De acuerdo con los detalles publicados por EFE, Han Duck-soo fue sentenciado el miércoles a 23 años de prisión. Esta condena supera en ocho años lo solicitado por la fiscalía, que había pedido 15 años de privación de libertad, y subraya la gravedad que el tribunal atribuye a sus actos relacionados con la intentona de imponer la ley marcial promovida por el entonces presidente Yoon Suk-yeol. El tribunal estableció que Han actuó más allá de la mera complicidad y desempeñó un papel central en el proceso, considerando la declaración del estado de excepción como un acto insurreccional.

La condena impuesta a Han representa el primer veredicto dentro de los procedimientos derivados de los intentos de declarar la ley marcial en diciembre de 2024. El fallo califica explícitamente la acción de imponer la ley marcial como insurrección, lo que sienta un precedente para futuras resoluciones en causas vinculadas a estos hechos. Tal como detalló EFE, la dureza de la pena dicta un precedente de severidad y refuerza la expectativa de una posible pena igualmente rigurosa para el expresidente Yoon Suk-yeol, cuyo juicio por insurrección concluirá con un veredicto previsto para el 19 de febrero.

El expresidente Yoon Suk-yeol ya enfrenta consecuencias judiciales: según consignó EFE, el pasado viernes recibió una sentencia de cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia tras la fallida proclamación del estado de excepción. Esta condena corresponde al primero de ocho procesos abiertos tras su destitución por los hechos ocurridos en diciembre de 2024. Yoon enfrenta la posibilidad de una pena de muerte en el proceso por insurrección, aunque la existencia de una moratoria sobre ejecuciones en Corea del Sur desde casi cuatro décadas atrás reduce la probabilidad de la aplicación efectiva de esta medida.

Las acciones tomadas por Han Duck-soo incluyeron, según reportó EFE, la destrucción y ocultamiento de documentos oficiales, así como la creación de papeles falsificados para simular que la declaración de la ley marcial cumplía con los procedimientos legales. Además, el tribunal señaló que Han no colaboró en esclarecer los acontecimientos pese a la magnitud de los hechos y las implicaciones institucionales derivadas de la imposición fallida del estado de excepción.

El proceso judicial de Yoon Suk-yeol mantiene la atención pública y política en Corea del Sur debido a las graves acusaciones y el precedente que podría establecer el veredicto. La sentencia dictada contra Han Duck-soo y la perspectiva del fallo sobre Yoon configuran un nuevo escenario judicial en el país para quienes participaron en la intentona de establecer medidas excepcionales por fuera de los márgenes legales reconocidos, según publicó EFE.

La serie de juicios a ex altos funcionarios surcoreanos, según recopiló EFE, gira en torno a las irregularidades observadas durante el período en que se intentó implementar la ley marcial en diciembre de 2024. Estos procesos arrojan luz sobre el alcance de la responsabilidad individual en acontecimientos considerados como insurrección y determinan parámetros judiciales para casos futuros relacionados con la violación de los procedimientos legales en Corea del Sur.

Durante el juicio celebrado en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, los magistrados calificaron de “muy grave” el delito cometido por el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, subrayando tanto la gravedad de las circunstancias que rodearon el crimen como la actuación personal de Yoon al involucrar a funcionarios del Servicio Secreto en acciones consideradas abuso de poder. Según informó la agencia coreana Yonhap, el exmandatario ha sido condenado a cinco años de prisión tras ser encontrado culpable de obstrucción a la justicia. Esta constituye la primera sentencia que recibe Yoon en el marco de los varios juicios a los que se enfrenta por su gestión vinculada a la ley marcial declarada en diciembre de 2024, una decisión polémica que le costó el cargo meses después.

El tribunal detalló que, durante una investigación judicial, el expresidente ordenó a oficiales del Servicio Secreto obstaculizar el cumplimiento de una orden emanada de la agencia investigadora encargada del caso. De acuerdo con lo recogido por Yonhap, la resolución del tribunal especifica que Yoon empleó a empleados del Estado, cuya lealtad se debe a la República de Corea, para garantizar su seguridad personal y obtener beneficios propios, transformando su función en la institución en tareas no permitidas por la ley. El escrito judicial aseveró: “Durante la investigación, el acusado utilizó a funcionarios del Servicio Secreto para obstruir la ejecución legal de una orden judicial en su contra por parte de la agencia investigadora”, y remarcó que “convirtió a los funcionarios del Servicio Secreto, leales a la República de Corea, en soldados rasos para su propia seguridad y beneficio personal”.

El caso representa el primero de los múltiples juicios derivados de la gestión presidencial de Yoon Suk Yeol, quien enfrenta cargos por hechos relacionados directamente con la controvertida aplicación de la ley marcial que entró en vigor a finales de 2024. Según publicó Yonhap, los magistrados del caso criticaron en sus argumentos que el exmandatario “inventa constantemente excusas difíciles de aceptar y no muestra ningún signo de reflexionar sobre sus faltas”, sugiriendo la ausencia total de arrepentimiento por parte del acusado.

Yoon enfrenta procesos judiciales adicionales, entre ellos uno particularmente significativo que tiene relación con un presunto intento de insurrección. Este caso específico ha generado una alta expectativa, ya que el equipo especial de fiscales encargado ha solicitado la pena de muerte para el exgobernante, de acuerdo con el reporte de Yonhap. El fallo de este proceso está programado para darse a conocer el 19 de febrero.

El medio Yonhap ha destacado que la sentencia anunciada este viernes constituye un precedente dentro de los juicios abiertos por la aplicación de la ley marcial bajo el gobierno de Yoon, dado que recoge los argumentos del tribunal en relación con el abuso del aparato estatal para obstaculizar procesos legales. Los hechos juzgados responden a la intervención directa por parte del expresidente en la actuación de funcionarios públicos, desplazando su función institucional en beneficio propio y contrariando órdenes judiciales.

El desarrollo de estos juicios y la reciente condena demuestran la relevancia judicial y política del caso en Corea del Sur. Según recogió Yonhap, los jueces han hecho hincapié en la gravedad del delito y la reiterada falta de autocrítica de Yoon Suk Yeol. Esta situación sitúa al exmandatario en el centro de la atención tanto nacional como internacional por la magnitud de las acusaciones, la severidad de las penas solicitadas y el impacto institucional derivado de los hechos que ha reconocido el tribunal.

