Hay detalles que pasan completamente desapercibidos hasta que alguien nos explica para qué sirven. Es el caso de los cables que cuelgan del techo y que, en muchas instalaciones eléctricas, aparecen sujetos con un pequeño nudo. A simple vista puede parecer una manía del electricista o una forma improvisada de mantenerlos en su sitio, pero detrás de este gesto hay una razón práctica.

Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, la manera en la que se colocan y sujetan los cables forma parte del trabajo de una instalación eléctrica. Y ese nudo que tantas veces vemos sobre nuestras cabezas no está ahí por casualidad.

Ni ciencia ni trucos para mejorar el rendimiento

La explicación es mucho más sencilla de lo que puede parecer. Cuando vemos los cables salir por un tubo en el techo, solo tenemos delante uno de los extremos de la instalación. Al otro lado puede haber otro profesional trabajando con esos mismos cables y, si tira de ellos, existe el riesgo de que terminen desplazándose hacia el interior del tubo.

El nudo sirve precisamente para evitar que esto ocurra. Al hacerlo, los cables quedan sujetos entre sí y se crea un tope que impide que puedan deslizarse completamente por el tubo. De esta forma, aunque alguien tire desde el otro extremo, los cables permanecen en el punto en el que los ha dejado el primer trabajador.

Este pequeño gesto puede resultar especialmente útil cuando una instalación todavía está en proceso de montaje y diferentes profesionales tienen que trabajar en distintos puntos de la misma canalización. Sin necesidad de utilizar herramientas adicionales, el nudo permite mantener los conductores controlados y facilita que sigan accesibles para continuar con la instalación.

Además, no se trata de un procedimiento que tenga como objetivo mejorar el funcionamiento eléctrico del cable. El nudo no aumenta la seguridad eléctrica ni hace que la corriente circule mejor. Su función es mucho más práctica: evitar que los cables se escapen por el tubo y tenerlos localizados mientras se trabaja en la instalación.

Otros trucos que utilizan los electricistas

El nudo de los cables no es el único pequeño gesto que puede pasar desapercibido durante una instalación eléctrica. Los profesionales recurren a diferentes recursos sencillos para trabajar con mayor facilidad y mantener cada elemento controlado mientras realizan el montaje.

Uno de ellos es dejar una pequeña reserva de cable en determinados puntos de la instalación. En lugar de cortar el conductor justo a la medida, se deja algo de longitud adicional para poder trabajar con él con mayor comodidad y realizar futuras modificaciones si son necesarias.

También es habitual identificar los cables mediante marcas o colores. Esto permite distinguir con mayor facilidad la función de cada conductor y evitar confusiones cuando hay varios cables juntos. En instalaciones con numerosos circuitos, mantener esta organización puede ahorrar tiempo durante las conexiones y posteriores trabajos de mantenimiento.

Son detalles que pueden parecer insignificantes cuando se observa una instalación terminada, pero forman parte de la forma de trabajar de los profesionales y ayudan a que las distintas tareas sean más sencillas.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, una iniciativa que plantea modificaciones a la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019, creadora del Régimen de Asociación Público-Privada (APP).

La propuesta apunta a ampliar el desarrollo de obras mediante la participación privada, con el propósito de atraer inversiones, promover proyectos de impacto social y generar puestos de trabajo.

El documento que acompaña la iniciativa sostiene que Panamá cuenta desde 2019 con un marco regulatorio propio para impulsar obras y servicios bajo esa modalidad, utilizada en distintos países.

Tras más de seis años de vigencia, la evaluación oficial considera que el régimen tuvo resultados positivos, aunque requiere ajustes para mejorar su funcionamiento.

El análisis identificó etapas que se extienden más de lo necesario y procedimientos que podrían simplificarse sin afectar los mecanismos de supervisión y las garantías previstas por la normativa.

La reforma no propone reemplazar el sistema aprobado en 2019. La intención es adecuarlo a la experiencia obtenida en el país y a prácticas internacionales que permitan corregir aspectos de su aplicación.

Uno de los objetivos consiste en acelerar la provisión de infraestructuras y servicios de calidad. El proyecto también plantea fortalecer las funciones de las entidades que intervienen en el diseño, la estructuración y la licitación de las iniciativas.

La iniciativa busca una participación más activa del sector privado y un marco que incentive la competencia entre los interesados en desarrollar los proyectos.

El planteamiento oficial sostiene que una regulación más eficiente puede movilizar recursos privados y reducir el costo total de las obras tanto para el Estado como para los usuarios.

A la vez, el proyecto propone reforzar los estándares técnicos, la disciplina fiscal, la transparencia y los controles aplicables a cada asociación público-privada.

La meta es que cada iniciativa responda a una necesidad comprobable y que los recursos públicos comprometidos ofrezcan resultados proporcionales a su costo.

Según la exposición de motivos, los cambios permitirían estructurar y ejecutar una mayor cantidad de proyectos en plazos más cortos y con esquemas de financiamiento más eficientes.

El impacto esperado incluye obras y servicios disponibles con mayor rapidez, menores costos y empleos vinculados tanto con la construcción y operación de los proyectos como con las actividades económicas que se desarrollen a su alrededor.

En la reunión del Consejo de Gabinete participaron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Cámara Panameña de la Construcción.

El Consejo de Gabinete también autorizó a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a formalizar una contratación excepcional para sostener y mejorar la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá.

La medida corresponde al proyecto de Resolución de Gabinete 109-26 y contempla un acuerdo con Inversiones Tecnológicas de América, S.A. para brindar servicios de mesa de ayuda, optimización de bases de datos y mejoras en el sistema.

La contratación también incluye capacitación, soporte técnico y mantenimiento de los equipos instalados en las salas de audiencia del SPA.

El contrato abarca el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, por un total de $3.904.740,30, con el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios incluido.

La resolución señala que la AIG había contratado prestaciones similares durante 2024. Pese a que aquel acuerdo finalizó al cierre de ese año, los servicios continuaron durante 2025 para preservar la operatividad de la plataforma judicial.

La autorización busca regularizar esa prestación tecnológica y asegurar el funcionamiento de las herramientas que utilizan las salas de audiencia del Sistema Penal Acusatorio. El acuerdo prevé asistencia a los usuarios, tareas sobre las bases de datos y ajustes en la plataforma, además del mantenimiento de los equipos vinculados con el servicio.

Este martes se conocieron los dos consorcios que están en carrera para quedarse con, al menos, el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la empresa estatal que brinda el servicio a unas 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

En el marco de la licitación que lanzó el Gobierno nacional, dos grupos encabezados por empresas locales avanzan hacia la etapa definitoria del proceso: la propuesta económica por el paquete accionario que el Estado nacional conserva dentro de la compañía.

El presidente de la empresa, Alejo Maxit, quien además ocupó la presidencia de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2024, antes de asumir al frente de Aysa, reveló en un encuentro con la prensa del que participó Infobae cómo será el contrato de concesión previsto por 30 años y prorrogable por otra década, los objetivos -en materia de obras, servicios y estándares operativos- que se les fijaron a los eventuales nuevos dueños, y las actualizaciones tarifarias, que ya están previstas para el primer lustro de la concesión privada.

“El objetivo del proceso es la venta del 90% de las acciones del Estado argentino que tiene en Aysa”, resumió Maxit, quien remarcó que la decisión responde a un mandato de la Ley Bases: “Es una definición política de que Aysa tenía que ser privatizada, es la decisión que tomó el Presidente. Es un compromiso que él tenía y que nos ocupamos de ejecutarlo”.

