia de competencias al poder ejecutivo.

Human Rights Watch consignó que, pese a la magnitud de las protestas sociales en distintos años, la respuesta estatal fue la represión y el uso de instancias judiciales tanto militares como ordinarias para perseguir la disidencia. Esta misma semana, Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron señalados por cometer crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos durante más de una década, según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos creada por la ONU.

Este cierre de las vías institucionales y judiciales fortaleció la consolidación gubernamental y limitó seriamente la posibilidad de recurrir a mecanismos de resolución interna para enfrentar la crisis política que hoy lleva a la oposición al chavismo a exigir el respaldo de las democracias del mundo para la restitución de las libertades perdidas en Venezuela.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este viernes a que las elecciones en Honduras sean “creíbles” y sus resultados “aceptados por todos”, ante la persistente incertidumbre que rodea el proceso luego de casi dos semanas sin ganador oficial.

“Lo único que puedo hacer en esta etapa es hacer un llamado a todos los líderes políticos, especialmente a los candidatos, para que se abstengan de cualquier tipo de declaración que agrave la situación”, señaló Ramdin en declaraciones a la prensa en la sede de la OEA en Washington.

El titular del organismo recordó además que las elecciones deben regirse por la ley y enfatizó la necesidad de respetar el proceso: “El proceso debe ser respetado”. En ese sentido, matizó que el país “requiere atención especial” para asegurar la transparencia y la credibilidad electoral.

El proceso electoral en Honduras sufre un retraso considerable. Según el último reporte, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y con el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con alrededor del 40,5% de los votos. Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con cerca de 39,2%, mientras que Rixi Moncada —del partido oficialista Libre y afín a la actual presidenta Xiomara Castro— se mantiene en tercer puesto, con un 19%.

Aún existe un número importante de actas con inconsistencias que deben ser revisadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), motivo por el cual no se ha oficializado el resultado definitivo.

Consultado sobre el respaldo de Trump al conservador Asfura, Ramdin relativizó su impacto y recordó que “otros países han respaldado candidatos en elecciones de menor relevancia”, por lo que estas manifestaciones no son exclusivas del mandatario estadounidense.

Las denuncias de fraude electoral presentadas tanto por Nasralla como por Moncada despertaron la preocupación internacional, lo que derivó en la petición de once países para convocar una sesión extraordinaria de la OEA. Esa reunión está programada para el lunes en Washington y buscará analizar el panorama hondureño y expresar apoyo a la transparencia del proceso.

Este mismo viernes, la Unión Europea (UE) manifestó su respaldo al proceso electoral en Honduras y destacó la labor del CNE, en medio de una de las elecciones presidenciales más disputadas de los últimos años en el país centroamericano.

El mensaje de apoyo llegó cuando el CNE debe revisar 2.773 actas señaladas por diversas irregularidades, una fase crucial que podría definir si el triunfo corresponde al candidato del Partido Nacional o al del Partido Liberal.

“El pueblo hondureño votó pacíficamente y en gran número, reafirmando su compromiso con la democracia”, expresó un vocero de Kaja Kallas, alta representante de la UE para Política Exterior, a través de un comunicado.

La UE subrayó la necesidad de permitir que el órgano electoral realice su trabajo sin presiones ni interferencias y solicitó “a todos los candidatos que esperen y respeten el proceso de recuento”.

El bloque europeo remarcó que “la voluntad del pueblo hondureño debe ser respetada” y pidió evitar acciones que entorpezcan la labor de las autoridades responsables de la transparencia y legalidad en la definición del resultado electoral.

Por otra parte, desde el ámbito latinoamericano, la ONG Cristosal, con sede en El Salvador, denunció este jueves que pandilleros “coaccionaron” a ciudadanos hondureños para que votaran durante la jornada electoral. La organización reportó además siete asesinatos ligados a violencia política cometidos durante la campaña.

De acuerdo con su investigación, integrantes de bandas criminales “coaccionaron” el voto de la población el día en que se eligieron presidente, congresistas y alcaldes en Honduras. “Hemos identificado algunos actos de coacción al electorado” vinculados a la “presencia de pandilleros cerca de los centros de votación”, declaró René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, a la agencia AFP.

(Con información de EFE y AFP)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el próximo lunes una sesión extraordinaria para abordar el polémico recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, que tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre y aún no cuentan con resultados definitivos. Según el comunicado del organismo con sede en Washington, el Consejo Permanente recibirá el informe de Eladio Loizaga, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por Donald Trump, se mantiene en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %). En tercer lugar se encuentra Rixi Moncada, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y correligionaria de la presidenta saliente Xiomara Castro, quien ha obtenido 618.448 votos (19,29 %).

Según el coordinador general de Libre, el ex presidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de Castro, la fórmula presidencial de los comicios la ganó Nasralla, en lo que parece un reconocimiento tácito de la derrota oficialista. Nasralla hizo una alianza con Libre en la fórmula presidencial en las elecciones generales de 2021 que ayudó al triunfo de Castro y fue designado presidencial (vicepresidente) de su gobierno, pero en menos de año y medio renunció por marcadas diferencias con la mandataria y su esposo y asesor. Por su parte, Nasralla denunció un “fraude monumental” y ha exigido que se realice un escrutinio especial “acta por acta”.

El avance del conteo se ha visto afectado por diversas interrupciones técnicas, lo que provocó que el proceso estuviera paralizado durante tres días.

Tanto la OEA como la Unión Europea, junto a observadores electorales nacionales, permanecen en Honduras monitoreando el desarrollo del recuento electoral en un contexto de creciente incertidumbre y desconfianza por la lentitud y las irregularidades percibidas. En paralelo, el Parlamento de Honduras condenó públicamente la “injerencia” del presidente estadounidense Trump en los comicios.

En este clima, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras exhortó a todas las fuerzas políticas a esperar los resultados oficiales y a ejercer una vigilancia activa y responsable del escrutinio hasta la publicación de los datos finales.

Los hondureños concurrieron a las urnas para elegir a un presiente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano. Desde que se celebraron los comicios, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de la voluntad de los hondureños expresada en las urnas.

(Con información de EFE)

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha rechazado “categóricamente” cualquier “llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las palabras del candidato conservador Salvador Nasralla, que ha reivindicado su victoria a pesar de que el ultraderechista Nasry Asfura continúa a la cabeza con muy poco margen.

La misión de observación electoral de la OEA, encabezada por el exministro de Exteriores de Paraguay Eladio Loizaga, ha arremetido en un comunicado contra cualquier intento de este tipo y ha lamentado que estas acciones “representan un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del pasado 30 de noviembre”, cuando tuvieron lugar las elecciones.

“Consideramos fundamental que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales que expresan la voluntad popular, para lo que, según mandata la Constitución, las Fuerzas Armadas deben continuar a plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que este pueda realizar sus funciones sin ningún tipo de presión”, recoge el texto.

Asimismo, la OEA ha vuelto a pedir a las autoridades electorales que “agilice el recuento y garantice la transparencia”, al tiempo que ha instado a autoridades, partidos y candidatos a “esperar a los resultados oficiales y mantener la vigilancia sobre los procesos de escrutinio que aún se desarrollan”.

“Los líderes políticos tienen el deber de ejercer de forma responsable su posición, contribuyendo así a la vida en sociedad”, ha sostenido, al tiempo que ha recordado que las “únicas entidades autorizadas para validar los comicios con las autoridades electorales”.

De momento, Asfura, favorito del presidente estadounidense, Donald Trump, se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Nasralla, que ha denunciado el “robo” de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.

La denuncia de Nasralla llega después de que el CNE, que ha interrumpido el cómputo de papeletas varias veces en los últimos tres días, haya reanudado la divulgación de datos a la que solo tienen acceso medios de comunicación y partidos políticos.

Votación

La incertidumbre se debe a que todavía faltan 2.773 actas que presentan inconsistencias y deberán someterse a un escrutinio especial, que podría representar más de 500.000 votos y cuya fecha aún no ha sido fijada.

El último cómputo oficial, con el 99,40 % de las actas escrutadas, da la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump, Nasry ‘Tito’ Asfura, con 1.298.835 votos (40,52%), contra los 1.256.428 sufragios (39,48%) que suma Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 papeletas (19,29%).

(con información de EP y EFE)

La situación de Gallo, quien permanece privado de libertad sin garantías judiciales ni contacto con sus allegados, fue calificada por el embajador Carlos Cherniak ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como un caso de “desaparición forzada y una violación flagrante del derecho internacional”.

El Gobierno, a través de su representación diplomática, denunció en reiteradas oportunidades la situación ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Una vez más, Cherniak volvió a denunciar este miércoles la detención ilegal ante la OEA. De esta manera, Argentina solicitó medidas cautelares urgentes y coordinó múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación de Gallo.

“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”, afirmó Cherniak.

La historia de Gallo, de 34 años, se convirtió en símbolo de la política de rehenes implementada por el régimen venezolano. El gendarme fue arrestado el 8 de diciembre del año pasado y, desde entonces, permanece en condición técnica de desaparecido, acusado de delitos inexistentes como espionaje y supuesto terrorismo.

“La situación del cabo primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”, agregó el embajador.

El caso de Gallo no es un hecho aislado. El régimen de Maduro utiliza a detenidos extranjeros como fichas de negociación para obtener concesiones políticas, levantar sanciones o forzar negociaciones. En centros clandestinos como Rodeo 1 y El Helicoide, controlados por el círculo de Diosdado Cabello y el denominado Cártel de los Soles, los rehenes sufren torturas, amenazas y traslados constantes.

“El Gobierno argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país. Y de los más de mil presos detenidos, que no se sabe dónde están, sean venezolanos o extranjeros, bajo el régimen dictatorial y represivo de Nicolás Maduro. Esta Navidad, Nahuel Gallo no podrá estar con su familia. Y muchos otros Nahuel tampoco podrán estar en Navidad con sus familias”, concluyó Cherniak.

En el último tramo de este año de cautiverio, la madre de Nahuel, Griselda Heredia, expresó su desesperación y agotamiento: “Estoy esperando el día que entre Trump y saque a ese monstruo que está ahí adentro. Estoy esperando que entre María Corina Machado. Yo sé que una vez que entre Corina, van a estar todos liberados. Pero, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo?”, relató.

La familia, que perdió contacto con Gallo y desconoce su paradero exacto, se aferra a la fe y a la esperanza de una pronta liberación, mientras el hijo de Nahuel, Víctor, se prepara para cumplir tres años sin la presencia de su padre.

La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, debió huir de Venezuela junto al menor para resguardar su seguridad: “Todo es muy difícil. Sobre todo los primeros días de cada mes, cuando recuerdo a Nahuel haciendo las maletas. Nunca imaginé llegar a un año de esto. Hice todo lo posible por ayudar, pero nada resultó”.

Antes de su detención, Gallo vivía en Uspallata, Mendoza, donde se desempeñaba como gendarme y mantenía una relación cercana con su familia, especialmente con su hermana Daiana.

El aniversario de su arresto ilegal coincide con un contexto internacional tenso: Estados Unidos envió una flota de guerra y emitido un ultimátum a los jerarcas venezolanos, mientras el presidente argentino Javier Milei viajó a Oslo para acompañar a la líder opositora María Corina Machado, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz en la clandestinidad.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras expresó este martes su rechazo a cualquier llamado que pretenda alterar el orden público y que pueda poner en riesgo las fases aún pendientes del proceso electoral. “Es fundamental que el @CneHonduras (ente electoral) pueda realizar su trabajo sin presiones. En este contexto, la Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral“, destacó el organismo en la red social X.

El pronunciamiento se dio pocas horas después de que el expresidente hondureño Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)— convocara a grupos de activistas en Tegucigalpa a movilizarse hacia un centro gubernamental de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Misión recordó además que, “con la misma claridad con la que la MOE/OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las EleccionesHonduras2025”. También subrayó que es crucial que se resguarden los materiales electorales.

Con el 99,40 % de las actas procesadas, el registro más reciente del CNE coloca a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 votos (39,48 %). La candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en tercera posición con 618.448 sufragios (19,29 %).

A más de una semana de los comicios, aún quedan por escrutar al menos 2.773 actas, debido a inconsistencias, una fase que —según el CNE— comenzaría el miércoles. Por su parte, la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, declaró este sábado ante la prensa que la caída del sistema de escrutinio registrada durante las elecciones del domingo pasado se debió a “problemas técnicos ajenos al pleno”.

En estas elecciones, los hondureños eligieron a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados del Congreso Nacional y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano.

Nasralla afirmó en sus redes sociales que su equipo cuenta con el 100 % de las actas físicas y que, según sus propios cálculos, habría ganado los comicios. Sin embargo, el CNE sostiene que el escrutinio oficial continúa en curso y que cualquier resultado definitivo deberá surgir exclusivamente de los datos validados por el organismo.

Estados Unidos ha respaldado esta posición, señalando: “Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático de Honduras y el CNE (Consejo Nacional Electoral) debería certificar los resultados de las elecciones de manera expedita”, declaró este martes un portavoz del Departamento de Estado. “No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación”, concluyó.

(Con información de EFE)

El canciller Hugo de Zela defendió la reciente exposición del Perú sobre el asilo diplomático ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Subrayó que, hasta el momento, no existe una posición formal. Explicó que las opiniones recogidas durante la sesión del Consejo Permanente han sido solo respecto al tema del asilo y no frente a un planteamiento concreto del Perú.

“Lo que se ha hecho hasta el momento es presentar una posición política del Perú. Frente a eso, hubo reacciones distintas de los países, pero hay que tener en cuenta que esas reacciones se produjeron sin conocer de antemano lo que yo iba a decir. En consecuencia, lo que se escuchó fueron reacciones generales sobre el tema del asilo, pero no una posición específica frente a una propuesta del Perú que todavía no se había hecho”, sostuvo en entrevista con El Comercio.

Precisó que la siguiente etapa consistirá en la formulación de un proyecto de resolución específico, que será presentado al Consejo Permanente en un plazo de 15 a 20 días tras la realización de sondeos informales. Detalló que el proyecto contendrá interrogantes orientadas a:

• Examinar cómo debe aplicarse la Convención de Asilo de Caracas de 1954
• Verificar si la praxis reciente se ajusta a la normativa original y su espíritu protector
• Establecer, en caso de que existan desviaciones, qué modificaciones serían necesarias.

“El Consejo la discutirá. Asumimos que la va a aceptar. Ahí pasamos a la siguiente etapa, que es esperar la opinión jurídica del Comité Jurídico Interamericano. Y, una vez que tengamos esa opinión jurídica, habrá que estudiarla para ver qué propuesta corresponde hacer en ese momento para ahí sí ya tomar una decisión sobre el fondo del tema”, declaró.