El tribunal de Seúl ha programado para el 16 de enero la lectura del veredicto sobre las acusaciones de obstrucción a la justicia que pesan contra el expresidente surcoreano Yoo Suk Yeol, una fecha clave que se sitúa apenas dos días antes de que expire la orden de arresto bajo la que permanece detenido. De acuerdo con la agencia de noticias estatal Yonhap, el exmandatario enfrenta, además de este proceso, otros juicios relacionados con los hechos ocurridos durante su gobierno, entre ellos uno por insurrección cuyo desenlace podría conocerse en febrero, una vez que finalicen las sesiones previstas para comienzos del nuevo año.

Según informó Yonhap, la Fiscalía surcoreana, mediante un equipo especial de fiscales, ha solicitado una condena de 10 años de prisión para Yoo Suk Yeol como consecuencia principal de su decisión de declarar la ley marcial en diciembre de 2024. Esta medida, considerada polémica y que llevó a la destitución anticipada del presidente, es el núcleo de las acusaciones que ahora lo involucran. La petición de la Fiscalía se desglosa en diferentes penas: cinco años por obstruir la acción de la justicia al impedir su propia detención en enero, tres años más por vulnerar los derechos de nueve miembros del Gabinete, a quienes se excluyó de la reunión en que debió debatirse el plan de instaurar la ley marcial, y dos años adicionales por la elaboración y posterior destrucción de una nueva proclamación referente al decreto revocado.

En el último día de las vistas orales del juicio contra Yoo Suk Yeol, el fiscal Cho Eun Suk expuso ante el tribunal que el exmandatario incurrió en una conducta ilícita al privatizar las instituciones estatales para ocultar y legitimar sus propios actos, tal como publicó Yonhap. "Las acciones criminales del acusado causaron un grave perjuicio al orden público en Corea del Sur y provocaron un daño considerable a la ciudadanía que depositó su confianza en él como presidente", declaró Cho Eun Suk, según reportó el medio surcoreano. Añadió que, durante el proceso judicial, en lugar de expresar algún remordimiento o disculparse ante la sociedad, Yoo Suk Yeol reiteró la legitimidad de la declaración de la ley marcial.

El equipo especial de fiscales considera fundamental que el tribunal establezca un precedente a fin de reparar tanto la Constitución como el marco legal que resultaron afectados por las decisiones ejecutivas del expresidente. En palabras de los fiscales citadas por Yonhap: "Para reparar la Constitución y el legalismo dañados por el acusado y evitar que se repitan los crímenes de abuso de poder por parte de las figuras más poderosas en la historia de Corea del Sur, debemos exigir una rendición de cuentas estricta." Este pronunciamiento busca subrayar la importancia de una condena ejemplar, al margen de la figura y el cargo que ostentaba el acusado.

A lo largo del proceso judicial, se han examinado varios hechos vinculados tanto a la imposición de la ley marcial como a la reacción posterior del presidente y su entorno inmediato. Entre ellos, los fiscales han hecho hincapié en la exclusión de nueve altos funcionarios del Gabinete de la reunión en la que se debió analizar la activación de la ley marcial, interpretando ese acto como una violación de derechos políticos y un intento deliberado de eludir el control institucional. Además, la acusación comprende la redacción y posterior destrucción de un documento revisado sobre la proclamación de ley marcial, lo que, a juicio de los fiscales, constituyó una nueva maniobra para encubrir acciones y eliminar pruebas relevantes.

Yoo Suk Yeol también enfrenta un caso por presunta insurrección, proceso en el que el tribunal podría emitir un fallo en el mes de febrero, según divulgó Yonhap. El veredicto en este proceso dependerá de la duración y conclusión de las vistas judiciales, que se anticipa finalizarán como muy pronto a principios de enero.

La cobertura mediática de Yonhap detalla que la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 por parte de Yoo Suk Yeol, en un contexto de alta conflictividad política, generó un amplio debate nacional e internacional. La salida forzada del presidente del poder y la apertura de múltiples procesos judiciales reflejan las complejas tensiones institucionales que vivió el país en ese periodo. El tribunal de Seúl, al anunciar la fecha de la decisión en el proceso principal, marca un hito en la gestión judicial de las responsabilidades políticas en Corea del Sur y se espera que el resultado del juicio tenga repercusiones amplias sobre el futuro equilibrio institucional del país, según anticipó Yonhap.

Vox ha presentado una querella contra Leire Díez Castro, la militante socialista afín al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que aparece en unos audios pidiendo a un investigado en la Audiencia Nacional información comprometedora contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga al hermano del presidente. Le achacan la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia, cohecho y tráfico de influencias.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en rueda de prensa, donde ha precisado que la formación también se ha querellado contra los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn y el abogado Jacobo Teijelo Casanova, vinculados a esos audios publicados por 'El Confidencial' que desvelarían maniobras para desprestigiar a la UCO.

En concreto, según los audios, Díez Castro se reunió en febrero con un investigado en una causa de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

PARASITISMO Y PODREDUMBRE

El medio sostiene que Balas es el responsable de las investigaciones sobre Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y David Sánchez, su hermano, así como el entramado del denominado 'caso Koldo' y de la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los socialistas ya manifestaron el lunes que "ninguna de las personas que aparecen en la grabación está en nómina del PSOE".

Rodríguez de Millán ha arremetido contra la "verdadera mafia" que, a su juicio, es el Gobierno y ha lamentado el "parasitismo" y la "podredumbre" de las instituciones. "No tiene nada que envidiar a los regímenes totalitarios con los que se pasea el PSOE por el mundo", ha indicado. También cree que este es el 'modus operandi' de los socialistas. "La extorsión, el mercadeo, el crimen y la compra de su impunidad de la forma más burda", ha rematado.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "obstrucción a la justicia" tras el informe de la UCO que señala que habría cambiado de teléfono móvil el 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo le encausara por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Cuando se entraron los que estaban investigando, destruye el móvil y saca otro número. Es decir, eso en España y en Pekín es obstrucción a la justicia y no de cualquier ciudadano, del fiscal general del Estado", ha asegurado Bendodo, en un acto en Fuengirola (Málaga).

Así, ha recordado que "nunca en nuestra democracia había sido imputado un fiscal general del Estado" y ha señalado que este "cometió un delito de revelación de secretos y luego le dio el cambiazo al móvil".

Esto último, para Bendodo, es "obstrucción a la justicia; es decir, al poder del que forma parte, él mismo actúa contra el poder que representa". "Esto es el Sanchismo en estado puro, el mundo al revés", ha apuntado.

Bendodo ha asegurado que la Moncloa es "la sede de la guerra contra adversarios políticos" y ha apuntado que "el cooperador necesario era el fiscal general del Estado".

