La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la aprobación de una reforma constitucional que busca fortalecer el marco jurídico, restringir la participación de opositores y ampliar los mandatos políticos y militares; en ese contexto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, defendió la iniciativa y dijo que responde a una estrategia gubernamental para consolidar la soberanía y preservar el modelo denominado “Pueblo Presidente”.

Porras detalló en el programa “El Mapa” de Telesur que, actualmente, la reforma es objeto de consulta con distintos sectores sociales y políticos. El legislador argumentó que la historia nacional ha estado marcada por constantes intervenciones extranjeras, desde la invasión filibustera de William Walker en 1856 hasta la ocupación militar estadounidense en el siglo XX, episodios que, a su juicio, justifican el reforzamiento del orden constitucional.

“La reforma pretende impedir que quienes hayan promovido golpes de Estado, atentado contra la independencia nacional o violado los principios fundamentales de la Constitución puedan participar en procesos electorales”, indicó Porras, de acuerdo con Prensa Latina.

Uno de los puntos medulares de esta reforma es la propuesta de establecer períodos de siete años para los cargos de elección popular, así como para funcionarios designados por la Presidencia de la República o electos por el Parlamento.

Según el titular de la Asamblea, esta medida favorecería la continuidad de programas estatales en infraestructura, salud, educación y electrificación, y busca armonizar los plazos para los máximos responsables del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. La reforma también contempla fortalecer las atribuciones del Consejo Supremo Electoral, otorgando potestad para cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos que reciban financiamiento externo o promuevan sanciones e intervenciones contra el país.

En palabras de Porras, el objetivo es “elevar a rango constitucional normas dirigidas a proteger la democracia nicaragüense y evitar la repetición de episodios de injerencia extranjera registrados en el pasado”, según recogió Prensa Latina.

El parlamentario insistió en que Nicaragua continuará celebrando “elecciones limpias y transparentes”, mientras el modelo de desarrollo vigente mantendrá la gratuidad de la educación y la salud, junto a la expansión de la infraestructura y la lucha contra la pobreza.

Las palabras de Porras surgen pocos días después de que Daniel Ortega reafirmara públicamente la decisión de cancelar los procesos electorales como mecanismo de alternancia. Durante un acto oficial transmitido en Managua, Ortega hizo el anuncio oficial. “Aquí no va a volver a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, según reportó EFE y replicaron medios internacionales. El mandatario sostuvo que la reforma constitucional permitirá realizar comicios “con soberanía”, y planteó que la oposición actúa como “golpistas” y “vendepatria” con apoyo extranjero.

La reacción internacional a las declaraciones de Ortega no se hizo esperar. La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que evaluará la situación y ha convocado a una reunión de ministros de Exteriores de la región.

El Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión extraordinaria el 5 de agosto para considerar la propuesta de reforma y la suspensión de los procesos electorales, mientras gobiernos de países vecinos y Estados Unidos expresaron su rechazo a la medida.

De acuerdo con Prensa Latina, la reforma constitucional avanzará en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y podría aprobarse en septiembre.

Organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que la reforma amenaza con desmantelar las salvaguardas democráticas, al restringir la participación ciudadana y ampliar los mandatos presidenciales. El texto íntegro de la propuesta aún no ha sido publicado ni por el Parlamento ni por el Ejecutivo, pero la información oficial subraya que la finalidad es impedir la injerencia extranjera y garantizar la estabilidad institucional.

El contexto político nicaragüense, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se caracteriza por la exclusión de opositores, la supresión del debate plural y el endurecimiento del control institucional. Mientras el gobierno defiende el proceso como una vía para asegurar el desarrollo y la soberanía, sectores internacionales y de la sociedad civil denuncian el cierre de los espacios democráticos y una deriva hacia el autoritarismo, según las reseñas de EFE y Prensa Latina.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que la reforma constitucional que impulsa prohibe la participación de opositores a los que califica como “terroristas y golpistas” en futuras elecciones, decisión que ha generado un amplio rechazo internacional y reacciones de organizaciones y gobiernos, según reportó la agencia EFE. La medida, impulsada desde Managua en coordinación con la Asamblea Nacional, busca modificar la legislación electoral para limitar el acceso de críticos y exiliados al proceso democrático.

En un acto oficial, Ortega explicó que preparan una reforma parcial a la Constitución para impedir que opositores privados de nacionalidad o acusados de traición puedan postularse a cargos públicos. “No tendrán espacio los terroristas, los golpistas” en los próximos comicios, aseguró el mandatario, quien gobierna Nicaragua junto a su esposa Rosario Murillo desde 2007.

De acuerdo con EFE, el mandatario insistió en que las reformas buscan “fortalecer la paz con leyes” y evitar la repetición de conflictos armados en el país.

Durante su intervención, Ortega evocó episodios históricos como la guerra civil de 1856 y la intervención del estadounidense William Walker, señalando que las nuevas restricciones pretenden impedir “que se organicen de nuevo guerras como las de aquel entonces”.

En palabras recogidas por EFE, el líder sandinista sostuvo que la reforma garantizará “que no queden lugares donde los opositores puedan volver a lanzar sus guerras criminales”.

Las autoridades nicaragüenses han retirado la nacionalidad a decenas de opositores y críticos, a quienes acusan de conspiración, traición a la patria o de haber impulsado protestas contra el Gobierno. Según datos reportados por EFE, Nicaragua completó en 2023 su salida formal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que dejó al país sin representación en ese organismo regional. La OEA, tras el anuncio de Ortega, informó que analiza convocar a una reunión de ministros de Exteriores para evaluar la situación nicaragüense.

EFE detalló que el Consejo Permanente de la OEA celebrará el 5 de agosto una sesión extraordinaria para debatir una resolución titulada “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”. La respuesta internacional no se hizo esperar gobiernos de Costa Rica, Panamá y Guatemala expresaron su rechazo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó abiertamente las declaraciones del mandatario.

En sus declaraciones, Ortega matizó su discurso respecto al pronunciado el pasado 19 de julio, cuando advirtió que “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Ahora, el presidente nicaragüense sostiene que las reformas permitirán elecciones “con soberanía” y cita como antecedente negativo la época de las invasiones estadounidenses en Nicaragua.

El Gobierno de Ortega enfrenta acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación sistemática de rivales para evitar la competencia en las urnas, según la información de EFE. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la comunidad internacional han denunciado la falta de garantías democráticas y la represión contra la disidencia.

Con 80 años, Ortega es el dirigente con más tiempo en el poder en la historia reciente de Nicaragua. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y asumió la presidencia de 1985 a 1990, antes de regresar al cargo en 2007. Su permanencia ha estado marcada por la concentración del poder y la supresión de voces críticas, en un contexto de creciente aislamiento internacional.

La agencia EFE informó que el mandatario defendió la necesidad de “mantener la paz reforzada por las leyes”, subrayando que “no se trata de imponer la paz con estados de sitio o a punta de balazos”, sino de evitar “la conspiración para meter la guerra” que, según su visión, impulsa la oposición.

El futuro político de Nicaragua permanece incierto mientras avanzan las reformas propuestas por el Ejecutivo, que busca consolidar el control sobre el proceso electoral y limitar la participación de adversarios. La comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación en el país centroamericano, a la espera de la discusión en la OEA y de eventuales reacciones adicionales de gobiernos y organismos multilaterales.

La reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua extenderá a siete años los mandatos de al menos 6,750 cargos públicos, una modificación que ampliará la permanencia de alcaldes, diputados, magistrados, fiscales y jefaturas de seguridad antes de un nuevo proceso electoral, mientras Estados Unidos pidió una reunión extraordinaria de la OEA por el rumbo político del país.

La cifra central del cambio alcanza a 6,722 cargos de elección popular y a 28 puestos sujetos a elección o ratificación de la Asamblea Nacional. El total todavía podría crecer en cerca de un centenar si se incluyen ministros, viceministros, directores de entes autónomos, procuradores y jefes de misiones diplomáticas nombrados directamente por la copresidencia.

Según Confidencial.net, el diputado sandinista Gustavo Porras presentó la modificación durante el proceso de consulta que comenzó oficialmente el 29 de julio de 2026. Allí sostuvo: “Esos siete años significa algo que no te pueden cuestionar Hay un montón de países que tienen siete años tenemos derechos, es una decisión de nosotros”.

La iniciativa, cuyo texto completo aún no fue publicado, cambia el plazo que la Constitución fijaba originalmente en cinco años. El oficialismo ya lo había llevado a seis años y ahora propone un nuevo aumento.

La ampliación alcanza desde la copresidencia hasta las alcaldías y el Caribe

El paquete de cambios incluye todos los cargos de elección popular contemplados en la Ley 1242 o Ley Electoral. Eso abarca dos puestos en la copresidencia de la República, 90 diputados de la Asamblea Nacional y sus respectivos suplentes, para un total de 180 cargos.

También comprende 90 miembros propietarios de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe, 45 por cada región autónoma, junto con sus suplentes, lo que suma otros 180 nombramientos. A eso se añaden 20 diputados propietarios ante el Parlamento Centroamericano y sus suplentes, para un total de 40 cargos.

El mayor volumen está en los gobiernos municipales: 6.320 puestos entre 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y 6.014 concejales municipales propietarios y suplentes. Esa estructura concentra la mayor parte de los mandatos que pasarían a durar siete años.

La reforma también incorpora 28 cargos cuya designación depende de la Asamblea Nacional. Entre ellos figuran 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seis magistrados del Consejo Supremo Electoral, cinco miembros propietarios y tres suplentes del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, un superintendente y un vicesuperintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, además de un fiscal general y un fiscal adjunto.

El medio recordó que el número actual de magistrados ya había sido recortado por una reforma constitucional previa: la Corte Suprema pasó de 16 a 10 integrantes y el tribunal electoral de 10 a seis. Además, en agosto de 2025 otra modificación absorbió el Ministerio Público dentro de la Procuraduría General de Justicia.

El Ejército y la Policía también quedarían bajo mandatos más largos

Las consultas abiertas por la Comisión Especial de Carácter Constitucional comenzaron con la cúpula del Ejército de Nicaragua. Después se confirmó que el nuevo plazo de siete años también alcanzará a las jefaturas del Ejército y de la Policía Nacional.

Entre los cargos mencionados están el del general Julio César Avilés y los de los cojefes policiales Francisco Díaz y Victoriano Ruiz. En la segunda jornada de consultas, celebrada el 30 de julio de 2026, los diputados oficialistas expusieron a la conducción policial y a oficiales superiores y alternos que los cambios buscan “garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz”.

El 29 de julio, la ronda de reuniones también incluyó al sector financiero y bancario. Participó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, junto con representantes de otras entidades del sistema financiero.

El oficialismo afirmó que continuará las consultas con distintos sectores antes de que la Asamblea Nacional apruebe las modificaciones en septiembre. La reforma llega apenas 18 meses después de la entrada en vigor, en febrero de 2025, de la Constitución reformada que el mismo bloque impulsó.

Estados Unidos llevó el tema a la OEA tras los dichos de Ortega sobre las elecciones

En paralelo a la reforma, la misión permanente de Estados Unidos ante la OEA solicitó una reunión extraordinaria del organismo para examinar las implicaciones de la iniciativa promovida por el régimen nicaragüense. La petición fue enviada al Consejo Permanente.

Washington argumentó que la declaración pública de Ortega del 19 de julio, en la que afirmó que Nicaragua nunca más celebrará elecciones, constituye un “rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas”. La solicitud fue acompañada por un proyecto de resolución de “condena inequívoca”.

Ese borrador advierte que las declaraciones del mandatario significan “abolir las elecciones, eliminar el pluralismo político, poner fin a la transición pacífica del poder o impedir de forma permanente la participación pacífica en la vida política de aquellas personas a las que consideren una amenaza para su control del poder”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó para el próximo miércoles 5 de agosto una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en la que evaluará la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la crisis política en Nicaragua, después de que Daniel Ortega anunciara que el país no volverá a celebrar elecciones.

La sesión está programada para las 2:30 de la tarde, en el Salón Libertador Simón Bolívar de la sede de la OEA, en Washington. En la agenda figura la consideración del proyecto de resolución titulado “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”, presentado por Estados Unidos.

La convocatoria responde a una solicitud formal presentada el 29 de julio por la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA, en la que Washington sostiene que las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio —cuando afirmó que en Nicaragua “nunca volverá a haber elecciones”— y las reformas constitucionales anunciadas el 24 de julio representan un quiebre definitivo del orden democrático.

En su comunicación al presidente del Consejo Permanente, el embajador de Dominica, Steve Ferrol, Estados Unidos argumenta que estas decisiones constituyen “un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus dirigentes mediante elecciones libres y justas” y agravan una crisis que ya ha provocado el exilio y la migración forzada de cientos de miles de nicaragüenses.

Washington sostiene además que la eliminación de la vía electoral y la profundización del modelo político impulsado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo trascienden las fronteras de Nicaragua y plantean riesgos para “el orden democrático, los derechos humanos, el desplazamiento forzado, la represión transnacional y la paz y estabilidad regionales”.

Con base en esos argumentos, Estados Unidos solicitó que el Consejo Permanente convoque una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, un mecanismo previsto en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA para tratar asuntos urgentes y de interés común para los Estados miembros. La convocatoria de esa reunión requiere la aprobación de la mayoría absoluta del Consejo Permanente.

La iniciativa forma parte de la respuesta diplomática impulsada por Washington desde que Ortega anunció, durante el acto del 19 de julio, que en Nicaragua no volverían a realizarse elecciones. Posteriormente, el oficialismo inició un proceso de reformas constitucionales que, entre otros cambios, busca extender el período presidencial de cinco a siete años, con posibilidad de renovación, y rediseñar el sistema electoral conforme a las nuevas directrices del régimen.

Aunque Nicaragua dejó de ser Estado miembro de la OEA en 2023 tras completar el proceso de denuncia de la Carta del organismo, los países del hemisferio mantienen la facultad de discutir la situación del país y adoptar posiciones políticas o diplomáticas sobre la crisis nicaragüense.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó el jueves que Bolivia requiere “grandes reformas” surgidas de “un gran diálogo”, al finalizar la visita de una misión del organismo que investigó las protestas ocurridas entre mayo y junio en el país andino.

Durante una conferencia en Santa Cruz, Ramdin estuvo acompañado por el presidente boliviano Rodrigo Paz, el canciller de Panamá Javier Martínez-Acha, y altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay que integraron la Misión de Alto Nivel iniciada el miércoles en La Paz.

El secretario general reconoció que, dadas las circunstancias sociales y económicas actuales, “no siempre es fácil conseguir resultados a corto plazo”, aunque subrayó que Bolivia “tiene oportunidades únicas” para avanzar.

“Las grandes reformas en favor de todo el pueblo de Bolivia son tan necesarias como posibles. Y una gran reforma necesita un gran diálogo. Por ejemplo, si se requiere acordar nuevas leyes, será necesario construir consensos entre tantas miradas distintas que hemos podido escuchar”, expresó.

Entre mayo y junio, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupaj Katari” y la Central Obrera Boliviana (COB) encabezaron bloqueos de carreteras, principalmente en el este y centro del país, con el apoyo de grupos afines al ex presidente Evo Morales. Las protestas exigían la renuncia de Paz y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de 16 muertes—13 de ellos por falta de atención médica— y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones.

Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción, lo que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para garantizar la circulación.

“Lamentamos lo que vivieron en mayo y junio. Hemos visto las imágenes de los bloqueos, amenazas a la infraestructura y disrupción a servicios esenciales, pero esa no es la Bolivia que conocemos”, manifestó Ramdin. En ese sentido, destacó que, luego de reunirse con autoridades y representantes de distintos sectores, la misión concluyó que “nadie quiere que esas imágenes se repitan, porque el costo social, económico, financiero, personal y reputacional para Bolivia ha sido muy alto, y tomará tiempo repararlo”.

El secretario general instó a los actores institucionales a “abrir puertas a todos los sectores y posiciones políticas para construir juntos los caminos hacia el desarrollo” y confió en que “cada movimiento respete la Constitución y los resultados de las elecciones”. Además, ratificó el respaldo de la OEA al Gobierno de Paz y al pueblo boliviano, además de anunciar la presentación de un informe escrito sobre la visita ante el Consejo Permanente del organismo.

Por su parte, Paz advirtió que lo sucedido en Bolivia podría repetirse en otros países y alertó que la “democracia hemisférica está en peligro”, señalando que “no a todos les gusta que los países tengan democracias”. El mandatario agradeció a la OEA por su labor en defensa de la democracia.

La Misión de Alto Nivel que visitó Bolivia destacó el miércoles el “diálogo franco y abierto” mantenido con autoridades y representantes de diversos sectores. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, leyó un comunicado en el que la misión destacó “el diálogo franco y abierto sostenido con distintos sectores que expresaron sus diversas experiencias, puntos de vista y aspiraciones para Bolivia”.

El texto subrayó que las conversaciones “fueron, sin excepción, abiertas, constructivas y de buena fe”, y adelantó que las propuestas concretas planteadas por los actores sociales “serán recogidas en el informe de esta Misión”.

La delegación incluyó altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes se reunieron con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como con representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos obreros, sectores empresariales, transportistas y medios de comunicación.

(Con información de EFE)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó este martes a los cancilleres del continente para analizar la situación de Nicaragua tras el anuncio de Daniel Ortega de que el país “nunca más” celebrará elecciones, una decisión que el organismo vinculó no solo con el colapso democrático interno, sino también con una amenaza directa a la seguridad regional.

El texto aprobado por el Consejo Permanente sostiene que las medidas impulsadas por Ortega y Rosario Murillo ya desbordan la crisis doméstica.

El documento advierte sobre migración masiva irregular que empujó al exilio a cientos de miles de personas, la facilitación de actividades militares y de inteligencia de actores extrahemisféricos, y la fragilidad estatal que, según el organismo, exporta inestabilidad al resto del hemisferio.

La convocatoria a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores fue presentada por la Misión Permanente de Estados Unidos ante el Consejo Permanente.

La decisión respondió de forma directa a las declaraciones del 19 de julio, cuando Ortega anunció una reforma constitucional parcial para eliminar el voto y restringir de manera permanente la participación política de opositores.

El Consejo Permanente vinculó la crisis nicaragüense con la seguridad del continente

El resolutivo aprobado por la Organización de los Estados Americanos condena “de manera inequívoca” el anuncio de Ortega y cualquier intento de abolir elecciones, eliminar el pluralismo político o impedir de forma permanente la participación pacífica en la vida pública.

Para el Consejo Permanente, esa “abolición codificada” es incompatible con la democracia representativa, con los derechos políticos de los nicaragüenses y con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

El mismo texto también cita la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos de los que Nicaragua sigue siendo parte. Sobre esa base, el organismo encuadró la decisión del régimen como una ruptura frontal de compromisos interamericanos aún vigentes.

El documento enumera además otros factores que, a juicio del Consejo, agravan el riesgo hemisférico: la erosión de la independencia judicial y legislativa, la persecución de nicaragüenses fuera del territorio y posibles ejecuciones extrajudiciales. Esa combinación, añade la resolución, socava la seguridad, la soberanía y la prosperidad de los países vecinos.

En ese diagnóstico aparece otro elemento central: la apertura a influencias externas. El Consejo advirtió que la participación de actores extrahemisféricos en actividades militares y de inteligencia puede poner en peligro la paz del continente.

La resolución excluyó de forma expresa el uso de la fuerza armada

El texto aprobado por el Consejo Permanente incorporó una precisión explícita: la resolución no autoriza el uso de la fuerza armada. La salvedad llamó la atención porque, al menos de manera pública, esa posibilidad no había sido planteada antes en el debate.

La convocatoria se ampara en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA. En ese marco, la medida se limita a reunir a los ministros de Relaciones Exteriores en la sede del organismo para evaluar la situación en Nicaragua y debatir medidas colectivas que los Estados miembros consideren adecuadas.

El presidente del Consejo Permanente, con apoyo de la Secretaría General, deberá elaborar y someter a consideración de los países miembros el proyecto de agenda y el reglamento de la reunión. Ese procedimiento, previsto en el artículo 63, será el paso inmediato antes de que los cancilleres discutan la respuesta política del sistema interamericano.

Estados Unidos pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocar una reunión de cancilleres para analizar la crisis en Nicaragua, tras las declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que el país “nunca más” celebrará elecciones, y el anuncio de una reforma constitucional parcial para codificar la abolición del voto.

El embajador permanente de Estados Unidos ante la OEA, Andrew Stevenson, envió este miércoles una carta al Consejo Permanente del organismo en la que solicitó una sesión extraordinaria y presentó un proyecto de resolución. El texto propone reunir a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para examinar la situación política y de derechos humanos en el país centroamericano.

La petición de Stevenson señala dos hechos concretos como fundamento de la urgencia. El primero es la declaración pública de Daniel Ortega del 19 de julio, en la que anunció la eliminación permanente de los procesos electorales. El segundo es el anuncio, el 24 de julio, de una revisión parcial de la Constitución orientada a impedir que cualquier persona vinculada a la oposición —real o percibida— acceda al poder por la vía electoral.

Para Stevenson, ambas medidas “constituyen un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas”. En su carta, el diplomático advirtió que la dictadura de Murillo-Ortega “ha exacerbado drásticamente la ya situación urgente en Nicaragua” al declarar abiertamente la supresión del cambio electoral pacífico.

El documento presentado por la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA condena de forma expresa las declaraciones de Ortega y cualquier medida destinada a eliminar el pluralismo político, impedir la alternancia democrática o restringir la participación pacífica de ciudadanos considerados opositores. El texto aclara de manera explícita que la iniciativa “no constituye autorización para el uso de la fuerza armada”.

La propuesta sostiene que la supresión de elecciones y la exclusión permanente de la oposición son incompatibles con la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del que Nicaragua sigue siendo parte. De ser aprobada por el Consejo Permanente, la presidencia del organismo deberá elaborar, con apoyo de la Secretaría General, la agenda y el reglamento de la reunión ministerial.

Más allá del ámbito electoral, el proyecto de resolución enumera acciones atribuidas al régimen que, según Washington, desestabilizan el continente. Entre ellas figuran el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y del Legislativo, denuncias sobre persecución y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos nicaragüenses fuera del país, y la presunta presencia de actores extrarregionales con actividades militares e de inteligencia en territorio nicaragüense.

El texto también menciona acuerdos financieros que, a juicio de Estados Unidos, afectan la seguridad hemisférica, y señala que el régimen ha facilitado la migración masiva ilegal que ha provocado el exilio forzado de cientos de miles de nicaragüenses. Stevenson calificó el conjunto de estas acciones como “una amenaza” para los intereses de Washington y para la paz y estabilidad de la región.

Una decena de países del continente se pronunció en contra de las intenciones de Ortega de suprimir las elecciones: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Uruguay y Perú, además de Estados Unidos. Fuera del hemisferio, el Reino Unido y la Unión Europea también expresaron su rechazo.

A esas voces se sumaron el secretario general de la OEA, Albert Randim, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En la 56.ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá en junio pasado, Washington ya había exigido a los países miembros acciones más contundentes frente al régimen sandinista.

La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.

El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.

En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.

El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.

Función y alcance del Comité de la ONU

Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.

Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.

El antecedente de Lula y el caso de la OEA

La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.

Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.

Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el organismo está preparado para apoyar los esfuerzos dirigidos a una “transición democrática” en Venezuela, tras el acuerdo alcanzado entre el chavismo y un grupo de opositores para establecer una hoja de ruta.

“La OEA está lista, dentro del mandato encomendado por sus Estados miembros, para apoyar los esfuerzos que promuevan una transición pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela”, expresó el director en X. En ese sentido, destacó el compromiso de la organización con la Carta Democrática Interamericana, que establece principios de democracia, derechos humanos, Estado de derecho y bienestar. “El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo”, añadió.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país. La administración de Donald Trump en Estados Unidos, que dialoga con el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de agosto, celebró la apertura del diálogo.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, quien manifestó su intención de regresar a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en la mesa de conversaciones. El opositor venezolano Henrique Capriles pidió el martes una negociación política que incluya a la líder opositora y premio Nobel de la Paz para la “reconstrucción institucional” del país, tras recalcar que las autoridades llevan años “de espaldas a los venezolanos”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington participará activamente en el proceso de transición política previsto en Venezuela tras el acuerdo entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo. Rubio calificó el entendimiento como un paso relevante para el futuro del país y aseguró que la administración estadounidense seguirá de cerca el desarrollo de las conversaciones programadas para agosto.

Durante una rueda de prensa, el funcionario destacó el consenso alcanzado la semana pasada para implementar un mecanismo de diálogo orientado a la reconciliación nacional y al inicio de una transición política. “Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado señaló que las primeras reuniones oficiales están previstas para la primera semana de agosto y consideró que el anuncio tuvo una recepción favorable en Venezuela. “Creemos que ese acuerdo fue recibido en Venezuela como una muy buena noticia y es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”, declaró.

Estados Unidos reconoció a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el último Parlamento surgido de elecciones democráticamente reconocidas. Rubio confirmó que su país mantendrá la asistencia destinada a atender las consecuencias de los terremotos en Venezuela, con ayuda humanitaria que ya supera los USD 180 millones y que podría incrementarse conforme avancen las tareas de reconstrucción.

Rubio explicó que el gobierno estadounidense trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos internacionales de financiamiento y crédito que permitan hacer frente a los elevados costos de la emergencia. “Ya supera los 180 millones de dólares y haremos más”, señaló, y subrayó que la reconstrucción requerirá importantes inversiones tanto para retirar escombros como para levantar nueva infraestructura.

(Con información de EFE)

La Misión Especial de la OEA para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala advirtió que la reciente asunción de la autoridad rectoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala no resuelve las objeciones sobre la legalidad del proceso y puede agravar la incertidumbre institucional, la conflictividad universitaria y la confianza pública si las autoridades competentes no aclaran con prontitud los cuestionamientos pendientes.

Según el comunicado difundido por la propia misión en sus canales oficiales, la USAC ocupa un lugar central en la vida democrática, académica e institucional del país por su carácter público, autónomo y estratégico. Por eso, sostuvo, la elección y toma de posesión de sus autoridades no puede tratarse como un acto interno o protocolario sin consecuencias sobre la legalidad y la credibilidad pública.

El pronunciamiento recoge una serie de objeciones que la misión ya había expresado sobre el proceso electoral rectoral: cuestionamientos a la integración del cuerpo elector, exclusiones de votantes, acreditaciones selectivas, falta de suficiente publicidad, acciones judiciales pendientes, denuncias de intimidación y dudas sobre la igualdad de condiciones en que se desarrolló la elección.

Para la misión, esos señalamientos no son diferencias políticas accesorias entre sectores universitarios. El organismo afirmó que remiten a condiciones básicas de legalidad, integridad electoral, participación efectiva, debido proceso y legitimidad institucional, y que la sola toma de posesión del cargo no las corrige por sí misma.

La OEA sostuvo que la toma de posesión no convalida el proceso rectoral

La misión también tomó nota de la información pública sobre la situación del finiquito y de la existencia de denuncias penales o actuaciones pendientes vinculadas con la autoridad rectoral y con actos de administración universitaria. Aclaró que la existencia de denuncias, investigaciones o señalamientos no equivale a responsabilidad penal, en atención al principio de presunción de inocencia.

Aun así, precisó que cuando esos elementos se relacionan con requisitos legales para asumir o ejercer el cargo, con la administración de recursos públicos o con la regularidad del proceso electivo, las autoridades competentes e independientes deben investigar y aclarar de manera pronta, diligente, motivada y transparente sus efectos jurídicos.

La OEA remarcó que el hecho de que la asunción ya se haya producido no libera a las instituciones de esa obligación. Añadió que la falta de una respuesta institucional clara puede profundizar el conflicto universitario y debilitar la confianza pública en la legalidad del proceso.

En ese punto, la misión subrayó que la incorporación de la asunción como punto de agenda en una sesión del Consejo Superior Universitario, y no mediante un acto público de investidura, no cierra una controversia institucional que sigue sin resolverse. También señaló que esa vía administrativa interna no puede interpretarse como una validación automática de un proceso cuya integridad continúa seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca.

El organismo sostuvo que la estabilidad institucional no se obtiene por hechos consumados. Indicó que esa estabilidad depende de decisiones legales, claras, verificables y respetuosas del Estado de Derecho, y que ni el paso del tiempo, ni los actos protocolarios, ni la continuidad administrativa sustituyen la necesidad de esclarecer las objeciones de fondo que pesan sobre el proceso rectoral.

La misión pidió prudencia institucional y decisiones rápidas sobre las acciones pendientes

En su comunicado, la misión exhortó al Consejo Superior Universitario y a las demás autoridades universitarias competentes a actuar con máxima prudencia institucional, transparencia y apego estricto a la legalidad. Señaló que la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución, debe preservarse como garantía de libertad académica, autogobierno responsable y deliberación plural.

Al mismo tiempo, advirtió que esa autonomía no puede entenderse como un espacio exento de legalidad, rendición de cuentas y control democrático. Tampoco, agregó, puede invocarse para consolidar situaciones surgidas de procesos percibidos como excluyentes, opacos o contrarios a principios básicos de integridad institucional.

La misión también llamó a las autoridades judiciales, administrativas y de control a conocer, esclarecer y resolver con independencia, imparcialidad, celeridad y publicidad las acciones pendientes que puedan incidir en la certeza jurídica del proceso. Identificó en particular las vinculadas con el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer el cargo y con la validez de los actos determinantes del proceso rectoral, cuyas consecuencias jurídicas, afirmó, no quedan saneadas por la asunción.

El pronunciamiento incluyó además un llamado a todos los sectores de la comunidad universitaria para que ejerzan sus derechos por vías pacíficas, democráticas e institucionales. La USAC fue presentada en ese marco como un ámbito que exige garantías frente a cualquier forma de violencia, intimidación, criminalización o estigmatización contra estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades, periodistas, observadores o integrantes de la sociedad civil que expresen posiciones críticas o realicen auditoría social.

La misión instó además a las autoridades estatales a garantizar, con respeto a la autonomía universitaria, la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas vinculadas a los acontecimientos en la universidad, conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

El organismo concluyó que continuará observando, dentro de su mandato, los hechos que puedan incidir en la legalidad, la legitimidad y la confianza pública de los procesos institucionales en Guatemala, y reafirmó su disposición a acompañar esfuerzos orientados al diálogo democrático, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta electa del Perú y le expresó sus mejores deseos de éxito durante su mandato. El pronunciamiento se produjo luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el cómputo de la segunda vuelta presidencial.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ramdin informó que la presidenta electa lo invitó a asistir a la ceremonia de toma de posesión. Asimismo, señaló que ambos acordaron sostener una reunión al margen de dicho acto para dialogar sobre temas de interés común.

El secretario general de la OEA manifestó además su interés en trabajar estrechamente con el próximo Gobierno peruano para fortalecer la cooperación institucional. Precisó que las áreas prioritarias serán la seguridad, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible, como parte de la agenda conjunta entre el organismo y el Perú.

OEA reafirma cooperación con Perú

En respuesta al saludo, la lidereza de Fuerza Popular agradeció las felicitaciones y los buenos deseos expresados por Albert R. Ramdin. La presidenta electa afirmó que espera mantener una relación de trabajo con la OEA orientada al fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

“Estoy convencida de que podremos fortalecer nuestra cooperación y trabajar de manera conjunta para consolidar la democracia, la institucionalidad y el desarrollo de nuestra región", manifestó Fujimori mediante sus redes sociales.

La comunicación entre ambas autoridades se produce en el inicio del proceso de transición hacia el nuevo Gobierno. La reunión prevista durante la ceremonia de investidura permitirá abordar las prioridades de cooperación entre la OEA y el Perú para los próximos años.

OEA destaca la participación de Roberto Sánchez

Además de felicitar a Keiko Fujimori, Albert R. Ramdin envió un mensaje al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por la campaña desarrollada durante el proceso electoral.

Albert R. Ramdin destacó que la participación de todos los candidatos y el respeto a la competencia democrática constituyen elementos fundamentales para fortalecer las instituciones del Perú y respaldar la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

Con este pronunciamiento, el organismo hemisférico reconoció el desarrollo del proceso electoral y reiteró la importancia de preservar los mecanismos democráticos como base para la estabilidad institucional del país.

¿Cuándo juramentará Keiko Fujimori?

El calendario constitucional peruano establece que la juramentación de la presidenta electa Keiko Fujimori se realizará el 28 de julio de 2026. Esta fecha coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias, siguiendo la tradición en la que los mandatarios asumen sus funciones el día del aniversario de la independencia nacional. La ceremonia tendrá lugar en la sede del Congreso de la República, que ha retornado al sistema bicameral, y contempla la entrega de la banda presidencial y el primer mensaje a la Nación de la mandataria.

Previo a la toma de posesión, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe concluir la etapa de proclamación oficial y entrega de credenciales. Este proceso incluye la resolución de apelaciones y actas impugnadas, así como el reconocimiento legal de la candidatura vencedora. El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que la proclamación se realizará el 3 de julio de 2026, tras lo cual se entregarán las credenciales necesarias para la asunción del nuevo gobierno.

La juramentación de Keiko Fujimori marcará el inicio del periodo presidencial 2026-2031 y dará paso a la transferencia de funciones entre las autoridades salientes y el nuevo Ejecutivo. Entre las primeras acciones figuran la designación del presidente del Consejo de Ministros y la conformación del gabinete ministerial. El proceso de transición busca asegurar la continuidad de la gestión pública antes de la instalación oficial del nuevo gobierno el 28 de julio.

La 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acaba de concluir en Panamá, ha probado la irrelevancia a la que ha llegado por incumplimiento de sus objetivos y principios, reducida a una burocracia incapaz de señalar como dictaduras a los regímenes de Nicaragua y Cuba y sirviendo de espacio de retirada al socialismo del siglo 21 o castrochavismo. Una OEA desprestigiada, desfinanciada y sin liderazgo, tiene la opción de realizar reformas de fondo concentradas en la defensa de los derechos humanos y la democracia, o asumir su fin.

La Primera Cumbre de las Americas de 1994 inició un nuevo tiempo de fortalecimiento de la OEA al consensuar una agenda de libertad, democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible, libre comercio, lucha contra el narcotráfico y el crimen y más. Las Americas integradas por 35 países, en 1994 eran 34 democracias y la dictadura de Cuba que se agotaba en su denominado periodo especial como resultado de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS.

El capitalismo había derrotado al comunismo, la Guerra Fría había terminado y la idea de las Américas unidas en base a principios de libertad y democracia era la política exterior bipartidista de Estados Unidos promovida por el presidente republicano George H. Bush 41 y continuada por el demócrata Bill Clinton. En estas condiciones se preveía que “el siglo 21 sería el de la democracia plena para las Américas” con la recuperación de la libertad del pueblo cubano. Así nació la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima-Perú el 11 de septiembre de 2001, el mismo día que EEUU era objeto de ataques terroristas en su territorio (9-11).

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela produjo a partir de 1999 la activación y salvación de la dictadura de Cuba. Bajo liderazgo de Chávez como socio capitalista con el petróleo y la riqueza venezolanas, se asociaron Fidel Castro con su metodología de terrorismo de Estado para la permanencia indefinida en el poder y Lula da Silva con el Foro de Sao Paolo, produciendo el movimiento populista bolivariano que terminó en el socialismo del siglo 21 o castrochavismo, que expandió la dictadura de Cuba en Venezuela con Chávez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa.

El siglo 21 previsto como el de la democracia plena en las Americas terminó siendo hasta 2025 el de la expansión de la dictadura de Cuba, de dictaduras narcoestados actoras y promotoras de la delincuencia organizada trasnacional, con guerra híbrida contra las democracias de la región, con discurso antiimperialista, con violación institucionalizada de derechos humanos, aplicación sistemática de terrorismo de Estado como método de gobierno, migraciones forzadas de los pueblos oprimidos, tráfico de personas y más.

En este escenario, la OEA fue objetivo central de la expansión dictatorial que empezó con el derrocamiento del Secretario General Miguel Ángel Rodríguez, el ex presidente de Costa Rica falsamente acusado de corrupción y recientemente declarado inocente de las infamias, pero que fue obligado a renunciar. Lo siguiente fue la operación con el petróleo de Venezuela para comprar votos (Petrocaribe) hasta llegar a Insulza como Secretario General (2005-2015) que sirvió a Chávez y Castro incumpliendo los principios y objetivos de la OEA e ignorando la Carta Democrática Interamericana. La secretaría Insulza perpetró el copamiento de órganos e instituciones de la OEA incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Secretario Almagro (2015-2025) recuperó la naturaleza de la OEA con los “informes Almagro” que prueban la dictadura de Venezuela, con el señalamiento de Cuba como “una dictadura jinetera”, con el intento de activación del TIAR, y con la recuperación de liderazgo interamericano que permitió la esperanza fracasada en Venezuela con Guaidó y en Bolivia con Añez. Almagro señaló y actuó en torno a la realidad objetiva de las Americas dividida entre dictaduras del socialismo del siglo 21 y democracias acosadas por agresiones o controladas por gobiernos para dictatoriales.

En 2025 asumió la presidencia de EEUU Trump 47 y cambió la política exterior y la geopolítica regional y mundial reflejándola en la “Estrategia de Seguridad Nacional” que repone la “Doctrina Monroe” con el “Corolario Trump”. Operaciones como la Lanza de Sur, la captura del dictador Maduro, la eliminación del jefe del Tren de Aragua, la activación de la lucha contra el narcoterrorismo incluso en países con gobiernos para dictatoriales como México de Sheinbaum, Colombia de Petro y Brasil de Lula, el ultimátum en curso a la dictadura de Cuba y el retiro de visa a la Jefa de Gabinete de Albert Ramdin el actual Secretario General de la OEA por acusaciones de corrupción, son el cambio del paradigma pro dictatorial al de la libertad.

Con las conclusiones y acuerdos de su 56 Asamblea General, la OEA da la señal de no entender el cambio geopolítico ni el momento histórico y si no retorna enérgicamente a la defensa de la libertad y la democracia, al señalamiento claro de las dictaduras de delincuencia organizada trasnacional y toma acciones concretas para su terminación, corre el riego de perecer por incumplimiento de sus objetivos. La irrelevancia de una organización internacional no es el fin del multilateralismo.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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La Embajada de China en Panamá defendió el derecho de sus autoridades a inspeccionar buques con bandera panameña que arriban a puertos chinos y dejó entrever que esos controles continuarán, al sostener que forman parte de sus facultades como Estado rector de puerto y que responden a razones de seguridad marítima.

En el mismo comunicado, la representación diplomática afirmó que embarcaciones registradas en Panamá se han visto involucradas en colisiones que dejaron personas fallecidas y desaparecidas.

El pronunciamiento se conoció después de que el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, calificara como una “mentira garrafal” la versión china de que el aumento de inspecciones no tiene relación con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El comunicado también llega días después del fuerte intercambio diplomático ocurrido en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, donde el representante permanente de China ante el organismo, Xie Feng, cuestionó públicamente las decisiones adoptadas por Panamá en torno a los puertos de Balboa y Cristóbal.

En su nota, la Embajada china sostuvo que las inspecciones se realizan conforme a normas internacionales y rechazó que tengan carácter político. Según la representación diplomática, las autoridades marítimas chinas tienen derecho a verificar el cumplimiento de estándares de seguridad, sanidad y operación de las embarcaciones que ingresan a sus puertos.

La Embajada afirmó además que, desde 2026, buques con bandera panameña se han visto involucrados en varias colisiones con embarcaciones mercantes o pesqueras en aguas chinas, con saldo de muertos y desaparecidos. El comunicado no detalla fechas, nombres de barcos ni investigaciones específicas que permitan identificar los casos mencionados.

El régimen chino también respondió a las declaraciones del canciller Javier Martínez-Acha, quien durante la sesión de la OEA defendió que Panamá es una democracia con separación de poderes y señaló que China tiene un sistema político distinto. La Embajada sostuvo que China también es un Estado de derecho y rechazó los señalamientos sobre su modelo político.

La Embajada de China también respondió a los cuestionamientos sobre su sistema político. En el comunicado sostuvo que “los comentarios sobre el sistema político de China carecen de fundamento” y defendió que “el socialismo con características chinas ha sido forjado por el pueblo chino”, además de afirmar que “las formas de hacer realidad la democracia son tan variadas como diversas” y que “la democracia popular en todos los procesos de China es la democracia más amplia, auténtica y eficaz”, con el respaldo de su población.

El comunicado también deslizó otra acusación contra el Gobierno del presidente José Raúl Mulino: que Panamá estaría actuando bajo la influencia de terceros. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, la Embajada señaló que el país debe actuar conforme a sus propios intereses y no convertirse en instrumento de “una tercera parte”.

La frase aparece en un contexto de creciente respaldo público de Washington a Panamá. En su entrevista con Telemetro Reporta, Cabrera sostuvo que el incremento de inspecciones a barcos panameños fue de aproximadamente 400% después del fallo de la Corte y acusó a Beijing de intentar castigar al país por respetar una decisión judicial independiente.

“Ya no es un cuento chino, ahora es una mentira garrafal”, dijo Cabrera. El diplomático estadounidense afirmó que China combinó en la OEA el tema de los puertos con el de las inspecciones marítimas, lo que a su juicio demuestra que las acciones contra buques panameños no son casuales.

La controversia tiene como origen el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá.

Durante su intervención en la OEA, Xie Feng sostuvo que la decisión panameña envía una señal negativa a la inversión extranjera y pidió a Panamá corregir lo que calificó como errores, además de proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

Martínez-Acha respondió que el fallo fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una decisión judicial. También aseguró que representantes chinos le pidieron en varias ocasiones intervenir para modificar el resultado del proceso, algo que rechazó por ser incompatible con la separación de poderes.

El canciller panameño también cuestionó el incremento de inspecciones a buques nacionales en puertos chinos y afirmó que ese comportamiento no se observa en la misma proporción con enbarcaciones registradas en otros países de la región.

El nuevo comunicado de la Embajada china profundiza el choque diplomático y confirma que el desacuerdo por los puertos de Balboa y Cristóbal ya trascendió el terreno judicial y comercial para convertirse en un pulso político entre Panamá, China y Estados Unidos.

Infobae consultó al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, sobre la tensión diplomática entre Panamá y China, pero el funcionario prefirió no hacer comentarios. Al ser preguntado sobre si el Gobierno panameño pedirá explicaciones a la representación diplomática china en el país por el contenido del comunicado, respondió únicamente que actualmente no hay embajador de Beijing en Panamá.

Estados Unidos denunció ante la OEA que Nicaragua fue convertida por Rosario Murillo y Daniel Ortega en un “Estado policial dinástico”, una acusación que vinculó con violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución política, represión contra la sociedad civil y un pedido de mayor presión diplomática internacional.

En la misma intervención, Washington responsabilizó directamente al régimen por la muerte bajo custodia del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera y reclamó la liberación de todos los presos políticos que considera detenidos de manera injusta.

Según la denuncia presentada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Panamá, el gobierno nicaragüense también profundizó las restricciones a la libertad religiosa: más de 300 clérigos y monjas fueron forzados al exilio, expulsados o se les negó el reingreso al país; la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan la posibilidad de apatridia.

El encargado de exponer la posición estadounidense fue el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Leandro Rizzuto Jr., quien sostuvo que la salida de Nicaragua de la OEA no le permitió escapar al escrutinio internacional.

Washington ligó la denuncia a la crisis iniciada en 2018 y a cambios constitucionales de 2025

Rizzuto afirmó que desde la crisis iniciada en 2018 el régimen consolidó un sistema autoritario que, según Estados Unidos, representa una amenaza para la estabilidad democrática regional.

También señaló que desde 2025 los cambios constitucionales impulsados por la Asamblea Nacional reforzaron aún más el poder político de Murillo.

Al describir el funcionamiento de ese sistema, el embajador dijo: “Los dictadores han silenciado, exiliado y encarcelado en condiciones horribles a miles de opositores reales y percibidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Los arrestos injustos continúan sin cesar y las autoridades someten a presos políticos liberados a vigilancia policial constante, acoso y limitaciones de movimiento”.

Ese señalamiento incluyó una acusación específica sobre la situación de los opositores, periodistas y exiliados. Según Rizzuto, el régimen incrementó el acoso y la violencia contra comunicadores nicaragüenses que permanecen fuera del país y ejerce una represión transnacional que preocupa al resto de la región.

