La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un estudio que identifica avances, riesgos y brechas en la política de integridad pública de República Dominicana, y recomendó medidas para fortalecer la protección de denunciantes, los mecanismos de investigación y sanción, y la participación ciudadana en el control de la gestión estatal.

El documento, elaborado junto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), examina la estructura institucional, las normas de conducta, los sistemas de transparencia, los canales de denuncia y los mecanismos de control que intervienen en la prevención de prácticas irregulares dentro del Estado.

La presentación estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, quien afirmó que la evaluación permite contrastar el funcionamiento de las instituciones dominicanas con parámetros internacionales. Abinader sostuvo que los resultados deben convertirse en reformas y medidas verificables para la población.

“La verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura”, expresó, según informó la Presidencia dominicana.

Del diagnóstico a las reformas medibles

El Presidente señaló que el país debe avanzar desde la evaluación hacia la aplicación de las propuestas planteadas por la OCDE. “Del diagnóstico a la acción, de las recomendaciones a las reformas y de las reformas a resultados que los ciudadanos puedan comprobar”, afirmó.

El informe aborda la integridad desde una perspectiva que excede la sanción de hechos de corrupción. Analiza la capacidad de las instituciones, la prevención de riesgos, la toma de decisiones públicas, la transparencia y la intervención de actores sociales en el seguimiento de las políticas estatales.

Entre las recomendaciones figura fortalecer la protección de las personas que denuncian irregularidades, una medida vinculada a la eficacia de los canales de alerta y a la confianza de los funcionarios y ciudadanos para informar posibles faltas.

La OCDE también propuso incorporar criterios de integridad en los sistemas de gestión de riesgos de las instituciones públicas. El objetivo es que las entidades identifiquen áreas vulnerables antes de que se produzcan hechos que afecten la administración de recursos o la toma de decisiones.

Base institucional y evaluación internacional

La directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, felicitó a República Dominicana por el compromiso asumido en esta materia y señaló que el país aplica prácticas alineadas con estándares internacionales.

Pilichowski reconoció los avances registrados y consideró que existe una estructura institucional sobre la cual puede desarrollarse la estrategia nacional. Su evaluación se produjo durante el acto de presentación del estudio ante autoridades del Gobierno dominicano.

El informe plantea, además, reforzar las capacidades de investigación y sanción ante posibles infracciones a las normas de integridad. Este punto abarca los procedimientos internos de las instituciones, la coordinación entre organismos y la respuesta estatal frente a denuncias o alertas.

La organización propuso ampliar las instancias de participación y control social, con una mayor intervención de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación y empresas. La recomendación apunta a que la supervisión de la gestión pública no quede limitada a los organismos estatales.

Respaldo del Gobierno a la implementación

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la integridad debe atravesar todas las etapas de la administración pública y aseguró que su cartera acompañará a la Digeig y al resto de los organismos estatales durante la aplicación de las recomendaciones.

“La integridad no es tarea de una sola institución. Cada institución tiene una tarea. Cada servidor público tiene una responsabilidad”, sostuvo Paliza.

La directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, indicó que el fortalecimiento de la gobernanza requiere coordinación entre los poderes del Estado y participación ciudadana. También vinculó el acercamiento de República Dominicana a la OCDE con la modernización del Gobierno y el fortalecimiento de la transparencia.

La presentación del documento coincide con el avance de la Estrategia Nacional de Integridad Pública 2026-2036 (ENIP), que prevé transformar las conclusiones del diagnóstico en una hoja de ruta con objetivos, medidas, organismos responsables e indicadores de cumplimiento.

La educación colombiana presenta un contraste en sus indicadores laborales y financieros. Mientras una proporción mayor de docentes dice estar satisfecha con sus condiciones de empleo y remuneración, el país mantiene niveles de gasto por estudiante muy inferiores a los registrados en el promedio de la Ocde.

Ese panorama aparece en el informe Panorama de la educación 2026, publicado el 29 de septiembre, que reúne datos comparativos de los sistemas educativos de distintos países. El documento también muestra diferencias en las horas de clase, la formación de la población adulta y la situación de los jóvenes.

Entre los profesores de secundaria inferior consultados para la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (Talis), el 87,2% manifestó estar satisfecho con sus condiciones laborales. La proporción supera el promedio de la Ocde, que llegó al 68,4%. La percepción sobre los salarios sigue una tendencia similar. En Colombia, el 63,1% de los docentes afirmó estar satisfecho con su remuneración, frente al 38,7% registrado como promedio entre los países de la organización.

Las diferencias cambian cuando el informe revisa las condiciones en las que se desarrolla la labor docente. En primaria, los profesores colombianos imparten 955 horas de clase al año, mientras que el promedio de la Ocde es de 770. En secundaria inferior, la carga alcanza 840 horas anuales, frente a 710 horas. El número de docentes de primaria también se redujo durante la última década. Entre 2015 y 2024, la cantidad de profesores cayó 2%, mientras el número de estudiantes disminuyó 10%.

A futuro, la demanda de docentes podría verse afectada por los cambios demográficos. Las proyecciones del informe indican que la población colombiana entre 5 y 14 años disminuirá 9% entre 2024 y 2033. Sin embargo, el efecto sobre la necesidad de profesores dependerá de otros cambios dentro del sistema educativo.

En materia de financiación, la diferencia con la Ocde es más amplia. Colombia destinó en 2023 cerca de 3.398 dólares por estudiante en educación primaria, secundaria y terciaria, calculados en paridad de poder adquisitivo. El promedio de la organización fue de 13.601 dólares. Por niveles, el gasto colombiano llegó a 3.526 dólares por alumno en primaria y a 3.594 dólares en secundaria inferior. En los países de la Ocde, los valores fueron de 12.893 y 14.291 dólares, respectivamente.

El informe también muestra una brecha en el nivel educativo de los adultos. En 2025, el 29% de los colombianos entre 25 y 64 años tenía estudios terciarios, mientras que el promedio de la Ocde alcanzaba el 43%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 26% no estudiaba ni trabajaba. La proporción aumentó un punto porcentual frente a 2015 y duplicó el promedio de la organización, situado en 13%.

La educación para la primera infancia presenta otra diferencia. En 2024, el 78% de los niños colombianos desde los 3 años hasta la edad de inicio de la primaria estaba matriculado en programas de educación y atención, frente al 90% registrado en el conjunto de países de la Ocde.

Los datos del informe de 2025 mostraron avances en otros indicadores. Entre 2019 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años que no había completado la educación secundaria superior bajó del 27% al 17%.

Ese mismo reporte señaló dificultades en la culminación de los estudios universitarios. Solo el 16% de quienes ingresaban a programas de grado terminaba dentro del tiempo teórico previsto. La cifra subía al 44% cuando se incluía a quienes completaban el programa durante los tres años posteriores al plazo establecido.

El panorama presentado por la Ocde combina así una percepción favorable entre los docentes sobre sus condiciones laborales con diferencias importantes en inversión educativa. A esto se suman jornadas de clase superiores al promedio, cambios demográficos que pueden reducir la población en edad escolar y brechas en acceso y permanencia educativa.

México registra una de las tasas más altas de muertes por causas tratables y prevenibles entre los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la tercera edición del Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El informe, que compara principalmente indicadores correspondientes a 2024, señala que en México se registraron 135 muertes por cada 100 mil habitantes por causas tratables, una tasa superior al promedio de 130 decesos registrado entre los 33 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio.

La cifra mexicana también se encuentra por encima del promedio de los 38 países de la OCDE, que registraron 57 muertes por cada 100 mil habitantes por causas tratables.

En la región, México supera en este indicador a países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, mientras que la tasa mexicana es aproximadamente el doble de la registrada en Chile.

Las muertes por causas tratables son aquellas que podrían evitarse mediante una atención sanitaria oportuna y efectiva, por ejemplo, a través de diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuados.

México también supera el promedio regional en muertes prevenibles

El panorama elaborado por los tres organismos internacionales también muestra una diferencia en las muertes por causas prevenibles, es decir, aquellas que pueden evitarse mediante intervenciones de salud pública y prevención.

Mientras que el promedio regional fue de 167 muertes por cada 100 mil habitantes, México registró 176. El promedio entre los países de la OCDE fue de 105 decesos por cada 100 mil habitantes.

El informe pone especial énfasis en las desigualdades que existen dentro de los sistemas sanitarios de América Latina y el Caribe, particularmente en materia de acceso a servicios, calidad de la atención, protección financiera y resultados de salud.

Los organismos plantean la necesidad de construir sistemas sanitarios más eficaces, equitativos y sostenibles, en una región donde persisten diferencias importantes entre países y entre distintos sectores de la población.

México, además, ocupa el sitio 13 entre los países latinoamericanos analizados en cuanto a esperanza de vida al nacer, con un promedio de 72.6 años para los hombres y 79 años para las mujeres.

La posición resulta relevante debido a que México cuenta con la segunda población y la segunda economía más grandes de América Latina, de acuerdo con el reporte.

Diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre los principales retos

Las enfermedades cardiovasculares tienen un peso importante en la mortalidad mexicana. De acuerdo con los datos incluidos en el informe, las cardiopatías concentran 63% de los casos, mientras que las enfermedades cerebrovasculares representan 15%.

Otro de los problemas destacados es la diabetes. La prevalencia promedio de esta enfermedad en los 33 países latinoamericanos y caribeños analizados fue de 11% en 2024, por encima del 8% registrado en promedio entre los países de la OCDE.

Dentro de América Latina y el Caribe, México se encuentra entre los países con mayor prevalencia de diabetes, junto con República Dominicana y Guyana, con una proporción superior a 16%.

El informe también llama la atención sobre el consumo de tabaco entre adolescentes. México, Argentina y Guatemala presentaron las tasas más altas de prevalencia de consumo de tabaco entre jóvenes de 13 a 15 años, todas superiores a 15%.

Además de los resultados de salud, el reporte analiza las condiciones en las que se proporciona la atención médica.

La OCDE considera que los sistemas para reportar eventos adversos y errores médicos son fundamentales para desarrollar una cultura de seguridad en los servicios sanitarios. Sin embargo, únicamente algunos países de la región cuentan con mecanismos obligatorios de reporte, entre ellos Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador y Haití.

México se encuentra entre los países donde el sistema de reporte es voluntario.

Reportes parciales sobre seguridad de los pacientes

El informe también señala que México presenta reportes parciales de incidentes relacionados con la seguridad de los pacientes, pese a que este tipo de información puede utilizarse para identificar errores, aprender de ellos y establecer medidas preventivas.

La OCDE advierte que entre los obstáculos para implementar guías de alta calidad se encuentran los recursos y la infraestructura limitados, la resistencia a modificar prácticas clínicas y una difusión insuficiente de las recomendaciones.

En materia de acreditación médica, México y Perú cuentan con un esquema de cumplimiento voluntario respecto de la intensidad regulatoria, por lo que no existe un programa formal obligatorio para este propósito.

No obstante, el sistema contempla inspecciones para revisar el cumplimiento de requisitos legales y regulatorios obligatorios.

El reporte también identifica diferencias en el acceso a los servicios de salud según la condición laboral. En el caso mexicano, señala que las políticas públicas benefician particularmente a los trabajadores del sector formal, quienes tienen un acceso más favorable a servicios de salud y atención de mayor calidad.

Los organismos internacionales plantean que reducir las brechas de acceso y calidad será determinante para mejorar los resultados sanitarios y disminuir las muertes que pueden prevenirse o tratarse oportunamente.

En este contexto, las cifras de mortalidad evitable colocan a México por encima de los promedios regionales y de la OCDE, al tiempo que persisten retos asociados con enfermedades crónicas, prevención, seguridad de los pacientes y desigualdad en el acceso a la atención médica.

El informe PISA 2025, publicado el 8 de septiembre de 2026 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reveló que los niveles de rendimiento escolar en Estados Unidos permanecen estancados en matemáticas y ciencias. Los resultados en lectura han experimentado un retroceso y ambos indicadores se sitúan entre los registros más bajos desde el inicio de la participación del país en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) en el año 2000.

La interpretación de estas cifras exige una cautela rigurosa, ya que Estados Unidos incumplió parámetros técnicos esenciales en la recolección de la muestra, incluyendo metas mínimas de participación de los centros escolares y tasas de respuesta estudiantil.

Ante estas irregularidades, la OCDE advierte que no resulta posible descartar la existencia de sesgos en el reporte de PISA 2025, una situación que compromete la fiabilidad de las conclusiones sobre el sistema educativo estadounidense.

Evolución del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que mide la capacidad de adolescentes de 15 años para aplicar conocimientos y resolver problemas, contó en esta edición con la participación de 4.625 alumnos de 144 instituciones educativas en Estados Unidos. Estos jóvenes representaron a un universo de aproximadamente 3,58 millones de estudiantes, en un operativo global que alcanzó a más de 760.000 alumnos en 91 países.

En cuanto a los resultados, el 74% de los estudiantes estadounidenses alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en lectura, frente al 69% del promedio de la OCDE. En matemáticas, el 65% de los alumnos estadounidenses llegó a ese mismo nivel de competencia, igualando el promedio de los países de la OCDE. Por su parte, en ciencias, el 78% logró superar este umbral, frente al 74% del promedio de los países miembros.

Alcanzar el nivel 2 es definido por la OCDE como el punto básico de dominio académico. En lectura, este nivel permite la identificación de ideas principales en textos de complejidad moderada, mientras que en matemáticas, los estudiantes demuestran capacidad para representar situaciones sencillas. En ciencias, pueden evaluar explicaciones de fenómenos cotidianos basándose en datos elementales.

A pesar de estos umbrales, el desempeño en rangos superiores resulta escaso: apenas el 13% de los estudiantes estadounidenses obtuvo altos puntajes en lectura y ciencias, reduciéndose esta cifra al 8% en el área de matemáticas. La tendencia de la última década confirma un deterioro persistente, dado que la proporción de alumnos con bajo rendimiento ha aumentado seis puntos porcentuales en matemáticas y siete puntos en lectura desde 2015.

Advertencias sobre la calidad de la muestra de Estados Unidos

El informe técnico subraya que las deficiencias en la recolección de datos no son menores. El documento de la OCDE especifica que, debido a que más del 40% de los estudiantes estadounidenses que participaron en la evaluación no recibieron el cuestionario estudiantil, los resultados basados en dichos cuestionarios no fueron incluidos en la nota de país.

El organismo internacional ha señalado que el análisis de diversos escenarios de riesgo —tanto en participación escolar como en respuesta estudiantil— sugiere que estas ausencias tienen el potencial de distorsionar los resultados globales del país.

Impacto de los recortes en la recolección de datos federales

El contexto de estos resultados se agrava por una drástica reducción en la capacidad del Estado para monitorear el rendimiento educativo. Según detalla el diario The Guardian, el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES), agencia federal encargada de recopilar información clave para el diseño de políticas públicas, ha sufrido una desarticulación operativa sin precedentes.

La administración federal canceló contratos por un valor cercano a los USD 900 millones y redujo drásticamente el personal del NCES, lo que afectó directamente la continuidad de los estudios longitudinales.

Expertos consultados por The Guardian advierten que la interrupción de estos relevamientos imposibilita el seguimiento del desarrollo académico de los estudiantes a través del tiempo y priva a los responsables de políticas públicas de herramientas críticas para diagnosticar el origen del estancamiento en lectura y matemáticas.

En un escenario donde el rendimiento escolar es objeto de intensa preocupación nacional, la carencia de evidencia estadística objetiva limita severamente la posibilidad de implementar soluciones orientadas a revertir estas tendencias a largo plazo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectó que la actividad económica de la Argentina crecerá 2,6% durante 2026 y estimó una inflación anual de 30,8%. Las nuevas previsiones corrigieron los cálculos del reporte de junio, que había situado la expansión del Producto Interno Bruto (PBI) en 2,8% y la variación de precios en 31,1 por ciento.

De esta manera, el organismo redujo en dos décimas porcentuales su proyección de crecimiento para este año. La actualización de las estimaciones se conoció antes de la exposición que realizará el presidente Javier Milei la próxima semana en la sede de la OCDE, en París. El mandatario participará del inicio de la Argentina Week, mientras el organismo internacional difunde sus perspectivas para la economía argentina y para el escenario global.

El documento no modificó la expectativa de expansión económica para 2026. La corrección se concentró en la magnitud del aumento previsto para el producto interno bruto. Para 2027, el organismo anticipó un crecimiento del 3%.

En relación con la inflación, el organismo estimó que la variación anual alcanzaría 30,8% durante 2026. El número quedó por debajo del 31,1% proyectado en junio. Y la desaceleración permanecería el año próximo. La OCDE proyectó para 2027 una inflación de 20,5%, lo que implica una diferencia de 10,3 puntos porcentuales frente al 30,8% previsto para 2026.

Las proyecciones del Presupuesto, más optimistas

Las estimaciones de la OCDE difirieron de las previsiones que el Gobierno incorporó en el proyecto de Presupuesto 2027. El oficialismo calculó un crecimiento del PBI de 4% para el próximo año.

También surgieron diferencias en la previsión de inflación. El Gobierno calculó que la variación de precios llegaría a 18% en 2027, por debajo del 20,5% que proyectó la OCDE. La distancia entre ambas estimaciones inflacionarias fue de 2,5 puntos porcentuales. El proyecto de Presupuesto 2027 contempló una desaceleración mayor de los precios que la prevista por el organismo.

El informe también incluyó estimaciones sobre la economía mundial, la evolución de los precios y los riesgos ligados al conflicto en Oriente Medio. A nivel global, el organismo estimó un crecimiento económico de 2,9% durante 2026 y de 3% en 2027. La evaluación incluyó una advertencia sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio. “La evolución del conflicto en Oriente Medio sigue siendo muy incierta y continuará planteando riesgos considerables para las proyecciones de referencia”, señaló la OCDE.

El organismo sostuvo que la economía mundial resistió mejor de lo esperado la crisis de suministro energético provocada por el conflicto. Al mismo tiempo, advirtió que las presiones inflacionarias y la incertidumbre afectan las perspectivas de corto plazo.

“La economía mundial ha resistido mejor de lo esperado la crisis de suministro energético provocada por el conflicto en Oriente Medio, pero las continuas presiones inflacionarias y la incertidumbre están lastrando las perspectivas a corto plazo”, indicó el informe.

El análisis de la OCDE vinculó las perspectivas inflacionarias con el aumento de los precios mundiales de la energía. Según el organismo, esa situación llevará a una inflación mayor en las economías del Grupo de los 20 durante 2026 y 2027 frente a los cálculos previos.

Para el Grupo de los 20 (G20), la OCDE proyectó una inflación de 4,1% durante 2026. Para 2027, estimó que la variación de precios baje a 3,6%.

El organismo atribuyó esa proyección a la suba de los precios internacionales de la energía. El informe sostuvo que ese factor incidirá en los cálculos inflacionarios para las economías del G20 durante los próximos dos años.

La OCDE afirmó que “los bancos centrales deben mantenerse vigilantes y garantizar que las expectativas de inflación estén bien ancladas”. También indicó que “se necesitan mayores esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Sobre las medidas ante la crisis energética, el organismo señaló que deberán ser “específicas y temporales para mantener los incentivos al ahorro energético”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisó al alza sus proyecciones para la economía española. Según el Informe Intermedio de Perspectivas Económicas publicado este miércoles, España crecerá un 2,6% en 2026, cuatro décimas por encima de la previsión emitida en junio, aunque por debajo del 2,8% registrado en 2025. El organismo con sede en París atribuye esta mejora en parte al buen desempeño de la demanda interna durante el segundo trimestre del año.

Junto con la mejora en el crecimiento, la OCDE ajustó su proyección de inflación general para España, que ahora se ubica en 3,7% para 2026, cuatro décimas más que en junio y muy por encima del 2,7% de 2025. Para 2027, el organismo anticipa una desaceleración del producto interior bruto hasta el 1,8%, una décima superior a la estimación previa, mientras que la inflación general se moderará hasta el 3,4%.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, seguirá una trayectoria similar, según prevé el organismo: subirá cinco décimas en 2026, hasta el 3,4%, y bajará tres décimas en 2027, hasta el 2,9%.

El contexto de incertidumbre global condiciona las proyecciones

Las cifras españolas se enmarcan en un panorama internacional de desaceleración generalizada. La OCDE proyecta un crecimiento del producto interior bruto mundial de 2,9% para 2026, frente al 3,4% de 2025, y del 3% para 2027. El organismo señala que la inversión en centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y la exportación de semiconductores compensan, en parte, el impacto del choque energético derivado del conflicto en Oriente Medio.

En la zona euro, el crecimiento se mantendrá estable en el 1% tanto en 2026 como en 2027, impulsado por la estabilización energética y la puesta en marcha gradual de nuevos programas de defensa. Estados Unidos crecerá 2,2% en 2026 y 2,1% en 2027, mientras que China se desacelerará hasta el 4,5% y el 4,2%, respectivamente.

El informe destaca que “varias economías europeas, en particular el Reino Unido y España, experimentaron asimismo un sólido crecimiento de la demanda interna en el segundo trimestre”, mientras que la recuperación de las exportaciones respaldó el repunte de Alemania. Este comportamiento se produjo en un contexto de fuerte volatilidad global, marcado por el conflicto en Oriente Medio y episodios climáticos extremos.

Los riesgos que amenazan la recuperación

El organismo advierte sobre varios factores de riesgo que podrían alterar estas proyecciones. Entre ellos figura la probabilidad del 95% de que se produzca un episodio de El Niño entre octubre y diciembre de 2026, lo que podría encarecer los productos agrícolas durante los próximos dos años. También menciona la volatilidad de las políticas comerciales, tanto en materia arancelaria como en restricciones a la exportación, como un elemento que eleva la incertidumbre regulatoria.

Asimismo, la OCDE apunta al alza de las tasas de interés de la deuda soberana, que han alcanzado sus niveles más altos en 15 años en varios países, debido a las dudas presupuestarias y al impacto financiero de las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial. “Pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos para contener y reasignar el gasto público, optimizar la eficiencia estatal e incrementar los ingresos”, señala el informe, que recomienda garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo para preservar el margen de maniobra de los gobiernos ante crisis futuras.

El organismo matiza, no obstante, que el entorno financiero global sigue siendo favorable, gracias a los máximos registrados en las bolsas y a la reactivación del crédito en las principales economías avanzadas.

Los alumnos más aventajados no son los que más han bajado su rendimiento, pese a que la primera lectura del Informe PISA, publicado hace unas semanas, apuntara en esa dirección. Un estudio del Innovamat Research Lab, elaborado junto a los investigadores de EsadeEcPol Lucas Gortazar y Lucía Cobreros, concluye que la aparente reducción de la brecha social responde a un cambio en la medición del nivel socioeconómico, no a una mejora relativa del alumnado desfavorecido en la OCDE.

La revisión de los microdatos públicos sitúa la brecha socioeconómica de rendimiento de la OCDE en 2025 en su nivel más alto de la última década. Al reconstruir el Índice Social, Cultural y Económico con criterios comparables, el descenso de resultados se distribuye de manera similar entre los cuatro grupos socioeconómicos.

PISA 2025 atribuyó el mayor deterioro al cuartil socioeconómico más alto y sostuvo que la distancia con el alumnado de familias desfavorecidas se había estrechado entre 2022 y 2025 en numerosos países, incluida España. El informe describió ese patrón como “un nuevo fenómeno” de estudiantes relativamente acomodados con dificultades académicas.

Las diferencias entre el índice publicado y el reconstruido

Con el indicador difundido por PISA, el cuartil socioeconómico alto registró una caída media de 14 puntos en matemáticas, 7,7 puntos en ciencias y 20,7 en lectura. Los otros tres cuartiles descendieron una media de 3,1 puntos en matemáticas y 6,5 en lectura, mientras que en ciencias mejoraron 4,4 puntos.

La reconstrucción comparable del ISEC no encuentra una caída concentrada en el grupo de mayor nivel socioeconómico en ninguna de las tres competencias evaluadas. En matemáticas, la diferencia entre el cuartil superior y el inferior pasa a ser de +1,6 puntos, lo que supone un empeoramiento de la brecha, frente a los −11,2 puntos recogidos en los resultados publicados.

La serie entre 2015 y 2025 muestra, de acuerdo con el análisis, un ensanchamiento lento y sostenido de la desigualdad socioeconómica. El examen separado del nivel educativo de los padres apunta a una de las causas: los hijos de universitarios apenas retroceden dos puntos en matemáticas, mientras que los de progenitores con 12 años o menos de escolarización caen 8,2 puntos, más de cuatro veces más.

Por qué la brecha socioeconómica de PISA 2025 no se ha reducido

Según el nuevo informe, publicado este martes, esa conclusión parte de un índice que ya no permite comparar de forma homogénea los resultados de 2025 con los de la edición de 2022. La OCDE modificó el Índice Social, Cultural y Económico del alumnado, conocido como ISEC o ESCS por sus siglas en inglés.

El indicador combina tres elementos: el nivel educativo de los progenitores, su ocupación laboral y un índice de bienes disponibles en el hogar. En el cuestionario de 2025 se eliminaron 11 ítems de este último bloque, entre ellos las ocho preguntas sobre los tipos de libros presentes en casa, que eran las más vinculadas al aprendizaje.

En su lugar, se incorporaron variables sobre condiciones de vida, como disponer de habitación de invitados, sistema de seguridad, piscina, agua corriente o electricidad. El estudio considera que se trata de elementos casi universales en los países de la OCDE y menos relacionados con el rendimiento académico.

El cambio alteró la composición del grupo situado en el cuartil socioeconómico superior. Parte del alumnado con buenas calificaciones en PISA y elevado capital cultural, pero con peores condiciones materiales, dejó de figurar en ese grupo; a la vez, estudiantes con peores resultados y menor capital cultural, aunque con mejores condiciones de vida, pasaron a ocuparlo.

La publicación señala que el propio Informe Técnico de PISA 2025 advertía de que el índice de esa edición no era comparable con los ciclos anteriores. El Volumen I, pese a esa advertencia, comparó las estadísticas de ambos periodos.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) activó los concursos públicos para elegir nuevos integrantes de los consejos directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass. Para ello, conformó los comités que evaluarán a los postulantes, según la Resolución Ministerial N° 331-2026-PCM.

El procedimiento se rige por el Decreto Supremo N° 116-2023-PCM, norma que establece las reglas para seleccionar a los presidentes y directivos de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos. Se trata de un proceso de trámite, pues las actuales encargaturas culminan en febrero de 2027.

Nuevos directorios para Osiptel, Sunass, Osinergmin y Ositrán

Los comités estarán integrados por dos representantes permanentes de la PCM, uno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otro del sector relacionado con cada entidad. También contarán con miembros suplentes.

La abogada Lourdes Katushka Tapia Solari presidirá los cuatro grupos y tendrá voto dirimente. Enrique Martín Vásquez Chumbiauca será el segundo representante titular de la PCM en los procesos.

En los concursos para Osiptel y Ositran, el representante sectorial será designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para el Osinergmin, el delegado no permanente corresponderá al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). En el caso de la Sunass, participará un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La resolución no designa a los nuevos integrantes de los consejos ni precisa el número de plazas que serán sometidas a concurso. Solo formaliza la composición de los grupos que conducirán la evaluación y selección de los candidatos.

La norma se publica cuatro meses después de un proceso similar

La medida aparece casi cuatro meses después de la Resolución Ministerial N° 193-2026-PCM, emitida el 31 de mayo, que también conformó comités de selección para los cuatro organismos reguladores.

Ese proceso, durante el gobierno del expresidente José María Balcázar, generó cuestionamientos de ComexPerú y de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Las organizaciones pidieron que se deje sin efecto la resolución, al considerar que un gobierno de transición no debía avanzar con nombramientos cuyos efectos se extenderían durante cinco años.

La OCDE identifica riesgos para la independencia de los reguladores

El proceso ocurre después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtiera que Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass enfrentan presiones susceptibles de socavar su independencia.

El informe Política regulatoria en el Perú 2026 señala que los cuatro organismos tienen estructuras de gobernanza alineadas con los principios de la OCDE y aplican herramientas regulatorias con mayor desarrollo que otras entidades públicas.

Sin embargo, identifica iniciativas políticas que pueden afectar la independencia de los consejos directivos, en particular aquellas vinculadas con los mecanismos de nombramiento y destitución de sus integrantes.

Un antecedente reciente es el caso de Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo de Osiptel. Muente, reelegido en 2022 para un periodo de 5 años que debía concluir en febrero de 2027, fue suspendido y destituido por la PCM -bajo las gestiones de Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén- tras un procedimiento administrativo disciplinario.

El 14 de agosto de 2026, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil dejó sin efecto la destitución al considerar que la sanción era desproporcionada. Seis días después, Osiptel informó que el funcionario retomó sus funciones.

El documento también menciona presiones administrativas. Los organismos requieren autorizaciones de la PCM o del MEF para asuntos vinculados al presupuesto, el planeamiento institucional, la estructura organizativa y los viajes del personal.

En el caso de Sunass, la OCDE observó que la ampliación de sus funciones aumentó su dependencia de los recursos públicos. Esa situación, según el informe, puede poner en riesgo su independencia financiera en un contexto de consolidación fiscal.

Los cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE) ubican en 1,169,620 la cantidad de jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo durante 2025. La cifra forma parte de un escenario más amplio sobre la situación laboral y educativa de la población joven en el país.

El mismo reporte del IPE registra 273,700 jóvenes desempleados. A este grupo se suman más de 3.7 millones que solo trabajan, 930 mil que combinan trabajo y estudios, y más de 2.3 millones que únicamente estudian. Los datos muestran distintas formas de relación de los jóvenes con el mercado laboral y el sistema educativo.

La situación también presenta diferencias frente a otros países de la región. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en América Latina y el Caribe menos del 70% de los jóvenes que no estudian ni trabajan permanece inactivo, mientras que en Perú esa proporción supera el 80%.

El desempleo juvenil y la salida del mercado formal

La evolución reciente del empleo juvenil constituye uno de los aspectos señalados por los especialistas citados en la información. Uno de ellos sostuvo que “en los últimos tres años, lo que hemos visto es una caída del empleo juvenil de manera constante”. La misma fuente señaló que este comportamiento no corresponde a una situación habitual en países bajo condiciones normales.

Las dificultades para acceder a un puesto también aparecen vinculadas con los requisitos que enfrentan quienes buscan su primera experiencia laboral. Entre las situaciones descritas figuran jóvenes que concluyen una carrera y encuentran obstáculos para ingresar a un puesto relacionado con su formación.

Otro de los expertos explicó esta dificultad con una situación frecuente entre los jóvenes: “Tiene experiencia, pero o sea, nosotros tenemos la voluntad de querer estudiar, de querer trabajar en la carrera, pero no se puede solamente por eso, porque sin experiencia no te contratan”.

Ante estas barreras, algunos jóvenes recurren a actividades independientes o trabajos por encargo. Uno de los testimonios incluidos en la información señala que estas labores pueden realizarse como freelance, aunque sin formalidad y con ingresos menores.

La informalidad alcanza a ocho de cada diez jóvenes ocupados

Tener un empleo tampoco implica necesariamente ingresar a un puesto formal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre julio de 2025 y junio de 2026, el 84% de los trabajadores de 14 a 24 años tenía un empleo informal.

Esta condición se suma a las dificultades de acceso al mercado formal y plantea otro escenario para los jóvenes que sí consiguen generar ingresos. Uno de los especialistas citados explicó que algunos terminan alejándose del mercado laboral formal y optan por alternativas vinculadas con actividades independientes y redes sociales.

“Terminan desalentándose de la entrada al mercado laboral formal, al tradicional, digamos, con una línea de carrera, y más bien buscan otras alternativas”, señaló el experto.

La misma fuente mencionó que estas alternativas también pueden generar riesgos para los jóvenes, sobre todo fuera de Lima, donde identificó una mayor exposición a actividades delictivas.

La situación también se relaciona con la productividad laboral. Uno de los expertos estableció una diferencia entre Perú y Chile al señalar que “un trabajador peruano es la mitad de productivo casi que un trabajador promedio en Chile”.

Según su explicación, una menor experiencia y capacidad productiva entre los jóvenes puede influir en la evolución futura de la productividad del país. La incorporación de nuevas generaciones al mercado laboral aparece así vinculada con las condiciones que encuentran para adquirir experiencia y desarrollar capacidades.

La información también registra un cambio en las expectativas de parte de las nuevas generaciones. Una especialista señaló que existe una tendencia entre algunos estudiantes hacia formas de trabajo independiente o hacia la creación de negocios propios.

Las mujeres jóvenes enfrentan barreras adicionales

La situación no afecta de la misma manera a hombres y mujeres. De acuerdo con uno de los especialistas citados, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan entre las mujeres es casi el doble que entre los hombres.

La diferencia se relaciona, según la misma fuente, con una mayor carga de tareas domésticas y de cuidado dentro de los hogares. Entre estas responsabilidades se incluyen el cuidado de niños y de adultos mayores.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) proyecta que hacia 2030 continuará el incremento de la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Este escenario incorpora una dimensión adicional al problema, pues el desafío señalado en la información no se limita al acceso a un empleo o al retorno a los estudios, sino también a evitar una permanencia prolongada fuera de ambos espacios.

A nivel global, la tendencia dominante es la expansión de marcos de transparencia, aunque con velocidades y profundidades muy disímiles. En 2025, el 67% de los países miembros de la OCDE contaban con algún marco regulatorio formal sobre lobbying, incluyendo definiciones de la actividad y sanciones por incumplimiento. El avance es real si comparamos contra el 55% de 2022 según el mismo informe (OCDE, 2026).

El lobbying en Europa y Estados Unidos nunca fue tan regulado como hoy y, sin embargo, la desconfianza ciudadana en las instituciones pareciera no ceder. La pregunta que emerge en tensión es: ¿El lobbying es una deriva democrática de grupos de poder o es un elemento de las políticas públicas?

En Ciencia Política, la tradición pluralista —Truman (1951), Dahl (1956) y Milbrath (1960)— sostiene que los grupos de interés son expresión legítima de la libertad de asociación y petición a las autoridades: se interpreta así al lobbying como una forma de democracia participativa descentralizada que permite la participación de múltiples intereses. Desde esta perspectiva, los grupos de interés constituyen una forma de acción colectiva y participación política, protegida por los ideales liberal-democráticos del pluralismo, donde la lógica del intercambio entre grupos que proveen información y decisores que demandan información produce equilibrios funcionales.

En contraposición, la tradición crítica —Stigler (1971), Lowi (1979), Gilens y Page (2014)— sostiene lo contrario. Esta perspectiva indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses corporativos tienen impactos sustanciales sobre la política de gobierno, mientras que los ciudadanos promedio y los grupos de interés con acceso limitado tienen bajo nivel de influencia. Para esta perspectiva, la delegación de poder público a grupos privados vacía de contenido al Estado. Gilens y Page analizaron 1.779 decisiones de política pública en Estados Unidos y encontraron que las preferencias de las élites económicas predicen los resultados legislativos.

En otras palabras, los pluralistas asumen competencia relativamente equilibrada entre grupos, pero la literatura crítica sobre la base de teorías elitistas subraya desigualdades de recursos, acceso diferencial a los decisores y riesgos de captura de agenda pública por intereses asimétricos, lo que puede limitar la calidad democrática del lobbying en la práctica.

El debate académico en el mundo es si los marcos institucionales existentes tienen la capacidad de distinguir cuándo esa influencia mejora la calidad de las decisiones públicas y cuándo las distorsiona en beneficio de intereses particulares. La regulación del lobbying, en ese sentido, no es un problema de ingeniería técnica ni una cruzada contra el poder privado. Es una pregunta que continúa inquietando: ¿Qué arquitectura institucional permite que el acceso diferencial al proceso de formulación de políticas públicas sea una fuente de información y legitimidad, y no simplemente un mecanismo de traducción de recursos privados en influencia regulatoria?

En el contexto actual, el debate sobre la salud mental de niños y adolescentes exige superar la búsqueda de culpables únicos para comprender un fenómeno donde la presencia de las redes sociales se entrelaza con factores económicos, la inestabilidad familiar y el deterioro del bienestar social.

La tentación de atribuir la creciente angustia de las nuevas generaciones exclusivamente al uso de los dispositivos digitales domina las discusiones públicas y las agendas políticas. Sin embargo, los últimos datos epidemiológicos recopilados por organismos internacionales confirman que el malestar juvenil responde a un escenario multicausal donde los factores socioeconómicos y la falta de apoyo comunitario juegan un papel igual o más determinante que el tiempo de pantalla.

La magnitud del problema queda reflejada en los registros hospitalarios del continente. En Inglaterra, las atenciones de emergencia a pacientes de entre 6 y 17 años motivadas por crisis emocionales agudas aumentaron un 36% entre los años 2019 y 2025.

Según la evidencia analizada por el Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil (RCPCH) a partir de los datos del sistema sanitario británico, las asistencias anuales por episodios de pánico, autolesiones o depresión severa pasaron de 55.525 a más de 75.400 casos en solo seis años, desbordando las capacidades de los servicios médicos.

La evidencia sobre el entorno digital

Para evaluar la responsabilidad real de la tecnología en este deterioro psíquico, una revisión sistemática liderada por la investigadora Luisa Fassi y publicada en la revista JAMA Pediatrics analizó 143 estudios previos que abarcaron a 1.094.890 adolescentes de distintas partes del mundo.

El metaanálisis identificó una asociación estadística positiva entre la exposición prolongada a plataformas digitales y el aumento de los síntomas internalizantes, una categoría clínica que agrupa manifestaciones como la ansiedad, el insomnio, la tristeza profunda y el aislamiento social.

No obstante, los autores destacaron dos matices fundamentales: la magnitud de este vínculo es pequeña y la relación opera en ambas direcciones. Esto significa que si bien el uso excesivo de redes puede incrementar la vulnerabilidad, los jóvenes que ya atraviesan dificultades emocionales previas tienden a refugiarse con mayor intensidad en los entornos virtuales.

Por este motivo, la evidencia científica sugiere que las aplicaciones móviles funcionan frecuentemente como un espejo o un amplificador de crisis preexistentes, en lugar de actuar como la causa única y originaria del dolor psíquico.

El impacto de las condiciones de vida

En su informe institucional titulado Health at a Glance 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que los indicadores de malestar psicológico en la infancia y la juventud sufrieron un marcado deterioro que se profundizó tras la pandemia de COVID-19. El documento subraya con preocupación que las tasas de suicidio en este grupo etario descienden a un ritmo considerablemente más lento que entre la población adulta.

La OCDE enfatiza que el entorno familiar y la estabilidad económica son los pilares fundamentales que sostienen la autoestima y la seguridad de los jóvenes. De acuerdo con sus análisis, la creciente incertidumbre laboral de los padres, las dificultades de acceso a la vivienda y la falta de espacios comunitarios de contención minan la salud mental de las familias de manera silenciosa.

Ante esta situación, el organismo destaca la urgencia de implementar programas de aprendizaje socioemocional dentro del sistema escolar. Estas iniciativas buscan entrenar a niños y adolescentes en la identificación de sus emociones, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de vínculos saludables, entendiendo que la prevención debe comenzar en las aulas mucho antes de que se desencadene una urgencia médica.

La respuesta institucional comunitaria

La gravedad del escenario fue ratificada por la Comisión Europea mediante un reporte especial del Eurobarómetro que reveló que casi la mitad de las personas de entre 15 y 30 años residentes en la Unión Europea declaró haber atravesado problemas emocionales o psicosociales significativos durante el último año.

El diagnóstico europeo conecta directamente la salud emocional con las condiciones materiales de existencia, identificando el desempleo juvenil, el abandono escolar temprano y el riesgo de exclusión social como los detonantes principales del desánimo generacional.

Frente a esta realidad, la Unión Europea incorporó la salud mental infantil y juvenil como un eje prioritario dentro de su estrategia sanitaria integral. El plan contempla acciones concretas como la creación de redes de asistencia especializada para jóvenes, la promoción de hábitos de vida saludables y el establecimiento de regulaciones más estrictas para proteger a los menores de edad de los algoritmos adictivos de las grandes corporaciones tecnológicas, demostrando que la solución requiere abordar tanto el espacio físico como el territorio digital.

Desde que asumió el ministerio en octubre de 2022, de la mano de Giorgia Meloni, Valditara —jurista y profesor de Derecho Romano con una larga trayectoria en temas educativos— se convirtió en una de las figuras más combativas del Ejecutivo italiano. Prohibió los teléfonos móviles en las aulas, reescribió los programas de historia para poner en el centro a “la civilización occidental”, devolvió el latín a las escuelas secundarias como materia optativa y lanzó una reforma de fondo de la educación técnico-profesional, exigida por los plazos del plan de recuperación pospandemia de Bruselas. Cada una de esas medidas generó aplausos en la derecha italiana, a la vez que críticas de sindicatos docentes y colectivos estudiantiles.

La educación como motor de la inversión

En Buenos Aires, sin embargo, el registro fue otro: el de la diplomacia comercial. Italia exportó 1.200 millones de euros a la Argentina en 2025, dentro de exportaciones hacia todo el Mercosur que alcanzaron los 7.500 millones, y la misión que integró Valditara busca multiplicar esas cifras aprovechando el nuevo marco arancelario europeo. El ministro sostiene que la formación de capital humano es “estratégica” para esa expansión. “El capital humano es fundamental para la competitividad de nuestras empresas”, explicó, y detalló que su reforma técnico-profesional despertó el interés de los empresarios argentinos con los que se reunió esta semana. Como gesto concreto, anunció que Italia buscará instalar Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) en el país, un modelo de formación terciaria vinculado directamente a las necesidades de las empresas.

Ese entusiasmo empresarial vino acompañado de un capítulo puramente educativo: la firma de un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Capital Humano argentino, que profundiza el vínculo que Valditara ya había iniciado en mayo, cuando recibió en Roma a la ministra Sandra Pettovello. “Hubo una gran sintonía en los valores de referencia, en la visión de la escuela y de la sociedad”, afirmó el ministro italiano, quien enumeró los ejes del acuerdo: la lucha contra la deserción escolar, el intercambio de estudiantes y docentes y la difusión del idioma italiano en un país que aloja a una de las comunidades de descendientes más numerosas del mundo.

Valditara aprovechó para reivindicar el desempeño educativo de su país: “El mundo se derrumba, pero Italia se mantiene estable, y por lo tanto, desde este punto de vista, creo que podemos ser un punto de referencia importante”, dijo, en referencia a los resultados de la prueba PISA de la OCDE difundidos esa misma mañana, que mostraron que Italia superó por primera vez la media del organismo en lectura, matemática y ciencias en un contexto de caída generalizada en la mayoría de los países evaluados.

“Primero la inteligencia humana”

El momento de mayor reflexión de la entrevista llegó con la inteligencia artificial, un tema que atraviesa a los sistemas escolares de todo el mundo: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial.” El ministro defiende el uso de esa tecnología en las aulas italianas, pero solo, dijo, si va acompañado de un regreso a los métodos tradicionales de enseñanza: “Para potenciar la inteligencia humana hay que volver al libro, al papel y a la lapicera”.

Citó en su apoyo los resultados de la prueba PISA, que muestran una caída en la comprensión de textos y en matemática incluso en países como Alemania, Suecia y Finlandia, tradicionalmente bien posicionados. La causa, sostuvo, es “un uso excesivo de lo digital, del celular.” En octubre, su ministerio organizará un congreso internacional sobre inteligencia artificial y educación a orillas del lago de Como, al que invitó a participar a Pettovello. “Tenemos que saber interactuar de manera responsable para evitar que ese potencial se transforme en riesgo”, aseveró.

La misma lógica anima su defensa de la letra cursiva, que reintrodujo en las escuelas primarias italianas junto con la caligrafía, los resúmenes y la memorización de poesía. Valditara enmarca esa política como una ruptura generacional con la pedagogía progresista: “Se terminó la época, tan querida por cierta izquierda, del espontaneísmo expresivo, donde la regla gramatical se dejaba para el final”, dijo.

“Una revolución cultural”

A un año de que termine la legislatura de Meloni —ya la más longeva en la historia de la República italiana—, Valditara reivindicó lo que llama “una verdadera revolución cultural” en la escuela, que incluye desde la centralidad del idioma italiano hasta un enfoque de la historia orientado a las raíces de “la civilización occidental”, que —afirmó— “le dio al mundo entero la centralidad de la persona, la libertad, la democracia.”

El ministro también reivindicó la revalorización del personal docente: “Creo mucho en devolverles autoridad a los docentes”, afirmó, y agregó que, partiendo de esas bases, hay que seguir mejorando las competencias e invertir en infraestructura.

Respaldó todo ese balance con cifras: 520.000 jóvenes recuperados del abandono escolar desde 2022, y una caída del porcentaje de estudiantes que no alcanza las competencias mínimas en italiano, matemática e inglés, del 8,5% en 2023 al 6,3% en 2026. “Los resultados”, concluyó, “nos están dando la razón”.

La entrevista completa

—Ministro, ante todo bienvenido a Argentina.

—Gracias, buenos días a todos.

—Vino en una misión empresarial con más de 100 empresas italianas. Y la primera pregunta es: ¿qué rol juega la educación, la escuela y la formación técnica en este relanzamiento de las inversiones entre Italia y Argentina?

—Ante todo la formación es estratégica porque el capital humano es fundamental para la competitividad de nuestras empresas. Nosotros iniciamos una reforma importante de la educación técnica y profesional. Muchos países miran con gran interés esta reforma. Hablé de esto ayer con los empresarios argentinos. Las asociaciones empresariales italianas la valoran mucho porque esta reforma conecta la escuela con el mundo del trabajo, le da protagonismo a las empresas dentro del proceso de formación, y por lo tanto es una reforma destinada a dar oportunidades importantes a nuestros jóvenes. Hablé de esto con la ministra Pettovello, que está muy interesada en desarrollar un diálogo y un intercambio sobre este camino. Nuestra idea es también traer ITS, es decir, Institutos Tecnológicos Superiores, a Argentina, para contribuir a este gran desarrollo que se está iniciando en este país extraordinario.

—Se reunió con Pettovello en mayo, en Italia. Ayer se firmó un memorándum entre ambos ministerios. ¿Nos puede contar sobre este memorándum y también sobre proyectos más concretos de cooperación? Por ejemplo, en la movilidad de estudiantes o de docentes.

—Ante todo quiero decir que hubo una gran sintonía sobre los valores de referencia, sobre la visión de la escuela y de la sociedad. Ya en mayo, en Roma, habíamos sentado las bases de este importante protocolo, que prevé una colaboración estrecha en el campo de la educación técnico-profesional, que ambos consideramos estratégica para el futuro de nuestros países. Está el tema de la deserción escolar, es decir, de los abandonos tempranos, y de las competencias que deben alcanzarse, sobre lo cual vamos a colaborar. Italia está logrando resultados importantes. De hecho, se acaban de dar a conocer los resultados de la OCDE: el mundo se derrumba, Italia se mantiene estable, y por lo tanto, desde este punto de vista, creo que podemos ser un punto de referencia importante. Después está el tema de los intercambios, de la difusión del conocimiento del idioma italiano en Argentina, del intercambio entre docentes y estudiantes que pretendemos reforzar. Hay un gran interés por parte de la ministra en el fortalecimiento del sistema escolar argentino, y nosotros, obviamente, somos muy sensibles a ese gran interés argentino.

—Hablemos de inteligencia artificial. Usted promovió experiencias piloto en la enseñanza con IA, al mismo tiempo prohibió el uso de celulares en el aula. ¿Cuál es la visión de Italia sobre el rol de la IA en la educación?

—Que primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial. Tenemos que potenciar la inteligencia humana y, a partir de ahí, usar la inteligencia artificial. Para potenciar la inteligencia humana hay que volver al libro, al papel y a la lapicera, que son pilares fundamentales. Justamente los resultados de la OCDE muestran este preocupante retroceso que afecta a países como Alemania, como Suecia, como Finlandia, que siempre fueron puntos de referencia internacionales, y que están cayendo en su capacidad de comprensión de un texto, también en matemática. Este retroceso proviene, según los análisis de la OCDE, justamente de un uso excesivo de lo digital, del celular, que tiene efectos negativos sobre el aprendizaje. Y por eso hay que usar la inteligencia artificial, pero con cuidado. De hecho, nosotros en octubre vamos a hacer un gran congreso internacional —invité también a la ministra Pettovello a participar— lo vamos a hacer en el lago de Como, sobre escuela e inteligencia artificial. Tenemos que saber interactuar de manera responsable para evitar que ese potencial se transforme en riesgo.

—También promovió el uso de la letra cursiva en las escuelas.

—Cursiva, caligrafía, resúmenes, poesía, memoria, gramática y sintaxis. Yo dije: se terminó la época, tan querida por cierta izquierda, del espontaneísmo expresivo, por el cual la regla gramatical se dejaba para el final. En cambio, es importante un buen conocimiento del idioma, de sus fundamentos, de sus reglas, para que nuestros chicos puedan expresarse correctamente y, sobre todo, saber comprender lo que leen.

—Falta cerca de un año para el final de la legislatura. La noticia de estos días fue que el gobierno Meloni se convirtió en el más longevo de la historia de la República, una notable estabilidad. ¿Qué balance hace de esta experiencia de gobierno en lo que respecta a su ministerio? ¿Y qué proyectos tiene para este año final?

—Cambiamos profundamente la escuela italiana, iniciamos una verdadera revolución cultural, también desde el punto de vista de los programas. Pienso no solo en la centralidad del idioma, del italiano, de la gramática, sino también en la revolución de la matemática: partir de la observación de la realidad para llegar a concebir, a entender la teoría. Y después la historia, la centralidad de la historia de Occidente —hablaba de esto ayer [el lunes n.d.E] también con el ministro de Relaciones Exteriores, con la ministra Pettovello, que comparten este enfoque—. Tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, de nuestras raíces comunes, de nuestros orígenes. La civilización occidental le dio al mundo entero la centralidad de la persona, la libertad, la democracia, son grandes valores, y por lo tanto conocer nuestra historia es absolutamente fundamental. Todavía tenemos que hacer cosas importantes. Ante todo, tenemos que continuar ese camino de revalorización del personal docente. Creo mucho en devolverles autoridad a los docentes. Partiendo de estas bases sólidas de la escuela italiana, tenemos que mejorar cada vez más las competencias, tenemos que invertir cada vez más en infraestructura. Creo que, de todos modos, estamos bien encaminados, también porque los resultados nos están dando la razón. Sobre el abandono escolar, desde 2022 hasta hoy recuperamos a 520.000 chicos que antes no iban a la escuela. En cuanto a las competencias no alcanzadas, la llamada deserción implícita —es decir, el hecho de que al término del ciclo escolar, en nuestro idioma, en italiano, en matemática, en inglés, los chicos no alcancen las competencias mínimas— pasamos de un 8,5% en 2023 a un 6,3% en 2026, con una reducción drástica de esa carencia de aprendizajes.

El dato sobresale incluso dentro del panorama preocupante que mostraron los resultados de PISA 2025 para la Argentina. El 58% de los estudiantes de 15 años dijo que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas sus clases de Ciencias. El promedio de los países de la OCDE es del 31%: Argentina registró el porcentaje más alto entre los 91 sistemas educativos participantes.

No es el único indicador que describe dificultades para sostener un ambiente de trabajo en las aulas. El 47% de los estudiantes argentinos afirmó que sus compañeros no escuchan lo que dice el docente, contra 29% en la OCDE. Y el 29% dijo que los alumnos no pueden trabajar bien en la mayoría o todas las clases, frente a un promedio de 19% entre los países desarrollados.

Los datos surgen del cuestionario que responden los propios estudiantes, y se refieren a las clases de Ciencias porque fue el área principal de la evaluación de 2025 –también se evaluaron, como siempre, Lectura y Matemática–. La magnitud del resultado coloca al clima de aula entre los problemas que aparecen con mayor nitidez para Argentina en la comparación internacional.

La OCDE define ese clima a partir de cuestiones concretas: si los estudiantes escuchan al profesor, si hay ruido y desorden, si pueden trabajar bien, cuánto tarda el curso en disponerse a trabajar y si la clase comienza a tiempo. En casi todos los países, quienes reportan un mejor clima disciplinario también obtienen mejores resultados en Ciencias y muestran actitudes más positivas hacia el aprendizaje.

Si bien Argentina lidera en este indicador, el problema del desorden en el aula parece estar extendido en la región, según surge de PISA. Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, planteó durante un seminario organizado esta semana por Fundación Varkey y Argentinos por la Educación que “América Latina tiene un problema grave de clima del aula”, con indicadores mucho más críticos que el promedio de la OCDE.

Detrás de Argentina, el país con mayor desorden en las aulas –según lo que informan los propios estudiantes– es Uruguay (50%), y el tercero a nivel mundial es Paraguay (48%). En el top 10 global de ruido y desorden escolar también aparecen Brasil (44%) y Chile (43%).

Una autoridad debilitada

¿Por qué Argentina aparece en una situación tan extrema, incluso por encima de sus vecinos? ¿Responde a una característica cultural vinculada con el “caos creativo” que algunos estereotipos asocian con la idiosincrasia nacional? ¿O faltan herramientas sólidas para poner límites? Las respuestas de los especialistas consultados por Infobae coinciden en que el problema no puede atribuirse sencillamente a alumnos “más indisciplinados”, sino que obliga a mirar las condiciones institucionales en las que se ejerce la autoridad docente.

Mariano Narodowski, director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, rechaza de plano la explicación cultural y ubica el origen del problema en la crisis de la autoridad escolar: “No creo que el desorden en las aulas sea una peculiaridad cultural argentina ni que nuestros alumnos tengan una inclinación especial hacia la indisciplina. Es el resultado de un largo debilitamiento de la autoridad escolar porque durante décadas el discurso progresista de todos los gobiernos confundió autoridad con autoritarismo, desarmando la autoridad docente sin construir nada que la reemplazara”.

“La vieja escuela podía imponer orden mediante prácticas que hoy serían inaceptables; la escuela actual, afortunadamente, ya no dispone de esos recursos, pero tampoco recibió de parte de los funcionarios otros recursos adecuados para organizar la convivencia y sostener la enseñanza”, plantea Narodowski.

“A esto se suma la deslegitimación pública de los educadores. Familias y funcionarios cuestionan su autoridad y después les exigen que controlen el aula. Una autoridad que no es respaldada por las normas ni por los gobiernos no se sostiene frente a treinta adolescentes”, continúa el especialista.

Y propone: “La respuesta es fortalecer a los equipos directivos y devolverles capacidad de decisión a las escuelas para establecer pocas reglas, claras y previsibles, aplicarlas con consecuencias graduales y hacerse responsables por los resultados. No se trata de volver a la escuela autoritaria ni de imponer un nuevo manual ministerial de autorregulación de los estudiantes, sino de construir una autoridad legítima que permita volver a enseñar”.

Axel Rivas, profesor e investigador de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, enfatiza el carácter multicausal del fenómeno y resalta que no es la primera vez que Argentina queda entre los países con peores indicadores de clima de aula en PISA.

“Es tan complejo el fenómeno, que requiere también acciones diversas. Por un lado, requiere un trabajo más fuerte con la cultura institucional de las escuelas, con lo que mucha investigación muestra que tiene mucho impacto también en el clima del aula: la cultura institucional”, señaló.

Rivas coincide con Narodowski en que una pieza central de la respuesta es la conducción de las escuelas: “Me parece muy importante trabajar en los equipos directivos, profesionalizar más ese rol, crear una carrera directiva específica, con una formación y con un salario acorde, para que sea un cargo desafiante, buscado, profesional y con liderazgo pedagógico para conducir instituciones que hoy son muy complejas”. Y agrega: “Algunas provincias han avanzado en esa dirección. Córdoba es un caso interesante para mirar porque logró mejorar sus resultados en PISA, a contramano del resto del país”.