Quiénes son los dos consorcios que pasaron el filtro técnico

De los 17 interesados que se habían registrado para participar del proceso, apenas ocho —agrupados en dos consorcios— lograron cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el pliego licitatorio.

Uno de esos grupos está encabezado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav, designada como operador técnico, junto a las firmas argentinas Rowing y Transclor, y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V. Transclor pertenece a Mauricio Filiberti, único proveedor del policloruro de aluminio que usa Aysa para potabilizar el agua desde 2009. Filiberti –desde cuyo entorno aseguraron que su participación en el consorcio es minoritaria– es además, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el control accionario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, quien se acaba de quedar también con mayoría accionaria que vendió YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del AMBA.

El segundo consorcio está liderado por el Grupo Roggio, dueño de Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes, y el respaldo técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. El Grupo Roggio, a través de su unidad Benito Roggio Transporte, controla también Emova Movilidad —la ex Metrovías—, operadora de las líneas de subte y del premetro porteño desde 1994.

Maxit explicó que el pliego estableció condiciones exigentes para filtrar a los oferentes: cada consorcio debía contar con un operador técnico con experiencia comprobada en servicios de agua y saneamiento con poblaciones, y ese operador debía tener una participación mínima del 15% dentro del consorcio. “Buscarle una novia a una empresa con las características que tiene Aysa es super complejo”, señaló, y comparó el proceso con otras privatizaciones de agua en la región donde también quedaron pocos oferentes al final del camino, como en Corsan, la empresa estatal de agua de Río Grande do Sul, en Brasil, privatizada en 2023 tras un proceso con un solo postor.

De los 17 registrados originales, nueve no lograron avanzar porque no consiguieron cerrar un consorcio con las credenciales requeridas, pese a haber accedido al data room virtual donde se volcó toda la información de la empresa y se respondieron más de 700 preguntas de los interesados.

Qué se vende y cómo se decide el ganador

El propio pliego resalta que, en realidad, no se está vendiendo la infraestructura de Aysa como activo, sino la totalidad de las acciones que el Estado nacional tiene en una sociedad anónima que continúa en marcha, con el mismo CUIT y los mismos compromisos previos.

“Es una empresa en marcha que tiene como subyacente el contrato de concesión, ese es el valor”, explicó el funcionario. Aysa está compuesta en un 90% por acciones del Estado nacional y en un 10% por acciones de los empleados; lo que se pone en venta es la porción estatal completa.

El mecanismo de definición del ganador es, según describió Maxit, relativamente simple una vez superado el filtro técnico: no se compite con un plan de inversión propio ni con una propuesta de tarifa, porque ambos elementos ya están fijados de antemano en el contrato de concesión. La única variable de competencia es el precio que cada consorcio ofrece por el paquete accionario. Existe además un valor de referencia, calculado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que permanece encriptado hasta el momento de la apertura de sobres y que funciona como parámetro indicativo, no vinculante, para la comisión evaluadora. Diferentes trascendidos ubican las expectativas del Ministerio de Economía en torno a los USD 500 millones.

“Una vez que pasó la parte técnica, los oferentes están en igualdad de condiciones”, afirmó Maxit al describir que, superada la primera instancia de evaluación, la experiencia previa de cada consorcio deja de pesar y la adjudicación queda en manos exclusivamente del monto ofrecido. “Gana el más alto”, sintetizó el funcionario, ingeniero industrial del ITBA con paso previo por Telefónica de Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Cómo quedará la tarifa en los próximos años

Sobre el aspecto que genera más expectativa entre los usuarios, Maxit indicó que la proporción del gasto en agua y saneamiento dentro de la canasta familiar es hoy la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer ciclo tarifario, que corre desde 2027 hasta 2031. “No va a significar que en los próximos cinco años nuestros clientes sufran una situación estresante en términos de costo del servicio de agua y saneamiento”, sostuvo.

“Es una definición política de que Aysa tenía que ser privatizada, es la decisión que tomó el Presidente”.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, la factura promedio de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó $42.975 en agosto de 2026, equivalente al 14,8% de la canasta mensual de servicios públicos y al 2,2% del salario promedio registrado (estimado en $1,9 millones).

En términos concretos, esto significa que la factura no quedará congelada entre 2027 y 2031, pero tampoco habrá una revisión integral de la tarifa en ese lapso. El contrato prevé dos mecanismos de ajuste: por un lado, actualizaciones nominales periódicas —ligadas a variables de costos, no a un aumento real del servicio— a través de un coeficiente llamado “K”; por otro, una corrección anual atada al cumplimiento de metas de calidad, el “Factor C”, que puede sumar o restar puntos a la tarifa según el desempeño de la concesionaria.

Recién en el cuarto año del ciclo, la empresa deberá reunirse con el ERAS para negociar un nuevo plan de inversión, una nueva estructura de costos y, a partir de ahí, un nuevo ingreso requerido que fijará el valor de la tarifa para el período siguiente, entre 2032 y 2036.

“No va a significar que en los próximos cinco años nuestros clientes sufran una situación estresante en términos de costo del servicio de agua y saneamiento”

Maxit también hizo referencia a una tasa de retorno del 8,90% para el primer período, que dijo estar compuesta por un componente de costo de deuda y otro de riesgo país. “Yo soy un convencido que la trayectoria va a ser hacia la baja del riesgo país y eso lo vas a ir capitalizando el próximo ciclo tarifario”, planteó. El contrato establece que esa tasa, conocida como WACC, debe ser aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) en cada revisión tarifaria y permanece fija durante los cinco años de cada ciclo, por lo que no constituye un parámetro inamovible para toda la concesión.

El plan de obras y las metas de cobertura hasta 2056

El funcionario señaló que el nuevo operador deberá invertir, como base, USD 2.000 millones durante los primeros cinco años y que, a lo largo de los 30 años de concesión, el monto total de inversión requerido rondará entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Ese capital, precisó, queda registrado como un activo que en algún momento volverá al Estado nacional, dado que la infraestructura instalada -caños, bombas, plantas- no puede ser retirada por el concesionario al finalizar el contrato.

Las metas de cobertura fijadas en el contrato marcan una expansión en los servicios de Aysa. Proyecta llegar al 75,3% de cobertura de agua potable para el cierre de 2031, que debe llegar a 78,9% en 2036 y a un piso del 90% al término de los 30 años de concesión. En saneamiento, la progresión es de 63,9% en 2031, 65,3% en 2036 y un mínimo de 75% al cabo de las tres décadas.

La universalización de ambos servicios queda proyectada recién si se ejerce la prórroga adicional de diez años prevista en el contrato, es decir, hacia el año 40 del esquema.

Maxit justificó el ritmo lento de expansión cloacal en los primeros años por la necesidad de resolver primero la infraestructura existente. “Versiones anteriores de nuestra gestión se ocupaban tal vez de expansiones que no eran funcionales, que no formaban parte de un crecimiento planificado del servicio”, planteó, y agregó que el foco inicial estará en que las plantas de saneamiento funcionen correctamente, en mejorar la capacidad de potabilización y en resolver la contaminación por nitratos mediante sistemas de mezcla de agua de pozo y de superficie.