La denuncia incluyó libertad religiosa, muerte bajo custodia y falta de seguridad jurídica

Durante su exposición, el representante estadounidense añadió: “Persisten las violaciones de las libertades religiosas. La dictadura ha exiliado por la fuerza, expulsado y negado el reingreso a Nicaragua a más de 300 clérigos y monjas, la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan la posibilidad de apatridia”.

La acusación se conoció en un contexto de denuncias reiteradas de organismos internacionales sobre las restricciones impuestas a organizaciones religiosas y el exilio forzado de numerosos miembros de la Iglesia católica.

Rizzuto también se refirió a la muerte de Rivera bajo custodia. “Fue horrible, todavía debería estar vivo”, afirmó.

Luego atribuyó esa muerte de manera directa al régimen. “Estados Unidos considera a la dictadura Murillo-Ortega singularmente responsable de su muerte, condenamos el arresto y encarcelamiento de los miembros de la familia Rivera y pedimos la liberación de todos los presos políticos injustamente detenidos”.

El embajador agregó que el clima político de Nicaragua afecta además cualquier expectativa económica. Sostuvo que ningún país puede esperar oportunidades de inversión en un Estado donde continúan las confiscaciones de bienes y persiste la ausencia de seguridad jurídica.

Rusia admitió que mantiene asesores y especialistas militares en Nicaragua al responder a las denuncias presentadas por Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA). En un comunicado, la Embajada rusa en Costa Rica rechazó las afirmaciones del canciller Manuel Tovar por considerar que “carecen de fundamento”, aunque confirmó la presencia de ese personal en territorio nicaragüense.

La respuesta oficial fue divulgada la noche del 24 de junio, un día después de que Tovar denunciara ante la Asamblea General de la OEA, reunida en Panamá, la creciente presencia de fuerzas militares rusas en Nicaragua y la supuesta operación de organizaciones como Hamás y Hezbolá dentro del país.

Según el comunicado de la embajada, el personal ruso desarrolla tareas relacionadas con el intercambio de experiencias, la formación de personal y la cooperación humanitaria. Entre esas funciones mencionó actividades de búsqueda y rescate durante emergencias y desastres naturales, rechazando que exista otra finalidad para su presencia.

Las declaraciones de Tovar formaron parte de una intervención centrada en la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, durante una sesión en la que Estados Unidos pidió mantener una política de "cero tolerancia" frente a los regímenes totalitarios del continente.

“Costa Rica observa con mucha preocupación la persistencia y creciente presencia de fuerzas militares rusas y organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá. Justo ayer varios individuos pertenecientes o vinculados a Hamás fueron detenidos por las fuerzas policiales en mi país”, afirmó el canciller ante los Estados miembros de la organización.

El ministro también denunció la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera mientras permanecía bajo custodia estatal, pese a contar con medidas de protección del sistema interamericano de derechos humanos.

“Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, expresó Tovar, quien además condenó el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en territorio costarricense.

Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua permanecen reducidas al nivel consular desde 2018. Ese año, el entonces presidente Carlos Alvarado decidió no nombrar embajador en Nicaragua tras la represión contra las protestas antigubernamentales, que dejó más de 300 muertos, de acuerdo con organismos internacionales.

Frente a las críticas costarricenses, la Embajada rusa sostuvo que la presencia de sus militares responde a mecanismos de cooperación aprobados por la Asamblea Nacional de Nicaragua y aseguró que el mismo procedimiento se aplica a contingentes de Estados Unidos, México, Cuba y otros países de la región.

“Dicha autorización se aplica a los países anteriormente mencionados con el fin de facilitar programas de cooperación internacional de carácter humanitario, educativo, de rescate y de otra índole. Este mecanismo constituye la base jurídica para la eventual presencia de cualquier contingente extranjero en territorio nicaragüense”, señaló la representación diplomática.

La explicación coincide con el decreto presidencial No. 05-2026, aprobado por la Asamblea Nacional a finales de mayo, que autoriza el ingreso de 230 militares rusos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año bajo el argumento de participar en actividades humanitarias.

Sin embargo, ese discurso difiere de declaraciones pronunciadas por Daniel Ortega en 2023 durante la inauguración de actividades en el centro de adiestramiento policial ruso ubicado en el reparto Las Colinas, en Managua.

“Este centro es para enfrentar mejor el narcotráfico, al crimen organizado, para enfrentar mejor a los golpistas, para enfrentar mejor a los terroristas“, dijo entonces el mandatario, utilizando el término “golpistas” para referirse a quienes participaron en las protestas de 2018.

Especialistas consideran que la cooperación entre Moscú y Managua trasciende el ámbito humanitario. Javier Meléndez, director del centro de pensamiento Expediente Abierto, afirmó recientemente a La Prensa que la presencia rusa se ha fortalecido de forma sostenida durante los últimos quince años.

“El incremento de la presencia rusa se viene observando desde hace 15 años. La cooperación ha sido a nivel policial, militar, pero también mediática”, explicó.

El Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia fue inaugurado en Nicaragua en 2017. Durante su apertura, el entonces embajador Andrey Budaev aseguró que el proyecto había sido impulsado directamente por Vladimir Putin y Daniel Ortega para combatir el crimen organizado. Desde entonces, analistas y organizaciones internacionales han cuestionado que la instalación funcione realmente como un espacio para fortalecer la capacidad represiva del régimen.

Esas sospechas llevaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sancionar el centro en mayo de 2024. Evan Ellis, experto en relaciones internacionales de la Escuela de Guerra de Estados Unidos, sostuvo que la decisión reflejaba la verdadera naturaleza de sus actividades.

“El hecho de que el Tesoro de Estados Unidos sancione este centro demuestra que su verdadera función ha sido fortalecer la capacidad represiva del régimen sandinista”, afirmó. Agregó que las técnicas impartidas allí “no son apropiadas para ninguna fuerza policial en democracia”.

La cooperación bilateral también quedó plasmada en un acuerdo policial publicado en La Gaceta el 2 de abril de 2024. El convenio contempla la construcción de un nuevo centro de capacitación bajo personalidad jurídica nicaragüense, aunque sus instalaciones pertenecerán a la Federación de Rusia y el personal ruso destacado en el país gozará de inmunidad. El acuerdo fue aprobado por la Asamblea Nacional con 80 votos a favor y 10 abstenciones tras la visita del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev.

A ello se suma la estación satelital de Roscosmos instalada desde 2017 en Cerro Mokorón, en las afueras de Managua. Analistas de seguridad sostienen que forma parte del sistema ruso SORM-3, empleado para labores de vigilancia.

Un informe elaborado en 2022 por Douglas Farah y Marianne Richardson concluyó que “las instalaciones GLONASS tienen un nivel de sofisticación superior al requerido para sistemas de geolocalización similares, lo que aumenta la posibilidad de que se utilicen para otros fines”. Según el documento, su ubicación permite a Moscú disponer de una posición estratégica sobre el istmo centroamericano y el Canal de Panamá.

La cooperación militar fue reivindicada públicamente por Laureano Ortega Murillo durante la XIII Reunión de Representantes de Alto Nivel para Asuntos de Seguridad, celebrada en Moscú en mayo de 2025.

“Destacamos la cooperación exitosa con el Ministerio del Interior de Rusia a través del Centro Regional que opera en Nicaragua, la cooperación exitosa con la Guardia Nacional de Rusia, así como la cooperación histórica con el Ministerio de Defensa de Rusia que nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades para garantizar la paz y la estabilidad en Nicaragua", afirmó.

En la misma intervención explicó que, tras las protestas de 2018, el Gobierno se había dedicado a “neutralizar y eliminar” a quienes calificó de “mercenarios y vendepatrias”.

Para el jurista Juan Diego Barberena, esas afirmaciones constituyen un reconocimiento de la participación rusa en la estrategia represiva del régimen.

“Cuando habla de eliminación, se refiere a encarcelamientos, destierros y asesinatos. Y reconoce que estas acciones se realizan con asesoría rusa”, afirmó. Añadió que esas declaraciones podrían incorporarse como prueba en la causa abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el régimen Ortega-Murillo. “Esto da paso a que sea imputado”, sostuvo.

La creciente relación entre Managua y Moscú también preocupa a Washington. A finales de enero, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Nicaragua como “la base de operaciones de Rusia en el hemisferio” durante una comparecencia ante el Senado estadounidense.

Lejos de reducir esa cooperación, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha respondido reforzando sus vínculos con Moscú mediante nuevos acuerdos bilaterales, la mayoría firmados por Laureano Ortega Murillo.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, expuso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la forma en la que su Gobierno enfrentó las casi siete semanas de protestas sociales y afirmó que el crimen organizado aprovecha la debilidad institucional y la conflictividad prolongada para extender sus redes de acción.

“El conflicto comenzó con demandas diversas y en muchos casos legítimas, con el paso de los días, el eje del conflicto dejó de centrarse en reclamos y comenzó a desplazarse hacia una confrontación política de mayor profundidad”, explicó Aramayo, quien señaló que en primera instancia el Gobierno optó por priorizar el diálogo y diferenciar las demandas sociales para evitar una escalada de violencia y el uso temprano de la fuerza pública.

El canciller señaló que hay factores que inciden en la estabilidad de los estados americanos que merecen ser abordados de manera conjunta porque ninguna democracia “puede sostenerse en soledad”. “En América Latina observamos cómo el crimen organizado evoluciona, se adapta y aprovecha espacios de debilidad institucional y conflictividad prolongada, ya no se trata solo de estructuras jerárquicas, sino de redes flexibles que operan a través de múltiples países y economías ilícitas”, afirmó el jefe de la diplomacia boliviana y señaló que, en ese contexto, “ningún episodio de inestabilidad puede analizarse de forma aislada”.

Durante la escalada del conflicto, el Gobierno acusó a algunos sectores movilizados de estar financiados con dinero del crimen organizado y tildó de “narcoterroristas” a quienes impulsaban los bloqueos con el objetivo de derrocar al presidente Rodrigo Paz.

“A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados”, advirtió el jefe de Estado el 8 de junio durante la promulgación de la ley que regulaba el estado de excepción. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se ha hecho pública ninguna detención o denuncia penal contra manifestantes por delitos vinculados con el narcotráfico.

Bolivia atravesó casi 50 días de tensión social y bloqueos impulsados por sectores campesinos, obreros y productores de hoja de coca, que exigían la renuncia del primer mandatario, a quien acusaban de traicionar a quienes votaron por él y de incumplir sus promesas de campaña.

La medida de presión, que inició el 6 de mayo en el altiplano, se extendió a siete de los nueve departamentos del país y llegó a sumar 90 piquetes simultáneos.

Tras lograr un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) el 19 de junio, el Ejecutivo puso en marcha una medida de estado de excepción que desincentivó las protestas de los demás sectores. Con el repliegue de los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), las carreteras quedaron expeditas el pasado martes.

Desde entonces han crecido los reclamos para sancionar a los responsables de los piquetes que paralizaron gran parte del país provocando pérdidas económicas cuantiosas para varios sectores, además de generar desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cerradas durante el periodo de conflicto.

Aunque el acuerdo con la COB establecía que se revise la situación de los detenidos y que el Gobierno no “persiga” judicialmente a los líderes de las protestas, el presidente expresó este miércoles que los responsables deben ser sancionados: “Tenemos que ponerlos en el justo lugar donde deben estar, que es la cárcel, por el incumplimiento y el daño que le hicieron a la sociedad”.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen Stanziola, defendió el papel de los tribunales como garantes de la Constitución y afirmó que los jueces no pueden dictar sentencias en función de presiones políticas, de la opinión pública o de intereses particulares, en medio de la controversia diplomática desatada tras las críticas formuladas por China al fallo que anuló la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Aunque evitó pronunciarse sobre el contenido de esa decisión judicial en particular, la magistrada explicó cuál es el alcance constitucional de la función que desempeña la Corte Suprema y por qué sus integrantes mantienen una reserva institucional sobre los fallos emitidos por el Pleno.

“Lo primero que tengo que decir es que la Corte no puede reaccionar, porque constitucionalmente nosotros tenemos una reserva y no podemos hablar de nuestros fallos“, manifestó.

Sin embargo, agregó que era importante hacer “docencia” sobre el funcionamiento del máximo tribunal. “La Corte es la guardiana de la Constitución y como tal tiene un rol fundamental que cumplir", sostuvo.

Chen explicó que cada decisión del máximo tribunal es el resultado de un análisis jurídico de las controversias constitucionales sometidas a consideración de los magistrados y no de criterios políticos o de aceptación pública.

“Las cortes no podemos emitir fallos basados en lo que la gente quiere, sino en lo que es constitucionalmente correcto luego de un análisis que hace la Corte", afirmó.

Añadió que toda decisión judicial genera inevitablemente posiciones encontradas, pero insistió en que precisamente la garantía que ofrece un Estado de derecho consiste en que los jueces actúen con independencia.

“Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que la lleve a una conclusión", señaló.

La presidenta concluyó que la Corte Suprema “no puede renunciar a su rol de guardiana de la Constitución", al considerar que esa constituye una de las bases del sistema democrático panameño.

Sus declaraciones se producen después de uno de los episodios diplomáticos más tensos registrados durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá.

Durante una sesión entre observadores permanentes y representantes de los Estados miembros, el embajador de China ante la OEA, Xie Feng, cuestionó la decisión adoptada por Panamá tras el fallo de la Corte Suprema relacionado con Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El diplomático sostuvo que las actuaciones del Estado panameño enviaban una señal negativa para la inversión extranjera y pidió al Gobierno panameño "corregir sus errores" y proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

La respuesta llegó inmediatamente por parte del canciller Javier Martínez-Acha, quien defendió la independencia de los órganos del Estado y recordó que el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar o interferir en las decisiones del Órgano Judicial.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío", respondió el canciller durante su intervención.

Martínez-Acha afirmó además que representantes chinos le solicitaron en varias ocasiones intervenir para revertir el fallo de la Corte Suprema, algo que calificó como incompatible con el orden constitucional panameño.

La decisión judicial que originó la controversia fue adoptada de forma unánime por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional tanto la Ley No. 5 de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato de concesión con Panama Ports Company, como los actos administrativos que pretendían extender automáticamente esa concesión hasta 2047.

Entre los principales argumentos desarrollados por el tribunal figura la ausencia del refrendo obligatorio de la Contraloría General de la República para perfeccionar jurídicamente la prórroga del contrato, requisito exigido por la Constitución y por la legislación panameña en materia de contratación pública.

La Corte también concluyó que la concesión mantenía un desequilibrio económico contrario al interés público, al determinar que el Estado dejó de percibir cientos de millones de dólares durante la vigencia del contrato y que nunca se renegociaron condiciones más favorables para el país.

Otro de los aspectos considerados por el Pleno fue que algunas cláusulas del contrato limitaban la capacidad soberana del Estado para otorgar nuevas concesiones portuarias, al obligar a consultar previamente a Panama Ports Company, una condición que los magistrados estimaron incompatible con la Constitución.

Asimismo, el fallo señaló que la concesión otorgaba privilegios fiscales desproporcionados y mantenía un esquema que afectaba la libre competencia y los principios de transparencia que deben regir la administración de bienes públicos.

Tras la decisión judicial, el Gobierno panameño adjudicó contratos temporales para garantizar la continuidad de las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal mientras se define el mecanismo definitivo para su administración.

Las declaraciones de la presidenta de la Corte no abordaron directamente esos aspectos jurídicos ni respondieron a las críticas formuladas por China. En cambio, centraron el debate en un principio institucional: que las decisiones del máximo tribunal deben sustentarse exclusivamente en la Constitución y en el análisis jurídico de cada caso, con independencia de las presiones políticas, económicas o diplomáticas que puedan surgir alrededor de sus fallos.

La migración, la estabilidad democrática y la cooperación internacional siguen entre los principales retos del continente americano, según planteó el representante hondureño Javier Handal durante un foro regional. El funcionario pidió fortalecer la coordinación entre los Estados para responder a problemas que afectan a millones de personas en el hemisferio.

Durante su intervención, señaló que la movilidad humana sigue siendo uno de los fenómenos más complejos de la actualidad porque involucra factores económicos, sociales, ambientales y de seguridad que trascienden las fronteras nacionales. Agregó que Honduras vive esta realidad como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Explicó que esa condición permite comprender de manera directa los desafíos que enfrentan miles de personas que abandonan sus comunidades en busca de mejores oportunidades de vida y que las respuestas a la migración deben construirse desde una visión compartida entre los Estados y no con enfoques aislados o medidas centradas solo en las consecuencias inmediatas del fenómeno.

Causas y respuestas a la migración

Handal afirmó que las causas estructurales que impulsan la migración siguen presentes en numerosos países de la región. Entre ellas mencionó las limitadas oportunidades económicas, la pobreza, la desigualdad, los efectos del cambio climático, la inseguridad y otros factores que obligan a miles de familias a abandonar sus lugares de origen.

Planteó que es necesario fortalecer las políticas orientadas a la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos productivos para crear condiciones que permitan a las personas construir su futuro en sus propios países.

También remarcó la importancia de reforzar la cooperación entre las autoridades para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sobre los retornados, subrayó la necesidad de implementar programas que faciliten su reintegración social y económica, con acceso a oportunidades laborales, educación, capacitación y apoyo institucional.

Cooperación internacional

Handal manifestó que la incertidumbre que enfrenta la comunidad internacional exige respuestas basadas en la cooperación y el entendimiento entre las naciones. A su juicio, el aislamiento y la fragmentación no constituyen alternativas frente a desafíos de impacto global.

En esa línea, defendió el multilateralismo como herramienta para construir consensos y encontrar soluciones a problemas compartidos. Sostuvo que los organismos internacionales y los espacios de diálogo regional siguen desempeñando un papel para promover la estabilidad, la paz y el desarrollo sostenible.

Además, afirmó que el respeto al derecho internacional debe mantenerse como uno de los pilares de la convivencia entre los Estados, en momentos en que diversas regiones enfrentan tensiones políticas, económicas y sociales.

Estabilidad democrática

En el plano democrático, señaló que la comunidad hemisférica debe mantener vigilancia sobre situaciones que puedan poner en riesgo los principios democráticos, la institucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

En ese marco, reiteró la posición de Honduras sobre la situación que atraviesa Venezuela. Señaló que es necesario avanzar hacia una solución pacífica, democrática y consensuada que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana y permita el desarrollo de procesos institucionales con garantías suficientes para todos los sectores.

De acuerdo con Handal, la estabilidad política es un elemento esencial para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Por eso, consideró que la región debe seguir promoviendo espacios de diálogo que favorezcan la resolución pacífica de las diferencias y la construcción de acuerdos.

La agenda interna de Honduras

Sobre la agenda interna de Honduras, el funcionario dijo que la administración gubernamental mantiene como prioridad la atención de las necesidades de la población mediante políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Explicó que la estrategia impulsada por el Gobierno parte de una visión integral que busca fortalecer la seguridad como condición para generar estabilidad. Señaló que, a partir de esa estabilidad, se crean las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera, promover la actividad económica y ampliar las oportunidades de empleo.

Según detalló, la generación de puestos de trabajo constituye uno de los principales mecanismos para reducir las brechas sociales y mejorar los niveles de bienestar de la población. Añadió que las acciones gubernamentales buscan consolidar un entorno favorable para el crecimiento económico y el desarrollo productivo.

Handal sostuvo que la confianza ciudadana depende de la capacidad de las instituciones para ofrecer resultados concretos y responder a las demandas de la población. Aseguró que los esfuerzos del Gobierno están orientados a fortalecer la seguridad, dinamizar la economía y ampliar las oportunidades para los sectores más vulnerables.

El canciller Roberto Álvarez pidió fortalecer los mecanismos de cooperación regional durante la 56.ª Asamblea General de la OEA, al sostener que las Américas enfrentan dificultades para actuar de manera concertada ante problemas compartidos como la desigualdad, el crimen organizado transnacional, la seguridad energética, la transformación tecnológica y el cambio climático.

La posición fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana tras la intervención del funcionario en la Ciudad de Panamá. Según la información oficial, el ministro vinculó esa debilidad de acción conjunta con la necesidad de reforzar la cooperación hemisférica.

“La desigualdad, el crimen organizado, la energía y la tecnología son desafíos distintos, pero comparten una misma exigencia: una cooperación más profunda y más eficaz entre nuestras naciones”, afirmó el canciller. Más adelante agregó: “Vivimos una paradoja que conviene mirar de frente. Votamos, elegimos y nos gobernamos a nosotros mismos, pero aún debemos desarrollar una capacidad mayor para actuar de manera concertada frente a desafíos compartidos”.

Desigualdad y crimen organizado

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la región vive una paradoja: aunque cuenta con más gobiernos elegidos democráticamente que en cualquier otro momento de su historia, todavía no logra responder de forma coordinada a desafíos que ningún país puede resolver por sí solo.

También identificó a la desigualdad como uno de los principales problemas de la región. Señaló que no se trata solo de una cuestión social, sino de un factor que erosiona la confianza ciudadana y debilita las instituciones democráticas.

De acuerdo con el comunicado, alertó sobre el peso del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, y consideró que esos fenómenos constituyen una amenaza directa para la autoridad de los Estados, la convivencia democrática y las oportunidades de desarrollo de los pueblos.

“Mientras los Estados desconfían unos de otros, las organizaciones criminales se integran cada vez mejor”, advirtió Álvarez. A partir de ese diagnóstico, pidió ampliar la cooperación regional en inteligencia, control de armas ilegales y combate contra las redes criminales.

Energía, tecnología y clima

El canciller también abordó la cuestión energética. Señaló que el hemisferio dispone de un amplio potencial para impulsar fuentes renovables y reducir la dependencia de combustibles importados, con énfasis en la situación de los países del Caribe.

En materia tecnológica, sostuvo que la región debe participar activamente en la construcción de capacidades, principios y marcos regulatorios en torno a la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. El objetivo, según expuso, es aprovechar los beneficios de esas herramientas sin profundizar las desigualdades ya existentes.

Sobre el cambio climático, hizo referencia a la reciente adopción de la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sargazo. La iniciativa fue impulsada por República Dominicana junto con otros países afectados por ese fenómeno.

La posición dominicana ante la OEA

Álvarez reafirmó además el compromiso de su país con los principios fundamentales del organismo: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, también subrayó la importancia de que la organización actúe en defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, y afirmó que “ninguna circunstancia justifica la persecución de voces disidentes, la existencia de presos políticos ni la restricción de libertades fundamentales”.

Durante el discurso, el canciller estuvo acompañado por la delegación dominicana integrada por el viceministro de Política Exterior Multilateral Rubén Silié; la embajadora y representante permanente ante la OEA Mayerlyn Cordero; los directores Ana Delia Núñez y Emil Chireno; la embajadora Francina Grullón; y la consejera Pamela Polanco.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reclamó el lunes ante la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, apoyo hemisférico concreto al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, al tiempo que calificó a Cuba de “Estado fallido” y exigió reformas inmediatas al régimen de La Habana, en el poder desde hace 67 años sin haber convocado una elección libre.

La intervención de Landau se produjo en un momento de particular tensión regional. Bolivia atravesó durante casi dos meses una crisis que comenzó a principios de mayo con bloqueos de rutas promovidos por sectores campesinos y sindicales vinculados al ex presidente Evo Morales, opuestos al gobierno de Paz. En su punto más crítico, llegaron a registrarse cerca de 90 puntos de corte vial activos en seis departamentos. La Defensoría del Pueblo boliviana documentó al menos 14 fallecidos entre el 1 de mayo y el 1 de junio, mientras las pérdidas económicas superaron los 1.600 millones de dólares, según proyecciones del sector privado.

El presidente Paz declaró el estado de excepción el 20 de junio para despejar las carreteras y restablecer el suministro de alimentos, medicamentos y combustible. La medida surtió efecto sin enfrentamientos graves: para el 23 de junio, víspera de la asamblea, todos los puntos de bloqueo habían sido levantados. El acuerdo alcanzado el 19 de junio entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para crear mesas de trabajo sectoriales contribuyó al repliegue de los manifestantes y dejó políticamente aislado a Morales, quien aceptó un compás de espera en las movilizaciones sin haber logrado su objetivo central: la renuncia del mandatario.

Ante ese telón de fondo, Landau fue directo en su mensaje a los estados miembros. “Bolivia está enfrentando una crisis”, afirmó. “Los ciudadanos bolivianos eligieron un rumbo claro el año pasado cuando eligieron al presidente Rodrigo Paz. Ese mandato democrático ha sido respondido con violencia por quienes perdieron en las urnas. Esto no es una disputa política; es un ataque a la democracia misma”. El subsecretario instó a todos los países miembros a respaldar las llamadas de Bolivia en favor de “una acción significativa” en defensa del orden constitucional. Previo a la asamblea, Washington y Buenos Aires coorganizaron un evento lateral para solidarizarse con el gobierno de Paz y denunciar a quienes buscan derrocarlo.

Sobre Cuba, Landau no dejó margen para la ambigüedad: describió a la isla como un Estado fallido, aliado de los adversarios de Washington, con larga historia de erosionar instituciones democráticas y fomentar la inestabilidad en el hemisferio. “El régimen autoritario y comunista de La Habana —que lleva 67 años en el poder sin haber celebrado una elección— está colapsando y debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción”, afirmó ante la asamblea.

Sus palabras llegaron en un momento de máxima presión sobre la isla. El 19 de junio, apenas cuatro días antes de la asamblea, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un paquete de 176 reformas económicas —la transformación más profunda del modelo cubano desde el Período Especial de los años noventa— en respuesta a una crisis agravada por el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero y por las restricciones energéticas impuestas por Washington. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció ante el Congreso que el bloqueo estadounidense ha llegado a “interrumpir el suministro de combustibles y todas las fuentes de ingreso en divisas del país”, con un impacto directo sobre la infraestructura energética y la calidad de vida de la población.

La administración Trump consideró las reformas insuficientes. El secretario de Estado Marco Rubio fue taxativo: “Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político que no logran reparar. Lo que anunciaron no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema”. Para Washington, el paquete de medidas no toca el núcleo del sistema político y responde más a la presión externa que a una apertura genuina. Landau, en esa línea, extendió el mismo reproche a Nicaragua y exigió “tolerancia cero” con los regímenes totalitarios en el hemisferio.

El discurso también trazó un balance de la OEA desde la asamblea de 2025, celebrada en Antigua y Barbuda, donde el propio Landau había advertido que el organismo padecía de “escasez de resultados”. Entre los avances reconocidos, destacó el papel de la OEA en la aprobación unánime del apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, que allanó el camino para la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizó operaciones contra grupos armados. Sin embargo, advirtió que la renovación de ese mandato no debe darse por garantizada y exhortó a los estados a intensificar su contribución con financiamiento, equipamiento y personal.

El peso financiero de Washington en la OEA es un factor permanente de presión: Estados Unidos aporta cerca del 50% del presupuesto ordinario del organismo —unos 47 millones de dólares en 2026— y la administración Trump ha retenido parte de esa contribución mientras mantiene abierta la posibilidad de retirarse si la institución no demuestra resultados concretos. La resolución de la crisis boliviana justo antes de la cumbre ofrece a la Casa Blanca un argumento para reclamar mayor agilidad del organismo cuando la violencia política desafía mandatos electorales, pero el desafío estructural de la OEA sigue siendo el mismo: convertir la presión en mecanismos de respuesta que no dependan exclusivamente del músculo diplomático estadounidense.

Durante la celebración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, las diversas plataformas de la oposición nicaragüense, en conjunto con organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad civil asentados principalmente en el exilio, han elevado una enérgica solicitud formal a los Estados miembros.

La petición central radica en que la comunidad internacional otorgue de manera definitiva un tratamiento de total ilegitimidad al Gobierno de Nicaragua, el cual es copresidido de forma autocrática por el matrimonio compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esta iniciativa busca que las delegaciones del hemisferio reconozcan formalmente que la administración de Ortega y Murillo carece de validez legal y democrática, fundamentando este reclamo tanto en su origen viciado como en el ejercicio represivo del poder. El documento presentado busca visibilizar de manera directa cómo el régimen ha desmantelado el orden constitucional y democrático a lo largo de los últimos años.

De igual manera, el documento compartido con los representantes internacionales actualiza los datos de una profunda crisis social y política que se extiende ya por un periodo de ocho años. Los datos estadísticos recabados hasta mayo de 2026 reflejan una realidad alarmante dentro de las fronteras nicaragüenses, donde las organizaciones de derechos humanos denuncian que el aparato estatal continúa utilizando la violencia institucionalizada como principal método de control de la población.

Entre las cifras más alarmantes presentadas en el escrito se destaca que permanecen al menos 46 personas recluidas bajo la condición de presos políticos, mientras que otras nueve personas se encuentran en un estado de desaparición forzada.

A este panorama se suma la privación arbitraria de la nacionalidad a 452 ciudadanos nicaragüenses, la confiscación y el cierre masivo de miles de organizaciones de la sociedad civil, la persecución y expulsión sistemática de periodistas independientes y líderes religiosos, y el desplazamiento forzado de más de 850,000 personas que han tenido que migrar al exterior desde el año 2018.

Un hecho de extrema gravedad mencionado explícitamente en el reporte es el fallecimiento bajo custodia estatal del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera. Rivera murió en mayo tras haber permanecido cerca de tres años detenido, incomunicado y bajo condiciones de desaparición forzada.

El bloque opositor denunció que el régimen de Ortega y Murillo solo admitió su detención cuando su estado de salud ya era completamente irreversible, lo que evidencia la vulneración absoluta del derecho a la vida de los disidentes y la urgencia de demandar pruebas de vida de todos los desaparecidos.

Un llamado urgente a la acción internacional

Frente a este escenario exasperante, la oposición nicaragüense ha enfatizado ante la Asamblea General de Panamá que “Nicaragua no puede esperar más”. Por consiguiente, han demandado de forma explícita a la OEA que se reafirme sin ambigüedades el derecho soberano del pueblo nicaragüense a elegir de manera libre, auténtica y transparente a sus legítimas autoridades gubernamentales a través de comicios genuinamente democráticos.

Finalmente, los opositores solicitaron formalmente a los Estados miembros del organismo hemisférico utilizar de manera coordinada todos los mecanismos diplomáticos, políticos e institucionales que estén disponibles en el derecho internacional. El objetivo es canalizar la crisis interna hacia una salida pacífica y democrática, exhortando a los gobiernos de la región a interponer sus buenos oficios para propiciar una transición política integral que cuente indispensablemente con la participación activa de los actores sociales y políticos de la oposición.

Nicaragua ha permanecido bajo el control político de Daniel Ortega desde el año 2007. El exguerrillero sandinista, de 80 años de edad, ha logrado perpetuarse en la presidencia mediante una sucesión de procesos electorales fuertemente cuestionados por la comunidad internacional.

Luego de casi 50 días de bloqueos, protestas y tensión social en Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz recibió en las últimas horas una serie de respaldos internacionales que coinciden en el mensaje de fondo: la defensa del orden constitucional y el rechazo a cualquier intento de alterar el curso democrático del país.

Los pronunciamientos llegaron desde Estados Unidos, 13 países americanos y autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En una declaración conjunta, Estados Unidos y otros países del continente -Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú- manifestaron su preocupación por los efectos de los bloqueos y advirtieron que “los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”.

Los países firmantes también instaron a privilegiar el diálogo y la negociación dentro del marco institucional como mecanismo para resolver las diferencias políticas.

Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su apoyo al gobierno boliviano en la 56ª Asamblea General que se desarrolla en Panamá. Durante la sesión inaugural, el presidente panameño, José Raúl Mulino, solicitó la conformación de una misión integrada por cancilleres para visitar Bolivia y acompañar los esfuerzos destinados a preservar el orden constitucional. Asimismo, promovió una resolución de apoyo al país sudamericano dentro del foro hemisférico.

A estas declaraciones se sumaron otras de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como la del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien envió un mensaje a través del canciller Fernando Aramayo. “Espero que cuando regreses a La Paz, le digas a tu Gobierno que cuenta con el apoyo del hemisferio y que tiene la autoridad moral, así como la autoridad institucional bajo su propia Constitución, para abordar esa situación y asegurar, una vez más, que lo que el pueblo elige en las urnas no pueda ser deshecho en las calles”, señaló Landau en el encuentro de la OEA en Panamá.

Durante casi dos meses, Bolivia vivió una de las crisis sociales más severas de los últimos años. Los bloqueos instalados en distintas carreteras del país impidieron la circulación, golpearon a sectores clave de la economía y provocaron escasez de combustibles, alimentos y otros insumos básicos, especialmente en La Paz, que permaneció sitiada por los conflictos.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo, impulsadas por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz. Más tarde se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Los movilizados exigían la renuncia del presidente Paz, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente y en contra de sus intereses.

El sábado pasado, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la COB y horas después declaró estado de excepción, una medida que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas para despejar puntos de bloqueo. La decisión contribuyó al repliegue gradual de los sectores movilizados y desde el martes no se registra ningún piquete activo en el país.

Aunque todavía no existe una evaluación oficial consolidada, cámaras industriales y entidades vinculadas al comercio exterior calculan que las pérdidas económicas oscilan entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país.

Ecuador destacó ante la Organización de los Estados Americanos la importancia de fortalecer la cooperación regional para enfrentar al crimen organizado transnacional, durante el 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General del organismo, que se desarrolla en Ciudad de Panamá.

La delegación ecuatoriana planteó que la respuesta frente a las redes criminales debe ser coordinada entre los países del continente, debido a que estas estructuras operan más allá de las fronteras nacionales y están vinculadas con delitos como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal y extorsión.

El canciller Roberto Kury encabezó la representación de Ecuador en la cita hemisférica y participó en los debates sobre seguridad, integración regional y cooperación internacional. En ese espacio, el Gobierno ecuatoriano respaldó iniciativas orientadas a mejorar el intercambio de información, la coordinación policial, la cooperación judicial y el control fronterizo.

La posición de Ecuador se produce en un contexto de deterioro de la seguridad interna, marcado por la expansión de grupos de delincuencia organizada con vínculos regionales e internacionales. Quito ha insistido en distintos foros multilaterales en que el crimen transnacional requiere respuestas conjuntas y mecanismos permanentes de colaboración entre Estados.

Uno de los ejes abordados en la Asamblea fue el impulso al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una iniciativa promovida por Chile junto con Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. El mecanismo busca articular acciones en inteligencia financiera, intercambio de datos, cooperación operativa y fortalecimiento institucional.

Ecuador sostuvo que los países de la región deben avanzar hacia herramientas más ágiles para compartir información sobre organizaciones criminales, rutas ilícitas, movimientos financieros y estructuras logísticas. También planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre fiscalías, policías, fuerzas de seguridad y autoridades migratorias.

La participación ecuatoriana en la OEA se suma a otras gestiones diplomáticas recientes del Gobierno para fortalecer sus capacidades frente al crimen organizado. En las últimas semanas, Ecuador ha promovido acuerdos bilaterales y multilaterales con socios regionales y extrarregionales para mejorar la seguridad fronteriza y combatir delitos asociados al narcotráfico.

El Gobierno ecuatoriano ha señalado que las organizaciones criminales aprovechan las diferencias normativas entre países, la porosidad de las fronteras y las limitaciones en el intercambio de información para extender sus operaciones. Por ello, ha defendido que la cooperación regional debe pasar de las declaraciones políticas a mecanismos concretos de ejecución.

En la Asamblea General de la OEA también se discutieron temas relacionados con democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad hemisférica. Para Ecuador, la lucha contra el crimen transnacional ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda regional, debido al impacto que estas redes tienen en la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana y la economía.

La delegación ecuatoriana remarcó que la cooperación debe incluir prevención, persecución penal, control de flujos ilícitos y fortalecimiento de capacidades estatales. Además, subrayó que ningún país puede enfrentar de manera aislada estructuras criminales que operan simultáneamente en varios territorios.

El planteamiento de Ecuador coincide con una preocupación creciente en América Latina por la expansión de bandas dedicadas al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos de alcance regional. Varios gobiernos han promovido en los últimos meses espacios de coordinación para enfrentar a organizaciones que utilizan rutas compartidas y redes financieras internacionales.

En ese marco, Ecuador busca posicionar la seguridad regional como una prioridad dentro del sistema interamericano. La apuesta del país es que la OEA sirva como plataforma para coordinar políticas comunes, facilitar el intercambio de información y respaldar acciones conjuntas contra el crimen organizado.

La reunión en Panamá permitió a Ecuador reiterar su llamado a una respuesta hemisférica frente a las amenazas criminales. El Gobierno sostiene que la cooperación internacional es indispensable para fortalecer la seguridad interna y reducir la capacidad operativa de las redes delictivas que actúan en la región.

El principal bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), confirmó su disposición a “contribuir a los esfuerzos” encaminados a lograr una transición “pacífica y ordenada” en el país, de acuerdo con el plan impulsado por Estados Unidos.

En la red social X, la PUD manifestó: “Ratificamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos que permitan hacer posible una transición democrática, pacífica y ordenada, en el marco de la ruta de tres pasos planteada por el secretario de Estado (de EEUU), Marco Rubio”, aludiendo a las etapas de estabilización, recuperación y transición.

Este anuncio llegó cinco días después de que Estados Unidos enviara a la opositora Dinorah Figuera a Caracas, tras ocho años de exilio, para iniciar negociaciones con el Parlamento venezolano. Este organismo está controlado por el chavismo y presidido por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

La PUD informó que se reunió para realizar un “profundo análisis de la situación nacional y de las oportunidades para avanzar hacia una solución democrática”. También se abordó la situación de los presos políticos, subrayando que Venezuela “demanda unidad, responsabilidad y visión de futuro”.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aseguró el lunes, tras reunirse con Figuera, que la administración de Donald Trump mantendrá el respaldo a los esfuerzos para lograr la reconciliación política en el país.

Figuera lidera lo que considera el “último” poder “legítimamente” electo en Venezuela, en referencia al Parlamento de 2015, que permaneció bajo control opositor hasta 2020, año en el que se celebraron nuevas elecciones no reconocidas por el antichavismo.

En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera planteó como uno de los objetivos la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) “vigoroso, creíble y transparente”, ya que el actual está dirigido por funcionarios alineados con el chavismo. También reconoció que la nueva tarea “no es” fácil, y agradeció el “acompañamiento” de Estados Unidos.

Partidos opositores apoyan el llamado de la OEA a restaurar la democracia

Partidos opositores de Venezuela respaldaron el llamado hecho este martes por la Organización de los Estados Americanos (OEA) a restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en ese país, así como en Cuba y Nicaragua.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, dijo a la agencia de noticias EFE que hoy Venezuela necesita “más que nunca” a la OEA y a toda la comunidad internacional, al igual que esos otros dos países, que también “merecen libertad y democracia”.

“Hoy por fin vislumbramos una región no solamente unida, sino libre, y eso es posible con las voces del mundo actuando al unísono”, expresó.

La abogada y ex diputada aseveró que en su país se han violado gravemente los derechos humanos durante más de 27 años y que esto “se incrementó de manera notoria” en los últimos años del hoy depuesto dictador Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado enero por Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

La dirigente opositora, aliada de la nobel de la paz María Corina Machado, señaló que, si bien “ha habido cerca de 900” excarcelaciones en lo que va de año, aún hay más de 500 presos políticos en Venezuela.

“Ha sido muy grave lo que hemos vivido en el país, se han violado todos los derechos humanos al mismo tiempo, se ha acabado con la institucionalidad, la Justicia pasó a ser simplemente un recuerdo ya borroso y hoy todavía (...) quedan más de 500 prisioneros políticos, evidentemente estos no son símbolos de una democracia”, dijo.

Es por ello que Solórzano insistió en que “toda la comunidad internacional tiene que respaldar el camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela” y no solo Estados Unidos, al que describió como un “aliado fundamental que ha hecho un trabajo extraordinario” para avanzar hacia una transición.

En X, el partido Voluntad Popular (VP), dirigido por el opositor Leopoldo López, expresó su respaldo al pronunciamiento de la OEA y afirmó que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua “es una causa común de todo el continente y del hemisferio occidental”.

La Secretaría General de la OEA indicó que Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte de la comunidad regional, por lo que reconoció “con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos”.

El organismo, que celebra esta semana en Panamá su Asamblea General, destacó la urgencia de que “existan sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó el martes su preocupación por la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reiteró la necesidad de restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en esos países.

El organismo recordó que los tres países forman parte de la comunidad interamericana y reconoció “con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos”.

En el marco de la Asamblea General que se celebra en Panamá, la OEA subrayó la urgencia de contar con “sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”, conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

La Secretaría General manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos y consideró que la detención de personas por motivos políticos es “incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano”.

“En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”, afirmó el organismo, que reiteró la petición de “liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos”.

La OEA indicó que está preparada para acompañar iniciativas orientadas a ampliar el espacio democrático, promover el diálogo, facilitar consensos, respaldar procesos electorales, proteger los derechos humanos y contribuir a la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.

La Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, y el apoyo de la comunidad internacional cuando sea requerido.

“La participación internacional debe estar orientada a respaldar las vías de avance acordadas a nivel nacional”, señaló la OEA, que destacó que el progreso duradero depende de un diálogo inclusivo y del compromiso compartido con los principios democráticos en cada país.

En Cuba, el régimen castrista, liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel, lleva años empobreciendo a la sociedad cubana, al igual que la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo que lleva casi dos décadas encabezando el poder del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, responde a los lineamientos estadounidenses de la administración Trump llevando adelante el plan de estabilidad de la Casa Blanca para el país caribeño tras la salida del ex dictador Nicolás Maduro.

Desde Caracas, partidos opositores de Venezuela respaldaron el llamado de la OEA a restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los presos políticos.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, declaró a la agencia EFE que Venezuela necesita “más que nunca” a la OEA y a la comunidad internacional, al igual que los otros dos países, que también “merecen libertad y democracia”. “Hoy por fin vislumbramos una región no solamente unida, sino libre, y eso es posible con las voces del mundo actuando al unísono”, expresó Solórzano.

Solórzano destacó que, aunque se han producido cerca de 900 excarcelaciones en lo que va de año, aún permanecen más de 500 presos políticos en Venezuela. “Ha sido muy grave lo que hemos vivido en el país, se han violado todos los derechos humanos al mismo tiempo, se ha acabado con la institucionalidad, la Justicia pasó a ser simplemente un recuerdo ya borroso y hoy todavía (...) quedan más de 500 prisioneros políticos, evidentemente estos no son símbolos de una democracia”, señaló.

En X, el partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, respaldó el pronunciamiento de la OEA y afirmó que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua “es una causa común de todo el continente y del hemisferio occidental”.

(Con información de EFE)

El gobierno de Costa Rica elevó una advertencia en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al señalar su “enorme preocupación por la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá”. La declaración la realizó el canciller costarricense Manuel Tovar este martes, quien informó sobre la detención reciente de personas supuestamente vinculadas a Hamás en territorio costarricense, según reportó la agencia EFE.

Ante los representantes del continente, Tovar expuso que la situación en Nicaragua afecta la estabilidad de la región y destacó la importancia de la adopción de una declaración sobre la crisis nicaragüense, aún en fase de borrador. Según lo relatado por EFE, el ministro afirmó: “Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá. Justo el día de ayer varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país”.

El jefe de la diplomacia costarricense subrayó que el borrador de la declaración de la OEA representa un instrumento para reafirmar los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente americano. Tovar valoró que la Asamblea General expresara su inquietud frente al deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, así como por las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.

EFE añade que el canciller costarricense lamentó el fallecimiento de Brooklyn Rivera, líder indígena nicaragüense, defensor de los derechos de los pueblos originarios y beneficiario de medidas de protección del sistema interamericano. “Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, expresó Tovar ante el pleno de la OEA.

De acuerdo con el informe de EFE, el ministro también condenó el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro nicaragüense ocurrido en Costa Rica el 19 de junio de 2025. “Destacamos la actuación de las autoridades nacionales que han permitido la detención y procesamiento judicial de varios sospechosos. Costa Rica continuará actuando con firmeza para garantizar que todos los responsables comparezcan ante la justicia y que ninguna forma de violencia o intimidación encuentre su espacio en la impunidad”, sostuvo.

