Panamá estima que el proceso para incorporarse plenamente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) podría extenderse durante al menos dos administraciones gubernamentales, en una estrategia que el Gobierno define como una política de Estado orientada a fortalecer la reputación internacional, atraer inversiones y modernizar estándares institucionales.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el ingreso a la OCDE no debe entenderse únicamente como un tema tributario, sino como una oportunidad para acelerar transformaciones estructurales vinculadas con educación, gobernanza, competitividad y transferencia de conocimiento.

“Esto no se hace en un año, pero yo creo que sí lo podemos lograr en dos administraciones”, afirmó el ministro durante un foro sobre el proceso de adhesión de Panamá al organismo internacional.

Chapman sostuvo que el objetivo final no es el ingreso a la OCDE como un fin en sí mismo, sino utilizar el proceso para fortalecer la institucionalidad del país y generar mejores condiciones económicas para la población.

“Al final del día se trata de la gente. Esto es importante para preservar buenos trabajos ya existentes y generar nuevos trabajos”, expresó.

El titular del MEF defendió que uno de los mayores beneficios de acercarse a la OCDE será la posibilidad de adoptar estándares internacionales de “primer mundo” en áreas como educación, gobernanza y manejo de empresas públicas. Según Chapman, el componente tributario representa apenas una parte menor dentro del alcance total del organismo.

“Para mí, lo más importante de la OCDE es tener un sitio donde podamos aprender muchísimo”, afirmó el ministro. Añadió que Panamá podrá escoger qué estándares implementar y cuáles no, comparándolo con “entrar a una biblioteca y escoger el libro que se quiere consultar”.

Chapman insistió en que el proceso requerirá continuidad más allá del actual Gobierno y criticó que Panamá “trate de reinventarse cada cinco años” con cada cambio de administración. El ministro señaló que el país necesita madurez institucional para mantener proyectos estratégicos a largo plazo independientemente de quién gobierne.

“Las cosas importantes del país probablemente aparte del Canal no tenemos la madurez como sociedad de continuar”, afirmó. Según Chapman, la incorporación a la OCDE debe verse como una visión de largo plazo comparable a decisiones históricas como la reversión y ampliación del Canal de Panamá.

El ministro también vinculó el proceso de adhesión con otras reformas impulsadas por el Gobierno, incluyendo la reforma al sistema de pensiones y la nueva legislación de sustancia económica, medidas que calificó como decisiones “difíciles” pero necesarias para mejorar la competitividad y recuperar la confianza internacional.

Actualmente, la Asamblea Nacional discute en primer debate el proyecto presentado por el Gobierno sobre sistancia económica.

Chapman aseguró que muchas de las críticas que enfrenta el proceso responden al temor al cambio y a la incertidumbre. “El mundo cambió”, sostuvo el funcionario, quien defendió la necesidad de adaptar el modelo económico panameño a nuevas exigencias globales relacionadas con transparencia, supervisión y estándares regulatorios.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Hoyos explicó que el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo declarando el ingreso a la OCDE como una prioridad nacional. El funcionario señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas liderará técnicamente el proceso, acompañado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Presidencia.

Hoyos reconoció que Panamá todavía se encuentra en una etapa inicial dentro de la relación formal con la OCDE, aunque destacó que recientemente se firmó un entendimiento que permite avanzar hacia una fase más táctica y técnica de negociaciones.

“El proceso ante la OCDE todavía es inicial”, afirmó el vicecanciller, quien explicó que Panamá ahora comenzará a profundizar discusiones específicas sobre estándares, políticas públicas y reformas institucionales requeridas dentro del mecanismo de adhesión.

El funcionario aseguró que uno de los principales objetivos del Gobierno es convertir el proceso en una política de continuidad nacional y no exclusivamente de una administración. Según indicó, el Ejecutivo busca consolidar apoyo del sector privado y de la sociedad civil para garantizar que el próximo Gobierno mantenga el impulso del proyecto.

“Tenemos la tarea de homologarlo y consolidarlo con la empresa privada para crear una situación de continuidad posterior al próximo gobierno”, explicó Hoyos. El vicecanciller advirtió que si la sociedad civil y el sector empresarial no respaldan el proceso, la iniciativa podría perder fuerza en futuras administraciones.

Hoyos también vinculó el acercamiento a la OCDE con la estrategia de recuperación reputacional impulsada por Panamá en los últimos dos años. Según sostuvo, el país ha mejorado su imagen internacional y fortalecido relaciones con actores como la Unión Europea y organismos multilaterales

“El mundo no mira a Panamá necesariamente como Panamá se mira a sí mismo”, afirmó el vicecanciller. A su juicio, el país atraviesa un momento comparable al inicio de los años 2000, cuando la ampliación del Canal proyectó una visión de futuro y fortaleció la percepción internacional sobre Panamá.

Chapman, por su parte, destacó que algunos resultados ya comienzan a reflejarse en indicadores financieros internacionales. El ministro señaló que la prima de riesgo país se ha reducido más de 65% en menos de dos años, lo que atribuyó a políticas fiscales, transparencia financiera y mayor confianza de los inversionistas.

El titular del MEF afirmó que los mercados internacionales están reaccionando positivamente a las reformas impulsadas por Panamá. “Son inversionistas opinando, arriesgando su capital”, sostuvo Chapman al defender que la reducción del riesgo país representa una señal concreta de recuperación de confianza internacional.

Tanto Chapman como Hoyos coincidieron en que el proceso hacia la OCDE implicará costos, reformas administrativas y ajustes regulatorios, pero insistieron en que el objetivo final es fortalecer la competitividad del país y generar condiciones más estables para la inversión y el crecimiento económico en el largo plazo.

Panamá fue admitido como miembro del Foro Internacional del Transporte (ITF), por sus siglas en inglés, durante la reunión del Consejo de Ministros de Transporte celebrada en Leipzig, Alemania, en el marco de la Cumbre Mundial del Transporte 2026.

El Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización intergubernamental con 72 países miembros, que actúa como centro de reflexión para la política de transporte y organiza la Cumbre Anual de ministros de transporte.

ITF es el único organismo global que cubre todos los modos de transporte y está administrativamente integrada con la OCDE, aunque se aclara que es políticamente autónoma.

Con esta incorporación, Panamá fortalece su posicionamiento como centro logístico y multimodal de relevancia mundial.

La ITF trabaja por políticas de transporte que mejoran la vida de las personas, que tiene como misión fomentar una comprensión más profunda del papel del transporte en el crecimiento económico, la sostenibilidad medioambiental y la inclusión social, así como elevar el perfil público de la política de transporte.

La ITF organiza un diálogo global para un mejor transporte, actúa como plataforma para la discusión y la negociación previa de cuestiones políticas en todos los modos de transporte.

De igual manera, analiza tendencias, comparte conocimientos y promueve el intercambio entre los responsables de la toma de decisiones en transporte y la sociedad civil.

La Cumbre Anual del ITF es la mayor reunión mundial de ministros de transporte y la principal plataforma global de diálogo.

José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas de Panamá, destacó que el ingreso del país como miembro del Foro Internacional del Transporte (ITF) “marca un hito en nuestro compromiso con un transporte sostenible, eficiente e inclusivo”.

Agregó que como centro logístico global que conecta más de 170 rutas comerciales y hogar de una de las vías interoceánicas más importantes del mundo, Panamá aporta una perspectiva única a este foro.

La adhesión de la nación canalera fue aprobada por el Consejo de Ministros del ITF, máximo órgano de decisión de la organización, conformado por ministros y altas autoridades de transporte de los países miembros.

El secretario general del ITF, Young Tae Kim, dio la bienvenida a Panamá, que junto a Ghana y Perú se integran al foro, subrayando que la incorporación de estos países refuerza la visión del Foro como plataforma verdaderamente global.

Rashad Nabiyev, ministro de Desarrollo Digital de Azerbaiyán y Transporte, manifestó que los nuevos miembros aportan valiosas perspectivas regionales al foro.

Mencionó que Panamá, hogar estratégico del Canal, desempeña un papel clave en el ámbito internacional del comercio marítimo, mientras que Perú, con la reciente apertura del Puerto de Aguas Profundas de Chancay, en su costa del Pacífico, está desarrollando un corredor logístico que conecta Sudáfrica y Asia.

Al referirse a Ghana, indicó que esta nación está ampliando su papel como centro de transporte para África Occidental, invirtiendo en ferrocarril, puerto e infraestructura aérea para atender a vecinos sin salida al mar.

Nabiyev recalcó que “la adhesión de Ghana, Panamá y Perú subraya la creciente relevancia global del Foro Internacional del Transporte”.

Los resultados de hoy, aseguró, “transmiten un claro mensaje de que el futuro del transporte pertenece a sistemas que son digital, coordinado, fácilmente accesible y, lo más importante, centrado en las personas“.

Colombia se ubicó en marzo como el segundo país con mayor inflación dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). El resultado sobresale en un entorno donde el promedio del organismo es impulsado, sobre todo, por el aumento en los precios de la energía.

El país suramericano presentó una inflación de 5,6% en marzo de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que lo situó solo por detrás de Turquía entre los países miembros. Mientras la mayor parte del alza global se explica por el encarecimiento de la energía, en Colombia este componente no mostró variación, lo que diferenció la dinámica respecto al resto de economías del bloque.

Así las cosas, la inflación en el país continúa por encima del promedio de la Ocde, a pesar de la desaceleración registrada en meses previos.

Comparativo internacional de inflación

La OFAunrganización informó que, de los 37 países con datos disponibles, 33 experimentaron aumentos en sus tasas de inflación durante marzo. Solo dos mantuvieron cifras estables y otros dos reportaron descensos en comparación con el mes anterior.

Colombia, con un 5,6%, figuró como la economía con mayor inflación después de Turquía, que descendió levemente de 31,5% en febrero a 30,9% en marzo. Por debajo de Colombia se situaron:

• Islandia: 5,4%.
• Lituania: 4,8%.
• México: 4,6%.
• Australia: 4,6%.

Países de relevancia mundial, como Estados Unidos, alcanzaron una inflación de 3,3% en marzo, lo que representó un aumento de nueve décimas respecto a febrero. España, Reino Unido y Letonia registraron una tasa de 3,4%, ubicándose en duodécima posición, pero aún por debajo del promedio de la Ocde.

Energía y sus efectos en los precios

El principal motor del repunte inflacionario en el grupo de países fue el encarecimiento de la energía. Según la organización, “el repunte estuvo concentrado especialmente en el componente energético, que volvió a ganar protagonismo durante marzo”.

Y es que el precio de la energía aumentó en 32 de los 35 países analizados y siete reportaron variaciones superiores al 10%. Al respecto, se resaltó que “la inflación energética dentro de la Ocde llegó a 8,1%, el nivel más alto desde febrero de 2023”.

De forma excepcional, Colombia fue el único país donde los precios de la energía se mantuvieron estables en este periodo, contrastando con la tendencia general a nivel global.

Alimentación e inflación subyacente

A diferencia de la energía, la inflación de alimentos se moderó en la mayoría de países miembros. Aproximadamente dos de cada tres economías de la organización experimentaron una caída en este sector, lo que contribuyó a aliviar la presión sobre el índice general.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, permaneció estable tanto en Colombia como en el conjunto del organismo. El comportamiento reguló parcialmente la evolución de los precios al consumidor durante el mes analizado.

Tendencias globales y posición de Colombia

En el bloque del G7, la inflación interanual subió a 2,8% en marzo, frente al 2,1% de febrero, impulsada por un aumento energético de 8,2%:

• Alemania, Estados Unidos y Francia: registraron incrementos de al menos 0,8 puntos porcentuales (pp).
• Estados Unidos: la inflación energética en alcanzó 12,5%, uno de los valores más altos entre las economías desarrolladas.
• Zona euro: el Índice de Precios de Consumo Armonizado subió a 2,6%, comparado con el 1,9% en febrero. El componente energético pasó a terreno positivo por primera vez en más de un año y se situó en 5,1%.

Aunque, el encarecimiento de la energía influyó en gran medida en los aumentos de precios, la inflación subyacente siguió siendo el factor principal del incremento en las economías del G7 y la eurozona. Los alimentos, en contraste, alcanzaron su menor nivel de inflación en varios meses en los países europeos.

Costa Rica mantiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con datos de la OCDE y organismos internacionales consultados por DevelopmentAid, la tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 24 años en Costa Rica alcanzó 19.9% en 2025, una cifra que sitúa al país muy por encima del promedio registrado por la organización. Las estadísticas muestran una tendencia descendente frente a años anteriores, pero la problemática persiste como uno de los principales desafíos socioeconómicos del país.

Según reportó la OCDE, el promedio de desempleo juvenil en sus países miembros se ubicó en 11.5%, menos de la mitad que el nivel registrado en Costa Rica. El organismo internacional destacó que, además de la elevada desocupación, Costa Rica presenta una de las tasas de participación laboral más bajas en el grupo, junto a México, Turquía e Italia, donde menos del 70% de los jóvenes en edad de trabajar forman parte del mercado laboral. Esta situación refleja obstáculos para la inserción de los jóvenes en empleos formales y estables.

La evolución de la tasa de desempleo juvenil en Costa Rica evidencia la dificultad estructural para reducir la brecha respecto al promedio de la OCDE. En 2024, la desocupación juvenil fue de 20.4%. En 2023, se situó en 24.3%. En 2022, alcanzó 30.7%, y en 2021 tocó un máximo de 39.2%. La serie histórica, publicada por The Global Economy y citada por DevelopmentAid, revela que el promedio nacional entre 1991 y 2024 fue de 18.3%. El valor más bajo, 7.6%, se registró en 1992, y el más alto, 40.1%, en 2020.

De acuerdo con la OCDE, factores como la informalidad, la baja cobertura de la educación y la falta de políticas activas de empleo inciden en la dificultad de los jóvenes para acceder a trabajos de calidad. El organismo recomienda fortalecer la formación técnica, mejorar los programas de inserción laboral y promover alianzas entre el sector público y privado para ampliar las oportunidades de empleo.

El informe de la OCDE también advierte que la recuperación económica tras la pandemia no ha revertido el impacto sobre el empleo juvenil. Aunque la tasa de desempleo disminuyó desde el pico de 2020, Costa Rica permanece entre los países con más jóvenes fuera del mercado laboral. Las cifras muestran que en comparación con otros países latinoamericanos que integran la OCDE, como México y Chile, Costa Rica mantiene una desventaja en la creación de empleo formal para los jóvenes.

Organismos internacionales y la OCDE subrayan la importancia de reducir el desempleo juvenil para potenciar el crecimiento económico y reducir la desigualdad. El alto nivel de desocupación en la población joven afecta la estabilidad social y limita las perspectivas de desarrollo a mediano plazo. El acceso restringido a empleos formales, la rotación laboral y la escasa protección social incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes costarricenses.

Las políticas actuales han mostrado avances limitados, según detalló DevelopmentAid. El gobierno de Costa Rica ha anunciado iniciativas para impulsar la capacitación técnica y la empleabilidad juvenil, pero los resultados no han sido suficientes para revertir la tendencia. La OCDE recomienda redoblar esfuerzos y destinar mayores recursos a programas focalizados en la inserción laboral de los jóvenes.

El organismo internacional concluyó que la reducción del desempleo juvenil es clave para elevar la productividad nacional y mejorar la cohesión social. Las proyecciones señalan que, sin reformas estructurales y mayor inversión en educación y empleo, Costa Rica enfrentará dificultades para cerrar la brecha que la separa de los países con mejor desempeño en el mercado laboral juvenil.

Cada vez que va al mercado y siente que el dinero no le alcanza igual que antes, no es una ilusión. Lo que sucede es que los precios de los alimentos continúan en aumento debido a la inflación persistente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó su más reciente medición de inflación de estos productos entre sus países miembros, correspondiente a febrero de 2026, y Colombia quedó en el tercer lugar de los países con los aumentos más pronunciados, con una variación de 5,8% frente al mismo mes del año anterior.

El promedio del bloque —que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo— se ubicó en 4,0%. Eso quiere decir que los alimentos en Colombia se encarecieron casi dos puntos porcentuales más que lo que subieron, en promedio, en los demás países del grupo. Frente a enero de 2026, cuando el país ya registraba una cifra por encima del 5%, el dato de febrero representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales.

Solo dos economías superaron a Colombia en este indicador. Turquía encabeza la lista con una inflación de alimentos de 36,4%, lo que equivale a 4,7 puntos más que en enero, cuando se ubicaba en 31,7%.

Estonia ocupa el segundo lugar con 8,0%, dos puntos por encima de su registro del mes anterior. Tras Colombia, aparecen Islandia con 5,6%, Grecia con 5,2%, México con 5,2% y Nueva Zelanda con 5,1%, país que mantuvo el mismo porcentaje entre enero y febrero.

La medición de la Ocde abarca alimentos y bebidas no alcohólicas, y compara los precios con el mismo periodo del año anterior. La persistencia de Colombia en los primeros puestos de este listado, mes tras mes, refleja que las presiones sobre la canasta básica no son un fenómeno pasajero.

¿Por qué ‘le pega más duro’ a quienes menos tienen?

El encarecimiento de los alimentos no afecta a todos por igual. En los hogares de menores ingresos, una parte mucho mayor del presupuesto mensual se destina a la comida. Por eso, cuando ese rubro sube al ritmo que lo hace en Colombia, el golpe sobre el bolsillo es proporcionalmente más fuerte que en una familia de ingresos medios o altos.

Este es uno de los factores que el Banco de la República tiene en cuenta al decidir si baja o mantiene sus tasas de interés. Cuando los alimentos se encarecen, la inflación general tarda más en bajar hasta los niveles que el banco considera aceptables, lo que hace que los recortes de tasas sean más difíciles de concretar.

Entre los factores que explican el comportamiento de los precios a nivel global, la Ocde señala el impacto del conflicto en Medio Oriente, que ha encarecido insumos como los fertilizantes. Colombia, además, sigue dependiendo de importaciones para sostener parte de su oferta alimentaria, lo que expone los precios internos a las variaciones del mercado externo y del tipo de cambio.

El otro lado del listado

No todos los países del bloque viven la misma situación. Costa Rica registró una caída de -8,3% en los precios de los alimentos, lo que significa que la comida allí está más barata que hace un año.

Hungría reportó -3,2% y Suiza -0,3%. En el extremo opuesto del espectro, economías como Estados Unidos (2,4%), Francia (2,1%) y Alemania (1,5%) muestran incrementos moderados, muy por debajo de lo que registra Colombia.

El panorama dentro de la Ocde es, entonces, muy dispar: mientras algunos países logran bajar los precios de los alimentos, otros —entre ellos Colombia— siguen con cifras que presionan el día a día de sus habitantes. La comparación entre enero y febrero de 2026 muestra pocos cambios en la mayoría de países, lo que sugiere una estabilización de la tendencia, aunque no una reducción sostenida de los precios.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá avala una posible incorporación de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque apunta que para lograrlo hay que pasar del diálogo a la acción concreta, que refuerce la institucionalidad del país.

Adherirse a estándares internacionales no afecta la soberanía de Panamá, por el contrario, la fortalece, afirma el sector empresarial

Agrega que se trata de un proceso voluntario, basado en la adopción de buenas prácticas que permiten mejorar como país y consolidar una posición en la economía global.

El gremio coincide con los planteamientos del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien sostiene que Panamá debe cumplir con varios requisitos clave para aspirar a formar parte de la OCDE, entre ellos fortalecer el capital humano, mejorar la educación y las habilidades para alinearlas con las oportunidades del futuro.

“Este paso debe entenderse como una señal de madurez económica”, afirmó en un mensaje el presidente del ente empresarial, Aurelio Barría Pino.

“Reconocemos que espacios como el CADE de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa haya contribuido a poner este tema en la agenda nacional. Ese diálogo es necesario y oportuno. El siguiente paso es traducirlo en acciones concretas que refuercen la institucionalidad del país”, manifestó.

Esta semana se realizó en ciudad de Panamá la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026), cuyo tema central giró en torno a las ventajas que ofrecerá a Panamá una posible integración a la OCDE.

Panamá, añade le mensaje empresarial, ha decidido jugar con las reglas del mundo moderno, de países desarrollados, donde la competitividad no solo depende de ventajas tradicionales, sino de la capacidad de cumplir estándares, generar confianza y proyectar estabilidad en el tiempo.

Esto “no es una decisión de beneficios inmediatos, sino una apuesta estratégica con visión de futuro”, apunta el mensaje.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá consideran cinco acciones pertinentes: visión de Estado, implementación sostenible, proceso inclusivo, comunicación oportuna y consistente, y coherencia institucional.

Insisten en que la posible incorporación de Panamá al organismo internacional es un proceso que debe asumirse con visión de Estado y a largo plazo, con decisiones consistentes que estén coordinadas entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de sus instituciones, y con una ejecución efectiva que produzca resultados tangibles.

Para el gremio, adherirse no es suficiente, pues la verdadera prueba está en la implementación.

Por ello, afirman que es indispensable demostrar que el país puede implementar políticas públicas de manera coherente, sostenida y creíbles en el tiempo.

La confianza internacional se construye con instituciones que funcionan, con procesos transparentes y con una gobernanza que garantice estabilidad más allá de coyunturas.

En cuanto al proceso inclusivo, la Cámara manifiesta que este camino debe ser inclusivo, y que las estrategias que se adopten deben incorporar a los sectores impactados, empresarial, financiero y legal, entre otros, para alinear posturas y construir soluciones creativas que permitan fortalecer nuestras ventajas competitivas, en armonía con los estándares internacionales.

No duda en señalar que solo así se logrará un proceso sostenible y con legitimidad.

En el proceso de adhesión es fundamental explicar con claridad los beneficios y los compromisos que el país asume.

“Una comunicación transparente y continua permite una participación en la toma de decisiones y en su implementación, evitando que este proceso se perciba como una imposición y consolidando el respaldo nacional”, manifiestan los empresarios.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la adhesión a estándares internacionales exige consistencia entre lo que se decide, lo que se comunica y lo que se ejecuta. Dan por descontado que la institucionalidad se fortalece cuando hay alineación entre políticas públicas, capacidades del Estado y resultados concretos.

La sostenibilidad del sistema de pensiones en Colombia enfrenta un desafío central ante el aumento sostenido de la esperanza de vida.

Mientras la mayoría de los países de la Ocde han elevado o proyectan aumentar la edad de jubilación hasta los 65 años, con miras incluso a los 70 años, líderes gremiales y expertos en el Congreso de Asofondos insisten en la urgente necesidad de que Colombia armonice sus parámetros para evitar un desbalance estructural cada vez mayor y garantizar ingresos suficientes para los futuros retirados.

En la actualidad, la brecha entre mujeres y hombres en el sistema pensional colombiano multiplica los desafíos financieros del país.

Tal como detalló Juan David Correa, presidente de Protección, “hoy en Colombia ya estamos en 77 años en promedio —74 los hombres y 80 las mujeres— y eso nos obliga a incorporar ese desafío en los sistemas pensionales”, dijo Correa en su intervención.

Así mismo, explicó además que, internacionalmente, la tendencia es a unificar la edad de retiro para ambos géneros, cerrando así una brecha de ahorro de una década: “En Colombia las mujeres viven cinco años más, pero ahorran cinco años menos, lo que genera una brecha cercana a 10 años”.

La política de pensiones de los países de la Ocde apunta a un ajuste progresivo y generalizado de la edad mínima de retiro.

Actualmente, varias de estas naciones ya han situado su umbral en los 65 años, y proyecciones recientes anticipan un movimiento hacia los 70 años.

La razón fundamental es el envejecimiento de la población y el consecuente incremento de los años durante los cuales los sistemas deben sostener el pago de prestaciones.

En contraste, Colombia mantiene edades de retiro inferiores a ese promedio y enfrenta, además, bajas tasas de cobertura y altos niveles de informalidad.

De acuerdo con Oscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cerca de 25 millones de colombianos están vinculados al sistema, pero solo 15 millones cotizan de manera irregular y no alcanzan la continuidad necesaria.

Becerra puntualizó en el foro El futuro del sistema pensional en Colombia que “la reforma pensional debe considerar aumentar la edad de jubilación, idealmente a 65 años para ambos géneros”.

La ampliación de la cobertura social sí representa un potencial beneficio, aunque los desafíos de implementación, informalidad y transición operativa siguen vigentes.

Hoy un hombre que desee pensionarse en Colpensiones debe haber cotizado 1.300 semanas, mientras que una mujer necesita sumar 1.250 semanas. En los fondos privados, los requisitos se reducen a 1.150 y 1.135 semanas respectivamente.

Existe, no obstante, una alternativa basada en la acumulación de capital: en estos casos no se exige cumplir ni la edad ni las semanas mínimas, siempre que se alcance el monto necesario para financiar la pensión, como explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos. “El capital necesario depende de las características individuales y del núcleo familiar”, señaló Velasco.

Los cambios introducidos por el Gobierno nacional a finales de 2025 a través de un decreto de deslizamiento alteran los montos requeridos en esta modalidad. Este ajuste impacta especialmente a quienes planificaron jubilarse por capital en el año en curso, ya que ahora enfrentan nuevos valores mínimos para acceder a la prestación.

En el Congreso de Asofondos se estableció una premisa común entre presidentes de fondos de pensiones, directivos gremiales y expertos del sector académico: la edad de jubilación debe igualarse a 65 años tanto para hombres como para mujeres.

Esta iniciativa no solo responde a los patrones demográficos, sino que busca, según expuso Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, ajustar los esquemas diseñados hace varias décadas, cuando la expectativa de vida era significativamente inferior. “El tiempo que las personas pasan acumulando no está alcanzando para cubrir la longevidad futura”, advirtió Guerra en su intervención.

Valeria Martínez, senior de servicios legales Kmpg Colombia, agregó que la actual propuesta de reforma fortalece los beneficios para poblaciones vulnerables y establece una pensión unificada que integra los diferentes subsistemas y se ve directamente afectada por el aumento del salario mínimo.

La cuestión de la edad de pensión continúa siendo un tema con fuerte sensibilidad electoral. Según coincidieron Becerra y Martínez en el citado foro, las campañas políticas suelen evitar el debate de fondo, pese a que el retraso en la actualización normativa tiende a ampliar la brecha con los países avanzados y complica cada vez más la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

Ser profesor en Colombia sigue significando una remuneración inferior a la que reciben docentes de buena parte de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Así lo evidenció un análisis internacional que comparó los salarios legales de maestros de educación secundaria superior en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo.

La distancia no es menor. Mientras varias economías europeas pagan cifras que superan con amplitud el promedio del bloque, Colombia permanece por debajo de esos niveles tanto en el ingreso inicial como en el salario más alto que puede alcanzar un docente durante su carrera.

El contraste abre una discusión de fondo, cuánto se remunera a quienes forman nuevas generaciones y qué impacto tiene eso en la calidad educativa. Expertos advierten que el debate no depende únicamente del monto mensual, sino del diseño del sistema, la capacidad fiscal y la forma en que se distribuyen los recursos.

En la parte alta del escalafón aparece Luxemburgo, país que lidera el ranking. Allí, un profesor puede comenzar su trayectoria laboral con un salario cercano a USD99.600 anuales y llegar a un máximo de USD173.200. La cifra está muy por encima del promedio máximo de la Ocde, que ronda los USD76.000.

Después se ubican Alemania y Suiza, dos economías que también muestran ingresos superiores a las seis cifras en los niveles más altos. En Alemania, el salario inicial es de USD90.600 y puede subir hasta casi USD122.300. En Suiza, el arranque está en USD90.500 y el techo llega a USD137.400. Otros países con buen desempeño en materia salarial son México, Noruega y Austria, que también aparecen entre los mejor posicionados del estudio. La presencia de México llama la atención al tratarse de una economía latinoamericana que supera a varias naciones europeas en este indicador.

En contraste, Colombia figura lejos de los primeros lugares. Según el informe, un docente inicia con un salario de USD31.700 al año y puede alcanzar un máximo de USD57.900. Esto significa que incluso en el nivel más alto del país, la remuneración queda por debajo del ingreso inicial que reciben profesores en al menos los diez primeros puestos del ranking.

La diferencia refleja una brecha persistente entre economías desarrolladas y países emergentes. También pone sobre la mesa los desafíos de competitividad laboral que enfrenta el sistema educativo colombiano a la hora de atraer nuevos profesionales.

Clara Inés Pardo, docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, explicó al diario La República que la distancia entre Colombia y el promedio de la Ocde no responde a una sola causa, sino a una suma de factores estructurales que se han mantenido en el tiempo. De acuerdo con la académica, esa brecha puede entenderse a partir de cinco variables principales: el PIB per cápita, la estructura del sistema educativo, el esquema salarial vigente, las restricciones fiscales y una menor presión competitiva dentro del mercado laboral docente.

“Entonces, Colombia no necesariamente invierte poco, sino que invierte bajo en términos absolutos, pero alto en términos relativos. El problema no es solo cuánto se paga, sino cómo se distribuye y bajo qué modelo”, señaló Pardo. La afirmación sugiere que el país destina recursos relevantes en proporción a su economía, aunque el resultado final para los maestros sigue siendo limitado cuando se compara con mercados de mayores ingresos y estructuras fiscales más robustas.

En la parte baja del listado también aparecen Brasil, Eslovaquia y Grecia. En esos casos, los salarios iniciales pueden estar por debajo de USD30.000 anuales. Además, en varios sistemas educativos los aumentos a lo largo de la carrera son modestos, lo que reduce los incentivos para permanecer en la profesión.

El estudio advierte que la remuneración docente no es un asunto aislado. Las diferencias salariales pueden influir directamente en la capacidad de los países para captar y retener talento en las aulas. Cuando los sueldos son más competitivos, suele mejorar la percepción social del oficio y las condiciones laborales resultan más atractivas.

Panamá debe cumplir con varios requisitos clave para aspirar a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos fortalecer el capital humano, mejorar la educación y las habilidades para alinearlas con las oportunidades del futuro.

Así lo ve el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien agregó que se requieren de instituciones más sólidas, además de una mayor capacidad de ejecución y decisiones basadas en evidencia, así como reglas claras y estables.

Las palabras de Chapman se dieron durante la apertura de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026), cuyo tema central a analizar es las ventajas que ofrecerá a Panamá una posible integración a la OCDE.

Uno de los principales retos del encuentro, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (APEDE) será definir posturas y propuestas concretas que contribuyan al desarrollo económico del país, en un contexto donde la atracción de inversiones y la generación de empleo son prioridades, dijeron sus organizadores.

Carlos Ernesto González Ramírez, presidente de CADE 2026, manifestó que la posible entrada a la OCDE puede aportar beneficios claros, como mejorar la imagen internacional de Panamá y salir de listas que han afectado su competitividad, pero también implica retos importantes en materia de gobernanza y transparencia.

“Hay temas que definitivamente son positivos, como la calidad de las estadísticas y la profesionalización del Estado, pero también hay áreas que requieren un análisis profundo para entender su impacto en nuestra realidad económica”, puntualizó en la web de la APEDE.

Desde 1966, CADE ha sido el espacio donde Panamá se detiene a reflexionar sobre sus retos y oportunidades

Este año el encuentro anual de los ejecutivos de empresa, que en esta oportunidad llega a su edición número 60, se realizará hasta este viernes 24 de abril y tiene como lema principal: “OCDE: Confianza global ¿progreso local?, el futuro de Panamá en debate”.

“Este año CADE cumple 60 años, así que estamos muy contentos y lo celebramos con el tema de la posible entrada de Panamá a la OCDE. Vamos a analizar las ventajas, desventajas, retos y costos que pueda significar esta adhesión”, dijo la presidenta de la APEDE, Giulia De Sanctis.

De Sanctis afirmó que el encuentro busca convertir el análisis en propuestas concretas para el país y precisó que, frente a la posible adhesión a la OCDE el gremio no tiene una postura definida, ya que el objetivo es contar con la información necesaria para tomar la mejor decisión.

“Panamá tiene oportunidades importantes, pero aprovecharlas exige fortalecer nuestras instituciones, generar confianza y apostar por la competitividad. CADE es el espacio para traducir esos estándares en progreso real para los panameños”, sostuvo.

El programa del evento incluye, de acuerdo con la APEDE, experiencias internacionales como la de Ana María Sánchez, quien compartirá el proceso de adhesión de Perú a la OCDE, así como un panel sobre experiencias comparadas con Marianne Bennette de Costa Rica y Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE para América Latina y el Caribe.

En el eje de institucionalidad, participará Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, abordando el rol de la gobernanza en la construcción de un país más competitivo.

El bloque económico y financiero incluirá la participación de Ubaldo González del BID, así como los panelistas David Saied, Adolfo Linares y Dulcidio De la Guardia, enfocados en transparencia fiscal y competitividad. Mientras que el cierre pondrá el foco en comercio, inversión y logística, con Jorge Mario Martínez de la CEPAL.

En materia de desarrollo social y talento, la agenda incorpora a la ministra de Educación, Lucy Molinar, junto a especialistas como Rolando Gittens y Eduardo Ortega-Barría, quienes analizarán los desafíos en educación, ciencia y tecnología.

El mapa de los salarios en Europa muestra una gran desigualdad entre los distintos países. Mientras que algunas regiones registran sueldos cercanos a los de Estados Unidos, en otras apenas superan la mitad, según los últimos datos de Eurostat y la OCDE para 2024.

De más a menos, el país que lidera el ranking europeo es Luxemburgo, donde el salario medio anual a tiempo completo asciende a unos 83.000 euros. Además, el pequeño Estado centroeuropeo se coloca entre los países con mejores cifras salariales a nivel mundial.

¿Y cuál es su secreto? El sistema de indexación salarial del país, que ajusta automáticamente los sueldos a la inflación. De este modo, Luxemburgo garantiza que los empleados mantengan su capacidad de compra frente a las subidas de precios. Pero también influyen otros factores, como la presencia de sectores bien remunerados y un entorno económico estable que atrae talento internacional.

Diferencias notables en Europa

De acuerdo con el informe de Eurostat, hay grandes diferencias entre el oeste y el este de Europa. Mientras que en Luxemburgo los trabajadores perciben sueldos que superan los 80.000 euros, en Bulgaria la media no llega ni a los 16.000 euros anuales.

Después, el segundo puesto en el ranking lo ocupa Islandia, con una renta media anual que supera los 77.000 euros. Este país nórdico destaca por contar con una cobertura sindical que protege a cerca del 90% de los trabajadores, lo que refuerza el peso de la negociación colectiva en las conversaciones sobre los salarios.

Por encima de los 70.000 euros al año también se sitúan Suiza y Dinamarca. Ambos países, además de su elevado nivel de desarrollo, cuentan con sistemas de bienestar sólidos y políticas sociales encaminadas a garantizar la estabilidad económica de sus ciudadanos.

Grandes economías, sueldos intermedios

Aunque pueda sorprender, las principales economías del continente no figuran en los puestos más altos de la clasificación salarial. Alemania y Francia presentan salarios medios de 53.791 y 43.790 euros, respectivamente. Cifras que se quedan muy lejos de los países nórdicos y centroeuropeos. Esto demuestra que la magnitud de la economía no siempre se traduce en mayores sueldos para los trabajadores.

En el sur de Europa, países como España, Italia y Portugal muestran salarios medios en torno a los 30.000 euros anuales. Estas cifras son consecuencia, en parte, de las dificultades económicas acumuladas tras la crisis de la deuda y las políticas de ajuste implementadas en la última década. Aunque son sueldos que permiten un nivel de vida aceptable, están muy alejados del promedio registrado en otros Estados europeos.

Europa oriental: salarios bajos, costes de vida ajustados

En el extremo opuesto de la clasificación lo ocupan los países de Europa oriental. Bulgaria cierra el ranking, con un salario medio anual de 15.387 euros. Por encima figuran Grecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, con sueldos que no alcanzan los 20.000 euros.

Una diferencia que se explica, entre otras cosas, por el proceso de transición económica que vivieron tras la caída del bloque soviético. Además, muchos de estos países han basado su desarrollo en políticas de atracción de inversión internacional mediante la oferta de costes laborales bajos.

Sin embargo, los salarios nominales no cuentan toda la historia. El coste de vida en los países con sueldos más reducidos suele ser sensiblemente inferior al de los países más ricos. El precio de alquileres, servicios y alimentación en lugares como Bulgaria o Rumanía es mucho más bajo que en Suiza o Dinamarca. Por tanto, aunque las diferencias en cifras brutas son llamativas, el poder adquisitivo real de los ciudadanos puede ser menos desigual que lo que sugieren los datos.

El coste de vida y el poder adquisitivo, la otra cara de la moneda

En los países de mayor renta, como Suiza o Dinamarca, el coste de la vivienda y los servicios básicos es muy superior al promedio europeo. Por esto, el nivel de vida real puede verse ajustado pese a los altos salarios. Y al contrario, en naciones con sueldos bajos, la menor presión sobre los precios de bienes y servicios permite a los trabajadores mantener una calidad de vida aceptable dentro de su contexto local.

El interés del capital internacional no desapareció en 2026, pero sí se volvió mucho más exigente. En medio de un escenario marcado por disputas geopolíticas, ajustes en las cadenas globales de suministro y una expansión económica menos dinámica, los inversionistas están eligiendo con mayor cautela dónde poner su dinero. Ese nuevo filtro dejó a Colombia lejos del grupo líder dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Un análisis de Kearney mostró cómo se está redibujando el mapa mundial de la inversión extranjera directa. Aunque todavía existe una visión moderadamente positiva frente a varios mercados emergentes, el informe advierte que la incertidumbre política y la desaceleración del crecimiento pesan cada vez más en las decisiones empresariales.

Dentro de ese panorama, Colombia quedó en la casilla 19 entre los mercados emergentes evaluados en el índice FDI Confidence Index, avanzando apenas una posición frente al año anterior. El país obtuvo una puntuación de 1.4418, un resultado que lo mantiene en una zona media de la tabla y todavía distante de los destinos que hoy concentran la mayor confianza global.

La lectura regional deja un mensaje claro, otros vecinos avanzan con más fuerza. Brasil y México aparecen como los referentes latinoamericanos mejor ubicados, al ocupar el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Ambos lograron calificaciones superiores y sostienen una capacidad más robusta para atraer flujos de capital extranjero.

También Chile superó a Colombia al conservar su posición con un puntaje de 1.5276. Argentina se mantuvo como otra de las economías regionales por encima del mercado colombiano, pese a enfrentar desafíos internos y retroceder un puesto frente a 2025. Más abajo aparecieron Perú y Uruguay, ubicados en las posiciones 21 y 23, aunque todavía dentro del grupo de las 25 economías mejor valoradas.

Para los analistas, la posición colombiana responde tanto a ventajas estructurales como a dudas internas que siguen abiertas. Alejandro Espitia, docente de Nueva Economía Política de la Pontificia Universidad Javeriana, resumió así el momento del país en el diario La República: “Colombia tiene la ventaja de estar en América Latina que, por el ciclo, es una región atractiva para la inversión, pero tiene el problema del riesgo político interno: el déficit es muy alto, la inflación no cede y hay ataques al Banco de la República; entonces ese riesgo puede volver lenta la inversión hasta que haya más certezas de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales”.

La declaración recoge varias de las inquietudes que hoy revisan los fondos y multinacionales antes de tomar decisiones de largo plazo. El tamaño del déficit fiscal, la persistencia de presiones inflacionarias y la tensión alrededor de instituciones económicas pesan sobre la percepción de estabilidad. Cuando el dinero global busca refugios previsibles, cualquier ruido institucional se vuelve relevante.

A esto se suma otro factor menos visible, pero igual de determinante, las barreras regulatorias. Colombia aparece por encima del promedio de los países de la Ocde en nivel de restricciones a la inversión extranjera y ocupa el tercer lugar entre los mercados latinoamericanos con más obstáculos para el capital externo.

Solo México y Brasil presentan mayores limitaciones en la región, de acuerdo con el Índice de Restricciones al Comercio de Servicios 2026. En contraste, Chile, Costa Rica y Perú muestran entornos más abiertos y con menos trabas para las compañías internacionales interesadas en operar allí.

El mensaje para Colombia es directo, la ubicación geográfica y el potencial de mercado siguen siendo activos valiosos, pero no bastan por sí solos. Para competir en una etapa donde el capital selecciona con lupa, el país necesita reglas claras, señales de estabilidad y mayor confianza institucional. Sin esos elementos, la inversión puede seguir mirando hacia otros destinos de la región.

Panamá avanzó en su proceso de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la firma, en París, de un Memorando de Entendimiento entre el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y el secretario general del organismo, Mathias Cormann, un paso que el Gobierno presenta como parte de su ruta para alinear políticas públicas, fortalecer instituciones y acercarse a estándares internacionales en transparencia, gobernanza, integridad financiera y desarrollo sostenible.

El acuerdo crea un marco formal de cooperación técnica entre Panamá y la OCDE, que abre espacio para intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia.

Tras la firma, Martínez-Acha sostuvo que no se trataba de un gesto protocolar, sino de una decisión estratégica y de un compromiso de transformación, al afirmar que Panamá busca incorporarse a ese espacio como un socio dispuesto a ser medido, evaluado y mejorado.

La firma se produce pocas semanas después de que el Ejecutivo panameño pusiera en marcha una Comisión Permanente de alto nivel para conducir el proceso de adhesión.

Ese órgano fue creado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 12 del 9 de marzo de 2026 y quedó integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Desarrollo Social y Educación, además de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Su tarea será planificar, asesorar y coordinar las acciones oficiales vinculadas con el acercamiento a la OCDE.

El decreto también establece que la comisión deberá dictar directrices y criterios generales para orientar la participación de todas las entidades públicas en ese proceso, mientras que la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad se encargará de coordinar y supervisar su ejecución.

Además, la Secretaría Ejecutiva tendrá que elaborar informes periódicos de avance para el presidente José Raúl Mulino, lo que sugiere que el Gobierno busca mantener un seguimiento político constante sobre una agenda que, si prospera, exigirá reformas técnicas, legales e institucionales.

En América Latina, la OCDE tiene actualmente cuatro miembros: México, Chile, Colombia y Costa Rica, mientras que Argentina, Brasil y Perú continúan en proceso de adhesión. Para Panamá, entrar en esa conversación implica mirar de cerca la experiencia de esos países, que debieron pasar por ajustes regulatorios, fiscales e institucionales antes de acercarse al organismo.

Más que una etiqueta internacional, la OCDE funciona como un sistema de evaluación y comparación permanente, donde la pertenencia exige estándares más altos en distintas áreas de política pública.

La relación entre Panamá y la OCDE no empieza con esta firma. En publicaciones recientes, el organismo ha venido señalando que el país necesita fortalecer su senda de desarrollo con mayor resiliencia, inclusión y capacidad institucional, mientras que revisiones previas sobre Panamá ya advertían desafíos asociados a la llamada trampa de ingresos medios, la consolidación de la clase media y la necesidad de mejorar la coordinación de políticas públicas.

Desde el sector privado, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, ha señalado que una eventual adhesión debe discutirse con información, seriedad y distintas miradas.

Sostuvo que hablar de la OCDE es hablar de reglas claras, instituciones que funcionen mejor y mayor confianza, tanto dentro como fuera del país, pero también de cambios que deben evaluarse con responsabilidad. Esa postura introduce un matiz importante: el respaldo a la modernización no elimina la necesidad de debatir sus costos, ritmos e implicaciones.

La Cancillería sostiene que esta nueva etapa permitirá mejorar el clima de inversión, volver al país más competitivo y predecible, fortalecer la gobernanza, impulsar la innovación y elevar el capital humano.

Antes de la firma del memorando, Martínez-Acha también se reunió con Philippe Gautier, director general de MEDEF International, con el objetivo de proyectar a Panamá como un destino de inversión extranjera responsable y atraer proyectos de mayor valor agregado en infraestructura, tecnología y sostenibilidad.

La firma del memorando no convierte a Panamá en miembro de la OCDE, pero sí lo coloca en una ruta más definida, con una estructura estatal creada para acompañarla, una agenda técnica en construcción y un plazo de cinco años que apunta a reformas más profundas.

El desafío real no será solo firmar acuerdos o multiplicar reuniones en París, sino demostrar que el país puede traducir ese compromiso en cambios medibles, sostenidos y creíbles ante la comunidad internacional y ante sus propios actores económicos.

El conflicto en Oriente Medio y su impacto en la economía europea le costará una décima a la expansión del Producto Interior Bruto (PIB) de España en 2026, según las estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El centro de análisis ha actualizado a la baja hasta el 2,1% su previsión de crecimiento para España en su último informe, tras incorporar a sus proyecciones de diciembre los efectos de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Las previsiones para 2027 también se han corregido en una décima, quedando ahora en el 1,7%.

En cuanto a la inflación, el organismo sitúa en el 3% la subida de precios anticipada para 2026 y espera que se modere al 2,2% el próximo año. Ambas estimaciones superan el 2,3% y 1,8% previsto inicialmente, explicado en gran parte por el encarecimiento de los productos energéticos provocado por la guerra.

Pese al recorte, las perspectivas de crecimiento de España se mantienen por encima de la media de la zona euro, cuyo avance del PIB la OCDE ha rebajado cuatro décimas en 2026 y dos décimas para 2027, hasta el 0,8% y el 1,2%, respectivamente. Sin embargo, el centro de análisis ha matizado que esta nueva lectura se basa en un escenario en que el impacto inicial de la guerra en el mercado energético “se moderará con el tiempo” y reducirá su efecto en la segunda mitad del año, por lo que una evolución menos favorable de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes puede alterar de nuevo las expectativas.

Recorte de previsiones en las economías desarrolladas

En su conjunto, la economía global crecerá un 2,9% en 2026 y un 3% en 2027, según la OCDE. Tras el ajuste de expectativas, Alemania ve reducida su proyección de expansión a un 0,8% para este año, dos décimas menos que lo previsto anteriormente, mientras que la perspectiva para 2027 se mantiene en 1,5%. Para Francia, la cifra también se ajusta a la baja hasta el 0,8% para este año y se mantiene en 1% para 2027. Italia afronta un crecimiento menor: 0,4% en 2026 y 0,6% en 2027, lo que supone igualmente un recorte respecto a las previsiones de diciembre.

Por su parte, la OCDE ajusta al alza en tres décimas la previsión de crecimiento para Estados Unidos en 2026, que llega al 2%, aunque reduce la del año siguiente a 1,7%. En el grupo de emergentes, la estimación para China se mantiene en 4,4% este año y 4,3% el próximo, mientras que la de India baja una décima en 2026 hasta el 6,1% y se mantiene en 6,4% para 2027.

La OCDE también ha elevado sus previsiones de inflación global para este año a un 4%, frente al 2,8% estimado en diciembre, y espera que en 2027 la tasa alcance el 2,7%. En la zona euro, la previsión se ajusta al alza hasta un 2,6% para 2026 y un 2,1% para 2027. En Estados Unidos, en cambio, el organismo prevé una inflación del 4,2% este año, aunque corrige a la baja el dato para 2027 hasta el 1,6%.

La OCDE advierte de amenazas al crecimiento

El informe señala que las fluctuaciones en los precios de la energía y las materias primas pueden trasladarse rápidamente a las expectativas de inflación, alimentando nuevas presiones inflacionarias. Por ello, la OCDE insta a los bancos centrales a mantenerse vigilantes y actuar si las expectativas de inflación se desanclan o el mercado laboral se debilita.

El organismo advierte sobre riesgos adicionales, como interrupciones prolongadas en el suministro energético, rendimientos bajos de la inversión en inteligencia artificial y pérdidas en los mercados de capital privado, que podrían agravar la inestabilidad financiera. En este contexto, la OCDE recomienda que cualquier apoyo fiscal ante el aumento del coste energético sea temporal, dirigido a los hogares vulnerables y con límites claros, para evitar tensiones presupuestarias y mantener los incentivos para reducir el consumo de energía.

Con el inicio de la campaña de la Renta esta semana pasada, tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo han retomado las críticas a lo que llamaron “infierno fiscal” impuesto por el Gobierno socialista en España, acusando al Ejecutivo central de ahogar a autónomos, empresas y familias con su política impositiva. Los dirigentes populares señalan los niveles sin precedentes alcanzados por la recaudación fiscal y achacan más de un centenar de subidas de impuestos a las dos últimas legislaturas del PSOE. Sin embargo, al revisar los datos oficiales, España no destaca por su carga impositiva en comparación con otras economías avanzadas.

La presión fiscal, que representa el porcentaje de impuestos y cotizaciones sociales respecto al Producto Interior Bruto, se situaba en el 37,3% en el país en 2024, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque esta cifra supera en varios puntos la media del conjunto de las economías desarrolladas, que se queda alrededor del 34%, todavía queda por debajo del promedio de la Unión Europea, que bordea el 40%.

El análisis internacional ubica a España en el grupo de países de fiscalidad media-alta en Europa, junto a otras naciones como Alemania, Italia, Austria y Portugal, pero la oposición reclama bajadas de impuestos y denuncia un exceso de presión por parte del Estado. Esta aparente distancia entre los datos comparados y el discurso político contribuye a alimentar una percepción social muy extendida de que la carga impositiva en España es elevada, especialmente entre las rentas medias y los trabajadores por cuenta propia.

Peso de la fiscalidad sobre el trabajo

Uno de los elementos que más inciden en la percepción de la ciudadanía es la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral total para las empresas y el salario neto recibido por el trabajador. En España, este indicador ronda el 38%–40% para una persona con salario medio, según el informe Taxing Wages de la OCDE. El dato supera la media de la organización, que se sitúa en torno al 35%. Este resultado refleja el impacto conjunto del impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales de los trabajadores y las aportaciones empresariales. La consecuencia directa es una sensación generalizada de que el salario disponible resulta bajo en comparación con el coste laboral total, especialmente en los tramos de renta media.

Entre los rasgos estructurales del sistema fiscal español que explican estas cifras destaca el peso de las cotizaciones sociales, que representan aproximadamente un tercio de los ingresos públicos. Esta característica no es exclusiva de España; países como Francia y Alemania presentan niveles similares o incluso mayores.

En esta línea, un reciente informe de la OCDE señalaba a principios de este mes que uno de los principales problemas del sistema fiscal español es su diseño. En particular, advierten de que la carga tributaria recae en gran medida sobre el trabajo, lo que puede desincentivar tanto la contratación como la búsqueda de empleo. En sus últimos análisis sobre la economía española, la organización subraya que este tipo de estructura impositiva resulta “distorsionadora”. Por ello, recomienda un reequilibrio del sistema hacia figuras como el IVA o los impuestos medioambientales, que generan menos efectos negativos sobre la actividad económica.