El rol de los municipios en la expansión de redes

El contrato contempla la figura de “inversión no onerosa”: si un municipio, una provincia o el propio Gobierno nacional deciden financiar una obra puntual con fondos propios, ese gasto queda fuera del cálculo tarifario, aunque la operación y supervisión técnica sigue a cargo de la concesionaria. “Hay un entendimiento de que el Estado nacional ya no es el que tiene el monopolio de la verdad, que la problemática local hoy tiene otra relevancia y que los municipios se están haciendo cargo de esa problemática”, destacó Maxit, quien dijo percibir ese tipo de acuerdos en gestación con distintos gobiernos locales.

Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su brazo BID Invest, y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial también manifestaron su intención de participar del financiamiento de obras, en un contexto en el que Aysa no registra deuda financiera, según remarcó el funcionario.

De los números rojos al equilibrio financiero

Maxit repasó que la empresa, estatizada en 2006, nunca había logrado cerrar un ejercicio con resultado positivo hasta la gestión actual. Los Estados Contables auditados de AySA confirman esa tendencia: el resultado neto pasó de una pérdida de $503.647 millones en 2023, el último ejercicio de la gestión anterior, a una ganancia de $63.522 millones en 2024 y de $22.088 millones en 2025 (todas las cifras en miles de pesos). El primer semestre de 2026, según el funcionario, mantiene la misma tendencia positiva. En el mismo período, las transferencias corrientes del Estado nacional a la compañía cayeron de $416.326 millones en 2023 a cero en 2025.

En sus 20 años de historia como empresa estatal, Aysa recibió del Estado nacional unos USD 13.400 millones

El resultado operativo, sin embargo, siguió siendo negativo los tres años relevados, aunque con una mejora sustancial: pasó de -$770.369 millones en 2023 a -$446.757 millones en 2024 y a -$35.129 millones en 2025. Lo que permitió cerrar ambos últimos ejercicios en positivo fueron los resultados financieros y por tenencia, que sumaron $510.279 millones en 2024 y $57.217 millones en 2025.

En ese lapso, la compañía canceló además una obligación negociable que había sido emitida durante el gobierno de Mauricio Macri: el balance muestra que esa partida, de $80.053 millones al cierre de 2025, desaparece por completo al 30 de junio de 2026.

El diagnóstico que ofreció el funcionario sobre el desempeño previo de la empresa apunta a lo que llamó el sobrecosto oculto del Estado como gestor: la falta de certeza de pago a los proveedores encarece los contratos, mientras que interrumpir y reiniciar obras de más de un año de duración genera gastos adicionales que terminan trasladándose a la tarifa o a los impuestos de todo el país. “La tarifa llegó a no cubrir el gasto operativo de la empresa”, admitió Maxit sobre la situación previa a la actual gestión.

En paralelo, la compañía redujo a la mitad los gastos de seguridad y vigilancia, las horas extra y el mantenimiento de edificios, y reorientó esos recursos hacia la operación directa del servicio. La dotación de personal pasó de 7.700 a 5.890 empleados en el período, un proceso que, según el funcionario, se realizó sin conflictos gremiales; el peso de los sueldos y cargas sociales sobre el total de costos de la empresa bajó del 33% en 2023 al 23% en 2025, según el propio balance.

Maxit también aportó un dato sobre la magnitud histórica del apoyo estatal a la compañía: en sus 20 años de historia como empresa estatal, Aysa recibió del Estado nacional unos USD 13.400 millones, de los cuales USD 10.000 millones se destinaron a inversiones y el resto, unos USD 3.400 millones, a gastos de mantenimiento y subsidios corrientes. Hoy la empresa factura alrededor de USD 1.000 millones al año y presta servicio a 3,8 millones de usuarios, de los cuales 160.000 cuentan con tarifa social, un beneficio que, según el funcionario, se mantendrá sin cambios en el nuevo contrato de concesión.

Qué pasará con los empleados tras la privatización

Consultado sobre el futuro de la planta de personal, Maxit aseguró que no existe ningún compromiso contractual que obligue al futuro dueño a mantener la dotación actual de empleados. “Va a ser una empresa privada”, explicó, aunque aclaró que se mantiene el mismo régimen societario y que los compromisos laborales previos continúan vigentes al tratarse de una empresa en marcha, no de una nueva sociedad.

El funcionario adelantó que la próxima etapa de eficiencia pasará por la incorporación de tecnología y la reasignación de funciones dentro de la estructura existente, con foco en capacitar al personal para las tareas que demanda la expansión territorial del servicio.

Respecto a la firma del contrato, Maxit evitó comprometerse con una fecha exacta, aunque remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar “lo más rápido posible”. Diferentes fuentes con conocimiento del proceso estimaron un plazo de 1 mes entre la apertura de los sobres técnicos y la oferta económica. El contrato debería firmarse antes de fin de año.

El Rayo Vallecano ha empezado la Liga fuera de su estadio. A finales de julio, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso suspendió cautelarmente la concesión del campo (propiedad de la Comunidad) para acometer una serie de obras urgentes, que se prolongarán de dos a seis meses. Lo hizo tras detectar en una auditoría graves deficiencias de seguridad, mantenimiento y salubridad en sus instalaciones. Infobae ha tenido acceso al “estudio director” del proyecto del nuevo estadio para corregir las deficiencias y aumentar el aforo de 14.500 espectadores a 18.500. El plan deja claro que no se derribará el actual estadio, sino que se “modernizará”, aplicando un concepto que puede parecer contradictorio: un retorno al pasado.

“La propuesta de remodelación se basa en el concepto de ‘vuelta al origen’, donde tomamos como punto de partida la etapa entre los años 1955 y 1970″, señala el documento. Es decir, justo antes de que se inaugurara el actual estadio, que acaba de cumplir 50 años (se inauguró el 5 de junio de 1976). “Se pretende, asimismo, convertirlo en un recinto polivalente capaz de albergar otros usos en los días de no partido, que suponen un porcentaje muy elevado en el calendario, compatibles con su actividad principal como estadio de fútbol, mejorando su aprovechamiento, sostenibilidad y eficiencia”, continúa el estudio. El proyecto costaría 57 millones de euros. Si finalmente se pone en marcha este proyecto (distinto a las obras de emergencia que se están realizando ahora), los trabajos en el nuevo estadio se dividirán en cuatro fases y durarán dos años.

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Al ser un edificio protegido, el estadio no se puede derribar por completo para construir uno nuevo. La propuesta, pues, “debe respetar la imagen general, conservando los elementos estructurales y arquitectónicos sin adulterar su esencia y morfología. No es viable que el Estadio de Vallecas se elimine del Catálogo de Edificios Protegidos para poder sustituir el actual por otro totalmente diferente en composición y forma”, explican desde el Ejecutivo autonómico. Lo cierto es que el estadio vallecano es muy pequeño. De hecho, los anchos actuales de las calles anexas no cumplen con las medidas mínimas exigidas; por lo tanto, la propuesta debe mejorar el plan de evacuación del edificio, con salidas más directas y diversificadas.

El objetivo es superar el aforo de 15.000 espectadores y, si es posible, llegar a los 18.500. Para ello, es necesario aunar las nuevas dimensiones del terreno de juego (incluyendo sus bandas perimetrales reglamentarias) con la capacidad que se pretende, ya que quedaría poco espacio para graderíos, ancho de pasillos y escaleras. Así que la opción más viable es elevar el vuelo de las gradas “sobre las vías públicas circundantes”. El terreno de juego ha de tener una superficie mínima de 6.650 metros cuadrados y las dimensiones de sus lados deberán ser, como mínimo, de 100 metros de largo por 65 metros de ancho. La Comunidad explica que la “opción más pragmática y realista es intervenir cuidadosamente con propuestas puntuales en la configuración actual del estadio”.