La declaración impulsada por la OEA: “envía un mensaje contundente de solidaridad con las víctimas, sus familiares y el pueblo nicaragüense, y de respaldo a los principios establecidos en la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

El trasfondo de la crisis entre Costa Rica y Nicaragua

Las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen restringidas al nivel consular desde 2018. El entonces presidente costarricense Carlos Alvarado optó por no designar embajador en Managua tras los episodios de represión y violaciones a los derechos de los opositores por parte del régimen nicaragüense, recuerda EFE.

La crisis en Nicaragua se remonta a abril de 2018, cuando se desencadenaron protestas masivas contra la dictadura de Daniel Ortega, presidente desde 2007. Según los reportes de EFE, la situación se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Los comicios se desarrollaron con los principales candidatos de la oposición encarcelados, quienes después fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de traición y golpismo.

La preocupación expresada por Costa Rica sobre la presencia militar extranjera y de grupos extremistas en la región coincide con el llamado internacional por la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Las autoridades costarricenses han reiterado su compromiso con la justicia y la persecución de los responsables de incidentes violentos en su territorio, al tiempo que solicitan la cooperación y vigilancia de la comunidad internacional.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, hizo un firme llamado a consolidar la unidad entre las naciones del continente durante su participación en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde destacó la necesidad de avanzar de manera integrada para responder a los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrenta el hemisferio.

Durante su discurso ante representantes de los países miembros y observadores permanentes del organismo, el mandatario hondureño señaló que el contexto internacional exige una mayor coordinación entre las naciones americanas para generar oportunidades de desarrollo, fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

Asfura manifestó que la integración regional debe convertirse en una prioridad para todos los gobiernos del continente, al considerar que los retos actuales requieren acciones coordinadas y una visión compartida que permita transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento.

“Necesitamos una América desde Canadá hasta Argentina fortalecida, una América que pueda dar respuestas a la gente y poder tener un futuro más claro. Una América que tiene muchos retos que tenemos que transformarlos en hechos reales, y estoy seguro que lo podemos lograr”, expresó el gobernante durante su intervención.

El presidente sostuvo que los países del continente poseen un enorme potencial para impulsar el desarrollo económico, incrementar las inversiones, fortalecer el comercio y promover políticas públicas que beneficien directamente a la población, siempre que exista voluntad de cooperación y trabajo conjunto.

Asimismo, enfatizó que el mundo atraviesa una etapa de grandes desafíos que hacen indispensable mantener una estrecha coordinación entre las naciones americanas. En ese sentido, aseguró que la unidad y la complementariedad entre los gobiernos permitirán construir soluciones más eficaces frente a problemas como el cambio climático, la migración, la seguridad, el desarrollo económico y el fortalecimiento democrático.

Como parte de su agenda en el marco de la Asamblea General, Asfura sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encuentro en el que ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre los principales retos que enfrenta la región y analizaron oportunidades para ampliar la cooperación entre Honduras y Panamá en distintos ámbitos de interés común.

El mandatario hondureño reiteró que el diálogo permanente entre los países del continente constituye una herramienta esencial para fortalecer las relaciones diplomáticas y avanzar hacia acuerdos que generen beneficios compartidos para sus ciudadanos.

Por su parte, la ministra consejera y representante alterna de Honduras ante la OEA, Saira Ponce, agradeció a Panamá y a los Estados miembros del organismo por facilitar un espacio de diálogo que, según afirmó, reafirma la importancia de la cooperación internacional como un instrumento indispensable para enfrentar los desafíos que afectan al hemisferio.

La diplomática destacó que Honduras considera a los observadores permanentes de la OEA como aliados estratégicos, cuyo respaldo fortalece la confianza internacional y contribuye a consolidar los esfuerzos que el país realiza para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.

“La delegación de Honduras considera que los señores observadores permanentes de la OEA no solo son cooperantes, son aliados estratégicos. Su acompañamiento fortalece la confianza internacional que valida nuestros esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho”, manifestó Ponce durante su participación.

Asimismo, la representante hondureña invitó a profundizar las alianzas con los observadores permanentes y agradeció el apoyo brindado durante los procesos democráticos desarrollados en Honduras en 2025, señalando que dicha colaboración contribuyó al fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad electoral.

Ponce también expresó que el diálogo con los observadores debe evolucionar hacia mecanismos de cooperación cada vez más estratégicos que permitan atender de forma conjunta los desafíos políticos, sociales y económicos de la región.

“La delegación de Honduras considera que el diálogo con los observadores permanentes debe seguir evolucionando hacia asociaciones cada vez más estratégicas. Señores observadores permanentes, les agradecemos infinitamente toda la cooperación y el firme compromiso que tienen con la Organización de los Estados Americanos”, concluyó.

La participación de la delegación hondureña en la 56 Asamblea General de la OEA reafirmó el interés del Gobierno por fortalecer las relaciones multilaterales, impulsar una mayor integración continental y promover la cooperación internacional como una herramienta clave para enfrentar los desafíos comunes que afectan a las naciones americanas.

Bolivia espera que una comisión regional de cancilleres y ministros de Defensa, propuesta por Panamá y respaldada por Estados Unidos, genere “compromisos” hemisféricos para la defensa de su democracia, en medio de una crisis que dejó al menos 16 muertos y provocó desabastecimiento en el país.

La iniciativa fue lanzada el lunes por el presidente panameño, José Raúl Mulino, durante la inauguración del 56° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El canciller boliviano, Fernando Aramayo Carrasco, confirmó este martes que la misión se desplegará “a la brevedad posible” y que su propósito es no solo conocer la situación del país, sino generar acuerdos operativos concretos.

El conflicto estalló en mayo pasado, cuando sectores campesinos e indígenas comenzaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien cumplió siete meses en el cargo este junio. La Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de La Paz instalaron el 6 de ese mes cortes de rutas que cortaron el acceso a servicios básicos y dejaron 13 víctimas fatales por falta de atención médica oportuna, además de otros tres muertos en el marco del conflicto.

Paz decretó el sábado el estado de excepción para levantar los bloqueos. Mulino respaldó esa medida ante los Estados Miembros y anunció el impulso de una resolución de apoyo a Bolivia ante la Asamblea General. Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Panamá, entre otros, ya manifestaron interés en integrar la misión.

Aramayo Carrasco expuso la situación boliviana en un foro paralelo organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, al que asistieron representantes de una veintena de países miembros de la OEA. Allí vinculó las protestas con acciones de “desestabilización abiertamente financiadas por el crimen organizado”, dado el volumen de recursos que implica financiar esos hechos violentos.

El canciller señaló que esos episodios ocurrieron precisamente cuando Bolivia comenzó a dar golpes significativos contra el crimen organizado internacional. A modo de ejemplo, citó la captura de Sebastián Marset, presunto narcotraficante uruguayo, descrito como “uno de los criminales más buscados por la DEA”, detenido el 13 de marzo en Santa Cruz y extraditado ese mismo día a Estados Unidos.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, subrayó la importancia del respeto a la institucionalidad y a los resultados de "elecciones limpias“. Anunció que Washington continuará dialogando sobre “cómo podemos llegar a acciones más concretas para apoyar al Gobierno y sobre todo al pueblo de Bolivia".

(Con información de EFE)

Honduras buscará posicionar una agenda sobre democracia, seguridad hemisférica y multilateralismo durante su participación en la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, según informó la canciller Mireya Agüero, quien señaló que la delegación presentará esos ejes en las sesiones de trabajo y reuniones bilaterales.

La funcionaria explicó que uno de los principales objetivos será promover el debate sobre la democratización en la región, con foco en el fortalecimiento de las instituciones y el respeto a los principios democráticos como base para la estabilidad y el desarrollo de los países americanos.

“Uno de los temas prioritarios es la democratización”, señaló Agüero.

Seguridad regional

Otro de los ejes de la propuesta hondureña está relacionado con la necesidad de recuperar un multilateralismo práctico y efectivo, capaz de generar respuestas concretas a los desafíos comunes que enfrentan las naciones del continente.

Según la canciller, la intención es promover una visión de cooperación internacional basada en objetivos compartidos y mecanismos que permitan alcanzar resultados tangibles para los pueblos de la región.

“Queremos posicionar la necesidad de volver a un multilateralismo práctico, verdaderamente sustentado en ideas comunes y en la construcción de soluciones conjuntas”, manifestó.

Agüero sostuvo que, en un escenario internacional cada vez más complejo y cambiante, los espacios multilaterales siguen siendo herramientas para que países como Honduras puedan defender sus intereses, fortalecer alianzas estratégicas y participar en la definición de políticas regionales.

La seguridad hemisférica es el tercer tema que la delegación hondureña llevará a discusión. La propuesta, según la canciller, va más allá de los enfoques vinculados exclusivamente a la seguridad interna de los Estados.

Honduras buscará impulsar un debate sobre el combate al crimen organizado transnacional, un fenómeno que afecta a múltiples países y que, de acuerdo con Agüero, requiere respuestas coordinadas entre gobiernos, organismos internacionales y entidades de cooperación.

Relaciones diplomáticas y agenda internacional

En paralelo a las discusiones de la asamblea, Honduras también aprovechará el encuentro para fortalecer sus relaciones diplomáticas y ampliar sus vínculos de cooperación internacional.

Agüero destacó que desde el inicio de la administración del presidente Nasry Asfura se priorizó el acercamiento con organismos financieros internacionales, agencias de cooperación y gobiernos aliados, con el propósito de generar oportunidades de desarrollo para el país.

La canciller aseguró que estos esfuerzos ya producen resultados en la gestión de recursos, la cooperación técnica y el respaldo internacional a iniciativas impulsadas por el Gobierno.

También subrayó que una de las prioridades de la actual administración es reposicionar a Honduras en el escenario internacional, luego de varios años en los que, según indicó, el país perdió presencia y capacidad de incidencia en distintos espacios diplomáticos.

En ese marco, destacó avances en el fortalecimiento de las misiones diplomáticas y en la reconstrucción de relaciones estratégicas con diversos socios internacionales.

Como parte de ese proceso, Agüero reveló que Honduras estableció recientemente relaciones diplomáticas con un nuevo país durante las actividades desarrolladas en el marco de la Asamblea General de la OEA, aunque evitó dar más detalles sobre los plazos o próximos pasos de ese acercamiento.

Trabajo con organismos y Estados Unidos

La canciller también mencionó avances en organismos del sistema de Naciones Unidas y la aprobación de resoluciones vinculadas con los intereses nacionales.

Además, informó que la Cancillería ya trabaja en la agenda internacional que desarrollará el presidente Asfura durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre, donde Honduras buscará fortalecer su presencia y ampliar espacios de cooperación.

Agüero destacó además el trabajo de la representación diplomática hondureña en Washington, en temas relacionados con comercio, transporte, cooperación bilateral y asuntos migratorios.

Sobre este último punto, señaló que las conversaciones con autoridades de Estados Unidos han permitido avanzar en el abordaje de la migración irregular, una problemática que sigue entre los principales desafíos compartidos por ambos países.

Durante años, la Organización de los Estados Americanos sobrevivió a crisis políticas, disputas ideológicas y profundas divisiones entre sus Estados miembros. Sin embargo, b

Por primera vez en décadas, el principal contribuyente financiero de la organización parece dispuesto a cuestionar no solo a su liderazgo, sino la conveniencia misma de seguir financiando una institución que muchos consideran cada vez más opaca, menos transparente y más vulnerable a influencias externas.

En el centro de esa confrontación se encuentra Albert Ramdin.

Y detrás de ella, una estructura política y burocrática que parece haber llegado a una conclusión peligrosa: proteger a sus propios operadores se ha vuelto más importante que preservar la credibilidad de la organización.

La llegada del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro “Lee” Rizzuto Jr., ha sido presentada por algunos sectores como una agresión contra la institución. Esa interpretación ignora la realidad.

Rizzuto no llegó a la OEA para administrarla.

Llegó para corregir un rumbo que Washington considera incompatible con los intereses estratégicos del hemisferio.

Con una línea directa con el presidente Donald Trump, Rizzuto llegó con una misión clara: exigir transparencia real, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, elevar los estándares de seguridad institucional y promover cambios en una estructura de liderazgo que, desde la perspectiva estadounidense, ha perdido la confianza necesaria para seguir conduciendo la organización.

El propio embajador ha sido claro. Washington no tiene interés alguno en continuar financiando el rumbo actual de la OEA ni seguir sosteniendo una organización que continúa fracasando en servir eficazmente a sus Estados miembros.

Ese mensaje no surge en el vacío.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de diciembre de 2025 reordenó las prioridades estratégicas estadounidenses alrededor del hemisferio occidental y estableció como objetivo reducir la influencia china sobre puertos, infraestructura crítica, sistemas tecnológicos y activos estratégicos de la región. La estrategia también advierte sobre la creciente penetración de Beijing en instituciones, mecanismos de decisión y estructuras de gobernanza hemisféricas.

Vista desde esa perspectiva, la preocupación estadounidense por la OEA deja de ser una disputa política.

Se convierte en un asunto de seguridad nacional.

Y es precisamente allí donde comienzan los problemas para Albert Ramdin.

La organización llega a esta Asamblea General bajo un secretario general cuya elección fue celebrada en Beijing y respaldada por gobiernos que durante años han profundizado sus vínculos económicos con China mediante préstamos, inversiones y proyectos de infraestructura.

Ese hecho no convierte a esos países en adversarios. Por el contrario, serán socios indispensables para cualquier esfuerzo serio destinado a fortalecer la soberanía regional y las instituciones democráticas del continente.

Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda: ¿ha sido la OEA suficientemente firme frente a la creciente influencia china dentro del hemisferio?

Cada vez más observadores consideran que la respuesta es no.

Durante más de dos décadas, Beijing ha expandido sistemáticamente su presencia política, económica y estratégica en América Latina y el Caribe. Mientras tanto, la OEA ha mostrado una notable reticencia a debatir las implicaciones de seguridad asociadas a la expansión de infraestructura crítica, redes de telecomunicaciones, puertos estratégicos y sistemas tecnológicos vinculados a China.

Sin embargo, las preocupaciones que hoy rodean a Ramdin van mucho más allá de China.

La controversia alrededor de Xaviera Jessurun, su jefa de gabinete, transformó inquietudes administrativas en una crisis institucional.

La revocatoria de una visa diplomática por parte de Estados Unidos contra una alta funcionaria de la OEA constituye una medida extraordinaria. Decisiones de esa naturaleza rara vez ocurren y normalmente activan mecanismos inmediatos de revisión interna, cooperación institucional y evaluación independiente.

Eso no ocurrió.

Por el contrario, Ramdin decidió proteger a su colaboradora más cercana y mantenerla dentro de la estructura de poder de la organización incluso después de que Washington retirara su visa diplomática.

La decisión fue interpretada por numerosos observadores como una ruptura con las prácticas de prudencia institucional y cooperación diplomática que normalmente acompañan situaciones de semejante gravedad.

El mensaje fue devastador.

Mientras el principal contribuyente financiero de la organización expresaba una preocupación suficientemente seria como para revocar una visa diplomática, la Secretaría General parecía más interesada en proteger a una funcionaria cercana que en proteger la credibilidad de la institución.

Ese episodio dejó de ser un problema de personal.

Se convirtió en un problema de liderazgo.

Porque la cuestión ya no es únicamente la conducta de Jessurun.

La cuestión es la decisión de Ramdin de respaldarla.

Y esa decisión se suma a una percepción cada vez más extendida de que el Secretario General ha respondido a cuestionamientos legítimos con confrontación política en lugar de transparencia institucional.

Más preocupante aún, la protección brindada a Jessurun ha proyectado la imagen de una organización donde la lealtad personal parece tener más peso que la rendición de cuentas. Para muchos observadores, la controversia ya no gira alrededor de una funcionaria específica, sino de la disposición del Secretario General a ignorar señales de alarma con tal de proteger a su círculo más cercano.

La situación se vuelve aún más llamativa al observar el silencio de muchos de los autoproclamados defensores de la transparencia y la lucha anticorrupción en América Latina.

Movimientos políticos, organizaciones y figuras públicas que habitualmente exigen rendición de cuentas cuando las acusaciones afectan a gobiernos o actores políticos adversarios han mostrado un interés sorprendentemente limitado cuando las preguntas apuntan hacia la propia OEA.

La transparencia no puede ser un principio selectivo.

La corrupción tampoco.

Y es precisamente esa percepción de doble estándar la que ha profundizado la crisis de confianza.

A estas alturas, la discusión ya no gira en torno a si existe un problema.

La discusión gira en torno a si Albert Ramdin puede seguir siendo parte de la solución.

Cada vez más actores dentro y fuera de la organización parecen haber llegado a una conclusión incómoda: no puede.

Con pleno conocimiento de las consecuencias que tendría una suspensión del financiamiento estadounidense, algunos operadores políticos parecen dispuestos a sacrificar la viabilidad misma de la OEA con tal de proteger a una persona y a una estructura cada vez más asociadas con acusaciones de corrupción, opacidad y abuso institucional.

Esa apuesta podría convertirse en el error más costoso en la historia reciente de la organización.

La realidad es simple.

Si la OEA pretende recuperar credibilidad ante sus Estados miembros y preservar el respaldo de su principal contribuyente, el debate ya no es sobre reformas administrativas.

El debate es sobre liderazgo.

Y la conclusión es cada vez más evidente.

Albert Ramdin y el círculo de funcionarios comprometidos que lo rodea se han convertido en obstáculos para las reformas necesarias para restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad de la organización.

Deben apartarse.

Si no lo hacen, Washington podría suspender completamente su financiamiento hasta que una auditoría externa independiente y una revisión integral del liderazgo permitan determinar si la institución sigue siendo capaz de cumplir la misión para la cual fue creada.

La pregunta ya no es si existe una crisis.

La pregunta es si la OEA está dispuesta a resolverla antes de que sea demasiado tarde.

Mario Duarte es estratega estadounidense, ejecutivo de rescate, empresario y experto en seguridad e inteligencia internacional. En X: @marioduartegar.

Terpsehore “Tore” Maras es periodista investigativa independiente y autora de las series Digital Dominion, The Turkey Doctrine e Inside Job: A Color Revolution, Domesticated. En X: @idontexistTore.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) inicia este lunes en Ciudad de Panamá su 56ª Asamblea General, centrada en la defensa del multilateralismo y la democracia en el continente americano. El encuentro, que reúne a delegaciones de 92 países y organismos, se extenderá hasta el miércoles en un contexto marcado por la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826.

Según informó EFE, el lema escogido para la asamblea —“el multilateralismo, firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los estados miembros”— guiará los debates y resoluciones durante las sesiones. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, subrayó en rueda de prensa que “el multilateralismo es primordial sencillamente porque nos necesitamos los unos a los otros”. Ramdin añadió que la cooperación regional es necesaria ante desafíos compartidos y anticipó que varios ministros respaldarán ese mensaje en las próximas jornadas, según EFE.

Panamá vuelve a convertirse en un punto de encuentro internacional dos siglos después de aquel congreso impulsado por Bolívar. El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, destacó que el país “se convierte de nuevo en un punto de convergencia para el lado hemisférico y extracontinental”, en un momento de profundas transformaciones para el continente. Martínez-Acha llamó a los asistentes a que la cita contribuya “al fortalecimiento de un sistema interamericano” y facilite la construcción de consensos efectivos para responder a las necesidades de los pueblos.

De acuerdo con EFE, la agenda de la asamblea incluye temas que van más allá de la gobernabilidad democrática: seguridad hemisférica, migración, innovación tecnológica, resiliencia climática y desarrollo sostenible se debatirán en las discusiones. El canciller panameño remarcó que el mundo actual, “fragmentado”, requiere del multilateralismo y de respuestas conjuntas frente a retos globales.

Quiénes participan de la asamblea

El evento reúne a más de 2,500 participantes, entre ellos 35 cancilleres, diez ministros de distintas carteras, 113 embajadores y delegaciones de 8 organismos internacionales. Aunque la reunión está reservada para ministros y representantes diplomáticos, la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico contará con la presencia de varios jefes de Estado y altos funcionarios.

Según detalló EFE, confirmaron su participación los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; Honduras, Nasry Asfura y el vicepresidente de El Salvador (Félix Ulloa), además de Colombia, Gustavo Petro; y de Ecuador, Daniel Noboa.

El mensaje de Albert Ramdin

“El multilateralismo en el hemisferio es cierto que se debe fortalecer”, sin lugar a dudas. Pero es necesario, debemos trabajar juntos, y eso será algo que se escuchará varias veces y de que harán eco varios ministros en los próximos días”, sostuvo el secretario general, según recogió EFE. Según EFE, varios ministros respaldarán ese planteo en las próximas jornadas.

La 56ª Asamblea General se desarrolla en un gran centro de convenciones de Ciudad de Panamá y representa uno de los encuentros diplomáticos del sistema interamericano en 2026, donde también abordarán la situación de Venezuela. "Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro”, declaró Ramdin, según información oficial del organismo.

El canciller panameño expresó optimismo y esperó que “pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela”.

En la víspera de su 56ª Asamblea General, la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó en Panamá una plataforma de colaboración con el sector privado, enfocada en impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social en las Américas.

La iniciativa busca aprovechar las fortalezas de la región como zona de paz, su posición geográfica estratégica, su talento humano y capacidad emprendedora, así como su riqueza energética, recursos críticos, y biodiversidad.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, esta oportunidad ofrece un espacio oportuno para intercambiar ideas y construir alianzas que contribuyan a una región más dinámica, integrada y resiliente.

Aurelio Barría Pino, presidente del gremio, aseguró que los desafíos que enfrentan los países de la región consisten en impulsar el crecimiento económico, generar más empleo formal, atraer inversión, fortalecer la competitividad y preparar a nuestras sociedades para los cambios tecnológicos que están transformando el mundo.

Frente a esta situación, Barría Pino afirma que la cooperación y el trabajo conjunto resultan más necesarios que nunca.

Según Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, esta es una plataforma estructurada, diseñada para pasar del diálogo al impacto, aprovechando el poder de convocatoria del organismo internacional, y trabajando con gobiernos, el sector privado y actores sociales de todo el continente americano.

“Buscamos crear una arquitectura de colaboración poderosa y única entre gobiernos, empresas y socios internacionales estratégicos, así como bancos de inversión y bancos comerciales de todo el continente americano”, mencionó Ramdin.

La importancia de este encuentro, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura panameña, no radica únicamente en el diálogo que genera, sino en su capacidad para impulsar acciones, alianzas y proyectos que fortalezcan la prosperidad compartida de las Américas.

Barría Pino indicó que en este aspecto Panamá tiene mucho que aportar, toda ve que “nuestra plataforma logística, conectividad y vocación de servicios nos permiten contribuir al acercamiento entre mercados, personas e iniciativas que promuevan el crecimiento regional”.

Este es un momento para construir sobre las coincidencias, fortalecer la cooperación y avanzar juntos hacia una región más competitiva, integrada y próspera, sostuvo en un comunicado la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Y es que la competitividad ya no puede medirse únicamente por indicadores económicos o logísticos, pues las empresas que liderarán el futuro no serán únicamente las más rentables, aportó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann.

El funcionario manifestó que estas empresas serán aquellas capaces de generar valor compartido, aquellas que entienden que el crecimiento económico debe traducirse en oportunidades para las comunidades, en empleos dignos para los trabajadores, en protección para el ambiente, y en una contribución efectiva al desarrollo nacional.

En su oportunidad, la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, Isabelle Valois, manifestó que la institución hemisférica está lista para avanzar junto a los sectores público y privado para transformar la agenda de prosperidad de las Américas en acciones y oportunidades reales a lo largo y ancho del hemisferio. “Ni los gobiernos ni las empresas pueden tener éxito por sí solos," agregó la secretaria Valois.

La jornada de este domingo incluyó paneles sobre energía y recursos críticos; inteligencia artificial, transformación digital y habilidades para el empleo del futuro, y facilitación del comercio y la inversión.

De igual manera, se realizó un diálogo dedicado al Canal de Panamá como plataforma estratégica para el comercio, la inversión y la integración regional.

Panamá ha sido un ejemplo de cómo capitalizar las oportunidades para atraer inversiones con reglas y regulaciones adecuadas, sostuvo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (OEA), Albert Ramdin.

“Panamá alberga más de 250 sedes regionales de compañías globales. Eso es algo único. Y también puede suceder en otros países”, afirmó Ramdin durante la inauguración del Foro del Sector Privado de las Américas, como parte de la 56 Asamblea de la OEA que se inaugura este lunes en la capital panameña.

“Puedo decirles que, si tenemos un hemisferio pacífico y próspero, cuestiones como la democracia, la gobernanza, la migración y muchos de los desafíos que enfrentamos hoy podrán resolverse si los abordamos adecuadamente. Existen enormes oportunidades”, puntualizó.

La celebración de la 56 Asamblea del organismo internacional en tierras panameñas demuestra, en su opinión, el liderazgo de un país pequeño en tamaño, pero grande en impacto.

El evento coincide con la conmemoración del Congreso Anfictiónico de 1826, cuando Simón Bolívar reunió a los líderes de aquel momento que tenían grandes ideas para el futuro de las Américas.

Esa inspiración, dijo, debe hoy seguir ese camino: no el del conflicto, sino el de discusiones abiertas, honestas y respetuosas para avanzar.

“Esa es la inspiración que espero ver reflejada cuando el miércoles por la noche volvamos a reunirnos aquí para hablar de los resultados de esta Asamblea General”.

De Panamá manifestó que no solo conecta dos océanos, algo ya de por sí impresionante y que beneficia a todos mediante el comercio y los servicios, sino que también constituye el centro de este hemisferio. Por ello, muchas reuniones importantes tienen lugar aquí, afirmó.

El tema escogido para este encuentro “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos”, según Ramdin, “lo dice todo”, ya que reúne todos los elementos que explican por qué esta Asamblea General es importante.

Apuntó que el multilateralismo es “necesario, simplemente porque nos necesitamos unos a otros. No vivimos solos en este planeta; vivimos juntos. Coincido en que el multilateralismo en el hemisferio necesita fortalecerse y mejorar, sin duda alguna. Pero que es necesario y que debemos trabajar juntos es algo que escucharán reiteradamente de varios ministros durante los próximos días”.

Ramdin detalló que todas las regiones del mundo enfrentan desafíos, pero que esa realidad “no debe asustarnos ni paralizarnos”, pues hay que afrontarla de manera positiva para construir sociedades más prósperas, en colaboración con el sector privado.

La producción, la seguridad alimentaria y la seguridad energética son conceptos muy mencionados hoy en día, pero en este hemisferio pueden convertirse en una realidad, aseguró, al tiempo que manifestó que “podemos alcanzar la seguridad alimentaria y energética”.

Existen oportunidades de negocios e inversión, prosiguió el secretario general de la OEA, manifestando que solo debemos asegurarnos de alinearnos estratégicamente con esos objetivos y elaborar una agenda compartida y positiva orientada hacia la paz y la prosperidad. “Puede sonar simple, pero si no comenzamos por ahí, nuestros problemas continuarán”, reflexionó.

Al referirse al crimen organizado que azota a la región, Ramdin indicó que hay que prestarle atención porque afecta no solo la seguridad, sino también la gobernanza, la sociedad en su conjunto, el sistema de salud, los flujos financieros ilícitos e incluso la política".

Agregó que “debemos actuar para detenerlo. Estamos dialogando con los Estados Miembros sobre la organización de una conferencia hemisférica dedicada al crimen organizado transnacional y, en ese contexto, contaremos con la participación de todos”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció este domingo estar preparada para respaldar un eventual proceso de transición hacia elecciones en Venezuela, en un momento en que Washington impulsa activamente el diálogo entre las dos asambleas legislativas del país: la elegida en 2015, de mayoría opositora, y la chavista elegida en 2021.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, realizó el anuncio desde Ciudad de Panamá, sede de la 56° Asamblea General de la OEA que se celebrará la próxima semana. “Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro”, declaró el diplomático surinamés, según la traducción oficial del organismo.

Las declaraciones llegan en una coyuntura de alta densidad política para Venezuela. El pasado jueves, Estados Unidos logró sentar en una misma mesa de negociación a la Asamblea Nacional opositora de 2015, presidida por Dinorah Figuera, y al Legislativo controlado por el chavismo, cuyo titular es Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El encuentro, celebrado en Caracas, constituye el primer contacto directo entre ambos cuerpos legislativos desde que Nicolás Maduro fue capturado en enero pasado por fuerzas estadounidenses.

El sector mayoritario de la oposición, liderado por María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, mantiene una postura distinta a la de Figuera: reclama una negociación “seria, firme y responsable” con el Gobierno interino y el acompañamiento de Washington, con el objetivo de restaurar la democracia mediante una elección presidencial. El chavismo, por su parte, descartó negociar con Machado o con su entorno.

La posición de la OEA no es nueva, pero adquiere peso institucional en este contexto. Ramdin se reunió el 12 de junio con Machado en Washington y destacó el papel que el organismo puede desempeñar en la transición. La institución ofreció asistencia técnica en observación electoral, mediación política, reforma judicial y apoyo a grupos vulnerables. Venezuela sigue siendo miembro formal de la OEA pese a que en 2017 el régimen de Maduro inició el proceso de retirada, y a que su silla permanece vacía en el organismo desde entonces.

El plan de la administración de Donald Trump para Venezuela contempla tres etapas: una primera de estabilización, una segunda de recuperación económica e institucional y una tercera de transición política que desembocaría en elecciones. Casi seis meses después de la captura de Maduro, las negociaciones avanzan de forma fragmentada, con actores que no comparten ni agenda ni interlocutores.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha, también presente en la rueda de prensa, expresó optimismo y esperó que “pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela”, con la convicción de que “la solución tiene que ser desde los venezolanos, pero siempre con democracia”. La 56° Asamblea General, que coincide con el bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en Panamá en 1826, será el primer gran foro multilateral en que Venezuela ocupe el centro de la agenda desde que comenzó formalmente la transición.

La OEA llega a ese encuentro con una posición más activa que en años anteriores, pero su capacidad de acción depende de que las partes venezolanas le otorguen un mandato concreto. La fragmentación opositora y la resistencia del chavismo a negociar con sus sectores más influyentes reducen el margen de maniobra del organismo. La reunión de Panamá dirá si los Estados miembros pueden traducir el ofrecimiento de Ramdin en algo más que una declaración de principios.

En medio de la jornada de segunda vuelta presidencial que se desarrolla este 21 de junio, el Consejo Gremial Nacional y la organización Alianzas Aliadas informaron que presentaron una denuncia ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), relacionada con recientes declaraciones y actuaciones del presidente de la República, Gustavo Petro.

La comunicación fue divulgada a través de las redes sociales de ambas organizaciones, desde donde señalaron que las manifestaciones del mandatario podrían tener implicaciones sobre la percepción de neutralidad institucional y sobre la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral.

Solicitan seguimiento de la OEA al proceso electoral

De acuerdo con el pronunciamiento divulgado por el Consejo Gremial Nacional y Alianzas Aliadas, la denuncia fue presentada ante la Misión de Observación Electoral de la OEA debido a preocupaciones relacionadas con el desarrollo del proceso electoral y el ambiente previo a las votaciones.

Las entidades señalaron que consideran necesario que exista acompañamiento internacional durante el proceso y reiteraron la importancia de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la transparencia de las elecciones. En el mismo pronunciamiento agregaron: “Pedimos seguimiento internacional y garantías para la transparencia del proceso”.

Según lo expuesto por las organizaciones, la preocupación se relaciona con declaraciones realizadas por el jefe de Estado en sus redes sociales y eventos públicos sobre la legitimidad del proceso democrático y con diferentes situaciones registradas en el contexto previo a la jornada electoral.

La denuncia fue dirigida a la Misión de Observación Electoral de la OEA, mecanismo mediante el cual el organismo internacional acompaña, observa y realiza seguimiento a procesos electorales en distintos países de la región con el objetivo de verificar el desarrollo de las jornadas democráticas y emitir observaciones sobre su funcionamiento.

Gremios advierten por desconfianza en los resultados

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, se pronunció sobre la situación y manifestó su preocupación frente al impacto que algunas declaraciones podrían tener en la percepción ciudadana respecto de los resultados electorales.

Gutiérrez señaló que los pronunciamientos del presidente podrían generar dudas sobre la legitimidad de los comicios y sobre el reconocimiento de los resultados una vez concluya la votación. En ese sentido, la dirigente gremial sostuvo que este tipo de situaciones podrían tener efectos sobre la confianza pública en las instituciones democráticas encargadas de organizar y garantizar el desarrollo de las elecciones.

Al inicio de la jornada electoral, la presidenta del Consejo Gremial Nacional hizo además un llamado al respeto por las instituciones y las libertades democráticas. En ese sentido expresó: “A respetar los resultados electorales, a rechazar la violencia y a cuidar la confianza que sostiene a nuestro país”.

A estas declaraciones se sumaron los llamados de distintos sectores políticos, económicos y sociales para que se garantice el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial y se respete la decisión que expresen los ciudadanos en las urnas.

Llamado a preservar la confianza institucional

Tanto el Consejo Gremial Nacional como Alianzas Aliadas insistieron en la necesidad de mantener la confianza de los ciudadanos en las entidades responsables de la organización y vigilancia del proceso electoral.

Las organizaciones señalaron que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la jornada es que los diferentes actores políticos reconozcan los resultados oficiales una vez concluya el escrutinio y las autoridades electorales emitan los informes correspondientes.

Asimismo, indicaron que el acompañamiento de organismos internacionales como la OEA constituye un mecanismo de observación que puede contribuir al seguimiento de las elecciones y a la verificación de las garantías democráticas durante el proceso.

Así las cosas, se espera que la Misión de Observación Electoral de la OEA mantenga seguimiento sobre el desarrollo de la jornada y sobre las situaciones que, según manifestaron los gremios y organizaciones, podrían afectar la confianza en las elecciones y en el reconocimiento de los resultados oficiales.

(Washington, Estados Unidos) La crisis de confianza de Estados Unidos con el secretario General de la OEA, Albert Ramdin, impactará en la Asamblea 56 del foro regional que inicia hoy en Panamá.

El embajador de Estados Unidos, Leandro Rizzuto, cuestionó que Ramdin hubiera designado a Xaviera Jessurun como su jefa de Gabinete, cuando estaba imputada por corrupción, fraude y blanqueo de capitales.

Ramdin relativizó las críticas de Rizzuto y mantuvo en el cargo a Jessurun, pese a que su propio país -Surinam- anuló su pasaporte diplomático por la causa penal.

Frente a la resistencia del secretario General, Rizzuto escaló el asunto al Departamento de Estado, que finalmente canceló la visa de Jessurun por haber ocultado que tenía una investigación pendiente en la justicia de Surinam.

Ramdin no tuvo otra alternativa que forzar la renuncia de su jefa de Gabinete, pero cuando se aguardaba que esta crisis institucional hubiera terminado, el secretario General habría utilizado su poder funcional para beneficiar a Jessurun.

La semana pasada aseguraron a Infobae en la OEA que Jessurun continuaba activa en la burocracia del foro regional, a pesar de su renuncia formal. Una atípica situación administrativa que supuestamente era avalada por Ramdin.

Este corresponsal preguntó al respecto a Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos en la OEA. Rizzuto confirmó la peculiar situación administrativa de la exjefa de Gabinete.

Vía WhatsApp, textual, Rizzuto aseguró a Infobae:

-“He sabido que Ramdin no despidió a Jessurun. La licenció por 30 días con goce de sueldo. Además, a pesar del protocolo, anuló la decisión del departamento de informática e instruyó que ella conservara el acceso a la computadora. También le ha permitido mantener en su poder su pasaporte de la OEA”.

-“En un acto de desafío, Ramdin no destituyó a Jessurun. También le permitió mantener en su poder su pasaporte de la OEA y autorizó que se anulara el protocolo de la OEA para permitir que Jessurun continuara teniendo acceso a la computadora y a los archivos”.

Frente a las declaraciones de Rizzuto, Infobae consultó a los asesores de Ramdin para conocer su explicación del caso.

Desde Panamá, también vía WhatsApp, se contestó textual lo siguiente:

“La nota diplomática de la Misión de Estados Unidos ante la OEA relativa a la revocación de la visa G-4 de la Jefa de Gabinete estableció como fecha límite de salida el 8 de julio de 2026. A la luz de esa fecha, y en pleno cumplimiento de las normas y reglamentos de la OEA, el Secretario General determinó la terminación del contrato de la Jefa de Gabinete con efecto al 7 de julio de 2026, y la autorizó a tomar la licencia acumulada hasta esa fecha".

Respecto al uso arbitrario de las claves para acceder a los archivos de la OEA, no hubo respuesta puntual a la consulta de Infobae.

La administración republicana cuestiona la capacidad moral de Ramdin para conducir la OEA, y había decidido postergar un posible movimiento diplomático en su contra a pedido del gobierno panameño, que “no quería ruido” en la Asamblea del foro regional que lleva meses organizando.

La situación institucional de Ramdin es un asunto clave para estabilidad de la OEA, que depende de los aportes financieros de Estados Unidos. El Departamento de Estado cuestiona la agenda del foro multilateral, y la continuidad política Ramdin es un interrogante.

En este contexto, es poco probable que la agenda oficial de la Asamblea no termine teñida por la nueva crisis institucional causada por las decisiones unilaterales de Ramdin.

La Asamblea tenía previsto tratar la situación política en Bolivia y el programa diseñado por la ONU para terminar con las bandas de narcotraficantes que asolan a Haití.

Pero Ramdin se puso en el centro del escenario con sus inesperadas decisiones administrativas.

El secretario General de la OEA nombró a Jessurun pese a su acusación penal, y después le permitió que siguiera involucrada en la burocracia de la OEA, aunque su visa diplomática ya tenía fecha de vencimiento.

La Asamblea comienza hoy con una conferencia de prensa que ofrecerán Ramdin y Javier Martínez-Acha Vásquez, canciller de Panamá.

El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, tiene previsto realizar este domingo un viaje a Panamá para participar en la Asamblea General de la OEA, donde presentará la posición del Gobierno dominicano ante la crisis haitiana y otros asuntos internacionales. La intervención de Álvarez se produce tras la reciente visita del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a Haití, donde calificó el restablecimiento de la seguridad como una prioridad “absolutamente esencial” para la región, según informó EFE.

De acuerdo con lo comunicado por la Cancillería dominicana, Álvarez intervendrá el próximo miércoles durante el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, evento que se desarrollará entre el 22 y el 24 de este mes en la Ciudad de Panamá bajo el lema “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros”. La participación del canciller se centra en trasladar la postura oficial ante la comunidad internacional, especialmente en lo relativo a la situación de Haití, cuya crisis de seguridad afecta a la región.

Según datos suministrados por la ONU y citados por EFE, la violencia en Haití provocó al menos 2,310 muertes y 1,106 heridos durante los primeros cinco meses del año. Además, se estima que bandas armadas controlan cerca del 75% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, lo que representa un desafío para la seguridad y la estabilidad tanto de Haití como de los países vecinos. La preocupación por la extensión de la violencia ha sido reiterada por organismos multilaterales, y el tema figura entre los puntos centrales que abordará la delegación dominicana.

La agenda de Álvarez en Panamá incluye su intervención en la plenaria de la OEA, diversos eventos paralelos con representantes del sector privado y de la sociedad civil, y la representación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Este congreso, impulsado por el líder independentista Simón Bolívar, fue convocado con el propósito de promover la unión de los nuevos Estados americanos y salvaguardar la independencia de la región ante posibles amenazas externas, recordó la Cancillería en su comunicado.

Está prevista la realización de encuentros bilaterales con funcionarios de países considerados “amigos” y con representantes de organismos multilaterales, con el objetivo de afianzar las relaciones diplomáticas y dar seguimiento a asuntos de la política exterior dominicana, informó EFE.

El peso de la crisis haitiana en la región

El contexto regional aporta un marco complejo a la participación dominicana. La situación, caracterizada por el deterioro de la seguridad y el control territorial de grupos armados, ha generado preocupación en el Caribe y en toda América Latina.

Las autoridades dominicanas han insistido en la necesidad de una respuesta coordinada, subrayando el impacto directo que la situación en Haití tiene sobre la región. La agenda de la Asamblea General de la OEA en Panamá abordará, además, otros temas hemisféricos, como la defensa de la democracia y la estabilidad regional, en un contexto de desafíos múltiples para el continente.

(Desde Washington, Estados Unidos) A través de una iniciativa encabezada por Argentina, la OEA aprobó por unanimidad una resolución que establece el 27 de enero como Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

En los fundamentos de la iniciativa, la resolución recuerda la posición institucional de la ONU que “condenó sin reservas cualquier negación del Holocausto como un hecho histórico, ya sea en su totalidad o en parte, e instó a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a rechazar cualquier negación de este tipo, junto con cualquier acción o declaración que distorsione o relativice los hechos históricos del Holocausto”.

En este contexto, la iniciativa presentada por Carlos Cherniak -embajador argentino en la OEA- añadió:

“La educación y la investigación del Holocausto (son) herramientas insustituibles para combatir el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia y discriminación, así como para prevenir futuros genocidios y atrocidades masivas”.

El 27 de enero de 1945, tropas de la Unión Soviética liberan el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Las Naciones Unidas toman esa fecha histórica para recordar a los millones de seres humanos que fueron asesinados por el régimen nazi.

Y ahora, por un proyecto de la Argentina, habrá un tributo anual en la OEA para las víctimas del Holocausto.

La posición de la Argentina en la OEA refleja la mirada de Javier Milei sobre el nazismo, el Holocausto y la fuerte ola de antisemitismo global, tras los ataques terroristas de Hamas a Israel en octubre de 2023.

La iniciativa del gobierno argentino fue aprobada por unanimidad, pero hubo un arduo trabajo diplomático para superar posiciones de países importantes en América Latina que mezclaban el Holocausto protagonizado por Adolfo Hitler y la actual situación en Medio Oriente.

Un trabajo de investigación de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, pone en números la importancia de recordar a las víctimas de la maquinaria nazi.

El informe sostiene lo siguiente:

- Aproximadamente el 83% de la diáspora judía mundial reside en las Américas.

-La encuesta Global 100 de ADL reveló que el 19% de los adultos en las Américas nunca ha escuchado hablar del Holocausto, evidenciando una alarmante brecha en el conocimiento histórico.

-La misma encuesta encontró que solo la mitad de los adultos en las Américas reconocen la veracidad histórica del Holocausto en su totalidad

- De manera preocupante, entre quienes sostienen estas visiones distorsionadas del Holocausto, dos de cada tres (66%) también presentan niveles más elevados de antisemitismo, lo que subraya la estrecha relación entre la negación o distorsión del Holocausto y los prejuicios antisemitas.

Un grupo de 23 opositores nicaragüenses, entre ellos excomandantes sandinistas, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y personas desnacionalizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezar una iniciativa regional para aumentar la presión diplomática contra el Gobierno nicaragüense.

La petición fue enviada el 11 de junio mediante una carta dirigida a la mandataria mexicana, en vísperas de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará en Panamá entre el 20 y el 22 de junio.

Los firmantes afirman haber sido víctimas directas de la represión estatal en Nicaragua y señalan que entre ellos hay exiliados, exprisioneros políticos, confiscados y personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad.

En la comunicación, los opositores respaldan la resolución aprobada recientemente por el Consejo Permanente de la OEA, que condenó las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen nicaragüense, incluyendo el exilio forzado, la desnacionalización, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las confiscaciones de bienes.

Los firmantes también citan el caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien permaneció desaparecido durante casi tres años bajo custodia estatal. Según la carta, Rivera fue mostrado en videos oficiales cuando se encontraba gravemente deteriorado de salud y falleció pocos días después. El grupo sostiene que otros nicaragüenses permanecen detenidos en condiciones similares, sin acusaciones formales ni procesos judiciales.

En su petición, los opositores expresan su expectativa de que los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe impulsen una resolución que ratifique la condena de la OEA y declare la ilegitimidad del gobierno encabezado por Ortega y Murillo.

Asimismo, proponen que esos países promuevan una acción conjunta ante la Corte Internacional de Justicia para exigir responsabilidades al Estado de Nicaragua por las desnacionalizaciones masivas, que según indican han afectado a 452 ciudadanos nicaragüenses.

La carta destaca además la posición expresada por el Gobierno mexicano de que la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales no constituye una violación a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Los firmantes se declaran dispuestos a sostener un diálogo técnico con las autoridades mexicanas sobre estos temas.