El efecto de la progresividad en frío y las diferencias de medición

Más allá de los datos agregados de presión fiscal, el debate sobre si España puede considerarse un “infierno fiscal” depende en parte de cómo se miden los impuestos y de qué se entiende exactamente por subida tributaria. En declaraciones recientes, los dirigentes del PP han sostenido que desde 2018 se han producido más de un centenar de incrementos impositivos. Sin embargo, esta cifra no responde siempre a modificaciones claras y diferenciadas de los tipos de gravamen, sino a sistemas de recuento que pueden fragmentar una misma medida en múltiples impactos estadísticos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se desglosan efectos indirectos o se contabilizan de forma separada elementos que en la práctica forman parte de una única decisión normativa.

Uno de los ejemplos más relevantes es el del IRPF y el fenómeno conocido como progresividad en frío. Este se produce cuando, en un contexto de inflación, los tramos del impuesto no se actualizan. Como consecuencia, los contribuyentes pueden ver incrementados sus ingresos nominales, por ejemplo, a través de subidas salariales que solo compensan la pérdida de poder adquisitivo, y, aun así, pasar a tributar en tramos superiores. En la práctica, esto implica una mayor carga fiscal sin que exista un aumento real de su capacidad económica. Aunque este efecto está ampliamente reconocido por la literatura económica como una forma indirecta de incremento impositivo, su consideración como “subida de impuestos” depende del criterio adoptado, ya que no deriva de una modificación explícita de los tipos ni de la estructura del impuesto.

La recaudación crece, pero no solo por impuestos

En paralelo, los datos de organismos como la OCDE o Eurostat muestran que la recaudación en España ha aumentado en los últimos años hasta situarse en aproximadamente unos 590.000 millones de euros de ingresos fiscales en 2024. No obstante, este crecimiento no se explica exclusivamente por subidas de impuestos.

Una parte relevante procede del propio crecimiento económico y del empleo, ya que los ingresos ligados al trabajo (IRPF y cotizaciones sociales) representan en torno al 21% del PIB, según la OCDE. El aumento del número de ocupados y de los salarios nominales ha elevado automáticamente la recaudación, incluso sin cambios significativos en los tipos impositivos. A ello se suma el efecto de la inflación, que incrementa las bases imponibles: al subir los precios, también aumenta la recaudación del IVA y, al crecer los salarios nominales, se eleva la tributación por IRPF, aunque el poder adquisitivo no mejore en la misma proporción.

Por último, parte del crecimiento reciente de la recaudación se explica por la retirada de medidas temporales adoptadas durante la crisis energética e inflacionaria, como las reducciones del IVA en electricidad o determinados productos básicos. Al revertirse estas rebajas, los ingresos fiscales han vuelto a sus niveles estructurales, contribuyendo también al aumento global de la recaudación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso el foco en uno de los principales cuellos de botella estructurales de Argentina: la infraestructura física. En su primer informe sobre fundamentos para el crecimiento y la competitividad, el organismo advierte que las limitaciones en transporte impactan directamente en la logística y en la eficiencia de las cadenas de suministro.

El documento señala que, pese a contar con abundantes recursos y capital humano calificado, el país muestra un desempeño rezagado frente a economías comparables.

En ese contexto, la infraestructura de transporte aparece como un factor crítico que condiciona tanto la productividad como la capacidad de integrarse al comercio internacional.

Uno de los datos más relevantes es el estado de la red vial: apenas el 32% de las rutas se encuentra en buenas condiciones. Esta situación incrementa costos operativos, reduce la previsibilidad en los tiempos de tránsito y eleva los riesgos en la distribución de mercaderías, afectando de forma directa la planificación logística.

En el caso del sistema ferroviario, el informe advierte sobre la frecuencia de descarrilamientos en líneas de carga debido al deterioro de las vías. Esto limita el desarrollo de un modo clave para el transporte de grandes volúmenes, restringiendo alternativas más eficientes y sostenibles dentro de la matriz logística.

Infraestructura y competitividad en tensión

La situación portuaria también aparece como un punto crítico. Según la OCDE, el Puerto de Buenos Aires presenta tiempos de respuesta cercanos a los dos días, con demoras adicionales para el ingreso de buques. Estos niveles de congestión, impactan en la rotación de cargas, generan sobrecostos y afectan la competitividad de las exportaciones e importaciones.

Frente a este escenario, el organismo plantea que una mayor participación del sector privado en el desarrollo y operación de infraestructura podría mejorar la calidad de las obras y optimizar el uso de los recursos públicos. A su vez, destaca la necesidad de avanzar en esquemas que favorezcan inversiones sostenidas en el tiempo.

Más allá del transporte, el informe también vincula estos desafíos con el entorno general de negocios. La OCDE recomienda reducir la carga tributaria distorsiva, simplificar regulaciones y avanzar hacia una mayor integración comercial, factores que inciden directamente en la dinámica de las cadenas de suministro.

En conjunto, las conclusiones del organismo refuerzan un diagnóstico conocido en el sector: sin mejoras estructurales en infraestructura y en las condiciones operativas, la logística seguirá enfrentando limitaciones estructurales, que afectan la competitividad sistémica del país y su inserción en los flujos globales de comercio.

El sistema tributario español impone una elevada carga al trabajo, lo que desincentiva la búsqueda de empleo y la creación de puestos de trabajo, según un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El documento, titulado Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad, reclama una revisión profunda del modelo fiscal de España y promueve un cambio hacia gravámenes “menos distorsionadores” como el IVA y los impuestos ambientales, además de una reducción gradual de las prestaciones sociales para reforzar los incentivos laborales.

La advertencia de la OCDE llega tras analizar la evolución reciente de la economía española, donde la brecha de ingresos con los países más avanzados “se ha reducido recientemente”, atribuida al “sólido y constante crecimiento del PIB de los últimos años”, recoge el informe.

La organización, con sede en París, reconoce el progreso en productividad y creación de empleo, aunque subraya que las tasas de paro siguen siendo elevadas en comparación con la media de la zona euro y los principales países miembros del organismo.

Recomendaciones fiscales

El informe recalca que el sistema tributario español “presenta varias deficiencias que dificultan la productividad y el rendimiento de los ingresos, ya que impone una alta carga al trabajo”. Este diseño fiscal, a juicio de la organización, desincentiva la contratación y la búsqueda de empleo, al tiempo que reduce la competitividad empresarial.

El análisis también advierte sobre el “sesgo hacia la deuda sobre el capital” que tiene el modelo fiscal español, lo que resta incentivos a la inversión y la innovación. Varios gastos fiscales, como las exenciones y los tipos reducidos del IVA, “disminuyen la neutralidad y reducen la base imponible”, según el diagnóstico del ‘think tank’ de las economías avanzadas.

Frente a este panorama, recomienda a España “reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionadores como el IVA y las tasas ambientales, así como reducir gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos laborales sin penalizar las ganancias de ingresos”.

Productividad y retos del mercado laboral

El informe presentado también destaca que España “ha mostrado un desempeño positivo en la productividad laboral por hora desde 2022, junto con una fuerte creación de empleo, pero aún mantiene una brecha significativa con la zona euro y los principales países de la OCDE”. Según la organización, “un mayor crecimiento de la productividad y la gestión del envejecimiento de la población requieren un mercado laboral flexible y un sector empresarial dinámico”.

Aunque el mercado de trabajo ha mejorado de forma notable en los últimos años, la tasa de empleo en España continúa por debajo de la media europea y de la OCDE. El informe apunta que “las tasas de paro siguen siendo elevadas, especialmente entre los jóvenes”, lo que limita el potencial de crecimiento y cohesión social.

La OCDE subraya la importancia de fortalecer las políticas activas del mercado laboral y de modernizar las oficinas públicas de empleo regionales. Propone “reforzar el papel de las oficinas públicas de empleo regionales mediante la digitalización, el aumento de personal y una mayor colaboración con el sector privado”, así como ampliar las opciones de formación flexible y a distancia para facilitar el acceso a la capacitación profesional.

Aumentar la inversión

En el ámbito de la inversión y la adaptación al cambio climático, el documento advierte que España se enfrenta a “crecientes costes económicos y fiscales derivados de los desastres relacionados con el clima”. La política de adaptación española está alineada con las mejores prácticas internacionales, pero su implementación resulta desigual según la región y el municipio.

La OCDE destaca que el país “ha incrementado significativamente la generación de electricidad renovable al tiempo que ha reducido los precios mayoristas”, aunque persisten obstáculos vinculados a la congestión de la red y los retrasos en la tramitación de permisos.

Para superarlos, la organización considera una prioridad “ampliar la inversión en infraestructura de red” y mejorar la coordinación entre administraciones para armonizar las políticas de prevención y reforzar las capacidades municipales.

El informe también incide en la necesidad de agilizar los procesos de concesión de permisos y de acelerar la inversión en infraestructura de resiliencia y preparación ante desastres, incluidas las interconexiones energéticas.

Impulsar la innovación y la digitalización en las pymes

El organismo identifica otro desafío estructural en la baja tasa de innovación del tejido empresarial español. Considera que el porcentaje de empresas innovadoras en España es inferior al de la mayoría de los países de la organización. El gasto empresarial en investigación y desarrollo (I+D) se encuentra igualmente por debajo de los países con mejores resultados.

Reconoce que las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas afrontan barreras adicionales: acceso limitado a mano de obra cualificada y dificultades para obtener financiación externa. El informe recomienda “simplificar los procedimientos de solicitud y reembolso para acceder a las ayudas públicas a la I+D mediante una plataforma digital de ventanilla única”.

Así como promover el uso de financiación basada en el mercado y ampliar los servicios de asesoramiento digital y formación, incluyendo “el uso de IA, infraestructura y servicios en la nube y análisis de datos”.

Mejorar la formación profesional y la movilidad laboral

La inversión en capital humano ocupa un lugar central en las propuestas de la OCDE. La organización apuesta por “apoyar a quienes abandonan prematuramente los estudios y promover el aprendizaje y la mejora de las competencias de los adultos” a través de planes flexibles de formación profesional, con especial foco en la FP dual.

La OCDE considera que mejorar la capacitación y la movilidad laboral resulta clave para cerrar las brechas con el entorno europeo y aumentar la participación en el mercado de trabajo. El informe sugiere ampliar la oferta de formación a distancia y adaptarla a los diferentes horarios y necesidades, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación y el perfeccionamiento profesional a un mayor número de personas.

La educación digital se consolida como la primera línea de defensa ante los riesgos crecientes asociados a la navegación en internet, especialmente en el caso de niños y adolescentes. Frente al aumento de amenazas como el ciberacoso, la desinformación y la exposición a contenidos perjudiciales, organismos internacionales y gobiernos coinciden en que la formación en competencias digitales constituye una base para garantizar el uso seguro y responsable del entorno digital.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas indica que los menores pasan cada vez más tiempo conectados, lo que acrecienta su vulnerabilidad ante delitos como el grooming, el ciberbullying y la explotación sexual.

Según la ONU, la alfabetización digital —que abarca desde la capacidad para identificar noticias falsas hasta saber reconocer intentos de fraude y gestionar la privacidad— funciona como una barrera esencial para mitigar riesgos y fortalecer la resiliencia de los usuarios jóvenes.

La experiencia en diferentes países demuestra que quienes establecen marcos regulatorios sólidos y programas educativos específicos registran mejores indicadores de seguridad digital infantil. Un análisis comparativo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que Australia, Canadá y el Reino Unido han puesto en marcha sistemas de protección sustentados en el marco de las “4C” (contenido, contacto, conducta y contrato), favoreciendo la colaboración entre escuelas, familias y plataformas tecnológicas para abordar los distintos desafíos de la seguridad digital.

Desarrollo de políticas educativas y prácticas en sistemas escolares

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que integrar la educación digital en los sistemas escolares resulta clave para que los estudiantes enfrenten los desafíos presentes en el entorno virtual. En Finlandia, Estonia y Corea del Sur, tanto la alfabetización mediática como la formación en ciudadanía digital están incluidas de forma obligatoria en los planes de estudio desde edades tempranas, lo que permite a los alumnos adquirir habilidades para identificar riesgos, proteger sus datos y ejercer criterio propio al usar internet.

La OCDE remarca que la capacitación docente es esencial: los profesores necesitan herramientas actualizadas y recursos pedagógicos que les permitan acompañar a los estudiantes tanto en el uso técnico de la tecnología como en la comprensión de su impacto social y ético. De igual forma, la cooperación entre familias, educadores y empresas tecnológicas se considera indispensable para crear entornos de aprendizaje seguros y fomentar la construcción de una ciudadanía digital activa.

Barreras en países en desarrollo y el rol de los organismos multilaterales

El Banco Mundial advierte que, aunque los países desarrollados han avanzado en institucionalizar la educación digital, en varias regiones de ingresos medios y bajos persisten brechas de acceso, recursos y formación docente. Para hacer frente a estos desafíos, organismos multilaterales como UNICEF, ITU y la propia ONU promueven iniciativas globales y repositorios colaborativos —como el FOSI GRID— que facilitan el intercambio de buenas prácticas y la adaptación de recursos educativos según las particularidades locales.

En este contexto, la alfabetización digital trasciende el aprendizaje técnico: implica estimular el pensamiento crítico, la capacidad para identificar riesgos y la autonomía necesaria para gestionar la propia seguridad en línea. Según la ONU, una respuesta eficaz requiere actualizar constantemente los contenidos educativos, incluir de forma activa a los jóvenes y el compromiso sostenido del Estado para que la protección digital se integre en el núcleo de las políticas públicas prioritarias.

Desafíos a futuro y consensos internacionales sobre protección digital infantil

En líneas generales, los organismos internacionales coinciden en que la seguridad online para niños y adolescentes debe plantearse de manera multidimensional, combinando regulación, educación y corresponsabilidad social. Desde la perspectiva de la ONU, los marcos normativos y las soluciones tecnológicas, aun cuando son relevantes, resultan insuficientes si no existe una ciudadanía digital informada y participativa.

El acuerdo prevaleciente es que la educación digital representa la protección más efectiva contra los peligros de internet, y que robustecerla requiere inversión sostenida, cooperación internacional y la actualización permanente de los métodos pedagógicos para ajustarse a las transformaciones del entorno digital.

A simple vista, puede parecer que el crecimiento del empleo en Colombia avanza con buen ritmo. Sin embargo, detrás de las cifras hay una realidad más compleja puesto que, buena parte de los nuevos ocupados no tienen un contrato formal, ni garantías laborales, ni estabilidad. De hecho, el país encabeza un indicador poco alentador dentro de los miembros de la Ocde. El trabajo por cuenta propia, lo que comúnmente se conoce como “rebusque”, se convirtió en la principal puerta de entrada al mercado laboral para miles de colombianos.

Las cifras lo confirman. Cerca de la mitad de la fuerza laboral en Colombia se encuentra bajo esta modalidad, lo que ubica al país con una tasa de 47,1%, la más alta entre las economías que integran ese organismo y también una de las más elevadas en América Latina. El fenómeno no es nuevo, pero sí persistente. En lo corrido de 2026, seis de cada diez empleos generados corresponden a trabajadores independientes. Esto evidencia que, más que una expansión del empleo formal, lo que se está consolidando es una estructura laboral marcada por la informalidad o por formas de trabajo sin protección.

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Según la Ocde, el autoempleo se define como aquella actividad en la que una persona desarrolla su propio negocio o ejerce un oficio de manera independiente, con o sin apoyo familiar y sin pagar salarios a terceros. Aunque esta categoría no siempre implica informalidad, en el caso colombiano suele estar estrechamente relacionada con ella.

El Dane, por su parte, identifica a estos trabajadores a través de encuestas de hogares, especialmente entre quienes operan en unidades productivas sin registro formal o realizan actividades ocasionales. Este panorama contrasta con el de países como Estados Unidos, Canadá o Dinamarca, donde el autoempleo no supera el 10% del total de ocupados.

La explicación, en buena medida, está en la estructura productiva del país. Fuera de las principales ciudades, el tejido empresarial se compone casi en su totalidad de pequeños negocios familiares o microempresas. En ese entorno, abrir una tienda, una panadería o prestar un servicio independiente no es tanto una decisión estratégica como una necesidad.

Así lo explica Isidro Hernández, docente de la Universidad Externado, en La Republica que señaló que en muchos municipios el autoempleo es prácticamente la única alternativa disponible. La economía local gira en torno a unidades productivas de baja escala, donde el empleo formal es escaso.

A esta realidad se suma un factor demográfico clave, la edad. A medida que las personas envejecen, las probabilidades de mantenerse en empleos formales disminuyen. En Colombia, el autoempleo alcanza niveles especialmente altos entre adultos mayores, quienes enfrentan barreras como la discriminación laboral, la falta de oportunidades y un sistema pensional insuficiente.

En muchos casos, continuar trabajando no es una opción, sino una obligación. La necesidad de generar ingresos empuja a estas personas a actividades informales o independientes, generalmente sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales adecuadas. Expertos coinciden en que este comportamiento no debe interpretarse como un auge del emprendimiento. Por el contrario, responde a la limitada capacidad del mercado formal para absorber mano de obra.

Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, advirtió en el medio antes mencionado que, el autoempleo funciona más como un mecanismo de supervivencia que como una elección voluntaria.

En medio de este panorama, el Gobierno impulsa algunas medidas para ampliar la cobertura de protección social. Una de ellas es la Ley 2466 de 2025, que permite incluir a trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo dentro del sistema.

Aunque la iniciativa representa un avance, también plantea desafíos. Su implementación implica costos adicionales que podrían recaer sobre los propios trabajadores o generar nuevas tensiones en el mercado laboral. Así, el alto nivel de autoempleo en Colombia refleja una paradoja, mientras las cifras de ocupación crecen, la calidad del empleo sigue siendo una tarea pendiente. El reto no solo está en generar más puestos de trabajo, sino en garantizar que estos ofrezcan estabilidad, protección y condiciones dignas.

Pese a ser uno de los principales actores mundiales en pesca de captura y acuicultura, Perú enfrenta una contradicción central en la gestión de su sector pesquero: la aplicación recurrente de amnistías y reducciones de multas a pescadores y empresas que han infringido la ley.

De acuerdo con un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta práctica está debilitando los avances en la lucha contra la pesca ilegal y la sostenibilidad de los recursos marinos.

La propia OCDE advierte que la recurrencia de estas amnistías va en contra de los estándares del organismo y representa un obstáculo para el proceso de adhesión de Perú, que deberá fortalecer su régimen sancionador y eliminar las exoneraciones si busca avanzar en su integración internacional.

Amnistías a infractores: el Talón de Aquiles de las políticas de pesca en Perú

El informe, publicado en apoyo al proceso de adhesión de Perú a la OCDE, documenta que, a pesar de contar con un sofisticado sistema legal para el seguimiento, control y vigilancia (SCV) de las actividades pesqueras, así como de mecanismos de monitoreo electrónico y sanciones administrativas estrictas, la imposición recurrente de amnistías y la reducción drástica de multas crean incentivos perversos.

Según la OCDE, “la eficacia de las sanciones se ha visto dificultada por decisiones políticas que conceden la amnistía o el indulto a los infractores y cancelan o reducen de manera significativa el pago de multas por parte de dichos infractores, ya sean personas físicas o jurídicas”.

El caso más reciente tuvo lugar en julio de 2024, cuando el Ministerio de la Producción (PRODUCE) otorgó un recorte del 80% en el pago de sanciones pendientes. En aquella ocasión, el viceministro Jesús Barrientos dijo para Infobae Perú que la mayoría se concetraba en la pequeña pesca, aunque no aclaró si solo en número de multas o montos.

Estas exoneraciones, motivadas en principio por crisis como el fenómeno de El Niño o la pandemia de COVID-19, han dejado en evidencia, de acuerdo al informe, la limitada capacidad administrativa del Estado para cobrar sanciones y, sobre todo, minan el efecto disuasorio de la ley.

¿Un llamado a terminar con las amnistías?

El resultado, para el organismo internacional, es una sensación de impunidad que pone en riesgo la gobernanza sectorial y la salud de los recursos hidrobiológicos.

La OCDE recomienda de manera categórica reforzar el sistema de sanciones de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y fortalecer su efecto disuasorio al garantizar que “sean proporcionales a la naturaleza y la gravedad de las infracciones, así como evitar nuevas condonaciones para el pago de multas.

Pesca en Perú: entre la excelencia técnica y los desafíos estructurales

El informe no escatima elogios al señalar que Perú es uno de los grandes actores globales de la pesca, con una producción anual de 5,5 millones de toneladas en 2022, equivalente al 3% mundial.

El país ha construido, especialmente en la gestión de la anchoveta (Engraulis ringens), uno de los sistemas de manejo adaptativo y monitoreo más sofisticados del planeta, basado en cuotas individuales por embarcación y vedas espacial-temporales en tiempo real.

La biomasa de las principales especies explotadas supera ampliamente los estándares globales: el 97% de las poblaciones evaluadas están por encima del umbral de sostenibilidad, y el 73% en niveles que maximizan la productividad, muy por encima de la media OCDE.

Sin embargo, debajo de estas fortalezas subyacen debilidades estructurales. El informe señala como retos críticos:

• Informalidad generalizada: Más del 90% de los pescadores artesanales operan fuera del registro oficial.
• Crecimiento descontrolado de la flota artesanal, en parte por la construcción o alteración ilegal de embarcaciones en astilleros informales.
• Déficit de capacidades en gobiernos regionales, especialmente en recursos humanos y tecnológicos para el SCV.
• Dificultades en la gestión de especies no monitoreadas, lo que podría conllevar sobreexplotación inadvertida.

Acuicultura y cambio climático: retos y oportunidades

Aunque la acuicultura apenas representa el 2,6% de la producción total, creció un 95% en la última década. El Gobierno aspira a convertirla en un motor de crecimiento económico, resiliente al cambio climático, mediante la Política Nacional de Acuicultura al 2030.

No obstante, este sector también enfrenta problemas de informalidad, trámites pesados y ahora, la amenaza de eventos extremos (inundaciones, sequías, enfermedades), según el foro de 38 países miembros.

El informe urge a una mayor coordinación institucional, el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Acuicultura y la planificación espacial integrada para evitar conflictos por recursos.

Apoyo gubernamental: ¿suficiente, excesivo o de riesgo?

Perú destina en promedio 97 millones de USD al año para apoyar la pesca, monto que, aunque alto en términos absolutos, es bajo en relación con el tamaño de la flota y el empleo respecto a otros países OCDE.

Sin embargo, la mitad de ese apoyo, principalmente ayudas a ingresos e infraestructura artesanal, representa un riesgo moderado o alto de fomento de sobrepesca si no va acompañado de un sistema de manejo efectivo.

Así, el informe plantea una hoja de ruta clara para aproximar las políticas peruanas a los estándares OCDE:

• Finalizar la práctica de amnistías y asegurar el cobro efectivo de sanciones.
• Formalizar y controlar el crecimiento de la flota artesanal.
• Invertir en capacidades para gobiernos regionales y en seguimiento electrónico para el sector artesanal.
• Coordinar políticas de apoyo, evitando incentivos a la sobrecapacidad.
• Fortalecer la gobernanza ambiental y la planificación para la acuicultura ante el cambio climático.

El diagnóstico de la OCDE muestra un sector pesquero peruano robusto, con logros técnicos notables y potencial de crecimiento sostenible, pero vulnerable a decisiones políticas de corto plazo, deficiencias institucionales y viejos problemas de informalidad y sobrecapacidad.

El destino de uno de los mares más productivos del mundo pende, en buena parte, de la coherencia entre la ley, la política y la práctica, sella el documento.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el 24 de marzo de 2026, sobre las políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en el Perú, generó un consenso poco habitual al reconocer un sistema de gestión pesquera, particularmente en el ámbito industrial, sustentado en evidencia científica, con un marco de ordenamiento sólido y alineado con estándares internacionales.

La OCDE no sólo muestra que el Perú tenga una buena política pesquera, sino también que, en ese sector, el Estado peruano ha logrado construir un sistema que funciona. Uno que toma decisiones con base en información científica, que aplica reglas previsibles y que cuenta con mecanismos de control efectivos. En otras palabras, un sistema que, en los hechos, ya opera con estándares OCDE.

Ese es el verdadero punto de partida.

La gestión pesquera peruana no es improvisada, esta se sostiene sobre una arquitectura institucional compleja que articula la investigación científica y la regulación. Las decisiones sobre cuotas, vedas y temporadas de pesca se sustentan en recomendaciones técnicas y en información científica. A ello se suma un conjunto de herramientas de trazabilidad y seguimiento que permiten supervisar de manera continua la actividad, particularmente en la flota industrial.

En esa línea, los resultados son concretos, al obtener pesquerías en niveles biológicamente sostenibles, el posicionamiento de una de las principales industrias pesqueras del mundo y una reputación internacional que hoy es validada por la OCDE.

Hay, además, un elemento poco destacado que resulta especialmente revelador. A diferencia de muchos países de la OCDE, el Perú ha desarrollado este sistema con menor dependencia de subsidios, con niveles de apoyo significativamente inferiores al promedio de esos países. Ese equilibrio entre sustento científico, legislación basada en información técnica y científica y la capacidad de gestión constituye un activo que el país aún no termina de reconocer plenamente.

Sin embargo, el informe no es solo una validación. Es también una advertencia.

El Perú ha logrado consolidar un estándar alto en la pesca industrial, pero ese mismo nivel no se replica de manera homogénea en todo el sector pesquero peruano. Persisten brechas importantes en la pesca artesanal, en la acuicultura y, sobre todo, en la capacidad de implementación a nivel regional. La informalidad, las limitaciones institucionales en territorio y la fragmentación en la gestión siguen siendo desafíos pendientes.

El desafío que plantea la OCDE ya no es meramente técnico, pues no se trata de aprender a gestionar mejor la pesca —eso, en gran medida, ya se ha logrado— sino de avanzar hacia una segunda generación de políticas, fortalecer la gobernanza territorial, simplificar marcos regulatorios, integrar mejor a los actores más rezagados y consolidar la sostenibilidad en todo el ecosistema.

En ese tránsito, la pesca ofrece una lección que trasciende al propio sector.

Demuestra que es posible construir políticas públicas basadas en evidencia científica, con instituciones técnicas sólidas y normas, incluso en contextos complejos. Demuestra, también, que el Estado peruano sí tiene la capacidad de operar con estándares internacionales cuando existe continuidad, enfoque técnico y voluntad de sostener decisiones en el tiempo.

Por ello, el informe de la OCDE no debe leerse solo como una buena noticia para el sector pesquero. Se trata de un estudio técnico que analiza la legislación, la planificación y la gestión científica de la pesca industrial peruana, y evidencia cómo el Estado peruano ha desarrollado capacidades institucionales para operar con estándares internacionales. En este ámbito, el Perú ya constituye un ejemplo, y cabe preguntarse por qué solo el sector industrial sigue siendo la excepción dentro de la pesca nacional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo que reúne a las economías más grandes del mundo, publicó un informe en el que recomienda al Gobierno que adopte, “con carácter urgente”, medidas para investigar los delitos de cohecho internacional. Es decir, las denuncias de sobornos en casos de corrupción que involucren a funcionarios extranjeros.

Así lo consignó el último informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, publicado este martes. El relevamiento, que presenta una evaluación crítica y recomendaciones sobre la implementación del convenio, también destaca que Argentina “ha avanzado en la lucha contra el cohecho internacional”, al detectar que hubo mejoras en materia de cooperación e investigación judicial.

Ese reconocimiento dio pie a que el canciller, Pablo Quirno, celebre el reporte como un hecho positivo y “un paso relevante hacia el acceso a la OCDE, en línea con las reformas y la estrategia de inserción internacional impulsadas por el Presidente Milei”.

Sin embargo, el organismo remarcó la persistencia de un déficit de Argentina y del Gobierno para afrontar este tipo de delitos vinculados a la corrupción. En concreto, señaló que el país aún enfrenta “barreras estructurales”.

Uno de los puntos señalados es que el sistema de detección de este tipo de delitos internacionales carece de un marco legal que garantice la protección de los denunciantes y testigos (los “whistleblowers”). Además, el informe remarca que las causas judiciales de cohecho internacional en Argentina siguen experimentando retrasos, lo que “plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción. De hecho, los casos que involucran en delitos complejos a empresas son inexistentes.

“Son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresaria, ocho años después de su adopción”, indica la OCDE en un comunicado. Solo existe una aplicación concreta de acuerdos de colaboración en casos de corrupción doméstica, dice el reporte.

Incluso, el grupo deslizó comentarios que contrastan con la prédica de la moral del Gobierno y la batalla cultural libertaria: señaló que el periodismo de investigación es la principal vía de detección de casos de este tipo y llamó la atención que el reporte de denuncias de soborno transnacional por parte de funcionarios públicos “sigue siendo mínima, y no se han detectado casos a través de canales contables, de auditoría o fiscales”.

Los avances que consigna la OCDE, con base en París, se contrastan en relación a la última evaluación realizada hace casi una década, realizada en el año 2017. Desde ese momento, se identificaron 17 nuevas denuncias por cohecho vinculados a causas argentinas en el exterior y, en 2025, se resolvió el primer caso contra una persona física en Argentina.

El balance sobre este aspecto sabe a poco, teniendo en cuenta la corrupción endémica en el país. El único fallo con condena fue para un responsable de una firma tecnológica (Technological Services) que buscó obtener contratos en El Salvador: recibió una pena en suspenso de un año, inhabilitación para cargos públicos y la obligación de donar 2 millones de pesos a una entidad de bien público. Otro de los procesados alcanzó un acuerdo en un juicio abreviado.

En concreto, la única sanción aplicada fue de alcance mínimo, sin sentar un precedente relevante. “La indulgencia de las sanciones -en particular, la pena condicional en el extremo más bajo del rango previsto por el artículo 258bis (de uno a seis años de prisión) y el acuerdo de suspensión de juicio- genera preocupación sobre su eficacia, proporcionalidad y carácter disuasorio”, señala el reporte, que recomienda transparentar los criterios para acuerdos no judiciales y sanciones.

Otra mención llamativa es el uso creciente de la Unidad de Información Financiera (UIF) como fuente de detección de sobornos transnacionales, con cuatro casos identificados por lavado de dinero. Es algo visto como una “buena práctica” frente a otros países de la región, pero el propio informe advierte que la calidad y el origen de los reportes siguen muy concentrados en el sistema financiero y que la integración plena de profesiones “clave” (como abogados y síndicos) recién empieza

El grupo internacional ponderó positivamente la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), esta última conocida por realizar escuchas judiciales y realizar relevamientos de redes sociales, correos electrónicos y geolocalización.

Según el análisis, ambos organismos judiciales “han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional, entre otras cosas reforzando la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional”.

Pablo Quirno destacó esa mención de la OCDE, al consignar que el organismo identificó “más coordinación interinstitucional, mejor articulación en las investigaciones y uso efectivo de la cooperación internacional para investigar y sancionar”. “Un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal, coordinado por la Cancillería como punto focal”, subrayó el canciller en sus redes sociales, al calificarlo como “buenas noticias”.

Como recomendaciones, además de la aprobación urgente de un “marco integral de protección de denunciantes tanto en el sector público como privado”, la OCDE instó a acelerar la tramitación de los casos para evitar demoras indebidas, aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones, y reducir de manera sustancial las vacantes judiciales y la dependencia de jueces suplentes. Algo sobre el aspecto judicial se hizo esta semana: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado los pliegos para cubrir 62 cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. La OCDE también planteó elevar las exigencias de las licitaciones públicas.

La fase final del análisis del grupo de trabajo anti sobornos se realizó entre el 16 y el 19 de marzo, en la capital francesa. Una delegación argentina ejerció la defensa en el plenario. Entre septiembre y octubre del año pasado, los expertos del organismos habían visitado el país para recabar opiniones de las partes interesadas del sector público, la sociedad civil y el mundo académico.

Creado en 1994, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho está integrado por 46 países firmantes de la convención internacional. Argentina adhirió en 2001 a este compromiso, que se considera como uno de los más exigentes en materia de lucha contra la corrupción a nivel global.

Cumplir con estos estándares es fundamental para que el gobierno de Javier Milei cumpla con su objetivo de ingresar al selecto grupo de naciones con mayor poder económico. En noviembre de 2025, el canciller Quirno presentó un memorándum para adherir al grupo internacional.

La OCDE es una entidad de gobernanza global cuyas decisiones no son vinculantes para los países miembro, pero que acatar sus recomendaciones y prácticas sirven a los fines de “soft power” global, como un sello de calidad para atraer inversiones.

Argentina presenta una historia reciente con casos reconocidos que incluyeron sobornos internacionales. El más relevante fue el de la empresa alemana Siemens, que salió a la luz por un contrato de licitación en 1996 para emitir DNI y construir un sistema de control fronterizo. Entre 1996 y 2001, la firma pagó aproximadamente 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos, miembros de la oposición y candidatos a ocupar cargos durante el gobierno de Carlos Menem.

La otra causa fue la de la constructora brasileña Odebrecht, que realizó pagos ilegales superiores a 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014, distribuyendo el dinero a intermediarios con la intención de hacerle llegar a funcionarios del gobierno kirchnerista. Las coimas tuvieron alcance regional e involucró a 14 países de América Latina.

Son casos excepcionales. La evaluación del Grupo de la OCDE consigna que el promedio de duración de las investigaciones puede extenderse, en promedio, a los 8 años, y algunas superan la década. Hay 8 investigaciones cerradas y 8 en curso, con varios procesos cerca de prescribir o con riesgo de pérdida de pruebas.

Mientras que en 2025 se resolvió por primera vez en Argentina un caso de cohecho internacional contra una persona física, la mayoría de las denuncias relacionadas con sobornos en el extranjero siguen sin llegar al enjuiciamiento y enfrentan significativos retrasos que afectan la obtención de pruebas y el cumplimiento de plazos legales. Según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estos obstáculos se deben a la falta de protección jurídica para quienes exponen estos delitos y a la insuficiente dotación de jueces en el país. La OCDE insistió en que Argentina debe tomar medidas urgentes para mejorar el combate contra la corrupción transnacional.

De acuerdo con la OCDE, los avances realizados por Argentina en la persecución del cohecho internacional evidencian un progreso, pero el país aún afronta barreras estructurales que limitan la eficacia en la detección y aplicación de la ley. El organismo internacional subrayó en un informe reciente que una de las principales deficiencias es la carencia de un marco legal integral que resguarde a los denunciantes tanto en el sector público como en el privado.

Tal como publicó la OCDE, la organización recomendó que el Estado argentino diseñe con urgencia un sistema robusto para proteger a las personas que denuncian hechos de soborno internacional o, alternativamente, asegure la existencia de mecanismos que permitan que los casos reciban una resolución fiscal sin dilaciones indebidas. Además, reclamó que se aplique completamente el Código Procesal Penal Federal en aquellas jurisdicciones federales que aún no lo han incorporado, a fin de uniformar criterios procesales y reducir vacíos legales.

El informe de la OCDE, citado al inicio de la semana, también remarcó la necesidad de disminuir de manera significativa el número de vacantes en el sistema judicial, tanto de jueces titulares como suplentes, porque este déficit contribuye a la acumulación y estancamiento de causas relacionadas con delitos económicos y soborno transnacional. La escasez de jueces titulares y de apoyo debilita la respuesta judicial ante hechos delictivos complejos y facilita la impunidad en los casos de corrupción internacional.

Sobre las instituciones argentinas dedicadas a la persecución del cohecho internacional, la OCDE señaló logros recientes. El medio internacional consignó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) han fortalecido sus capacidades de análisis, adoptando estrategias más activas que fomentan la cooperación con contrapartes extranjeras. Este fortalecimiento ha permitido una mayor articulación en investigaciones, aunque los resultados en materia de enjuiciamiento permanecen limitados.

A pesar de estos avances, la OCDE observó que los atrasos en la tramitación judicial continúan generando dificultades para recolectar pruebas y ajustarse a los plazos de prescripción, lo que afecta el éxito de la persecución penal. Según reportó la organización, solo un número muy reducido de expedientes judiciales vinculados a sobornos internacionales llegó a la etapa de juicio oral y ninguna empresa —persona jurídica— ha enfrentado hasta el momento una investigación o sanción bajo la Ley de Responsabilidad Empresarial, a pesar de que esta legislación fue adoptada hace ocho años en el país.

En sus recomendaciones, la OCDE solicitó que las autoridades argentinas revisen y refuercen las garantías legales para quienes denuncian delitos de cohecho, ya que la falta de protección implica riesgos de represalias, obstaculizando la denuncia y, en consecuencia, la investigación de estos hechos. El organismo internacional instó también a que todas las jurisdicciones federales apliquen de forma íntegra el Código Procesal Penal Federal, aspecto que considera imprescindible para una respuesta judicial ágil y homogénea.

El medio internacional señaló que, aunque en 2025 Argentina logró resolver el primer caso de cohecho internacional contra una persona física sin demoras excesivas, los desafíos persisten en relación con la impunidad de las empresas implicadas y con la duración de los procesos judiciales. La OCDE advirtió que sin una mayor dotación de jueces y sin la implementación de sistemas adecuados de protección a denunciantes, será difícil que el país logre una reducción efectiva de la corrupción transnacional y que se garantice la adecuada aplicación de las leyes vigentes.

En sus declaraciones, la OCDE hizo hincapié en la urgencia de que el gobierno argentino ponga en marcha las reformas recomendadas y fortalezca su capacidad institucional, no solo para detectar y sancionar más eficientemente los casos de soborno en el extranjero, sino también para prevenir nuevos hechos a partir de un marco legal que promueva y proteja la denuncia responsable.

El organismo, a través de su último informe, ratificó su disposición a apoyar técnicamente a Argentina y seguir monitoreando los avances realizados, reiterando que la construcción de un sistema judicial sólido y la protección efectiva para los denunciantes son elementos centrales para erradicar la impunidad en los delitos de cohecho internacional.

El Ministerio de Educación de Panamá anunció que el país retornará a la prueba PISA en 2029, marcando un cambio en la estrategia educativa nacional y una modificación directa de la postura adoptada en 2024, cuando la actual ministra de Educación, Lucy Molinar, decidió retirar al país de la evaluación correspondiente a 2025.

La nueva decisión busca alinear la participación con un proceso de transformación estructural del sistema educativo.

Según el comunicado oficial, el regreso a la evaluación internacional responde a una estrategia planificada y no inmediata, con el objetivo de que los resultados reflejen avances concretos en el rediseño curricular, la capacitación docente y la integración tecnológica en las aulas.

El Ministerio plantea que para 2029 el país estará en una fase intermedia de implementación de reformas, lo que permitiría medir con mayor precisión el impacto de los cambios.

Este anuncio representa un giro frente a la decisión tomada tras la llegada al gobierno del presidente José Raúl Mulino, cuando en 2024 se optó por no participar en la prueba PISA 2025.

En ese momento, las autoridades argumentaron que el sistema educativo no estaba preparado para reflejar mejoras reales y que una participación inmediata no aportaría información útil para la toma de decisiones.

La decisión de retirarse generó críticas desde distintos sectores educativos y académicos, que cuestionaron la pérdida de un instrumento clave de medición internacional.

Sin embargo, el nuevo anuncio busca reposicionar la participación de Panamá bajo un enfoque distinto: no como un ejercicio inmediato, sino como una evaluación estratégica posterior a las reformas.

La última participación de Panamá en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se dio en 2022, con resultados publicados en diciembre de 2023.

En esa edición, 5,308 estudiantes de 15 años fueron evaluados, ubicando al país en la posición 74 de 81 naciones participantes, lo que evidenció importantes brechas en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias.

Los resultados mostraron que Panamá se encontraba por debajo del promedio regional y global, con desempeños limitados en comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos.

Esta situación reforzó el diagnóstico de que el sistema educativo enfrenta retos estructurales en calidad, equidad y formación docente, factores que inciden directamente en los resultados de este tipo de evaluaciones.

En América Latina, países como Chile, Uruguay y Costa Rica han logrado mejores desempeños relativos, mientras que otras economías de la región también enfrentan desafíos similares.

A nivel global, los sistemas educativos de Asia y Europa continúan liderando la prueba, lo que amplía la brecha en términos de competitividad educativa y desarrollo de habilidades.

El Ministerio de Educación sostiene que el retorno en 2029 permitirá que Panamá participe en un contexto donde los cambios implementados sean medibles, sostenibles y alineados con estándares internacionales, evitando una participación que refleje únicamente las debilidades actuales del sistema.

El enfoque apunta a que los resultados puedan servir como una herramienta de evaluación real del impacto de las políticas educativas.

Además, el comunicado destaca que el país está impulsando programas orientados a fortalecer las competencias docentes, así como iniciativas para integrar herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Estas acciones buscan cerrar brechas y preparar a los estudiantes para los desafíos actuales del mercado laboral y la economía del conocimiento.

El anuncio también se da en un contexto en el que la prueba PISA continúa siendo uno de los principales referentes internacionales para medir la calidad educativa, al evaluar no solo conocimientos, sino también la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido en situaciones reales. Su relevancia radica en que permite comparar el desempeño entre países y orientar políticas públicas.

El reto ahora será que las reformas anunciadas logren resultados concretos antes de 2029, para que el retorno a la prueba no solo represente un regreso, sino también una mejora real en el desempeño educativo del país.

El presidente José Raúl Mulino adelantó esta semana que las reformas educativas orientadas a modernizar la Ley Orgánica de Educación de 1946 no se realizarán de forma apresurada, sino mediante un proceso basado en amplio diálogo y consenso nacional.

El mandatario señaló que cualquier cambio estructural en el sistema debe construirse con la participación de docentes, estudiantes, gremios y distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de garantizar una transformación sostenible y legítima del modelo educativo panameño.

El último análisis de la OCDE identifica como principal desafío a corto plazo el riesgo de inflación elevada, motivada por la persistencia de precios altos en los sectores energético y de materias primas, impulsados tras los recientes enfrentamientos en Oriente Próximo. De acuerdo con este informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha disminuido sus perspectivas de crecimiento para la economía española en 2026, situando la estimación en un avance del 2,1%, una décima menos respecto a lo que había previsto en diciembre.

Según publicó la OCDE, los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán han generado un impacto negativo sobre las expectativas de recuperación económica en España, reduciendo también la proyección para 2025 a un 1,7%, lo que supone otro recorte de una décima frente a la previsión previa. El organismo internacional detalla que esta reducción se enmarca en un contexto de tensión geopolítica que afecta de manera global al crecimiento, aunque matiza que el ajuste en España es el menor entre las principales economías europeas.

La zona euro experimenta recortes más acusados en sus previsiones, con una expansión prevista del 0,8% para 2026 y del 1,2% para 2027, es decir, cuatro y dos décimas menos, respectivamente. Alemania, como mayor economía de la eurozona, afronta una rebaja de dos décimas en el crecimiento esperado para este año, también hasta el 0,8%, mientras que la previsión para 2027 se mantiene en el 1,5%. Francia registra una corrección similar, con un crecimiento del 0,8% para 2026, dos décimas por debajo de lo estimado anteriormente, y un 1% para 2027 según la misma fuente.

En cuanto a Italia, la OCDE anticipa un aumento del PIB del 0,4% para 2026 y del 0,6% en 2027, significando ajustes a la baja de dos y una décima respectivamente. Por contraste, la economía estadounidense recibe una revisión al alza para 2026, hasta el 2%, aunque su proyección para 2025 se reduce a un 1,7%. Las principales economías emergentes, como China y la India, presentan estabilidad en las estimaciones para el gigante asiático con un crecimiento del 4,4% en 2026 y del 4,3% en 2027, mientras que las expectativas para la India se sitúan en un 6,1% para 2026, una décima menos que en el informe anterior, y un 6,4% para 2027.

En este marco, la OCDE señala que el incremento de las tensiones en Oriente Próximo pone en cuestión la capacidad de resistencia de la economía mundial. El mantenimiento de precios elevados de la energía influiría negativamente sobre los costes empresariales y la inflación global, según detalla el organismo. Estos factores podrían frenar los efectos positivos de las inversiones tecnológicas y de la liberalización comercial que venían brindando cierto impulso a las principales economías.

La OCDE basa su escenario en la hipótesis de una moderación paulatina de las perturbaciones actuales en los mercados energéticos. Proyecta que, a partir de mediados de 2026, los precios del petróleo, gas y fertilizantes disminuirán gradualmente, contribuyendo a suavizar la presión inflacionaria. Sin embargo, advierte que una prolongación del estado actual prolongaría el periodo de precios altos y mantendría elevado el riesgo sobre los objetivos económicos.

Respecto a la evolución de los precios en España, la OCDE ahora estima una inflación del 3% para este año y del 2,2% para el próximo, ambos valores más elevados que sus predicciones de diciembre, que apuntaban al 2,3% y al 1,8%, respectivamente. La inflación subyacente, que excluye la energía y alimentos frescos, también sube en las previsiones: un 2,7% para este año, medio punto porcentual más, y un 2,1% para 2027, lo que supone un incremento de tres décimas sobre el pronóstico anterior.

El análisis de la OCDE para el conjunto del mundo prevé una inflación del 4% este año, lo que representa un aumento respecto al 2,8% anterior. Para 2027, la organización anticipa una tasa global del 2,7%, es decir, dos décimas más que en el reporte de diciembre. En la zona euro, las previsiones indican que los precios se elevarán un 2,6% en 2026 y un 2,1% en 2027, valores superiores en siete y una décima, respectivamente, frente a los datos del año previo. En Estados Unidos, la previsión inflacionaria de este año sube al 4,2%, mientras que el cálculo para 2027 baja siete décimas, quedando en el 1,6%.

La OCDE resalta que, incluso antes de la actual crisis en Oriente Próximo, los precios de las materias primas ya se encontraban en niveles altos debido a la guerra en Ucrania. La organización recalca en su informe que: “La experiencia pasada ha demostrado que las fluctuaciones en los precios de las materias primas pueden elevar las expectativas de inflación y las presiones inflacionarias en general”. Ante este contexto, la recomendación de la OCDE para los bancos centrales es mantener la vigilancia y responder con agilidad a los posibles cambios que puedan alterar el equilibrio de riesgos, de manera que se asegure una contención duradera de las presiones inflacionarias.

La organización recuerda que, si bien el actual encarecimiento mundial de la energía responde principalmente a factores de oferta, el peligro de un aumento persistente de la inflación solo podría neutralizarse si las expectativas se mantienen estables. No obstante, la OCDE señala que las autoridades monetarias podrían verse obligadas a modificar su política monetaria si emergen signos de inflación generalizada o de debilitamiento en el mercado laboral.

En la eurozona, las previsiones apuntan a un ligero aumento de los tipos de interés oficiales durante el segundo trimestre del año, con el objetivo de respaldar la estabilidad de las expectativas inflacionarias ante la escalada de precios en el sector energético, precisa la OCDE.

El informe también advierte sobre riesgos adicionales asociados a interrupciones duraderas en el suministro de energía, posibles rendimientos menores a lo previsto en inversión neta en inteligencia artificial y un incremento en las pérdidas en los mercados de capitales privados. Estos factores podrían motivar una reevaluación de riesgos financieros y tener consecuencias negativas sobre la demanda privada.

Según informó la OCDE, el sector de empresas relacionadas con la inteligencia artificial ha incrementado su participación en la emisión de acciones y bonos corporativos en Estados Unidos. Su acceso reciente a financiación por vías menos transparentes, como mercados de deuda privados, podría aumentar la exposición al riesgo de impago en varios productos de crédito. La institución advierte que los episodios recientes de reembolsos y salidas netas en varios fondos de crédito privados reflejan posibles tensiones de liquidez, y que esto podría derivar en un uso mayor de líneas de crédito bancario, lo que generaría inquietudes sobre la estabilidad del sistema financiero.

En cuanto a la política fiscal, la OCDE apunta que cualquier nueva intervención pública ante la subida de precios energéticos debe centrarse en los hogares más vulnerables y en empresas viables, teniendo mecanismos de expiración definidos. El organismo remarca que medidas generalizadas como subsidios, transferencias, recortes fiscales o límites a los precios suelen ser de aplicación más sencilla y rápida, pero conllevan un mayor coste fiscal y debilitan los incentivos para disminuir el consumo de energía. Además, señala que estas intervenciones probablemente exijan recortes adicionales en otras partidas presupuestarias si los márgenes fiscales se ven reducidos, y advierte de que la implementación de nuevas ayudas fiscales para mitigar el encarecimiento energético agravará los desafíos presupuestarios de los gobiernos actualmente.

La corrupción y el fraude mantienen un elevado costo para países como Honduras, Guatemala y República Dominicana, donde las reglas anticorrupción existen pero su cumplimiento práctico es bajo. Según el más reciente informe de la OCDE sobre Perspectivas de Anticorrupción e Integridad Pública, estos tres países forman parte de los 25 socios cubiertos en el estudio, junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú, lo que lleva a un total de nueve naciones latinoamericanas analizadas.

En el estudio, la OCDE advierte que existe una marcada distancia entre la existencia de normas y su aplicación real. Mientras que en los países socios el cumplimiento normativo de las reglas anticorrupción es del 66 %, la implementación efectiva alcanza solo el 40%. Entre los 37 países miembros de la OCDE, la solidez de las reglas llega al 63% y su aplicación práctica apenas al 44%. Esta brecha deja expuestos a los sistemas públicos ante el avance de la corrupción y el fraude.

Las investigaciones incluidas en el informe citan estudios realizados en 2022, que estiman que entre el 8% y el 25% de la inversión pública mundial —aproximadamente el 13% del PIB global— se pierde cada año a causa de la mala gestión y la corrupción. De acuerdo con información citada por EFE, esta fuga de recursos impacta de manera directa en la calidad de los servicios públicos y en la equidad en la distribución de fondos estatales.

La distorsión de las políticas públicas es una de las consecuencias más serias de estos delitos. Según la OCDE, la corrupción no solo añade ineficiencia y desalienta la innovación y la inversión, sino que también incrementa las desigualdades sociales y debilita la confianza en las instituciones. Cuando las normas se quedan en el papel, los mercados pierden estabilidad y las oportunidades de desarrollo disminuyen.

En la Unión Europea, el Parlamento Europeo calculó que entre 2016 y 2021 la corrupción en la contratación pública supuso un costo de 29.600 millones de euros. Por su parte, la Fiscalía Europea reportó que los daños por fraude y otros delitos contra el presupuesto de la UE alcanzaron los 25,000 millones de euros en el último ejercicio, lo que implicó un aumento del 22.5 % en comparación con el año anterior.

El informe de la OCDE remarca que el fraude en los programas públicos suele tener un costo real mayor al detectado oficialmente. En Estados Unidos, la Oficina de Rendición de Cuentas estimó que, durante la pandemia de covid, el fraude en el seguro de desempleo osciló entre USD 100,000 y USD 135,000 millones, lo que representó entre el 11 % y el 15 % de todas las prestaciones entregadas en ese periodo.

En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría calcula que los organismos estatales pierden entre el 0,5 % y el 5 % de su gasto anual debido al fraude, lo que representa una fuga importante de fondos públicos.