¿Existe respaldo internacional?

Ante la consulta sobre qué países acogieron la intención del Perú en la OEA, De Zela resaltó que solo México y Colombia manifestaron una postura claramente opositora; mientras que el resto de países se limitó a realizar apreciaciones generales sobre la figura del asilo, no sobre la propuesta del Perú.

Destacó que, aunque no existe una propuesta presentada, hay apertura al debate al haber tantos casos de protección a políticos que cometieron delitos comunes: “Yo diría que el termómetro a nivel regional es más bien positivo. [...] El tema preocupa a muchos países, sobre todo porque nuestra región está sujeta a cambios políticos constantes”.

En ese sentido, consideró, por el momento, “absolutamente prematuro decir, como han dicho algunos comentaristas, que ha habido victorias o derrotas”.

Interrogado sobre si otorgar o declinar el salvoconducto a Betssy Chávez será visto por este gobierno, mencionó que los plazos dependerán del trámite ante la OEA. “Nosotros vamos a hacer la parte que nos toca con celeridad”, especificó.

¿México podría cambiar de opinión?

En entrevista con Cuarto Poder, el ministro de Relaciones Exteriores expresó su expectativa, aunque la haya calificado de “irreal”, a que México cambie su posición frente al asilo otorgado a la expremier de Pedro Castillo.

“Lo que aspiro es a una posibilidad, tal vez irreal, pero de todas maneras no se pierde nada, (...) que México puede tal vez reflexionar en lo que ha hecho. Ojalá”, declaró.

En diálogo con Canal N, aclaró que no se mencionó el caso específico de la condenada a más de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado “porque, como es obvio, la OEA no tiene jurisdicción para ver ese caso”. “Lo que hemos planteado es, a partir de lo ocurrido con Betssy Chávez y varios otros casos en la región, una preocupación por el hecho de que la Convención sobre Asilo se esté mal utilizando para fines ideológicos y no para los que fue creada, es decir, proteger a personas perseguidas por sus opiniones políticas”, explicó.

Agregó que el objetivo peruano es buscar un mecanismo obligatorio mediante el cual se solicite información al Estado territorial antes de conceder el asilo, para evitar su uso arbitrario. “Hay que buscar la forma en que todos los países nos pongamos de acuerdo para crear un procedimiento que sea obligatorio”, insistió.

¿Cuáles fueron las posiciones de los demás países al planteamiento de Hugo de Zela ante la OEA?

La delegación de Chile defendió que “la protección otorgada a una persona que ha solicitado protección personal es un acto humanitario sin discriminación”, subrayando el asilo como un derecho humano regido por tratados internacionales y tradición latinoamericana.

Colombia fue aún más taxativa: “No debe evolucionar a un mecanismo condicionado, porque ello podría comprometer su calidad de protección. La propuesta (peruana) contradice la tradición latinoamericana”. El país caribeño dejó claro su respaldo absoluto a la postura de México, resaltando que el otorgamiento del asilo corresponde exclusivamente al Estado asilante, sin intervención del Estado territorial.

Por su parte, Ecuador criticó los abusos, señalando que “algunos asilos generaron intolerables situaciones de impunidad”. Remarcó que el asilo solo puede darse “cuando se persigue por motivos políticos y solo en caso de urgencia”, exigiendo además comunicación transparente entre los Estados involucrados.

Uruguay reconoció la importancia de debatir el tema, pero advirtió: “No se debe debilitar ni mucho menos negar el asilo”. El representante uruguayo también instó a la restauración de relaciones diplomáticas entre Perú y México, tras las tensiones por el caso Betssy Chávez.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, la protección sigue siendo una obligación derivada del derecho internacional. “Pedimos el respeto a las misiones diplomáticas. EE. UU. seguirá levantándose por los perseguidos políticos”, declaró su portavoz en la OEA.

Argentina reivindicó el carácter de derecho humano del asilo e ilustró con un caso reciente: “En 2024, Argentina concedió asilo a ciudadanos venezolanos bajo medidas de presión y amenazas a la embajada”. Para el embajador, garantizar el asilo es una obligación ineludible de los Estados.

Brasil se manifestó contra la creación de nuevos requisitos, defendiendo que el asilo debe ser una decisión soberana y exclusiva del país que lo concede. “No compartimos la visión de que se necesiten agregar requisitos. Las convenciones de La Habana, Montevideo y Caracas indican que se debe de respetar el asilo”.

Desde México, como se esperaba, la intervención fue particularmente crítica: “No estamos en el espacio competente para evaluar la aplicación de la Convención sobre asilo diplomático ni mucho menos para revisarla o modificarla”. La embajadora Luz Elena Baños recalcó que actuación del gobierno de Sheinbaum, ha sido acorde a la normativa interamericana y cuestionó la oportunidad de la propuesta de Perú, advirtiendo que no todos los Estados firmantes de la Convención de Caracas integran la OEA.

¿Derrota diplomática?

El internacionalista Óscar Vidarte evaluó en X la jornada como un revés para la diplomacia peruana: “En el Consejo Permanente de la OEA, la propuesta peruana solo recibió el apoyo de Ecuador e indirecto de Paraguay. Argentina, Estados Unidos y Panamá no se la jugaron por el Perú. México, Brasil, Colombia y Uruguay fueron críticos de la posición peruana, defendieron el asilo. Perú muy solo”.

El especialista subrayó que, pese a los esfuerzos de desligar la propuesta del caso Betssy Chávez, “se cuestionó mucho que se pidan revisiones al asilo sobre la base de cuestiones coyunturales y el desconocimiento del Derecho Internacional”. Destacó el argumento de Perú sobre el contexto distinto a décadas pasadas, donde predominan regímenes autoritarios, pero reconoció que el debate evidenció la vigencia e importancia del asilo ante la “gran debilidad democrática” en la región.

Sobre la propuesta de crear un procedimiento obligatorio que solicite información previa al Estado territorial, el internacionalista consideró que no es viable. Explicó que el artículo 9 de la Convención de 1954 ya prevé que el Estado asilante puede considerar la información brindada, y que los requisitos adicionales dilatarían la protección urgente prevista en los artículos 5 y 12 del tratado. Además, recalcó que la calificación del delito corresponde al Estado asilante, tal como dicta el artículo 4, y que cualquier reforma normativa no tendría efecto retroactivo.

“Al margen de si puede reformarse la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 o no, esta debe cumplirse. Las modificaciones no son retroactivas. El Perú está obligado a cumplir y brindar el salvoconducto”, concluyó.

La Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (CMLTI) impulsó un encuentro en el norte de Perú para examinar la situación actual del bosque seco y actualizar medidas de control y sostenibilidad forestal. En jornadas realizadas en Lambayeque y Piura, se visitaron almacenes de productos forestales decomisados y puestos de control para recolectar información territorial y técnica sobre la dinámica de tráfico de productos forestales.

Entre los participantes se encuentran autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), junto con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), que lidera la Secretaría Técnica.

¿Cuáles son fueron los acuerdos?

Como consecuencia de estas sesiones, la CMLTI acordó actualizar lineamientos técnicos para la administración del bosque seco, mejorar los sistemas de monitoreo y revisar la ubicación de puestos de control en zonas estratégicas. Estas decisiones se orientan a consolidar una respuesta preventiva y articulada frente a la tala ilegal de recursos forestales.

Esta misión conjunta tuvo como objetivo principal recabar datos de campo para la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal 2026-2030. “Hemos fortalecido la coordinación en campo y mejorado la comprensión sobre el manejo del bosque seco y los retos que enfrentan las comunidades campesinas en la trazabilidad”, detalló uno de los organizadores. El proceso busca optimizar la red de puestos de control, fortalecer la vigilancia y apuntalar la gestión sostenible en la costa norte del país.

Modelos de gestión sostenible

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la visita a la Comunidad Campesina Santa Catalina de Moza en Morropón, Piura. Esta comunidad ha implementado un modelo de gestión forestal que involucra el manejo responsable del palo santo (Bursera graveolens), combinando el conocimiento local con la asistencia de entidades estatales, entre las que se incluyen Serfor y OSINFOR, así como la colaboración de actores privados.  Este trabajo ha permitido “fortalecer la cadena de valor, garantizar la trazabilidad y mejorar los ingresos legales de muchas familias”.

La experiencia de Santa Catalina de Moza fue tomada como referencia por la CMLTI, que la considera un ejemplo factible de desarrollo económico compatible con la conservación del bosque seco. El modelo comunitario, según testimonios reunidos por el medio, “demuestra que la gestión sostenible sí es posible y genera oportunidades reales”.

Estrategias para el futuro

El bosque seco del norte peruano cubre más de 3,2 millones de hectáreas en Tumbes, Lambayeque y Piura. El 67 % se encuentra en Piura, y cerca de la mitad bajo administración directa de comunidades campesinas, responsables de la gestión de 1,8 millones de hectáreas. Según los técnicos que asistieron a la sesión, “la protección del bosque seco exige una respuesta sostenida, articulada y multisectorial entre Estado y comunidades”.

La Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal está integrada por quince entidades, entre ellas el Midagri y los ministerios de Cultura, Defensa, Relaciones Exteriores, Trabajo y Promoción del Empleo, y Ambiente, además de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y organismos técnicos.

“Este trabajo conjunto reafirma la importancia de mantener la gobernanza forestal y asegurar la trazabilidad de los productos”, declaró uno de los representantes del OSINFOR.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, reconoció que la relación bilateral entre Perú y México atraviesa uno de sus momentos más tensos. En declaraciones a RPP, el canciller afirmó que actualmente existe “una mala relación con México”, debido a la interrupción del vínculo diplomático desde diciembre de 2022 y a la reiterada negativa del gobierno mexicano de reconocer la legitimidad de la sucesión constitucional peruana tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

De Zela aseguró que esta situación no responde a decisiones unilaterales del Perú, sino a una constante intervención del gobierno mexicano en asuntos internos. “No tienen derecho a intervenir en asuntos internos peruanos”, señaló, al remarcar que la posición de México se sustenta en “una lectura equivocada de lo que ocurrió en el país” durante la crisis política de diciembre de 2022.

Tensión bilateral y desacuerdo diplomático

El canciller explicó que la ruptura de relaciones diplomáticas se arrastra desde hace casi tres años, cuando México optó por desconocer a la administración peruana tras la destitución de Pedro Castillo. Según sostuvo, la postura del exgobierno de Andrés Manuel López Obrador desconoce los mecanismos de sucesión establecidos por la Constitución peruana. “Nosotros sí hemos hecho cambios de jefe de Estado, pero respetando la Constitución peruana”, afirmó en RPP.

Además, recordó que esta situación no solo afecta los vínculos políticos, sino también la interlocución bilateral, generando un escenario que —según consideró— “no debería continuar”. De Zela reiteró que el Perú aspira a restablecer una relación normal con México, siempre y cuando exista pleno respeto a la institucionalidad peruana y a la no injerencia exterior.

Debate en la OEA: “México no entendió”

Las declaraciones del ministro se dieron un día después de su exposición ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde el Gobierno peruano planteó la necesidad de revisar el uso del asilo diplomático para evitar que este mecanismo ampare a personas procesadas por delitos comunes. De Zela destacó que la propuesta peruana fue recibida de manera favorable por la mayoría de delegaciones. “Estoy bastante satisfecho con la acogida”, indicó.

Sin embargo, el canciller criticó la postura de la delegación mexicana durante el debate. Según relató, la representante de México expresó su desacuerdo bajo el argumento de que el Consejo Permanente no podía modificar una convención internacional. De Zela rechazó esa interpretación y aclaró que “México no entendió lo que propuso Perú”, pues el país no busca cambiar la norma de manera inmediata, sino solicitar al Comité Jurídico Interamericano una consulta técnica para evaluar los alcances de la figura del asilo.

Uso indebido del asilo diplomático

El titular del ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la tendencia regional a desvirtuar el asilo es “peligrosa”, porque la figura fue creada para proteger a perseguidos políticos, no a investigados por delitos comunes. En ese contexto, señaló que casos recientes —como el refugio otorgado por México a exfuncionarios procesados— evidencian la urgencia de revisar los límites de este mecanismo. “Ahora se está usando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes. Eso, en nuestra opinión, está equivocado”, enfatizó.

Finalmente, De Zela expresó que el Perú seguirá impulsando la discusión dentro de los marcos multilaterales, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación y garantizar que el asilo diplomático no sea utilizado como herramienta para evadir la justicia. Concluyó destacando que el restablecimiento de una relación normal con México dependerá del respeto mutuo y de la no injerencia en los procesos internos del Perú.

Postura de la delegación mexicana

México afirmó ante la OEA que el asilo diplomático es un mecanismo humanitario fundamental y que la Convención de Caracas de 1954 no puede revisarse en este foro, ya que cualquier modificación exige la participación y el consentimiento de todos los Estados parte. Señaló que la composición del Consejo Permanente no cumple ese requisito y que, además, la Convención no contempla procedimientos de enmienda, por lo que cualquier intento de reinterpretación sería jurídicamente improcedente.

El gobierno mexicano sostuvo que la sesión fue convocada solo después de que México otorgara el asilo y pidiera salvoconducto conforme al derecho internacional. Consideró que buscar reinterpretar la Convención en respuesta a un caso particular vulnera el principio de irretroactividad y pone en riesgo la certeza jurídica. También advirtió que esa discusión podría desvirtuar el sentido humanitario del asilo y recordó que este nunca debe considerarse un acto inamistoso entre Estados.

Finalmente, México subrayó que incumplir las normas sobre asilo y la emisión de salvoconductos puede generar graves afectaciones a los derechos humanos. Insistió en que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es un principio esencial y alertó que permitir su cumplimiento selectivo debilita la arquitectura internacional. Con ello, exigió respeto al derecho internacional y reafirmó su disposición al diálogo, siempre bajo estricto apego a las normas y reglas de la OEA.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentó la postura de su país sobre la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático.

De acuerdo con el canciller, se busca proteger la esencia de este derecho y evitar que se utilice para la impunidad. También mencionó que se ha producido en la región una “evolución negativa” al momento de utilizar el asilo, una figura que nació en América Latina. Incluso afirmó que hay una tendencia de tomar decisiones con base en “información distorsionada por sesgos ideológicos”, lo cual resulta incoherente con el espíritu y el propósito de la Convención.

Finalmente, de Zela aseveró que la propuesta refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y que es coherente con la legislación del Perú, ya que la normativa de su país prohíbe otorgar asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes, y con criterios vigentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Esto propone Perú

Si bien los pedidos de información y consulta nacen a raíz del asilo diplomático otorgado por México a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, el canciller aseguró que Perú no planteó esta posición por un caso específico.