Zona comercial y actos culturales

El estudio director es claro: “Se desecha la demolición total del estadio y la ejecución de uno nuevo”. La única alternativa son actuaciones puntuales que mejoren el aforo, las evacuaciones, las dimensiones del terreno de juego y la funcionalidad de los nuevos espacios resultantes, para que en el nuevo recinto no solo haya partidos de fútbol, sino también “eventos culturales y artísticos y se generen espacios formativos y comerciales de manera que fomenten el desarrollo económico y social. La Comunidad quiere utilizar la parcela adyacente denominada ‘Arroyo del Olivar’ para la implantación de un edificio multifuncional terciario de 8.000 metros cuadrados, con un aparcamiento subterráneo de 4.000 metros cuadrados y conexión directa con el nuevo estadio”.

La nueva propuesta de modernización se basa en el concepto de “vuelta al origen”, ya que la Comunidad quiere tomar como punto de partida la etapa del estadio que había antes, entre los años 1955 y 1970. En estos años, los vestuarios no estaban en el fondo de la calle Payaso Fofó, sino en la tribuna de Arroyo del Olivar. La configuración del estadio era en forma de “0”, con graderíos en sus cuatro lados. El objetivo, para tener más aforo, es el desplazamiento del actual estadio hacia la calle Payaso Fofó para generar la nueva grada de fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz, simétrica a la existente. Ese desplazamiento necesita de la reconfiguración de la estructura de cubierta de los graderíos norte y sur.

La Comunidad insiste en utilizar el término “desplazamiento”, que no supone la invasión de la calle Payaso Fofó, ya que la grada de este fondo volará sobre la misma, por lo que no se verá alterada la dimensión del ancho de esa vía para la ocupación de personas, planteándose la misma como una gran zona peatonal en coexistencia con los vehículos, donde se reducirá de cuatro a dos carriles. “Esta actuación posibilita un incremento de aforo, adecuándose a 18.500 espectadores y la ampliación de las medidas del terreno de juego según los estándares de La Liga para campos de Primera División, con unas dimensiones de 102 metros de largo por 65,50 metros de ancho, con un espacio de bandas entre tres y cuatro metros desde los límites del terreno a las gradas”, explica el documento.

También se plantea la creación de dos nuevas gradas medias voladas en los fondos, donde se dispondrán en su coronación los nuevos videomarcadores. La imagen exterior se plantea “como una doble piel ligera, translúcida y permeable que permite una visualización tamizada de la estructura de graderío existente”. Además, habrá cambio de asientos y adaptación de pasillos y escaleras, creando en uno de los fondos un nuevo túnel de carros para el acceso al terreno de juego de vehículos de gran tonelaje.

¿Fondos privados?

Para Alicia Torija, diputada de Más Madrid, el estadio de Vallecas necesita una reforma profunda. “Lo que no aceptamos es que, una vez más, el Gobierno de Ayuso confunda inversión con negocio. La Comunidad mantiene prácticamente el mismo presupuesto para Deportes que hace 15 años, pero ahora nos presenta una operación de casi 60 millones que pretende sacar adelante buscando inversores y siguiendo el modelo del ‘Movistar Arena’”.

Para el partido de la oposición, este estudio resulta bastante revelador: 36,9 millones son para el estadio y 20,18 para levantar un edificio terciario en otra parcela pública. “¿De verdad la única manera de invertir en deporte y darle al Rayo un estadio digno es poner patrimonio público al servicio del mejor postor?”, se pregunta.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa este sábado una jornada con importantes restricciones de tránsito en uno de sus principales corredores hacia la zona norte. Los trabajos que se realizan sobre la Autopista Illia, la avenida Cantilo y sectores vinculados al Puente Labruna modificaron la circulación y obligan a los conductores a utilizar recorridos alternativos durante buena parte del fin de semana.

El operativo, ejecutado por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) por encargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, comenzó el viernes por la noche y continuará hasta las 5 de la madrugada del lunes. El esquema contempla diferentes etapas y una interrupción parcial de las tareas durante algunas horas de este sábado.

Cómo están los cortes este sábado

Durante la mañana de este sábado, entre las 8 y las 16, la circulación por la Autopista Illia se encuentra habilitada de manera parcial. En ese período funcionan dos carriles, mientras que otros dos permanecen restringidos debido a los trabajos que se desarrollan a la altura de la cabecera norte del Aeroparque Jorge Newbery.

La situación cambiará nuevamente a partir de las 16, cuando la Autopista Illia y el sector afectado de Cantilo vuelvan a quedar completamente cerrados. Esa interrupción se mantendrá durante toda la noche del sábado, el domingo y las primeras horas del lunes, hasta las 5 de la madrugada.

Por ese motivo, quienes tengan previsto desplazarse hacia el norte durante la tarde y la noche deberán evitar la zona y considerar tiempo adicional para completar sus recorridos.

Qué desvíos deben tomar los conductores

Con el cierre total de la Illia y Cantilo, los vehículos que circulen hacia la provincia deberán utilizar como principales alternativas las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

Desde allí podrán continuar hacia la zona norte y retomar la circulación por Cantilo después del sector del Aeroparque, según el recorrido elegido y las condiciones del tránsito.

La recomendación es anticipar el desvío y evitar llegar hasta los puntos de corte, especialmente durante las horas de mayor circulación, cuando la concentración de vehículos puede generar demoras adicionales en las avenidas alternativas.

También hay restricciones en el Paseo del Bajo

El operativo incluye además una interrupción del Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro.

En este caso, el tránsito pesado deberá utilizar un recorrido alternativo por Costanera, Güiraldes y Cantilo. La modificación resulta especialmente relevante para camiones y otros vehículos de carga, que deberán contemplar el desvío dentro de sus recorridos.

La combinación de estos cortes hace que el impacto del operativo no quede limitado exclusivamente a la Autopista Illia, sino que alcance distintos accesos utilizados habitualmente para conectar el centro porteño con el corredor norte.

Corte en la colectora de Cantilo a la altura de River

A las restricciones principales se suma un corte puntual que afecta este sábado a la zona de River Plate.

Entre las 8 y las 12, la colectora de Cantilo permanece cerrada a la altura del estadio, debido a trabajos relacionados con la ampliación del Puente Labruna. Como consecuencia, durante ese período queda inhabilitado el acceso directo a Ciudad Universitaria desde ese sector.

Quienes necesiten llegar a la Ciudad Universitaria de la UBA deberán ingresar por Costanera. Otra alternativa para quienes circulen por Lugones consiste en continuar hasta la salida hacia Aeroparque-Costanera y, desde allí, tomar el acceso correspondiente al predio universitario.

Las restricciones forman parte del avance de distintas obras de infraestructura que se ejecutan en el corredor norte de la Ciudad.

Uno de los proyectos centrales es el Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa, una intervención que busca generar una nueva conexión entre la avenida Figueroa Alcorta y la Costanera.

El proyecto contempla la construcción de un túnel de aproximadamente 540 metros de longitud, con cuatro carriles, dos en cada sentido. La estructura tendrá una altura libre superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso tanto del transporte público como de vehículos de emergencia.

El trazado atravesará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo, con el objetivo de mejorar la conexión entre distintos sectores del corredor norte.

El proyecto también incluye un anillo para peatones y bicicletas

La intervención no se limita a la circulación vehicular. Sobre las autopistas y las vías ferroviarias se construirá además un puente peatonal y ciclovía con forma de anillo.