La expansión del crimen organizado agrava aún más el escenario. Según la OCDE y datos de la ONU, la globalización y la digitalización han incrementado el alcance y el impacto de estas actividades ilícitas. Se calcula que el costo económico del crimen organizado puede estar entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, es decir, entre USD 800.000 millones y dos billones cada año. En América Latina y el Caribe, este costo representa el 3,5 % del PIB; en el Reino Unido, equivale al 2 %; y en Australia, considerando los efectos indirectos, llega hasta el 4 %.

El informe concluye que la corrupción y el fraude no solo afectan a las finanzas estatales, sino que erosionan la confianza pública, amplían las desigualdades y facilitan un entorno donde el incumplimiento de la ley y la tolerancia hacia estos delitos pueden expandirse.

Para países como Guatemala, Honduras y República Dominicana, el reto es que las leyes y los sistemas de integridad pública dejen de ser una formalidad y se conviertan en una realidad cotidiana, capaz de frenar la pérdida de recursos y el deterioro institucional.

A pesar de los avances en infraestructura digital, el acceso a internet en Colombia sigue marcado por profundas desigualdades. Las zonas rurales, en particular, continúan rezagadas frente a las ciudades, en un contexto donde la conectividad se ha vuelto esencial para el desarrollo económico y social.

Un análisis internacional pone el foco en esa brecha. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) advirtió que, lejos de cerrarse, la distancia entre regiones urbanas y rurales se amplio en términos relativos, lo que plantea nuevos desafíos para la política pública en el país.

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La situación es especialmente evidente cuando se revisan las velocidades de conexión. En áreas rurales, la descarga móvil es significativamente más lenta que el promedio de los países de la Ocde, mientras que la banda ancha fija también presenta un rezago considerable. Este panorama limita el acceso a servicios digitales y profundiza las desigualdades territoriales.

El documento, elaborado a solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, reconoció que Colombia ha dado pasos importantes en la última década. El despliegue de fibra óptica, por ejemplo, creció de manera sostenida y ya representa cerca de la mitad de las suscripciones de banda ancha fija, una cifra cercana al promedio internacional.

Sin embargo, ese avance en infraestructura no se traduce plenamente en mayor acceso para los usuarios. El informe advirtió que la adopción de estos servicios sigue siendo baja, especialmente en regiones apartadas, donde factores como el costo, la falta de cobertura efectiva y las condiciones del mercado dificultan la expansión del servicio.

A esto se suma el retraso en la implementación de nuevas tecnologías. Aunque el país inició el despliegue de redes 5G en 2024, su alcance aún es limitado, lo que contrasta con el ritmo de adopción en otras economías comparables. Esta situación refuerza la percepción de un desarrollo desigual dentro del ecosistema digital.

El análisis también puso la lupa sobre el comportamiento del mercado de telecomunicaciones. En los últimos años, los ingresos del sector disminuyeron en términos reales, lo que reflejó una presión sostenida sobre los operadores. Además, el ingreso promedio por usuario en el segmento móvil se mantiene entre los más bajos del grupo de países analizados.

En este contexto, la estructura competitiva del mercado adquiere especial relevancia. La posición dominante de uno de los principales operadores se mantuvo estable durante la última década, mientras que movimientos recientes, como la fusión entre otros actores relevantes, podrían modificar el equilibrio competitivo en el mediano plazo.

El informe advirtió que estas dinámicas, sumadas a la situación financiera de algunos operadores más pequeños, podrían afectar la inversión y la competencia, especialmente en las zonas menos rentables. Esto, a su vez, tendría un impacto directo en la expansión de la conectividad en regiones rurales. Otro de los puntos críticos señalados es el desempeño del principal fondo estatal destinado a financiar proyectos de conectividad. La ejecución de recursos para inversión ha sido inferior a lo esperado, lo que podría retrasar iniciativas clave para ampliar la cobertura en áreas desatendidas.

Además, se identifican limitaciones en la forma en que se asignan y evalúan estos recursos. La falta de mecanismos sistemáticos de seguimiento reduce la capacidad de medir el impacto de las inversiones y de garantizar que los proyectos respondan a las necesidades más urgentes.

El informe también cuestionó aspectos institucionales. En particular, señaló que el regulador del sector no cuenta con plena independencia, lo que podría generar tensiones en la toma de decisiones. La participación del poder ejecutivo en su estructura es vista como un elemento atípico frente a estándares internacionales. Frente a este panorama, la organización plantea varias recomendaciones. Entre ellas, fortalecer la regulación para promover la competencia, revisar con detalle los efectos de las integraciones empresariales y actualizar el marco normativo para adaptarlo a un entorno cada vez más influenciado por plataformas digitales.

Los recientes procesos judiciales por presuntos casos de corrupción en República Dominicana han sido señalados desde el Gobierno como una muestra de que “nadie está por encima de la ley”.

El presidente Luis Abinader ha defendido la integridad como un pilar operativo clave para la democracia y el desarrollo económico, según expresó durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París y citada por Diario Libre.

Durante el foro internacional, el mandatario explicó que la administración dominicana ha adoptado un enfoque basado en cuatro ejes: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento. Estos pilares, indicó, buscan fortalecer tanto la institucionalidad como la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

El presidente Abinader sostuvo en su discurso que “la integridad es el sistema operativo de la democracia”, detalla la publicación del medio dominicano.

Abinader argumentó que la corrupción, más allá de ser una falta ética, actúa como “un impuesto invisible” que eleva los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y disminuye la productividad nacional.

Para el jefe de Estado, la integridad no debe considerarse un eslogan sino un sistema de gobernanza basado en el estado de derecho y la rendición de cuentas.

Cuatro pilares para combatir la corrupción

El Gobierno dominicano ha creado Comisiones de Integridad y Cumplimiento en las distintas dependencias estatales. Estas comisiones, según Abinader, identifican riesgos y refuerzan los controles internos como parte de la prevención.

Respecto a la transparencia, el presidente sostuvo que no basta con publicar información, sino que es necesario que los datos sean accesibles, estructurados y útiles para los ciudadanos.

La coordinación entre organismos y la aplicación de la ley de manera indiscriminada completan el modelo promovido por el Ejecutivo para combatir prácticas corruptas.

La pregunta sobre qué acciones concretas ha adoptado el Gobierno dominicano contra la corrupción encuentra respuesta en la implementación de reformas constitucionales, la designación de una Procuradora General independiente y la creación de mecanismos internos para monitorear el cumplimiento de las normas éticas en la administración pública.

Reforma institucional y justicia independiente

Abinader remarcó la reforma constitucional que eliminó la facultad presidencial de nombrar directamente al fiscal general. Explicó que esta modificación busca garantizar la independencia del Ministerio Público y evitar que la justicia sea utilizada como “instrumento del gobierno”.

El jefe de Estado también reconoció la labor de la directora de ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien impulsa políticas alineadas con los estándares internacionales en la materia. El informe presentado por la OCDE durante el foro sirvió como marco para la evaluación de estos avances.

Subrayó que alinearse con los estándares de la OCDE no es solo un gesto diplomático, sino una transformación estructural del Estado, cuyo objetivo es construir instituciones previsibles, transparentes y que rindan cuentas ante la ciudadanía.

Durante su intervención en París cita la nota, Abinader advirtió que la corrupción, cuando se convierte en una práctica sistémica, agrava el problema y es incompatible con la democracia y el crecimiento económico.

Destacó que “la integridad es un activo estratégico para el desarrollo”, y reiteró que el combate a la corrupción exige políticas integrales y un marco legal sólido.

El presidente insistió en que la actual gestión ha priorizado que la justicia no responda a intereses del Ejecutivo, sino a la legalidad y al interés público. Los procesos judiciales en curso por presunta corrupción, según Abinader, fortalecerán la confianza de la ciudadanía en que el imperio de la ley es efectivo y universal.

Reconocimiento internacional y desafíos

La presencia del mandatario dominicano en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE coincidió con reuniones de alto nivel en París, entre ellas un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, el Gobierno firmó un acuerdo con la OCDE para continuar avanzando en políticas de cooperación y transparencia institucional.

El evento internacional ofreció al país una plataforma para mostrar los avances y desafíos en materia de integridad pública. La administración de Abinader sostiene que la integridad no se reduce a un lema, sino que debe plasmarse en la vida institucional y en una rendición de cuentas efectiva.

Durante la ceremonia de reconocimiento a nuevos embajadores honorarios de la Marca España, desarrollada en el Palacio de El Pardo, varias figuras destacadas recibieron sus acreditaciones, entre ellas Ana José Varela, directora financiera de la OCDE, Antonio Huertas, presidente de Mapfre, Diego González Rivas, cirujano torácico, Jaume Plensa, artista plástico, Carme Ruscalleda, chef, Susana Rodríguez Gacio, médica y bicampeona paralímpica de triatlón, y Regina Llopis, matemática y experta en inteligencia artificial. En este contexto, la noticia principal giró en torno al mensaje difundido por el rey Felipe VI, quien resaltó la necesidad de fortalecer la imagen internacional de España y el valor que aportan estos embajadores al reconocimiento global del país, según informó Europa Press.

El monarca subrayó en el evento que España se caracteriza por su apertura internacional, contando con un destacado patrimonio de talento y una red empresarial robusta. Felipe VI resaltó que las marcas españolas actúan como embajadoras en diferentes sectores, proyectando atributos como calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo. Según publicó Europa Press, el rey agradeció la labor del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y del Ministerio de Asuntos Exteriores por la organización de estos reconocimientos y la contribución a la promoción de la Marca España en el exterior.

El evento, reportó Europa Press, respondió a la importancia que adquiere la reputación de un país en un escenario internacional caracterizado por transformaciones económicas y cambios en la situación geopolítica. En sus palabras, Felipe VI sostuvo: “En un contexto internacional marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas, la imagen de un país adquiere un peso y una importancia, un valor aún mayor”. Señaló que el prestigio global de España resulta de la suma de las acciones de numerosos actores, y convocó a todos los presentes a trabajar para que la imagen de España siga mejorando y sea cada día “más querida y respetada”.

Felipe VI se dirigió directamente a los nuevos embajadores honorarios, afirmando que representan el espíritu creativo y abierto de una España moderna. Ante la audiencia, enfatizó que cada individuo galardonado encarna facetas distintas de la España actual: la que investiga, crea, emprende, compite, imagina y construye. De acuerdo con Europa Press, el rey expresó: “La imagen de un país es la suma de las contribuciones de muchos actores. Vosotros encarnáis ese espíritu abierto y creador que define a nuestro país”.

En la ceremonia se puso especial atención en que España dispone de un “extraordinario patrimonio de talento”, así como de un tejido empresarial consolidado en numerosos sectores. Este tejido, a través de su trabajo diario, contribuye sustancialmente a la percepción global de España como país innovador y confiable. El monarca hizo un llamado a considerar la Marca España como una obra colectiva, destacando: “La Marca España es una obra colectiva a la que todos podemos contribuir de muchas maneras, con talento, trabajo y tesón”, según consignó Europa Press.

Durante el acto, los nuevos embajadores honorarios recibieron el encargo simbólico de promover una imagen positiva de España. Según reportó Europa Press, se les instó a actuar con el ejemplo, inspirando a otros ciudadanos a seguir contribuyendo al desempeño y prestigio internacional del país. La importancia de estos reconocimientos radica en el impacto que tienen tanto en el entorno nacional como en el extranjero, ayudando a consolidar la reputación de España en un escenario competitivo y globalizado.

Antonio Huertas, quien intervino en nombre de los nuevos embajadores honorarios, destacó la responsabilidad inherente al título: “Los embajadores estamos llamados a liderar desde nuestra visibilidad y de nuestro ejemplo este movimiento colectivo que recuerda que la verdadera grandeza de España surge cuando trabajamos unidos, guiados por los valores que nos identifican y que nos hacen fuertes”. El presidente de Mapfre recalcó el papel de los embajadores como portavoces de las cualidades nacionales ante el mundo, enfatizando la importancia de reforzar el orgullo nacional y transmitir un mensaje de confianza al exterior. De acuerdo con Europa Press, Huertas añadió que “las generaciones más jóvenes necesitan que les abramos camino y que caminemos también a su lado”.

Entre los galardonados destacados se encuentra Ana José Varela, representante del ámbito de las relaciones internacionales por su papel en la OCDE; Regina Llopis, reconocida en ciencia e innovación por sus aportes en inteligencia artificial; Diego González Rivas, seleccionado en la categoría de acción social por su relevancia en el ámbito de la cirugía torácica; Carme Ruscalleda, reconocida internacionalmente en el sector de la gastronomía y el turismo; Jaume Plensa, premiado en arte y cultura; y Susana Rodríguez Gacio, figura en el ámbito deportivo y ejemplo de superación en los Juegos Paralímpicos. Europa Press detalló que estos reconocimientos buscan visibilizar las contribuciones de perfiles muy variados, todos ellos ligados a la proyección internacional de España.

La ceremonia reafirmó la visión de que la Marca España depende de logros colectivos y de la coordinación entre distintos sectores sociales y productivos. El evento sirvió como plataforma para motivar la imitación de las trayectorias de los nuevos embajadores y fomentar la participación de ciudadanos y empresas en la reputación internacional del país. Según informó Europa Press, tanto el muestrario de perfiles reconocidos como los mensajes de las autoridades presentes reflejaron el objetivo de reforzar el prestigio de España en el escenario global.

El foro organizador, el FMRE, colabora estrechamente con los ministerios responsables de la acción exterior para seleccionar a las personas más aptas en diferentes áreas, considerando tanto el impacto de sus trayectorias profesionales como su capacidad para incidir en la percepción externa de España, conforme reportó Europa Press. Con este tipo de iniciativas, se pretende crear redes de colaboración y sinergias que afiancen la reputación internacional y el reconocimiento del país en ámbitos estratégicos.

Europa Press detalló que las ediciones anteriores de este reconocimiento han mantenido la estrategia de identificar embajadores en campos diversos, desde la ciencia y la cultura, hasta la economía y el deporte, mostrando una visión integral de los valores y capacidades nacionales. Al término de la ceremonia, el mensaje de unidad, trabajo conjunto y búsqueda del reconocimiento global volvió a repetirse como eje central del acto.

En un mensaje difundido en redes sociales, Salvador Illa definió a Manuel Escudero como “referente de compromiso, rigor y pensamiento progresista”, subrayando el impacto personal y profesional del fallecido economista. Esta declaración pública coincidió con el anuncio del fallecimiento de Escudero la mañana del lunes, según consignó Europa Press.

Manuel Escudero, quien presidía la fundación Avanza y se desempeñó como embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 2018 y 2024, falleció recientemente, lo que motivó una oleada de condolencias en el ámbito político y académico. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), compartió el pesar del partido y expresó su pésame a familiares y amigos del economista y ensayista, de acuerdo con la información de Europa Press.

Según informó el medio, Escudero era reconocido por su trayectoria como economista, ensayista y líder de opinión en ámbitos vinculados al pensamiento progresista y la política pública. En su mensaje en la plataforma ‘X’, Illa destacó que “es y será un referente de compromiso, rigor y pensamiento progresista”, retratando así la huella intelectual y ética que dejó Escudero entre quienes lo conocieron y trabajaron a su lado.

Durante su gestión como presidente de la fundación Avanza, Escudero impulsó iniciativas centradas en la innovación social y el desarrollo económico, lo cual le otorgó visibilidad y reconocimiento tanto dentro como fuera de los círculos políticos. Su nombramiento como embajador ante la OCDE en 2018 marcó un periodo en el que España reforzó su presencia en los debates internacionales sobre cooperación y desarrollo, reportó Europa Press.

El comunicado de Salvador Illa enfatizó el respeto y admiración que alcanzó Escudero entre sus colegas del ámbito socialista catalán, quienes valoraron su dedicación al análisis profundo y al impulso de reformas socioeconómicas, apoyadas desde una perspectiva progresista. La noticia de su muerte motivó numerosos mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado, tanto por su faceta como líder institucional como por sus aportaciones en el campo de las ideas.

Europa Press informó que Escudero también ganó relevancia como escritor de ensayos, aportando reflexiones sobre cuestiones sociales, económicas y éticas, que influyeron en el desarrollo de políticas públicas en España. Su papel como figura de consulta habitual entre partidos y foros académicos reflejaba la confianza depositada en su capacidad de análisis y su perspectiva crítica.

Diversas instituciones vinculadas al mundo académico y económico también se sumaron al luto, reconociendo su metodología de trabajo centrada en la objetividad y la búsqueda de consensos, características vinculadas a su liderazgo tanto en la fundación Avanza como en las funciones diplomáticas, según reportó Europa Press.

El fallecimiento de Manuel Escudero representa la pérdida de una voz influyente en el debate progresista nacional e internacional, indicaron interlocutores políticos y sociales a Europa Press, quienes coincidieron en destacar la convicción con la que defendió sus valores y su constante labor pedagógica en defensa del diálogo y el progreso social.

El legado político e intelectual de Manuel Escudero ha recibido un reconocimiento explícito tras su fallecimiento, destacando una extensa trayectoria al servicio de los valores progresistas que marcaron su paso por la vida pública y el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según detalló Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó la red social X para expresar su pesar por la muerte de quien, hasta la mañana de este lunes, presidía la fundación Avanza, el think tank vinculado al PSOE fundado por el propio Sánchez, agradeciendo el compromiso de Escudero y resaltando su influencia en el debate de ideas. A través de las redes sociales, Sánchez lo describió como “un compañero y amigo” que “siempre militó en la vanguardia de las ideas”, al tiempo que transmitió su afecto a los allegados del exembajador.

El medio Europa Press informó que el PSOE, por su parte, ofreció un mensaje en la misma plataforma donde lamentó ampliamente la pérdida y dedicó palabras a su “gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso” de España. En este pronunciamiento se subrayó que “su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable”, recordando además el vínculo de Escudero con la formación socialista, al que perteneció durante más de cuarenta años. El mensaje del partido concluyó con una tradicional despedida: “Que la tierra te sea leve”.

Según consignó Europa Press, Manuel Escudero acumuló décadas de militancia y desempeño en diversas responsabilidades, combinando su labor como exembajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con otros cargos clave dentro del PSOE. Entre sus tareas más relevantes, ocupó la coordinación de la candidatura de Josep Borrell entre 1998 y 1999. También ejerció como diputado en el Congreso entre 2003 y 2004. Tras el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE en 2017, asumió la secretaría de Política Económica y Empleo del partido, función en la que se mantuvo involucrado en cuestiones estratégicas de la formación.

El papel de Escudero como referente intelectual dentro del partido recibió un reconocimiento específico, al destacar su participación en la presidencia de la fundación Avanza, organismo que desempeña la función de laboratorio de ideas o think tank socialista. Europa Press reportó que tanto el Ejecutivo como la organización socialista coincidieron en recordar la capacidad de Escudero para fomentar el pensamiento desde una perspectiva comprometida con los valores progresistas, así como su influencia en la vida ideológica interna del partido.

Las condolencias transmitidas públicamente por Pedro Sánchez y la cúpula dirigente del PSOE subrayan el vínculo personal y político con Escudero. El presidente del Gobierno expresó: “Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos”. Europa Press publicó que el partido completó su comunicado destacando el perfil de Escudero como un “gran compañero” cuya trayectoria estuvo marcada por la defensa constante de ideales de justicia social.

Durante más de cuatro décadas, Escudero mantuvo una carrera orientada tanto a la acción política como a la reflexión programática, desarrollando actividades emblemáticas en el seno del socialismo español. De acuerdo con el recuento divulgado por Europa Press, la reacción institucional frente a su fallecimiento refleja la valoración de su figura como impulsor de iniciativas que definieron el rumbo del partido y de la acción gubernamental en el ámbito nacional e internacional.

La participación de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con delegados de los tribunales de cuentas de Italia, Portugal y España, aporta una visión internacional al debate sobre la independencia en la fiscalización de recursos públicos. Este enfoque global constituye uno de los ejes del encuentro titulado "Control externo e independencia", que se realiza en Madrid durante dos días bajo la organización del Tribunal de Cuentas, en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) y el apoyo de la Fundación Ortega-Marañón, según detalló la agencia Europa Press.

La cita, que inicia a las 9:00 con la intervención de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, convoca a expertos de organismos internacionales, responsables institucionales, miembros del ámbito académico y responsables del control público. El objetivo es analizar cómo la independencia incide en la fiscalización de los recursos gestionados por las administraciones públicas, reportó Europa Press. El cierre del encuentro estará a cargo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El programa del evento abarca un enfoque multidimensional, que examina la independencia del control externo desde perspectivas institucionales, jurídicas e históricas, así como revisiones comparadas entre distintos países, según explicó Europa Press. Los paneles previstos incluyen sesiones sobre experiencias internacionales exitosas y mesas de discusión centradas en los principales desafíos que enfrenta el sector actualmente.

Además de los organismos internacionales, participarán académicos, responsables autonómicos de control externo y representantes parlamentarios. Entre los asistentes confirmados, destaca la presencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuya intervención aportará la visión del regulador financiero español a las discusiones sobre transparencia y rendición de cuentas.

Europa Press puntualizó que el evento busca propiciar un espacio de análisis para reflexionar sobre la evolución y el alcance de la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Se espera que este intercambio favorezca la identificación de buenas prácticas y el avance en el desarrollo de mecanismos que refuercen el papel de estas instituciones en el ejercicio de la rendición de cuentas.

La creciente relevancia de la independencia en las instituciones de supervisión, según publicó Europa Press, se ha convertido en un elemento clave en los debates sobre la calidad institucional y el gobierno abierto. En ese contexto, el foro promueve el diálogo entre los organismos de control y sus interlocutores, facilitando la cooperación interinstitucional y el aprendizaje conjunto ante los retos que plantea la gestión actual de los recursos públicos.

La agenda de estas dos jornadas contempla la presentación de casos prácticos y el análisis de temas jurídicos vinculados a la autonomía funcional de los órganos de control, así como la identificación de desafíos y propuestas de futuro en materia de fiscalización. El evento pretende, según Europa Press, consolidar un marco para el intercambio de conocimientos y el establecimiento de redes de colaboración internacional en el sector de la supervisión pública.

Un informe reciente de McKinsey & Company advierte que Panamá, a pesar de figurar entre los países de mayor ingreso de América Latina y el Caribe, sigue enfrentando desafíos estructurales en la calidad educativa que podrían limitar su crecimiento económico en el mediano plazo.

El análisis plantea que la combinación de tecnología educativa y filantropía estratégica podría convertirse en un motor clave para transformar los sistemas de aprendizaje en la región.

El estudio ubica a Panamá junto a economías como Chile y Uruguay, destacando avances en cobertura educativa, especialmente en el nivel secundario.

Sin embargo, señala que los resultados de aprendizaje del país aún se mantienen por debajo de los estándares de la OCDE, lo que evidencia una brecha entre acceso y calidad que persiste en gran parte de la región.

A nivel regional, el informe presenta cifras contundentes sobre la llamada “pobreza de aprendizaje”. Actualmente, el 79% de los estudiantes de sexto grado no logra comprender textos básicos, mientras que el 75% de los jóvenes de 15 años no alcanza niveles mínimos en matemáticas.

Además, un 55% presenta dificultades en lectura, lo que refleja un rezago estructural en habilidades fundamentales que afecta directamente el desarrollo educativo.

Estas brechas no son solo académicas. El documento advierte que las deficiencias en educación impactan directamente en el mercado laboral y en la productividad de los países.

En economías como Brasil y Colombia, hasta un tercio de los jóvenes no estudia ni trabaja, un fenómeno que supera ampliamente los niveles observados en países de la OCDE y que evidencia las consecuencias de un sistema educativo desconectado de las necesidades del mercado.

El informe subraya que mejorar la calidad educativa no es solo una prioridad social, sino también una estrategia económica. Según McKinsey, reducir en apenas un 10% la cantidad de estudiantes sin habilidades básicas podría aumentar el crecimiento del PIB entre 1% y 2% anual, lo que posiciona a la educación como un factor determinante para la competitividad de países como Panamá.

En este contexto, la tecnología educativa (edtech) aparece como una herramienta con alto potencial para cerrar brechas. No obstante, el informe advierte que su impacto en América Latina y el Caribe sigue siendo limitado.

A pesar de que el mercado podría alcanzar entre $1,000 millones y $1,500 millones hacia 2030, su desarrollo enfrenta obstáculos como la falta de infraestructura digital, capacitación docente y restricciones presupuestarias.

Uno de los problemas más relevantes identificados es el desbalance en el financiamiento educativo. Mientras a nivel global más del 55% de los recursos se destinan a educación básica, en la región solo el 10% llega a este segmento, precisamente donde se concentran las mayores deficiencias.

Este desajuste limita la posibilidad de generar mejoras sostenidas desde las etapas iniciales del aprendizaje.

El informe también pone énfasis en el rol de la filantropía como un catalizador clave para acelerar cambios en el sistema educativo.

Actualmente, América Latina y el Caribe reciben apenas el 7% del financiamiento filantrópico global en educación, a pesar de concentrar más del 10% de la población estudiantil mundial. Esta brecha refleja una oportunidad desaprovechada para impulsar iniciativas innovadoras en la región.

En el caso de Panamá, el documento sugiere que el país podría beneficiarse de una mayor articulación entre el sector público, el privado y organizaciones sociales para canalizar inversiones hacia proyectos educativos de alto impacto.

Esto incluye el fortalecimiento de capacidades institucionales, la adopción de soluciones tecnológicas y la creación de ecosistemas de innovación educativa.

Como hoja de ruta, McKinsey plantea que una inversión estratégica de entre $120 millones y $150 millones podría generar un efecto multiplicador en la región, acelerando la innovación y mejorando los resultados de aprendizaje.

Este enfoque apunta a intervenciones específicas, como la formación de líderes en educación digital, el financiamiento de emprendimientos edtech y el desarrollo de estándares de calidad.

El informe concluye que cerrar la brecha educativa en países como Panamá requerirá una acción coordinada y sostenida en el tiempo.

La combinación de tecnología, financiamiento inteligente y cooperación multisectorial podría marcar la diferencia en una región que, pese a sus avances en cobertura, aún enfrenta el reto de garantizar una educación de calidad para todos.

Reformas a la ley de 1946

En medio de los señalamientos sobre las deficiencias en la calidad educativa y los rezagos en aprendizaje que persisten en Panamá, también avanza un proceso que busca cambiar la base legal del sistema.

La reforma de la Ley Orgánica de Educación de 1946 se ha convertido en uno de los principales ejes de la agenda nacional, con un impulso directo del presidente José Raúl Mulino, quien ha planteado la necesidad de construir un marco que responda a los desafíos actuales y ofrezca estabilidad para las próximas décadas.

La iniciativa no solo es promovida por el Ejecutivo, sino que también avanza en paralelo dentro de la Asamblea Nacional, donde se han planteado mesas de trabajo con participación de docentes, padres de familia, expertos y representantes del sector privado.

El objetivo es construir una propuesta consensuada sobre aspectos como calidad educativa, formación docente y financiamiento, tres temas que aparecen de forma recurrente en los diagnósticos sobre el sistema panameño.

En paralelo, el Ministerio de Educación ya ha comenzado a introducir ajustes que sirven como antesala de esa transformación más amplia, entre ellos la implementación experimental de nuevos contenidos curriculares en 2026, mientras se desarrolla un diagnóstico sobre su impacto.

La apuesta es preparar el terreno para una reforma más profunda de un sistema que todavía se rige por una norma con casi 80 años de vigencia.

La infraestructura de transporte a nivel global enfrenta un desafío creciente: adaptarse a un contexto donde los eventos disruptivos —como fenómenos climáticos extremos— son cada vez más frecuentes y severos.

Según un reciente informe de la OCDE, esta adaptación todavía está lejos de consolidarse, lo que expone a las cadenas de suministro a mayores niveles de riesgo e incertidumbre.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que cerca del 88% de los mecanismos de financiamiento en transporte no contemplan criterios de resiliencia, lo que implica que gran parte de las inversiones en infraestructura no están diseñadas para sostener la continuidad operativa ante eventos críticos.

Infraestructura bajo presión en América Latina

El impacto de esta situación es particularmente significativo en América Latina y el Caribe, una región que concentró el 17% de los desastres naturales globales entre 2015 y 2024. Esta exposición no solo genera daños directos en infraestructura, sino que también repercute en la eficiencia del sistema logístico y en los costos asociados al transporte.

En economías con fuerte dependencia de las exportaciones de productos primarios, como ocurre en gran parte de la región, la interrupción de rutas, puertos o corredores estratégicos puede generar efectos inmediatos sobre la competitividad.

Además, el informe destaca que los países en desarrollo suelen experimentar pérdidas económicas más elevadas en relación con su producto interno bruto, lo que refuerza la necesidad de incorporar la resiliencia como un eje central en la planificación del transporte.

Invertir más para sostener la logística

Uno de los puntos centrales del análisis es el debate sobre los costos de incorporar resiliencia en los proyectos de infraestructura. Adaptar obras para resistir eventos extremos puede implicar incrementos de hasta el 50% en la inversión inicial, como en el caso de sistemas ferroviarios diseñados para soportar inundaciones.

Sin embargo, el mismo informe señala que estas inversiones pueden reducir los daños potenciales en aproximadamente un 66%, lo que evidencia un impacto positivo en el largo plazo. Desde la perspectiva logística, esto implica garantizar la continuidad de las operaciones, minimizar interrupciones y evitar pérdidas asociadas a la paralización de los flujos de transporte.

Este enfoque cobra especial relevancia en corredores logísticos vinculados a la actividad agroindustrial, donde la estacionalidad y los volúmenes de producción exigen sistemas de transporte confiables y sostenidos en el tiempo.

Casos regionales: reconstrucción con foco en conectividad

El informe también analiza experiencias concretas en América Latina, donde la reconstrucción de infraestructura tras eventos climáticos extremos comienza a incorporar criterios de resiliencia. En países como Honduras y Perú, los proyectos se enfocan en recuperar y fortalecer la conectividad vial, priorizando corredores estratégicos para la actividad económica.

Estas experiencias evidencian un cambio de paradigma: ya no se trata solo de reparar daños, sino de rediseñar soluciones capaces de sostener la operación ante futuros escenarios críticos. El objetivo es asegurar la integración territorial y minimizar interrupciones prolongadas en el traslado de mercancías.

Más allá de los proyectos puntuales, la OCDE advierte que el principal desafío es estructural. La resiliencia debe integrarse en una estrategia de largo plazo, articulando al sector público, el ámbito privado y los distintos actores del ecosistema logístico.

La ausencia de una mirada sistémica deriva en un uso ineficiente de los recursos, eleva los costos operativos y reduce la capacidad de respuesta ante contingencias. En este contexto, la infraestructura deja de ser únicamente un soporte funcional para convertirse en un pilar clave de la estabilidad económica.

La logística como eje de continuidad

El informe cierra con una advertencia contundente: no incorporar criterios de adaptación en el desarrollo del transporte implica trasladar mayores costos hacia adelante y aumentar la exposición a disrupciones recurrentes.

En un entorno donde las cadenas de suministro están cada vez más interconectadas, sostener la operación frente a escenarios adversos se vuelve un factor diferencial. El debate ya no gira solo en torno a expandir capacidades, sino en garantizar su desempeño en contextos de incertidumbre.

En este sentido, la resiliencia se posiciona como un componente esencial para sostener la eficiencia, la competitividad y la continuidad de los sistemas logísticos tanto a nivel regional como global.

México alcanzó la tasa de desempleo más baja entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a enero de 2026, según datos publicados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el 16 de marzo en sus redes sociales. La información oficial destaca que el país superó a Israel, Corea y Japón en ese indicador.

La STPS atribuyó el resultado al contexto de la denominada Primavera Laboral en México. Según el reporte, la nación lideró la comparativa de desempleo realizada por la OCDE a comienzos de año.

Los datos de la OCDE sobre el desempleo fueron citados directamente por la secretaría mexicana, que difundió el informe a través de sus redes sociales.

En el mensaje en sus redes, la STPS mostró países que tienen problemas mayores de desempleo en comparación de México, los cuales son liderados por Finlandia, España, Colombia y Chile.

Informe de la OCDE dice que México enfrenta un crecimiento limitado

El crecimiento de la economía mexicana enfrenta una perspectiva limitada para 2026 según el último estudio de la OCDE, que insta al país a adoptar reformas profundas ante la urgencia de evitar un rezago estructural prolongado.

Este diagnóstico aparece tras dos décadas de bajo avance en productividad y bajo la influencia de cambios recientes en las reglas comerciales con Estados Unidos, lo que genera desafíos considerables para la competitividad y la resiliencia del país, advierte la OCDE en su Estudio Económico de México 2026.

Uno de los datos más críticos del informe de la OCDE revela que el déficit público mexicano ascendió en 2024 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto registrado en 35 años. Este repunte se atribuye al incremento del gasto electoral, el aumento en pensiones no contributivas, la financiación de proyectos de alto perfil y el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el mismo estudio, el PIB de México aumentará solo 1.4% en 2026 y 1.7% en 2027, cifras consideradas bajas frente a economías comparables. Aunque la inflación comenzó a descender, continúa por encima del objetivo del Banco Central y tiende a agravar la incertidumbre provocada, en parte, por la política comercial estadounidense, lo que complica la posición de las exportaciones mexicanas.

Alta dependencia de México a Estados Unidos es un riesgo estructural

El aumento del déficit llevó al gobierno mexicano en 2025 a implementar una política de consolidación fiscal, con el fin de reducirlo al 3% del PIB para 2027. No obstante, estos recortes han recaído principalmente en la inversión pública, generando un impacto directo en áreas estratégicas como educación, salud y digitalización.

La alta dependencia comercial de México respecto a Estados Unidos representa otro de los principales riesgos estructurales señalados por la organización. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el país vecino, lo que deja a la economía expuesta a cambios regulatorios inmediatos.

En ese sentido, el endurecimiento de las reglas de origen y el aumento de la burocracia aduanera están afectando sectores clave como la tecnología avanzada y parte de la industria automotriz, que enfrentan aranceles de hasta 25% si no certifican adecuadamente el origen regional de los productos.

El número de personas desempleadas en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sumó 34,9 millones al cierre de enero de 2026, una reducción frente a la cifra reportada en diciembre de 2025. A pesar de este descenso, la cantidad de desempleados aún sobrepasa en medio millón los niveles registrados en enero de 2025, que contabilizaban 34,8 millones de personas sin trabajo. Según informó el medio, la tasa de paro global de la OCDE se mantuvo en el 5% en el primer mes del año, continuando la estabilidad observada desde agosto de 2025, salvo en octubre, cuando la ausencia de información de varios países impidió el cálculo.

Tal como publicó la fuente, España registró una novedad importante: la tasa de paro se ubicó por primera vez por debajo de los dos dígitos desde marzo de 2008, alcanzando el 9,8%. Esta disminución representa un hito en el seguimiento histórico del desempleo español, tradicionalmente caracterizado por cifras elevadas. Dentro del grupo de los treinta y tres países miembros, en la mayoría, específicamente en dieciocho, los porcentajes de desempleo no presentaron variaciones significativas. En once naciones, la tasa descendió, mientras que en Colombia, Dinamarca, Noruega y Turquía se observó un incremento.

Finlandia quedó como el único país de la OCDE con una tasa de desempleo en dos dígitos, alcanzando el 10%. Sin embargo, la situación en ese país mostró una mejora moderada, ya que el porcentaje se redujo un 0,3% respecto al periodo anterior, reportó el medio. En contraste, Japón, Corea del Sur y México se ubicaron en la franja más baja, al contar con tasas iguales o inferiores al 3%. Estos resultados posicionan a esos tres países como los que presentan mayor solidez en sus mercados laborales dentro de la OCDE.

La información publicada también destacó los avances registrados en la Unión Europea y la eurozona, donde el desempleo se mantuvo estable en los mismos valores que el mes anterior, con tasas del 5,9% y 6,1% respectivamente. En este contexto, Italia destacó al alcanzar en enero de 2026 su nivel de desempleo más bajo de toda la serie histórica iniciada en 2004, situándose en el 5,1%.

Por género, las tasas se mantuvieron estables: 5,1% entre las mujeres y 4,8% entre los hombres, según consignó el medio. La diferencia en los porcentajes persiste, y la tasa femenina supera a la masculina tanto en la Unión Europea y la eurozona como en diecinueve países de la OCDE. Colombia, Grecia y Turquía figuran como los países donde se observa la mayor brecha de género en el desempleo.

El reporte de la OCDE indicó también una reducción en el paro juvenil, que bajó un 0,3% hasta situarse en el 11,1%. Este descenso contribuyó a reducir la brecha de edad, mientras que el desempleo en las personas mayores de veinticinco años permaneció estable en los mismos valores que en meses previos. En Austria y Finlandia, las caídas generales en las tasas de desempleo se atribuyeron principalmente a la reducción del paro entre las mujeres mayores de veinticinco años. Por otro lado, en Estonia y Grecia, el descenso fue consecuencia de la mejora en la ocupación de los hombres en ese mismo rango etario.

Fuera del contexto de la zona euro, Dinamarca experimentó el mayor aumento intermensual en la tasa de desempleo, la cual se elevó hasta el 7,4%, el valor más alto en ese país desde enero de 2004. De acuerdo con el medio, este incremento estuvo principalmente relacionado con una subida de 2,6 puntos porcentuales en el desempleo de mujeres. En el extremo opuesto, Canadá, Corea y Suecia mostraron descensos en sus tasas de desempleo, atribuidos mayoritariamente a la mejora del empleo entre los hombres mayores de veinticinco años.

La OCDE refrendó mediante estas cifras que el empleo a nivel internacional presenta comportamientos diferenciados: mientras algunas economías logran bajar sus tasas históricamente altas, otras aún enfrentan desafíos, bien sea por diferencias de género, por dificultades sectoriales o por cuestiones demográficas asociadas a la edad de los trabajadores.

Quince países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lograron en enero tasas de inflación iguales o inferiores al 2%, lo que supone un avance frente a los nueve países que registraron esta cifra en diciembre de 2025. Este incremento en el número de economías con baja inflación refleja la tendencia a la moderación de los precios en el grupo de las principales economías avanzadas, situación reportada por la OCDE y que marca un cambio respecto al periodo de alta inflación que siguió a la pandemia.

Según informó la OCDE, la tasa interanual de inflación de sus países miembros se ubicó en enero en 3,3%, disminuyendo tres décimas respecto al dato previo y registrando así el nivel más bajo desde abril de 2021. Este descenso obedece, en gran medida, a la caída en los precios de la energía y a la desaceleración en la subida de los alimentos. El organismo detalló que, aunque la inflación general presenta una baja significativa, la comparación con los niveles de precios previos a la pandemia evidencia una acumulación del 35,6% en el aumento de los precios desde diciembre de 2019.

En lo que respecta a los alimentos, el análisis de la OCDE indica que su encarecimiento interanual se suavizó en enero, pasando de 3,9% en diciembre de 2025 a 3,7% al comenzar el año. Este alivio contribuye a la reducción de la presión sobre los consumidores en muchos países miembros. Por otro lado, los precios de la energía experimentaron una disminución del 0,6%, contrastando con el incremento del 1,5% registrado el mes anterior; este resultado representa la primera caída en este componente desde mayo del año pasado, según consignó la organización.

Al aislar el efecto de los alimentos y la energía, que suelen ser componentes volátiles, la OCDE señaló que la inflación subyacente alcanzó en enero el 3,6%, una décima menos que el mes precedente. Esta reducción de la inflación subyacente ofrece una visión más clara del comportamiento de los precios estructurales en las economías desarrolladas, de acuerdo con lo publicado por el organismo internacional.

La revisión de los datos país por país muestra que, entre las 35 economías con estadísticas disponibles, la inflación general redujo sus niveles en 22 países, permaneció estable o casi sin variaciones en otros ocho y solo aumentó en cinco casos. Esta distribución evidencia que la tendencia generalizada al descenso de la inflación se extiende por la mayoría de las economías miembros, conforme señalan los datos publicados por la OCDE.

Estas cifras se producen en un contexto en el que los efectos del impacto económico derivado de la pandemia de Covid-19 todavía se reflejan en la evolución de los precios. Según la OCDE, pese a la reciente moderación, el acumulado desde finales de 2019 implica que los precios en las economías de la organización son, en conjunto, sensiblemente superiores a los niveles previos a la crisis sanitaria, confirmando la persistencia de cambios en los patrones de oferta y demanda globales.

La evolución hacia una mayor cantidad de países con inflación por debajo del 2% sugiere, según reportó la OCDE, que las políticas monetarias implementadas en estos territorios apuntan a una estabilización del crecimiento de los precios, aunque la heterogeneidad entre países señala diferencias en los ritmos y las estrategias aplicadas frente a la inflación.

El seguimiento de los precios de la energía, los alimentos y la inflación subyacente continuará siendo relevante para el análisis económico internacional, pues estos componentes determinan tanto la capacidad de consumo de los hogares como las decisiones de política económica en los próximos meses, de acuerdo con la evaluación de la OCDE.

Colombia se convirtió en uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) con mayor aumento en los precios de la vivienda durante la última década, al registrar una subida del 53% desde 2015, según cifras del organismo. El incremento de los arriendos también supera al promedio de la región y afecta de manera considerable a los hogares de menores ingresos.

Y es que en los últimos diez años, los precios de la vivienda y los arriendos en Colombia aumentaron de gran manera por factores como una oferta insuficiente, restricciones urbanas, encarecimiento de materiales y nuevas regulaciones. Esto obligó a millones de familias a destinar una parte creciente de los ingresos mensuales al pago de vivienda y arriendo, lo que reduce la capacidad de cubrir otras necesidades básicas y amplía las brechas de desigualdad.

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El índice de la Ocde sitúa a Colombia como el sexto miembro del bloque con mayor encarecimiento en el valor de la vivienda desde 2015, con un índice de 153. El dato supone un alza del 53% respecto a ese año. Además, el índice de precio de arriendo alcanza 149,9, es decir, un incremento del 49,9% en la misma década. El país supera así a economías como Canadá, Alemania o Reino Unido en el aumento acumulado.

Factores que explican el aumento de los precios de la vivienda

Asimismo, el alza de los precios responde a una combinación de causas estructurales. La profesora de la Universidad del Rosario Clara Inés Pardo explicó que el crecimiento de la demanda, impulsado por la urbanización y el aumento de hogares unipersonales o familias más pequeñas, rebasó la capacidad de respuesta de la oferta formal de vivienda.

En grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, la presión sobre la oferta se agrava por restricciones de suelo, licencias y desafíos en la planificación urbana. Dichas condiciones ralentizan la construcción de nuevos proyectos y generan una brecha cada vez mayor entre demanda y oferta de vivienda, detalló Pardo.

Además, políticas de subsidios y el acceso extendido al crédito estimularon la demanda. Programas como Mi Casa Ya y subsidios a tasas de interés facilitaron la obtención de créditos hipotecarios, sobre todo durante años de tasas bajas. “Durante años de tasas relativamente bajas, el crédito hipotecario se expandió con fuerza, lo que impulsó la compra de vivienda y aumentó la presión de demanda, sin que la oferta creciera al mismo ritmo”, señaló la profesora a El Colombiano.

La etapa posterior a la pandemia también incidió al encarecer los materiales de construcción como el acero y el cemento, junto con el aumento de los costos del suelo urbano. Estos factores elevaron directamente el valor final de las viviendas, según ambos medios.

Contracción del sector y políticas regulatorias

Se debe tener en cuenta que el sector de la construcción enfrenta su ciclo más negativo en más de dos años, con diez trimestres de caída consecutiva y una contracción del 6,5% en el último trimestre de 2025.

La concejal de Bogotá Sandra Forero, expresidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), indicó a Portafolio que la oferta formal de vivienda acumula 21 meses seguidos de reducción, lo que refuerza la presión sobre los precios y complica el acceso a opciones habitacionales formales.

Forero advirtió que la contracción no solo responde a factores económicos sino también regulatorios. Una de las propuestas más debatidas es la de fijar el tope de precio para la vivienda de interés social en 135 salarios mínimos ($270.000.000), en vez de los 150 ($300.000.000) actuales para ciudades con mayores costos de suelo como Bogotá. Esto limitaría la capacidad constructiva y la disponibilidad de nuevas unidades, según explicó.

Según ella, el Ministerio de Vivienda insiste en regulaciones que dificultan el desarrollo de vivienda social formal en las principales ciudades.

Dentro de los cambios analizados, la propuesta de establecer precios en pesos desde el lanzamiento de los proyectos podría llevar a incrementos automáticos hasta los máximos permitidos, lo que reduce la diversidad de opciones y el margen de maniobra para los constructores.

La protección social se convirtió en uno de los indicadores más reveladores para entender cómo los Estados priorizan el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, las diferencias entre economías desarrolladas y emergentes siguen siendo amplias, especialmente cuando se analiza cuánto destinan los gobiernos a este tipo de políticas.

Un reciente análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) muestra que el gasto social público promedio entre los países miembros del organismo ronda el 21% del producto interno bruto (PIB). Aunque esa cifra sirve como referencia general, el panorama es bastante desigual, algunos países superan con creces ese nivel, mientras otros permanecen muy por debajo.

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En Colombia, el gasto público destinado a protección social representa cerca del 14% del producto interno bruto (PIB), una cifra que, aunque significativa dentro del presupuesto nacional, todavía se mantiene por debajo del promedio de los países de la Ocde. Según los datos más recientes del organismo, el promedio entre sus miembros ronda el 21% del PIB.

La diferencia refleja una brecha importante frente a las economías más desarrolladas, donde los sistemas de bienestar tuvieron décadas de consolidación. En el caso colombiano, el gasto social incluye programas de transferencias, servicios públicos y beneficios fiscales dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables, como adultos mayores, hogares de bajos ingresos y personas desempleadas.

Dentro de esa estructura, dos áreas concentran la mayor parte de los recursos, las pensiones y los servicios de salud. De acuerdo con la Ocde, estos rubros representan cerca de dos tercios del gasto social en los países miembros, lo que explica su peso dentro de las finanzas públicas y su importancia en el diseño de las políticas sociales.

El contraste se vuelve más evidente cuando se compara a Colombia con los países que lideran el ranking de gasto social. Varias economías europeas se ubican en la parte más alta de la clasificación con niveles que superan ampliamente el promedio del organismo.

Austria, Finlandia y Francia encabezan la lista con niveles de gasto cercanos o incluso superiores al 30% del PIB. En estos países, el apoyo estatal a través de pensiones, servicios de salud y otros programas sociales constituye uno de los pilares centrales del presupuesto público.

Detrás de ellos aparecen economías como Alemania, Italia y España, donde el gasto en protección social también ocupa una proporción considerable de las finanzas públicas. Estos sistemas reflejan décadas de desarrollo institucional orientado a fortalecer los llamados Estados de bienestar.

En América Latina, el panorama es distinto. Varios países de la región registran niveles de gasto social menores, lo que evidencia las diferencias estructurales frente a las economías avanzadas.

Además de Colombia, países como Chile, Costa Rica y México también aparecen en la parte baja de la clasificación. En algunos casos, el gasto social no supera el 12% del PIB, lo que limita el alcance de los programas de protección social.

Las brechas no solo responden al nivel de desarrollo económico, sino también a la forma en que cada país ha construido su sistema de bienestar. En economías con mayor capacidad fiscal, los gobiernos cuentan con más margen para financiar programas amplios de pensiones, salud y transferencias sociales.

En Colombia, el reto consiste en ampliar la cobertura de estos programas mientras se mantiene la sostenibilidad de las finanzas públicas. La presión sobre el gasto social tiende a crecer en la medida en que aumentan las demandas ciudadanas por mejores servicios públicos y mayor protección frente a los riesgos económicos.

Este desafío se vuelve aún más relevante ante los cambios demográficos que empiezan a observarse en varios países. A medida que la población envejece, los sistemas de pensiones y salud enfrentan mayores exigencias presupuestales, lo que obliga a los gobiernos a replantear la forma en que financian estas políticas.

Para economías emergentes como la colombiana, encontrar ese equilibrio es una tarea compleja. El objetivo es avanzar hacia sistemas de protección social más amplios y efectivos sin comprometer la estabilidad fiscal. En ese contexto, la comparación internacional funciona como una referencia útil. Los datos de la Ocde permiten dimensionar la distancia que aún existe frente a los países con Estados de bienestar más robustos, pero también ofrecen un marco para evaluar el progreso de las políticas sociales.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, Yayo Sanz Lovatón, anunció este martes que el país podrá producir y exportar semiconductores antes de 2028. El objetivo es consolidar a la República Dominicana como un actor en la transformación de la industria tecnológica global y en el fenómeno de nearshoring, una estrategia que consiste en trasladar segmentos de la producción a ubicaciones cercanas para aprovechar ventajas logísticas, comerciales y de talento.

Este paso en la matriz productiva nacional refleja el interés por convertir al país en un polo de inversión para la manufactura avanzada, según explicó el funcionario al presentar el informe técnico "Análisis del entorno propicio para las industrias de semiconductores y microelectrónica en República Dominicana", de acuerdo con información en el portal oficial del gobierno, Presidencia.gob.do.

Durante la presentación, Sanz Lovatón señaló que desde el ministerio han identificado el desarrollo de los semiconductores como relevante para la economía y vinculado a la innovación y competitividad. El informe, elaborado conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional, respalda esta orientación y señala que el país busca diversificar su economía, sustentándose en su estabilidad política, incentivos al sector industrial y posición estratégica en el continente americano.

El impulso estatal y los retos hasta 2028

En el lanzamiento del informe, el secretario general adjunto de la OCDE, Yasushi Masaki, explicó que la entrada de República Dominicana al sector responde a una hoja de ruta orientada a escalar el modelo productivo nacional. En palabras de Masaki: “La OCDE ve en este salto hacia los semiconductores una oportunidad cuyo éxito dependerá de transformar la proximidad geográfica en una ventaja competitiva basada en estándares internacionales, transparencia operativa y una integración profunda en las cadenas globales de valor”.

Guy Lalanne, jefe interino de la División de Productividad, Innovación y Emprendimiento de la OCDE, expuso que el estudio profundiza en las oportunidades, los desafíos y las políticas para impulsar el sector de semiconductores y microelectrónica en el país, a partir de pruebas cuantitativas y cualitativas. Detectó fortalezas como una base manufacturera consolidada, incentivos en el régimen de zonas francas, estabilidad política e instituciones democráticas, infraestructura de transporte adecuada y la cercanía a importantes mercados de exportación en el continente americano.

El informe de la OCDE recomienda cinco ejes de mejora para potenciar el desarrollo del sector: fortalecer el marco institucional para políticas sobre semiconductores; capitalizar el régimen de zonas francas; perfeccionar el entorno empresarial para la microelectrónica; desarrollar un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación; y optimizar la infraestructura de electricidad y agua.