Entre los suscriptores de la misiva figuran la escritora Gioconda Belli; las excomandantes sandinistas Dora María Téllez y Mónica Baltodano; el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco; el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís; la periodista Sofía Montenegro; el economista Enrique Sáenz; la exdiputada Edipcia Dubón; la abogada Azahálea Solís; el jurista Juan Diego Barberena y el activista Yader Morazán, entre otros opositores nicaragüenses exiliados o desnacionalizados.

La petición de los opositores nicaragüenses se produce a pocos días de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 22 al 24 de junio en Ciudad de Panamá. El encuentro reunirá a los cancilleres y representantes de los 34 Estados miembros activos del organismo bajo el lema “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá” y tendrá como eje el fortalecimiento de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad regional.

Aunque Nicaragua formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, la situación del país continúa siendo objeto de debate dentro del sistema interamericano. En mayo pasado, el Consejo Permanente aprobó la resolución CP/RES. 1301 (2578/26), en la que condenó las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo la desnacionalización de opositores, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las confiscaciones de bienes y el impedimento de ingreso al propio país. Esa resolución constituye el antecedente inmediato de las gestiones que distintos sectores opositores buscan impulsar durante la Asamblea General.

La situación de Nicaragua llega a la reunión hemisférica marcada por una nueva escalada represiva. Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han denunciado la existencia de presos políticos sometidos a desaparición forzada, el cierre masivo de organizaciones civiles y religiosas, la expulsión o desnacionalización de cientos de ciudadanos y la profundización del control estatal sobre las instituciones.

La muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, ocurrida tras permanecer casi tres años desaparecido bajo custodia estatal, volvió a colocar el tema nicaragüense en el centro de la atención internacional y ha sido citada por los opositores como una muestra de la gravedad de la crisis.

Los firmantes de la carta buscan que gobiernos considerados progresistas, entre ellos México, Brasil, Colombia y Uruguay, asuman una posición más activa frente a Ortega y Murillo. Su principal demanda es que la Asamblea General respalde una condena más contundente contra el régimen nicaragüense y que los países de la región exploren mecanismos internacionales para exigir responsabilidades por la desnacionalización de al menos 452 nicaragüenses.

La participación de los connacionales en el extranjero se sostuvo, además, en una operación logística que involucró a consulados y oficinas consulares en decenas de países, con locales de votación habilitados para permitir el sufragio de los peruanos registrados para votar fuera del territorio nacional.

Pareja Ríos también resaltó el trabajo de los funcionarios consulares y de “centenares de voluntarios” que, según indicó, apoyaron de forma directa el desarrollo de la jornada electoral en distintas ciudades del mundo, desde la instalación de mesas hasta el cierre del escrutinio y el embalaje del material.

Peruanos en el exterior acudieron a las urnas en mayor número que en 2021

El canciller informó que la Cancillería instaló 219 locales de votación en 73 países para la segunda vuelta, con el objetivo de facilitar que los peruanos habilitados en el exterior ejercieran su derecho al voto. En ese marco, sostuvo que el despliegue del material electoral se completó sin “contratiempos ni incidencias”.

Según explicó, el repliegue de actas y cédulas de sufragio hacia el Perú concluyó dentro de los plazos previstos. Precisó que el material llegó entre el lunes 8 y el miércoles 10, y que el último vuelo arribó desde Buenos Aires, custodiado por el cónsul general del Perú en esa ciudad, con actas y cédulas de sufragio.

El ministro remarcó que la operación abarcó el retorno del material desde 119 oficinas consulares en el mundo y que el proceso se ejecutó, en coordinación con los organismos electorales, bajo un esquema de cadena de custodia. “Este protocolo de seguridad” se aplicó, dijo, para garantizar la integridad, intangibilidad y autenticidad de las actas, cédulas y paquetes electorales durante su traslado y su entrega a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En su descripción del procedimiento, Pareja Ríos señaló que las actas y cédulas permanecieron protegidas desde el cierre del escrutinio en cada mesa, debido a que los miembros de mesa lacraron los sobres que las contenían. Bajo ese esquema, afirmó, cualquier intento de apertura o alteración debía dejar evidencia detectable al momento de la verificación.

En el balance general, el canciller reiteró que el desempeño de los miembros de mesa en el exterior fue determinante para sostener el proceso, y vinculó esa labor con el crecimiento de la participación: 309 mil 550 votantes en el exterior en esta segunda vuelta, frente a 220 mil en 2021, según sus cifras.

Observadores internacionales no reportaron indicios de fraude segunda vuelta

Tras la jornada, Pareja Ríos informó que se reunió con los subjefes de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, debido a que los titulares ya habían partido. De acuerdo con su relato, los equipos de observación estuvieron desplegados en el territorio nacional y también en cuatro consulados en el exterior.

El canciller calificó el encuentro como “positivo” y dijo que los observadores transmitieron una evaluación preliminar favorable sobre el desarrollo del proceso. En particular, afirmó que las misiones reportaron que la votación, tanto en el Perú como en los consulados observados, transcurrió de manera “tranquila” y “ordenada”, y que el escrutinio se desarrolló con normalidad.

Pareja Ríos añadió que conversaron sobre los informes preliminares elaborados por las misiones y sobre el seguimiento que mantenían durante la etapa poselectoral. En ese punto, remarcó que el conteo de actas aún no concluía y que el proceso continuaba hasta la proclamación oficial del resultado.

En el cierre de su pronunciamiento, el ministro saludó el compromiso público de ambos candidatos y de sus equipos de esperar con calma la proclamación definitiva de las autoridades competentes y de aceptar los resultados finales, y los llamó a mantener ese espíritu democrático y de respeto a los resultados.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que sostuvo reuniones con misiones de observación internacional en medio del conteo oficial de la segunda vuelta presidencial, que hasta este jueves mantiene una diferencia ajustada a favor de Keiko Fujimori, según los reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Desde 8am de hoy (jueves 11 de junio) hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA”, señaló en un mensaje de X. En esa misma publicación, agregó que “nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan”.

Las declaraciones se conocen cuando la candidata de Fuerza Popular lo superó en el conteo oficial de la ONPE, con una ventaja mínima, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. El avance del escrutinio, aún en desarrollo, se convirtió en el principal foco de atención política por el estrecho margen entre ambas candidaturas.

El mensaje de este jueves se suma a una publicación difundida el día anterior. En ese texto, el candidato sostuvo que la defensa del resultado debía recaer en la ciudadanía y habló de un escenario de alerta frente a eventuales intentos de alterar el proceso. “Solo el pueblo salva al pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular”, escribió.

"Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo”, añadió. “¡Viva la victoria ciudadana y Popular!”, remarcó en el cierre del tuit.

El énfasis del pronunciamiento se concentró en la vigilancia del voto y en el rol de los organismos internacionales presentes en el país durante la jornada electoral. Al mencionar a la Misión de Observadores de la Unión Europea y a la Misión de Observadores de la OEA, el candidato buscó enmarcar su posición en espacios de seguimiento externo al proceso.

Mientras continúa la actualización de resultados, el clima político permanece marcado por mensajes de ambos sectores y por la expectativa sobre el cierre del conteo oficial. La ONPE mantiene la publicación progresiva de actas, en un proceso que definirá al ganador una vez se complete el cómputo y se resuelvan las incidencias correspondientes.

Fujimori toma con “serenidad y gratitud” la leve ventaja sobre Sánchez

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, afirmó que recibió con calma la leve ventaja que mantiene sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Con serenidad y con mucha gratitud tomo esos primeros resultados. Vamos a esperar al conteo final de votos”, señaló a la prensa.

Ante consultas por convocatorias a movilizaciones impulsadas por el entorno de Sánchez, Fujimori hizo un llamado indirecto a la prudencia y pidió “a la reflexión, a la calma” y a seguir los resultados oficiales “en la página de la ONPE”.

La postulante también aludió a declaraciones previas de su contendor y sostuvo, en cita directa, que se queda con lo que “ha señalado” Sánchez sobre respetar el voto. “Así es que yo creo que todos los ciudadanos pueden informarse y estar atentos. Cualquier otra cosa, pediría calma y serenidad”, expresó.

Sobre los pedidos de nulidad promovidos desde el partido rival, Fujimori dijo que su agrupación no identifica sustento para esas solicitudes, aunque reconoció el derecho a presentarlas. “No vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho de hacerlo”, mencionó.

Microsoft y la OEA reforzaron su alianza para mejorar la resiliencia digital en Latinoamérica. El acuerdo se centra en la ciberseguridad, la formación de organismos estatales y la adopción responsable de tecnologías emergentes.

Esta colaboración cobra mayor relevancia porque la región volvió a registrar en abril de 2026 el mayor volumen global de ciberataques. La protección de infraestructuras críticas, la inversión y la continuidad económica dependen cada vez más de la capacidad de prevenir, responder y recuperarse frente a estos incidentes.

La magnitud del problema quedó reflejada en un informe de Check Point Research: las organizaciones latinoamericanas registraron un promedio de 3.364 ataques semanales por empresa en abril de 2026, con un alza interanual del 20%.Ese nivel superó a APAC, con 3.213; África, con 2.940; Europa, con 1.848; y América del Norte, con 1.499.

Qué busca la alianza de Microsoft y la OEA

La iniciativa entre Microsoft y la Organización de los Estados Americanos apunta a reducir vulnerabilidades en los ecosistemas digitales de la región, fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes y asistir a los gobiernos en la construcción de espacios digitales más seguros.

El anuncio vincula esa agenda con la atracción de inversiones, la protección de infraestructuras críticas y el sostenimiento del crecimiento económico.

“La resiliencia digital ya no es solo un tema tecnológico: es un componente estratégico para la competitividad y el desarrollo económico”, señaló Steven Masada, director global de la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft.

“Trabajar junto con la OEA nos permite escalar capacidades institucionales y apoyar a los gobiernos frente a un entorno de riesgos digitales cada vez más sofisticado”, añadió.

Cuáles acciones impulsarán las dos organizaciones en Latinoamérica

Como parte de la colaboración, las dos organizaciones impulsarán acciones para fortalecer capacidades nacionales y regionales de ciberseguridad, con énfasis en prevención, detección y respuesta a incidentes.

El programa prevé facilitar el intercambio de información sobre amenazas y mejores prácticas, con una mirada regional sobre el riesgo digital. Otro eje será la capacitación de funcionarios públicos y responsables de toma de decisiones para alinear política pública y gestión tecnológica.

Además, la alianza promoverá el uso seguro y responsable de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, como herramienta de productividad y crecimiento.

“Frente a amenazas cibernéticas que ningún país puede enfrentar solo, desde la OEA trabajamos para tender lazos con el sector privado en favor de nuestros Estados miembros”, afirmó Ivan Marques, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

“Nuestra colaboración con Microsoft contribuirá a fortalecer la inteligencia sobre ciberamenazas y a construir un futuro digital más seguro y resiliente para las Américas”, agregó.

Por qué preocupa el aumento de ciberataques en América Latina

El informe de Check Point Research atribuye la presión sobre América Latina al rápido avance de la digitalización en todos los sectores económicos y a una madurez desigual en ciberseguridad que todavía no alcanza un estándar homogéneo en la región. Esa combinación abre nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.

En el desglose por países, Brasil encabezó el ranking regional con 4.118 ataques semanales por organización. Detrás quedaron Colombia, con 4.090; México, con 3.548; y Argentina, con 2.800, cifra que en su caso implicó un crecimiento interanual del 15%.

Asimismo, el estudio identificó a la educación, el gobierno y las telecomunicaciones entre los sectores más golpeados. A escala global, el sector educativo volvió a ubicarse como el más atacado, con 4.946 ataques semanales por organización y un incremento interanual del 8%.

En este sentido, la respuesta que proponen Microsoft y la OEA es clave porque se apoya en la colaboración público-privada como mecanismo para proteger activos digitales, preservar la continuidad operativa y reforzar la confianza de ciudadanos y empresas frente a amenazas cada vez más complejas, transfronterizas y costosas.

Durante su discurso dado el 10 de junio de 2026, el mandatario defendió el papel de estos organismos para la estabilidad y la proyección internacional del país.

Ante la posibilidad de que Colombia abandone la ONU y la OEA, Petro aseguró que una decisión de ese tipo supondría un retroceso y aislaría a la nación del diálogo global. Además, remarcó que la permanencia en estos foros internacionales permite afrontar desafíos que afectan tanto al país como al resto del mundo.

“Salir de la ONU o de la OEA sería una desgracia. Yo por eso estoy aquí. Porque hablando ya de otros temas que muchos colombianos creen ajenos, pero que están muy relacionados. Ya nada que pasa en el mundo es ajeno a cualquier parte de la humanidad”, expresó Petro en su intervención en Nueva York.

El presidente subrayó que Colombia se mantenga conectada con los organismos multilaterales y que los problemas globales también impactan la realidad nacional y justificó así su presencia ante instancias internacionales.

El contexto del debate sobre organismos multilaterales en Colombia

El debate sobre la continuidad de Colombia en organismos internacionales adquirió fuerza luego de una propuesta de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, quien cuestionó el papel y el beneficio de la ONU y la OEA para el país.

“Ni la ONU ni la OEA me gustan. ¿De qué ha servido eso a Colombia? Eso es un directorio ahí político...”, declaró De la Espriella al plantear que los recursos destinados a estas entidades deberían redirigirse a programas sociales internos.

El candidato señaló que la participación en organismos multilaterales representa un “beneficio limitado” en comparación con los montos que el Estado aporta anualmente en cuotas internacionales.

Defendió su intención de revisar la permanencia de Colombia tanto en la ONU como en la OEA bajo un enfoque de racionalización del gasto público. Durante una entrevista, De la Espriella dijo: “Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Vamos a revisarlo”, sin especificar alternativas concretas para mantener la interlocución internacional del país.

Petro y la historia de la violencia en Colombia

Para justificar su postura en su discurso ante la ONU, llevado a cabo el 10 de junio, Gustavo Petro evocó episodios de la historia colombiana para explicar la importancia de la integración con el mundo. “La violencia en Colombia tiene tres fases muy claras. Cuando no había nacido, la violencia de nuestros padres y abuelos, que era entre partidos políticos, Liberal y Conservador, dejó 300 mil muertos“, recordó el presidente. Petro calificó esos hechos como genocidio.

Relacionó esa etapa con un periodo en que Colombia carecía de conexiones sólidas con la comunidad internacional e identificó la influencia de doctrinas externas extremistas en los líderes nacionales de la época. El mandatario sostuvo que la integración global y la participación activa en organismos multilaterales ayudan a impedir el aislamiento y a ofrecer la experiencia colombiana al debate mundial. “He tratado que mi experiencia sirva. La experiencia colombiana, exitosa o no, sirva”, reflexionó.

Según Petro, permanecer en foros como la ONU y la OEA fortalece la capacidad del país para responder ante crisis internacionales y colaborar en desafíos de escala global.

“Una experiencia como esa, éramos once millones de habitantes, trescientos mil campesinos asesinados con masacres, con genocidio, le llamo yo. Eh, fue por un mal uso de los medios de comunicación de entonces, radio y otros. Púlpito era un medio de comunicación. Las voces de los que eran los presidentes en ese entonces, que en mi opinión seguían también las doctrinas de Franco, de Hitler y Mussolini”, ejemplificó Petro ante la ONU.

Consideró que la interdependencia actual impide que se pueda separar la realidad nacional de los acontecimientos fuera de las fronteras.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a la ciudadanía peruana y a los distintos actores políticos a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, marcada por una estrecha diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

El pronunciamiento fue realizado por Víctor Rico, jefe de la misión de observación desplegada en el país, quien destacó la importancia de respetar los procedimientos establecidos por las autoridades electorales mientras continúa el procesamiento de actas y la resolución de observaciones presentadas durante el proceso.

“La misión hace un llamado a todos los actores a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales”, señaló Rico al referirse al escenario generado por el ajustado resultado de la contienda presidencial.

OEA pide agilizar revisión de actas observadas

Además de exhortar a la calma, la misión internacional consideró necesario que las autoridades electorales resuelvan con rapidez los recursos y observaciones pendientes para brindar mayor certidumbre a la población.

En ese sentido, Rico indicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) deben atender “con la mayor celeridad posible las observaciones e impugnaciones que reciban en relación con esta segunda elección presidencial”.

La recomendación se produce mientras continúan las labores de revisión y procesamiento de actas observadas, una etapa clave para la definición de los resultados oficiales en una elección caracterizada por una diferencia reducida entre ambos postulantes.

Candidatos prometieron

La misión de observación también saludó las declaraciones realizadas por los candidatos presidenciales respecto al respeto de los resultados oficiales que proclamen los organismos electorales.

Según explicó Rico, ambos aspirantes a la Presidencia han reconocido que la elección presenta un margen estrecho entre los contendientes. Asimismo, destacó que los dos han expresado su disposición a aceptar el resultado final emitido por las autoridades competentes.

Para la OEA, este compromiso contribuye a fortalecer la confianza en el proceso electoral y favorece un clima de estabilidad mientras concluyen las etapas pendientes del escrutinio.

Jornada electoral y casos reportados

Durante su evaluación preliminar, la misión observó que la jornada electoral del 7 de junio se desarrolló de manera pacífica en los distintos puntos supervisados por los observadores internacionales.

Rico señaló que tanto la votación como el escrutinio se realizaron de forma ordenada y conforme a los procedimientos establecidos por los organismos electorales. Asimismo, se refirió a los reportes sobre presuntas cédulas electorales manipuladas que circularon durante la jornada.

Al respecto, indicó que el Ministerio Público informó que los casos fueron detectados en cinco distritos de Lima y cinco regiones del país. Añadió que todas las cédulas observadas fueron reemplazadas siguiendo los protocolos establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fortalecer la transmisión digital de resultados

La Misión de Observación Electoral de la OEA recomendó fortalecer los mecanismos de transmisión digital de resultados preliminares para futuros procesos electorales. Según explicó Víctor Rico, esta medida permitiría brindar mayor certeza a la ciudadanía durante las etapas iniciales del conteo de votos.

El jefe de la misión señaló que uno de los aspectos que llamó la atención de los observadores fue la suspensión de la transmisión digital de datos correspondientes a los votos emitidos en el extranjero y en algunos distritos de Lima durante la segunda vuelta electoral.

Asimismo, informó que la misión permanecerá en el país observando las siguientes etapas del proceso electoral. Una vez concluida la elección, la OEA emitirá un informe final con sus hallazgos y recomendaciones sobre el desarrollo de los comicios en el Perú.

(Desde Washington, Estados Unidos) Por primera vez en la historia, Estados Unidos canceló la visa diplomática a la jefa de Gabinete del secretario General de la OEA, que está bajo investigación penal por un supuesto caso de corrupción pública en Surinam.

Se trata de Xaviera Jessurun, que hasta ayer era jefa de Gabinete de Albert Ramdin, secretario General de la OEA. Ramdin y Jessurun se conocen desde hace años, y trabajaron juntos en Surinam.

Ramdin fue canciller de ese país caribeño, y Jessurun fue su principal asistente de confianza. En ese contexto, el canciller designó a Jessurun en una comisión oficial que debía analizar la privatización de la compañía de aviación de Surinam.

El dos de febrero de 2025, Jessurun fue imputada por corrupción, fraude y blanqueo de capitales, y el actual gobierno de Surinam canceló su pasaporte diplomático.

A Ramdin no le preocupó la imputación penal contra Jessurun, y la nombró en la OEA en mayo de 2025.

Cuando se lo consultó acerca del proceso penal que enfrentaba su asesora mas cercana, el secretario General relativizó las evidencias recogidas en el expediente judicial.

La defensa explícita que Ramdin hizo de Jessurun fue cuestionada por Lee Rizzuto, embajador de Estados Unidos en la OEA. Y a los pocos días, la administración Trump redactó un memorándum interno que desnudó la protección política que ejercía Ramdin a favor de su entonces jefa de Gabinete.

“Bajo el liderazgo del Secretario General Albert Ramdin, la institución está actualmente envuelta en un escándalo que se lee menos como un registro diplomático y más como un cuento de advertencia de nepotismo, imprudencia fiscal y flagrante falta de respeto por los estados miembros. En el corazón de esta tormenta está el meteórico —y altamente cuestionable— ascenso de Xaviera Jessurun", advirtió el memo interno que lleva como título “¿Diplomacia o Dinastía? La Crisis de Credibilidad en la OEA".

Y completó:

“Llamar a Jessurun “poco calificada” para una de las posiciones más poderosas en la diplomacia del hemisferio occidentales un cortés eufemismo.Antes de esto, su currículum presentaba un período como asistente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam. Ella no poseía ni la experiencia diplomática de alto nivel ni la permanencia institucional típicamente requeridas para manejar los complejos intereses geopolíticos de 32 estados miembros (de la OEA)“.

La publicación que hizo Infobae en exclusiva del memo interno desembocó en un encuentro reservado entre Ramdin y Rizzuto.

El embajador de Estados Unidos llegó a la cita asumiendo que el secretario General de la OEA entendía la crisis de confianza que enfrentaba con la Casa Blanca.

Rizzuto se equivocó.

Ramdin lo esperaba en su despacho junto a Jessurun, que no se inmutó cuando el amigo personal de Donald Trump ratificó que el memo publicado por Infobae era cierto.

Durante el cónclave, Ramdin y Rizzuto discutieron durante 20 minutos, y la conversación fue más allá de los cánones diplomáticos.

Todos los embajadores de la OEA participan de un grupo de chat en WhatsApp para articular reuniones e intercambiar información reservada.

Tras su discusión con Ramdin, Rizzuto posteó un chat en el Grupo de la OEA que reflejaba la posición de la Casa Blanca respecto al secretario General.

Ese chat, al que accedió en exclusiva Infobae, decía lo siguiente:

“ASUNTO: Preocupaciones urgentes respecto a acciones recientes del Secretario General

Excelencias y estimados colegas,

Les escribo para compartir los detalles de una reunión altamente preocupante que tuve hoy con el Secretario General, la cual tuvo lugar a su solicitud. Acepté esta reunión para abordar directamente los crecientes problemas que amenazan la integridad y la reputación de nuestra organización.

Durante nuestra discusión, expresé una grave preocupación por el daño institucional causado por el reciente artículo de Infobae. Específicamente, cuestioné la decisión unilateral del Secretario General de promover a su asistente al cargo de Jefa de Gabinete. Esta decisión es profundamente preocupante por varias razones. Investigación en curso: La persona en cuestión se encuentra actualmente bajo investigación penal en su país de origen y se le ha revocado su pasaporte diplomático. Compensación injustificada: La promoción estuvo acompañada por un aumento salarial significativo, muy superior a su remuneración base anterior. (250.000 dólares libres de impuestos) Desconsideración hacia los Estados Miembros: Esta acción fue tomada a pesar de solicitudes directas de Estados Miembros sugiriendo que la promoción fuera retenida hasta que los asuntos legales en su país de origen fueran completamente aclarados.

El Secretario General continúa ignorando la significativa vergüenza que el artículo de Infobae y está situación han causado a la OEA.

Lo más alarmante es que, al ser confrontado con estos hechos, el Secretario General afirmó arrogantemente que “REPORTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.”

Rizzuto sabe que en política, el plato se come frío.

Fue hasta el Departamento de Estado y comentó su conversación con Ramdin. El secretario Marco Rubio escuchó con atención, y al final decidió cancelar la visa de Xaviera Jessurun, a pesar de un postrero esfuerzo del secretario General para salvar la situación legal de su perenne asistente personal.

La comunicación oficial llegó ayer a la Secretaría General, y a Jessurun no le quedó otra alternativa que renunciar.

-¿Jessurun cuándo se tiene que ir?-, preguntó Infobae a un vocero de la administración Trump.

-Cuanto antes-, contestó.

Infobae consultó al entorno de Ramdin respecto a la decisión inédita del Departamento de Estado.

Textual, se respondió lo siguiente:

-“Tras la recepción de una nota diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el asunto fue revisado internamente. En ese contexto, la Jefa de Gabinete ha presentado su renuncia en el mejor interés de la Organización y con el propósito de dar por concluido este asunto.

-“El Secretario General permanece plenamente enfocado en promover los objetivos y propósitos de la Organización y continúa dedicando toda su atención a su labor. Su prioridad inmediata es garantizar una Asamblea General exitosa en la Ciudad de Panamá, centrada en los temas sustantivos y las prioridades identificadas por los Estados Miembros".

La respuesta del entorno de Ramdin es puro optimismo político.

Estados Unidos no quiere que continúe como secretario General y aguardará que concluya la Asamblea General en Panama para ejercer su poder regional.

La mayoría de los embajadores de la OEA consideran que Ramdin mintió cuando designó a Jessurun y la protegió cuando fue imputada por la justicia de Surinam.

Demasiado por un foro regional que depende de la Casa Blanca y tiene escaso prestigio institucional.

La posible salida de Colombia de la ONU y la OEA, planteada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ha abierto un debate sobre la política exterior del país.

Según declaraciones dadas por De la Espriella, estos organismos multilaterales ofrecen un “beneficio limitado” frente a los altos costos que implican para el país, sin embargo, afirmó que, “no es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, según sus declaraciones en el programa Vélez por la Mañana.

El candidato De la Espriella justifica su propuesta alegando que los recursos destinados al pago de cuotas y compromisos internacionales de organismos como la ONU y la OEA podrían ser mejor empleados en el fortalecimiento de programas sociales y necesidades internas.

Los motivos de la propuesta para que Colombia salga de la ONU y la OEA

Durante la entrevista, De la Espriella subrayó que la permanencia de Colombia en la ONU y la OEA será objeto de revisión en caso de llegar a la presidencia. La propuesta forma parte de una estrategia de simplificación del Estado y reducción del gasto público.

“Yo para tomar decisiones hago lo siguiente: ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Qué produce esto? Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo seriamente porque, a ver, ¿cuáles son las ventajas que tiene estar en un organismo como ese?, que eso volvió pura burocracia, pura politiquería y habladera de paja... Lo que no le produzca a Colombia, claro que por supuesto lo vamos a eliminar. Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Vamos a revisarlo”, explicó el candidato presidencial.

Aunque reconoció que la Constitución no prohíbe una eventual retirada de estos organismos, considera que la prioridad nacional debe estar en fortalecer la inversión interna y destinar menos dinero a contribuciones internacionales.

El aspirante no detalló los procedimientos específicos para una posible retirada ni aclaró con qué “organismos internacionales” Colombia mantendría vínculos, limitándose a reiterar la necesidad de optimizar recursos públicos.

Finalmente, sobre el tema, Abelardo De la Espriella opinó que “La verdad es que ni la ONU ni la OEA me gustan. Eso, ¿de qué ha servido a Colombia? Eso, eso es un directorio ahí político de la izquierda donde mandan una gente aquí de Colombia para que se jubile allá. Habla paja. ¿Eso qué le produce? Yo con esa plata puedo cambiarle la vida a muchos colombianos".

Hasta el momento, De la Espriella no ha presentado alternativas sobre la manera de sostener la interlocución global o cuáles alianzas reemplazarían los vínculos actuales.

La encuesta de CB Global Data da como ganador a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Abelardo de la Espriella aparece como ganador de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia, según una encuesta de CB Global Data, un escenario que lo ubica por delante de Iván Cepeda Castro tanto en intención inmediata de voto como en potencial electoral.

La medición, realizada entre el 1 y 4 de junio de 2026, indica que De la Espriella reúne un respaldo firme de 46,7% entre quienes aseguran que definitivamente votarían por él, mientras que otro 5,2% lo considera una opción posible, según CB Global Data. En el caso de Iván Cepeda, el apoyo definitivo llega a 41,9% y el respaldo probable a 5,9%.

Ese cruce de apoyos y dudas deja al candidato de Defensores de la Patria con un potencial electoral de 51,9%, frente al 47,8% del aspirante del Pacto Histórico, de acuerdo con la encuesta citada.

La diferencia también aparece cuando se pregunta por el voto de rechazo: 46,3% dice que no votaría bajo ninguna circunstancia por De la Espriella y 50,4% afirma que nunca apoyaría a Cepeda.

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, los organismos electorales ultiman los detalles para garantizar una jornada transparente y con supervisión nacional e internacional. En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la participación de 587 observadores internacionales, quienes llegarán al Perú como parte de 23 misiones electorales y organizaciones especializadas en asistencia técnica para seguir de cerca el desarrollo de los comicios del próximo 7 de junio.

La presencia de delegaciones extranjeras forma parte de los mecanismos de vigilancia democrática que acompañan los procesos electorales en distintos países. Los observadores estarán distribuidos en diversas regiones del territorio nacional y tendrán la tarea de monitorear diferentes etapas de la jornada electoral, desde la instalación de mesas hasta el cierre de la votación y el desarrollo de los procedimientos posteriores.

Delegaciones internacionales recorrerán distintas regiones durante la segunda vuelta

De acuerdo con la información difundida por el JNE, las misiones internacionales llegarán desde distintos países y organizaciones especializadas en materia electoral. Para facilitar sus labores, la institución ha implementado medidas destinadas a garantizar el acceso a información relevante y el desplazamiento de los observadores por diferentes zonas del país.

Entre las principales entidades invitadas figuran la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB), el Centro Carter y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

A ellas se suman otras organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos, la observación democrática y la cooperación electoral internacional. Entre estas destacan el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y Transparencia Electoral.

Las actividades de estas delegaciones no se limitarán únicamente al día de la votación. Durante su permanencia en el Perú sostendrán reuniones con representantes de los organismos del sistema electoral, integrantes de organizaciones políticas, medios de comunicación y diversos actores de la sociedad civil.

Asimismo, dentro de las entidades que brindarán asistencia técnica electoral internacional figuran las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, además del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), IDEA Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La observación electoral internacional es considerada una herramienta fundamental para evaluar el desarrollo de los procesos democráticos. A través de sus informes y recomendaciones, estas misiones analizan aspectos vinculados a la organización de los comicios, la participación ciudadana, las garantías para los actores políticos y el cumplimiento de los estándares electorales.

OEA y Unión Europea ya iniciaron su despliegue para supervisar la jornada electoral

Mientras se acerca la fecha de la elección presidencial, algunas de las principales misiones internacionales ya comenzaron su despliegue en el territorio nacional. Una de ellas es la Misión de Observación Electoral de la OEA, que informó que sus coordinadores regionales culminaron en Lima las jornadas de capacitación previas a su distribución en distintas regiones del país.

Según informó la organización, los coordinadores participaron en sesiones de trabajo junto a especialistas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde recibieron información sobre la metodología de observación, aspectos operativos y detalles logísticos relacionados con el seguimiento de la jornada electoral.

Las capacitaciones estuvieron encabezadas por el jefe de misión, Víctor Rico Frontaura, quien dio la bienvenida a los equipos encargados de supervisar el proceso en diferentes departamentos del país.

La misión de la OEA está integrada por 92 especialistas y observadores procedentes de 21 países, quienes tendrán presencia en los 24 departamentos del Perú, la Provincia Constitucional del Callao y también en cuatro ciudades del exterior, donde ciudadanos peruanos acudirán a votar.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea confirmó el despliegue de 50 observadores de corto plazo, quienes se trasladaron a diversas regiones para monitorear el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

El trabajo de estas delegaciones permitirá recopilar información sobre la organización de los comicios, la participación ciudadana, el funcionamiento de los locales de votación y otros aspectos vinculados al proceso electoral. Posteriormente, las misiones elaborarán reportes y evaluaciones técnicas que serán presentados tras la jornada electoral.

Con la llegada de casi 600 observadores internacionales, el Perú se prepara para una de las fases más importantes de las Elecciones 2026, en una jornada que contará con seguimiento especializado tanto dentro como fuera del territorio nacional.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Fundación para el Estado de Derecho enviaron una carta a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), alertando sobre la posible afectación de la neutralidad institucional y la equidad en la contienda presidencial de 2026 por parte de intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro.

Según la comunicación, la preocupación central radica en la reiteración de pronunciamientos de contenido electoral desde la Presidencia. Las organizaciones sostienen que el mandatario ha intervenido en controversias de competencia exclusiva de las autoridades electorales y ha empleado recursos institucionales en plena campaña presidencial.

Mencionan que estas actuaciones “plantean serias preocupaciones respecto de los principios de neutralidad institucional, equidad en la contienda electoral y confianza pública en el proceso electoral presidencial colombiano de 2026”.

Los firmantes advierten que las conductas señaladas podrían contravenir el artículo 127 de la Constitución, la Ley 996 de 2005 y estándares internacionales sobre equidad electoral. En la misiva, se indica que “el deber de abstención contenido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005” se vería comprometido ante este tipo de intervenciones.

La carta detalla que la utilización de canales institucionales, como cuentas oficiales de la Presidencia, ministerios y medios públicos, habría servido para difundir mensajes con contenido político-electoral. Las organizaciones consideran relevante que misiones internacionales de observación han advertido sobre este tipo de conductas en el pasado. Según el documento, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea “documentó múltiples situaciones relacionadas con la promoción de logros gubernamentales por parte de entidades” en su declaración preliminar del 2 de junio de 2026.

Entre las solicitudes, la Andi y la Fundación para el Estado de Derecho pidieron a la OEA elevar el nivel de respuesta institucional frente a estos hechos. Exigen que la Misión emita un pronunciamiento público y urgente sobre la conducta del presidente antes del 21 de junio, fecha de la segunda vuelta.

La carta señala que “esas recomendaciones vienen siendo ignoradas en las horas siguientes”, en referencia a los llamados de atención registrados por la Misión y por el Consejo de Estado.

Las organizaciones solicitaron reforzar la presencia de la observación internacional durante la campaña, el día de la votación, el escrutinio y la proclamación de los resultados. Consideran que la vigilancia internacional sería necesaria para respaldar la transparencia del proceso en la segunda vuelta presidencial.

Otro punto destacado es la petición para que la Misión de la OEA se pronuncie expresamente sobre el desacato del presidente Gustavo Petro a órdenes judiciales en materia de propaganda electoral y mensajes sobre la confiabilidad de la organización electoral. En la carta se solicita que se califique esa conducta como “factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta presidencial”.

Además, la misiva invita a la Misión a recordar públicamente a todos los actores políticos, incluido el Ejecutivo, “el deber de respetar las reglas electorales, la neutralidad del Estado, la igualdad de condiciones entre candidaturas y la aceptación institucional de los procedimientos legales de escrutinio y proclamación”.

Los remitentes también instan a la Misión a documentar en su informe final el uso de canales estatales, como Inravisión, @infopresidencia, @DapreCol y el canal de YouTube de la Presidencia, para la difusión de contenidos electorales y evaluar si ello afectó la igualdad de condiciones entre candidatos.

Finalmente, la Andi y la Fundación para el Estado de Derecho piden que se solicite al Estado colombiano información sobre las acciones de la Procuraduría General de la Nación para vigilar el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026. El texto advierte: “la falta de información sobre el estado de tramitación y cumplimiento de las actuaciones dificulta conocer el alcance de la respuesta institucional”.

Entre otras solicitudes, plantean que la Misión de la OEA asigne un punto focal para recibir denuncias y alertas sobre participación política indebida de servidores públicos, así como presión institucional sobre autoridades electorales. Además, piden garantías para que la observación internacional acceda a autoridades electorales, campañas, medios de comunicación, sociedad civil, auditores tecnológicos y observadores nacionales.

Ambas organizaciones felicitaron el desarrollo de la jornada y destacaron la importancia de que la segunda vuelta del próximo 21 de junio transcurra bajo las mismas condiciones.

El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, envió un mensaje de apoyo al proceso electoral y expresó: “Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo”.

Campbell confirmó la presencia de la ONU durante la jornada, señalando que la organización acompañó el evento para monitorear la situación de derechos humanos.

Durante su balance, Campbell indicó que la ONU no documentó violaciones o vulneraciones significativas de derechos humanos en la jornada electoral. Además, enfatizó la importancia de que en las próximas semanas se respete el compromiso por unas elecciones libres y en paz, así como la implementación de las recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la OEA reconoció la labor de las autoridades electorales y del pueblo colombiano. El secretario general, Albert R. Ramdin, valoró la participación ciudadana y la organización de la jornada, que calificó de pacífica y ordenada. Ramdin también anunció que la OEA estará presente en la segunda vuelta con una robusta misión de observación.

En este contexto, Leonel Fernández, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, dirigió un mensaje a la ciudadanía. “Felicito al país por una jornada cívica tranquila y participativa, que tuvo una concurrencia ciudadana superior a la registrada en anteriores elecciones presidenciales”, afirmó.

Fernández precisó que la misión desplegó noventa y seis observadores y especialistas en veintiséis departamentos, el Distrito Capital y cinco ciudades en el exterior. El despliegue permitió analizar diferentes fases del proceso, desde la etapa previa hasta los escrutinios.

El jefe de la misión destacó el papel de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los jurados de votación. “Reconocemos el trabajo profesional de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los jurados de votación, que garantizaron que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad”, sostuvo Fernández. Además, saludó la instalación del cien por ciento de las mesas de sufragio tanto en Colombia como en el exterior.

Fernández detalló que los observadores visitaron 412 puestos de votación y 1.340 mesas, donde constataron que la jornada transcurrió de manera fluida, el conteo de votos siguió los procedimientos oficiales y el material electoral permaneció custodiado. La misión observó que el sistema de preconteo funcionó con rapidez y permitió la difusión de resultados preliminares dos horas después del cierre de las urnas.

En su mensaje, Fernández felicitó a las dos fórmulas que avanzaron a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio. Invitó a las candidaturas y a sus equipos de campaña a promover un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa. “La ciudadanía se beneficia de debates enfocados en propuestas y visiones para el futuro del país”, manifestó.

La misión de la OEA llamó a todos los actores nacionales e internacionales a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad soberana del pueblo colombiano. Fernández remarcó que, en esta fase, resulta fundamental que el diálogo entre las fuerzas políticas y las autoridades electorales contribuya a disipar dudas y canalizar reclamos a través de los mecanismos institucionales.

La misión permanece en territorio colombiano para observar los escrutinios y anunció la próxima presentación de un informe con hallazgos y recomendaciones para la segunda vuelta. La OEA confirmó que desplegará nuevamente un equipo de observadores con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia.

Mientras América Latina concentra algunos de los índices de violencia más altos del mundo, una organización argentina intenta instalar en el sistema interamericano un debate históricamente postergado: el reconocimiento pleno de las víctimas del delito como sujetos de derechos humanos.

La iniciativa parte de un diagnóstico contundente: América Latina y el Caribe concentran aproximadamente el 33% de los homicidios del mundo pese a representar apenas el 8,3% de la población global, situación que evidencia -según el propio texto de la Convención- una crisis estructural de violencia y desprotección institucional.

En ese contexto, las Dras. Mariana Romano y María Jimena Molina, representantes de la Asociación Civil Usina de Justicia, participarán de la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que este año tendrá lugar en Panamá, donde continuarán impulsando la “Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito”, una iniciativa inédita en la región destinada a establecer obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados americanos en materia de acceso a la justicia, reparación integral, protección frente a la revictimización y participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales.

Usina de Justicia -presidida por la Dra. Diana Cohen Agrest- es actualmente la única organización de la sociedad civil especializada en derechos de las víctimas reconocida como miembro permanente ante la OEA, condición que le ha permitido sostener durante años una agenda internacional de incidencia jurídica y diplomática en Washington DC y en distintos foros interamericanos.

La iniciativa no surge de manera aislada. Durante los últimos años, la organización desarrolló reuniones de trabajo con funcionarios, juristas, académicos y representantes diplomáticos de distintos países de la región, además de impulsar la circulación formal del proyecto ante las Cancillerías americanas. En las últimas semanas, las Cancillerías de Costa Rica, Colombia, Honduras y Chile respondieron favorablemente al envío de la propuesta, mientras que también se prevén encuentros institucionales y reuniones diplomáticas durante la Asamblea General en Panamá.

Asimismo, las representantes de la organización esperan mantener una reunión con el equipo de la Cancillería argentina y con el embajador argentino ante la OEA, Dr. Carlos Cherniak, en el entendimiento de que la Argentina podría desempeñar un rol central en el impulso diplomático de la Convención y liderar un cambio de paradigma regional en materia de derechos humanos de las víctimas.

En paralelo al trabajo internacional, las representantes de Usina de Justicia mantuvieron recientemente una reunión con la Directora Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cornelia Schmidt-Liermann, y con el Subsecretario Legal de la cartera, Diego Goldman, quienes manifestaron su apoyo institucional a la propuesta y la necesidad de avanzar en un trabajo articulado e interministerial que permita que la Argentina pueda liderar esta iniciativa en el ámbito regional.

La propuesta cuenta además con el respaldo de referentes internacionales de la victimología y la criminología contemporánea, entre ellos los Dres. Irvin Waller, María de la Luz Lima Malvido, Hilda Marchiori, Darío Solís, Marcelo Aebi y Luis Rodríguez Manzanera, quienes han acompañado las actividades académicas y los simposios internacionales organizados por Usina de Justicia.

También acompaña la iniciativa Victim Support Europe, considerada una de las organizaciones más relevantes del continente europeo en materia de asistencia y protección integral de víctimas, cuyos estándares fueron tomados como referencia en distintos aspectos del proyecto.

A diferencia de lo que ocurre en Europa y en otros sistemas regionales, el sistema interamericano no cuenta actualmente con un instrumento vinculante específico orientado a la protección integral de las víctimas del delito. La Convención impulsada por Usina de Justicia busca precisamente reparar ese vacío jurídico e institucional que, durante décadas, relegó a millones de víctimas a los márgenes del sistema, condenándolas muchas veces no solo al dolor del delito, sino también a un silencio lacerante.

Desde la organización sostienen que el proyecto no busca confrontar con las garantías constitucionales ni con los derechos del imputado, sino equilibrar un sistema que históricamente relegó a las víctimas a un rol secundario. El propio texto del instrumento afirma que un enfoque centrado en las víctimas es plenamente compatible con el debido proceso y constituye una condición necesaria para fortalecer la legitimidad democrática de la justicia penal.

La organización considera que el contexto actual ofrece una oportunidad histórica para que la Cancillería argentina incorpore formalmente la propuesta a la agenda diplomática nacional y encabece un proceso hemisférico orientado a reconocer estándares mínimos de protección para millones de víctimas en América.

El proyecto impulsado por Usina de Justicia no busca únicamente incorporar nuevas herramientas jurídicas, sino redefinir el lugar de las víctimas dentro del sistema de justicia y de la agenda regional de derechos humanos. Se trata de abandonar un paradigma que durante décadas las relegó a un rol secundario y avanzar hacia una concepción fundada en la dignidad humana, la verdad y la reparación efectiva. Lo que está en juego no es solo la aprobación de una convención interamericana, sino una decisión moral de la región: continuar administrando el sufrimiento de las víctimas como una consecuencia inevitable de la violencia o asumir, finalmente, que no puede existir una justicia verdadera allí donde el dolor humano permanece invisibilizado.

(Desde Washington, Estados Unidos) Un ácido cónclave entre Albert Ramdin -secretario General de la OEA- y Lee Rizzuto -embajador de Estados Unidos- desembocó en una inédita crisis política protagonizada por la conducción del foro regional y la Casa Blanca.

El 19 de mayo, Infobae publicó en exclusiva un memorándum interno de la administración Trump que proponía “nombrar a un investigador independiente” para determinar si Ramdin había cometió irregularidades contables al momento de ejecutar el presupuesto de la OEA.

“Bajo el liderazgo del Secretario General Albert Ramdin, la institución está actualmente envuelta en un escándalo que se lee menos como un registro diplomático y más como un cuento de advertencia de nepotismo, imprudencia fiscal y flagrante falta de respeto por los estados miembros. En el corazón de esta tormenta está el meteórico —y altamente cuestionable— ascenso de Xaviera Jessurun", advierte el memo interno.

Xaviera Jessurun está involucrada en un caso de corrupción, fraude y blanqueo de capitales, que investiga la justicia de Surinam. Ramdin conoce el caso penal, y sin embargo respaldó a su jefe de Gabinete, que todavía no pudo demostrar su inocencia.

En este contexto, Ramdin convocó a Rizzuto en su despacho de la OEA. La reunión fue el 21 de mayo y terminó de la peor manera para Ramdin: Rizzuto le confirmó que era cierta la información exclusiva publicada por Infobae.