La estructura tendrá aproximadamente 140 metros de diámetro y unos 440 metros de recorrido total. Además de funcionar como conexión segura para peatones y ciclistas, el diseño contempla un espacio que podrá utilizarse como mirador.

Los pilotes que se ejecutan durante este fin de semana forman parte de esta estructura y explican algunas de las restricciones implementadas en el sector.

Qué cambios tuvo el Puente Labruna

Los trabajos también modificaron de manera significativa la configuración del Puente Labruna.

El puente original contaba con un carril por sentido. Como parte de la obra, pasó a tener circulación en una sola mano hacia Udaondo y se construyó una nueva rama en sentido contrario, hacia el río, con dos carriles adicionales.

De esta manera, el cruce pasó a disponer de dos carriles por mano, lo que permitirá ampliar la capacidad de circulación una vez que se complete el conjunto de las obras.

Además, está prevista la incorporación de una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada de la circulación vehicular mediante un cordón montable.

Nuevas conexiones en una zona de alta circulación

La intervención busca reorganizar los accesos a un área que concentra numerosos puntos de interés y destinos de uso cotidiano.

Las nuevas conexiones vehiculares permitirán vincular Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo, mejorando la relación entre distintos sectores del corredor norte.

En esa zona se encuentran, entre otros destinos, el estadio Monumental de River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación y el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

También están allí la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de la UBA, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

Cómo continuará el operativo

El cronograma previsto para lo que resta del fin de semana es el siguiente:

• Este sábado, de 8 a 16: la Autopista Illia funciona parcialmente, con dos carriles habilitados y dos restringidos por los trabajos en la cabecera norte del Aeroparque.
• Este sábado, de 8 a 12: permanece cerrada la colectora de Cantilo a la altura de River por los trabajos en el Puente Labruna. El acceso directo a Ciudad Universitaria queda inhabilitado durante ese período.
• Desde las 16 del sábado: vuelve el cierre total de la Autopista Illia y del sector afectado de Cantilo.
• Durante el domingo: continúan las restricciones y los desvíos hacia Figueroa Alcorta y Del Libertador para quienes se dirijan hacia el norte.
• Hasta las 5 del lunes: se mantiene el esquema de cierre total antes de la normalización prevista de la circulación.

De esta manera, aunque durante la mañana de este sábado existe una ventana de circulación parcial, el principal corte volverá a regir desde las 16 y se extenderá durante prácticamente todo el domingo.

Ante el operativo, las autoridades recomiendan a los conductores planificar los recorridos con anticipación, evitar las zonas afectadas cuando sea posible y considerar demoras en las avenidas utilizadas como alternativas, especialmente durante la tarde y la noche del sábado y a lo largo del domingo.

El madrileño Museo del Prado, la mayor pinacoteca de España, tiene un problema. El pasado 7 de agosto tuvo que adjudicar con carácter de emergencia un contrato negociado sin publicidad para rehabilitar la escalera de Goya y varios espacios “subyacentes” del edificio Villanueva. Esta escalera es uno de los principales accesos del museo. La institución ha tenido que desembolsar 214.403 euros tras detectar “una situación alarmante” que puede suponer “un grave riesgo para las personas y para la conservación del monumento y de los bienes culturales que alberga”. Y todo porque el arquitecto Rafael Moneo, que hizo obras en el año 2009 en el museo, aunque detectó el problema, lo solucionó temporalmente con unas chapas metálicas para evitar los efectos de unas goteras.

El Museo detectó que el problema era grave cuando apareció repentinamente una “importante filtración en el falso techo del núcleo de aseos situado en el lado este de la escalera de acceso a la puerta de Goya Alta”, uno de los accesos al edificio Villanueva, que alberga muchas de las colecciones y es Bien de Interés Cultural. Tras detectar estas goteras, los técnicos tuvieron que desmontar las luminarias empotradas en el falso techo y realizar una inspección ocular a través de los huecos resultantes. Lo que se encontró fue una chapa metálica ondulada con un alto grado de corrosión, lo que estaba provocando que el agua se filtrara a través de esta chapa.

El siguiente paso fue hacer catas sencillas en el falso techo para “conocer el alcance y extensión de la corrosión”, explican desde el Museo. Lo que se observó fue una “afección generalizada” en la cara inferior de la chapa, que se encuentra apoyada en el forjado de la escalera. Los técnicos buscaron entonces documentación sobre la composición de este forjado. No encontraron nada, pero sí unas obras que se ejecutaron en 2009 bajo la dirección del arquitecto Rafael Moneo. Unas obras muy importantes que ampliaron la pinacoteca.

Moneo plasmó por escrito en un informe que “a causa de unas infiltraciones de agua de lluvia que proceden de la escalera de acceso a la puerta de Goya Alta, que solo se pueden evitar levantando, impermeabilizando y recolocando los peldaños de la escalera, se ha tomado la decisión de colocar una bandeja de chapa metálica en los baños con una pendiente del 1% que conduce el agua a un canalón y al saneamiento”. La presencia de humedad en los muros también llevó al equipo de Moneo a “colocar una lámina impermeable de PVC entre la pared y el chapado de piedra. Esta misma solución se ha considerado la más idónea para proteger de las infiltraciones de lluvia los dos baños, por ese motivo es necesario tender en las bóvedas un mortero reparador y el acabado de yeso”.

Fallo estructural

Han pasado los años y esa solución temporal no ha servido. Una vez inspeccionado el techo, “se observó una situación alarmante en relación con la estructura portante del conjunto constructivo que conforma esta parte de la edificación, oculto a la vista”, reza la memoria justificativa del contrato. “Se puede afirmar que hay una alta probabilidad de fallo estructural de la perfilería de acero, lo cual ocasionaría la caída de todo el conjunto de las sucesivas capas existentes sobre los núcleos de aseos, lo que supone un grave riesgo para las personas y para la conservación del monumento y de los bienes culturales que alberga”. Las obras eran necesarias “para paliar esta situación de riesgo en los núcleos de aseos”.

El Museo también necesita conocer si el riesgo se extiende al resto de espacios situados bajo la escalera: taquillas y vestíbulo de acceso. Por eso es “técnicamente necesario acometer con inmediatez unas obras consistentes en la demolición completa de los falsos techos de los núcleos de aseos y de las bandejas de chapa metálica ondulada y su estructura de soporte, y la realización de catas profundas, tanto en el interior como en el exterior, para determinar la composición constructiva y estructura portante de las diferentes partes de la escalera, adoptando las medidas necesarias de apeo, apuntalamiento y protección para garantizar la estabilidad estructural de la escalera”. En lo que va de año 2,2 millones de personas han visitado el Museo, cifra que se cerró en 3,5 millones en 2025.

Los trabajos durarán ahora seis meses. Las obras comprenden las intervenciones mínimas indispensables “para paliar la situación de riesgo estructural existente debido al deficiente estado de los elementos que componen la estructura sustentante de la escalera, particularmente en relación a los perfiles sustentantes de acero de las mesetas laterales y los tramos de escalera adyacentes”, señala el pliego del contrato. Una frase que no tranquiliza mucho a los visitantes. Hay que “apear la estructura de esta zona para evitar su posible colapso”, así como realizar nuevas catas de inspección para conocer, “dado su uso público”, la composición y estado de servicio de la estructura de todo el volumen de la escalera.

El feminismo estadounidense perdió en tres días a sus dos figuras más emblemáticas. Gloria Steinem murió el miércoles.