Málaga, 4 ene (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha acusado este sábado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "obstrucción a la Justicia" al darle "el cambiazo al móvil cuando se enteró de que lo estaban investigando".

Bendodo, que ha participado en un acto público del PP en Fuengirola (Málaga), ha resaltado que "nunca en democracia ha estado imputado un fiscal general del Estado, que cometió un delito de revelación de secretos".

Esa "obstrucción a la Justicia" no la cometió "cualquier ciudadano", sino el fiscal general, por lo que es "una obstrucción al poder del que forma parte", según el dirigente popular.

Para Bendodo, las "prioridades" de Pedro Sánchez en 2025 serán "subir los impuestos, seguir comprando al independentismo una prórroga en la Moncloa y poner en marcha el año jubilar franquista, porque cree que, hablando de Franco, tapará todos los casos de corrupción que rodean a su partido, al Gobierno y a su entorno familiar".

Según el vicesecretario, Sánchez "usa a Franco como escudo para defenderse, para distraer la atención y para crear cortinas de humo".

Ha acusado al 'sanchismo' de "comprar un Ayuntamiento en Navidad", para lo que "ha engañado a los jienenses diciendo que va a condonar la deuda de 600 millones de euros a cambio de la moción de censura".

Esta "operación sucia" que supone "comprar la voluntad de un Ayuntamiento" se ha ejecutado "en plenas navidades, porque la gente está en otra cosa y al sanchismo le da vergüenza lo que hace", ha añadido.

La moción se ha acordado "a la desesperada, porque en Andalucía el sanchismo es inexistente y no gobernaba en ninguna capital de provincia".

Para Bendodo, Sánchez "y la aplaudidora mayor del Reino, María Jesús Montero, han convertido el Gobierno, una institución de todos, en la fontanería del PSOE para satisfacer los intereses orgánicos de unos pocos".

La Moncloa es "la sede social de los negocios particulares de la mujer del presidente" y "la sede de la guerra sucia contra los adversarios políticos de Sánchez, propios y ajenos, del PP y también del PSOE", según el vicesecretario popular.

También ha acusado a Sánchez de "sustituir las relaciones políticas por relaciones mercantiles, porque compra voluntades con dinero, con amnistías o mirando hacia otro lado, y eso es piratería".

Según Bendodo, el Gobierno, "en lugar de bajar impuestos, los sube sin piedad, 93 veces en seis años", lo que supone que cada ciudadano "paga 2.600 euros más de media al año".

Este 1 de enero ha subido el IVA de los alimentos, la electricidad o el gas, se ha impuesto "el tasazo de basura" a los ayuntamientos y se incrementará el IRPF en las nóminas, pero "lo tapan reduciendo la jornada laboral y subiendo las pensiones y el salario mínimo", ha criticado. EFE

Un comandante de la Policía de Israel ha sido detenido este jueves tras ser acusado de ignorar ataques perpetrados por colonos judíos en Cisjordania en un intento de hacerse con el apoyo y reconocimiento del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir.

El Departamento de Investigaciones Internas de la Policía (DIPI) ha indicado en un comunicado que el comandante ha sido identificado como Avishai Muallem, jefe de investigación e Inteligencia de la Policía de distrito de Cisjordania, quien habría incurrido en actos de obstrucción a la Justicia y abuso de autoridad.

Muallem ha sido suspendido de empleo y sueldo mientras avanzan las investigaciones después de haber solicitado a su equipo "retirar documentos de la base de datos de la Policía y transferírselos solo a él", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Está previsto que acuda este mismo jueves a declarar ante un tribunal de Jerusalén, donde sus abogados solicitarán que sea puesto en libertad aunque bajo medidas cautelares.

Los fiscales lo acusan de haber realizado investigaciones falsas sobre delitos cometidos por judíos extremistas en Cisjordania, unas supuestas pesquisas que se realizaban en un ambiente de impunidad cuyo objetivo era, en última instancia, agradar a Ben Gvir.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha indicado este viernes que el presunto borrado de mensajes por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave en el caso de la filtración sobre Alberto González Amador, puede ser "un presunto delito de obstrucción a la justicia".

Muñoz ha manifestado que el borrado de mensajes "es un indicio de que algo no quería que se supiera" y ha subrayado que el fiscal "entendió que era más beneficioso ese posible delito de obstrucción a la justicia a que se supiera lo que efectivamente había en esos whatsapp".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, la diputada ha cuestionado si el borrado de mensajes indica "que el fiscal compartió una información que no podía salir de la Fiscalía General del Estado con el ministro de la Presidencia o con el presidente del Gobierno".

CREE QUE ESTO "ATENTA CONTRA EL ESTADO DE DERECHO"

"Esto atenta directamente contra la separación de poderes y también contra el Estado de Derecho", ha señalado Muñoz, afirmado que esto "anticipa una estrategia del Gobierno de España deslegitimar probablemente posibles o futuras condenas".

A su vez, ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "llamó pueril a las acciones del Tribunal Supremo". "El Ejecutivo dice que las actuaciones del Tribunal Supremo son pueriles, es gravísimo", ha enfatizado.

Según la responsable de Sanidad y Educación del PP, estas palabras están haciendo "daños a la democracia única y exclusivamente por mantener a Pedro Sánchez unos días o unos meses más" en el Gobierno de España.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este sábado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "borrar pruebas", hecho que ha achacado a "un delirio agónico del sanchismo".

La dirigente 'popular' ha asegurado que las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que instaba a pedir perdón a García Ortiz son afirmaciones "que dejan en evidencia hasta qué punto el presidente del Gobierno ha perdido el sentido de la realidad".

Para Álvarez de Toledo, la Fiscalía General del Estado ha cometido "un presunto delito de obstrucción a la Justicia" y por ello ha señalado que el PP trabajará para que "se recupere la racionalidad, la cordura, la conversación pública, y la convivencia entre españoles".

Así se ha manifestado la diputada nacional por Madrid durante una rueda de prensa previa a la tradicional comida de Navidad del Partido Popular en León, a la que ha sido invitada por la vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación y presidenta del PP de León, Ester Muñoz.

Sobre la presidenta provincial del PP, la representante 'popular' ha dicho que cuenta con "valentía, coraje e inteligencia" y que "es cada vez más un referente" en el centro-derecha español y "para millones de españoles que necesitan encontrar en el PP una alternativa de futuro".