Estrategias de colaboración y voces del sector

Sanz Lovatón remarcó que la producción de semiconductores se enmarca en una política pública transversal y deja de ser una iniciativa aislada: “República Dominicana abraza la tecnología, abraza el futuro como lo hicimos con industrias que hoy son referentes en nuestro país, como las zonas francas, el tabaco, el cacao y el azúcar”.

El panel central, titulado Aprovechar el entorno empresarial y el ecosistema de innovación de la República Dominicana para desarrollar las industrias de semiconductores y microelectrónica, reunió a figuras relevantes del sector, entre ellas Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y del Consejo de ZFLA; Arturo del Villar, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec); y María Waleska álvarez, CEO de NAP del Caribe. La moderación estuvo a cargo de Federico Cuello Camilo, embajador y coordinador ante la OCDE.

Asistieron al encuentro representantes de alto nivel, como Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Celso Juan Marranzini, presidente del Conep; Daniel Liranzo, director del CNZFE; los viceministros del MICM, Johannes Kelnner, Gianna Franjul y Jorge Morales; además del empresario Samuel Conde.

La estrategia nacional de impulso al sector tecnológico

La presentación del informe se inserta en la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), establecida mediante el Decreto presidencial 324-24. Esta hoja de ruta implica una diferencia clave respecto de estrategias previas: introduce un enfoque sectorial específico y una coordinación transversal entre organismos públicos y actores privados del sector tecnológico y productivo. Expertos y funcionarios coinciden en que la proyección para dos mil veintiocho de producir y exportar semiconductores representa un potencial de transformación profunda para el perfil industrial de República Dominicana y refuerza su atractivo como destino en inversión tecnológica y manufactura avanzada.

El senador Fernando Martínez Maíllo afirmó que Plus Ultra no habría podido acceder al rescate público por su situación previa de insolvencia y por no ser considerada empresa estratégica, hecho al que además suma el capital venezolano presente en su estructura. Según publicó Europa Press, el parlamentario sostiene que el pago de 500.000 euros que la aerolínea abonó a la empresa Análisis Relevante, y que luego coincide en cuantía y fechas con los honorarios recibidos por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dispara numerosas dudas sobre la legalidad del proceso y la existencia de un posible entramado financiero.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Maíllo, senador del Partido Popular, expuso en una entrevista en Cuatro que la empresa Análisis Relevante cumple “todos los criterios” definidos por la OCDE para identificar una sociedad interpuesta en casos de corrupción. El senador remarcó que esos criterios permiten establecer indicios cuando se sospecha de la utilización de una entidad mediadora como instrumento para ocultar operaciones irregulares. Maíllo explicó que Análisis Relevante fue constituida en febrero de 2020 y que, tras el rescate de Plus Ultra, esta sociedad solo presenta un ingreso significativo y dos proveedores registrados: el propio expresidente Zapatero y la firma de sus hijas.

El medio Europa Press detalló que Maíllo detecta numerosas coincidencias entre las cantidades transferidas: la empresa rescatada habría pagado exactamente 500.000 euros a Análisis Relevante, que a su vez habría traspasado la misma suma a Zapatero bajo el concepto de informes. El exjefe de Gobierno defendió ayer en sede de la Comisión Koldo que cobraba 70.000 euros anuales de la compañía perteneciente a un amigo personal, justificando esos honorarios por la elaboración de informes. Sin embargo, Maíllo puntualizó en la entrevista que la sociedad carece de empleados, no tiene gastos habituales en viajes, material de oficina o alquiler, y apenas documenta actividad salvo los mencionados movimientos y pagos principales.

Martínez Maíllo expuso, según consignó Europa Press, que el esquema detectado sugiere la existencia de facturas infladas, supuestos trabajos de consultoría global que no se ejecutaron y otros indicios relacionados con posibles sociedades pantalla. El senador acusó además falta de justificación en la resolución gubernamental que autorizó el rescate de la aerolínea, subrayando que, según declaraciones públicas, tanto el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como su asesor Koldo García —actualmente en prisión—, reconocieron que existió presión política para autorizar la operación, presión que Zapatero negó bajo juramento ante la Comisión investigadora.

Durante la entrevista recogida por Europa Press, Maíllo sostuvo que el hecho de que la empresa que realizó el pago a Zapatero solo tenga como proveedores a su familia y a él mismo representa un patrón típico de sociedad instrumental. A pesar de la insistencia del entrevistador, el senador no precisó si considera que Zapatero debería terminar como acusado ante la justicia, reiterando que su papel es identificar y exponer los indicios de posible irregularidad detectados en los documentos mercantiles accesibles.

El senador del PP añadió, según el propio medio, que, tras conocerse el caso, surgió la versión de que los informes que justificaron los pagos fueron realizados por una tercera persona, concretamente Sergio Sánchez, profesional que actualmente trabaja en Telefónica y que habría recibido 18.000 euros por tales informes. Zapatero defendió ante la comisión que los informes se realizaron “a medias” y que también existieron informes orales, planteamiento que Maíllo cuestionó abiertamente al preguntar: “¿Quién maqueta informes orales?”, ironizando también sobre el papel de la empresa de las hijas del expresidente, a quienes se atribuyó la labor de márketing.

De acuerdo con la información de Europa Press, Maíllo aseguró en la Comisión Koldo que el contenido conocido de los informes, tras pasar un análisis por inteligencia artificial, arroja que se trataría de material copiado directamente de fuentes disponibles en Internet, específicamente de textos de la Organización Mundial de la Salud. El senador sostuvo que estos textos no justifican el volumen de ingresos percibido por Zapatero, argumentando: “No lo hace ni un becario, ni una empresa. Es que son datos clarísimos”.

Según las declaraciones recogidas por Europa Press, Maíllo reiteró que no está acusando directamente a Zapatero de un delito, pero sí se refirió constantemente a “indicios claros, clarísimos” que, en su criterio, deberían ser puestos en conocimiento y valoración por la autoridad judicial. Recordó además su propia experiencia como doctor en derecho y una década de ejercicio profesional en la abogacía, destacando que corresponde a los tribunales determinar si se produjo alguna conducta ilícita.

A lo largo de sus intervenciones, Maíllo hizo énfasis en que la configuración empresarial, los flujos financieros entre Plus Ultra, Análisis Relevante y Zapatero, junto a la falta de documentación suficiente sobre los servicios supuestamente prestados, configuran un marco que, a su juicio, encuadra en los patrones estudiados por la OCDE para la detección de sociedades pantalla activas en procesos donde caben sospechas de corrupción. Reiteró que la ausencia de empleados, la falta de gastos operativos y la limitación de proveedores agregan elementos que refuerzan la tesis de que la entidad que gestionó los pagos al expresidente funcionaría como intermediaria.

Según reportó Europa Press, el contexto de la comparecencia de Zapatero en la Comisión Koldo estuvo también marcado por la negativa del expresidente a aceptar la existencia de presiones políticas o la comisión de irregularidades en la gestión del rescate de Plus Ultra, frente a las afirmaciones sobre la implicación de miembros del anterior Gobierno. Maíllo, por su parte, insistió en la necesidad de que se aclare la naturaleza real de los informes y la legitimidad de los honorarios percibidos.

A lo largo del procedimiento y en sus declaraciones públicas, Maíllo mantuvo que la trasparencia y la documentación justificativa de los informes supuestamente realizados por Zapatero no han sido aportadas en su integridad. El senador remató que el caso quedará en manos de los jueces después de la exposición pública de los datos e indicios obtenidos por la vía parlamentaria y ante el registro mercantil, según remarcó Europa Press.

Los sistemas de pensiones respaldados por activos son fundamentales para garantizar ingresos adecuados en la vejez, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos mecanismos, que utilizan inversiones en acciones, bonos y bienes raíces, permiten diversificar riesgos y mejorar la estabilidad financiera durante la jubilación.

Las pensiones respaldadas por activos, apoyadas tanto por organismos internacionales como por marcos regulatorios nacionales, ofrecen una vía para proteger el bienestar de las personas mayores frente al aumento de la edad promedio de la población mundial. Su desarrollo depende de normativas, cooperación multisectorial y la coordinación entre los sectores público y privado para afrontar los desafíos del envejecimiento demográfico.

La OCDE sostiene que los sistemas de pensiones respaldados por activos desempeñan un papel clave para proporcionar ingresos adecuados después de la jubilación. Estas estructuras requieren inversiones diversificadas y regulaciones que aseguren su sostenibilidad a largo plazo.

La organización recopila datos comparables entre países, elabora directrices y desarrolla análisis técnicos que orientan a autoridades y actores privados en la mejora de los sistemas de pensiones. Cada nación debe adaptar estos modelos a sus condiciones demográficas y económicas particulares.

Directrices internacionales para sistemas de pensiones

El apego a las normas internacionales es clave para el fortalecimiento de los sistemas previsionales. La OCDE publica lineamientos que evalúan la eficacia de las pensiones respaldadas por activos y emite recomendaciones periódicas para optimizar su funcionamiento.

Por su parte, Naciones Unidas, a través de la División para el Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UN DESA), promueve marcos y orientaciones de política social. No establece regulaciones obligatorias, sino que impulsa guías para su incorporación en esquemas estatales y privados, integrando el envejecimiento en la agenda de desarrollo sostenible.

Respuestas globales al envejecimiento poblacional

El Plan Internacional de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptado en 2002, marcó un punto de inflexión en la forma en que la comunidad internacional aborda la longevidad y la inclusión de las personas mayores.

La labor de Naciones Unidas se articula en tres prioridades: el desarrollo de personas mayores, la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de entornos favorables.

Estas acciones buscan facilitar y promover dichas prioridades para asegurar condiciones dignas y la participación activa de la población mayor. Se respalda la colaboración internacional apoyando la emisión de recomendaciones y marcos de acción en protección social.

Cooperación para la protección de las personas mayores

La movilización conjunta de la sociedad civil y el sector privado es esencial para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Naciones Unidas fomenta el diálogo entre organizaciones no gubernamentales y empresas, impulsando la responsabilidad compartida en el desarrollo y seguimiento de políticas de protección y bienestar.

Esta cooperación abarca el intercambio de información y buenas prácticas, adaptando soluciones a los contextos nacionales, regionales y locales. El sector civil y el privado participan activamente en la promoción de modelos inclusivos y sostenibles.

Reforzar los sistemas de pensiones respaldados por activos y coordinar políticas internacionales permite avanzar hacia comunidades que valoren, resguarden y defiendan los derechos de las personas mayores en una sociedad global que envejece.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en La Mañanera que la Reforma Laboral que establece la reducción de la semana laboral a 40 horas se publicará este martes en el Diario Oficial de la Federación. La mandataria informó que la modificación constitucional recibió el respaldo unánime tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, cumpliendo así el compromiso número 60 de los 100 objetivos planteados para el llamado “segundo piso de la transformación”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional subrayó que la nueva normativa busca “reducir la fatiga y los accidentes laborales mediante un mayor descanso, mejorando la salud, la seguridad y el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores”. El cambio responde a recomendaciones internacionales como el Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1935 y la Recomendación 116 de 1962, que orientan a los países a adoptar jornadas semanales de 40 horas sin disminución salarial y con diálogo social.

La reforma se elaboró tras un proceso de diálogo amplio entre representantes empresariales, sindicales, académicos y trabajadores. De acuerdo con lo expuesto, más de 40 mesas de trabajo reunieron a dos mil expertos para analizar la viabilidad y el impacto de la medida. Esta metodología, explicó la presidenta, permitió que el consenso alcanzara todos los sectores involucrados.

México avanza para saldar su rezago histórico en jornadas laborales frente a la OCDE

La administración federal destacó que la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya implementa jornadas de 40 horas desde hace décadas. México, en cambio, mantenía una deuda histórica en esta materia, pues un porcentaje considerable de su fuerza laboral labora más de ese límite semanal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, actualmente el 36,1% de las personas trabajadoras en el país ya cumple con jornadas de 40 horas o menos, mientras que el 63,9% labora más de ese tiempo, especialmente en rangos de 41 a 48 horas semanales o incluso más.

Un avance constitucional y regulatorio

La reforma establece la jornada semanal de 40 horas a nivel constitucional para garantizar el derecho al descanso de las personas trabajadoras. El texto aprobado prohíbe la reducción de sueldos, salarios o prestaciones y, por primera vez, prevé la prohibición de horas extras para menores de edad, en sintonía con los convenios internacionales que México ya ha suscrito.

La reducción de la jornada será gradual: a partir de 2027 se reducirá a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y en 2030 se llegará a las 40 horas semanales. El esquema mantiene la jornada diaria de 8 horas, asegurando dos días de descanso para quienes laboran bajo este régimen, y promueve un reparto más equitativo del tiempo de trabajo.

Regulación de los descansos

La nueva legislación contempla la regulación de los descansos obligatorios, alineándose con la práctica internacional que fija un mínimo de 24 horas continuas de reposo. Las autoridades federales señalaron que el objetivo es extender los beneficios de la reducción de jornada a todos los trabajadores, garantizando que no haya disminución de sueldo y que el proceso se realice de manera gradual como parte de una política laboral de Estado.

Regulación de horas extraordinarias y protección de ingresos

La nueva legislación regula los descansos obligatorios y alinea la normativa nacional con la práctica internacional. Las horas extraordinarias serán voluntarias y no podrán exceder de cuatro horas triples. El pago de la hora extra se mantiene en 200%, así como la prima dominical y el pago por trabajo en días festivos.

El valor de la hora de trabajo aumentará para quienes conserven el mismo salario mensual y quienes recurran a horas extras podrían incrementar su ingreso hasta un 32%, según los nuevos límites.

Publicación en el Diario Oficial

La autoridad laboral establecerá un registro electrónico obligatorio para monitorear el cumplimiento de la nueva jornada legal. Tras la publicación en el Diario Oficial y la aprobación mayoritaria de los congresos estatales, se armonizará la Ley Federal del Trabajo con la Constitución, consolidando el nuevo esquema de 40 horas semanales en toda la normativa laboral mexicana.

A pesar de los avances en a falta de un sistema de cuidados suficiente y accesible sigue impidiendo que muchas mujeres mexicanas consigan empleos formales, según el informe Economic Surveys: Mexico 2026, que publicó esta semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe más reciente, revisado por Infobae, muestra que las tareas de cuidado, tanto de niñas y niños como de personas mayores, recaen principalmente en las mujeres y afectan su desarrollo profesional.

De acuerdo con la OCDE, las mujeres dedican en promedio cerca de 40 horas por semana a trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el doble que los hombres.

Esta situación las lleva a aceptar trabajos informales o a salir del mercado laboral formal, pues la falta de servicios de cuidado infantil asequibles y la insuficiencia de opciones para el cuidado de personas mayores limitan sus alternativas.

Solo el 5% de los niños menores de tres años accede a educación o cuidado temprano, un nivel muy por debajo del promedio en los países miembros del organismo.

El informe señala que la estructura de los horarios escolares tampoco ayuda: las escuelas primarias públicas en México suelen operar solo unas pocas horas al día y la falta de servicios de cuidado después del horario escolar obliga a las madres a depender de familiares o a dejar sus empleos.

Según la OCDE, países con jornada escolar extendida reportan mayor participación de mujeres en el trabajo formal. Datos del programa de Escuelas de Tiempo Completo en México muestran que alargar la jornada escolar aumentó en más de cinco puntos porcentuales el empleo de madres.

La OCDE recomienda crear una red federal de servicios de cuidado infantil y educación inicial financiada con recursos públicos.

Esta red debería dar prioridad a familias de bajos ingresos y cubrir tanto a quienes trabajan en la economía formal como a quienes lo hacen en la informalidad.

El organismo calcula que lograr cobertura universal para niñas y niños menores de seis años costaría alrededor del 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), el doble del gasto actual.

La falta de servicios de cuidado para personas mayores también representa un obstáculo.

El informe estima que ofrecer atención a dos millones de personas mayores dependientes requeriría un gasto anual de 0.5% del PIB y podría generar hasta 800 mil empleos formales.

Además, la OCDE subraya que la profesionalización de quienes cuidan, mediante educación dual y certificación de competencias, es necesaria para asegurar la calidad del sistema.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que amplíe la cobertura y mejore la calidad de los servicios, con atención especial a las familias en situación de informalidad.

El informe también destaca que aumentar la presencia de mujeres en carreras científicas, tecnológicas y técnicas (STEM) contribuye a reducir la informalidad laboral femenina.

De acuerdo con la OCDE, la reducción de la informalidad femenina en México depende de inversiones en políticas públicas de cuidados, tanto para la infancia como para las personas mayores, y de un esfuerzo coordinado para profesionalizar y ampliar estos servicios.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su Estudio Económico de México 2026, en el cual advirtió que el crecimiento del país será limitado y existe una urgencia por impulsar reformas estructurales.

El informe detalla que tras dos décadas de bajo avance económico y de productividad, el entorno internacional y los cambios en las reglas comerciales con Estados Unidos exigen una nueva agenda de transformación.

La OCDE estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá solo 1.4% en 2026 y 1.7% en 2027, niveles considerados bajos respecto a economías similares.

Señaló que aunque la inflación comienza a descender, permanece por arriba del objetivo del Banco Central. El panorama internacional sigue marcado por incertidumbre, especialmente por la política comercial estadounidense, lo que afecta las exportaciones mexicanas.

En el ámbito fiscal, la organización internacional destaca que el déficit público subió en 2024 a 5% del PIB, el mayor en 35 años, debido a un aumento en el gasto electoral, pensiones no contributivas, proyectos emblemáticos y el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno inició en 2025 una consolidación fiscal que busca reducir el déficit a 3% en 2027, aunque hasta ahora los recortes han recaído principalmente en la inversión pública, con impacto en sectores como educación, salud y digitalización.

Uno de los riesgos estructurales identificados es la alta dependencia de México respecto a Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino ese país, lo que deja a la economía expuesta ante cambios regulatorios.

El endurecimiento de las reglas de origen y la burocracia aduanera han afectado a sectores como tecnología de punta y parte del automotor, que ahora enfrentan aranceles de hasta 25% si no certifican su origen regional.

El informe subrayó que cerca del 90% de las exportaciones utilizan el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pero la falta de una plataforma digital unificada para la certificación de origen dificulta la operación de pequeñas y medianas empresas mexicanas.

La OCDE recomendó modernizar el sistema de certificados de origen y avanzar hacia una plataforma trilateral digital con Estados Unidos y Canadá, lo que podría reducir costos y mantener la competitividad.

Expresa también preocupación por los aranceles de hasta 50% que México impuso en 2026 a importaciones de países sin acuerdo comercial, como China o India, por su posible impacto en la inflación.

En cuanto a recaudación, la organización es clara: México tiene el nivel más bajo de ingresos tributarios entre los países miembros, con solo 18.3% del PIB.

Adviertió que la capacidad de recaudar más recursos sin reformas es limitada, incluso con mayores controles aduaneros.

Asimismo, propone ampliar la base del IVA, fortalecer el impuesto inmobiliario con un catastro digital, mejorar la recaudación vehicular y ambiental, y revisar los impuestos a combustibles fósiles y alcohol. Según el estudio, estas medidas podrían aumentar los ingresos en 4.8 puntos del PIB.

El informe también alerta sobre la alta informalidad laboral, que alcanza el 55%, y la baja calidad en la formación educativa, especialmente en matemáticas, ciencia, inglés y habilidades digitales.

Propone ampliar la cobertura y calidad en educación inicial, promover formación dual y fortalecer la cooperación entre escuelas y empresas.

En perspectiva de género, la falta de servicios de cuidado infantil y de adultos mayores limita la participación de las mujeres en empleos formales.

En el ámbito ambiental, México se comprometió a la carbono-neutralidad en 2050, aunque el sector eléctrico sigue dominado por energías fósiles, con solo 24% de energías limpias en 2024.

La OCDE subraya la necesidad de recuperar un marco regulatorio estable para atraer inversión privada en renovables y modernizar la red de transmisión eléctrica.

En materia digital, la velocidad de conexión y la cobertura 5G están rezagadas frente a la media de la organización, lo que limita la adopción de nuevas tecnologías en empresas, especialmente pymes.

La desaparición del regulador autónomo de telecomunicaciones y el alto costo del espectro dificultan la expansión de redes y afectan la competitividad.

El informe concluye que si México logra mejorar el empleo femenino, el Estado de Derecho, la educación y la digitalización, el PIB per cápita podría aumentar hasta 43% en treinta años.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció a través de sus redes sociales, el encuentro entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien se encuentra de visita en tierras mexicanas.

Durante la reunión, se destacó el liderazgo nacional e internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como los avances que México ha logrado en la reducción de la desigualdad. Se mencionó la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza y el aumento de más de 250 % en los salarios mínimos. También se resaltó la fortaleza de la economía mexicana y la creciente participación de las mujeres en los ámbitos financieros, políticos y sociales del país.

Los participantes subrayaron la creación, durante la presente administración, de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la conformación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estas instituciones representan una apuesta por el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas. Asimismo, se abordó la importancia de la cooperación internacional en la materia.

Presentación del Estudio Económico de México 2026

El secretario general Mathias Cormann presentará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Estudio Económico de México 2026, con el objetivo de ofrecer un análisis detallado sobre el estado y las perspectivas de la economía nacional.

Por su parte, el secretario De la Fuente destacó la relevancia de fortalecer el multilateralismo y la colaboración con organismos internacionales. En este sentido, la visita del funcionario a México contribuye a estrechar la relación entre el país y las labores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la reunión estuvieron presentes la canciller Alejandra del Moral, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Sybel Galván, embajadora y representante permanente de México ante la OCDE; y Roberto de León, jefe de Oficina del C. Secretario. Por parte de la OCDE, participaron Luiz de Mello, director de Estudios Económicos de Países; Silvia da Rin Pagnetto, directora del Consejo y Comité Ejecutivo; y Mario López Roldán, director del Centro OCDE para América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro, se enfatizó la importancia de mantener el diálogo y la colaboración entre México y la OCDE para enfrentar los retos globales y aprovechar las oportunidades en materia de desarrollo económico, innovación y equidad social. El fortalecimiento de estas relaciones busca consolidar los avances logrados y continuar promoviendo el bienestar en el país.

La presentación del Estudio Económico de México 2026 reunió el 26 de febrero en la Ciudad de México a los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El secretario de Hacienda de México, Édgar Amador Zamora, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, encabezaron el evento en el que se destacó la estabilidad de la economía mexicana y la solidez de su sistema financiero.

Según la Secretaría de Hacienda, en la ceremonia se presentó de manera conjunta el estudio que analiza el desempeño económico del país y expone recomendaciones para fortalecer el crecimiento sostenible y el bienestar de la población.

Estabilidad macroeconómica y fortalezas financieras según el Estudio Económico de México 2026

El análisis de la OCDE, de acuerdo con el comunicado de Hacienda, subraya la estabilidad macroeconómica de México y la resiliencia que ha mostrado ante la incertidumbre comercial y financiera a nivel global. Se reconoce la fortaleza de las instituciones financieras mexicanas y la gestión responsable del ámbito fiscal.

Destaca el crecimiento de los ingresos laborales y los bajos niveles de desempleo han permitido mantener el dinamismo del consumo privado. El cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC ha facilitado que las exportaciones mexicanas mantengan su aportación al crecimiento económico.

Entre los pilares del estudio sobresale la agenda del Plan México, dirigida a aumentar el valor agregado nacional y disminuir las brechas de infraestructura. La OCDE hace énfasis en la importancia de fortalecer los encadenamientos productivos locales y avanzar en la digitalización, considerándolos clave para potenciar el crecimiento y reducir vulnerabilidades externas.

Durante el evento, el secretario Amador Zamora señaló la necesidad de priorizar la inversión en sectores estratégicos como salud, agua, energía, educación e infraestructura logística, especialmente en las regiones con mayores rezagos, a través de los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Sostenibilidad fiscal y reducción de pobreza en México

En materia fiscal, la OCDE destaca que la gestión de las finanzas públicas y la deuda ha sido coherente con metas orientadas a reducir de manera gradual el déficit fiscal y a estabilizar la deuda respecto del PIB. Se recalca la importancia de mantener un marco fiscal de mediano plazo que garantice la sostenibilidad de la deuda.

El estudio resalta la necesidad de preservar el espacio para la inversión pública estratégica y las prioridades sociales, buscando consolidar la salud financiera del Estado sin descuidar el desarrollo.

OCDE reconoce progresos notables en la reducción de la pobreza multidimensional y la pobreza extrema desde 2018. De acuerdo con datos del informe, el porcentaje de población en pobreza multidimensional bajó de 42% en 2018 a 30% en 2024. La pobreza extrema se redujo del 7% al 4% en el mismo periodo.

Estos avances se atribuyen al incremento del ingreso laboral real, el dinamismo del empleo formal y la ampliación de los programas sociales.

La transformación productiva del país se perfila como un eje estratégico en el estudio. Se destaca la necesidad de fortalecer la integración de México en cadenas globales y el desarrollo de sectores de alta tecnología, especialmente la industria manufacturera avanzada.

El impulso a la colaboración entre universidades, centros de investigación y sectores productivos apunta a elevar el contenido tecnológico de las exportaciones y consolidar ecosistemas de innovación. Además, la expansión de los servicios digitales abre nuevas vías para el crecimiento económico a mediano plazo.

Además, el documento de la OCDE señala la urgencia de ampliar la infraestructura energética y eliminar obstáculos para aprovechar el potencial mexicano en energías renovables y reforzar la seguridad energética. Se reafirma la meta nacional de alcanzar emisiones netas cero hacia 2050.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentó al Poder Ejecutivo de la República Dominicana el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, que busca actualizar y fortalecer el marco legal vigente en materia de defensa de la competencia. La entrega, encabezada por María Elena Vásquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, y acompañada por José Beltré, director de Promoción y Abogacía de la Competencia, tuvo lugar ante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, en la capital del país.

El documento propone modificar la Ley núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia con el objetivo de adaptarla a las condiciones actuales de los mercados nacionales e internacionales. Según ProCompetencia, la iniciativa responde a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que durante 2024 realizó un Examen Inter-Pares sobre la política de competencia dominicana.

Durante el acto de entrega, Subero Isa expresó su respaldo al proyecto y reafirmó su compromiso de impulsar la pieza para su aprobación en el Congreso Nacional. Afirmó que la República Dominicana necesita una legislación en sintonía con los estándares internacionales: “Trabajaremos para que el país cuente con una ley de competencia moderna”, sostuvo el funcionario, según declaraciones recogidas por la Presidencia de Rpública Dominicana.

El anteproyecto plantea un marco normativo moderno y técnicamente robusto, orientado a consolidar la seguridad jurídica, establecer reglas claras, agilizar procedimientos y fortalecer las garantías institucionales. Entre los cambios más relevantes se encuentra la introducción del control previo de concentraciones económicas, un mecanismo que no existe en la normativa actual y que alineará al país con las mejores prácticas internacionales.

De acuerdo con la presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, la reforma no solo persigue sancionar prácticas anticompetitivas, sino también “garantizar que la libertad empresarial sea un motor de crecimiento e innovación en nuestra economía”. La funcionaria subrayó que estos cambios se consideran una decisión estratégica del Estado dominicano para fortalecer la arquitectura regulatoria, abrir mercados y fomentar un crecimiento económico sostenible.

El proyecto también forma parte de las prioridades del programa gubernamental Meta RD 2036, que busca modernizar el entorno económico y consolidar la imagen del país como un destino confiable para la inversión nacional y extranjera. Según el documento, la reforma apunta a elevar los estándares institucionales y reducir incertidumbres, lo que podría incrementar la confianza de los inversores.

La propuesta legislativa constituye uno de los pasos clave en el proceso de adhesión de la República Dominicana a la OCDE, alineando la política local con las recomendaciones internacionales y avanzando en la consolidación de mercados más abiertos y competitivos. La reforma ha sido priorizada como una meta de corto plazo dentro de la agenda del Estado dominicano.

Entre las principales innovaciones del anteproyecto, destaca la previsión de mecanismos que permitan prevenir prácticas anticompetitivas, promover estructuras económicas más dinámicas y asegurar un mayor nivel de transparencia regulatoria. Expertos señalan que la aprobación de esta reforma colocaría al país en una mejor posición para enfrentar los retos de la economía global.

El informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca la alta dependencia de México respecto a la economía estadounidense, señalando que más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. En este contexto, las posibles modificaciones en las políticas comerciales de ese país pueden generar impactos significativos en sectores clave como la industria automotriz, debido a la profunda integración de ambas economías. Este nivel de exposición motiva recomendaciones específicas sobre la política fiscal mexicana, sumadas a los retos derivados de factores internos y externos que afronta el entorno económico nacional.

De acuerdo con el último ‘Estudio Económico de la OCDE sobre México’, publicado por el organismo internacional, se sugiere que el país adopte una estrategia de consolidación fiscal “constante y gradual” con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y reconstruir los márgenes fiscales tras registrar un déficit presupuestario del 5,7% del Producto Interno Bruto al cierre de 2024. Esta recomendación busca resguardar los recursos destinados a la inversión en áreas consideradas estratégicas, incrementar la eficacia presupuestaria y proteger el crecimiento ante eventuales desafíos económicos.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, expresó que México posee una sólida trayectoria en el mantenimiento de finanzas públicas responsables, si bien señaló la necesidad de continuar reforzando la consolidación fiscal y elevar la eficiencia del gasto público. Según detalló la OCDE, estas acciones resultan fundamentales para proteger el margen fiscal orientado a inversiones clave, entre las que mencionó la educación y la digitalización.

En concreto, el reporte del organismo aconseja al país mejorar la planeación y la priorización del gasto, así como establecer un marco fiscal de mediano plazo más robusto y adoptar un uso más sistemático de las revisiones de gasto. Estas medidas buscan optimizar tanto la asignación como la utilización de los recursos públicos, factores que la OCDE considera esenciales para avanzar hacia una sostenibilidad presupuestaria duradera.

Respecto a las proyecciones macroeconómicas, la organización ajustó sus previsiones para los próximos años, anticipando que el producto interno bruto de México aumentará un 0,7% en 2025, para después acelerarse hasta 1,4% en 2026 y 1,7% en 2027. En cuanto al comportamiento de los precios, la OCDE estima que la inflación bajará a 3,6% en 2026 y a 3,2% en 2027, ubicándose cerca de la meta central del banco central mexicano, Banxico, que mantiene un objetivo del 3%.

La OCDE también aborda la cuestión de los aranceles impuestos por Estados Unidos, situación relevante considerando la importancia del comercio exterior para México. Según reporta el organismo, tanto México como Canadá quedaron fuera del alcance del arancel global del 10% anunciado por el gobierno estadounidense, gracias a lo estipulado en el tratado comercial entre los tres países, conocido como T-MEC.

En el ámbito laboral, el informe subraya que la informalidad laboral se mantiene elevada, con poco más de la mitad de la población ocupada fuera del mercado formal. La OCDE sugiere que esta situación está estrechamente vinculada al bajo nivel educativo de parte de la fuerza laboral mexicana. Por ello, la organización recomienda intensificar el desarrollo de competencias y reforzar el vínculo entre la formación educativa y las necesidades del mercado de trabajo para reducir la informalidad y mejorar las oportunidades laborales.

De acuerdo con el estudio, el diseño de políticas públicas orientadas a perfeccionar la educación y vincularla a los sectores productivos facilitaría la inserción laboral formal y contribuiría a la modernización de la economía mexicana. Al mismo tiempo, una mejor focalización del gasto y la recaudación optimizada permitirían liberar recursos hacia inversiones cruciales, lo cual es visto por la OCDE como un factor clave para sostener el crecimiento económico a mediano y largo plazo.

El medio informa que, dentro del actual contexto internacional, las recomendaciones de la OCDE giran en torno a fortalecer la resiliencia económica de México mediante marcos fiscales robustos y una administración eficiente del presupuesto. Estas acciones, según detalla el estudio, ayudarían a afrontar los riesgos asociados tanto a los cambios en la economía global como a la evolución de las condiciones internas, asegurando que el país cuente con los recursos necesarios para enfrentar futuras contingencias económicas o financieras.

El stock de inversión de origen español supera actualmente los 278.000 millones de euros en Brasil, mientras que el comercio bilateral sobrepasó los 10.000 millones de euros en 2025, según detalló la Cámara de Comercio Brasil-España en el marco de un evento realizado en Madrid. Esta cifra refleja el papel destacado que ocupa el país sudamericano como destino de capital español, al tiempo que confirma la consolidación de su economía y la aparición de nuevos sectores atractivos para la inversión internacional.

De acuerdo con la información publicada por la Cámara de Comercio Brasil-España y la Fundación Consejo España-Brasil, la última edición del Seminario Brasil tuvo lugar en el auditorio de la Fundación Mapfre. El evento reunió a directivos empresariales, autoridades públicas y especialistas en análisis fiscal y económico, quienes evaluaron la etapa actual de consolidación macroeconómica que atraviesa Brasil a pesar de la volatilidad internacional. En este contexto, se señaló el crecimiento económico anual del 3,4% registrado en 2024 y la proyección de un avance del 2,1% para 2025, según datos expuestos por Daniel Fernandes, consejero económico de la embajada de Brasil en España.

Durante la jornada, María José Chaguaceda, analista de la unidad de Riesgo País y dirección de riesgo país y gestión de deuda de Cesce, apuntó la relevancia de los recursos naturales estratégicos brasileños en la transición energética y subrayó el peso del mercado interno nacional como motor de inversión. Chaguaceda señaló también los beneficios esperados del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, indicando que tiene el potencial de abrir el crecimiento a sectores más allá de los tradicionales para ambos bloques económicos. Sin embargo, la experta advirtió sobre ciertos riesgos vinculados a la fiscalidad local y a la etapa de normalización tras un periodo de subidas de los tipos de interés, que actualmente alcanzan el 15% en Brasil.

Según destacó el medio convocante, Brasil cerró 2025 con una tasa de inflación del 4,26%, una deuda externa estable en torno al 35% del Producto Interno Bruto y una tasa de desempleo del 5,1%. Estas cifras, expuestas durante el encuentro, respaldan la percepción de estabilidad macroeconómica y señalan el inicio de un ciclo de normalización tras un periodo de expansión considerable.

El director fiscal para Brasil & Hispam de Telefónica, Miguel Iglesias, abordó la transformación del sistema fiscal brasileño como un factor clave para las grandes empresas y las multinacionales. Iglesias recordó que Brasil ha avanzado en la modernización de su sistema tributario, migrando de una estructura basada en la tributación indirecta compleja hacia un modelo híbrido similar al IVA aplicado en el ámbito europeo. Según explicó el directivo, este proceso ofrece tanto desafíos operativos y financieros como oportunidades de inversión a largo plazo para los grupos empresariales internacionales. Iglesias subrayó además la intención de Brasil de integrarse en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de adecuarse progresivamente a los estándares fiscales internacionales, lo que refuerza su atractivo como destino para nuevos proyectos de inversión.

Durante el encuentro, se revisaron las reformas estructurales actualmente en marcha en Brasil y el desafío de traducir su estabilidad macroeconómica en niveles superiores de productividad y en un flujo de inversión sostenido en el tiempo. Trinidad Jiménez, presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España, hizo hincapié en el impacto positivo que podría tener la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur. Jiménez afirmó que el tratado “ofrece enormes oportunidades, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas”, señalando que “las empresas grandes ya estamos allí, ahora es el momento de aquellas que están pensando dónde expandirse”.

Tal como consignaron los organizadores del seminario, el escenario brasileño actual se caracteriza por la presentación de nuevos espacios de negocio ligados a la transición energética, la modernización fiscal y la orientación hacia estándares internacionales. Estos elementos fueron identificados durante el evento como las claves para quienes buscan expandir operaciones hacia Brasil o capitalizar las oportunidades que surgen en sectores emergentes, en un contexto marcado por la evolución de la agenda de reformas estructurales y el fortalecimiento del vínculo bilateral entre España y Brasil.

El análisis de los riesgos y oportunidades enfatizó que la robustez del mercado y la tendencia hacia una mayor apertura fiscal pueden atraer tanto a actores consolidados como a empresas que contemplen el inicio de su expansión internacional. Así, según informó la Cámara de Comercio Brasil-España, la expectativa para los próximos años es que el país continúe atrayendo inversiones, consolidando su papel como referencia económica y comercial en la región latinoamericana.

Lituania registró el mayor avance económico durante el cuarto trimestre de 2025 entre los países de la OCDE, con un incremento de su Producto Interno Bruto (PIB) del 1,7%, seguida de Polonia e Israel, ambos con crecimientos del 1%. Entre los países que también destacaron por su expansión están España, Portugal y México, que anotaron aumentos del 0,8%. Estos datos se inscriben en el contexto de una ralentización general de las economías más desarrolladas, ya que según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el crecimiento global del PIB de sus miembros fue del 0,3% en el cuarto trimestre del año, por debajo de los registros del trimestre previo.

De acuerdo con la OCDE, ese 0,3% representa la tasa de expansión más baja desde el segundo trimestre de 2024, ya que la variación trimestral se redujo en una décima respecto al periodo precedente. La cifra engloba la evolución de las 38 economías más avanzadas y refleja que, aunque en términos anuales se observó una aceleración del crecimiento promedio del 1,2% en 2024 al 1,7% en 2025, el cierre del año mostró síntomas de ralentización en la dinámica económica.

Según reportó el organismo internacional, la actividad económica se aceleró durante el último trimestre del año en diez naciones y permaneció estable en dos. Por el contrario, siete países experimentaron una desaceleración en su crecimiento y cinco anotaron una contracción económica. Entre los países con descensos en la actividad económica se encuentran Irlanda, donde el PIB retrocedió un 0,6%, y Corea del Sur y Noruega, ambos con caídas del 0,3%. Canadá también vio disminuir su economía en el periodo analizado, con un descenso del 0,1%, de acuerdo con el informe publicado por la OCDE.

El organismo detalló que, a la hora de recopilar la información para el reporte, los datos correspondientes a Estados Unidos para el cuarto trimestre de 2025 no estaban disponibles. Esta ausencia impidió realizar el cálculo de la evolución económica del conjunto del G7, grupo integrado por las siete mayores economías avanzadas.

El análisis anual realizado por la OCDE indicó una mejoría en el ritmo de crecimiento promedio respecto a ejercicios anteriores. Según consignó el medio, la tasa del 1,7% registrada para el año 2025 supera tanto el 1,2% de 2024 como el 1,1% de 2023, lo que sugiere una trayectoria de recuperación, a pesar de que el último trimestre arrojó señales de menor vigor.

La dispersión en los resultados entre países muestra que no todas las economías se comportaron de forma uniforme. Mientras algunas lograron impulsar su PIB, otras enfrentaron retrocesos. Lituania, Polonia e Israel encabezaron los avances entre los miembros de la OCDE, mientras que Irlanda, Corea del Sur, Noruega y Canadá se situaron entre aquellos que registraron caídas. España, Portugal y México se ubicaron también sobre la media, reflejando un desempeño económico positivo dentro del grupo.

La OCDE subrayó la importancia de estos resultados para comprender las tendencias actuales en la economía global, especialmente ante un panorama de incertidumbre y de recuperación parcial tras diversos retos económicos atravesados por los países desarrollados en años recientes. El informe permite establecer comparaciones entre el comportamiento de las diferentes naciones y el promedio del bloque, así como identificar aceleraciones, estancamientos y contracciones en el desarrollo económico de los países más avanzados.

La concentración del poder en el ámbito de la inteligencia artificial puede convertirse en un riesgo para la democracia y los derechos fundamentales, advirtió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su intervención en la cumbre de Impacto de la IA celebrada en Nueva Delhi. Según informó el medio, Sánchez recalcó la necesidad de democratizar el desarrollo y uso de la IA, alertando que el control de esta tecnología en manos de unos pocos actores representa un desafío para la igualdad y el bienestar social. En este contexto, destacó la relevancia de establecer marcos regulatorios internacionales que garanticen la supervisión y distribución equitativa de los avances tecnológicos.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo español defendió un modelo de inteligencia artificial centrado en el humanismo y en el respeto de los derechos, tal como publicó el medio. Sánchez expresó que la IA debe estar orientada a expandir la libertad humana, reforzar la democracia y proteger los derechos, en lugar de ponerlos en peligro. "El progreso sin ética no es progreso, y la innovación sin propósito no es liderazgo, es un fracaso", sostuvo el mandatario ante el foro, que estuvo presidido por el primer ministro indio Narendra Modi.

Durante la cumbre, Pedro Sánchez subrayó la importancia de un enfoque ético en el desarrollo de tecnologías emergentes y enfatizó los retos asociados a la inteligencia artificial en el mercado de trabajo. Según reportó el medio, el presidente alertó de los posibles efectos negativos de la IA sobre el empleo y el medio ambiente si no se establecen salvaguardas adecuadas. Añadió que España defiende una IA segura, transparente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En relación con la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar, Sánchez indicó que la tecnología debe sujetarse al cumplimiento de la ley y contribuir a la paz y a la seguridad internacional. De acuerdo con lo publicado, el presidente felicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la conformación de un Panel de Expertos en Inteligencia Artificial, cuya primera reunión tendrá lugar en España. Este órgano buscará establecer lineamientos internacionales que permitan afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades de la IA en diferentes sectores.

Sobre la gestión nacional, el presidente del Gobierno español detalló las medidas impulsadas para promover y regular la IA tanto en el sector público como en el privado, resultado de una estrategia que integra inversión pública continuada, cooperación a nivel europeo y una apuesta clara por la soberanía tecnológica. El medio indicó que Sánchez también señaló el reconocimiento de la OCDE a España por la aplicación de soluciones de IA en la administración pública, lo que ha permitido mejorar servicios, reducir burocracia y aumentar la eficiencia del Estado.

En torno a la concentración del poder en el sector tecnológico, Sánchez insistió en la necesidad de prevenir que la influencia y el control sobre la inteligencia artificial queden en manos de una minoría. Aunque no mencionó directamente a empresarios concretos durante su discurso, el medio recordó que el presidente ha mantenido puntos de fricción recientes con dueños de importantes empresas tecnológicas, entre ellos el propietario de X, Elon Musk.

El viaje oficial de Sánchez a la India incluyó encuentros con inversores locales y con representantes de empresas españolas especializadas en el área de la IA. Durante su visita, también se produjo una reunión bilateral con el primer ministro Narendra Modi, según detalló la fuente original, donde trataron temas vinculados a la cooperación tecnológica y las oportunidades para proyectos conjuntos entre ambos países en materia de inteligencia artificial y tecnología avanzada.

Sánchez concluyó su participación en el foro de Nueva Delhi reafirmando la posición de España en favor de una inteligencia artificial al servicio de la sociedad, que asegure una regulación efectiva y prevenga que los beneficios de estas herramientas queden restringidos por la concentración de poder en un pequeño número de actores globales. El medio subrayó que la intervención del presidente español enfatizó la responsabilidad compartida de la comunidad internacional en la gobernanza ética y democrática de la IA.

En una entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve, Yeza advirtió sobre el riesgo de convertir la discusión pública en una disputa de slogans o posiciones extremas: “El 81% de los argentinos tiene billetera virtual; no se puede borrar de un plumazo una realidad sociológica”, manifestó.

El legislador cuestionó la tendencia a los debates polarizados que, según indicó, distorsionan la conversación sobre el futuro del empleo en Argentina y la digitalización financiera. “Estamos en una época en que todos se mueven bajo grandes premisas fundamentalistas y las cosas parecen blanco o negro”, expresó Yeza, al comparar la discusión sobre la reforma laboral con otros debates como la baja de imputabilidad penal.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

“De un lado te dicen esto es una revolución, vamos a crear empleo con una ley; del otro lado te dicen que perjudica a los trabajadores. La verdad es que ninguna ley en particular te va a cambiar la vida dramáticamente”, afirmó el diputado.

El dirigente subrayó que si bien en Argentina existe “un sistema robusto de derechos y garantías para el trabajador, de los mejores en el mundo”, la mitad de los asalariados queda afuera por no estar registrada. Al mismo tiempo advirtió sobre la magnitud de los litigios laborales: “La litigiosidad judicial en Argentina multiplica por veinte a países de similares características como Chile o España”. Yeza consideró que la clave de la reforma es “resolver esto y adaptar ciertas modalidades laborales a los tiempos actuales”.

Respecto a la introducción de cambios en licencias por enfermedad, reconoció: “Haber incorporado a medianoche de una manera desprolija el tema de licencias por enfermedad, con un mal articulado, fue claramente un error”. Esta admisión marcó un punto autocrítico sobre la praxis legislativa.

Acerca de la disputa entre bancos y empresas fintech, Yeza se mostró a favor de que las billeteras virtuales sean consideradas como cuenta sueldo: “Originalmente era un proyecto del oficialismo, pero en la negociación, los bancos y los gobernadores lograron sacar la cláusula. Yo lo que te estoy diciendo es: no me los borres de un plumazo”.

Destacó el impacto social de la digitalización financiera en el país: “En Argentina hubo una revolución financiera, se amplió dramáticamente la cantidad de millones de argentinos que ahora tienen aunque sea un sistema más o menos regulado, controlado por el Banco Central, que son las billeteras virtuales”. Apoyándose en datos actuales, agregó: “El 81% de los argentinos tiene billetera virtual, el 64% hizo una incorporación”.

Sobre los desafíos en la regulación fintech, el diputado consideró: “El Banco Central tiene muchas herramientas para equilibrar la cancha en términos regulatorios. El objetivo número uno de cualquier regulación debe ser que, si se habilitan las billeteras, quede todo bien cuidado”.

En cuanto a la carga laboral y la competitividad, Yeza explicó que la reforma plantea bajar la carga “del 34% al 27%”, aunque admitió la diferencia con países desarrollados: “Todavía estaríamos un 4% o 5% por encima del estándar de la OCDE”. Detalló: “El estándar de los países de la OCDE tiene una carga laboral económica del 22%; hay países europeos que están en el dieciséis, diecisiete”.

Sobre la indemnización laboral, Yeza precisó: “Lo que veo es que pasa a ser un hecho no traumático. Vos de alguna manera lo que necesitás es acotar y dar certidumbre al empleado y al empleador. Ni esta ley ni ninguna ley de trabajo puede crear trabajo. Lo único que te va a beneficiar de verdad es que en algún momento crezca la economía”.

El diputado hizo especial hincapié en la situación de los trabajadores no registrados: “En el caso de los no registrados, es pasar a tener derechos. Probablemente al registrado no le traiga soluciones que le cambien la vida, pero para el que está fuera del sistema, sí”.

Al referirse a Pinamar, ciudad donde vive y fue intendente, Yeza ilustró las diferencias con el resto del país: “Pinamar es una ciudad con problemas positivos de trabajo: tenés mucho crecimiento económico, demanda laboral y problemas con la vivienda. Pero no es la realidad de la Argentina”. Añadió que, pese al flujo turístico, “el consumo masivo bajó un quince por ciento respecto al año pasado, con igual o más gente”.

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La trayectoria profesional de Stefano Scarpetta dentro y fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no solo abarca más de tres décadas, sino que ha implicado responsabilidades clave en asuntos de empleo, políticas sociales y análisis económico internacional. Según publicó la OCDE, Scarpetta asumirá el próximo 1 de abril el puesto de economista jefe, encabezando el Departamento de Economía de la organización y reemplazando a Álvaro Santos Pereira, quien dejó el cargo en octubre de 2024 para convertirse en gobernador del Banco de Portugal.

De acuerdo con la información consignada por la OCDE, Scarpetta cuenta con una experiencia consolidada en la institución. Desde 2013 desempeñó el rol de director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, lideró equipos internacionales y representó a la organización en foros globales como “subsherpa” del G7 y del G20 en temas laborales y de política social. Ahora, el economista italiano tendrá el mandato de coordinar el análisis económico riguroso, comparativas internacionales y la emisión de recomendaciones en materia de políticas para los países miembros y socios, una labor que reviste un papel central en las misiones de la organización.

El medio reportó que Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, destacó la experiencia, el liderazgo y el compromiso de Scarpetta con los objetivos de la institución. “Durante más de tres décadas en la OCDE, Stefano ha demostrado consistentemente un liderazgo excepcional, una profunda experiencia en análisis económico y políticas públicas, y un compromiso con el avance de la misión de la OCDE y los intereses colectivos de sus miembros y socios”, expresó Cormann según recogió la propia organización.

Scarpetta inició su carrera en la OCDE en 1991 y, en 1995, alcanzó el cargo de economista principal en el Departamento de Economía. Entre 2002 y 2006, ejerció como asesor del mercado laboral y economista principal en el Banco Mundial, etapa en la que profundizó su conocimiento sobre los desafíos laborales globales antes de reincorporarse a la OCDE en 2006. A su regreso, asumió la dirección de una división dedicada a estudios de país dentro del propio Departamento de Economía, avanzando posteriormente hasta liderar la dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, puesto que desempeñó hasta el actual nombramiento.

El nombramiento de Scarpetta responde a la necesidad de la OCDE de cubrir el puesto vacante que dejó Álvaro Santos Pereira desde su salida en otoño de 2024. Santos Pereira había asumido la jefatura del equipo de análisis económico a mediados de ese año y concluyó su etapa tras ser designado como gobernador del Banco de Portugal en octubre, informó la organización.

En lo académico, Scarpetta posee un doctorado en Economía por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, una maestría en Ciencias Económicas por la London School of Economics and Political Science y obtuvo su Laurea Summa cum Laude por la Universidad de Roma, según detalló la OCDE.

La función de Scarpetta como economista jefe implicará la coordinación de las evaluaciones comparativas internacionales, la elaboración de análisis económicos rigurosos y la elaboración de asesoramiento específico para los gobiernos de los países que integran la OCDE, según consignó la institución en su comunicado. Además, su experiencia como "subsherpa" en el G7 y G20 refuerza su perfil internacional en cuestiones de empleo y política social, elementos que la organización destaca como cruciales para el futuro inmediato del Departamento de Economía.

El nombramiento de Scarpetta fue confirmado oficialmente por el secretario general Mathias Cormann, quien subrayó el papel del nuevo economista jefe en la continuidad de la misión de la OCDE en beneficio de los países miembros y socios. La organización confía en que la extensa experiencia de Scarpetta contribuya al desarrollo de políticas económicas basadas en la evidencia y a la formulación de recomendaciones ajustadas a los desafíos económicos y sociales actuales, reportó la propia OCDE.

La tasa de desempleo según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE= mantiene a México como la economía con menor desempleo. Siete países de la OCDE experimentaron un aumento en su tasa de desempleo, y cuatro experimentaron un descenso.

En su conferencia matutina llamada La mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró las cifras con orgullo.

“El otro día sacamos que somos el tercer lugar en los países de la Organización y cooperación económica en reconocimiento del gobierno y nos decía que era falso, para quien dice que la transformación no da resultados”, expresó.

México, Corea, Japón e Israel registraron tasas de desempleo iguales o inferiores al 3.0 %. En cambio, España mantuvo una tasa de desempleo de dos dígitos del 10.5 %, mientras que Finlandia alcanzó el 10.3 %, su nivel más alto desde julio de 1999. Dado que varios países aún no han publicado sus estadísticas para octubre de 2025, las tasas de desempleo de la OCDE y las áreas del G7 no están disponibles actualmente.