Viviana Postay, formadora de docentes y especialista en gestión educativa, también habla de un debilitamiento de la autoridad: “El problema del clima escolar en Argentina no es una fatalidad folclórica ni una simple ‘marca cultural’, sino el síntoma visible de una profunda erosión de la autoridad pedagógica y del pacto entre adultos”.

“Durante años se confundió democratización con desgobierno y encuadre con autoritarismo. Esa falsa dicotomía dejó a la docencia en una soledad absoluta: se le exige sostener la atención de aulas atravesadas por la dispersión digital y la apatía, pero cuando intenta fijar límites formativos, muchas veces se encuentra con la judicialización o el litigio de las propias familias, y con regímenes académicos que terminan premiando la ficción de trayectorias antes que el compromiso y la presencia real. El ruido en el aula no es solo indisciplina: es la ausencia de un marco institucional que habilite la concentración y el trabajo”, afirma Postay.

Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying y referente de Argentinos por la Educación, también descarta que el desorden pueda explicarse como una falla individual de los docentes y habla de una “crisis sistémica de autoridad adulta y de encuadre institucional”. “No se trata solo de las herramientas que tiene el docente, sino también de las familias, del cuerpo no docente y del equipo directivo. Esa autoridad hoy se tiene que construir desde el vínculo y no puede ser construida en soledad. Los chicos van a reconocerla cuando vean una coherencia en los adultos, entre familia, docentes y directivos”, afirma.

La alianza con las familias

Hay un dato de PISA que complejiza cualquier explicación que responsabilice solo a los profesores. Los estudiantes argentinos reportan más apoyo de sus docentes que el promedio de la OCDE: el 78% dice que en la mayoría de las clases de Ciencias el profesor demuestra interés por el aprendizaje de cada alumno; el 73% afirma que continúa enseñando hasta que los estudiantes comprenden, y el 79% que brinda ayuda adicional cuando alguien la necesita. En todos los casos, los promedios de la OCDE son más bajos (69%, 66% y 73%, respectivamente).

Andreas Schleicher, creador de las pruebas PISA y director de Educación y Competencias de la OCDE, destacó justamente ese contraste en el seminario organizado por Argentinos por la Educación y Fundación Varkey. Los estudiantes latinoamericanos, explicó, reportan un acompañamiento docente superior al promedio de la organización. Para Schleicher, cuando un alumno siente que su profesor sabe quién es, se interesa por lo que aprende y lo acompaña, eso suele asociarse con mejores resultados de aprendizaje.

El panorama cambia cuando PISA pregunta por las familias. En su presentación, Schleicher advirtió que el apoyo familiar que perciben los estudiantes cayó entre 2022 y 2025 en casi todos los países participantes, incluida Argentina. En 2022, el 67% de los estudiantes argentinos decía que sus padres o tutores les preguntaban al menos una vez por semana qué habían hecho en la escuela; en 2025 fueron 62%. La proporción de estudiantes que conversan semanalmente con sus padres sobre los problemas que pudieran tener en la escuela bajó de 52% a 44%.

Schleicher subrayó que “apoyar” no significa sentarse durante horas a resolver la tarea con un hijo. Lo decisivo, sostuvo, es que el estudiante perciba que lo que hace en la escuela importa en su casa. El informe nacional sobre PISA 2025 elaborado por la Secretaría de Educación de la Nación explica que el índice de apoyo familiar incluye cuestiones tan sencillas como interesarse por lo que el adolescente está aprendiendo, hablar de cómo le va en el colegio, conversar sobre su futuro educativo o preguntarle qué hizo ese día en la escuela. Los estudiantes con mayor apoyo familiar tienden a lograr mejores resultados en las tres áreas de PISA, según muestran los datos difundidos esta semana por la OCDE.

Algunos docentes y especialistas consultados por Infobae relacionan las dificultades para poner límites en el aula con la caída del respaldo familiar al proceso educativo y a las escuelas. Enzo Meneguini Bernal, profesor en tres secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires, lo plantea desde su experiencia cotidiana: “No creo que sea una falta de herramientas: los docentes conocemos las herramientas. Sabemos mejor que nadie la realidad de los chicos, porque los tenemos todos los días; muchas veces pasamos más horas con ellos que sus padres. Sí creo que hay una falta de respaldo de la comunidad educativa, de la sociedad, de los padres y también del ministerio para que la escuela pueda resolver los conflictos”, sostiene.

La batalla por la atención

Al problema del orden se le superpone otro en el que Argentina también aparece en la cima global: la distracción digital. El 55% de los estudiantes argentinos afirma que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales en la mayoría o todas las clases de Ciencias, frente al 28% de la OCDE. Solo Uruguay, con 57%, presenta un porcentaje mayor. Son los únicos dos países del mundo en los que las respuestas superan el 50%. El tercer puesto en este indicador es para otro país latinoamericano: Chile, con 48%.

Los alumnos argentinos dicen dedicar en la escuela un promedio de 1,6 horas diarias al uso de dispositivos para actividades de ocio –contra 1,1 horas en la OCDE–. Es casi la misma cantidad de tiempo que informan usar el celular para actividades de aprendizaje escolar (1,7 horas).

Schleicher mencionó a Uruguay y Argentina como los casos más extremos de distracción digital y remarcó que las escuelas no tienen por qué permanecer pasivas frente al fenómeno: “Se necesitan marcos claros que definan cuándo, dónde y cómo se usan los dispositivos digitales”, planteó.

En Argentina, 11 provincias ya avanzaron con distintos tipos de regulación del celular en las escuelas. Las modalidades varían: van desde restricciones fuertes hasta reglas diferenciadas según el nivel o el uso pedagógico.

Algunos especialistas rechazan la regulación para preservar la autonomía profesional y el criterio de cada docente. Pero esa diversidad puede ser problemática, según explica Meneguini Bernal: “Hay un gran movimiento que plantea que el uso del celular en el aula trae complicaciones porque desconcentra a los estudiantes. Pero necesitamos también cierta claridad en las normativas. A veces se anuncia la ‘prohibición’ pero, en la letra chica, queda librado a la responsabilidad de cada docente. Entonces se genera un conflicto entre los estudiantes y los profesores: ‘¿Por qué en otra escuela los dejan usar el celular y acá no?’ o ‘¿Por qué en otra materia me dejan usarlo y vos no?’. Eso genera un clima de conflicto que no promueve un espacio tranquilo para que se potencie el aprendizaje”.

Pablo Mainer agrega otra dimensión: el teléfono introduce en el aula una lógica ajena al proceso de enseñanza y aprendizaje. “Hay un choque de ritmos, de velocidades. La escuela hoy es contracultural: frente a la cultura de la inmediatez, de los estímulos constantes, de la imagen sobre el texto, propone un proceso más reflexivo y más pausado. Y está bien que así sea, porque el aprendizaje necesita otros tiempos”, afirma Mainer. Y agrega que el celular “puede convertirse en un escape inmediato frente a la frustración que supone no entender o no poder resolver algo”: una experiencia que el aprendizaje exige atravesar.

En la mayoría de los países, la distracción digital se asocia con peores resultados en Ciencias, advierte el informe PISA. De todos modos, Argentina está entre la minoría de sistemas donde esa diferencia no resulta estadísticamente significativa.

Recuperar el orden

Entre los entrevistados aparece una coincidencia: la respuesta no debería consistir en dejar a cada profesor librado a su capacidad individual para controlar un curso. Así como las políticas educativas contribuyeron a erosionar el clima de aprendizaje en el aula, también pueden aportar a su reconstrucción.

Axel Rivas propone fortalecer los equipos directivos, construir carreras profesionales para quienes conducen las escuelas y generar condiciones para que los profesores de secundaria puedan concentrar sus horas en una misma escuela para tener mayor pertenencia institucional.

“A nivel institucional, el desafío clave es la gestión directiva: pasar del docente aislado al liderazgo distribuido, donde el límite, la pauta de trabajo y el cuidado del tiempo pedagógico sean una política de toda la institución escolar”, afirma Postay. Y agrega: “A nivel de política pública, urge diseñar marcos normativos claros y realistas que respalden a los equipos directivos frente a la desregulación de las pantallas en horario de clase, revisar los acuerdos de convivencia para que el esfuerzo y el error recuperen su valor pedagógico, y garantizar presupuestos que permitan condiciones edilicias y salariales dignas”.

Pablo Mainer pone el foco en el abordaje de la convivencia: “Hay que salir de la respuesta reactiva. Argentina tiene en muchos casos una lógica de apagar incendios o de hacer talleres aislados sobre convivencia. Pero ese desafío tiene que gestionarse de una manera cotidiana, transversal y planificada, con una lógica compartida por todo el equipo de la escuela”. Para eso, plantea, también se necesita tiempo institucional para que los docentes puedan reunirse, analizar problemas y construir criterios comunes, algo casi imposible con “profesores taxi” que distribuyen sus horas entre varias escuelas.

Los especialistas subrayan que no se trata de reclamar una vuelta a la escuela rígida del pasado. Pero insisten en la necesidad de restablecer una autoridad sólida, que permita fijar límites y sostenerlos, para proteger el tiempo destinado al aprendizaje. Postay concluye: “No se aprende a leer de manera profunda ni a razonar matemáticamente en medio del caos. El silencio de trabajo, el orden y el encuadre no son rémoras del pasado, sino la condición material básica para que el derecho a aprender exista”.

El 86% de los estudiantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utilizó chatbots de inteligencia artificial para al menos una tarea escolar, según el último Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

El informe concluyó que esta herramienta provocó un descenso en diversas habilidades y en las calificaciones de las pruebas, aunque un uso moderado se asoció con un mejor rendimiento en ciertas materias frente a un uso limitado o diario.

La frecuencia de uso determina el rendimiento

En varias tareas comunes, los estudiantes que emplearon la inteligencia artificial de forma moderada obtuvieron puntuaciones promedio en ciencias más altas que aquellos que la usaron rara vez y que quienes la usaron casi a diario. Esta ventaja resultó especialmente evidente cuando los estudiantes recurrieron a la IA para resumir lecturas asignadas o realizar investigaciones preliminares sobre un tema nuevo.

Los estudiantes que declararon usar IA con ese propósito de manera semanal tendieron a registrar un rendimiento similar al de quienes no la usaban, una vez considerado su estatus socioeconómico. En cambio, tanto los que la usaban casi a diario como los que la usaban rara vez obtuvieron puntuaciones más bajas.

Aproximadamente uno de cada cinco estudiantes afirmó usar la herramienta casi a diario. Este grupo tendió a obtener calificaciones más bajas en ciencias que los estudiantes que no la usaban. Según PISA, los estudiantes que no utilizan chatbots de IA para las tareas escolares generalmente obtienen mejores resultados que quienes sí los emplean, mientras que el 14% restante afirmó no haber utilizado nunca o casi nunca la IA para ninguno de los fines examinados en la evaluación.

Un uso con propósito, la clave según el estudio

“El uso moderado e intencional de la IA para las tareas escolares y el aprendizaje puede estar relacionado positivamente con el rendimiento estudiantil”, señaló el estudio. “También sugiere que el uso moderado e intencional de la IA para las tareas escolares y el aprendizaje puede estar relacionado positivamente con el rendimiento estudiantil”.

La OCDE sostiene que estas conclusiones concuerdan con la idea de que las herramientas digitales pueden apoyar el aprendizaje cuando se utilizan con un propósito definido y con moderación, mientras que su uso excesivo o sin guía puede contribuir a la distracción y a una menor implicación. “Del mismo modo que no nos ponemos en forma viendo deportes, sino practicándolos, el aprendizaje no se produce mediante el consumo de contenido”, indican las conclusiones del informe, “sino como una lucha cognitiva productiva de la mente con material nuevo”.

Las puntuaciones caen desde antes de la irrupción de la IA

Las calificaciones más bajas no se deben únicamente al uso de inteligencia artificial. PISA informó que las puntuaciones en lectura, matemáticas y ciencias vienen en descenso desde 2003, más de dos décadas antes de la masificación de los chatbots en las aulas.

El informe advierte además sobre un círculo vicioso en los estudiantes que dependen en exceso de la IA: cuanto menor es la capacidad de lectura crítica, más difícil resulta reconocer cuándo una respuesta generada por esta tecnología está incompleta o es incorrecta. Al mismo tiempo, delegar de manera habitual las tareas de lectura, resumen o razonamiento en la IA podría reducir las oportunidades de los estudiantes para desarrollar esas mismas habilidades.

El declive del pensamiento crítico

Los resultados también muestran una caída en habilidades vinculadas al pensamiento crítico. “Lo más preocupante es el declive de las habilidades más importantes en la era de la IA, evaluar la información, establecer conexiones entre diversas fuentes y reflexionar críticamente sobre lo que leemos”, señala el informe.

La proporción de “lectores apresurados” casi se duplicó entre 2018 y 2025. El estudio concluye que, en un contexto cada vez más saturado de información, los estudiantes tienen menos probabilidades de pensar con profundidad y distinguir lo relevante del ruido.

PISA 2025 situó a Costa Rica como el único de 91 países y economías evaluados donde las adolescentes de 15 años reportaron una mayor exposición al acoso escolar que los hombres, un fenómeno vinculado con menor sentido de pertenencia al centro educativo y resultados académicos más bajos. La evaluación fue difundida por CRHoy.

El índice utilizado para medir la exposición declarada al bullying alcanzó 0.047 entre las estudiantes costarricenses y -0.064 entre los varones. Un valor más alto refleja una mayor exposición reportada, mientras que el promedio internacional mostró una tendencia inversa: los hombres dijeron sufrir más acoso.

Entre 2022 y 2025, al menos una forma de bullying aumentó en 51 de los 75 países y economías con información comparable. En Costa Rica, 23.4% de los estudiantes consultados señaló haber sufrido alguna modalidad de acoso varias veces al mes o con mayor frecuencia, frente al 19.6% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La mayor exposición declarada por las mujeres puede estar relacionada con diferencias al momento de denunciar, según Mónica Barquero Bolaños, representante del Colegio de Profesionales en Orientación. La especialista consideró que las estudiantes tienden a comunicar con mayor frecuencia las situaciones en las que se sienten agredidas o acosadas.

Entre los hombres todavía puede imponerse la idea de que deben “aguantar” determinados episodios. Barquero advirtió que esa diferencia en la disposición a denunciar no permite concluir, por sí sola, que existan más agresiones contra las mujeres.

Las adolescentes enfrentan además presiones sociales relacionadas con las expectativas sobre su comportamiento, las personas con las que deben vincularse, la posibilidad de tener pareja o la pertenencia a un grupo de amigas, explicó Simón Fuentes Pacheco, especialista en cuestiones de género. También indicó que los jóvenes pueden reproducir conductas observadas en otras personas o en los contenidos que consumen.

Fuentes planteó que es necesario identificar qué modalidades de acoso están denunciando las estudiantes y en cuáles ámbitos se producen. Durante la adolescencia, estas situaciones pueden tener un impacto particular porque la autoestima, la imagen personal y la identidad todavía están en formación.

Marcela Guerrero, activista por los derechos humanos y exministra de la Condición de la Mujer, sostuvo que el resultado debe examinarse junto con otras expresiones de violencia y presión que afectan a las mujeres. Mencionó los mensajes agresivos, el tiempo de exposición de menores de edad a las redes sociales y los problemas de bienestar emocional.

Rumores y agresiones sin contacto físico

Una parte sustancial del acoso reportado por los estudiantes costarricenses no involucró agresiones físicas. El 16% afirmó que otros compañeros difundieron rumores dañinos sobre ellos varias veces al mes o con mayor frecuencia, casi el doble del 8.6% registrado en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Las burlas afectaron al 11.8% de los alumnos consultados, las amenazas al 4.5% y los golpes o empujones al 4.2%. Barquero explicó que la difusión de rumores integra el acoso relacional, una práctica dirigida a dañar los vínculos o la imagen de otro estudiante mediante comentarios negativos, información falsa o intentos de inducir su rechazo social.

Los conflictos pueden comenzar en situaciones cotidianas del centro educativo, como desacuerdos entre amistades, trabajos grupales o comparaciones vinculadas con las calificaciones. La evaluación también relevó el acoso en Internet: 3.8% de los estudiantes dijo que se publicó información sobre ellos sin permiso y que esa exposición les provocó malestar, frente al 3.2% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, va a presentar este viernes una reforma que obligue a las plataformas digitales a informar desde el inicio el costo de los productos y servicios que ofrecen, con el objetivo de evitar que el precio aumente conforme avanza el proceso de compra.

Dicha propuesta, que será presentada en la Gaceta Parlamentaria, prevé modificar el artículo 76 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que los proveedores deberán mostrar “de manera clara, visible, accesible y desde el primer momento de la oferta, el precio total y definitivo” de aquello que ofrecen.

El monto en cuestión tendría que incluir impuestos, comisiones, tarifas de servicio, costos administrativos y cualquier otro cargo adicional.

Ricardo Monreal va contra el “goteo de precios” o drip pricing

En ese sentido, el diputado zacatecano explicó que dicha práctica –conocida como “goteo de precios” o drip pricing– sucede cuando una plataforma atrae al consumidor con un precio inicial que, posteriormente, aumenta mediante cargos que aparecen durante las distintas etapas de la compra.

“Se busca que las plataformas identifiquen claramente cuando una oferta, descuento, promoción o precio preferencial, sea en realidad contenido publicitario o promocional, para que el consumidor pueda distinguirlo”, detalla la reforma del legislador zacatecano.

Pone como ejemplos servicios de entretenimiento

Monreal Ávila puso como ejemplos los servicios de entretenimiento que incorporan cobros adicionales por acceder a determinados contenidos, aumentar el número de usuarios o contratar catálogos especiales.

Además, contempla plataformas de entrega que incrementan el costo por distancia, así como reservaciones de hoteles, vuelos, conciertos u otros servicios en los que el monto final puede diferir considerablemente del precio mostrado inicialmente.

Iniciativa busca que no se cobre de más IVA o IEPS

La propuesta también plantea prohibir que los proveedores sumen cargos no informados desde el inicio de la contratación. Entre estos se ubican impuestos como el IVA y el IEPS, tasas locales, tarifas de servicio, cargos de emisión, gastos de gestión, tarifas de reservación y costos por procesamiento de pago.

El documento señala que estos cargos suelen surgir cuando el consumidor ya avanzó gran parte de la compra. Monreal explicó el problema que la iniciativa busca resolver: “el precio anunciado inicialmente no corresponde al monto que el consumidor realmente terminará pagando”.

Monreal cuestiona comisiones que se trasladan al consumidor

Por otro lado, el coordinador parlamentario cuestionó las comisiones que las plataformas trasladan al consumidor bajo conceptos relacionados con la intermediación digital. Sobre este punto, la iniciativa detalla que estos cobros no corresponden necesariamente a un servicio adicional que puede identificarse de manera independiente, sino que terminan fragmentando el costo real de la operación.

Para dar un panorama del impacto, Monreal cita estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según las cuales los consumidores pueden terminar pagando entre 7 por ciento y 15 por ciento más de lo que habrían pagado si hubieran conocido el precio total desde el inicio.

Reforma retoma información proporcionada por la Profeco

La iniciativa retoma también datos atribuidos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En plataformas de hospedaje, el precio final registró un incremento promedio de 34.7 por ciento respecto al costo inicial anunciado, con un caso donde la diferencia llegó hasta 89 por ciento.

En servicios de entrega a domicilio, las tarifas de envío y los cargos por servicio pueden elevar el costo hasta 41.2 por ciento sobre el subtotal del pedido. Estas variaciones, según la propuesta, no siempre se informan de manera previa y visible al consumidor.

Por último, Monreal planteó que, con la reforma, el usuario conozca desde la primera pantalla cuánto pagará realmente, sin necesidad de avanzar hasta las últimas etapas del proceso para descubrir impuestos, comisiones o cargos adicionales.

Vamos a ver sí esta reforma de Ricardo Monreal sí avanza en la Cámara de Diputados, pues cuando trata de meter mano en todo lo relacionado a pagos y servicios, las votaciones no siempre están a su favor.

Presentado como el “que creó y dio a luz a PISA” en la década del 90, el matemático y estadístico Andreas Schleicher- actual Director de la Dirección de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- fue uno de los oradores en el webinar sobre los resultados PISA 2025, organizado por Argentinos por la Educación en conjunto con Fundación Varkey. TICMAS ofrece un breve resumen sobre su exposición.

Con una presentación de Víctor Volman, Director Ejecutivo de Argentinos por la Educación, que invitó a “pensar cómo cambiar esta foto de los resultados PISA en América Latina”; pruebas que cada tres años ponen la lupa sobre qué pasa con la educación no solo en la región sino también en el mundo.

De los 13 países latinoamericanos evaluados, seis tuvieron caídas estadísticamente significativas en lectura, cinco en matemática y tres en ciencia; siendo matemática es el área más crítica ya que tres de cada cuatro chicos de 15 años en la región no alcanzan el nivel mínimo, frente a aproximadamente uno de cada tres en los países de la OCDE.+

El mito de “países ricos vs. países pobres”

Schleicher señaló que los primeros cinco puestos del ranking están ocupados por Singapur, Macao, Taipéi Chino, Japón y cuatro jurisdicciones de China, que están 100 puntos por encima del promedio OCDE; lo que representa una diferencia equivalente a cinco veces lo que un estudiante aprende entre los 15 y los 16 años.

El primer país europeo en aparecer es Estonia, seguido por Corea, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Finlandia y Estados Unidos, entre otros, antes de llegar a los resultados de los países latinoamericanos. Para el especialista, el mundo “ya no se divide entre naciones ricas y bien educadas, y naciones pobres y mal educadas” ya que varios países lograron avances notables más allá de sus dificultades económicas y sociales.

Entre los ejemplos citados se encuentra Costa Rica que avanzó 13 puntos entre 2022 y 2025 (más de medio año escolar de progreso en tres años), mientras que Camboya avanzó casi 50 puntos en una década. Más allá de las alarmas encendidas en Argentina y en América Latina en general, para Schleicher la tendencia negativa más marcada se evidenció en Europa y América del Norte.

La ciencia no es el sentido común

Uno de los datos compartidos más interesantes del análisis general de PISA es que los estudiantes de 15 años suelen confíar más en la evidencia científica por sobre el sentido común al momento de evaluar una idea, lo que pone al pensamiento crítico en un nuevo foco.

Para ello, Schleicher citó a Brasil y Costa Rica indicando que están por encima del promedio OCDE; mientras que Guatemala es uno de los países donde el sentido común se erige por sobre la evidencia.

Schleicher advirtió que esto es especialmente riesgoso en la era de la inteligencia artificial ya que “la IA es sentido común. Siempre es fluida, siempre es persuasiva, siempre es segura de sí misma. Pero no necesariamente es correcta.” e insistió en la importancia de poder medir correctamente la capacidad de verificación e intuición crítica

Habilidades socioemocionales

Un bloque central de la charla estuvo dedicado a las habilidades emocionales y competencias claves para entender el aprendizaje en la actualidad. Schleicher comparó países con puntajes académicos similares, pero con resultados socioemocionales muy distintos; en términos de curiosidad, resiliencia emocional, adaptabilidad, pedir ayuda, autoorganización del aprendizaje, sentido de pertenencia, perseverancia, entre otros.

Ecuador que obtuvo un desempeño académico modesto (393 en ciencia, 385 en lectura) mostró estudiantes curiosos, resilientes, adaptables, que piden ayuda, se organizan bien y perseveran. Mientras que Argentina, con puntajes académicos casi idénticos a los de Ecuador, mostró estudiantes menos curiosos, menos perseverantes y con menor resiliencia emocional.

En el caso de Colombia con un desempeño académico moderado) se observaron estudiantes curiosos, adaptables, que piden ayuda, valoran la escuela y perseveran; mientras que en Chile- con nivel académico similar a Colombia- se relevó que muchos estudiantes no sienten que la escuela sea un lugar de pertenencia o de construcción de identidad; incluso afirman que “la escuela ha sido una pérdida de tiempo”.

La conclusión que se subraya es que países con resultados académicos casi idénticos pueden tener paradigmas educativos muy distintos en cuanto al bienestar y el vínculo con la escuela, y que esas diferencias son tan grandes como las académicas.

Equidad: ¿la pobreza es destino?

El contexto socioeconómico también es una variable que debe ser tenida en cuenta a la hora de analizar las muestras de estudiantes participantes. Ya que por ejemplo, en Argentina, la brecha entre estudiantes de contextos favorecidos y desfavorecidos es muy amplia; los estudiantes pobres rinden como los de Filipinas o Paraguay, mientras que los de familias acomodadas rinden como los de Noruega.

Pero en Reino Unido, los estudiantes desfavorecidos rinden tan bien como los estudiantes de familias acomodadas de Argentina. O en el caso de las cuatro regiones de China, los estudiantes más pobres rinden mejor que los estudiantes más ricos de toda América Latina, lo que muestra que “la pobreza no tiene por qué ser destino”.

En Brasil, sí se observa una relación fuerte entre nivel socioeconómico y desempeño. Aunque si bien en la mayoría de los países de América Latina las diferencias de desempeño entre escuelas son relativamente bajas, excepto en Argentina, Brasil y Colombia, sí hay mucha variabilidad dentro de cada escuela, un fenómeno poco visibilizado que, según Schleicher merece más atención.

La caída en lectura y su relación con el compromiso estudiantil

Aunque a nivel global se registró una fuerte caída en lectura, el comportamiento fue desigual en la región de América Latina. Mientras que México no mostró caída; Perú y República Dominicana tuvieron caídas muy pequeñas, pero Guatemala tuvo una caída tan grande como la de muchos países de la OCDE.

Y destacó que Colombia, Paraguay, Chile y Argentina mostraron caídas preocupantes. Schleicher vincula esta tendencia con la curiosidad y el compromiso estudiantil, ya que cuando aumenta la curiosidad por aprender cosas nuevas, mejora la lectura, y viceversa.

Y descarta que la pandemia de COVID sea una buena explicación, ya que la tendencia negativa era anterior y continuó después y considera más convincente la explicación vinculada al uso de dispositivos digitales: las habilidades de lectura que más se deterioraron son justamente las que más se necesitan en la era de la IA (triangular fuentes, reflexionar críticamente sobre la información), porque la lectura digital habitual (subtítulos, información lineal simple) exige menos esfuerzo mental que leer un libro o un texto complejo.

El rol docente como fortaleza

Para el especialista uno de los puntos más positivos en la región latinoamericana es que en la mayoría de los países, el apoyo percibido de los docentes es fuerte y creció en los últimos años.

República Dominicana encabeza el listado, seguida por El Salvador, y también se destacan Guatemala, Uruguay, Argentina y Brasil lo que genera un círculo virtuoso ya que los estudiantes sienten que sus docentes se interesan genuinamente por ellos y los acompañan en su desarrollo, algo que Schleicher describe como “un recurso muy, muy importante” y una fortaleza real del sistema.

La publicación periódica de resultados PISA suscita en América Latina un conjunto predecible de respuestas: análisis sobre el rezago regional, debates en torno a la capacitación docente, discusiones sobre el uso de tecnología educativa y promesas de reforma curricular. Estos enfoques comparten una característica común: concentran el análisis en la educación formal adolescente, presuponiendo que las deficiencias en desempeño pueden atribuirse a factores pedagógicos cercanos. Sin embargo, esta perspectiva omite un hallazgo fundamental: más de 300 millones de niños en el mundo, equivalente al 37 por ciento de la población infantil, no alcanzarán niveles mínimos de competencia lectora a los 10 años (Banco Mundial, 2022 y UNESCO, 2025). Este dato sugiere que la crisis educativa tiene raíces mucho más profundas que las que exploran típicamente los análisis de política educativa convencional.

Cuando un estudiante de 15 años obtiene resultados insuficientes en una evaluación estandarizada como PISA, no se observa únicamente un déficit pedagógico reciente. Los resultados de PISA no miden la efectividad de estrategias pedagógicas en educación secundaria, sino el alcance del compromiso estatal con condiciones de desarrollo infantil temprano. Miden, de manera más fundamental, la calidad de inversión pública en los primeros mil días de vida. El desempeño observado refleja determinantes que anteceden por largo tiempo la experiencia de escolaridad formal: 15 años de condiciones socioeconómicas, biológicas y educativas que han determinado trayectorias de desarrollo cognitivo establecidas desde el nacimiento.

El aprendizaje no se origina con la entrada formal a la escuela, sino que comienza desde el nacimiento. La atención y educación de la primera infancia (AEPI) representa una de las inversiones más eficaces en términos de reducción de desigualdad, según diversos estudios longitudinales y meta-análisis. No obstante, esta se constituye como una de las áreas donde los estados latinoamericanos asignan menores recursos presupuestarios relativos. Este patrón de inversión refleja decisiones deliberadas de política pública que merecen escrutinio analítico.

La desigualdad observada en acceso a educación temprana no constituye únicamente un problema de equidad educativa. La investigación neurocientífica ha documentado que la exposición prolongada a condiciones de pobreza extrema, combinada con malnutrición que afecta a 148 millones de niños con retraso en el crecimiento (UNICEF, OMS y Banco Mundial, 2023), genera estrés fisiológico crónico que altera la arquitectura neurobiológica del cerebro en desarrollo. Este fenómeno, denominado en la literatura como “estrés tóxico”, produce efectos duraderos en sistemas neurobiológicos fundamentales para el aprendizaje académico posterior.

Estos efectos neurobiológicos constituyen alteraciones con grado importante de consolidación antes de que el estudiante ingrese a educación formal. Cuando un niño, una niña se incorpora a educación primaria, ha acumulado ya efectos acumulativos de privación socioeconómica y estrés que se expresan en capacidades cognitivas diferenciales en relación con pares de contextos menos adversos. No constituyen deficiencias que puedan ser remedidas mediante intervenciones pedagógicas en la adolescencia ni limitaciones que sean reversibles mediante innovación curricular. La intervención tardía carece de capacidad para transformar arquitecturas neurobiológicas consolidadas durante los primeros años de vida.

La interpretación que atribuye el fracaso educativo principalmente a deficiencias en la práctica docente merece crítica académica. Esta perspectiva tiende a desestimar la significancia de factores estructurales y sistémicos que anteceden y condicionan la experiencia educativa escolar. Responsabilizar al docente de la remediación en un período académico de lo que el sistema desatendió durante la ventana crítica de desarrollo temprano constituye una expectativa inconsistente con la evidencia sobre trayectorias de desarrollo e implica una redistribución de responsabilidad que no reconoce adecuadamente la función del Estado.

La Declaración Mundial de OMEP 2026, bajo el tema “Cuando los niños y las niñas hablan, ¿escuchamos en tiempos de incertidumbre global?”, enfatiza la necesidad de integrar la infancia como eje central de la formulación de políticas públicas. Esta posición es consistente con la Declaración de Tashkent de UNESCO, que reconoce a niños como titulares de derechos desde el nacimiento. Estos pronunciamientos reflejan consenso científico consolidado sobre la importancia de los primeros años de vida. Sin embargo, dicho consenso no se ha traducido de manera uniforme en asignaciones presupuestarias o decisiones de política pública en contextos latinoamericanos.

Una respuesta adecuada a la crisis educativa requiere enfoque intersectorial coherente que trascienda reformas curriculares. Esto implica destinar al menos el 10 por ciento del presupuesto público de educación para primera infancia como política sostenida, no circunscrita a ciclos electorales (UNESCO, 2022; OMEP, 2026). Requiere implementación de protección social integral que incluya programas de nutrición, acceso a agua potable y saneamiento que reduzcan la incidencia de malnutrición crónica. Demanda establecimiento de sistemas de salud infantil preventiva con capacidad de detección temprana de déficits de desarrollo. Necesita programas comunitarios de apoyo a crianza que alcancen específicamente a poblaciones vulnerables. Y precisa políticas de reducción de violencia que interrumpan ciclos de estrés tóxico, reconociendo que este factor constituye un determinante biológico del desempeño académico futuro.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, vinculó las dificultades de adolescentes y jóvenes para comprender textos extensos y complejos con el uso constante de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos digitales.

El señalamiento ocurrió después de que se difundieran los resultados de la prueba PISA 2025, en los que México registró un desempeño por debajo del promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias.

Durante la inauguración de las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales, realizada en la primaria República Federal de Alemania, en la alcaldía Iztacalco, Delgado explicó que los actuales hábitos de consumo de contenidos digitales pueden estar influyendo en la manera en que los estudiantes se relacionan con la lectura.

El funcionario sostuvo que la exposición frecuente a imágenes, videos y mensajes breves favorece un consumo rápido de información, mientras que enfrentarse a textos de mayor extensión y complejidad exige otro nivel de concentración.

Mario Delgado relaciona las pantallas con dificultades para leer textos largos

Delgado hizo referencia a los resultados de PISA y señaló que existe una disminución en la capacidad de lectura entre adolescentes y jóvenes. En ese contexto, atribuyó parte de las dificultades de comprensión al contacto constante con pantallas.

De acuerdo con el titular de la SEP, el uso de dispositivos digitales facilita una lectura basada principalmente en imágenes y contenidos breves, lo que puede representar una dificultad cuando los estudiantes deben enfrentarse a materiales escritos más largos.

Su planteamiento se dio en medio del debate abierto por el Gobierno federal sobre el uso prolongado de dispositivos electrónicos y el acceso cada vez más temprano de niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se refirió a los resultados de PISA y cuestionó que esta evaluación pueda utilizarse como único indicador para determinar la calidad educativa de un país. Señaló que México avanzó en ciencias y que la reducción en lectoescritura se presentó en numerosos países.

Asimismo, indicó que el uso de plataformas digitales y celulares en las escuelas es un asunto que debe discutirse dentro de la educación.

¿Qué muestran los resultados de PISA 2025 sobre México?

Los resultados de PISA 2025 ubicaron a México en el lugar 64 de 91 países evaluados. El país obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, cifras inferiores al promedio de la OCDE.

En lectura, cinco de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel básico de competencia. Una situación similar se registró en ciencias, mientras que en matemáticas siete de cada 10 alumnos no llegaron al umbral mínimo.

Los resultados también señalaron que 41.8% de los estudiantes mexicanos presentó bajo rendimiento simultáneamente en matemáticas, lectura y ciencias.

Entre los datos destacados del informe se encuentran:

México obtuvo 408 puntos en lectura en PISA 2025.

• Cinco de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel básico en lectura y ciencias.
• Siete de cada 10 alumnos quedaron por debajo del nivel mínimo en matemáticas.
• 41.8% presentó bajo rendimiento en las tres áreas evaluadas.
• El país se ubicó en el lugar 64 de 91 participantes.
• En resolución de problemas computacionales, México obtuvo 453 puntos, frente a los 500 del promedio internacional.
• 80% de los estudiantes dijo sentir curiosidad por las cosas.
• 76% aseguró esforzarse más ante tareas difíciles.
• 82% señaló que busca apoyo en sus profesores.

Los datos también muestran diferencias relacionadas con el nivel socioeconómico.

En ciencias, los estudiantes de contextos más favorecidos superaron por 68 puntos a quienes pertenecen a entornos menos favorecidos.

SEP impulsa juegos tradicionales para reducir tiempo frente a pantallas

Como una de las alternativas planteadas por la SEP, Delgado anunció las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales, que comenzaron en 3,300 escuelas del país y reúnen a cerca de 500,000 participantes.

Las actividades incluyen juegos como trompo, yoyo, canicas, matatena, lotería, resorte y avioncito.

Según el secretario, estas dinámicas buscan ofrecer opciones distintas al uso de dispositivos electrónicos y, al mismo tiempo, favorecer la convivencia entre estudiantes.

El funcionario destacó que los juegos colectivos permiten la interacción directa entre niñas, niños y adolescentes, además de contribuir al desarrollo de habilidades sociales y a la construcción de vínculos.

Las jornadas continuarán en distintos planteles educativos y forman parte de las acciones con las que la SEP busca ampliar las actividades presenciales y colectivas frente al consumo constante de contenidos digitales.

El debate sobre celulares y educación continúa en México

Los resultados de PISA 2025 colocaron nuevamente la comprensión lectora entre los temas de discusión educativa. Mientras Delgado relacionó las dificultades para abordar textos extensos con el consumo frecuente de contenidos digitales, Sheinbaum sostuvo que la evaluación internacional no debe considerarse por sí sola como una medida definitiva de la calidad educativa.

La presidenta también destacó que la caída en lectoescritura se presentó en numerosos países y que México mantuvo su desempeño en ciencias respecto de 2022, de acuerdo con lo señalado por la OCDE.

En este escenario, la SEP plantea fortalecer actividades presenciales y colectivas, entre ellas los juegos tradicionales, como una alternativa frente al tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las pantallas.

El debate combina así los resultados de una evaluación internacional con la discusión sobre los hábitos digitales de las nuevas generaciones y el papel que tienen las escuelas para promover otras formas de convivencia, aprendizaje y desarrollo.

Los estudiantes de El Salvador obtuvieron 343 puntos en Matemáticas en la prueba PISA 2022, un resultado que mantiene abierto el debate sobre las condiciones de enseñanza y el tipo de aprendizajes que se promueven en las aulas.

El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 472 puntos.

Para el doctor Jeser Candray, investigador de la Universidad de Oriente (UNIVO), el desempeño de los estudiantes salvadoreños guarda relación con la política curricular aplicada durante los últimos años.

El especialista en educación matemática, quien también ha trabajado en políticas educativas, sostuvo que el sistema mantiene prácticas centradas en la repetición y la resolución mecánica de ejercicios.

“Los estudiantes se siguen enfrentando a tareas mecánicas, aprendizaje de algoritmos y repetición memorística de lo que está presente en los libros y materiales didácticos”, afirmó Candray en declaraciones a Infobae.

La evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) mide la capacidad de jóvenes de 15 años para aplicar conocimientos en situaciones cotidianas. En Matemáticas, el examen plantea problemas que exigen interpretar información, razonar y seleccionar estrategias de resolución, más allá del uso directo de fórmulas.

Según los resultados divulgados por la OCDE, solo el 11% de los estudiantes salvadoreños alcanzó al menos el nivel 2 de desempeño en Matemáticas. En ese nivel, los alumnos pueden reconocer cómo representar matemáticamente situaciones sencillas sin instrucciones directas. El promedio entre los países de la organización fue de 69%.

Candray vincula el resultado con una enseñanza basada en la repetición

El investigador señaló que los contenidos escolares y los materiales didácticos suelen privilegiar la aplicación de procedimientos ya establecidos. A su juicio, esa orientación limita las posibilidades de que los estudiantes desarrollen competencias requeridas en pruebas como PISA.

“Es complicado esperar resultados diferentes, puesto que los problemas que, a priori, son utilizados en PISA requieren un desarrollo de competencias más allá de la aplicación de fórmulas”, expresó.

Candray planteó que la discusión sobre los puntajes debe incluir las condiciones sociales, culturales e históricas en las que estudian niños y adolescentes. También mencionó las consecuencias de la pandemia, los efectos de las decisiones de política pública y los cambios que atraviesa el sistema educativo por el uso de nuevas tecnologías.

El especialista advirtió que una lectura limitada a las variaciones de puntaje puede simplificar la situación educativa. “Si nos quedamos nada más con los resultados, se va a subir siempre un punto arriba, un punto abajo, pero si eso no se lee en esa lectura cultural e histórica, hacemos nuevamente violencia”, dijo.

El desafío incluye revisar el modelo de formación y evaluación

Para Candray, el reto de mejorar la calidad educativa requiere un programa de trabajo a largo plazo, con objetivos que trasciendan los resultados de una evaluación estandarizada. En ese sentido, señaló que El Salvador necesita definir una política educativa con continuidad.

“El Salvador tiene 30 años de haber salido de una guerra civil y todavía no tiene una política clara de educación”, afirmó. Añadió que esa situación dificulta comparar al país con naciones que cuentan con planes educativos quinquenales, decenales o de mayor duración.

El académico sostuvo que la mejora de la enseñanza de Matemáticas debe considerar la formación docente, los currículos, los materiales, los métodos de evaluación, los tiempos de clase y las jornadas escolares. No obstante, indicó que el eje debe ser la formación de estudiantes capaces de analizar su entorno.

“Llevar la realidad a la escuela, tomar libros y materiales didácticos como apoyo y no como el centro del aprendizaje”, planteó. También señaló que el debate debe incluir qué tipo de docentes necesita el país y cuáles son las condiciones necesarias para su trabajo.

Los resultados de PISA 2022 sitúan a Matemáticas como una de las áreas con mayores desafíos para el sistema educativo salvadoreño, mientras la discusión sobre los aprendizajes incorpora la necesidad de políticas sostenidas y cambios en la práctica de aula.

Los resultados argentinos de PISA 2025 mostraron un retroceso en las tres áreas evaluadas: el país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente, frente a la edición de 2022. Detrás de esos promedios nacionales aparecen comportamientos diferentes entre las tres jurisdicciones que participaron con muestras propias: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Las tres fueron consideradas por PISA como “regiones adjudicadas”, una modalidad que permite a los gobiernos subnacionales ampliar la muestra para obtener resultados representativos de su jurisdicción. Son las mismas tres que habían utilizado ese mecanismo en 2022.

Entre las tres jurisdicciones, CABA obtuvo nuevamente los puntajes más altos: 449 puntos en Ciencias, 432 en Lectura y 418 en Matemática. En las tres disciplinas quedó ampliamente por encima del promedio nacional: la diferencia fue de 56 puntos en Ciencias, 43 en Lectura y 51 en Matemática. El informe PISA estima que alrededor de 20 puntos pueden servir como referencia aproximada del aprendizaje que adquiere un estudiante durante un año de escolarización.

La comparación con los resultados porteños de 2022 muestra un deterioro, especialmente en Lectura. Los puntajes de 2025 representan variaciones de -2 puntos en Ciencias, -17 en Lectura y -6 en Matemática. En otras palabras, CABA tuvo una caída menor a la nacional en Ciencias y en Matemática, pero un retroceso mayor al nacional en Lectura (la caída de Argentina fue de 12 puntos).

Los desempeños dejan a CABA cada vez más lejos de su mejor marca histórica: al comparar con los resultados de PISA 2015, hace diez años, la caída fue de 43 puntos en Lectura, de 38 en Matemática y de 25 puntos en Ciencias.

Los puntajes de 2025 ubican a CABA en niveles similares a los de los países de mejor desempeño de América Latina: quedó cerca de Uruguay y Chile en Ciencias, Lectura y Matemática. Al comparar con otras entidades subnacionales, se observa que CABA queda tercera en América Latina en Ciencias, detrás de Paraná (Brasil) y Bogotá; quinta en Lectura (detrás de Paraná, Bogotá, Santiago de Chile y San Pablo); y segunda en Matemática, detrás de Paraná (Brasil), según información difundida por el Ministerio de Educación porteño.

En Córdoba la trayectoria fue distinta. La provincia obtuvo 434 puntos en Ciencias, 417 en Lectura y 393 en Matemática. También quedó por encima del promedio argentino en las tres áreas: por 41 puntos en Ciencias, 28 en Lectura y 26 en Matemática.

Pero el dato más llamativo aparece al mirar la evolución reciente. En un contexto nacional –y global– de retroceso generalizado, Córdoba logró mejorar 12 puntos sus resultados en Ciencias con respecto a 2022. En las otras disciplinas, la variación no fue estadísticamente significativa: tuvo una caída de 2 puntos en Lectura y de 1 punto en Matemática. Los resultados quedan por debajo de las marcas de PISA 2018 en Lectura y Matemática, pero por encima en Ciencias.

Los estudiantes cordobeses de 15 años mostraron resultados comparables con los de varios sistemas educativos de la mitad superior de la tabla regional: en Lectura prácticamente igualaron a Costa Rica y en Matemática quedaron cerca de México y Costa Rica.

En ese contexto, el gobernador Martín Llaryora expresó su satisfacción: “Quiero felicitar a nuestros estudiantes, docentes, directivos, padres y a toda la comunidad educativa de Córdoba. Este logro es de ustedes, del esfuerzo de cada día, de enseñar, aprender, acompañar y nunca bajar los brazos”.

Por su parte, Mendoza obtuvo 403 puntos en Ciencias y 372 en Matemática, por encima de los 393 y 367 puntos del promedio nacional. En Lectura, en cambio, alcanzó 385: son 4 puntos menos que la media argentina.

Al comparar con 2022, cuando la provincia participó con muestra propia por primera vez, se observa que Mendoza tuvo un retroceso mayor al nacional en Lectura (-17 puntos), mientras que tuvo caídas menores a las nacionales en Ciencias (-2 puntos) y Matemática (-6 puntos).

En otras palabras, Mendoza mejoró su posición relativa frente al país en Ciencias y Matemática, pero no porque sus resultados hayan aumentado, sino porque el retroceso nacional fue mayor.

En un comunicado, la Dirección General de Escuelas resaltó que la provincia quedó por encima de la media argentina en Ciencias y Matemática y vinculó los resultados con una política de evaluación sostenida y con los cambios que viene impulsando en esas áreas. El ministro de Educación provincial, Tadeo García Zalazar, afirmó que obtener mejores resultados relativos que el país muestra que el esfuerzo de las escuelas y docentes “da frutos”.

Al comparar con los puntajes promedios de América Latina, los resultados de Mendoza se ubican en una franja similar a la de Perú y Brasil en Ciencias, Ecuador en Lectura y Brasil o Ecuador en Matemática.

La interpretación del Gobierno nacional

Tras conocerse los resultados nacionales, el Ministerio de Capital Humano hizo una lectura política de la caída. Sin mencionar en ningún momento las cifras de los desempeños argentinos en 2025, el comunicado del Gobierno empieza con una acusación: “Como consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores, se registró una caída de los aprendizajes en Ciencias, Lectura y Matemática”.

El comunicado oficial no menciona los resultados, pero sí habla del kirchnerismo: “El estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”. Y afirma que “PISA 2025 refleja aprendizajes acumulados a lo largo de una trayectoria escolar iniciada en 2013”.

El comunicado publicado este martes por el Gobierno asegura que “el Ministerio de Capital Humano implementa desde el primer día dos políticas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática”. Si bien es cierto que la discusión de los planes de alfabetización comenzó temprano –en mayo de 2024 se aprobó el Compromiso Federal por la Alfabetización–, el foco en Matemática llegó bastante más tarde: recién en marzo de 2026 se aprobó el compromiso federal en torno a esta materia.

La declaración omite que en mayo de 2025 el Gobierno nacional llevó al Consejo Federal de Educación una propuesta de marco federal para la “transformación de la escuela secundaria”. La propuesta apunta centralmente a flexibilizar el formato tradicional de la secundaria y a dar mayor “libertad” a las escuelas para reformularse. En septiembre de ese año se conformó una red de 400 “escuelas secundarias innovadoras” en todo el país.

La interpretación oficial de los resultados de PISA contrasta con la que el mismo Ministerio había realizado en junio pasado, cuando se difundieron los resultados de Aprender 2025 de sexto grado de primaria. Ante la mejora registrada en Lengua y Matemática, Capital Humano sostuvo entonces que los datos confirmaban “que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto mejoran los aprendizajes”.

Sin embargo, también esos estudiantes (de 11 años en promedio) acumulaban la mayor parte de su trayectoria escolar antes del inicio de la actual gestión: ingresaron a la educación obligatoria en 2017 –según la lógica que el propio gobierno aplica para PISA, la mejora de Aprender debería atribuirse a las políticas educativas de las provincias y la Nación durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández–. Aunque el gobierno de Javier Milei atribuyó la mejora de Aprender en Lengua a los planes de alfabetización, los estudiantes de sexto grado no habían sido la población objetivo de esa política, enfocada en el primer ciclo de la primaria (de primer a tercer grado).

La lectura oficial sobre la mejora en Aprender fue presentada en un video por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, unos días antes de que se conociera el informe completo. Para la caída en PISA, también hubo un video pero estuvo a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y se publicó luego de que se conocieran los resultados.

El informe técnico nacional que acompaña PISA 2025, elaborado por la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa a cargo de María Cortelezzi, utiliza un lenguaje bastante más prudente y un criterio más riguroso que el comunicado político. Allí se sostiene que los resultados argentinos forman parte de una tendencia declinante observada a escala global y regional, y se señala el nivel socioeconómico como uno de los factores más fuertemente asociados con los aprendizajes.

“La desigualdad socioeconómica sigue constituyendo uno de los factores con mayor efecto sobre los resultados de aprendizaje, de manera transversal a los tres dominios evaluados. Estos datos no admiten atajos ni lecturas complacientes: son, ante todo, información necesaria para orientar con mayor precisión las decisiones de política educativa”, afirma Torrendell en la introducción del informe.

Al presentar los factores relacionados con los desempeños, la Secretaría de Educación advierte expresamente que esas asociaciones “en ningún caso deben interpretarse en términos causales”.

La misma cautela vale para las comparaciones entre jurisdicciones: los puntajes de PISA permiten describir diferencias y seguir su evolución, pero no permiten concluir por sí solos qué políticas produjeron esos resultados.

El peso de la desigualdad socioeconómica

Según el informe nacional, en PISA 2025 los estudiantes argentinos pertenecientes al 25% de mayor nivel socioeconómico obtuvieron entre 76 y 82 puntos más que los del 25% más desfavorecido, dependiendo de la disciplina: la diferencia equivale, según la fórmula que sugiere la OCDE, a unos cuatro años de escolaridad. Las diferencias son estadísticamente significativas y se verifican de manera parecida en Lectura, Matemática y Ciencias.

El informe llega a una conclusión similar cuando analiza las diferencias entre escuelas estatales y privadas. Aunque los alumnos del sector privado obtienen puntajes más altos, la Secretaría advierte que su matrícula está sobrerrepresentada entre los sectores socioeconómicos más favorecidos y que buena parte de la ventaja aparente está vinculada con esa composición.

La lectura oficial del informe técnico –no la del comunicado difundido en redes– reconoce la importancia de este factor. Torrendell sostiene allí que “el peso que el origen socioeconómico tiene sobre los aprendizajes no debe leerse como un techo insalvable. La historia y el presente de la escolarización demuestran que no hay determinismo social en materia educativa: los contextos influyen, y estos datos muestran cuánto, pero no explican por completo el aprendizaje de nuestros estudiantes”. Y concluye: “Los docentes y las instituciones educativas siempre pueden hacer una diferencia: allí se juegan la libertad, el compromiso y la responsabilidad profesional en comunidad”.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) informó que ha destinado cerca de USD 400 millones desde 2022 para acompañar el proceso de modernización del sistema educativo de El Salvador, que contempla tecnología, formación docente, infraestructura y nuevos métodos de enseñanza.

La directora de Educación de CAF, Miriam Peckler, sostuvo este martes en San Salvador que la iniciativa salvadoreña figura entre las transformaciones educativas de mayor alcance en la actualidad por su cobertura y por la incorporación de herramientas digitales dentro de una estrategia institucional.

“El objetivo es el alumno, el objetivo es el aprendizaje”, afirmó Peckler al referirse al trabajo conjunto con el Gobierno de El Salvador y el Ministerio de Educación. Según explicó, el programa busca reducir el rezago escolar mediante la incorporación de tecnología, inteligencia artificial, pedagogías renovadas y acciones para fortalecer la gestión de las escuelas.

“La experiencia de El Salvador nos muestra que cuando existe liderazgo político, una visión clara de largo plazo y una estrategia centrada en el aprendizaje, es posible transformar los sistemas educativos y abrir nuevas oportunidades para las generaciones futuras”, destacó la especialista en el marco de la revelación de los resultados de PISA, favorables en El Salvador.

Más de 8 mil docentes participaron de capacitaciones

La representante de CAF señaló que más de 8 mil docentes recibieron capacitación para actualizar sus prácticas en el aula. También destacó el papel de los equipos directivos, la relación de las escuelas con las familias y el vínculo de las comunidades con los centros educativos.

Peckler indicó que la modernización educativa requiere intervenciones simultáneas en distintos niveles. En ese sentido, mencionó las inversiones del Estado salvadoreño en infraestructura, materiales y kits escolares para los estudiantes.

“El sistema educativo de El Salvador tiene 1,2 millones de alumnos y 5 mil escuelas. Eso no se resuelve con un aporte financiero específico”, afirmó. La directora de Educación de CAF planteó que la continuidad de las reformas depende de una financiación sostenida y de decisiones de política pública que mantengan el foco en los resultados de aprendizaje.

La evaluación PISA for Schools 2026 busca medir los resultados en lectura

Peckler también se refirió a la aplicación de PISA for Schools 2026, que permitirá conocer los resultados de la transformación en los establecimientos donde ya se aplican las medidas. De acuerdo con sus declaraciones, los datos servirán para ajustar decisiones y reforzar las políticas educativas.

La funcionaria destacó un incremento de 128 puntos por encima de la media nacional en lectura dentro de un proyecto de transformación educativa, aunque no precisó en su intervención la metodología ni el período de medición de ese indicador.

CAF señaló que nuevos socios se incorporaron al proceso, entre ellos Gro, Kira, iHead y Flying Bugs. Peckler agregó que otras entidades financieras de desarrollo también expresaron interés en respaldar la expansión de las medidas.

La directora consideró que el compromiso presupuestario anunciado por el presidente Nayib Bukele, que prevé elevar la inversión educativa al 8% del producto interno bruto, puede aportar sostenibilidad a la reforma y ampliar su alcance dentro del país.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Karla Trigueros, afirmó que 171 escuelas públicas que participaron en un programa piloto lograron resultados en lectura, matemática y ciencias por encima del promedio nacional y comparables con los de Alemania y Suecia.

La funcionaria sostuvo que los resultados corresponden a una evaluación de PISA for Schools, una herramienta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinada a medir el desempeño de establecimientos educativos. Remarcó que no se trata de una muestra nacional ni de una medición del conjunto del sistema público salvadoreño.

PISA 2025 evaluó a cerca de 760 mil estudiantes de 15 años en 91 países y economías. Los resultados mostraron que, entre 2015 y 2025, el promedio de matemática cayó 22 puntos en los países de la OCDE y el de lectura descendió 28 puntos. La tendencia también afectó a los países que no integran el organismo.

El piloto incluyó a 1.198 alumnos de 171 escuelas públicas

Según Trigueros, 1.198 estudiantes de las escuelas seleccionadas fueron evaluados en junio de 2026 mediante una prueba comparable a escala internacional. El programa incorporó dispositivos electrónicos, conectividad, plataformas digitales, cambios en la enseñanza, materiales pedagógicos y acompañamiento a docentes y directores.

La ministra atribuyó el resultado a una estrategia que combina inteligencia artificial, formación docente, seguimiento de los aprendizajes y tecnología. También señaló que las escuelas participantes no fueron escogidas por tener desempeños académicos previos superiores, sino por sus condiciones de infraestructura, acceso a internet y disposición de las comunidades educativas para poner en marcha el plan.

El presidente Nayib Bukele había precisado antes que los datos del piloto no permiten concluir que todo el sistema educativo salvadoreño alcance el nivel de Alemania o Suecia. “No prueban que cada escuela salvadoreña haya sido transformada”, señaló al aclarar el alcance de la medición.

La prueba nacional mostró avances en ciencias y estabilidad en las otras áreas

Los resultados nacionales de PISA 2025 ofrecieron un panorama distinto al del piloto. La evaluación incluyó a 7.073 estudiantes de 278 centros educativos, que representan a unos 77 mil jóvenes salvadoreños de 15 años.

De acuerdo con el informe, El Salvador mantuvo resultados similares a los de 2022 en matemática y lectura, mientras que mejoró en ciencias. El documento indicó además que la expansión de la educación secundaria hacia sectores antes excluidos debe considerarse al analizar la evolución de los promedios.

La diferencia entre ambos estudios fue central. PISA 2025 midió el desempeño nacional de alumnos de 15 años, mientras que PISA for Schools examinó a estudiantes de establecimientos que ya aplicaban un programa específico de transformación educativa. Por eso, los datos de las 171 escuelas permiten observar el desempeño de esa intervención, pero no reemplazan la medición nacional.