Durante el cónclave, Ramdin y Rizzuto discutieron durante 20 minutos, y la conversación fue más allá de los cánones diplomáticos.

El secretario de la OEA creyó que podía revertir los cuestionamientos éticos que le imputó el embajador de Estados Unidos, y cuando asumió que sus argumentos quedaban inertes por la evidencia en contra, apeló a sus presuntas relaciones de poder con Marco Rubio, secretario de Estado.

Rizzuto no se inmutó ante el tono de Ramdin, y terminó la reunión reivindicando su ascendencia italiana.

El embajador republicano es impermeable ante las presiones políticas, y tiene una profunda relación personal con Donald Trump.

Todos los embajadores de la OEA participan de un grupo de chat en WhatsApp para articular reuniones e intercambiar información reservada.

Tras su discusión con Ramdin, Rizzuto posteó un chat en el Grupo de la OEA que refleja la posición de la Casa Blanca respecto al secretario General.

Ese chat, al que accedió en exclusiva Infobae, dice lo siguiente:

“ASUNTO: Preocupaciones urgentes respecto a acciones recientes del Secretario General

Excelencias y estimados colegas,

Les escribo para compartir los detalles de una reunión altamente preocupante que tuve hoy con el Secretario General, la cual tuvo lugar a su solicitud. Acepté esta reunión para abordar directamente los crecientes problemas que amenazan la integridad y la reputación de nuestra organización.

Durante nuestra discusión, expresé una grave preocupación por el daño institucional causado por el reciente artículo de Infobae. Específicamente, cuestioné la decisión unilateral del Secretario General de promover a su asistente al cargo de Jefa de Gabinete. Esta decisión es profundamente preocupante por varias razones. Investigación en curso: La persona en cuestión se encuentra actualmente bajo investigación penal en su país de origen y se le ha revocado su pasaporte diplomático. Compensación injustificada: La promoción estuvo acompañada por un aumento salarial significativo, muy superior a su remuneración base anterior. (250.000 dólares libres de impuestos) Desconsideración hacia los Estados Miembros: Esta acción fue tomada a pesar de solicitudes directas de Estados Miembros sugiriendo que la promoción fuera retenida hasta que los asuntos legales en su país de origen fueran completamente aclarados.

El Secretario General continúa ignorando la significativa vergüenza que el artículo de Infobae y está situación han causado a la OEA.

Lo más alarmante es que, al ser confrontado con estos hechos, el Secretario General afirmó arrogantemente que “REPORTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.”

Este comportamiento delirante es de enorme preocupación. Parece que su elección para un mandato de cinco años ha distorsionado gravemente su comprensión de los poderes, autoridades y supervisión de los Estados Miembros.

Como cuerpo colectivo, debemos asegurar que el liderazgo de la OEA refleje los mejores intereses de sus miembros y salvaguarde la institución por encima de todo. Esta sigue siendo nuestra responsabilidad principal, y los insto a considerar nuestros próximos pasos colectivamente respecto a esta clara violación de juicio y del deber institucional.

Atentamente".

Fuentes cercanas a Ramdin señalaron a Infobae que la reunión con Rizzuto, convocada por su propia iniciativa, “fue una conversación privada sostenida en el curso normal de las labores de la Organización y que, por lo tanto, consideran lamentable que aspectos de dichas discusiones pudieran haberse hecho públicos”.

Asimismo, desde la secretaría General aseguraron a Infobae que Ramdin “mantiene contacto regular con los Representantes Permanentes de todos los Estados Miembros y que tiene la intención de continuar haciéndolo con pleno respeto a los principios de privacidad, discreción y diplomacia que orientan el trabajo de la Organización”.

Por último, las fuentes de la OEA señalando que Ramdin “permanece plenamente enfocado en avanzar el trabajo de la Organización en áreas críticas, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de la agenda democrática en el Hemisferio Occidental y los esfuerzos de reforma institucional solicitados por los Estados Miembros”.

La composición geopolítica de la OEA implica a socios directos de Estados Unidos, adversarios ideológicos y bloques regionales que pesan al momento de tomar decisiones políticas claves.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son socios directos de la administración Trump.

Lula da Silva -Brasil-, Gustavo Petro -Colombia- y Claudia Sheinbaum -México- presentan habitualmente una agenda confrontativa con los intereses de la Casa Blanca.

Y por último están los países del Caribe -CARICOM- que forman un bloque homogéneo que les permitió colocar a Ramdin como secretario de la OEA.

Estados Unidos reconoce que la Secretaría General de la OEA pertenece al Caribe durante este período, y que la probable dimisión de Ramdin no significa que el CARICOM pierda ese espacio de poder en el foro regional.

También el Departamento de Estado asume que Brasil, México y Colombia sostendrán a Ramdin frente a los reclamos de la administración Trump, que objeta sus estándares éticos y morales.

En cambio, los socios directos de Estados Unidos ya conocen la postura política de la diplomacia americana, y votarían en consecuencia.

La Casa Blanca es el principal aportante financiero de la OEA, y sin su generoso presupuesto anual, esta organización regional quedaría al borde del knock out.

A su turno, todos los estados miembros de la OEA reconocen su valor institucional y su peso geopolítico en la región.

Entonces, al margen de las distintas perspectivas ideológicas, ningún país pondrá en juego la estabilidad del foro multilateral por Ramdin y su peculiar administración personalísima.

Estados Unidos necesita 23 votos para remover a Ramdin. Ya tendría 12, y contando.

Bolivia estuvo en la mirada internacional la última semana, debido a los múltiples conflictos sociales que enfrentó el gobierno de Rodrigo Paz con reclamos sindicales que derivaron en pedidos de renuncia y bloqueos de carreteras que prácticamente han paralizado el país.

Las manifestaciones han provocado el posicionamiento de la comunidad internacional frente al gobierno de Paz, que ha recibido un respaldo casi unánime. Posiblemente el más significativo sea el del gobierno de Estados Unidos, con el que Bolivia no tiene oficialmente relaciones diplomáticas plenas desde 2008 —cuando el expresidente Evo Morales expulsó al embajador Philip Goldberg en medio de acusaciones de conspiración—, pero con el que hubo un giro en la actual administración, que forma parte del “Escudo de las Américas” y ha dado indiscutibles señales de acercamiento.

Inicialmente hubo un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental que a través de un comunicado condenó la “crisis humanitaria” provocada por los bloqueos y las acciones destinadas a “desestabilizar” el gobierno de Paz.

Luego se manifestaron los secretarios del Departamento de Estado, Marco Rubio y Christopher Landau, quienes declararon su apoyo “sin reservas” a la administración de Rodrigo Paz y descalificaron a los manifestantes: Rubio mencionó que “delincuentes y narcotraficantes” buscan derrocar al gobierno, mientras Landau dijo que rechaza el intento de dominio de la “turba” que cuenta con “apoyo del crimen organizado y narcotraficantes”.

Finalmente, los países que integran el Escudo de las Américas —la alianza creada por Donald Trump en marzo para cooperar en temas de seguridad— expresaron su respaldo a Paz y comprometieron su apoyo para preservar “la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”.

Estos pronunciamientos surgieron luego de que ocho países latinoamericanos —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— expresaran su respaldo a Bolivia.

Más tarde se manifestaron otros países y organismos, como la representación de la Unión Europea, más de 30 expresidentes de América y España que conforman el Grupo Idea, la Comunidad Andina de la que Bolivia forma parte y la Organización de Estados Americanos (OEA), que el miércoles celebró una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para tratar la situación de Bolivia.

En medio del respaldo prácticamente unánime de la comunidad internacional, hubo un quiebre con Colombia que provocó una crisis diplomática entre ambos países. El miércoles, el canciller boliviano Fernando Aramayo informó la expulsión y la declaratoria de “persona non grata” de la embajadora Elizabeth García por declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, que fueron consideradas “injerencia en política interna”.

Petro había publicado al menos seis mensajes en la última semana en respaldo a las protestas sociales contra el Gobierno y a favor del expresidente Evo Morales (2006-2019), cuyos partidarios participan en las movilizaciones contra el Gobierno.

El colombiano calificó las movilizaciones que tienen cercada la ciudad de La Paz como “una insurrección popular” en respuesta a “la soberbia geopolítica”. “Siempre estar al lado del pueblo. Bolivia se pone al frente de la lucha por la dignidad latinoamericana”, escribió en un mensaje en X.

Al día siguiente, Colombia devolvió el agravio y echó al representante boliviano en su país, Ariel Percy Molina. A pesar de estas acciones, la Cancillería boliviana señaló que las relaciones entre ambos países no han sido suspendidas.

En medio de las críticas que surgieron contra el gobierno boliviano, entre quienes consideran que la reacción fue inoportuna y exagerada, por haber omitido acciones diplomáticas previas como una convocatoria a la embajadora o una protesta oficial, el presidente Paz justificó la acción: “el ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana”.

El presidente del Senado de República Dominicana, Ricardo de los Santos, afirmó en Washington que el Congreso actualiza y rediseña un nuevo marco normativo sobre drogas sintéticas para fortalecer la respuesta del Estado ante una amenaza que, según expuso, ya desborda los esquemas legales tradicionales y exige cooperación internacional sostenida.

Según informó este miércoles el portal gubernamental, en ese mismo encuentro, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José M. Cabrera Ulloa, advirtió que a nivel mundial se han identificado 1.200 nuevas sustancias psicoactivas y que muchas fueron diseñadas para eludir controles legales mediante modificaciones moleculares mínimas.

De los Santos hizo esas declaraciones el panel “Importancia de la Acción Legislativa ante las Nuevas Amenazas y Desafíos en el Combate a las Drogas Ilícitas”, realizado en el encuentro de la Red Internacional de Legislación sobre Drogas, componente de América Latina y el Caribe, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el Senado de la República Dominicana, en la comisión dominicana también participaron el titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, el titular del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu y el diputado Robinson Santo.

El presidente del Senado dominicano sostuvo que las cámaras legislativas trabajan junto con los organismos correspondientes para cerrar vacíos legales que, según dijo, han sido aprovechados por redes criminales cada vez más sofisticadas. Explicó que el objetivo es incorporar tipificaciones precisas y sanciones proporcionales para los delitos vinculados con la producción, distribución y comercialización de estas sustancias.

El Congreso dominicano busca tipificaciones precisas y control de precursores químicos

De los Santos detalló que el Congreso impulsa leyes especiales para fortalecer la capacidad estatal de identificar nuevas sustancias psicoactivas, regular precursores químicos y dotar a las instituciones de herramientas más eficaces para la investigación y persecución del delito. También planteó que la respuesta debe construirse con responsabilidades compartidas y cooperación efectiva entre los Estados.

Según el presidente de la Cámara Alta, el auge de las drogas sintéticas configura una amenaza multidimensional que afecta la salud pública, la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional. Añadió que el impacto golpea de manera particular a los jóvenes y al tejido social en su conjunto.

De los Santos sostuvo además que las respuestas no pueden quedar limitadas por fronteras, porque estas sustancias circulan sin reconocerlas. En ese marco, reclamó armonizar esfuerzos internacionales con mecanismos de seguimiento efectivos y voluntad política sostenida.

“La amenaza de las drogas sintéticas es demasiado seria como para abordarla de manera fragmentada o reactiva”, subrayó De los Santos, de acuerdo con el Senado de la República Dominicana.

El legislador también resaltó la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional dentro del país entre los organismos de seguridad, salud y justicia. Sumó a ese esquema las alianzas con países y organismos multilaterales, con intercambio de información, operaciones conjuntas y asistencia técnica como pilares de trabajo.

Durante el mismo panel en la sede de la OEA, el vicealmirante Cabrera Ulloa reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de avanzar hacia una legislación moderna, flexible y alineada con los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Según el titular de la DNCD, esa actualización también debe reforzar la cooperación hemisférica para reducir el margen de acción del crimen organizado transnacional.

Cabrera Ulloa afirmó que la velocidad con la que evoluciona el mercado sintético supera la capacidad de respuesta de los marcos normativos tradicionales. Explicó que el problema ya no se limita al tráfico convencional de drogas, porque las organizaciones criminales pueden adquirir sustancias químicas por internet, financiar operaciones con criptomonedas, fragmentar envíos mediante servicios de mensajería y producir drogas sintéticas con equipos especializados de síntesis química.

“Al señor Zapatero le aconsejo que no sea imbécil”. Esa contundente frase que Luis Almagro le espetó a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista concedida a la cadena de televisión colombiana NTN24 mereció la protesta formal ante la OEA del gobierno español, presidido por Pedro Sánchez.

Era septiembre de 2018; la crisis humanitaria en Venezuela había llegado a una situación crítica, con un éxodo masivo de migrantes y arreciaban las críticas a Nicolás Maduro. Lejos de sumarse a la denuncia contra el dictador, Zapatero hizo unas declaraciones en Sao Paulo donde aseguró que el problema humanitario no era culpa del régimen, sino de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Fue ahí donde Almagro señaló al ex presidente español con una denuncia explícita: “Defender una dictadura es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. Viene haciéndole mandados al régimen desde 2016”.

Además de Almagro, han sido muchos los líderes latinoamericanos que, a lo largo de los años, han señalado a Zapatero como un blanqueador de la dictadura.

María Corina Machado aseguró que la historia lo juzgará. El ex presidente de Colombia Iván Duque lo tildó de “mayordomo diplomático de la dictadura”, mientras Antonio Ledezma, el ex alcalde de Caracas, llegó a decir: “Es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”.

Todos ellos confluyen en la frase que el ex presidente colombiano Andrés Pastrana le dedicó hace unos meses: “El hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina es José Luis Rodríguez Zapatero.”

Meses antes, en 2024, Pastrana presentó un informe en La Haya, suscrito por una treintena de ex presidentes (entre ellos Felipe González), donde se denunciaba la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Zapatero se había negado a firmarlo.

¿Cuándo, cómo, y por qué empezó Zapatero a implicarse en los asuntos venezolanos?

Estas preguntas, que siempre acompañaron a los andares del ex presidente español por el continente, adquieren ahora una tremenda notoriedad a raíz de la decisión del juez José Luis Calama, de imputar a Zapatero por ser el presunto “líder” de una trama internacional de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El núcleo central de la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional se centra en el presunto uso irregular y desvío de 53 millones de euros de dinero público usados para rescatar en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. Pero las 85 páginas del auto abren otras investigaciones de gran calado que irían desde la venta de petróleo -con presunto “peaje obligatorio” a Zapatero-, hasta el negocio del oro o el blanqueo transnacional de divisas: de Caracas, a Dubái, pasando por la República Dominica (base logística y financiera de los negocios vinculados a Venezuela)-, llegando a Bejing y aterrizando en Madrid.

A estas graves imputaciones del juez Calama, cabe sumar las dos líneas de investigación abiertas en Estados Unidos que implican a Zapatero: una, en la fiscalia federal del Distrito Sur de Nueva York, que investiga a 63 colaboradores internacionales del régimen chavista; la otra, la investigación de la DEA que sigue la ruta del petróleo y del oro venezolano, y el rastreo de los flujos de dinero que presuntamente podrían llegar a cuentas asociadas al ex presidente.

Hasta aquí no cabe añadir nada más en el terreno policial y judicial, excepto recordar la doble condición de investigado e imputado de Zapatero, que lo convierte en el escándalo político más importante de la democracia española. Tiempo habrá para saber si los indicios contra Zapatero se convierten en pruebas, y éstas en sentencias, o si, al contrario, se deshinchan las acusaciones.

Pero si lo judicial está por discernir, lo político parece fuera de duda: Zapatero ha tenido un rol de implicación, colaboración y blanqueamiento de la dictadura chavista. Es decir, más allá de saber si sus intenciones tenían un objetivo estrictamente ideológico, o también había intereses espúreos (eso es lo que dilucidará la justicia), parece indiscutible que José Luís Rodríguez Zapatero ha sido un aliado de la dictadura. Lo que empezó en 2015 como un trabajo de mediación y acción humanitaria para con los presos políticos, acabó siendo un ejercicio de lobby diplomático para normalizar y lavar la imagen del régimen.

La escalada fue gradual. En 2015 llegó a Caracas a petición de la oposición venezolana y tuvo un papel fundamental en la liberación selectiva de presos políticos, entre ellos la liberación de Leopoldo López en 2017. Después lideró la mesa de negociación en Santo Domingo entre el régimen y la oposición, que intentaba encontrar una salida negociada a la crisis política y económica de Venezuela, después de las masivas protestas sociales de 2017, violentamente reprimidas por el régimen. Pero ya entonces su papel de mediador había transitado hacia posiciones cercanas al chavismo, y se le considera el responsable directo del fracaso del diálogo de Santo Domingo en 2018.

Zapatero presionó a la oposición para que firmara el acuerdo electoral que imponía Maduro, y que no tenía las condiciones democráticas mínimas, y su actitud lo marcó para siempre ante la oposición venezolana.

A partir de entonces, su posición fue inequívoca: se convirtió en observador electoral internacional, con gastos pagados por el régimen; avaló y legitimó las leyes y los procesos electorales chavistas, a pesar de las denuncias internacionales; calló en el tremendo pucherazo de las presidenciales en 2024, avalando con su silencio la estafa del “triunfo” de Maduro; se negó a calificar a Maduro como un dictador y lo alabó por su “capacidad de diálogo” (sic); siempre desvió las culpas del chavismo hacia las sanciones norteamericanas y, en definitiva, se convirtió en el limpiador internacional del régimen.

En una ocasión llegó a espetar a la oposición venezolana que “la alternativa a Maduro no existe”, y en múltiples declaraciones criticó a dirigentes opositores. En definitiva, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el embajador áulico de un régimen despótico que ha sangrado, arruinado y tiranizado a Venezuela durante décadas. Sobre él la frase más dura la dijo Andrés Pastrana: “Zapatero lleva los muertos de Venezuela a sus espaldas”.

No podemos saber si los jueces acabarán sentenciándolo por sus actividades económicas, pero sin duda es culpable por sus actividades políticas.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada este miércoles en Washington, México llamó a resolver la crisis en Bolivia mediante el diálogo político y sin injerencias externas.

El representante permanente de México ante el organismo, Alejandro Encinas Rodríguez, fue categórico: “México hace un llamado respetuoso a privilegiar el diálogo político, evitar toda forma de violencia y represión y a canalizar las demandas sociales a través de los mecanismos institucionales y democráticos”.

La postura mexicana dejó en claro que corresponde “exclusivamente al pueblo boliviano, a través de sus instituciones democráticas y sin injerencias externas, definir el rumbo de su vida política”, en un pronunciamiento que reafirma los principios históricos de política exterior de México: autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias.

¿Qué está pasando en Bolivia?

La sesión de la OEA se convocó de urgencia ante una de las peores crisis políticas que enfrenta Bolivia en años. Las protestas comenzaron a principios de mayo de 2026 con movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores sindicales y campesinos, con demandas económicas como un incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la derogación de la Ley 1720.

Las protestas inicialmente partieron de la exigencia de derogar la Ley 1720, que impulsa la monetización de tierras comunitarias y afecta a pequeños productores, pero rápidamente derivaron en un cuestionamiento más amplio al gobierno. Hoy, la demanda central de los movilizados es la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder.

Al momento de la sesión, los conflictos registraban 47 puntos de bloqueo y las protestas se extendían a seis de los nueve departamentos del país. Con casi todas las rutas de acceso cortadas, los mercados de La Paz registraron un incremento de precios en alimentos perecederos, mientras que los hospitales enfrentan problemas de suministro y el combustible escasea.

Bolivia lleva el caso a la OEA; el gobierno de Paz rechaza renunciar

El gobierno boliviano decidió internacionalizar el conflicto y el canciller Fernando Aramayo presentó una denuncia formal ante la OEA, describiendo las protestas como una embestida contra el sistema democrático y la estabilidad institucional.

A través de videoconferencia, Aramayo detalló los hechos de violencia registrados en La Paz, incluyendo enfrentamientos con la policía, ataques a instituciones públicas, estaciones de transporte y agresiones contra la ciudadanía.

Pese a la presión, el gobierno boliviano descartó cualquier posibilidad de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La comunidad internacional, dividida

La postura de México contrasta con la de otros países de la región. En un comunicado conjunto, ocho países latinoamericanos —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— rechazaron toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del gobierno boliviano. También hubo pronunciamientos de la Casa Blanca, la Unión Europea y más de 30 expresidentes de América y España.

México, en cambio, optó por una posición de neutralidad activa: exigir paz y diálogo sin respaldar explícitamente a ninguna de las partes, fiel a su tradición diplomática de no intervención.

Encinas subrayó ante el organismo hemisférico que las acciones para resolver la crisis deben desarrollarse “en estricto apego al orden constitucional de Bolivia, al Estado de derecho y al pleno respeto de los derechos humanos”, y expresó el deseo de México de que “prevalezca la paz social, el pleno respeto a los derechos humanos y el diálogo constructivo y pacífico entre todos los actores”.

La Argentina rechazó hoy ante la Organización de los Estados Americano (OEA) los bloqueos de Evo Morales en Bolivia y advirtió que “pareciera que hay actores para los que solamente la democracia vale cuando ganan las elecciones, pero no si las pierden”.

El embajador y representante permanente, Carlos Bernardo Cherniak, fue enfático en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del organismo y aseguró que “no son momentos para ambigüedades”. “La Argentina reafirma su rechazo a toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático o alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”, planteó.

La intervención del diplomático argentino se produjo en el marco de una reunión convocada por la OEA para evaluar la situación política interna de Bolivia, donde a dos semanas del inicio de los bloqueos el país amaneció con 47 puntos de corte activos en seis de sus nueve departamentos. La protesta, que comenzó con reclamos sectoriales de aumento salarial y derivó en exigencias de renuncia al presidente Rodrigo Paz Pereira, se extiende ahora a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

Ante el Consejo Permanente, Cherniak instó a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias “por vías institucionales, privilegiando el diálogo, el respeto a las autoridades democráticas y la preservación de la paz social”. El representante argentino también defendió el despliegue del Hércules C-130, una aeronave que el expresidente Evo Morales había señalado como parte de una supuesta cooperación militar, y precisó que se trató de una misión humanitaria para el traslado de suministros al departamento de La Paz.

Horas antes, el canciller Pablo Quirno había rechazado categóricamente esa acusación en diálogo con radio Mitre: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales“. Y fue más allá: “Esto comprueba lo que es el eje del mal”.

Cherniak inscribió la crisis boliviana en una dimensión regional: “La estabilidad democrática de nuestros países no es solamente un asunto interno. Constituye también un valor compartido del sistema interamericano”. Advirtió, además, que un vecindario democrático es “funcional también a la seguridad regional y a la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales” y recordó que la diplomacia preventiva es un instrumento con el que la OEA puede cumplir su misión, tal como ocurrió en el caso de las elecciones en Honduras.

“Desestabilización institucional”

En la misma sesión, el canciller boliviano, Fernando Aramayo Carrasco, alertó sobre “una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático” de su país. Describió acciones que, a su juicio, “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política” y se orientan a “generar condiciones de desestabilización institucional”: ataques a instituciones públicas, amenazas contra servidores del Estado, interrupción de rutas estratégicas y “severos impactos económicos y sociales”.

“Cuando se impide el libre tránsito de alimentos, se restringe el acceso a bienes esenciales, se paralizan servicios y se somete a la ciudadanía a condiciones de incertidumbre y coerción, nos encontramos ante conductas que sobrepasan claramente el legítimo ejercicio de las libertades democráticas”, sostuvo.

Aramayo también advirtió sobre “preocupantes indicios” de articulación entre ciertos actores y “estructuras que operan al margen de la legalidad”. Fue categórico al señalar que el gobierno del presidente Paz Pereira reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero que “ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva ni la vulneración deliberada de los derechos fundamentales de la población”.

Ante el Consejo, Bolivia solicitó que el organismo reafirme el compromiso hemisférico con el orden democrático, condene la violencia política organizada, respalde los esfuerzos de diálogo del gobierno boliviano y exprese solidaridad con el pueblo boliviano. Además, pidió el acompañamiento político del secretario general de la OEA para contribuir al fortalecimiento del diálogo y la preservación de la institucionalidad.

Antes de la sesión, Aramayo ya había agradecido públicamente el respaldo argentino en radio Mitre: “Le pido al canciller Quirno que a través suyo le haga llegar un agradecimiento del pueblo boliviano al presidente Milei, porque en momentos de tensión como los que estamos viviendo, el que Argentina haya puesto a disposición aviones Hércules para el transporte de alimentos y ayuda humanitaria, da cuenta de este nivel de alineamiento y de solidaridad".

El canciller boliviano también anunció que su gobierno denunciará a Morales ante la OEA por actos de sedición y terrorismo: “Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales, y el financiamiento de una marcha y un proceso de desestabilización de la democracia”.

La posición de Argentina se inscribe en un bloque de países que rechazó los intentos de desestabilización. Un comunicado conjunto de ocho naciones —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— repudió “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” del gobierno de Paz Pereira. También se pronunciaron la Casa Blanca, la Unión Europea y más de 30 expresidentes agrupados en el Grupo Idea.

La crisis tiene otro frente diplomático abierto: Bolivia declaró persona non grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y ordenó su expulsión este mismo miércoles. La decisión responde a lo que la cancillería boliviana describió como la “injerencia constante” del presidente Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y afirmó en sus redes sociales que la crisis es consecuencia de “la soberbia geopolítica”. Morales expresó públicamente su respaldo a Petro y le agradeció por “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”. La cancillería boliviana aclaró que la expulsión de la diplomática no implica una ruptura de relaciones con Bogotá.

La Paz y El Alto permanecen prácticamente cercadas, con escasez de alimentos de la canasta básica, interrupciones en el transporte público y colegios en modalidad virtual. La Policía boliviana anunció la habilitación de un “corredor humanitario” para garantizar el paso de alimentos, combustible y medicamentos. El gobierno de Paz Pereira informó que mantiene negociaciones reservadas con distintos sectores para desactivar el conflicto.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, denunció este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país se enfrenta a hechos que “amenazan el orden democrático”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, señaló Aramayo al inicio de su intervención y dijo que su país acude al Consejo Permanente porque los “desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro merecen la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana”.

Según el canciller, las manifestaciones “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política” y están orientadas a “generar desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno y alteración del orden democrático”.

El Consejo Permanente se reunió a solicitud de Bolivia, para dialogar sobre la “situación política” del país, en un encuentro que tuvo lugar en el Salón de las Américas en Washington, DC.

A través de una videoconferencia, el canciller Aramayo detalló los hechos de violencia que se habían producido días antes en La Paz cuando marchistas de diferentes sectores protagonizaron enfrentamientos con la Policía, ataques a instituciones públicas y estaciones de transporte, además de agresiones contra la ciudadanía.

“El Gobierno boliviano reconoce y respeta el derecho a la protesta pacífica”, señaló Aramayo, pero remarcó que “ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva ni la vulneración de los derechos fundamentales de la población”.

Bolivia atraviesa una escalada de conflictos sociales que iniciaron a principios de mayo con demandas sectoriales específicas, como aumentos salariales y mejoras en la calidad del combustible y en rechazo a una ley que autorizaba reformas agrarias. A pesar de que el Gobierno ha logrado neutralizar algunos focos de tensión con acuerdos sindicales, indígenas del altiplano iniciaron bloqueos de caminos para exigir la renuncia de Paz, que asumió funciones en noviembre.

A dos semanas de los primeros piquetes, las protestas se han masificado y se han extendido territorialmente. Este miércoles, los medios locales reportaban 47 bloqueos en carreteras de al menos seis regiones del país.

En este contexto, la administración de Paz ha convocado a los sectores sociales que tienen “demandas legítimas” al diálogo para negociar soluciones. Sin embargo, han advertido con procesos a quienes busquen desestabilizar al Gobierno.

“Nosotros vamos a actuar con dos instrumentos: el diálogo para los sectores legítimos y la ley en la mano para aquellos que están atentando contra la democracia”, señaló el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

La situación en Bolivia ha motivado el interés de la comunidad internacional. En los últimos días, ocho países latinoamericanos, además del gobierno de Estados Unidos y más de 30 expresidentes de América y España expresaron su preocupación por los estallidos sociales en Bolivia.

Este martes el secretario de Estado adjunto estadounidense, Christopher Landau, calificó las protestas como un intento de “golpe de Estado”.

El diplomático señaló que había conversado por teléfono con el presidente Paz y denunció que las protestas son un “golpe en marcha”. “Esto es un golpe financiado por esta alianza maligna de la política y la delincuencia organizada a lo largo de la región”, señaló el número dos del Departamento de Estado.

Expresidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea) se manifestaron este lunes en relación con las protestas sociales y pedidos de renuncia que enfrenta el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

En una carta abierta, 31 exmandatarios —entre ellos los bolivianos Jeanine Añez (2019-2020) y Jorge Quiroga (2001-2002)— pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a España “vigilar las protestas” en el país, al considerar que “la manipulación política de la protesta social, en la experiencia de Bolivia, se direcciona a afectar la estabilidad de las instituciones democráticas”.

“Urgimos a los gobiernos democráticos de España y las Américas se mantengan vigilantes y al secretario general y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos disponer las medidas de prevención que les exige, al efecto, la Carta Democrática Interamericana”, expresaron en la misiva firmada por figuras como el expresidente mexicano Vicente Fox, la costarricense Laura Chinchilla, el español Mariano Rajoy, el colombiano Iván Duque y el argentino Mauricio Macri, entre otros.

El Grupo Idea señaló que Bolivia tiene “un gobierno legítimo, producto del ejercicio libérrimo de la soberanía popular” que inició su gestión en noviembre pasado tras ganar el balotaje con el 55% de los votos.

Bolivia enfrenta desde inicios de mayo una sucesión de protestas sociales que iniciaron con demandas sindicales —como aumento de salarios y el rechazo a una ley de reclasificación de las tierras—, pero que pronto derivaron en pedidos de renuncia contra Paz.

Los conflictos se radicalizaron el 6 de mayo, cuando la Federación de Campesinos Túpac Katari, compuesta por pobladores del altiplano, organizó un bloqueo “indefinido” en carreteras del occidente para exigir la renuncia del mandatario, que prácticamente tiene cercada La Paz desde entonces. A este grupo se sumaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del movimiento indígena Ponchos Rojos.

En paralelo, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha de 190 kilómetros que el lunes llegó a La Paz, donde confluyó con manifestaciones de otros sectores, entre ellos mineros cooperativistas y maestros rurales. Las protestas derivaron en hechos de violencia y vandalismo con ataques a instituciones públicas y estaciones del teleférico, además de saqueo en algunos negocios y la quema de un vehículo policial.

Según denunció el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se identificaron pedidos para que los manifestantes porten armamento durante las protestas. Sin embargo, no se ha registrado ningún herido ni fallecido por armas de fuego de parte de la Policía ni de los manifestantes hasta ahora.

El Gobierno ha mantenido en este tiempo una política de diálogo con los sectores que tienen demandas sindicales, pero ha criminalizado a quienes exigen la renuncia del presidente, acusándolos sin pruebas de recibir dinero del narcotráfico.

Ante la escalada de conflictos, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, descartó dictar estado de excepción, pero aseguró que se van a reforzar controles policiales y militares para evitar la escalada de violencia.

La carta del Grupo Idea también expresa su preocupación por la escasez de algunos alimentos y productos básicos en La Paz, que está prácticamente cercada desde hace 13 días.

A pesar de los pedidos de diálogo de organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos, el conflicto parece estar lejos de resolverse por el inicio de protestas de otros sectores, como los choferes de El Alto, y la masificación de los piquetes. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, citado por medios locales, este martes se registran 32 puntos de bloqueo en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, diez más que los registrados el día anterior.

(Desde Washington, Estados Unidos) Un memorándum interno de la administración Trump propone “nombrar a un investigador independiente” para determinar si el secretario General de la OEA, Albert Ramdin, cometió irregularidades contables al momento de ejecutar el presupuesto del foro regional.

El dossier que circula en la Casa Blanca, al que Infobae accedió en exclusiva, lleva como título “¿Diplomacia o Dinastía? La Crisis de Credibilidad en la OEA".

La ofensiva de Estados Unidos contra Ramdin se basa en una sucesión de hechos administrativos y políticos que describen su peculiar manera de manejar a la Organización de Estados Americanos.

“Bajo el liderazgo del Secretario General Albert Ramdin, la institución está actualmente envuelta en un escándalo que se lee menos como un registro diplomático y más como un cuento de advertencia de nepotismo, imprudencia fiscal y flagrante falta de respeto por los estados miembros. En el corazón de esta tormenta está el meteórico —y altamente cuestionable— ascenso de Xaviera Jessurun", advierte el memo interno.

Xaviera Jessurun está involucrada en un caso de corrupción, fraude y blanqueo de capitales, que investiga la justicia de Surinam. Ramdin conoce el caso penal, y sin embargo respaldó a su jefe de Gabinete, que todavía no pudo demostrar su inocencia.

“Llamar a Jessurun “poco calificada” para una de las posiciones más poderosas en la diplomacia del hemisferio occidental es un cortés eufemismo. Antes de esto, su currículum presentaba un período como asistente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam. Ella no poseía ni la experiencia diplomática de alto nivel ni la permanencia institucional típicamente requeridas para manejar los complejos intereses geopolíticos de 32 estados miembros (de la OEA)“, sostiene el informe reservado.

El dossier no lo dice, pero cuando Jessurun trabajó en la Cancillería de Surinam, su ministro era Ramdin. Entonces, no es la primera vez que Ramdin nombra en un puesto clave a Jessurun, que percibe en la OEA un salario privilegiado.

“No solo está Jessurun cobrando un salario más alto que el Secretario de Estado de los EE. UU., sino que sus impuestos federales sobre la renta están siendo efectivamente subsidiados por los mismos ciudadanos que pagan la cuenta. En un retorcido golpe de ironía, los contribuyentes de los EE. UU. están pagando personalmente los impuestos de una Jefa de Gabinete poco calificada cuyo propio país de origen la ha considerado no apta para poseer un pasaporte diplomático", añade el memorándum interno.

Es la primera vez que un secretario General de la OEA tiene origen caribeño, y eso no implica un disvalor institucional para la Casa Blanca.

La intención objetiva de la administración Trump es determinar las presuntas irresponsabilidades administrativas de Ramdin, al margen de su pertenencia geopolítica.

Es decir, si Ramdin cae, el Caribe podría designar a su reemplazante.

Tras la descripción de un fuerte maltrato que protagonizó Ramdin contra una importante funcionaria de Estados Unidos, el memo interno establece un curso de acción respecto al secretario General de la OEA:

“1. Suspensión Inmediata: Jessurun debe ser removida de su puesto en espera del resultado de la investigación criminal.

2. Una Investigación Externa Independiente: El Cuerpo de Embajadores debe eludir la comprometida estructura interna del IG y nombrar a un investigador independiente, de un tercero, para investigar las acciones de Ramdin.

3. Auditoría Independiente: Una revisión externa y transparente de la “reestructuración” de 2025 y las autorizaciones salariales, incluyendo una contabilidad completa de los beneficios subsidiados por los contribuyentes.

4. Rendición de Cuentas: El Cuerpo de Embajadores debe dejar de actuar como un escudo y comenzar a actuar como una junta directiva".

Cada vez que fue cuestionado por su protección personal y política a Jessurun, Ramdin dobló la apuesta. Pero en esta oportunidad, la crítica institucional es de Estados Unidos, principal aportante de la OEA.

Ahora, le toca mover a Ramdin.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, mantuvo un encuentro clave con representantes de Food For The Poor (FFTP) para inspeccionar los proyectos que desarrolla la organización en el país con el objetivo de combatir la desnutrición, reducir la pobreza y reforzar la seguridad alimentaria.

La reunión, que tuvo lugar en un contexto de vulnerabilidad alimentaria severa a nivel nacional, da cuenta del interés de la administración de Arévalo en potenciar las alianzas internacionales para enfrentar los desafíos sociales más urgentes, confirmó el medio Food For The Poor.

El programa Mano a Mano, impulsado por el gobierno de Guatemala desde 2024, fue uno de los ejes centrales de la conversación. Esta estrategia intersectorial articula el trabajo de diez instituciones estatales para asistir a familias vulnerables en 114 municipios señalados como prioritarios, brindando apoyo en vivienda, salud, educación, agricultura, economía y protección social.

Según lo detallado por Food For The Poor, esta política será la principal directriz gubernamental en materia social hasta 2028.

El panorama que describe el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) revela la envergadura del desafío: el 60% de la población guatemalteca afronta inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que casi la mitad de los niños menores de cinco años presenta desnutrición crónica, uno de los índices más elevados a nivel mundial.

Datos proporcionados por FFTP a Food For The Poor indican que 1,75 millones de niños, equivalente al 46.5% de la población infantil, están actualmente en riesgo de retraso en el crecimiento.

Además del presidente Arévalo, participaron en la reunión el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, y la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Martha Palmieri.

Luis Almagro, representante de FFTP, destacó a través de sus redes sociales el valor de la sintonía entre los objetivos de la organización y la política social del gobierno: “El conocimiento profundo del presidente

Arévalo de la realidad social de su país, la claridad de sus políticas para enfrentar la pobreza y la pobreza extrema, así como las acciones de seguridad alimentaria, vivienda, educación y salud abren las puertas para que nuestras dinámicas de cooperación complementen productivamente esos trabajos”.

FFTP prioriza a Guatemala entre sus países foco para 2025-2027

Food For The Poor lleva adelante actividades en Guatemala desde 1996. Actualmente mantiene 40 proyectos activos en el territorio, centrados en seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, atención de casos de desnutrición y apoyo a microempresas.

La organización, con sede en Estados Unidos, es una de las mayores entidades de ayuda humanitaria y desarrollo en América Latina y el Caribe, donde asiste a millones de personas.

La perspectiva regional de FFTP, confirmada por el propio Luis Almagro en declaraciones a Food For The Poor, coloca a Guatemala como uno de los seis países prioritarios para la estrategia institucional 2025-2027, junto a Haití, Jamaica, Honduras, El Salvador y Colombia. El plan contempla intervenciones en diez áreas fundamentales, que incluyen nutrición, agricultura, saneamiento, empoderamiento económico y respuesta ante emergencias.

Actualmente, la organización despliega 19 proyectos de desarrollo comunitario sostenible en Guatemala, Colombia, El Salvador y Honduras. Estas iniciativas suelen extenderse durante un lustro y buscan generar cambios estructurales duraderos en las comunidades.

La cooperación internacional busca amplificar el alcance de las políticas sociales del gobierno

La consolidación de los lazos entre el gobierno guatemalteco y FFTP fue subrayada por Almagro en sus publicaciones: “Con su apoyo, podemos seguir impactando positivamente las vidas de miles de familias guatemaltecas vulnerables”.

La alianza se suma a las acciones gubernamentales diseñadas para responder a la elevada tasa de desnutrición y pobreza. De acuerdo con el PMA, Guatemala ostenta una de las cifras más altas del mundo en prevalencia de desnutrición crónica infantil, lo que subraya la urgencia de intervenciones conjuntas y sostenidas en el tiempo.

La misión, liderada por Víctor Rico Frontaura, valoró la actitud de la ciudadanía y los actores políticos, destacando la paciencia y madurez democrática demostrada durante la espera de los resultados de las elecciones generales celebradas el 12 de abril.

En su comunicado oficial, la OEA reconoció el trabajo de las autoridades electorales y llamó a mantener un proceso responsable y pacífico en la siguiente etapa.

“La MOE/OEA invita tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos y sociales a llevar a cabo un proceso con alto sentido de responsabilidad democrática, evitando confrontaciones o amenazas, así como discursos que generen división social”, expresó la organización.

Observadores internacionales refuerzan monitoreo en todo el país

De cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio, la Misión de la OEA anunció que contará con más de 90 observadores desplegados en todo el territorio nacional y en ciudades del extranjero para garantizar el seguimiento y la transparencia del proceso.

Este despliegue se suma a la labor de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), que también ampliará su presencia en el Perú.

Alexander Gray, jefe de la misión de la UE, informó que a partir del lunes 18 de mayo se volverán a desplegar alrededor de 150 observadores internacionales en todas las regiones del país, cifra similar a la utilizada en la primera vuelta.

“Mañana vamos a desplegar de nuevo los observadores de largo plazo, que toman un descanso en casa y ya están de vuelta. (…) Mañana a las 8:30 horas de la mañana les vamos a desplegar a todas las regiones”, detalló Gray.

El jefe de la misión europea aseguró que los observadores permanecerán en el país hasta finales de junio y seguirán las distintas fases del proceso electoral, incluyendo la prueba de colores y la impresión del material electoral supervisada por el JNE.

Gray enfatizó que la UE aplica los mismos estándares de observación en todos los países donde interviene, sin comparar procesos electorales, y recordó que el bloque ha realizado más de 200 misiones en 75 países.

Renovación Popular mantiene rechazo y plantea impugnación

En paralelo al despliegue de los observadores, la bancada de Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, reiteró su rechazo a los resultados oficiales y anunció la solicitud de nulidad del acta de proclamación del JNE.

La congresista Norma Yarrow, portavoz de la agrupación, denunció supuestas irregularidades y defendió la decisión de impugnar la proclamación, sosteniendo que “se vulneró el derecho a ejercer el voto libre” y cuestionando el proceso por “sabotaje y fraude”.

Vale recordar que, días atrás, Renovación Popular había difundido un comunicado en el que formalizaba su rechazo al proceso electoral, alegando que agotó todas las instancias legales para denunciar un supuesto fraude electoral.

La agrupación reconoció que no existen pruebas concretas, pero advirtió que su lucha continuará “firmemente desde el Congreso”, con el compromiso de fiscalizar y defender la voluntad de sus electores desde el Parlamento, tras quedar fuera de la segunda vuelta.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su agradecimiento al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por su llamado a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, en el país hay 454 personas detenidas por razones políticas.

Desde su cuenta en X, Machado manifestó que el “desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela”.

Machado sostuvo que “los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la detención de personas por motivos políticos en Venezuela y reclamó su liberación inmediata.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, afirmó ante el Consejo Permanente de la OEA: “La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela”.

Por su parte, Albert Ramdin instó a las autoridades venezolanas a acelerar la liberación incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. “Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita”, expresó.

Respecto a la ley de amnistía aprobada en febrero, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, aunque advirtió sobre artículos que, en su opinión, podrían emplearse contra opositores y condicionar futuros procesos de rendición de cuentas.

Reneaum señaló que, pese a que las autoridades reportan más de 8.000 beneficiarios de la ley, las organizaciones civiles solo registran 186 personas con libertad plena y otras 554 bajo medidas cautelares, situación que calificó de “libertad vigilada”.

El Gobierno de Venezuela suele referirse a estas personas como “políticos presos”, argumentando que están encarceladas por la comisión de delitos, una postura rechazada por diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

La Misión de Observación Electoral de la OEA expresó su preocupación ante las amenazas y actos de hostigamiento dirigidos contra autoridades electorales, periodistas y figuras involucradas en las elecciones generales de Perú 2026, alertando sobre el impacto de estos hechos en la transparencia, el proceso democrático y el cronograma electoral vigente.

“La Misión enfatiza que la violencia y la confrontación no constituyen vías legítimas para la convivencia democrática (...) los partidos políticos y candidatos tienen la responsabilidad de actuar de manera pacífica, evitando el uso de lenguaje de odio o cualquier forma de incitación a la violencia”, indica el pronunciamiento de la Misión.

En el comunicado oficial, la misión liderada por Víctor Rico Frontaura exhortó a las autoridades a culminar con prontitud el conteo definitivo de votos y a garantizar el respeto al cronograma vigente, identificando estos factores como esenciales para la seguridad y sostenibilidad democrática del país.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos destacó que “considera fundamental que las autoridades concentren sus esfuerzos en asegurar una segunda vuelta eficiente, en estricto cumplimiento del cronograma electoral vigente”. Con este pronunciamiento, la entidad se refirió a los recientes episodios de agresión registrados durante la primera vuelta y a la importancia de que la segunda vuelta presidencial respete la institucionalidad electoral.

La misión, dirigida por el ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, puntualizó que “continuará dando seguimiento cercano a todas las etapas del proceso electoral y desplegará una amplia presencia en el territorio nacional durante la segunda ronda”.