En la Unión Europea y la eurozona, las tasas de desempleo en octubre de 2025 se mantuvieron sin cambios en el 6.0% y el 6.4%, ambas 0.2 puntos porcentuales (pp) por encima de sus mínimos históricos de octubre y noviembre de 2024, respectivamente. Entre los 17 países de la OCDE de la eurozona, las tasas de desempleo se mantuvieron estables en 13 países en octubre de 2025. Se observó un aumento notable en Finlandia, donde el aumento de la tasa de desempleo fue impulsado por las mujeres y los hombres de 15 a 24 años, y las mujeres de 25 años o más. También se registraron aumentos menores en Austria y Eslovenia. Italia fue el único país que registró un descenso.

Fuera de la zona euro, la tasa de desempleo se mantuvo estable en más de la mitad de los países de la OCDE con datos disponibles para octubre de 2025. Suecia y Colombia registraron los mayores aumentos, ambos impulsados ​​principalmente por las mujeres mayores de 25 años. En cambio, la tasa de desempleo disminuyó en Noruega, Canadá y Australia. La disminución de las tasas de desempleo en Noruega y Canadá se atribuyó principalmente a los hombres mayores de 25 años, mientras que en Australia las mujeres jóvenes explicaron la mayor parte de la disminución. Estimaciones más actualizadas para Canadá muestran que la tasa de desempleo disminuyó 0,4 puntos porcentuales, hasta el 6.5 %, en noviembre de 2025.

En octubre de 2025, o en el último período con datos disponibles, la tasa de desempleo de los hombres superó a la de las mujeres en 19 países de la OCDE. Las tasas de desempleo de mujeres y hombres fueron iguales en Francia y Estados Unidos (Figura 2 y Tabla 3). La tasa de desempleo juvenil fue superior a la de los trabajadores de 25 años o más en todos los países de la OCDE en octubre de 2025, o en el último período con datos disponibles. La menor diferencia se registró en Japón, mientras que las mayores se registraron en España, Finlandia y Colombia.

Mientras México registró el desempleo más bajo –seguido por Japón e Israel–, Finlandia reportó una desocupación general de 10.3 por ciento, seguida por España (10) y Colombia (8.5 por ciento).

Al observar el desempleo entre los jóvenes –de 15 a 24 años–, la tasa general de la OCDE se más que duplica: 11.2 por ciento.

México registró la tercera tasa de desempleo juvenil más baja en la OCDE: 5.7 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años. Por debajo sólo se cuentan Japón, con una tasa de 2.4, e Israel, con 4.2 por ciento. Suecia, España, Chile y Finlandia superan 20 por ciento, con lo que al menos uno de cada cinco jóvenes está desempleado.

En Suecia, el desempleo en jóvenes escala a 23.6 por ciento; le siguen España (23.4), Chile (22.6) y Finlandia (21.8).

Entre los países que integran el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC) también se registraron disparidades.

En Estados Unidos la tasa de desempleo general fue de 4.4 por ciento y la de jóvenes de 10.45 por ciento, mientras en Canadá estas alcanzaron 6.8 y 13.3 por ciento, respectivamente, también al cierre de 2025.

La participación femenina en las disciplinas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— se mantiene en niveles bajos en Centroamérica y el Caribe, lo que plantea retos para el desarrollo económico y la innovación en la región. Menos del 25% de las personas graduadas en estas áreas son mujeres, una cifra que desciende aún más en campos como la ingeniería y la tecnología de la información.

Este escenario, descrito por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), subraya que la brecha de género en STEM no solo limita oportunidades laborales, sino que también restringe la capacidad de los países para aprovechar plenamente su capital humano. Las mujeres enfrentan dificultades adicionales para acceder a empleos tecnológicos y para desarrollar habilidades digitales avanzadas, como programación, análisis de datos o inteligencia artificial.

Al analizar los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), una evaluación internacional coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se observa que niñas y niños obtienen rendimientos similares en ciencias y matemáticas durante la educación básica. Sin embargo, el interés de las niñas por las carreras STEM disminuye de forma marcada en la adolescencia, especialmente en tecnología e ingeniería.

Esta diferencia se agrava en zonas rurales, donde las brechas de conectividad y las normas socioculturales dificultan el acceso a la educación y la formación tecnológica. La falta de modelos a seguir y de orientación vocacional temprana refuerza la idea de que estas áreas no son para mujeres.

Martha Ardila, directora regional de Red Hat para Centroamérica y el Caribe, enfatizó: “Las niñas y adolescentes necesitan acercamientos tempranos, constantes y significativos a la ciencia y la tecnología. Este es un desafío que requiere acción coordinada desde múltiples frentes”.

El compromiso del sector tecnológico se refleja en iniciativas públicas y privadas que buscan ampliar el acceso de niñas y jóvenes a la formación digital. Empresas como Red Hat colaboran con instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro para crear entornos más inclusivos. Esta información fue proporcionada por Red Hat para este informe.

Ardila sostiene que “la innovación sostenible solo es posible si aprovechamos todo el potencial humano disponible. Promover entornos inclusivos en ciencia y tecnología es parte de ese camino”. Esta visión se traduce en acciones concretas para reducir la brecha de género y fomentar la diversidad de talentos en áreas clave para el desarrollo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha advertido que cerrar la brecha de género en STEM podría generar beneficios económicos significativos. Incrementar la participación de mujeres ampliaría la base de talento calificado y permitiría abordar los desafíos globales con perspectivas más diversas.

La reducción de estas desigualdades no solo responde a una cuestión de justicia social, sino que también constituye una estrategia fundamental para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de los países de la región.

La persistencia de la brecha de género en STEM en Centroamérica y el Caribe se explica por factores estructurales y culturales, pero también por carencias en la formación temprana y las oportunidades de desarrollo profesional.

Diversos actores del sector tecnológico, educativo y social han reiterado la urgencia de abordar el problema de manera integral. La acción coordinada entre gobiernos, empresas y sociedad civil se perfila como el camino para construir un futuro más equitativo e innovador.

La competitividad y la globalización del mundo moderno han impulsado un crecimiento sostenido de las carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, por sus siglas en inglés) en prácticamente todas las economías. En un contexto marcado por la transformación digital, la automatización y la inteligencia artificial, estas disciplinas se han convertido en pilares estratégicos para la industria, la innovación y el desarrollo económico.

En Costa Rica, al igual que en el resto de América Latina, la demanda por profesionales en áreas vinculadas con tecnología, análisis de datos, ingeniería y ciencias aplicadas continúa en aumento. Sin embargo, el acceso y la permanencia en estas carreras no se distribuyen de manera proporcional entre hombres y mujeres. Aunque la participación femenina ha crecido en los últimos años, la brecha de género persiste y alcanza hasta un 19% en el país centroamericano, una cifra que refleja desafíos estructurales aún pendientes.

Datos del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestran que durante la educación básica las niñas y los niños obtienen resultados similares en matemáticas y ciencias. No obstante, esa paridad académica no se traduce en igualdad de elección profesional en la adolescencia y la educación superior. Conforme avanzan en edad, disminuye la proporción de jóvenes que proyectan su futuro en carreras científicas y tecnológicas.

Este fenómeno ha sido asociado a factores culturales, estereotipos de género y falta de referentes femeninos en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Para Martha Ardila, directora regional de Red Hat para Centroamérica y el Caribe, el desafío debe abordarse desde etapas tempranas. “Las niñas y adolescentes necesitan acercamientos tempranos, constantes y significativos a la ciencia y la tecnología. Este es un desafío que requiere acción coordinada desde múltiples frentes”, señaló.

Aunque Costa Rica presenta una brecha inferior al promedio de los países miembros de la OCDE (19% frente a un 25%) el reto sigue siendo relevante para el sistema educativo, el sector productivo y las políticas públicas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido que las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a empleos en el sector tecnológico y para desarrollar habilidades digitales avanzadas, como programación, análisis de datos o inteligencia artificial, competencias cada vez más demandadas en el mercado laboral.

En el ámbito universitario, las cifras reflejan esa disparidad. Según datos de la Universidad de Costa Rica (UCR), en 2023 la Facultad de Ingeniería registró una matrícula de 4,366 hombres frente a 2,263 mujeres, lo que equivale a una relación cercana a 2:1. A pesar de ello, el mismo centro académico indicó que, en términos generales, las mujeres representan el 60% de los títulos universitarios otorgados, lo que evidencia una participación femenina más alta en la educación superior en su conjunto, pero no necesariamente en las disciplinas STEAM.

Las áreas donde la presencia femenina es más significativa suelen estar vinculadas con ciencias naturales, matemáticas y disciplinas relacionadas con la investigación científica. En carreras como biología, química o estadística, la participación de mujeres puede rondar o incluso superar el 50%, según estudios nacionales e internacionales. En contraste, campos como ingeniería civil, electrónica o tecnologías de la información continúan mostrando una marcada predominancia masculina.

Para especialistas del sector tecnológico, cerrar esta brecha no solo es una cuestión de equidad, sino también de competitividad. “La innovación sostenible solo es posible si aprovechamos todo el potencial humano disponible. Promover entornos inclusivos en ciencia y tecnología es parte de ese camino”, manifestó Ardila.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que reducir la brecha de género en carreras STEAM podría generar un impacto económico positivo en la región. Incorporar más mujeres a sectores de alta demanda contribuiría a ampliar la base de talento calificado, elevar la productividad y acelerar los procesos de innovación.

En un entorno global donde el conocimiento técnico y las habilidades digitales son cada vez más determinantes, la inclusión de más mujeres en estas áreas se perfila como un elemento clave para el desarrollo sostenible y la transformación productiva de Costa Rica.

Japón y México presentaron las tasas de desempleo más bajas entre los países miembros de la OCDE durante el cierre del año pasado, ambas situadas en el 2,6%. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recogidos por Europa Press, la tasa de paro general del bloque se mantuvo en diciembre en el 5%, una cifra que no ha mostrado variaciones significativas durante 43 meses consecutivos. En contraste, España y Finlandia destacaron con los niveles de desempleo más elevados, superando el 10%, mientras en la eurozona, casi 11 millones de personas estaban en busca de empleo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la tasa de paro de la OCDE se mantuvo estable en diciembre, en línea con los registros observados desde agosto de 2025, a excepción de octubre, cuando no se calculó por la ausencia de datos de Estados Unidos tras el cierre parcial del Gobierno y la falta de información de Suiza y Nueva Zelanda. En este contexto, 22 de los países integrados a la OCDE para los que se dispone de cifras no experimentaron cambios en el índice de desempleo; siete países experimentaron reducciones y tres registraron incrementos durante el último mes del año.

Los países que presentaron las tasas de desempleo más bajas, según reportó Europa Press, fueron Japón y México, ambos con el 2,6%, seguidos por República Checa e Israel con el 3,1% cada uno, y Polonia con el 3,2%. Por el contrario, los mayores niveles correspondieron a Finlandia (10,3%) y España (10%), ambos mostrando ligeras mejorías respecto a noviembre. En el grupo de naciones con mayores cifras de desempleo también se ubicaron Suecia (8,8%), Colombia (8,5%), así como Francia y Turquía, ambos con un 7,7%.

Europa Press detalló que el número total de desempleados en los países de la OCDE descendió en 157.000 personas en diciembre, situándose en 35,204 millones. De ellos, 10,792 millones corresponden a individuos residentes en la eurozona. La persistencia de estas cifras está relacionada con tendencias estructurales en los mercados laborales de cada país, además de circunstancias económicas generales que han influenciado en la estabilidad de los registros.

Dentro de los diferentes grupos etarios, el informe de Europa Press señala una diferencia significativa entre los menores y los mayores de 25 años. La tasa de paro juvenil en la OCDE retrocedió tres décimas hasta fijarse en el 11,2% durante diciembre. En contraste, entre los mayores de 25 años, el desempleo no mostró cambios y se situó en el 4,2%. En cuanto a la distribución por países, la tendencia ascendente del paro entre los jóvenes en los Estados nórdicos sobresale hasta el punto de que en algunos momentos han desplazado a España del primer lugar en ese indicador.

Según consignó Europa Press, Suecia encabezó la tasa de desempleo juvenil en diciembre con el 23,6%, seguida por España con el 23,4% y Finlandia con el 21,8%. En el otro extremo, el desempleo entre los jóvenes mantuvo valores reducidos en Japón (2,4%), Israel (4,2%) y México (5,7%).

El estudio de Europa Press destacó que, a pesar de los desafíos económicos en distintas regiones, la estabilidad en la tasa global de desempleo de la OCDE refleja una resistencia de los mercados laborales frente a la incertidumbre internacional y las variaciones macroeconómicas de los últimos años. El reporte también subrayó la notoria divergencia entre países, tanto en las cifras globales como en las correspondientes a la juventud, donde persisten diferencias marcadas en función de factores estructurales y coyunturales.

Colombia terminó 2025 como el cuarto país con mayor tasa de desempleo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), al registrar un 8,5% en diciembre.

El dato, divulgado en el más reciente informe del organismo, confirma una mejora frente al 9,7% observado en el mismo mes de 2024, pero también deja en evidencia que el país continúa significativamente por encima del promedio del bloque, que se ubicó en 5%.

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El reporte señala que, en términos agregados, la tasa de desempleo de la Ocde se mantuvo estable al cierre del año y no presentó variación frente a noviembre. De las 32 economías con datos disponibles, 22 conservaron el mismo nivel en el último mes de 2025. Sin embargo, esa estabilidad general contrasta con la situación de Colombia, que no logra converger hacia el estándar promedio del grupo.

En la comparación interanual, mientras ocho países consiguieron reducir su desempleo y siete prácticamente no registraron cambios —entre ellos Canadá y Japón—, en 17 economías el indicador aumentó. Los mayores incrementos se presentaron en Finlandia y Eslovenia, con alzas de 1,6 puntos porcentuales.

Aunque Colombia logró una reducción frente a 2024, su posición en el ranking refleja que el ajuste no ha sido suficiente para abandonar el grupo de países con mayores dificultades en materia laboral. El 8,5% registrado en diciembre la dejó solo por debajo de tres economías dentro del bloque, consolidando un escenario en el que la brecha frente al promedio sigue siendo amplia.

El comportamiento mensual también mostró señales de alerta, según el reporte. Frente a noviembre, el desempleo aumentó en Colombia, así como en Canadá y Corea del Sur, mientras que en siete países descendió. Esto sugiere que, pese a la mejora anual, el cierre de año evidenció presiones recientes sobre el mercado laboral colombiano.

El informe de la Ocde plantea que el panorama para el país es mixto. Por un lado, la reducción interanual confirma una recuperación respecto de los niveles más altos de 2024. Por otro, la distancia frente al promedio del bloque sigue asociada a factores estructurales persistentes: alta informalidad, baja productividad en múltiples sectores y limitada generación de empleo formal, especialmente en actividades intensivas en mano de obra.

Sobre la dinámica reciente, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, explicó a La República que la tasa de desempleo juvenil ha venido disminuyendo en los últimos años. No obstante, advirtió que la población joven en edad de trabajar muestra una reducción sostenida mes a mes, lo que implica un reto adicional para sostener mejoras en este segmento.

Según señaló, mantener e incluso profundizar la reducción del desempleo juvenil requerirá un crecimiento constante del empleo orientado a esta población. De lo contrario, el avance podría estancarse si la economía no genera suficientes oportunidades formales para absorber a quienes ingresan al mercado laboral.

El analista también indicó que variables como el incremento reciente del salario mínimo, la implementación de la reforma laboral y la reducción de la jornada semanal podrían incidir en la evolución del desempleo durante los próximos meses. El impacto dependerá, en buena medida, de la reacción del sector empresarial y del ritmo de crecimiento económico.

Con estos resultados, Colombia cerró el año con una tasa inferior a la de 2024, pero todavía distante del promedio de la Ocde y ubicada en la parte alta del ranking. La evolución del indicador en 2026 dependerá del desempeño de la actividad económica en un contexto en el que los cambios regulatorios y las condiciones de crecimiento serán determinantes en las cifras oficiales.

Más de siete de cada diez niños en América Latina nacen fuera del matrimonio, una tendencia opuesta a lo que pasa por ejemplo en otra región del planeta como Asia oriental, donde la proporción de nacimientos extramatrimoniales sigue siendo mínima.

Así lo reveló un informe basado en la Base de Datos Familiar publicada por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), en el que Colombia quedó primera en un deshonroso ranking, y por el que fue recordado el cantante vallenato Diomedes Díaz: el de bebés nacidos por fuera del matrimonio.

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Este fenómeno ha modificado las normas tradicionales acerca de estas uniones y la formación de familias en todo el mundo.

Al observar el registro más reciente de nacimientos, Colombia encabeza el listado, con un 87% de los niños nacidos fuera del matrimonio.

La cifra coloca al país por delante de Chile, Costa Rica y México, todos con porcentajes superiores al 70%.

En el caso de América Latina, la convivencia se considera socialmente aceptada y tiene reconocimiento legal desde hace décadas, y ha restado peso al matrimonio formal.

Sumado a esto, las desigualdades históricas y el acceso limitado a las instituciones legales influyeron en el desarrollo de un modelo familiar en el que contraer nupcias ha dejado de ser la única vía legítima para la formación de un hogar, destacó el portal especializado Visual Capitalist.

Las cifras se compartieron en varios perfiles en diversas redes sociales que se dedican a compartir contenido relacionado a estadísticas, y por esta situación los usuarios colombianos dejaron en varios comentarios el que, según ellos en sus planteamientos, habría contribuido a que se disparara dicha tendencia: el artista vallenato guajiro conocido como “El Cacique de La Junta”.

En uno de los comentarios que dejó un connacional en el perfil de X de World of Statistics (@stats_feed), su afirmación fue contundente: “Eso es culpa de Diomedes Díaz”.

No solo en Latinoamérica: los países nórdicos también están elevados los nacimientos por fuera del matrimonio

La tendencia se replica en las naciones nórdicas, aunque responde a factores distintos. Islandia (69%), Noruega (61%), Suecia (58%) y Dinamarca (55%) presentan tasas elevadas de nacimientos fuera del matrimonio.

Sin embargo, en esa región europea (y a diferencia de los países latinoamericanos, por ejemplo), los sólidos sistemas de bienestar y las garantías legales para los niños—independientemente del estado civil de sus padres—han promovido la equiparación de derechos entre parejas convivientes y casadas.

De esta forma, las uniones se perciben como una opción personal y no como una necesidad económica o jurídica.

El panorama es diferente en Asia oriental y países del Mediterráneo oriental. Estados como Japón (2,4%), Corea del Sur (4,7%) y Turquía (3,1%) mantienen tasas excepcionalmente bajas.

En esas regiones, el matrimonio conserva un vínculo estrecho con la procreación, determinado por expectativas culturales, normas religiosas y reglas legales.

De otro lado, el estigma social y la falta de apoyo institucional hacia madres y padres solteros desincentivan la parentalidad fuera del enlace matrimonial.

Los demás países de laque completan el ranking de nacimientos por fuera del matrimonio

En una posición intermedia aparecen los países del ámbito anglosajón y de Europa occidental.

Estados Unidos registra que el 40% de los nacimientos ocurren fuera del matrimonio, porcentaje que coincide con Austria e Italia.

Francia, con un 58,5%, y España, con el 50%, muestran cifras superiores, mientras que Reino Unido y Nueva Zelanda rondan el 48%.

El listado global muestra cómo la proporción de nacimientos extramatrimoniales sirve como termómetro de los cambios sociales y culturales recientes: Bulgaria (59,7%), Portugal (59,5%) y Eslovenia (56,5%) se suman a los países con más de la mitad de los nacimientos fuera del matrimonio, en contraste con la situación de Israel (8,6%) y Grecia (9,7%).

La diversidad de cifras pone en evidencia la influencia de factores estructurales—desde la legislación hasta la cultura—en la conformación de modelos familiares.

En naciones como Canadá (29%), Polonia (28,7%) y Suiza (27,7%), la proporción de nacimientos fuera del matrimonio resulta menor comparada con la de las regiones líderes, aunque muy superior a la de los enclaves asiáticos mencionados.

En lo que se perfila como un movimiento sísmico para el equilibrio de poderes en el hemisferio, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se reunirá el próximo 7 de marzo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cumbre estratégica en Miami que tiene un objetivo: consolidar un bloque regional capaz de frenar la expansión económica y política de China en Latinoamérica.

El encuentro, que sitúa a Dominicana como un aliado clave en el Caribe, busca articular una respuesta conjunta ante la ofensiva de inversiones del gigante asiático en infraestructuras críticas, puertos y tecnología.

La noticia de la participación de Abinader en la cubre llega de la propia voz de director de prensa de la Presidencia, Carlos Alberto Caminero.

Donald Trump convocó una reunión en Miami con el propósito de frenar el avance de China en América Latina y reafirmar la influencia estadounidense en la región. La cita reunirá a líderes de países latinoamericanos que se consideran aliados de su administración, entre ellos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como los mandatarios de Paraguay, Bolivia, Ecuador y Honduras.

La agenda se centrará en estrategias para limitar la presencia china en sectores clave, fortalecer acuerdos comerciales con Estados Unidos y coordinar acciones en temas de seguridad, migración y recursos estratégicos.

Se especula que los asistentes discutan mecanismos de cooperación para combatir el crimen organizado transnacional y establecer nuevos marcos regulatorios que favorezcan la transferencia de tecnología y el intercambio comercial con Estados Unidos, reduciendo la dependencia de financiamiento y equipamiento chino.

La agenda internacional de Abinader

De acuerdo con Caminero, el presidente Abinader participará en la cumbre convocada por Trump el 7 de marzo y posteriormente concretará una gira a otras naciones ese mismo mes.

La ruta iniciará con la participación del mandatario en la cumbre presidencial en Miami. La siguiente etapa llevará a Abinader hasta Santiago de Chile, donde tiene prevista una reunión bilateral con el nuevo presidente de ese país, José Antonio Kast. La visita coincidirá con los actos oficiales de cambio de mando entre el 10 y el 12 de marzo. Con este encuentro, se analiza la oportunidad de estrechar relaciones con uno de los actores políticos emergentes en América Latina.

En la última etapa de la gira, Abinader viajará hasta Europa, específicamente Francia para sostener un intercambio con Emmanuel Macron y asistir a una reunión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta presencia refuerza la aspiración dominicana de integrarse o acercarse a los organismos internacionales que lideran la cooperación y la definición de buenas prácticas a escala global.

Compromiso con el diálogo y proyección estratégica

Caminero destacó que estas iniciativas diplomáticas buscan ratificar el compromiso de la República Dominicana “con el diálogo internacional, la consolidación de alianzas estratégicas y la proyección del país en los principales escenarios globales”.

El énfasis en la agenda internacional evidencia el interés del Ejecutivo en situar al país caribeño como un interlocutor relevante y confiable ante las potencias y los organismos multilaterales.

El despliegue diplomático dominicano expone la estrategia dominicana de fortalecer su perfil internacional y forjar nuevas alianzas.

Históricamente, la isla ha impulsado su participación en foros multilaterales y en eventos de alto nivel para asegurar su proyección regional y global.

En el contexto actual, la confluencia de agendas con Estados Unidos, Chile y Francia responde a la búsqueda de diversificación de interlocutores y acceso a espacios de decisión como la OCDE, órgano fundamental para las políticas de desarrollo.

La participación en foros multilaterales y la alineación con países influyentes permiten ampliar oportunidades de inversión, facilitar el intercambio de conocimiento y respaldar reformas orientadas al crecimiento económico y la modernización institucional.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado un acuerdo que permitirá a los gobiernos autonómicos de España participar en los Comités Ejecutivos de la Comisión Europea durante el período 2026-2029. Este avance se dio a conocer durante la más reciente sesión plenaria de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), presidida por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, según consignó el medio oficial.

Durante la reunión, el Gobierno presentó a las comunidades autónomas diversas posibilidades para integrarse en proyectos respaldados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Tal como informó el ministerio, entre los temas principales tratados en el encuentro figuraron las distintas respuestas de la Unión Europea ante las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como las maneras en que los gobiernos regionales pueden sumarse a iniciativas internacionales de la OCDE.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, también participó en el pleno, que sirvió para analizar los próximos retos europeos, incluyendo la elaboración del futuro Marco Financiero Plurianual correspondiente a los años 2028-2034. De acuerdo con la información detallada por el Gobierno, los participantes evaluaron el estado de la política de cohesión y los asuntos industriales, haciendo énfasis en el impacto que estos temas tienen en las regiones españolas.

La transición justa fue otro de los asuntos presentes en la agenda, con especial atención a los procesos que aseguren que los cambios hacia una economía más sostenible se lleven a cabo de manera equitativa para todos los territorios. Además, la CARUE exploró las iniciativas relacionadas con la adaptación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, abordando así los mecanismos con los cuales las autonomías pueden contribuir activamente al cumplimiento de estos compromisos internacionales.

Según reportó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la participación de las comunidades autónomas en los Comités Ejecutivos de la Comisión Europea refuerza la representación española en las instituciones europeas, permitiendo que las decisiones adoptadas en Bruselas incorporen la diversidad territorial existente en España. Arcadi España recalcó ante los miembros del pleno que “la cooperación leal entre el Estado y las comunidades autónomas fortalece la posición de España en Europa y garantiza que las decisiones que se adopten en Bruselas respondan a la diversidad y a la realidad territorial de nuestro país”.

Durante el encuentro de la CARUE, se abordaron también los procedimientos para la participación autonómica en los proyectos liderados por la OCDE. El Gobierno trasladó a las regiones varias alternativas para involucrarse en estos programas, promoviendo así una mayor presencia de las comunidades en el ámbito internacional y en la discusión de asuntos estratégicos como el desarrollo regional, la innovación y las políticas de desarrollo sostenible, según reiteró el ministerio citado por fuentes oficiales.

En referencia a la política arancelaria de Estados Unidos, los representantes analizaron posibles estrategias coordinadas a nivel europeo para responder a las medidas impuestas, evaluando sus repercusiones sobre sectores económicos españoles y discutiendo la necesidad de posiciones conjuntas que reflejen los intereses nacionales y regionales. En este contexto, la participación autonómica se presenta como un elemento clave para que las regiones puedan trasladar sus inquietudes y propuestas tanto a Madrid como a Bruselas.

El análisis del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 incluyó debates sobre la asignación de fondos europeos y la importancia de mantener los principios de cohesión para equilibrar el desarrollo entre áreas más avanzadas y otras con mayores necesidades estructurales. El ministerio enfatizó la relevancia de la participación regional en la configuración de estos instrumentos financieros, subrayando la función de los gobiernos autonómicos en la gestión e implementación de los recursos procedentes de la Unión Europea.

Finalmente, la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda autonómica fue tratada como un paso fundamental para cumplir con los compromisos internacionales de España. El ministerio comunicó que la localización de los ODS implica la adaptación de las metas globales a las realidades territoriales, proceso en el cual la cooperación multinivel resulta esencial para alcanzar una transición justa y sostenible en todas las comunidades.

Tal como reflejaron las declaraciones y resoluciones compartidas tras el pleno, el Gobierno apuesta por una mayor presencia de las comunidades autónomas en la toma de decisiones de la Unión Europea y en las iniciativas de la OCDE, asentando así un modelo de gobernanza que refleje la pluralidad territorial y fortalezca la representación española en los foros internacionales.

El 36% de incremento acumulado en el coste de vida respecto a diciembre de 2019 ha marcado el poder adquisitivo de los hogares en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta diferencia, reportada por la propia OCDE y difundida este miércoles, pone de manifiesto que, aunque la inflación interanual se situó en diciembre de 2023 en el 3,7%, los productos y servicios esenciales son notablemente más caros que antes de la pandemia de la covid-19.

Según informó la OCDE, la medición de inflación del pasado diciembre fue una décima inferior al dato registrado en noviembre, lo que apunta a una tendencia de moderación tras picos significativos registrados durante la crisis pospandémica y los sucesivos episodios inflacionarios globales. No obstante, el organismo internacional señaló que la escalada de precios sigue afectando de modo sustancial a los bienes de consumo básico. El costo de los alimentos, por ejemplo, aumentó en diciembre un 3,9% interanual, manteniendo el mismo ritmo del mes anterior. En cuanto a la energía, la OCDE calculó que los precios se incrementaron en un 1,6%, lo cual representa un descenso de un punto y siete décimas respecto al nivel de noviembre.

El recorte de la inflación subyacente —que no contempla la evolución de los precios de la energía ni de los alimentos, sectores tradicionalmente más volátiles— se ubicó levemente más bajo. Según detalló la OCDE, este indicador alcanzó el 3,8% en diciembre, también con una baja de una décima frente al mes previo.

El comportamiento de la inflación mostró diferencias relevantes entre países y regiones. De acuerdo con los datos difundidos por la OCDE, entre los Estados miembro para los que existen estadísticas disponibles, la inflación aumentó en nueve naciones, descendió en trece y permaneció estable o prácticamente estable en otras dieciséis. Esta variedad refleja el impacto diferenciado de las políticas monetarias, las condiciones del mercado laboral y la evolución de los precios internacionales, según publicó el organismo.

Para la eurozona, el dato de diciembre situó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el 1,9%, confirmando una reducción en comparación con los meses previos. Por su parte, la media observada en el G7 —grupo formado por las economías más avanzadas— se moderó una décima y se colocó en el 2,4%. La OCDE remarcó que estas tendencias reflejan un menor dinamismo inflacionario tanto en economías europeas como en otras grandes regiones desarrolladas.

En comparación, los países del G20 que no forman parte de la OCDE evidenciaron trayectorias diversas. Según consignó la OCDE, Brasil registró una reducción de la inflación durante tres meses consecutivos; India, Indonesia y Arabia Saudí, en contraste, experimentaron aumentos en sus tasas interanuales de precios. En Argentina, China y Sudáfrica, los precios permanecieron mayormente estables durante el mismo periodo.

Dentro de los análisis publicados por la OCDE, la percepción de encarecimiento sostenido responde no solo a la progresión mensual o anual de los precios, sino también al efecto acumulado de los últimos años. La comparación con diciembre de 2019 refleja que, pese a los signos de desaceleración recientes, los hábitos de consumo y el acceso real a productos básicos continúan viéndose afectados en buena parte de los hogares de las economías avanzadas y emergentes monitorizadas por el organismo.

La información vertida por la OCDE destaca que, aunque la inflación parece controlarse poco a poco en las principales economías, la recuperación del poder adquisitivo perdido por la escalada de precios desde el inicio de la pandemia dista de completarse. El seguimiento a los componentes energéticos y alimentarios muestra una tendencia a la baja en la variación, pero la distancia con el nivel de precios previo a la crisis sanitaria persiste como un desafío para la estabilidad económica de familias y empresas en el ámbito internacional.

A partir de estos datos, la OCDE observa cómo la inflación interanual, la subyacente, y los sectores de alimentación y energía continúan evolucionando de manera desigual según los países, incidiendo en las políticas económicas y en la respuesta de los bancos centrales. El organismo internacional reiteró en su análisis la importancia de monitorear la situación de manera sistemática, considerando la persistencia de un nivel de vida elevado en comparación con la etapa anterior a la pandemia.

Colombia terminó 2025 como uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) con mayores niveles de inflación, al registrar una tasa anual del 5,1%. La cifra superó con amplitud el promedio de esta, situado en 3,7%, y más que duplicó la tasa del grupo del G7, que cerró el año en 2,4%. Aunque el país experimentó una desaceleración respecto al 6,6% de 2024, el ritmo de ajuste fue inferior en comparación con la mayoría de las economías avanzadas y varios países de la región.

En contraste, el costo de vida en Colombia continúa siendo una de las principales preocupaciones para los hogares, a pesar de tendencias globales hacia una mayor estabilidad en los precios.

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Los datos consolidados a diciembre reflejan una diferencia marcada entre el comportamiento de la inflación en Colombia y la evolución observada en otros grandes bloques económicos. Desde 2019, los niveles de precios promedio en la Ocde aumentaron un 36%, lo que pone en perspectiva el impacto acumulado en los consumidores.

“La inflación general interanual en la Ocde se mantuvo prácticamente estable en 3,7% en diciembre de 2025”, según reportó la misma.

Qué impulsó la inflación en Colombia

En Colombia, el incremento de los precios al consumidor fue impulsado principalmente por los alimentos y los servicios, mientras que en Europa la caída de la inflación energética contribuyó a reducir el índice general. Por ejemplo, la Zona Euro terminó el año con una tasa anual de 1,9% y las primeras estimaciones apuntan a un posible descenso a 1,7% en enero de 2026, gracias sobre todo al papel amortiguador de los precios de la energía.

Por su parte, el G7 mostró una contención moderada, con un descenso al 2,4% anual.

• Japón: la inflación disminuyó 0,8 puntos porcentuales ante la introducción de nuevos subsidios a la gasolina y el diésel.
• Alemania: también reportó una reducción.
• Canadá: registró un aumento debido a cambios temporales en la política tributaria.

La llamada inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— siguió siendo relevante en la mayoría de las economías avanzadas. No obstante, en Colombia las presiones internas persistieron, haciendo del país uno de los casos donde el ajuste ha sido más lento.

La segunda nación con inflación más alta

A nivel internacional, Colombia se posicionó como la segunda nación de la organización con la inflación más elevada en 2025, solo detrás de Turquía, que registró un 34,9%. En el extremo opuesto, Costa Rica, Francia, Suiza, Finlandia y Suecia finalizaron con tasas iguales o inferiores al 1%.

Dicho análisis regional también evidencia distintas trayectorias. El grupo de países del G20 mantuvo su inflación anual en 3,6% en diciembre. Brasil acumuló tres meses consecutivos de disminución, mientras que India, Indonesia y Arabia Saudita experimentaron aumentos. En naciones como Argentina, China y Sudáfrica, las variaciones fueron mínimas.

El balance entre los países refleja una división clara: 13 redujeron la inflación frente a 2024, otros 13 tuvieron aumentos y 11 se mantuvieron estables. “Los niveles de precios promedio en la Ocde fueron un 36% más altos en diciembre de 2025 en comparación con los niveles de diciembre de 2019”, enfatizó.

El reto de Colombia

Para Colombia, el reto inmediato está en acercar la inflación a los niveles anteriores a la pandemia del covid-19, una tarea dificultada por la persistencia de presiones internas, sobre todo en el rubro de alimentos y servicios. El contraste con países vecinos y con las principales economías refleja la distancia respecto a la dinámica descendente registrada en otras partes.

Pese a que las últimas cifras apuntan a una moderación, las familias colombianas enfrentan una realidad donde el costo de vida es considerablemente más alto que antes de la crisis sanitaria.

Durante una reunión oficial con la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth Goodman, en París, Pablo Bustinduy abordó su preocupación por la influencia de empresarios tecnológicos internacionales en los asuntos internos de España, vinculando estos temas a la controversia sobre la regulación de plataformas digitales. Según consignó Europa Press, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 cuestionó la posición que, a su juicio, ha adoptado Vox en este contexto, argumentando que el partido prioriza intereses externos sobre la autonomía nacional. Bustinduy vinculó estas afirmaciones con el respaldo declarado de Vox tanto al propietario de X, Elon Musk, como al fundador de Telegram, Pável Dúrov, después de que estos empresarios manifestaron críticas hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la propuesta de prohibir las redes sociales a menores de 16 años y establecer controles más estrictos sobre los contenidos considerados de odio o ilegales.

Bustinduy sostuvo, según reportó Europa Press, que cada vez que figuras empresariales extranjeras emiten ataques o críticas hacia España, la reacción de Vox supone, en sus propias palabras, “ponerse del lado del oligarca”. El ministro caracterizó como “falso” el patriotismo exhibido por Vox y afirmó que esa postura convierte al país en un “vasallo” en el ámbito internacional, desdibujando la soberanía nacional frente a actores externos. En su argumento, remarcó que las acciones de la formación opositora estarían encaminadas a “desmantelar” la democracia europea desde el interior, tomando como referencia las alianzas ideológicas y discursivas que, a su juicio, tienen con figuras empresariales como Musk y Dúrov.

En su intervención, Bustinduy profundizó en la naturaleza de las recientes críticas que los propietarios de X y Telegram lanzaron contra el Gobierno español, especialmente después del anuncio de nuevas regulaciones planteadas para el entorno digital. Estas medidas incluyen la posibilidad de restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y la implementación de mecanismos para actuar contra la proliferación de contenidos considerados ilegales o de odio en las plataformas digitales. De acuerdo con Europa Press, Bustinduy consideró que dichas iniciativas gubernamentales responden a la necesidad de proteger a la población más joven y fortalecer la capacidad institucional de respuesta ante los retos que presentan las grandes tecnológicas multinacionales.

El ministro insistió, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, en la importancia de que la democracia española recupere herramientas efectivas de gobernanza sobre el espacio digital, argumentando que el control de la información y los flujos comunicacionales no puede depender de intereses privados externos. Al referirse a la acción de magnates como Elon Musk y Pável Dúrov, Bustinduy advirtió que su pretensión de intervenir en la esfera pública española representa un intento de “desestabilizar la democracia” del país y de condicionar el acceso de los ciudadanos a la información.

Bustinduy manifestó que esta situación exige una respuesta coordinada y basada en la reafirmación del proyecto europeo, haciendo hincapié en la defensa de un “estado social” como base para una identidad propia frente a los intereses de grandes fortunas tecnológicas. En esa línea, abogó por consolidar una regulación clara y eficaz, con mecanismos de control y supervisión que permitan proteger el ámbito digital como espacio democrático y garantizar la soberanía digital e informativa de la ciudadanía.

Las declaraciones del titular de Derechos Sociales, recogidas por Europa Press, representan una reacción directa ante el debate creciente por el papel de las plataformas tecnológicas, la protección de la infancia en el entorno digital y la relación de fuerzas entre actores políticos nacionales y empresarios globales. Las acusaciones de Bustinduy contra Vox buscan destacar la tensión existente entre distintos modelos de gobernanza: mientras la propuesta del Gobierno enfatiza la necesidad de intervención institucional para proteger derechos y valores democráticos, los sectores aliados a intereses empresariales abogan por reducir regulaciones y salvaguardar la “libertad” en internet.

La polémica también surge en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre el poder y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la gestión de contenido, la moderación en línea y el impacto de sus decisiones en sociedades democráticas. El ministro remarcó que la recuperación de la soberanía en materia digital y comunicativa no solo constituye un desafío nacional, sino que está íntimamente vinculada a la capacidad de Europa para definir sus marcos normativos y proteger los principios fundacionales de sus democracias frente a la entrada de grandes capitales privados extranjeros.

Durante la jornada en París y a través de diferentes intervenciones públicas, Bustinduy reiteró la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y el impulso de políticas públicas robustas para asegurar que los intereses de los ciudadanos y las instituciones prevalezcan sobre los de los “oligarcas extranjeros”. Según el relato de Europa Press, la posición del ministro subraya la voluntad del Ejecutivo de avanzar hacia un modelo de gobernanza digital donde la protección de menores, la supervisión de contenidos y el fortalecimiento del estado social resulten prioritarios frente a las presiones externas.

Con un nivel de vacantes judiciales que supera el 35% en la justicia federal y alcanza porcentajes aún mayores en fueros sensibles, el funcionamiento del sistema de selección de jueces quedó nuevamente bajo análisis institucional. En ese contexto, ingresó al Consejo de la Magistratura un conjunto de proyectos reglamentarios que proponen modificar distintos aspectos de los concursos públicos de oposición y antecedentes -desde la elaboración y corrección de exámenes hasta la evaluación de antecedentes, las entrevistas personales y la conformación del orden de mérito- con el objetivo de introducir criterios más explícitos, estandarizados y trazables en el proceso de designación de magistrados.

La magnitud de las vacancias constituye uno de los datos estructurales más relevantes del sistema judicial argentino. Según evaluaciones internacionales, alrededor del 35% de los cargos de la justicia federal se encuentran sin cubrir. En el fuero de seguridad social, el porcentaje supera el 58%, mientras que en el fuero penal económico ronda el 38%. A esto se suma la situación del Ministerio Público Fiscal, donde en áreas vinculadas a delitos económicos complejos las vacantes alcanzan niveles cercanos al 60%.

Ese escenario fue señalado en informes del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que examinó puntualmente la capacidad del Estado argentino para investigar corrupción y delitos económicos complejos. En sus evaluaciones, el organismo internacional identificó como ejes que hacen a la arquitectura del esquema judicial: el nivel de vacancias, la opacidad y lentitud de los procesos de selección de magistrados y la falta de estadísticas públicas confiables. Por otro lado llamó la atención respecto al retraso en la implementación del sistema procesal acusatorio y advirtió por los déficits en materia de ética judicial.

En ese marco, durante 2025 ingresó formalmente al Consejo un paquete de iniciativas reglamentarias cuyo tratamiento podría comenzar en el transcurso de este período. Las propuestas fueron presentadas por la consejera Jimena de la Torre en su carácter de vicepresidenta de la Comisión de Selección y Escuela Judicial y en representación del estamento de la abogacía del organismo. Los textos abarcan cinco ejes centrales del sistema de concursos y parten de un diagnóstico común: la existencia de márgenes amplios de discrecionalidad, falta de homogeneidad en los criterios de evaluación y debilidades en la trazabilidad de las decisiones a la hora de conformar las ternas que se elevan para su acuerdo.

El mecanismo vigente para la selección de jueces se estructura, en rigor, a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. El procedimiento comienza con la inscripción de los postulantes y la presentación de sus antecedentes profesionales y académicos. Luego se toma una prueba de oposición escrita, de carácter anónimo, en la que los aspirantes deben resolver un caso práctico vinculado a la función jurisdiccional. Posteriormente se evalúan los antecedentes y se realiza una entrevista personal. Con los resultados de esas etapas, la Comisión de Selección elabora un orden de mérito y eleva una terna al Plenario del Consejo, que decide su posterior remisión al Ejecutivo.

Uno de los proyectos propone la publicación de las pruebas de oposición, junto con sus correcciones e informes de calificación, una vez producida la “desanonimización de los exámenes". En la nota presentada ante el organismo se afirma que la medida apunta a “garantizar la transparencia del procedimiento, asegurar el acceso a la información pública y permitir el efectivo control ciudadano sobre el proceso de selección de magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Nación”. La iniciativa no modifica el contenido de los exámenes ni la modalidad de evaluación, sino que se circunscribe a la etapa posterior a su corrección.

Otra de las propuestas se refiere a la determinación de criterios reglados para la evaluación y calificación de las pruebas de oposición. El proyecto incorpora un documento anexo que desagrega los parámetros previstos en el reglamento vigente, con el objetivo de homogeneizar pautas entre jurados y concursos. Según se indica, el instrumento, que promueve la explicitación pública de los criterios de corrección de las evaluaciones, busca “reducir márgenes de discrecionalidad y promover una calificación técnicamente fundada, conforme con los más altos estándares éticos, normativos y jurisprudenciales”.

Un tercer eje está vinculado a la creación de un Banco de Casos estandarizado, automatizado y público para las pruebas de oposición, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. El repositorio funcionaría como un archivo institucional de casos prácticos, clasificados por fuero e instancia, con niveles de dificultad homogéneos y validados por unidades técnicas especializadas. En los fundamentos se mencionan problemas asociados al uso de expedientes en papel, sorteos manuales y exámenes con trazabilidad limitada, y se plantea que el banco permitiría estandarizar los insumos sin alterar el carácter anónimo de la evaluación.

Otro de los proyectos aborda la evaluación de antecedentes profesionales y académicos mediante la implementación de un sistema automatizado de puntuación. La propuesta prevé la digitalización estructurada de los legajos y la aplicación de reglas algorítmicas basadas en los parámetros reglamentarios vigentes, con generación de una calificación preliminar desagregada por rubros. “El consejero sorteado conserva la facultad de revisar y ajustar el puntaje, debiendo fundar toda modificación respecto de la propuesta generada por el sistema”, precisa el texto, que mantiene la intervención humana como instancia obligatoria de control.

El quinto y último proyecto se concentra en la entrevista personal y propone reformar el reglamento para incorporar una escala objetiva de evaluación, con conceptos comunes aplicables a todos los postulantes. La entrevista se orientaría a valorar la idoneidad, la aptitud funcional y la vocación democrática, conforme a lo previsto en la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura. Entre los parámetros enumerados figuran la integridad ética, la independencia, la capacidad de comunicación, las habilidades de gestión, la responsabilidad institucional y el compromiso con los derechos humanos, cada uno con puntaje y fundamentación especial.

En relación con el orden de mérito, la propuesta introduce una nueva fórmula de ponderación entre las etapas del concurso: 50% para la prueba de oposición, 30% para los antecedentes y 20% para la entrevista personal. En los fundamentos se sostiene que la prueba escrita, por su carácter anónimo y estandarizado, permite evaluar con mayor objetividad la capacidad real de los postulantes para ejercer la magistratura, mientras que los antecedentes y la entrevista cumplen funciones complementarias.

Los proyectos incluyen referencias a estándares internacionales sobre independencia judicial, como pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y documentos de Naciones Unidas. En ese marco, se subraya la necesidad de contar con procedimientos basados en criterios objetivos, públicos y verificables, aplicados en condiciones de igualdad y con posibilidad de control institucional y ciudadano.

Vacantes judiciales: el envío de pliegos quedaría habilitado a partir de marzo

El fenómeno de las vacantes en el sistema judicial sumó un nuevo capítulo institucional durante la feria judicial luego de que el Poder Ejecutivo no incluyera el tratamiento de acuerdos para la designación de jueces en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzaron este lunes y tramitarán hasta el 27 de febrero, según lo dispuesto en el decreto 24/2026. De acuerdo con previsiones oficiales, el envío de pliegos al Senado podría iniciarse a partir de marzo y abarcaría 153 cargos de jueces federales, además de 37 fiscales y 45 defensores públicos.

Ese escenario generó alertas en el ámbito jurídico. Para el caso, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que el nivel de vacancias “pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia” y recordó la obligación constitucional del Poder Ejecutivo de remitir los pliegos al Senado. Datos del Consejo de la Magistratura de la Nación muestran que durante 2025 se elevaron solo 19 ternas, la cifra más baja de los últimos años.

Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que la estrategia para cubrir las vacantes se orientará a respetar el orden de mérito de los concursos, con un criterio de “purismo” en la evaluación técnica de los antecedentes. El objetivo declarado es avanzar en un envío amplio de pliegos una vez retomada la actividad legislativa ordinaria.

Colombia debe reformar de fondo su política fiscal y energética si quiere cumplir los compromisos ambientales que asumió para las próximas décadas.

Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe de evaluación ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que recomienda desmontar los subsidios a los combustibles fósiles y elevar los impuestos a la energía para corregir las distorsiones que hoy frenan la transición climática.

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Según el organismo, aunque el país cuenta con un impuesto al carbono —una excepción en América Latina—, su efectividad es prácticamente nula debido a un entramado de exenciones y ayudas que incentivan el consumo de energías altamente contaminantes.

En la práctica, ese esquema hace que la carga fiscal asociada a las emisiones sea negativa, una anomalía que no se registra en ningún otro país miembro de la Ocde.

Un esquema fiscal que va en contravía del clima

El informe señala que los subsidios a los combustibles fósiles y las exenciones al impuesto al carbono terminan anulando su objetivo principal: desincentivar las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales responsables del calentamiento global.

Como resultado, la tasa efectiva del impuesto es negativa, lo que significa que el sistema tributario, en lugar de penalizar la contaminación, termina favoreciéndola.

Para la Ocde, esta contradicción debe corregirse de manera progresiva pero decidida. El organismo plantea que Colombia necesita aumentar los impuestos ambientales sobre la energía y eliminar los incentivos fiscales perjudiciales si quiere alinear su política económica con sus metas climáticas. De lo contrario, advierte, los compromisos de reducción de emisiones corren el riesgo de quedarse en el papel.

Metas ambiciosas y un ritmo insuficiente

Colombia se comprometió a reducir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con un escenario sin medidas, y a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, la Ocde subraya que la trayectoria actual está lejos de ese objetivo.

Entre 2005 y 2020, las emisiones totales del país crecieron a una tasa promedio anual del 1,7%. Para cumplir la meta de 2030, ese comportamiento debería revertirse drásticamente y pasar a una reducción anual del 5,4%. El informe sostiene que esto solo será posible si se acelera la acción en sectores clave como el transporte, la agricultura y el uso del suelo.

En materia de deforestación, el balance es mixto. La Ocde reconoce que el país ha logrado avances sostenidos desde 2017 y que en 2023 se registró el nivel más bajo desde el año 2000. Aun así, alerta que la presión agrícola sigue siendo el principal motor de la pérdida de bosques y hábitats, y que se requieren medidas más contundentes para consolidar esa tendencia.

Contaminación, servicios básicos y biodiversidad en riesgo

El diagnóstico ambiental va más allá del clima. La Ocde identifica la contaminación del aire como uno de los mayores problemas de salud pública del país. Estima que en 2023 causó alrededor de 7.000 muertes prematuras evitables, con un impacto económico equivalente al 2,9% del PIB. Aunque reconoce avances regulatorios, el organismo insiste en reforzar la capacidad institucional y financiera para cumplir los estándares internacionales.

El acceso al agua potable y al saneamiento también muestra rezagos persistentes. Solo el 74% de la población cuenta con agua potable y apenas el 18% tiene acceso a sistemas de alcantarillado gestionados de forma segura, cifras que han mejorado muy poco en la última década. En paralelo, casi la mitad de los residuos sólidos termina en vertederos, muchos de ellos al borde de su capacidad o funcionando sin permisos.

Finalmente, la Ocde recuerda que Colombia alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, pero advierte que dos tercios de sus ecosistemas están amenazados.

El informe detallado por la AIReF incorpora este año los resultados de 2024, un ejercicio que ha estado marcado por el impacto de sentencias judiciales no previstas y por el efecto económico de la DANA, que incrementaron el déficit español en un contexto de volatilidad y riesgos emergentes. A pesar de estos factores inesperados, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), bajo la presidencia de Cristina Herrero, ha presentado una nueva evaluación interna que confirma la precisión y calidad de sus proyecciones macroeconómicas y fiscales.

Según publicó la AIReF en su reciente 'Evaluación de sus Previsiones Macroeconómicas y Fiscales', los resultados de 2024 forman parte de una revisión exhaustiva de los cálculos realizados desde 2015. Este análisis es el cuarto de su tipo y se orienta a medir la exactitud, la eficiencia y la objetividad de las predicciones emitidas por la entidad, tal como reportó la AIReF en la presentación de los datos. El ejercicio también responde a recomendaciones internacionales, especialmente las impulsadas por la OCDE, y cumple con los plazos previstos en el Plan Estratégico 2020-2026 de la institución. El organismo remarcó que sus métodos de autoevaluación se sitúan en la línea de trabajo de otras entidades fiscales de reconocido prestigio que desarrollan ejercicios similares de validación interna.