De acuerdo con de Zela, se propone que sea obligatorio fijar alineamientos y transparentar los términos en que se cumple el artículo IX de la Convención de Caracas. En ese sentido, el gobierno asilante debe considerar la información del Estado territorial para el criterio que se forme sobre naturaleza del delito.

Ahora, el Estado consultará al Comité Jurídico Interamericano (CJI), cuerpo consultivo de la OEA, para que este realice un estudio técnico-jurídico sobre la interpretación del Artículo IX. Este paso serviría de base para el procedimiento, permitiendo que las decisiones de asilo no dependan únicamente del criterio subjetivo, sino que también se fundamenten en información oficial del Estado donde se encuentra el beneficiario, como Betssy Chávez que está en Perú, y de otras fuentes confiables.

Reacción de otros países

Luego de la intervención del ministro, representantes de otras naciones intervinieron en la sesión. Ecuador, por ejemplo, indicó que comparte la preocupación de Perú sobre la aplicación del asilo diplomático.

Estados Unidos recomendó que debería haber mecanismos responsables para que las embajadas no se vuelvan en fuertes. Además, rechazaron la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y que se ejerza presión sobre misiones diplomáticas.

Respecto a la figura latinoamericana del asilo diplomático, acotaron que sus principios se asientan en las convenciones sobre refugio.

En el caso de Argentina, recordó que este beneficio no es un recurso abierto, sino que existe, a partir de una situación real de peligro, una circunstancia urgente. Precisaron que el Estado asilante debe tomar la decisión de aceptar el refugio siempre y cuando se verifiquen los requisitos. Finalmente, el representante dijo que el Estado donde se encuentra la embajada puede pedir que el asilado sea retirado del país y para ello se tendría que otorgar un salvoconducto.

El episodio tuvo lugar en el centro de votación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, donde dos observadores extranjeros, David Alandete y Gustau Alegret, fueron confrontados por un grupo identificado con camisetas y gorras de la candidata Rixi Moncada.

“Nos empezaron a pedir que nos fuéramos”, explicó Alegret tras el incidente. Al resistirse y permanecer en la zona destinada a la observación, la tensión escaló.

Videos divulgados en redes sociales muestran a seguidores del partido oficialista ingresando a centros de votación para expulsar a observadores internacionales y periodistas para evitar que sean testigos del recuento de votos.

“Continuaron intimidándonos, continuaron increpándonos, hasta que tuvo que intervenir la policía militar”, narró.

Alegret confirmó que hubo empujones e insultos, pero resaltó que la rápida actuación de las fuerzas armadas impidió que la situación pasara a mayores.

“La policía militar actuó de manera muy profesional”, afirmó, al tiempo que agradeció la protección oficial y subrayó el episodio “de extrema gravedad”.

“Una agresión verbal es el paso previo a una posible agresión física. Los observadores tenemos que tener la libertad de observar. Actitudes como las de hoy no tienen cabida en una democracia”, denunció el observador internacional.

Casi 6,5 millones de ciudadanos acudieron a las urnas este domingo para elegir presidente, diputados y alcaldes en una jornada que comenzó y cerró bajo la sombra de la desconfianza institucional.

Las filas para votar se extendieron durante horas en muchos centros de Tegucigalpa y el Consejo Nacional Electoral decidió extender las operaciones una hora más.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su respaldo al candidato Nasry “Tito” Asfura diciendo que es el “único amigo de la libertad” hondureña y advirtió sobre la posible influencia del dictador venezolano Nicolás Maduro en caso de que ganara Libre.

De Moncada, el mandatario estadounidense sostuvo que “idolatra a Fidel Castro”, y de Nasralla, que es “casi comunista”.

Moncada reiteró que no reconocerá resultados preliminares hasta que se haya contado la totalidad de las 20.000 actas, una postura que podría dilatar la proclamación de un vencedor.

Nasralla, por su parte, acusó a Libre de emular modelos de miseria como Venezuela y Cuba.

Asfura aseguró que el respaldo de Trump puede traer “beneficios” económicos y migratorios, algo a lo que aspiran miles de hondureños, en un país donde el 60% vive en la pobreza y un 27% del producto bruto corresponde a remesas enviadas por migrantes.

El Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga, informó que hacia las 18.20, hora local, cinco de los observadores desplegados por el organismo internacional “fueron impedidos de ingresar al aula para seguir el conteo en su Junta Receptora de Votos".

La jornada electoral transcurre bajo un estado de excepción parcial vigente desde 2022, destacando la violencia y la infiltración de las instituciones por redes criminales.

Al cierre de las urnas, el Consejo Nacional Electoral tenía previsto divulgar los primeros resultados entrada la noche. El resultado de la votación, así como el tono de los anuncios y reacciones de los candidatos, marcarán el rumbo político de Honduras mientras el sistema democrático enfrenta nuevas pruebas de resiliencia.

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM) oficializó que el canciller Hugo de Zela viaje a la ciudad de Washington D. C., en Estados Unidos, desde el martes 2 al sábado 6 de diciembre.

El ministro de Relaciones Exteriores hará una presentación sobre la figura del asilo diplomático en la región, el 3 de diciembre, en una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitada por la Representación Permanente del Perú ante este organismo.

También se encarga el despacho de la cartera al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Alvarez, en tanto el canciller se encuentre fuera del país. Finalmente, se establece que la resolución suprema no otorga derecho a exoneración o liberación de impuesto o pago de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

El titular de la cartera aprovechará este momento para compartir la posición del gobierno de José Jerí respecto a una aplicación equivocada de la Convención de Caracas de 1954 en el caso de Betssy Chávez. La expremier fue condenada a casi 12 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022; sin embargo, la gestión de Claudia Sheinbaum le brindó asilo días antes, por lo que se encuentra en la Embajada de México en Lima

“Vamos a hacer un planteamiento ante la OEA sobre la aplicación equivocada que está teniendo la convención sobre el asilo”, dijo Hugo de Zela. De esta manera, tratará de precisar los criterios que deben regir la concesión del salvoconducto solicitado por México.

El gobierno de José Jerí ya habría anunciado que se iban a hacer consultas a los países de la OEA sobre cambios a la Convención. Esto, dijo, es necesario para tener una orientación común sobre el uso del tratado.

Se gastará más de 25 mil soles

En total se gastará 1.760 dólares (5.906,47 soles) en viáticos, que se dividen en 440 dólares por cada uno de los cuatro días de estancia. También se invertirá 5 826.82 dólares para pasajes aéreos, por lo que el total será de 7.586,82 dólares, es decir, 25 mil 461 soles.

De acuerdo con la Resolución Suprema Nº 271-2025-PCM, publicada hoy, sábado 29 de noviembre, en el diario oficial El Peruano, los gastos serán cubiertos por el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y se tendrá que rendir cuenta documentada en máximo 15 días calendario, al término del viaje.

Agenda del canciller

En Washington D. C., el 4 de diciembre, el ministro se encontrará con representantes de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para impulsar oportunidades de inversión y cooperación.

El 5 de diciembre, Hugo de Zela se reunirá con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin para discutir el funcionamiento del asilo diplomático y del Sistema Interamericano.

Luego, ese mismo día, dialogará con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para fortalecer la asociación estratégica con el país norteamericano y estrechar la cooperación en seguridad, defensa, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y las inversiones estratégicas

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, De Zela reiteró que el fallo judicial no modifica la condición en la que se encuentra Chávez Chino. “El hecho de que Betssy Chávez haya sido ya condenada no altera en nada su situación”, declaró ante la prensa. Agregó que, para el Estado peruano, la controversia jurídica sobre el asilo continúa abierta y requiere de una interpretación uniforme por parte del sistema interamericano.

Convención de Caracas está mal aplicada

El canciller reafirmó que el Perú mantiene la postura de que existe un uso incorrecto de los alcances de la Convención de Caracas, tratado que regula las obligaciones y criterios para el otorgamiento de asilo diplomático. Según dijo, la interpretación que se viene aplicando en el caso de Chávez no corresponde a lo establecido en el instrumento internacional.

“Vamos a hacer un planteamiento ante la OEA sobre la aplicación equivocada que está teniendo la convención sobre el asilo”, afirmó, al explicar que el objetivo central de su presentación será precisar los criterios que deben regir la concesión del salvoconducto solicitado por México.

De Zela recordó que el Gobierno ya había anunciado que realizaría consultas con los países miembros de la OEA antes de adoptar cualquier decisión definitiva. Estas gestiones, señaló, son necesarias para contar con una orientación común sobre el uso del tratado, especialmente ante una situación que involucra una condena por un delito vinculado a un intento de quiebre del orden constitucional.

Situación de Betssy Chávez sin cambios

El Poder Judicial condenó a Betssy Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión en el intento de golpe de Estado que dio el golpista Pedro Castillo. La Corte Suprema emitió un adelanto de fallo en el que determinó su responsabilidad penal por los hechos ocurridos cuando se desempeñaba como presidenta del Consejo de Ministros.Pese a la sentencia, la autoridad diplomática reiteró que la condición de Chávez como solicitante de asilo continúa vigente. “La situación sigue exactamente igual en el sentido de que ella es una solicitante de asilo en la embajada de México”, enfatizó.

Asimismo, la jueza Norma Carbajal informó que se ha levantado la medida de prisión preventiva contra Chávez, por lo que se dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. La orden continúa en curso mientras la exprimera ministra permanece dentro de la sede diplomática mexicana a la espera de una resolución sobre su salvoconducto.

Canciller expondrá posición peruana

El ministro de Relaciones Exteriores confirmó que este miércoles estará en la sede de la OEA en Washington para presentar formalmente el planteamiento peruano. “Aprovecho para anunciarles que estaré viajando a Washington y que esa presentación la voy a hacer el día miércoles de la próxima semana a las diez de la mañana”, declaró.Según señaló, su intervención buscará que los Estados miembros evalúen la forma en que la Convención de Asilo está siendo aplicada en casos recientes, y que definan criterios que permitan resolver controversias como la que afronta el Perú en torno a Chávez Chino.

El Gobierno peruano considera que una revisión del uso actual del tratado permitirá esclarecer las obligaciones de los Estados frente a solicitudes de asilo diplomático y garantizar que su aplicación sea compatible con los principios democráticos y el respeto al Estado de derecho. Mientras tanto, la situación de Betssy Chávez continúa en un punto diplomático sensible, a la espera de la discusión en la OEA.

El MIRPS, un acuerdo regional que agrupa a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, ha impulsado la puesta en marcha de los primeros proyectos financiados con fondos provenientes de España, beneficiando a más de 24.000 personas desplazadas en Centroamérica y México. Esta acción, implementada en 2025, forma parte del compromiso por atender una crisis que afecta a más de 1,7 millones de personas forzadas a dejar sus hogares en la región. Según informó la Organización de Estados Americanos (OEA), los gobiernos de estos países adoptaron la Declaración de Heredia en una reunión celebrada bajo la presidencia temporal de Costa Rica, fijando nuevas estrategias para garantizar derechos, integración y asistencia humanitaria a los desplazados.

Durante el encuentro regional, las autoridades reafirmaron la prioridad de responder de manera coordinada al incremento del desplazamiento forzado, una problemática agudizada por la violencia y factores socioeconómicos. El comunicado de la OEA detalló que la Declaración de Heredia establece el fortalecimiento de los sistemas de protección, el acceso a servicios básicos y el desarrollo de opciones para la integración local de la población afectada. Los firmantes señalaron la necesidad de sumar esfuerzos no solo a nivel gubernamental, sino también articulando acciones con gobiernos locales, instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales.

La OEA destacó el papel de la cooperación internacional y la asistencia técnica de socios externos en la respuesta regional. El documento firmado resalta el impacto positivo de proyectos concretos y medidas articuladas regionalmente para transformar vidas y hacer efectivo el apoyo a las personas desplazadas. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sostuvo que “el Fondo MIRPS ya está transformando vidas”, y remarcó la importancia de iniciativas financiadas, como la última impulsada con respaldo de España.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, subrayó el valor de la colaboración y la responsabilidad compartida en el contexto del MIRPS. Citado por el medio, Grandi afirmó que este mecanismo “demuestra que el diálogo, la cooperación y la responsabilidad compartida no solo son posibles, sino indispensables". Añadió que "el derecho a solicitar asilo es una obligación moral y jurídica que fortalece la soberanía de los Estados”.

De acuerdo con la OEA, la Declaración de Heredia enfatiza la atención a las causas estructurales del desplazamiento, y promueve soluciones duraderas en beneficio de las poblaciones en tránsito o destino. Los países firmantes asumieron el reto de mantener una cooperación internacional constante para abordar los episodios de violencia, las crisis socioeconómicas y los desafíos relacionados con los derechos humanos que inciden en la movilidad forzada.

El traspaso de la presidencia temporal del MIRPS de Costa Rica a El Salvador para el ciclo 2026 garantiza la continuidad de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo, reportó la OEA. La organización explicó que el MIRPS se presenta como una herramienta clave, alineada con los principios del Pacto Mundial sobre los Refugiados, y suma a la cooperación entre países de origen, tránsito y destino.

Las propuestas incluidas en la Declaración apuntan a fortalecer la prevención del desplazamiento y asegurar tanto la protección como la integración de quienes se han visto obligados a migrar dentro o fuera de sus países. Según la OEA, los proyectos financiados, especialmente a través del apoyo internacional, representan una vía para atender de forma integral tanto las necesidades inmediatas como la promoción de reintegración a largo plazo.

El contexto regional se caracteriza por persistentes conflictos, desigualdades socioeconómicas y amenazas a la seguridad y los derechos fundamentales, factores que la OEA identifica como impulsores de la migración forzada. Los gobiernos y actores participantes coincidieron en que la atención a estas causas profundas constituye un elemento esencial de la estrategia conjunta.

En relación con la cooperación técnica y financiera, la OEA resaltó la importancia de contar con el apoyo de instituciones multilaterales y bancos internacionales para asegurar la implementación de los proyectos previstos. Asimismo, el rol de países cooperantes, como España, ha sido destacado por su contribución al avance de medidas concretas.

El acuerdo alcanzado en Heredia representa, según consignó la OEA, un avance sustancial para la región en la búsqueda de respuestas integradas frente al crecimiento de los flujos migratorios. El compromiso asumido por los gobiernos busca consolidar entornos seguros y facilitar el acceso de los desplazados a servicios y derechos básicos, abriendo paso a soluciones sostenidas y coordinadas a nivel intergubernamental.

El informe oficial también contextualizó la cooperación lograda a través del MIRPS como un ejemplo regional alineado con los esfuerzos globales de protección humanitaria y acogida de personas refugiadas y desplazadas. Los representantes gubernamentales hicieron hincapié en la urgencia de seguir profundizando la cooperación y la implementación de mecanismos que permitan enfrentar los efectos sociales, políticos y económicos de la crisis migratoria actual.