En este sentido, ha esgrimido la necesidad de "poner fin a estos años tan difíciles, tan polarizados y tan degradantes como estamos viviendo", por lo que ha querido transmitir "un mensaje de esperanza".

"El sanchismo es una forma de pesimismo. El sanchismo lo que hace es abonar una vieja idea de que España está condenada a repetir sus fracasos históricos, de que solamente podemos ser aquello que los odiadores de España quisieran que fuéramos: un duelo a garrotazos", ha defendido Álvarez de Toledo.

Frente a esta idea, la dirigente del PP ha argumentado que "España será lo que los españoles decidan que sea" y ha asumido esa "gran tarea" como "la tarea histórica del Partido Popular en estos momentos".

En este contexto, ha indicado que España atraviesa "un proceso de profunda degradación de las instituciones democráticas" y ello se debe a "una deriva desquiciada y anti democrática, encabezada por el presidente del Gobierno".

Por último, ha pedido a todos los militantes leoneses que "sigan trabajando duro" con el convencimiento de que "la España democrática va a prevalecer" y de que "el sanchismo se va a acabar".

"2025, UN AÑO EN EL QUE PUEDE PASAR DE TODO"

Por su parte, Ester Muñoz ha recordado que "un año más" los dirigentes, afiliados y simpatizantes del PP en León se juntan para "pasar un tiempo entrañable" y para "recordar lo que ha sido el año".

La máxima autoridad provincial de la formación ha asegurado que 2025 será "un año de mucha incertidumbre en el que puede pasar de todo", por lo que ha remarcado la necesidad de "estar preparados para todo lo que pueda venir".

Sobre Álvarez de Toledo ha indicado que es "uno de los referentes del partido y de las ideas de todo el centro-derecha". "Con un Gobierno tan populista en frente, tener a personas con su calado intelectual es muy importante", ha agregado, para agradecerle que "un 21 de diciembre" se haya desplazado hasta la capital leonesa.

León, 21 dic (EFE).- La portavoz adjunta del grupo del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado de "delirio agónico del sanchismo", que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que "tenemos que pedir perdón al Fiscal General del Estado por borrar pruebas, es decir, por presuntamente cometer un delito de obstrucción a la justicia."

En declaraciones a los medios antes de participar en León en la tradicional comida de Navidad del PP en esa provincia, Álvarez de Toledo se ha referido así a que Sánchez haya considerado que el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le exonera en la filtración de información de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que quienes reclamaron su dimisión ahora deben pedirle disculpas.

La diputada del PP ha sostenido que en estos momentos hay "un proceso de profunda degradación de las instituciones, de degradación democrática, incluso una deriva desquiciada, antidemocrática encabezada por el presidente del Gobierno".

"Todos la habéis visto en las últimas horas con sus últimas declaraciones después de que hayamos sabido que el Fiscal General del Estado ha borrado pruebas y ha salido el presidente del Gobierno a decir que pidamos perdón al Fiscal General del Estado por borrar pruebas, es decir, por presuntamente cometer un delito de obstrucción a la justicia", ha afirmado Álvarez de Toledo.

A su juicio, ello indica que "ya estamos en una fase prácticamente de delirio agónico del sanchismo. Son declaraciones que dejan en evidencia hasta qué punto el presidente Gobierno ha perdido el sentido de la realidad".

"La España constitucional va a prevalecer, el sanchismo se va a acabar, pero tenemos que trabajar día a día para que eso suceda", ha reclamado la diputada, que ha pedido a los militantes del PP de León que "sigan trabajando duro por España y la democracia".

Álvarez de Toledo ha recalcado que en el 2025 el PP "va a trabajar para que se recupere la racionalidad, la cordura y algo muy importante, que es una convivencia entre españoles, que se recupere la conversación pública, la convivencia, la trama de afectos que es España".

La portavoz adjunta del PP en el Congreso ha participado en la comida de Navidad con afiliados y simpatizantes de ese partido en León, a la que también ha asistido la leonesa y vicesecretaria de Sanidad y Educación de ese partido, Ester Muñoz, para quien el 2025 va a ser un año "de mucha incertidumbre en el que puede pasar de todo y tenemos que estar preparados para cualquier acontecimiento que pueda haber".EFE

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El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha expresado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "blanquea" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, ha asegurado que "todo el mundo sabe" que el fiscal general "ha borrado mensajes" de su móvil.

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha criticado las palabras de Sánchez sobre que el fiscal general merece una disculpa por parte de quienes le acusaron "sin pruebas", después de que la Guardia Civil no haya encontrado mensajes en su móvil que prueben una filtración sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es escandaloso que el fiscal general del Estado oculte pruebas. El que debe aportar pruebas se dedica a ocultar pruebas. Nadie se cree en nuestro país que desde una fecha hasta otra hubiera cero mensajes. Todo el mundo sabe, Sánchez el primero, que el fiscal general del Estado de forma escandalosa ha borrado mensajes de su móvil para que no se puedan investigar. Eso se llama obstrucción a la justicia", ha sentenciado Bendodo.

En este sentido, ha argumentado que, si García Ortiz "no tiene nada que ocultar, no hubiera borrado ningún mensaje" y que, a su juicio, el supuesto borrado de mensajes por parte del investigado es la "mayor prueba" de que "aquí hay tema". Al hilo, ha afirmado que es "evidente" que los mensajes "llegaron a un destinatario" y que lo que "no se encuentra" es el origen.

"Creo que estamos llegando a límites insospechados desde el punto de vista de la degeneración democrática y eso lo está haciendo el Gobierno y todos sus satélites, incluido el fiscal general del Estado", ha lamentado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave para la presunta filtración sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se investiga en el Tribunal Supremo (TS).

La Policía brasileña ha arrestado al exministro de Defensa y antiguo candidato a la Vicepresidencia del país, general retirado Walter Braga Netto, dentro de una investigación sobre una trama organizada por el ex presidente Jair Bolsonaro para orquestar un golpe de Estado en 2022.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a Braga Netto, quien se desempeñó como compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022, en su casa en Río de Janeiro esta madrugada del sábado después de regresar a la ciudad de un viaje.

El general retirado ha sido detenido bajo el cargo de obstrucción a la justicia según la orden de prisión preventiva firmada por juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes. En su auto, publicado por el diario 'Estadao' en su página web, el magistrado apunta que la investigación, en estos momentos, ha presentado "pruebas contundentes" de que el general retirado estaba "proporcionando los recursos necesarios" para facilitar este golpe.