La AIReF subrayó en su informe que las previsiones económicas siempre enfrentan un alto grado de incertidumbre. Si bien la volatilidad ha sido una constante, los últimos años presentaron desafíos adicionales debido a la pandemia de COVID-19, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y otras tensiones geopolíticas que alteraron las proyecciones previas. La institución destacó la importancia de analizar los errores de previsión en contextos tan variables, con el objetivo de detectar y corregir posibles sesgos o debilidades metodológicas en sus análisis, según reportó la propia AIReF.

En cuanto al apartado macroeconómico, la revisión subraya que la calidad de las previsiones de la entidad se ha mantenido dentro de estándares satisfactorios en términos de precisión y ausencia de sesgos destacados, de acuerdo con lo explicitado por la AIReF. Tanto la eficiencia como la objetividad de los datos superaron los criterios establecidos, aunque la institución reconoció que, junto con otros analistas, se produjo una subestimación en las previsiones de 2024. Este desajuste se explica fundamentalmente por la revisión al alza del PIB correspondiente al segundo semestre de 2023 y por el impacto de la inmigración en el empleo, ambos factores que no se incorporaron de manera completa en los cálculos iniciales.

En el ámbito fiscal, el análisis de la AIReF confirmó que las proyecciones sobre déficit no presentan distorsiones relevantes a lo largo de todo el periodo revisado. Según detalló el organismo, las estimaciones de déficit para 2024 se mantuvieron fieles al 3% del Producto Interno Bruto, situándose solo dos décimas por encima del resultado final si se excluyen los costes extraordinarios derivados de la DANA y de las sentencias judiciales que afectaron a las cuentas públicas ese año. A través de esta evaluación, la AIReF reafirmó la fiabilidad de sus métodos y su capacidad de ajuste ante alteraciones imprevistas del contexto económico y normativo.

La transparencia vuelve a ser uno de los principios rectores del ejercicio, tal como remarcó la institución presidida por Cristina Herrero. El informe de autoevaluación se enmarca en el compromiso de la AIReF por comparar sus servicios y metodologías con los estándares internacionales y adecuar sus procedimientos de trabajo a las mejores prácticas recomendadas por organismos multilaterales como la OCDE. Según publicó la AIReF, con este ejercicio no solo responde a las sugerencias de mejora formuladas en años anteriores, sino que también refuerza la credibilidad pública de sus análisis y su papel como garante de la disciplina fiscal en España.

La revolución de la inteligencia artificial (IA) se perfila como la fuerza capaz de transformar la economía global, pero su futuro estará condicionado por un factor: la confianza.

Durante el Foro Económico Mundial de Davos, se pudo identificar que el avance de la IA implica riesgos emergentes que trascienden los marcos tradicionales de la ciberseguridad.

Jonathan Zanger, director de tecnología de Check Point Software, advierte que el enorme potencial para generar valor económico podría quedar comprometido si las organizaciones no logran construir entornos de IA transparentes y resilientes. “Materializar el enorme potencial económico de la IA depende de una implementación responsable y una confianza verificable”.

El especialista asegura que el alcance de la IA no conoce barreras sectoriales: “La IA está transformando la forma en que las industrias operan, compiten y crean valor a una velocidad sin precedentes. Para 2030, se proyecta que añadirá casi 20 billones de dólares al PIB mundial, consolidando su posición como una de las fuerzas económicas más poderosas de nuestro siglo”.

“Están surgiendo a una velocidad mayor de la que la mayoría de las organizaciones están preparadas para detectar y defenderse”, afirmó, al referirse a amenazas relacionadas con la manipulación del lenguaje que las máquinas interpretan. Los ciberdelincuentes, como explica, ya no requieren vulnerar códigos o redes; bastan las instrucciones camufladas en el lenguaje y los datos para distorsionar los sistemas de IA y alterar su lógica interna.

Este tipo de ataque resulta extremadamente difícil de identificar con protocolos tradicionales de seguridad: “Dado que estos ataques se producen en lenguaje natural, las herramientas de seguridad tradicionales rara vez los identifican. El modelo se ve afectado en su origen, mucho antes de que alguien se dé cuenta de que algo anda mal”.

La inquietud central es que, cuando un modelo de IA es comprometido, “se comporta como una amenaza interna”. Puede operar sin levantar sospechas, filtrando información, alterando recomendaciones o desviando resultados, mientras continúa ofreciendo respuestas y procesando datos, aunque de manera sutilmente desalineada.

Frente a este desafío, Zanger subraya la urgencia de que el sector empresarial evolucione su enfoque: “Lo que estamos observando ahora es un cambio en el riesgo empresarial: de la protección de datos a la protección del conocimiento”. El epicentro del debate de gobernanza ya no es quién utiliza la IA, sino qué han absorbido los modelos y cuál es el origen de sus datos.

Cómo construir ecosistemas de IA confiables

Para construir ecosistemas de IA confiables, el experto define como imprescindible un modelo de “confianza cero”. En su opinión, esto implica ir más allá de los métodos clásicos de control de acceso: “No confiar en nada. Verificar todo, continuamente”, recalcó Zanger. La vigilancia debe incluir tanto los datos como las instrucciones empleadas para entrenar los sistemas, además de integrar criterios de trazabilidad y rendición de cuentas en cada fase del ciclo de vida de la IA.

Este enfoque se alinea con el avance de iniciativas internacionales, añade Zanger, quien destaca el “Marco de Riesgos y Seguridad de la IA de la OCDE, publicado en 2025, e iniciativas internacionales similares reconocen la manipulación de datos y el uso indebido de la IA como áreas críticas que exigen estándares y supervisión compartidos”.

A futuro, la frontera de la ciberseguridad migrará desde la defensa de redes hacia la defensa de la semántica: “La próxima era de la ciberseguridad se definirá no por la defensa de los sistemas, sino por la defensa de la semántica”. Proteger el lenguaje, la base sobre la que se sustentan los algoritmos inteligentes, será el nuevo terreno estratégico. La “confianza definirá la próxima frontera de la innovación”, posicionando a las organizaciones y países que la adopten como actores clave no solo en competitividad, sino en responsabilidad compartida ante el mundo.

Las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que aproximadamente un tercio de las ofertas de empleo en la Unión Europea presentan una alta exposición a la inteligencia artificial según las competencias requeridas, una cifra que podría ascender a dos tercios en los próximos años. En este contexto, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, subrayó la importancia de desarrollar políticas que anticipen este cambio y promuevan la formación adecuada, al participar en un panel dedicado a la economía y la inteligencia artificial en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Según informó el medio de comunicación que cubrió el evento, Dombrovskis señaló que la inteligencia artificial representa una oportunidad para que la Unión Europea recupere terreno en productividad ante otras grandes economías y estimule el crecimiento económico regional, siempre que se tomen medidas de adaptación pertinentes que permitan prever el impacto sobre el empleo.

El medio detalló que la Comisión Europea ha reforzado recientemente su apuesta por el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial como motor de competitividad a nivel europeo. Dombrovskis mencionó el Plan de Acción ‘Continente de IA’, cuyo objetivo consiste en impulsar inversiones en infraestructuras estratégicas, como las gigafactorías de inteligencia artificial, y facilitar su adopción tanto en diferentes sectores económicos como en la administración pública. La aplicación de estos planes se integra en una estrategia más amplia para fortalecer la soberanía tecnológica de la región, que en las últimas semanas se tradujo en la movilización de más de 307 millones de euros destinados a fomentar la inteligencia artificial y otras tecnologías consideradas clave, con el propósito de agilizar su incorporación industrial y favorecer la autonomía digital del bloque europeo.

Durante el panel celebrado en Davos, representantes políticos, empresas y sindicatos discutieron sobre el impacto que la inteligencia artificial tiene en la productividad y en el empleo, además de la necesidad de gestionar la transición tecnológica a través de políticas públicas, formación y recualificación. Según publicó el medio mencionado, entre los puntos tratados se destacaron tanto los incrementos de productividad que se atribuyen a estas tecnologías emergentes como las tensiones que generan sobre determinados perfiles laborales, especialmente aquellos con tareas más susceptibles de automatización. Dombrovskis reiteró la importancia de anticipar los cambios a través de la formación para que la transición no cause desequilibrios en el mercado laboral.

El comisario europeo también advirtió que la Unión Europea enfrenta una “gran escasez” de competencias digitales, fenómeno que, a su juicio, se ha intensificado con la expansión de la inteligencia artificial y que genera una brecha entre la demanda y la oferta de talento especializado. “No hay suficientes titulados con las competencias necesarias en IA. Por lo tanto, si queremos que esta transición sea un éxito, también debemos centrarnos mucho en garantizar que las personas que se incorporan al mercado laboral, así como quienes ya forman parte de él, cuenten con las competencias adecuadas”, afirmó Dombrovskis, según consignó la prensa presente en el foro.

De acuerdo con el reporte del medio, el comisario recordó que, a pesar de la solidez actual del mercado laboral europeo y de la creación de empleo por encima de las expectativas tras la recuperación pospandemia, la transformación generada por la inteligencia artificial impactará diferentes sectores y profesiones. Algunas ocupaciones evolucionarán, mientras que otras desaparecerán con el tiempo, lo que requiere adaptabilidad y el desarrollo de nuevas capacidades entre los trabajadores.

El análisis presentado durante el foro recogió que, desde la perspectiva histórica, los cambios en la naturaleza de los empleos han acompañado todas las grandes revoluciones tecnológicas, tal como enfatizó Dombrovskis al afirmar: “Las profesiones cambiarán. No será posible preservar todos los empleos tal y como existen hoy. La naturaleza de los trabajos irá transformándose y, en ese sentido, la clave está en la transición y en la recualificación de las personas. Esto ha ocurrido desde la primera revolución industrial”, recogió el medio en sus reportes.

Como parte de la estrategia europea orientada a maximizar los beneficios de la inteligencia artificial, la Comisión Europea ha priorizado el desarrollo de nuevas competencias mediante iniciativas de formación orientadas tanto a quienes ingresan por primera vez al mercado laboral como a quienes buscan adaptarse a los nuevos requerimientos profesionales. Así lo expuso Dombrovskis, quien insistió en que el éxito de la transición tecnológica depende de que la fuerza laboral europea disponga de los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar los retos y las oportunidades asociados con la inteligencia artificial y la digitalización creciente de la economía.

El medio informó que, de esta manera, las inversiones recientes y los programas diseñados por la Comisión buscan equilibrar el impulso tecnológico con la protección social y la capacitación de los trabajadores. Estos esfuerzos procuran que el desarrollo de inteligencia artificial, además de cerrar la brecha de productividad con otros bloques económicos líderes, se traduzca en una transición laboral gestionada que evite el desplazamiento masivo de puestos de trabajo y priorice la recualificación de los profesionales afectados.

Mientras varias economías desarrolladas celebran cifras históricas de ocupación, el panorama laboral colombiano sigue revelando rezagos estructurales que lo mantienen entre los países con menor nivel de empleo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Los datos más recientes del organismo confirman que Colombia continúa ubicada en la parte baja del ranking, con una tasa de empleo del 64,4%, muy por debajo del promedio del bloque.

El informe, divulgado por la Ocde, analizó el comportamiento del empleo durante el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre, y mostró que, en conjunto, los países miembros alcanzaron un nivel récord. En promedio, el 70,3% de la población en edad de trabajar, personas entre 15 y 64 años, se encontraba ocupada, una cifra que se mantiene estable durante tres trimestres consecutivos y que refleja la solidez del mercado laboral en buena parte del mundo desarrollado.

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De hecho, diez países alcanzaron máximos históricos desde que se lleva este registro, iniciado en 2005. Francia llegó al 69,4%, Grecia al 64,6%, Hungría al 75,2%, Japón al 80,1% y Corea del Sur al 69,9%. A ellos se suman Polonia (73,1%), Portugal (74,1%), España (67%) y Turquía (55,1%), cada uno con avances significativos frente a sus propios antecedentes.

El caso español resultó particularmente ilustrativo. Desde finales de 2019 hasta el tercer trimestre del último año medido, su tasa de empleo aumentó 3,5 puntos porcentuales, muy por encima del promedio de la Ocde, que fue de apenas 1,4 puntos. Grecia lidera ese crecimiento relativo, con un salto de 7,9 puntos, seguida por Polonia (5,2 puntos) y Turquía (4,8 puntos), lo que evidencia un proceso de recuperación laboral acelerado en varios países que históricamente enfrentaron dificultades en este frente.

En contraste, Colombia aparece dentro del grupo con los niveles de empleo más bajos de toda la organización. Solo Turquía, con 55,1%, e Italia, con 62,5%, registran cifras inferiores. A ellos se suman otros países latinoamericanos miembros de la Ocde: Costa Rica (61,4%), México (63,1%) y Chile (64,6%), lo que sugiere un patrón regional de mayor fragilidad en la generación de empleo formal y sostenido.

Para el caso colombiano, el 64,4% refleja no solo un desempeño inferior frente a economías desarrolladas, también frente a varios pares emergentes. Analistas suelen señalar que esta brecha responde a múltiples factores, altos niveles de informalidad, baja participación laboral femenina, dificultades para absorber población joven al mercado de trabajo y un tejido productivo que aún no logra generar suficientes empleos de calidad.

El informe de la Ocde también ofreció una mirada complementaria desde el desempleo. En noviembre, la tasa de paro del conjunto de la organización se mantuvo estable en el 5%, sin mayores variaciones frente a septiembre, último mes con datos plenamente comparables. En este escenario, se produjo un cambio relevante en el ranking, España dejó de ser el país con el desempleo más alto, posición que pasó a ocupar Finlandia.

En concreto, Finlandia registró un aumento de dos décimas en su tasa de desempleo, que llegó al 10,6%, mientras que España logró una leve reducción, hasta el 10,4%. Aunque ambas cifras siguen siendo elevadas en comparación con el promedio de la Ocde, el movimiento refleja dinámicas internas distintas y ajustes recientes en sus mercados laborales.

Para Colombia, estos datos funcionan como un espejo incómodo. Aunque el país muestra señales de recuperación tras los impactos más duros de la pandemia, su tasa de empleo sigue evidenciando una distancia considerable frente a los estándares internacionales. El desafío no es solo crear más puestos de trabajo, sino hacerlo de manera inclusiva y sostenible, en un contexto económico marcado por la desaceleración global y las tensiones internas.

El mercado laboral de los países desarrollados no hace más que mejorar, pese al contexto económico y geopolítico mundial. Según un estudio publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de empleo en el conjunto de los estados ha alcanzado niveles récord durante el tercer trimestre de 2025. Y España está entre las regiones que mejoran sus datos. Nuestro país figura entre aquellos que han alcanzado máximos históricos y, además, entre los que más han mejorado su situación en los últimos años.

Entre los meses de julio y septiembre de 2025, el porcentaje de población ocupada sobre el total de personas en edad de trabajar, que según la OCDE son aquellas que están entre los 15 y los 64 años, se situó en el 70,3% para el conjunto de la organización. Se trata del tercer trimestre consecutivo en el que este indicador permanece en ese nivel, el más elevado desde que comenzaron los registros comparables en 2005. Esta estabilidad en máximos refleja, según los analistas, la resistencia del empleo frente al endurecimiento de las condiciones financieras y a la pérdida de impulso del crecimiento económico en muchos países.

España lidera el avance del empleo entre los países que marcan récords

Sin embargo, aunque las cifras positivas se han repetido en varios países, no ha ocurrido lo mismo en todos. Francia, Grecia, Hungría, Japón, Corea del Sur, Polonia, Portugal, España y Turquía han alcanzado en el tercer trimestre las mayores tasas de empleo de toda la serie histórica. En nuestro país, concretamente, el porcentaje ha alcanzado el 67%, un nivel nunca antes visto, que confirma la mejora estructural del mercado laboral tras los cambios normativos y la recuperación posterior a la pandemia de 2020.

Más allá de los datos, la evolución deja ver el avance de la economía. España se sitúa entre los países donde más ha crecido la tasa de empleo en este periodo, con un aumento de 3,5 puntos porcentuales. Esta subida contrasta con la media de la OCDE, que apenas supera un punto porcentual (1,4). Solo algunos países del sur y del este de Europa, tradicionalmente más rezagados, han tenido mejoras más pronunciadas.

Avances rápidos desde la cola del mercado laboral

Grecia encabeza este ranking de avances, con un incremento cercano a los ocho puntos, seguida de Polonia y Turquía. En estos casos, la mejora parte de niveles históricamente bajos y responde tanto a la recuperación cíclica como a reformas del mercado de trabajo y a una mayor incorporación de colectivos que antes tenían una presencia limitada en el empleo. Sin embargo, estos progresos no siempre se traducen en tasas elevadas en términos absolutos.

De hecho, Turquía continúa siendo el país con menor tasa de empleo de toda la OCDE, pese a su fuerte crecimiento desde 2019. El 55,1% de su población en edad de trabajar tiene un empleo, un porcentaje muy por debajo del resto de socios. Esta brecha se explica, en gran medida, por la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral, un factor que lastra el indicador global.

Después de Turquía, los niveles más bajos de empleo se concentran en Italia y en varios países latinoamericanos miembros de la OCDE. Costa Rica, México, Colombia y Chile presentan tasas claramente inferiores a la media del organismo.

España abandona el primer puesto del desempleo

La fortaleza del empleo también se refleja en la evolución del paro, aunque con matices entre los países. En noviembre, la tasa de desempleo del conjunto de la OCDE se mantuvo estable en el 5%, sin cambios respecto a los últimos datos comparables. Este estancamiento en niveles relativamente bajos apunta a un mercado laboral ajustado, donde la creación de empleo empieza a moderarse, pero sin provocar un repunte del paro.

Con esto, España ha dejado de encabezar el ranking de países con mayor desempleo dentro de la organización. La tasa española ha descendido una décima en noviembre, hasta el 10,4%, mientras que Finlandia ha registrado un aumento de dos décimas, situándose en el 10,6%. Aunque el paro en España sigue siendo elevado en comparación con la media de la OCDE, el cambio de posición refleja una mejora gradual, en línea con el aumento del empleo de los últimos trimestres.

En conjunto, los datos de la OCDE apunta a un mercado laboral que ha demostrado una capacidad de adaptación mayor de la prevista por la inestabilidad de los últimos años. No obstante, el organismo advierte en su análisis que aún existen problemas sin resolver, como la reducción de las desigualdades entre países, la mejora de la calidad del empleo y la necesidad de integrar plenamente a jóvenes, mujeres y trabajadores de mayor edad.

Según publicó EFECOM, la nueva normativa internacional, respaldada por más de 145 países y jurisdicciones, busca contener la competencia fiscal desleal y frenar la evasión facilitada por paraísos fiscales. El objetivo central, de acuerdo con la OCDE, no reside en incrementar la recaudación, sino en eliminar distorsiones derivadas de decisiones empresariales motivadas por la ubicación fiscal. Manal Corwin recalcó que la finalidad política de la medida es impedir que las multinacionales eludan imposiciones fiscales moviendo sus sedes, lo que otorga ventajas competitivas injustas frente a otras compañías.

El marco aprobado establece que las grandes corporaciones con una facturación anual superior a 750 millones de euros estarán sometidas a un tipo impositivo mínimo del 15 % en todos los países adheridos, sin importar dónde tengan su residencia o dónde realicen sus operaciones principales. El medio EFECOM señaló que el diseño de las reglas apunta a evitar el traslado de sedes corporativas a jurisdicciones con baja tributación como mecanismo de optimización fiscal, conducta que había generado tensiones y distorsiones en los mercados internacionales.

La exención conseguida por Estados Unidos surgió como resultado de negociaciones complejas, condicionadas por la resistencia estadounidense a la primera versión del acuerdo global alcanzado en 2021. Durante el mandato de Donald Trump, la administración estadounidense expresó un rechazo al pacto, considerándolo perjudicial para sus empresas. Según reseñó EFECOM, Trump incluso hizo pública la posibilidad de apartarse del proceso e imponer impuestos adicionales o "de revancha" a corporaciones o individuos que, desde el extranjero, generaran ingresos en Estados Unidos y provinieran de países que, bajo su criterio, establecieran políticas fiscales discriminatorias hacia las firmas estadounidenses.

A finales de junio de 2025, ante el riesgo de una ruptura total en la cooperación internacional, los países del G7 llegaron a un entendimiento para que Estados Unidos pudiera gestionar los beneficios obtenidos en el extranjero por sus multinacionales conforme a su legislación interna, aunque esto no coincidiera exactamente con el enfoque del Pilar 2 de la OCDE. Algunos países, como España, manifestaron críticas al acuerdo, considerando que podría limitar el alcance y la efectividad del impuesto mínimo.

El contexto en el que se alcanzó el compromiso definitivo incluyó la proliferación de nuevas legislaciones nacionales que avanzaban hacia la adopción del impuesto mínimo mundial. Según informó EFECOM, más de 65 jurisdicciones ya habían aprobado leyes alineadas con las directrices establecidas en el marco de la OCDE, lo que aumentó la presión para conseguir una solución de consenso global antes de que surgieran conflictos normativos más profundos.

Manal Corwin, responsable de fiscalidad del organismo internacional, valoró que el texto final consigue un "equilibrio justo" entre los múltiples intereses en juego, en un escenario donde se intensificaban las desavenencias entre actores. Según enfatizó, lo que estaba en juego superaba el alcance de la recaudación directa, poniendo de relieve la necesidad de crear condiciones que no distorsionaran las decisiones de inversión y no alimentaran la competencia desleal entre países por la atracción artificial de grandes corporaciones mediante reducciones fiscales extremas.

De acuerdo con el análisis publicado por EFECOM, aunque el acuerdo permite a otras jurisdicciones reclamar una exención similar a la estadounidense, el proceso para demostrar la equivalencia de sus sistemas tributarios presenta varias dificultades técnicas y legales. Para acogerse a esa excepción sería necesario probar, a inicios de 2026, la existencia de un régimen fiscal equivalente al estadounidense, una condición complicada de cumplir para la mayoría de los países.

El acuerdo anunciado la semana pasada, concluyó EFECOM, refleja tanto la urgencia de armonizar las reglas fiscales para evitar nuevos espacios de competencia desleal, como la dificultad de integrar intereses nacionales diversos bajo un único marco normativo, en especial cuando se trata de grandes potencias económicas.

México enfrenta uno de sus mayores retos estructurales en materia educativa, donde se destaca que los universitarios del país no se titulan y el gobierno invierte muy poco en la educación, de acuerdo con el informe Education at a Glance 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los datos revelan que el país se ubica en el último lugar entre los países miembros en porcentaje de jóvenes con título universitario, además de registrar una de las inversiones más bajas por estudiante en todos los niveles educativos.

Los datos de la OCDE señalan que 4 de cada 10 jóvenes en México no concluyen la educación media superior.

Mientras que, en promedio, solo el 13 por ciento de los jóvenes adultos en los países miembros carece de este nivel educativo, en el país la proporción de mexicanos sin educación media superior alcanza el 41%.

México, último en jóvenes con título universitario

Según el informe, solo el 22% de los jóvenes mexicanos cuenta con un título universitario, una cifra que coloca al país en el último lugar de la OCDE, empatado con Italia. Este porcentaje está muy por debajo del promedio de la OCDE, que se sitúa en 42%, lo que evidencia una brecha educativa significativa.

En contraste, los países con mayor proporción de universitarios titulados son:

• Canadá: 65%
• Irlanda: 58%
• Japón: 57%
• Corea del Sur: 56%
• Luxemburgo: alrededor del 54%

En la parte baja de la tabla, junto a México, se encuentran:

• Costa Rica: 25%
• República Checa y Turquía: 27%
• Italia y México: 22%

Estos datos reflejan limitaciones estructurales en el acceso, permanencia y conclusión de estudios universitarios, especialmente para jóvenes de bajos ingresos.

Por igual, las probabilidades de titularte, si tus padres no cuentan con estudios, solo el 15% podrán lograrlo, pero si no tienen estudios formales, solo se podrán titular el 14.5%.

Mientras, la probabilidad aumenta a un 63.4% si uno de los padres tiene título universitario.

Incluso cuando un mexicano logra titularse de una licenciatura, el acceso a estudios de maestría o posgrado sigue siendo limitado, ya que solo dos de cada cien jóvenes en el país alcanzan este nivel educativo. En contraste, el promedio de la OCDE es de 16%, mientras que en México esta proporción apenas representa el 2%.

Bajo gasto educativo en relación con el PIB

El informe también señala que México se encuentra entre los países de la OCDE que menos invierten en educación en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que el promedio del organismo es de 4.7% del PIB, México destina 4.3%, quedando por debajo de la media.

Los países que más invierten en educación son:

• Noruega: 6.2% del PIB
• Israel: 6.1%
• Suecia: 5.3%

En contraste, los países con menor inversión son:

• Irlanda: 2.8%
• Hungría: 3.4%
• Italia: 3.9%

Aunque México no ocupa el último lugar en este rubro, su inversión es insuficiente para atender la demanda educativa de una población joven numerosa, advierte la OCDE.

Inversión por estudiante universitario: México, al fondo de la lista

Uno de los datos más críticos del informe es la inversión por estudiante universitario. México ocupa el lugar 37 de 37 países analizados, con un gasto anual de apenas 4 mil 430 dólares por alumno, lo que representa 70% menos que el promedio de la OCDE, que asciende a 15 mil 102 dólares.

Comparativamente, los países que más invierten por estudiante universitario son:

• Luxemburgo: 54,384 USD
• Suiza: 32,505 USD
• Noruega: 27,256 USD
• Dinamarca: 24,113 USD
• Suecia: 24,044 USD

Incluso países de América Latina como Chile (4 mil 479 dólares) superan ligeramente a México en este indicador.

Rezago también en educación básica y media superior

La situación se repite en los niveles previos a la universidad. En educación básica y media superior, México invierte 2 mil 790 dólares por estudiante, frente a un promedio OCDE de 13 mil 210 dólares, lo que limita la calidad educativa desde las primeras etapas de formación.

Claves del rezago educativo en México según la OCDE

• Baja inversión pública por estudiante
• Desigualdad en el acceso a la educación superior
• Alta deserción escolar
• Limitada capacidad institucional de las universidades públicas

Un desafío estratégico para el desarrollo

La OCDE advierte que el bajo nivel educativo de la población joven tiene efectos directos en la productividad, el crecimiento económico y la movilidad social. Sin un aumento sostenido en la inversión y políticas públicas enfocadas en ampliar el acceso y la conclusión de estudios universitarios, México podría profundizar su rezago frente a las economías desarrolladas.

El informe Education at a Glance 2025 deja claro que invertir en educación no es un gasto, sino una condición indispensable para el desarrollo del país.

En noviembre, la inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, registró un retroceso hasta alcanzar el 4%, lo que reflejó una disminución de dos décimas respecto a los meses anteriores, mientras los precios en el sector energético y alimentario también mostraron señales de moderación. Según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de inflación interanual en el conjunto de sus países miembros se situó ese mes en el 3,9%, cifra que implica una caída de tres décimas respecto al dato reportado en septiembre. Este informe, detallado por la OCDE, señaló además que la recogida de datos en noviembre se vio afectada por la falta de información de octubre en algunos países, entre ellos Estados Unidos, debido a la paralización temporal del Gobierno federal.

Esta desaceleración en la tasa de inflación general estuvo impulsada principalmente por una menor subida en los precios de los alimentos y una ralentización en el incremento de los costos de la energía. De acuerdo con lo publicado por la OCDE, el encarecimiento de la canasta alimentaria bajó un punto porcentual, situándose en un 5%, mientras la energía pasó a ser un 3,5% más cara, registro que significa una reducción de cuatro décimas con respecto a dos meses antes. El medio puntualizó que, excluyendo estos dos componentes cuyos precios suelen ser más volátiles, la inflación subyacente mostró una tendencia a la baja de forma paralela a la registrada en el índice general.

El análisis de la OCDE abarcó diferencias regionales y nacionales dentro del grupo de países avanzados. Entre los Estados miembros para los que existían cifras disponibles, la lectura del comportamiento de los precios evidenció caminos divergentes: en siete de ellos la inflación creció durante noviembre, en trece retrocedió y en diecisiete se mantuvo estable o se acercó a la estabilidad. La entidad destacó la variedad de trayectorias nacionales dentro de un contexto global de moderación.

Según el organismo, dentro de la eurozona, el Índice de Precios al Consumo (IPC) quedó detenido en noviembre en un 2,1%. Al mismo tiempo, el promedio del G7 –que agrupa a las principales economías avanzadas– experimentó una reducción de tres décimas, fijándose en un 2,5%. Estas cifras muestran cómo los movimientos en los precios han diferido entre las distintas agrupaciones económicas que componen el entorno económico global.

En lo referente a países del G20 que no forman parte de la OCDE, la inflación presentó comportamientos diversos. La organización indicó que en China e India los precios continuaron en ascenso durante el mes analizado, mientras que en otras economías como Brasil, Indonesia y Arabia Saudí se observó una desaceleración en el ritmo inflacionario. En Argentina y Sudáfrica, los informes mostraron ausencia de movimientos significativos en los precios, permaneciendo estos sin variaciones notables.

El medio también subrayó la relevancia de estos registros dentro de un contexto de evaluación continua sobre la estabilidad de precios, ya que las tendencias de inflación tienen impacto en las decisiones de política económica y monetaria en el corto y mediano plazo entre los países miembros y socios del organismo. Tal como consignó la OCDE, los datos de inflación y su composición ofrecen señales sobre el dinamismo económico regional y global, además de influir en la implementación de estrategias por parte de los gobiernos y bancos centrales.

El descenso registrado tanto en la inflación general como en la subyacente apunta a una evolución en la presión sobre los precios de los bienes y servicios, con diferencias notables entre sectores y regiones. Los datos disponibles permiten a la OCDE monitorear de cerca la evolución de los indicadores, en un período caracterizado por la necesidad de adaptarse a las variaciones observadas en distintos mercados y por la influencia de factores como la moderación de los precios energéticos y alimentarios.

La información presentada por la OCDE destaca tanto los procesos de estabilización como los focos de incremento de la inflación en ciertos países. Las cifras mensuales ayudan a identificar las dinámicas internas de los mercados nacionales y facilitan la comparación entre los distintos bloques económicos, conformando una base para el ajuste de políticas que busquen mitigar los efectos adversos de movimientos inflacionarios o consolidar periodos de estabilidad.

Los hogares españoles han conseguido reducir su nivel de endeudamiento a cotas no vistas desde que el país adoptó el euro, lo que, según las autoridades económicas, permite equilibrar el incremento del consumo con un crecimiento sostenido del ahorro. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en rueda de prensa que esta situación financiera "saneada" de los hogares posibilita que tanto el gasto de los ciudadanos como sus depósitos bancarios aumenten a la vez, lo que proporciona "margen para seguir creciendo" en los próximos trimestres. Esta afirmación se produjo poco después de la presentación de un informe oficial sobre la evolución económica de España.

Tal como reportó el medio de comunicación, Cuerpo declaró que 2026 comenzó con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1%, impulsado por el llamado efecto arrastre del cuarto trimestre de 2025, cuando la economía registró un avance cercano al 0,7%. El ministro puntualizó que esta base al iniciar el año acerca a la economía española al objetivo previsto de crecimiento del 2,2% para el año, según las proyecciones oficiales del Gobierno. A esto se sumó un repaso sobre la tendencia de los últimos años: durante tres ejercicios consecutivos, la economía nacional ha conseguido crecer cada trimestre, con tasas iguales o superiores al 0,6%. Esto, señaló, sitúa a España en los primeros puestos entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El titular de Economía detalló que el crecimiento económico nacional descansa principalmente en la fortaleza de la demanda interna y la inversión. Al analizar la composición de ese impulso interno, destacó el peso del consumo privado como uno de los motores clave. Además, subrayó que la renta real disponible de las familias, ajustada por la evolución de los precios (renta per cápita real), ha mejorado desde el inicio del "shock" inflacionario de 2022 hasta el segundo trimestre de 2025. Según lo indicado por el ministro y recogió el medio, este indicador se encuentra por encima de las cifras registradas por otros países avanzados de la OCDE en el mismo período.

La combinación de mayor renta disponible con una menor exposición al endeudamiento sitúa la vulnerabilidad financiera de los hogares en los niveles más bajos de los últimos veinte años, según las palabras del ministro facilitadas por los medios. Cuerpo señaló que esa mejora no se limita a una parte de la población: abarca todos los segmentos de renta, lo que refuerza la estabilidad general. Destacó que el contexto internacional, definido por múltiples incertidumbres y retos, no ha impedido que en España se observe "un sentimiento de mayor confianza, de mayor optimismo de los agentes económicos en España frente a nuestros principales socios", según lo citado.

En relación con el comportamiento de los consumidores y su influencia sobre los datos macroeconómicos, el informe presentado ante el Consejo de Ministros detalla, según consignó el medio, que el dinamismo del gasto privado ha sostenido el ritmo de crecimiento incluso en situaciones complejas a nivel global. Los responsables de Economía resaltan que el margen de ahorro adicional en comparación incluso con los registros previos a la pandemia refuerza la capacidad de la economía para afrontar eventuales “shocks” o variaciones negativas en el entorno internacional.

El informe presentado reconoce la importancia de seguir monitorizando la evolución de estos indicadores, dados los desafíos que siguen presentándose tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, el diagnóstico de la cartera económica sostiene que la combinación actual de ahorro, consumo y baja vulnerabilidad financiera constituye una base sólida para encarar los próximos meses y continuar cumpliendo los objetivos marcados en la hoja de ruta económica del Ejecutivo.

El mercado laboral español mantendrá su impulso en 2026, con previsiones al alza de creación de empleo y reducción de la tasa de paro, pero con desafíos relevantes en costes laborales, regulación y productividad. Según BBVA Research, la OCDE y el Instituto Nacional de Estadística, aunque la economía española seguirá creciendo este año y generando empleo más que la media europea, las empresas afrontarán presiones adicionales, entre ellas, avanzar en la adaptación tecnológica.

Las buenas perspectivas para 2026 se apoyan en el balance positivo de 2025, con la economía española registrando un crecimiento superior al esperado gracias a la solidez de la demanda interna y el mayor aprovechamiento de los fondos europeos NextGenerationEU.

Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas en BBVA Research, estima que el Producto Interior Bruto ha repuntado un 2,9% en el último año, lo que “se ha traducido en un aumento de la afiliación a la Seguridad Social y del empleo de aproximadamente un 2,5% respecto a 2024″.

El aumento de la creación de empleo ha permitido que la tasa de paro cayera en 2025 hasta situarse en una media anual del 10,6%. Doménech subraya que el comportamiento del empleo el año pasado siguió apoyándose “en gran medida” en la población extranjera, “fundamental para compensar el envejecimiento de la fuerza laboral nativa y cubrir la demanda en sectores clave”. A pesar de estos avances, reconoce que persisten retos como la baja productividad por ocupado, “que apenas remonta debido, en parte, a la reducción de horas trabajadas por empleado”.

Más de 1,5 millones de empleos en tres años

Las perspectivas para 2026 indican la continuidad de esta tendencia positiva, aunque en un entorno de leve desaceleración. BBVA Research proyecta que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará un 2,4% -cinco décimas menos que en 2025-, impulsando el dinamismo del mercado de trabajo.

Se espera que el empleo crezca 2,3% este año, lo que permitiría reducir la tasa de paro hasta el 10% en promedio anual. Si se cumplen estas previsiones, entre 2024 y 2026 la economía nacional habrá generado más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, BBVA Research advierte que se mantendrán riesgos asociados a la baja productividad y la acumulación de costes, factores que podrían ralentizar la creación de empleo a medio plazo.

Estas cifras hacen que en 2026 España mantenga una posición mejor que la media europea en cuanto a generación de empleo y descenso del paro, pero presenta vulnerabilidades. Según los analistas de la OCDE, la “productividad española y el ingreso per cápita siguen rezagados respecto a la media europea, lastrados en parte por el reducido tamaño medio empresarial”.

Esta situación hace que las pymes sean especialmente susceptibles ante cualquier incremento de los costes laborales unitarios. Además, a medida que avanza el ciclo económico y disminuye la tasa de paro, las empresas encuentran más dificultades para cubrir vacantes.

Aumento de costes de las empresas

Estos factores hacen prever fuertes presiones sobre la estructura de costes de las empresas. “En primer lugar, la negociación para un nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue presionando la estructura salarial, con el objetivo de ganar poder adquisitivo más allá de la inflación prevista, un 2,5% para 2026”, precisa Rafael Doménech.

A esto se suma el efecto arrastre de la subida de los salarios públicos, que actúa como referencia en la negociación colectiva del sector privado, añadiendo presión a los costes salariales totales.

En el terreno regulatorio, aunque la propuesta de reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, que hubiera implicado un encarecimiento directo del coste por hora trabajada sin ajuste de los salarios, no se haya implementado, se ha anunciado la aplicación estricta de un nuevo registro horario digital interoperable con la Inspección de Trabajo.

Se trata de un sistema que, en opinión de Rafael Doménech, “elimina la flexibilidad informal y endurece el control, lo que supone un reto organizativo y de gestión para las pymes, haciendo que la reducción de jornada sea efectiva y rígida de manera inmediata”.

Cotizaciones

En cuanto a la Seguridad Social, la cuña fiscal sobre el trabajo seguirá aumentando, prevén los analistas, una tendencia contraria, según ello, a la recomendada por organismos internacionales, como la OCDE, que sugieren reducir las cotizaciones empresariales de los trabajadores de bajos ingresos para fomentar la contratación.

Los costes no salariales continuarán al alza en 2026 a través de varias vías, vaticina Doménech, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, “cuya sobrecotización sigue consolidándose”; la aplicación de la cuota de solidaridad para los salarios más altos; el destope progresivo de las bases máximas de cotización, “que aumentarán por encima de la inflación, elevando el coste de contratación de talento cualificado”, según el experto. También estima que se producirá un incremento de las cuotas para los trabajadores autónomos.

Nuevas tecnologías para mejorar la productividad

Otro de los retos a los que se enfrenta España este año es a la necesidad de integrar eficazmente las nuevas tecnologías para mejorar la productividad. Según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del INE de 2025, la adopción de la Inteligencia Artificial Generativa presenta una clara asimetría: aunque el 37,9% de la población de 16 a 74 años ya ha utilizado estas herramientas, su uso con fines profesionales se limita al 17,9%, frente al 30,2% que las emplea para fines privados.

El jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research reconoce que existe una marcada brecha generacional que presiona a las empresas a invertir en reciclaje profesional.

Por otro lado, la flexibilidad laboral muestra signos de estancamiento. El teletrabajo ha descendido ligeramente hasta situarse en el 14,8% de los ocupados (-0,3 puntos respecto a 2024), lo que “podría dificultar la atracción de talento joven que demanda estos modelos híbridos”, indica el experto.

Luces y sombras

Todos estos factores hacen que el escenario laboral para 2026 se configure con luces y sombras. Se espera que la inercia positiva mantenida desde 2025 y las cifras de crecimiento y empleo proporcionen cierta estabilidad.

No obstante, la acumulación de costes regulatorios y salariales podría debilitar el ritmo de creación de empleo a medio plazo, especialmente en un contexto con escasez de mano de obra en algunos sectores y la productividad como asignatura pendiente.

El gran reto, según Doménech, será conseguir que la evolución de la regulación y la demografía no comprometan la inversión ni la sostenibilidad del sistema, en un entorno donde las tecnologías disruptivas demandan una rápida adaptación para garantizar el futuro del estado del bienestar.

La decisión de crear una solución alternativa para multinacionales estadounidenses, que entrará en vigor a partir de 2026 y estará disponible en todas las jurisdicciones desde 2027, da respuesta a preocupaciones expresadas desde Washington y busca evitar una fuga masiva de la base fiscal estadounidense. Según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los 147 países y jurisdicciones que participan en el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) han alcanzado un acuerdo sobre los componentes fundamentales para aplicar de forma coordinada un impuesto mínimo global. El pacto, anunciado tras varios meses de negociaciones, introduce un régimen paralelo con el objetivo de equilibrar los intereses fiscales internacionales y las exigencias estadounidenses.

De acuerdo con el informe divulgado este lunes por la OCDE, el acuerdo incorpora cinco componentes esenciales, entre los que se incluyen medidas para simplificar los procesos y reducir la carga administrativa tanto para las multinacionales como para las autoridades fiscales en la determinación y declaración del impuesto mínimo global. También se establecen nuevas garantías fiscales específicas, dirigidas a armonizar la aplicación de incentivos fiscales a nivel mundial y evitar distorsiones entre jurisdicciones. Además, el paquete ofrece salvaguardias adicionales para multinacionales cuya matriz se encuentra en países que cumplen los requisitos mínimos y han implementado su propio régimen tributario mínimo.

Mediante la implementación de estos mecanismos, la OCDE señala que el acuerdo refuerza la protección de las bases fiscales locales, con especial atención a los países en desarrollo. El documento oficial precisa que el marco acordado prevé un proceso regular basado en la revisión de evidencias para asegurar que todos los miembros del Marco Inclusivo cuenten con las mismas condiciones a la hora de aplicar las nuevas reglas. Así, se busca alcanzar estabilidad y certidumbre en el sistema fiscal internacional, según detalló el organismo.

La solución acordada se produce después de que Estados Unidos manifestara su rechazo al acuerdo global alcanzado en 2021 para establecer una tributación mínima efectiva del 15% sobre los beneficios empresariales. Tras el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense y la amenaza de adoptar "impuestos de venganza" contra pesos pesados de la industria norteamericana en el caso de aplicarse la reforma tributaria internacional, las negociaciones se intensificaron. Como resultado, según publicó la OCDE, el Marco Inclusivo desarrolló un sistema paralelo para cubrir las inquietudes de Washington sin desmantelar los avances alcanzados en la agenda global de fiscalidad corporativa.

El acuerdo condiciona la utilización de una salvaguardia paralela para aquellos grupos multinacionales cuya sede matriz esté establecida en una jurisdicción que cumpla los requisitos y haya implementado dicho régimen. En ese caso, las nuevas reglas se aplicarán tanto a operaciones domésticas como internacionales controladas por el grupo. Además, el documento subraya que la salvaguardia se activará para grupos multinacionales en todas las jurisdicciones a partir del inicio de 2027, o antes –en 2026– si se cumplen determinadas condiciones.

El Gobierno de Irlanda, país donde muchas grandes tecnológicas estadounidenses tienen su base europea, comunicó que el nuevo acuerdo se ajusta a lo establecido por el G7 y el G20, quienes habían pedido desarrollar una fórmula que hiciera compatible el impuesto mínimo global con el régimen fiscal estadounidense. Según un comunicado oficial citado por la OCDE, "el paquete busca un equilibrio que resuelva las preocupaciones de EE UU con respecto al Impuesto Mínimo Global, preservando al mismo tiempo los objetivos originales". La nota agrega que está programada una revisión de este sistema paralelo en 2029, para valorar y atender posibles riesgos económicos o cuestiones de competitividad que puedan emerger.

Simon Harris, ministro de Finanzas irlandés, explicó que Irlanda aceptó un consenso internacional con el modelo ‘Side-by-Side’, que reconoce tanto la fortaleza del sistema tributario estadounidense como el objetivo de lograr una tributación mínima global. Harris apuntó también que la negociación respondió a peticiones expresas de Estados Unidos y a los mandatos emitidos por los foros del G7 y G20.

En junio del año anterior, Washington confirmó la retirada de la llamada ‘Sección 899’ o “impuesto de venganza” de su proyecto presupuestario, en respuesta al acuerdo alcanzado dentro del G7 para eximir temporalmente a las firmas estadounidenses de la implementación inmediata del tipo mínimo global de sociedades. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, citado por la OCDE, estimó que esta decisión permitirá evitar la pérdida de más de 100.000 millones de dólares (85.325 millones de euros) de la base impositiva nacional.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, calificó el consenso actual como un avance sustancial en materia de cooperación fiscal y técnica. Cormann sostuvo que el paquete fortalece la seguridad jurídica, atenúa la complejidad y contribuye a preservar la base impositiva de los países signatarios. Por su parte, Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, evaluó que la decisión establece un entorno más equitativo y competitivo para todas las empresas, además de simplificar los procedimientos fiscales globales.

El texto publicado por la OCDE resalta que el Marco Inclusivo aspira a que un sistema coordinado de impuesto mínimo global sea el principal mecanismo para lograr una tributación mínima efectiva. No obstante, se reconoce que ciertos países ya disponen de normativas fiscales nacionales en vigor que cumplen con el estándar mínimo internacional tanto sobre rentas locales como extranjeras. Cuando las multinacionales elijan acogerse al régimen paralelo en sus jurisdicciones de origen que cumplan los requisitos, las nuevas reglas también quedarán aplicadas sobre sus operaciones globales.

La introducción de este paquete, indica la OCDE, busca evitar discrepancias entre los sistemas impositivos nacionales y el marco global, particularmente en relación con los incentivos fiscales y la protección de las bases tributarias, fundamentalmente en naciones en desarrollo. El proceso de revisión incluido en el paquete permitirá a las partes interesadas supervisar y ajustar los mecanismos a medida que se implementen, identificando a tiempo desajustes o problemas derivados de su aplicación.

El acuerdo consolidado por la OCDE y los países del Marco Inclusivo representa la culminación de intensas negociaciones y aborda uno de los desafíos que surgieron tras el rechazo estadounidense a una parte significativa del pacto firmado hace tres años. Busca proteger los ingresos fiscales y la competitividad geoeconómica, ofreciendo vías diferenciadas para que distintos sistemas tributarios nacionales coexistan bajo una regulación común orientada al objetivo de una tributación justa sobre los grandes grupos multinacionales.

La economía peruana podría crecer entre 2,6% y 3,6% en 2026, según un reporte de Forbes Perú que resume las proyecciones de ocho instituciones financieras nacionales e internacionales.

Las estimaciones reflejan un escenario de recuperación sostenida, con el consumo privado, la inversión y la estabilidad macroeconómica como principales motores.

La estimación oficial del Gobierno peruano: entre 3,2% y 3,3% en 2026

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la economía crecerá 3,3% en 2026, impulsada por una mayor demanda interna y un aumento de 5,0% en la inversión privada. El presidente del BCRP, Julio Velarde, sostuvo que las empresas mantienen su confianza para invertir en el país, sin señales de impactos negativos por el proceso electoral.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta un crecimiento de 3,2% para el próximo año, sustentado en el gasto privado, el avance de las exportaciones en 4,9% y un entorno internacional favorable por los precios históricos del cobre y el oro. El MEF también prevé que el déficit fiscal, que fue 2,4% del PBI al tercer trimestre de 2025, termine 2026 en 2,2%.

¿Qué dicen los principales bancos del Perú?

El Banco de Crédito del Perú (BCP) prevé que el PBI aumente entre 3,2% y 3,5%. Si los precios de los metales se mantienen altos y el año electoral no afecta las expectativas empresariales, el crecimiento podría acercarse al 4,0%. El BCP calcula que el tipo de cambio promedio será S/3,40, cerrando el año en S/3,35.

Scotiabank Perú coincide con una expansión de 3,2%. La entidad atribuye este resultado a la recuperación del consumo privado y el dinamismo de los sectores comercio, servicios y construcción. El banco proyecta una inflación de 2,2%. Respecto al tipo de cambio, prevé que las elecciones podrían generar volatilidad en el primer semestre, pero que el superávit comercial y la posición externa del país ayudarán a estabilizarlo.

Adicionalmente, el BBVA estima un crecimiento de 3,1% para el PBI, impulsado por las actividades no primarias y la fortaleza de la demanda interna. El banco prevé que el tipo de cambio cierre 2026 en un rango de S/3,35 a S/3,45, considerando un escenario político sin giros bruscos para el mercado.

Los organismos internacionales ven con buenos ojos a Perú, según Forbes

Entre los organismos multilaterales, el Banco Mundial prevé que el crecimiento de Perú sea 2,5%, cifra menor a la del gobierno y los bancos locales. El organismo estima que el déficit fiscal será 1,9% del PBI y que la inflación se ubicará entre 1,0% y 3,0%.

En tanto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta un crecimiento de 2,8%. Destaca que la baja inflación, los precios altos del cobre, nuevos proyectos de infraestructura y la simplificación regulatoria respaldarán el consumo, la inversión y las exportaciones. La OCDE prevé una inflación cercana al objetivo de 2,0% del BCRP.

Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PBI peruano crecerá 2,6%, con una inflación prevista de 1,7%. Esta proyección es la más conservadora del grupo y supone una desaceleración respecto al 2,9% estimado para el cierre de 2025.

¿Qué le depara 2026 al Perú en materia económica?

De esta manera, las proyecciones de bancos y organismos internacionales muestran un consenso sobre el crecimiento económico de Perú para 2026, aunque el rango varía según los supuestos sobre el contexto político, los precios internacionales y el comportamiento de la demanda interna.

Sin embargo, el desempeño final dependerá de factores como la estabilidad política, la evolución de los precios internacionales y la capacidad de sostener el impulso de la demanda interna, variables que los analistas seguirán monitoreando de cerca durante el año.

México se encuentra entre los países con mayores tasas de embarazo adolescente dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apuntó la diputada Ana Isabel González González.

Según datos del Inegi, “cada año nacen aproximadamente 340 mil bebés de madres menores de 19 años”, una cifra que evidencia la dimensión del reto nacional.

Esta situación, añadió, requiere una respuesta legislativa con enfoque intersectorial, que integre los derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad.

Un enfoque integral para garantizar el acceso efectivo a la educación, salud y acompañamiento psicosocial de niñas y adolescentes embarazadas fue el eje central de una iniciativa presentada por la diputada Ana Isabel González González del PRI, quien propuso reformar la legislación vigente para responder a la problemática del embarazo adolescente en México.

La propuesta, según detalló la legisladora, se sustenta en la necesidad de proteger los derechos de este sector, priorizando la equidad y la protección integral.

A través de la iniciativa que busca adicionar el artículo 17 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, González González plantea que las políticas públicas deben diseñarse con un enfoque de derechos, asegurando en todo momento el interés superior de las hijas e hijos, la no discriminación y la continuidad educativa, así como la corresponsabilidad institucional.

En su argumentación, González González expuso que el embarazo durante la adolescencia, especialmente en el grupo de 15 a 19 años, representa una problemática compleja con efectos negativos en la salud, la educación, el desarrollo personal y las perspectivas de vida de las jóvenes. “El embarazo adolescente impacta de manera significativa en la salud, desarrollo personal, educación y las perspectivas de vida de las y los jóvenes”, puntualizó la diputada.