Las autoridades participantes acordaron poner el foco en el desarrollo de políticas efectivas, sostenibles y adaptadas a las realidades locales, lo que implica reforzar capacidades estatales y promover la corresponsabilidad de todos los países involucrados, incluyendo naciones de tránsito y destino, según puntualizó la OEA. El respaldo político al MIRPS, confirmado en la Declaración de Heredia, establece la colaboración multinacional como respuesta a un desafío que afecta de manera transversal a Centroamérica y México.

Un grupo de 32 ex jefes de Estado y de gobierno reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) expresó este jueves su preocupación por la situación electoral en Honduras y denunció amenazas a funcionarios del sistema de votación, así como la intervención de institutos militares en el proceso previo a las elecciones presidenciales programadas para este domingo.

La declaración, firmada por figuras como Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón (México), José María Aznar (España), Laura Chinchilla (Costa Rica), Álvaro Uribe (Colombia) y Mauricio Macri (Argentina), advierte que las condiciones para realizar elecciones “libres y justas” están “bajo grave cuestionamiento”.

Según el comunicado, “están siendo víctimas de amenazas funcionarios electorales”, además de existir “acusaciones contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral”.

El Grupo IDEA destacó la existencia de un “estado de excepción constitucional” y señaló “interferencias en el proceso eleccionario por parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas”.

La agrupación remarcó que, según la Carta Democrática Interamericana, los países tienen la obligación de “llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”, un derecho que, según los ex mandatarios, no está siendo respetado plenamente en Honduras.

La advertencia del Grupo IDEA se suma al llamado del vicecanciller norteamericano, Christopher Landau, quien instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a reclamar “un proceso electoral libre de intimidación, fraude e injerencia política”.

La presión internacional responde a denuncias cruzadas entre el oficialismo y la oposición respecto a la imparcialidad del proceso, motivadas por investigaciones abiertas desde la Fiscalía contra altos cargos electorales y por la participación militar en funciones fuera de sus competencias.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en la campaña hondureña con un pronunciamiento pidiendo a la ciudadanía el apoyo para el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Trump señaló públicamente que los rivales de Asfura representan “el avance comunista” y acusó a la oposición de mantener alianzas con dictadores como Nicolás Maduro.

El Grupo IDEA pidió que los órganos del Sistema Interamericano y la comunidad internacional “estén alertas y vigilantes sobre esta nueva deriva que atenta contra uno de los elementos esenciales de la experiencia democrática en la región”. Entre los firmantes figuran también ex presidentes como Vicente Fox (México), Guillermo Lasso (Ecuador) y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).

El clima político en Honduras se ve marcado por un historial de procesos electorales conflictivos. Más de seis millones de ciudadanos están habilitados para votar en las urnas este 30 de noviembre, en unos comicios que definirán al sucesor de Xiomara Castro, cuyo mandato concluye el 27 de enero de 2026.

La oferta electoral incluye a Nasry Asfura, empresario de perfil conservador; Rixi Moncada, ex funcionaria del gobierno y candidata del partido izquierdista Libre; y Salvador Nasralla, periodista y líder del Partido Liberal, quien pese a sus posturas de centro-derecha no cuenta con la venia de Washington.

En este escenario, las advertencias internacionales ponen en el centro del debate la transparencia y las garantías del proceso democrático en Honduras.

Observadores de la OEA y de distintos organismos regionales desplegarán equipos para monitorear la jornada electoral, en un contexto de tensiones institucionales y denuncias sobre la intervención del poder militar y judicial en las decisiones del consejo electoral.

(Con información de EFE)

(Desde Washington, Estados Unidos) El vicecanciller de Estados Unidos, Chris Landau, exigió hoy durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que la presidenta Xiomara Castro y las Fuerzas Armadas garanticen la transparencia de las elecciones del próximo 30 de noviembre.

“Si el gobierno de Honduras espera tranquilizar a este organismo y, más importante aún, a sus propios ciudadanos sobre la integridad del proceso electoral, pedimos un compromiso de respetar los requisitos legales hondureños, un compromiso de mantener la independencia del Consejo Nacional Electoral, un compromiso de que solo el Congreso pleno, y no un comité selecto, participará en el proceso electoral según sea necesario, un compromiso de que las fuerzas armadas se apegarán a los roles definidos por la Constitución y resguardarán los materiales electorales sin involucrarse en el conteo de votos y mantendrán una posición apartidaria, y un compromiso de todos los candidatos y partidos de no declararse ganadores hasta que lo indique el CNE", sostuvo Landau durante su discurso en la OEA.

Y añadió en perfecto español, tras mostrar un ejemplar de la Carta Democrática de la OEA: “Al pueblo de Honduras, les dejo este mensaje. Los escuchamos y estamos con ustedes. Salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de su país y del Hemisferio”.

Landau ingresó a la OEA después de la participación de los dos voceros oficialistas presentados por Xiomara Castro. Uno de ellos, Marlon Ochoa -miembro del Consejo Nacional Electoral-, participó en el incendio de la embajada de Estados Unidos en Honduras en 2019, y Landau optó por obviar su discurso frente al legajo penal del consejero que responde al Gobierno de Castro.

Ochoa, miembro del Consejo Nacional del oficialismo, hizo su descargo en la OEA a través de videoconferencia desde Tegucigalpa.

El consejero propuesto por Castro aseguró que hay una conspiración de la oposición en contra del proceso electoral y citó un puñado de audios que pertenecerían a la consejera electoral del Partido Nacional, Cossette López Osorio, al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un militar en servicio activo, que identificó.

“A pesar de la conspiración que se ha intentado montar contra el proceso electoral, una parte sustantiva del material electoral ya está en su territorio y listo para ser utilizado el día de la votación”, sostuvo Ochoa sin explicar cómo obtuvo los audios denunciados, quién los grabó y bajo qué circunstancias.

“Con responsabilidad puedo decir, ante este Consejo Permanente, que el pueblo hondureño encontrará sus centros de votación abiertos, sus juntas receptoras de voto instaladas y su material disponible el día de las elecciones”, completó el consejero oficialista Ochoa sin hacer referencia al estado de excepción dictado por la presidenta Castro.

Tras el testimonio del consejero Ochoa, se le dio la palabra a Mario Morazán, representante del oficialismo en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El magistrado Morazán, al igual que el consejero Ochoa, denunció una conspiración de los partidos de la oposición contra las elecciones del 30 de noviembre.

En este caso, Morazán vinculó la conspiración política al presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Alberto Flores Urrutia, quien presentó dos cartas en la OEA asegurando que Castro y sus operadores judiciales y parlamentarios estaban asfixiando las instituciones en Honduras.

Después de las exposiciones de Antonio Garrastazu -director del International Republican Institute (IRI)- y Deborah Ullmer -directora del National Democratic Institute (NDI), que exhibieron la preocupación bipartidista acerca de la situación en Honduras, se dio paso a la posición de los países que integran la OEA.

El proceso electoral en Honduras exhibió -nuevamente- la fractura ideológica en América Latina, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Bolivia y Paraguay se mostraron preocupados por el estado de excepción dictado por Castro, mientras que Brasil, Colombia y México se refugiaron en el concepto diplomático de no injerencia de los asuntos internos de los países para evitar un cuestionamiento directo al gobierno hondureño.

“Solicitar un Consejo Extraordinario frente a tanta preocupación adentro y afuera de Honduras, no puede ser considerado una operación política. Representa una oportunidad para que todo el hemisferio conozca las preocupaciones existentes, y que Honduras pueda aclarar estas situaciones y reafirme su compromiso de asegurar un proceso electoral transparente, sin interferencia, sin manipulaciones”, afirmó Carlos Cherniak, embajador argentino en la OEA.

Y completó: “Estoy convencido de que este Consejo Extraordinario debe ser considerado como una acción de diplomacia preventiva por parte de la OEA, que permita ratificar el respaldo de todos los Miembros a la Misión de observación electoral de la OEA en Honduras, y dejando en claro un mensaje que debe tronar en todo el continente: no existe espacio para procesos electorales amañados o la manipulación de los resultados electorales, violando la soberanía popular".

Tras dos horas de debate, cerró las deliberaciones Albert Ramdin, secretario General de la OEA. Ramdin reivindicó la necesidad de elecciones libres en Honduras y el respeto a las instituciones democráticas.

“Deseo reiterar mi llamado de la semana pasada para que las elecciones en Honduras se celebren libres de toda interferencia política por parte de las instituciones del Estado”, afirmó Ramdin.

Y concluyó: “El respeto a la independencia de las autoridades electorales debe demostrarse de manera inequívoca por todas las fuerzas de la sociedad hondureña: líderes políticos, candidatas y candidatos presidenciales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general deben contribuir de manera positiva en los próximos días para garantizar un proceso electoral ordenado, seguro y pacífico".

(Desde Washington, Estados Unidos) Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay temen que haya fraude en los comicios presidenciales del 30 de noviembre en Honduras, y por eso solicitaron una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para tratar un asunto político que se parece muchísimo al proceso electoral que permitió al dictador Nicolás Maduro mantener su poder en Venezuela.

La administración Trump no quiere que se repita la experiencia electoral que benefició a Maduro, y esta dispuesta a jugar fuerte para preservar las instituciones en Honduras, pese a las operaciones políticas que ejecuta Castro a través de sus aliados en el Poder Judicial y el Parlamento.

Desde esta perspectiva, el subsecretario de Estado, Chris Landau, participará de la sesión del Consejo Permanente de la OEA. No es común que un subsecretario de Estado concurra al foro regional, y menos todavía para exigir transparencia en unas elecciones que pueden dictar el final del gobierno de Castro.

Landau conoce la lógica de poder en América Latina -habla español perfecto- y tiene un discurso filoso y frontal.

La sesión del Consejo Permanente está citada para las 14.30 (hora del Este) y fue boicoteada sin éxito por los gobiernos de Honduras, Brasil, Colombia y México, que fueron tibios al momento de cuestionar el fraude electoral cometido por Maduro.

Cuando fue imposible suspender la sesión, Castro reclamó que dos alfiles de su gobierno comparecieran en la OEA para asegurar que se respetará la transparencia de los comicios.

En este contexto, Honduras designó a Marlon Ochoa, Consejero Nacional Electoral (CNE), y a Mario Morazán, Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que cumplen las órdenes directas de la presidenta Castro.

El consejero Ochoa fue secretario de Finanzas del actual gobierno hondureño, y en 2019 participó del intento de incendio de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa (ver su selfie).

Por ese acto, la administración Trump le canceló la visa de Estados Unidos a Ochoa, un incidente diplomático que aún se recuerda en la Secretaría de Estado.

La preocupación de Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay, que solicitaron la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, fue ratificada por dos cartas oficiales que remitió Mario Alberto Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, al secretario Ramdin y otras autoridades de la OEA.

En una de las cartas, el magistrado Urrutia enumera las acciones de hostigamiento político que sufrió el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) ejecutadas por funcionarios y aliados políticos de Xiomara Castro.

“Durante el presente proceso electoral, el TJE ha enfrentado:

• La paralización deliberada del Pleno mediante la negativa a sesionar por parte de un magistrado propietario y suplentes afines al partido de gobierno.

• Declaraciones públicas difamatorias que buscan erosionar la credibilidad del Tribunal.

• Ingreso irregular de agentes del Ministerio Público a instalaciones del TJE.

• Hostigamiento, vigilancia y presión indebida hacia magistrados.

• Acciones de antejuicio y procesos penales infundados orientados a afectar decisiones jurisdiccionales adoptadas en el marco de nuestras competencias constitucionales.

Estos hechos reproducen con exactitud el patrón de asedio institucional descrito por la MOE/OEA y representan una afectación directa a la independencia judicial electoral", sostiene la carta oficial del Tribunal de Justicia Electoral, con fecha de 23 de noviembre, remitida al secretario Ramdin.

Y completa: “El hostigamiento hacia las autoridades electorales ocurre en un entorno más amplio de afectación al orden democrático, en particular:

• El Congreso Nacional ha sido mantenido en receso de manera incompatible con el artículo 189 de la Constitución, impidiendo su función natural de control político y deliberación.

• Se ha pretendido suplantar al Poder Legislativo mediante la creación de una “Comisión Permanente”, pese a que el Pleno había prorrogado válidamente sus sesiones, contrariando el artículo 4 de la Constitución sobre independencia y no subordinación entre poderes del Estado.

• El prolongado estado de excepción ha limitado derechos fundamentales en un periodo electoral, afectando condiciones esenciales para la vida democrática.

Este marco coincide materialmente con los supuestos previstos en los artículos 19 y 20 del Capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana, relativos a alteraciones del orden constitucional que ameritan una apreciación colectiva del Consejo Permanente".

Los embajadores de Brasil, Colombia y México jugaron a favor del gobierno de Castro, que pretendía suspender la sesión extraordinaria de la OEA para evitar que la crisis institucional de Honduras fuera exhibida en un escenario regional.

Frente a la posición ideológica de Brasil, Colombia y México se ubicaron Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Paraguay, Bolivia y Ecuador, que no tienen candidatos en los comicios presidenciales y sólo reclaman transparencia electoral.

La campaña presidencial en Honduras tiene tres candidatos: Rixi Moncada (oficialista), Nasry Asfura (opositor) y Salvador Nasralla (neo oficialista). Asfura encabeza las encuestas por la diferencia técnica frente a Nasralla, que fue vicepresidente de Xiomara Castro.

Se aguarda hoy en la OEA una sesión trabada del Consejo Permanente, adonde los voceros de Honduras jurarán que Castro no tiene intenciones de permitir el fraude electoral.

Una boutade que Landau, Carlos Cherniak -embajador argentino ante la OEA- y la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, replicarán de manera sistemática cuando les toque hablar en el edificio histórico de la OEA, a seis cuadras de la Casa Blanca.

(Desde Washington, Estados Unidos) Estados Unidos se encuentra en alerta diplomática para evitar que Xiomara Castro tenga capacidad política y militar para manipular los resultados de los comicios presidenciales en Honduras, que están convocados para el domingo 30 de noviembre.

La presidenta hondureña dictó el estado de excepción que ejecuta las Fuerzas de Seguridad y es respaldada por las Fuerzas Armadas, que se han alineado con todas las decisiones políticas del gobierno populista.

Es decir: antes, durante y después de las elecciones, Xiomara Castro tendría el control operacional de las principales ciudades de Honduras, una ventaja táctica que le permitiría reprimir las protestas causadas por un eventual fraude electoral.

La campaña presidencial en Honduras tiene tres candidatos: Rixi Moncada (oficialista),Nasry Asfura (opositor) y Salvador Nasralla (neo oficialista). Asfura encabeza las encuestas por la diferencia técnica frente a Nasralla, que fue vicepresidente de Xiomara Castro.