De Moraes asegura también que cuenta con "pruebas robustas" de que, a lo largo del mes de diciembre de 2022, Braga Metto participó activamente en un intento de "presionar a los comandantes de la Fuerza Aérea y del Ejército para que adherirse al plan que apuntaba a la abolición del Estado de Derecho democrático".

Es más, la investigación apunta también que Braga Netto habría pasado a formar parte, una vez consumado el golpe, de un "gabinete" responsable de asesorar a Bolsonaro y de crear "una red de inteligencia y contrainteligencia" para controlar las consecuencias de la asonada y "actuar en el campo informativo para obtener apoyo de la opinión pública nacional e internacional".

Su abogado no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios. Su cliente ha quedado bajo custodia del Comando Militar Oriental en Vila Militar, en el oeste de Río.

Braga Netto, el primer general de cuatro estrellas detenido en la era democrática del país, se encuentra entre las decenas de personas a quienes la Policía acusó en noviembre de conspirar para mantener a Bolsonaro en el poder después de su derrota electoral de 2022.

Cabe recordar que, el 8 de enero de 2023, miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en los edificios gubernamentales en la capital, Brasilia, en medio de afirmaciones de que la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva había sido fraudulenta.

Si bien Bolsonaro niega haber participado en los disturbios, las autoridades han estado investigando al líder derechista y a miembros de su gobierno desde entonces por presuntos esfuerzos para anular la voluntad del pueblo brasileño.

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São Paulo, 14 dic (EFE).- La Policía Federal de Brasil arrestó este sábado al general retirado Walter Braga Netto, quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, por obstrucción a la Justicia en el caso del supuesto intento de golpe de Estado, informaron medios locales.

Braga Netto fue detenido en su residencia en Río de Janeiro y será puesto a disposición del Comando Militar del Este del Ejército, según informó la televisión Globo.

La Policía Federal confirmó la operación, pero no divulgó la identidad del detenido, y explicó que la orden de prisión fue dictada por el Tribunal Supremo.

La orden de detención se dictó "contra una persona que presuntamente obstaculiza la libre aportación de pruebas durante el proceso penal", según un comunicado de la Policía.

Además, se dictaron dos órdenes de registro e incautación de pruebas y una medida cautelar contra otro de los investigados, que tampoco fue identificado.

Braga Netto ha sido señalado por la Policía como una de las personas que planificó junto a Bolsonaro la supuesta trama montada para intentar impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que tuvo lugar el 1 de enero de 2023.

En los planes desvelados por la Policía se incluye la preparación de un posible intento de asesinato de Lula, su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y del magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo, en la época como presidente del Tribunal Electoral y ahora relator de esta causa.

El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, un millar de simpatizantes de Bolsonaro atacó las sedes de la Presidencia, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo, causando cuantiosos destrozos, en un intento de forzar un golpe de Estado.

El Tribunal Supremo ha condenado a cientos de personas por esa intentona por cargos como golpe de Estado y abolición violenta del estado de Derecho.EFE

El Juzgado de Menores número 1 de Huelva ha impuesto la medida de siete años de internamiento en régimen cerrado al menor de edad que fue juzgado el pasado mes de noviembre de matar de una paliza en la localidad de Rociana del Condado (Huelva) al hombre de 77 años de edad condenado por asesinar a su padre unos años antes.

Según ha indicado el TSJA en un comunicado, en la sentencia notificada este miércoles a las partes personadas, contra la que se puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, la magistrada atribuye al menor un delito de asesinato y un delito de obstrucción a la Justicia y le impone siete años de internamiento en régimen cerrado con valoración de tóxicos.

Al respecto, la sentencia indica que los informes emitidos por el centro de internamiento de menores infractores donde estuvo internado cautelarmente "se destaca que el joven, para afrontar el duelo, se expuso al consumo de tóxicos", una medida que será complementada con tres años de libertad vigilada con la asistencia educativa, computándose el tiempo transcurrido con carácter cautelar.

Asimismo, la acusación particular solicitó la duración máxima de la medida de internamiento, que en este caso alcanzaría los diez años al ser el joven mayor de 16 años en el momento de los hechos, pero la magistrada no considera "beneficiosa" una medida que alcance el máximo temporal "atendiendo a las circunstancias concurrentes en el joven y en atención al interés superior del mismo", teniéndose en consideración "la evolución positiva que ha mantenido" en el centro de internamiento. Además, y en concepto de responsabilidad civil, el joven deberá indemnizar con un total de 270.110,31 euros a la familia de la víctima.

La jueza considera probado que los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 12,00 horas del día 29 de febrero de 2024, cuando el menor se encontraba en compañía de su madre en una farmacia de la localidad de Rociana del Condado y entró en el establecimiento la víctima, condenado por el asesinato del padre del joven en sentencia dictada el 1 de marzo de 2023 por la Audiencia Provincial de Huelva, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el 11 de octubre de 2023 y pendiente de la resolución de recurso de casación por parte del Tribunal Supremo.

La sentencia precisa que, al verlo entrar, el menor expedientado "comenzó a ponerse nervioso, no dejando de mirarle mientras atendían a su madre", sentándose el fallecido en un asiento muy cerca de donde se encontraba el joven, de modo que, cuando se disponían a abandonar el establecimiento, el joven, "con ánimo de acabar con su vida, en venganza por el hecho cometido años atrás, y actuando al margen de la Justicia, propinó una fuerte patada" al varón en el pecho "de forma sorpresiva e inesperada".

"AGRESIÓN BRUTAL"

La magistrada añade que el menor, de esta forma, "impidió cualquier reacción defensiva que pudiera provenir por parte" del agredido, quien "se encontraba sentado en espera de ser atendido", tras lo que el joven "le volvió a dar otra patada más, y acto seguido comenzó a golpearle de forma brutal con numerosos puñetazos en la cara y en la cabeza".

Además, según considera probado la sentencia, el fallecido "se encontraba sentado, no podía incorporarse y perdió el conocimiento tras los primeros puñetazos, si bien el joven expedientado continuó golpeándolo" y le propinó un total de 18 golpes "a pesar de que la víctima se encontraba inerte desde los primeros puñetazos".

La juez indica que, una vez concluida la agresión, el menor y su madre abandonaron la farmacia, dejando al hombre "ensangrentado e inconsciente en el sillón de espera". El mismo día de la agresión, el perjudicado fue ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Huelva capital, falleciendo finalmente el día 27 de marzo de 2024.