El Gobierno busca extender el programa a toda la red pública

Trigueros anunció que más de mil escuelas ya aplican componentes de la iniciativa y que el Gobierno prevé ampliar el modelo al total de los centros públicos en un plazo de 18 meses. La ministra vinculó ese objetivo con un plan de inversión en infraestructura, equipamiento, materiales y capacitación.

Bukele también reconoció que la expansión plantea desafíos vinculados con las diferencias de conectividad, infraestructura y condiciones sociales entre comunidades. La próxima evaluación nacional de PISA, prevista para 2029, permitirá determinar si los resultados observados en el piloto se trasladan al sistema educativo en su conjunto.

Costa Rica consiguió uno de sus resultados más destacados de los últimos años en las Pruebas PISA 2025, al aumentar 13 puntos en Ciencias y convertirse en uno de apenas cuatro países de la OCDE que lograron mejorar de forma estadísticamente significativa en esa área entre las mediciones de 2022 y 2025.

El informe presentado este 8 de septiembre de 2026 muestra que el puntaje costarricense en Ciencias pasó de 411 puntos en 2022 a 424 en 2025, un resultado que rompe la tendencia descendente que el país venía registrando durante más de una década. Mientras Costa Rica avanzó, el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) retrocedió 5 puntos en esa materia.

El cambio adquiere relevancia porque la trayectoria nacional había sido negativa en prácticamente todas las ediciones anteriores. Costa Rica obtuvo 430 puntos en Ciencias en 2009, 429 en 2012, 420 en 2015, 416 en 2018 y 411 en 2022, antes de repuntar hasta 424 puntos en 2025. Según el informe, mejoraron tanto los estudiantes de menor como de mayor rendimiento, además de mujeres y hombres.

La evaluación PISA no busca medir únicamente cuánto contenido memorizan los estudiantes, sino su capacidad para aplicar conocimientos y resolver situaciones de la vida real. En la edición de 2025 participaron 91 países y economías, mientras que Costa Rica evaluó a 6,881 estudiantes de 15 años procedentes de 202 colegios públicos y privados, tanto urbanos como rurales.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) también destaca que la representación de la población de 15 años dentro de PISA aumentó respecto de ciclos anteriores. Esa ampliación de la cobertura busca ofrecer una radiografía más representativa de la realidad educativa nacional.

Costa Rica evitó retrocesos en las tres áreas

Otro de los hallazgos destacados es que Costa Rica se ubicó entre un grupo muy reducido de países de la OCDE que lograron evitar retrocesos en Ciencias, Lectura y Matemáticas de manera simultánea.

De los 37 países con datos comparables, únicamente Costa Rica, Eslovaquia y Turquía lograron mantenerse sin disminuciones en las tres áreas analizadas.

En Lectura, el país sostuvo su desempeño mientras el promedio de la OCDE cayó 14 puntos. La dimensión de la caída internacional fue significativa: 28 de 38 países de la OCDE registraron una disminución estadísticamente significativa en Lectura, equivalente a aproximadamente tres de cada cuatro naciones evaluadas. Costa Rica, en cambio, “no retrocedió” en esta competencia.

Un escenario similar ocurrió en Matemáticas. Mientras 22 países de la OCDE retrocedieron, Costa Rica formó parte de los 15 de 37 países que consiguieron evitar una disminución respecto de PISA 2022.

Los resultados permitieron además que el país redujera la distancia que lo separa del promedio de la OCDE en las tres áreas.

En Ciencias, la brecha disminuyó de 74 a 58 puntos, es decir, 16 puntos menos. En Lectura, pasó de 62 a 47 puntos, una reducción de 15 puntos. Mientras que en Matemáticas bajó de 87 a 76 puntos, lo que representa 11 puntos menos de distancia.

Tercer lugar latinoamericano en Ciencias

El avance también permitió que Costa Rica se colocara en una posición destacada dentro de América Latina.

Según la comparación presentada en el informe, el país obtuvo el tercer mejor resultado regional en Ciencias, con sus 424 puntos, únicamente por debajo de Uruguay, con 445 puntos, y Chile, con 442.

Costa Rica se ubicó por encima de México y Colombia, ambos con 414 puntos; Brasil, con 409; Perú, con 406; Argentina y Ecuador, con 393; El Salvador, con 385; República Dominicana, con 361; Paraguay, con 355; y Guatemala, con 351.

El documento también pone el foco sobre el 25% de los estudiantes costarricenses con mejores resultados. En Ciencias, ese grupo alcanza un umbral de 477 puntos; en Lectura, 474 puntos; y en Matemáticas, 432 puntos. El MEP sostiene que esos resultados igualan o superan los promedios nacionales de diversos países pertenecientes a la OCDE.

Sin embargo, los datos no eliminan los desafíos que persisten en el sistema educativo costarricense. La generación evaluada en 2025 atravesó circunstancias extraordinarias durante su formación, entre ellas la huelga nacional de 2018, las manifestaciones y conflictos estudiantiles de 2019 y, posteriormente, la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022, que afectó las clases presenciales.

Ante los resultados, el MEP plantea continuar con reformas en los programas de Matemáticas, Lectura, Escritura y Oralidad, además de fortalecer el pensamiento lógico y crítico, la resolución de problemas y la educación financiera.

También se incorporan elementos relacionados con el uso de herramientas tecnológicas. El documento concluye que “la tecnología y la IA pueden reforzar el aprendizaje y contribuir a la preparación de los jóvenes para el futuro, pero solo si se utilizan con criterio, y no en detrimento de la atención, el esfuerzo y la comprensión”.

Organizaciones civiles como Educación con Rumbo y Mexicanos Primeros exigieron replantear el modelo educativo nacional orientado a recuperar y fortalecer el aprendizaje.

Lo anterior, después de que se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2025, que posicionan a los estudiantes mexicanos por debajo del promedio mundial en ciencias, matemáticas y lectura.

Organizaciones solicitan regresar herramientas de evaluación

Las dos organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas, solicitaron regresar las herramientas de evaluación periódica que permiten medir el nivel de conocimientos de los alumnos en México para trazar un plan a largo plazo.

En ese sentido, de acuerdo con un balance que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo la mitad de estudiantes alcanza el nivel mínimo de lectura y ciencias, mientras que tres de cada 10 lo logra en matemáticas.

Matemáticas y lectura a la baja entre estudiantes mexicanos

Mientras que 41.8 por ciento de los alumnos no alcanza competencias básicas en las tres materias; sin dejar de mencionar que matemáticas y lectura tienen el puntaje más bajo en México desde 2006.

Únicamente, 0.5 por ciento de los evaluados son de alto rendimiento académico, mientras que 11.9 por ciento tiene este desempeño en el mundo.

¿Qué debe priorizar el modelo educativo?

Para la organización Educación con Rumbo, el modelo educativo mexicano debe priorizar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. El conocimiento memorístico no basta para que los jóvenes se incorporen al mundo laboral ni participen plenamente en la sociedad.

La organización advierte que no comprender un texto, tener dificultades para interpretar información, resolver problemas matemáticos o distinguir evidencia confiable de información falsa son obstáculos que limitan la capacidad de los jóvenes para seguir aprendiendo, insertarse en el mercado laboral y participar en la vida social.

“El modelo educativo necesita priorizar el pensamiento crítico. La escuela debe enseñar a los estudiantes a utilizar lo que saben para analizar información, resolver problemas, tomar decisiones y enfrentar soluciones”, indicó la organización a Reforma.

Mexicanos Primero pide formación continúa de docentes

Por su parte, Mexicanos Primero solicitó reconstruir la capacidad de evaluar a los alumnos para dar seguimiento continúo a los aprendizajes y mejorar.

Además, demandó establecer metas concretas, plazos responsables, recursos e indicadores y resultados públicos para recuperar los aprendizajes.

“PISA 2025 muestra que las matemáticas son un foco rojo: entre 2015 y 2025 aumentó en 13 puntos porcentuales la proporción de estudiantes que se encuentra por debajo del nivel básico”, expresó la organización.

Asimismo, pidió orientar la formación continúa de docentes hacia desafíos en el aula, darles acompañamiento pedagógico, recursos pertinentes y condiciones en las escuelas para desempeñar su labor.

“La política educativa no puede seguir suponiendo que la voluntad individual de las maestras y los maestros compensará las debilidades estructurales del sistema (...) no es posible pedirle a cada docente que resuelva individualmente un problema que es sistemático”, concluyó la organización en un comunicado.

Morena culpa a la pandemia por los malos resultados en PISA 2025

Pese al diagnóstico que han hecho las organizaciones civiles, luego de que se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2025, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, aseguró que eso se debió al confinamiento por la pandemia de Covid-19.

“Recordemos que hemos vivido una pandemia en donde los niños durante dos años estudiaron de una manera, no solo los de México, sino los del mundo. Y entonces considero que también eso trae, pues una generación que tuvo, esta situación.

“Yo tengo una niña de trece años que estaba iniciando su aprendizaje de lectoescritura, iba en primer año cuando la pandemia y el Zoom, pues no, no alcanzaba a resolver un momento tan importante y trascendente con los niños. Y al siguiente año fue igual. Y bueno, pasaron de grado y creo que en ese sentido sí la Secretaría de Educación Pública ha hecho todo por ir fortaleciendo justo esta situación que todos vivimos”, justificó Montiel.

Mientras las organizaciones civiles exigen replantear el modelo educativo, luego del rezago en México exhibido por los resultados de la prueba PISA 2025, en Morena, culpan a la pandemia por lo que ocurre con las y los estudiantes del país.

La gerente del programa PISA for Schools de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Tanja Vujičić, afirmó que El Salvador mantuvo y mejoró sus resultados en ciencias en la evaluación PISA 2025, además de registrar avances en lectura y matemáticas.

Durante la presentación de los resultados en San Salvador este martes, Vujičić sostuvo que El Salvador figura entre los pocos países participantes que mostraron una evolución favorable en ciencias. La evaluación PISA examina el desempeño de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, junto con indicadores de bienestar, motivación y compromiso escolar.

Según la representante de la OCDE, 91 países participaron en la edición 2025. Señaló que los resultados salvadoreños contrastan con la tendencia de descenso que, de acuerdo con los datos expuestos, se observa en diversos sistemas educativos, sobre todo en comprensión lectora.

Políticas educativas y uso de tecnología

Vujičić planteó que el gasto educativo constituye un factor relevante, aunque aclaró que el aumento de recursos no garantiza por sí solo mejores resultados. En ese sentido, mencionó la necesidad de combinar la inversión con políticas de enseñanza y gestión escolar. La representante aludió a un incremento del 8% en educación en El Salvador y consideró que las medidas aplicadas podrían impulsar mejoras en las tres áreas evaluadas en próximas mediciones.

También se refirió a la distribución de computadoras y laptops en las aulas. Explicó que los datos de la OCDE asocian el uso pedagógico de dispositivos digitales con mejores desempeños, mientras que su empleo para fines recreativos dentro de clase puede afectar los resultados.

Sobre la inteligencia artificial, Vujičić indicó que cerca del 80% de los estudiantes en el mundo ya utiliza estas herramientas para aprender, según los datos citados durante su exposición. Añadió que la OCDE busca conocer las experiencias de los países para evaluar el impacto de esa tecnología en la educación.

Indicadores no académicos

La exposición incluyó indicadores no académicos. Vujičić destacó la adaptabilidad de los estudiantes salvadoreños y señaló que esa característica puede favorecer la implementación de nuevas políticas educativas.

También mencionó resultados favorables en la disposición de los alumnos a pedir ayuda y en la perseverancia. Entre los aspectos que, a su juicio, requieren atención, incluyó la mentalidad de crecimiento y el sentido de pertenencia a las escuelas. La representante de la OCDE resaltó además el respaldo de los docentes a los estudiantes. “Tienen el apoyo más fuerte a los profesores”, afirmó al referirse a los datos presentados sobre la relación entre maestros y alumnos.

Vujičić sostuvo que la falta de personal y de apoyo docente suele tener efectos negativos sobre el rendimiento. Por ese motivo, consideró que una comunidad educativa con vínculos sólidos entre profesores y estudiantes representa una base para sostener mejoras.

Resultados de 171 escuelas

La gerente de PISA for Schools presentó luego los resultados correspondientes a PISA for Schools 2026, una evaluación aplicada a centros educativos seleccionados, a diferencia de PISA, que mide el desempeño de un país en su conjunto.

De acuerdo con Vujičić, 171 escuelas salvadoreñas participaron en un piloto en el que se aplicaron nuevas políticas y se entregaron dispositivos tecnológicos a los alumnos. Indicó que esos establecimientos obtuvieron resultados por encima del promedio general de las escuelas incluidas en la medición.

En lectura, afirmó que los estudiantes de esas instituciones lograron casi 30 puntos más que el promedio nacional de El Salvador. También atribuyó al piloto desempeños superiores en matemáticas y ciencias respecto de otras escuelas del país.

La representante sostuvo que los resultados de esos centros se ubicaron por encima de los promedios de numerosos países de la OCDE y de Europa. La presentación no detalló los puntajes absolutos por asignatura ni la composición de la muestra de escuelas.

Bienestar y apoyo familiar

Los indicadores de bienestar también ocuparon una parte central de la exposición. Vujičić señaló que los alumnos de las 171 escuelas alcanzaron una valoración cercana a 10 en satisfacción con la vida, un resultado que vinculó con una percepción favorable de la experiencia escolar.

La presentación también mostró resultados positivos en el vínculo entre estudiantes y docentes, así como en el apoyo familiar. La representante advirtió que la participación de los padres incide en las trayectorias educativas y mencionó como ejemplo el interés cotidiano por las actividades escolares de los hijos.

Sobre el acoso escolar, indicó que los datos de las escuelas participantes reflejaron una baja incidencia. Según explicó, este indicador tiene una relación negativa con el rendimiento académico.

La República Dominicana quedó en el tercer lugar entre los países latinoamericanos con peores resultados en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la OCDE, un resultado que volvió a exponer el bajo desempeño de sus estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y comprensión lectora, en una medición internacional aplicada a 91 países y territorios.

La nueva edición evaluó a unos 760,000 estudiantes de 15 años en todo el mundo. En el caso dominicano, participaron 7,080 alumnos de 257 escuelas, una muestra que representa a cerca de 127,900 jóvenes de esa edad, equivalentes al 68 % de esa población en el país.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el país solo quedó por encima de Paraguay y Guatemala dentro de América Latina. El informe también advirtió que los sistemas participantes registraron el nivel medio de rendimiento más bajo observado hasta ahora y definió como “especialmente preocupante” el deterioro en lectura.

En ciencias, los estudiantes dominicanos obtuvieron 361 puntos. En matemáticas alcanzaron 339 y en comprensión lectora 346, de acuerdo con los resultados divulgados por la OCDE y citados por Listín Diario.

Solo el 23 % alcanzó el nivel mínimo esperado en lectura

Uno de los datos más reveladores del informe aparece en comprensión lectora: apenas el 23 % de los estudiantes dominicanos llegó al Nivel 2 o superior, frente al 69 % de promedio en los países de la OCDE. Ese umbral marca la capacidad de identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información con criterios explícitos y reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se pide de manera directa.

El resultado en lectura adquiere mayor peso porque esa competencia atraviesa el aprendizaje en todas las áreas. El informe retrata así un rezago en una de las herramientas básicas para la trayectoria académica y la preparación posterior de los alumnos.

El panorama general de la región tampoco fue favorable. Ningún país latinoamericano logró ubicarse entre los mejores del mundo en las tres áreas evaluadas, aunque naciones como Uruguay, Costa Rica y El Salvador sí mejoraron sus resultados en ciencias respecto de la prueba anterior.

En la parte alta de la clasificación dominaron sistemas educativos de Asia. Las regiones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang ocuparon los primeros lugares en ciencias y matemáticas, mientras Singapur lideró en lectura; detrás se ubicaron Macao, Taiwán, Japón y Corea del Sur.

Cuestionamientos locales y aclaración sobre la muestra

El profesor Juan Valdez, director del Observatorio Educativo, sostuvo que los resultados reflejan fallas en los criterios con que las autoridades evalúan a los estudiantes y en la toma de decisiones para corregir el sistema. En un comunicado, afirmó: “Sus resultados evidencian dos cosas: primero, lo perdidas que están nuestras autoridades educativas, en términos de los criterios que toman en cuenta a la hora de evaluar a nuestros estudiantes; y segundo, que, hasta en las mismas mediciones que las autoridades toman en cuenta, en los pasados 5 años, la educación dominicana ha ido en franco deterioro y estancamiento”.

El Listín Diario también señala que estos resultados llegan después de años de esfuerzos y recursos destinados al fortalecimiento del sistema educativo dominicano, incluidos miles de millones de pesos invertidos por el Estado en programas, contratos y acuerdos con universidades y organismos internacionales como Unicef.

Ante la difusión pública de los datos, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa explicó que la selección de los estudiantes y de los centros escolares que participan en PISA no la hace el país, sino la propia OCDE. La aclaración buscó subrayar que ni el Ministerio de Educación ni el Ideice escogen la muestra nacional incluida en la prueba.

Este martes, la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, defendió la política educativa de los gobiernos de la cuarta transformación después de conocerse los resultados de la prueba PISA.

La líder del partido oficial –en conferencia de prensa– puso parte del foco en la pandemia de Covid-19 que, en México, fue declarada oficialmente a principios de 2020, lo que provocó que diversas actividades, como las clases, se tomarán a distancia o desde casa por el cierre de las escuelas.

Morena culpa a la pandemia por los malos resultados en la prueba PISA

Montiel Reyes recordó que los alumnos pasaron dos años estudiando a distancia y aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha trabajado para recuperar los aprendizajes perdidos.

Con tal de justificar lo ocurrido a nivel educativo, la líder guinda puso de ejemplo a su hija, quien tuvo que tomar clases a distancia debido al confinamiento por la emergencia sanitaria de hace seis años.

“Recordemos que hemos vivido una pandemia en donde los niños durante dos años estudiaron de una manera, no solo los de México, sino los del mundo. Y entonces considero que también eso trae, pues una generación que tuvo, esta situación.

“Yo tengo una niña de trece años que estaba iniciando su aprendizaje de lectoescritura, iba en primer año cuando la pandemia y el Zoom, pues no, no alcanzaba a resolver un momento tan importante y trascendente con los niños. Y al siguiente año fue igual. Y bueno, pasaron de grado y creo que en ese sentido sí la Secretaría de Educación Pública ha hecho todo por ir fortaleciendo justo esta situación que todos vivimos”, justificó Montiel.

Se ha invertido mucho en mejorar la educación: Ariadna Montiel

Desde el punto de vista de Montiel, la administración de Claudia Sheinbaum ha invertido en mejorar las condiciones laborales de los maestros, haciendo a un lado la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Entonces creo que sin menoscabo, debemos hacer las evaluaciones que nos permitan, como en todos los temas de la vida y del gobierno, hay que hacer las evaluaciones y buscar las estrategias para darle una mejor educación, una mejor infraestructura.

“Se ha invertido mucho en mejorar las condiciones laborales de los maestros. Justo lo que comentábamos de las reformas estructurales de Peña Nieto. En fin. Entonces estamos en el camino correcto, porque la presidenta ha puesto un gran énfasis en todo el tema educativo, así que, seguramente, todo irá mejor hacia adelante y se está trabajando en eso”, agregó la exsecretaria de Estado.

Ya son dos sexenios bajo el modelo educativo de la 4T

Ariadna Montiel puede decir muchas cosa, pero la realidad muestra que ya llevamos ocho años con el sistema educativo impulsado por los gobiernos federales de Morena:

• Con el expresidente Andrés Manuel López Obrador de 2018 a 2024.
• Con la presidenta Claudia Sheinbaum de 2024 al día de hoy.

Comparación de resultados educativos entre 2018 y 2025

Lo anterior, cobra relevancia porque comparando los resultados de la prueba PISA de 2018 contra los resultados de 2025, se puede observar un rezago alarmante y paulatino.

• En matemáticas, México pasó de 409 puntos en 2018 a 388 en 2025.
• Mientras que en lectura cayó de 420 a 408.
• Ciencias pasó de 419 a 414.

Sin embargo, lo más alarmante es que el rezago en educación continúa después del regreso presencial a las aulas, sobre todo, con la deserción escolar que ha ido en aumento en los últimos años.

Estudiantes mexicanos exhiben bajo desempeño de entre 2022 y 2025

Cabe señalar que entre 2022 y 2025, México volvió a caer en matemáticas. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –encargada de elaborar la prueba PISA– reveló que apenas 30 por ciento de los estudiantes alcanza las competencias básicas en esa materia.

No obstante, pese a la adversidad en el rubro educativo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, culpó a la pandemia por el rezago de México mostrado en la prueba PISA, e insistió en que “estamos en el camino correcto”.

En Matemáticas, el resultado citado para México muestra una caída de 7 puntos respecto a 2022. Además, 69% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en la edición más reciente.

El senador del PAN sostuvo que los resultados son “una verdadera tragedia” y planteó que lo ocurrido con la educación en México es “inaceptable” y “criminal”. Anaya exigió al gobierno federal poner atención en materia educativa al advertir que se trata del futuro de niñas y niños.

PISA compara a estudiantes de 15 años en ciencias, lectura y matemáticas

En su declaración, Anaya recordó que la prueba PISA es un examen aplicado a estudiantes de 15 años en tres materias: ciencias, lectura y matemáticas. Según explicó, se trata del mismo instrumento aplicado en 91 países, por lo que permite contrastar el estado de los sistemas educativos.

A partir de esa comparación, el panista señaló que México quedó al final de la clasificación entre los países de la OCDE en ciencias, además de ubicarse en penúltimo lugar en lectura y en antepenúltimo en matemáticas. Con esa lectura de los datos, acusó a Morena de haber mandado a las niñas y a los niños del país “al fondo de la tabla”.

Sin embargo, pese al resultado adverso en matemáticas frente a 2022, México se mantiene entre los países mejor evaluados de América Latina. Ese contraste convive con un retroceso que lo colocó dentro de un grupo de cinco países latinoamericanos que bajaron en esa materia entre 2022 y 2025.

El promedio de la OCDE registra 35% por debajo del mínimo en matemáticas

La referencia comparativa más amplia ubica al promedio de la OCDE con 35% de alumnos por debajo del nivel mínimo en Matemáticas. En el plano regional, el rango va de 57% a 92%, de acuerdo con los resultados citados de Argentinos por la Educación.

Con esos números, la declaración de Ricardo Anaya se centró en reclamar una respuesta oficial en educación. “Con esto sí no se vale jugar, porque es el futuro de las niñas y de los niños”, dijo el senador del PAN.

Sheinbaum critica PISA 2025 y relativiza los resultados de México

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este 8 de septiembre la prueba PISA 2025 y sostuvo que los malos resultados de México no son un caso aislado, al afirmar que la caída en lectura, matemáticas y ciencias también se registra en otros países de la OCDE, mientras el propio informe coloca al país por debajo del promedio del organismo y reporta que 41.8% de los estudiantes quedó bajo el nivel básico en las tres áreas evaluadas.

De acuerdo con el reporte de la OCDE, México obtuvo 414 puntos en ciencias frente a 482 del promedio del organismo; 408 en lectura contra 461; 388 en matemáticas ante 463, y 453 en resolución computacional de problemas frente a 500. Ese panorama fue presentado este martes por Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias del organismo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum relativizó la caída y cuestionó el alcance comparativo de una prueba aplicada por igual a países con condiciones distintas. La mandataria respondió que ese tipo de evaluación “siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país”.

La presidenta también rechazó que el descenso en lectura pueda leerse solo como un fracaso mexicano. “Bajó en todos los países de la OCDE”, dijo, y agregó que la disminución de México fue menor que la de muchas otras naciones.

Sheinbaum atribuye la baja en lectura al uso de plataformas digitales

Claudia Sheinbaum vinculó la caída en lectoescritura con el uso de plataformas digitales y señaló que ese factor aparece en el propio reporte del organismo. “Entonces, no es exclusivo de México”, enfatizó.

Sobre matemáticas, la mandataria reconoció una disminución, aunque insistió en que otros países también mostraron retrocesos. “No por mal de muchos”, dijo. Después añadió: “Siempre hemos criticado la prueba PISA por eso”.

La postura presidencial abre una discusión sobre rendición de cuentas y urgencias educativas, porque el rezago no se limita a un indicador aislado. El dato más severo del informe es que el porcentaje de alumnos mexicanos por debajo del nivel básico supera en 22.1 puntos porcentuales el promedio de la OCDE.

En medio del balance negativo, Sheinbaum destacó el resultado de ciencias y lo atribuyó a la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo de su gobierno. Esa fue la única área que presentó como respaldo de su política educativa.

El resultado de México en ciencias se mantuvo prácticamente igual al de 2022 y las variaciones entre distintas ediciones de PISA han sido pequeñas y estadísticamente no significativas. Es decir, el avance que la presidenta presentó como evidencia de mejora no aparece descrito en esos términos por la evaluación internacional.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 dejaron a Argentina otra vez frente a un diagnóstico crítico. Los estudiantes de 15 años retrocedieron en matemática, lectura y ciencias respecto de 2022, y el área más comprometida volvió a ser matemática, donde el 76% no alcanzó el nivel mínimo de desempeño.

El deterioro se da en un contexto de retroceso global de los aprendizajes, pero en el caso argentino es especialmente pronunciado. En la evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Argentina obtuvo 367 puntos en matemática, 389 en lectura y 393 en ciencias. En ciencias, que fue el área principal de esta edición, el país quedó en el puesto 71 entre 91 sistemas educativos.

Casi la mitad de los estudiantes mostró bajo desempeño simultáneamente en las tres áreas, mientras que solo una minoría muy pequeña alcanzó niveles altos.

“Lectores apresurados” que no entienden lo que leen

La prueba PISA, que la OCDE realiza de manera periódica para medir habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en las áreas de Matemática, Lectura y Ciencias, alcanzó en esta edición a 760.000 alumnos de 91 países y economías, una muestra representativa de unos 33 millones de estudiantes.

La baja argentina se inscribe en un escenario más amplio que también encendió alarmas en otros países. A nivel mundial, lectura fue el área con el descenso más pronunciado, especialmente en las habilidades más complejas.

El organismo detectó además un fenómeno global al que denominó “lectores apresurados”, estudiantes que responden rápido e incorrectamente, una conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025.

Los especialistas consultados por Infobae remarcan que en Argentina esa tendencia global se combina con debilidades previas del sistema educativo y con problemas de aprendizaje que vienen desde hace años.

Dos dimensiones para explicar el deterioro

Los especialistas en educación consultados por Infobae coincidieron en que es necesaria una interpretación compleja: el deterioro no se explica por una sola causa.

El análisis combina dos dimensiones. Por un lado, un problema estructural de la escuela argentina para asegurar aprendizajes básicos de manera sostenida.

Por otro, una transformación más general en la relación de los adolescentes con la lectura, la atención, el esfuerzo y los modos de estudiar.

En este aspecto, las pantallas, las redes sociales y los nuevos usos de la inteligencia artificial son claves para entender qué tipo de adolescentes están en las aulas.

¿Cuál es hoy la audiencia a la que se dirige un docente de secundaria?

La crisis en matemática no sorprendió a quienes siguen la evolución de PISA

Para Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y especialista en educación “no es sorprendente el resultado en matemática, en términos de una tendencia que venimos teniendo en los últimos 15 o 20 años”.

En declaraciones a Infobae en Vivo señaló que esa materia “ha sido, desde el primer momento, el área con mayores dificultades” y que el nuevo retroceso, aunque peor que los anteriores, “no deja de estar dentro de lo previsible”.

Zorzoli vinculó ese deterioro con la falta de políticas persistentes para modificar la enseñanza. “En matemática no se ha hecho mucho en términos de pensar políticas activas que traten de torcer esta tendencia”, afirmó. En ese marco, sostuvo que el mal desempeño no debería leerse como una sorpresa, sino como el resultado de años sin cambios de fondo. “¿Por qué iba a cambiar esta tendencia si no ha habido en los últimos diez años nada que haga pensar que pusimos a prueba un modelo nuevo o un programa diferente para tener resultados mejores?”, planteó.

La observación dialoga con uno de los datos más duros de PISA 2025: apenas el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel 2 o superior en matemática, que la prueba considera el umbral básico. El resto quedó por debajo de competencias elementales para esa edad.

En una línea parecida, Martín Nistal, director del Observatorio de Argentinos por la Educación, advirtió a Infobae que “desde 2009, Argentina viene empeorando de forma sostenida en sus resultados de Matemática y lamentablemente esta vez no fue la excepción”.

La frase resume la idea de una falla acumulativa: los estudiantes llegan al final de la escolaridad obligatoria sin dominar herramientas básicas, y el sistema no logra corregir esa trayectoria a tiempo.

En diálogo con Infobae, Sandra Ziegler, investigadora en educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y secretaria académica de la institución, señaló que la caída no responde a una única causa ni puede explicarse por una coyuntura particular.

Según planteó, el deterioro del aprendizaje es fruto de problemas estructurales acumulados, entre ellos el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades, un sistema educativo muy fragmentado, la discontinuidad de las políticas educativas y la dificultad para garantizar condiciones óptimas de enseñanza.

A eso sumó “un debilitamiento del tiempo y la intensidad del trabajo escolar sobre aprendizajes fundamentales”.

Los sectores más favorecidos no son ajenos a la caída del desempeño escolar

El experto español Jorge Galindo, director del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, aportó una lectura más amplia sobre lo que está mostrando PISA en esta edición. El especialista señaló que “lo más relevante es la caída generalizada de los resultados”, pero que “lo más sorprendente” y lo más difícil de explicar es que ese retroceso haya sido mayor entre los estudiantes de entornos más favorecidos.

A partir de ahí, Galindo propuso una hipótesis de lectura del informe en su cuenta de X. Según planteó, una pista importante para entender la caída general está en la capacidad de sostener la atención al leer. El retroceso fue mayor en lectura, aumentó la proporción de estudiantes que responden demasiado rápido y se equivocan, y los textos largos aparecen como un obstáculo cada vez más marcado.

Su interpretación coincide con los llamados “lectores apresurados”, alumnos que leen con rapidez pero fallan en las respuestas, un indicador muy fuerte porque sugiere que cada vez más estudiantes no terminan de entender lo que leen aunque avancen rápido sobre el texto. También mostró que las mayores dificultades aparecen en tareas que exigen enfrentarse a textos extensos, evaluar información o integrar datos de distintas fuentes.

Más que una caída aislada en un contenido escolar, el cuadro remite a un cambio en la forma de leer y procesar información.

El problema no es sólo estar en la escuela, sino qué se aprende en ella

Al explicar el retroceso, Zorzoli puso el foco en una contradicción que arrastra la secundaria argentina. Por un lado, el sistema logró sostener a más estudiantes dentro de la escuela. Por otro, esa permanencia no se tradujo en aprendizajes significativos.

“Tenemos más chicos en la escuela que aprenden cada vez menos”, resumió. Y fue más allá: “La escuela argentina hoy no enseña las cuestiones básicas”.

Según su lectura, el problema no pasa por exigir contenidos sofisticados, sino por no garantizar saberes fundamentales para la autonomía personal, los estudios superiores o el mundo del trabajo. “La matemática que requerimos para el desempeño de un ciudadano, que debería tener ciertos criterios de autonomía y poder tomar decisiones basadas en información, es la misma de hace cincuenta años. Es una matemática básica”, señaló.

De lo que se está hablando, agregó, es de jóvenes que no pueden resolver problemas de regla de tres simple, proporcionalidad o lectura de información en distintos soportes.

Ese diagnóstico se cruza con la mirada de Nistal sobre la persistencia del deterioro. Para el especialista de Argentinos por la Educación, la caída de PISA vuelve a mostrar que la debilidad no está solo en una cohorte ni en una edición de la prueba, sino en la incapacidad de revertir un problema estructural. En Argentina, la baja se produce además sobre un punto de partida ya rezagado en comparación con otros países de la región y con el promedio de la OCDE.

Qué evalúan las pruebas PISA

Las pruebas PISA no miden solo cuánto contenido escolar recuerdan los estudiantes, sino qué pueden hacer con lo que aprendieron.

En Lectura, evalúan la capacidad de comprender, usar, analizar y reflexionar sobre textos para alcanzar objetivos personales y participar en la vida social.

En Matemática, observan si los alumnos pueden formular, aplicar e interpretar información matemática en distintos contextos, y usar ese razonamiento para resolver problemas de la vida cotidiana.

En Ciencias, miden la capacidad de involucrarse en temas científicos y tecnológicos de manera reflexiva, participar en debates públicos informados y, en esta edición de 2025, también incorporan aspectos vinculados con la identidad científica y con las competencias científicas ambientales.

El efecto de las pantallas y redes sociales

Galindo sostuvo que el informe pone el foco en las tecnologías digitales como uno de los factores posibles de la caída, pero aclaró que el punto no es la tecnología en sí, sino el uso que se hace de ella. Según explicó, mientras el uso frecuente de herramientas de inteligencia artificial para resumir textos o redactar trabajos aparece asociado con peores resultados, el empleo orientado al aprendizaje no muestra el mismo patrón.

El experto español resumió: “Las tecnologías digitales bien usadas en el aprendizaje, deben ser como una cinta de correr cuya velocidad y pendiente se ajustan a cada estudiante”, de modo que exijan el esfuerzo cognitivo necesario en vez de reemplazarlo.

Los propios cuestionarios de contexto de PISA sugieren, de todos modos, que el entorno digital pesa. En Argentina, el 55% de los estudiantes dijo que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante la mayoría o todas las clases de ciencias, frente al 28% del promedio de la OCDE. También hubo indicadores desfavorables en ruido, desorden en clase y llegadas tarde, todos factores que afectan el clima de aprendizaje.

Ziegler sostuvo que la caída argentina no puede atribuirse a una sola causa ni a una coyuntura puntual, sino a problemas estructurales acumulados, entre ellos el avance de la pobreza, la desigualdad, la fragmentación del sistema y la discontinuidad de las políticas públicas.

La especialista de Flacso también vinculó el deterioro con cambios en el clima de trabajo escolar. Señaló que los celulares y otros dispositivos interrumpen y fragmentan la atención y que aprender requiere tiempo, concentración, lugar para el error y la frustración, además de disposición para sostener una demanda cognitiva exigente.

Consideró que esa distracción permanente debilita capacidades que repercuten de manera directa en la lectura y en la comprensión de textos.

Añadió además que la escuela todavía tiene mucho por aprender sobre cómo incorporar la tecnología con sentido pedagógico y advirtió que, cuando su uso no está bien orientado, compite con el aprendizaje.

La caída en lectura también expone el peso del contexto social

Aunque matemática concentra el dato más dramático, el retroceso en lectura también preocupa a los especialistas. En Argentina, el 59% de los estudiantes quedó por debajo del nivel mínimo en esa área. Para Nistal, además de las dificultades propias de la escuela, ahí se suma el peso de la desigualdad social y del acompañamiento familiar. “La familia es fundamental”, señaló, aunque advirtió que las diferencias socioeconómicas en el país condicionan fuertemente los aprendizajes y hacen que los estudiantes más pobres tengan peores resultados de manera sistemática.

“La escuela pública en particular tiene que servir como motor de cerrar las brechas, independientemente de dónde vengan los chicos”, planteó Nistal. En su lectura, hoy eso no está ocurriendo. La caída en PISA expresa, entonces, no solo un problema de desempeño académico, sino también la dificultad de la escuela para compensar desigualdades de origen.

En esa misma línea, Ziegler sostuvo que los entornos por fuera de la escuela y la familia tienen un papel importante en la formación de hábitos lectores.

“Contar cuentos, leer carteles en la vía pública, conversar sobre algo leído produce estímulos muy significativos”, dijo a Infobae. Pero enseguida advirtió que, en Argentina, con altos niveles de pobreza y desigualdad, esa responsabilidad no puede quedar delegada en los hogares.

Para la especialista, tanto PISA como las pruebas nacionales vienen mostrando que la escuela no compensa las diferencias de origen, sino que muchas veces termina reproduciéndolas. Por eso planteó la necesidad de reforzarla “como una verdadera usina de lectura”, con libros, bibliotecas activas y tiempo cotidiano para leer textos diversos y cada vez más complejos. Desde esa mirada, la práctica lectora puede derramarse luego hacia las familias y hacia la sociedad, pero no al revés.

Ziegler agregó que muchos alumnos llegan hoy con una base distinta, “seteados” por la velocidad y el multitasking que promueven las pantallas.

El problema afecta a todos los chicos, no sólo a los sectores vulnerables

La doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Carina Cabo sostuvo en Infobae en Vivo que los resultados de PISA 2025 son “muy desfavorables” y que vuelven a poner en primer plano un debate postergado sobre la escuela secundaria. Según planteó, el nivel medio sigue funcionando con una estructura “atomizada” y “fragmentada”, demasiado parecida a la de hace décadas, pese a que hoy enfrenta problemas muy distintos.

Cabo vinculó de manera directa las dificultades en lectura con el derrumbe en matemática.

Señaló que si un estudiante no comprende lo que lee, tampoco puede resolver un problema matemático, incluso cuando no se trata de consignas especialmente complejas. Para la especialista, la gravedad del cuadro está en que PISA no mide solo contenidos puntuales, sino la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades.

También marcó una diferencia con las pruebas Aprender. Mientras esos operativos se enfocan más en contenidos específicos, explicó, PISA apunta a habilidades de pensamiento y a la posibilidad de usar lo aprendido en situaciones nuevas. Desde esa perspectiva, no hay contradicción mecánica entre una mejora en Aprender y una mala performance en PISA: pueden estar observando dimensiones distintas de los aprendizajes, y eso obliga a no sacar conclusiones apresuradas a partir de una sola evaluación.

La especialista subrayó además que el problema no se limita a los sectores más pobres. Aunque aclaró que los contextos vulnerables sufren con más fuerza las desigualdades, remarcó que también trabaja con escuelas privadas y con estudiantes de sectores altos que presentan dificultades serias de lectura, de convivencia escolar y de vínculo con el aprendizaje.

Los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025 volvieron a situar a El Salvador por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en lectura, matemáticas y ciencias. El país obtuvo 366 puntos en lectura, 346 en matemáticas y 385 en ciencias, un escenario que coincide con la expansión del uso de dispositivos digitales e inteligencia artificial para realizar actividades académicas.

Para el especialista en educación Óscar Picardo Joao, el uso de estas herramientas en las aulas debe examinarse junto con las dificultades de comprensión lectora y análisis que muestran los estudiantes de 15 años. El experto sostuvo que los resultados registran pocos cambios frente a las mediciones previas y vinculó las mejoras sostenidas con la calidad de la enseñanza.

“En general no hay muchos cambios. Hay leves mejoras estadísticamente poco significativas y esto se debe a que lo único que puede mejorar los resultados de una prueba estandarizada es la calidad de los docentes”, afirmó Picardo Joao a Infobae.

En El Salvador, solo el 29% alcanzó el nivel mínimo de desempeño en lectura, frente al 69% del promedio de los países de la OCDE. En matemáticas, la proporción llegó al 12%, mientras que en ciencias fue del 35%.

La comprensión lectora se mantiene entre las principales dificultades

El resultado en lectura expone las limitaciones de los estudiantes para entender, interpretar y evaluar textos. Picardo Joao atribuyó esta situación a los cambios en el consumo de contenidos entre adolescentes.

“El bajo desempeño de la comprensión lectora se debe a ausencia de políticas y programas de fomento a la lectura en las instituciones educativas y adicionalmente al alto consumo de redes sociales, de videos, que está cambiando los patrones de entretenimiento y de ocio de adolescentes”, dijo el especialista.

El académico mencionó que el uso de TikTok, Snapchat, Instagram y Facebook ha reducido el tiempo que parte de los jóvenes antes destinaba a la lectura de libros. Este cambio adquiere relevancia ante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en tareas escolares, búsquedas de información, resúmenes y preparación de exposiciones.

El uso de herramientas digitales plantea desafíos para el análisis de contenidos

La inteligencia artificial permite acceder a respuestas y textos en pocos segundos. Sin embargo, su utilización en el ámbito académico exige que los estudiantes puedan revisar la información, identificar errores, contrastar fuentes y elaborar argumentos propios.

Picardo Joao indicó que la tecnología puede contribuir a ciertos procedimientos educativos, aunque también puede convertirse en un elemento de distracción. “Las tecnologías, si bien son una herramienta muy poderosa e importante para muchas cosas y procedimientos, la otra cara de la moneda indica que afecta como distractor”, afirmó a Infobae.

El especialista agregó que el informe de PISA refleja una alta exposición de los alumnos a los equipos informáticos. “El informe dice que los estudiantes pasan más de una hora conectados en equipos informáticos, con acceso a programas digitales”, señaló.

En ciencias, El Salvador mejoró frente a la edición de 2022. Picardo Joao consideró que el avance podría estar asociado al programa Despegue, implementado por el Ministerio de Educación con el propósito de fortalecer la preparación de los estudiantes. Aun así, indicó que los planes educativos de las últimas décadas han planteado mejoras para la formación y dignificación docente sin resultados suficientes.

Costa Rica mantuvo el mejor desempeño de Centroamérica

La evaluación mostró diferencias entre los países centroamericanos participantes. Costa Rica obtuvo 411 puntos en ciencias y se ubicó como el sistema con mejor desempeño de la región. El Salvador registró 385 puntos y Guatemala alcanzó 351.

Los tres países permanecieron por debajo del promedio de la OCDE. Costa Rica mantuvo el liderazgo regional, El Salvador mostró una mejora en ciencias y Guatemala registró los resultados más bajos, con un retroceso especialmente marcado en lectura. Las diferencias reflejan trayectorias distintas en cobertura educativa, calidad de enseñanza y capacidad institucional para atender a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Argentina registró este martes sus peores resultados en las pruebas PISA desde que el país participa en el programa, en 2006: 6 de cada 10 alumnos no alcanzan el nivel básico en lectura y casi 8 de cada 10, en matemática. El retroceso reavivó el debate sobre cómo se enseña a leer en las escuelas del país. Y, casi llegando al Día del Maestro, reaparece la figura de Domingo Faustino Sarmiento.

Los peores resultados desde 2006

Los datos divulgados este martes muestran que Argentina registró en 2025 sus peores puntajes en las tres áreas evaluadas por PISA desde que el país participa en el programa, en 2006. Casi 8 de cada 10 alumnos argentinos no alcanzan el nivel básico en matemática; en lectura y ciencias, la cifra ronda 6 de cada 10. El país quedó octavo en América Latina y figura entre los que más retrocedieron en la región desde la medición anterior, en 2022.

El contexto internacional no es menos sombrío: a nivel mundial, lectura fue el área con el descenso más pronunciado. El especialista español Jorge Galindo, director del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, centro de políticas económicas de Esade, propuso una hipótesis para explicar la caída: el colapso de la capacidad de sostener la atención durante la lectura. Aumentó la proporción de estudiantes que responden demasiado rápido y se equivocan, y los textos largos aparecen como un obstáculo creciente. Los llamados “lectores apresurados” —alumnos que avanzan rápido sobre el texto pero no comprenden lo que leen— se multiplicaron en casi todos los países participantes.

Ese fenómeno tiene una historia más larga de lo que parece. Y en esa historia, Sarmiento ocupa un lugar fundacional.

Un método que nació en el exilio y desafió siglos de inercia pedagógica

En 1840, desterrado de Argentina por el régimen de Juan Manuel de Rosas, Sarmiento se instaló en Chile y, más tarde, asumió la dirección de la Escuela Normal de Preceptores de Santiago. Desde esa posición, y tras viajes a Europa y Estados Unidos para estudiar los sistemas educativos más avanzados de la época, elaboró lo que sería su principal aporte a la pedagogía de la lectura.

El 5 de enero de 1845 presentó ante la Universidad de Chile el texto titulado Método de Lectura Gradual. La propuesta fue aprobada por la Universidad y luego adoptada por el Consejo de Instrucción Pública, que recomendó su uso en las escuelas oficiales del país. La primera edición apareció ese mismo año en Valparaíso, publicada y financiada por el gobierno chileno. Una iniciativa personal se convertía en política pública.

El punto de partida de Sarmiento era una crítica al método entonces dominante: el deletreo. Bajo ese sistema, heredado de la época colonial, el niño debía nombrar primero el valor alfabético de cada letra (“eme”, “ene”, “a”) y luego “juntar” esos nombres para formar sílabas y palabras. Para leer “mano”, el alumno debía recitar “eme – a – ene – o” y luego reconstruir el término. El resultado era una lectura lenta, fragmentada y dependiente de la memorización mecánica, que Sarmiento describió, sin piedad, como una práctica en la que “las nociones entraban en el débil cerebro del niño como la cuña al golpe del mazo”.

El núcleo del método: sonidos, sílabas y gradación rigurosa

Lo que Sarmiento propuso en su lugar partía de un principio simple pero entonces novedoso: enseñar las consonantes por su sonido, no por su nombre. En lugar de “eme”, el niño aprendía el sonido /m/ y lo combinaba directamente con una vocal: “ma”, “me”, “mi”. Se eliminaba el rodeo del deletreo y se acortaba el camino entre la percepción gráfica y la articulación oral.

El método organizaba el aprendizaje en cuatro grados de complejidad. El primero introducía las letras más regulares y sus sonidos básicos, junto con las sílabas directas más simples. El segundo ampliaba el repertorio silábico con combinaciones biconsonánticas. El tercero incorporaba sílabas trabadas, diptongos y estructuras menos frecuentes. El cuarto, y último, abordaba contracciones, signos de puntuación, abreviaturas y letras de origen extranjero.

El libro también incluía, al final, un conjunto de lecturas “corrientes”: frases y párrafos breves con cierto sentido narrativo, destinados a que el alumno practicara la lectura fluida una vez dominada la mecánica silábica. No eran textos meramente moralizantes; introducían secuencias con situaciones y personajes, lo que representaba un avance respecto de otros silabarios de la época, que apenas ofrecían enumeraciones de sílabas sin conexión alguna.

Para apoyar a los maestros, Sarmiento publicó en 1846 un volumen complementario titulado Instrucciones a los maestros para enseñar a leer por el método de lectura gradual, donde detallaba cómo organizar la clase, conducir los ejercicios orales preliminares, corregir la pronunciación y articular lectura con escritura. La voz del docente era un instrumento central: debía modelar la articulación correcta, marcar el ritmo de la lectura en coro y corregir las desviaciones individuales antes de que se volvieran hábitos.

Chile lo adoptó oficialmente durante medio siglo

Desde aproximadamente 1850, el Método de Lectura Gradual fue el texto estándar de lectura inicial en las escuelas públicas de Chile. Millones de niños aprendieron a leer con él. Las cifras de su circulación varían según las fuentes: algunos estudios consignan más de 100 ediciones con tiradas de miles de ejemplares; otros recuentos indican unas 50 ediciones hasta 1913. En cualquier caso, se trata de uno de los libros escolares más difundidos del siglo XIX en América Latina.

El método mantuvo ese estatuto hegemónico hasta 1902, cuando el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de Chile dispuso que el Silabario Matte pasara a ser el único libro de lectura inicial autorizado, excluyendo a los demás silabarios. El desplazamiento no implicó un rechazo radical: el Silabario Matte era también fonético, gradual y organizado en torno a sílabas; en muchos aspectos, heredaba y reformulaba el paradigma inaugurado por Sarmiento.

En Argentina, la influencia del método fue igualmente significativa, aunque menos hegemónica. Al regresar definitivamente al país en 1855, Sarmiento impulsó la expansión de la escuela primaria y la adopción de métodos modernos de lectura. Durante su presidencia, entre 1868 y 1874, esa agenda educativa se intensificó: se multiplicaron las escuelas, se importaron maestras de Estados Unidos y el silabario gradual circuló junto con otros textos de lectura como referencia central para la formación de los nuevos ciudadanos.

Por qué se dejó de usar: los límites de un método centrado en descifrar

La sustitución del método de Sarmiento no fue un episodio abrupto, sino el resultado acumulado de varias tensiones. La más profunda fue la que los pedagogos del cambio de siglo comenzaron a identificar entre descifrar un texto y comprenderlo.

Para Sarmiento, la lectura era, ante todo, “el arte de descifrar la palabra escrita”. Esa definición condensaba una jerarquía clara: primero la decodificación, luego el sentido. Su silabario formaba lectores capaces de recorrer cualquier texto sin tropezar con las sílabas, pero no necesariamente lectores capaces de evaluar, inferir o integrar información de fuentes diversas. Las lecturas “corrientes” del final del libro apuntaban en esa dirección, pero llegaban tarde y en dosis escasas.

A medida que avanzó el siglo XX, las corrientes pedagógicas que pusieron el foco en la comprensión lectora, en la relación del niño con el sentido desde las primeras etapas, ganaron terreno en América Latina y en el mundo. Los enfoques globales o constructivistas cuestionaron la separación entre aprender a leer y leer para aprender, y propusieron que ambas dimensiones debían articularse desde el inicio, con textos completos, conversación literaria y contacto temprano con el significado.

El silabario gradual fue percibido, en ese nuevo clima intelectual, como un dispositivo demasiado mecánico, centrado en la técnica a expensas del sentido. Su legado no desapareció —el paradigma silábico fonético que instaló sobrevivió en casi todos los manuales posteriores—, pero su protagonismo como texto escolar se diluyó frente a propuestas que prometían conectar al niño con la lectura de manera más directa y significativa.

Un legado que vuelve con los malos resultados

La paradoja es que el debate que alimentó el ocaso del método de Sarmiento —¿decodificación o comprensión?— sigue sin resolverse, y los resultados de PISA 2025 lo ilustran. Lo que muestran las pruebas no es que los estudiantes argentinos no sepan descifrar: es que no comprenden lo que leen, que los textos largos los desbordan, que la lectura profunda se ha vuelto una destreza en extinción.

En ese diagnóstico, el método de Sarmiento aparece simultáneamente como parte del problema —porque el paradigma que instaló privilegió el código por encima del sentido— y como parte de la solución que algunos reclaman: la enseñanza explícita, sistemática y graduada de la lectura, en contraposición a métodos globales que, según sus críticos, subestimaron la necesidad de que el niño domine el código antes de enfrentarse a textos complejos.

El sanjuanino creía que enseñar a leer bien era condición de la ciudadanía republicana. Los números de hoy sugieren que esa convicción, aunque generada hace casi dos siglos, todavía espera una respuesta a la altura.

La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina de estudio de los adolescentes de Costa Rica. La mitad de los estudiantes de 15 años usa chatbots al menos una vez por semana para apoyar sus tareas, un nivel superior al promedio registrado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los datos de PISA 2025, difundidos el martes 8 de septiembre, muestran que estas herramientas se incorporaron a varias instancias del trabajo escolar. Los estudiantes las consultan para tener una primera aproximación a temas nuevos, resumir lecturas y preparar textos.

De acuerdo con El Observador, un 40% de los jóvenes costarricenses indicó que recurre a la IA para realizar una investigación preliminar sobre un asunto que no conoce. El promedio entre los países de la OCDE fue de 31%.

El uso de estas plataformas para resumir una lectura asignada alcanzó al 37% de los consultados. En la comparación internacional, la proporción fue de 30%.

La elaboración de borradores de trabajos escritos también apareció entre las actividades vinculadas con los chatbots. El 34% dijo usar la IA para esa tarea, frente al 29% informado por la OCDE.

El grupo que se mantiene al margen de estas herramientas es menor en Costa Rica que en el promedio de los sistemas educativos analizados. Solo el 10% afirmó que nunca o casi nunca emplea chatbots para ninguna de las tareas consideradas por PISA.

La OCDE sostuvo que “la población estudiantil de la mayoría de los sistemas educativos utiliza chatbots de inteligencia artificial para realizar tareas escolares”. El organismo añadió que esta expansión “crea nuevos desafíos y oportunidades” para el aprendizaje.

La publicación precisó que los indicadores sobre IA y dispositivos surgieron de los cuestionarios que complementaron la evaluación académica. El informe dedicó un apartado a los vínculos entre los estudiantes y los recursos digitales.

La distracción con dispositivos supera el promedio de la OCDE

La presencia de la tecnología en los establecimientos no se limita a las actividades de estudio. Una parte de los alumnos percibe que los dispositivos afectan la atención de sus compañeros durante las lecciones.

El 38% de los estudiantes costarricenses señaló que sus pares se distraen con dispositivos electrónicos durante la mayoría o la totalidad de las clases de Ciencias. La cifra quedó 10 puntos porcentuales por encima del 28% reportado como promedio de la OCDE, según datos de El Observador.

El dato refleja una convivencia entre el uso educativo de herramientas digitales y el uso recreativo de dispositivos dentro de los centros educativos. PISA relevó ambos comportamientos de forma separada.

Los estudiantes del país informaron un uso promedio de 1.4 horas diarias de dispositivos para actividades de aprendizaje mientras permanecían en el establecimiento. La referencia de la OCDE fue de 1.7 horas.

El escenario cambió al medir el tiempo destinado al ocio. Los jóvenes de Costa Rica reportaron 1.3 horas diarias de uso recreativo de dispositivos dentro de los centros educativos, mientras que el promedio internacional alcanzó las 1.1 horas.

Las restricciones a los teléfonos crecieron en tres años

Las reglas sobre celulares también registraron modificaciones desde la medición anterior. En 2025, el 23% de los estudiantes asistía a centros educativos donde no se permitían teléfonos dentro de las instalaciones.

La proporción era de 13% en PISA 2022. El cambio representó un aumento de 10 puntos porcentuales en el alcance de las prohibiciones de teléfonos celulares durante ese período.

El informe calificó esa variación como un incremento considerable en la aplicación de vetos a los celulares. Aun así, Costa Rica se mantuvo por debajo del promedio de la OCDE.

En el conjunto de los sistemas educativos de la organización, el 49% de los estudiantes estaba matriculado en instituciones con restricciones para el uso de teléfonos. La distancia con ese indicador evidencia que las prohibiciones abarcan a una porción menor del alumnado costarricense.

La evaluación no atribuyó los cambios en las normas escolares a una razón específica. Tampoco determinó si las restricciones aplicadas redujeron el uso recreativo de dispositivos o la distracción durante las clases.

La muestra incluyó a estudiantes de 202 centros educativos

La participación costarricense en PISA 2025 reunió a 6,881 estudiantes de 202 centros educativos. La muestra representó a unos 54,300 jóvenes de 15 años.

La OCDE informó que los datos del país cumplieron con los estándares de calidad establecidos por el programa y resultaron aptos para su publicación. Esa revisión permitió incorporar los resultados nacionales a la comparación internacional.

El organismo recomendó interpretar con cautela las diferencias entre países en los indicadores obtenidos mediante cuestionarios a estudiantes y directores. Las respuestas pueden estar condicionadas por aspectos culturales, distintas formas de comprender las preguntas y patrones particulares al contestarlas.

“La misma prueba... siempre tiene sus limitaciones”

Cuestionada sobre el retroceso reportado en distintos rubros y si los resultados obligaban a modificar la estrategia educativa, Sheinbaum sostuvo que una evaluación aplicada por igual a países con características diferentes no necesariamente refleja sus condiciones particulares.

“Nosotros siempre hemos dicho que las pruebas, la misma prueba para todos los países, siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país”, respondió en conferencia.

“No es exclusivo de México”

Sobre la caída en lectoescritura, la presidenta fue puntual: “bajó en todos los países de la OCDE”, e incluso remarcó que la disminución de México fue menor que la de muchas otras naciones. Atribuyó ese descenso al uso de plataformas digitales, un factor que —dijo— el propio reporte de la OCDE reconoce.

“Entonces, no es exclusivo de México”, enfatizó.

Respecto a matemáticas, la mandataria admitió que sí hubo una disminución, pero insistió en que otros países también registraron caídas. “No por mal de muchos”, señaló, y agregó: “siempre hemos criticado la prueba PISA por eso”.