El sábado 5 de septiembre de 2026, le siguió Robin Morgan, en Nueva York, a los 85 años, tras complicaciones de salud en las últimas semanas. Su hijo, Blake Morgan, confirmó el deceso a NBC News.

Morgan no era una figura más del movimiento, fue parte de su estructura fundacional. Julie Burton, presidenta y directora ejecutiva del Women’s Media Center (WMC), lo sintetizó en declaraciones a Ms. Magazine: “Fue una de las arquitectas del movimiento contemporáneo de mujeres”.

Poeta, ensayista y editora, construyó ese legado a lo largo de más de seis décadas de activismo ininterrumpido.

Niña estrella que se convirtió en radical

Nacida el 29 de enero de 1941 en Lake Worth Beach, Florida, Morgan comenzó su carrera como actriz infantil en los años cuarenta y cincuenta. Fue la “Ideal American Girl” de la televisión de la época.

Esa imagen impoluta contrastó con lo que vino después: un expediente del FBI y un antecedente penal.

En 1970, junto a otros activistas, fue detenida tras la ocupación de las oficinas de la editorial Grove Press, cuyos dueños se oponían a la sindicalización de sus empleados.

Ese mismo año, editó Sisterhood Is Powerful, la antología que la Biblioteca Pública de Nueva York clasificó como “uno de los 100 libros más influyentes del siglo XX”, según informó NBC News.

“Herstory”: la palabra que redefinió la historia

El feminismo de la segunda ola resignificó el lenguaje como herramienta política, y Morgan fue pionera en esa práctica.

El Oxford English Dictionary le acredita el primer uso del término “herstory” —una reescritura feminista de la palabra history— en aquella antología.

La palabra surgió en el contexto de W.I.T.C.H., organización feminista radical que Morgan contribuyó a fundar, cuyo nombre era un acrónimo que podía variar: una de sus versiones fue Women Inspired to Commit Herstory.

Morgan también popularizó el ícono del puño cerrado combinado con el símbolo femenino, imagen que se convirtió en emblema visual del movimiento de liberación de las mujeres.

Una obra que atravesó décadas

Como poeta, Morgan publicó ocho colecciones a lo largo de su vida, entre ellas Monster (1972) y Harvesting Darkness (2023). Su poema “Monster” fue recitado en actos feministas de todo el país.

Uno de sus versos más citados: “Quiero una revolución de mujeres como un amante. La deseo con urgencia”.

Otro poema, “Arraignment”, contribuyó a instalar la figura del poeta Ted Hughes como responsable del suicidio de Sylvia Plath en 1963; el dístico “Te acuso / Ted Hughes” inspiró luego el título de una canción de Sonic Youth.

Completó más de 20 libros en total. A Sisterhood Is Powerful le siguieron Sisterhood Is Global (1984), que reunió contribuciones de Simone de Beauvoir, entre otras autoras, y Sisterhood Is Forever (2003).

Entre 1989 y 1994, fue editora en jefe de Ms. Magazine, publicación en la que colaboró desde 1979.

En 2005, fundó junto a Steinem y la actriz Jane Fonda el WMC, con la misión de impulsar la visibilidad y el poder de decisión de las mujeres en los medios.

Morgan también fue cofundadora del Sisterhood Is Global Institute —organización distinta del libro homónimo—, la National Network of Rape Crisis Centers, la National Battered Women’s Refuge Network y el National Museum of Women in the Arts, entre otras organizaciones.

El Parkinson no detuvo su escritura

En 2010, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. La enfermedad no la alejó de la escritura ni del activismo público: en 2015 ofreció una charla en TED Women y siguió trabajando en nuevos proyectos hasta el final.

Al momento de su muerte, tenía en proceso un libro de ensayos que, según sus propias palabras recogidas por Ms. Magazine, abarcaba “desde la caída de las Torres Gemelas hasta el auge de la inteligencia artificial”, además de una nueva novela y más poemas.

Su hijo describió su forma de condensar el pensamiento como la de una poeta nata: “Era capaz de tomar ideas muy grandes y destilarlas con precisión, en pocas palabras”, afirmó Blake Morgan en declaraciones recogidas por NBC News.

El Partido Cívico Obras obtuvo el segundo lugar en 11 de las 13 provincias de Puno durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. La agrupación también alcanzó el primer puesto en San Román, mientras que en la provincia de Puno quedó cuarta, según los resultados electorales revisados en una verificación difundida este 3 de septiembre.

El dato respalda la declaración de Jesús Mamani, candidato al Gobierno Regional de Puno por Obras, quien afirmó en una entrevista regional que su organización se consolidó como la segunda fuerza en la región y que obtuvo respaldo mayoritario en varias provincias.

“Nosotros, en la región de Puno, somos la segunda fuerza en las elecciones nacionales. El Partido Cívico Obras ha quedado en segundo lugar”, sostuvo Mamani. El candidato también señaló que su agrupación había ganado en San Román y que se ubicó detrás del primer puesto en diversas jurisdicciones.

La revisión de los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recogida por PerúCheck, concluyó que la afirmación es verdadera en términos regionales y provinciales.

Ricardo Belmont obtuvo 115.259 votos en toda la región

En el cómputo regional, el candidato presidencial de Obras, Ricardo Belmont, recibió 115.259 votos válidos, equivalentes al 17,7% del total registrado en Puno. Esa cifra ubicó a su agrupación en el segundo lugar.

El primer puesto regional correspondió a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP), con 162.460 votos. Detrás de Obras se ubicaron, de acuerdo con el orden de votación, Alfonso López Chau, de Ahora Nación; Yonhy Lescano, de Cooperación Popular; Ronald Atencio, de Alianza Electoral Venceremos; Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza, y Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno.

La tabla adjunta al informe consigna que Juntos por el Perú obtuvo el 24,978% de los votos válidos regionales. Obras alcanzó el 17,721%, mientras que Ahora Nación sumó el 11,347%.

Los resultados presidenciales fueron tomados como referencia por Mamani para sostener que el Partido Cívico Obras cuenta con una posición competitiva en Puno de cara a los comicios regionales.

Obras ocupó el segundo puesto en 11 provincias puneñas

La región Puno cuenta con 13 provincias. Obras quedó en segundo lugar en Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, Sandia y Yunguyo.

En esas 11 provincias, la agrupación se mantuvo detrás de la lista más votada y por encima del resto de las organizaciones que participaron en la primera vuelta presidencial. Ese resultado concentró la mayor parte de las ubicaciones provinciales en segundo puesto para Obras.

San Román constituyó una de las dos excepciones. Allí, la candidatura presidencial de Belmont alcanzó el primer lugar con 33.230 votos válidos. Ahora Nación quedó segunda en esa provincia con 25.385 votos.

La otra excepción fue la provincia de Puno. En esa jurisdicción, Cooperación Popular encabezó la votación con 24.089 sufragios, seguida por Juntos por el Perú, con 20.890, y Ahora Nación, con 17.812. Obras ocupó el cuarto lugar al reunir 16.021 votos.

La afirmación se ajusta a los resultados de la primera vuelta

Los resultados permiten distinguir dos dimensiones de la declaración del candidato regional. A nivel de toda la región, Obras fue la segunda organización más votada. A nivel provincial, esa ubicación se repitió en 11 de las 13 jurisdicciones.

La primera vuelta presidencial mostró además un desempeño distinto en las dos provincias restantes: triunfo de Obras en San Román y cuarto lugar en la provincia de Puno. Estos registros son la base de la calificación favorable otorgada a la afirmación de Mamani.