En este contexto político-electoral, Estados Unidos acompañado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay solicitaron una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para tratar este martes el Caso Honduras.

La misión diplomática de Honduras en la OEA conoció el pedido formal de la administración Trump, e informó sin dilaciones al gobierno de Castro.

Entonces, la presidente hondureña envió a Washington al canciller Javier Bu Soto para mantener un cónclave urgente con Albert Ramdin, secretario General de la OEA.

En la mañana del viernes, cuando el frío era implacable en DC, Ramdin recibió en su despacho a Bu Soto.

Allí el canciller hondureño fue derrotado por las asimetrías geopolíticas: Ramdin le informó que no podía suspender la sesión del Consejo Permanente solicitado por Estados Unidos.

Frente al fracaso político, Bu Soto ordenó al embajador hondureño ante la OEA, Carlos Quesada, que presentara una nota verbal solicitando “muy amablemente incorporar a la orden del día la participación de los siguientes panelistas:

-Consejero Marlon Ochoa, Consejo Nacional Electoral (CNE).

-Magistrado Propietario Mario Morazán, Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La estrategia del canciller Bu Soto, que ejecutó el embajador Quesada, es fácil de explicar: si Honduras no podía frenar la reunión extraordinaria en la OEA, al menos había que presentar a dos operadores políticos propios como si fueran funcionarios independientes de la justicia hondureña.

Aquí entraron a escena Marlon Ochoa y Mario Morazán.

El magistrado Morazán construyó su carrera por sus vínculos con el oficialismo, mientras que Ochoa fue secretario de Finanzas de la presidenta Castro.

Morazán y Ochoa expondrán la defensa del Gobierno a través de un zoom desde Honduras. Morazán podría viajar a DC para exponer, mientras que Ochoa está obligado a permanecer en Honduras.

El miembro oficialista de la CNE participó en un ataque incendiario contra la embajada de Estados Unidos en 2019 (ver su selfie sonriente), y su visa fue cancelada por el Departamento de Estado.

En su cuenta en X, @BigQuesada, el embajador de Honduras en la OEA posteó anoche un video adonde asegura que el proceso electoral “va dentro de la normalidad, que ocurre en cualquier parte, en cualquier país”.

Y completó: “Un partido trata de meritar (sic) a otro; un partido ataca, y ahora con la tecnología tenemos fake news. Pero no creo a nivel de que la OEA tenga que hacer un Consejo Permanente extraordinario”.

En su posteo en X, el embajador Quesada no hizo referencia al estado de excepción que hay en Honduras, dictado por la presidenta Castro.

Chris Landau -subsecretario de Estado- protagoniza la ofensiva diplomática en la OEA para evitar que Honduras repita el fraude electoral que cometió Maduro con las elecciones presidenciales en Venezuela.

“Ayer hablé con representantes clave del sector empresarial hondureño y, para mi consternación, todos expresaron su profunda preocupación por la integridad de las próximas elecciones del 30 de noviembre. Los miembros del Consejo Nacional Electoral, encargado de organizar las elecciones, contar los votos y certificar al ganador, han sido objeto de intimidación y acoso”, escribió ayer Landau en su cuenta oficial en X.

Y completó: “El Congreso, que podría ser llamado a declarar al ganador en caso de que el Consejo no pueda hacerlo, ha sido reemplazado por una “Comisión Permanente” de nueve miembros, que obviamente carece de legitimidad para abordar asuntos tan trascendentales. El mensaje de los líderes empresariales fue claro: ANTES de emitir cualquier voto, todos deben estar de acuerdo sobre las reglas y sobre quienes están encargados de hacerlas cumplir. La estabilidad política y la legitimidad son clave para el crecimiento económico y la prosperidad".

Estados Unidos no tiene candidato en Honduras, y lo mismo sucede con Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay.

Estos gobiernos apuestan a preservar la democracia en América Latina y se apoyan en la normativa institucional de la OEA para cumplir ese objetivo político.

Con una perspectiva ideológica distinta juegan Brasil, Colombia y México, que están utilizando sus misiones diplomáticas en la OEA para sostener el discurso oficialista de Castro.

La presidenta hondureña asegura que Estados Unidos pretende influir en los resultados electorales del 30 de noviembre, y añade que Donald Trump se apalanca en la OEA para perjudicar a su gobierno que reivindica a Maduro, Cuba y Nicaragua.

La burocracia de la OEA con el silencio del secretario Ramdin y otros funcionarios clave del Consejo Permanente se acerca a las posiciones de Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.

Desde la Secretaría General no se quiere permitir que los observadores del foro regional que trabajan el Caso Honduras puedan participar en la sesión del martes, ni tampoco autorizar a otros expertos en América Latina para que expongan en el Consejo Permanente.

En reemplazo de los observadores de la OEA, al final de la sesión, hablaría Ramdin que nunca condenó el fraude electoral cometido por Maduro contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Precisamente, la posición compartida por Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Ecuador y Paraguay tiene como único objetivo diplomático evitar que los comicios en Honduras terminen como las elecciones presidenciales en Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Honduras iniciaron este jueves el despliegue del material electoral para las próximas elecciones generales del 30 de noviembre, marcando una etapa clave en el proceso logístico, mientras crecen las advertencias de la comunidad internacional sobre la necesidad de salvaguardar la autonomía de los organismos electorales.

La operación comenzó en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en la capital, Tegucigalpa, donde camiones cargados con urnas, papeletas, tinta indeleble y demás insumos partieron hacia distintas regiones del país, incluyendo áreas de difícil acceso.

Según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), la última zona en recibir el material será Francisco Morazán, mientras que el traslado hacia Islas de la Bahía y Gracias a Dios se realizará con apoyo de la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea.

Durante el acto de apertura de la distribución, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, insistió en que las elecciones “se realizarán conforme al calendario” e hizo un llamado a la población a confiar en la organización.

“Este acto está lleno de simbolismo porque refleja el inicio realmente de las acciones que van a garantizar que el 30 de noviembre existan elecciones generales en este país”, declaró. Hall reiteró su rechazo a cualquier intento de alterar las fechas establecidas y pidió evitar los discursos que generan incertidumbre.

En el lanzamiento participaron también el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, reafirmando el compromiso militar con la misión constitucional de trasladar y resguardar el material electoral.

La distribución nacional se produce en un ambiente de marcada polarización política y bajo vigilancia internacional. Gobiernos como el de Paraguay instaron a las autoridades hondureñas “a cuidar la institucionalidad democrática y el respeto a la voluntad popular”, mientras Estados Unidos también urgió a las autoridades a ceñirse estrictamente a la ley y advertido que reaccionará con “rapidez y firmeza” ante cualquier intento de vulnerar el proceso democrático hondureño.

Por su parte, la Unión Europea llamó a todos los sectores políticos del país a resguardar la independencia y efectividad de las instituciones encargadas de organizar los comicios, remarcando la urgencia de que la votación transcurra en un entorno transparente, inclusivo y seguro para la ciudadanía.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, advirtió sobre la importancia de respetar la independencia de los órganos electorales tras las acciones judiciales abiertas contra miembros del Tribunal de Justicia Electoral por parte del fiscal general, Johel Zelaya.

La escena política en Honduras registró un nuevo repunte de tensión a escasos días de las elecciones generales, mientras emergen reclamos diplomáticos ante señales de inestabilidad institucional.

En ese sentido, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda solicitaron a la OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria urgente para el próximo martes, con el propósito de analizar el clima electoral y la autonomía de los organismos encargados del proceso.

Los cinco países firmantes enmarcaron su solicitud en la preocupación generada por las alertas divulgadas tanto por la Secretaría General como por la Misión de Observación Electoral de la OEA, subrayando la necesidad de un abordaje urgente por parte del Consejo Permanente.

La comitiva registró retrasos en la logística electoral y un empeoramiento de las condiciones institucionales para garantizar la imparcialidad de quienes arbitran el proceso.

(Con información de EFE)

La tensión política en Honduras vuelve a escalar a las puertas de las elecciones generales. Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una sesión extraordinaria el próximo martes para evaluar la situación y responder a las crecientes señales de inestabilidad institucional.

La petición llegó después de que la propia organización alertara sobre “crecientes riesgos” para la autonomía de los organismos encargados de administrar los comicios del 30 de noviembre.

Los cinco países afirmaron que las advertencias públicas de la Secretaría General de la OEA y de su Misión de Observación en Honduras merecen la atención urgente del Consejo Permanente.

La misión ha detectado retrasos en la preparación electoral y un deterioro en las condiciones que garantizan la independencia de los órganos encargados de arbitrar la votación. En un sistema frágil, cualquier indicio de presión política o judicial se convierte en un foco inmediato de inestabilidad.

La figura que ha encendido la alarma internacional es el fiscal general, Johel Zelaya, quien solicitó un antejuicio contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y contra una de las tres consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusada por la Fiscalía de conspirar contra el proceso.

La actuación del Ministerio Público, en un contexto donde sectores opositores lo señalan de responder al oficialismo —el Partido Libertad y Refundación (Libre)—, agrava la sospecha de intervención directa en organismos concebidos para ser neutrales.

Las diferencias internas entre el CNE y el TJE, ambos fundamentales para garantizar el conteo, la certificación de resultados y la resolución de disputas, han aflorado con intensidad. Las pugnas no son nuevas en la política hondureña, pero esta vez se desarrollan en la recta final de unas elecciones cargadas de incertidumbre.

Los choques entre magistrados y consejeros, con reproches cruzados de parcialidad y presiones, dibujan un escenario en el que las decisiones técnicas pueden adquirir un sesgo político.

A esto se suma un clima institucional que arrastra años de desgaste. Desde las elecciones de 2017, cuestionadas por observadores internacionales debido a irregularidades y a un apagón informático en pleno conteo, la confianza pública en el sistema electoral hondureño no ha logrado recuperarse. La reforma posterior creó nuevos órganos para intentar dotar de mayor independencia el arbitraje electoral, pero las disputas actuales revelan sus límites.

La Misión de Observación de la OEA ya había advertido en comunicados previos de los riesgos de judicializar las disputas internas entre magistrados, un fenómeno que puede derivar en una parálisis operativa en el momento más delicado del calendario.

Con plazos que ya se han ido estrechando, los retrasos en logística, capacitación y distribución de material electoral preocupan tanto como las tensiones políticas.

La Fiscalía, además, ha llegado a amenazar con cárcel a los funcionarios señalados, un gesto que en un proceso electoral consolidado sería impensable.

En su solicitud, los cinco países reiteraron su compromiso con la defensa de las normas democráticas. Señalaron que el objetivo último es garantizar que la población hondureña pueda votar con libertad, seguridad y en la fecha prevista. También pidieron al Gobierno que permita una presentación formal del CNE y del TJE ante la OEA, una manera de forzar transparencia en un momento crítico.

El llamado diplomático se complementa con una exhortación directa al Ejecutivo hondureño: actuar “escrupulosa y fielmente” dentro del marco constitucional.

A menos de dos semanas de la votación, la atención internacional se concentra en Tegucigalpa. El país se juega más que una elección: se juega la credibilidad de un sistema que lleva años al borde del colapso y que enfrenta, nuevamente, el desafío de demostrar que puede sostener una competencia democrática sin interferencias ni amenazas.

(Desde Washington, Estados Unidos) En el Congreso de Estados Unidos y en la Organización de Estados Americanos (OEA) existe idéntica preocupación: que Xiomara Castro -presidenta de Honduras- intervenga con las Fuerzas Armadas para evitar que la oposición gane los comicios del próximo 30 de noviembre.

Castro es aliada regional de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y siempre ha negado que Nicolás Maduro hizo fraude para perpetuarse en el poder pese a su derrota electoral ante Edmundo González Urrutia.

En este contexto, la presidenta de Honduras dispuso extender el estado de excepción hasta el 26 de diciembre (rige desde diciembre de 2022), lo que implica “la suspensión de las garantías constitucionales” y permite “detener a las personas que se consideren responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes”.

Con esta norma inconstitucional, Castro puede condicionar la campaña electoral y detener a los candidatos presidenciales sin prueba fehaciente.

La campaña presidencial en Honduras tiene tres candidatos: Rixi Moncada (oficialista), Nasry Asfura (opositor) y Salvador Nasralla (neo oficialista). Asfura encabeza las encuestas por la diferencia técnica frente a Nasralla, que fue vicepresidente de Xiomara Castro.

A diez días de los comicios, la preocupación política se incrementó en el Congreso de Estados Unidos y en la OEA.

Hay mucho temor de que Castro -como hizo Maduro- haga fraude contra de Asfura y despliegue a las Fuerzas de Seguridad y al ejército de Honduras para reprimir a la oposición.

Desde esta perspectiva, la titular del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, Elvira Salazar, convocó hoy a una audiencia especial para escuchar a Carlos Trujillo, Deborah Ullmer y Enrique Roig, tres expertos en Honduras.

La sala 2.200 del Rayburn House Office Building estaba desbordada por un asunto regional que puede marcar un punto de inflexión en la coyuntura de América Latina.

“La responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, de este comité y del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso es velar porque Honduras prevalezca la libertad y la democracia. Hace cuatro años, el pueblo hondureño eligió a una presidenta socialista que se llama Xiomara Castro. La señora Castro se ha declarado, con sus propias palabras, admiradora de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Yo no tengo que explicar lo que estos dos señores han hecho en sus países. La miseria, el exilio y la represión hablan por sí solos", aseguró la representante Salazar cuando inició la audiencia.

Y añadió: “Este comité le está enviando un mensaje contundente y claro a las Fuerzas Armadas que es respaldado por el Departamento de Estado y por la administración del presidente Donald Trump: Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes, sin intimidación, sin colectivos, sin actas robadas, sin interferencia extranjera. Los Estados Unidos tiene puestos sus ojos este próximo 30 de noviembre en Honduras".

A su turno, el representante demócrata Joaquín Castro cuestionó la estrategia de Donald Trump respecto a América Latina -con menciones directas a Venezuela, El Salvador y México- y a continuación exigió transparencia electoral en las elecciones hondureñas.

“El gobierno hondureño declaró un estado de excepción en 2022, restringiendo las libertades civiles y el debido proceso, y restringió significativamente la capacidad de la sociedad civil para actuar libre e independientemente. También hemos visto altos niveles de violencia e intimidación contra candidatos, periodistas y líderes de la sociedad civil en todo el espectro político, lo que puede enfriar la participación y socavar aún más la confianza en los resultados electorales. Esta es una situación difícil que los funcionarios hondureños, los candidatos y la sociedad civil tendrán que navegar si quieren preservar su democracia", sostuvo el representante demócrata Castro.