El único punto que presumió: ciencias

En medio del balance negativo, Sheinbaum destacó un dato que, según ella, respalda su política educativa: el incremento en la calificación de ciencias. La presidenta atribuyó ese resultado a la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo de su gobierno.

Sin embargo, el propio reporte de la OCDE matiza esa lectura: el organismo señala que el resultado de México en ciencias se mantuvo prácticamente igual al de 2022, y que las fluctuaciones registradas entre las distintas ediciones de PISA han sido pequeñas y estadísticamente no significativas.

Lo que dicen los números

El documento de la OCDE, presentado el mismo martes por Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias del organismo, ofrece un panorama más amplio:

• México obtuvo 414 puntos en ciencias, frente a 482 del promedio OCDE.
• En lectura, 408 puntos, contra 461.
• En matemáticas, 388 puntos, ante 463.
• En resolución computacional de problemas, 453 puntos, frente a 500.
• El 41.8% de los estudiantes mexicanos quedó por debajo del nivel básico en las tres áreas evaluadas, 22.1 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE.

El propio Schleicher calificó el panorama como “obviamente grave”, aunque coincidió parcialmente con la lectura presidencial al señalar que “globalmente, hemos visto una caída dramática, particularmente en las habilidades de lectura”.

Lo que viene

Pese al respaldo parcial de la OCDE al discurso oficial, los datos duros —caída en matemáticas y lectura por debajo de los niveles registrados entre 2009 y 2018— dejan abierta la pregunta sobre si la Nueva Escuela Mexicana logrará revertir la tendencia antes de la siguiente evaluación.

Los estudiantes salvadoreños de 15 años que utilizaron dispositivos digitales para aprender en la escuela entre dos y tres horas diarias alcanzaron el promedio más alto en ciencias dentro de los grupos analizados por PISA 2025.

Obtuvieron 404 puntos, 11 arriba de quienes no usaron estos recursos y siete arriba de quienes los emplearon durante más de siete horas al día.

La evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), examinó los conocimientos de estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y lectura.

También incluyó una prueba de resolución de problemas computacionales, preguntas sobre el uso de tecnología, inteligencia artificial, condiciones socioeconómicas y experiencia escolar.

En El Salvador participaron 7,073 estudiantes de 278 centros educativos, una muestra que representa aproximadamente a 77 mil alumnos de 15 años. Los resultados divulgados este 8 de septiembre muestran una mejora en ciencias frente a la medición de 2022, mientras que los promedios de matemáticas y lectura se mantuvieron en niveles similares.

El promedio nacional en ciencias fue de 385 puntos, por debajo de los 482 puntos de la media de la OCDE. En matemáticas, los estudiantes salvadoreños alcanzaron 346 puntos, frente a los 463 del promedio de los países miembros.

En lectura, el resultado fue de 366 puntos, mientras que la media de la organización llegó a 461.

La prueba de ciencias evalúa la capacidad de los alumnos para explicar fenómenos, interpretar datos y aplicar conocimientos científicos a situaciones cotidianas.

Matemáticas mide la habilidad para razonar y resolver problemas con conceptos numéricos, mientras que lectura examina la comprensión, interpretación y valoración de textos.

El Salvador registró una variación de 12 puntos en ciencias entre 2022 y 2025. El 44.4% tuvo un desempeño en ciencias superior al esperado de acuerdo con su resultado en esa prueba, por debajo del 56.3% registrado como promedio internacional. En matemáticas, el cambio fue solo de tres puntos, y en lectura, de dos. La OCDE indicó que los resultados de estas dos últimas áreas fueron prácticamente iguales a los de 2022.

El 65% de los estudiantes salvadoreños se ubicó en los niveles bajos de rendimiento en ciencias. Solo el 0.1% llegó a los niveles cinco o seis de la escala PISA, que corresponden a los desempeños más altos. La brecha entre el 10% con mejores resultados y el 10% con los puntajes más bajos fue de 198 puntos.

En resolución de problemas computacionales, los estudiantes del país obtuvieron un promedio de 401 puntos, frente a los 500 de la media de la OCDE.

Los resultados permiten observar una asociación entre el tiempo destinado a herramientas digitales y el desempeño en ciencias, pero no establecen que el uso de dispositivos sea la causa directa de las diferencias en los puntajes. La OCDE analiza estas variables a partir de las respuestas entregadas por los propios estudiantes.

Seis de cada diez alumnos dijeron que aprendieron a evaluar contenido creado con IA

PISA 2025 incorporó preguntas sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en las tareas escolares. El índice de uso de esta tecnología entre los estudiantes salvadoreños se ubicó en 0.06, por encima de la media de la OCDE, que fue de cero.

El 10.9% de los alumnos manifestó que no utilizó IA para sus tareas escolares. La proporción de quienes no emplearon esas herramientas para apoyar su aprendizaje fue de 18%.

El informe también examinó si las escuelas enseñan a los estudiantes a revisar la información que generan las herramientas de IA. El 60.5% de los alumnos salvadoreños informó que aprendió en clase a evaluar contenidos producidos por inteligencia artificial. La cifra estuvo cerca del promedio de la OCDE, de 62.6%.

Los datos no precisan qué programas o plataformas utilizaron los estudiantes, ni si la IA fue empleada para resolver ejercicios, redactar textos, buscar información u otras actividades. La medición registra las respuestas de los alumnos sobre su experiencia con estas herramientas y las prácticas desarrolladas en las aulas.

El nivel socioeconómico explicó el 13.7% de las diferencias en ciencias

Los resultados de PISA 2025 muestran que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes tuvieron relación con sus puntajes en ciencias en El Salvador. Este factor explicó el 13,7% de las diferencias entre los resultados de los alumnos, una proporción mayor al promedio de 11,6% registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los estudiantes del grupo con mayores recursos económicos y sociales obtuvieron, en promedio, 73 puntos más en ciencias que quienes integran el grupo con menos recursos. Aunque la diferencia es amplia, fue menor que la brecha promedio de 84 puntos observada en la OCDE.

Los resultados de PISA 2025 volvieron a mostrar una amplia distancia entre los estudiantes de Centroamérica y los niveles de aprendizaje de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Costa Rica registró el mejor desempeño entre los países centroamericanos evaluados, seguida por El Salvador, mientras Guatemala quedó última entre las naciones de América Latina y el Caribe que participaron.

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) mide cada tres años las competencias de alumnos de 15 años en matemática, lectura y ciencias. La edición de 2025 tuvo a las ciencias como área central y reunió a más de 760 mil estudiantes de 91 países y economías. La prueba se aplica a muestras representativas de jóvenes escolarizados, lo que permite comparar los resultados de los sistemas educativos.

En Centroamérica, Honduras quedó fuera de la evaluación. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) atribuyó la ausencia al desinterés de la Secretaría de Educación. La organización señaló que PISA es una de las principales herramientas internacionales para conocer el estado de los aprendizajes y orientar políticas educativas.

En 2023 las autoridades hondureñas argumentaron que la evaluación tiene repercusiones negativas en el magisterio.

Costa Rica obtuvo el mejor desempeño de Centroamérica, aunque quedó bajo el promedio de la OCDE

Costa Rica mantuvo los mejores resultados entre los países centroamericanos incluidos en la medición. En matemática obtuvo 387 puntos, dos más que en 2022, y en lectura llegó a 416 puntos, frente a los 415 de la evaluación anterior.

En ciencias, el 56% de los estudiantes costarricenses alcanzó el nivel 2 o superior, considerado el umbral básico de desempeño. El promedio de la OCDE fue del 74%.

El país amplió la cobertura de la educación secundaria entre 2015 y 2025, con una mayor incorporación de jóvenes de sectores históricamente marginados. Esa expansión coincidió con dificultades en los centros educativos: el 68% de los alumnos estudia en instituciones donde los directores informaron falta de materiales, como libros, computadoras o laboratorios.

Además, el 64% asiste a escuelas con problemas de infraestructura y más de la mitad concurre a centros con falta de docentes o personal de apoyo.

El Salvador mejoró en ciencias, pero siguió lejos de los niveles mínimos internacionales

El Salvador participó por segunda vez en PISA, luego de su primera inclusión en 2022. El país mejoró en ciencias, aunque mantuvo resultados similares en matemática y lectura.

Solo el 12% de los estudiantes salvadoreños alcanzó el nivel mínimo en matemática. En lectura lo logró el 29% y en ciencias, el 35%. En los países de la OCDE, esos porcentajes fueron 65%, 69% y 74%, respectivamente.

La proporción de alumnos con bajo desempeño en ciencias bajó seis puntos porcentuales desde 2022. Aun así, casi ningún estudiante llegó a los niveles más altos en las tres áreas evaluadas.

La muestra incluyó a 7,073 estudiantes de 278 escuelas, representativos de unos 77 mil adolescentes de 15 años. El 43% pertenecía al cuartil socioeconómico internacional más desfavorecido.

También hubo indicadores vinculados a la asistencia y al entorno escolar. El 38% faltó al menos un día de clases durante las dos semanas previas a la prueba y el 25% afirmó que sufrió bullying varias veces al mes o con mayor frecuencia.

Guatemala quedó última entre los países latinoamericanos y caribeños participantes

Guatemala registró los resultados más bajos entre los países de América Latina y el Caribe que participaron en PISA 2025.

Apenas el 8% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo en matemática. En lectura, la proporción fue del 17%, mientras que en ciencias llegó al 21%. Casi ningún alumno alcanzó los niveles altos de desempeño en las tres materias.

El mayor retroceso se concentró en lectura. Desde 2017, la proporción de estudiantes con bajo rendimiento aumentó 13 puntos porcentuales. Los resultados en lectura y ciencias también cayeron frente a esa edición, mientras matemática se mantuvo cerca de los niveles registrados entonces.

La expansión de la educación secundaria hacia poblaciones antes excluidas del sistema aparece como uno de los factores que deben considerarse al analizar los resultados. El nivel socioeconómico explicó el 17% de la variación del rendimiento en ciencias.

Participaron 7,014 estudiantes de 408 escuelas, una muestra representativa de unos 193,500 jóvenes de 15 años. El 53% asiste a centros donde la falta de materiales afecta la enseñanza.

República Dominicana mantuvo resultados estables frente a 2022

República Dominicana permaneció muy por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas. El 9% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemática, el 23% lo hizo en lectura y el 26%, en ciencias.

Los resultados se mantuvieron estables respecto de 2022, aunque aumentó la brecha entre los alumnos con mayores y menores desempeños en matemática y ciencias. Casi ningún estudiante alcanzó los niveles más altos.

La evaluación reunió a 7,080 estudiantes de 257 escuelas, representativos de unos 127,900 jóvenes de 15 años.

El diálogo giró en torno al desempeño de la Argentina en las evaluaciones internacionales y a las explicaciones del Gobierno. Allí, Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, atribuyó la situación a “las políticas educativas previas” y sostuvo que el deterioro local se agravó por una caída general en los aprendizajes a nivel mundial.

Ante la consulta inicial de Feinmann en Radio Mitre, que preguntó qué explicación tenía para datos que consideró “una tragedia”, Torrendell respondió que existían “dos cuestiones convergentes” en el diagnóstico oficial. La primera, indicó, fue “no poner el foco en los aprendizajes fundamentales durante las políticas educativas previas”.

El funcionario afirmó que “acá hay una crisis muy potente en lengua y en matemática” y agregó que esa situación “luego causa estragos en el mundo de las ciencias”. Según planteó, la Argentina ya ocupaba posiciones rezagadas en evaluaciones anteriores y el cuadro actual se inscribió en esa trayectoria.

En ese punto, Feinmann le preguntó si se trataba de “la pesada herencia del kirchnerismo”. Torrendell respondió: “Indudable. Eso es indudable”. Después amplió que, a su entender, las gestiones anteriores “han sido muy dispersas” y “han enfocado en el distribucionismo, a una inclusión mal entendida y no en lograr los aprendizajes fundamentales de los chicos”.

Cuando el periodista planteó que el gobierno de Javier Milei ya llevaba tres años y preguntó si no habían podido mejorar la situación de los alumnos que llegaron a los 15 años, Torrendell corrigió el plazo y remarcó el momento en que se tomó la prueba.

“Para empezar, no son tres años, sino que esta prueba se tomó a esta altura del año pasado. Por lo tanto, estamos hablando de “un año y medio aproximadamente””, señaló. Luego dijo que en ese período el oficialismo ya vio avances en las pruebas Aprender del nivel primario.

Según explicó, esos resultados respondieron a un “foco puesto fuerte” en los aprendizajes básicos. También comparó la evolución educativa con procesos de otras áreas y sostuvo que algunas variables pueden mejorar antes que otras. “Tenemos que seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo para que esto impacte próximamente en el nivel secundario”, afirmó.

La entrevista también abordó los datos de alfabetización en primaria. Feinmann preguntó si todavía ocurría que “la mitad” de los alumnos de tercer grado no sabían leer y escribir. Torrendell respondió que ese fue el resultado de una evaluación tomada a fines de 2024.

El secretario precisó que esa prueba se realizó en noviembre de ese año y la definió como la línea de base de la actual gestión. Además, anticipó que en noviembre de 2026 volverán a tomar la evaluación Aprender de alfabetización y que incorporarán matemática.

En ese tramo, Feinmann formuló una de las frases más duras de la charla: “Si se levanta de la tumba y ve que chicos de tercer grado, la mitad de los chicos del país, son analfabetos en el siglo XXI”, dijo en referencia a Domingo Faustino Sarmiento.

Torrendell respondió con otra definición. “Yo creo que vamos a lograr que resucite o por lo menos que recomience su entusiasmo”, afirmó. Después aseguró que el Gobierno ya observó mejoras en algunas provincias y mencionó futuras mediciones, entre ellas las pruebas Aprender y Cerce, cuyos resultados, según indicó, se conocerán hacia fin de año.

Según las pruebas PISA, los resultados empeoraron con respecto a la medición anterior, en el marco de un deterioro mundial de los aprendizajes, según informó la OCDE al difundir los primeros resultados de la prueba que se tomó el año pasado en 91 sistemas educativos de todo el mundo.

En 2025, Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. Los tres resultados son inferiores a los de PISA 2022, y hay que remontarse hasta 2006 para encontrar cifras menores en Ciencias y Lectura; en Matemática el puntaje es el más bajo de la serie histórica nacional. El país quedó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática, sobre un total de 91 sistemas educativos participantes.

Los resultados de la prueba PISA 2025 arrojan que en Matemáticas, México tuvo una caída de 7 puntos respecto a 2022, pues el 69% de los estudiantes de 15 años no alcanzó en esta última edición el nivel mínimo de desempeño, aunque el país se mantiene como uno de los mejores evaluados en América Latina.

En el promedio de la OCDE, 35% de los alumnos queda por debajo del nivel mínimo, muy por debajo del rango regional de entre 57% y 92%. Ese retroceso colocó a México en un grupo de cinco países latinoamericanos que bajan en Matemáticas entre 2022 y 2025.

Según el informe “¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo con base en resultados publicados por la OCDE, México obtuvo 388 puntos en Matemáticas. Solo lo superan Uruguay con 405 y Chile con 403 dentro de los 13 países latinoamericanos analizados.

Paraguay y Guatemala registraron 334 puntos, mientras República Dominicana alcanzó 339. El promedio de la OCDE en esa materia es de 463 puntos.

En Matemáticas ningún país de la región mejora y México cae 7 puntos

La prueba PISA evalúa a estudiantes de 15 años en Lectura, Matemáticas y Ciencias, y mide no solo conocimientos, sino la capacidad de usarlos en situaciones nuevas. En 2025 participaron 91 países y economías, de los cuales 38 son miembros de la OCDE; América Latina estuvo representada por 13 países.

En Matemáticas, la proporción de estudiantes latinoamericanos que no llega al nivel 2 de desempeño va de 57% a 92%. Los mejores resultados de la región en ese indicador corresponden a Uruguay con 57%, Chile con 59% y México con 69%.

Por el contrario, en el extremo opuesto aparecen Guatemala con 92%, República Dominicana con 91% y Paraguay con 91%. La publicación también señaló que entre 2022 y 2025 las caídas significativas en Matemática se observan en Argentina con -11 puntos, Guatemala con -10, Chile con -9, Perú con -9 y México con -7.

Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, sostuvo: “Los resultados de PISA 2025 confirman que la crisis educativa en Matemática es un fenómeno regional: incluso los países mejor posicionados de América Latina, tienen a más de la mitad de sus estudiantes por debajo del nivel mínimo de competencia. En otros países esto llega al 80% de los estudiantes”.

Volman añadió: “Mientras seis países de la región lograron mejorar sus resultados en Ciencias, mostrando que el retroceso no es inevitable, otros países retrocedieron en las diferentes áreas evaluadas. Esto nos exige mirar más allá de nuestras fronteras: necesitamos aprender de las experiencias de países que lograron revertir la tendencia negativa, y construir políticas educativas sostenidas en el tiempo, con el máximo nivel de compromiso de gobiernos, docentes, familias, organismos internacionales y sociedad civil”.

Martín Nistal, director del Observatorio de la misma organización y coautor del informe, afirmó: “Los resultados obtenidos en Matemática en la región siguen mostrando un rezago importante respecto al resto de países del mundo. Potenciar los aprendizajes fundamentales es crucial para el desarrollo de los países de Latinoamérica”.

Ciencias es el área con mejores desempeños regionales, pero sigue lejos de la OCDE

En Ciencias, que fue el área de foco en la edición 2025 como ocurrió en 2006 y 2015, los mejores resultados de América Latina correspondieron a Uruguay con 445 puntos, Chile con 442 y Costa Rica con 424. Guatemala queda al final con 351, seguida de Paraguay con 355 y República Dominicana con 361.

El promedio de la OCDE en Ciencias es de 482 puntos. En esa área, el porcentaje de alumnos por debajo de los aprendizajes mínimos oscila entre 36% en Uruguay y 79% en Guatemala, frente a 26% en el promedio de la organización.

Los tres países con menor proporción de estudiantes debajo del nivel mínimo en Ciencias son Uruguay con 36%, Chile con 36% y Costa Rica con 45%. Los porcentajes más altos corresponden a Guatemala con 79%, Paraguay con 76% y República Dominicana con 74%.

Del 2022 y 2025, Costa Rica registra la mayor mejora en Ciencias con 13 puntos. Le siguen El Salvador con 12 y Uruguay con 9; del otro lado, Guatemala cae 22 puntos, Paraguay 13 y Argentina 13.

En los niveles más altos de desempeño en Ciencias, los niveles 5 y 6, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Colombia muestran cerca de 1% de sus estudiantes.

Lectura muestra caídas regionales y ningún avance relevante

En Lectura, los puntajes latinoamericanos se ubican entre 337 y 436 puntos, mientras el promedio de la OCDE es de 461. Chile encabeza la región con 436 puntos, seguido de Uruguay con 423 y Costa Rica con 416; al final se colocan Guatemala con 337, República Dominicana con 346 y Paraguay con 352.

La proporción de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo en esta área va de 38% a 83%. Los porcentajes más bajos son los de Chile con 38%, Uruguay con 43% y Costa Rica con 47%, mientras los más altos se observan en Guatemala con 83%, República Dominicana con 78% y Paraguay con 77%.

De acuerdo con el informe, ningún país de la región mejora de manera estadísticamente significativa en Lectura entre 2022 y 2025. Las caídas significativas aparecen en Guatemala, Paraguay, Perú, Argentina, Chile y Uruguay.

La mirada conjunta del estudio ubica a Chile, Uruguay y Costa Rica como los países con mejores resultados regionales en las tres áreas, mientras Guatemala, República Dominicana y Paraguay registran los puntajes más bajos. En toda la región, los resultados van de 337 a 436 puntos en Lectura, de 334 a 405 en Matemática y de 351 a 445 en Ciencias.

“En México, los resultados de PISA 2025 muestran importantes desafíos en las competencias evaluadas y refuerzan la urgencia de garantizar los aprendizajes fundamentales”, consideró Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero. Y agregó:“ Aunque el país se ubicó entre los tres con mayor puntaje de América Latina en Matemática, con 388 puntos, 7 de cada 10 de las y los estudiantes no alcanzó el nivel 2, considerado el mínimo de competencia. Así, una posición relativamente favorable dentro de la región convive con una proporción todavía muy alta de estudiantes que no logra los desempeños fundamentales esperados”.

Los estudiantes argentinos volvieron a mostrar bajos niveles de aprendizaje en las pruebas PISA. Esta vez, los resultados empeoraron con respecto a la medición anterior, en el marco de un deterioro mundial de los aprendizajes, según informó la OCDE al difundir los primeros resultados de la prueba que se tomó el año pasado en 91 sistemas educativos de todo el mundo.

En 2025, Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. Los tres resultados son inferiores a los de PISA 2022, y hay que remontarse hasta 2006 para encontrar cifras menores en Ciencias y Lectura; en Matemática el puntaje es el más bajo de la serie histórica nacional. El país quedó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática, sobre un total de 91 sistemas educativos participantes.

La caída fue de 13 puntos en Ciencias, donde Argentina había obtenido 406 en 2022; de 12 puntos en Lectura, desde los 401 de la edición anterior; y de 11 puntos en Matemática, donde había alcanzado 378. Es la primera vez, dentro de la serie comparable, que Argentina cae en las tres áreas evaluadas por la prueba de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La comparación marca un cambio con respecto a PISA 2022: entonces, luego de la pandemia, Argentina casi no había modificado sus resultados mientras se producía un derrumbe de los aprendizajes en buena parte del mundo. Ahora, en cambio, los tres puntajes argentinos retrocedieron, en paralelo a otra caída generalizada en los países participantes, sobre todo en Lectura.

Para Argentina, el deterioro se produce desde niveles que ya eran bajos. En 2025, apenas el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó al menos el nivel 2 en Matemática, considerado por PISA como el umbral básico de desempeño. Es decir, el 76% –más de tres de cada cuatro– no logró resolver las tareas mínimas esperadas para un adolescente de 15 años. En Lectura llegó al nivel básico solo el 40% y en Ciencias, el 41%: seis de cada diez quedaron por debajo del mínimo en ambas materias.

A los 15 años, el 48,8% de los estudiantes argentinos tiene un desempeño bajo simultáneamente en Ciencias, Lectura y Matemática. En el promedio de los países de la OCDE esa proporción es del 19,7%. En el otro extremo, apenas el 1,2% de los alumnos argentinos alcanza los niveles más altos de desempeño en al menos una de las tres áreas, contra el 11,9% en la OCDE.

Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años. En esta edición participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías, que representan unos 33 millones de adolescentes. En Argentina realizaron la prueba 11.093 estudiantes de 412 escuelas, una muestra representativa de unos 609.100 jóvenes de 15 años. La prueba se administró en formato digital, mediante computadoras, igual que en 2022.

PISA no evalúa el dominio de contenidos curriculares específicos (como Aprender), sino la capacidad de los estudiantes para utilizar conocimientos y habilidades frente a problemas y situaciones nuevas. En 2025 el área principal fue Ciencias, mientras que Matemática y Lectura fueron evaluadas como dominios secundarios. También se incorporó una nueva prueba de resolución computacional de problemas.

Una caída en las tres áreas

En Ciencias, Argentina descendió de 406 puntos en 2022 a 393 en 2025. La distancia entre Argentina y el promedio de la OCDE (482 puntos) en esta materia fue de 89 puntos. Mientras Argentina perdió 13 puntos desde 2022, para la OCDE la caída fue de 3 puntos. En esta edición, el informe PISA estima que alrededor de 20 puntos pueden servir como referencia aproximada del aprendizaje que adquiere un estudiante durante un año de escolarización.

En Lectura, el puntaje argentino bajó de 401 a 389, mientras el promedio OCDE quedó en 461. En este caso, el retroceso internacional fue todavía mayor: entre 2022 y 2025, la OCDE perdió en promedio unos 14 puntos, frente a los 12 de Argentina.

En Matemática, Argentina obtuvo 367 puntos, 11 menos que en 2022. Es el peor resultado de la serie argentina comparable en esta área. El promedio OCDE fue de 463 puntos, 96 más que Argentina, y también descendió desde 2022: la caída promedio fue de 9 puntos.

La trayectoria histórica muestra diferencias entre las tres disciplinas, según explica el informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo a partir de los datos difundidos este martes por la OCDE.

En Ciencias, Argentina había oscilado durante años alrededor de los 400 puntos: obtuvo 391 en 2006, 401 en 2009, 406 en 2012, 404 en 2018 y nuevamente 406 en 2022. Los 393 puntos de 2025 devuelven al país prácticamente al nivel con el que comenzó la serie.

En Lectura, el deterioro reciente también es marcado: el país venía de 402 puntos en 2018 y 401 en 2022, y cayó ahora a 389. El valor, sin embargo, todavía queda por encima de los 374 puntos registrados en 2006, el peor antecedente argentino en esa materia.

El informe de la OCDE advierte también sobre una profundización de las desigualdades de aprendizaje: entre 2022 y 2025 se amplió la distancia entre los estudiantes con mejores y peores resultados en Matemática y Ciencias, pero en Lectura esa brecha no tuvo un cambio relevante.

Infobae consultó al Ministerio de Capital Humano para conocer su lectura de los resultados argentinos, pero no obtuvo respuesta.

Matemática, en situación crítica

Además de los puntajes promedio, PISA distribuye a los alumnos según distintos niveles de desempeño, desde el 1 (que se presenta subdividido para reflejar los desempeños más bajos) hasta el 6 (el más alto). El nivel 2 funciona como referencia para identificar las capacidades básicas que se espera que un estudiante pueda utilizar de manera autónoma.

En Matemática, solo el 24% de los argentinos alcanzó ese nivel o uno superior, frente al 65% promedio de la OCDE. Esto significa que tres de cada cuatro estudiantes argentinos tienen dificultades para interpretar por sí mismos una situación matemática sencilla y reconocer cómo representarla, por ejemplo al comparar distancias entre distintas rutas o convertir precios entre monedas.

El porcentaje también empeoró frente a la última edición: en 2022, el 27% alcanzaba al menos el nivel 2. En 2018 lo hacía alrededor del 31%. Casi no hubo estudiantes argentinos en los niveles 5 y 6; en la OCDE, el 8% de los alumnos alcanzó esos niveles.

En Ciencias, el 41% de los alumnos argentinos alcanzó al menos el nivel 2, frente al 74% de la OCDE. Esos alumnos pueden, como mínimo, reconocer explicaciones correctas para fenómenos científicos familiares y utilizar datos sencillos para decidir si una conclusión es válida. En Argentina, el 59% no alcanzó ese umbral y apenas 1% llegó a los niveles 5 o 6, frente al 7% en la OCDE.

En Lectura alcanzó el nivel básico el 40%, frente al 69% promedio de la OCDE. Se trata, por ejemplo, de alumnos capaces de identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información a partir de criterios explícitos y reflexionar sobre la forma o la finalidad de un texto. También aquí apenas 1% de los argentinos llegó a los niveles superiores, frente al 6% de la OCDE.

“Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar. El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática”, consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Argentina, octava en América Latina

Al comparar con el resto de América Latina, se observa que los resultados mantienen a Argentina en la mitad inferior de la tabla regional. Si se ordenan por puntaje los 13 países de la región que participaron en PISA 2025, el país queda octavo en las tres materias. Si bien la mayoría de los países de la región se mantuvieron estancados o retrocedieron, Argentina figura entre los que más cayeron desde 2022. Costa Rica y El Salvador son los dos únicos países latinoamericanos que no retrocedieron en ninguna de las tres áreas.

En Ciencias, el mejor resultado latinoamericano fue el de Uruguay, con 445 puntos, seguido por Chile (442), Costa Rica (424), Colombia y México (414), Brasil (409) y Perú (406). Argentina y Ecuador obtuvieron ambos 393 puntos. Por debajo solo quedaron El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Guatemala.

La evolución respecto de 2022 muestra un cambio relevante para Argentina. Entonces el país había obtenido 406 puntos en Ciencias y superaba por 3 a Brasil, que tenía 403. En 2025, Brasil llegó a 409 y Argentina cayó a 393: ahora los separan 16 puntos.

Algunos países de la región mejoraron en Ciencias entre 2022 y 2025: Costa Rica (+13 puntos), El Salvador (12), Uruguay (9), Brasil (6), México (4) y Colombia (3), mientras que Argentina y Paraguay perdieron 13 puntos. Solo Guatemala tuvo un retroceso mayor (-22 puntos).

En Lectura, Chile lideró América Latina con 436 puntos, seguido por Uruguay (423), Costa Rica (416), México y Brasil (408), Colombia (399) y Perú (390). Argentina obtuvo 389, apenas 1 punto menos que Perú.

En Matemática, Uruguay obtuvo 405, Chile 403, México 388, Costa Rica 387, Perú 382, Colombia 381 y Brasil 377. Argentina quedó detrás de esos siete países con 367 puntos, apenas por encima de Ecuador, que obtuvo 366. La caída argentina de 11 puntos entre 2022 y 2025 fue la mayor entre los países latinoamericanos en esta materia.

Una de las novedades de PISA 2025 fue la evaluación de resolución computacional de problemas, que midió la capacidad de los estudiantes para resolver problemas en entornos digitales mediante herramientas de programación y modelización, a través de tareas que exigían experimentar, analizar datos, construir y corregir producciones digitales y adaptar las estrategias a medida que recibían información y retroalimentación.

En esta prueba, Argentina obtuvo 403 puntos, frente a un promedio de 500 en la OCDE. Entre los países latinoamericanos, quedó por debajo de Chile (466), Uruguay (462), México (453), Costa Rica (452), Perú (436), Colombia (432), Ecuador (422) y Brasil (406), y por encima de El Salvador (401), República Dominicana (379), Guatemala (369) y Paraguay (352). Así, Argentina quedó novena entre los 13 países de la región en esta nueva evaluación.

Un deterioro mundial

En la cima de PISA 2025 volvieron a destacarse los sistemas educativos de Asia oriental. Las jurisdicciones chinas de Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang –agrupadas por la OCDE como B-S-J-Z (China)– y Singapur obtuvieron los desempeños más altos en el conjunto de Ciencias, Matemática y Lectura. Además, Estonia, Japón, Corea del Sur, Macao (China), Taipéi (China) y Reino Unido se ubicaron entre los diez sistemas con mejores resultados en las tres áreas evaluadas.

El informe de la OCDE señala que PISA 2025 registró los puntajes promedio más bajos desde que se realiza la evaluación en Ciencias, Lectura y Matemática. El comportamiento, sin embargo, no fue igual en las tres materias. Entre 2022 y 2025, Ciencias se mantuvo relativamente estable en la mayoría de los sistemas educativos, mientras continuaron las caídas en Lectura y Matemática. De los 74 países y economías con resultados comparables, 48 no mostraron grandes cambios en Ciencias, pero al menos la mitad retrocedió en Lectura y Matemática.

La OCDE advierte que la pérdida de aprendizajes es parte de un proceso de largo plazo y no puede explicarse únicamente por el cierre de las escuelas durante la pandemia. Entre los factores que analiza aparecen la disminución de la lectura por placer, cambios en los hábitos digitales, problemas persistentes de asistencia y una menor interacción familiar vinculada con la vida escolar.

“PISA 2025 muestra que la lectura atraviesa un deterioro que excede a América Latina: es el área que más retrocedió globalmente en los últimos años. La diferencia es que nuestra región enfrenta esa tendencia desde niveles de aprendizaje mucho más bajos”, afirmó Romina Durán, jefa de investigación del Instituto de Evidencia Educativa.

Distracción digital y clima escolar

Los cuestionarios complementarios de PISA permiten observar algunos rasgos de la experiencia escolar. Los datos muestran que Argentina se ubica por encima del promedio de la OCDE en indicadores referidos a la presencia del celular y de la inteligencia artificial.

El informe vuelve a destacar el nivel de distracción digital dentro del aula: el 55% de los estudiantes argentinos dijo que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante la mayoría o todas las clases de Ciencias. En el promedio de la OCDE, la cifra es del 28%.

El 37% de los alumnos argentinos asiste a escuelas donde está prohibido utilizar celulares en todo el establecimiento, contra el 49% en la OCDE. Entre quienes concurren a escuelas con esa restricción, la probabilidad de reportar distracción digital es alrededor de un 19% menor, señala el documento.

Los adolescentes argentinos también utilizan herramientas de inteligencia artificial con más frecuencia que el promedio internacional. El 52% dijo usar chatbots de IA al menos una vez por semana para ayudarse a aprender, frente al 46% de la OCDE. Un 41% los utiliza para investigar temas nuevos y otro 41% para resumir textos que debía leer.

También aparecen dificultades en el clima escolar. El 58% de los estudiantes sostuvo que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas las clases de Ciencias, casi el doble del 31% registrado en la OCDE. A su vez, el 47% señaló que sus compañeros no escuchan lo que dice el docente, frente al 29% promedio internacional.

Otro indicador que empeoró es la puntualidad. El 66% de los adolescentes argentinos afirmó haber llegado tarde a la escuela al menos una vez en las dos semanas anteriores a la prueba, frente al 50% en la OCDE. En cambio, el ausentismo está en línea con el promedio internacional: el porcentaje de estudiantes argentinos que faltó al menos un día (20%) resultó algo menor que el promedio de la OCDE, de 22%.

Los datos contrastan con un hallazgo positivo de cara al Día del Maestro: la alta valoración de los docentes. Los estudiantes argentinos muestran una percepción favorable sobre el apoyo de sus profesores de Ciencias: 78% dijo que el docente se interesa por el aprendizaje de todos los alumnos, 73% que continúa enseñando hasta que entienden y 79% que brinda ayuda extra cuando es necesaria. Los tres indicadores superan los promedios de la OCDE.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 dejaron para Colombia un desempeño desigual en las tres áreas evaluadas: Matemáticas, Lectura y Ciencias. El principal resultado se encuentra en Matemáticas, donde el 71% de los estudiantes colombianos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño, de acuerdo con el informe ¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?, elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La cifra se obtiene al sumar el 40% de estudiantes que quedó por debajo del nivel 1a y el 31% que se ubicó en el nivel 1a. En consecuencia, el 29% alcanzó los niveles 2, 3 y 4, mientras que no se registró una proporción de estudiantes colombianos en el nivel 5 o superior.

El resultado de Matemáticas se presenta además en un escenario regional en el que ningún país latinoamericano registró una mejora estadísticamente significativa en esta área frente a 2022.

Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas

En PISA 2025, Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas y ocupó el sexto puesto entre los países latinoamericanos incluidos en la medición.

El resultado colombiano quedó ocho puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 373 puntos, pero 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE, situado en 463.

Colombia se ubicó por debajo de Uruguay, Chile, México, Costa Rica y Perú, mientras que superó a Brasil, Argentina, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.

Frente a 2022, el país presentó una disminución de dos puntos, al pasar de 383 a 381.

En cuanto a la distribución por niveles de desempeño, 40% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 1a y 31% se ubicó en el nivel 1a. Otro 29% alcanzó los niveles 2, 3 y 4 y no hubo estudiantes representados en el nivel 5 o superior.

La gráfica muestra que siete de cada diez estudiantes colombianos quedaron por debajo del nivel 2 en Matemáticas, al sumar quienes se ubicaron por debajo del nivel 1a y quienes alcanzaron el nivel 1a. El porcentaje colombiano se encuentra por debajo del promedio latinoamericano de estudiantes que no alcanzaron el nivel 2, que fue de 76%, pero por encima del promedio de la OCDE, de 35%.

En América Latina, los mejores resultados en este indicador correspondieron a Uruguay, con 57%; Chile, con 59%, y México, con 69%. Los porcentajes más altos fueron los de Guatemala, con 92%; República Dominicana, con 91%, y Paraguay, con 91%.

La evolución de Colombia en Matemáticas

La trayectoria de Colombia muestra que el país alcanzó su mayor puntaje en Matemáticas en 2018, con 391 puntos. Después obtuvo 383 en 2022 y 381 en 2025.

La medición de 2025 mantuvo a Colombia en el sexto puesto regional, el mismo lugar que ocupó en 2018 y 2022. El resultado también confirma una reducción frente al máximo de 391 puntos alcanzado en 2018.

Ningún país latinoamericano mejoró significativamente en Matemáticas

La comparación entre PISA 2022 y PISA 2025 muestra que ningún país de América Latina registró una mejora estadísticamente significativa en Matemáticas.

Las caídas significativas se presentaron en Argentina, que perdió 11 puntos; Guatemala, que bajó 10; Chile, que retrocedió nueve; Perú, con nueve puntos menos, y México, con una disminución de siete.

En el promedio regional, el puntaje pasó de 378 puntos en 2022 a 373 en 2025, mientras que el promedio de la OCDE descendió de 472 a 463.

Uruguay encabezó el resultado latinoamericano en Matemáticas con 405 puntos, pese a una reducción de cuatro unidades. Chile ocupó el segundo lugar, con 403 puntos, luego de una caída de nueve.

Costa Rica registró 387 puntos y aumentó dos frente a 2022. El Salvador pasó de 340 a 343 y República Dominicana mantuvo los 339 puntos de la medición anterior.

Colombia también retrocedió en Lectura

En Lectura, Colombia obtuvo 399 puntos en PISA 2025 y ocupó el sexto lugar entre los países latinoamericanos participantes.

El resultado significó una caída de 10 puntos frente a la medición comparable anterior, cuando el país había registrado 409 puntos. Colombia quedó 10 puntos por encima del promedio latinoamericano, de 389, pero 62 puntos por debajo del promedio de la OCDE, de 461.

En los niveles de desempeño, 25% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 1a y 29% se ubicó en el nivel 1a. El 45% alcanzó los niveles 2, 3 y 4 y el 1% llegó al nivel 5 o superior.

La distribución permite observar que 54% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 2 en Lectura, al sumar el 25% ubicado por debajo del nivel 1a y el 29% que alcanzó el nivel 1a.

El porcentaje restante se distribuyó entre los niveles 2, 3 y 4, con 45%, y el nivel 5 o superior, con 1%.

En el conjunto de América Latina, la proporción de estudiantes que no alcanzó el nivel mínimo en Lectura osciló entre 38% y 83%, frente al 31% del promedio de la OCDE.

Los porcentajes más bajos correspondieron a Chile, con 38%; Uruguay, con 43%, y Costa Rica, con 47%. En el extremo contrario estuvieron Guatemala, con 83%; República Dominicana, con 78%, y Paraguay, con 77%.

Colombia pasó de 409 a 399 puntos en Lectura

La evolución de los resultados colombianos muestra que el país alcanzó su mayor registro de la serie en 2015, con 425 puntos. Posteriormente, el puntaje pasó a 412 en 2018, 409 en 2022 y 399 en 2025.

El resultado de 2025 representó una disminución de 10 puntos frente a 2022 y dejó a Colombia por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil y México en la clasificación regional.

Entre 2022 y 2025, ningún país de América Latina mejoró de manera estadísticamente significativa en Lectura. Seis países presentaron caídas significativas: Guatemala, Paraguay, Perú, Argentina, Chile y Uruguay.

Ciencias fue el área con mejor resultado para Colombia

En Ciencias, área que tuvo el foco principal de PISA 2025, Colombia presentó una variación positiva frente a la medición anterior.

El país obtuvo 414 puntos, tres más que los 411 registrados en 2022. Con este resultado, Colombia ocupó el cuarto puesto regional, compartido con México.

El puntaje colombiano estuvo 15 puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 399, y 68 puntos por debajo del promedio de la OCDE, de 482.

Colombia quedó detrás de Uruguay, Chile y Costa Rica, y superó a Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

En la distribución por niveles de desempeño, 20% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 1a y 30% se ubicó en el nivel 1a. El 49% alcanzó los niveles 2, 3 y 4, mientras que 1% llegó al nivel 5 o superior.

Los datos muestran que 50% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 2 en Ciencias, al sumar el 20% que estuvo por debajo del nivel 1a y el 30% que alcanzó el nivel 1a. El otro 50% se ubicó entre los niveles 2 y 4 o en el nivel 5 o superior.

En la región, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2 osciló entre 36% y 79%, frente al 26% del promedio de la OCDE.

Los mejores resultados fueron los de Uruguay y Chile, ambos con 36%, y Costa Rica, con 45%. Los porcentajes más altos correspondieron a Guatemala, con 79%; Paraguay, con 76%, y República Dominicana, con 74%.

Colombia mejoró tres puntos en Ciencias

Colombia alcanzó su mayor puntaje de la serie en Ciencias en 2009, con 420 puntos. Posteriormente registró 416 en 2015, 413 en 2018, 411 en 2022 y 414 en 2025.

El resultado de 2025 significó una mejora de tres puntos frente a 2022, aunque Colombia pasó del tercer al cuarto puesto regional, compartido con México.

Panamá avanza con cautela hacia una posible incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante un proceso de acercamiento que podría extenderse durante varios años.

El trabajo se organizará a partir de las prioridades nacionales, y el plan ahora contempla un memorándum de entendimiento y una hoja de ruta adaptada a las necesidades del país, señaló la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz.

“Panamá no está en un proceso de adhesión. Panamá no tiene una agenda impuesta por la OCDE. Panamá ha identificado prioridades internas dentro del país para ponerlas en una agenda y estructurarlas dentro de lo que viene a ser un memorándum de entendimiento y un plan de acción”, expresó.

En junio de 2025 se anunció como un hecho histórico que el país había formalizado su solicitud de adhesión a la OCDE, mediante una nota entregada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, al secretario general de la organización, Mathias Cormann, en París, Francia.

Sáiz manifestó que el proceso con la OCDE apunta a incorporar referencias internacionales para mejorar las capacidades estatales, las políticas públicas y las condiciones que favorecen la inversión.

Sostuvo que el objetivo no se limita a una posible adhesión futura al organismo, planteando que Panamá busca conocer y evaluar experiencias de otros países para ajustarlas a su propia realidad.

“Este proceso debe partir de nuestras propias prioridades y necesidades”, afirmó, al señalar que el conocimiento internacional puede servir como una herramienta para reforzar las capacidades nacionales.

La funcionaria disertó sobre las “Rutas hacia el acercamiento de Panamá a la OCDE: variables, beneficios, retos y oportunidades”, durante una actividad en la XI Cumbre Financiera Internacional, organizada por la Asociación Bancaria de Panamá.

El diseño de la estrategia, según explicó, deberá responder a los desafíos internos antes que a modelos externos, manifestando que la intención es utilizar las prácticas internacionales como insumos para identificar políticas que resulten aplicables en el país.

Indicó que Panamá inicia este acercamiento desde una posición favorable, teniendo entre los factores favorables la ubicación geográfica, el Canal de Panamá, la conectividad y las plataformas logística y financiera.

Esas condiciones, dijo, han contribuido a atraer inversiones y a sostener el crecimiento económico nacional, lo que en su opinión constituyen una base sobre la cual el país puede proyectar una nueva etapa de desarrollo.

El escenario internacional exige, de todos modos, avances en áreas que permitan ampliar la competitividad. Por lo que señaló que las transformaciones económicas y laborales demandan instituciones con mayor capacidad de respuesta.

Con anterioridad, el ministro del ramo, Felipe Chapman, sostuvo que una eventual incorporación a la OCDE ayudaría a consolidar la confianza en el país, al proyectar un entorno institucional más sólido y predecible.

La inversión aparece entre las prioridades de la agenda. También forman parte de ese grupo el sistema educativo, el desarrollo de competencias, la integridad pública, la gobernanza y el medio ambiente.

El fortalecimiento del capital humano ocupa un lugar central en el proceso de acercamiento a la OCDE, con una propuesta que incluye desarrollar habilidades, acelerar la adopción tecnológica, aprovechar los datos y mejorar el funcionamiento de las instituciones.

La innovación también figura como un componente de la estrategia. La funcionaria vinculó esa meta con la necesidad de preparar a la población para las competencias que requerirán los nuevos sectores de la economía.

En el ámbito educativo, Sáiz destacó durante su intervención en el foro bancario el valor del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), herramienta que permite medir las competencias de los alumnos y compararlas con referencias internacionales.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) solicitó al Congreso de la República derogar o modificar los beneficios tributarios previstos en la Ley Nº 32434 para las grandes empresas agrarias y agroindustriales.

El gremio sostiene que las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respaldan una revisión de la tasa reducida del Impuesto a la Renta y de otros incentivos incluidos en la norma.

En una carta enviada a senadores y diputados, el titular de Conveagro, Anaximandro Rojas, remitió un pronunciamiento en el que cuestiona el impacto fiscal de la ley y plantea que el debate legislativo priorice a la agricultura familiar.

El gremio cuestiona la tasa de 15% del Impuesto a la Renta

La Ley Nº 32434, vigente desde el 1 de enero de 2026 en sus disposiciones tributarias, estableció una tasa de 15% del Impuesto a la Renta para empresas agrarias hasta 2035. Desde 2036, estas compañías pasarán a tributar con la tasa general de 29,5%.

La norma también contempla un régimen de depreciación acelerada de 20% anual para inversiones en infraestructura hidráulica y obras de riego realizadas entre 2026 y 2035. Además, permite una deducción adicional de 25% por compras a pequeños productores inscritos en el padrón correspondiente, con límites definidos por la legislación.

Conveagro cuestiona que los incentivos tributarios beneficien a empresas que, según su posición, ya cuentan con capacidad económica y participación consolidada en los mercados. La organización reclama que se elimine la tasa reducida para las grandes firmas y se aplique el régimen general del Impuesto a la Renta.

El gremio también cuestionó que la deducción por compras a pequeños productores garantice un beneficio directo para la agricultura familiar. Sostuvo que la medida favorece a empresas intermediarias, sin establecer obligaciones para asegurar precios que mejoren los ingresos de los productores.

La OCDE planteó revisar los incentivos fiscales agrarios

En su análisis, Conveagro atribuye a la OCDE recomendaciones diferenciadas sobre los beneficios de la Ley Nº 32434. El documento señala que el organismo considera que la depreciación acelerada para infraestructura de riego puede mantenerse, al igual que la deducción vinculada a compras de pequeños productores.

Respecto de las tasas diferenciadas para pequeños productores y del crédito fiscal por reinversión, el gremio señala que la OCDE planteó una evaluación de impacto.

La ley dispone que los productores con ingresos netos anuales de hasta 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) queden inafectos al Impuesto a la Renta. Para quienes perciban más de 30 y hasta 150 UIT, establece una tasa de 1,5% sobre el exceso.

La principal demanda de Conveagro se concentra en el beneficio aplicable a grandes empresas agrarias. El gremio afirma que la OCDE recomendó eliminar la tasa reducida para estas compañías y revisar el sistema de devolución de aranceles, conocido como drawback.

Conveagro vincula el debate con la baja presión tributaria

El documento sostiene que la recaudación tributaria de Perú equivale al 17% del producto bruto interno, nivel por debajo del promedio de América Latina y de los países que integran la OCDE. Conveagro argumenta que los gastos tributarios reducen los recursos disponibles para financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales.

La organización señala que el país renuncia a ingresos equivalentes a 2,2% del PBI debido a gastos tributarios. También menciona que, hasta octubre de 2025, se aprobaron 38 leyes que establecieron o ampliaron estos beneficios, con un impacto equivalente a 1,8% del PBI, según la interpretación del gremio sobre el informe de la OCDE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a Perú eliminar los regímenes tributarios especiales para grandes agroexportadoras, pues el sector ya tiene suficiente capacidad contributiva y sus actuales beneficios generan pérdida de ingresos fiscales sin crear inversión adicional.

En su revisión de política tributaria 2026, el organismo internacional sugiere al país andino retornar a la tasa general y repensar otros incentivos, como el drawback, para que correspondan al verdadero costo pagado y no resulten en subsidios o rentas extraordinarias.

OCDE: beneficios y baja carga tributaria en el sector agroexportador

El informe señala que las empresas agroexportadoras gozan de una tasa reducida del Impuesto a la Renta (IR) del 15%, muy por debajo de la tasa general del 29,5%.

Esta ventaja, vigente desde 2001 y prorrogada por la Ley 32434 hasta 2035, se suma a deducciones aceleradas para inversiones, exenciones del IGV para insumos y productos agrícolas, y el uso extendido del sistema drawback.

Según la OCDE, el sistema actual de devolución de impuestos termina beneficiando de modo desproporcionado a las grandes empresas del sector.

El crecimiento de las exportaciones agrícolas entre 2011 y 2024 fue del 363%, pero la participación de las agroexportadoras en el total de recaudación fiscal permanece baja: la relación entre impuestos pagados y valor agregado apenas alcanza el 3% para las grandes empresas de cultivos de exportación, según el informe.

La OCDE observa que la permanencia de estos beneficios erosiona la base tributaria y transfiere el costo del desarrollo nacional a otros sectores económicos.

“El diseño de los regímenes actuales otorga beneficios a empresas que ya no los necesitan, reduciendo la progresividad y generando desafíos de sostenibilidad fiscal”, advierte el documento.

Grandes agroexportadoras: solo 3% de su valor agregado termina en impuestos

En este sentido, la OCDE recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú eliminar el IR reducido para las grandes agroexportadoras y regresar al régimen general.

También pide replantear el sistema drawback para que la devolución de impuestos corresponda únicamente a aranceles efectivamente pagados por insumos importados, en lugar de aplicar un porcentaje fijo sobre el valor exportado.

Solo los pequeños productores, con limitada capacidad contributiva, deberían mantener incentivos, y cualquier beneficio fiscal debe someterse a un análisis riguroso de costo-beneficio conforme a la legislación vigente.

El análisis sostiene que los incentivos fiscales solo se justifican cuando existen barreras estructurales que afectan la competitividad, como carencias de infraestructura o capacitación.

Para la OCDE, el sector agroexportador peruano, tras dos décadas de expansión, ya no enfrenta tales obstáculos y debería aportar más a la recaudación fiscal.

Además, el informe desaconseja extender beneficios tributarios a la agroindustria manufacturera vinculada, a menos que existan pruebas de impacto positivo comprobable.

Perú, entre los peores países con presión fiscal

Más allá del sector agroexportador, la OCDE identifica que el ratio impuestos/PIB de Perú es de 16,3%, el más bajo de América Latina y de los países miembros del organismo (promedio OCDE cercano al 35%).

La informalidad laboral alcanza al 70% de la población económicamente activa, y la evasión en el IR y en el IGV oscila entre 33–55% y 28–38%, respectivamente. El costo fiscal de los gastos tributarios supera el 2,2% del PIB y el déficit fiscal ya rebasa el 2,2%, con proyecciones por encima del 3% en la próxima década.

El informe advierte que la informalidad y la proliferación de beneficios fiscales sin evaluación técnica han limitado la capacidad de recaudación. En su momento, el ministro Elmer Cuba solo había acusado el primer aspecto.

Más de la mitad de los trabajadores de mayores ingresos declara estar en la informalidad y los gobiernos subnacionales apenas recaudan 0.3% del PIB en impuestos prediales.

Además, el déficit fiscal y el endeudamiento público podrían llevar la deuda nacional al 50% del PIB en 2036 si no se revierten las tendencias actuales, de acuerdo con OCDE.

Cómo plantea la OCDE transformar el sistema tributario peruano

Entre las recomendaciones, la OCDE destaca la necesidad de fortalecer la coordinación entre la SUNAT y la SUNAFIL, simplificar los regímenes empresariales, racionalizar los gastos tributarios ineficientes y aumentar la fiscalización.

Propone eliminar exenciones sectoriales ineficaces, ampliar la base del impuesto a la renta personal y mejorar la calidad del gasto público para incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

La OCDE concluye que Perú enfrenta el reto de incrementar la recaudación, mejorar la equidad y fortalecer la administración fiscal, en especial en sectores como el agroexportador, donde los beneficios actuales ya no se justifican por la realidad económica del país.

La economía española vuelve a desmarcarse del comportamiento de sus principales socios desarrollados. El producto interior bruto (PIB) español creció un 0,7% entre abril y junio, una décima más que en los tres primeros meses del año, según los datos publicados este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El avance sitúa a España por encima tanto de la media de la organización como de la zona euro, en un contexto en el que varias de las grandes economías mundiales han perdido velocidad.

El crecimiento del conjunto de la OCDE fue del 0,5% en el segundo trimestre, frente al 0,4% registrado en el primero. La diferencia con España, aunque pueda parecer reducida en términos trimestrales, se amplía cuando se observa la evolución acumulada durante el último año. En la zona euro, el PIB aumentó apenas un 0,4% entre abril y junio, después de haberse estancado en el primer trimestre.

El contraste resulta especialmente significativo al comparar España con las economías que integran el G7, el grupo formado por las siete mayores economías avanzadas. El conjunto del bloque creció un 0,3% en el segundo trimestre, una décima menos que entre enero y marzo. Estados Unidos avanzó un 0,4%, frente al 0,5% anterior, mientras que Alemania redujo su ritmo del 0,4% al 0,2% y Japón pasó del 0,5% al 0,3%.

España se desmarca de las grandes economías y crece un 2,7% en un año

Frente a esa pérdida de impulso, España consiguió acelerar. El crecimiento trimestral pasó del 0,6% al 0,7%, reforzando una tendencia que en los últimos años ha situado a la economía española entre las que más crecen dentro de Europa. El dato adquiere mayor relevancia al observar que el avance se produce mientras varias de las principales economías desarrolladas afrontan una evolución más débil.

La comparación interanual ofrece una fotografía todavía más favorable. El PIB de la OCDE creció un 2,3% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, seis décimas más que en el primer trimestre. España, en cambio, registró un incremento del 2,7%, cuatro décimas por encima de la media de la organización.

La distancia es mucho mayor respecto a la zona euro. Los países que comparten la moneda única apenas aumentaron su PIB un 1% en términos interanuales, frente al 2,7% de España. Es decir, la economía española creció durante el último año a un ritmo casi tres veces superior al de la media de sus socios del euro.

Ningún país del G7 iguala el crecimiento español

La comparación con Estados Unidos, Alemania y Japón vuelve a situar a España en una posición destacada. Ningún país del G7 alcanzó en el segundo trimestre un crecimiento interanual como el español. Estados Unidos fue el que más se acercó, con un avance del 2,1%, seis décimas por debajo de España.

La diferencia es todavía mayor frente a las otras grandes economías europeas. Alemania, una de las principales potencias industriales del continente, ha registrado un comportamiento mucho más contenido, mientras que el conjunto de la zona euro apenas alcanza el 1%. España consigue así mantener un ritmo de expansión que contrasta con la debilidad que continúa afectando a buena parte de Europa.

Los datos de la OCDE también muestran que el comportamiento español no es el más elevado entre todos sus miembros. En América Latina, México creció un 1,5% en el segundo trimestre, aunque venía de una caída del 0,6%, mientras que Colombia avanzó un 1,3% y Costa Rica un 1,2%. Chile, por el contrario, se estancó.

Colombia supera a España

En términos interanuales, Colombia fue el único país latinoamericano de la OCDE que superó el crecimiento medio de la organización y también el español, con un avance del 3,4%. Costa Rica creció un 2,2%, México un 1,5% y Chile registró una caída del 0,3%. El dato español destaca, por tanto, sobre todo dentro de su entorno económico más próximo.

La evolución del segundo trimestre refuerza así una de las principales características recientes de la economía española: un crecimiento relativamente más resistente que el de sus socios europeos. Mientras Estados Unidos, Alemania y Japón moderan su avance y la zona euro mantiene un ritmo reducido, España acelera hasta el 0,7% trimestral y acumula un crecimiento del 2,7% en un año.

El precio de los alimentos que integran la canasta básica alimentaria de Costa Rica cayó cerca de un 4% durante el último año, mientras que en los últimos tres meses registró una reducción cercana al 3%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) citados por el Gobierno.

La cifra fue destacada por el Ejecutivo como una señal positiva para el bolsillo de las familias costarricenses, en un contexto internacional marcado por presiones sobre los precios de productos y materias primas.