Por auto de 6 de marzo de 2024, el Juzgado de Menores de Huelva acordó imponer al menor la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado con valoración de tóxicos, prorrogada por un periodo de tres meses mediante auto de 29 de julio de 2024. Una vez finalizado el tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado, por auto de 21 de noviembre de 2024 se acordó la medida cautelar de convivencia en grupo educativo.

ACTUÓ "EN VENGANZA" POR LA MUERTE DE SU PADRE

La magistrada resalta que la prueba principal incriminatoria contra el menor son los vídeos aportados al procedimiento "donde queda grabada toda la agresión, así como los momentos inmediatamente anterior y posteriores al acometimiento realizado por el acusado sobre la víctima", una prueba que viene corroborada por otras como el informe de la autopsia, las testificales, las periciales ratificadas en el plenario y las documentales, en especial el atestado obrante en autos y ratificado por los agentes.

Por tanto, la jueza atribuye al menor un delito de asesinato y también un delito de obstrucción a la Justicia al considerar, en este último caso, que el joven "actúa en venganza por la muerte de su progenitor, lesionando a la Administración de Justicia, como bien jurídico protegido, ejercitando una justicia privada, propia de organizaciones primitivas, desterradas en un sistema judicial basado en el Estado de Derecho, llegando con su comportamiento a atentar contra la vida" del autor del asesinato de su padre, "causándole la muerte, y ello en represalia de este hecho al no aceptar la respuesta de la Administración de Justicia".

En la audiencia celebrada el pasado mes de noviembre, la defensa del menor sostuvo la existencia de una capacidad mermada en su patrocinado "al no poder gestionar el duelo de la muerte de su padre", lo que habría afectado a sus capacidades volitivas o cognoscitivas por existir un trastorno de la personalidad, pero la magistrada concluye que no ha quedado acreditada la concurrencia de circunstancias eximentes completas o incompletas ni de atenuante en este sentido.

El ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, ha asegurado este domingo que el presidente del país, Gabriel Boric, fue "absolutamente transparente" en su declaración voluntaria como testigo ante la Fiscalía por la denuncia de violación contra el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve.

"Boric está muy tranquilo, hizo su declaración como lo haría cualquier ciudadano. Él está sometido a la ley y lo entiende perfectamente bien. En Chile hay un Estado de derecho, las instituciones están funcionando y la declaración es una absolutamente transparente y, por lo demás, coincidente con lo que ya se ha dicho en público", ha declarado, según recoge el portal de noticias Cooperativa.

El mandatario confirmó a finales de octubre a la Fiscalía que supo de la denuncia contra Monsalve dos días antes de que el funcionario comunicara su dimisión en el Palacio de La Moneda. Tal y como declaró, le informó de estos hechos la ministra del Interior, Carolina Tohá, de acuerdo con la transcripción publicada este domingo por el portal chileno The Clinic.

Monsalve dimitió el pasado 17 de octubre después de que ese día el diario 'La Segunda' revelara una denuncia en su contra por presunta agresión sexual, presentada tres días antes por una asesora del Ministerio del Interior. También está siendo investigado por un posible delito de obstrucción a la justicia por dar orden a la Policía --cuando no había estallado el caso todavía-- de acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde se habría perpetrado la agresión sexual.

La Sala Segunda de Apelaciones de lo Penal de Guatemala ha ordenado este viernes revocar las medidas sustitutivas otorgadas al periodista José Rubén Zamora, quien en octubre se benefició de una orden de arresto domiciliario y que deberá volver a prisión, donde ya había pasado más de dos años.

La Justicia guatemalteca ha brindado un plazo de 48 horas para que se revoquen las medidas que beneficiaban al periodista y se ordene el regreso a prisión, según recoge la prensa local. A Zamora se le acusa de conspirar para la obstrucción de la Justicia.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha tachado de "abusiva y arbitraria" esta decisión judicial y ha subrayado que el sistema judicial del país "está a prueba". "El pueblo de Guatemala ha sido clara en demandar respeto al ejercicio periodístico", ha señalado el mandatario en sus redes sociales.

"Cualquier resolución que ataque contra la libertad de expresión es ilegítima. Desde el Gobierno de Guatemala, tomaremos todas las medidas que defiendan la libertad de expresión", ha remachado el presidente Arévalo.

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha compartido su preocupación ante esta decisión en una publicación en su cuenta en la red social X, donde ha exigido además su liberación y protección.

"RSF está alarmada por una decisión judicial en Guatemala que podría suponer el regreso de José Rubén Zamora a la cárcel menos de un mes después de su puesta en libertad bajo arresto domiciliario. La necesidad de su liberación total e incondicional nunca ha sido más urgente, y debe ser protegido", han escrito desde RSF, acompañando su mensaje con la consigna "Zamora libre".

Un tribunal de Guatemala concedió a mediados de octubre la medida de arresto domiciliario a Zamora, que había pasado ya más de dos años en prisión a la espera de juicio por presuntos delitos de blanqueo de capitales y obstrucción a la Justicia en dos investigaciones distintas de la Fiscalía.

La Justicia ya le había concendido el arresto domiciliario a finales del pasado agosto, pero debía permanecer aún en prisión precisamente por ese segundo caso abierto en el que se le imputan delitos de obstrucción a la Justicia, por los que de nuevo deberá volver a la cárcel.

El exdirector de elPeriódico había sido condenado a seis años de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque la Justicia le absolvió de los cargos de chantaje y tráfico de influencias por falta de pruebas. Más tarde, un tribunal guatemalteco anuló la sentencia.

Zamora fue arrestado en julio de 2022 después de que un tribunal de primera instancia autorizase una orden de captura en su contra, así como el registro de su domicilio y también de las oficinas del diario, que cerró tras denunciar una "persecución" en contra de sus periodistas.

La Policía de Chile ha detenido este jueves al que fuera subsecretario de la cartera del Interior, Manuel Monsalve, ante el riesgo de fuga por un caso de violación, por el que estaba siendo investigado tras una denuncia presentada en octubre por una trabajadora del Ministerio.

Monsalve será imputado por los delitos de abuso sexual, violación consumada e intento de violación, según ha adelantado la Fiscalía, por unos hechos que se remontan a la noche entre el 22 y el 23 de septiembre en un hotel de Santiago.

El presidente Gabriel Boric, que tuvo que declarar como testigo ante la Fiscalía el 30 de octubre por estos hechos, ha destacado en su cuenta de X que esta detención es una muestra de que "en Chile nadie está por encima de la ley".

Monsalve dimitió el pasado 17 de octubre después de que ese día el diario 'La Segunda' revelara una denuncia en su contra por presunta agresión sexual, presentada tres días antes por una asesora del Ministerio del Interior.