La iniciativa destaca que este fenómeno limita las oportunidades educativas y laborales de las adolescentes, exponiéndolas a situaciones de estigmatización social, acceso insuficiente a servicios de salud y carencias en educación sexual integral. Además, la legisladora advirtió que factores como la violencia sexual y las dinámicas de poder desiguales influyen de manera determinante, ya que “el consentimiento se ve comprometido por factores como la coerción o la dependencia económica”. También identificó que las normas culturales y los estereotipos de género que idealizan la maternidad temprana refuerzan el problema.

En su propuesta, la diputada insistió en que los apoyos deben ser efectivos y atender tanto las necesidades materiales como emocionales, educativas y sociales de las madres adolescentes. El enfoque de equidad y derechos humanos, subrayó, debe ser el principio rector para garantizar el bienestar integral de quienes enfrentan esta situación.

El documento fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró haber cambiado de manera profunda la realidad histórica del país en cuanto a salario mínimo, jornada laboral y pobreza.

En una declaración difundida desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), Petro describió: “Colombia era el país de más alto salario mínimo en América Latina en los años sesenta, lo convirtieron en uno de los peores, nunca creció por eso la productividad”.

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Añadió que, posteriormente, se implementaron medidas que afectaron las condiciones laborales, afirmando: “Lo que hicieron fue alargar la jornada de trabajo hasta las diez de la noche, la segunda más larga de la OCDE, y los niveles de pobreza se elevaron volviéndonos uno de los países más pobres y con hambre de América”.

Finalmente, Petro manifestó que bajo su gestión “he puesto fin a esa realidad”.

Bajo esta premisa, el presidente planteó que su administración ha marcado un punto de inflexión respecto a las décadas previas, dando por concluido un ciclo caracterizado por bajos salarios, jornadas extensas y una marcada precariedad social.

El Centro Democrático pide revisar aumento del salario mínimo en Colombia

El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, decretado por el Gobierno nacional, generó un extenso debate dentro del Centro Democrático.

Durante un conversatorio virtual realizado el 1 de enero de 2026, figuras como el expresidente Álvaro Uribe, la senadora Paloma Valencia y el exministro Andrés Felipe Arias alertaron sobre los posibles efectos adversos en el empleo formal y la productividad.

Los dirigentes señalaron que la decisión gubernamental debe ser reconsiderada en función de la situación económica y el contexto laboral del país.

En la parte final del encuentro, Arias subrayó los riesgos que enfrentan sectores productivos específicos ante incrementos elevados del salario mínimo.

“Muchas empresas no van a poder soportar esto”, afirmó el exministro, refiriéndose al impacto financiero en actividades como el sector floricultor y la agricultura.

Según Arias, los ajustes podrían llevar a la reducción de jornadas, renegociaciones de condiciones laborales e incluso al cierre de operaciones, sobre todo en zonas rurales donde los costos laborales son determinantes.

El evento, moderado por Daniel Briceño y Julia Correa, y reportado por Semana, contó con la participación de aspirantes al Congreso junto a los líderes mencionados. Los panelistas coincidieron en que la discusión sobre el salario mínimo debe ir más allá del monto decretado y contemplar de forma integral el entorno macroeconómico.

Uribe, en su intervención inicial, insistió en la necesidad de un equilibrio entre el mejoramiento de los ingresos laborales y la sostenibilidad empresarial. “Esta semana dejamos muy claro que este partido no se opone a la remuneración, siempre la apoya. Pero la remuneración necesita un contexto que no puede ser el derroche, la corrupción y el desestímulo a los empleadores, porque entonces no habrá quien garantice la remuneración a los trabajadores”, sostuvo el exmandatario. En esa línea, el expresidente criticó el tamaño del Estado y su nivel de gasto, planteando que el partido defiende una economía fraterna y rechaza políticas basadas en la confrontación social.

Paloma Valencia, por su parte, advirtió que el debate no puede centrarse exclusivamente en el porcentaje de incremento.

Subrayó que la política salarial debe abordar también la informalidad y la situación económica general, puntos que consideró críticos para el desarrollo del empleo formal. De acuerdo con cifras expuestas por la senadora, el 57 % de los trabajadores en Colombia gana por debajo del salario mínimo y se encuentra en condiciones de informalidad.

Valencia pidió evaluar la medida considerando el impacto en un segmento más amplio de la población ocupada y vinculó factores como la seguridad, los costos de servicios y el desempeño fiscal al escenario salarial actual. “Este partido quiere que los colombianos ganen bien. Lo que pasa es que eso no se decreta por decreto”, señaló.

Arias, quien ha recuperado protagonismo público a través de redes sociales, argumentó que el salario debe analizarse en correlación con variables como la productividad.

“El salario es un resultado de la productividad marginal del trabajador. De nada sirve fijar un salario altísimo, si esa persona no aporta ese valor en productividad”, afirmó, atribuyendo las recientes tensiones salariales a la caída de la productividad y la volatilidad del tipo de cambio. El exministro insistió en que estos factores impactan la capacidad de las empresas para sostener puestos de trabajo formales.

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), José Ignacio Martínez, identificado por EFECOM, describió el periodo de apertura continua como iniciado el 25 de septiembre de 1986 y finalizado oficialmente el 31 de diciembre de 2025. Martínez vinculó la aplicación de aranceles al contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, afirmando que la medida busca evitar el fortalecimiento de la influencia china en el territorio mexicano, tanto en inversión como en producción, debido al interés estadounidense en limitar este avance. El experto anticipó presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de bienes de consumo inmediato, como calzado, textiles y prendas de vestir, y señaló que el aumento alcanzará igualmente a bienes de capital e insumos intermedios, lo que repercutirá en la cadena de suministros.

De acuerdo con EFECOM, la Secretaría de Economía estimó ingresos fiscales por hasta 70.000 millones de pesos, equivalentes a cerca de 3.888 millones de dólares, derivados de estos aranceles. Además, el gobierno expresó la expectativa de preservar aproximadamente 350.000 empleos en los sectores manufacturero, textil, calzado y automotriz. El listado de productos gravados con tasas de hasta 50% abarca las industrias automotriz, textil, confección, hierro y acero, plásticos, calzado y electrodomésticos.

El contexto internacional otorga especial relevancia a la medida, ya que coincide con tensiones comerciales entre México y Estados Unidos y se implementa en la antesala de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso previsto mientras crecen las presiones en varias áreas por parte de Washington, citado por EFECOM. Estas circunstancias se desarrollan a casi un año del retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense, un factor que especialistas asocian con la adopción de una política comercial más proteccionista por parte de México.

José Ignacio Martínez, citado por EFECOM, advirtió que la producción nacional experimentará efectos negativos debido a la interrupción del suministro externo, originada directamente por los nuevos aranceles. El especialista calculó que, si bien la tasa de inflación se ubicó por debajo del 4% en 2025, ese avance quedará anulado cuando, en el primer trimestre de 2026, la inflación aumente cerca de 0,8% y supere el umbral del 4%, una cifra un punto por encima de la meta gubernamental de 3%.

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recogidas por EFECOM, mostraron que la inflación descendió hasta llegar a 3,72% en la primera mitad de diciembre de 2025. Por su parte, el Banco de México ajustó en diciembre su tasa objetivo, reduciéndola en 25 puntos base, para ubicarla en 7%. Según constó en el comunicado institucional difundido por EFECOM, la entidad alertó sobre los riesgos derivados de las “tensiones comerciales” y su posible efecto sobre inflación y actividad económica.

En cuanto a las proyecciones inflacionarias, el Banco de México incrementó su pronóstico de inflación general de 3,5% a 3,7% y el de inflación subyacente de 4,1% a 4,3%, aunque mantuvo la previsión de que ambos indicadores convergerán al objetivo de 3% durante el tercer trimestre de 2026. EFECOM también mencionó que, en una encuesta a especialistas privados realizada por Banxico en diciembre, se previó una inflación general para 2026 de 3,88% (diciembre a diciembre) y un menor crecimiento del PIB para ese año, con una tasa de 1,15%. Los analistas además proyectaron un déficit comercial de 7.000 millones de dólares para el cierre de 2025, ascendiendo hasta 10.250 millones de dólares en 2026 bajo el nuevo esquema arancelario.

En cuanto al contexto global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacada por EFECOM, expuso en sus recientes perspectivas que el endurecimiento arancelario y el clima de incertidumbre derivado de las disputas comerciales tienden a frenar el dinamismo tanto del comercio como de la inversión. Estos factores influyen directamente en el ritmo de crecimiento e inflación en América del Norte y afectan las relaciones entre México y Estados Unidos.

El documento de la OCDE, citado por EFECOM, enfatizó que esta situación de guerra arancelaria, originada en Estados Unidos, podría tratarse de forma variable dependiendo de la evolución de los saldos comerciales o eventuales factores ajenos a la economía. Asimismo, el organismo internacional recomendó a los países de la región, de acuerdo con el reporte de EFECOM, buscar una diversificación superior de sus vínculos comerciales y fortalecer la integración regional como parte de la respuesta a esta coyuntura compleja.

La modificación de la política comercial mexicana implica un nuevo paradigma tras décadas centradas en la apertura unilateral. A medida que la economía nacional ajusta sus mecanismos frente a mayores barreras al comercio de bienes provenientes de países sin tratados, el panorama tanto fiscal como productivo y comercial exhibe retos significativos, con repercusiones anticipadas en inflación, empleo e inversión extranjera, tal como documentó el medio EFECOM.

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse públicamente frente a los cuestionamientos por el incremento del salario mínimo que regirá en Colombia en 2026, luego de un intercambio en redes sociales con el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo.

En su mensaje, el jefe de Estado reiteró que el aumento del ingreso básico y la reducción de la jornada laboral hacen parte de una estrategia para enfrentar los bajos niveles de productividad del país y sostuvo que mantener salarios reducidos profundiza ese problema.

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La controversia se dio a través de X, donde el exconcejal publicó un mensaje crítico frente a la política salarial del Gobierno nacional. “Los petristas quieren tener el salario mínimo legal más alto… en el país con la productividad laboral más baja del mundo. Son burros y no se ayudan“, escribió Bravo.

A esa publicación respondió el mandatario, quien relacionó los indicadores de productividad de Colombia con las condiciones laborales históricas y defendió el incremento fijado en $2.000.000, de acuerdo con el anuncio oficial realizado por el propio Petro. El ajuste corresponde a un aumento del 23% para el salario base y del 24,5% para el auxilio de transporte, lo que deja el ingreso básico en $1.750.905 y el subsidio de movilidad en $249.095.

Ante la afirmación del exconcejal, el presidente replicó con un extenso mensaje en el que expuso su postura sobre la relación entre productividad, salarios y jornada laboral. En su publicación señaló: “Veo Juan Martín, mas bien ignorancia en no ver qué si somos el país con menor productividad en la Ocde es por toda la política económico anterior“.

En el mismo mensaje, Petro agregó que Colombia registró durante años una de las jornadas laborales más extensas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), junto con bajos niveles salariales. “Colombia tenía la segunda jornada laboral más larga de la Ocde y además, el peor salario mínimo. He ahí las causas Juan Martín, de la baja productividad y por tanto de riqueza nacional. Usted me da la razón”.

El mandatario también vinculó el aumento del salario mínimo con su propuesta de reforma laboral, la cual plantea, entre otros puntos, la reducción de la jornada de trabajo. “Por eso para elevar la productividad del trabajo, que disminuye precios de los bienes y servicios, lo que hay es que subir el valor del salario y reducir jornadas. Esa es mi reforma laboral que es racional y ajustada al estado crítico de la productividad en el país”.

El mensaje concluyó con una advertencia directa frente a las políticas de contención salarial: “Sigan teniendo salarios bajos y lo que obtendrán es peor productividad y por tanto precios altos y menos riqueza”.

No es la primera vez que el presidente Petro defiende públicamente el aumento del salario mínimo. El 31 de diciembre de 2025, el mandatario publicó otro mensaje en el que explicó la decisión frente a advertencias sobre posibles efectos inflacionarios: “Siempre la inflación cuando ha subido en Colombia es por el precio de los alimentos no por el salario mínimo. Dotar la agricultura de más bajos insumos y tierra fértil es fundamental para bajar la inflación”, escribió entonces.

Ese pronunciamiento se dio luego de una publicación del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien cuestionó los argumentos que relacionan el incremento salarial con un aumento generalizado de precios. En su mensaje, el funcionario afirmó: “En lugar de repetir como unas loras que mejores salarios provocarán un Apocalipsis inflacionario deberían revisar los determinantes de la inflación en Colombia“.

El debate sobre el salario mínimo, la productividad y la inflación continúa en el centro de la discusión pública, en medio de la implementación de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y de las reacciones que estas generan en distintos sectores políticos y económicos del país.

Durante décadas, el debate global estuvo dominado por una pregunta: ¿quién le debe a quién en términos financieros? Esto estableció una dinámica de países endeudados, ajustes fiscales, negociaciones leoninas con organismos internacionales e imposiciones políticas. Sin embargo, hay otra deuda —mucho más profunda y persistente— que sigue fuera del centro de la discusión pública: la deuda ecológica.

Durante siglos, gran parte del Sur Global proveyó materias primas, energía, agua, biodiversidad y trabajo barato para sostener el consumo y la industrialización del Norte, asumiendo la degradación ambiental como “costo colateral” del desarrollo ajeno.

Hablar de deuda ecológica no es una consigna ideológica ni un gesto retórico. Es una forma rigurosa de nombrar una realidad estructural del sistema económico global. El crecimiento de algunos países se construyó, y todavía se sostiene, sobre la apropiación desproporcionada de bienes comunes globales y la externalización de los costos ambientales hacia otros territorios y generaciones.

A diferencia de la deuda financiera, la deuda ecológica aún no aparece en los balances, no se renegocia en los mercados y no tiene calendario de pagos. Pero sus efectos son visibles y acumulativos.

Hoy esa lógica continúa bajo nuevas formas. Los precios internacionales de las materias primas siguen sin reflejar el verdadero costo ambiental y social de su extracción. En cada tonelada de soja, de litio o de minerales críticos viajan incorporados suelos degradados, agua utilizada, ecosistemas alterados y comunidades afectadas. Es una transferencia silenciosa de riqueza natural que no se contabiliza, pero empobrece territorios y limita estructuralmente sus oportunidades de desarrollo.

Este patrón tiene nombre: intercambio ecológicamente desigual. Describe una economía global donde algunos países importan bienes baratos porque otros exportan naturaleza sin precio. No se trata solo de comercio injusto, sino de una arquitectura económica que permite que los beneficios se concentren mientras los costos ambientales se dispersan y se invisibilizan.

El resultado es una paradoja inquietante: regiones que son clave para la estabilidad climática y la biodiversidad global —como América Latina o África— son, al mismo tiempo, las más vulnerables a la degradación ambiental y al endeudamiento externo. Ricas en capital natural, pobres en capacidad financiera.

La deuda ecológica también tiene una dimensión climática ineludible. Los países industrializados son responsables de la mayor parte de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que los impactos más severos del cambio climático recaen sobre comunidades que menos contribuyeron al problema. Inundaciones, sequías, pérdida de cosechas y eventos extremos no son “desastres naturales”, sino el resultado de un uso irresponsable y desigual del espacio ecológico global.

Pero la deuda ecológica no pertenece solo al pasado. Existe el riesgo real de que la transición energética y tecnológica reproduzca el mismo esquema extractivo, ahora bajo el discurso verde. La carrera por minerales críticos, tierras fértiles o agua puede convertirse en una nueva fase de expoliación si no se corrigen las reglas de fondo.

Hoy sabemos que no existe economía sin naturaleza: según el Foro Económico Mundial más del 50 % del PBI mundial (unos 58 billones de dólares anuales) depende de manera directa de los servicios ecosistémicos, y las estimaciones científicas ubican el valor económico anual de la naturaleza entre USD 125 y 150 billones, una cifra superior al PBI global. Lejos de ser un tema ambiental accesorio, la naturaleza constituye la infraestructura crítica que sostiene la producción, el empleo, el agua, la energía y la estabilidad social.

Por eso, cuando Argentina discute sus políticas ambientales, no está debatiendo un freno al desarrollo, sino cómo proteger los activos que hacen posible cualquier estrategia económica de largo plazo.

Esta discusión ya no es ajena al sector privado ni al mundo financiero. Grandes corporaciones, inversores y aseguradoras reconocen hoy que la degradación ambiental actúa como un multiplicador de riesgo financiero, afectando cadenas de suministro, productividad, acceso al agua, estabilidad de mercados y rentabilidad de largo plazo. Cada vez más empresas impulsan estrategias de resiliencia, regeneración e inversión en naturaleza como factores centrales de competitividad. Surgen así múltiples iniciativas de valorización de servicios ecosistémicos, mercados de capital natural y finanzas para la naturaleza, que buscan internalizar lo que antes era invisible. Esta agenda ya está siendo promovida oficialmente por la OCDE, los organismos multilaterales, países como Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, China y también por países de la región como Chile, Brasil y Colombia, entre otros, que avanzan en contabilidad de capital natural y nuevas métricas económicas. En este contexto, en Argentina resulta clave ampliar la mirada en debates como el de la Ley de Glaciares, que no trata solo de minería, sino de proteger el agua que habilita la vida y las actividades productivas en regiones enteras del país.

Reconocer el valor económico de la naturaleza —como infraestructura crítica para la vida, la producción y la estabilidad social— es condición necesaria para una discusión madura, estratégica y de largo plazo sobre desarrollo.

En el fondo, esta discusión no es solo económica. Es moral y política. Remite a una pregunta básica: ¿quién tiene derecho a usar los bienes comunes del planeta y bajo qué condiciones? Ignorar la deuda ecológica equivale a naturalizar un sistema donde algunos viven del consumo excesivo mientras otros pagan con su territorio, su salud y su futuro.

Reconocerla no implica paralizar el desarrollo, sino redefinirlo. Supone aceptar que no hay crecimiento legítimo si se construye sobre la degradación irreversible de la naturaleza y la desigualdad estructural. Como advierte la ecología integral planteada por el Papa Francisco en Laudato Si´, «la crisis ambiental y la crisis social son dos caras de un mismo modelo agotado.»

¿Qué hacer con esta deuda? Hablar de deuda ecológica es el primer paso para pensar soluciones. Algunas ya están en discusión: integrar el capital natural en las cuentas nacionales, reformar los indicadores económicos que hoy ignoran la degradación ambiental, avanzar en esquemas virtuosos de canjes de deuda por conservación, redirigir subsidios dañinos y crear mecanismos económicos que remuneren la protección de la naturaleza.

Pero, sobre todo, se trata de cambiar la lógica: pasar de una economía que premia la extracción a una que valore el cuidado, la regeneración y la justicia intergeneracional. Sin este giro, la transición ecológica será incompleta e injusta.

Para Aristóteles, la economía (oikonomía) era la administración responsable de los recursos del hogar para garantizar una vida buena y sostenible en el tiempo. Hoy, esa Casa Común es el planeta, y la evidencia de la deuda ecológica revela que hemos gestionado sus recursos como si fueran infinitos, trasladando costos ambientales y sociales al futuro y a otros territorios. Recuperar el sentido original de la economía implica reconocer los límites de la naturaleza, asumir la deuda acumulada por su degradación y redefinir el uso de los bienes comunes como la base de un nuevo modelo económico, orientado no a la extracción ilimitada, sino al cuidado, la regeneración y el bienestar intergeneracional.

El tiempo de hablar de la deuda ecológica es ahora. No como un reclamo abstracto, sino como una condición indispensable para construir un desarrollo viable, equitativo y compatible con los límites del planeta.

Habiendo dejado atrás la turbulencia electoral, donde se tensaron al límite el tipo de cambio y la tasa de interés, con impacto en la actividad económica, el panorama luce ahora mucho más despejado.

Con la gobernabilidad apuntalada en las urnas, en las provincias y en el Congreso, el Gobierno Nacional impulsa ahora reformas estructurales, tan necesarias como dilatado ha sido su tratamiento.

Con el dólar lo suficientemente lejos del techo de la banda, y la tasa de interés real comprimiéndose hacia el 10% anual, emerge la posibilidad, y fundamentalmente la necesidad, de aumentar la absorción de crédito por el sector privado.

Argentina está entre los últimos diez países con menor tasa de endeudamiento privado del mundo.

Con un 6,4% de deuda de los hogares sobre el PIB y habiendo, durante la última década, tocado un mínimo de 4% en 2023, Argentina se encuentra con niveles de crédito de economías como Bangladesh y Surinam, y apenas por encima de otros como Pakistán.

Esto es unas 14 veces menos que el 65% de nivel de endeudamiento promedio de los hogares que ostenta la OCDE, bloque al que Argentina aspira a integrarse.

Incluso el nivel de crédito corporativo resulta extremadamente exiguo: en 2025 la deuda del sector privado con el sistema financiero representaría sólo un 5,8% del PIB.

Si bien son múltiples los factores que permiten explicar nuestro bajo nivel de endeudamiento, desde culturales hasta económicos, la carga impositiva sobre el costo del endeudamiento tiene un rol no menor.

De hecho, las empresas suman otros 6,4 puntos del producto de endeudamiento a través del mercado de capitales, financiamiento más económico en términos de tasa de interés, pero también en su mayoría exento de IVA y otros impuestos provinciales.

Una anomalía impositiva

El IVA sobre los intereses es otra de las anomalías tributarias que nos caracterizan y damos por normalizadas. En Argentina solo los intereses de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda única están exentos de IVA y otros impuestos locales.

La intermediación financiera es un motor fundamental para el crecimiento económico

A nivel internacional los países que gravan con impuestos los intereses de las operaciones de intermediación financieras son excepciones. Dentro de la OCDE solo Turquía, México y Colombia gravan con IVA o impuesto equivalente los intereses financieros.

En Argentina además del IVA, a los créditos se les deben agregar los impuestos provinciales, de sellos y fundamentalmente el impuesto sobre los Ingresos Brutos, donde los servicios financieros con alícuotas que llegan al 9% de acuerdo con la jurisdicción, son después del juego, la siguiente actividad más gravada.

El impacto es sustancial: un préstamo personal con un costo financiero promedio del 106% efectivo anual se eleva hasta el 157% cuando incluimos un 21% de IVA, 9% de IIBB y 1,2% de sellos. Un 49% más de costo efectivo anual dado por el peso de los impuestos.

Pese al castigo tributario, el IVA sobre los intereses de los préstamos a los hogares explica el 10,5% de la recaudación de IVA total, equivalente a 0,7% del PIB, peso relativo que debería descender a medida que se normalicen las tasas activas de interés.

En el caso del crédito comercial, en general está alcanzado por una alícuota reducida del 10,5%, si se trata de responsables inscriptos en el impuesto, por lo que el peso de la recaudación de IVA sobre los intereses es menor, representando tan solo un 2,3% del IVA total, o 0,2% del PIB.

Los países desarrollados no gravan los intereses

La Unión Europea sostiene explícitamente que los servicios financieros se encuentran exentos por la dificultad para determinar con precisión la base imponible del impuesto, es decir, qué parte del interés corresponde al servicio de intermediación financiera.

Un préstamo personal con un costo financiero promedio del 106% efectivo anual se eleva hasta el 157% cuando incluimos un 21% de IVA

Pero más importante aún, para UE gravar con IVA los intereses encarece el crédito, afectando la inversión, el consumo de bienes durables y el acceso a la vivienda, amplificando el efecto distorsivo del impuesto.

Otras economías desarrolladas agregan un punto conceptual básico: el IVA, u otros impuestos similares, gravan consumo, mientras que un préstamo es un acto de financiamiento, en tanto que el consumo ocurrirá cuando se destine el crédito a tal fin.

La importancia del crédito

La intermediación financiera es un motor fundamental para el crecimiento económico. Transforma el ahorro de unos en el consumo y la inversión de otros.

En Argentina solo los intereses de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda única están exentos de IVA y otros impuestos locales

El crédito permite aumentar el consumo presente impulsando inmediatamente la demanda agregada, pero también la oferta al aumentar la inversión, favoreciendo por ambas vías el crecimiento económico.

Desde abril de 2024, buena parte de la recuperación económica estuvo fuertemente apalancado por el crecimiento del crédito, recuperación que se amesetó cuando la volatilidad de tasas preelectoral impactó en la actividad de intermediación financiera.

El crédito es altamente sensible a los movimientos de la tasa de interés.

Una baja significativa del costo financiero permitiría acelerar la expansión económica, cerrando brechas fiscales vía mayor nivel de actividad, y evitar penalizar el consumo de los hogares, sobre todo de aquellos de menores recursos, que son los que dependen del endeudamiento para estabilizar el consumo y/o financiar proyectos.

Con la nueva conformación del Congreso, el Gobierno se dispone a abordar una reforma del sistema tributario argentino. En ese marco, eliminar el IVA sobre los intereses sería un paso decisivo hacia un sistema impositivo más racional, y fundamentalmente un impulso mayor al crecimiento económico.

La ministra de Inclusión y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el sistema público de pensiones en España mantiene su sostenibilidad y que el Ejecutivo se somete a las evaluaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para demostrar su viabilidad. Así lo manifestó en una entrevista publicada por La Vanguardia y recogida por Europa Press, en la que recalcó que no se prevén reformas como la ampliación a 35 años del periodo de cómputo laboral para calcular la pensión, una medida recomendada recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Saiz subrayó que el gobierno español considera que las reformas que se están implementando ya responden a las necesidades actuales del sistema.

Según detalló La Vanguardia, Saiz aclaró que el análisis realizado por la OCDE sobre los sistemas de previsión social no es equiparable al examen específico desarrollado por la Airef ni a los compromisos asumidos con la Comisión Europea. La ministra comentó que la OCDE, además de proponer medidas de ajuste, también ha valorado de forma positiva varios aspectos del marco de previsión social vigente en España. Indicó que la agenda de reformas del gobierno avanza en la dirección que considera acertada y no contempla modificaciones adicionales en la línea sugerida por la OCDE.

Elma Saiz abordó en la misma entrevista el contexto político actual, en especial el auge de Vox y la disminución del apoyo al PSOE en Extremadura. A este respecto, sostuvo que los ciudadanos de comunidades autónomas en las que existen acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox todavía no registran plenamente las consecuencias de las políticas que, según sus palabras, suponen una "involución y recortes".“Este gobierno es el garante de los derechos que Vox quiere dañar”, afirmó Saiz, citada por Europa Press. Añadió que la acción del Ejecutivo central actúa como un freno a determinadas medidas impulsadas por esos pactos autonómicos.

En relación con situaciones concretas, la ministra se refirió al reciente desalojo en Badalona (Barcelona), donde varias personas pasaron a vivir en la calle en pleno mes de diciembre. Saiz criticó la actuación del ayuntamiento local, administrado por el PP, que posee competencias para ofrecer alternativas a los afectados. “Para cualquier persona con un mínimo de humanidad, esto es racista, inhumano y una barbaridad. ¿Dónde está Feijóo el moderado?”, cuestionó en declaraciones recogidas por el medio.

El mantenimiento de la alianza entre PSOE y Sumar también formó parte del análisis de Saiz en La Vanguardia. Aseguró que la coalición se encuentra plenamente garantizada pese a la existencia de desencuentros puntuales entre ambas formaciones, que considera normales en un gobierno de coalición. Señaló que el objetivo común sigue siendo la mejora de las condiciones de vida de la población, independientemente de las diferencias surgidas a lo largo del trabajo conjunto.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, Saiz reconoció que la aparición de casos en la esfera pública configura una fuente de desafección hacia las instituciones. Según reportó Europa Press, la ministra destacó que esta problemática afecta no solo al PSOE, sino también al PP, y expresó su satisfacción por estar en un partido que, en sus palabras, actúa con rapidez ante cualquier indicio de corruptelas. Insistió en la necesidad de reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y apostó por continuar el esfuerzo en ese sentido.

Preguntada por el retraso en la actualización de las cuotas de autónomos para el inicio del nuevo año, Saiz aclaró que el ejercicio de 2026 se mantiene por delante para abordar el debate y encontrar un consenso válido. Según consignó Europa Press, reiteró su implicación personal para lograr un acuerdo que reciba el respaldo del Congreso de los Diputados.

Durante la entrevista, la ministra insistió en que las medidas actuales en materia de pensiones son suficientes y que el gobierno no planea modificar la legislación siguiendo los términos propuestos internacionalmente. Señaló que los informes realizados por la Airef ofrecen garantías adicionales sobre la fortaleza del sistema español y explicó que el Ejecutivo mantiene un diálogo constante con los órganos comunitarios y nacionales encargados de supervisar la sostenibilidad del modelo.

Elma Saiz cerró su intervención reiterando el compromiso del gabinete con la protección social y la defensa de los derechos ciudadanos, describiendo al actual gobierno como "garante" frente a posibles recortes originados por fuerzas políticas situadas más a la derecha del espectro parlamentario. Las declaraciones realizadas en el marco de la entrevista fueron replicadas ampliamente en medios nacionales, destacando el posicionamiento del Ejecutivo ante los desafíos y críticas recibidas en el actual panorama político.

“¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro, si a la gente no le da?, ¿si a la gente no le llega?”, denunció el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desde su escaño en el Congreso en el último pleno del año. Una frase que resume perfectamente la sensación de millones de hogares este 2025. Y es que, en España, las cifras macroeconómicas dibujan un panorama relativamente optimista, pero no es una percepción que se esté trasladando al bolsillo de los españoles. Pagar el alquiler, llenar la nevera o afrontar unas facturas cada vez más altas, son gastos que cuentan una historia muy distinta.

Nuestro país cierra el año con una economía que sigue creciendo por encima de la media europea. La OCDE mejoró sus previsiones y sitúa el avance del PIB en torno al 2,9% para 2025, con buenos resultados también para 2026. La inflación, lejos de los picos de años anteriores, se ha moderado y el IPC interanual ronda el 3%. Sobre el papel, el escenario parece acercarnos a una recuperación del estado de bienestar. Pero, cuando se pasa del gráfico a la calle, el balance es mucho menos alentador.

El gran problema vuelve a ser el de siempre. Los salarios no corren al mismo ritmo que los precios. Es cierto que los convenios colectivos han pactado incrementos medios cercanos al 3,5% a lo largo del año, y en algunos meses incluso por encima de la inflación. Pero esa foto no es del todo exacta. No todos los trabajadores están cubiertos por un convenio, ni todos han visto reflejadas esas subidas en su nómina. El salario medio y, sobre todo, el salario mediano siguen siendo insuficientes para absorber el encarecimiento acumulado del coste de la vida.

El salario ya no alcanza para vivir en las ciudades

El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha situado en los 1.184 euros mensuales en 14 pagas, una cifra que supone un aumento del 61% desde 2018, cuando rondaba los 736 euros al mes. Pero, incluso así, se queda corto para muchas de las grandes ciudades. El salario mediano, el que refleja mejor lo que cobra la mayoría, se estima entre los 23.000 y los 26.000 euros brutos anuales, según diferentes estudios de InfoJobs y Prosfy. Con estos sueldos, a día de hoy, llegar a todo es muy complicado.

Y la vivienda es el ejemplo más evidente de este desfase. El precio medio de la vivienda libre ha alcanzado máximos nunca vistos en casi dos décadas, con subidas interanuales de dos dígitos y situándose en los 2.093 euros por metro cuadrado a nivel nacional. Comprar es cada vez más difícil, pero alquilar se ha convertido directamente en una carrera de obstáculos.

El alquiler medio supera ya los 14 euros por metro cuadrado, de acuerdo con los últimos datos de Idealista. Y en muchas capitales, el precio es bastante más alto. Para un piso estándar, esto se traduce en incrementos de más de 100 euros al mes en solo un año. Ninguna subida salarial media compensa ese golpe.

El resultado es que la vivienda se come buena parte del crecimiento del salario. La hipoteca o el alquiler absorben de media más de 570 euros mensuales y, en el caso de quienes viven de alquiler, la presión es todavía mayor. Para los hogares con ingresos bajos, los gastos asociados a la vivienda y al mantenimiento del hogar pueden llegar a llevarse casi todo el sueldo. Con este panorama, intentar ahorrar para el futuro o imprevistos es prácticamente imposible.

La compra y la energía aprietan aún más el presupuesto familiar

La cesta de la compra tampoco ha dado tregua. Tras un verano relativamente estable, el otoño trajo nuevas subidas, tal y como indican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con especial hincapié en productos básicos como la carne, que acumula encarecimientos de dos dígitos en poco más de un año. Aunque el aumento mensual pueda parecer pequeño, el efecto acumulado pesa cada vez más en unos presupuestos familiares ya muy ajustados. Alimentarse cuesta más y el margen de dónde recortar es limitado.

A estos gastos, además, se le suman los suministros energéticos, que aunque han bajado respecto a los peores momentos de la crisis, siguen representando una carga importante. Para las rentas más bajas, la luz, el gas y otros suministros pueden suponer más del 20% de los ingresos. Un dato de Idealista que explica por qué la pobreza energética sigue siendo una amenaza real para miles de hogares.

Más empleo y crecimiento, pero menos poder adquisitivo real

Desde la perspectiva europea, España ha reducido distancia respecto a la media en términos de poder adquisitivo per cápita. Esto es una forma de medir cuánto dinero tiene cada persona para gastar o ahorrar, teniendo en cuenta los ingresos y el nivel de precios. Pero seguimos por debajo y en la mitad baja de la tabla, lo que indica una mejora lenta e insuficiente para compensar la sensación de estancamiento.

Además, de acuerdo con el último estudio de NielsenIQ sobre el poder adquisitivo en Europa en 2025, cuando se analiza el salario por hora trabajada, el avance (un 2,3% en el último año) ha sido inferior al de los precios (2,8%). Esto indica una pérdida efectiva de capacidad de compra en los últimos meses del año.

Y las consecuencias no son solo económicas, sino también sociales. Más de la mitad de los españoles, según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores 2025 de Intrum, reconoce que el aumento del coste de la vida ha tenido un impacto negativo duradero en su bienestar financiero. Entre los jóvenes, la situación es aún más delicada, siendo el colectivo al que más se le acumulan los problemas para llegar a fin de mes, con impagos recurrentes y la presión por mantener estilos de vida inalcanzables, alimentada por las redes sociales.

2025 se despide con una paradoja incómoda. España crece, crea empleo y ofrece una imagen de estabilidad macroeconómica envidiable para otros países. Pero a la gente no le da para todo. Mientras los salarios no den un salto real que compense la acumulación de años de pérdida de poder adquisitivo, la recuperación económica seguirá siendo, para muchos, una simple palabra que no cabe en su presupuesto.

A medida que avanza diciembre, el cambio de ritmo se hace más notorio en las calles: algunos estudiantes terminaron las clases el viernes 5, otros el 12, los últimos el 19. En algunas jurisdicciones la vuelta a la escuela será el miércoles 25 de febrero, en otras el lunes 2 de marzo; varias no informaron aún sus calendarios 2026.

¿Las vacaciones escolares en Argentina son demasiado largas? Un viejo mito repetido desde distintos sectores asegura que los estudiantes y los docentes tienen “tres meses” de descanso, pero los datos indican que, en promedio, las vacaciones de verano duran 9,2 semanas en Argentina. A ese descanso se suman las dos semanas de invierno y, en algunas escuelas privadas, una en primavera.

La comparación internacional muestra que, en total, los estudiantes argentinos tienen menos vacaciones que sus pares de otros países. El estudio Panorama de la Educación 2025 de la OCDE comparó la duración y distribución de las vacaciones de la escuela primaria en 40 países: Argentina quedó en el puesto 34, con un total de 11,2 semanas, por debajo del promedio de la OCDE (13 semanas).

Hay países donde los estudiantes tienen cinco o seis semanas más de descanso, como Letonia (17 semanas), Lituania (17), Estonia (16,8), Grecia (16,8), Rumania (16,6) y Francia (16). En América Latina, Argentina tiene menos vacaciones que Chile (13,2) pero más que Colombia (10,2) y Costa Rica (10,6).

Entre los 40 países considerados en el informe de la OCDE, los estudiantes con menos descanso son los de Corea del Sur, donde hay apenas 6,4 semanas de vacaciones en todo el año: 5,4 en verano –poco más de un mes– y luego una en invierno. Si bien Corea se destaca por sus resultados educativos, también los países con recesos más largos obtienen buenos desempeños: en las últimas pruebas PISA de Matemática, justo debajo de Corea se ubicó Estonia, donde los alumnos tienen más del doble de vacaciones.

Existen diferencias significativas en cuanto a cómo se distribuye el tiempo de vacaciones en cada sistema educativo. “En todos los países, la pausa más larga es la que se produce entre dos cursos escolares consecutivos. Esta pausa oscila entre 3 semanas en algunos cantones de Suiza y 12 semanas o más en Bulgaria, Grecia, Italia y Letonia. En casi todos los países, esta pausa entre dos cursos escolares representa al menos la mitad del tiempo de vacaciones escolares”, señala el informe de la OCDE.

Inglaterra y Luxemburgo tienen seis recesos durante el año, mientras que la mayoría de los países de la OCDE tienen cuatro o cinco cortes: el más largo es el de fin de curso, y los otros duran una o dos semanas. De los 40 países que participaron del estudio, los únicos que tienen solo dos períodos de descanso son Argentina, Chile, Italia y Corea. Según el informe de la OCDE, en el modelo italiano las escuelas “organizan las vacaciones de forma autónoma según directrices regionales”, algo parecido a lo que pretende el proyecto de ley de “libertad educativa” que impulsa el Gobierno nacional en Argentina.

Si bien la evidencia internacional no respalda una fórmula única, la diversidad de modelos invita a discutir algo que muchas veces se da por sentado. “Repensar las vacaciones escolares es también repensar el modo en que concebimos la experiencia educativa”, sostiene Graciela Cappelletti, profesora en las universidades de San Andrés (UdeSA) y Quilmes (UNQ).

“No se trata solo de cuántos días van los chicos a la escuela, sino de cómo se distribuye ese tiempo. Los recesos largos pueden afectar de manera distinta a los estudiantes según sus condiciones de vida, mientras que las pausas intermedias obligan a repensar la organización escolar”, plantea Cappelletti.

Las variables que inciden en la organización del descanso son múltiples: desde el clima hasta los derechos laborales y las tradiciones locales. “La distribución y duración de los recesos escolares en los distintos países puede verse influenciada por factores climáticos, por las regulaciones laborales del trabajo docente y del empleo en general, por la agenda turística. Tal vez en algún caso medien consideraciones pedagógicas”, explica Irene Kit, presidenta de la asociación civil Educación para Todos, a Infobae.

Descanso largo vs. recesos cortos

¿Qué modelo favorece más el aprendizaje: un solo descanso largo, o varios descansos breves? Algunas investigaciones han identificado una “pérdida de aprendizaje” durante los períodos de vacaciones de verano, conocida en inglés como “summer learning loss”. Un informe de Argentinos por la Educación estimó este año que la pérdida es mucho mayor para los estudiantes de sectores vulnerables.

“Cuando los cortes son largos, la evidencia muestra que se pierden aprendizajes, especialmente en Matemática y, sobre todo, en los contextos sociales más desfavorables. Esto tiene que ver con que la práctica de la lectura suele incorporarse más en el hogar, mientras que la matemática no tanto. Por eso, los recesos largos impactan más en matemática y afectan más a quienes tienen menos ejercicio de lectura o de matemática en sus casas”, explica Axel Rivas, investigador y profesor de la Universidad de San Andrés.

“Hay distintas estrategias de mitigación y distintos calendarios en el mundo. Obviamente, es un tema complejo porque impacta en la organización familiar. Pero sí hay bastante evidencia que muestra que un período de vacaciones de verano más corto, combinado con descansos a lo largo del año, es un enfoque más adecuado para el aprendizaje. Tampoco hay que tomarlo de manera lineal, porque depende mucho de cómo se evalúe y de cómo se discutan estos impactos. De todos modos, hay bastante acuerdo en la investigación en que un receso muy largo termina afectando al aprendizaje”, analiza Rivas.

La revisión del calendario escolar excede ampliamente la organización del sistema educativo, subrayan los especialistas. “No es nada fácil cambiar cualquier engranaje de un sistema educativo en funcionamiento, máxime algo como el calendario escolar que impacta en la organización de las familias, los docentes, los estudiantes, así como las oportunidades de turismo y encuentro con parientes más lejanos”, advierte Kit.

Kit propone abrir el diálogo para pensar alternativas viables: “Por ejemplo, a principios o mediados de octubre ya docentes y estudiantes están fatigados. Por otro lado, finalizar un ciclo lectivo sobre las fiestas navideñas tal vez implique sumar días poco eficaces para el aprendizaje”. En ese sentido, plantea: “En el marco del diálogo social, político y gremial, puede pensarse en introducir una o dos semanas intermedias de receso, que pueden compensarse tanto con la extensión de la jornada como con la reducción del receso estival”.

Algunas fuentes resaltan que no hay una asociación lineal entre la organización del calendario y los aprendizajes. “El éxito de los procesos de enseñanza no necesariamente depende del receso escolar. No hay dudas de que la trayectoria educativa requiere descansos: muchas veces los docentes registramos cambios luego del receso invernal, ya sea en la organización de los estudiantes o en la maduración del desempeño. Por supuesto que no hay magia en esas semanas, pero sí es un momento en que se renueva el compromiso y se recapitula el recorrido para seguir avanzando”, sostiene Marina Bertone, maestra de una escuela primaria en provincia de Buenos Aires y profesora universitaria.

A Carolina Bonfranceschi, maestra de 6° y 7° grado en una escuela pública de Villa Devoto, le resulta interesante la posibilidad de repensar el calendario: “Como docente vivo cómo, luego del receso de verano, los estudiantes parecen haberse olvidado de todo lo que trabajamos el año anterior, y fui yo misma quien se lo enseñó… Por lo tanto, me parecería adecuado que ese descanso fuera más corto, aunque también debemos tener en cuenta que son tiempos de mucho calor para habitar la escuela durante tantas horas”.

“Quizás sería interesante agregar pausas breves a lo largo del año, de no más de una semana, para que los estudiantes puedan descansar un poco, pero también retomar los contenidos con mayor facilidad”, agrega Bonfranceschi.

Para Marina Zamora, maestra de primaria en una escuela rural de Mendoza, el debate sobre el calendario escolar es una oportunidad para pensar cómo se organiza el tiempo para garantizar aprendizajes significativos y sostenidos. En esa línea, Zamora sostiene que el modelo vigente en Argentina resulta adecuado si se tienen en cuenta las condiciones climáticas, ya que muchas escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria para enfrentar las altas temperaturas del verano en varias provincias.

“El verano puede alcanzar temperaturas de hasta 40° C y, si las escuelas no estuvieran de vacaciones durante esos meses, los alumnos estarían agotados por el calor. En muchas instituciones no hay ventiladores, o los que hay no alcanzan para cubrir todas las aulas”, sostiene Zamora, y subraya que un cambio en el calendario escolar se enfrentaría con “dificultades edilicias y climáticas para sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje en condiciones adecuadas”.

¿Calendarios por escuela?

El proyecto de ley de “libertad educativa” redefine la forma de medir el calendario escolar: no habla de días sino de “horas” de clase, y establece un mínimo de 540 horas reloj anuales para la educación inicial (equivalentes a 180 días con una jornada de 3 horas) y un piso de 720 horas para la educación primaria y secundaria (180 días con una jornada de 4 horas).

Ese mínimo es inferior al acordado en 2024 por todos los ministros en el Consejo Federal de Educación, de 760 horas para la primaria y 900 para la secundaria. También se ubica por debajo de los promedios de la OCDE, de 804 horas anuales en primaria y 922 horas en secundaria.

Además de derogar la Ley de Educación Nacional, el proyecto presentado en el Consejo de Mayo modifica algunos artículos de la Ley 25.864, que estableció en 2003 el piso mínimo de 180 días de clase. Entre otros, el artículo 3, que define cómo se calcula si un día de clase fue “efectivo” o no.

Por fuera del mínimo de horas obligatorias, el proyecto de “libertad educativa” señala que cada escuela podrá establecer su propio calendario escolar “conforme a su proyecto educativo institucional, su ideario –en el caso de las instituciones privadas– y las características de su comunidad”. Si se aprobara en el Congreso, el proyecto podría permitir que algunas escuelas modifiquen el modo de distribuir las vacaciones.

Los especialistas y docentes consultados por Infobae cuestionan la propuesta oficial y advierten que requeriría de un amplio diálogo social –ausente durante el proceso de elaboración de la iniciativa, que se filtró sorpresivamente en noviembre–. Varios expresan preocupación por la posibilidad de que, en nombre de la autonomía de las escuelas –en general bien valorada–, la organización del sistema derive en una segmentación caótica. Señalan, por ejemplo, que en Argentina la mayoría de los docentes trabaja en más de una institución educativa, lo que dificultaría la implementación de calendarios por escuela.

“Creo que es un tema en el que una organización más sistémica resulta mucho más sensata que dejarlo librado a cada institución –señala Axel Rivas–. Sí me parece razonable introducir un poco de flexibilidad y dejar algún margen de acción a las escuelas, pero dentro de un calendario común. Por ejemplo, que algunas puedan elegir una semana en determinado momento del año y otras optar por no hacerlo. Ese nivel de autonomía me parece suficiente: no desorganiza a las familias y tampoco genera un sistema totalmente fragmentado”.

“La armonización de las cargas laborales de los docentes y directivos que trabajan en más de una escuela, así como la dificultad en alcanzar un consenso pleno en las comunidades educativas, señalan un punto muy difícil, traumático y estresante para el sistema educativo. Si bien se plantean dificultades en los lugares muy calurosos o muy fríos en nuestro país, es posible pensar alternativas de calendario escolar que atiendan a criterios objetivos, y que permitan organizar a familias y docentes”, señala Irene Kit. Esas alternativas existen: en varias provincias hay escuelas rurales que tienen calendarios alternativos por las condiciones climáticas de las localidades donde están ubicadas.

“Por una parte, esta posibilidad podría permitir a las escuelas responder mejor a su contexto. Por otra parte, como toda descentralización y proceso flexible, requiere de establecer un marco regulatorio que asegure un tiempo de enseñanza suficiente y comparable. Considero que se corren riesgos de una posible atomización del sistema si cada institución decide cuándo hacer sus recesos”, sostiene Marina Bertone.

Cappelletti concluye: “En términos generales, pienso que toda decisión acerca de los recesos escolares tiene que considerar estas grandes definiciones: experiencia escolar, tradición histórica, impacto en la vida familiar. Entiendo además que para la organización del Estado las definiciones acordadas federalmente son relevantes. También veo que hay calendarios diversos en algunas escuelas de gestión privada, pero que se acompasan con las definiciones federales. Sería interesante problematizar esto en procesos deliberativos que involucren a todos los actores”.

En los análisis realizados por la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre movilidad social y desigualdad, Colombia se destaca por sus marcadas brechas educativas que, lejos de cerrar distancias, refuerzan la inequidad entre distintos grupos sociales.

El acceso limitado y la baja calidad de la educación configuran las oportunidades profesionales y condicionan las perspectivas económicas de amplios sectores de la población.

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La imposibilidad de completar la formación secundaria resulta ser un factor determinante, ya que los jóvenes que abandonan tempranamente el sistema educativo enfrentan empleos inestables y bajos ingresos, lo cual restringe gravemente su desarrollo y perpetúa la desigualdad.

De acuerdo con el informe reciente de la Ocde, la educación, que en teoría debería funcionar como escalera social, termina por consolidar las divisiones de origen, ya que el círculo de exclusión y aprendizaje insuficiente tiende a repetirse generación tras generación, dificultando la movilidad.

La organización advierte que “la geografía, el trasfondo social, incluso el género, son importantes en Colombia. Creo que las oportunidades educativas no son distribuidas igualmente”, según expresó Andreas Schleicher, director de educación y competencias del organismo.

El alcance del problema educativo se evidencia al observar la distribución de jóvenes que no cursan la secundaria alta. Casi uno de cada cinco adolescentes colombianos entre 15 y 18 años se encuentra fuera del sistema escolar en ese nivel, cifra que supera el promedio general de países pertenecientes a la Ocde y se asemeja al panorama del resto de América Latina y el Caribe.

La situación se agrava particularmente entre los varones y tiende a estar vinculada a entornos económicos vulnerables.

Las consecuencias de esta inestabilidad educativa repercuten claramente en el escenario laboral: en América Latina y el Caribe, el 60 % de quienes tienen baja escolaridad desempeñan trabajos informales, mientras que el 35 % de los que logran educación media y sólo el 15 % de los que acceden a la universidad enfrenta la misma situación.

En contexto colombiano, estos datos muestran que los sectores menos favorecidos quedan atrapados en empleos precarios al no contar con la formación suficiente, lo que restringe sus oportunidades de progreso.

El informe de la Ocde también identifica a Colombia, Chile y Costa Rica como los países más desiguales de la organización, ubicándolos a la cabeza de las mediciones sobre equidad.

El denominador común es la dificultad para lograr que todos los jóvenes completen la escuela secundaria y accedan a una educación de calidad, sumado a la persistencia de la informalidad laboral como destino casi inevitable para quienes quedan fuera del sistema educativo formal.

Pese a que la legislación nacional contempla más de 12 años de escolaridad obligatoria, la realidad dista de lo esperado: la matrícula neta en secundaria no corresponde a ese objetivo y revela retos significativos para retener a los estudiantes, en especial a aquellos que viven en contextos de mayor vulnerabilidad.

La extensión formal del ciclo escolar no ha logrado traducirse en permanencia y aprendizaje efectivo para todos.

La Ocde puntualiza que el obstáculo principal no reside únicamente en la cantidad de años de escolaridad, sino en garantizar que los estudiantes permanezcan y progresen en el sistema, recibiendo enseñanza de calidad. La falta de mejora en estos aspectos permite que la educación siga reproduciendo las desigualdades originales, en vez de ser la herramienta para superarlas.

El rendimiento escolar, medido internacionalmente, también refleja las dificultades del sistema educativo colombiano. Según los resultados de las pruebas Pisa, el país tuvo el desempeño más bajo en pensamiento creativo entre los miembros de la organización, ubicándose en el puesto 28 de 64 países, con una puntuación de 26.

En comparación, Corea del Sur y Canadá encabezaron el ranking al obtener 38 puntos, seguidos por Australia y Nueva Zelanda.

La situación planteada por la Ocde indica que la combinación entre abandono escolar, bajos resultados de aprendizaje y la penalización en el mercado laboral para quienes no completan la formación secundaria actúan como factores que consolidan un círculo de desigualdad difícil de romper en la sociedad colombiana.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó su Informe de Fase 4 sobre soborno transnacional, en el que expone observaciones críticas sobre la capacidad de Colombia para prevenir, detectar, investigar y sancionar este delito.

El documento, citado por la Revista Semana, examina el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el marco de la Convención Antisoborno y plantea recomendaciones con plazos definidos para su implementación.

Según el organismo internacional, Colombia presenta deficiencias persistentes en la aplicación de su marco normativo, pese a contar con disposiciones legales vigentes.