Frente a las solicitudes de auditorías y nuevas investigaciones sobre los resultados electorales, la OEA remarcó que estas acciones deben realizarse “con el más alto rigor técnico” y que no deben interferir con el desarrollo regular del proceso electoral en curso. De este modo, la organización estableció los parámetros técnicos y éticos para la resolución de cualquier controversia actual derivada de la primera ronda.

JNE cambió la fecha de resultados finales

El Jurado Nacional de Elecciones estableció el jueves 7 de mayo como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales concluyan las audiencias públicas de recuento en las Elecciones 2026, proceso en el que se definirá al 100 % los votos recibidos por cada candidato y que permitirá conocer quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

Inicialmente, el Jurado Nacional de Elecciones había comunicado que la fecha para la publicación de los resultados y proclamación de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta sería el 15 de mayo.

Sin embargo, el acuerdo adoptado el 22 de abril adelantó este plazo casi una semana, fijando el 7 de mayo como la fecha límite para culminar con las sesiones públicas de recuento y con ello determinar oficialmente los nombres de los aspirantes que competirán en la segunda vuelta, que podría ser Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular), aunque el primero parte con una ventaja de exactamente 24.405 votos válidos.

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo una reunión el pasado 29 de abril en la sede de la institución con Albert Ramdin, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con la información de la SRE en sus redes sociales este 30 de abril, el encuentro abordó los problemas actuales del multilateralismo en la región y exploró nuevas formas para impulsar la integración y la cooperación en el continente americano.

Durante el diálogo, Velasco y Ramdin intercambiaron posturas sobre la participación de ambas partes y organismos en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la integración hemisférica. La conversación se desarrolló en el contexto de una visita oficial de Ramdin a territorio mexicano.

Secretario de la OEA visita al Senado de México

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez informó el pasado 29 de abril que el Senado de la República recibió a Albert Ramdin en un encuentro que refuerza la agenda internacional de México y consolida el compromiso del país con el diálogo multilateral y la cooperación regional.

Durante el encuentro, Castillo Juárez destacó la necesidad de una agenda más incluyente dentro de la OEA, y señaló que el liderazgo de Albert Ramdin contribuyó a consolidar una organización “más atenta a la diversidad” y alineada con los desafíos actuales que enfrenta el continente. En palabras de la legisladora, fortalecer la integración entre los países miembros pasa por políticas orientadas al respeto, la paz y la cooperación.

La OEA, organismo fundado en 1948 y con sede en Washington D.C., integra a 35 países independientes de América, y tiene como misión central impulsar la democracia, la defensa de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo sostenible.

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza solicitudes de extradición por falta de pruebas

SRE acusó el pasado 29 de abril ausencia de elementos probatorios en los documentos enviados por Estados Unidos para solicitar la extradición de funcionarios de Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) analizará los expedientes en cumplimiento de la legislación mexicana, y la autoridad federal podría descartar los procedimientos si las acusaciones no cumplen los requisitos legales.

La embajada estadounidense remitió a la cancillería mexicana, el 28 de abril a las 18 horas, solicitudes formales de detención provisional con fines de extradición. Los expedientes fueron turnados de inmediato a la FGR para su revisión, de acuerdo con el marco normativo nacional.

En el comunicado, la SRE advirtió que los documentos carecen de pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

Las solicitudes aparecieron minutos después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos formales contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en especial con la célula identificada como Los Chapitos.

Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cazárez y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, acusados de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, informó el embajador Ronald Johnson durante la presentación del caso en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez informó sobre la recepción del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, en el Senado de la República, en un encuentro que refuerza el compromiso del país con el diálogo multilateral y la cooperación regional.

A través de redes sociales, destacó la importancia de impulsar una agenda más incluyente dentro del organismo hemisférico.

Liderazgo y visión de una OEA más incluyente

Durante el encuentro, la legisladora subrayó que el liderazgo de Albert Ramdin contribuye a consolidar una OEA “más atenta a la diversidad”, en línea con los desafíos actuales de la región.

Este enfoque busca fortalecer la integración entre los países miembros mediante políticas que promuevan el respeto, la paz y la cooperación.

Participación de legisladores clave en política exterior

En la reunión también estuvieron presentes figuras relevantes del Senado:

• Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores: Alejandro Murat
• Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte: Ruth González
• Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico: Yeidckol Polevnsky

Su participación refleja la relevancia del encuentro para la agenda internacional de México.

Qué es la OEA y por qué es clave para la región

La Organización de los Estados Americanos es el principal foro político del hemisferio americano.

Fundada en 1948 y con sede en Washington D.C., agrupa a 35 países independientes con el objetivo de fomentar la democracia, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Su funcionamiento se basa en órganos como la Asamblea General, el Consejo Permanente y la Secretaría General, desde donde se impulsan iniciativas de cooperación regional y solución pacífica de conflictos.

México y su papel en el multilateralismo

El mensaje compartido por la senadora reafirma la postura de México como un actor activo en los organismos internacionales.

La participación en espacios como la OEA permite al país incidir en temas clave como la estabilidad democrática, la cooperación económica y la defensa de los derechos humanos en la región.

Además, estos encuentros fortalecen los lazos diplomáticos y abren la puerta a nuevas alianzas estratégicas en distintos ámbitos, desde la seguridad hasta la educación.

Funciones principales de la OEA en América

Entre las tareas más relevantes que desempeña este organismo destacan:

• Promoción y defensa de la democracia en los países miembros
• Observación de procesos electorales para garantizar transparencia
• Mediación en conflictos políticos y sociales en la región
• Impulso a programas de derechos humanos a través de la Comisión Interamericana
• Desarrollo de iniciativas de cooperación en educación, seguridad y desarrollo sostenible

El encuentro en el Senado se da en un contexto regional donde la cooperación internacional resulta clave para enfrentar desafíos comunes.

En este sentido, México reiteró su disposición de trabajar de la mano con la OEA para construir soluciones conjuntas y fortalecer la estabilidad en el continente.

La región atraviesa una transformación acelerada en el mercado de las drogas sintéticas, definida por la proliferación de mezclas complejas y cambiantes, según advirtió el último informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), la unidad de investigación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

El estudio documentó un fenómeno inédito: la volatilidad y adaptabilidad del mercado, en el que la incertidumbre sobre la composición de las sustancias constituye hoy la principal amenaza para la salud pública.

En diálogo con Infobae, Marya Hynes, jefa del OID y coordinadora general de la investigación, subrayó que “el mercado ya no está definido por la aparición de nuevas sustancias, sino por la proliferación de mezclas cada vez más complejas e impredecibles”.

“La imprevisibilidad misma se ha convertido en el principal riesgo”, destacó.

Un cambio estructural: del auge de las moléculas nuevas al dominio de las mezclas

Desde el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA) en 2019, las alertas han evolucionado de identificar sustancias individuales como MDMA o cannabinoides sintéticos, a describir combinaciones de estimulantes, opioides, sedantes, benzodiacepinas, disociativos y aditivos industriales. Según el informe, “las alertas del SATA ya no describen una sola sustancia, sino combinaciones de sustancias”, lo que incrementa la toxicidad y la imprevisibilidad de los efectos para los consumidores.

Hynes sostuvo que este cambio, que comenzó a notarse entre 2022 y 2023, marcó una nueva etapa: “Ya no hablamos solo de nuevas drogas, sino de nuevas combinaciones, que se adaptan rápidamente y cruzan fronteras con gran velocidad”.

El fenómeno se expresa, por ejemplo, en la expansión del “tuci” o “cocaína rosa”, cuyo contenido puede variar ampliamente: “Se comercializa como un producto único, pero en realidad puede contener múltiples compuestos con efectos muy distintos”, precisó la experta a este medio.

El “tuci” y las mezclas polisustancia: riesgos y composición

El informe detalló que el “tuci” suele contener ketamina, MDMA, metanfetamina, cafeína, catinonas sintéticas, benzodiacepinas y opioides. En algunos casos, las muestras analizadas han tenido hasta nueve sustancias distintas. “El consumidor no sabe qué está tomando, ni en qué dosis”, explicó Hynes.

Esta incertidumbre aumenta el riesgo de sobredosis accidentales, interacciones farmacológicas impredecibles y complicaciones clínicas difíciles de tratar.

El caso de la “cocaína rosa” ilustra cómo los productos reformulados, con identidades comerciales cambiantes, pueden expandirse rápidamente y adaptarse a nuevas realidades del mercado.

Para 2024-2025, la circulación de mezclas polisustancia ha superado a la aparición de moléculas nuevas como el principal desafío sanitario en la región.

Expansión de opioides sintéticos y sedantes veterinarios

El informe documentó la propagación de nitacenos, opioides sintéticos de altísima potencia, inicialmente detectados en América del Norte en 2022 y ahora presentes en Sudamérica.

Al mismo tiempo, sedantes veterinarios como la xilacina y la medetomidina aparecen con frecuencia en suministros de fentanilo, dificultando el tratamiento de sobredosis y generando lesiones cutáneas o necrosis en consumidores.

“La aparición de estos compuestos fuera de América del Norte indica que los riesgos se están expandiendo a nivel regional. Los pacientes que ingresan en tratamiento con antecedentes de consumo de xilacina pueden presentar lesiones cutáneas o necrosis”, explicó el informe.

Además, la reversión de sobredosis se vuelve más compleja, y la letalidad aumenta.

Episodios críticos y lecciones para la región

Un caso emblemático resaltado por el informe es la intoxicación masiva en Argentina en 2022, donde la circulación de cocaína adulterada con carfentanilo provocó 24 muertes y 80 hospitalizaciones en 48 horas. Las autoridades emitieron una alerta epidemiológica y los forenses confirmaron la presencia de un opioide sintético ultra potente.

Para Hynes, este episodio demostró “la importancia de contar con sistemas de alerta temprana funcionales, fortalecer la coordinación entre salud, forense y seguridad, y emitir alertas públicas rápidamente”.

El informe subrayó que “las consecuencias pueden ser inmediatas y masivas cuando no se detecta a tiempo una mezcla tóxica”. Por eso, la integración de datos de salud, seguridad y forense, y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana, aparecen como prioridades urgentes.

Cooperación regional y desafíos institucionales

La velocidad de propagación de estas mezclas y la movilidad del crimen organizado obligan a respuestas coordinadas. El Sistema de Alerta Temprana de las Américas permite compartir alertas entre países, identificar patrones de difusión y anticipar riesgos antes de que escalen.

Según Hynes, “el intercambio de información en tiempo real es absolutamente central. El crimen organizado transnacional que trafica drogas sintéticas no respeta fronteras”.

El informe llamó a consolidar y expandir los sistemas de alerta temprana nacionales y fortalecer el SATA como plataforma hemisférica. El desafío es pasar de sistemas reactivos a modelos anticipatorios capaces de responder a un mercado más dinámico y peligroso, donde la colaboración regional es indispensable.

La entrevista completa a Marya Hynes

— ¿Cuáles considera los hallazgos más relevantes del informe?

— Uno de los hallazgos más importantes es que el mercado de drogas sintéticas en las Américas ya no está definido por la aparición de nuevas sustancias, sino por la proliferación de mezclas cada vez más complejas e impredecibles.

Hoy vemos que las alertas ya no describen una sola sustancia, sino combinaciones de opioides, estimulantes, sedantes y otros compuestos. En muchos casos, la imprevisibilidad misma se ha convertido en el principal riesgo.

Otro punto clave es que estas dinámicas ya no están concentradas en un solo país o subregión. Estamos viendo una difusión rápida a nivel hemisférico, lo que refuerza la necesidad de respuestas coordinadas.

— ¿Cómo ha evolucionado el mercado de las drogas sintéticas en la región en los últimos años, según los datos del SATA (Sistema de Alerta Temprana de las Américas)?

— Los datos del SATA muestran una evolución muy clara en tres fases:

• Primero, entre 2019 y 2021, predominaban sustancias individuales como MDMA o cannabinoides sintéticos.
• Luego, a partir de 2022–2023, comienzan a aparecer mezclas más complejas.
• Y hoy, en 2024–2025, el mercado está dominado por polidrogas y productos “reformulados”, como el “tuci”.

Esto refleja un cambio estructural: ya no hablamos solo de nuevas drogas, sino de nuevas combinaciones, que se adaptan rápidamente y cruzan fronteras con gran velocidad.

— El informe destaca la aparición de mezclas como el “tuci” o “cocaína rosa”. ¿Por qué este fenómeno representa una preocupación particular para la salud pública?

— El “tuci” es especialmente preocupante porque no es una sustancia, sino una mezcla. Se comercializa como un producto único, pero en realidad puede contener múltiples compuestos con efectos muy distintos. Esto significa que el consumidor no sabe qué está tomando, ni en qué dosis.

Desde la salud pública, esto es crítico porque aumenta el riesgo de:

• Sobredosis accidentales.
• Interacciones farmacológicas impredecibles.
• Y complicaciones clínicas difíciles de tratar.

En pocas palabras, el “tuci” ilustra el cambio hacia un mercado donde la incertidumbre es el principal riesgo.

— ¿Qué componentes suelen encontrarse en estas mezclas y qué riesgos específicos implican para los consumidores?

— Los análisis muestran que el “tuci” suele contener combinaciones de:

• Ketamina.
• MDMA.
• Metanfetamina.
• Cafeína.
• Y otros compuestos como catinonas sintéticas o incluso opioides.

En algunos casos, se han detectado hasta nueve sustancias en una sola muestra .

Esto implica riesgos muy elevados porque:

• Combina efectos estimulantes y depresores.
• Puede generar sobrecarga cardiovascular o neurológica.
• Y dificulta la respuesta médica, ya que no se sabe qué sustancias están involucradas.

— Se observa un crecimiento en la presencia de opioides sintéticos, como los nitacenos y la xilacina. ¿Qué impacto han tenido estas sustancias en la región y qué diferencia presentan respecto a otras drogas sintéticas?

— Estamos viendo la expansión de sustancias extremadamente potentes, como los nitacenos, que son incluso más fuertes que el fentanilo. Al mismo tiempo, aparecen adulterantes como la xilacina, que no es un opioide sino un sedante veterinario, lo que complica aún más el tratamiento de sobredosis.

El impacto principal es que:

• Aumentan significativamente el riesgo de muerte.
• Dificultan la reversión con naloxona.
• Y generan nuevas complicaciones clínicas.

Además, su aparición fuera de América del Norte indica que estos riesgos se están expandiendo a nivel regional.

— En 2022, se registró un caso grave de intoxicaciones masivas con cocaína adulterada en Argentina. ¿Qué enseñanzas dejó ese episodio para los sistemas de alerta y la coordinación regional?

— El caso de Argentina fue un punto de inflexión. En menos de 48 horas hubo decenas de intoxicaciones y múltiples muertes por cocaína adulterada. La principal lección es que cuando no se detecta a tiempo una mezcla tóxica, las consecuencias pueden ser inmediatas y masivas.

También demostró la importancia de:

• Contar con sistemas de alerta temprana funcionales.
• Fortalecer la coordinación entre salud, forense y seguridad.
• Y emitir alertas públicas rápidamente.

Es un ejemplo claro de por qué necesitamos pasar de la reacción a la anticipación.

— ¿Qué rol cumple el intercambio de información en tiempo real entre países para anticipar y mitigar riesgos emergentes?

— El intercambio de información en tiempo real es absolutamente central. El crimen organizado transnacional que trafica drogas sintéticas no respeta fronteras. Una sustancia o mezcla detectada en un país puede aparecer en otro en cuestión de semanas.

El SATA permite:

• Compartir alertas entre países.
• Identificar patrones de difusión.
• Y anticipar riesgos antes de que escalen.

En ese sentido, el valor del sistema es transformar datos en acción temprana que salva vidas.

— Por último, desde su perspectiva, ¿cómo debe evolucionar la cooperación regional frente a un fenómeno que se caracteriza por la velocidad y variedad en la aparición de nuevas sustancias?

— La cooperación regional debe evolucionar en tres direcciones:

1. Fortalecer los sistemas nacionales de alerta temprana para que todos los países puedan detectar sustancias rápidamente.
2. Integrar datos de salud, forense y seguridad para convertir información en inteligencia accionable.
3. Acelerar el intercambio regional e internacional porque la velocidad del mercado exige respuestas igual de rápidas.

En última instancia, el reto es claro: pasar de sistemas reactivos a sistemas anticipatorios, capaces de responder a un mercado cada vez más dinámico y complejo.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) desplegó un equipo técnico para acompañar la segunda vuelta de las elecciones regionales que se celebrará este domingo en cinco departamentos de Bolivia.

“Durante su trabajo en el país, el equipo de observadores y observadoras de la OEA dará seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija“, informó el organismo en un comunicado de prensa difundido el miércoles.

Los observadores prevén reunirse con autoridades electorales nacionales y departamentales, candidatos, políticos y representantes de la sociedad civil, entre otros actores.

La OEA ya acompañó las elecciones regionales y municipales realizadas el 22 de marzo, en las que se eligieron más de 5.000 autoridades, incluidos gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para el próximo quinquenio.

La misión cuenta con financiamiento de países como Brasil, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y Turquía para su ejecución.

De acuerdo con la legislación boliviana, para ganar la gobernación en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el segundo. En la primera vuelta fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba.

En Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico de Bolivia, competirán el próximo domingo en las urnas el ex candidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre, Juan Pablo Velasco, y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, la segunda vuelta enfrentará a los candidatos de la alianza Patria, coalición que respalda al presidente Rodrigo Paz, frente a postulantes de otras organizaciones políticas.

En La Paz no habrá balotaje debido a la renuncia, a principios de abril, del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), que argumentó un “distanciamiento” con su candidato, René Yahuasi. Tras el retiro de NGP, que había quedado segundo en la votación de marzo con el 9,18 %, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó ganador al candidato oficialista, el ex alcalde de La Paz Luis Revilla, quien obtuvo el 20% de los votos.

A pesar de ello, Yahuasi impulsó protestas callejeras y una acción judicial que será tratada este jueves, en la que exige que se realice una segunda vuelta, aunque ya no cuenta con partido para postularse.

Los tribunales electorales departamentales informaron que desde las 00:00 de este jueves entra en vigencia el silencio electoral en los cinco departamentos que celebrarán el balotaje de gobernadores.

La medida se implementa en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, prevista para este domingo 19 de abril. La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Adriana Flores Alconz, explicó que el silencio electoral comienza a regir desde las cero horas del jueves y prohíbe toda campaña y propaganda electoral.

Flores precisó que las organizaciones políticas y candidatos podían realizar actividades proselitistas hasta las 23:59 del miércoles en los departamentos involucrados. Desde ese momento, queda restringida la difusión de mensajes electorales tanto en medios de comunicación como en espacios públicos y digitales.

Por su parte, el presidente del TED de Santa Cruz, Marco Monasterio, indicó que la medida busca garantizar condiciones de reflexión ciudadana. Explicó que este periodo, previo a la votación, permite a los electores evaluar sus decisiones sin influencia de propaganda política. Además, recordó que la normativa vigente incluye la prohibición de campaña en redes sociales durante el silencio electoral establecido por el calendario.

(Con información de EFE)

En un contexto marcado por cuestionamientos y tensión, el representante del organismo internacional lanzó un llamado a la prudencia de cara a la segunda vuelta. Sus declaraciones se producen mientras continúan las investigaciones sobre la demora en la entrega de material electoral y la tardía apertura de mesas, factores que obligaron a extender la votación en distintos puntos del país.

OEA advierte que retrasos “alimentaron narrativas de fraude” y pide actuar con responsabilidad

Durante la conferencia, Víctor Rico fue enfático al referirse a uno de los efectos más delicados del proceso electoral. “La misión advirtió con preocupación que la tardanza en la apertura de los locales alimentó las narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos desde la etapa preelectoral”, sostuvo.

La declaración se produce en medio de un escenario donde, incluso antes de los comicios, ya circulaban versiones que ponían en duda la transparencia del proceso. Según explicó la misión, los retrasos en la instalación de mesas y la apertura tardía de locales terminaron reforzando esos discursos, generando reacciones políticas y movilizaciones ciudadanas.

El jefe de la misión también hizo un llamado directo a la ciudadanía y a los actores políticos a mantener la calma en la etapa postelectoral. “La misión hace un llamado a esperar las siguientes etapas del proceso con calma y actuando de manera responsable de cara a la segunda vuelta”, afirmó.

En esa línea, destacó que el equipo de observadores continuará desplegado en el país para dar seguimiento al proceso. “La misión mantiene un equipo de diez personas que está dando seguimiento a la fase postelectoral”, precisó, al remarcar que el trabajo de observación no concluye con la jornada de votación.

Asimismo, el representante de la OEA reconoció el esfuerzo de las autoridades peruanas para llevar adelante los comicios. “La misión reconoce el esfuerzo realizado por los órganos del sistema electoral para la celebración de estos comicios”, indicó, destacando también la colaboración de instituciones públicas, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Demoras en elecciones generaron controversia

Las declaraciones de la OEA se dan en un contexto en el que las fallas logísticas en las elecciones vienen siendo analizadas tanto a nivel técnico como legal. Durante la jornada del 12 de abril, diversos locales de votación no pudieron instalar sus mesas a tiempo debido a la falta de material electoral, lo que afectó a miles de ciudadanos.

En Lima, al menos 13 centros de votación presentaron estos problemas, obligando a reprogramar el sufragio para el día siguiente. La situación generó largas colas, confusión entre los electores y críticas hacia las autoridades electorales, especialmente hacia la ONPE, encargada de la organización del proceso.

De acuerdo con especialistas en derecho electoral, la demora en la entrega de material podría tener implicancias legales. La normativa vigente contempla sanciones para quienes retrasen o detengan la distribución de estos insumos, con penas que pueden ir desde los seis meses hasta los tres años de prisión.

En este escenario, las investigaciones buscan determinar si la responsabilidad recae únicamente en la empresa encargada del traslado o si también alcanza a funcionarios públicos que tenían a su cargo la supervisión del proceso. Uno de los puntos clave será establecer si se trató de una falla operativa o de una posible omisión de funciones.

A nivel técnico, el informe preliminar de la misión también advirtió que los simulacros previos no replicaron completamente las condiciones reales de la jornada electoral. Esto habría contribuido a que los problemas logísticos no fueran detectados a tiempo, generando retrasos en cadena durante el día de la votación.

Mientras avanzan las indagaciones, el proceso electoral entra en una etapa decisiva con miras a la segunda vuelta. En ese contexto, las advertencias de la OEA y el llamado a la responsabilidad buscan contener la tensión política y reforzar la confianza en las siguientes fases del proceso.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) emitió su primer informe preliminar tras las elecciones generales celebradas el 12 de abril en Perú, resaltando que el proceso electoral, aunque pacífico y con participación significativa, estuvo marcado por retrasos logísticos y problemas en la distribución del material electoral que obligaron a extender la jornada en varios locales, lo que derivó en un llamado de atención para fortalecer la preparación de cara a la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

Esta evaluación, presentada el 14 de abril y encabezada por Víctor Manuel Rico Frontaura, incluyó la advertencia de la misión sobre el impacto de las demoras en la confianza ciudadana y la necesidad de medidas excepcionales por parte de los organismos electorales peruanos, según el informe publicado por la MOE/OEA.

El informe de la MOE/OEA —integrada por 96 observadores de 22 nacionalidades— indica que 13 locales de votación en Lima Metropolitana no pudieron instalar mesas el día de la elección, por lo que más de 55.000 electores debieron esperar hasta el día siguiente para ejercer el voto. La extensión del horario electoral y la reprogramación del sufragio fueron adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como respuesta a los fallos observados, una medida que, según la misión, intentó “salvaguardar el derecho al sufragio”.

Estas dificultades se atribuyeron principalmente a la tardanza en el envío del material electoral, la ausencia de miembros de mesa, y problemas en la instalación de equipos tecnológicos, lo que provocó retrasos y largas filas tanto en Perú como en el extranjero. Según la MOE/OEA, el horario promedio de apertura fue a las 8:03, una hora más tarde de lo estipulado en la normativa vigente. Ante estos contratiempos, el JNE amplió la jornada hasta las 18:00 del mismo día y, en casos excepcionales de Lima Metropolitana, habilitó la votación hasta el lunes 13 de abril.

El jefe de la misión, Víctor Manuel Rico Frontaura, hizo un llamado directo a la ciudadanía y sectores políticos para mantener “calma y responsabilidad” en vistas a la fase postelectoral, señalando que el equipo continuará desplegado para dar seguimiento a la segunda vuelta, según el Primer Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú para las Elecciones Generales 2026.

Retrasos en instalación de mesas en Lima obligaron a extender la votación

La MOE/OEA identificó que los principales retrasos se concentraron en la apertura de mesas de votación en Lima Metropolitana y el Callao. Estos problemas logísticos originaron la necesidad de ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 14:00 y de votación hasta las 18:00 del domingo 12 de abril.

Según el organismo internacional, 13 locales no lograron conformar las mesas, afectando directamente a 55.261 votantes. La respuesta del JNE fue excepcionar la jornada y extender la votación un día adicional. La misión dejó en claro que el 99,8 % de las mesas sí pudieron instalarse, aunque esa cifra implicó que cientos de ciudadanos quedaran excluidos momentáneamente del proceso hasta su reprogramación.

Durante la extensión de la votación el día lunes 13, se reportaron nuevas demoras, derivadas de la ausencia de coordinadores y de módulos preferenciales de atención, así como confusión sobre los horarios de cierre. Los observadores también documentaron que la mayoría de las urnas cerró puntualmente y que el escrutinio avanzó sin incidentes mayores.

Frente a este escenario, la MOE/OEA formuló una serie de recomendaciones específicas: instó a detectar las causas del retraso con precisión y revisar los planes de contingencia, con el fin de que no se repitan las dificultades en la segunda vuelta. Advirtió que estas falencias pueden erosionar la confianza pública y alimentar narrativas infundadas de fraude.

Advierte que simulacros electorales no incluyeron sistemas clave

De acuerdo con el informe, los simulacros técnicos realizados antes de las elecciones no incluyeron todos los componentes a implementarse en la jornada real, en particular la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) desarrollada por la ONPE, ni el módulo de presentación de resultados. La misión señaló que las pruebas previas deben replicar toda la carga y complejidad operativa que se enfrentará, sugiriendo que los simulacros incorporen al menos el 70 % del flujo de trabajo previsto.

La MOE/OEA observó que numerosas demoras adicionales en la apertura de mesas derivaron de la necesidad de instalar, configurar y verificar los equipamientos STAE mientras los votantes esperaban en fila, agravadas por problemas de conectividad y fallos en los suministros de tinta, así como largas esperas para recibir soporte técnico.

En este sentido, las recomendaciones apuntan a simplificar y paralelizar los pasos previos a la atención electoral, fortalecer la logística para asegurar que los materiales lleguen de forma anticipada y establecer pruebas operativas más rigurosas para validar procedimientos y capacitar al personal. Asimismo, se aconseja rediseñar el modelo de la mesa de ayuda, incrementando recursos y herramientas tecnológicas para asistencia inmediata, y establecer controles de calidad sobre los insumos, mediante protocolos de muestreo antes de su distribución.

Más de 27 millones de electores participaron en Perú y el exterior

La jornada registró la habilitación de 27.325.432 electores en Perú y el exterior, con 1.210.813 posibles votantes fuera del país, según la MOE/OEA. La observación se realizó en 358 centros de votación distribuidos en los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, así como en cuatro ciudades de tres continentes: Buenos Aires, Washington D.C., Barcelona y Concepción.

El informe presta especial atención al papel de las mujeres, quienes ocuparon el 52 % de las presidencias de mesa en los locales observados, consolidando su participación como un componente destacado de la vida democrática peruana. La mayoría de las mesas fue conformada correctamente, bajo supervisión de las autoridades electorales y con presencia de fuerzas de seguridad.

El reporte recoge que, aunque la infraestructura y organización en la mayoría de los locales fue considerada adecuada, la ampliación del horario electoral y la reubicación de algunos centros producto de recomendaciones de seguridad respondieron a un contexto donde, además de dificultades logísticas, se mantuvieron estados de emergencia en varias jurisdicciones.

MOE/OEA advierte que demoras alimentaron narrativas de fraude

En materia de transparencia, la MOE/OEA elogió la publicación continua de resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que permitió que la ciudadanía consultara datos en tiempo real. Destacó que el 34,6 % de las actas presidenciales fue contabilizado antes de la medianoche del 12 de abril y que, para el mediodía del 14 de abril, el avance alcanzaba el 76,6 %.

El acceso a información y la habilitación de módulos para personeros de partidos políticos aportaron a la confianza en el resultado y abonaron a la percepción de integridad del proceso. No obstante, la misión alertó sobre el efecto de las demoras en alimentar narrativas de fraude, amplificadas por campañas de desinformación digital y protestas frente a edificios de autoridades electorales.

Durante la ampliación excepcional del proceso, la ONPE tomó medidas para que quienes no pudieron votar el primer día fueran exonerados de penalidades. Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE y miembros de su equipo, mientras que se presentaron denuncias contra autoridades electorales por los retrasos acontecidos.

La MOE/OEA recomendó mantener la vigilancia contra la desinformación y continuar las acciones de verificación emprendidas por autoridades y sociedad civil. De cara a la segunda vuelta, la misión reiteró la necesidad de asegurar condiciones logísticas y tecnológicas que minimicen riesgos operativos y refuercen la legalidad y transparencia en la administración de los comicios.

Como parte de sus funciones de observación de la misión de la OEA destinada al Perú durante las elecciones generales, la institución internacional emitió un comunicado en el que saludó la extensión de la jornada electoral en el país, lo que permitirá que 52.261 personas ejerzan el derecho al voto el lunes 13 de abril de forma excepcional.

La medida tomada por el Jurado Nacional de Elecciones, se produjo en respuesta a la falta de material electoral que impidió la instalación de 211 mesas de votación durante la jornada electoral en distintos puntos de la capital y en dos circunscripciones de Estados Unidos.

La decisión, adoptada tras el pedido de la Defensoría del Pueblo, entidad autónoma, busca garantizar la participación de los electores afectados, según informaron tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en comunicados divulgados este domingo 12 de abril.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, liderada por Víctor Rico Frontaura, constató que la jornada se desarrolló con tranquilidad en la mayoría de los mil recintos observados tanto en territorio nacional como en el exterior, aunque su equipo identificó demoras en la apertura de mesas y la suspensión del sufragio en trece locales. En este contexto, la misión internacional anticipó que mañana desplegará observadores adicionales en los puntos pendientes de votación, según el comunicado difundido por la OEA.

Reacciones institucionales

Por su parte, el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, atribuyó el contratiempo a la empresa Servicios Generales Galaga, responsable de la logística para la entrega de materiales electorales, según recogió el propio Jurado Nacional de Elecciones.

Como medida correctiva, los afectados podrán votar el lunes 13 de abril, entre las 07:00 y 18:00 en Lima Metropolitana y en dos circunscripciones de Estados Unidos, conforme a las disposiciones aprobadas y difundidas por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones en un comunicado oficial.

La autoridad electoral también solicitó al Ministerio de Trabajo otorgar facilidades para que los trabajadores puedan acudir a votar ese día, y pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros mantener habilitados los centros educativos que sirven como locales de sufragio.

En un comunicado oficial firmado por su presidente, Roberto Burneo, el Jurado Nacional de Elecciones subrayó que la resolución tiene sustento en disposiciones constitucionales y legales que amparan la protección del derecho al voto. Burneo precisó: “Esta decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la realizamos en el marco constitucional y legal”. Agregó que corresponde a otras autoridades asumir las responsabilidades por las situaciones presentadas, según informó el Jurado Nacional de Elecciones.

La Defensoría del Pueblo también celebró la resolución, indicando en un comunicado oficial que “garantiza elecciones transparentes, la cual fortalece la democracia y la gobernanza en el país”, y que resulta relevante para definir la votación de cifra repartidora de diputados y senadores en la circunscripción de Lima, según señaló la Defensoría.

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió también contra la difusión de encuestas de conteo rápido o estimaciones similares mientras se completa la votación. Esta decisión responde a la necesidad de respetar la legalidad y garantizar la equidad del proceso, conforme a las directrices divulgadas este domingo.

El reciente pronunciamiento de la embajada de Canadá y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto bajo escrutinio la legitimidad del proceso que llevó a Walter Mazariegos a la reelección como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En medio de señalamientos de irregularidades, la comunidad universitaria y organismos internacionales exigen revisar el procedimiento y garantizar transparencia.

La misión especial de la OEA, encabezada por Carlos Ayala Corao, describió la situación en la Usac como uno de los desafíos institucionales más críticos del país.

El informe presentado ante el Consejo Permanente mencionó actos violentos contra integrantes de la universidad y la intervención del Consejo Superior Universitario, el cual desconoció resultados a favor de sectores opositores a la administración actual.

Embajada de Canadá se sumó al reclamo de la OEA y solicitó que la elección del rector sea “transparente y democrática”. El mensaje coincidió con una advertencia de la misión de la OEA: “Los hechos recientes podrían comprometer la legalidad, legitimidad y seguridad de la elección”. El organismo internacional alertó sobre el riesgo de consolidar procesos viciados, que finalmente fueron visibles en la reelección de Mazariegos.

Reacción internacional y respuesta universitaria

En paralelo, estudiantes y egresados de la Universidad Da Vinci de Guatemala rechazaron los mecanismos considerados ilegítimos en la designación del rector en la Usac.

Diversas voces del ámbito académico y social insistieron en reconstruir la confianza en los procedimientos universitarios para devolver legitimidad a las decisiones institucionales.

El informe presentado ante la OEA señaló que Guatemala atraviesa una “etapa decisiva” marcada por la renovación de autoridades clave: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el fiscal general y el contralor general.

En respuesta a las irregularidades detectadas por la misión especial de la OEA, se detalló que el proceso electoral en la Usac excluyó a sectores opositores, lo que puso en duda la legalidad del resultado y habilitó la continuidad de Mazariegos al frente de la universidad pese a las advertencias internacionales.

Evaluación de la OEA y desafíos institucionales

La representante de Guatemala ante la OEA, Claudia Escobar, y el propio Ayala Corao, expresaron que la renovación institucional en el país está acompañada de riesgos evidentes para la transparencia y la gobernabilidad.

El informe consignó antecedentes de politización que desembocaron en la criminalización de jueces, periodistas y miembros de la sociedad civil, así como en el debilitamiento de las garantías democráticas.

La misión de la OEA subrayó la necesidad de completar la integración de la Corte de Constitucionalidad, puntualizando que la toma de posesión, prevista para el 14 de abril, debe realizarse sin interferencias. Además, Ayala Corao remarcó que la Comisión de Postulación debe evaluar a los aspirantes a fiscal general con independencia, priorizando méritos y honorabilidad.

Al abordar lo sucedido en la Usac, la misión especial de la OEA determinó que la reelección de Walter Mazariegos como rector estuvo rodeada de irregularidades, violencia y exclusión de opositores, factores que impulsaron la intervención de organizaciones internacionales para exigir respeto a la legalidad.

Observación internacional y perspectiva democrática

La OEA interpretó la crisis en la Usac como un reflejo del actual estado de la democracia en Guatemala. Los pronunciamientos de actores internacionales han puesto el foco en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para asegurar que los procesos institucionales respondan a los principios de legalidad y transparencia.

La misión especial de la OEA confirmó una nueva visita a Guatemala del 14 al 16 de abril, con el objetivo de observar los procesos de elección y toma de posesión en las instituciones clave del país. La comunidad internacional y los sectores universitarios mantienen la atención sobre la evolución de estos hechos, convencidos de que el desenlace tendrá repercusiones en la gobernabilidad y la confianza pública en las instituciones guatemaltecas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó su agradecimiento a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) por el envío de observadores internacionales para acompañar el proceso electoral en Perú. El presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó durante la inauguración oficial del Programa de Observación Electoral Internacional que la presencia de estas misiones representa una garantía del estado de derecho y del compromiso internacional con la democracia en la región.

En su intervención, Burneo señaló que tanto el JNE como el sistema electoral peruano actúan con transparencia, imparcialidad y profesionalismo, subrayando que el desarrollo de los comicios cuenta con la vigilancia de organismos reconocidos a nivel global. “Este domingo 12 de abril no solo es el día de las elecciones sino el día en que el Perú marca su nuevo destino”, afirmó Burneo, citado por Andina.

Observadores internacionales y capacitación

En marzo, el JNE organizó una capacitación dirigida a observadores internacionales. El curso incluyó sesiones sobre el marco legal electoral, los procedimientos que rigen la jornada y la metodología utilizada en la observación. Esta iniciativa, busca dotar a los participantes de herramientas para evaluar el proceso con criterios objetivos y técnicos.

La misión de la Unión Europea, liderada por la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, completó su despliegue este miércoles. De acuerdo con información difundida por Andina, el equipo está integrado por 150 observadores distribuidos en las 25 regiones del país. Su labor consiste en acompañar la apertura de las urnas, seguir el desarrollo de la votación, observar el cierre de las ánforas, el conteo de votos y la publicación de los resultados oficiales.

Despliegue de la OEA y cobertura electoral

Por su parte, la misión de la OEA, encabezada por Víctor Rico Frontaura, inició su trabajo en Perú con la participación de más de 90 expertos provenientes de 22 países. Según lo informado por Andina, esta delegación evaluará aspectos como organización, tecnología electoral, justicia, financiamiento y participación política durante la jornada. Ambas misiones presentarán informes preliminares al finalizar el día, acompañados de recomendaciones orientadas a fortalecer el proceso electoral.

Los observadores internacionales estarán presentes en todas las etapas del proceso electoral. Desde la apertura de las urnas hasta el cierre y conteo de votos, el seguimiento busca garantizar la autenticidad, transparencia y legitimidad de los resultados. El jefe adjunto de la misión europea, Alexander Gray, señaló que dos días después de los comicios se presentarán los primeros hallazgos en una conferencia de prensa.

Participación ciudadana

Más de 27 millones de peruanos han sido convocados a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales. El proceso incluye la elección de presidente, dos vicepresidentes, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, y cinco representantes para el Parlamento Andino.

Según declaraciones recogidas por Andina, se prevé la posibilidad de una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, la cual se celebrará el 7 de junio. Las observaciones de las misiones internacionales, tanto de la UE como de la OEA, servirán como insumo para mejorar la organización de esta eventual segunda ronda y fortalecer la confianza en el proceso democrático peruano.

La 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Panamá del 22 al 24 de junio próximo, en el país, se verá engalanada con la selección de unas 60 obras de artistas panameños que se encuentran en el Museo de Arte de las Américas, en Washington, Estados Unidos.

La propuesta de traer las obras de artes de artistas panameños se dio durante la visita al país de la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, y de la directora del Museo de Arte de las Américas, Adriana Ospina, quienes recorrieron la Ciudad de las Artes como parte de la agenda preparatoria de la Asamblea General.

Gil destacó el valor de la Ciudad de las Artes como referente regional en formación artística, señalando que “es un ejemplo a nivel latinoamericano”.

En la galería de arte de la OEA han expuesto artistas de la plástica panameña que han contribuido al desarrollo de pintura local, con proyección internacional.

Entre ellos destacan Alfredo Sinclair Ballesteros (1914-2014), considerado el primer panameño en explorar el expresionismo abstracto, y Mario Calvit (1933-2021), pintor y escultor asociado con el realismo y el neorealismo, conocido por sus paisajes, figuras humanas y caballos salvajes.

También han expuesto sus obras Manuel Chong Neto, Antonio Alvarado y Alberto Dutary, así como Luis Aguilar Ponce y Guillermo Trujillo.

En esta oportunidad la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) cobra un significado mayor al coincidir con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar.

Aquel encuentro pionero sembró las semillas del multilateralismo americano, promoviendo la unidad, la paz, la soberanía y la cooperación entre las naciones del continente, ideales fundamentales de la OEA.

La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución declarando el 2026 como el “Año conmemorativo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”, lo que convierte esta cita en una oportunidad única para reflexionar sobre el legado bolivariano y reafirmar el compromiso colectivo con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la integración regional.

En la agenda cultural del país el Ministerio de Cultura anunció la apertura de la segunda convocatoria del Concurso Internacional para la selección del director(a) titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, temporada 2026.

La convocatoria, publicada en la Gaceta Oficial, invita a directores y directoras de trayectoria nacional e internacional a formar parte de un proceso competitivo que posiciona a Panamá como un referente cultural en la región.

La convocatoria exige formación académica en dirección orquestal, experiencia comprobada en escenarios nacionales e internacionales, una hoja de vida artística actualizada y la presentación de un proyecto artístico que plantee su visión para el desarrollo de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El repertorio del concurso incluirá obras emblemáticas de grandes compositores universales como Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky, Johannes Brahms y Claude Debussy, lo que garantizará un alto nivel técnico y artístico en cada etapa del certamen.

Los participantes serán evaluados por un jurado integrado por tres especialistas: un representante nacional y dos jurados internacionales, asegurando un proceso transparente, riguroso y de alto nivel.

Con esta convocatoria del Concurso Internacional para la selección del director(a) titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, temporada 2026, el Ministerio de Cultura señaló que continúa impulsando iniciativas que fortalecen la institucionalidad cultural, promueven el talento y consolidan a la Sinfónica como un referente artístico dentro y fuera del país.

El Gobierno de Costa Rica resolvió retirar la representación del país del foro especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para temas de derechos de la población LGBTIQ+, una decisión que marca un giro en la política exterior costarricense en materia de derechos humanos y diversidad.

La medida fue confirmada por el canciller Arnoldo André durante una entrevista en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental. Según explicó el jerarca, la decisión responde a la necesidad de priorizar los recursos diplomáticos en asuntos que el Ejecutivo considera más urgentes, en un contexto de limitaciones institucionales y redefinición de prioridades a nivel internacional.

La determinación se produce, además, a menos de un mes de que concluya la actual administración, lo que añade un componente político al anuncio, al anticipar un posible cambio en la agenda internacional del país.

Con esta decisión, Costa Rica deja de participar en el denominado Core Group LGBTIQ-OEA, un espacio de articulación regional que durante años ha servido para el intercambio de experiencias, la discusión de políticas públicas y la promoción de derechos para personas de la diversidad sexual en el continente.

La retirada fue comunicada formalmente por la embajadora costarricense ante la OEA, Alejandra Solano, cerrando así un ciclo de aproximadamente una década en la que el país tuvo un rol activo dentro de este foro.

Durante ese periodo, Costa Rica fue considerado uno de los Estados con mayor compromiso en la promoción de derechos humanos en la región, especialmente en temas vinculados a la población LGBTIQ+.

El canciller André justificó la decisión señalando que, desde la perspectiva del Gobierno, el país ha alcanzado un nivel suficiente de protección normativa para las minorías.

“Consideramos que los esfuerzos de nuestros diplomáticos deberían dirigirse más hacia los temas de actualidad y de urgencia y, por lo tanto, decidimos no participar activamente más en ese grupo”, indicó el canciller durante la entrevista.

Contexto regional y señales políticas

El retiro de Costa Rica no ocurre en un vacío regional. De acuerdo con el Semanario Universidad, la decisión se enmarca en una serie de movimientos similares impulsados por gobiernos de corte conservador en América Latina, que han replanteado su participación en espacios multilaterales relacionados con derechos de la diversidad sexual.

Uno de los ejemplos más recientes es el de Chile, cuyo nuevo gobierno, encabezado por José Antonio Kast, optó por no suscribir una declaración de la OEA en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+, rompiendo así con una línea de respaldo sostenida durante casi una década.

Este tipo de decisiones ha sido interpretado por analistas como una señal de reconfiguración de alianzas políticas y prioridades ideológicas en la región. En el caso costarricense, también se ha señalado la cercanía política evidenciada en la asistencia del presidente Rodrigo Chaves y de la presidenta electa Laura Fernández a la investidura de Kast, lo que algunos sectores interpretan como un indicio de afinidad en determinadas agendas.

Implicaciones de la salida

Durante su participación en el Core Group LGBTIQ-OEA, Costa Rica formó parte de un mecanismo clave para el intercambio de buenas prácticas, el seguimiento de avances en derechos humanos y la coordinación de iniciativas entre Estados miembros.

La salida del país implica, en términos prácticos, el abandono de uno de los principales espacios regionales de diálogo sobre diversidad sexual, lo que podría limitar su incidencia en la construcción de políticas internacionales en esta materia.