Monsalve también está siendo investigado por un posible delito de obstrucción a la justicia por dar orden a la Policía --cuando no había estallado el caso todavía-- de acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde se habría perpetrado la agresión sexual.

La versión que Monsalve dio al Gobierno es que aquella petición respondía a su sospecha de que aquella noche podría haber sido víctima de un intento de extorsión o robo con algún tipo de fármaco.

De acuerdo con la denuncia presentada por la denunciante, se despertó el lunes desnuda, con signos de violencia y sangre en la ropa, en la misma habitación de hotel que tenía registrada a su nombre Monsalve, con quien en la noche anterior había cenado.

Un hombre de 46 años, identificado como John Tyrrell, fue detenido en el condado de Cape May, Nueva Jersey, bajo cargos de obstrucción durante una investigación relacionada con el descubrimiento del cadáver de una mujer en un refrigerador abandonado. Según informó el Press of Atlantic City, Tyrrell fue arrestado el jueves pasado por negarse a proporcionar sus huellas dactilares y la contraseña de su teléfono móvil a los investigadores.

El cuerpo de la mujer, cuya identidad sigue sin conocerse, fue encontrado el pasado 22 de diciembre en el Bosque Estatal Belleplain, un área natural que se extiende por más de 8 mil500 hectáreas (21 mil acres). Tyrrell, que aún no enfrenta cargos por asesinato, fue liberado el lunes tras una audiencia judicial en la que el juez determinó que debía mantenerse alejado del bosque mientras continúan las pesquisas. NJ.com informó que Tyrrell deberá comparecer nuevamente ante el tribunal la próxima semana.

Las autoridades han centrado sus esfuerzos en identificar a la víctima. La Policía Estatal de Nueva Jersey difundió un boceto de los tatuajes que llevaba la mujer con la esperanza de que el público pueda proporcionar pistas. La víctima, descrita como una mujer de aproximadamente 1,55 metros (5 pies 1 pulgada) y de origen caucásico o hispano, presentaba un tatuaje de pez koi en la parte superior derecha de la espalda y un diseño floral que se extendía desde la cadera izquierda hasta las costillas, según detalló Breaking AC.

Las autoridades intensifican esfuerzos para identificar a la víctima

El hallazgo del cuerpo junto a una alfombrilla de yoga y un collar ha generado interrogantes entre los investigadores. Las autoridades consideran que estos objetos podrían ofrecer pistas sobre la identidad de la mujer o las circunstancias de su muerte. La Fiscalía del Condado de Cape May y la policía han instado a la comunidad a proporcionar cualquier información que ayude en la identificación.

El uso de tatuajes como herramienta de identificación es una estrategia habitual en casos donde la víctima no porta documentos. Los tatuajes distintivos pueden ser reconocidos por familiares, amigos o tatuadores. El boceto del tatuaje ha sido difundido ampliamente a través de medios locales y redes sociales, buscando la colaboración ciudadana.

Las investigaciones también han revelado que Tyrrell es un delincuente sexual registrado. Sin embargo, su abogado declaró que Tyrrell no ha tenido “ninguna violación” de su estatus desde su inscripción en el registro. La defensa ha insistido en que Tyrrell no está implicado en el homicidio y que se limitó a reportar el hallazgo del cadáver.

El papel de John Tyrrell en el descubrimiento del cuerpo

Durante la audiencia, el abogado de Tyrrell explicó que su cliente se encontraba caminando por el bosque cuando descubrió el refrigerador con el cuerpo en su interior. Tyrrell, según el abogado, alertó a la Policía Estatal de Nueva Jersey y guio a los agentes hasta el lugar del hallazgo.

“Mi cliente actuó como cualquier ciudadano responsable al encontrar algo tan perturbador”, declaró el abogado, según recogió Breaking AC. La defensa argumentó que Tyrrell cooperó inicialmente con las autoridades, pero que posteriormente mostró resistencia al entregar su teléfono móvil debido a la tensión del momento.

A pesar de estas declaraciones, los investigadores obtuvieron una orden judicial para acceder al teléfono de Tyrrell. Según el Press of Atlantic City, la proximidad de Tyrrell al bosque en el momento en que se localizó el cadáver llevó a los fiscales a solicitar esta revisión. Las autoridades tienen hasta el jueves para examinar el dispositivo y determinar si contiene información relevante para el caso.

Por ahora, no se ha encontrado ninguna prueba directa que vincule a Tyrrell con la muerte de la mujer. No obstante, los fiscales continúan explorando todas las posibilidades y no descartan presentar cargos adicionales si surgen nuevos indicios.

La investigación sigue abierta, y las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana. Cualquier persona que tenga información sobre la víctima o los hechos ocurridos en el Bosque Estatal Belleplain puede comunicarse con la Fiscalía del Condado de Cape May o la Policía Estatal de Nueva Jersey a través de las líneas habilitadas.

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- La abogada de la ex primera dama Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, acusó al expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) de enviar mensajes “perturbadores” a su cliente, pese a que tiene prohibido por la Justicia comunicarse con ella, según informan medios locales.

Gallego presentó una denuncia ante el juez Julián Ercolini en la que acusa a Fernández de haber utilizado el celular del hijo para enviarle a su expareja dos supuestos mensajes de texto que tendrían por objetivo afectar la estabilidad emocional de su cliente.

El exmandatario le habría enviado a Yáñez, el jueves pasado, dos enlaces a un artículo periodístico titulado: “Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez”, según recoge este sábado el portal de noticias TN.

A Fernández, que ya tiene un pedido de declaración indagatoria solicitado por el fiscal Ramiro González, la Justicia le había prohibido tomar cualquier tipo de contacto con la ex primera dama y salir del país.

Tras la presentación judicial, Ercolini exigió al exmandatario dejar de contactarse con Yáñez o sus familiares y cesar “todo acto de intimidación directa o indirecta”.

El juez agregó que la comunicación solo podrá ser con la familia de su expareja en temas relacionados con la crianza de su hijo y advirtió que futuras transgresiones serían consideradas como “obstrucción a la Justicia”, un delito que puede implicar prisión preventiva.

Fernández está imputado por dos lesiones leves doblemente agravadas por tratarse de violencia de género y presuntamente ejercida contra Yáñez y una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de su expareja, también doblemente agravada.