En el marco del plan para reactivar la construcción, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno impulsará un proyecto para eximir de impuestos las nuevas inversiones destinadas a de rutas nacionales.

Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la medida, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación una iniciativa para que no se cobren impuestos nacionales, provinciales ni municipales en los nuevos aportes de capital de las mencionadas vías.

“Todo lo que es infraestructura de acá a dos años máximo va a ser completamente diferente. Por ejemplo, todos los tramos de los corredores viales van a estar en construcción a partir de octubre”, indicó Caputo en el evento Vientos de cambio que se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro.

Y continuó: “Una cosa que vamos a hacer, y en la que estoy seguro de que contaremos con el apoyo de los gobernadores porque coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental, es proponer que toda inversión en 6.000 kilómetros sea a 0 impuesto nacional, provincial y municipal, de manera que se genere más incentivo, sea más barato todo este proceso de desarrollo y se haga más rápido.

Para el equipo económico, la explotación de la red vial a manos de privados es uno de los pilares para que la actividad económica tome impulso de cara al último cuatrimestre del año. De esta manera, se busca apuntalar la construcción, uno de los sectores que más cayó en los últimos dos años y medio.

En tal sentido, Caputo afirmó que el Gobierno licitará otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales y avanzará en acuerdos con algunas provincias para transferirles la administración de determinados tramos. Según explicó, en algunos casos esas cesiones contemplarán esquemas de financiamiento, mientras que en otros no será posible aplicarlos.

Las últimas adjudicaciones

La semana pasada, el Ministerio de Economía oficializó la concesión a privados de ocho corredores de rutas nacionales por 20 años. La medida forma parte de la privatización de Corredores Viales S.A. y se publicó en la resolución 1379/2026 del Boletín Oficial.

“Adjudicamos la Etapa III de la Red Federal de Concesiones: más de 3.900 km de rutas nacionales, distribuidos en 8 tramos estratégicos, con inversión 100% privada”, había explicado Caputo días antes.

Según precisó el funcionario nacional, los corredores atraviesan Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza.

Los contratos incluyen la ejecución de obras, la operación y administración de las rutas, además de tareas de reparación, ampliación, preservación y mantenimiento. También contemplan servicios para los usuarios y actividades complementarias que generen ingresos adicionales, bajo el sistema de concesión de obra pública con peaje.

Los segmentos adjudicados corresponden a los corredores Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, incluidos en la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones.

Con estas adjudicaciones, el Gobierno indicó que ya asignó más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en 16 tramos. Caputo afirmó que por esos corredores circula cerca del 80% del tránsito del país y señaló que las obras en la totalidad de los segmentos comenzarán en octubre.

Las primeras dos etapas

El proceso de concesiones comenzó por el decreto 97/2025, dictado en febrero del año pasado, que autorizó la privatización total de Corredores Viales y habilitó al Ministerio de Economía a llevar adelante las licitaciones.

Ya en enero de 2026, el Gobierno nacional formalizó la firma del primer contrato de posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esos 741 kilómetros atraviesan varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y reúnen parte de los corredores más utilizados por el transporte de cargas con destino a puertos e intercambios regionales.

Las siguientes adjudicaciones se fueron dando en forma escalonada a lo largo de los meses siguientes. En mayo, por ejemplo, el Gobierno adjudicó dos tramos de la Etapa II-A. En concreto, el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado al consorcio conformado por Concret Nor S.A. Marcalba S.A., POSE S.A. y Coarco S.A. Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de Electromecánicas del Oeste S.A.

En febrero llovió mucho. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se trató del quinto febrero más lluvioso desde que hay registros, desde 1961, y el segundo febrero más lluvioso del siglo XXI. Greenpeace lo calificó como un “hito hidrológico sin precedentes”. El 11 de febrero, por ejemplo, las precipitaciones provocaron que, en una ventana de apenas 72 horas, la reserva hídrica en España experimentara un crecimiento exponencial: 693 hectómetros cúbicos en 24 horas, 1.623 hectómetros cúbicos a las 48 horas y un disparo final hasta los 2.349 hectómetros cúbicos en solo tres días.

En ese momento, los embalses españoles acumulaban 43.341 hectómetros cúbicos de agua, el 77,34% de su capacidad total, 5.634 hectómetros más que la semana anterior. “El mayor incremento semanal desde que existen registros semanales de la reserva hídrica peninsular. No ha habido tanta subida desde enero de 1996″.

Aunque esos datos son buenos para combatir las sequías, ocultan una realidad geodinámica preocupante: “Las infraestructuras hidráulicas están operando bajo una presión climática para la que no fueron diseñadas y que, con el cambio climático, se verá agravada los próximos años”, explican desde Greenpeace, donde aseguran que nuestras presas y embalses “carecen de la agilidad necesaria para gestionar la mezcla de agua y sedimentos que traen las nuevas borrascas”. Y es que, según los ecologistas, “una gran parte de las presas está cruzando ahora mismo el umbral de su vida útil teórica de proyecto, entre 50 y 75 años”.

Por eso, la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Democrático, está licitando un nuevo contrato para la revisión de la seguridad y el análisis de la documentación de la seguridad de presas y balsas de terceros “para el periodo 2026-2031″. El contrato cuenta con un valor estimado de 23,77 millones de euros (si se suman las prórrogas) y se estructura en diez lotes. Estas presas y balsas de terceros son aquellas infraestructuras hidráulicas que no pertenecen a la administración pública titular o gestora principal de la cuenca (como las Confederaciones Hidrográficas), sino a propietarios particulares, comunidades de regantes, empresas privadas o ayuntamientos.

“España ha superado definitivamente su histórica fase de construcción de grandes obras hidráulicas. El reto actual no es levantar nuevos muros, sino realizar una mejora y mantenimiento sobre los existentes. La vida útil de los embalses españoles se está agotando, no necesariamente por un riesgo de colapso estructural, pues las presas son sólidas desde el punto de vista de la ingeniería civil, sino por una pérdida drástica de eficiencia operativa”, aclaran desde Greenpeace, para no generar alarmismo.

“La dimensión de los riesgos asociados a la rotura de una presa justifica la necesidad de establecer un control sobre estas infraestructuras en sus fases de proyecto, construcción y explotación”, señalan desde el Ministerio. España tiene una normativa al respecto desde 1959, cuando se rompió la presa de Ribadelago en el río Tera (en Zamora). Luego se sumaron nuevas leyes de seguridad en 1967, 1994 y 1996, año en el que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

2008, año clave

Pero no fue hasta 2008, con el ‘Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico’, cuando se unifican en una misma norma los criterios de seguridad a aplicar a todas las presas, embalses y balsas, con independencia de dónde se encuentren o de quién sea su titular. También se delimitaron las competencias de las Administraciones competentes en materia de seguridad. La normativa actual abarca ya todos los aspectos esenciales para la seguridad estructural, operativa y ambiental de las presas, incluyendo la clasificación de las infraestructuras según su riesgo potencial; los requisitos de auscultación, inspección y mantenimiento; los planes de emergencia y los informes periódicos de seguridad. Además, establecen las directrices para la elaboración de estudios específicos que permitan una evaluación continua del estado de las presas y embalses.

Estas normas técnicas son de obligado cumplimiento para todas las presas situadas en territorio español, independientemente de su titularidad (pública o privada), siempre que su altura supere los cinco metros o su capacidad de embalse sea superior a 100.000 metros cúbicos. El último paso normativo fue el Real Decreto 264/2021 para que comenzara una adaptación progresiva de las presas existentes a las nuevas exigencias normativas. Es precisamente lo que quiere hacer el Ministerio con este nuevo contrato: controlar que todas las presas están cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos.