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El informe señala un desenganche progresivo del país frente a los compromisos internacionales, lo que se refleja en resultados limitados en materia de investigaciones y sanciones relacionadas con el soborno de funcionarios públicos extranjeros.

Uno de los puntos centrales del análisis es que, aunque se ha impuesto por segunda vez una sanción administrativa a una persona jurídica, no se ha intentado procesar penalmente a personas naturales por este tipo de conductas. Para la Ocde, este dato evidencia niveles bajos de detección y un uso restringido de las herramientas disponibles para perseguir penalmente el delito.

El reporte también advierte sobre problemas de coordinación institucional entre las entidades encargadas de investigar y sancionar el soborno transnacional. En particular, menciona la relación entre la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, cuyas competencias diferenciadas requieren mecanismos de articulación más claros para evitar vacíos en los procesos.

Otro aspecto destacado es el uso limitado de la cooperación judicial internacional. La Ocde observa que las solicitudes provenientes de otros países no siempre derivan en la apertura de investigaciones en Colombia, lo que reduce la efectividad del sistema y dificulta el seguimiento de operaciones transnacionales en las que podrían estar involucradas personas naturales o jurídicas del país.

El informe insiste en la ausencia de un sistema integral de protección a denunciantes, una falencia que, según el organismo, ha sido reiterada en evaluaciones previas. La falta de garantías para quienes reportan posibles hechos de soborno afecta la detección temprana y limita el flujo de información hacia las autoridades competentes.

Además, la Ocde expresa preocupación por riesgos para la independencia de las investigaciones y de los procesos judiciales, señalando que estos factores aún no han sido atendidos de manera suficiente. El documento subraya que la autonomía de fiscales e investigadores resulta clave para asegurar decisiones basadas en criterios técnicos y jurídicos.

Entre las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo —integrado por 46 países— se incluye retomar una participación activa y constante de Colombia en los espacios del organismo, fortalecer la coordinación interinstitucional y permitir la apertura de investigaciones con base en solicitudes de cooperación internacional. También se plantea la necesidad de implementar de forma urgente un marco robusto de protección a denunciantes.

La Ocde reconoce algunos avances puntuales. El informe menciona que Bancóldex cumplió recomendaciones pendientes de fases anteriores, y que el país ha fortalecido controles antilavado y regímenes sancionatorios al sector privado, medidas que podrían incidir en una mayor detección de sobornos transnacionales.

En materia de sensibilización, el organismo advierte “limitados esfuerzos” para informar a los funcionarios públicos sobre el delito y los canales de denuncia existentes. De acuerdo con el reporte, las capacitaciones deben orientar claramente sobre las competencias de cada entidad, considerando que la Fiscalía investiga a personas naturales y la Superintendencia de Sociedades a personas jurídicas.

El documento enfatiza que Colombia no cuenta actualmente con un sistema de protección a denunciantes, lo que exige lineamientos claros sobre cómo reportar conductas ilícitas, qué acciones deben emprender los funcionarios al conocerlas y cuáles son las salvaguardas disponibles para quienes informan.

Como parte del seguimiento, la Ocde estableció que Colombia deberá presentar en diciembre de 2026 un plan de acción para atender las recomendaciones prioritarias. Posteriormente, el país rendirá cuentas en diciembre de 2027 sobre la implementación de dichas medidas ante el Grupo de Trabajo.

El informe también propone que el Ministerio de Relaciones Exteriores emita lineamientos escritos y capacitación a las misiones diplomáticas, con el fin de definir el tipo de asistencia que pueden brindar a personas naturales o jurídicas colombianas frente a solicitudes de soborno en transacciones comerciales internacionales, reforzando así la respuesta institucional en el exterior.

El documento “Mapeo del ecosistema cuántico global”, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó la vulnerabilidad de la cadena de suministro en el sector cuántico, especialmente por la dependencia de materiales como el diamante industrial, el óxido de aluminio y diversas sales oxometálicas. En respuesta a estos riesgos, numerosos gobiernos han orientado sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la resiliencia y competitividad de sus industrias tecnológicas. Según consignó la OCDE, esta situación propició un incremento significativo de la inversión pública y privada en tecnología cuántica, reflejando así una tendencia al alza en el respaldo institucional y financiero a nivel global.

La OCDE, en un análisis apoyado por la base de datos Fundstat y citado por varios medios, detalló que la proporción de la inversión pública asignada a investigación y desarrollo (I+D) cuántico experimentó un crecimiento notable durante los últimos años. En 2015, este sector representaba el 0,4 % de la financiación global destinada a I+D, cifra que ascendió al 1,1 % en 2023, con un máximo del 1,2 % en 2022. Este incremento se tradujo en una expansión del tejido empresarial dedicado a actividades cuánticas: a finales del periodo revisado, se contabilizaban 4.622 compañías especializadas en este ámbito, conforme reportó la OCDE.

En el ecosistema cuántico internacional, se identificaron 830 empresas como actores clave, predominando las startups que dependen tanto de recursos estatales como del apoyo de inversores privados. Estas firmas desenvolvieron su actividad en un entorno nutrido por la participación de universidades, centros de investigación y grandes corporativos tecnológicos, los cuales han desempeñado funciones esenciales en la generación de patentes y la formación de empleo altamente cualificado, apuntó la OCDE. Así, el entorno favoreció el surgimiento de una amplia diversidad de empresas, sosteniendo la evolución y la sofisticación del sector incluso en regiones donde no existía una hoja de ruta gubernamental específica para la industria cuántica, detalló la organización internacional.

El informe divulgado por la OCDE señaló que junto con el aumento de la financiación pública, hubo una proliferación de estrategias nacionales y supranacionales orientadas a definir prioridades y mitigar los riesgos principales del sector. Al menos 18 países miembros diseñaron planes estratégicos destinados tanto a estimular la investigación aplicada como a incorporar actores clave, con el objetivo de estructurar y estabilizar el crecimiento del ecosistema cuántico. Según publicó la OCDE, la creación de políticas públicas específicas contribuyó de manera directa a la diversificación empresarial y al dinamismo de la industria.

En cuanto a la especialización, la OCDE identificó la computación cuántica como el segmento más activo. Este rubro lideró la creación de nuevas compañías y destacó tanto en innovación como en el registro de patentes, marcando los focos de valor y las prioridades del desarrollo industrial cuántico. El área de comunicaciones cuánticas también registró progresos en la aparición de empresas y la protección de propiedad intelectual, pero fue la computación cuántica la que definió el ritmo y la dirección de la innovación, detalló el documento.

El estudio internacional contenidos por la OCDE posicionó a Estados Unidos como el país líder en todos los indicadores del sector cuántico, desde el número de startups hasta la magnitud de la inversión y la cantidad de patentes activas. No obstante, la organización precisó que la participación estadounidense en solicitudes de patentes cuánticas disminuyó del 41 % en el periodo 2015-2019 al 31 % entre 2020 y 2024, lo que señala un avance de países como Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, China, Japón y Corea del Sur. Según consignó el medio, estas naciones lograron consolidarse en el sector mediante grandes inversiones y la aplicación de estrategias nacionales focalizadas.

El fundamento del crecimiento del sector cuántico, según la OCDE, permanece en la investigación científica, que canaliza recursos hacia invenciones de nuevos dispositivos, el desarrollo avanzado de materiales y la optimización de metodologías tecnológicas. Los perfiles de empleo demandados y las áreas de innovación reflejaron una apuesta por el desarrollo técnico y científico de alto nivel. Además, los avances de la tecnología cuántica comenzaron a ser implementados por empresas de sectores ajenos al núcleo cuántico, reportó la OCDE, particularmente en áreas de optimización industrial, criptografía y modelización financiera.

Entre los desafíos principales, el informe de la OCDE identificó la naturaleza incipiente del sector cuántico y una notable exposición a riesgos asociados con la concentración de proveedores, así como la escasez de insumos considerados críticos. Según publicó la organización, estas restricciones motivaron la intervención estatal a través de subvenciones, promoción de la autosuficiencia en cadenas de suministro, apoyo a startups y promoción de la comercialización de productos cuánticos. Estos riesgos también condujeron a los gobiernos a aumentar su participación y respaldo al sector, con el objetivo de superar obstáculos para la adopción y comercialización de tecnologías cuánticas, puntualizó la OCDE.

El informe también advirtió sobre señales de desaceleración en el ritmo de expansión, observando una menor frecuencia en la aparición de nuevas compañías, variaciones en la inversión y cambios en el mercado laboral vinculado al sector cuántico. Aunque la propia OCDE reconoce que los datos aún presentan cierto grado de incertidumbre, resalta que la concentración de actores y la dependencia de recursos críticos representan los principales obstáculos para la sostenibilidad a largo plazo de la industria.

Como respuesta a estas dificultades, la OCDE recomendó al sector cuántico acelerar la transición hacia una comercialización más eficiente y trabajar en la estandarización de los modelos tecnológicos, señalando que estas acciones serán claves para optimizar los beneficios sociales y económicos obtenidos a partir de la expansión de la tecnología cuántica.

El informe preliminar de la OCDE destacó que la economía de Canadá experimentó un crecimiento notable al pasar de una contracción del -0,5% en el segundo trimestre a un avance del 0,6% en el tercero, mientras que en Italia la variación del producto interno bruto revirtió su signo negativo y alcanzó un incremento del 0,1%. Este repunte en la actividad económica en algunos países contrastó con los retrocesos y moderaciones documentados en otros miembros del G20 durante el mismo periodo.

Según reportó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el lunes, el Producto Interno Bruto de los países del G20, grupo que no incluye a España, registró en el tercer trimestre de este año un crecimiento del 0,8% respecto al trimestre anterior, por encima del 0,7% registrado en el segundo trimestre. El informe señaló disparidades significativas entre las principales economías, tanto en el ritmo como en la dirección de la expansión económica.

La OCDE subrayó que el caso de Alemania reflejó una estabilización, con un PIB que se mantuvo sin cambios en el tercer trimestre tras retroceder un 0,2% en el segundo. Sin embargo, varios países evidenciaron retrocesos en su productividad. El producto interno bruto de Japón disminuyó un 0,6%, mientras que México experimentó una caída del 0,3%. Entre los países donde el crecimiento económico se desaceleró se encuentran Arabia Saudí, que redujo su ritmo de expansión del 1,9% al 1,4%; Turquía, que pasó del 1,6% al 1,1%; Sudáfrica, que descendió del 0,9% al 0,5%; y Australia, que bajó del 0,7% al 0,4%. De acuerdo con la OCDE, también se observó una desaceleración menos pronunciada en Brasil, Indonesia y el Reino Unido.

En la comparación interanual, el producto interno bruto del bloque mostró un avance del 3,1%. Entre los países con disponibilidad de datos para este apartado, la India presentó la mayor expansión anual, con un 8%, mientras que México registró el menor desempeño, con una contracción del 0,2%.

El análisis de la OCDE expuso diferencias marcadas en la evolución económica entre los países miembros durante el tercer trimestre. Las cifras revelaron una recuperación en determinadas economías que compensó, en parte, las caídas y moderaciones de otras. Además, los datos de crecimiento anual muestran cómo la dinámica interna en la India mantiene una tendencia sólida, al tiempo que otros mercados, como el mexicano, enfrentan perspectivas menos favorables.

El informe ofrecido por la OCDE forma parte de sus publicaciones periódicas sobre el comportamiento económico global y permite observar las tendencias actuales dentro del G20, así como identificar las divergencias económicas entre sus integrantes. El documento también especificó que este seguimiento trimestral cubre el desempeño de economías avanzadas y emergentes, lo cual permite analizar la influencia de factores sectoriales, coyunturales y de política económica que explican las diferencias observadas en los indicadores recientes.

Las advertencias sobre el avance de la desertificación en el sur de la península ibérica y el aumento del riesgo extremo de incendios forestales sobre el 60% de los bosques españoles constituyen preocupaciones centrales destacadas en un reciente informe de la OCDE. En respuesta a estos retos ambientales señalados por la comunidad científica internacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la inminente presentación del Pacto por la Emergencia Climática, que tendrá lugar este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Según detalló Europa Press, la propuesta busca recabar el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Según consignó el medio Europa Press, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explicaron que el Gobierno pretende alcanzar un amplio consenso parlamentario y social en torno al nuevo pacto. Pedro Sánchez, durante una comparecencia para hacer balance del año, destacó la continuidad de la apuesta por un acuerdo de Estado en materia climática, especialmente tras el impacto de los incendios registrados el pasado año en el país.

De acuerdo con Europa Press, el borrador del plan ha sido elaborado por el Ejecutivo tras un proceso de consulta activa que integró las aportaciones de diversos sectores directamente afectados, así como de la sociedad civil. Sánchez explicó en su intervención que este proceso de consulta ha permitido "enriquecer" el texto inicial, abarcando así la pluralidad de perspectivas y necesidades que confluyen en esta emergencia ambiental.

El presidente del Gobierno mencionó que existen posturas que contemplan la sostenibilidad como una idea superada, aunque desde el Ejecutivo la entienden como una oportunidad relevante. Sánchez señaló que la estrategia gubernamental atenderá de forma rigurosa las recomendaciones científicas y los compromisos internacionales adquiridos en materia ambiental. Según sus palabras, "no nos vamos a desviar ni de la ciencia ni de nuestros compromisos con el planeta", insistiendo en que se trata de una responsabilidad compartida entre generaciones actuales y futuras.

Durante su intervención, Sánchez enfatizó el carácter urgente de la lucha contra el cambio climático, calificándola como una cuestión que afecta directamente a la supervivencia, y no como un asunto ideológico. También puso de relieve los recientes fenómenos meteorológicos adversos, como las danas que han impactado territorios del Mediterráneo y de Canarias, junto a las lluvias torrenciales y las olas de calor extremo, las cuales, según detalló Europa Press a partir de sus declaraciones, son cada vez más comunes y severas en los últimos años.

El reciente informe de la OCDE ofrece un panorama detallado sobre la vulnerabilidad climática de España, subrayando la exposición del país a la emergencia causada por el cambio global. Según los datos citados por Sánchez y difundidos por Europa Press, actualmente un 60% de los bosques españoles afronta un riesgo extremo de incendios, mientras la desertificación avanza especialmente en la mitad sur de la península. El presidente advirtió que encarar este desafío constituye una obligación ineludible para las autoridades y la sociedad.

Frente a este contexto, Sánchez reafirmó que el Gobierno se compromete a no eludir la gravedad de la situación ni a subestimar la relevancia de la investigación científica. Según publicó Europa Press, el mandatario aseguró que la administración se toma muy en serio tanto las conclusiones de la ciencia como sus advertencias, dejando claro que se basarán en ellas para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas dirigidas a mitigar y adaptar el país ante las consecuencias del cambio climático.

A pesar de los avances en los derechos de las mujeres y la igualdad en el ámbito laboral, México es el país con mayor rezago en la paridad de género en los consejos de administración empresarial en América Latina, según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y datos de la OCDE.

Por ello, de mantener esta tendencia, México tardará hasta el 2043, es decir, casi dos décadas más en terminar con esta brecha, una realidad que contrasta con el ritmo de progreso global.

De acuerdo con el IMCO y los reportes anuales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), actualmente solo el 14% de los asientos en consejos de administración de empresas mexicanas listadas en bolsa están ocupados por mujeres.

Mientras que en el resto del mundo hay una tendencia distinta, ya que la representación de mujeres en consejos de administración pasó de 21% a 32.5% entre 2016 y 2024, de acuerdo con los registros de la OCDE consultados por IMCO y Kiik Consultores.

El informe, ampliamente apoyado por fuentes empresariales y cámaras de la industria nacional, subraya que todavía existen 19% de consejos conformados solo por hombres y que cada consejera independiente convive con cinco consejeros hombres en igual condición.

Más aún, la presidencia de estos órganos permanece limitada, con solo 4% encabezados por una mujer, un dato que retrocedió por segundo año consecutivo, de acuerdo con lo expuesto por el IMCO.

En el plano directivo, las mujeres ocupan alrededor del 3% de las direcciones generales, lo que representa un estancamiento en la inclusión femenina en los rangos más altos de toma de decisión. Apenas un 15% de las posiciones financieras y un 26% de las jurídicas cuentan con liderazgo femenino.

El rezago se mantuvo, aunque con una leve mejora respecto a 2024: el 64% de las empresas no tiene mujeres en ninguna de las tres posiciones clave, frente al 73% del año pasado. De las 187 empresas analizadas, solo dos poseen mujeres dirigiendo simultáneamente las tres áreas: general, financiera y jurídica.

Al analizar la realidad fuera de la Ciudad de México, la encuesta “Mujeres en las empresas Jalisco 2025” —elaborada en conjunto por IMCO, Kiik y la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco— revela contrastes llamativos. En este estado, el 47% de los propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son mujeres, dato superior a la media nacional.

Pese a ello, las mujeres superan la mitad de los cargos directivos en solo una de cada cinco MiPymes y la escasez de mujeres en los escalones más altos de decisión persiste.

Otro hallazgo es que, según el estudio, 85% de las MiPymes están familiarizadas con la noción de brecha salarial, aunque solo la mitad sabe cómo medirla y menos aún accede a herramientas para gestionarla.

Entre las grandes empresas de Jalisco, la distribución de puestos sigue patrones rígidos: las mujeres dirigen áreas como mercadotecnia y recursos humanos, mientras los hombres prevalecen en operaciones y tecnología.

A esto se suma que por cada cuatro ascensos que reciben las mujeres, cinco van a manos de hombres, un desequilibrio que se mantiene incluso en los sectores más avanzados.

Sobre los instrumentos de igualdad e inclusión, 44% de las empresas consultadas implementan programas formales con mecanismos de seguimiento, y apenas el 24% mide y transparenta sus progresos.

La estructura empresarial y la cultura organizativa continúan siendo barrera para la equidad, a pesar de los compromisos públicos asumidos, según el IMCO.

El análisis da especial relevancia al potencial de crecimiento económico vinculado al cierre de estas brechas. Si México lograra elevar la participación económica femenina del 46% actual al promedio de la OCDE (67%), sería necesario incorporar a 18.6 millones de mujeres al mercado laboral.

Esta inclusión tendría el potencial de aportar hasta 6.9 billones de pesos extra al PIB nacional hacia 2035, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el IMCO en su más reciente estudio. La proyección en Jalisco indica un aumento simbólico: 112.6 mil millones de pesos en la siguiente década, equivalente a un crecimiento del PIB estatal de 5.2%.

Para reducir el rezago de género, tanto el IMCO como Kiik Consultores recomiendan a las grandes empresas establecer metas anuales orientadas a incrementar progresivamente la presencia femenina en los consejos de administración, con un umbral sugerido del 40 por ciento.

Las propuestas también contemplan reforzar la transparencia salarial con reportes de brechas revisados por autoridades y poner en marcha una plataforma federal homologada que publique estos datos.

En el caso de las MiPymes, el énfasis se pone en digitalizar registros administrativos para medir brechas de género y mejorar la gobernanza mediante manuales internos y estructuras de decisión claras.

Suecia y Perú mantienen una relación sólida y de larga data, marcada por amplios consensos en escenarios multilaterales y un intercambio comercial significativo, señaló Peter Svensson Kemeny, embajador de Suecia en Perú, en una entrevista exclusiva con Infobae Perú. El diplomático subrayó que unas 25 empresas suecas operan en el país, algunas con hasta un siglo de presencia, lo que evidencia una relación construida sobre la confianza y una visión común.

La reapertura de la embajada sueca en Lima, prevista para 2026, representa mucho más que un regreso formal. “Al acercarnos al cierre del año, destaco un periodo intenso, marcado por diversas visitas de alto nivel en ambos países. Recientemente, inauguramos una oficina comercial de Business Sweden”, explicó Svensson. Celebró además el anuncio oficial sobre la embajada, precisando que esta decisión contribuirá a profundizar y ampliar la cooperación y el intercambio bilateral en múltiples sectores, reforzando el compromiso sueco con el desarrollo de Perú.

Prioridades inmediatas tras la reapertura de la embajada

La apertura contempla una agenda definida y ambiciosa, centrada en apoyar a las empresas suecas presentes en Perú y promover la llegada de nuevas inversiones suecas. Svensson destacó las oportunidades ofrecidas por la economía peruana, que experimenta un crecimiento sostenido y un clima atractivo para la inversión. Resaltó, además, que las compañías suecas desempeñan un papel clave en ámbitos como tecnología verde, minería, salud y material de defensa.

El embajador remarcó que la relación comercial no es unilateral. “También buscamos contribuir al incremento de las exportaciones peruanas hacia Suecia, especialmente en el sector de alimentos, lo que revela un potencial significativo para profundizar este intercambio”, afirmó.

El embajador hizo hincapié en la afinidad estratégica de ambos países. Describió a Suecia y Perú como economías complementarias, unidas por la convicción de que el comercio y el intercambio impulsan el desarrollo mutuo. Expresó su aprecio por el profesionalismo peruano en sectores público y empresarial y destacó la excelente vinculación entre los equipos diplomáticos en Lima y Estocolmo. Con la embajada de regreso, pronosticó una etapa de mayor fortalecimiento en diversas áreas de cooperación.

Apoyo al proceso de adhesión de Perú a la OCDE

El respaldo de Suecia a la incorporación de Perú a la OCDE ocupa un lugar prioritario en la agenda bilateral. Svensson señaló que su país aportará experiencia en campos como biodiversidad e igualdad de género, según los requerimientos peruanos. “Exploramos diversas áreas de colaboración y mantenemos un diálogo muy cercano y constructivo, lo cual resulta sumamente positivo”, reiteró.

En cuanto a la diferencia entre la nueva misión y la etapa anterior al cierre de la embajada en 2022, el embajador percibe un intercambio más dinámico y un interés creciente por cooperar en sectores estratégicos, expectativas reforzadas por la disponibilidad de más recursos y herramientas diplomáticas.

Sinergias con Business Sweden

Svensson enfatizó las ventajas de la cooperación entre la embajada y Business Sweden. Destacó la experiencia de dicha oficina en análisis de mercados y asesoramiento empresarial, a la vez que aclaró el rol diplomático más amplio de su misión en el diálogo bilateral, los intercambios culturales y la asistencia consular. El enfoque de Team Sweden, que combina esfuerzos de diplomacia, empresa y academia a través del modelo de triple hélice, permitirá escuchar activamente las necesidades del sector privado en Perú y fomentar la innovación.

A nivel internacional, el embajador resaltó la coincidencia de visiones dentro de los foros multilaterales y la importancia creciente de la cooperación ante desafíos globales. Sostuvo que defender el multilateralismo y consolidar relaciones bilaterales fuertes son objetivos complementarios para ambos países, que comparten valores y una visión semejante de largo plazo. En materia climática, remarcó el liderazgo sueco en innovación y tecnología para la transición verde.

Sobre el cierre temporal de la embajada, Svensson afirmó que los lazos bilaterales se mantuvieron firmes, y que la reapertura será una transición ágil gracias a la continuidad del trabajo diplomático y el recibimiento positivo experimentado en Lima durante su gestión itinerante.

170 años de relaciones: cultura, sociedad y empresa

El apoyo a los ciudadanos suecos en Perú no se interrumpió. El consulado honorario en Lima, dirigido por un cónsul experimentado, ha garantizado la asistencia consular y continuará haciéndolo mientras dure el proceso de reapertura.

Con la conmemoración de 170 años de lazos diplomáticos entre Suecia y Perú en el horizonte, se planean celebraciones e iniciativas conjuntas en los ámbitos social, cultural y empresarial. El embajador ve este aniversario como una oportunidad para destacar una historia de cooperación y fortalecer futuros proyectos en ambas capitales.

Svensson concluyó que la relación bilateral supera lo económico: incluye la cultura, la historia y la gastronomía, y reiteró el atractivo de Perú como destino turístico. “El Perú es un país extraordinario para visitar y su cocina es, sin duda, espectacular”, finalizó.

Colombia fue destacada como la cuarta economía con mejor desempeño en 2025 según el ranking internacional elaborado por la revista británica The Economist. El listado evalúa a 36 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y otras economías avanzadas y emergentes. Los resultados posicionan a Colombia como la única nación latinoamericana en el top 10, en un contexto global marcado por la persistencia de la inflación y la desaceleración económica.

El ranking del medio se construye a partir de cinco indicadores clave: crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), desempeño del mercado accionario, evolución del empleo, inflación subyacente y amplitud de la inflación. La publicación compara el comportamiento de estas variables entre países, lo que otorga una puntuación consolidada que permite ordenar a las economías según su desempeño relativo durante el año.

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En la edición correspondiente a 2025, Portugal lideró la clasificación con un crecimiento del PIB de 2,4%, seguido por Irlanda (3,2%), Israel (3,5%) y Colombia (3,4%). España completó el top cinco con un crecimiento de 2,8%. El análisis resalta que, pese a un entorno internacional desafiante, varias economías lograron combinar crecimiento, estabilidad de precios y dinamismo en el mercado laboral.

De acuerdo con los datos publicados, Colombia registró un crecimiento económico interanual de 3,4%, con lo que superó el promedio de las economías estudiadas. El mercado accionario colombiano experimentó una valorización de 43,8%, lo que representó una recuperación notable y una mejora en la percepción de los inversionistas. En materia laboral, el empleo creció 3%, el mejor desempeño entre los cinco primeros países del listado.

Inflación en 2025

Mientras que en lo relacionado a la inflación subyacente, el indicador se ubicó 3,3 puntos porcentuales (pp) por encima del objetivo de 2%, lo que evidencia que, aunque los precios siguen elevados, existe una tendencia de corrección. La amplitud de la inflación, que mide la proporción de bienes y servicios con aumentos de precios, cayó 6,7 puntos porcentuales, señalando una desaceleración inflacionaria más generalizada.

Colombia fue la única economía latinoamericana en el top 10 y una de las pocas emergentes destacadas. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual bajó a 5,3% en noviembre, mientras que la tasa de desempleo se situó en 8,2% en octubre. El Banco de la República proyecta un crecimiento de 2,6% para el cierre de 2025, en un escenario de desinflación que busca acercarse a la meta de 3%.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro celebró la posición alcanzada por Colombia al resaltar que el país fue reconocido como una de las economías con mejor desempeño dentro de la Ocde. Por medio de un mensaje en X, el mandatario afirmó que este tipo de reconocimientos explican el interés de empresarios nacionales e internacionales por dialogar con el Gobierno. “Por eso nos buscan para dialogar verdaderos empresarios de todo el país y del mundo”, señaló el mandatario al acompañar el mensaje con una gráfica de la publicación británica en la que Colombia figura en el cuarto lugar, empatada con España.

El jefe de Estado destacó que el ranking mide la variación anual del PIB y el comportamiento de los precios de las acciones en el tercer trimestre de 2025, y consideró que estos resultados reflejan la solidez de la recuperación económica tras la pandemia.

Dura crítica de Petro a los medios y empresarios

Además, aprovechó para criticar a los medios de comunicación del país y al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master: “No será reconocido por los ‘experto’ de RCN y Caracol, ni por Bruce (sic)”.

La realidad del ranking de The Economist

No obstante, varios expertos cuestionaron la interpretación oficial del ranking. Por ejemplo, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, advirtió que el mismo mide cambios en cinco variables solo para países de la Ocde, por lo que no representa al mundo entero. “Cuando partes tan abajo, mejoras marginales se ven espectaculares”, afirmó, al señalar que Colombia tiene el menor ingreso de toda la organización, con USD22.000 frente a un promedio de USD 50.000.

Campos resaltó que dos de los cinco indicadores del ranking están relacionados con la inflación y que Colombia presenta la segunda peor inflación de esta, con lo que se celebra una desaceleración que parte de niveles muy altos en la región. Otros puntos analizados por el experto fueron los siguientes:

• Empleo: el país tiene el cuarto peor desempleo entre los 36 países evaluados. “El ranking mira cambios, no el problema estructural”, lamentó-
• Bolsa: aunque el índice bursátil repuntó, la acción de Ecopetrol —clave para el Gobierno— no mostró avances.
• Crecimiento económico: Colombia creció entre 2,5% y 2,9% en 2025, con lo que superó a varios países de la Ocde, pero quedó por debajo del promedio de economías emergentes, que ronda el 4,6%. “Está lejos de ser la cuarta economía que más crece en el mundo”, concluyó.

Parte de la base más baja

El abogado Carlos Gutiérrez aportó una perspectiva histórica y regional al señalar que Colombia crece más que las economías desarrolladas, lo que es lógico por partir de una base más baja, pero mucho menos que en su propio pasado.

“Bajo el gobierno de Petro, los crecimientos han sido bajos para una economía emergente: 3,4% en 2025, sin liderazgo regional ni transformación estructural. Un desempeño que no impresiona ni en casa ni afuera”, indicó.

Recordó que, aunque Colombia es una de las economías que más crece dentro de la entidad, esto no implica que sea la cuarta mejor economía del grupo, ya que el crecimiento parte de una base mucho más baja y no es señal de liderazgo económico, sino de rezago histórico.

De igual forma, comparó el tamaño del PIB colombiano, que ronda los USD330.000 millones, con el de Canadá, que supera los USD2,1 billones, y el ingreso per cápita, que en Colombia es de USD6.300 frente a USD53.000 en Canadá.

No es un ranking de las mejores economías

Por su parte, la abogada Carolina Restrepo Cañavera precisó que el cuadro de The Economist no califica a Colombia como la “cuarta mejor economía de la Ocde”, sino que muestra el crecimiento interanual del PIB y las alzas en las bolsas en un trimestre específico. “Es un indicador. No es un ‘ranking de mejores economías’. Lo de Petro no es el inglés”, puntualizó Restrepo Cañavera al criticar la interpretación oficial del resultado.

El impacto de las políticas no arancelarias impulsadas desde Estados Unidos sobre la región y la necesidad de avanzar en reformas estructurales para incrementar el crecimiento potencial figuraron entre los puntos centrales del XXII Foro de Análisis Latinoamericano, organizado por el Banco de España. Durante la cita, que congregó a expertos de organismos internacionales, representantes empresariales y académicos, el debate se orientó a revisar la evolución macroeconómica reciente, los desafíos fiscales y monetarios, y las perspectivas ante los nuevos escenarios globales, con particular atención en la situación de Argentina.

Según informó el Banco de España, la vigésima segunda edición del foro se desarrolló este viernes, reafirmando la periodicidad semestral de un encuentro iniciado en 2012 con el objetivo de promover el intercambio de análisis entre instituciones públicas y privadas sobre el presente y futuro económico de América Latina. La apertura estuvo a cargo de David López Salido, director general de Economía de la entidad anfitriona, quien introdujo algunos de los asuntos más apremiantes para la región, marcados por la evolución de los mercados de materias primas y el papel de las políticas fiscales y monetarias.

De acuerdo con el Banco de España, la agenda del evento incluyó una evaluación exhaustiva de las tendencias de los mercados financieros latinoamericanos, poniendo el foco en su desempeño durante el año en curso. Entre los temas abordados destacaron los retos que enfrentan las empresas de la región en lo relativo a las fuentes de financiación, innovación y estrategias de adaptación ante la creciente volatilidad global. Las discusiones recogieron también análisis sobre los cambios en el tablero geopolítico internacional, revisando cómo estos influyen en las dinámicas económicas locales.

El medio detalló que las políticas establecidas por Estados Unidos en materia de comercio internacional, especialmente aquellas medidas de tipo no arancelario, recibieron atención particular durante la sesión, dada su influencia sobre el flujo de bienes y servicios, la competitividad de las exportaciones y la situación de mercados clave en América Latina. Los participantes dedicaron parte del foro a examinar los escenarios probables que enfrenta la región frente a la actual transición geopolítica y las presiones regulatorias externas.

Según consignó el Banco de España, se produjo un espacio de reflexión acerca de la evolución reciente del sector empresarial latinoamericano, valorando el acceso al crédito y la necesidad de fomentar la innovación para afrontar los ciclos de desaceleración económica. Los asistentes coincidieron en la importancia de impulsar el crecimiento potencial mediante reformas estructurales, cuya implementación es considerada fundamental para que la región mejore sus perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo.

En relación a la coyuntura argentina, la edición XXII del foro promovió un intercambio específico sobre el plan de estabilización vigente en el país, con el objetivo de analizar su viabilidad y el impacto esperado bajo las actuales condiciones del entorno internacional y las reformas estructurales pendientes. Según detalló el Banco de España, se evaluaron los avances y desafíos del proceso argentino, así como las distintas perspectivas sobre su futuro inmediato frente al contexto macroeconómico global.

El evento contó con la participación de representantes de organismos y entidades de peso, entre ellas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio de España. También asistieron funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, miembros del Real Instituto Elcano, Banco Santander, BBVA, Mapfre, Repsol y Enagás. Al ámbito académico y de análisis se sumaron la Barcelona School of Economics, CUNEF, y varias universidades españolas como la Universidad de Alcalá, Complutense de Madrid, Comillas, Nebrija, e IE Universidad, junto con AFI, Equipo Económico, Fundación Consejo España-Brasil y Fundación Consejo España-Perú.

Según publicó el Banco de España, la dinámica del foro se caracterizó por fomentar el intercambio de visiones en un entorno informal, lo que facilitó la participación activa y el debate entre analistas, representantes empresariales y miembros de organismos internacionales. Desde su primera edición, el objetivo principal del Foro de Análisis Latinoamericano radica en contribuir a una comprensión más profunda de los cambios económicos y sociales que experimentan los países de América Latina, así como proporcionar elementos de diagnóstico para orientar futuras decisiones de política económica en la región.

De acuerdo con EFE, la Cámara Baja revisará por segunda vez el proyecto para la senda de estabilidad presupuestaria correspondiente al periodo 2026-2028. Este documento, cuya aprobación resulta necesaria para fijar los techos de gasto de los presupuestos del año siguiente, previsiblemente será rechazado nuevamente. Esta negativa permitiría al Gobierno presentar sus cuentas para 2026, dando por concluidos los trámites preparatorios en el Parlamento.

La misma jornada parlamentaria incluye la votación de un decreto ley que valida un incremento salarial para el sector público del 2,5% en 2025 y un 1,5% en 2026. EFE detalló que este último aumento podría alcanzar un 2% dependiendo de la evolución de la inflación. Además, el Congreso debatirá sobre el reglamento Verifactu, cuya entrada en vigor se pretende posponer, junto a otras medidas convenidas con el grupo Junts.

En el ámbito económico, la jornada también contempla la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, quien acudirá a la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para discutir adaptaciones legales dirigidas a la mejora en la gobernanza de los servicios digitales y en la organización de los medios de comunicación.

En el sector turístico, hoteleros y agencias de viajes compartirán sus perspectivas sobre el cierre de 2025 y el desarrollo previsto para 2026 durante encuentros organizados en Madrid. Según consignó la Agencia EFE, los representantes del sector prevén que el turismo consolidará las tasas de crecimiento acumuladas tras la pandemia. Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) presentará un balance de la actividad turística y previsiones para el próximo año.

En el contexto internacional, EFE explicó que en Bruselas los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo procederán a elegir a su nuevo presidente, tras la dimisión de Paschal Donohoe, quien asumirá un puesto en el Banco Mundial. Los candidatos a la presidencia son el ministro griego Kyriakos Pierrakakis y el viceprimer ministro belga Vincent Van Peteghem. Asimismo, los titulares de Pesca de la Unión Europea se reunirán para acordar las posibilidades de capturas para 2026, con una propuesta de la Comisión Europea para el Mediterráneo que España ha calificado como “inaceptable”.

En Fráncfort, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, presentará recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea para simplificar la regulación y la supervisión financiera dentro de la eurozona. EFE reportó que posteriormente la institución emitirá un informe analizando estas propuestas.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) difundirá sus últimas proyecciones respecto a la demanda y la oferta mundial de crudo a corto plazo, en un entorno marcado por la preocupación sobre un posible exceso de suministros que influye en la tendencia a la baja de los precios del petróleo, según destacó EFE. En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), desde París, compartirá su informe mensual sobre el comportamiento del mercado petrolero.

En el ámbito europeo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dará a conocer un análisis actualizado sobre la situación de las finanzas públicas de sus Estados miembros, con especial atención a la situación de Francia, país que ha estado bajo presión de los mercados en los últimos meses, conforme notificó EFE.

Portugal afronta una huelga general a convocatoria de los sindicatos, en protesta por la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha que, según los organizadores, implicaría una reducción de derechos para los trabajadores. La medida tiene lugar en Lisboa y otros puntos del país.

Respecto a Alemania, el Instituto de Investigación Económica Ifo presentará sus proyecciones macroeconómicas de invierno, mientras la economía alemana se mantiene sin crecimiento en los últimos dos años y aguarda los posibles resultados de un programa de inversiones públicas recientemente anunciado por el Ejecutivo, según publicó EFE.

La jornada también trae repercusiones en el mercado internacional de la carne, dado que Japón ha decidido suspender indefinidamente la importación de cerdo español debido a la peste porcina africana (PPA), situación que ha obligado a los restaurantes españoles en el país asiático a modificar sus menús aun en temporada navideña, expuso la Agencia EFE.

El panorama económico ibérico se ve reforzado con el pago realizado este jueves por España correspondiente al préstamo obtenido en 2012 a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, destinado en su momento a recapitalizar el sistema financiero nacional.

En América Latina, la Agencia EFE señaló que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publicará el índice de precios al consumidor correspondiente a noviembre, mientras que la Organización Internacional del Trabajo presentará su informe Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe, centrado en empleo, informalidad y desigualdades. En México, el Banco Central publica el informe sobre el desarrollo de las economías regionales, y Brasil divulgará las estimaciones actualizadas tanto para la cosecha agrícola de 2025 como para las ventas minoristas generadas en octubre.

El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, inicia viaje en China con una visita a la planta de Gotion-Volkswagen en Hefei, según puntualizó EFE. Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acude a la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra para efectuar el depósito del convenio sobre la protección de la maternidad.

Finalmente, la agenda publicada por EFE informa también de la presentación de los datos de transporte público y sociedades mercantiles en España correspondientes a octubre, y de múltiples encuentros sectoriales en Madrid sobre vivienda, energías renovables y redes eléctricas, así como de previsiones de mercado e inteligencia artificial. El Comité Técnico del IBEX tiene previsto mantener la composición actual del selectivo bursátil español tras su reunión, cuyo resultado se conocerá al cierre del mercado. Los organizadores de distintos eventos profesionales y gremiales distribuyen previsiones y diagnósticos relevantes para la economía y el tejido empresarial nacional y europeo a lo largo de toda la jornada.

La presión fiscal en España aumentó 5,53 puntos porcentuales durante esos catorce años, situándose en el 36,7 % del producto interior bruto (PIB), mientras que la media de la OCDE se incrementó en 2,54 puntos hasta alcanzar el 34,1 %. De acuerdo con el reporte anual de la OCDE sobre ingresos fiscales, este crecimiento coloca a España como uno de los países con mayor aumento de carga impositiva en ese periodo, solo superado en la organización por Eslovaquia (7,67 puntos), Japón (7,49), Grecia (7,43), México (5,99), Luxemburgo (5,81) y Letonia (5,71).

Este ascenso contrasta con la evolución observada en los grandes países europeos. Alemania presentó una subida de 2,85 puntos porcentuales situando su presión fiscal en el 38 %, Francia elevó el índice en 1,22 puntos hasta un 43,5 %, Italia sumó 1,06 puntos hasta el 42,8 % y en Reino Unido la tasa aumentó 2,32 puntos llegando al 34,4 %. España destaca por ser el único gran país europeo con un incremento tan pronunciado de la recaudación fiscal sobre el PIB en el periodo señalado, según detalló el medio EFECOM con base en el informe de la OCDE.

En el análisis de los 38 países miembros de la OCDE, la presión fiscal subió en promedio solo tres décimas en 2024 respecto al año anterior, evolución que se corresponde con España; pero la tendencia no fue uniforme en todos los miembros. La estadística también recoge reducciones significativas en países como Suecia, donde el indicador cayó 1,71 puntos al 41,4 %; Hungría, que registró un descenso de 2,55 puntos hasta el 34,4 %; y, sobre todo, Irlanda, cuyo nivel bajó 6,05 puntos hasta ubicarse en el 21,7 %, el cuarto porcentaje más bajo de la OCDE. EFECOM destacó que los únicos países con presiones fiscales inferiores a Irlanda eran México (18,3 %), Colombia (19,9 %) y Chile (20,5 %), países latinoamericanos caracterizados por un estado del bienestar poco desarrollado.

Irlanda se ha convertido en una excepción en la Unión Europea por su baja carga fiscal, estrategia que le ha permitido atraer inversiones extranjeras y convertirse en la sede europea de numerosas multinacionales que operan en todo el continente. En el resto de la Unión Europea, todos los demás países registran tasas de presión fiscal superiores al 34 % del PIB, lo que posiciona a Irlanda como un caso aparte. Fuera de la UE, Suiza sobresale en Europa por mantener en 2024 una presión fiscal de 27,2 %, cifra tradicionalmente relacionada con la captación de capital internacional y la reconocida discreción de su sistema bancario.

El informe de la OCDE, citado por EFECOM, subraya también el caso de Estados Unidos, donde la presión fiscal estimada para 2024 se sitúa en el 25,6 %, cifra estable respecto al año anterior y muy por debajo de la media europea. Esta diferencia se explica en parte porque la cobertura de prestaciones del Estado del bienestar en ese país es menos extensa.

En la comparativa continental, Dinamarca se ubicó por segundo año consecutivo como el país con la mayor presión fiscal de la OCDE, con un 45,2 % de su PIB en 2024, un incremento de 1,2 puntos respecto al año anterior. Francia se mantuvo en segundo lugar con un 43,5 %, seguida por Austria con el 43,4 %, Italia con el 42,8 % y Bélgica con el 42,6 %, tras aumentos moderados en estos tres últimos países.

En cuanto a los componentes de los ingresos fiscales en España, el peso de las cotizaciones sociales llegó al 34,7 % del total en 2023. Esta cifra supera ampliamente la media de la OCDE, que se ubicó en 25,5 %. El informe de EFECOM precisó que en países latinoamericanos como Chile (5,6 %), Colombia (7,3 %) y México (13,5 %), las cotizaciones sociales representan una fracción mucho menor de la recaudación. Países de tradición anglosajona reflejan también un peso inferior, con Estados Unidos en el 23,5 %, Canadá en el 14,9 %, y Australia y Nueva Zelanda sin cotizaciones sociales.

Respecto al impuesto de sociedades, el informe anual señala que en la etapa previa a la crisis financiera, el tributo alcanzó un 11,3 % de los ingresos fiscales en 2007, descendió al 9 % en 2010 y se mantuvo en torno al 9-10 % durante la siguiente década. Desde 2021 experimentó un repunte llegando al 10,3 %, alcanzando el 12 % en 2022 y descendiendo ligeramente al 11,9 % en 2023. España presentaba una tasa inferior (8 %) respecto a la media global en cuanto al peso de este impuesto, de acuerdo con el reporte de EFECOM basado en datos de la OCDE.

El análisis por la OCDE publicado por EFECOM incluye también los impuestos sobre el patrimonio, que en promedio representaron un 5,1 % de la recaudación fiscal en 2023. Este gravamen varió considerablemente entre países: en la República Checa, Lituania y Estonia apenas superó el 1 %, mientras que en Corea del Sur representó el 11,5 %, en Estados Unidos el 11,3 %, en Israel el 10,7 % y en Reino Unido el 10,5 %. España superó la media de la OCDE, con un 6,2 % de su recaudación procedente de impuestos al patrimonio.

EFECOM subrayó que estas diferencias evidencian la diversidad de estrategias fiscales entre los miembros de la OCDE y la evolución desigual de la presión impositiva a lo largo de los últimos catorce años, donde España se consolida como uno de los países con mayor incremento del peso de los impuestos en relación al tamaño de su economía.

Colombia presentó el descenso porcentual más significativo en materia de presión fiscal entre los Estados miembros de la OCDE en 2024. El estudio indica que la presión fiscal, es decir, la relación entre la recaudación tributaria y el producto interno bruto (PIB), se redujo en 2,2 puntos porcentuales hasta situarse en el 19,9 %. De acuerdo con los datos proporcionados por la OCDE y consignados por EFECOM, esta disminución estuvo impulsada principalmente por una menor recaudación del impuesto sobre sociedades, el tributo pagado por las empresas según sus ganancias.

A pesar de este considerable retroceso, los datos recogidos en el informe también recuerdan que en 2023 Colombia experimentó el mayor aumento en el peso de la fiscalidad dentro de la OCDE, con una subida de 2,4 puntos porcentuales que llevó la presión fiscal al 22,1 %. Esta marcada volatilidad se relaciona con la importancia del impuesto de sociedades en la composición tributaria del país, un ingreso con tendencia a registrar variaciones bruscas según el contexto económico y el comportamiento empresarial.

El informe de la OCDE resalta que, en comparación con el resto de países analizados, el peso de otros impuestos en Colombia es considerablemente menor. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que recae habitualmente sobre las personas físicas, representó solo el 7 % de la recaudación total en Colombia en 2023. Ese porcentaje es el más bajo entre los miembros de la organización, muy por debajo del promedio de la OCDE, donde este tributo supone el 23,7 % de los ingresos fiscales.

En el panorama general, solo México registró una menor presión fiscal que Colombia en 2024, con un 18,3 %, a pesar de haber experimentado una leve subida de seis décimas en un año, según lo reportó EFECOM. Tras Colombia, Chile ocupó el siguiente puesto con registros del 20,5 %, seguido por Irlanda (21,7 %), Turquía (24 %), Costa Rica (24,8 %), Corea del Sur (25,3 %) y Estados Unidos (25,6 %).

El caso de Irlanda, también destacado en el informe de la OCDE, muestra un descenso acumulado de seis puntos porcentuales en la presión fiscal desde 2010 hasta 2024, proceso vinculado a políticas orientadas a atraer inversión empresarial. En 2023, el impuesto de sociedades representó en Irlanda el 21,5 % del total de la recaudación fiscal, casi el doble del promedio registrado en el conjunto de la organización.

El análisis de EFECOM recalcó la relevancia de estas cifras para entender la evolución fiscal de Colombia y su posición relativa dentro de los países industrializados. La marcada dependencia del país sudamericano de los ingresos generados por las empresas, junto a la baja participación de los impuestos directos individuales, configura un escenario particular dentro de las economías analizadas por el informe.

El documento, al que tuvo acceso EFECOM, señala que factores como el entorno de nacimiento, el género, la situación económica familiar, la procedencia migratoria y el contexto geográfico todavía determinan en gran medida la adquisición de habilidades esenciales para el desempeño laboral en las economías avanzadas. De acuerdo con la OCDE, la alfabetización, la aritmética, la resolución de problemas y el desarrollo de competencias sociales y emocionales dependen en gran parte de estos elementos extrínsecos. Estas diferencias de origen influyen no solo en el acceso a la formación académica, sino también en las posibilidades de ascender a empleos cualificados, dificultando la equidad y la movilidad social.

La OCDE indica que las recientes transformaciones tecnológicas y el auge de nuevas demandas de perfiles cualificados han tenido escaso impacto en la eliminación de las barreras estructurales que impiden la igualdad de oportunidades en la educación y el trabajo. Aunque el mercado laboral requiere cada vez más habilidades avanzadas y especializadas, los condicionantes externos persisten, provocando desigualdades en el acceso a empleos mejor remunerados y de mayor calidad.

El informe muestra que el nivel económico familiar resulta determinante tanto en el acceso a formaciones de mayor calidad como en la inserción en el mercado laboral cualificado. Como publicó EFECOM citando a la OCDE, esta situación da lugar a que personas con menos talento accedan a programas educativos de alta calidad y a puestos de trabajo altamente cualificados para los cuales tal vez no reúnen la preparación adecuada. Esto, según el análisis de la OCDE, puede causar una pérdida de competitividad y eficiencia en los mercados laborales.

Otro aspecto desarrollado en el informe se refiere a las diferencias entre países en el impacto de las condiciones socioeconómicas y territoriales sobre la formación y el empleo. Aunque estas brechas son persistentes, la OCDE expone que la dirección eficiente de determinadas políticas públicas contribuye a su reducción. Sin embargo, en contextos de mayor desigualdad de ingresos, estas diferencias tienden a acentuarse, sobre todo entre familias rurales, que disponen de menos oportunidades que las urbanas.

Las diferencias de género también ocupan un lugar central en el análisis de la OCDE. El estudio cita que las mujeres tienden a destacar por encima de los hombres en habilidades de alfabetización, lectura, resolución de problemas colaborativos y pensamiento creativo. Por su parte, los hombres obtienen mejores resultados en matemáticas y en formación financiera, y estas diferencias se incrementan entre las personas altamente cualificadas. Esta situación evidencia la persistencia de un «techo de cristal» que limita la participación de mujeres en ámbitos de alta remuneración y tecnología. El informe subraya que, como resultado de estas diferencias, los hombres acceden a puestos con salarios un 14% superiores por hora y su tasa de desempleo es menor.

La OCDE advierte que la brecha de género se inicia en la infancia, pues las niñas ya obtienen mejores calificaciones en lectura y resolución de problemas desde etapas tempranas, mientras que los niños sobresalen en matemáticas y habilidades financieras. A pesar de ello, menos mujeres eligen carreras o formaciones ligadas a ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), lo que restringe su acceso a las oportunidades laborales mejor remuneradas.

El estudio remitido por la OCDE también indica que el origen socioeconómico constituye el principal factor de desigualdad en la formación y en el acceso a los puestos de trabajo más relevantes. Las familias con mayor poder adquisitivo proporcionan no solo más apoyo financiero, sino también acompañamiento emocional y un entorno cultural favorable, lo que amplía las posibilidades de sus miembros para acceder a mejor educación y empleo. Según reportó EFECOM a partir del documento de la OCDE, los alumnos procedentes de hogares acomodados pueden prolongar su vida académica, dotándose de ventajas adicionales al momento de competir por empleos mejor considerados.

En cuanto a formación continua, considerada por la OCDE una herramienta clave para la equidad, también se constatan diferencias significativas. Quienes proceden de familias con menos recursos muestran menor acceso a programas de reciclaje o aprendizaje a lo largo de la vida, reduciendo así su capacidad de adaptación a las transformaciones del mercado laboral y al surgimiento de nuevas oportunidades.

De acuerdo con el análisis de la OCDE comentado por EFECOM, los propios sistemas educativos tienden a reforzar las desigualdades existentes, particularmente en la educación superior. El acceso a universidades de prestigio y a carreras técnicas de alta demanda sigue estando condicionado por el bagaje socioeconómico, lo que provoca que muchas personas talentosas de entornos desfavorecidos no alcancen su máximo potencial.

Finalmente, la OCDE concluye en su informe que la persistencia de las desigualdades de origen social, territorial, de género y procedencia migratoria obstaculiza el crecimiento económico global, crea ineficiencias y sostiene, e incluso magnifica, las brechas sociales en las economías desarrolladas.