El Departamento de Estado tiene muchísima preocupación por las elecciones en Honduras, y a través de su misión diplomática en la OEA -junto a Antigua y Barbuda, Argentina, Ecuador y Paraguay- solicitó una reunión extraordinaria del Consejo Permanente que fue convocada para el 25 de noviembre.

Christopher Landau está a cargo del tema en la Secretaría de Estado, y en la OEA no demoraron un segundo en conceder la reunión extraordinaria del Consejo Permanente.

Landau conoce la lógica de poder en América Latina, y en las últimas horas derritió su teléfono personal para dejar en claro qué piensa Estados Unidos sobre Honduras.

Cuando se enteró que Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Ecuador y Paraguay solicitaron la reunión extraordinaria, Javier Bu Soto -canciller de Honduras- se tomó un avión en Tegucigalpa y voló de urgencia a DC.

Bu Soto fue recibido por Albert Ramdin -secretario General de la OEA-, horas antes de la audiencia especial en el Capitolio.

Fue un cónclave amable que no le resultó al canciller hondureño: la reunión pedida por Estados Unidos no se podía suspender de ninguna manera.

Ramdin, con años de trajín diplomático, utilizó su cuenta en X para mantener las formas y ocultar la derrota de Bu Soto.

“El Canciller Bu Soto también proporcionó detalles sobre el clima político, los temas clave y el sentir ciudadano en el país antes de las elecciones. Reafirmé que las elecciones deben estar libres de toda interferencia política por parte de las instituciones del Estado”, posteó Ramdin.

La visita de una comisión humanitaria internacional resultó indispensable para la liberación de cinco integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, quienes permanecieron privados de libertad desde el 9 de noviembre en Arauca. Según consignó Caracol, la intervención de organismos como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo permitió verificar el estado físico y emocional de los militares antes de su entrega por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El medio Caracol detalló que la liberación sucedió este lunes tras constatar que las condiciones de los uniformados eran satisfactorias.

Caracol reportó que los cinco militares habían sido secuestrados mientras viajaban en un vehículo público en Santo Domingo, una localidad del municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Integrantes del ELN interceptaron el transporte, obligaron a los ocupantes a descender y los trasladaron a un destino desconocido. De acuerdo con lo publicado por Caracol, en el comunicado enviado por el grupo armado se informó que a los soldados se les garantizó el respeto a “las condiciones de guerra”, indicando que, según indicó el ELN, se acataron disposiciones del Derecho Internacional Humanitario durante el cautiverio.

La Defensoría del Pueblo confirmó en su cuenta en la red social X que, una vez liberados, los militares se reunieron tanto con sus familias como con los superiores de su unidad. Posteriormente, fueron trasladados a la ciudad de Arauca para la respectiva evaluación médica, tal como lo establecen los protocolos humanitarios. Según puntualizó la Defensoría, este procedimiento es obligatorio después de una privación prolongada de la libertad y responde a las recomendaciones de los organismos internacionales que integraron la comisión de verificación.

El ELN difundió los nombres de los liberados mediante una lista, aunque Caracol aclaró que los datos completos sobre la identidad de cada militar no se incluyeron en el reporte conocido públicamente. El comunicado de la organización armada también manifestó disposición para futuras colaboraciones con entidades humanitarias y organismos internacionales, con base en el respeto al Derecho Internacional Humanitario y bajo vigilancia internacional. Según señaló Caracol, esta actitud busca crear un entorno de confianza y contribuir al desarrollo de operaciones de liberación supervisadas.

La emisora Caracol destacó el contexto de tensión que vive actualmente el departamento de Arauca, donde se ha producido un aumento de incidentes violentos y enfrentamientos en las últimas semanas. La liberación se produce al tiempo que continúan los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia, en los cuales el grupo ha expresado su voluntad de adherirse a los principios internacionales relacionados con el trato a los prisioneros de guerra. Caracol informó que los organismos internacionales involucrados han reiterado la importancia de sostener la protección y atención para las personas privadas de libertad a raíz del conflicto armado en el país.

Las organizaciones que participaron activamente en la mediación del proceso subrayaron que su presencia permitió asegurar una verificación imparcial del estado de salud de los militares y garantizar la transparencia total en la liberación. El acompañamiento de la ONU, OEA, Iglesia Católica y Defensoría no solo persigue el objetivo inmediato de la liberación sino que, según detalló Caracol, apunta a reducir las repercusiones del conflicto sobre la población civil y los funcionarios públicos afectados por secuestros o retenciones.

La zona de Arauca, fronteriza y de difícil acceso, se ha caracterizado por la frecuencia de situaciones similares. Caracol señaló que la persistencia de secuestros y privaciones de la libertad representa uno de los mayores desafíos para consolidar el proceso de paz en Colombia, ya que las dinámicas del conflicto armado suelen impactar especialmente en regiones apartadas del país. La participación internacional constituye una herramienta crucial para fortalecer la confianza entre las partes y documentar adecuadamente los procedimientos de liberación.

De acuerdo con Caracol, la Defensoría del Pueblo aseguró que continuará con las tareas de mediación e intervención destinadas a la liberación de todas las personas retenidas en el contexto del conflicto armado colombiano. En este sentido, la colaboración de entidades nacionales e internacionales refuerza la supervisión y la documentación de cada caso, incrementando la presión para que los actores armados respeten el Derecho Internacional Humanitario y los compromisos adquiridos en materia de paz y protección de los derechos humanos.

La emisora también indicó que las acciones coordinadas por la comisión humanitaria, junto con el traslado y posterior seguimiento médico de los militares, forman parte de los lineamientos humanitarios acordados a nivel internacional. Este proceso refleja la prioridad de preservar la integridad física y emocional de las personas liberadas y la obligación de los organismos estatales de brindar asistencia y protección en situaciones de riesgo.

El episodio, que generó preocupación en instituciones castrenses y organismos de derechos humanos, pone de relieve la necesidad de mantener abiertos los canales humanitarios y la presencia de garantes independientes para vigilar el respeto a los derechos fundamentales en medio del conflicto. Según el análisis consignado por Caracol, el compromiso conjunto de entidades nacionales y misiones internacionales resulta decisivo para avanzar en la resolución de situaciones críticas y disminuir las consecuencias humanitarias de la confrontación armada en Colombia.

(Desde Washington, Estados Unidos) La escalada diplomática entre Estados Unidos y Colombia causada por la decisión de Donald Trump de enfrentar en aguas internacionales a los carteles de la droga que responden a Nicolás Maduro, tuvo hoy un nuevo round en el Consejo Permanente de la OEA que sesionó en su edificio histórico en DC.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es aliado regional del dictador venezolano, que ha sido señalado por la Casa Blanca como el jefe del Cartel de los Soles, una organización criminal considerada narcoterrorista por la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

En este contexto, esta semana Trump embistió contra Petro durante una conferencia de prensa en el Salón Oval.

“Sabemos exactamente cómo traen sus cosas aquí, cómo traen las drogas aquí. Fentanilo, cocaína. Colombia tiene fábricas de cocaína donde producen cocaína. ¿Destruiría esas fábricas? Me sentiría orgulloso de hacerlo, personalmente. No dije que lo voy a hacer, pero me sentiría orgulloso de hacerlo porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo”, dijo el presidente de los Estados Unidos.

A su turno, Petro contestó:

“Cómo me sentiré de orgulloso que en mi Gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína. Rubio no le ha contado a Trump, nadie le dice”, escribió el presidente colombiano en la red social X.

La situación institucional en Venezuela fracturó a América Latina: Brasil, Colombia y México se muestran condescendientes con Maduro y su aparato represivo que opera contra la oposición para preservar su poder y sus negocios ilegales.

En cambio, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Ecuador y El Salvador cuestionan a Maduro y exigen una inmediata transición democrática para permitir que Edmundo González Urrutia acceda al Palacio de Miraflores, tras su triunfo en las últimas elecciones presidenciales.

Esta fractura regional, que es indisimulable en la OEA, se exhibió hoy cuando se trató el crimen organizado trasnacional en la sesión del Consejo Permanente.

Estados Unidos lanzó una guerra frontal contra las drogas desde aguas internacionales, y esa decisión geopolítica fue cuestionada sin mención directa a Trump por el embajador colombiano Luis Ernesto Vargas, que recibió una instrucción directa de Petro.

“Hoy Colombia expresa una vez más su rechazo y condena a este tipo de ataques unilaterales. La lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún estado a actuar al margen del derecho internacional. La delincuencia organizada transnacional es un asunto de aplicación de la ley, no un escenario de guerra”, sostuvo el embajador Vargas en obvia referencia a la flota de Estados Unidos movilizada al mar del Caribe.

Y completó: “Las embarcaciones sospechosas no son objetivos militares y la fuerza letal sólo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente. Y no estamos en manera alguna diciendo que es que vayamos a dejar de combatir. Las cifras que he dado demuestran que ha sido el país que más ha combatido el tráfico de estupefacientes en la historia- Colombia sabe que no existen atajos. Las respuestas militarizadas, unilaterales y descoordinadas no reducen el poder del crimen organizado. Por el contrario, la fortalecen, aumentan la violencia, erosionan la cooperación y ponen en riesgo a la población civil".

La posición colombiana fue contestada por Kimberley Penland, subjefa de misión de los Estados Unidos. Penland fue simple y contundente para ratificar la posición de Trump ante las operaciones ilegales que ejecuta Maduro como jefe del Cartel de los Soles.

“Con respecto a los comentarios sobre las actividades de lucha contra el narcotráfico en aguas internacionales alrededor del Caribe y el Pacífico oriental, el secretario (Marco) Rubio ha sido claro. Estados Unidos está siendo atacado por narcoterroristas criminales organizados en nuestro hemisferio y el presidente de Estados Unidos está respondiendo en defensa de nuestro país", argumentó la diplomática estadounidense Penland.

Y concluyó: “Las organizaciones criminales transnacionales amenazan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestro hemisferio. Por lo tanto, Estados Unidos está comprometido a trabajar con los Estados miembros de la OEA para desmantelar estas redes mediante la responsabilidad compartida y la cooperación regional".

Antes de las exposiciones de los representantes de Colombia y Estados Unidos, había fijado posición Carlos Cherniak, embajador argentino ante la OEA. Cherniak ratificó la posición geopolítica del gobierno argentino.

“El compromiso político de la Argentina es muy fuerte en todos los foros en lo relativo a la lucha contra los delitos transnacionales organizados, como decíamos, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, sostuvo Cherniak.

Y remató: “Pero nos preocupa especialmente que algunos países se hayan convertido en plataformas donde dichas organizaciones se desarrollan con plena protección estatal, coparticipando de los beneficios económicos ilícitos y convirtiéndose en plataformas de exportación del delito transnacional. Es por ello que organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles fueron consideradas organizaciones terroristas por parte de mi Gobierno".

Cuando tuvo su espacio en el debate diplomático, el embajador de Brasil en la OEA, Benoni Belli, presentó un discurso que reconoció las diferencias ideológicas que existen frente a Venezuela en América Latina, y rozó con sutileza al presidente Trump y su táctica militar para terminar con la dictadura de Maduro.

“Lamentamos no haber podido coordinar plenamente dos propuestas sobre un debate que debe unirnos y no incentivar divisiones basadas en un falso dilema entre seguridad y derechos humanos”, reconoció el embajador Belli.

Y cerró: “Pero el populismo no resuelve. No basta con endurecer el discurso o crear nuevas nomenclaturas que buscan relativizar las diferencias conceptuales entre crimen y terrorismo para justificar intervenciones ilegales o gestos de ocasión".

Con el inicio del ciclo electoral rumbo a la Presidencia en 2026, quienes buscan ocupar el máximo cargo del país empiezan a exponer sus propuestas. En ese contexto, Abelardo de La Espriella, abogado y aspirante a ocupar la Casa de Nariño, declaró durante una entrevista con la revista Semana que, si llega a la Presidencia, impulsará la salida de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas.

Ante las afirmaciones de Abelardo de La Espriella sobre una posible salida de Colombia de la ONU, Luis Gilberto Murillo, quien se desempeñó como canciller durante el gobierno de Gustavo Petro, reaccionó calificando la idea como “conceptualmente equivocada”.

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En la entrevista concedida al medio mencionado, se le preguntó a De La Espriella sobre su planteamiento de una eventual desvinculación de Colombia de la ONU. Le solicitaron explicar de qué manera llevaría a cabo esa medida, en caso de llegar a la jefatura del Estado, y cuáles serían los pasos concretos para implementarla.

El precandidato respondió: “Facilito, no se manda representación diplomática. La ONU y la OEA son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada. Ahí está Venezuela, 25 años en una tiranía. Ahí está Cuba, casi 70 años. Ahí lleva Nicaragua más de 15 años. ¿De qué han servido la ONU y la OEA? Son una cantidad de burócratas y gastamos plata que no tenemos. Eso hay que cerrarlo. ¿Para qué vamos a tener representación allá? Y también hay que revisar la participación de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

En su publicación, y en respuesta a lo planteado por el abogado y precandidato presidencial, el excanciller Murillo contrastó esa propuesta con el papel que desempeña actualmente la organización internacional en la diplomacia mundial.

Señaló que, mientras se discuten ideas de desvinculación, países como Estados Unidos utilizan la estructura de Naciones Unidas para impulsar iniciativas globales, como el reciente plan de paz para Gaza aprobado por el Consejo de Seguridad.

“Mientras De la Espriella propone retirarse de la ONU, Estados Unidos recurre al Consejo de Seguridad para la aprobación de su plan de paz para Gaza. Justo ayer se aprobó la resolución del caso”, escribió Murillo en su publicación de X.

En su respuesta, Murillo señaló los riesgos que, a su juicio, implicaría la propuesta de retirar a Colombia de la ONU. Consideró que esa iniciativa representaría un retroceso para el país y advirtió que podría afectar gravemente la posición internacional de Colombia, así como la capacidad para defender sus intereses. También alertó sobre las consecuencias de quedar al margen de los mecanismos multilaterales de protección y negociación.

“Esta idea de @DELAESPRIELLAE es profundamente regresiva, políticamente temeraria y conceptualmente equivocada. Una propuesta de esta naturaleza pondría a Colombia en la senda del aislamiento autoritario. Perderíamos voz, capacidad de maniobra internacional, negociación y mecanismos esenciales de protección para nuestra gente y para la defensa del interés nacional. Un despropósito”, escribió en su mensaje el exfuncionario público perteneciente a la actual administración pública del país.

Duranta le entrevista en la revista Semana antes mencionada, también le preguntaron a De La Espriella si entre sus propuestas incluiría la salida de Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El aspirante señaló que está dispuesto a contemplar el retiro del país de ese organismo, al que no le reconoce aportes positivos para Colombia. Sostuvo que la Corte, en su opinión, favorece posturas de izquierda y actúa en detrimento de los integrantes de la fuerza pública y de quienes sostienen posiciones distintas.