Aunque el Gobierno sostiene que se trata de una decisión estratégica orientada a optimizar recursos y concentrar esfuerzos en otros temas prioritarios, críticos advierten que podría interpretarse como un retroceso en el posicionamiento histórico del país como referente regional en derechos humanos.

Más de 150 observadores internacionales enviados por la Unión Europea, la OEA y sus equipos técnicos, velarán por la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones generales el próximo 12 de abril. Ambos organismos ya iniciaron el despliegue de sus misiones en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la legitimidad de las elecciones generales.

La Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea completó la llegada de sus integrantes con el arribo de los observadores de corto plazo, quienes se movilizan hacia distintas regiones del país. Alexander Gray, jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, señaló que este grupo se suma a los 10 observadores analistas y 50 de largo plazo que trabajan desde hace tres semanas.

“Hoy estamos desplegando nuestros observadores de corto plazo, que han llegado al país hace tres días y han realizado una capacitación para prepararse para la jornada electoral. Su tarea es reforzar el trabajo que llevamos haciendo desde hace dos meses en el país”, detalló Gray en declaraciones a la prensa.

La misión europea prevé superar los 150 observadores distribuidos en todo Perú el día de los comicios. En los días previos a la votación, se incorporará una delegación de eurodiputados y diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea, quienes reforzarán la cobertura del proceso. El equipo de la UE permanecerá en el país hasta el cierre definitivo del proceso electoral y, en caso de una segunda vuelta, hasta finales de junio.

El trabajo de la misión internacional incluye la visita a jurados Electorales Especiales (JEE) y oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), así como reuniones con diferentes actores involucrados. Desde 2001, la Unión Europea ha participado en diversas elecciones peruanas.

Según Gray “en Perú, muchas de las recomendaciones que hemos hecho en el transcurso de los últimos 20 años han sido tomadas en cuenta e implementadas”.

La vigésima cuarta misión de la OEA y el despliegue internacional

En simultáneo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó su misión de observación electoral, encabezada por Víctor Rico Frontaura. Este grupo cuenta con un equipo técnico compuesto por más de 90 observadores y especialistas de 22 países. Es la vigésima cuarta vez que la Organización de los Estados Americanos observa un proceso electoral en Perú.

El equipo de la OEA mantendrá reuniones con autoridades electorales, candidaturas, representantes de la sociedad civil, miembros de la comunidad internacional y otros actores relevantes, para obtener diferentes perspectivas sobre el desarrollo de las elecciones.

“El equipo de especialistas de la Misión realizará un análisis exhaustivo e integral de aspectos fundamentales del proceso electoral peruano en áreas como organización electoral. Tecnología electoral. Justicia electoral. Financiamiento político-electoral. Participación política de las mujeres. Participación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Campañas, medios y comunicación digital. Violencia electoral, entre otros”, indicó la OEA.

Una vez concluida la jornada electoral del 12 de abril, la misión de la OEA difundirá un informe preliminar con los hallazgos y recomendaciones. Ambos organismos han confirmado su compromiso con la transparencia y la imparcialidad en el proceso, y pidieron la colaboración de las autoridades nacionales y de la ciudadanía durante el desarrollo de las elecciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano autónomo de la OEA) ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ampliación inmediata de las medidas provisionales para proteger a cinco disidentes nicaragüenses detenidos. El pedido surge ante la posibilidad real de daños irreparables para su integridad y derechos, derivada de una política de persecución sistemática ejercida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra más de cien opositores en los últimos ocho años, según informó la CIDH en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Entre estos beneficiarios se encuentran figuras con relevancia política y social dentro de Nicaragua: el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, quien fuera asesor presidencial y delegado de inversiones bajo el gobierno de Ortega; su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy; el coronel en retiro Carlos Brenes; su esposa Salvadora Martínez; y el opositor Larry Martínez.

La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, autoridad estatal encargada de la investigación y persecución penal, los identifica como presuntos creadores de “20 sociedades de papel” para lavar dinero y evadir impuestos. Tres de los mencionados tienen más de 65 años, lo que incrementa la urgencia por su estado de salud, de acuerdo a la Comisión. La organización Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, con sede en Costa Rica, confirmó los antecedentes y detenciones.

El paradero y las condiciones de reclusión de algunos de estos opositores generan especial preocupación en la comunidad internacional. El informe de la CIDH documentó que Baltodano Cantarero y su hijo permanecen en el centro de detención La Modelo, después de más de cinco meses desaparecidos; existen alegatos consistentes sobre falta de atención médica adecuada.

En el caso de Brenes, su esposa y Martínez, la Comisión señaló que sus ubicaciones permanecen desconocidas desde su detención, situación que incrementa el riesgo de violaciones graves a sus derechos.

Ante ello, la CIDH pidió a la Corte IDH ampliar las medidas provisionales a favor de estos cinco disidentes nicaragüenses por riesgo grave e inminente a su vida e integridad. Algunos llevan meses detenidos o con paradero desconocido, y la CIDH acusa al Estado de Nicaragua de no presentar pruebas de protección o investigación.

De acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 27 de su Reglamento, la CIDH sostuvo que el Estado de Nicaragua no ha emitido respuesta ni adoptado medidas para disminuir los riesgos mencionados, ni ha informado avances en la investigación.

Por esto, solicitó que la Corte IDH garantice la protección inmediata de la vida, integridad, salud y libertad personal de los cinco disidentes, además de requerir un informe oficial sobre su paradero o lugar de detención.

El contexto de la persecución a la disidencia y la reacción internacional

Las medidas provisionales que puede dictar la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio y se reservan a escenarios de gravedad y urgencia comprobada. La petición de la Comisión se produce en un contexto signado por la crisis social y política en Nicaragua desde abril de 2018, con un marcado agravamiento tras los comicios generales del 7 de noviembre de 2021.

En dichas elecciones, Ortega —con ochenta años y en el poder desde 2007— fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en una votación denunciada internacionalmente por la exclusión de sus principales rivales a través de arrestos y expulsiones. Conforme a la información recabada por EFE, un centenar de opositores, despojados de nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”, siguen sometidos a procesos judiciales y encarcelamientos.

Ante esa situación, la iniciativa de la CIDH y el recurso ante la Corte IDH se configuran como las principales instancias de protección para quienes enfrentan el peligro de desaparición o de condiciones carcelarias severas. La Comisión, por su parte, recalcó que sus gestiones formales y solicitudes de información al Estado de Nicaragua no han obtenido ninguna prueba concreta sobre la adopción de medidas de protección ni avances en los procesos judiciales.

La tarde de este 1 de abril de 2026, el embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas Rodríguez, alertó sobre la existencia de una cuenta falsa a su nombre en Facebook:

“Alerto sobre la apertura de una cuenta falsa de Facebook a mi nombre. Solicito hacer caso omiso de cualquier comunicación proveniente de dicha cuenta, en tanto es bloqueada”.

En la captura de pantalla compartida por el funcionario se puede ver que los ciberdelincuentes envían mensajes a usuarios de la red, en el que invitan a formar parte de un grupo en WhatsApp:

“Hola a todos. Para agradecer a nuestros seguidores su apoyo, el analista principal de mi equipo y yo creamos recientemente un grupo de aprendizaje en WhatsApp. En este grupo, compartiremos ideas y estrategias sobre acciones, bonos, criptomonedas y ETF. Unirse es totalmente gratis. Si te interesa participar, responde ‘Sí’”.

Podrían cometer fraude a nombre de funcionarios

Desde hace varios años y con el avance de la tecnología, sobre todo en Inteligencia Artificial, los funcionarios y las dependencias públicas se han convertido en blanco fácil de los ciberdelincuentes, quienes buscan cometer fraudes a través de la suplantación de identidad.

En 2023 se registró aumento sostenido en la aparición de sitios web que aparentan pertenecer a instituciones oficiales, perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, así como el uso de documentos y correos electrónicos apócrifos.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado detectó que estas plataformas buscaban realizar transacciones fraudulentas bajo la fachada de donaciones o de operaciones de compra-venta de bienes muebles e inmuebles, además de sustraer información y ejecutar fraudes cibernéticos dirigidos tanto a instituciones de gobierno como a particulares y a la ciudadanía en general.

Tan solo en ese año, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado identificó y denunció 83 sitios web falsos, junto con 23 perfiles apócrifos en redes sociales, de los cuales 21 correspondieron a Facebook y 2 a canales de YouTube.

Frente a este contexto, el Instituto advirtió a la ciudadanía para no caer en este tipo de dinámicas que podrían conllevar la pérdida de dinero, bienes o la identidad.

¿Qué hacer ante los sitios falsos?

Debido a que esta práctica se sigue repitiendo, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para la ciudadanía, dependencias o funcionarios públicos que se tomen con esta problemática:

1. Reportar en las redes sociales oficiales Facebook, Twitter o Instagram.
2. Denunciar ante la Fiscalía más cercana a tu domicilio, consulta el listado en https://bit.ly/fiscalias para conocer a cuál debes acudir.
3. Revisar periódicamente el listado de páginas falsas que actualizamos cada mes, en este sitio https://bit.ly/sitiosfalsos
4. Compartir esta información en tus redes sociales para alertar a más personas.

El Gobierno venezolano afirmó este martes que la Organización de los Estados Americanos (OEA) “carece de toda competencia para pronunciarse” sobre los asuntos internos del país, tras el llamado del organismo a las autoridades venezolanas para garantizar la transparencia en la elección del fiscal general y el defensor del pueblo.

A través de redes sociales, el canciller Yván Gil subrayó que Venezuela “no forma parte” de la OEA y calificó como “profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional”.

El ministro añadió: “Sorprende que el actual secretario general pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor, Luis Almagro. Venezuela continuará su curso de autodeterminación, derecho inalienable de su pueblo”. Gil acompañó su mensaje con una captura de la publicación en X del líder de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, sobre la que escribió la palabra “desatinado”.

En la red social, Ramdin señaló que las autoridades de Venezuela “deben asegurar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana”.

En días recientes, 11 ONG venezolanas denunciaron la “ausencia de reglas claras y públicas” respecto al procedimiento y los criterios de evaluación, y advirtieron que no se ha publicado el reglamento, el cronograma ni el “baremo que será utilizado para evaluar las credenciales”.

El proceso comenzó tras la dimisión de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos cercanos al chavismo y quienes ocupaban los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente, hasta febrero pasado.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, informó el viernes que se recibieron 21 nuevas postulaciones: 18 para defensor del pueblo y 3 para fiscal general, luego de una prórroga de 48 horas concluida el jueves.

Entre los postulados para defensor del pueblo figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del ex ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente se inscribió pero se retiró posteriormente de la contienda.

En total, la Defensoría del Pueblo registra 78 postulaciones, mientras que la Fiscalía General tiene 76 aspirantes.

El proceso ocurre en el contexto de la amnistía aprobada en febrero, que habilita, en principio, liberaciones de presos políticos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 hechos distribuidos en 13 años.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este martes a las autoridades de Venezuela a asegurar la transparencia en el proceso de elección del fiscal general y del defensor del pueblo.

Esta demanda se produce tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a la cabeza de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, puestos clave en la estructura institucional del país.

El llamado de la OEA se difundió a través de un mensaje de Ramdin en la red social X, donde subrayó la necesidad de que los procedimientos de designación respeten estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana. Este reclamo surge en medio de denuncias sobre la falta de imparcialidad en la conducción de los procesos judiciales venezolanos.

El proceso para seleccionar a los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo se inició tras la dimisión de los funcionarios, quienes llevaban casi una década al frente de estos organismos.

Durante su gestión, Saab reforzó la alineación institucional con el chavismo y asumió tareas de respuesta ante denuncias de corrupción y detenciones masivas en protestas ciudadanas.

Ruiz, por su parte, fue cuestionado por organizaciones civiles y multilaterales debido a la falta de independencia en su labor desde 2017.

La Asamblea Nacional reportó la recepción de 21 postulaciones nuevas: 18 para defensor del pueblo y tres para fiscal general. Entre los postulantes figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se presentó al cargo, pero luego se retiró.

Además, la exdiputada opositora Marialbert Barrios aparece entre los aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Según cifras oficiales, existen 78 postulaciones para la Defensoría y 76 para la Fiscalía.

Durante la gestión de Saab, el Ministerio Público aseguró haber atendido a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017 y puso en marcha programas de justicia comunitaria que beneficiaron a más de 1,2 millones de personas. Saab anunció excarcelaciones a inicios de año, indicando que se tramitaron más de 400 medidas de liberación desde diciembre, en el marco de acciones para la “pacificación total del país”.

En octubre de 2024, la Asamblea Nacional había extendido el mandato de Saab hasta 2031. Sin embargo, la coyuntura generada tras la captura del dictador Nicolás Maduro y la instauración del gobierno de transición tutelado de Delcy Rodríguez precipitó la salida de ambos funcionarios.

El proceso de selección ha sido cuestionado por al menos una decena de organizaciones no gubernamentales, que denunciaron la ausencia de reglas claras y públicas para el procedimiento y los criterios de evaluación.

Dos relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos solicitaron al gobierno de transición venezolano que garantice que los nuevos titulares sean elegidos conforme a sus méritos e integridad probada.

(Con información de EFE)

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) determinó repetir este domingo 5 de abril la votación de las elecciones autonómicas en 29 mesas de sufragio, debido a fallas como la distribución de papeletas erróneas en algunos municipios. Este proceso está contemplado en el calendario electoral y no modificará el balotaje para la Gobernación previsto para el 19 del mismo mes.

El presidente del TED, Marco Monasterio, explicó que se trata de cuatro mesas de sufragio en Santa Cruz de la Sierra, 22 en el municipio de San Ignacio de Velasco y tres en San Javier.

Sobre el error de las papeletas, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) remarcó que “generó descontento social” y que “por la distancia y dificultad de acceso a la zona, el error no pudo subsanarse durante la jornada”.

Los resultados de estas votaciones permitirán cerrar el cómputo oficial de las elecciones municipales y departamentales. Sin embargo, salvo en el caso de la alcaldía de San Ignacio de Velasco, la votación no será determinante para el resultado final porque los porcentajes actuales tienen una tendencia irreversible.

El 22 de marzo, 7,4 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir a más de 5.000 autoridades autonómicas entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales. Esta elección fue la primera a nivel regional que se dio en un escenario político distinto, marcado por el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y con expectativa por la nueva distribución de recursos públicos y la profundización de la autonomía de las regiones.

Con el MAS fuera de las papeletas y una multiplicidad de partidos y candidatos, el presidente Rodrigo Paz conformó una alianza a la que denominó “Patria” y que estuvo conformada por la fuerza política de su aliado Samuel Doria Medina y el histórico Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido que lideró su padre —el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993)— y que resucitó luego de casi 20 años de proscripción.

Los resultados de las elecciones autonómicas muestran que Patria está lejos de formar una nueva hegemonía en el país, porque solo obtuvo la alcaldía de una ciudad capital y cinco de sus candidatos a gobernador deberán disputar el puesto en la segunda vuelta.

Uno de los resultados sorpresivos se dio precisamente en Santa Cruz, el departamento más extenso y poblado del país, donde uno de los principales aliados del Gobierno, el actual gobernador Luis Fernando Camacho, buscaba la reelección y quedó en tercer lugar, pese a ser el favorito en las encuestas. Su lugar será ocupado por Juan Pablo Velasco u Otto Ritter, que irán al balotaje dentro de tres semanas.

En Cochabamba, otra de las regiones del denominado “eje central”, ganó en primera vuelta el dirigente cocalero y alfil de Evo Morales, Leonardo Loza. En tanto en La Paz, el departamento que alberga a la sede de Gobierno, ganó el exalcalde Luis Revilla, de la oficialista Patria, pero con un porcentaje insuficiente para evitar el balotaje.

Este proceso electoral estuvo marcado por incertidumbre debido a inhabilitaciones tardías, cancelación de personerías jurídicas y acefalías en tribunales electorales departamentales. La OEA recomendó en su informe establecer normas claras, habilitar un periodo en el calendario para la subsanación de requisitos de postulación, reformar el marco normativo para asegurar que el organismo electoral esté completo antes del inicio de un proceso electoral, entre otras acciones.

La culminación de este proceso electoral, que definirá la conformación del poder territorial para el próximo quinquenio, está prevista para mayo cuando tomen posesión las nuevas autoridades electas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un documento que destaca el papel de las mujeres en el multilateralismo, señalando cómo las políticas y acciones de la institución impulsan avances para las mujeres en el continente americano, desde su acceso a la educación y el empleo, el liderazgo empresarial y político, hasta la consolidación de su participación y toma de decisiones tanto en la esfera pública como privada.

Este informe expone que, si bien la igualdad está estipulada en la carta fundacional de la OEA desde 1948, la presencia, el liderazgo y la participación de las mujeres en espacios multilaterales continúan siendo una meta pendiente en la región y en el mundo.

Las barreras numéricas en organismos internacionales y la región

El informe Las mujeres en el multilateralismo 2026 detalla que la representación femenina en instancias internacionales sigue siendo reducida.

Desde 1946, solo cinco mujeres frente a setenta y cinco hombres han presidido la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que ninguna haya alcanzado el cargo de Secretaria General.

Además, apenas el 7% de los más de 2.800 Representantes Permanentes ante las Naciones Unidas desde 1947 han sido mujeres, y setenta y tres países, que representan el 38% de los Estados miembros, nunca nombraron a una embajadora como representante permanente.

La tendencia se repite en América Latina. Entre los 33 Representantes Permanentes ante la OEA, únicamente ocho son mujeres (24%). La Secretaría General del organismo tampoco ha tenido nunca una titular mujer.

Embajadoras centroamericanas relatan experiencias y desafíos

Diversas embajadoras centroamericanas aportan una visión directa sobre los desafíos y logros del multilateralismo. La embajadora Alejandra Solano Cabalceta, representante permanente de Costa Rica, manifestó que su cargo le ha permitido “contribuir al diálogo y la cooperación entre los Estados miembros” e impulsar iniciativas que visibilizan el liderazgo femenino.

Relató el cambio de nombre de la galería de las Heroínas y los Héroes de las Américas en la sede de la organización y la incorporación de retratos de figuras como Ángela Acuña Braun.

En su presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios, organizó una sesión para discutir el impacto de la migración sobre mujeres y niñas, y en el Consejo Permanente impulsó la declaración “La OEA: Espacio Seguro para Todas las Mujeres”.

Según Solano Cabalceta, “el multilateralismo acerca los acuerdos políticos a la vida diaria” y permite construir sociedades más inclusivas.

Wendy Jeannette Acevedo, embajadora de El Salvador, destacó el papel de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) como pionera en garantizar derechos y ciudadanía plena a las mujeres del hemisferio.

Acevedo señaló la Convención de Belém do Pará como referente internacional para asegurar “el derecho a una vida libre de violencia” y fortalecer instituciones. Aseguró que los marcos jurídicos y la cooperación logrados por la CIM se traducen en agendas nacionales de seguridad y autonomía femenina.

La embajadora de Guatemala, Claudia Escobar Mejía, sostuvo que la OEA avanza en los derechos de las mujeres al transformar consensos en estándares y mecanismos de rendición de cuentas. Puntualizó que la CIM articula pruebas y buenas prácticas, además de impulsar políticas para la igualdad y participación.

Escobar Mejía citó su labor en el Panel de Alto Nivel sobre Nuevos Retos para la Democracia y la Igualdad en las Américas (La Antigua, 2025), donde se abordaron temas como la paridad, la seguridad con perspectiva de igualdad y la gobernanza digital vinculada a la inteligencia artificial.

Para la embajadora Ana Irene Delgado de Panamá, la OEA ha representado un espacio donde la normativa se traduce en herramientas de protección real, con logros como la tipificación del femicidio y el avance en la paridad dentro del servicio exterior.

Delgado narró que presidir la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Comisión de Asuntos Migratorios le permitió evidenciar el impacto de políticas multilaterales en la vida de mujeres migrantes y víctimas de violencia. Para Delgado, estos avances resultan de años de diálogo y compromiso, con el multilateralismo materializándose a través de la cooperación.

Desde la República Dominicana, la embajadora Mayerlyn Cordero Díaz destacó que la acción de la OEA posicionó los derechos civiles, políticos y económicos de las mujeres y amplió su protagonismo en la democracia y el desarrollo sostenible.

Afirmó que la CIM hizo visible la desigualdad en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según Cordero Díaz, “el reconocimiento de la economía de los cuidados, como un pilar del bienestar social, ha permitido avanzar hacia políticas públicas” de corresponsabilidad. Dijo que en su país se lograron leyes de paridad, impulso a la autonomía económica y programas como Canasta Digital Social 3.0 para la inclusión en la economía digital.

Persisten retos pese a los avances normativos regionales

De acuerdo al documento de la OEA, la normativa y los instrumentos regionales —como la Convención de Belém do Pará— han sido clave para el progreso, pero la representación de mujeres en cargos de decisión multilaterales sigue siendo limitada. Los registros demuestran que ni en el sistema interamericano ni en el global una mujer ha llegado a liderar la Secretaría General, y menos de un cuarto de los puestos de representación permanente están ocupados por mujeres.

Las experiencias de las diplomáticas centroamericanas respaldan la conclusión: “tanto el camino ya recorrido, como el que queda por recorrer, demandan la presencia, la participación sustantiva y el liderazgo de las mujeres”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene disponible su convocatoria 2026 de becas para profesionales colombianos que quieran cursar una maestría o un doctorado en el exterior —o de manera virtual— en universidades de países que hace parte de esa organización.

La ventana para aplicar ya está abierta desde el 2 de marzo y se cierra el 30 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m., hora Colombia. No hay prórroga anunciada. La OEA paga hasta 10.000 dólares estadounidenses por año para ayudar a financiar un posgrado de entre 12 y 24 meses.

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Ese dinero no llega en un cheque en blanco. Existe un orden de prioridades para usarlo: primero se cubre la matrícula universitaria, luego el seguro médico, después los gastos de manutención mensual, el tiquete aéreo si el programa es presencial, y por último materiales de estudio o libros.

Un punto que conviene subrayar es que la beca es complementaria, lo que significa que no está diseñada para cubrir el total de los gastos del beneficiario durante su estadía. Trámites migratorios, alojamiento, pasaporte y costos de admisión a las universidades corren a cuenta de quien resulte seleccionado. Es decir, contar con la beca no exime al estudiante de tener los recursos propios para sostener su vida en el exterior si el programa es presencial.

¿Quién puede aplicar?

El programa está dirigido a colombianos residentes en Colombia, mayores de 25 y menores de 55 años al cierre de la convocatoria. Ese rango de edad no tiene excepciones de ningún tipo.

Para optar por una maestría se requiere un título de pregrado con un promedio mínimo de 4,0 sobre 5,0. Para un doctorado, el requisito es contar con título de maestría, también con ese mismo promedio mínimo. Los certificados de especialización no son válidos como último nivel académico en ninguno de los dos casos.

Adicionalmente, el aspirante debe acreditar al menos 24 meses de experiencia profesional en áreas relacionadas con el programa que desea estudiar, contados desde la obtención del título universitario. Si el candidato trabajó en varias instituciones al mismo tiempo, ese período se cuenta una sola vez.

Antes de aplicar a la beca, el profesional ya debe haber sido admitido en una universidad de un país miembro de la OEA —distinta a cualquier institución colombiana— para iniciar estudios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, este será el filtro más determinante del proceso. Sin esa carta de admisión definitiva en la mano, la candidatura queda excluida de manera automática, sin posibilidad de subsanar el requisito después.

¿En qué áreas se puede estudiar?

Los programas deben estar relacionados con las prioridades del Plan Estratégico Integral de la OEA: cultura, educación, medio ambiente y desarrollo sostenible, turismo, desarrollo social y empleo, ciencia y tecnología, integración económica y fortalecimiento institucional democrático.

Este es otro punto crítico que hay que tener claro y es que el candidato debe registrarse simultáneamente en la plataforma del Icetex y en la plataforma propia de la OEA. Si solo se aplica en una de las dos podría quedar por fuera del proceso completo, sin importar qué tan sólida o completa esté su documentación.

Entre los documentos requeridos figuran: formulario oficial de la OEA diligenciado, carta de admisión de la universidad extranjera, cédula de ciudadanía, certificado oficial de notas, títulos académicos, certificados de experiencia laboral con descripción detallada de funciones, certificado de clasificación en el Sisbén IV vigencia 2025 y una factura de servicio público con no más de 60 días hábiles de expedición.

También se requiere un ensayo de motivación personal de entre 1.000 y 2.500 palabras, y dos cartas de recomendación —de docentes o empleadores— en los formatos establecidos por la OEA. Todos los archivos deben cargarse en formato PDF legible; los documentos con contraseña o errores de visualización serán descartados.

Los resultados de la Comisión Nacional de Becas se comunicarán por correo electrónico. La fecha en que esto ocurrirá está fijada para el 9 de abril de 2026.

La controversial decisión comunicada desde las disidencias de las Farc de impedir el ingreso de organismos humanitarios a territorios bajo el control “político y militar” del Estado Mayor Central (EMC), por “graves violaciones a la confianza y a la neutralidad”, generó una respuesta inmediata por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Defensoría del Pueblo y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El 18 de marzo de 2026, desde el EMC, bajo el mando de “Iván Mordisco”, emitieron un comunicado en el que anunciaron desde esa fecha la restricción para el ingreso de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) y la Defensoría del Pueblo no tendrían acceso a los territorios donde opera la disidencia. Únicamente otorgaron acceso a misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo estrictas condiciones.

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De manera paralela, los tres organismos concluyeron que la determinación subversiva se traduce en graves peligros para la población civil de estos territorios.

Esta medida, de acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, “vulnera el Derecho Internacional Humanitario” y atenta directamente contra las poblaciones al restringir el acompañamiento y monitoreo necesarios para la protección de los civiles que “ya están expuestos a violaciones de derechos Humanos”, agregó Marín en un comunicado oficial.

En diálogo con Caracol Radio, Marín afirmó que la imposición del grupo armado permitirá que las comunidades queden excluidas de “ayudas humanitarias, liberación de secuestrados o atención a heridos” en casos de operativos.

Además, la defensora negó las acusaciones del EMC que en su carta señalaron que en la Defensoría se emiten alertas tempranas “manipuladas”, y sostuvo que el trabajo de la institución es “imparcial, independiente y autónomo”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó en sus redes sociales el respaldo del Gobierno nacional a las labores de la Defensoría, la ONU y la OEA.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X el 19 de marzo, Benedetti aseguró que el Ejecutivo no cederá a las pretensiones guerrilleras y “dará las garantías necesarias para que continúen con sus labores en las regiones”. También convocó a una reunión extraordinaria para abordar la situación con representantes de los organismos afectados y el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón.

En el encuentro, reiteraron el llamado a los grupos armados ilegales para facilitar el tránsito de las instituciones y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Lo que dijeron desde la ONU y la OEA

Voceros de la Mapp/OEA también concluyeron con que las restricciones “afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”.

Afirmaron que tras 22 años no han filtrado información “para favorecer acciones militares, a través de su labor”, y que su mandato humanitario no había contado con bloqueos “gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales”.

Sin embargo, también harán caso omiso al anuncio de las disidencias y “continuarán haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.

Portavoces de la oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia también rechazaron el mensaje de los disidentes y expresaron preocupación. A través de un comunicado, exhortaron a los grupos armados a respetar sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario.

“Las restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil”, se leyó en el mensaje.

El proceso de diálogo entre el Gobierno y el EMC se rompió tras una serie de ataques contra la población civil, incluido el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule Paví en marzo de 2024. El territorio de Guaviare, junto con Cauca, Valle del Cauca y Nariño, sigue siendo escenario de confrontaciones entre facciones disidentes y de disputas por el control de economías ilegales.

El Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc liderada por “Iván Mordisco”, anunció una medida que incrementa la tensión con la comunidad internacional y el Estado colombiano: la restricción de acceso a organismos humanitarios y de verificación internacional en los territorios bajo su influencia.

A través de una misiva publicada en redes sociales, voceros del grupo armado comunicaron que la Misión de Verificación de la ONU, la Mapp-OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a las zonas donde el grupo guerrillero “desarrolla su actuar político y militar”.

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En su comunicado, el Estado Mayor Central sostuvo que la restricción está vigente “a partir de la fecha”, y que la medida obedece a “graves violaciones de confianza y neutralidad”.

“Desafortunadamente acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra (sic)”, afirmaron los portavoces del grupo armado.

De hecho, puntualizaron que las alertas tempranas que suelen emitir con frecuencia los voceros de la Defensoría del Pueblo han sido “manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las Farc-EP y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares”.

Los delincuentes señalaron y atribuyeron episodios de presuntas violaciones al derecho internacional humanitario a las organizaciones nombradas.

“Siempre hemos señalado el silencio casi cómplice de estos organismos frente a crímenes de estado o la violación al derecho internacional humanitario como en los casos de la muerte del menor de 10 años Dylan Cruz, y los tres civiles asesinados a manos de la fuerza pública en el corregimiento de El Plateado Argelia en el mes de enero, o los bombardeos contra civiles y menores de edad en el departamento del Guaviare, además de la estigmatización creciente contra las legítimas formas de resistencia del pueblo colombiano”, se leyó en el documento.

Además, reiteraron una presunta “filtración de información sensible desde misiones humanitarias” que estaría arriesgando no solo las fuerzas de las disidencias, sino a las comunidades, como se lee en la carta. Indicaron que el presunto espionaje se ha presentado en numerosas oportunidades.

La Cruz Roja puede entrar, pero con condiciones

En ese sentido, los integrantes del grupo de “Iván Mordisco” anunciaron que solo están dispuestos a “mantener” misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), pero con la condición de que la organización garantice “la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción”.

De acuerdo con el comunicado, la restricción tiene efectos directos sobre las poblaciones que habitan las zonas bajo influencia del grupo armado. La exclusión de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo limita la capacidad de monitoreo independiente y la presencia de mecanismos de protección y verificación de derechos humanos en contextos de conflicto armado.

El comunicado salió a la luz en medio de un incremento de operaciones militares y policiales en contra de este grupo armado y sus redes de apoyo que les permiten un contundente crecimiento financiero, incluso, en entornos urbanos como Bogotá y Medellín.

De manera paralela, uno de los operativos más contundentes en contra de las estructuras del Frente 36 ocurrió en Medellín, Antioquia, y fue confirmado por el alcalde Federico Gutiérrez, que informó que tras seis meses de investigación, una red criminal vinculada al mencionado Frente 36 fue desarticulada luego de que “operaba desde el Valle de Aburrá, utilizando inmuebles para logística, almacenamiento de armamento y coordinación de acciones terroristas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes la Resolución No. 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos, un documento que llega en un momento de alta presión para México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha exhibido como trofeos de su política de seguridad una serie de extradiciones masivas a Estados Unidos realizadas en tres tandas desde febrero de 2025, entregando a líderes del Cártel de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas, el Cártel del Golfo y la Organización Beltrán-Leyva, en operaciones que Washington celebró como “logros históricos” de la era Trump. A eso se suma una “reducción sostenida en homicidios dolosos” que el gabinete de seguridad presume como evidencia de que la estrategia funciona. Los números, vistos desde la superficie, parecen contundentes.

El crimen organizado, de amenaza emergente a crisis estructural

Pero la CIDH advierte que eso no es suficiente, y que nunca lo ha sido. El documento parte de reconocer que lo que en 2003 los Estados miembros de la OEA identificaron como una “nueva amenaza” para la seguridad hemisférica se ha convertido hoy en una crisis de otra magnitud. El crimen organizado ya no es solo un fenómeno delictivo contenible con detenciones y extradiciones; es una manifestación estructural de desigualdad, corrupción e impunidad que erosiona el Estado de derecho desde adentro. La CIDH identifica como factores que lo alimentan la pobreza, la debilidad institucional, la proliferación de armas y la falta de estrategias judiciales actualizadas, todos ellos presentes con intensidad en el contexto mexicano.

Justicia independiente y persecución financiera, las apuestas más urgentes

Entre las recomendaciones con mayor resonancia para México destacan las que exigen el fortalecimiento de la independencia judicial y la creación de unidades especializadas con autonomía real frente a la cooptación del crimen organizado. En un país donde el Operativo Enjambre documentó en 2025 que decenas de servidores públicos, entre ellos presidentes municipales y directores de seguridad, estaban vinculados a organizaciones criminales, esa recomendación no es abstracta. La CIDH también pide priorizar la investigación de flujos financieros ilícitos y el lavado de activos, persiguiendo no solo a ejecutores sino a los financiadores y facilitadores políticos de las redes.

Protección diferenciada para los más vulnerables

La resolución también insta a proteger de forma diferenciada a periodistas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas y afrodescendientes, grupos que en México han sufrido de manera desproporcionada la violencia criminal. Asimismo, llama a tipificar de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, una práctica documentada en Michoacán, Guerrero y Sinaloa, donde hallazgos como el del rancho Izaguirre en Teuchitlán revelaron en 2025 la escala del horror con que operan estas estructuras y en el que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado graves omisiones de la Fiscalía de Jalisco en la investigación del caso.

Prevención estructural frente al espectáculo punitivo

Frente al modelo que empuja Washington —donde Trump firmó el 7 de marzo una proclamación para crear la “Americas Counter Cartel Coalition” bajo una lógica de “hard power” militar— la CIDH es explícita: las estrategias represivas, militarizadas o basadas en estados de excepción no reducen la criminalidad ni atienden sus causas. Analistas advierten que las extradiciones exprés mexicanas, realizadas sin agotar recursos legales disponibles, funcionaron como gestos políticos dirigidos a la facción más dura del trumpismo, normalizando la idea de que la presión externa puede alterar el curso de la justicia interna. Para la CIDH, ese camino tiene un costo democrático alto. La resolución apuesta en cambio por políticas estructurales y preventivas, con participación comunitaria, persecución de redes financieras y reparación integral para las víctimas: un modelo que mide el éxito no en capos entregados, sino en comunidades efectivamente protegidas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este 5 de marzo su Opinión Consultiva 30, adoptada el 3 de diciembre de 2025, en la que establece las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego. El documento fue emitido en respuesta a una consulta que los Estados Unidos Mexicanos presentaron ante el organismo en noviembre de 2022.

Una consulta que nació en México

Fue el gobierno mexicano quien, hace poco más de tres años, solicitó a la Corte IDH que se pronunciara sobre este tema. El organismo decidió reformular y condensar las preguntas planteadas en un solo interrogante central: ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas? La respuesta quedó plasmada en la Opinión Consultiva 30.

El vínculo entre armas y derechos humanos

La Corte subrayó en su opinión el impacto directo que tiene el tráfico ilícito de armas sobre la violencia y la criminalidad, y cómo esto repercute en el goce de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. A partir de ese vínculo, el organismo determinó que los Estados tienen un deber de debida diligencia respecto de cualquier actividad que pueda derivar en tráfico ilícito de armas.

Cuatro obligaciones concretas para los Estados

La Corte identificó cuatro deberes principales que los Estados deben cumplir. El primero es regular y adoptar disposiciones en su derecho interno. El segundo es fiscalizar y supervisar las actividades de las empresas armamentistas, asegurándose de que cumplan con la regulación vigente y con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. El tercero es garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos vinculadas al tráfico de armas, tanto a nivel nacional como transnacional. El cuarto es cooperar internacionalmente, de buena fe, para prevenir el tráfico ilícito y su efecto en los niveles de violencia.

Rastreo, registro y evaluación de riesgos

Entre las medidas concretas que la Corte detalló, los Estados deben garantizar el marcaje, registro y rastreo de las armas de fuego, así como mantener información actualizada sobre su fabricación, localización, transferencias, confiscación y decomiso. Además, deben realizar procesos de evaluación de riesgos antes de autorizar importaciones o exportaciones de armas, y negar aquellas que puedan socavar la paz, facilitar violaciones al Derecho Internacional Humanitario o afectar a poblaciones vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Hasta el 30 de marzo de 2026, la Organización de Estados Americanos y el Icetex mantendrán abierta una convocatoria para becas dirigidas a personas colombianas interesadas en cursar maestrías o doctorados en universidades de diferentes países del continente americano, con un financiamiento que puede llegar hasta USD 10.000 al año, destinado a cubrir los derechos de matrícula y, en ciertos casos, otros gastos académicos.

El programa permite elegir entre estudios presenciales y virtuales en naciones como Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay, entre otras. La información fue difundida por el Icetex en su sitio web oficial.

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El monto máximo de la beca principal es de USD 10.000 anuales por estudiante, cubriendo prioritariamente la matrícula por un plazo mínimo de un año y máximo de dos.

Adicionalmente, existe la posibilidad de acceder a una beca complementaria de igual valor para gastos que se distribuyen, en este orden de prioridad: matrícula, seguro de salud, manutención mensual, pasajes aéreos y materiales de estudio.

Como requisito indispensable, quienes aspiren a estos fondos deben presentar la carta de admisión definitiva expedida por la universidad elegida, sin importar si forma parte o no del Consorcio de Universidades de la OEA. La ausencia de este documento lleva a la exclusión automática del proceso de selección.

No es posible postularse para realizar estudios en instituciones colombianas, ya que la convocatoria está restringida a instituciones de los Estados Miembros de la OEA.

Las becas abarcan una gama amplia de áreas de conocimiento. Según la página oficial del Icetex, se consideran elegibles disciplinas vinculadas a la cultura, el desarrollo e intercambio científico, la transferencia de tecnología, el desarrollo social y la creación de empleo productivo, el turismo sostenible, el desarrollo y protección ambiental, la diversificación económica, la integración y el acceso a mercados, la educación y el fortalecimiento de instituciones democráticas.

“Se dará preferencia a quienes cuenten con trayectoria profesional relacionada en el campo del programa académico a cursar. Es requisito indispensable que las personas aspirantes cuenten con la carta de admisión definitiva expedida por parte de cualquier institución académica de los Estados Miembros, incluyendo aquellas que participan en el Consorcio de Universidades de la OEA”, dice la información publicada en la página oficial del Icetex.

Pueden postularse únicamente personas colombianas que tengan entre 25 y 55 años al cierre de la convocatoria, es decir, hasta el 30 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m.. El promedio acumulado ponderado exigido es de 4.0 sobre 5.0, certificado por la entidad educativa correspondiente.

Para quienes buscan financiación para una maestría, se exige haber concluido y certificado los estudios de pregrado. Quienes aspiran a un doctorado deben acreditar una maestría finalizada.

Otro criterio esencial es comprobar al menos 24 meses de experiencia laboral en un área afín al objeto de estudios, contabilizados a partir de la fecha de obtención del título universitario. Aquellas personas con deudas previas con el Icetex no pueden hallarse en mora al cierre de la convocatoria.

“Experiencia profesional: La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional relacionada al objeto de estudios, contados a partir de la obtención del título de profesional universitario, en áreas relacionadas con el programa de maestría que desea cursar”, se observa en el portal del Icetex.

La postulación requiere completar un formulario de la OEA disponible en línea, y anexar varios documentos: copia digital de la cédula, certificado de notas, diploma universitario o de posgrado según corresponda, constancia de experiencia laboral, factura de un servicio público domiciliario (como energía eléctrica, gas o acueducto), copia del registro en el Sisbén en caso de estar inscrito, un ensayo motivacional y dos cartas de recomendación.

“Además de la postulación a través del Icetex, todas las personas aspirantes deberán aplicar en la plataforma de la OEA, donde deberán adjuntar toda la documentación allí requerida. Quienes no apliquen a través del Icetex no serán tenidos en cuenta por la OEA, y quienes apliquen únicamente en la plataforma de la OEA no serán tenidos en cuenta por el Icetex”, se agrega en el comunicado.

El trámite se realiza a través de la plataforma digital del Icetex, donde también se debe cargar la carta de admisión universitaria para que la postulación sea considerada válida.

Se excluyen automáticamente candidaturas que no cumplan con la presentación de cada uno de estos requisitos documentales en tiempo y forma, estableció el Icetex en la convocatoria oficial.

La petición fue dirigida a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, según informó a través de un video difundido en su cuenta de X.

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Luna explicó los motivos de su solicitud y expresó su posición frente a las afirmaciones del mandatario sobre el proceso electoral y el papel de la autoridad electoral en la organización de los comicios.

Solicitud ante organismos internacionales

A través de su mensaje público, David Luna afirmó: “Hoy solicité formalmente ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos una veeduría formal al proceso electoral colombiano. Lo hago porque cuando un presidente de la República pone en duda las elecciones sin pruebas, pone en duda la democracia”.

En su declaración, agregó: “Desde la presidencia y a través de discursos públicos, se lanzan sospechas sobre el software, sobre la organización electoral y sobre las autoridades. Y eso no es menor, mucho menos sin pruebas. Y en particular, el presidente de la República contradice las instrucciones del señor registrador nacional del Estado Civil, quien señaló que los formularios E-14 son la base de un conteo transparente de los votos. Mientras que la Registraduría promueve que las casillas sin votos se dejen en blanco, el presidente promueve lo contrario. Eso genera confusión, no solamente en los jurados, sino en las personas que realizan el conteo”.

El candidato también sostuvo: “Lo que está sembrando nuevamente es una duda, simplemente para tener una excusa en la derrota que va a sufrir. Un presidente no puede convertirse en juez del proceso democrático. Presidente, respete la independencia de los poderes. Yo respaldo frontalmente al señor registrador nacional del Estado Civil y a la organización electoral, y espero que todos los colombianos hagan lo propio. No podemos permitir dudas, ni mucho menos manipulación”.

El choque entre el presidente y el registrador

La solicitud de veeduría internacional se produce en medio del intercambio de declaraciones entre el presidente de la República y el registrador nacional del Estado Civil, en relación con el manejo de los formularios E-14 y la auditoría de los software utilizados en el proceso electoral.

El jueves 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: “No deben dejarse casilleros en blanco en los formularios, el software de Thomas and Gregg debe ser auditado por expertos a profundidad, el software de Indra ya es un resumen. No puede Thomas and Greg manejar software de cómputo electoral cuando al mismo tiempo maneja los datos de los colombianos por su incidencia en la cedulación permitida en la registraduría, y en los pasaportes, que aún quieren entregarles y aún mantiene la base de datos”.

El jefe de Estado también señaló: “En concreto una empresa privada sabe quienes con nombre propio están en el exterior, y si le dejan tambien, el software de cómputo, pueden hacerlo votar sin su consentimiento, solo poniendo su nombre y cédula en el formularios (sic)”.

Días antes, el martes 17 de febrero, el mandatario había escrito: “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral”. Y añadió: “Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

El jueves, durante la Cumbre de Gobernadores en Montería, el registrador nacional Hernán Penagos respondió a los cuestionamientos. En su intervención anunció que por primera vez los software electorales tendrán auditoría internacional en las elecciones de 2026: “Estamos trabajando en auditorías de sistemas con órganos internacionales y por primera vez, auditoría a los software. Vamos a convocar a organizaciones, partidos políticos, Contraloría, Procuraduría, veedurías para la exposición del código fuente de cada uno de los componentes de los software que maneja la Registraduría“.

“Y nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”, sentenció el funcionario.

En la noche del mismo día, el presidente respondió a las declaraciones del registrador, afirmando que “la Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la Registraduría cómo hacer las elecciones (...) Esto es una democracia”.

En su cuestionamiento a la integridad del software para la transmisión y cómputo de votos, el mandatario calificó de “mayor peligro de corrupción” el hecho de que una empresa privada gestione las bases de datos del país. Petro responsabilizó a Thomas Greg & Sons de entregar un sistema que identificó como defectuoso y alertó que solo haría falta un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato presidencial para manipular los resultados electorales.

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Según señaló, el software de la empresa se emplea no solo a nivel nacional, tambièn en municipios y departamentos: “No deben haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos”, advirtió el presidente en su cuenta de X. Añadió que el sistema, diferente al de Indra, que el Gobierno nacional compró para las elecciones de 2022, ya fue notificado como problemático.

Las declaraciones del jefe de Estado sobre el proceso electoral colombiano fueron interpretadas por el sector de oposición como una interferencia indebida y una actitud temeraria que pone en riesgo la confianza en la democracia.

Por esta razón, David Luna, candidato presidencial, hizo un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas para que adelanten una veeduría internacional rigurosa del proceso electoral colombiano, como garantía frente a cualquier intromisión indebida y asegurar transparencia, confianza y pleno respeto por la voluntad de los ciudadanos.