Durante una intervención pública, el ministro de Hacienda, Francisco Gamboa, señaló que el comportamiento de los precios de los alimentos representa un dato relevante para medir el impacto de la situación económica sobre los hogares.

La canasta básica registra una reducción

Según explicó Gamboa, el reporte mensual del INEC mostró que el conjunto de productos que conforman la canasta básica alimentaria experimentó una disminución de aproximadamente 4% en el último año.

La reducción también se observó en un período más corto. De acuerdo con los datos citados por el funcionario, durante los últimos tres meses la caída fue cercana al 3%.

El comportamiento de los alimentos fue presentado como uno de los indicadores que reflejan la evolución del costo de vida en el país.

Gamboa destacó que estos resultados se producen mientras la economía internacional continúa enfrentando diferentes factores que pueden presionar al alza los precios de los alimentos.

El Gobierno destaca los datos del INEC y la OCDE

La presidenta Laura Fernández resaltó que la información sobre el comportamiento de los precios proviene de fuentes que, según dijo, ofrecen elementos independientes para evaluar la situación económica.

La mandataria mencionó tanto los resultados de una revisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el reporte publicado por el INEC.

Fernández hizo énfasis especialmente en la independencia del instituto estadístico costarricense y aseguró que el Gobierno no interviene en sus resultados.

“Me alegra mucho que dos organismos, por un lado la OCDE, que es internacional, y por otro lado el INEC, que es una institución que yo no le doy órdenes, yo no le superviso, el INEC tiene total independencia, brinden informes con noticias tan importantes para el bolsillo de los costarricenses”, afirmó.

La presidenta consideró que la reducción registrada en los precios representa una noticia favorable para las familias.

“No son suficientes”

Pese a destacar la disminución en el precio de los alimentos, Fernández advirtió que el Gobierno no considera que los resultados sean suficientes.

La mandataria aseguró que las autoridades deben continuar trabajando para reducir el costo de vida y mejorar las condiciones económicas de las familias.

“Esos buenos resultados no son suficientes. No crean que pueden aflojar aquí absolutamente nada. Muy por el contrario, tenemos que seguir luchando por bajar el costo de la vida de todas las familias de nuestro país”, manifestó.

El mensaje plantea que la reducción de los precios de los alimentos constituye un avance, pero no elimina las presiones que todavía enfrentan los hogares costarricenses.

Un dato que impacta directamente a los hogares

La evolución de los precios de los alimentos tiene un peso particular en la economía de las familias debido a que se trata de productos de consumo cotidiano.

Una disminución acumulada cercana al 4% implica que, en términos generales, el conjunto de productos utilizado por el INEC para medir la canasta básica alimentaria presentó precios inferiores a los registrados un año atrás.

Sin embargo, el comportamiento puede variar considerablemente entre productos específicos y entre los distintos períodos de medición.

Por esta razón, la reducción del índice general de la canasta no significa necesariamente que todos los alimentos hayan bajado de precio en la misma proporción.

El Gobierno, no obstante, utiliza las cifras como un indicador favorable dentro de su evaluación de la economía nacional.

El costo de vida continúa en el centro del debate

La evolución de los precios de los alimentos se mantiene como uno de los principales indicadores para las familias, especialmente porque el gasto en comida representa una parte importante del presupuesto de los hogares.

Fernández insistió en que las autoridades deben mantener los esfuerzos para que la reducción observada en los últimos meses pueda sostenerse.

El Ejecutivo considera que el comportamiento registrado por la canasta básica alimentaria es una señal positiva, pero reconoce que todavía existe trabajo pendiente para mejorar las condiciones económicas de la población.

La baja productividad sigue siendo el principal obstáculo para que el Perú alcance su potencial económico. A pesar del crecimiento sostenido de las últimas décadas, el país no logra cerrar la brecha con las economías más desarrolladas.

La falta de capital humano calificado, la desconexión entre la educación y el mercado laboral, y el lento avance de las reformas estructurales han limitado el impacto de la inversión y restringido la capacidad del sector privado para innovar y competir en el entorno global.

Mientras la productividad promedio de la OCDE supera los 60 dólares por hora, el Perú permanece estancado en apenas 20 dólares, una cifra que no ha cambiado en más de una década.

El rezago productivo y el desafío del capital humano

Para Rómulo Martínez, director de Campus Romero y especialista en educación digital e innovación, el verdadero cuello de botella no está en los recursos naturales ni en el territorio, sino en el desarrollo del capital humano.

“Tenemos recursos naturales y una ubicación estratégica en la región, pero donde realmente estamos padeciendo es en la formación y adecuación de nuestro capital humano para lograr mejores métricas de productividad”, afirma.

Martínez señala que, según datos oficiales, siete de cada diez egresados de colegios públicos no acceden a educación superior y la mayoría termina en el subempleo o fuera del mercado productivo.

“La ENLA ya nos dijo que los chicos de quinto de secundaria no están preparados para afrontar educación superior ni para nuevos retos de aprendizaje”, advierte.

Universidades y fuga de talento: el reto de conectar academia y mercado

El experto destaca que, aunque existen universidades de calidad, muchas no cumplen con los estándares mínimos que exige el mercado. Esto ha generado una paradoja nacional: las grandes empresas peruanas deben importar talento extranjero para cubrir puestos clave, mientras que el talento local emigra o no encuentra oportunidades adecuadas.

“Así como hay fuga de talento, también se ha dado una importación de talento porque no se ha encontrado aquí. Empresas como Alicorp buscan talento y les cuesta encontrarlo”, explica Martínez.

Cita un estudio de Korn Ferry según el cual el 60% al 70% de los empleadores a nivel mundial tienen problemas para hallar el talento que requieren, una situación aún más compleja en el Perú, especialmente para las micro y pequeñas empresas que conforman el 99,2% del tejido empresarial.

Educación técnica: inversión, actualización y dignificación pendientes

La brecha no solo es profesional, sino también técnica. Martínez subraya que las carreras técnicas requieren tres o cuatro veces más inversión en infraestructura y tecnología que las universitarias tradicionales, y que los institutos públicos enfrentan serias dificultades para mantenerse actualizados.

“Los docentes de muchos institutos no necesariamente son practitioners ni tienen experiencia de mercado. Eso es alarmante, porque son quienes forman a los próximos técnicos”, alerta para Infobae Perú.

Destaca el rol de SENATI como excepción positiva, pero advierte que el esfuerzo privado no basta sin una política pública sostenida. “El sector privado está haciendo un esfuerzo enorme, pero necesitamos sumar esfuerzos con el Estado para mejorar la calidad y actualización de los docentes y, en consecuencia, de los egresados”, refiere el experto.

Reformas estructurales y el rol de la articulación público-privada

De cara al periodo 2026-2031, Martínez plantea que el país requiere grandes reformas en educación básica y superior, así como una reorientación estratégica de las becas públicas hacia carreras con alta demanda en el sector productivo, como ingeniería, tecnología, ciberseguridad y análisis de datos.

“El país no lo va a construir solo el sector público o solo el sector privado. Por muchos años se han hecho esfuerzos atomizados y es momento de sumar por el resultado del país”, enfatiza.

Considera que la única vía para elevar la productividad y la competitividad nacional es una alianza real y sostenida entre los sectores público y privado, con foco en la formación de talento pertinente y la actualización permanente de los actores educativos.

Un reto y una oportunidad histórica

La productividad nacional seguirá condicionada mientras no se aborden de raíz los problemas de formación, adecuación y actualización del capital humano.

La urgencia de reformar el sistema educativo, dignificar la educación técnica y conectar universidad y empresa no admite más postergaciones. “La educación sí es un gran transformador, pero debemos enfocarnos en resolver asuntos estructurales y hacerlo a gran escala”, concluye Martínez.

El desafío está planteado: solo con una visión integral y colaborativa el Perú podrá aspirar a una economía más productiva e inclusiva, sentencia el especialista.

Colombia paga a sus congresistas la remuneración más alta de América Latina y también registra una de las mayores brechas frente al salario mínimo de los trabajadores.

Senadores y representantes reciben cerca de $52 millones mensuales brutos, unos USD 16.275, en un escenario que reactivará el debate sobre un nuevo intento de recorte salarial en el Capitolio.

La distancia con el resto de la región no es menor. Según una investigación de Cambio, México y Uruguay aparecen detrás con ingresos cercanos a USD 9.500 mensuales, mientras Brasil paga 46.366 reales, equivalentes a unos 9.120 dólares, a sus 81 senadores y 513 diputados federales.

Ese contraste no se limita a la comparación regional. La remuneración de los legisladores colombianos supera la de parlamentarios de países como Japón y se ubica por encima de varios congresos de economías desarrolladas; solo algunos, como el de Estados Unidos, con unos 14.500 dólares mensuales, quedan por encima.

Los 50 senadores de Chile reciben USD 8.747 mensuales y los 155 diputados perciben cerca de 8.239.000 pesos chilenos, alrededor de USD 8.600.

En Argentina, el esquema cambia según la cámara. Los 72 senadores reciben un salario bruto cercano a 11,9 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos USD 8.000 mensuales, mientras los 257 diputados ganan alrededor de 7,3 millones de pesos argentinos, cerca de USD 4.876.

En la parte baja del ranking figuran Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia. Los legisladores paraguayos reciben cerca de USD 6.272 mensuales; en Perú, los ingresos ascienden a unos USD 6.150; en Ecuador, los 151 asambleístas ganan alrededor de USD 4.759 y Bolivia cierra la lista con unos 3.379 dólares para senadores y diputados.

La brecha con el salario mínimo también deja a Colombia en la parte más alta

La comparación con el salario mínimo cambia la escala, pero no la posición de Colombia. Un senador o representante de la actual legislatura recibe una remuneración bruta equivalente a 26 salarios mínimos legales vigentes, en un país que, de acuerdo con el Banco Mundial, se mantuvo en 2025 junto a Sudáfrica entre los de mayor desigualdad de ingresos.

Brasil incluso supera a Colombia en esa relación. Con un ingreso mínimo de 1.621 reales, sus senadores y diputados ganan 28,60 veces ese valor, una proporción casi idéntica a la de Perú, donde los congresistas reciben cerca de 28,32 veces el salario mínimo mensual fijado en 1.130 soles peruanos para 2026.

La distancia también es alta en Argentina y Chile. En el Congreso argentino, los senadores reciben 25,5 salarios mínimos y los diputados cerca de 19; en Chile, con un ingreso mínimo mensual de 553.553 pesos, la remuneración de senadores y diputados equivale a cerca de 15 salarios mínimos.

Ecuador y Bolivia quedan en el otro extremo de la medición. Los asambleístas ecuatorianos ganan cerca de 9,8 salarios mínimos, mientras los legisladores bolivianos reciben una remuneración equivalente a seis salarios mínimos.

El intento de recorte por decreto fue frenado y el debate vuelve al Capitolio

La comparación internacional vuelve más visible la posición colombiana. Según el medio citado, los miembros del Bundestag alemán reciben una remuneración cercana a USD 13.458 mensuales, mientras en España los diputados perciben un salario base de 3.366 euros al mes.

El salario no agota el esquema de beneficios en Colombia. Cada congresista dispone además de un presupuesto equivalente a 50 salarios mínimos mensuales para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo, junto con tiquetes aéreos para viajar entre Bogotá y sus regiones durante las sesiones y recursos para cubrir transporte ligado a su agenda legislativa.

Así mismo, el medio informó que congresistas del Pacto Histórico preparan una nueva iniciativa para reducir la remuneración de senadores y representantes y fijar nuevos límites salariales para los 291 legisladores del país. El proyecto reaparece después de una larga cadena de intentos fallidos: al menos 15 iniciativas han llegado al Capitolio desde comienzos de este siglo sin convertirse en ley.

La razón de ese bloqueo ha sido siempre la misma. Son los propios congresistas los que deben decidir sobre una eventual reducción de su salario, y esa condición ha impedido que prosperen las propuestas para cerrar la diferencia con el ingreso de la mayoría de trabajadores.

Ante esa dificultad, el gobierno de Gustavo Petro expidió en enero de 2026 un decreto que eliminó la prima especial de servicios de los congresistas. Con esa decisión buscaba recortar de un solo golpe un componente cercano a 18 millones de pesos dentro de la remuneración mensual.

La medida fue presentada semanas después del aumento del salario mínimo como un intento de alinear el régimen salarial de los legisladores con criterios de equidad y sostenibilidad fiscal. La intención era que la remuneración mensual pasara de 55 a 37 millones de pesos.

El Consejo de Estado dejó sin efectos el decreto después de estudiar al menos seis demandas presentadas por abogados cercanos a congresistas. Mientras esas acciones se resolvieron en tiempo récord, la demanda contra el decreto de 2013 que creó la prima especial que el Gobierno buscaba eliminar sigue, 13 años después, sin una decisión de fondo.

Costa Rica consolidó su posición como referente regional en atracción de inversión extranjera directa al registrar una mejora en su puntuación dentro del Greenfield FDI Performance Index 2026, aunque descendió al cuarto lugar a nivel mundial, según reportó delfino.cr.

El índice, elaborado por la revista fDi Intelligence con datos de 2025, evalúa la capacidad de los países para atraer proyectos de inversión en relación con el tamaño de sus economías.

Costa Rica se mantuvo como la única nación de América Latina y el Caribe dentro del top 10 global y lideró cómodamente la región.

De acuerdo con información de delfino.cr, Costa Rica superó su puntaje anterior al alcanzar una proporción de proyectos 6.5 veces mayor respecto a lo esperado por el tamaño de su Producto Interno Bruto (PIB).

La cifra mejoró el registro previo de 6.18, aunque el país descendió del tercer al cuarto puesto mundial. Por delante se ubicaron Emiratos Árabes Unidos (19.21), Namibia (7.74) y Ruanda (6. 99).

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), citada por delfino.cr, subrayó que estos resultados reflejan la confianza de las empresas internacionales en el entorno costarricense, sostenido por factores como el talento humano, la seguridad jurídica y la apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

“Nuevamente, Costa Rica demuestra su capacidad para atraer inversión de alto valor. Estos resultados reflejan la confianza de las empresas en nuestro talento humano, seguridad jurídica, innovación y sostenibilidad, pero su verdadero significado está en lo que permiten construir: más empleo de calidad, encadenamientos y más oportunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana”, afirmó Laura López Salazar, según recogió delfino.cr.

El análisis destaca que Costa Rica encabeza el listado de países latinoamericanos y caribeños en el índice. El segundo mejor ubicado de la región, El Salvador, aparece en el puesto 38 con un puntaje de 2.25.

Ningún otro país latinoamericano figura entre los primeros veinte lugares, lo que refuerza la posición costarricense como líder regional en atracción de inversión.

En el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica también sobresale al ser el único miembro de la organización ubicado entre los quince primeros puestos del índice.

Esta clasificación, detalló delfino.cr, ofrece un marco comparativo internacional independiente para evaluar las capacidades de atracción de inversión más allá de los números absolutos de cada economía.

Según la misma fuente, la Procomer precisó que la metodología del índice puede favorecer a economías pequeñas que logran captar pocos, pero significativos, proyectos de inversión. Así, Namibia y Ruanda alcanzaron el segundo y tercer lugar mundial con apenas 16 y 15 proyectos respectivamente, en comparación con mercados más grandes.

En cuanto a la cantidad de proyectos de inversión extranjera directa por millón de habitantes, Costa Rica se ubicó en la octava posición global, con 18,1 proyectos anunciados durante 2025, conforme a los datos publicados por delfino.cr.

El ranking lo encabezó Emiratos Árabes Unidos con 134,6 proyectos por millón de habitantes, seguido por Catar (55,4), Singapur (54,5), Luxemburgo (49,9), Irlanda (37,3), Dinamarca (22,7) y Malta (19,5). Por detrás de Costa Rica figuraron Chipre (17,3) y Hong Kong (15,0).

La gerente general de Procomer, Laura López Salazar, remarcó que la permanencia de Costa Rica en posiciones privilegiadas del índice obedece al esfuerzo sostenido por ofrecer condiciones atractivas para las empresas globales, según el reporte de delfino.cr.

El organismo recalcó que este tipo de clasificaciones no reemplaza las estadísticas oficiales de inversión, pero sí constituye una referencia internacional relevante para comparar el desempeño de diferentes países en la captación de proyectos.

Por último, la promotora costarricense advirtió sobre la interpretación de los resultados, pues la metodología puede magnificar el rendimiento de economías pequeñas con movimientos puntuales en proyectos de inversión. Aun así, la posición lograda por Costa Rica refuerza su papel como destino competitivo y referente para la inversión extranjera directa en la región y a nivel internacional.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) participó en la instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial que coordinará las acciones del Perú vinculadas al Comité de Política Ambiental (EPOC) y al Comité de Químicos y Biotecnología (CBC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), el sector destacó la necesidad de reforzar la gestión ambiental en los proyectos de vivienda, construcción y saneamiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia, transparencia y predictibilidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental.

MVCS busca mejorar evaluación ambiental de proyectos

Durante la sesión, el MVCS señaló que uno de sus principales aportes estará enfocado en consolidar herramientas y procedimientos que permitan evaluaciones ambientales más oportunas y con mayor sustento técnico.

Estas acciones buscan generar mejores condiciones para las inversiones, sin dejar de garantizar la protección del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, en línea con los estándares promovidos por la OCDE.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, destacó la importancia de contar con procesos ambientales más previsibles para impulsar iniciativas sostenibles. “La predictibilidad en la evaluación ambiental es fundamental para impulsar proyectos sostenibles que respondan a las necesidades de la población y al cierre de brechas en infraestructura, asegurando el cumplimiento de los estándares ambientales y promoviendo el desarrollo sostenible del país”.

Perú avanza en compromisos para ingresar a la OCDE

La participación del MVCS forma parte de las acciones que desarrolla el país para cumplir los compromisos establecidos en el proceso de adhesión a la OCDE, declarado de interés nacional mediante el Decreto Supremo N.° 041-2023-PCM.

Este proceso busca que las políticas públicas peruanas se alineen con estándares internacionales relacionados con la gobernanza, sostenibilidad y mejora regulatoria.

El Grupo de Trabajo Multisectorial, liderado por el Ministerio del Ambiente, cuenta con la participación de 25 entidades públicas, entre ellas el MVCS, y tiene como función coordinar la armonización de instrumentos jurídicos bajo responsabilidad de los comités de la OCDE.

Asimismo, el grupo elaborará reportes sobre los avances del Estado peruano en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso de adhesión.

Sector Vivienda reafirma compromiso con gestión sostenible

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que continuará impulsando el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la modernización de la gestión pública.

Con estas medidas, el sector busca promover inversiones sostenibles vinculadas a vivienda, construcción y saneamiento, contribuyendo al desarrollo del país y al cierre de brechas de infraestructura.

La participación del MVCS en el grupo multisectorial representa una de las acciones del Gobierno para avanzar en la incorporación de buenas prácticas internacionales dentro de la administración pública peruana.

Con una tarifa del 35% en el impuesto de renta empresarial, Colombia se posiciona entre las cuatro naciones con la mayor carga nominal dentro de las 146 jurisdicciones evaluadas por la Ocde.

Este porcentaje, que sobrepasa el promedio global por cerca de 14 puntos porcentuales, encarece la actividad operativa de las empresas en comparación con la mayoría de los países de América Latina.

El dato surge del informe Corporate Tax Statistics 2026, citado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). De las 146 jurisdicciones estudiadas, solo 25 tienen un tributo a las utilidades empresariales de 30% o más, mientras 74 se ubican entre 20% y 30% y 11 no cobran impuesto corporativo o aplican una tasa de 0%.

Según el reporte, Francia registra la tarifa más alta del grupo, con 36,1%. Colombia comparte el segundo escalón con Malta y Marruecos, todos con 35%.

“De las 146 jurisdicciones incluidas en los datos de 2026, 25 tenían tasas de impuestos corporativos iguales o superiores al 30% en 2026, siendo Colombia, Malta, Marruecos y Francia las que presentaban las STR más altas, con un 35,0%, 35,0%, 35,0% y 36,1%, respectivamente”, se lee en el documento.

Para una empresa que obtiene $100 de utilidad, el Estado colombiano puede quedarse con $35 por impuesto de renta. Esa tasa general está por encima del promedio global de 21,2% y también del promedio de América Latina y el Caribe, que fue de 21,1%.

El incremento ocurrió después de la pandemia. En 2021, Colombia elevó el impuesto de renta para las empresas de 30% a 35% en medio de la necesidad del Gobierno de aumentar sus ingresos y corregir el deterioro de las finanzas públicas.

Andrés Langebaek, exvicepresidente de Anif, explicó, a La República, que la subida se produjo después del fracaso de la propuesta inicial de reforma tributaria del Gobierno.

“El impuesto de renta en Colombia se subió de 30 a 35 por 100. Eso podríamos decir que fue una medida desesperada para aumentar el recaudo ante unas finanzas públicas deterioradas por la pandemia”, dijo al medio citado.

La carga, además, podía ser mayor en algunas actividades. De acuerdo con Langebaek, sectores como el minero y el financiero llegaron a enfrentar cinco puntos porcentuales adicionales, lo que llevó la tarifa hasta 40%.

“Eso lleva a que las tasas de impuestos en Colombia sean de las más altas del mundo”, afirmó.

La diferencia tributaria puede pesar en decisiones de inversión

Así mismo, el efecto de una tasa alta, según el exvicepresidente de Anif, es que Colombia puede perder atractivo para recibir inversión. Una empresa que evalúa dónde instalar una fábrica, abrir una operación o ampliar su negocio compara la carga tributaria entre países, y una cuenta más alta puede inclinar la decisión hacia otra economía.

“Si consideramos la situación hoy, un empresario que decidió salir de Colombia y establecerse, por ejemplo, en Perú, tiene la ventaja de que en Perú los impuestos son más bajos”, explicó Langebaek.

El impacto también puede trasladarse a la competencia con bienes importados. “La producción colombiana pierde competitividad porque es fácil traer el producto importado y por fuera se pagan tasas de impuestos más económicos”, añadió el experto.

La comparación internacional, de todos modos, tiene un límite. La publicación aclara que una tasa nominal no implica que todas las empresas paguen exactamente ese porcentaje, porque cada país tiene deducciones, beneficios tributarios, regímenes especiales y tarifas distintas según el sector.

Aun con esa salvedad, la tasa estatutaria funciona como una referencia central para medir el nivel de impuestos que enfrentan en principio las empresas y para comparar el atractivo tributario de los países, según la Ocde.

La caída global de los impuestos corporativos se frenó desde 2019

De igual forma, el informe de la Ocde muestra un cambio en la tendencia internacional. Durante las dos últimas décadas, los países redujeron sus impuestos corporativos para atraer inversión: la tasa promedio pasó de 28% en 2000 a 21,5% en 2019.

Desde entonces, esa reducción prácticamente se detuvo. En 2026, el promedio mundial se mantuvo en 21,2%, según el reporte.

Un reciente pronunciamiento en redes sociales sobre el manejo de la deuda pública durante la administración de Gustavo Petro generó una reacción inmediata del presidente saliente.

Según una publicación del periodista Melquisedec Torres, el Gobierno actual habría adquirido una deuda equivalente al monto total acumulado por los cinco gobiernos anteriores —incluyendo los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, los dos de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque.

Los reportes citados por el comunicador afirman que la cifra asciende a 135 mil millones de dólares, superando los 435 billones de pesos, sin que, existan obras de gran envergadura como vías, hospitales, puertos, universidades o aeropuertos que respalden ese endeudamiento. El cuestionamiento central gira en torno a la pregunta: “¿Dónde se gastó ese dinero? ¿qué obras gigantes dejó para el país?, ¿vías, puertos, aeropuertos, universidades, grandes hospitales? NADA”.

El mensaje fue acompañado de un gráfico del economista Mario Fernando Cruz, que muestra la evolución de la deuda pública nacional.

En respuesta a esta publicación, el presidente Gustavo Petro utilizó su perfil en la red social X para defender la gestión financiera de su administración. “Vuelve el de la ignorancia artificial a embrutecer ingenios y débiles de conocimientos”, manifestó.

Según el mandatario, el gráfico utilizado en los informes periodísticos refleja el acumulado de deuda generado durante el gobierno anterior, encabezado por Iván Duque, con la gestión de los ministros de Hacienda Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo.

Petro fue enfático al argumentar que, bajo la administración de Duque, el endeudamiento creció “para dar subsidios a los más ricos y subsidios a la gasolina”, mientras que durante la gestión de Mauricio Cárdenas como ministro de Hacienda en el gobierno de Santos, “se convirtió la bonanza petrolera en deuda”, sumándose al incremento de tasas de interés por parte del Banco de la República.

El mandatario afirmó que “es mi gobierno el que tuerce la curva de total de endeudamiento, como ningún gobierno, hacia abajo y con éxito, mostrando como se desendeuda un país y hace su deuda sostenible”.

En su defensa, Petro señaló que la economía real colombiana experimentó un crecimiento significativo durante su gestión.

“Por eso vimos crecer la economía real de Colombia a un 4,1%, quizás la tasa más alta de crecimiento de algún país de la OCDE en mayo”, aseguró el presidente, sugiriendo que la estrategia de su gobierno ha permitido reducir la dependencia del endeudamiento y fortalecer la sostenibilidad fiscal.

Petro reasigna 4 billones para mitigar el impacto de El Niño y prioriza energía solar

En una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro anunció modificaciones en el Presupuesto General de la Nación. El objetivo es destinar 4 billones de pesos a la atención y mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño, que impactará al país en los próximos meses.

Durante su intervención, Petro señaló la urgencia de las medidas: “Primero, la vida humana en Colombia. ¿Y qué tareas tenemos que afrontar en concreto? Previendo, afrontando lo que los más ricos del mundo nos están ensuciando a nuestra tierra colombiana, destruyéndola, quitándole el agua, por su codicia de consumir tanto petróleo y carbón como nadie hace en cualquier parte del mundo, ni ningún colombiano ni colombiana siquiera”.

El mandatario vinculó la problemática ambiental con la crisis climática global, enfatizando que la causa está en “un modo de producción que nos lleva a morir. Ya no nos lleva a vivir como antes, mejor, sino que nos lleva es a morir y, por tanto, hay que superarlo si queremos vivir en Colombia y en la Tierra”.

Petro explicó que, para responder a la emergencia, el Gobierno priorizó reasignar recursos: “Lo que queremos es cambiar el presupuesto, llevar el dinero a donde se necesita hoy con urgencia. Hoy, no mañana. Hoy. Billones de pesos”.

Indicó que solicitó trasladar los fondos originalmente asignados al programa Colombia Solar, que busca mitigar el impacto del Niño en el suministro eléctrico, hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para sumar un total de ocho billones de pesos en la empresa Geselca.

El presidente advirtió sobre la vigilancia de estos recursos y remarcó: “Ojo con la corrupción. Desde el punto de vista energético, la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica en Colombia para los meses de diciembre, febrero, marzo del año entrante”.

Petro concluyó: “No es con más gas. Es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol y mucho sol en todo el territorio de Colombia”.

Colombia completó el miércoles 15 de julio de 2026 la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, un cambio que la ubica entre los países de América Latina con menor carga horaria legal y que obliga a las empresas a reorganizar turnos, nóminas y modelos operativos sin recortar salarios ni prestaciones.

El cambio cierra el cronograma fijado por la Ley 2101 de 2021, que rebajó en forma gradual la jornada máxima desde las 48 horas históricas: 47 en 2023, 46 en 2024, 44 en 2025 y ahora 42 julio de 2026.

La reducción aplica a trabajadores del sector privado y a empleados de empresas estatales regidos por el Código Sustantivo del Trabajo.

La medida no altera el descanso obligatorio semanal y permite distribuir la jornada en cinco o seis días por acuerdo entre empleador y trabajador. En la práctica, eso equivale a cerca de 8,4 horas diarias en esquemas de cinco días o a siete horas al día en semanas de seis.

Con las 42 horas legales, Colombia queda por debajo de Brasil, Honduras, El Salvador y República Dominicana, que mantienen jornadas máximas de 44 horas semanales.

También se sitúa por debajo de Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Panamá, Guatemala y México, donde la legislación todavía fija topes de 48 horas.

Aun así, el país sigue por encima de Chile, Ecuador y Venezuela, donde la jornada máxima legal es de 40 horas semanales. En Chile, la reducción continúa su implementación gradual hasta 2028, mientras en México sigue abierto el debate para bajar de 48 a 40 horas.

La disminución de la jornada se ha expandido en la región como respuesta a la búsqueda de un mayor equilibrio entre vida laboral y personal, al aumento de la productividad y a cambios en el mercado de trabajo. El desafío es reducir horas sin afectar la competitividad empresarial ni la generación de empleo.

La ley colombiana no fija un número único de horas por día. El artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2466 de 2025, permite pactar jornadas continuas de entre cuatro y nueve horas diarias, repartidas en un máximo de seis días por semana.

Ese esquema flexible implica que trabajar más de ocho horas en un día no genera automáticamente horas extras, siempre que el promedio semanal no supere las 42 horas legales. Si una parte de la jornada se desarrolla entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., el trabajador conserva el derecho al recargo nocturno.

La entrada en vigor de la nueva jornada modifica la estructura de costos de las empresas. Andrés Duque, asociado de Godoy, firma de servicios legales, dijo a El Colombiano que “la reducción de la jornada laboral no implica únicamente trabajar menos horas. También obliga a las empresas a revisar sus modelos operativos y el impacto económico que tendrá una hora laboral más costosa dentro de la nómina”.

El efecto central está en la base de cálculo mensual. Muchas compañías trabajaban con una referencia cercana a 220 horas mensuales bajo una jornada de 44 horas, y ahora ese parámetro baja a unas 210 horas, lo que encarece cada hora ordinaria y aumenta el costo de las horas extras y de los distintos recargos.

La presión sobre la nómina se suma al alza del recargo por trabajo en domingos y festivos, que desde el 1 de julio de 2026 pasó al 90%. El impacto es mayor en sectores que operan con turnos permanentes.

Duque añadió: “Estamos frente a una transformación de las relaciones laborales que exige anticipación, planeación y revisión de los modelos de operación desde el punto de vista financiero y de organización de la jornada de los colaboradores”.

La reforma también impone nuevos controles. Las empresas deberán llevar un registro detallado de las horas extras de cada trabajador, separando las diurnas de las nocturnas, y entregarlo cuando el empleado lo solicite.

La norma mantiene el límite de dos horas extras diarias y 12 semanales. También define como trabajo diurno el realizado entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., y como trabajo nocturno el cumplido entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m..

No todos los trabajadores quedan sometidos a las mismas reglas. La reducción no cobija a contratistas por prestación de servicios, servidores públicos con regímenes especiales ni cargos de dirección, confianza o manejo; además, los adolescentes autorizados para trabajar siguen con topes diferenciados y las empresas con turnos sucesivos pueden pactar jornadas de hasta seis horas diarias y 36 semanales en las condiciones previstas por la ley.

La rebaja legal de la jornada no cambia un dato estructural: Colombia sigue siendo el miembro de la Ocde en el que más horas se trabaja. Según los datos citados por El Colombiano, los trabajadores colombianos laboran en promedio 43,2 horas semanales, por encima de México, con 42,3, y de Costa Rica, con 41,7.

Ese volumen de trabajo tampoco se traduce en mayor rendimiento. De acuerdo con el informe Compendium of Productivity Indicators 2024 de la Ocde, Colombia ocupa el último lugar del organismo en productividad laboral, con 21,2 dólares de PIB por cada hora trabajada.

Otro indicador muestra la misma brecha en ingresos. Un análisis elaborado con datos de la Ocde y Our World in Data concluye que un trabajador promedio en Colombia necesita alrededor de 86 horas para obtener ingresos equivalentes a USD 1.000, el registro más alto entre los países del organismo.

En Luxemburgo o Islandia, ese mismo ingreso se alcanza en 16 horas. Suiza requiere 18, Noruega 19, Dinamarca 19, Países Bajos 20 y Estados Unidos 22, mientras México aparece después de Colombia con cerca de 78 horas y Costa Rica con 53.

Según Our World in Data, esas diferencias responden a menores niveles de productividad, alta informalidad laboral, menor acceso al capital y un crecimiento salarial más lento en América Latina.

El texto también señala que las economías con mejores resultados combinan instituciones laborales más sólidas, mayor inversión en educación y sectores de alto valor agregado, como los servicios financieros y profesionales en Luxemburgo.

Mientras Colombia termina su reducción, Chile enfrenta una discusión en sentido opuesto. Según reseñó EFE, el gobierno de José Antonio Kast impulsa cambios al método de cálculo de la jornada laboral que permitirían semanas de hasta 52 horas dentro de un esquema de promedio anual.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que la intención no es establecer una semana laboral fija de 52 horas, sino flexibilizar la aplicación de las 40 horas legales, especialmente para sectores con actividades estacionales como la agricultura y el turismo. El argumento oficial apunta a enfrentar el aumento del desempleo, que alcanzó el 9,1% entre febrero y abril de 2026, el nivel más alto en casi cinco años.

La propuesta ha generado oposición de figuras políticas, de ese país, como Jeannette Jara y Camila Vallejo, quienes defendieron la reducción de la jornada laboral y criticaron el posible impacto sobre la calidad de vida.

Vallejo expresó: “La pregunta de fondo es: ¿quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas en una semana? Es decir, más de 10 horas al día”. Por su parte, la Central Única de Trabajadores alertó sobre el riesgo de precarización laboral y recordó que se han perdido 70 mil empleos formales desde 2022.

En paralelo, el Senado chileno analizará una reforma económica y tributaria que contempla la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23% y establece plazos de invariabilidad tributaria de 10, 15 y 20 años según el monto de la inversión.

El gobierno de México destacó los avances en economía en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y, entre los puntos más relevantes, se destacó que el país ha registrado la tasa de desempleo más baja, de acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora destacó el desempeño del mercado laboral mexicano al subrayar que las cifras más recientes, ajustadas por estacionalidad y validadas tanto por la OCDE como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que México mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo desarrollado. Solo Japón supera los niveles de empleo registrados en el país.

Subrayó que el análisis corresponde al promedio móvil de los últimos tres meses, lo que permite observar una tendencia sostenida. En su intervención, el secretario de Hacienda resaltó que el mercado laboral nacional ha desmentido una “falsa dicotomía” que, en el pasado, sugería que el crecimiento salarial era incompatible con la creación de empleos. “Podemos tener un mercado en donde los salarios crecen y la tasa de desempleo se encuentra en niveles mínimos del registro de la serie”, afirmó.

Puntualizó que este desempeño laboral refleja la fortaleza de la economía mexicana en el actual contexto internacional. El país ha logrado avanzar en la generación de empleos formales y en la mejora de los ingresos para las y los trabajadores, lo que consolida su posición entre las economías más sólidas en materia de empleo dentro de la OCDE.

Crecimiento económico e inflación a la baja

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, afirmó que México se encuentra entre los países líderes en el desempeño económico global. Señaló que este resultado es una muestra de la confianza en las políticas de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como en la estabilidad de las variables macrofinancieras del país.

Amador resaltó que la OCDE publicó variables relevantes que posicionan a México en primer lugar en recuperación y crecimiento del salario mínimo entre 2018 y 2026. “México encabeza la lista frente a estos otros países. Si tomamos los datos del 2018 a la fecha, México se encuentra en primer lugar en materia de recuperación del salario mínimo, lo cual muestra el incremento en la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas”, detalló. El reporte de la OCDE presentó un corte de 2021 a la fecha, pero con la misma base de datos, México lidera la dinámica en materia de salario mínimo.

Además, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Amador informó que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos alcanzó niveles históricos. “México y Estados Unidos comercian más que nunca. Si sumamos las exportaciones y las importaciones”, señaló al exponer que la relación comercial atraviesa su mejor momento.

El titular de Hacienda destacó que la inflación en México llegó a 3.6% en la última lectura, el menor nivel en ocho meses. Explicó que la inflación se encuentra dentro del rango objetivo del Banco de México. “Está ya dentro del nivel del intervalo de variabilidad del Banco Central, lo cual es una muy buena noticia y vale la pena mencionarlo”, afirmó.

Colombia mantiene la segunda inflación más alta de la Ocde con 5,8% anual a mayo, un nivel que antecede la publicación del dato de junio por parte del Dane y que gana peso porque el mercado espera un nuevo repunte por encima de 6%, lo que ampliaría la distancia frente al promedio del bloque y prolongaría la salida del país del rango meta del Banco de la República.

En el conjunto de 38 miembros, solo Turquía superó a Colombia, con una variación anual de 32,6%. El promedio de la Ocde se ubicó en 4,6% en mayo, tras subir desde 4,4%, impulsado por un alza de los precios de la energía de 15,8%, frente a 13,2% en abril.

El dato deja a Colombia por encima de economías como Chile, México, España, Alemania, Francia y Japón. También la ubica dentro del grupo reducido de países con inflación superior a 5%, junto con Lituania, Grecia e Islandia.

La publicación del índice de precios de junio llegará en un momento en que las expectativas apuntan a una aceleración. De acuerdo con la encuesta de expectativas de Citi, el consenso de analistas proyecta una inflación de 6,08%, lo que implicaría volver a rebasar el umbral de 6% por primera vez desde agosto de 2024, cuando el costo de vida alcanzó 6,12%.

Las estimaciones del mercado se mueven entre 5,93% y 6,16%. Ese rango refleja que los analistas anticipan nuevas presiones sobre los precios en la economía colombiana.

Entre los factores mencionados aparecen un mayor dinamismo del consumo interno y presiones en vivienda, arriendos, servicios públicos, restaurantes y hoteles. A eso se suma el efecto de indexación derivado del aumento del salario mínimo.

Algunas entidades también advierten riesgos asociados a un eventual fenómeno de El Niño. Ese escenario podría encarecer alimentos y energía en los próximos meses.

El Banco de la República ya respondió a ese panorama. En su última reunión elevó la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, hasta 12%, con el argumento de que las expectativas de inflación continúan alejadas de la meta de entre 2% y 4%.

El equipo técnico del Emisor prevé que la inflación cierre 2026 alrededor de 6,5%, baje a 4% en 2027 y solo regrese al rango objetivo hacia finales de 2028. Ese horizonte muestra que, aun con una trayectoria descendente prevista, la convergencia sería lenta.

A nivel internacional, el organismo explicó que el repunte inflacionario de mayo en el bloque estuvo impulsado por la energía. En contraste, la inflación de alimentos siguió moderándose hasta 3,6%, mientras la inflación subyacente volvió a aumentar y llegó a 3,8%.

La Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República también mostró que para junio de 2026 el consenso del mercado anticipa una inflación mensual de 0,32% en el índice de precios al consumidor. En alimentos, la proyección promedio para ese mismo mes se ubica en 0,21%, con una dispersión mayor entre los grupos consultados.

De acuerdo con el banco central, las entidades participantes coinciden en que los precios seguirán aumentando en los próximos meses. Esa expectativa se refleja en un entorno de valores elevados en distintas categorías de gasto y en una diferencia persistente entre la inflación total y la de alimentos.

Las proyecciones para el cierre de 2026 son similares entre los distintos actores financieros. Los bancos esperan una inflación de 6,59% en diciembre, las sociedades comisionistas de bolsa la calculan en 6,39% y el grupo integrado por corporaciones, fondos de pensiones, universidades y otros participantes la sitúa en 6,51%.

Ese patrón se repite en las previsiones para junio. Los bancos proyectan un aumento mensual de 0,31%, las comisionistas 0,28% y el resto de participantes 0,34%, una distancia reducida que muestra una visión homogénea sobre el IPC total.

La diferencia aparece con más claridad en los alimentos. El promedio de las entidades consultadas prevé que este componente cerrará 2026 en 7,28%, es decir, 0,76 puntos porcentuales por encima de la expectativa para la inflación general.

El mercado laboral español continúa mostrando señales de fortaleza, con más personas trabajando y una reducción progresiva del desempleo. Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para que España abandone el grupo de países con peores cifras de paro de las economías desarrolladas. Así lo refleja el último informe de la OCDE, que reconoce la consolidación del empleo, pero advierte de que el desempleo continúa siendo el principal desafío estructural de la economía española.

Otro problema que preocupa al organismo respecto a la economía española es el escaso crecimiento de los salarios reales, que siguen sin recuperar el poder adquisitivo perdido tras la crisis inflacionaria. Según el estudio, la tasa de paro española se situó en el 10,3% en mayo de 2026, tres décimas menos que un año antes, cuando alcanzaba el 10,6%.

Aunque la evolución es positiva, la cifra sigue muy alejada de la media de la OCDE, que actualmente se encuentra en el 4,9%, el nivel más bajo registrado por el conjunto de los países miembros. De hecho, España solo es superada por Finlandia en esta clasificación.

El informe destaca que el mercado laboral español ha mantenido una evolución favorable durante el último año. La tasa de empleo aumentó siete décimas hasta alcanzar el 67,3%, mientras que la tasa de actividad llegó al 75,6%, un máximo histórico que acerca a España a los niveles medios de las economías avanzadas. No obstante, el porcentaje de población ocupada continúa situándose casi cinco puntos por debajo del promedio de la OCDE.

Pese a estos datos, el organismo recuerda que España sigue afrontando importantes desafíos estructurales. Entre ellos, el elevado desempleo continúa siendo el principal obstáculo para equiparar su mercado laboral al de otros países desarrollados. Además, la OCDE insiste en que el envejecimiento de la población y la futura reducción de la población en edad de trabajar exigirán políticas capaces de aumentar todavía más la participación laboral.

Preocupación por los salarios reales

Otro de los aspectos que más preocupa al organismo internacional es la evolución de los salarios reales. Aunque durante el último año aumentaron un 2%, la OCDE subraya que siguen siendo aproximadamente un 2% inferiores a los registrados en el primer trimestre de 2021, antes del fuerte episodio inflacionario derivado de la crisis energética y de la recuperación posterior a la pandemia.

El informe explica que el incremento del salario mínimo ha permitido proteger parcialmente a los trabajadores con menores ingresos frente al aumento del coste de la vida. Sin embargo, esa mejora no se ha trasladado con la misma intensidad al conjunto de los asalariados. El resultado es un crecimiento salarial considerado insuficiente para compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo durante los últimos años.

La organización tampoco espera una recuperación rápida. Sus previsiones apuntan a que los salarios reales apenas experimentarán avances significativos durante 2026 y 2027. Entre los factores que frenarán esta evolución figuran el estancamiento de la productividad laboral durante la última década y la persistencia de nuevas presiones inflacionarias derivadas del contexto económico internacional.

Valoración positiva de la reforma laboral

En el apartado dedicado a la reforma laboral aprobada en 2022, la OCDE realiza una valoración claramente positiva. El organismo considera que las restricciones impuestas al uso de los contratos temporales han cumplido buena parte de sus objetivos y rechaza que la reducción de la temporalidad se haya producido simplemente sustituyendo estos contratos por trabajadores fijos-discontinuos.

Según los datos recogidos en el informe, el porcentaje de empleados con contratos temporales descendió desde el 24,8% registrado en el primer trimestre de 2022 hasta el 14,8% en el mismo periodo de 2026. Aunque esta cifra sigue siendo superior a la de la mayoría de países de la organización, representa una reducción muy significativa respecto a la situación anterior a la reforma.

La OCDE también destaca que los contratos fijos-discontinuos aumentaron tras la entrada en vigor de la normativa, pero recuerda que su peso continúa siendo reducido dentro del conjunto del mercado laboral. En el primer trimestre de 2024 representaban el 5,2% del total del empleo, un porcentaje que, según el organismo, desmiente que este tipo de contrato haya sustituido de forma masiva a la contratación indefinida tradicional.

Más allá del caso español, el informe advierte de que el contexto internacional empieza a mostrar síntomas de debilitamiento. Aunque los mercados laborales de las principales economías siguen manteniendo niveles elevados de empleo, la OCDE observa un crecimiento más lento de la contratación, un aumento gradual del desempleo en algunos países y nuevas incertidumbres derivadas de las tensiones geopolíticas, el incremento de los aranceles comerciales y el encarecimiento de la energía, factores que podrían volver a presionar tanto la inflación como la evolución futura de los salarios.

La declaración se produjo en una entrevista exclusiva con EL UNIVERSO de Ecuador, donde la futura mandataria adelantó su hoja de ruta a menos de un mes de la toma de posesión, prevista para el 28 de julio, tras la ratificación oficial de su triunfo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Expectativa de crecimiento y contraste con organismos globales

Durante la conversación, Fujimori subrayó que el principal objetivo de su gestión será impulsar la economía desde la micro y pequeña empresa, otorgando facilidades y respaldo estatal, además de destrabar proyectos de mayor envergadura.

“El Perú es todavía un país donde hay mucha informalidad. Lo primero que tenemos que hacer es darle todas las facilidades, flexibilidad a la micro y pequeña empresa. Es a ellos donde tenemos que darle todos los mecanismos de respaldo de parte del Estado”, afirmó Keiko Fujimori en diálogo con EL UNIVERSO.

La presidenta electa agregó que, además de apoyar a los pequeños empresarios, su plan contempla destrabar los grandes y medianos proyectos de inversión. Según Fujimori, este impulso permitirá que la economía, que actualmente crece a un ritmo de 3,2%, cierre el año en torno al 3,8% y alcance “entre 5% y 6% durante el próximo año”.

Este pronóstico supera ampliamente las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sitúa el crecimiento peruano en 2,9% para 2026 y 2027, de acuerdo con su informe regional de junio.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), por su parte, elevó su cálculo a 3,4% para 2026 y lo mantuvo en 3,2% para 2027, mientras que el Banco Mundial mantiene su estimación en 2,7% para 2026. El contraste marca distancia entre las expectativas oficiales y la apuesta del próximo gobierno.

Gobernar en un país fragmentado

En la misma entrevista, Fujimori reconoció el escenario de polarización que enfrenta el país tras una elección ajustada.

“Recibo esta gran responsabilidad que la mitad de peruanos me está dando. Entiendo también el mandato y la fragmentación que existe en el Perú. Será una responsabilidad muy grande de nuestro gobierno recuperar la confianza de aquellos que no votaron por nosotros”, expresó la presidenta electa a EL UNIVERSO.

La seguridad será otro eje central de la nueva administración. Fujimori anunció que solicitará facultades especiales para enfrentar el crimen organizado y que convocará a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en zonas de emergencia y en el sistema penitenciario.

“Habrá una estrategia integral, pero sobre todo un equipo humano que demostró en los años noventa recuperar la paz”, destacó. La futura mandataria remarcó la necesidad de colaboración regional, especialmente con Ecuador, y confirmó que ha sostenido conversaciones con el presidente Daniel Noboa para coordinar acciones contra la criminalidad transfronteriza.

Relaciones internacionales y eje andino

En política exterior, Fujimori afirmó que buscará fortalecer la alianza con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anticipó la intención de integrar a Perú en el Escudo de las Américas, una plataforma de cooperación regional en seguridad.

También consideró relevante articular un eje político con Ecuador y Colombia para promover una nueva etapa de integración y proyectos conjuntos en la región andina, especialmente en materia de infraestructura, energía y turismo.

Reforma política y prioridades legislativas

Por primera vez en tres décadas, Perú volverá al sistema bicameral en el Congreso. Fujimori subrayó que “el mandato del pueblo es dialogar y consensuar”, y reconoció que su partido, Fuerza Popular, no tendrá mayoría parlamentaria.

Así, planteó la formación de un gabinete amplio, con participación de distintos sectores y con énfasis en la experiencia y la capacidad técnica.

Sobre la posibilidad de una reforma constitucional, la presidenta electa consideró que no es prioritaria y que el enfoque estará en restablecer el funcionamiento del Estado y atender los efectos del fenómeno de El Niño.

Para la relación bilateral, Fujimori resaltó los avances logrados desde la firma del acuerdo de paz en 1997 y subrayó la importancia de dinamizar los gabinetes binacionales, profundizar los proyectos energéticos y de infraestructura, y fomentar el turismo entre ambos países.

En un intento por reforzar la prevención de la corrupción y la inserción de la Argentina en el comercio mundial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) obligó a las empresas del sector que estén bajo jurisdicción federal a inscribirse en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), que depende de la Oficina Anticorrupción.

La decisión, comunicada este jueves por la entidad que el año pasado unificó a los anteriores Enargas y Enre, dispuso un plazo de un año para adherirse, a la vez que vincula la medida con la adopción de estándares internacionales promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La medida quedó formalizada en la Resolución N° 199/2026 y alcanza a las licenciatarias de transporte y distribución de gas natural y a las concesionarias de transporte y distribución de electricidad de jurisdicción federal. El texto, que también se publicó en el Boletín Oficial, menciona que “son de público conocimiento causas judiciales que tramitan actualmente en el fuero Federal Criminal y Correccional y que se vinculan con el tema objeto de este acto”.

Para el resto de los actores de la industria del gas definidos en la Ley N° 24.076 y para los agentes y actores del mercado eléctrico reconocidos por la Ley N° 24.065, la norma no impone una obligación sino una invitación, con un plazo de adhesión de dos años desde la entrada en vigencia de la resolución.

El directorio del ente —integrado por el vicepresidente Vicente Serra, el vocal primero Marcelo Nachón, la vocal segunda Griselda Lambertini y el vocal tercero Sergio Falzone— encuadró la medida dentro de los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la inserción de la Argentina en el comercio mundial, en línea con lo previsto en el artículo 3° del Decreto 70/2023.

Quienes cuenten con certificaciones ISO 37001 o ISO 37301 —los estándares internacionales de gestión antisoborno y cumplimiento normativo— quedan eximidos de la inscripción al RITE, aunque deben informar esa situación al ENReGE.

El RITE funciona desde diciembre de 2022 como “plataforma online, gratuita y de adhesión voluntaria, destinada a ayudar a organizaciones de todos los tamaños a desarrollar, mejorar y registrar sus programas de integridad y su vinculación con distintos organismos del Estado”, explicó el EnReGe. Reúne a más de 224 entidades distribuidas en todo el país, de las cuales el 80,6% son privadas. Cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ya había sido exigido como requisito en la licitación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, impulsada por la Secretaría de Energía en mayo de 2025, y en procesos licitatorios de los ministerios de Desarrollo Humano y Salud.

El ente regulador

El ENReGE nació en julio de 2025 como parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases, con el objetivo de unificar las funciones que antes ejercían por separado el Ente Nacional Regulador del Gas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. El organismo quedó bajo la órbita de la Secretaría de Energía.

Desde su conformación, el proceso de designación de directores enfrentó dificultades por los elevados requisitos de calificación profesional exigidos para los cargos y por el congelamiento salarial en el sector público.

Poco más de un mes atrás, el pasado 1 de junio, se conoció la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del ente. Habían pasado menos de 30 días desde que había sido designado al cargo por un período de cinco años. Antes de ese puesto, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Su salida dejó a Serra al frente del organismo.

En Colombia, un trabajador promedio necesita cerca de 86 horas para ganar USD 1.000, la cifra más alta entre los países de la Ocde, según un análisis elaborado con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Our World in Data que compara salarios anuales y horas trabajadas con ajuste por paridad de poder adquisitivo y antes de impuestos.

Tomando como referencia la tasa de cambio del 30 de abril, en la que el dólar se situó en $3.443,59, el salario mínimo de $1.750.905 equivale a USD 508,45 (sin contar el auxilio de transporte).

Al integrar dicho subsidio para alcanzar un total de $2.000.000, el monto percibido por los trabajadores se eleva a USD 580,78.

La distancia con las economías de mayores ingresos por hora trabajada es amplia. En Luxemburgo e Islandia, un trabajador promedio requiere apenas 16 horas para alcanzar esa misma suma, mientras que en Estados Unidos hacen falta alrededor de 22 horas.

El ranking ubica después a Suiza con 18 horas, a Noruega y Dinamarca con 19, y a Países Bajos con 20. En el otro extremo, América Latina concentra los peores resultados del listado.

Después de Colombia aparece México, donde se necesitan 78 horas de trabajo para obtener USD 1.000. Costa Rica ocupa una posición intermedia con 53 horas.

El estudio muestra que en varios países latinoamericanos las jornadas laborales son similares o incluso más extensas que en las economías desarrolladas, pero los salarios promedio siguen siendo considerablemente más bajos.

Esa brecha, de acuerdo con Our World in Data, está asociada a menores niveles de productividad, una mayor informalidad laboral, un acceso más limitado al capital y un crecimiento salarial más lento.

El análisis también menciona una menor inversión en educación, instituciones laborales menos robustas y una participación diferente en el mercado laboral.

El análisis fue construido con salarios promedio anuales y horas trabajadas al año, ajustados por paridad de poder adquisitivo. Esa metodología corrige las diferencias en el costo de vida entre países y busca medir con más precisión el poder adquisitivo real de los trabajadores.

Las cifras, además, corresponden a ingresos antes del pago de impuestos. Ese criterio permite comparar cuánto tiempo de trabajo se necesita para alcanzar un mismo monto equivalente entre economías con estructuras de precios distintas.

Entre los factores que explican los niveles más altos de ingreso por hora en los países desarrollados, el estudio menciona instituciones laborales sólidas, una alta participación en el mercado laboral y mayores inversiones en educación.

En el caso de Luxemburgo, también influye la fuerte concentración de empleos en servicios financieros y profesionales, uno de los sectores con mayores remuneraciones del mundo.

El resultado vuelve a mostrar los problemas del mercado laboral colombiano en productividad, formalización y remuneración. Aunque el país integra la Ocde desde 2020, la comparación indica que la distancia frente a las economías más desarrolladas sigue siendo considerable en el ingreso que reciben los trabajadores por cada hora laborada.

La Ocde ubica a Colombia como el país menos productivo por hora trabajada

Colombia trabaja en promedio 43,2 horas por semana por persona, pero registra la menor productividad laboral entre los países de la Ocde, un rezago que presiona los salarios y deja al próximo gobierno con un problema de fondo: cómo lograr que más tiempo de trabajo se traduzca en más ingresos y en una economía más competitiva.

La brecha se vuelve más visible en la comparación internacional. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en Alemania una persona trabaja 25,6 horas semanales en promedio, muy por debajo de la jornada colombiana, aunque esa diferencia no se refleja a favor de Colombia en generación de riqueza.

El dato central es ese: por cada hora trabajada, una persona en Colombia produce menos dinero que en cualquier otro país miembro de la Ocde. Esa debilidad no es solo un indicador técnico, sino una limitación directa para elevar los ingresos de los trabajadores.

El rezago colombiano forma parte de un problema más amplio en la región. De acuerdo con la Cepal, América Latina no ha logrado aumentar su productividad en los últimos 45 años, mientras países como Corea del Sur o Irlanda la multiplicaron varias veces en ese mismo período.

Aun dentro de ese contexto regional, Colombia aparece por debajo del promedio latinoamericano. Según BBC Mundo, los economistas consultados coinciden en que no existe una única explicación, pero señalan varios factores persistentes: poco acceso a capital, problemas de infraestructura pública, regulación empresarial y un desfase entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral.

Ese conjunto de trabas ayuda a explicar por qué una economía puede exigir jornadas largas sin convertir ese esfuerzo en mayor valor producido. El resultado, según los expertos citados por el medio, es una estructura que castiga tanto la competitividad del país como el poder adquisitivo de quienes trabajan.

Ricardo Salas, profesor de Economía de la Universidad de Dartmouth, resumió el efecto sobre los hogares con una advertencia concreta: “Lo que nos tendría que preocupar es que la gente está trabajando más horas de las que debería, y está recibiendo poco dinero”. Luego añadió: “Los salarios no alcanzan”.

La OCDE reveló que la criminalidad es la principal preocupación de la población en México, con un nivel de inquietud que casi triplica el promedio de los países miembros del organismo. El estudio también muestra que la corrupción continúa entre los principales desafíos para América Latina.

De acuerdo con una encuesta realizada en 2025, México y Perú encabezan la lista de países donde la percepción de la inseguridad representa el mayor motivo de preocupación entre la ciudadanía.