“Pero, por supuesto, esa es otra farsa. ¿Eso para qué ha servido? Para apoyar a la izquierda y para perseguir a los miembros de nuestra fuerza pública y a quienes no conectamos con las ideas de la izquierda. Tan sencillo como eso”, expresó De La Espriella sobre el tema.

La Unión Europea (UE) manifestó el martes su preocupación ante la crisis política que enfrenta Honduras a pocos días de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.

El pronunciamiento del bloque europeo se suma a las advertencias previas de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya habían expresado inquietud por el elevado nivel de polarización y las irregularidades detectadas en el proceso electoral.

"La UE expresa su preocupación por los recientes acontecimientos que afectan el marco institucional y los preparativos para las elecciones“, señaló el servicio diplomático europeo en un comunicado reproducido por la embajada de la UE en Honduras. El texto insta a las autoridades y partidos políticos hondureños a garantizar la independencia y la eficacia de las instituciones electorales, un llamado que refuerza el mensaje de la misión de observación del bloque, presente en el país desde octubre.

"La transparencia, la credibilidad, la estabilidad y la inclusión política son esenciales para permitir que los ciudadanos hondureños voten en un entorno pacífico y ordenado“, agregó el documento de la UE. El bloque europeo remarcó la necesidad de que todos los actores políticos contribuyan a un proceso democrático sin perturbaciones ni presiones indebidas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño enfrenta desafíos adicionales, como retrasos en la adjudicación del contrato para el traslado de las boletas y fallos técnicos reportados durante un simulacro reciente de transmisión de datos. Estos incidentes alimentan la preocupación de observadores internacionales sobre la solidez de la organización comicial y la confianza ciudadana en el sistema.

Por su parte, la Secretaría General de la OEA advirtió sobre la crítica situación democrática y expresó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”. “Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática”.

El país centroamericano vive un clima de tensión política, marcado por la intervención de la fiscalía, asociada con el gobierno de izquierda, en investigaciones contra referentes electorales opositores, así como por denuncias cruzadas de “fraude” entre los principales aspirantes a la presidencia.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos advirtió que procederá “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de obstaculizar el desarrollo electoral en Honduras. La advertencia se alineó con la preocupación de la UE por la crisis institucional. Tres relatoras especiales de la ONU se sumaron al mensaje internacional y solicitaron a las autoridades hondureñas que se respete el carácter “libre” y “transparente” de los comicios.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina, Christopher Landau fue quien indicó en la red social X que “Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre”.

La elección presidencial, que se define en una sola vuelta, enfrenta a comunicador Salvador Nasralla (Partido Liberal), a la abogada Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación, oficialismo de izquierda) y al empresario Nasry Asfura (Partido Nacional, derecha). Según las últimas encuestas, los tres se mantienen como principales contendientes, aunque hay cinco aspirantes en carrera.

La misión de observación electoral de la UE confirmó que continuará vigilando el desarrollo del proceso y el comportamiento de las instituciones y partidos.

(Con información de AFP y EP)

El gobierno de José Jerí Oré aprobó en su reciente Consejo de Ministros el nombramiento de Rodolfo Enrique Coronado Molina como nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La decisión responde a una renovación en la principal cúpula diplomática del país y marca un relevo en un escenario clave para la política exterior peruana. Coronado Molina asume funciones en reemplazo de José Luis Sardón de Taboada, quien ejercía el cargo desde la gestión anterior.

Designación se concretó en medio de una serie de cambios en las representaciones peruanas en organismos internacionales, incluidas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la embajada en Estados Unidos. También fueron cesados Gustavo Adrianzén en la misión ante la ONU y Alfredo Ferrero en la sede diplomática peruana en Washington, estableciendo así una reestructuración en la política exterior nacional.

La llegada de Coronado Molina al principal puesto ante la OEA, cuya sede se encuentra en Washington D.C., responde, de acuerdo con la cancillería peruana, a la intención de fortalecer la presencia nacional en el sistema interamericano y elevar la participación del país en los foros multilaterales de diálogo y cooperación.

La misión principal del representante permanente de Perú en la OEA incluye intervenir en decisión y coordinación institucional sobre democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo sostenible. El flamante titular deberá incorporarse a deliberaciones del Consejo Permanente, así como a las sesiones de comisiones y grupos de trabajo encargados de abordar la gobernabilidad democrática y la resolución pacífica de controversias en la región.

¿Quién es Rodolfo Coronado?

Rodolfo Coronado es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y posee una maestría en Políticas Públicas Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Diplomático de carrera con casi 30 años al servicio del Estado peruano, cumplió funciones en las áreas políticas de las embajadas peruanas en Estados Unidos y en Chile. También fue cónsul general en Houston. Antes de su designación en la OEA, se desempeñaba como jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores durante los años 2024 y 2025.

El perfil de Coronado incluye el ejercicio de cargos relevantes, como jefe de la Oficina General de Comunicaciones de la Cancillería en 2023, jefe en el despacho del viceministro de Relaciones Exteriores en 2014 y 2016, y subdirector de la OEA y Asuntos Hemisféricos en los años 2015 y 2016. En los inicios de su carrera, asesoró a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso entre 1995 y 1996.

El cambio en la delegación peruana ante la Organización de los Estados Americanos llega después del cese de José Luis Sardón de Taboada, destacado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional desde 2014 hasta 2022. Sardón de Taboada, quien también es profesor principal de Derecho en la Universidad de Piura, sumó experiencia como decano y árbitro en la Cámara de Comercio de Lima y fue premiado en 2015 por su trayectoria intelectual. Su gestión al frente de la misión peruana finalizó gracias a la misma Resolución Suprema que cancela sus credenciales y agradece los servicios prestados a la Nación.

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales de 2026, los aspirantes al cargo comienzan a presentar sus iniciativas ante la opinión pública. En ese contexto, Abelardo De La Espriella, abogado y precandidato, manifestó en una entrevista concedida a la revista Semana su intención de retirar a Colombia de las Naciones Unidas en caso de resultar elegido.

Frente a esta declaración, la senadora Isabel Zuleta identificada como cercana al Gobierno de Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, donde cuestionó la iniciativa y agregó: “Nos vamos a convertir en Venezuela”.

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Durante la entrevista, al precandidato se le consultó sobre su propuesta respecto a la salida de Colombia de Naciones Unidas. Le plantearon específicamente cómo planea ejecutar esa decisión en caso de asumir la Presidencia, pidiéndole detallar el procedimiento que seguiría para concretar tal iniciativa.

El precandidato respondió que la retirada sería sencilla, señalando que bastaría con dejar de enviar representación diplomática. Además, calificó a la ONU y a la OEA como entidades políticas afines a la izquierda y sostuvo que no han tenido utilidad para el país.

“Facilito, no se manda (representación diplomática). La ONU y la OEA son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada. Ahí está Venezuela, 25 años en una tiranía. Ahí está Cuba, casi 70 años. Ahí lleva Nicaragua más de 15 años. ¿De qué han servido la ONU y la OEA? Son una cantidad de burócratas y gastamos plata que no tenemos. Eso hay que cerrarlo. ¿Para qué vamos a tener representación allá? Y también hay que revisar la participación de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)“, contestó el abogado frente al anterior interrogante.

La senadora Isabel Zuleta recurrió a su cuenta de X para expresar su rechazo a la propuesta presentada por Abelardo De La Espriella respecto a una eventual salida de Colombia de la ONU. Zuleta, que mantiene una postura cercana al gobierno de Gustavo Petro, asoció la iniciativa con políticas similares implementadas en otros países de la región, advirtiendo sobre un posible paralelismo con la situación venezolana.

Además, sugirió que la intención detrás de abandonar el organismo internacional podría estar vinculada a la evasión de responsabilidades ante posibles violaciones de derechos humanos.

En su publicación, la legisladora puso en duda los motivos del precandidato y cuestionó duramente tanto la propuesta como el discurso en torno a ella.

“Ya podemos decir que con @ABDELAESPRIELLA nos vamos a convertir en Venezuela. Su propuesta es la misma: sacar a Colombia de la ONU O será que es para que no hayan consecuencias en las graves violaciones a los derechos humanos que él mismo promueve como “destripar a la izquierda”“, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta en el Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

La propuesta de Abelardo De La Espriella y la reacción de Isabel Zuleta generaron un amplio intercambio de opiniones en redes sociales. Entre los comentarios, el usuario @Cedano85 expresó su desaprobación tanto hacia la iniciativa como hacia el argumento de equiparar la medida con el caso venezolano.

En su mensaje, sostuvo: “Muy mala idea, pésima, rescatar los pésimos argumentos de la derecha, lo de convertirse en Venezuela. Mala idea. Pésima”.

Con respecto a la entrevista de De La Espriella , al precandidato también le consultaron si propondría que Colombia se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El precandidato afirmó que también consideraría el retiro de Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argumentó que esa institución no ha tenido utilidad para el país y la calificó como una entidad que, según él, respalda posiciones de izquierda y actúa en contra de las fuerzas de seguridad y personas con posturas diferentes.

“Pero, por supuesto, esa es otra farsa. ¿Eso para qué ha servido? Para apoyar a la izquierda y para perseguir a los miembros de nuestra fuerza pública y a quienes no conectamos con las ideas de la izquierda. Tan sencillo como eso”, comentó el aspirante a ocupar la Casa de Nariño frente a la pregunta antes mencionada.

Las diferencias internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras, en los que cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios, acentúan la incertidumbre de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, algo que llevó esta semana a la comunidad internacional a reaccionar exigiendo respeto a la independencia de los órganos electorales.

A eso se suma la presión del Ministerio Público (Fiscalía) -acusado de responder a intereses del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)-, que tiene amenazados de cárcel a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE, elevando el riesgo de interferencia política directa en organismos que deberían ser imparciales.

Y los militares, que por ley son apolíticos, obedientes y no deliberantes, se han venido inmiscuyendo en asuntos del CNE. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, le ha pedido al CNE que el día de las elecciones le entreguen una copia del acta del escrutinio de la fórmula presidencial, lo que ha sido calificado como una “injerencia” por la consejera presidenta, Ana Paola Hall.

Ante esta situación, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y EEUU, entre otros, expresaron su preocupación por la erosión de la independencia institucional, en un proceso electoral en el que el oficialismo apuesta por un segundo período consecutivo en el poder, y la oposición por expulsarlo.

La Secretaría General de la OEA expresó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político” y que “su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática”.

Desde Ginebra, tres relatores de la ONU señalaron un contexto de polarización, amenazas a la libertad de expresión y riesgos para defensores de derechos humanos, y que el país “debe garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes”.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que la Administración del presidente, Donald Trump, comparte “la preocupación” expresada por la OEA y “sigue de cerca la situación”.

Además, Washington exhortó “a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”, y advirtió que responderán “con rapidez y firmeza a cualquier atentando contra la integridad del proceso democrático en Honduras”.

Una semana antes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reiteró en Brasil que habrá elecciones libres y transparentes, lo que contrasta con observadores externos que describen un ambiente opuesto por las campañas de odio entre el oficialismo y la oposición, quienes son los causantes del grave deterioro de la independencia electoral.

Honduras acumula crisis que “nunca resuelve”

Lo que dicen el poder y la oposición evidencia la lucha por controlar la percepción pública y mitigar el impacto reputacional de Honduras en el exterior, aunque dejan al descubierto que su país, uno de los más pobres de Latinoamérica, está bajo el foco internacional, usualmente asociada a democracias en riesgo o procesos electorales vulnerables.

Esto último lo han sufrido los hondureños, que viven en una frágil democracia desde que su país retornó al orden constitucional, hace 45 años, después de casi dos décadas de regímenes militares.

Entre 2009 y 2017, Honduras sufrió un golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya -quien es el coordinador general de Libre, además de esposo y principal asesor de Xiomara Castro-, y sucedió la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández, quien en 2022 fue extraditado a EE.UU., donde fue sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico.

La situación es compleja en un país que desde 2009 ha venido de crisis en crisis, que se han ido “acumulando porque ninguna se resuelve”, dijo a EFE el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía.

Además, Mejía considera que las crisis en Honduras son condicionadas e intencionadas por parte de la élite política, de todos los partidos, con el fin de seguir “profundizando la desconfianza en la institucionalidad”, algo que “es grave y peligroso para la democracia”.

(Con información de EFE)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina, Christopher Landau, afirmó este miércoles que su país reaccionará “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de perturbar el proceso electoral en Honduras.

Landau indicó en la red social X que “Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre”.

En ese sentido, aclaró que la administración del presidente estadounidense Donald Trump vigila de cerca la situación y llamó tanto a las autoridades electorales como a las militares a “respetar escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”.

“Responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras”, sentenció en su mensaje a sus seguidores en la red social.

El escenario de empate técnico entre candidatos de izquierda y derecha —reflejado en las encuestas— alimentó las acusaciones cruzadas de intento de fraude en los comicios generales programados para el 30 de noviembre.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó el martes su “preocupación” por los retrasos en los preparativos de las elecciones generales del 30 de noviembre y reclamó garantías para que las autoridades electorales puedan desarrollar su labor.

El organismo regional observó que el ente electoral hondureño enfrenta dificultades a raíz de la disputa entre el oficialismo de izquierda y dos partidos opositores de derecha, enfrentamiento que se tradujo en mutuas acusaciones de intento de fraude.

En un comunicado oficial, la Secretaría General de la OEA aludió a la inquietud suscitada por las recientes acusaciones de la fiscalía —alineada con el gobierno— contra una consejera electoral y dos magistrados opositores en el tribunal responsable de resolver disputas durante el proceso.

El texto enfatizó la importancia de que los funcionarios electorales cumplan su tarea “de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, y subrayó: “Es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones”.

Según los sondeos, el escenario actual muestra un empate técnico entre Salvador Nasralla (Partido Liberal, derecha), Rixi Moncada (Libertad y Refundación, izquierda) y Nasry Asfura (Partido Nacional, derecha).

La OEA alertó que las discrepancias en los órganos colegiados “no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha adjudicado el contrato para transporte del material electoral y un simulacro reciente evidenció problemas organizativos.

La Secretaría General pidió que los comicios se realicen “en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles”. Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA solicitó además al sistema judicial garantizar la “seguridad de todos los funcionarios electorales”.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la reciente declaración emitida por la misión de observación electoral y remarcó que “es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio” de quienes gestionan el proceso electoral.

Ramdin enfatizó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, señalando además que “su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática”.

(Con información de AFP)

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este martes su preocupación por los atrasos en los preparativos de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras y solicitó garantías para la labor de las autoridades electorales.