“Solicité formalmente ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos una veeduría formal al proceso electoral colombiano. Lo hago porque cuando un presidente de la República pone en duda las elecciones sin pruebas, pone en duda la democracia. Desde la presidencia y a través de discursos públicos, se lanzan sospechas sobre el software, sobre la organización electoral y sobre las autoridades. Y eso no es menor, mucho menos sin pruebas”.

Así mismo, expresó respaldo institucional al Registrador Nacional, como autoridad encargada de la organización electoral, y reitera la necesidad de rodear y fortalecer a las instituciones para proteger la democracia.

“Mientras que la Registraduría promueve que las casillas sin votos se dejen en blanco, el presidente promueve lo contrario. Eso genera confusión, no solamente en los jurados, sino en las personas que realizan el conteo. Lo que está sembrando nuevamente es una duda, simplemente para tener una excusa en la derrota que va a sufrir. Un presidente no puede convertirse en juez del proceso democrático”.

Y agregó: “Colombia no puede permitir que desde la Presidencia se debilite la confianza en las elecciones”.

Luna también advirtió que “como candidato presidencial, defenderé la democracia, la transparencia electoral y la independencia de nuestras instituciones”.

La reflexión de David Luna de cara a la consulta interpartidista

David Luna, en paralelo, hizo un llamado a los colombianos a no votar por Roy Barreras en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.

En su opinión, dicha decisión favorece a Iván Cepeda, por lo que recomendó sufragar de manera consciente y responsable.

“Votar por Roy para castigar a Petro, fortalece a Cepeda. Las consultas no pueden convertirse en escenarios de cálculo o revancha. Se vota por quien se quiere como Presidente, no por castigar a otro”.

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que el proceso que sigue el Congreso de la República de Guatemala para seleccionar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral puede poner en riesgo la independencia del organismo y afectar la confianza pública en la democracia del país. La entidad internacional recomendó de forma urgente elevar el rigor de los estándares aplicados en la designación de magistrados, señalando que la opacidad actual podría debilitar la legitimidad institucional a mediano y largo plazo.

En un informe dirigido a la Junta Directiva y los Jefes de Bloque parlamentarios, la OEA insistió en que los criterios adecuados para la selección son la idoneidad, la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas. Señaló que, en la etapa inicial del actual proceso, los procedimientos empleados no garantizan estos valores fundamentales, lo que facilita decisiones discrecionales y dificulta tanto el control ciudadano como el entendimiento colectivo del proceso.

Como resultado, la Misión detectó debilidades sustanciales en la fase de selección de candidatos. Subrayó la presencia de postulantes que enfrentan objeciones y señalamientos públicos graves, y alertó sobre el riesgo de que estos no sean investigados ni resueltos exhaustivamente. En muchos casos, las objeciones no reciben una revisión suficiente, lo que podría deteriorar la percepción de legitimidad de todo el proceso electoral.

Puntos críticos de la evaluación inicial y déficit de transparencia

La OEA señaló que la comisión postuladora del Congreso concedió prioridad a factores meramente administrativos para evaluar a los candidatos, dejando de lado la necesidad de asegurar perfiles independientes y honorables para integrar el Tribunal Supremo Electoral.

Según la Misión, la deliberación se lleva a cabo sin la necesaria publicidad ni justificaciones claras respecto a los resultados. Reclamó al Congreso: “Evitar decisiones percibidas como discrecionales o insuficientemente fundamentadas”, argumentando que la ciudadanía carece de acceso a información fundamental sobre el proceso y el historial de los postulantes.

Recomendaciones para el fortalecimiento institucional

La Misión Especial instó al Congreso a implementar cambios inmediatos en la etapa final de selección, haciendo hincapié en la realización pública de las entrevistas a los 20 nominados para las magistraturas titulares, suplentes y alternas. Solicitó que estas instancias sean abiertas, bajo reglas predefinidas, tiempos equitativos y preguntas orientadas a evaluar la independencia, integridad y capacidad técnico-jurídica de los aspirantes.

La OEA también pidió que el acceso a los expedientes, hojas de vida y criterios de evaluación sea completamente público. De este modo, la ciudadanía, los medios de comunicación y los observadores internacionales podrían verificar la consistencia y mérito de los postulantes en tiempo real.

Se enfatizó que los estándares de probidad y honorabilidad deben estar basados en criterios objetivos y no limitarse a formalidades legales, para garantizar una autoridad electoral sólida. Recomendó que la decisión final sobre los miembros del Tribunal Supremo Electoral se tome en sesiones públicas y con una motivación detallada y explícita para cada nombramiento.

El documento instó a “fortalecer la legitimidad del proceso, la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática”, destacando la importancia de permitir la participación de organismos independientes nacionales e internacionales como veedores del proceso.

Advertencias sobre el impacto futuro de la falta de transparencia

La Misión Especial advirtió que la debilidad en las entrevistas públicas y las herramientas de evaluación podría afectar la percepción de independencia del Tribunal Supremo Electoral ante la población. Indicó que la falta de mecanismos sólidos para asegurar la transparencia puede poner en duda la legitimidad de los próximos comicios y minar la confianza en la democracia guatemalteca.

En su exhortación al Congreso, la OEA precisó la obligación de realizar una sesión pública transparente y justificar las designaciones de las autoridades electorales bajo los más altos estándares internacionales de escrutinio.

(Desde Washington, Estados Unidos) El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, empuja una ofensiva política para remozar las instituciones del país, frente a las constantes denuncias de la fiscal general Consuelo Porras, que aprovecha su cargo para trabar un proceso democrático que es apoyado por la mayoría de los países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea.

La fiscal Porras intentó destituir varias veces al presidente Arévalo con presentaciones sin evidencia judicial y apoyadas por resortes de poder vinculados al crimen organizado y grupos de ultra derecha que resisten el cambio institucional.

La última batalla de la fiscal general contra Arévalo sucede durante la elección de los futuros miembros de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, una estructura clave en la pirámide judicial del país.

Arévalo estableció un proceso transparente para elegir a los futuros cinco miembros de la Corte de Constitucionalidad, mientras que Porras intentó trabar la elección de la representante del Colegio de Abogados, una prestigiosa profesional que tiene bajo investigación a la fiscal general.

Los otros cuatro miembros son elegidos por el Gobierno, la Corte Suprema, el Parlamento y los académicos, a través del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos

Pese a la intervención para ilegal de Porras, Astrid Lemus fue designada como representante del Colegio de Abogados por más de 1.200 votos frente a su principal competidor.

Desde Human Rights Watch, el subdirector para las Américas,Juan Pappier, enfatizó que “las trampas e intimidaciones no surtieron efecto”, en obvia referencia a las acciones que se urdieron en la fiscalía general de Guatemala.

En este contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una Misión Especial a Guatemala para monitorear el proceso electoral para designar a los futuros miembros de la Corte de Constitucionalidad.

La Misión Especial de la OEA cuestionó las actuaciones irregulares de la fiscal Porras para trabar la elección de la abogada Astrid Lemus, y a continuación en el foro regional se decidió que se tratará hoy la crisis política en Guatemala durante la sesión del Consejo Permanente.

Además de las exposiciones de los representantes de Costa Rica, Canadá, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Mexico y Panamá, que advirtieron sobre la inestabilidad institucional guatemalteca, se escucharon las exposiciones del canciller Carlos Martínez, la Presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, Patricia Gámez, y Astrid Lemus.

Sin mencionar a la fiscal Porras, el canciller Martínez describió la situación política e institucional en su país.

“Hoy Guatemala se encuentra ante una oportunidad histórica. Como ha señalado el Presidente de la República, estamos a las puertas de dejar atrás años de oscuridad institucional. Somos testigos de los embates de un grupo de individuos corruptos que se resisten a perder privilegios. Los próximos días, semanas y meses serán determinantes para que el país pueda liberarse de estructuras que han limitado el pleno desarrollo democrático y han obstaculizado la confianza ciudadana en sus instituciones", afirmó el Martínez ante el Consejo Permanente de la OEA.

A su turno, Gámez denunció en la OEA las maniobras ejecutadas por Porras para complicar la elección de la representante del Colegio de Abogados.

“La presencia fiscal se prolongó hasta aproximadamente las veintiuna horas, tiempo en el cual estuvieron presentes en las mesas de votación, grabando y tomando fotografías, procediendo a la incautación del teléfono del presidente del Tribunal Electoral, requiriendo el secuestro de cualquier teléfono, también de mi persona.”, aseguró Gámez.

Y para cerrar el círculo, frente a los actos extra legales ordenados por Porras para frenar la elección del representante de los abogados, la abogada Lemus sostuvo:

“Al pretender interrumpirla (la votación) se está pretendiendo también violentar el orden constitucional en la renovación de la Corte de Constitucionalidad y con ello atentar contra ese orden establecido constitucionalmente”.

Antes de concluir el tratamiento de la situación en Guatemala en el Consejo Permanente, tomó la palabra Albert Ramdin, secretario General de la OEA.

“La transparencia, el respeto al Estado de derecho y la participación ciudadana no son opcionales: son salvaguardas esenciales contra la captura institucional. Seguiremos monitoreando de cerca los acontecimientos y apoyando a Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, en plena conformidad con la Carta Democrática Interamericana”, enfatizó Ramdin.

El apoyo de la OEA al proceso de institucionalidad de Guatemala es firme, pero se trata de una instancia política que tiene final abierto.

Porras termina su mandato legal en mayo, y busca preservar sus espacios de poder.

Se presentó para integrar la futura Corte de Constitucionalidad como miembro académico, en una elección que sucedió hace pocas horas.

A Porras no le fue como esperaba. Nadie la voto.

Pero eso no significa que la crisis en Guatemala ya ha terminado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República la propuesta para nombrar a Luz Elena Baños Rivas como nueva embajadora de México en Guatemala, en un movimiento que busca reforzar la representación diplomática del país en Centroamérica. La diplomática fue hasta hace poco representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nombramiento fue remitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) y deberá ser analizado por las comisiones correspondientes del Senado antes de ser sometido a votación en el pleno, donde se determinará si la candidata cumple con los requisitos constitucionales y de idoneidad para ocupar el cargo.

De acuerdo con el calendario legislativo, la propuesta será presentada en la sesión de este martes 10 de febrero.

Una diplomática de carrera con trayectoria en la OEA

Luz Elena Baños Rivas es una embajadora de carrera del Servicio Exterior Mexicano (SEM), al que ingresó en diciembre de 1986. Es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito diplomático.

En 2018 ascendió al rango de embajadora, consolidando su posición dentro del cuerpo diplomático mexicano. Un año después, el 31 de mayo de 2019, fue designada como representante permanente de México ante la OEA, cargo que ocupó hasta septiembre de 2025.

Durante su gestión en ese organismo hemisférico, México participó en debates clave sobre democracia, derechos humanos, seguridad regional y cooperación interamericana, lo que convirtió a Baños Rivas en una figura conocida dentro de la diplomacia multilateral del continente.

Reacomodos diplomáticos en el gobierno de Sheinbaum

El movimiento ocurre en un contexto de reconfiguración de la política exterior del nuevo gobierno federal. En paralelo al envío del nombramiento de Baños Rivas al Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Alejandro Encinas como el nuevo representante permanente de México ante la OEA, ocupando el espacio que dejó la ahora candidata a embajadora en Guatemala.

Este ajuste refleja una estrategia para colocar perfiles políticos y técnicos en posiciones clave, tanto en organismos multilaterales como en embajadas estratégicas para México, especialmente en una región como Centroamérica, donde los temas de migración, seguridad, comercio y cooperación regional son prioritarios.

Guatemala es uno de los socios más importantes de México en la región, no solo por su vecindad geográfica, sino por su papel en los flujos migratorios, el comercio transfronterizo y la estabilidad política del istmo centroamericano.

El Senado tendrá la última palabra

Una vez que la propuesta llegue formalmente al pleno del Senado, los legisladores deberán evaluar si Luz Elena Baños Rivas cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley del Servicio Exterior Mexicano para desempeñarse como embajadora.

Si obtiene el aval legislativo, la diplomática asumirá la responsabilidad de representar a México ante el gobierno de Guatemala, fortalecer los lazos bilaterales y atender una agenda compleja marcada por la migración, la seguridad fronteriza y la cooperación para el desarrollo.

Desde el foro regional, el mandatario vinculó la supervivencia de la OEA a su capacidad para “coger la eficiencia de la época”, señalando la urgencia de abordar desafíos contemporáneos como la crisis climática y la ampliación de los derechos colectivos.

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El eje, según Petro, no es solo institucional sino existencial, en la medida en que definirá si América Latina opta por la “civilización o barbarie”.

Durante su intervención, el presidente colombiano planteó que los vacíos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular al omitir derechos de las mujeres y de la naturaleza, obstaculizan la evolución de la OEA.

Petro subrayó frente al Consejo Permanente que esos límites impiden que el organismo aborde problemáticas actuales como la niñez vulnerable y las personas mayores, remarcando la necesidad de incorporar enfoques progresistas que “se alumbran de la ciencia”.

Como parte de su gira en la capital estadounidense, Petro previamente sostuvo reuniones con congresistas de Estados Unidos, donde discutió la urgencia de combatir el narcotráfico y expandir los derechos de migrantes venezolanos residentes en Colombia, cuya cifra oficial se aproxima a tres millones.

En diálogo con legisladores como Rand Paul, un interlocutor clave para la posterior cita con el presidente estadounidense Donald Trump, Petro insistió en que Bogotá aspira a mantener un canal diplomático fluido, sin renunciar a su visión soberana sobre asuntos globales.

El presidente agradeció también la gestión del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, para viabilizar el encuentro en la Oficina Oval.

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, destacó la defensa del diálogo hemisférico y la acción climática impulsados por Petro. No obstante, en su discurso, el presidente colombiano cuestionó tanto la funcionalidad actual de la organización como la pertinencia de su estructura legal, lanzando una advertencia a los diplomáticos presentes: “¿La OEA es suficiente? O, si no es suficiente, ¿no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos?”

Petro sostuvo que la OEA sufre una deficiencia común a otros organismos multilaterales. Al comparar con la ONU, afirmó: “La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza. Y lo digo con claridad y sin miedo. Si Naciones Unidas fue fundada para que no hubiera más genocidio ... y no pudo detener el genocidio en Gaza, ¿para qué sirve? Está cuestionada su existencia, así de simple. No tiene poder.”

Asociado a esta reflexión, el mandatario advirtió que los problemas globales requieren diálogo franco y normativas colectivas: “Las normas las construimos colectivamente”, agregó, enfatizando que la exclusión política en el hemisferio se ha manifestado con la ausencia de Venezuela en el Consejo Permanente.

El mandatario recordó que durante su visita a la OEA en 2023 propuso la creación de un grupo de trabajo para ampliar la Convención Americana a los derechos de la mujer, la naturaleza y los colectivos, al considerar el tratado como “muy liberal”.

Sin embargo, lamentó que no se conformó ni un solo equipo para redactar esos capítulos: “No hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo, señor secretario general, para que empezáramos a redactar el capítulo de la convención americana sobre derechos de la mujer, sobre derechos de la naturaleza, sobre derechos sociales y colectivos”.

Detrás de estas demandas se articula una crítica filosófica y política más amplia. Petro, que improvisó un discurso de casi 40 minutos ante diplomáticos y periodistas, recurrió a referencias de Jürgen Habermas, Michel Foucault, la historia de Roma y la filosofía griega para cuestionar el papel de los organismos internacionales en la resolución de crisis como la migratoria, la climática o los genocidios contemporáneos.

El presidente incluyó a figuras como el papa Francisco y Elon Musk como partícipes, desde distintos lugares, de una conversación necesaria sobre el destino humano.

Petro insistió: “Ya esta institución (la OEA), que fue tan eficaz para algunas épocas, dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de la época, pues simplemente no tiene razón de ser”.

Y añadió, en alusión a los cambios que demanda el presente: “Solo es posible con cambios de los modos del poder y con cambios de la sociedad, y que entonces una democracia global, que es la bandera que tenemos que levantar, una democracia de las Américas, en donde sean normas y leyes colectivas, legítimas, las que nos guíen en contra de la barbarie.”

En la sala llena de asesores, periodistas y embajadores, el carácter humanista de la exposición de Petro contrastó con la tradicional prudencia de la diplomacia colombiana en foros multilaterales.

El mandatario fue explícito en su percepción sobre el doble estándar que afecta a América Latina y defendió la transformación de las agendas internacionales. En otro tramo refirió: “Los tiempos de la ciencia nos dicen que ni un siglo tenemos, si no será irreversible”.

La agenda oficial de Petro en Washington concluye el jueves 5 de febrero con una conferencia en la Universidad de Georgetown, centrada en la crisis climática y el rol latinoamericano en su afrontamiento.

El mandatario retornará a Bogotá tras finalizar su ciclo de encuentros y conferencias, resaltando que la OEA, fundada en 1948 en Bogotá, debe convertirse en un foro de derechos colectivos si aspira a sobrevivir. Como advirtió durante su intervención: “De lo contrario, nos espera la barbarie”.

“Ya esta institución (se refiere a la OEA), que fue tan eficaz para algunas épocas dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de la época, pues simplemente no tiene razón de ser", sostuvo Petro.

En un salón de la OEA desbordado de diplomáticos, asesores y periodistas, con un discurso que improvisó palabra por palabra, el presidente de Colombia citó al papa Francisco y al millonario Elon Musk para proponer un cambio a nivel mundial para “salvar a la humanidad”.

El auditorio escuchó en cerrado silencio una disertación de casi cuarenta minutos, donde Petro mezcló a Jürgen Habermas con Michel Foucault, citó a la historia de Roma y consideró que en Gaza hubo un genocidio cuando Israel atacó la Franja para replicar el ataque terrorista que Hamas ejecutó el 7 de octubre de 2023.

Entre los diplomáticos acreditados en la OEA llamó la atención el tono humanista del mandatario colombiano, cuando su representante en el foro multilateral siempre se mostró remiso en cuestionar sin eufemismos a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Petro puso en evidencia un doble estándar ético y filosófico.

A continuación, los aspectos centrales del discurso del Presidente de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA:

-“Problemas contemporáneos que podríamos juntar con la crisis climática, que aún no es colapso, pero solo hay una matemática entre la crisis y el colapso. ¿Cuál es la diferencia entre el colapso y la extinción de la vida del planeta? La crisis, lo que tenemos hoy. Malísimo que salir a la calle. La diferencia entre una y otra es si somos capaces de cambiar el modo de energía. Que al parecer, he concluido eso en mi experiencia, es el cambio también del modo de poder".

-“Y aquí me gustaría entonces contarles algunas cosas que quiero dejarles en estas palabras. Decía usted Habermas, ¿sí? El alemán. A veces creo ingenuamente que es posible que un parlamento, este es naciones, acepte la franqueza como medio de un modo. Ese es Habermas. La interlocución racional que consideraba la razón superior. Estas repúblicas se han construido todas alrededor del principio de la razón. Pero él decía: Hay razón de razones y la razón superior es la interlocución franca en una mesa".

-“Pero aquí tenemos que plantear de nuevo, si queremos ser especie humana viva en este planeta, un diálogo franco y sin subordinación. Nadie tiene la razón per se. La razón es colectiva, pero si no hay esa franqueza y esa verdad que hoy la esgrime la ciencia, entonces no llegamos ni a convencer ni llegamos a una razón superior ni llegamos a la existencia humana en los próximos años, décadas o milenios”.

_Entonces, ¿aquí para qué sirve la OEA? Le he preguntado yo al secretario general. Aquella vez que yo vine en el año 23 de este siglo, planteé una propuesta aquí de más o menos todas las personas hoy presentes. Y era que la Convención Americana tenía que reformarse. Que la Convención Americana, como tratado internacional aprobado por todas las naciones aquí presentes, parte de nuestra Constitución de Colombia. Necesitaba una reforma y no para recortar derechos, sino para aumentarlos Yo soy beneficiario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo estoy aquí como presidente de Colombia, además del voto de mi pueblo, por la Convención Americana de Derechos Humanos. Si no, no estaría aquí“.

-“Pero hoy, siglo veintiuno, en el año que estamos dos mil veintiséis, ¿es suficiente? O si no es suficiente y nos mantenemos ahí, ¿no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos? Es un poco la pregunta que me hago. Ya esta institución que fue tan eficaz para algunas épocas dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de esta época, pues simplemente no tiene razón de ser".

-“Pero peor aún, si no es la OEA, entonces en la ONU encontramos el mismo problema en la ONU. La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza. Y lo digo con claridad y sin miedo.

-“Si Naciones Unidas fue fundada para que no hubiera más genocidio como el que cometió el Estado alemán de los nazis frente a soviéticos, chinos con los japoneses y judíos y otros pueblos del mundo. Si fue fundada para eso y no pudo detener el genocidio en Gaza, ¿para qué sirve? Está cuestionada su existencia, así de simple. No tiene poder".

-“Hoy, aquí, con todas las hambres del mundo en nuestras venas, sobre todo en Colombia. ¿Civilización o barbarie?, preguntaría la OEA. Le pregunté al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la guerra. Preguntamos a los colombianos que nos hemos matado entre nosotros. Y lo único que nos dirían los ancestros de Roma, recogiendo ideas griegas, es leyes para salvarnos, normas para salvarnos de barbarie. ¿Dónde están nuestras normas?“.

-“Entonces, es la hora de prender la linterna de Diógenes. Está prendida, pero el poder dice: “No vean, no miren arriba”. Se nos quema la Patagonia, se nos queman los bosques del norte de Chile, se nos-- doscientos delfines en los ríos del Amazonas, se quema la selva amazónica Mi región donde yo nací está inundada en este momento por una conjunción de aguas que vienen de las montañas y el mar que se meten El canal de Panamá matemáticamente va a hundirse".

-“¿Entonces qué hacemos en la OEA? Esa es mi pregunta. Y estos son los problemas de hoy. Si vamos hacia un colapso climático, si vamos hacia un colapso psicoactivo vital de la existencia. El papa Francisco lo decía, para quienes son católicos, una crisis civilizatoria, una crisis civilizatoria es cultural, pero una crisis cultural en la especie humana significa la muerte, es decir, es la barbarie. Entonces, es civilización o barbarie, preguntándole al senador romano de aquella época, todos hombres. ¿Qué va a hacer?Escogimos el camino de la barbarie".

-“Ad astra, me decían los romanos. ¿A qué? A llevar vida, y eso significa tecnología, saberes, ciencia, y eso no lo hace un solo país. Eso lo hace la humanidad. Y viviremos. Pero mientras o hacemos las normas y las leyes colectivamente o caemos en la barbarie. Luego, restablecer la hermandad humana. No hablo de naciones. Me permito decir que quizás si las naciones ya no pueden, le toca a los pueblos y las civilizaciones juntarse".

-“Los tiempos de la ciencia nos dicen que ni un siglo tenemos, si no será irreversible, y que los cambios de modo de energías que tan fácilmente describen los tecnólogos y los ingenieros, solo es posible con cambios de los modos del poder y con cambios de la sociedad, y que entonces una democracia global, que es la bandera que tenemos que levantar, una democracia de las Américas, en donde sean normas y leyes colectivas, legítimas, las que nos guíen en contra de la barbarie. Porque si la barbarie es desde Alaska hasta la Patagonia, podemos desaparecer”.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA resaltó el proceso de las Elecciones Nacionales 2026 en Costa Rica. Según el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la jornada electoral no solo fue significativa por la amplia afluencia de votantes, con casi un 70% de participación, sino porque consolidó a Costa Rica como el primer país de las Américas en elegir a dos mujeres como presidentas por voto popular.

Para la OEA, el TSE mostró capacidad operativa sobresaliente, tanto en el cumplimiento de los plazos legales para la elaboración y distribución del padrón electoral como en la implementación de campañas para el empadronamiento juvenil y la inclusión de personas con discapacidad.

En el proceso del 2026, se destacó el diseño de materiales accesibles y la incorporación de auxiliares de accesibilidad en aproximadamente 200 centros de votación, para apoyar la participación autónoma de personas mayores y con discapacidad.

El día de las elecciones, la Misión de Observación Electoral supervisó la apertura de 7.154 Juntas Receptoras de Voto (JRV), constatando la presencia de materiales y personal necesario, así como la adecuada atención a votantes, incluidos aquellos privados de libertad, quienes ejercieron su derecho al sufragio gracias a operativos para la reimpresión y custodia de cédulas de identidad.

Según el informe de la OEA, la jornada se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes graves, siguiendo la tradición democrática local.

El modelo costarricense enfrentó desafíos en la integración de las JRV. De acuerdo con los datos recabados, en la semana previa solo 313 de las 7.154 JRV estaban compuestas íntegramente por integrantes designados por partidos, mientras que cerca de 1.000 fueron conformadas únicamente por auxiliares electorales del TSE.

Más de 20 mil auxiliares participaron en el proceso, un fenómeno que, según la OEA, evidencia la brecha entre la normativa y la realidad en la integración partidaria de las mesas.

Para garantizar la transparencia y eficiencia en la transmisión de resultados, el TSE operó un sistema multicanal con protocolos de certificación de bases de datos en ceros. La MOE recomendó fortalecer la revisión de versiones del software y unificar la digitalización de actas y resultados numéricos, a fin de mejorar la simultaneidad y claridad en la divulgación de resultados.

El sistema político-electoral de Costa Rica continúa mostrando retos en materia de financiamiento. Según la OEA, persisten factores que favorecen la inequidad, como la dependencia excesiva de financiamiento privado y la liberalidad en los límites de aportes y gastos.

Para las elecciones de 2026, solo tres partidos accedieron a créditos bancarios respaldados por certificados de cesión, y el monto de cesiones autorizadas superó en más de un 80% al total de la contribución estatal prevista, con cifras cercanas a los 71 mil millones de colones (aproximadamente $145,04 millones USD), mientras que la contribución estatal fijada fue casi 39 mil millones de colones (alrededor de $79,9 millones USD).

La OEA subrayó el avance significativo tras la aprobación de la Ley N.º 10755 para fortalecer la transparencia y control del financiamiento político. Dicha ley refuerza la rendición de cuentas, la fiscalización de recursos de los partidos y permite el levantamiento de secretos fiduciarios, renovando las capacidades de la autoridad electoral en la materia.

El foco en la equidad de género se reflejó en la consolidación de la paridad, plasmada tanto en la integración de listas legislativas como en la dirección de partidos.

Tras la elección de 2026, Costa Rica se convirtió en el primer país de las Américas en elegir dos presidentas por voto popular. Pese a ello, la MOE/OEA llamó la atención sobre las brechas persistentes en la encabezamiento de listas y la necesidad de profundizar la capacitación en perspectiva de género al interior de los partidos.

La elección costarricense fue acompañada de un amplio proceso de observación social e internacional. Se dieron múltiples llamados a la participación ciudadana por parte de organizaciones civiles, sector empresarial y la Iglesia Católica.

Según la MOE/OEA, la fortaleza institucional y el profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones son activos fundamentales para la democracia costarricense, recomendando a todos los actores resguardar la integridad y fortalecer permanentemente este órgano autónomo.

El presidente Gustavo Petro continuará este 3 de febrero de 2026 su agenda oficial en Washington con una reunión programada con el senador republicano Rand Paul, encuentro que hace parte del tercer día de actividades del mandatario colombiano en Estados Unidos, según Semana.

De acuerdo con lo informado, el encuentro entre Petro y el senador Paul está previsto para las 10:45 a. m., dentro de una jornada que incluye varias reuniones de carácter privado y actividades en organismos multilaterales.

El papel de Rand Paul ha sido señalado como relevante en los contactos previos entre ambos gobiernos, particularmente en la llamada que antecedió a la reunión sostenida entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

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El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, había explicado semanas atrás que la intervención del senador fue determinante para que se concretara ese acercamiento diplomático.

En declaraciones citadas por Semana, el embajador expresó: “Fue una cosa realmente sorprendente, algunos dirán que milagrosa; en ningún momento hubo reclamos”. Según García-Peña, el proceso fue el resultado de un trabajo sostenido durante varios meses, en el que destacó el respaldo de la misión diplomática colombiana y, de manera puntual, la gestión de Paul como senador republicano por el estado de Kentucky.

En esa misma línea, el embajador señaló: “Esto ha sido un trabajo de varios meses. Tengo que agradecer a un equipo maravilloso en la embajada, pero fue clave el papel del senador Rand Paul, republicano que representa a Kentucky”. Estas afirmaciones contextualizan la relevancia del encuentro previsto entre el mandatario colombiano y el congresista estadounidense, en medio de una agenda orientada a recomponer y fortalecer los canales de diálogo bilateral.

Según el cronograma oficial divulgado, tras la reunión con Rand Paul, el presidente Petro sostendrá dos encuentros privados adicionales, programados para las 11:15 a. m. y la 1:00 p. m..

Posteriormente, a la 1:30 p. m., está previsto un encuentro bilateral con Albert R. Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), espacio que hace parte de la interacción del mandatario con instancias multilaterales durante su visita a Washington.

La agenda continuará en horas de la tarde con una intervención del presidente colombiano, a las 3:00 p. m., en una sesión protocolaria ante la OEA, la cual será transmitida a través de las plataformas digitales de la Presidencia de la República. Más adelante, a las 4:00 p. m., Petro realizará un saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito al sistema interamericano. La jornada cerrará con dos reuniones privadas adicionales, previstas para las 6:45 p. m. y las 7:00 p. m., según la información oficial.

Semana también indicó que el jefe de Estado colombiano tiene previsto finalizar su visita a Estados Unidos entre el jueves 5 de febrero y el viernes 6 de febrero, una vez concluida la serie de encuentros políticos y diplomáticos programados en Washington. Esta visita se produce tras un periodo de tensiones en la relación bilateral, marcado por cruces de declaraciones públicas y diferencias en temas como la política antidrogas y asuntos regionales.

En relación con el reciente encuentro entre Petro y Trump, ambos mandatarios manifestaron su intención de avanzar en “caminos comunes” para enfrentar el narcotráfico. De acuerdo con lo reportado, los dos gobiernos ya se encuentran “trabajando” en esquemas de cooperación en esta materia, considerada prioritaria por la administración estadounidense. En declaraciones posteriores a la reunión, Trump señaló desde la Casa Blanca: “Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”.

Por su parte, el presidente Petro también se refirió al resultado del encuentro bilateral. Ante la prensa, desde la Embajada de Colombia en Washington, afirmó: “La impresión que tengo es positiva”. Además, reveló que durante la conversación propuso a Trump actuar como mediador entre Colombia y Ecuador, países que atraviesan una disputa arancelaria, iniciativa que, según indicó, fue aceptada por el mandatario estadounidense.

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este martes su respaldo a la fortaleza y el profesionalismo de las autoridades electorales en Costa Rica tras los comicios presidenciales del domingo. El informe publicado esta semana resalta no solo el éxito y la alta participación ciudadana, sino también la necesidad de preservar la integridad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), considerado clave para la estabilidad democrática del país.

La OEA advierte que la continua salud institucional de organismos independientes resulta decisiva para mantener el reconocimiento de Costa Rica como una democracia ejemplar en la región.

En su análisis tras la votación, la OEA subrayó la importancia de cuidar componentes esenciales del sistema democrático costarricense. El informe afirma: “La Misión reconoce que ninguna democracia es inmune a la erosión que puede derivar de la polarización, de los ataques a la institucionalidad y de las restricciones a los derechos humanos”.

Además, la misión instó a “resguardar la integridad y el fortalecimiento continuo del TSE, un activo nacional que debe ser debidamente valorado y fortalecido”, y consideró “fundamental que Costa Rica cuide y proteja a los elementos que han hecho de su democracia un modelo regional a seguir”, según el documento difundido este martes.

Esta posición surge tras un proceso electoral en que la candidata Laura Fernández, representante del Partido Pueblo Soberano, se impuso en la primera vuelta con 48.3 % de los votos. Con el 96.87 % de las mesas escrutadas, el segundo lugar lo ocupó álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), con 33.44 %, de acuerdo con el corte más reciente publicado por el TSE. Ninguno de los 18 aspirantes restantes superó el 5 % de los sufragios.

El informe documenta un proceso que, a vista de los observadores internacionales, destacó por su transparencia durante la votación, el conteo y la divulgación preliminar de resultados. En palabras de la OEA: “La votación, el proceso de conteo y la divulgación de los resultados preliminares se llevaron a cabo de manera transparente”.

Al mismo tiempo, la misión reconoció el compromiso cívico de los ciudadanos y manifestó: “Nuestro reconocimiento al pueblo costarricense por la exitosa jornada electoral y por el compromiso cívico que, una vez más, se manifestó de manera clara y pacífica en las urnas”.

Actualmente, el TSE realiza el escrutinio manual con la obligación de publicar los resultados oficiales y declarar a quienes resulten electos en la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 escaños legislativos a más tardar en un mes.

No obstante, el informe de la misión encabezada por Ope Pasquet, exsubsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, pone el foco en las declaraciones formuladas por el presidente Rodrigo Chaves durante el periodo electoral. La OEA manifestó preocupación ante los “señalamientos directos e individualizados” del mandatario hacia el Tribunal Supremo de Elecciones.

Chaves criticó la imparcialidad del ente comicial, especialmente tras la imposibilidad legal de difundir propaganda gubernamental en campaña y la propuesta, que no prosperó en el Congreso, para que el presidente perdiera su inmunidad y enfrentara una pesquisa por posibles injerencias en asuntos electorales.

La misión detalló que sus representantes mantuvieron reuniones con diversas autoridades del Poder Ejecutivo, aunque no accedieron a un encuentro con el presidente Chaves, según el seguimiento realizado y divulgado por EFE.

La expectativa por el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sigue creciendo, después de que se confirmara que el mandatario colombiano sigue llenando su agenda diplomática.

De hecho, en la tarde del martes 27 de enero se conoció que el presidente Petro aprovechará su viaje a los Estados Unidos para asistir a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, el próximo miércoles 4 de febrero.

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La cita está prevista para las 3:00 p. m. (hora Colombia), en el Salón de las Américas, espacio central del organismo hemisférico. Allí, el Consejo Permanente de la OEA ofrecerá una recepción protocolar al mandatario colombiano, según la convocatoria oficial.

Las autoridades confirmaron que la sesión será transmitida en vivo a través de los canales digitales de la OEA, con interpretación simultánea disponible en español, inglés, francés y portugués. De esta manera, se busca garantizar el acceso de audiencias en todo el continente.

Desde la organización, se aclaró que el orden del día podría experimentar modificaciones hasta el inicio de la reunión. Sin embargo, el evento tiene lugar en la emblemática intersección de la 17th Street y Constitution Avenue, en la capital estadounidense, escenario frecuente de los principales encuentros diplomáticos del continente.

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump: de qué hablarán

El Gobierno de Colombia llega a la reunión presidencial del 3 de febrero en Washington D. C. con un extenso balance sobre la lucha antidrogas, en un contexto marcado por el escrutinio internacional y las recientes tensiones por las cifras de producción de cocaína.

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump se produce tras la publicación de un dato polémico: la estimación de 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína como producción potencial para 2023, lo que representó un incremento del 53 % respecto al año anterior. El debate sobre la metodología usada por la ONU y la desvinculación de Colombia de ese sistema de medición han generado malestar y podrían influir en la agenda bilateral.

El Ejecutivo colombiano prevé mostrar como respaldo los resultados de las operaciones militares realizadas entre el 7 de agosto de 2022 y el 25 de enero de 2026. Durante ese periodo, las Fuerzas Militares incautaron 2.030.965 kilogramos de cocaína, además de grandes volúmenes de marihuana y heroína. Los decomisos incluyeron 728.173 kilogramos de marihuana y 818 kilogramos de heroína, junto a 2.055.871 kilogramos de hoja de coca y 97.365 kilogramos de pasta base.

El balance operativo incorpora además la destrucción de 581 laboratorios de cocaína y 9.957 de procesamiento de pasta base. Estas intervenciones se han concentrado en áreas controladas por economías ilegales, lo que muestra la persistencia de la estructura criminal en diferentes regiones.

En paralelo, el informe oficial destaca la neutralización de 41,6 millones de matas de coca y 208.652 de amapola, así como la eliminación de 4.880 semilleros destinados a la producción de cultivos ilícitos. Los esfuerzos también han afectado la cadena logística del narcotráfico, con la incautación de 5,1 millones de kilogramos de insumos sólidos, 2,4 millones de unidades de insumos líquidos y 2,9 millones de galones de combustibles usados en los laboratorios.

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta cuestionamientos internos y externos sobre el avance de grupos armados y las consecuencias de su política de ‘paz total’. Según informes oficiales, la cifra de miembros de estos grupos y sus redes de apoyo habría llegado a 25.000, lo que coincide con el incremento de cultivos y producción de cocaína.

La controversia se agudizó tras la sanción impuesta al presidente Petro por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculó con el otorgamiento de beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de paz, atribuyéndole un impacto negativo en los indicadores antidrogas.

En la antesala de la cumbre, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, mantuvo una comunicación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que al presidente Petro “se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”.

El análisis de las cifras recientes indica variaciones importantes en las operaciones de enero: entre el 1 y el 25 de ese mes, la destrucción de laboratorios de cocaína aumentó, pasando de tres a siete, aunque los laboratorios de pasta base bajaron de 294 a 138. El volumen de matas de coca destruidas, sin embargo, descendió de 617.180 a 37.150.

En cuanto a las incautaciones, la cocaína decomisada cayó de 44.100 kilogramos a 22.607, mientras que la marihuana mostró un leve crecimiento, subiendo de 5.394 a 6.745 kilogramos. La hoja de coca incautada también disminuyó, pasando de 47.091 a 17.807 kilogramos, al igual que la pasta base, que bajó de 1.448 a 299 kilogramos.

El Gobierno de Estados Unidos celebró la liberación de “143 detenidos injustamente” en Venezuela pero ha pedido que las actuales autoridades venezolanas, pero reclamó más excarcelaciones. El pedido se realizó durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada en la sede de la Casa de las Américas en Washington para tratar la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El embajador estadounidense Leandro Rizzuto expresó ante el organismo que “aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas” y afirmó que su país insta a la liberación inmediata de todos los presos políticos. “Celebramos la reciente liberación es unas 143 personas detenidas injustamente (...) Aproximadamente mil más permanecen detenidas injustamente. Estados Unidos solicita y apoya la liberación incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente”, ha declarado Rizzuto.

Rizzuto subrayó que abordar las detenciones políticas será un elemento esencial para la recuperación y reconciliación de Venezuela, y advirtió que quienes participen en violaciones de derechos humanos deberán rendir cuentas por sus actos, reiterando el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y a las instituciones que defienden la democracia y el estado de derecho en la región.

El diplomático estadounidense ha subrayado que su preocupación por la “continua detención de personas por motivos políticos”, incluyendo líderes de la oposición, periodistas, defensores de Derechos Humanos y ciudadanos extranjeros, “no es nueva”, añadiendo que comparte con la comisión su “profunda preocupación” en este ámbito. “Instamos encarecidamente a que se resuelva este asunto”, ha añadido.

La situación fue expuesta también por la relatora especial para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria Monique de Mees, quien aseguró que hasta el 19 de enero solo se han producido 143 excarcelaciones de presos políticos, cifra que contradice la versión del gobierno interino de Delcy Rodríguez, que sostiene que han sido liberados 406 detenidos.

De Mees citó datos de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y denunció la persistencia de “centros de detención clandestinos” en territorio venezolano, lo que revela, según la relatora, la naturaleza estructural de las violaciones y la falta de supervisión institucional efectiva. La CIDH reiteró que no ha podido acceder a Venezuela desde 2002, ya que sus solicitudes de visita han sido rechazadas en 2017 y 2020, y reclamó la urgencia de obtener información transparente y verificable sobre el proceso de liberación de los presos políticos.

En la misma línea, el segundo vicepresidente y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, manifestó su preocupación por el patrón de detenciones arbitrarias implementado en Venezuela. Otros países miembros de la OEA se sumaron a la condena por la existencia de presos políticos y ofrecieron colaboración para su liberación, en respaldo a la postura presentada por Argentina, que solicitó incluir el tema en la agenda del organismo.

Venezuela no participó en la sesión, ya que en 2017 el régimen de Nicolás Maduro denunció la Carta de la OEA y comenzó el proceso formal de salida. Sin embargo, en 2019 el gobierno interino de Juan Guaidó revocó esa denuncia, evitando así la retirada legal del país, que continúa siendo estado parte de los tratados interamericanos pese a su ausencia en los trabajos regulares del organismo.

La relatora de la CIDH advirtió que Venezuela sigue bajo el “estado de conmoción exterior”, decretado el 3 de enero tras el derrocamiento de Maduro, quien actualmente espera juicio en Nueva York junto a su esposa por cargos de narcotráfico. El Consejo Permanente de la OEA solicitó a la CIDH un informe ante el reciente cambio político en el país sudamericano.

La líder opositora María Corina Machado denunció en Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” y que no es cierta la liberación de la mayoría de presos políticos. Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno de Rodríguez ha liberado a “muchos” de ellos. La CIDH insistió en la necesidad de contar con información detallada y actualizada sobre el número de detenidos y las condiciones bajo las cuales se están produciendo las excarcelaciones, así como sobre los centros de detención donde permanecen recluidos.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, reiteró este jueves la disposición del organismo para apoyar la transición en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina del régimen.

“Apoyaremos la transición y al país y al pueblo de Venezuela. Permanecemos listos para ayudar”, afirmó Ramdin durante una breve declaración a periodistas en Perú. El titular de la OEA indicó que no haría más comentarios sobre la situación venezolana y se remitió a los pronunciamientos emitidos en días anteriores.

Ramdin, firmó el miércoles en Lima el acuerdo de privilegios e inmunidades para la misión de observación electoral que el organismo enviará a Perú para monitorear los próximos comicios. Este jueves, Ramdin mantuvo reuniones con las principales autoridades del Estado.

“Muchos estados reconocen que muchos de los conflictos no pueden ser resueltos en forma individual, pero la cooperación mutilateral tiene que dar resultados concretos a los pueblos”, expresó el máximo representante de la OEA.

Durante su visita oficial, la máxima autoridad de la OEA se reunió con el presidente José Jerí; el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y representantes de las autoridades electorales.

Por su parte, el mandatario peruano expresó su esperanza de que Venezuela logre pronto la estabilidad política y económica necesaria para la plena restitución de la democracia y sus instituciones, tras los esfuerzos de Estados Unidos para reconstruir la institucionalidad democrática en el país sudamericano, según informó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Jerí destacó la reciente liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros y manifestó su expectativa de que este proceso continúe hasta completarse la excarcelación de todas las personas detenidas ilegalmente por el régimen.

Además, subrayó que la coyuntura actual representa una oportunidad para reforzar el rol de la OEA como principal foro político regional, encargado de promover el diálogo, la concertación y la acción colectiva, así como de fortalecer la cooperación frente a desafíos comunes como el crimen organizado transnacional y los impactos humanitarios de la crisis migratoria.

Jerí afirmó que Perú promueve en el seno de la OEA un sistema más sólido, técnico, previsible y legítimo, orientado a la protección de los derechos humanos sin posicionamientos ideológicos. En ese sentido, reiteró la voluntad de seguir cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), bajo un enfoque técnico, jurídico y despolitizado, según indicó la Presidencia de Perú en un comunicado.

La comunicación de la OEA y Estados Unidos ante la transición política en Venezuela

El jueves 8 de enero, Tommy Pigott, un portavoz del Departamento de Estado, informó: “El día de hoy el secretario de Estado Marco Rubio habló con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para reforzar la función de la Secretaría para apoyar la estabilidad en todo el hemisferio, incluida Venezuela. El secretario Rubio agradeció al secretario general Ramdin por proporcionar un foro para el intercambio abierto y el diálogo constructivo, e hizo hincapié en la importancia de que la institución se mantenga centrada en la mejor manera de abordar los desafíos que enfrenta el pueblo venezolano”.

“El secretario Rubio reiteró la importancia de la OEA como un foro para la participación de los Estados miembros en apoyo de una transición de poder adecuada y justa en Venezuela”, resaltó la misiva.

En la red social X, Ramdin subrayó ese mismo día que “Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible”.

(Con información de EFE)