La criminalidad continúa siendo el principal problema que preocupa a los ciudadanos en México, de acuerdo con el más reciente informe sobre confianza en las instituciones públicas publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El reporte, difundido este lunes, señala que el 75 % de los mexicanos considera que la criminalidad es uno de los tres principales desafíos que enfrenta el país, una cifra que prácticamente triplica el promedio registrado entre los países miembros de la organización.

La investigación se basa en una encuesta realizada durante 2025 e incluye información tanto de los países integrantes de la OCDE como de cinco naciones candidatas a incorporarse al organismo.

México y Perú lideran la preocupación por la criminalidad

El informe muestra que México comparte el primer lugar con Perú, donde también el 75 % de la población señaló a la criminalidad como su mayor preocupación.

La diferencia con el promedio de la OCDE, que se ubica en apenas 28 %, evidencia la magnitud del problema en ambos países latinoamericanos.

Entre las naciones con menor nivel de preocupación destacan:

• Austria, Suiza, Corea del Sur y Eslovaquia, con 17 %.
• Islandia, con 15 %.
• Polonia, con 12 %.
• Croacia, con 10 %.
• Estonia, con 6 %.
• Letonia, con 5 %.

En España, el porcentaje fue de 29 %, ligeramente por encima del promedio general de la organización.

América Latina concentra los mayores niveles de preocupación por la inseguridad

Además de México y Perú, otros países de la región también registran altos niveles de preocupación por la inseguridad.

Según la OCDE, el 63 % de los ciudadanos en Costa Rica considera la criminalidad uno de los principales desafíos nacionales, seguido de Chile con 59 %, Brasil con 58 % y Colombia con 49 %.

Estos resultados reflejan que la percepción sobre la seguridad pública sigue siendo uno de los principales retos para los gobiernos latinoamericanos.

La corrupción también figura entre las principales preocupaciones

El estudio también evaluó la percepción sobre la corrupción, otro de los problemas que más inquieta a los ciudadanos de la región.

En este rubro, Perú ocupa el primer lugar de toda la muestra, ya que 64 % de los encuestados considera que la corrupción es uno de los principales desafíos del país, muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 18 %.

Otros países latinoamericanos con altos niveles de preocupación por este fenómeno son Brasil, con 53 %; Colombia, con 52 %; y Costa Rica, con 47 %.

En contraste, Chile presentó un porcentaje menor, aunque todavía significativo, con 32 % de los ciudadanos que ubican la corrupción entre los tres principales problemas nacionales.

¿Qué revela el informe de la OCDE sobre México?

Los resultados del estudio muestran que la inseguridad, la criminalidad y la confianza en las instituciones públicas continúan siendo temas prioritarios para la población mexicana.

La amplia diferencia entre México y el promedio de la OCDE evidencia que la percepción sobre la seguridad pública sigue siendo uno de los principales desafíos para el país, incluso por encima de otras problemáticas como la corrupción, que en otras naciones latinoamericanas ocupa el primer lugar de preocupación.

Las mujeres no saben menos de finanzas que los hombres, o al menos no tanto como sugieren las estadísticas habituales. Un experimento del Banco de España con 6.000 adultos determinó que aproximadamente dos tercios de la brecha de género medida en encuestas estándar no refleja menor conocimiento, sino una mayor propensión femenina a responder “No lo sé” ante la incertidumbre en temas económicos.

El dato encaja con otro hallazgo de la prueba de PISA 2022: en España, los chicos y las chicas de 15 años obtienen exactamente la misma puntuación en el test objetivo de educación financiera, pero ellos se declaran más capaces de gestionar su dinero con una diferencia de 6 puntos porcentuales, la mayor brecha de autoconfianza de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) junto con Dinamarca. Un informe publicado en junio de 2026 por Funcas, elaborado por Almudena Sevilla, Luis Miguel Doncel, Cristian Macías e Ismael Sanz, conecta ambos resultados bajo una misma hipótesis: lo que separa a mujeres y hombres en finanzas no es lo que saben, sino la confianza con que actúan sobre ese conocimiento.

El experimento que revisó la medición

La investigación del Banco de España que sustenta esa lectura fue publicada en 2024 por Laura Hospido, Nagore Iriberri y Margarita Machelett. Las autoras administraron una encuesta en línea a 6.000 participantes divididos en cuatro grupos. El grupo de control recibía las preguntas con la opción “No lo sé” disponible; los otros tres, respectivamente, una versión sin esa opción, una con incentivos económicos por respuesta correcta y una en la que se informaba al participante de que las mujeres eligen “No lo sé” con más frecuencia que los hombres.

En el grupo de control, la brecha era aparentemente clara: las mujeres acertaron el 49% de las preguntas frente al 58% de los hombres. Las mujeres eligieron “No lo sé” en el 18% de los casos, frente al 12 % de los hombres. 

Al añadir variables de control, sin embargo, ambas diferencias se redujeron a 6 y 4 puntos porcentuales pero permanecieron estadísticamente significativas. El vuelco llegó con el tratamiento informativo: cuando se comunicaba a los participantes la existencia de esa asimetría en las respuestas, la brecha en aciertos se reducía a la mitad y desaparecía al introducir controles. Con estos datos, Hospido, Iriberri y Machelett concluyeron que las encuestas estándar sobreestiman la brecha de género porque confunden un patrón de respuesta diferencial con una diferencia de conocimiento.

La misma puntuación, distinta confianza

Los datos de PISA 2022 en España añaden una capa adicional al mismo fenómeno. Chicos y chicas de 15 años obtuvieron 486,4 y 485,8 puntos, respectivamente, en la prueba objetiva de educación financiera: una diferencia de 0,6 puntos sin significación estadística. España figura entre los diez países o economías de los veinte participantes en la prueba opcional donde no se detecta brecha media de conocimiento entre géneros.

Esa igualdad en la media, no obstante, no se mantiene en todos los tramos de la distribución. Las chicas superan a los chicos en 13 puntos en el percentil 10; la ventaja masculina aparece solo en la parte alta, con 11 puntos de diferencia en el percentil 90. El mismo patrón se observa en el promedio OCDE, aunque con magnitudes aproximadamente el doble. Lo que sí resulta uniforme es la brecha de autoconfianza: un 6% más de chicos que de chicas declaró sentirse con habilidades suficientes para gestionar su dinero, la diferencia más alta de toda la OCDE junto con Dinamarca.

La desigualdad que supera a la de género

El informe de Funcas sitúa además la brecha de género en perspectiva con otras dimensiones de desigualdad en educación financiera. Según los datos del OECD Skills Outlook 2025, tener al menos un progenitor con estudios superiores genera una ventaja de 0,34 desviaciones típicas, frente a las 0,05 de la brecha de género en el promedio OCDE. La ubicación del centro escolar suma otras 0,23 desviaciones típicas de diferencia entre alumnado urbano y rural. España presenta aquí una excepción: la brecha urbano-rural en educación financiera es de 4,6 puntos PISA, sin significación estadística, frente a los 32,5 del promedio OCDE.

La calidad de los servicios de salud se ha convertido en uno de los principales temas de evaluación para los sistemas sanitarios modernos. Más allá de la infraestructura, el equipamiento o la cobertura de atención, diversos organismos internacionales impulsan mecanismos que permiten conocer cómo perciben los ciudadanos la atención que reciben y qué resultados observan en su propia salud.

En ese contexto, el Perú dio un paso relevante dentro de los procesos de fortalecimiento institucional del sector salud al incorporarse a una iniciativa internacional que busca recoger información directamente de los pacientes. La medida permitirá contar con datos comparables con los de otras naciones y ofrecer una nueva herramienta para la formulación de políticas públicas.

La decisión involucra la participación de entidades nacionales e internacionales y abre una etapa de trabajo técnico orientada a recopilar evidencia sobre la experiencia de atención de personas con enfermedades crónicas. La información obtenida servirá como insumo para evaluar el desempeño de los servicios desde la perspectiva de quienes utilizan el sistema sanitario.

Perú se suma al segundo ciclo del programa PaRIS de la OCDE

El Ministerio de Salud (Minsa) formalizó la incorporación del Perú al segundo ciclo del Programa de Encuestas de Indicadores Reportados por los Pacientes (PaRIS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con esta decisión, el país se convierte en el primero de Latinoamérica en suscribir el acuerdo de participación para esta etapa de la iniciativa.

La firma del acuerdo se realizó entre el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, y Mark Pearson, director encargado de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. Según la información difundida por el Minsa, el programa permitirá aplicar metodologías internacionales para conocer la experiencia de los pacientes y los resultados que perciben respecto de su estado de salud.

La iniciativa presta especial atención a personas que conviven con enfermedades crónicas y busca recopilar información comparable entre distintos países participantes.

Información estandarizada para evaluar la atención sanitaria

Uno de los principales objetivos del programa consiste en obtener datos estandarizados sobre el impacto de los servicios de salud en la vida cotidiana de los ciudadanos. De acuerdo con el Ministerio de Salud, esta será la primera vez que el Perú disponga de información comparable internacionalmente sobre la percepción que tienen los pacientes acerca de su salud, bienestar y atención médica.

La evidencia recopilada permitirá identificar fortalezas y aspectos susceptibles de mejora dentro de los servicios sanitarios. Además, ofrecerá elementos para orientar decisiones de gestión y diseño de políticas públicas sustentadas en resultados medibles.

El enfoque de PaRIS coloca especial interés en la experiencia de los usuarios del sistema de salud, un aspecto que en los últimos años adquirió relevancia dentro de los modelos internacionales de evaluación sanitaria.

Un proceso que requerirá coordinación técnica y operativa

La participación en el programa implica una serie de desafíos institucionales para el país. El Minsa informó que será necesaria la conformación de un equipo técnico especializado encargado de conducir las diferentes etapas del proyecto y asegurar el cumplimiento de los estándares metodológicos establecidos por la OCDE.

Asimismo, la implementación demandará coordinación entre diversos actores del sistema sanitario. Esta articulación incluirá establecimientos de salud pertenecientes a distintos niveles de atención y ubicados en diversas regiones del territorio nacional.

La ejecución contempla actividades preparatorias, jornadas de capacitación, pruebas piloto, procesos de recolección de información y posteriores análisis de resultados. Cada una de estas fases busca garantizar la calidad y consistencia de los datos obtenidos.

La perspectiva de los pacientes en la toma de decisiones

El programa promueve la incorporación de la experiencia de los usuarios como un componente relevante para la evaluación de los sistemas de salud. Según el Ministerio de Salud, la información obtenida contribuirá a fortalecer modelos de gestión orientados a las necesidades de las personas.

Durante el anuncio de la incorporación del Perú al programa, el ministro Juan Carlos Velasco Guerrero señaló: “La incorporación del Perú a PaRIS constituye un paso trascendental para seguir avanzando hacia un sistema de salud más centrado en las personas y alineado con los más altos estándares internacionales de calidad”.

La participación en esta iniciativa sitúa al país dentro de una red internacional comprometida con la medición de resultados y experiencias reportadas por los pacientes. El proceso permitirá generar información útil para la evaluación de servicios y para el desarrollo de estrategias destinadas a mejorar la atención sanitaria en distintos ámbitos del sistema nacional de salud.

Qué es la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional intergubernamental fundado en 1961, compuesto actualmente por 38 países miembros. Su objetivo principal es coordinar políticas económicas y sociales para maximizar el crecimiento económico, fomentar el empleo y elevar el nivel de vida de la población en un marco de estabilidad financiera. A menudo se le conoce como el “club de los países ricos” u occidentales, aunque incluye economías de diversas regiones que comparten los principios de la democracia representativa y la economía de libre mercado.

El trabajo de la organización se basa en recopilar datos, analizar tendencias y establecer estándares internacionales en áreas críticas como la educación (con la conocida evaluación PISA), la gobernanza pública, la lucha contra la evasión fiscal y la sostenibilidad ambiental. Funciona como un foro de discusión global donde los gobiernos intercambian experiencias, comparan métricas y diseñan mejores prácticas públicas que sirvan de guía tanto para los países miembros como para las naciones en vías de desarrollo que buscan su adhesión.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció nuevas medidas para fortalecer el control económico y fiscal del país. La mandataria resaltó que Costa Rica mantiene el primer lugar de la OCDE en control de inflación y crecimiento de exportaciones, e informó sobre una estrategia integral para combatir el contrabando y la evasión de impuestos.

Según datos presentados por Fernández durante su conferencia de presa semanal, el país registra una deflación de -1,6 % a abril de este año, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) experimenta un aumento del 4,4 %. En el rubro de alimentos, Costa Rica muestra una inflación alimentaria de -3,9 %, en contraste con el 4 % de la OCDE, de acuerdo con el índice de precios al consumidor más reciente.

La mandataria también celebró el desempeño del sector exportador. De enero a mayo de 2026, las exportaciones alcanzaron 9,535 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6 % respecto al mismo periodo de 2025. “Este crecimiento se sigue traduciendo en bienestar para todas las regiones de Costa Rica. Cada vez que una empresa exporta, posiciona al país y genera nuevas oportunidades”, afirmó Fernández.

Entre los productos más destacados en las exportaciones se encuentran equipo médico y de precisión, junto con el sector agrícola y la industria alimentaria. La presidenta subrayó además el reconocimiento internacional recibido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), premiado como la entidad favorita de Centroamérica y Sudamérica por Baxter Media, así como el galardón Women Inspira otorgado por el medio español La Razón.

En materia de seguridad fiscal, Fernández advirtió sobre el impacto negativo del contrabando y la evasión en las finanzas nacionales. De acuerdo con las cifras oficiales, el contrabando de tabaco representa cerca del 55 % del mercado local y el de licores alcanza porcentajes similares. El monto estimado por evasión y contrabando equivale al 5.66 % del Producto Interno Bruto, lo que supone más de 2.6 billones de colones desviados de recursos públicos.

La presidenta remarcó que “Costa Rica no necesita más impuestos, sino que todos paguen lo que corresponde, ni más ni menos”. Anunció reformas legales para endurecer las sanciones y mejorar los mecanismos de inspección, como la incorporación de tecnologías de detección desarrolladas en Israel y la designación de una nueva directora para la Policía de Control Fiscal.

Fernández reiteró la importancia de la eficiencia en la recaudación y el gasto público. “El que le roba al fisco le roba a los costarricenses”, sostuvo durante la conferencia. Además, enfatizó que el Ejecutivo solicitará recortes presupuestarios a todos los poderes del Estado y promoverá un uso más racional de los fondos asignados.

En el ámbito productivo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció el registro de tres nuevas moléculas para el control de plagas, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector agrícola y resguardar la seguridad alimentaria. Entre los avances, se destaca la aprobación de un fungicida para el manejo de la sigatoka en banano y un insecticida de nueva generación para cultivos menores como berenjena y chile.

La presidenta Laura Fernández Delgado concluyó su intervención semanal llamando a la Asamblea Legislativa a acelerar la aprobación de leyes clave para combatir la criminalidad y la evasión, y reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos.

Costa Rica respaldó en París la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la ONU y presentó ese apoyo como parte de su apuesta por fortalecer y reformar el multilateralismo, una línea que el gobierno vincula con una gobernanza global más eficaz y transparente.

La gestión se desarrolló en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), durante su reunión ministerial anual, donde participan altas autoridades como cancilleres, ministros de comercio y ministros de Hacienda de los países miembros e invitados, dijo el canciller de la República Manuel Tovar.

Según Tovar, Costa Rica aprovechó esa cita para promover su perfil como un país comprometido con el sistema multilateral y con el orden internacional basado en reglas. El canciller dijo que mantuvo una agenda de encuentros con representantes de Japón, España, la República de Irlanda, Chequia, Rumanía y Suecia, entre otros países, con el objetivo de impulsar la postulación de Grynspan.

El apoyo costarricense responde, según la posición oficial expresada por Tovar, a la intención de promover una reforma del sistema de las Naciones Unidas con una candidata a la que describió por su trayectoria internacional. En sus palabras, se trata de “impulsar la candidatura de una mujer costarricense, una extraordinaria candidata para el cargo de secretaria general de la ONU, doña Rebeca Grynspan”.

La OCDE reúne a 38 países y tiene su sede en París

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un foro internacional integrado por 38 países miembros, cuya misión es diseñar y promover políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar económico, social y la calidad de vida a escala global.

De acuerdo con la información del organismo, la OCDE funciona como un espacio donde los gobiernos comparan políticas, buscan soluciones a problemas comunes y establecen estándares internacionales. También recopila datos, elabora estudios y difunde proyecciones sobre economía, educación, medio ambiente y comercio.

Entre sus áreas de trabajo figuran la promoción de principios de gobierno corporativo, la lucha contra la corrupción y el desarrollo sostenible. El organismo fue creado en 1961 como sucesor de la Organización Europea para la Cooperación Económica, que había supervisado el Plan Marshall.

La organización tiene su sede en París, Francia, e incluye entre sus miembros latinoamericanos a México, Chile, Colombia y Costa Rica. Su secretario general es el australiano Mathias Cormann.

Tovar vinculó la candidatura con la reforma del sistema de la ONU

La posición expresada por el gobierno costarricense sostiene que el respaldo a Grynspan forma parte de un compromiso más amplio con el fortalecimiento del multilateralismo. Tovar afirmó que esa línea busca una estructura internacional más eficaz y transparente.

El canciller también situó esa ofensiva diplomática dentro de la participación de Costa Rica en la reunión ministerial anual de la organización. Desde allí, dijo, el país ha impulsado su imagen internacional mediante contactos con autoridades de distintos Estados miembros e invitados.

Colombia tendrá 19 festivos oficiales a partir de 2026 tras la sanción de la ley que declaró el 9 de julio como Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una decisión que lo deja como el país con más feriados entre los miembros de la Ocde y que, en un año de reducción de la jornada laboral, restará cerca de 152 horas de trabajo efectivo si se toma como referencia una jornada diaria de ocho horas.

El nuevo escenario laboral también incluye un cambio legal desde el 15 de julio de 2026: la jornada máxima semanal bajará de 44 a 42 horas, según la normativa de reducción gradual del tiempo de trabajo. Con ese ajuste y el calendario de feriados, el promedio anual de trabajo quedará cerca de 40 horas semanales efectivas.

Con la incorporación de esa fecha, Colombia supera a Japón y Lituania, que tienen 17 días festivos al año. Detrás aparecen Eslovaquia con 15; Corea del Sur, Luxemburgo y Turquía con 14; y Bélgica, República Checa y Finlandia con 13.

En el otro extremo del bloque, Canadá registra cuatro feriados nacionales y Suiza cinco, mientras Alemania, Dinamarca, México y Suecia tienen siete, de acuerdo con los datos consignados en el texto fuente. La diferencia muestra dos esquemas de descanso: Colombia distribuye más días libres a través de festivos a lo largo del año, mientras otras economías concentran más tiempo en vacaciones legales continuas.

La nueva festividad fue creada por una ley sancionada por el Gobierno que convierte el 9 de julio en una celebración nacional en honor a la Virgen de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia.

La norma reconoce la importancia histórica, cultural, turística y religiosa del municipio boyacense de Chiquinquirá y autoriza actos conmemorativos, recursos para conservar su patrimonio histórico y cultural, y la producción de contenidos audiovisuales sobre su historia.

Colombia tendrá 19 festivos oficiales en 2026 tras la sanción de la ley que declaró el 9 de julio como Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una decisión que lo deja como el país con más feriados entre los miembros de la Ocde y que, en un año de reducción de la jornada laboral, restará cerca de 152 horas de trabajo efectivo si se toma como referencia una jornada diaria de ocho horas.

El nuevo escenario laboral también incluye un cambio legal desde el 15 de julio de 2026: la jornada máxima semanal bajará de 44 a 42 horas, según la normativa de reducción gradual del tiempo de trabajoe. Con ese ajuste y el calendario de feriados, el promedio anual de trabajo quedará cerca de 40 horas semanales efectivas.

La nueva festividad fue creada por una ley sancionada por el Gobierno que convierte el 9 de julio en una celebración nacional en honor a la Virgen de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia.

La norma reconoce la importancia histórica, cultural, turística y religiosa del municipio boyacense de Chiquinquirá y autoriza actos conmemorativos, recursos para conservar su patrimonio histórico y cultural, y la producción de contenidos audiovisuales sobre su historia.

Por aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, el descanso no se tomará el 9 de julio sino el lunes siguiente. En 2026, por lo tanto, el nuevo puente festivo será el lunes 13 de julio para trabajadores de los sectores público y privado.

A esos 19 feriados se suman 15 días hábiles de vacaciones remuneradas garantizados por la legislación colombiana. En total, los trabajadores cuentan con 34 días de descanso formal al año entre vacaciones y feriados obligatorios.

Ese volumen de días libres no convierte a Colombia en el país con más descanso total de la Ocde. Francia alcanza 41 días al combinar 30 días de vacaciones legales con 11 festivos, y también aparecen por delante varias economías europeas con esquemas vacacionales más amplios, como Austria con 25 días de vacaciones, Luxemburgo con 26, y Dinamarca y Suecia con 25.

El efecto de los feriados no modifica la duración legal de la semana laboral, pero sí reduce las horas efectivamente trabajadas durante el año. Según el cálculo incluido en el texto fuente, 2026 tendrá 2.236 horas teóricas de trabajo antes de descontar festivos, y esa cifra bajará a unas 2.084 horas al restar los 19 días no laborables.

En el segundo semestre, además, habrá 72 horas menos laborales por los nueve festivos de ese período, según el mismo cálculo. El cambio coincide con la entrada en vigor de disposiciones de la reforma laboral aprobada en 2025, que elevó el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio y amplió la jornada nocturna desde las 7:00 p. m..

Juliana Morad Acero, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, explicó en entrevista con La República: “Llega en un momento de presión acumulada sobre el tiempo de trabajo. La jornada máxima legal baja a 42 horas semanales en su última fase, y al mismo tiempo el recargo dominical y festivo sube a 90% desde julio”.

Morad agregó que el impacto será mayor en sectores intensivos en mano de obra y de operación continua, como manufactura, comercio, logística y salud. Según su explicación en el texto fuente, la pérdida combina la producción no realizada en las empresas que cierran y el sobrecosto por recargos en las que sí operan.

La discusión sobre más festivos también se cruza con la productividad. Según datos de la Ocde, Colombia genera cerca de USD 21 por hora trabajada, medidos por PIB por hora ajustado por paridad de poder adquisitivo, frente a un promedio del organismo de USD 71.

En los primeros lugares de ese indicador aparecen Irlanda con USD 151 por hora trabajada, Noruega con USD 132 y Luxemburgo con USD 125, según la Ocde.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para México en 2026, al estimar una expansión de apenas 0.8 por ciento, reflejo de un entorno marcado por la desaceleración económica, la incertidumbre comercial y un menor dinamismo en la inversión y el consumo.

De acuerdo con el más reciente informe del organismo internacional, la actividad económica mexicana mostró señales de debilitamiento durante los primeros meses del año, afectada principalmente por una menor demanda interna y un contexto internacional complejo.

La OCDE destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción de 0.6 por ciento al inicio de 2026, situación que ha encendido alertas sobre el ritmo de crecimiento de la economía nacional.

Inversión y consumo pierden fuerza

El organismo señaló que la inversión privada continúa mostrando bajos niveles, mientras que el consumo de los hogares ha comenzado a moderarse debido a una desaceleración en la generación de empleo formal.

Según el reporte, la menor creación de puestos de trabajo ha impactado directamente la capacidad de gasto de las familias mexicanas, reduciendo el impulso que tradicionalmente aporta el mercado interno al crecimiento económico.

Además, la OCDE advirtió que la incertidumbre en torno a diversos factores económicos y comerciales ha provocado que empresas nacionales y extranjeras mantengan cautela al momento de realizar nuevas inversiones.

Los analistas consideran que este escenario podría prolongarse si no se generan condiciones de mayor certidumbre para los inversionistas.

Conflicto en Medio Oriente impacta a México

Aunque México no participa directamente en los conflictos geopolíticos que se desarrollan en Medio Oriente, la OCDE explicó que el país sí resiente efectos indirectos derivados de estas tensiones.

Entre las principales consecuencias se encuentran las afectaciones al crecimiento económico global, el comportamiento de los mercados energéticos y las presiones sobre los precios internacionales.

Asimismo, una parte de estos efectos se refleja en los subsidios aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo utilizado para amortiguar posibles incrementos en los combustibles.

La volatilidad internacional representa un riesgo adicional para una economía altamente integrada con los mercados globales y dependiente de las exportaciones.

Revisión del T-MEC genera incertidumbre

Otro de los factores que preocupan a la OCDE es la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista dentro de los mecanismos establecidos por el acuerdo comercial.

El organismo considera que este proceso podría generar incertidumbre entre inversionistas y empresas mientras se definen posibles ajustes o modificaciones al tratado.

Especialistas coinciden en que México requiere un periodo más prolongado de estabilidad y certidumbre regulatoria para consolidar proyectos de inversión de largo plazo y aprovechar plenamente las oportunidades derivadas de la relocalización de empresas o nearshoring.

Pese al panorama desafiante, la OCDE señaló que México mantiene fortalezas importantes, como su integración comercial con América del Norte y su posición estratégica para atraer inversiones manufactureras. Sin embargo, advirtió que será fundamental fortalecer la confianza empresarial, impulsar la inversión productiva y generar condiciones que favorezcan un crecimiento económico más sólido y sostenido en los próximos años.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó sus estimaciones de inflación para la Argentina y, en simultáneo, ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía nacional, según el último informe de Perspectivas Económicas.

“En un contexto de suba de los combustibles en la primera mitad de 2026, la desinflación retomará fuerza recién en la segunda parte del año, favorecida por una demanda contenida, política monetaria estricta y disciplina fiscal persistente”, dictaminó.

La proyección de inflación para la Argentina muestra una revisión al alza. Según la organización, se proyecta una dinámica inflacionaria promedio del 31% para 2026 y del 16% para 2027, cuando en previsiones anteriores estimaba 17,6% y 10%, respectivamente. El organismo advirtió que el proceso de desinflación será más lento en la primera mitad de 2026, “favorecido por una demanda contenida, política monetaria estricta y disciplina fiscal persistente”.

“Una desaceleración o implementación incompleta de las reformas podría reducir la confianza, prolongar el bajo crecimiento del consumo y la inversión, y generar nueva volatilidad cambiaria”, agregó el documento.

El organismo internacional indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) real de Argentina crecerá 2,8% en 2026 y 3,5% en 2027, porcentajes que reflejan un recorte desde el 3% y el 3,9% respectivamente del cálculo anterior. El documento resaltó que el avance estará “impulsado principalmente por las exportaciones de los sectores energético, minero y agropecuario”.

La OCDE señaló que, aunque la inversión privada se ve beneficiada por “un entorno de negocios cada vez más favorable”, el consumo de los hogares continuará mostrando un ritmo moderado. De acuerdo al análisis, “el crecimiento del consumo privado seguirá siendo modesto, limitado por tasas de interés elevadas y una lenta recuperación de los salarios reales”. Esta circunstancia se suma a la presión que generan los precios internacionales de la energía.

En el frente cambiario, la OCDE observó una aceleración en la acumulación de reservas internacionales. “La acumulación de reservas internacionales se ha acelerado y seguirá respaldando la transición hacia un régimen cambiario más flexible, fortaleciendo la resiliencia frente a shocks externos”. El reporte matiza que el equilibrio fiscal proyectado se apoya en el control del gasto público y la estabilidad de los ingresos, lo que permitirá “mantener pequeños superávits fiscales durante el período proyectado”.

El trabajo también aborda la política monetaria y sus desafíos. La OCDE recomienda que el objetivo principal de la política monetaria debe seguir siendo la “reducción sostenible” de la inflación. En ese marco, previó que “el control de los agregados monetarios se mantendrá estricto y se prevé que las tasas de interés sigan altas en el mediano plazo, a pesar de un descenso gradual”.

Respecto a los motores del crecimiento, la organización internacional subrayó la importancia del comercio exterior: “Las exportaciones de los sectores energético, minero y agropecuario se consolidaron como motor de crecimiento”. Además, advirtió que los sectores orientados al mercado interno, como la manufactura y los servicios minoristas, “continúan rezagados”. A su vez, la entidad destacó que la utilización de la capacidad industrial y la confianza del consumidor “siguen bajas y en descenso”.

En cuanto a la evolución del mercado laboral, el informe puntualizó que “aunque el desempleo subió en el cuarto trimestre de 2025, la tasa de empleo solo descendió de forma marginal”. La inflación, en tanto, “se intensificó desde mediados de 2025, alcanzando una tasa mensual del 2,6% en abril, lo que ralentiza la recuperación del salario real”.

La OCDE dedicó un apartado a los factores internacionales que inciden en el escenario local. “La evolución del conflicto en Medio Oriente incrementó los precios de los combustibles, dificultando los esfuerzos para reducir la inflación”. También revisó el impacto de los aranceles estadounidenses, aunque minimiza su efecto en la economía argentina: “El impacto del arancel del 10% a las exportaciones hacia Estados Unidos será limitado, ya que solo representan el 9% de las exportaciones argentinas”.

El informe también resaltó que la consolidación fiscal continuará, apoyada en “el control del gasto, mayores ingresos por retenciones y mejoras en la administración tributaria”, lo que permitirá “alcanzar pequeños superávits fiscales en 2026 y 2027”.

En el plano estructural, la OCDE aconsejó avanzar con la agenda de reformas. Entre las recomendaciones figuran “eliminar subsidios ineficientes, mejorar la eficiencia del sector público y reemplazar impuestos distorsivos por tributos más amplios sobre la renta y el consumo”, con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica. Asimismo, el organismo sostuvo que “eliminar los subsidios restantes al gas natural, al tiempo que se protege a los hogares de bajos ingresos, enviaría señales de mercado para orientar recursos hacia fuentes alternativas de energía en el largo plazo”.

El informe también ponderó la necesidad de mejorar la productividad, a partir de una “mayor reducción de barreras a la competencia interna e internacional, la agilización de la resolución de empresas y el cierre de brechas en infraestructura de transporte y digitalización”. En cuanto a la inserción laboral, la OCDE planteó que una mayor cooperación con el sector privado puede ayudar a mantener los programas de formación alineados con las demandas del mercado laboral, reduciendo la escasez de habilidades y potenciando el crecimiento de la productividad.

El reporte describió que el crecimiento económico de 2025 cerró con un alza del 4,4%, tras dos años de recesión, y que el principal indicador de actividad mensual mostró un fuerte impulso a fines de 2025 y nuevamente en marzo de 2026, tras una caída registrada en febrero. La OCDE hace foco en que el avance se fortaleció gracias a un mayor aporte de los sectores energético, minero y agropecuario.

En relación con los riesgos, el ente internacional enfatiza que “una desaceleración en el proceso de reformas podría reducir la confianza y frenar el crecimiento del consumo y la inversión”. El documento también alerta que “la productividad podría beneficiarse de una mayor reducción de barreras a la competencia interna e internacional”, así como de la modernización de la infraestructura y la digitalización.

La OCDE puntualizó que una vez que la reforma laboral sea implementada plenamente, favorecerá la creación de empleo formal, aunque serán necesarios esfuerzos adicionales para fomentar la competencia y aumentar la productividad. Además, sugiere que las reformas estructurales deberían ahora enfocarse en eliminar impuestos distorsivos, ampliar la base tributaria y simplificar el sistema impositivo.

El reporte concluyó que, aunque las exportaciones seguirán siendo el principal sostén del crecimiento, el consumo privado tendrá un avance acotado y la inflación permanecerá por encima de los registros previos a la crisis. La política monetaria y fiscal, según la entidad, “deben seguir siendo restrictivas”, con especial énfasis en la reducción de la inflación como objetivo central y la acumulación de reservas como una herramienta para fortalecer la resiliencia ante shocks externos.

La Ocde prevé que Colombia crecerá 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027, una desaceleración asociada a inflación persistente, tasas de interés más altas, debilidad de la inversión privada e incertidumbre económica, en un escenario que además obligaría a mantener una política monetaria restrictiva hasta 2027 y a exigir una consolidación fiscal más creíble, de acuerdo con su más reciente Panorama Económico.

El organismo también rebajó en 0,4 puntos su previsión para 2026 frente al cálculo anterior: pasó de 2,8% a 2,4%. Para 2027 el ajuste fue mayor, desde 2,9% en diciembre hasta 2,1% ahora, según la Ocde.

La organización añadió que los déficits fiscales, aunque seguirán sosteniendo parcialmente la actividad, continúan en niveles elevados y presionarán la deuda y los costos por intereses.

Según la Ocde, la inflación llegó a 5,7% en abril y la inflación básica alcanzó 5,8%, impulsadas por mayores costos laborales tras alzas sucesivas del salario mínimo, mecanismos de indexación, choques climáticos sobre alimentos y una política fiscal expansiva.

El organismo estima que en 2026 la inflación volverá a acelerarse por la persistencia de los precios de los servicios, el encarecimiento de la energía y el aumento de los alimentos, antes de moderarse desde comienzos de 2027.

La meta del Banco de la República sigue en 3%. Para volver de forma sostenida a ese nivel, la Ocde proyecta que la tasa de política monetaria subirá hasta cerca de 12,75% en el tercer trimestre de 2026 y permanecerá allí hasta mediados de 2027.

Paula Garda, jefe del equipo de Perú y Colombia de la Ocde, afirmó que “las expectativas de inflación están por encima de 6% debido a que no están ancladas. Esperamos que la misma continúe creciendo pero que baje a inicios de 2027”, según declaraciones a La República.

Garda también anticipó el efecto sobre la actividad: “Hacia adelante esperamos que el crecimiento se desacelere debido al endurecimiento de las condiciones financieras”.

La Ocde sostuvo que el aumento de los precios internacionales del petróleo, ligado a la evolución del conflicto en Oriente Medio, dará un apoyo temporal a los ingresos por exportaciones de Colombia. El mismo fenómeno, advirtió, aumentará las presiones inflacionarias por su traslado a combustibles, transporte y fertilizantes.

El documento matiza que el efecto macroeconómico neto sería limitado, aunque Colombia sea exportador neto de crudo, por factores compensatorios como las importaciones de combustibles refinados y fertilizantes, los mecanismos fiscales de suavización de precios, una menor demanda global y mayores primas de riesgo.

En materia fiscal, la Ocde señaló que la suspensión de la regla fiscal en 2025 debilitó la credibilidad del marco fiscal colombiano y contribuyó al aumento de las primas de riesgo soberano.

Aunque espera que el déficit del Gobierno central baje gradualmente hacia niveles cercanos al 4% del PIB en 2027, considera que ese ajuste no alcanzará para cumplir los objetivos implícitos de la regla fiscal.

“La estrategia fiscal deberá ser más ambiciosa y creíble para restaurar la confianza de los inversionistas”, indicó la entidad. También afirmó que el retorno pleno al marco fiscal en 2028 requerirá medidas adicionales de consolidación.

De acuerdo con la Ocde, el dinamismo económico empezó a debilitarse en los primeros meses de 2026, después de un 2025 impulsado en gran medida por el consumo. En el primer trimestre de este año, el PIB creció 2,2% frente al mismo período de 2025 y avanzó 0,6% respecto del trimestre previo en cifras desestacionalizadas.

El consumo final aumentó 3,4%, apoyado principalmente por el gasto público, mientras la formación bruta de capital fijo creció 3,7%, aunque siguió mostrando debilidad en construcción e infraestructura, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Para los próximos dos años, la Ocde prevé que el consumo privado se desacelerará a medida que los aumentos del salario mínimo sean contrarrestados por más inflación, condiciones crediticias más duras y un mayor desempleo. La inversión, añadió, seguirá limitada por los elevados costos de financiamiento y la cautela frente al ciclo electoral.

Entre los riesgos a la baja, el organismo mencionó una inflación más persistente, retrasos en la consolidación fiscal, una demanda externa más débil, condiciones financieras globales más restrictivas y un entorno internacional más volátil, incluido un menor crecimiento en Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia.

Como respuesta, la organización recomendó mejorar la eficiencia del gasto público, avanzar en una reforma tributaria gradual, ampliar las bases tributarias, reducir beneficios fiscales ineficientes, bajar los costos asociados a la formalidad laboral y disminuir la incertidumbre regulatoria para impulsar la inversión privada.

“Se necesita impulsar el crecimiento y Colombia debe mejorar el clima de negocios y reducir la informalidad”, señaló Garda.

El informe, titulado Under Pressure y firmado por el economista jefe de la OCDE, Stefano Scarpetta, parte de un escenario central denominado “interrupción de duración limitada” que asume una recuperación gradual de la producción energética en el Golfo Pérsico a partir del tercer trimestre de 2026. Bajo esa hipótesis, el crecimiento mundial se ralentizaría del 3,4% de 2025 al 2,8% en 2026, antes de recuperarse hasta el 3,1% en 2027. La inflación en el G20 subiría al 4,0% en 2026, desde el 3,4% del año anterior.

España ensancha la brecha con los países del entorno

El diferencial de crecimiento entre España y sus socios europeos es el más amplio de las últimas proyecciones del organismo. Alemania avanzaría un 0,7% en 2026, lo mismo que Francia, mientras que Italia apenas alcanzaría el 0,5%. El conjunto de la eurozona, lastrado por el impacto del encarecimiento energético sobre la industria y el consumo, crecería un 0,8%. España, con un 2,2%, triplica esa cifra.

La OCDE atribuye ese desempeño a la fortaleza de la demanda interna. El consumo privado se apoya en un mercado laboral que sigue generando empleo (las afiliaciones a la Seguridad Social crecían un 2,4% interanual en abril) y en un crecimiento nominal de los salarios que preserva el poder adquisitivo de los hogares. La inversión, por su parte, recibe el impulso de los proyectos financiados con fondos europeos, cuya ejecución gana ritmo en el tramo final del programa. Las exportaciones de servicios, en particular las no turísticas, mantienen dinamismo pese al enfriamiento de la demanda exterior.

Inflación al alza, pero con amortiguadores

El encarecimiento de los combustibles elevará la inflación española hasta el 3,3% en 2026, frente al 2,7% registrado en 2025. La OCDE recoge que el Gobierno ha activado un paquete de medidas de apoyo de 5.000 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB, que combina rebajas de impuestos especiales sobre los carburantes, recortes del IVA sobre determinados productos energéticos y subsidios para los sectores más expuestos al alza de los precios, aunque estas ayudas comienzan a desactivarse este mes.

El organismo, no obstante, advierte de que esas medidas deberían estar mejor focalizadas en los grupos sociales más vulnerables y tener carácter estrictamente temporal. Las intervenciones de amplio alcance que reducen el precio marginal de la energía, como las rebajas fiscales generalizadas, debilitan los incentivos al ahorro y pueden resultar fiscalmente costosas si se prolongan, según el organismo. La OCDE recomienda que cualquier apoyo incluya mecanismos de extinción automática vinculados a la evolución de los precios. A medida que los precios energéticos retrocedan, la inflación en España se moderaría hasta el 2,9% en 2027.

El proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recibió un nuevo respaldo internacional. Durante una serie de actividades desarrolladas en París, representantes del organismo destacaron que el país registra los mayores avances entre las naciones latinoamericanas que buscan incorporarse a este foro internacional, considerado uno de los más importantes en materia de políticas públicas y desarrollo económico.

El reconocimiento fue destacado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, quien señaló que los progresos alcanzados son resultado de un trabajo sostenido que ha involucrado a distintas administraciones y entidades del Estado. Según indicó, el avance logrado refleja el esfuerzo acumulado de varios años para cumplir con los estándares exigidos por la organización.

Perú consolida su proceso de adhesión

De acuerdo con el jefe del gabinete ministerial, el país mantiene una evolución favorable en su camino hacia la incorporación plena a la OCDE. En ese contexto, indicó que existen perspectivas de alcanzar un 40% de avance en el proceso de ingreso definitivo al organismo internacional.

Arroyo resaltó que estos resultados responden al trabajo desarrollado por la comisión multisectorial encargada de conducir la adhesión, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y conformada también por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. La instancia coordina las acciones necesarias para cumplir los requisitos establecidos por la organización.

Coordinación estatal y continuidad del proceso

El premier también destacó la labor de la representación permanente del Perú ante la OCDE, así como el trabajo de la secretaría técnica de la comisión responsable del proceso. Ambas instancias han contribuido a articular los esfuerzos de los diversos sectores públicos involucrados en la implementación de las reformas y compromisos asumidos.

Asimismo, sostuvo que el país continúa siguiendo de manera estricta la hoja de ruta definida para la adhesión. En ese sentido, remarcó la importancia de que las futuras autoridades mantengan esta prioridad dentro de la agenda nacional para asegurar la continuidad de los avances obtenidos hasta el momento.

Reuniones clave en París

Como parte de su agenda oficial en la capital francesa, Arroyo sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Durante el encuentro, la máxima autoridad del organismo destacó que el Perú lidera los avances entre los países candidatos de América Latina que buscan integrarse a la institución.

Por su parte, el jefe del gabinete recordó que el proceso de adhesión viene desarrollándose desde hace cerca de tres años y afirmó que la participación peruana en la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE refleja el compromiso del Estado con este objetivo. Además, reiteró la necesidad de preservar la continuidad de las acciones emprendidas durante los próximos años.

Espacios de diálogo y proyección internacional

En el panel denominado “El impacto transformador de la adhesión a la OCDE”, Arroyo señaló que el proceso genera interés y participación de diversos actores, entre ellos entidades públicas, empresas privadas y organizaciones gremiales. Según explicó, la incorporación al organismo representa una oportunidad para impulsar mejoras institucionales y fortalecer la gestión pública.

Posteriormente, participó en la clausura de la 18.ª edición del Foro sobre América Latina y el Caribe (Foro LAC). En este espacio destacó el papel de las instituciones financieras multilaterales y de los bancos de desarrollo como herramientas fundamentales para canalizar recursos destinados a proyectos de infraestructura y crecimiento, con el objetivo de convertir el potencial económico de la región en resultados concretos para la población.

Oportunidad para fortalecer la imagen del país

El presidente del Consejo de Ministros señaló que su participación en el Consejo a Nivel Ministerial de la OCDE, programado para el 3 de junio, constituye una oportunidad para reforzar la presencia internacional del Perú y consolidar su posicionamiento ante los países miembros del organismo.

Asimismo, consideró que estos espacios permiten impulsar reformas orientadas a la modernización del Estado y al fortalecimiento de las políticas públicas, aspectos que forman parte de los compromisos asumidos por el país dentro del proceso de adhesión.

Aun en un entorno de negocios percibido por los empresarios como más favorable, la Argentina registró el nivel más bajo de Inversión Extranjera Directa (IED) entre las principales economías de América Latina en 2025, lo que denota las dificultades que continúa presentando el país para atraer capitales.

Así surge de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual detalla que Brasil recibió USD 76.877 millones de inversión extranjera directa, México, USD 40.871 millones; Chile, USD 13.152 millones; Colombia, USD 11.462 millones; y Costa Rica, USD 5.733 millones. Argentina, en cambio, captó apenas USD 3.134 millones netos.

De acuerdo a un informe de Misión Productiva, este escenario expone los desafíos que enfrenta el país para consolidarse como destino de capital productivo a largo plazo, incluso en sectores donde posee ventajas competitivas y marcos regulatorios favorables.

“El dato resulta especialmente significativo porque ocurre en un contexto donde el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Sin embargo, los números de la OCDE muestran que esas inversiones vinculadas principalmente a recursos naturales y energía no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales”, analizó la red de profesionales.

Consideró que “no es posible sostener una estrategia de desarrollo basada únicamente en grandes proyectos extractivos. La capacidad de atraer inversión también depende de factores como el dinamismo del mercado interno, el acceso al crédito, la estabilidad macroeconómica, la infraestructura y las perspectivas de crecimiento de sectores como la industria, la construcción y las pymes”.

Según Misión Productiva, entre los principales factores que explican el mal desempeño inversor en Argentina se encuentran:

• La fuerte caída del consumo y la demanda interna, que reduce incentivos para ampliar capacidad productiva.
• La paralización de la obra pública, de manera directa, con impacto sobre la industria y cadenas proveedoras.
• Escasez de crédito productivo.
• Apreciación cambiaria y deterioro de la competitividad en sectores transables.
• Elevada incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico.
• Debilidad del entramado pyme y caída de sectores intensivos en empleo.

“El desafío hacia adelante pasa por reconstruir condiciones para una expansión más amplia de la inversión productiva, en todos los sectores”, apuntó Misión Productiva.

La consultora Fundación Capital, por su parte, remarcó que durante la actual administración hubo importantes avances en los fundamentos económicos que sin dudas apuntan a una mejor dinámica de la inversión hacia delante. Esto incluye el superávit fiscal, reducción de la inflación, proceso de desregulación, mejora del balance del BCRA, resolución de deudas comerciales y avances en materia de dividendos.

Sin embargo, “todavía hay ciertos factores que la limitan. En particular, si bien se avanzó en la liberación del acceso al mercado de cambios, sigue habiendo restricciones para las empresas”, indicó el informe.

Por otro lado, la productividad local sigue siendo limitada. Fundación Capital cree que de a poco el Gobierno va trabajando en la reducción del “costo argentino”, como la reducción de las retenciones al agro, aunque el avance es lento.

A su vez, “las elecciones presidenciales de 2027 pueden generar comportamientos de estilo ‘wait and see’ ante la incertidumbre sobre la continuidad del modelo económico”, aseguró la consultora de Martín Redrado.

De todos modos, se espera que las inversiones en energía y minería continúen creciendo e incluso traccionen la actividad de la construcción, especialmente a través de obras de infraestructura y logística, aunque con una recuperación heterogénea a nivel regional.

“Para que la inversión deje de ser apenas un rebote y se convierta en motor de crecimiento sostenido, será clave consolidar reglas de juego estables, reducir costos estructurales y ampliar los incentivos más allá de los sectores actualmente más dinámicos”, concluyó Fundación Capital.

Mientras tanto, el Gobierno envió al Congreso el proyecto para implementar un “Súper RIGI”, llamado formalmente "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias“.

Se busca atraer “nuevas actividades económicas”, lo cual refiere a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, “con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había ejemplificado con actividades tales como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

El nuevo esquema regirá para las inversiones superiores a USD 1.000 millones e incorpora amplios beneficios tributarios y aduaneros. Entre los incentivos, se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

En su último análisis de la evolución de la deuda pública, la OCDE ha mostrado preocupación por el avance de los números rojos entre los países desarrollados desde la crisis financiera y España sobresale como la economía del grupo donde más se ha incrementado la deuda pública en relación al PIB. A pesar de ese aumento, el volumen total de deuda española se sitúa actualmente en la media de la organización, con un 109% del producto interior bruto.

En términos absolutos, la diferencia más marcada ha sido el crecimiento de 67 puntos porcentuales en la deuda española respecto al PIB. En el mismo intervalo, otras economías también experimentaron aumentos destacados: Estados Unidos y Japón sumaron 59 puntos cada uno, situando sus ratios en 123% y 212% respectivamente, mientras que Francia y Grecia también incrementaron su deuda en 59 y 55 puntos, alcanzando el 117% y 170% de sus PIBs.

Por el lado opuesto, algunos países lograron recortar sus obligaciones. Israel, Suiza, Alemania, Suecia y Países Bajos redujeron su deuda entre dos y once puntos de PIB, destacando el caso israelí que bajó hasta el 68%.

La OCDE acusa a las economías desarrolladas de esfuerzos “modestos” de reducción

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha manifestado su inquietud ante los esfuerzos “modestos” que muestran los países miembros para revertir el crecimiento de la deuda. Los retos fiscales a medio y largo plazo, impulsados por una presión creciente del gasto social y sanitario, complican la consolidación de las finanzas públicas. Además, la organización llama la atención sobre la fuerte presión ejercida por el envejecimiento de la población y el creciente gasto en defensa en un contexto de incertidumbre geopolítica.

Durante el periodo 2023-2027, apenas la mitad de los Estados prevé aumentar su déficit primario, y la OCDE estima que la mejora global será de solo un 0,5% del PIB en ese lapso. Esta cifra contrasta con el ajuste del 5,1% registrado entre 2010 y 2015, cuando los Estados impulsaron recortes más decididos tras la crisis financiera.

Expectativas de ajuste fiscal y desafíos a futuro

Solamente tres países han programado para el periodo 2023-2027 un ajuste del déficit primario superior al 2% del PIB: Italia con un 5,1%, República Checa con 2,5% y Japón con 2,3%. En el caso de España, el compromiso es de una reducción de 1,2% del PIB, una cifra superior a la media de la OCDE, pero considerablemente menor al ajuste de 5,3% realizado entre 2010 y 2015.

La OCDE advierte que los ejecutivos nacionales se enfrentan a presiones fiscales crecientes debido al envejecimiento de la población, que incrementa el gasto en pensiones y sanidad. Desde 2007, estas partidas han pasado de representar un 39,7% del PIB a un 43,1% en 2023.

A la presión en el gasto social y sanitario se suman los compromisos en materia de defensa. Los países miembros de la OTAN se han fijado como objetivo elevar el presupuesto militar al menos al 3,5% del PIB, con un adicional del 1,5% destinado a protección de infraestructuras y reforzamiento de la industria militar.

Panamá estima que el proceso para incorporarse plenamente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) podría extenderse durante al menos dos administraciones gubernamentales, en una estrategia que el Gobierno define como una política de Estado orientada a fortalecer la reputación internacional, atraer inversiones y modernizar estándares institucionales.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el ingreso a la OCDE no debe entenderse únicamente como un tema tributario, sino como una oportunidad para acelerar transformaciones estructurales vinculadas con educación, gobernanza, competitividad y transferencia de conocimiento.

“Esto no se hace en un año, pero yo creo que sí lo podemos lograr en dos administraciones”, afirmó el ministro durante un foro sobre el proceso de adhesión de Panamá al organismo internacional.

Chapman sostuvo que el objetivo final no es el ingreso a la OCDE como un fin en sí mismo, sino utilizar el proceso para fortalecer la institucionalidad del país y generar mejores condiciones económicas para la población.

“Al final del día se trata de la gente. Esto es importante para preservar buenos trabajos ya existentes y generar nuevos trabajos”, expresó.

El titular del MEF defendió que uno de los mayores beneficios de acercarse a la OCDE será la posibilidad de adoptar estándares internacionales de “primer mundo” en áreas como educación, gobernanza y manejo de empresas públicas. Según Chapman, el componente tributario representa apenas una parte menor dentro del alcance total del organismo.

“Para mí, lo más importante de la OCDE es tener un sitio donde podamos aprender muchísimo”, afirmó el ministro. Añadió que Panamá podrá escoger qué estándares implementar y cuáles no, comparándolo con “entrar a una biblioteca y escoger el libro que se quiere consultar”.

Chapman insistió en que el proceso requerirá continuidad más allá del actual Gobierno y criticó que Panamá “trate de reinventarse cada cinco años” con cada cambio de administración. El ministro señaló que el país necesita madurez institucional para mantener proyectos estratégicos a largo plazo independientemente de quién gobierne.

“Las cosas importantes del país probablemente aparte del Canal no tenemos la madurez como sociedad de continuar”, afirmó. Según Chapman, la incorporación a la OCDE debe verse como una visión de largo plazo comparable a decisiones históricas como la reversión y ampliación del Canal de Panamá.

El ministro también vinculó el proceso de adhesión con otras reformas impulsadas por el Gobierno, incluyendo la reforma al sistema de pensiones y la nueva legislación de sustancia económica, medidas que calificó como decisiones “difíciles” pero necesarias para mejorar la competitividad y recuperar la confianza internacional.

Actualmente, la Asamblea Nacional discute en primer debate el proyecto presentado por el Gobierno sobre sistancia económica.

Chapman aseguró que muchas de las críticas que enfrenta el proceso responden al temor al cambio y a la incertidumbre. “El mundo cambió”, sostuvo el funcionario, quien defendió la necesidad de adaptar el modelo económico panameño a nuevas exigencias globales relacionadas con transparencia, supervisión y estándares regulatorios.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Hoyos explicó que el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo declarando el ingreso a la OCDE como una prioridad nacional. El funcionario señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas liderará técnicamente el proceso, acompañado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Presidencia.

Hoyos reconoció que Panamá todavía se encuentra en una etapa inicial dentro de la relación formal con la OCDE, aunque destacó que recientemente se firmó un entendimiento que permite avanzar hacia una fase más táctica y técnica de negociaciones.

“El proceso ante la OCDE todavía es inicial”, afirmó el vicecanciller, quien explicó que Panamá ahora comenzará a profundizar discusiones específicas sobre estándares, políticas públicas y reformas institucionales requeridas dentro del mecanismo de adhesión.

El funcionario aseguró que uno de los principales objetivos del Gobierno es convertir el proceso en una política de continuidad nacional y no exclusivamente de una administración. Según indicó, el Ejecutivo busca consolidar apoyo del sector privado y de la sociedad civil para garantizar que el próximo Gobierno mantenga el impulso del proyecto.

“Tenemos la tarea de homologarlo y consolidarlo con la empresa privada para crear una situación de continuidad posterior al próximo gobierno”, explicó Hoyos. El vicecanciller advirtió que si la sociedad civil y el sector empresarial no respaldan el proceso, la iniciativa podría perder fuerza en futuras administraciones.

Hoyos también vinculó el acercamiento a la OCDE con la estrategia de recuperación reputacional impulsada por Panamá en los últimos dos años. Según sostuvo, el país ha mejorado su imagen internacional y fortalecido relaciones con actores como la Unión Europea y organismos multilaterales

“El mundo no mira a Panamá necesariamente como Panamá se mira a sí mismo”, afirmó el vicecanciller. A su juicio, el país atraviesa un momento comparable al inicio de los años 2000, cuando la ampliación del Canal proyectó una visión de futuro y fortaleció la percepción internacional sobre Panamá.

Chapman, por su parte, destacó que algunos resultados ya comienzan a reflejarse en indicadores financieros internacionales. El ministro señaló que la prima de riesgo país se ha reducido más de 65% en menos de dos años, lo que atribuyó a políticas fiscales, transparencia financiera y mayor confianza de los inversionistas.

El titular del MEF afirmó que los mercados internacionales están reaccionando positivamente a las reformas impulsadas por Panamá. “Son inversionistas opinando, arriesgando su capital”, sostuvo Chapman al defender que la reducción del riesgo país representa una señal concreta de recuperación de confianza internacional.

Tanto Chapman como Hoyos coincidieron en que el proceso hacia la OCDE implicará costos, reformas administrativas y ajustes regulatorios, pero insistieron en que el objetivo final es fortalecer la competitividad del país y generar condiciones más estables para la inversión y el crecimiento económico en el largo plazo.

Panamá fue admitido como miembro del Foro Internacional del Transporte (ITF), por sus siglas en inglés, durante la reunión del Consejo de Ministros de Transporte celebrada en Leipzig, Alemania, en el marco de la Cumbre Mundial del Transporte 2026.

El Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización intergubernamental con 72 países miembros, que actúa como centro de reflexión para la política de transporte y organiza la Cumbre Anual de ministros de transporte.

ITF es el único organismo global que cubre todos los modos de transporte y está administrativamente integrada con la OCDE, aunque se aclara que es políticamente autónoma.

Con esta incorporación, Panamá fortalece su posicionamiento como centro logístico y multimodal de relevancia mundial.

La ITF trabaja por políticas de transporte que mejoran la vida de las personas, que tiene como misión fomentar una comprensión más profunda del papel del transporte en el crecimiento económico, la sostenibilidad medioambiental y la inclusión social, así como elevar el perfil público de la política de transporte.

La ITF organiza un diálogo global para un mejor transporte, actúa como plataforma para la discusión y la negociación previa de cuestiones políticas en todos los modos de transporte.

De igual manera, analiza tendencias, comparte conocimientos y promueve el intercambio entre los responsables de la toma de decisiones en transporte y la sociedad civil.