La organización señaló que el órgano electoral hondureño enfrenta obstáculos derivados de la confrontación entre el oficialismo de izquierda y dos partidos opositores de derecha, quienes se acusan mutuamente de planear un “fraude”.

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa su preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales”, declaró en un comunicado.

En el texto oficial, la OEA expuso su “preocupación” por las acusaciones de la fiscalía, alineada con el gobierno, contra una consejera electoral y dos magistrados de partidos opositores en el tribunal encargado de resolver disputas durante el proceso.

El organismo continental subrayó la importancia de que las autoridades electorales efectúen su tarea técnica “de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, y remarcó: “Es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones”.

De acuerdo a las encuestas, existe un empate técnico entre el comunicador Salvador Nasralla (Partido Liberal, de derecha), la abogada Rixi Moncada (partido oficialista Libertad y Refundación, de izquierda) y el empresario Nasry Asfura (Partido Nacional, de derecha).

La OEA advirtió que las discrepancias dentro de los órganos colegiados “no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no adjudicó el contrato para el transporte del material electoral y un simulacro realizado el domingo reveló fallas organizativas.

La Secretaría General de la organización regional instó a que los comicios se celebren “en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles”, mientras que la Misión de Observación Electoral de la OEA solicitó la semana anterior que el sistema de justicia vele por la “seguridad de todos los funcionarios electorales”.

Por su parte, secretario general de la OEA, Albert Ramdin, Albert Ramdin defendió la reciente declaración de la misión de observación electoral en Honduras y destacó que “es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio” de quienes conducen el proceso electoral.

Ramdin subrayó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”. “Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática”, agregó.

El titular del organismo insistió en que las diferencias internas en los órganos colegiados pueden ser muestra de pluralismo democrático, pero advirtió: “No deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral”.

(Con información de AFP)

Ante la crisis diplomática que atraviesan los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, el Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro presentó una solicitud de mediación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así lo confirmó la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, tras liderar una reunión bilateral con el secretario general de la OEA, Albert Randim, en la que participaron también la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Justicia encargado, Augusto Ocampo, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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Según informó la entidad oficial, se planteó de manera explícita la necesidad de que la OEA actúe como mediadora para facilitar el diálogo entre ambos países, con el propósito de evitar cualquier ruptura de relaciones comerciales que llevan más de 200 años.

“Durante la conversación, la Directora solicitó a la OEA mediación diplomática como herramienta para fortalecer el diálogo entre Colombia y los Estados Unidos”, mencionó el Dapre en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Así mismo, Rodríguez reiteró el compromiso del Gobierno nacional “con una política exterior basada en la soberanía de los pueblos, el respeto, la paz, y la cooperación”.

Por su parte, el secretario general, Albert Ramdin, acogió la propuesta, alineándose con el compromiso histórico de la OEA de promover la solución pacífica de controversias y el fortalecimiento del diálogo interamericano. La solicitud de mediación se inscribe en la estrategia de diplomacia multilateral impulsada por el Gobierno colombiano, que busca consolidar mecanismos regionales de concertación y asegurar que las diferencias entre naciones se gestionen conforme al derecho internacional y el respeto mutuo.

Esta gestión se produce en un contexto de creciente fricción diplomática, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara públicamente a Gustavo Petro de ser el “líder del narcotráfico”, a lo que el mandatario colombiano respondió calificando a Trump de “cómplice del genocidio” por los bombardeos en Gaza en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Nuevas críticas de Estados Unidos contra Petro

Pese a la inclusión de la OEA como mediador entre ambos países, parece que las tensiones entre Estados Unidos y Colombia están lejos de una posible solución.

Recientemente, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, se pronunció en contra de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, frente a las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, ordenadas por la administración de Donald Trump.

En una entrevista concedida al medio internacional NTN24, el funcionario norteamericano expresó su confianza en que las próximas elecciones en Colombia, previstas para 2026, marcarán un cambio de rumbo en la política del país sudamericano.

“Tenemos nuestras diferencias con el gobierno del presidente Petro. Gracias a Dios habrá una elección en Colombia ya este año que viene y supongo que el pueblo colombiano, en su gran sabiduría, pues va a rechazar este sendero que lleva a la miseria, al odio, y va a ir en un nuevo rumbo para el bien de ese gran pueblo”, sostuvo Landau.

Las tensiones se han visto agravadas tras la solicitud de Gustavo Petro al gobierno estadounidense para que detenga sus operaciones militares contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, lo que produjo tanto la exclusión de su visa norteamericana, así como su inclusión a la Lista de Clinton, algo que fue duramente criticado por el secretario de Estado de EE.UU.

“El presidente Petro se ha portado de una manera muy provocativa. Imagínense, aquí estuvo en Nueva York, alentando a nuestras propias tropas a desobedecer las órdenes legítimas de nuestro presidente (...) Así no pueden actuar los líderes responsables del mundo. Por eso, inmediatamente le echamos del país, le quitamos la visa. Es realmente muy trágico para el gran pueblo colombiano que sea representado a nivel internacional por una persona de tan bajo carácter moral”, expresó.

Por su parte, el senador colombo estadounidense Bernie Moreno acusó a Petro de adoptar una postura de victimización y de traicionar sus valores, y envió un mensaje al pueblo colombiano para las elecciones presidenciales de 2026.

“Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo. Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad (...) Los colombianos elegirán un camino diferente el próximo año y Estados Unidos estará listo para retomar la relación, como lo hemos hecho durante 200 años”, escribió el legislador en su cuenta de X.

La reciente controversia diplomática entre Colombia y Estados Unidos cobró notoriedad por la aparición de un documento titulado La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental, que circuló en la Casa Blanca y contiene imágenes del presidente Gustavo Petro y de Nicolás Maduro vestidos con uniformes de prisión estadounidenses.

Este episodio, revelado por la revista Cambio, generó especulaciones sobre una posible expulsión del embajador (e) estadounidense en Colombia, John MacNamara, pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, descartó categóricamente esa posibilidad, según información difundida por Semana que dialogó con el jefe de esa cartera.

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En medio de la tensión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también negó al medio citado que exista una “crisis diplomática”.

Así mismo, el jefe de la cartera del Interior confirmó a través de su cuenta en X que él estuvo presente durante la llamada que el presidente Petro le hizo al embajador de Colombia en Washington y aseguró que no se había tocado el tema de una posible expulsión de McNamara.

“Estuve presente en la llamada telefónicamente, se hizo desde mi teléfono y el presidente @petrogustavo jamás pronunció la palabra expulsión!!!!!!”, escribió Armando Benedetti en su cuenta en X.

El origen de la polémica se remonta a una fotografía tomada en la oficina oval de la Casa Blanca por la fotógrafa Molly Riley, reconocida por su trabajo para Associated Press y Político.

En la imagen aparece James Blair, descrito por el medio como subjefe de Gabinete, director político de la campaña de Donald Trump en 2024 y asesor del Comité Nacional Republicano, sosteniendo una carpeta con el mencionado documento.

En su interior, además de las ilustraciones de Petro y Maduro, se lee un texto que acusa al Gobierno colombiano de haber sido “tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga”.

El documento propone, entre otras medidas, “designar a otros carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, apoyar a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental, establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados, combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses, e iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero”.

El membrete al pie de las hojas lleva el logo del senador republicano Bernie Moreno.

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. Desde la cumbre de la Celac en Santa Marta, el mandatario rechazó de manera enfática las acusaciones y denunció, según Cambio, que “lo que buscan no es acabar carteles, al contrario, políticos de la extrema derecha colombiana ligados a mafias, han ido a EE. UU. a buscar destruir el gobierno de Colombia, simplemente porque es progresista y no congenia con la gobernanza narcoparamilitar que ha vivido mi país y que he denunciado. Lo que buscan es homogeneizar a América Latina como siervo obediente de un gobierno que no respeta las reglas de la soberanía y la democracia”.

En otra declaración, Petro criticó la supuesta aceptación de estas “fake news” por parte del presidente estadounidense.

“Que el presidente de EE. UU. acepte este tipo de fake news entre sus asesores, demuestra el irrespeto total al pueblo colombiano, su medio siglo de muertes por centenares de miles de mis conciudadanos asesinados por una estrategia antidrogas basada en el control político y militar en el país e ineficaz en la disminución del consumo de cocaína en EE. UU”.

El presidente Petro también abordó las insinuaciones sobre la financiación de su campaña por parte de Venezuela, señalando que su gestión ha sido objeto de auditorías exhaustivas.

Petro declaró: “Creen que financió Venezuela mi campaña, como si fuese un presidente que se deja sobornar, cuando ha sido examinada mi campaña por la misma derecha dominante en la institución electoral durante tres años seguidos y a profundidad. Cuando mi cuenta personal ha sido revisada durante los últimos 30 años demostrando que solo he vivido de mi sueldo. Es hora de gritar en todo el mundo ‘Colombia Libre’”.

En un mensaje posterior, el mandatario advirtió sobre la gravedad de la situación: “Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar el presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito y cuando he dedicado una década de mi vida parlamentaria y ocho años de mi vida como gobernante, a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia, con el narcotráfico”.

Por su parte, el presidente Petro llamó a consultas al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña por medio de un mensaje publicado en su cuenta en X.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la casa blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, expresó el jefe de Estado.

La importancia estratégica de la relación bilateral radica en la ubicación geográfica de Colombia, su papel en la exportación de narcóticos y la interacción de intereses en el continente americano.

Las actuales fricciones parecen ser el resultado de tensiones acumuladas a lo largo de los años, exacerbadas por las controversias políticas internas de ambos países. En este contexto, el presidente Petro advirtió que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente bajo el gobierno de Trump, ha generado tensiones internacionales y podría desembocar en “una posible invasión a la República de Venezuela”.

El gobierno de José Jerí decidió postergar la entrega del salvoconducto para la exministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México. Sin este permiso, la ex primera ministra no puede abandonar el país ni salir de la sede diplomática, ya que podría ser intervenida mientras el Poder Judicial evalúa un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra.

La Cancillería peruana optó por una vía diplomática para justificar la demora: presentará una propuesta ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el fin de modificar la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático. El objetivo sería evitar que este beneficio se conceda a personas investigadas por delitos comunes y no a perseguidos políticos, como establece la norma.

Modificación de la Convención de Caracas

Sin embargo, incluso si los países miembros aprobaran modificar los alcances de dicha convención, el cambio no afectaría la situación de Betssy Chávez.

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, explicó que el tratado se rige por el principio jurídico de irretroactividad de la norma, lo que significa que ninguna modificación podría alterar procesos iniciados antes de su eventual reforma.

“Es decir, la modificación no podría aplicarse a la señora Chávez, que es un caso anterior a la modificación”, señaló en declaraciones al diario Expreso.

Un debate pendiente sobre el uso del asilo diplomático

El excanciller consideró, no obstante, que la iniciativa del Ejecutivo representa un aporte valioso al debate sobre el uso del asilo diplomático, una figura que —según precisó— “ha sido objeto de abusos por parte de diversos gobiernos”. En su opinión, una actualización de las reglas del derecho internacional contribuiría a definir con mayor claridad los límites y alcances de esta protección, aunque reiteró que no tendría incidencia en la situación de la exjefa del Gabinete.

“En cualquier caso, sería un aporte del Perú para llevar adelante un proceso de actualización de las reglas del derecho internacional, pero no para decidir el destino de la señora Betssy Chávez. Ella está, nos guste o no, circunscrita hermenéuticamente a lo que diga la Convención de Caracas de 1954 y la Constitución Política del Perú”, agregó.

En suma, la propuesta del gobierno de Jerí se proyecta como una iniciativa diplomática con posibles repercusiones regionales, pero sin efectos inmediatos sobre el caso de Betssy Chávez, cuyo futuro continúa atado al marco legal vigente y a la decisión pendiente del Poder Judicial.

¿Qué pasará con Betssy Chávez?

El futuro de la exministra Betssy Chávez continúa siendo incierto. Según explicó Miguel Ángel Rodríguez Mackay en una entrevista previa con Infobae Perú, la ex primera ministra podría permanecer indefinidamente en la sede de la Embajada de México.

El diplomático señaló que el Perú no puede intervenir militarmente ni retirarla por la fuerza, pues ello significaría un grave retroceso en la política exterior y un atentado contra la soberanía de otro país.

Mientras tanto, la encargada de la Embajada de México en Lima abandonó el país durante la madrugada de este domingo. Con su salida, la sede diplomática pasará a estar bajo la responsabilidad de otro Estado, que asumirá la administración temporal y la protección del local.

Entonces, qué ocurre si Perú no entrega el salvoconducto. El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó que, en el escenario en el que el Perú decidiera no entregar el salvoconducto, Chávez podría quedarse viviendo en la embajada de México, pues ese espacio es el único donde puede permanecer protegida.

“Así es, porque ese es su único espacio en el que puede permanecer y nadie podrá entrar ahí, e incluso así no haya relaciones diplomáticas”, detalló.

El internacionalista recordó que, en situaciones de ruptura diplomática, las sedes de las embajadas son inviolables y pueden quedar bajo la custodia de un tercer país. “El local, la sede o local de la misión diplomática es inviolable y la sede pasa a custodia de un tercer Estado que elige el Estado que ya rompió relaciones diplomáticas y que comunica al Estado receptor, en este caso al Perú”, explicó.

Rodríguez Mackay advirtió que una intervención en la sede diplomática, como ocurrió en Ecuador tras la irrupción de la policía en la embajada de México, sería inadmisible para el derecho internacional. “Y eso fue una gravísima actitud del gobierno del presidente de Ecuador. Tiró al tacho el derecho internacional. Eso no debe hacerse nunca. Y a nosotros, que tenemos una Cancillería prestigiosa, ni por asomo se nos puede pasar por la cabeza”, afirmó.

El argumento del Gobierno y la posición de Cancillería

Tras el pedido de México, la Cancillería cuestionó el uso político del asilo y advirtió que en los últimos años “se ha producido una evolución negativa” en su aplicación, al haberse otorgado en casos donde no existía persecución política.

“El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas”, señaló la entidad.

Asimismo, el Ministerio anunció que promoverá ante la OEA una modificación de la Convención de Caracas de 1954 “para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”.

“Oportunamente se dará a conocer el resultado de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente. Culminado este proceso, el Gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan”, añadió.

José Jerí sobre Betssy Chávez

El jefe de Estado, José Jerí, también se refirió a la situación de Betssy Chávez, precisando que, mientras no exista una decisión final sobre el salvoconducto, la exministra deberá permanecer en territorio nacional. “Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene el sistema internacional”, indicó.

El mandatario explicó que, al no otorgarse el salvoconducto, el efecto práctico es que Chávez no puede abandonar el país. “Lo que se entiende es que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y, en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese”, sostuvo.