El expresidente también está acusado del delito de coacción para que Yáñez no denunciara las supuestas agresiones, algo por lo que puede ser condenado hasta a 18 años de prisión. EFE

Madrid, 24 oct (EFE).- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de "difamar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el presunto fraude fiscal de su pareja, y ha defendido que es el jefe del Ejecutivo quien debe responder si se reunió con Víctor de Aldama.

Como hizo este miércoles Alberto Núñez Feijóo, la dirigente del PP ha vinculado la petición del juez de la Audiencia Nacional de investigar al exministro José Luis Ábalos con la figura de Pedro Sánchez y ha defendido que es el propio magistrado el que considera al presidente del Gobierno como "el 1" de la trama.

Ha hecho alusión así, en declaraciones a los periodistas desde Ifema, al escrito remitido al Supremo en el que el juez hace referencia al rescate de Air Europa, y menciona una reunión en julio de 2020 en la que participó Sánchez y en la que el empresario Víctor de Aldama se referiría a él como "el 1", junto al entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, la exministra Nadia Calvino y José Luis Ábalos.

El PP exige que Sánchez aclare si se vio con Aldama y ha vuelto a pedir su dimisión al entender que "Ábalos no trabajaba solo y Sánchez no hubiera llegado donde ha llegado sin Ábalos". Este partido sostiene que cuando Sánchez cesó a Ábalos "lo sabía todo y lo tapó", un extremo que el jefe del Ejecutivo ha negado.

La número dos del PP ha acusado a Sánchez de "obstrucción a la Justicia", por las querellas archivadas contra el juez que investiga a su mujer y ha dicho que ve al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "bastante inquiero" pues cree que era conocedor de "donde estaba metido Ábalos".

Preguntada sobre si Ayuso debe dar explicaciones para despejar las sospechas del presunto intento de su novio de desgravarse gastos de unas vacaciones en 2021 con la presidenta madrileña, ha replicado que es el presidente del Gobierno quien debe dar explicaciones porque la madrileña ya las ha dado.

"Óscar López tiene un encargo de Pedro Sánchez, que es sacar a su mujer de la ecuación a costa de lo que sea, a costa de difamar al resto", ha señalado, cuestionada por la información que ha reclamado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La secretaria general del PP ha evitado además pronunciarse sobre la afirmación de Díaz Ayuso de que estamos en un "Estado policial", aunque ha denunciado el "ataque" que sufre la presidenta madrileña y ha cargado contra la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que este miércoles sostuvo que en los próximos días habrá más información que "escandalizará".

Las "insinuaciones" de Montero exigen una explicación, ha reclamado la dirigente del PP, que acusa a la ministra de no estar respetando a un particular, al adelantar "informaciones y acusaciones". EFE

A Coruña, 21 oct (EFE).- Varios amigos de los acusados del crimen de Samuel Luiz han declarado este lunes que escucharon a Diego Montaña llamar "maricón" a la víctima y además, han apuntado, por primera vez, que Alejandro Freire 'Yumba' había consumido cocaína, además de alcohol.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.

Uno de los testigos de esta jornada, que se ha identificado como conocido de los cinco acusados, con los que había quedado aquella noche, ha relatado que Diego Montaña inició la agresión porque "estaba alterado", gritó "te voy a matar, maricón de mierda" y de pronto vio a "mucha gente empujándose (...) muchas personas soltaban muchos golpes".

"Sí que se escuchó maricón de mierda y creo que eso lo escuchó todo el mundo", ha afirmado y ha dicho que, en su opinión, Catherine Silva -pareja entonces de Diego Montaña- se metió para "separar".

Sobre la participación de Alejandro Míguez, ha matizado que este le dijo que había tenido "un forcejeo con un negro", en referencia a uno de los senegaleses que auxiliaron a Samuel Luiz, y este lo tuvo "que parar".

Horas después, Alejandro Freire relató que se tuvo "que defender" y Marco Figueras -uno de los que entonces eran menores y ya ha sido condenado junto a David Rodríguez- confesó que lo habían "matado".

Preguntado por la discusión entre Diego Montaña y Catherine Silva en la que ella le reprochaba su actuación, la ha confirmado, aunque con una aclaración: "Pero cuando me estaba yendo, ya se estaban dando abracitos", ha afirmado.

Es una versión similar a la del primer testigo de la jornada, amigo de Alejandro Freire, que vio a Diego Montaña "enfadado" y cuando recriminó a Samuel Luiz el hecho de que él creía que lo filmaba, por lo que le dijo: "¿Qué grabas, maricón?".

"Intentó agredirlo e intenté separarlo para atrás varias veces. Luego vi a Yumba que estaba agarrándolo en el suelo. Corrí hacia Álex para agarrarlo del brazo, decirle 'para, para' e intentar separarlo y luego vi venir a mucha gente corriendo, entre esos estaban Kaio y Noa (su pareja de entonces)", ha relatado.

Este testigo, sobre Kaio Amaral Silva, a quien hasta ahora nadie ha vinculado directamente con la agresión, ha dicho que lo vio "cargar la pierna" para pegar una patada, pero en ese momento se giró y no vio si llegaba a impactar ni en dónde.

Después siguió la agresión desde lejos y lo siguiente que vio fue a Samuel Luiz inconsciente, ante lo que este testigo abandonó el lugar: "Es algo que también me va a acompañar para siempre esa decisión", ha lamentado.

En su declaración ha apuntado a un alto consumo de alcohol por parte de Alejandro Freire aquella noche junto con cocaína.

La que entonces era pareja de Kaio Amaral Silva ha declarado que este "los intentó separar" y ha vinculado con la paliza mortal a Diego Montaña, aunque solo en los instantes iniciales, y a partir de ahí solo a Alejandro Freire y a los dos menores condenados.

Sobre su exnovio, ha dicho que nunca lo vio coger el teléfono de la víctima -por lo que la Fiscalía pide otros cinco años de cárcel- y sobre Catherine Silva, ha relatado que la vio agarrar a una amiga de la víctima por el brazo, ante lo que esta última "cayó".

Otro testigo, conocido de todos, no ha recordado casi ningún detalle de lo ocurrido, salvo que Yumba había consumido cocaína.

En esta jornada ha habido un testigo que no ha comparecido -estaba citado el viernes, cuando sí acudió desde su residencia en Francia, pero se aplazó su declaración- y ha sido multado con 600 euros y una orden de comparecencia para el 29 de octubre, que si no cumple se transformará en una orden de detención y será acusado de obstrucción a la justicia.

En las dos próximas jornadas está prevista la declaración de diez viandantes ajenos a lo ocurrido, un conocido de los acusados y un empleado del pub donde pasaron la noche. EFE

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