La Cumbre Anual del ITF es la mayor reunión mundial de ministros de transporte y la principal plataforma global de diálogo.

José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas de Panamá, destacó que el ingreso del país como miembro del Foro Internacional del Transporte (ITF) “marca un hito en nuestro compromiso con un transporte sostenible, eficiente e inclusivo”.

Agregó que como centro logístico global que conecta más de 170 rutas comerciales y hogar de una de las vías interoceánicas más importantes del mundo, Panamá aporta una perspectiva única a este foro.

La adhesión de la nación canalera fue aprobada por el Consejo de Ministros del ITF, máximo órgano de decisión de la organización, conformado por ministros y altas autoridades de transporte de los países miembros.

El secretario general del ITF, Young Tae Kim, dio la bienvenida a Panamá, que junto a Ghana y Perú se integran al foro, subrayando que la incorporación de estos países refuerza la visión del Foro como plataforma verdaderamente global.

Rashad Nabiyev, ministro de Desarrollo Digital de Azerbaiyán y Transporte, manifestó que los nuevos miembros aportan valiosas perspectivas regionales al foro.

Mencionó que Panamá, hogar estratégico del Canal, desempeña un papel clave en el ámbito internacional del comercio marítimo, mientras que Perú, con la reciente apertura del Puerto de Aguas Profundas de Chancay, en su costa del Pacífico, está desarrollando un corredor logístico que conecta Sudáfrica y Asia.

Al referirse a Ghana, indicó que esta nación está ampliando su papel como centro de transporte para África Occidental, invirtiendo en ferrocarril, puerto e infraestructura aérea para atender a vecinos sin salida al mar.

Nabiyev recalcó que “la adhesión de Ghana, Panamá y Perú subraya la creciente relevancia global del Foro Internacional del Transporte”.

Los resultados de hoy, aseguró, “transmiten un claro mensaje de que el futuro del transporte pertenece a sistemas que son digital, coordinado, fácilmente accesible y, lo más importante, centrado en las personas“.

Colombia se ubicó en marzo como el segundo país con mayor inflación dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). El resultado sobresale en un entorno donde el promedio del organismo es impulsado, sobre todo, por el aumento en los precios de la energía.

El país suramericano presentó una inflación de 5,6% en marzo de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que lo situó solo por detrás de Turquía entre los países miembros. Mientras la mayor parte del alza global se explica por el encarecimiento de la energía, en Colombia este componente no mostró variación, lo que diferenció la dinámica respecto al resto de economías del bloque.

Así las cosas, la inflación en el país continúa por encima del promedio de la Ocde, a pesar de la desaceleración registrada en meses previos.

Comparativo internacional de inflación

La OFAunrganización informó que, de los 37 países con datos disponibles, 33 experimentaron aumentos en sus tasas de inflación durante marzo. Solo dos mantuvieron cifras estables y otros dos reportaron descensos en comparación con el mes anterior.

Colombia, con un 5,6%, figuró como la economía con mayor inflación después de Turquía, que descendió levemente de 31,5% en febrero a 30,9% en marzo. Por debajo de Colombia se situaron:

• Islandia: 5,4%.
• Lituania: 4,8%.
• México: 4,6%.
• Australia: 4,6%.

Países de relevancia mundial, como Estados Unidos, alcanzaron una inflación de 3,3% en marzo, lo que representó un aumento de nueve décimas respecto a febrero. España, Reino Unido y Letonia registraron una tasa de 3,4%, ubicándose en duodécima posición, pero aún por debajo del promedio de la Ocde.

Energía y sus efectos en los precios

El principal motor del repunte inflacionario en el grupo de países fue el encarecimiento de la energía. Según la organización, “el repunte estuvo concentrado especialmente en el componente energético, que volvió a ganar protagonismo durante marzo”.

Y es que el precio de la energía aumentó en 32 de los 35 países analizados y siete reportaron variaciones superiores al 10%. Al respecto, se resaltó que “la inflación energética dentro de la Ocde llegó a 8,1%, el nivel más alto desde febrero de 2023”.

De forma excepcional, Colombia fue el único país donde los precios de la energía se mantuvieron estables en este periodo, contrastando con la tendencia general a nivel global.

Alimentación e inflación subyacente

A diferencia de la energía, la inflación de alimentos se moderó en la mayoría de países miembros. Aproximadamente dos de cada tres economías de la organización experimentaron una caída en este sector, lo que contribuyó a aliviar la presión sobre el índice general.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, permaneció estable tanto en Colombia como en el conjunto del organismo. El comportamiento reguló parcialmente la evolución de los precios al consumidor durante el mes analizado.

Tendencias globales y posición de Colombia

En el bloque del G7, la inflación interanual subió a 2,8% en marzo, frente al 2,1% de febrero, impulsada por un aumento energético de 8,2%:

• Alemania, Estados Unidos y Francia: registraron incrementos de al menos 0,8 puntos porcentuales (pp).
• Estados Unidos: la inflación energética en alcanzó 12,5%, uno de los valores más altos entre las economías desarrolladas.
• Zona euro: el Índice de Precios de Consumo Armonizado subió a 2,6%, comparado con el 1,9% en febrero. El componente energético pasó a terreno positivo por primera vez en más de un año y se situó en 5,1%.

Aunque, el encarecimiento de la energía influyó en gran medida en los aumentos de precios, la inflación subyacente siguió siendo el factor principal del incremento en las economías del G7 y la eurozona. Los alimentos, en contraste, alcanzaron su menor nivel de inflación en varios meses en los países europeos.

Costa Rica mantiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con datos de la OCDE y organismos internacionales consultados por DevelopmentAid, la tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 24 años en Costa Rica alcanzó 19.9% en 2025, una cifra que sitúa al país muy por encima del promedio registrado por la organización. Las estadísticas muestran una tendencia descendente frente a años anteriores, pero la problemática persiste como uno de los principales desafíos socioeconómicos del país.

Según reportó la OCDE, el promedio de desempleo juvenil en sus países miembros se ubicó en 11.5%, menos de la mitad que el nivel registrado en Costa Rica. El organismo internacional destacó que, además de la elevada desocupación, Costa Rica presenta una de las tasas de participación laboral más bajas en el grupo, junto a México, Turquía e Italia, donde menos del 70% de los jóvenes en edad de trabajar forman parte del mercado laboral. Esta situación refleja obstáculos para la inserción de los jóvenes en empleos formales y estables.

La evolución de la tasa de desempleo juvenil en Costa Rica evidencia la dificultad estructural para reducir la brecha respecto al promedio de la OCDE. En 2024, la desocupación juvenil fue de 20.4%. En 2023, se situó en 24.3%. En 2022, alcanzó 30.7%, y en 2021 tocó un máximo de 39.2%. La serie histórica, publicada por The Global Economy y citada por DevelopmentAid, revela que el promedio nacional entre 1991 y 2024 fue de 18.3%. El valor más bajo, 7.6%, se registró en 1992, y el más alto, 40.1%, en 2020.

De acuerdo con la OCDE, factores como la informalidad, la baja cobertura de la educación y la falta de políticas activas de empleo inciden en la dificultad de los jóvenes para acceder a trabajos de calidad. El organismo recomienda fortalecer la formación técnica, mejorar los programas de inserción laboral y promover alianzas entre el sector público y privado para ampliar las oportunidades de empleo.

El informe de la OCDE también advierte que la recuperación económica tras la pandemia no ha revertido el impacto sobre el empleo juvenil. Aunque la tasa de desempleo disminuyó desde el pico de 2020, Costa Rica permanece entre los países con más jóvenes fuera del mercado laboral. Las cifras muestran que en comparación con otros países latinoamericanos que integran la OCDE, como México y Chile, Costa Rica mantiene una desventaja en la creación de empleo formal para los jóvenes.

Organismos internacionales y la OCDE subrayan la importancia de reducir el desempleo juvenil para potenciar el crecimiento económico y reducir la desigualdad. El alto nivel de desocupación en la población joven afecta la estabilidad social y limita las perspectivas de desarrollo a mediano plazo. El acceso restringido a empleos formales, la rotación laboral y la escasa protección social incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes costarricenses.

Las políticas actuales han mostrado avances limitados, según detalló DevelopmentAid. El gobierno de Costa Rica ha anunciado iniciativas para impulsar la capacitación técnica y la empleabilidad juvenil, pero los resultados no han sido suficientes para revertir la tendencia. La OCDE recomienda redoblar esfuerzos y destinar mayores recursos a programas focalizados en la inserción laboral de los jóvenes.

El organismo internacional concluyó que la reducción del desempleo juvenil es clave para elevar la productividad nacional y mejorar la cohesión social. Las proyecciones señalan que, sin reformas estructurales y mayor inversión en educación y empleo, Costa Rica enfrentará dificultades para cerrar la brecha que la separa de los países con mejor desempeño en el mercado laboral juvenil.

Cada vez que va al mercado y siente que el dinero no le alcanza igual que antes, no es una ilusión. Lo que sucede es que los precios de los alimentos continúan en aumento debido a la inflación persistente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó su más reciente medición de inflación de estos productos entre sus países miembros, correspondiente a febrero de 2026, y Colombia quedó en el tercer lugar de los países con los aumentos más pronunciados, con una variación de 5,8% frente al mismo mes del año anterior.

El promedio del bloque —que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo— se ubicó en 4,0%. Eso quiere decir que los alimentos en Colombia se encarecieron casi dos puntos porcentuales más que lo que subieron, en promedio, en los demás países del grupo. Frente a enero de 2026, cuando el país ya registraba una cifra por encima del 5%, el dato de febrero representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales.

Solo dos economías superaron a Colombia en este indicador. Turquía encabeza la lista con una inflación de alimentos de 36,4%, lo que equivale a 4,7 puntos más que en enero, cuando se ubicaba en 31,7%.

Estonia ocupa el segundo lugar con 8,0%, dos puntos por encima de su registro del mes anterior. Tras Colombia, aparecen Islandia con 5,6%, Grecia con 5,2%, México con 5,2% y Nueva Zelanda con 5,1%, país que mantuvo el mismo porcentaje entre enero y febrero.

La medición de la Ocde abarca alimentos y bebidas no alcohólicas, y compara los precios con el mismo periodo del año anterior. La persistencia de Colombia en los primeros puestos de este listado, mes tras mes, refleja que las presiones sobre la canasta básica no son un fenómeno pasajero.

¿Por qué ‘le pega más duro’ a quienes menos tienen?

El encarecimiento de los alimentos no afecta a todos por igual. En los hogares de menores ingresos, una parte mucho mayor del presupuesto mensual se destina a la comida. Por eso, cuando ese rubro sube al ritmo que lo hace en Colombia, el golpe sobre el bolsillo es proporcionalmente más fuerte que en una familia de ingresos medios o altos.

Este es uno de los factores que el Banco de la República tiene en cuenta al decidir si baja o mantiene sus tasas de interés. Cuando los alimentos se encarecen, la inflación general tarda más en bajar hasta los niveles que el banco considera aceptables, lo que hace que los recortes de tasas sean más difíciles de concretar.

Entre los factores que explican el comportamiento de los precios a nivel global, la Ocde señala el impacto del conflicto en Medio Oriente, que ha encarecido insumos como los fertilizantes. Colombia, además, sigue dependiendo de importaciones para sostener parte de su oferta alimentaria, lo que expone los precios internos a las variaciones del mercado externo y del tipo de cambio.

El otro lado del listado

No todos los países del bloque viven la misma situación. Costa Rica registró una caída de -8,3% en los precios de los alimentos, lo que significa que la comida allí está más barata que hace un año.

Hungría reportó -3,2% y Suiza -0,3%. En el extremo opuesto del espectro, economías como Estados Unidos (2,4%), Francia (2,1%) y Alemania (1,5%) muestran incrementos moderados, muy por debajo de lo que registra Colombia.

El panorama dentro de la Ocde es, entonces, muy dispar: mientras algunos países logran bajar los precios de los alimentos, otros —entre ellos Colombia— siguen con cifras que presionan el día a día de sus habitantes. La comparación entre enero y febrero de 2026 muestra pocos cambios en la mayoría de países, lo que sugiere una estabilización de la tendencia, aunque no una reducción sostenida de los precios.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá avala una posible incorporación de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque apunta que para lograrlo hay que pasar del diálogo a la acción concreta, que refuerce la institucionalidad del país.

Adherirse a estándares internacionales no afecta la soberanía de Panamá, por el contrario, la fortalece, afirma el sector empresarial

Agrega que se trata de un proceso voluntario, basado en la adopción de buenas prácticas que permiten mejorar como país y consolidar una posición en la economía global.

El gremio coincide con los planteamientos del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien sostiene que Panamá debe cumplir con varios requisitos clave para aspirar a formar parte de la OCDE, entre ellos fortalecer el capital humano, mejorar la educación y las habilidades para alinearlas con las oportunidades del futuro.

“Este paso debe entenderse como una señal de madurez económica”, afirmó en un mensaje el presidente del ente empresarial, Aurelio Barría Pino.

“Reconocemos que espacios como el CADE de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa haya contribuido a poner este tema en la agenda nacional. Ese diálogo es necesario y oportuno. El siguiente paso es traducirlo en acciones concretas que refuercen la institucionalidad del país”, manifestó.

Esta semana se realizó en ciudad de Panamá la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026), cuyo tema central giró en torno a las ventajas que ofrecerá a Panamá una posible integración a la OCDE.

Panamá, añade le mensaje empresarial, ha decidido jugar con las reglas del mundo moderno, de países desarrollados, donde la competitividad no solo depende de ventajas tradicionales, sino de la capacidad de cumplir estándares, generar confianza y proyectar estabilidad en el tiempo.

Esto “no es una decisión de beneficios inmediatos, sino una apuesta estratégica con visión de futuro”, apunta el mensaje.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá consideran cinco acciones pertinentes: visión de Estado, implementación sostenible, proceso inclusivo, comunicación oportuna y consistente, y coherencia institucional.

Insisten en que la posible incorporación de Panamá al organismo internacional es un proceso que debe asumirse con visión de Estado y a largo plazo, con decisiones consistentes que estén coordinadas entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de sus instituciones, y con una ejecución efectiva que produzca resultados tangibles.

Para el gremio, adherirse no es suficiente, pues la verdadera prueba está en la implementación.

Por ello, afirman que es indispensable demostrar que el país puede implementar políticas públicas de manera coherente, sostenida y creíbles en el tiempo.

La confianza internacional se construye con instituciones que funcionan, con procesos transparentes y con una gobernanza que garantice estabilidad más allá de coyunturas.

En cuanto al proceso inclusivo, la Cámara manifiesta que este camino debe ser inclusivo, y que las estrategias que se adopten deben incorporar a los sectores impactados, empresarial, financiero y legal, entre otros, para alinear posturas y construir soluciones creativas que permitan fortalecer nuestras ventajas competitivas, en armonía con los estándares internacionales.

No duda en señalar que solo así se logrará un proceso sostenible y con legitimidad.

En el proceso de adhesión es fundamental explicar con claridad los beneficios y los compromisos que el país asume.

“Una comunicación transparente y continua permite una participación en la toma de decisiones y en su implementación, evitando que este proceso se perciba como una imposición y consolidando el respaldo nacional”, manifiestan los empresarios.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la adhesión a estándares internacionales exige consistencia entre lo que se decide, lo que se comunica y lo que se ejecuta. Dan por descontado que la institucionalidad se fortalece cuando hay alineación entre políticas públicas, capacidades del Estado y resultados concretos.

La sostenibilidad del sistema de pensiones en Colombia enfrenta un desafío central ante el aumento sostenido de la esperanza de vida.

Mientras la mayoría de los países de la Ocde han elevado o proyectan aumentar la edad de jubilación hasta los 65 años, con miras incluso a los 70 años, líderes gremiales y expertos en el Congreso de Asofondos insisten en la urgente necesidad de que Colombia armonice sus parámetros para evitar un desbalance estructural cada vez mayor y garantizar ingresos suficientes para los futuros retirados.

En la actualidad, la brecha entre mujeres y hombres en el sistema pensional colombiano multiplica los desafíos financieros del país.

Tal como detalló Juan David Correa, presidente de Protección, “hoy en Colombia ya estamos en 77 años en promedio —74 los hombres y 80 las mujeres— y eso nos obliga a incorporar ese desafío en los sistemas pensionales”, dijo Correa en su intervención.

Así mismo, explicó además que, internacionalmente, la tendencia es a unificar la edad de retiro para ambos géneros, cerrando así una brecha de ahorro de una década: “En Colombia las mujeres viven cinco años más, pero ahorran cinco años menos, lo que genera una brecha cercana a 10 años”.

La política de pensiones de los países de la Ocde apunta a un ajuste progresivo y generalizado de la edad mínima de retiro.

Actualmente, varias de estas naciones ya han situado su umbral en los 65 años, y proyecciones recientes anticipan un movimiento hacia los 70 años.

La razón fundamental es el envejecimiento de la población y el consecuente incremento de los años durante los cuales los sistemas deben sostener el pago de prestaciones.

En contraste, Colombia mantiene edades de retiro inferiores a ese promedio y enfrenta, además, bajas tasas de cobertura y altos niveles de informalidad.

De acuerdo con Oscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cerca de 25 millones de colombianos están vinculados al sistema, pero solo 15 millones cotizan de manera irregular y no alcanzan la continuidad necesaria.

Becerra puntualizó en el foro El futuro del sistema pensional en Colombia que “la reforma pensional debe considerar aumentar la edad de jubilación, idealmente a 65 años para ambos géneros”.

La ampliación de la cobertura social sí representa un potencial beneficio, aunque los desafíos de implementación, informalidad y transición operativa siguen vigentes.

Hoy un hombre que desee pensionarse en Colpensiones debe haber cotizado 1.300 semanas, mientras que una mujer necesita sumar 1.250 semanas. En los fondos privados, los requisitos se reducen a 1.150 y 1.135 semanas respectivamente.

Existe, no obstante, una alternativa basada en la acumulación de capital: en estos casos no se exige cumplir ni la edad ni las semanas mínimas, siempre que se alcance el monto necesario para financiar la pensión, como explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos. “El capital necesario depende de las características individuales y del núcleo familiar”, señaló Velasco.

Los cambios introducidos por el Gobierno nacional a finales de 2025 a través de un decreto de deslizamiento alteran los montos requeridos en esta modalidad. Este ajuste impacta especialmente a quienes planificaron jubilarse por capital en el año en curso, ya que ahora enfrentan nuevos valores mínimos para acceder a la prestación.

En el Congreso de Asofondos se estableció una premisa común entre presidentes de fondos de pensiones, directivos gremiales y expertos del sector académico: la edad de jubilación debe igualarse a 65 años tanto para hombres como para mujeres.

Esta iniciativa no solo responde a los patrones demográficos, sino que busca, según expuso Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, ajustar los esquemas diseñados hace varias décadas, cuando la expectativa de vida era significativamente inferior. “El tiempo que las personas pasan acumulando no está alcanzando para cubrir la longevidad futura”, advirtió Guerra en su intervención.

Valeria Martínez, senior de servicios legales Kmpg Colombia, agregó que la actual propuesta de reforma fortalece los beneficios para poblaciones vulnerables y establece una pensión unificada que integra los diferentes subsistemas y se ve directamente afectada por el aumento del salario mínimo.

La cuestión de la edad de pensión continúa siendo un tema con fuerte sensibilidad electoral. Según coincidieron Becerra y Martínez en el citado foro, las campañas políticas suelen evitar el debate de fondo, pese a que el retraso en la actualización normativa tiende a ampliar la brecha con los países avanzados y complica cada vez más la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

Ser profesor en Colombia sigue significando una remuneración inferior a la que reciben docentes de buena parte de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Así lo evidenció un análisis internacional que comparó los salarios legales de maestros de educación secundaria superior en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo.

La distancia no es menor. Mientras varias economías europeas pagan cifras que superan con amplitud el promedio del bloque, Colombia permanece por debajo de esos niveles tanto en el ingreso inicial como en el salario más alto que puede alcanzar un docente durante su carrera.

El contraste abre una discusión de fondo, cuánto se remunera a quienes forman nuevas generaciones y qué impacto tiene eso en la calidad educativa. Expertos advierten que el debate no depende únicamente del monto mensual, sino del diseño del sistema, la capacidad fiscal y la forma en que se distribuyen los recursos.

En la parte alta del escalafón aparece Luxemburgo, país que lidera el ranking. Allí, un profesor puede comenzar su trayectoria laboral con un salario cercano a USD99.600 anuales y llegar a un máximo de USD173.200. La cifra está muy por encima del promedio máximo de la Ocde, que ronda los USD76.000.

Después se ubican Alemania y Suiza, dos economías que también muestran ingresos superiores a las seis cifras en los niveles más altos. En Alemania, el salario inicial es de USD90.600 y puede subir hasta casi USD122.300. En Suiza, el arranque está en USD90.500 y el techo llega a USD137.400. Otros países con buen desempeño en materia salarial son México, Noruega y Austria, que también aparecen entre los mejor posicionados del estudio. La presencia de México llama la atención al tratarse de una economía latinoamericana que supera a varias naciones europeas en este indicador.

En contraste, Colombia figura lejos de los primeros lugares. Según el informe, un docente inicia con un salario de USD31.700 al año y puede alcanzar un máximo de USD57.900. Esto significa que incluso en el nivel más alto del país, la remuneración queda por debajo del ingreso inicial que reciben profesores en al menos los diez primeros puestos del ranking.

La diferencia refleja una brecha persistente entre economías desarrolladas y países emergentes. También pone sobre la mesa los desafíos de competitividad laboral que enfrenta el sistema educativo colombiano a la hora de atraer nuevos profesionales.

Clara Inés Pardo, docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, explicó al diario La República que la distancia entre Colombia y el promedio de la Ocde no responde a una sola causa, sino a una suma de factores estructurales que se han mantenido en el tiempo. De acuerdo con la académica, esa brecha puede entenderse a partir de cinco variables principales: el PIB per cápita, la estructura del sistema educativo, el esquema salarial vigente, las restricciones fiscales y una menor presión competitiva dentro del mercado laboral docente.

“Entonces, Colombia no necesariamente invierte poco, sino que invierte bajo en términos absolutos, pero alto en términos relativos. El problema no es solo cuánto se paga, sino cómo se distribuye y bajo qué modelo”, señaló Pardo. La afirmación sugiere que el país destina recursos relevantes en proporción a su economía, aunque el resultado final para los maestros sigue siendo limitado cuando se compara con mercados de mayores ingresos y estructuras fiscales más robustas.

En la parte baja del listado también aparecen Brasil, Eslovaquia y Grecia. En esos casos, los salarios iniciales pueden estar por debajo de USD30.000 anuales. Además, en varios sistemas educativos los aumentos a lo largo de la carrera son modestos, lo que reduce los incentivos para permanecer en la profesión.

El estudio advierte que la remuneración docente no es un asunto aislado. Las diferencias salariales pueden influir directamente en la capacidad de los países para captar y retener talento en las aulas. Cuando los sueldos son más competitivos, suele mejorar la percepción social del oficio y las condiciones laborales resultan más atractivas.

Panamá debe cumplir con varios requisitos clave para aspirar a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos fortalecer el capital humano, mejorar la educación y las habilidades para alinearlas con las oportunidades del futuro.

Así lo ve el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien agregó que se requieren de instituciones más sólidas, además de una mayor capacidad de ejecución y decisiones basadas en evidencia, así como reglas claras y estables.

Las palabras de Chapman se dieron durante la apertura de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026), cuyo tema central a analizar es las ventajas que ofrecerá a Panamá una posible integración a la OCDE.

Uno de los principales retos del encuentro, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (APEDE) será definir posturas y propuestas concretas que contribuyan al desarrollo económico del país, en un contexto donde la atracción de inversiones y la generación de empleo son prioridades, dijeron sus organizadores.

Carlos Ernesto González Ramírez, presidente de CADE 2026, manifestó que la posible entrada a la OCDE puede aportar beneficios claros, como mejorar la imagen internacional de Panamá y salir de listas que han afectado su competitividad, pero también implica retos importantes en materia de gobernanza y transparencia.

“Hay temas que definitivamente son positivos, como la calidad de las estadísticas y la profesionalización del Estado, pero también hay áreas que requieren un análisis profundo para entender su impacto en nuestra realidad económica”, puntualizó en la web de la APEDE.

Desde 1966, CADE ha sido el espacio donde Panamá se detiene a reflexionar sobre sus retos y oportunidades

Este año el encuentro anual de los ejecutivos de empresa, que en esta oportunidad llega a su edición número 60, se realizará hasta este viernes 24 de abril y tiene como lema principal: “OCDE: Confianza global ¿progreso local?, el futuro de Panamá en debate”.

“Este año CADE cumple 60 años, así que estamos muy contentos y lo celebramos con el tema de la posible entrada de Panamá a la OCDE. Vamos a analizar las ventajas, desventajas, retos y costos que pueda significar esta adhesión”, dijo la presidenta de la APEDE, Giulia De Sanctis.

De Sanctis afirmó que el encuentro busca convertir el análisis en propuestas concretas para el país y precisó que, frente a la posible adhesión a la OCDE el gremio no tiene una postura definida, ya que el objetivo es contar con la información necesaria para tomar la mejor decisión.

“Panamá tiene oportunidades importantes, pero aprovecharlas exige fortalecer nuestras instituciones, generar confianza y apostar por la competitividad. CADE es el espacio para traducir esos estándares en progreso real para los panameños”, sostuvo.

El programa del evento incluye, de acuerdo con la APEDE, experiencias internacionales como la de Ana María Sánchez, quien compartirá el proceso de adhesión de Perú a la OCDE, así como un panel sobre experiencias comparadas con Marianne Bennette de Costa Rica y Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE para América Latina y el Caribe.

En el eje de institucionalidad, participará Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, abordando el rol de la gobernanza en la construcción de un país más competitivo.

El bloque económico y financiero incluirá la participación de Ubaldo González del BID, así como los panelistas David Saied, Adolfo Linares y Dulcidio De la Guardia, enfocados en transparencia fiscal y competitividad. Mientras que el cierre pondrá el foco en comercio, inversión y logística, con Jorge Mario Martínez de la CEPAL.

En materia de desarrollo social y talento, la agenda incorpora a la ministra de Educación, Lucy Molinar, junto a especialistas como Rolando Gittens y Eduardo Ortega-Barría, quienes analizarán los desafíos en educación, ciencia y tecnología.

El mapa de los salarios en Europa muestra una gran desigualdad entre los distintos países. Mientras que algunas regiones registran sueldos cercanos a los de Estados Unidos, en otras apenas superan la mitad, según los últimos datos de Eurostat y la OCDE para 2024.

De más a menos, el país que lidera el ranking europeo es Luxemburgo, donde el salario medio anual a tiempo completo asciende a unos 83.000 euros. Además, el pequeño Estado centroeuropeo se coloca entre los países con mejores cifras salariales a nivel mundial.

¿Y cuál es su secreto? El sistema de indexación salarial del país, que ajusta automáticamente los sueldos a la inflación. De este modo, Luxemburgo garantiza que los empleados mantengan su capacidad de compra frente a las subidas de precios. Pero también influyen otros factores, como la presencia de sectores bien remunerados y un entorno económico estable que atrae talento internacional.

Diferencias notables en Europa

De acuerdo con el informe de Eurostat, hay grandes diferencias entre el oeste y el este de Europa. Mientras que en Luxemburgo los trabajadores perciben sueldos que superan los 80.000 euros, en Bulgaria la media no llega ni a los 16.000 euros anuales.

Después, el segundo puesto en el ranking lo ocupa Islandia, con una renta media anual que supera los 77.000 euros. Este país nórdico destaca por contar con una cobertura sindical que protege a cerca del 90% de los trabajadores, lo que refuerza el peso de la negociación colectiva en las conversaciones sobre los salarios.

Por encima de los 70.000 euros al año también se sitúan Suiza y Dinamarca. Ambos países, además de su elevado nivel de desarrollo, cuentan con sistemas de bienestar sólidos y políticas sociales encaminadas a garantizar la estabilidad económica de sus ciudadanos.

Grandes economías, sueldos intermedios

Aunque pueda sorprender, las principales economías del continente no figuran en los puestos más altos de la clasificación salarial. Alemania y Francia presentan salarios medios de 53.791 y 43.790 euros, respectivamente. Cifras que se quedan muy lejos de los países nórdicos y centroeuropeos. Esto demuestra que la magnitud de la economía no siempre se traduce en mayores sueldos para los trabajadores.

En el sur de Europa, países como España, Italia y Portugal muestran salarios medios en torno a los 30.000 euros anuales. Estas cifras son consecuencia, en parte, de las dificultades económicas acumuladas tras la crisis de la deuda y las políticas de ajuste implementadas en la última década. Aunque son sueldos que permiten un nivel de vida aceptable, están muy alejados del promedio registrado en otros Estados europeos.

Europa oriental: salarios bajos, costes de vida ajustados

En el extremo opuesto de la clasificación lo ocupan los países de Europa oriental. Bulgaria cierra el ranking, con un salario medio anual de 15.387 euros. Por encima figuran Grecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, con sueldos que no alcanzan los 20.000 euros.

Una diferencia que se explica, entre otras cosas, por el proceso de transición económica que vivieron tras la caída del bloque soviético. Además, muchos de estos países han basado su desarrollo en políticas de atracción de inversión internacional mediante la oferta de costes laborales bajos.

Sin embargo, los salarios nominales no cuentan toda la historia. El coste de vida en los países con sueldos más reducidos suele ser sensiblemente inferior al de los países más ricos. El precio de alquileres, servicios y alimentación en lugares como Bulgaria o Rumanía es mucho más bajo que en Suiza o Dinamarca. Por tanto, aunque las diferencias en cifras brutas son llamativas, el poder adquisitivo real de los ciudadanos puede ser menos desigual que lo que sugieren los datos.

El coste de vida y el poder adquisitivo, la otra cara de la moneda

En los países de mayor renta, como Suiza o Dinamarca, el coste de la vivienda y los servicios básicos es muy superior al promedio europeo. Por esto, el nivel de vida real puede verse ajustado pese a los altos salarios. Y al contrario, en naciones con sueldos bajos, la menor presión sobre los precios de bienes y servicios permite a los trabajadores mantener una calidad de vida aceptable dentro de su contexto local.

El interés del capital internacional no desapareció en 2026, pero sí se volvió mucho más exigente. En medio de un escenario marcado por disputas geopolíticas, ajustes en las cadenas globales de suministro y una expansión económica menos dinámica, los inversionistas están eligiendo con mayor cautela dónde poner su dinero. Ese nuevo filtro dejó a Colombia lejos del grupo líder dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Un análisis de Kearney mostró cómo se está redibujando el mapa mundial de la inversión extranjera directa. Aunque todavía existe una visión moderadamente positiva frente a varios mercados emergentes, el informe advierte que la incertidumbre política y la desaceleración del crecimiento pesan cada vez más en las decisiones empresariales.

Dentro de ese panorama, Colombia quedó en la casilla 19 entre los mercados emergentes evaluados en el índice FDI Confidence Index, avanzando apenas una posición frente al año anterior. El país obtuvo una puntuación de 1.4418, un resultado que lo mantiene en una zona media de la tabla y todavía distante de los destinos que hoy concentran la mayor confianza global.

La lectura regional deja un mensaje claro, otros vecinos avanzan con más fuerza. Brasil y México aparecen como los referentes latinoamericanos mejor ubicados, al ocupar el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Ambos lograron calificaciones superiores y sostienen una capacidad más robusta para atraer flujos de capital extranjero.

También Chile superó a Colombia al conservar su posición con un puntaje de 1.5276. Argentina se mantuvo como otra de las economías regionales por encima del mercado colombiano, pese a enfrentar desafíos internos y retroceder un puesto frente a 2025. Más abajo aparecieron Perú y Uruguay, ubicados en las posiciones 21 y 23, aunque todavía dentro del grupo de las 25 economías mejor valoradas.

Para los analistas, la posición colombiana responde tanto a ventajas estructurales como a dudas internas que siguen abiertas. Alejandro Espitia, docente de Nueva Economía Política de la Pontificia Universidad Javeriana, resumió así el momento del país en el diario La República: “Colombia tiene la ventaja de estar en América Latina que, por el ciclo, es una región atractiva para la inversión, pero tiene el problema del riesgo político interno: el déficit es muy alto, la inflación no cede y hay ataques al Banco de la República; entonces ese riesgo puede volver lenta la inversión hasta que haya más certezas de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales”.

La declaración recoge varias de las inquietudes que hoy revisan los fondos y multinacionales antes de tomar decisiones de largo plazo. El tamaño del déficit fiscal, la persistencia de presiones inflacionarias y la tensión alrededor de instituciones económicas pesan sobre la percepción de estabilidad. Cuando el dinero global busca refugios previsibles, cualquier ruido institucional se vuelve relevante.

A esto se suma otro factor menos visible, pero igual de determinante, las barreras regulatorias. Colombia aparece por encima del promedio de los países de la Ocde en nivel de restricciones a la inversión extranjera y ocupa el tercer lugar entre los mercados latinoamericanos con más obstáculos para el capital externo.

Solo México y Brasil presentan mayores limitaciones en la región, de acuerdo con el Índice de Restricciones al Comercio de Servicios 2026. En contraste, Chile, Costa Rica y Perú muestran entornos más abiertos y con menos trabas para las compañías internacionales interesadas en operar allí.

El mensaje para Colombia es directo, la ubicación geográfica y el potencial de mercado siguen siendo activos valiosos, pero no bastan por sí solos. Para competir en una etapa donde el capital selecciona con lupa, el país necesita reglas claras, señales de estabilidad y mayor confianza institucional. Sin esos elementos, la inversión puede seguir mirando hacia otros destinos de la región.

Panamá avanzó en su proceso de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la firma, en París, de un Memorando de Entendimiento entre el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y el secretario general del organismo, Mathias Cormann, un paso que el Gobierno presenta como parte de su ruta para alinear políticas públicas, fortalecer instituciones y acercarse a estándares internacionales en transparencia, gobernanza, integridad financiera y desarrollo sostenible.

El acuerdo crea un marco formal de cooperación técnica entre Panamá y la OCDE, que abre espacio para intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia.

Tras la firma, Martínez-Acha sostuvo que no se trataba de un gesto protocolar, sino de una decisión estratégica y de un compromiso de transformación, al afirmar que Panamá busca incorporarse a ese espacio como un socio dispuesto a ser medido, evaluado y mejorado.

La firma se produce pocas semanas después de que el Ejecutivo panameño pusiera en marcha una Comisión Permanente de alto nivel para conducir el proceso de adhesión.

Ese órgano fue creado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 12 del 9 de marzo de 2026 y quedó integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Desarrollo Social y Educación, además de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Su tarea será planificar, asesorar y coordinar las acciones oficiales vinculadas con el acercamiento a la OCDE.

El decreto también establece que la comisión deberá dictar directrices y criterios generales para orientar la participación de todas las entidades públicas en ese proceso, mientras que la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad se encargará de coordinar y supervisar su ejecución.

Además, la Secretaría Ejecutiva tendrá que elaborar informes periódicos de avance para el presidente José Raúl Mulino, lo que sugiere que el Gobierno busca mantener un seguimiento político constante sobre una agenda que, si prospera, exigirá reformas técnicas, legales e institucionales.

En América Latina, la OCDE tiene actualmente cuatro miembros: México, Chile, Colombia y Costa Rica, mientras que Argentina, Brasil y Perú continúan en proceso de adhesión. Para Panamá, entrar en esa conversación implica mirar de cerca la experiencia de esos países, que debieron pasar por ajustes regulatorios, fiscales e institucionales antes de acercarse al organismo.

Más que una etiqueta internacional, la OCDE funciona como un sistema de evaluación y comparación permanente, donde la pertenencia exige estándares más altos en distintas áreas de política pública.

La relación entre Panamá y la OCDE no empieza con esta firma. En publicaciones recientes, el organismo ha venido señalando que el país necesita fortalecer su senda de desarrollo con mayor resiliencia, inclusión y capacidad institucional, mientras que revisiones previas sobre Panamá ya advertían desafíos asociados a la llamada trampa de ingresos medios, la consolidación de la clase media y la necesidad de mejorar la coordinación de políticas públicas.

Desde el sector privado, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, ha señalado que una eventual adhesión debe discutirse con información, seriedad y distintas miradas.

Sostuvo que hablar de la OCDE es hablar de reglas claras, instituciones que funcionen mejor y mayor confianza, tanto dentro como fuera del país, pero también de cambios que deben evaluarse con responsabilidad. Esa postura introduce un matiz importante: el respaldo a la modernización no elimina la necesidad de debatir sus costos, ritmos e implicaciones.

La Cancillería sostiene que esta nueva etapa permitirá mejorar el clima de inversión, volver al país más competitivo y predecible, fortalecer la gobernanza, impulsar la innovación y elevar el capital humano.

Antes de la firma del memorando, Martínez-Acha también se reunió con Philippe Gautier, director general de MEDEF International, con el objetivo de proyectar a Panamá como un destino de inversión extranjera responsable y atraer proyectos de mayor valor agregado en infraestructura, tecnología y sostenibilidad.

La firma del memorando no convierte a Panamá en miembro de la OCDE, pero sí lo coloca en una ruta más definida, con una estructura estatal creada para acompañarla, una agenda técnica en construcción y un plazo de cinco años que apunta a reformas más profundas.

El desafío real no será solo firmar acuerdos o multiplicar reuniones en París, sino demostrar que el país puede traducir ese compromiso en cambios medibles, sostenidos y creíbles ante la comunidad internacional y ante sus propios actores económicos.

El conflicto en Oriente Medio y su impacto en la economía europea le costará una décima a la expansión del Producto Interior Bruto (PIB) de España en 2026, según las estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El centro de análisis ha actualizado a la baja hasta el 2,1% su previsión de crecimiento para España en su último informe, tras incorporar a sus proyecciones de diciembre los efectos de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Las previsiones para 2027 también se han corregido en una décima, quedando ahora en el 1,7%.

En cuanto a la inflación, el organismo sitúa en el 3% la subida de precios anticipada para 2026 y espera que se modere al 2,2% el próximo año. Ambas estimaciones superan el 2,3% y 1,8% previsto inicialmente, explicado en gran parte por el encarecimiento de los productos energéticos provocado por la guerra.

Pese al recorte, las perspectivas de crecimiento de España se mantienen por encima de la media de la zona euro, cuyo avance del PIB la OCDE ha rebajado cuatro décimas en 2026 y dos décimas para 2027, hasta el 0,8% y el 1,2%, respectivamente. Sin embargo, el centro de análisis ha matizado que esta nueva lectura se basa en un escenario en que el impacto inicial de la guerra en el mercado energético “se moderará con el tiempo” y reducirá su efecto en la segunda mitad del año, por lo que una evolución menos favorable de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes puede alterar de nuevo las expectativas.

Recorte de previsiones en las economías desarrolladas

En su conjunto, la economía global crecerá un 2,9% en 2026 y un 3% en 2027, según la OCDE. Tras el ajuste de expectativas, Alemania ve reducida su proyección de expansión a un 0,8% para este año, dos décimas menos que lo previsto anteriormente, mientras que la perspectiva para 2027 se mantiene en 1,5%. Para Francia, la cifra también se ajusta a la baja hasta el 0,8% para este año y se mantiene en 1% para 2027. Italia afronta un crecimiento menor: 0,4% en 2026 y 0,6% en 2027, lo que supone igualmente un recorte respecto a las previsiones de diciembre.

Por su parte, la OCDE ajusta al alza en tres décimas la previsión de crecimiento para Estados Unidos en 2026, que llega al 2%, aunque reduce la del año siguiente a 1,7%. En el grupo de emergentes, la estimación para China se mantiene en 4,4% este año y 4,3% el próximo, mientras que la de India baja una décima en 2026 hasta el 6,1% y se mantiene en 6,4% para 2027.

La OCDE también ha elevado sus previsiones de inflación global para este año a un 4%, frente al 2,8% estimado en diciembre, y espera que en 2027 la tasa alcance el 2,7%. En la zona euro, la previsión se ajusta al alza hasta un 2,6% para 2026 y un 2,1% para 2027. En Estados Unidos, en cambio, el organismo prevé una inflación del 4,2% este año, aunque corrige a la baja el dato para 2027 hasta el 1,6%.

La OCDE advierte de amenazas al crecimiento

El informe señala que las fluctuaciones en los precios de la energía y las materias primas pueden trasladarse rápidamente a las expectativas de inflación, alimentando nuevas presiones inflacionarias. Por ello, la OCDE insta a los bancos centrales a mantenerse vigilantes y actuar si las expectativas de inflación se desanclan o el mercado laboral se debilita.

El organismo advierte sobre riesgos adicionales, como interrupciones prolongadas en el suministro energético, rendimientos bajos de la inversión en inteligencia artificial y pérdidas en los mercados de capital privado, que podrían agravar la inestabilidad financiera. En este contexto, la OCDE recomienda que cualquier apoyo fiscal ante el aumento del coste energético sea temporal, dirigido a los hogares vulnerables y con límites claros, para evitar tensiones presupuestarias y mantener los incentivos para reducir el consumo de energía.

Con el inicio de la campaña de la Renta esta semana pasada, tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo han retomado las críticas a lo que llamaron “infierno fiscal” impuesto por el Gobierno socialista en España, acusando al Ejecutivo central de ahogar a autónomos, empresas y familias con su política impositiva. Los dirigentes populares señalan los niveles sin precedentes alcanzados por la recaudación fiscal y achacan más de un centenar de subidas de impuestos a las dos últimas legislaturas del PSOE. Sin embargo, al revisar los datos oficiales, España no destaca por su carga impositiva en comparación con otras economías avanzadas.

La presión fiscal, que representa el porcentaje de impuestos y cotizaciones sociales respecto al Producto Interior Bruto, se situaba en el 37,3% en el país en 2024, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque esta cifra supera en varios puntos la media del conjunto de las economías desarrolladas, que se queda alrededor del 34%, todavía queda por debajo del promedio de la Unión Europea, que bordea el 40%.

El análisis internacional ubica a España en el grupo de países de fiscalidad media-alta en Europa, junto a otras naciones como Alemania, Italia, Austria y Portugal, pero la oposición reclama bajadas de impuestos y denuncia un exceso de presión por parte del Estado. Esta aparente distancia entre los datos comparados y el discurso político contribuye a alimentar una percepción social muy extendida de que la carga impositiva en España es elevada, especialmente entre las rentas medias y los trabajadores por cuenta propia.

Peso de la fiscalidad sobre el trabajo

Uno de los elementos que más inciden en la percepción de la ciudadanía es la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral total para las empresas y el salario neto recibido por el trabajador. En España, este indicador ronda el 38%–40% para una persona con salario medio, según el informe Taxing Wages de la OCDE. El dato supera la media de la organización, que se sitúa en torno al 35%. Este resultado refleja el impacto conjunto del impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales de los trabajadores y las aportaciones empresariales. La consecuencia directa es una sensación generalizada de que el salario disponible resulta bajo en comparación con el coste laboral total, especialmente en los tramos de renta media.

Entre los rasgos estructurales del sistema fiscal español que explican estas cifras destaca el peso de las cotizaciones sociales, que representan aproximadamente un tercio de los ingresos públicos. Esta característica no es exclusiva de España; países como Francia y Alemania presentan niveles similares o incluso mayores.

En esta línea, un reciente informe de la OCDE señalaba a principios de este mes que uno de los principales problemas del sistema fiscal español es su diseño. En particular, advierten de que la carga tributaria recae en gran medida sobre el trabajo, lo que puede desincentivar tanto la contratación como la búsqueda de empleo. En sus últimos análisis sobre la economía española, la organización subraya que este tipo de estructura impositiva resulta “distorsionadora”. Por ello, recomienda un reequilibrio del sistema hacia figuras como el IVA o los impuestos medioambientales, que generan menos efectos negativos sobre la actividad económica.

El efecto de la progresividad en frío y las diferencias de medición

Más allá de los datos agregados de presión fiscal, el debate sobre si España puede considerarse un “infierno fiscal” depende en parte de cómo se miden los impuestos y de qué se entiende exactamente por subida tributaria. En declaraciones recientes, los dirigentes del PP han sostenido que desde 2018 se han producido más de un centenar de incrementos impositivos. Sin embargo, esta cifra no responde siempre a modificaciones claras y diferenciadas de los tipos de gravamen, sino a sistemas de recuento que pueden fragmentar una misma medida en múltiples impactos estadísticos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se desglosan efectos indirectos o se contabilizan de forma separada elementos que en la práctica forman parte de una única decisión normativa.

Uno de los ejemplos más relevantes es el del IRPF y el fenómeno conocido como progresividad en frío. Este se produce cuando, en un contexto de inflación, los tramos del impuesto no se actualizan. Como consecuencia, los contribuyentes pueden ver incrementados sus ingresos nominales, por ejemplo, a través de subidas salariales que solo compensan la pérdida de poder adquisitivo, y, aun así, pasar a tributar en tramos superiores. En la práctica, esto implica una mayor carga fiscal sin que exista un aumento real de su capacidad económica. Aunque este efecto está ampliamente reconocido por la literatura económica como una forma indirecta de incremento impositivo, su consideración como “subida de impuestos” depende del criterio adoptado, ya que no deriva de una modificación explícita de los tipos ni de la estructura del impuesto.

La recaudación crece, pero no solo por impuestos

En paralelo, los datos de organismos como la OCDE o Eurostat muestran que la recaudación en España ha aumentado en los últimos años hasta situarse en aproximadamente unos 590.000 millones de euros de ingresos fiscales en 2024. No obstante, este crecimiento no se explica exclusivamente por subidas de impuestos.

Una parte relevante procede del propio crecimiento económico y del empleo, ya que los ingresos ligados al trabajo (IRPF y cotizaciones sociales) representan en torno al 21% del PIB, según la OCDE. El aumento del número de ocupados y de los salarios nominales ha elevado automáticamente la recaudación, incluso sin cambios significativos en los tipos impositivos. A ello se suma el efecto de la inflación, que incrementa las bases imponibles: al subir los precios, también aumenta la recaudación del IVA y, al crecer los salarios nominales, se eleva la tributación por IRPF, aunque el poder adquisitivo no mejore en la misma proporción.

Por último, parte del crecimiento reciente de la recaudación se explica por la retirada de medidas temporales adoptadas durante la crisis energética e inflacionaria, como las reducciones del IVA en electricidad o determinados productos básicos. Al revertirse estas rebajas, los ingresos fiscales han vuelto a sus niveles estructurales, contribuyendo también al aumento global de la recaudación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso el foco en uno de los principales cuellos de botella estructurales de Argentina: la infraestructura física. En su primer informe sobre fundamentos para el crecimiento y la competitividad, el organismo advierte que las limitaciones en transporte impactan directamente en la logística y en la eficiencia de las cadenas de suministro.

El documento señala que, pese a contar con abundantes recursos y capital humano calificado, el país muestra un desempeño rezagado frente a economías comparables.

En ese contexto, la infraestructura de transporte aparece como un factor crítico que condiciona tanto la productividad como la capacidad de integrarse al comercio internacional.

Uno de los datos más relevantes es el estado de la red vial: apenas el 32% de las rutas se encuentra en buenas condiciones. Esta situación incrementa costos operativos, reduce la previsibilidad en los tiempos de tránsito y eleva los riesgos en la distribución de mercaderías, afectando de forma directa la planificación logística.

En el caso del sistema ferroviario, el informe advierte sobre la frecuencia de descarrilamientos en líneas de carga debido al deterioro de las vías. Esto limita el desarrollo de un modo clave para el transporte de grandes volúmenes, restringiendo alternativas más eficientes y sostenibles dentro de la matriz logística.

Infraestructura y competitividad en tensión

La situación portuaria también aparece como un punto crítico. Según la OCDE, el Puerto de Buenos Aires presenta tiempos de respuesta cercanos a los dos días, con demoras adicionales para el ingreso de buques. Estos niveles de congestión, impactan en la rotación de cargas, generan sobrecostos y afectan la competitividad de las exportaciones e importaciones.

Frente a este escenario, el organismo plantea que una mayor participación del sector privado en el desarrollo y operación de infraestructura podría mejorar la calidad de las obras y optimizar el uso de los recursos públicos. A su vez, destaca la necesidad de avanzar en esquemas que favorezcan inversiones sostenidas en el tiempo.

Más allá del transporte, el informe también vincula estos desafíos con el entorno general de negocios. La OCDE recomienda reducir la carga tributaria distorsiva, simplificar regulaciones y avanzar hacia una mayor integración comercial, factores que inciden directamente en la dinámica de las cadenas de suministro.

En conjunto, las conclusiones del organismo refuerzan un diagnóstico conocido en el sector: sin mejoras estructurales en infraestructura y en las condiciones operativas, la logística seguirá enfrentando limitaciones estructurales, que afectan la competitividad sistémica del país y su inserción en los flujos globales de comercio.

El sistema tributario español impone una elevada carga al trabajo, lo que desincentiva la búsqueda de empleo y la creación de puestos de trabajo, según un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El documento, titulado Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad, reclama una revisión profunda del modelo fiscal de España y promueve un cambio hacia gravámenes “menos distorsionadores” como el IVA y los impuestos ambientales, además de una reducción gradual de las prestaciones sociales para reforzar los incentivos laborales.

La advertencia de la OCDE llega tras analizar la evolución reciente de la economía española, donde la brecha de ingresos con los países más avanzados “se ha reducido recientemente”, atribuida al “sólido y constante crecimiento del PIB de los últimos años”, recoge el informe.

La organización, con sede en París, reconoce el progreso en productividad y creación de empleo, aunque subraya que las tasas de paro siguen siendo elevadas en comparación con la media de la zona euro y los principales países miembros del organismo.

Recomendaciones fiscales

El informe recalca que el sistema tributario español “presenta varias deficiencias que dificultan la productividad y el rendimiento de los ingresos, ya que impone una alta carga al trabajo”. Este diseño fiscal, a juicio de la organización, desincentiva la contratación y la búsqueda de empleo, al tiempo que reduce la competitividad empresarial.

El análisis también advierte sobre el “sesgo hacia la deuda sobre el capital” que tiene el modelo fiscal español, lo que resta incentivos a la inversión y la innovación. Varios gastos fiscales, como las exenciones y los tipos reducidos del IVA, “disminuyen la neutralidad y reducen la base imponible”, según el diagnóstico del ‘think tank’ de las economías avanzadas.

Frente a este panorama, recomienda a España “reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionadores como el IVA y las tasas ambientales, así como reducir gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos laborales sin penalizar las ganancias de ingresos”.

Productividad y retos del mercado laboral

El informe presentado también destaca que España “ha mostrado un desempeño positivo en la productividad laboral por hora desde 2022, junto con una fuerte creación de empleo, pero aún mantiene una brecha significativa con la zona euro y los principales países de la OCDE”. Según la organización, “un mayor crecimiento de la productividad y la gestión del envejecimiento de la población requieren un mercado laboral flexible y un sector empresarial dinámico”.

Aunque el mercado de trabajo ha mejorado de forma notable en los últimos años, la tasa de empleo en España continúa por debajo de la media europea y de la OCDE. El informe apunta que “las tasas de paro siguen siendo elevadas, especialmente entre los jóvenes”, lo que limita el potencial de crecimiento y cohesión social.

La OCDE subraya la importancia de fortalecer las políticas activas del mercado laboral y de modernizar las oficinas públicas de empleo regionales. Propone “reforzar el papel de las oficinas públicas de empleo regionales mediante la digitalización, el aumento de personal y una mayor colaboración con el sector privado”, así como ampliar las opciones de formación flexible y a distancia para facilitar el acceso a la capacitación profesional.

Aumentar la inversión

En el ámbito de la inversión y la adaptación al cambio climático, el documento advierte que España se enfrenta a “crecientes costes económicos y fiscales derivados de los desastres relacionados con el clima”. La política de adaptación española está alineada con las mejores prácticas internacionales, pero su implementación resulta desigual según la región y el municipio.

La OCDE destaca que el país “ha incrementado significativamente la generación de electricidad renovable al tiempo que ha reducido los precios mayoristas”, aunque persisten obstáculos vinculados a la congestión de la red y los retrasos en la tramitación de permisos.

Para superarlos, la organización considera una prioridad “ampliar la inversión en infraestructura de red” y mejorar la coordinación entre administraciones para armonizar las políticas de prevención y reforzar las capacidades municipales.

El informe también incide en la necesidad de agilizar los procesos de concesión de permisos y de acelerar la inversión en infraestructura de resiliencia y preparación ante desastres, incluidas las interconexiones energéticas.

Impulsar la innovación y la digitalización en las pymes

El organismo identifica otro desafío estructural en la baja tasa de innovación del tejido empresarial español. Considera que el porcentaje de empresas innovadoras en España es inferior al de la mayoría de los países de la organización. El gasto empresarial en investigación y desarrollo (I+D) se encuentra igualmente por debajo de los países con mejores resultados.

Reconoce que las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas afrontan barreras adicionales: acceso limitado a mano de obra cualificada y dificultades para obtener financiación externa. El informe recomienda “simplificar los procedimientos de solicitud y reembolso para acceder a las ayudas públicas a la I+D mediante una plataforma digital de ventanilla única”.

Así como promover el uso de financiación basada en el mercado y ampliar los servicios de asesoramiento digital y formación, incluyendo “el uso de IA, infraestructura y servicios en la nube y análisis de datos”.

Mejorar la formación profesional y la movilidad laboral

La inversión en capital humano ocupa un lugar central en las propuestas de la OCDE. La organización apuesta por “apoyar a quienes abandonan prematuramente los estudios y promover el aprendizaje y la mejora de las competencias de los adultos” a través de planes flexibles de formación profesional, con especial foco en la FP dual.

La OCDE considera que mejorar la capacitación y la movilidad laboral resulta clave para cerrar las brechas con el entorno europeo y aumentar la participación en el mercado de trabajo. El informe sugiere ampliar la oferta de formación a distancia y adaptarla a los diferentes horarios y necesidades, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación y el perfeccionamiento profesional a un mayor número de personas.

La educación digital se consolida como la primera línea de defensa ante los riesgos crecientes asociados a la navegación en internet, especialmente en el caso de niños y adolescentes. Frente al aumento de amenazas como el ciberacoso, la desinformación y la exposición a contenidos perjudiciales, organismos internacionales y gobiernos coinciden en que la formación en competencias digitales constituye una base para garantizar el uso seguro y responsable del entorno digital.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas indica que los menores pasan cada vez más tiempo conectados, lo que acrecienta su vulnerabilidad ante delitos como el grooming, el ciberbullying y la explotación sexual.

Según la ONU, la alfabetización digital —que abarca desde la capacidad para identificar noticias falsas hasta saber reconocer intentos de fraude y gestionar la privacidad— funciona como una barrera esencial para mitigar riesgos y fortalecer la resiliencia de los usuarios jóvenes.

La experiencia en diferentes países demuestra que quienes establecen marcos regulatorios sólidos y programas educativos específicos registran mejores indicadores de seguridad digital infantil. Un análisis comparativo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que Australia, Canadá y el Reino Unido han puesto en marcha sistemas de protección sustentados en el marco de las “4C” (contenido, contacto, conducta y contrato), favoreciendo la colaboración entre escuelas, familias y plataformas tecnológicas para abordar los distintos desafíos de la seguridad digital.

Desarrollo de políticas educativas y prácticas en sistemas escolares

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que integrar la educación digital en los sistemas escolares resulta clave para que los estudiantes enfrenten los desafíos presentes en el entorno virtual. En Finlandia, Estonia y Corea del Sur, tanto la alfabetización mediática como la formación en ciudadanía digital están incluidas de forma obligatoria en los planes de estudio desde edades tempranas, lo que permite a los alumnos adquirir habilidades para identificar riesgos, proteger sus datos y ejercer criterio propio al usar internet.

La OCDE remarca que la capacitación docente es esencial: los profesores necesitan herramientas actualizadas y recursos pedagógicos que les permitan acompañar a los estudiantes tanto en el uso técnico de la tecnología como en la comprensión de su impacto social y ético. De igual forma, la cooperación entre familias, educadores y empresas tecnológicas se considera indispensable para crear entornos de aprendizaje seguros y fomentar la construcción de una ciudadanía digital activa.

Barreras en países en desarrollo y el rol de los organismos multilaterales

El Banco Mundial advierte que, aunque los países desarrollados han avanzado en institucionalizar la educación digital, en varias regiones de ingresos medios y bajos persisten brechas de acceso, recursos y formación docente. Para hacer frente a estos desafíos, organismos multilaterales como UNICEF, ITU y la propia ONU promueven iniciativas globales y repositorios colaborativos —como el FOSI GRID— que facilitan el intercambio de buenas prácticas y la adaptación de recursos educativos según las particularidades locales.

En este contexto, la alfabetización digital trasciende el aprendizaje técnico: implica estimular el pensamiento crítico, la capacidad para identificar riesgos y la autonomía necesaria para gestionar la propia seguridad en línea. Según la ONU, una respuesta eficaz requiere actualizar constantemente los contenidos educativos, incluir de forma activa a los jóvenes y el compromiso sostenido del Estado para que la protección digital se integre en el núcleo de las políticas públicas prioritarias.

Desafíos a futuro y consensos internacionales sobre protección digital infantil

En líneas generales, los organismos internacionales coinciden en que la seguridad online para niños y adolescentes debe plantearse de manera multidimensional, combinando regulación, educación y corresponsabilidad social. Desde la perspectiva de la ONU, los marcos normativos y las soluciones tecnológicas, aun cuando son relevantes, resultan insuficientes si no existe una ciudadanía digital informada y participativa.

El acuerdo prevaleciente es que la educación digital representa la protección más efectiva contra los peligros de internet, y que robustecerla requiere inversión sostenida, cooperación internacional y la actualización permanente de los métodos pedagógicos para ajustarse a las transformaciones del entorno digital.

A simple vista, puede parecer que el crecimiento del empleo en Colombia avanza con buen ritmo. Sin embargo, detrás de las cifras hay una realidad más compleja puesto que, buena parte de los nuevos ocupados no tienen un contrato formal, ni garantías laborales, ni estabilidad. De hecho, el país encabeza un indicador poco alentador dentro de los miembros de la Ocde. El trabajo por cuenta propia, lo que comúnmente se conoce como “rebusque”, se convirtió en la principal puerta de entrada al mercado laboral para miles de colombianos.

Las cifras lo confirman. Cerca de la mitad de la fuerza laboral en Colombia se encuentra bajo esta modalidad, lo que ubica al país con una tasa de 47,1%, la más alta entre las economías que integran ese organismo y también una de las más elevadas en América Latina. El fenómeno no es nuevo, pero sí persistente. En lo corrido de 2026, seis de cada diez empleos generados corresponden a trabajadores independientes. Esto evidencia que, más que una expansión del empleo formal, lo que se está consolidando es una estructura laboral marcada por la informalidad o por formas de trabajo sin protección.

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Según la Ocde, el autoempleo se define como aquella actividad en la que una persona desarrolla su propio negocio o ejerce un oficio de manera independiente, con o sin apoyo familiar y sin pagar salarios a terceros. Aunque esta categoría no siempre implica informalidad, en el caso colombiano suele estar estrechamente relacionada con ella.

El Dane, por su parte, identifica a estos trabajadores a través de encuestas de hogares, especialmente entre quienes operan en unidades productivas sin registro formal o realizan actividades ocasionales. Este panorama contrasta con el de países como Estados Unidos, Canadá o Dinamarca, donde el autoempleo no supera el 10% del total de ocupados.

La explicación, en buena medida, está en la estructura productiva del país. Fuera de las principales ciudades, el tejido empresarial se compone casi en su totalidad de pequeños negocios familiares o microempresas. En ese entorno, abrir una tienda, una panadería o prestar un servicio independiente no es tanto una decisión estratégica como una necesidad.

Así lo explica Isidro Hernández, docente de la Universidad Externado, en La Republica que señaló que en muchos municipios el autoempleo es prácticamente la única alternativa disponible. La economía local gira en torno a unidades productivas de baja escala, donde el empleo formal es escaso.

A esta realidad se suma un factor demográfico clave, la edad. A medida que las personas envejecen, las probabilidades de mantenerse en empleos formales disminuyen. En Colombia, el autoempleo alcanza niveles especialmente altos entre adultos mayores, quienes enfrentan barreras como la discriminación laboral, la falta de oportunidades y un sistema pensional insuficiente.

En muchos casos, continuar trabajando no es una opción, sino una obligación. La necesidad de generar ingresos empuja a estas personas a actividades informales o independientes, generalmente sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales adecuadas. Expertos coinciden en que este comportamiento no debe interpretarse como un auge del emprendimiento. Por el contrario, responde a la limitada capacidad del mercado formal para absorber mano de obra.

Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, advirtió en el medio antes mencionado que, el autoempleo funciona más como un mecanismo de supervivencia que como una elección voluntaria.

En medio de este panorama, el Gobierno impulsa algunas medidas para ampliar la cobertura de protección social. Una de ellas es la Ley 2466 de 2025, que permite incluir a trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo dentro del sistema.

Aunque la iniciativa representa un avance, también plantea desafíos. Su implementación implica costos adicionales que podrían recaer sobre los propios trabajadores o generar nuevas tensiones en el mercado laboral. Así, el alto nivel de autoempleo en Colombia refleja una paradoja, mientras las cifras de ocupación crecen, la calidad del empleo sigue siendo una tarea pendiente. El reto no solo está en generar más puestos de trabajo, sino en garantizar que estos ofrezcan estabilidad, protección y condiciones dignas.

Pese a ser uno de los principales actores mundiales en pesca de captura y acuicultura, Perú enfrenta una contradicción central en la gestión de su sector pesquero: la aplicación recurrente de amnistías y reducciones de multas a pescadores y empresas que han infringido la ley.

De acuerdo con un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta práctica está debilitando los avances en la lucha contra la pesca ilegal y la sostenibilidad de los recursos marinos.

La propia OCDE advierte que la recurrencia de estas amnistías va en contra de los estándares del organismo y representa un obstáculo para el proceso de adhesión de Perú, que deberá fortalecer su régimen sancionador y eliminar las exoneraciones si busca avanzar en su integración internacional.

Amnistías a infractores: el Talón de Aquiles de las políticas de pesca en Perú

El informe, publicado en apoyo al proceso de adhesión de Perú a la OCDE, documenta que, a pesar de contar con un sofisticado sistema legal para el seguimiento, control y vigilancia (SCV) de las actividades pesqueras, así como de mecanismos de monitoreo electrónico y sanciones administrativas estrictas, la imposición recurrente de amnistías y la reducción drástica de multas crean incentivos perversos.

Según la OCDE, “la eficacia de las sanciones se ha visto dificultada por decisiones políticas que conceden la amnistía o el indulto a los infractores y cancelan o reducen de manera significativa el pago de multas por parte de dichos infractores, ya sean personas físicas o jurídicas”.

El caso más reciente tuvo lugar en julio de 2024, cuando el Ministerio de la Producción (PRODUCE) otorgó un recorte del 80% en el pago de sanciones pendientes. En aquella ocasión, el viceministro Jesús Barrientos dijo para Infobae Perú que la mayoría se concetraba en la pequeña pesca, aunque no aclaró si solo en número de multas o montos.

Estas exoneraciones, motivadas en principio por crisis como el fenómeno de El Niño o la pandemia de COVID-19, han dejado en evidencia, de acuerdo al informe, la limitada capacidad administrativa del Estado para cobrar sanciones y, sobre todo, minan el efecto disuasorio de la ley.

¿Un llamado a terminar con las amnistías?

El resultado, para el organismo internacional, es una sensación de impunidad que pone en riesgo la gobernanza sectorial y la salud de los recursos hidrobiológicos.

La OCDE recomienda de manera categórica reforzar el sistema de sanciones de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y fortalecer su efecto disuasorio al garantizar que “sean proporcionales a la naturaleza y la gravedad de las infracciones, así como evitar nuevas condonaciones para el pago de multas.

Pesca en Perú: entre la excelencia técnica y los desafíos estructurales

El informe no escatima elogios al señalar que Perú es uno de los grandes actores globales de la pesca, con una producción anual de 5,5 millones de toneladas en 2022, equivalente al 3% mundial.

El país ha construido, especialmente en la gestión de la anchoveta (Engraulis ringens), uno de los sistemas de manejo adaptativo y monitoreo más sofisticados del planeta, basado en cuotas individuales por embarcación y vedas espacial-temporales en tiempo real.

La biomasa de las principales especies explotadas supera ampliamente los estándares globales: el 97% de las poblaciones evaluadas están por encima del umbral de sostenibilidad, y el 73% en niveles que maximizan la productividad, muy por encima de la media OCDE.

Sin embargo, debajo de estas fortalezas subyacen debilidades estructurales. El informe señala como retos críticos:

• Informalidad generalizada: Más del 90% de los pescadores artesanales operan fuera del registro oficial.
• Crecimiento descontrolado de la flota artesanal, en parte por la construcción o alteración ilegal de embarcaciones en astilleros informales.
• Déficit de capacidades en gobiernos regionales, especialmente en recursos humanos y tecnológicos para el SCV.
• Dificultades en la gestión de especies no monitoreadas, lo que podría conllevar sobreexplotación inadvertida.

Acuicultura y cambio climático: retos y oportunidades

Aunque la acuicultura apenas representa el 2,6% de la producción total, creció un 95% en la última década. El Gobierno aspira a convertirla en un motor de crecimiento económico, resiliente al cambio climático, mediante la Política Nacional de Acuicultura al 2030.

No obstante, este sector también enfrenta problemas de informalidad, trámites pesados y ahora, la amenaza de eventos extremos (inundaciones, sequías, enfermedades), según el foro de 38 países miembros.

El informe urge a una mayor coordinación institucional, el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Acuicultura y la planificación espacial integrada para evitar conflictos por recursos.

Apoyo gubernamental: ¿suficiente, excesivo o de riesgo?

Perú destina en promedio 97 millones de USD al año para apoyar la pesca, monto que, aunque alto en términos absolutos, es bajo en relación con el tamaño de la flota y el empleo respecto a otros países OCDE.

Sin embargo, la mitad de ese apoyo, principalmente ayudas a ingresos e infraestructura artesanal, representa un riesgo moderado o alto de fomento de sobrepesca si no va acompañado de un sistema de manejo efectivo.

Así, el informe plantea una hoja de ruta clara para aproximar las políticas peruanas a los estándares OCDE:

• Finalizar la práctica de amnistías y asegurar el cobro efectivo de sanciones.
• Formalizar y controlar el crecimiento de la flota artesanal.
• Invertir en capacidades para gobiernos regionales y en seguimiento electrónico para el sector artesanal.
• Coordinar políticas de apoyo, evitando incentivos a la sobrecapacidad.
• Fortalecer la gobernanza ambiental y la planificación para la acuicultura ante el cambio climático.

El diagnóstico de la OCDE muestra un sector pesquero peruano robusto, con logros técnicos notables y potencial de crecimiento sostenible, pero vulnerable a decisiones políticas de corto plazo, deficiencias institucionales y viejos problemas de informalidad y sobrecapacidad.

El destino de uno de los mares más productivos del mundo pende, en buena parte, de la coherencia entre la ley, la política y la práctica, sella el documento.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el 24 de marzo de 2026, sobre las políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en el Perú, generó un consenso poco habitual al reconocer un sistema de gestión pesquera, particularmente en el ámbito industrial, sustentado en evidencia científica, con un marco de ordenamiento sólido y alineado con estándares internacionales.

La OCDE no sólo muestra que el Perú tenga una buena política pesquera, sino también que, en ese sector, el Estado peruano ha logrado construir un sistema que funciona. Uno que toma decisiones con base en información científica, que aplica reglas previsibles y que cuenta con mecanismos de control efectivos. En otras palabras, un sistema que, en los hechos, ya opera con estándares OCDE.

Ese es el verdadero punto de partida.

La gestión pesquera peruana no es improvisada, esta se sostiene sobre una arquitectura institucional compleja que articula la investigación científica y la regulación. Las decisiones sobre cuotas, vedas y temporadas de pesca se sustentan en recomendaciones técnicas y en información científica. A ello se suma un conjunto de herramientas de trazabilidad y seguimiento que permiten supervisar de manera continua la actividad, particularmente en la flota industrial.

En esa línea, los resultados son concretos, al obtener pesquerías en niveles biológicamente sostenibles, el posicionamiento de una de las principales industrias pesqueras del mundo y una reputación internacional que hoy es validada por la OCDE.

Hay, además, un elemento poco destacado que resulta especialmente revelador. A diferencia de muchos países de la OCDE, el Perú ha desarrollado este sistema con menor dependencia de subsidios, con niveles de apoyo significativamente inferiores al promedio de esos países. Ese equilibrio entre sustento científico, legislación basada en información técnica y científica y la capacidad de gestión constituye un activo que el país aún no termina de reconocer plenamente.

Sin embargo, el informe no es solo una validación. Es también una advertencia.

El Perú ha logrado consolidar un estándar alto en la pesca industrial, pero ese mismo nivel no se replica de manera homogénea en todo el sector pesquero peruano. Persisten brechas importantes en la pesca artesanal, en la acuicultura y, sobre todo, en la capacidad de implementación a nivel regional. La informalidad, las limitaciones institucionales en territorio y la fragmentación en la gestión siguen siendo desafíos pendientes.

El desafío que plantea la OCDE ya no es meramente técnico, pues no se trata de aprender a gestionar mejor la pesca —eso, en gran medida, ya se ha logrado— sino de avanzar hacia una segunda generación de políticas, fortalecer la gobernanza territorial, simplificar marcos regulatorios, integrar mejor a los actores más rezagados y consolidar la sostenibilidad en todo el ecosistema.

En ese tránsito, la pesca ofrece una lección que trasciende al propio sector.

Demuestra que es posible construir políticas públicas basadas en evidencia científica, con instituciones técnicas sólidas y normas, incluso en contextos complejos. Demuestra, también, que el Estado peruano sí tiene la capacidad de operar con estándares internacionales cuando existe continuidad, enfoque técnico y voluntad de sostener decisiones en el tiempo.

Por ello, el informe de la OCDE no debe leerse solo como una buena noticia para el sector pesquero. Se trata de un estudio técnico que analiza la legislación, la planificación y la gestión científica de la pesca industrial peruana, y evidencia cómo el Estado peruano ha desarrollado capacidades institucionales para operar con estándares internacionales. En este ámbito, el Perú ya constituye un ejemplo, y cabe preguntarse por qué solo el sector industrial sigue siendo la excepción dentro de la pesca nacional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo que reúne a las economías más grandes del mundo, publicó un informe en el que recomienda al Gobierno que adopte, “con carácter urgente”, medidas para investigar los delitos de cohecho internacional. Es decir, las denuncias de sobornos en casos de corrupción que involucren a funcionarios extranjeros.

Así lo consignó el último informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, publicado este martes. El relevamiento, que presenta una evaluación crítica y recomendaciones sobre la implementación del convenio, también destaca que Argentina “ha avanzado en la lucha contra el cohecho internacional”, al detectar que hubo mejoras en materia de cooperación e investigación judicial.

Ese reconocimiento dio pie a que el canciller, Pablo Quirno, celebre el reporte como un hecho positivo y “un paso relevante hacia el acceso a la OCDE, en línea con las reformas y la estrategia de inserción internacional impulsadas por el Presidente Milei”.

Sin embargo, el organismo remarcó la persistencia de un déficit de Argentina y del Gobierno para afrontar este tipo de delitos vinculados a la corrupción. En concreto, señaló que el país aún enfrenta “barreras estructurales”.

Uno de los puntos señalados es que el sistema de detección de este tipo de delitos internacionales carece de un marco legal que garantice la protección de los denunciantes y testigos (los “whistleblowers”). Además, el informe remarca que las causas judiciales de cohecho internacional en Argentina siguen experimentando retrasos, lo que “plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción. De hecho, los casos que involucran en delitos complejos a empresas son inexistentes.

“Son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresaria, ocho años después de su adopción”, indica la OCDE en un comunicado. Solo existe una aplicación concreta de acuerdos de colaboración en casos de corrupción doméstica, dice el reporte.

Incluso, el grupo deslizó comentarios que contrastan con la prédica de la moral del Gobierno y la batalla cultural libertaria: señaló que el periodismo de investigación es la principal vía de detección de casos de este tipo y llamó la atención que el reporte de denuncias de soborno transnacional por parte de funcionarios públicos “sigue siendo mínima, y no se han detectado casos a través de canales contables, de auditoría o fiscales”.

Los avances que consigna la OCDE, con base en París, se contrastan en relación a la última evaluación realizada hace casi una década, realizada en el año 2017. Desde ese momento, se identificaron 17 nuevas denuncias por cohecho vinculados a causas argentinas en el exterior y, en 2025, se resolvió el primer caso contra una persona física en Argentina.

El balance sobre este aspecto sabe a poco, teniendo en cuenta la corrupción endémica en el país. El único fallo con condena fue para un responsable de una firma tecnológica (Technological Services) que buscó obtener contratos en El Salvador: recibió una pena en suspenso de un año, inhabilitación para cargos públicos y la obligación de donar 2 millones de pesos a una entidad de bien público. Otro de los procesados alcanzó un acuerdo en un juicio abreviado.

En concreto, la única sanción aplicada fue de alcance mínimo, sin sentar un precedente relevante. “La indulgencia de las sanciones -en particular, la pena condicional en el extremo más bajo del rango previsto por el artículo 258bis (de uno a seis años de prisión) y el acuerdo de suspensión de juicio- genera preocupación sobre su eficacia, proporcionalidad y carácter disuasorio”, señala el reporte, que recomienda transparentar los criterios para acuerdos no judiciales y sanciones.

Otra mención llamativa es el uso creciente de la Unidad de Información Financiera (UIF) como fuente de detección de sobornos transnacionales, con cuatro casos identificados por lavado de dinero. Es algo visto como una “buena práctica” frente a otros países de la región, pero el propio informe advierte que la calidad y el origen de los reportes siguen muy concentrados en el sistema financiero y que la integración plena de profesiones “clave” (como abogados y síndicos) recién empieza

El grupo internacional ponderó positivamente la tarea de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), esta última conocida por realizar escuchas judiciales y realizar relevamientos de redes sociales, correos electrónicos y geolocalización.

Según el análisis, ambos organismos judiciales “han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional, entre otras cosas reforzando la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional”.

Pablo Quirno destacó esa mención de la OCDE, al consignar que el organismo identificó “más coordinación interinstitucional, mejor articulación en las investigaciones y uso efectivo de la cooperación internacional para investigar y sancionar”. “Un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal, coordinado por la Cancillería como punto focal”, subrayó el canciller en sus redes sociales, al calificarlo como “buenas noticias”.

Como recomendaciones, además de la aprobación urgente de un “marco integral de protección de denunciantes tanto en el sector público como privado”, la OCDE instó a acelerar la tramitación de los casos para evitar demoras indebidas, aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones, y reducir de manera sustancial las vacantes judiciales y la dependencia de jueces suplentes. Algo sobre el aspecto judicial se hizo esta semana: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado los pliegos para cubrir 62 cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. La OCDE también planteó elevar las exigencias de las licitaciones públicas.

La fase final del análisis del grupo de trabajo anti sobornos se realizó entre el 16 y el 19 de marzo, en la capital francesa. Una delegación argentina ejerció la defensa en el plenario. Entre septiembre y octubre del año pasado, los expertos del organismos habían visitado el país para recabar opiniones de las partes interesadas del sector público, la sociedad civil y el mundo académico.

Creado en 1994, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho está integrado por 46 países firmantes de la convención internacional. Argentina adhirió en 2001 a este compromiso, que se considera como uno de los más exigentes en materia de lucha contra la corrupción a nivel global.

Cumplir con estos estándares es fundamental para que el gobierno de Javier Milei cumpla con su objetivo de ingresar al selecto grupo de naciones con mayor poder económico. En noviembre de 2025, el canciller Quirno presentó un memorándum para adherir al grupo internacional.

La OCDE es una entidad de gobernanza global cuyas decisiones no son vinculantes para los países miembro, pero que acatar sus recomendaciones y prácticas sirven a los fines de “soft power” global, como un sello de calidad para atraer inversiones.

Argentina presenta una historia reciente con casos reconocidos que incluyeron sobornos internacionales. El más relevante fue el de la empresa alemana Siemens, que salió a la luz por un contrato de licitación en 1996 para emitir DNI y construir un sistema de control fronterizo. Entre 1996 y 2001, la firma pagó aproximadamente 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos, miembros de la oposición y candidatos a ocupar cargos durante el gobierno de Carlos Menem.

La otra causa fue la de la constructora brasileña Odebrecht, que realizó pagos ilegales superiores a 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014, distribuyendo el dinero a intermediarios con la intención de hacerle llegar a funcionarios del gobierno kirchnerista. Las coimas tuvieron alcance regional e involucró a 14 países de América Latina.

Son casos excepcionales. La evaluación del Grupo de la OCDE consigna que el promedio de duración de las investigaciones puede extenderse, en promedio, a los 8 años, y algunas superan la década. Hay 8 investigaciones cerradas y 8 en curso, con varios procesos cerca de prescribir o con riesgo de pérdida de pruebas.

Mientras que en 2025 se resolvió por primera vez en Argentina un caso de cohecho internacional contra una persona física, la mayoría de las denuncias relacionadas con sobornos en el extranjero siguen sin llegar al enjuiciamiento y enfrentan significativos retrasos que afectan la obtención de pruebas y el cumplimiento de plazos legales. Según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estos obstáculos se deben a la falta de protección jurídica para quienes exponen estos delitos y a la insuficiente dotación de jueces en el país. La OCDE insistió en que Argentina debe tomar medidas urgentes para mejorar el combate contra la corrupción transnacional.

De acuerdo con la OCDE, los avances realizados por Argentina en la persecución del cohecho internacional evidencian un progreso, pero el país aún afronta barreras estructurales que limitan la eficacia en la detección y aplicación de la ley. El organismo internacional subrayó en un informe reciente que una de las principales deficiencias es la carencia de un marco legal integral que resguarde a los denunciantes tanto en el sector público como en el privado.

Tal como publicó la OCDE, la organización recomendó que el Estado argentino diseñe con urgencia un sistema robusto para proteger a las personas que denuncian hechos de soborno internacional o, alternativamente, asegure la existencia de mecanismos que permitan que los casos reciban una resolución fiscal sin dilaciones indebidas. Además, reclamó que se aplique completamente el Código Procesal Penal Federal en aquellas jurisdicciones federales que aún no lo han incorporado, a fin de uniformar criterios procesales y reducir vacíos legales.

El informe de la OCDE, citado al inicio de la semana, también remarcó la necesidad de disminuir de manera significativa el número de vacantes en el sistema judicial, tanto de jueces titulares como suplentes, porque este déficit contribuye a la acumulación y estancamiento de causas relacionadas con delitos económicos y soborno transnacional. La escasez de jueces titulares y de apoyo debilita la respuesta judicial ante hechos delictivos complejos y facilita la impunidad en los casos de corrupción internacional.

Sobre las instituciones argentinas dedicadas a la persecución del cohecho internacional, la OCDE señaló logros recientes. El medio internacional consignó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) han fortalecido sus capacidades de análisis, adoptando estrategias más activas que fomentan la cooperación con contrapartes extranjeras. Este fortalecimiento ha permitido una mayor articulación en investigaciones, aunque los resultados en materia de enjuiciamiento permanecen limitados.

A pesar de estos avances, la OCDE observó que los atrasos en la tramitación judicial continúan generando dificultades para recolectar pruebas y ajustarse a los plazos de prescripción, lo que afecta el éxito de la persecución penal. Según reportó la organización, solo un número muy reducido de expedientes judiciales vinculados a sobornos internacionales llegó a la etapa de juicio oral y ninguna empresa —persona jurídica— ha enfrentado hasta el momento una investigación o sanción bajo la Ley de Responsabilidad Empresarial, a pesar de que esta legislación fue adoptada hace ocho años en el país.

En sus recomendaciones, la OCDE solicitó que las autoridades argentinas revisen y refuercen las garantías legales para quienes denuncian delitos de cohecho, ya que la falta de protección implica riesgos de represalias, obstaculizando la denuncia y, en consecuencia, la investigación de estos hechos. El organismo internacional instó también a que todas las jurisdicciones federales apliquen de forma íntegra el Código Procesal Penal Federal, aspecto que considera imprescindible para una respuesta judicial ágil y homogénea.

El medio internacional señaló que, aunque en 2025 Argentina logró resolver el primer caso de cohecho internacional contra una persona física sin demoras excesivas, los desafíos persisten en relación con la impunidad de las empresas implicadas y con la duración de los procesos judiciales. La OCDE advirtió que sin una mayor dotación de jueces y sin la implementación de sistemas adecuados de protección a denunciantes, será difícil que el país logre una reducción efectiva de la corrupción transnacional y que se garantice la adecuada aplicación de las leyes vigentes.

En sus declaraciones, la OCDE hizo hincapié en la urgencia de que el gobierno argentino ponga en marcha las reformas recomendadas y fortalezca su capacidad institucional, no solo para detectar y sancionar más eficientemente los casos de soborno en el extranjero, sino también para prevenir nuevos hechos a partir de un marco legal que promueva y proteja la denuncia responsable.

El organismo, a través de su último informe, ratificó su disposición a apoyar técnicamente a Argentina y seguir monitoreando los avances realizados, reiterando que la construcción de un sistema judicial sólido y la protección efectiva para los denunciantes son elementos centrales para erradicar la impunidad en los delitos de cohecho internacional.

El Ministerio de Educación de Panamá anunció que el país retornará a la prueba PISA en 2029, marcando un cambio en la estrategia educativa nacional y una modificación directa de la postura adoptada en 2024, cuando la actual ministra de Educación, Lucy Molinar, decidió retirar al país de la evaluación correspondiente a 2025.

La nueva decisión busca alinear la participación con un proceso de transformación estructural del sistema educativo.

Según el comunicado oficial, el regreso a la evaluación internacional responde a una estrategia planificada y no inmediata, con el objetivo de que los resultados reflejen avances concretos en el rediseño curricular, la capacitación docente y la integración tecnológica en las aulas.

El Ministerio plantea que para 2029 el país estará en una fase intermedia de implementación de reformas, lo que permitiría medir con mayor precisión el impacto de los cambios.

Este anuncio representa un giro frente a la decisión tomada tras la llegada al gobierno del presidente José Raúl Mulino, cuando en 2024 se optó por no participar en la prueba PISA 2025.

En ese momento, las autoridades argumentaron que el sistema educativo no estaba preparado para reflejar mejoras reales y que una participación inmediata no aportaría información útil para la toma de decisiones.

La decisión de retirarse generó críticas desde distintos sectores educativos y académicos, que cuestionaron la pérdida de un instrumento clave de medición internacional.

Sin embargo, el nuevo anuncio busca reposicionar la participación de Panamá bajo un enfoque distinto: no como un ejercicio inmediato, sino como una evaluación estratégica posterior a las reformas.

La última participación de Panamá en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se dio en 2022, con resultados publicados en diciembre de 2023.

En esa edición, 5,308 estudiantes de 15 años fueron evaluados, ubicando al país en la posición 74 de 81 naciones participantes, lo que evidenció importantes brechas en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias.

Los resultados mostraron que Panamá se encontraba por debajo del promedio regional y global, con desempeños limitados en comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos.

Esta situación reforzó el diagnóstico de que el sistema educativo enfrenta retos estructurales en calidad, equidad y formación docente, factores que inciden directamente en los resultados de este tipo de evaluaciones.

En América Latina, países como Chile, Uruguay y Costa Rica han logrado mejores desempeños relativos, mientras que otras economías de la región también enfrentan desafíos similares.

A nivel global, los sistemas educativos de Asia y Europa continúan liderando la prueba, lo que amplía la brecha en términos de competitividad educativa y desarrollo de habilidades.

El Ministerio de Educación sostiene que el retorno en 2029 permitirá que Panamá participe en un contexto donde los cambios implementados sean medibles, sostenibles y alineados con estándares internacionales, evitando una participación que refleje únicamente las debilidades actuales del sistema.

El enfoque apunta a que los resultados puedan servir como una herramienta de evaluación real del impacto de las políticas educativas.

Además, el comunicado destaca que el país está impulsando programas orientados a fortalecer las competencias docentes, así como iniciativas para integrar herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Estas acciones buscan cerrar brechas y preparar a los estudiantes para los desafíos actuales del mercado laboral y la economía del conocimiento.

El anuncio también se da en un contexto en el que la prueba PISA continúa siendo uno de los principales referentes internacionales para medir la calidad educativa, al evaluar no solo conocimientos, sino también la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido en situaciones reales. Su relevancia radica en que permite comparar el desempeño entre países y orientar políticas públicas.

El reto ahora será que las reformas anunciadas logren resultados concretos antes de 2029, para que el retorno a la prueba no solo represente un regreso, sino también una mejora real en el desempeño educativo del país.

El presidente José Raúl Mulino adelantó esta semana que las reformas educativas orientadas a modernizar la Ley Orgánica de Educación de 1946 no se realizarán de forma apresurada, sino mediante un proceso basado en amplio diálogo y consenso nacional.

El mandatario señaló que cualquier cambio estructural en el sistema debe construirse con la participación de docentes, estudiantes, gremios y distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de garantizar una transformación sostenible y legítima del modelo educativo panameño.

El último análisis de la OCDE identifica como principal desafío a corto plazo el riesgo de inflación elevada, motivada por la persistencia de precios altos en los sectores energético y de materias primas, impulsados tras los recientes enfrentamientos en Oriente Próximo. De acuerdo con este informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha disminuido sus perspectivas de crecimiento para la economía española en 2026, situando la estimación en un avance del 2,1%, una décima menos respecto a lo que había previsto en diciembre.

Según publicó la OCDE, los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán han generado un impacto negativo sobre las expectativas de recuperación económica en España, reduciendo también la proyección para 2025 a un 1,7%, lo que supone otro recorte de una décima frente a la previsión previa. El organismo internacional detalla que esta reducción se enmarca en un contexto de tensión geopolítica que afecta de manera global al crecimiento, aunque matiza que el ajuste en España es el menor entre las principales economías europeas.

La zona euro experimenta recortes más acusados en sus previsiones, con una expansión prevista del 0,8% para 2026 y del 1,2% para 2027, es decir, cuatro y dos décimas menos, respectivamente. Alemania, como mayor economía de la eurozona, afronta una rebaja de dos décimas en el crecimiento esperado para este año, también hasta el 0,8%, mientras que la previsión para 2027 se mantiene en el 1,5%. Francia registra una corrección similar, con un crecimiento del 0,8% para 2026, dos décimas por debajo de lo estimado anteriormente, y un 1% para 2027 según la misma fuente.

En cuanto a Italia, la OCDE anticipa un aumento del PIB del 0,4% para 2026 y del 0,6% en 2027, significando ajustes a la baja de dos y una décima respectivamente. Por contraste, la economía estadounidense recibe una revisión al alza para 2026, hasta el 2%, aunque su proyección para 2025 se reduce a un 1,7%. Las principales economías emergentes, como China y la India, presentan estabilidad en las estimaciones para el gigante asiático con un crecimiento del 4,4% en 2026 y del 4,3% en 2027, mientras que las expectativas para la India se sitúan en un 6,1% para 2026, una décima menos que en el informe anterior, y un 6,4% para 2027.

En este marco, la OCDE señala que el incremento de las tensiones en Oriente Próximo pone en cuestión la capacidad de resistencia de la economía mundial. El mantenimiento de precios elevados de la energía influiría negativamente sobre los costes empresariales y la inflación global, según detalla el organismo. Estos factores podrían frenar los efectos positivos de las inversiones tecnológicas y de la liberalización comercial que venían brindando cierto impulso a las principales economías.

La OCDE basa su escenario en la hipótesis de una moderación paulatina de las perturbaciones actuales en los mercados energéticos. Proyecta que, a partir de mediados de 2026, los precios del petróleo, gas y fertilizantes disminuirán gradualmente, contribuyendo a suavizar la presión inflacionaria. Sin embargo, advierte que una prolongación del estado actual prolongaría el periodo de precios altos y mantendría elevado el riesgo sobre los objetivos económicos.

Respecto a la evolución de los precios en España, la OCDE ahora estima una inflación del 3% para este año y del 2,2% para el próximo, ambos valores más elevados que sus predicciones de diciembre, que apuntaban al 2,3% y al 1,8%, respectivamente. La inflación subyacente, que excluye la energía y alimentos frescos, también sube en las previsiones: un 2,7% para este año, medio punto porcentual más, y un 2,1% para 2027, lo que supone un incremento de tres décimas sobre el pronóstico anterior.

El análisis de la OCDE para el conjunto del mundo prevé una inflación del 4% este año, lo que representa un aumento respecto al 2,8% anterior. Para 2027, la organización anticipa una tasa global del 2,7%, es decir, dos décimas más que en el reporte de diciembre. En la zona euro, las previsiones indican que los precios se elevarán un 2,6% en 2026 y un 2,1% en 2027, valores superiores en siete y una décima, respectivamente, frente a los datos del año previo. En Estados Unidos, la previsión inflacionaria de este año sube al 4,2%, mientras que el cálculo para 2027 baja siete décimas, quedando en el 1,6%.

La OCDE resalta que, incluso antes de la actual crisis en Oriente Próximo, los precios de las materias primas ya se encontraban en niveles altos debido a la guerra en Ucrania. La organización recalca en su informe que: “La experiencia pasada ha demostrado que las fluctuaciones en los precios de las materias primas pueden elevar las expectativas de inflación y las presiones inflacionarias en general”. Ante este contexto, la recomendación de la OCDE para los bancos centrales es mantener la vigilancia y responder con agilidad a los posibles cambios que puedan alterar el equilibrio de riesgos, de manera que se asegure una contención duradera de las presiones inflacionarias.

La organización recuerda que, si bien el actual encarecimiento mundial de la energía responde principalmente a factores de oferta, el peligro de un aumento persistente de la inflación solo podría neutralizarse si las expectativas se mantienen estables. No obstante, la OCDE señala que las autoridades monetarias podrían verse obligadas a modificar su política monetaria si emergen signos de inflación generalizada o de debilitamiento en el mercado laboral.

En la eurozona, las previsiones apuntan a un ligero aumento de los tipos de interés oficiales durante el segundo trimestre del año, con el objetivo de respaldar la estabilidad de las expectativas inflacionarias ante la escalada de precios en el sector energético, precisa la OCDE.

El informe también advierte sobre riesgos adicionales asociados a interrupciones duraderas en el suministro de energía, posibles rendimientos menores a lo previsto en inversión neta en inteligencia artificial y un incremento en las pérdidas en los mercados de capitales privados. Estos factores podrían motivar una reevaluación de riesgos financieros y tener consecuencias negativas sobre la demanda privada.

Según informó la OCDE, el sector de empresas relacionadas con la inteligencia artificial ha incrementado su participación en la emisión de acciones y bonos corporativos en Estados Unidos. Su acceso reciente a financiación por vías menos transparentes, como mercados de deuda privados, podría aumentar la exposición al riesgo de impago en varios productos de crédito. La institución advierte que los episodios recientes de reembolsos y salidas netas en varios fondos de crédito privados reflejan posibles tensiones de liquidez, y que esto podría derivar en un uso mayor de líneas de crédito bancario, lo que generaría inquietudes sobre la estabilidad del sistema financiero.

En cuanto a la política fiscal, la OCDE apunta que cualquier nueva intervención pública ante la subida de precios energéticos debe centrarse en los hogares más vulnerables y en empresas viables, teniendo mecanismos de expiración definidos. El organismo remarca que medidas generalizadas como subsidios, transferencias, recortes fiscales o límites a los precios suelen ser de aplicación más sencilla y rápida, pero conllevan un mayor coste fiscal y debilitan los incentivos para disminuir el consumo de energía. Además, señala que estas intervenciones probablemente exijan recortes adicionales en otras partidas presupuestarias si los márgenes fiscales se ven reducidos, y advierte de que la implementación de nuevas ayudas fiscales para mitigar el encarecimiento energético agravará los desafíos presupuestarios de los gobiernos actualmente.

La corrupción y el fraude mantienen un elevado costo para países como Honduras, Guatemala y República Dominicana, donde las reglas anticorrupción existen pero su cumplimiento práctico es bajo. Según el más reciente informe de la OCDE sobre Perspectivas de Anticorrupción e Integridad Pública, estos tres países forman parte de los 25 socios cubiertos en el estudio, junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú, lo que lleva a un total de nueve naciones latinoamericanas analizadas.

En el estudio, la OCDE advierte que existe una marcada distancia entre la existencia de normas y su aplicación real. Mientras que en los países socios el cumplimiento normativo de las reglas anticorrupción es del 66 %, la implementación efectiva alcanza solo el 40%. Entre los 37 países miembros de la OCDE, la solidez de las reglas llega al 63% y su aplicación práctica apenas al 44%. Esta brecha deja expuestos a los sistemas públicos ante el avance de la corrupción y el fraude.

Las investigaciones incluidas en el informe citan estudios realizados en 2022, que estiman que entre el 8% y el 25% de la inversión pública mundial —aproximadamente el 13% del PIB global— se pierde cada año a causa de la mala gestión y la corrupción. De acuerdo con información citada por EFE, esta fuga de recursos impacta de manera directa en la calidad de los servicios públicos y en la equidad en la distribución de fondos estatales.

La distorsión de las políticas públicas es una de las consecuencias más serias de estos delitos. Según la OCDE, la corrupción no solo añade ineficiencia y desalienta la innovación y la inversión, sino que también incrementa las desigualdades sociales y debilita la confianza en las instituciones. Cuando las normas se quedan en el papel, los mercados pierden estabilidad y las oportunidades de desarrollo disminuyen.

En la Unión Europea, el Parlamento Europeo calculó que entre 2016 y 2021 la corrupción en la contratación pública supuso un costo de 29.600 millones de euros. Por su parte, la Fiscalía Europea reportó que los daños por fraude y otros delitos contra el presupuesto de la UE alcanzaron los 25,000 millones de euros en el último ejercicio, lo que implicó un aumento del 22.5 % en comparación con el año anterior.

El informe de la OCDE remarca que el fraude en los programas públicos suele tener un costo real mayor al detectado oficialmente. En Estados Unidos, la Oficina de Rendición de Cuentas estimó que, durante la pandemia de covid, el fraude en el seguro de desempleo osciló entre USD 100,000 y USD 135,000 millones, lo que representó entre el 11 % y el 15 % de todas las prestaciones entregadas en ese periodo.

En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría calcula que los organismos estatales pierden entre el 0,5 % y el 5 % de su gasto anual debido al fraude, lo que representa una fuga importante de fondos públicos.

La expansión del crimen organizado agrava aún más el escenario. Según la OCDE y datos de la ONU, la globalización y la digitalización han incrementado el alcance y el impacto de estas actividades ilícitas. Se calcula que el costo económico del crimen organizado puede estar entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, es decir, entre USD 800.000 millones y dos billones cada año. En América Latina y el Caribe, este costo representa el 3,5 % del PIB; en el Reino Unido, equivale al 2 %; y en Australia, considerando los efectos indirectos, llega hasta el 4 %.

El informe concluye que la corrupción y el fraude no solo afectan a las finanzas estatales, sino que erosionan la confianza pública, amplían las desigualdades y facilitan un entorno donde el incumplimiento de la ley y la tolerancia hacia estos delitos pueden expandirse.

Para países como Guatemala, Honduras y República Dominicana, el reto es que las leyes y los sistemas de integridad pública dejen de ser una formalidad y se conviertan en una realidad cotidiana, capaz de frenar la pérdida de recursos y el deterioro institucional.

A pesar de los avances en infraestructura digital, el acceso a internet en Colombia sigue marcado por profundas desigualdades. Las zonas rurales, en particular, continúan rezagadas frente a las ciudades, en un contexto donde la conectividad se ha vuelto esencial para el desarrollo económico y social.

Un análisis internacional pone el foco en esa brecha. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) advirtió que, lejos de cerrarse, la distancia entre regiones urbanas y rurales se amplio en términos relativos, lo que plantea nuevos desafíos para la política pública en el país.

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La situación es especialmente evidente cuando se revisan las velocidades de conexión. En áreas rurales, la descarga móvil es significativamente más lenta que el promedio de los países de la Ocde, mientras que la banda ancha fija también presenta un rezago considerable. Este panorama limita el acceso a servicios digitales y profundiza las desigualdades territoriales.

El documento, elaborado a solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, reconoció que Colombia ha dado pasos importantes en la última década. El despliegue de fibra óptica, por ejemplo, creció de manera sostenida y ya representa cerca de la mitad de las suscripciones de banda ancha fija, una cifra cercana al promedio internacional.

Sin embargo, ese avance en infraestructura no se traduce plenamente en mayor acceso para los usuarios. El informe advirtió que la adopción de estos servicios sigue siendo baja, especialmente en regiones apartadas, donde factores como el costo, la falta de cobertura efectiva y las condiciones del mercado dificultan la expansión del servicio.

A esto se suma el retraso en la implementación de nuevas tecnologías. Aunque el país inició el despliegue de redes 5G en 2024, su alcance aún es limitado, lo que contrasta con el ritmo de adopción en otras economías comparables. Esta situación refuerza la percepción de un desarrollo desigual dentro del ecosistema digital.

El análisis también puso la lupa sobre el comportamiento del mercado de telecomunicaciones. En los últimos años, los ingresos del sector disminuyeron en términos reales, lo que reflejó una presión sostenida sobre los operadores. Además, el ingreso promedio por usuario en el segmento móvil se mantiene entre los más bajos del grupo de países analizados.

En este contexto, la estructura competitiva del mercado adquiere especial relevancia. La posición dominante de uno de los principales operadores se mantuvo estable durante la última década, mientras que movimientos recientes, como la fusión entre otros actores relevantes, podrían modificar el equilibrio competitivo en el mediano plazo.

El informe advirtió que estas dinámicas, sumadas a la situación financiera de algunos operadores más pequeños, podrían afectar la inversión y la competencia, especialmente en las zonas menos rentables. Esto, a su vez, tendría un impacto directo en la expansión de la conectividad en regiones rurales. Otro de los puntos críticos señalados es el desempeño del principal fondo estatal destinado a financiar proyectos de conectividad. La ejecución de recursos para inversión ha sido inferior a lo esperado, lo que podría retrasar iniciativas clave para ampliar la cobertura en áreas desatendidas.

Además, se identifican limitaciones en la forma en que se asignan y evalúan estos recursos. La falta de mecanismos sistemáticos de seguimiento reduce la capacidad de medir el impacto de las inversiones y de garantizar que los proyectos respondan a las necesidades más urgentes.

El informe también cuestionó aspectos institucionales. En particular, señaló que el regulador del sector no cuenta con plena independencia, lo que podría generar tensiones en la toma de decisiones. La participación del poder ejecutivo en su estructura es vista como un elemento atípico frente a estándares internacionales. Frente a este panorama, la organización plantea varias recomendaciones. Entre ellas, fortalecer la regulación para promover la competencia, revisar con detalle los efectos de las integraciones empresariales y actualizar el marco normativo para adaptarlo a un entorno cada vez más influenciado por plataformas digitales.

Los recientes procesos judiciales por presuntos casos de corrupción en República Dominicana han sido señalados desde el Gobierno como una muestra de que “nadie está por encima de la ley”.

El presidente Luis Abinader ha defendido la integridad como un pilar operativo clave para la democracia y el desarrollo económico, según expresó durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París y citada por Diario Libre.

Durante el foro internacional, el mandatario explicó que la administración dominicana ha adoptado un enfoque basado en cuatro ejes: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento. Estos pilares, indicó, buscan fortalecer tanto la institucionalidad como la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

El presidente Abinader sostuvo en su discurso que “la integridad es el sistema operativo de la democracia”, detalla la publicación del medio dominicano.

Abinader argumentó que la corrupción, más allá de ser una falta ética, actúa como “un impuesto invisible” que eleva los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y disminuye la productividad nacional.

Para el jefe de Estado, la integridad no debe considerarse un eslogan sino un sistema de gobernanza basado en el estado de derecho y la rendición de cuentas.

Cuatro pilares para combatir la corrupción

El Gobierno dominicano ha creado Comisiones de Integridad y Cumplimiento en las distintas dependencias estatales. Estas comisiones, según Abinader, identifican riesgos y refuerzan los controles internos como parte de la prevención.

Respecto a la transparencia, el presidente sostuvo que no basta con publicar información, sino que es necesario que los datos sean accesibles, estructurados y útiles para los ciudadanos.

La coordinación entre organismos y la aplicación de la ley de manera indiscriminada completan el modelo promovido por el Ejecutivo para combatir prácticas corruptas.

La pregunta sobre qué acciones concretas ha adoptado el Gobierno dominicano contra la corrupción encuentra respuesta en la implementación de reformas constitucionales, la designación de una Procuradora General independiente y la creación de mecanismos internos para monitorear el cumplimiento de las normas éticas en la administración pública.

Reforma institucional y justicia independiente

Abinader remarcó la reforma constitucional que eliminó la facultad presidencial de nombrar directamente al fiscal general. Explicó que esta modificación busca garantizar la independencia del Ministerio Público y evitar que la justicia sea utilizada como “instrumento del gobierno”.

El jefe de Estado también reconoció la labor de la directora de ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien impulsa políticas alineadas con los estándares internacionales en la materia. El informe presentado por la OCDE durante el foro sirvió como marco para la evaluación de estos avances.

Subrayó que alinearse con los estándares de la OCDE no es solo un gesto diplomático, sino una transformación estructural del Estado, cuyo objetivo es construir instituciones previsibles, transparentes y que rindan cuentas ante la ciudadanía.

Durante su intervención en París cita la nota, Abinader advirtió que la corrupción, cuando se convierte en una práctica sistémica, agrava el problema y es incompatible con la democracia y el crecimiento económico.

Destacó que “la integridad es un activo estratégico para el desarrollo”, y reiteró que el combate a la corrupción exige políticas integrales y un marco legal sólido.

El presidente insistió en que la actual gestión ha priorizado que la justicia no responda a intereses del Ejecutivo, sino a la legalidad y al interés público. Los procesos judiciales en curso por presunta corrupción, según Abinader, fortalecerán la confianza de la ciudadanía en que el imperio de la ley es efectivo y universal.

Reconocimiento internacional y desafíos

La presencia del mandatario dominicano en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE coincidió con reuniones de alto nivel en París, entre ellas un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, el Gobierno firmó un acuerdo con la OCDE para continuar avanzando en políticas de cooperación y transparencia institucional.

El evento internacional ofreció al país una plataforma para mostrar los avances y desafíos en materia de integridad pública. La administración de Abinader sostiene que la integridad no se reduce a un lema, sino que debe plasmarse en la vida institucional y en una rendición de cuentas efectiva.

Durante la ceremonia de reconocimiento a nuevos embajadores honorarios de la Marca España, desarrollada en el Palacio de El Pardo, varias figuras destacadas recibieron sus acreditaciones, entre ellas Ana José Varela, directora financiera de la OCDE, Antonio Huertas, presidente de Mapfre, Diego González Rivas, cirujano torácico, Jaume Plensa, artista plástico, Carme Ruscalleda, chef, Susana Rodríguez Gacio, médica y bicampeona paralímpica de triatlón, y Regina Llopis, matemática y experta en inteligencia artificial. En este contexto, la noticia principal giró en torno al mensaje difundido por el rey Felipe VI, quien resaltó la necesidad de fortalecer la imagen internacional de España y el valor que aportan estos embajadores al reconocimiento global del país, según informó Europa Press.

El monarca subrayó en el evento que España se caracteriza por su apertura internacional, contando con un destacado patrimonio de talento y una red empresarial robusta. Felipe VI resaltó que las marcas españolas actúan como embajadoras en diferentes sectores, proyectando atributos como calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo. Según publicó Europa Press, el rey agradeció la labor del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y del Ministerio de Asuntos Exteriores por la organización de estos reconocimientos y la contribución a la promoción de la Marca España en el exterior.

El evento, reportó Europa Press, respondió a la importancia que adquiere la reputación de un país en un escenario internacional caracterizado por transformaciones económicas y cambios en la situación geopolítica. En sus palabras, Felipe VI sostuvo: “En un contexto internacional marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas, la imagen de un país adquiere un peso y una importancia, un valor aún mayor”. Señaló que el prestigio global de España resulta de la suma de las acciones de numerosos actores, y convocó a todos los presentes a trabajar para que la imagen de España siga mejorando y sea cada día “más querida y respetada”.

Felipe VI se dirigió directamente a los nuevos embajadores honorarios, afirmando que representan el espíritu creativo y abierto de una España moderna. Ante la audiencia, enfatizó que cada individuo galardonado encarna facetas distintas de la España actual: la que investiga, crea, emprende, compite, imagina y construye. De acuerdo con Europa Press, el rey expresó: “La imagen de un país es la suma de las contribuciones de muchos actores. Vosotros encarnáis ese espíritu abierto y creador que define a nuestro país”.

En la ceremonia se puso especial atención en que España dispone de un “extraordinario patrimonio de talento”, así como de un tejido empresarial consolidado en numerosos sectores. Este tejido, a través de su trabajo diario, contribuye sustancialmente a la percepción global de España como país innovador y confiable. El monarca hizo un llamado a considerar la Marca España como una obra colectiva, destacando: “La Marca España es una obra colectiva a la que todos podemos contribuir de muchas maneras, con talento, trabajo y tesón”, según consignó Europa Press.

Durante el acto, los nuevos embajadores honorarios recibieron el encargo simbólico de promover una imagen positiva de España. Según reportó Europa Press, se les instó a actuar con el ejemplo, inspirando a otros ciudadanos a seguir contribuyendo al desempeño y prestigio internacional del país. La importancia de estos reconocimientos radica en el impacto que tienen tanto en el entorno nacional como en el extranjero, ayudando a consolidar la reputación de España en un escenario competitivo y globalizado.

Antonio Huertas, quien intervino en nombre de los nuevos embajadores honorarios, destacó la responsabilidad inherente al título: “Los embajadores estamos llamados a liderar desde nuestra visibilidad y de nuestro ejemplo este movimiento colectivo que recuerda que la verdadera grandeza de España surge cuando trabajamos unidos, guiados por los valores que nos identifican y que nos hacen fuertes”. El presidente de Mapfre recalcó el papel de los embajadores como portavoces de las cualidades nacionales ante el mundo, enfatizando la importancia de reforzar el orgullo nacional y transmitir un mensaje de confianza al exterior. De acuerdo con Europa Press, Huertas añadió que “las generaciones más jóvenes necesitan que les abramos camino y que caminemos también a su lado”.

Entre los galardonados destacados se encuentra Ana José Varela, representante del ámbito de las relaciones internacionales por su papel en la OCDE; Regina Llopis, reconocida en ciencia e innovación por sus aportes en inteligencia artificial; Diego González Rivas, seleccionado en la categoría de acción social por su relevancia en el ámbito de la cirugía torácica; Carme Ruscalleda, reconocida internacionalmente en el sector de la gastronomía y el turismo; Jaume Plensa, premiado en arte y cultura; y Susana Rodríguez Gacio, figura en el ámbito deportivo y ejemplo de superación en los Juegos Paralímpicos. Europa Press detalló que estos reconocimientos buscan visibilizar las contribuciones de perfiles muy variados, todos ellos ligados a la proyección internacional de España.

La ceremonia reafirmó la visión de que la Marca España depende de logros colectivos y de la coordinación entre distintos sectores sociales y productivos. El evento sirvió como plataforma para motivar la imitación de las trayectorias de los nuevos embajadores y fomentar la participación de ciudadanos y empresas en la reputación internacional del país. Según informó Europa Press, tanto el muestrario de perfiles reconocidos como los mensajes de las autoridades presentes reflejaron el objetivo de reforzar el prestigio de España en el escenario global.

El foro organizador, el FMRE, colabora estrechamente con los ministerios responsables de la acción exterior para seleccionar a las personas más aptas en diferentes áreas, considerando tanto el impacto de sus trayectorias profesionales como su capacidad para incidir en la percepción externa de España, conforme reportó Europa Press. Con este tipo de iniciativas, se pretende crear redes de colaboración y sinergias que afiancen la reputación internacional y el reconocimiento del país en ámbitos estratégicos.

Europa Press detalló que las ediciones anteriores de este reconocimiento han mantenido la estrategia de identificar embajadores en campos diversos, desde la ciencia y la cultura, hasta la economía y el deporte, mostrando una visión integral de los valores y capacidades nacionales. Al término de la ceremonia, el mensaje de unidad, trabajo conjunto y búsqueda del reconocimiento global volvió a repetirse como eje central del acto.

En un mensaje difundido en redes sociales, Salvador Illa definió a Manuel Escudero como “referente de compromiso, rigor y pensamiento progresista”, subrayando el impacto personal y profesional del fallecido economista. Esta declaración pública coincidió con el anuncio del fallecimiento de Escudero la mañana del lunes, según consignó Europa Press.

Manuel Escudero, quien presidía la fundación Avanza y se desempeñó como embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 2018 y 2024, falleció recientemente, lo que motivó una oleada de condolencias en el ámbito político y académico. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), compartió el pesar del partido y expresó su pésame a familiares y amigos del economista y ensayista, de acuerdo con la información de Europa Press.

Según informó el medio, Escudero era reconocido por su trayectoria como economista, ensayista y líder de opinión en ámbitos vinculados al pensamiento progresista y la política pública. En su mensaje en la plataforma ‘X’, Illa destacó que “es y será un referente de compromiso, rigor y pensamiento progresista”, retratando así la huella intelectual y ética que dejó Escudero entre quienes lo conocieron y trabajaron a su lado.

Durante su gestión como presidente de la fundación Avanza, Escudero impulsó iniciativas centradas en la innovación social y el desarrollo económico, lo cual le otorgó visibilidad y reconocimiento tanto dentro como fuera de los círculos políticos. Su nombramiento como embajador ante la OCDE en 2018 marcó un periodo en el que España reforzó su presencia en los debates internacionales sobre cooperación y desarrollo, reportó Europa Press.

El comunicado de Salvador Illa enfatizó el respeto y admiración que alcanzó Escudero entre sus colegas del ámbito socialista catalán, quienes valoraron su dedicación al análisis profundo y al impulso de reformas socioeconómicas, apoyadas desde una perspectiva progresista. La noticia de su muerte motivó numerosos mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado, tanto por su faceta como líder institucional como por sus aportaciones en el campo de las ideas.

Europa Press informó que Escudero también ganó relevancia como escritor de ensayos, aportando reflexiones sobre cuestiones sociales, económicas y éticas, que influyeron en el desarrollo de políticas públicas en España. Su papel como figura de consulta habitual entre partidos y foros académicos reflejaba la confianza depositada en su capacidad de análisis y su perspectiva crítica.

Diversas instituciones vinculadas al mundo académico y económico también se sumaron al luto, reconociendo su metodología de trabajo centrada en la objetividad y la búsqueda de consensos, características vinculadas a su liderazgo tanto en la fundación Avanza como en las funciones diplomáticas, según reportó Europa Press.

El fallecimiento de Manuel Escudero representa la pérdida de una voz influyente en el debate progresista nacional e internacional, indicaron interlocutores políticos y sociales a Europa Press, quienes coincidieron en destacar la convicción con la que defendió sus valores y su constante labor pedagógica en defensa del diálogo y el progreso social.