Precisamente desde ese año 2021 se vienen licitando este tipo de contratos de revisión de la documentación de la seguridad de este tipo de instalaciones. El primer contrato estuvo valorado en 10.822.396 euros y tuvo un plazo de ejecución de 30 meses, con una posible prórroga de otros 30 meses. Ese primer contrato finalizó en abril y ha permitido inventariar un gran número de presas y analizar su estado. “Así, tras estos trabajos, se dispone de una información más fiable del estado de las presas y de las necesidades de los servicios de revisión y análisis de seguridad”.

“Hay que tener en cuenta que se están gestionando infraestructuras proyectadas a mediados del siglo XX, bajo las exigencias ahora de una variabilidad climática extrema, incrementada por el cambio climático, propia del siglo XXI. El grueso de la infraestructura hidráulica se construyó durante la dictadura (1950-1975). Esto significa que una gran parte de las presas está cruzando ahora mismo el umbral de su vida útil teórica de proyecto, los 50-75 años. El hormigón aguanta, pero el acero no tanto. Las compuertas, válvulas y desagües de fondo de presas construidas en los años 50 y 60 están llegando al final de su vida operativa segura”, explica Julio Barea, portavoz de Greenpeace y experto en esta materia.

En España hay 374 embalses con una capacidad total de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone aproximadamente el 50% del caudal fluvial del país. Los dos últimos se añadieron a la red en el año hidrológico 2023-2024: el de Irueña, en la Confederación Hidrográfica del Duero, y el de La Colada, en la del Guadiana. El más grande de la península es el de La Serena, en Badajoz (3.219 hectómetros, el tercero más grande de Europa). Estas 374 son las más grandes y de titularidad estatal. Pero luego hay otras 2.100 de distinto tamaño y titularidad repartidas por todo el territorio nacional. Desde Transición Ecológica destacan que hay unas 450 anteriores a 1960, y más de 100 ya existían en el año 1915.

“La recurrencia de borrascas explosivas y episodios de precipitaciones torrenciales está sometiendo a los cauces y embalses a un estrés mecánico y sedimentario que compromete la garantía real de agua. El mayor desafío geológico al que se enfrenta el país tras el paso de estas borrascas es la colmatación o aterramiento. Cada inundación arrastra consigo toneladas de sedimentos, lodos y detritos procedentes de la cuenca vertiente erosionada donde se sitúa el embalse. Y cuando un embalse se colmata, su volumen útil disminuye”, concluye Barea. .

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha vuelto a la senda del éxito. Tras los últimos reveves judiciales que ha recibido (suspensión de los conciertos musicales en el estadio Santiago Bernabéu y la paralización de los aparcamientos municipales junto al estadio), el empresario ha recibido una buena noticia: la recalificación de los terrenos del club blanco que le permitirán levantar en los terrenos anexos a la Ciudad Deportiva una especie de ‘Silicon Valley’ madrileño que se llamará ‘Madrid Innovation District (MID)’, un nuevo espacio que se quiere levantar en una parcela propiedad del equipo merengue que ocupa 1.200.187 metros cuadrados en Valdebebas, en el distrito de Hortaleza.

Todo el proyecto aparece en el expediente de recalificación de la parcela DO-190, que el Ayuntamiento de Madrid acaba de hacer público para que se puedan hacer alegaciones. El informe de viabilidad no puede ser ofrecer mejores cifras para las arcas del club merengue. Como ya públicó ‘Infobae’, el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida adjudicó a la empresa Savills Consultores Real Estate el estudio económico que era necesario para la recalificación de estos terrenos. Savills Consultores Real Estate SA (antes conocida como Aguirre Newman) es una filial de Savills plc, la gran consultora inmobiliaria británica. Savills adquirió Aguirre Newman en 2015. La filial española está presidida por Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejala del Ayuntamiento de la capital por el PP.

En un informe de 65 páginas, el Consistorio fija en 532.000 metros cuadrados el terreno recalificable, lo que supone que el Real Madrid ganará 172.550 metros cuadrados edificables de uso terciario. Es decir, de estos 532.000 metros cuadrados, unos 172.500 se destinarán a oficinas. Para poder llegar a estas cifras se ha tenido que realizar una modificación en la edificabilidad. Si en la normativa vigente se destinaban 360.000 metros cuadrados para uso deportivo (de los que el Real Madrid tiene construidos 60.000), el nuevo proyecto los reduce a una cuarta parte, a solo 84.000 metros cuadrados. Hasta los 532.000 metros cuadrados restantes de edificabilidad, 276.000 metros pasan a ser equipamiento privado y 172.550 metros se destinan a servicios terciarios como oficinas u hoteles.

Una nueva distribución del suelo que, obviamente, modifica el valor de estos terrenos. “Dado el tiempo transcurrido desde la adquisición del suelo por su actual propietario, que ha desarrollado en la parcela una actividad consolidada durante cerca de veinte años mediante la implantación y explotación de la ciudad deportiva del Real Madrid, se considera que el criterio más objetivo para determinar el coste del suelo de la parcela lucrativa resultante consiste en asignarle un valor equivalente al que se deriva de su Valor de Repercusión del Suelo (VRS)”, explica la consultora Savills. La consecuencia de la recalificación en los usos supone un mayor valor de los suelos.

360 millones con el suelo deportivo

Los 276.000 metros destinados a equipamiento privado tienen un valor de 485 euros por metros cuadrado. Los 172.550 metros cuadrados con uso terciarios se valoran en 1.075 euros por metro. Es decir, por los primeros se podrían obtener 133,9 millones de euros y, por lo segundos, 185,5 millones de euros. Sumando también los 84.000 metros cuadrados que quedan por desarrollar de uso deportivo, el valor total de los terrenos llega a los 360 millones de euros. El objetivo es que el proyecto también cuente con dos superficies destinadas a zona verde, la perimetral del Bosque Metropolitano y las contiguas al Arroyo de la Plata. que suman 166.315 metros cuadrados. “Según los estudios de costes que forman parte de este estudio, el coste unitario de acondicionamiento y urbanización se estima en 92,75 euros por metro cuadrado”, señala el informe de Savills. Estamos hablando de 15,4 millones de euros, un coste que asumiría el Ayuntamiento de Madrid.

La ubicación de esta futura ciudad tecnológica es inmejorable. “El distrito tecnológico más importante de Europa”, según lo definido por el propio club blanco, se levantaría en sus terrenos sin urbanizar junto a la ciudad deportiva del Real Madrid, a un paso de la futura Ciudad de la Justicia que está construyendo el Real Madrid, junto al intercambiador de transportes de Valdebebas y frente al circuito de Fórmula 1 que Ifema está terminando. Todo a un tiro de piedra del aeropuerto de Barajas. El proyecto fue presentado en mayo de 2025 con la presidencia de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ambos respaldaron con su presencia a Florentino Pérez.

Aunque el promotor del proyecto es el Real Madrid, al ser el dueño de la parcela, nada le impide vender ese suelo si así lo cree oportuno. Puede optar por desarrollar solo o con socios el proyecto para recibir rentas recurrentes por alquileres de los futuros edificios. El suelo terciario (172.550 metros cuadrados) están destinados a oficinas y hospedaje (compatibles con hoteles u otras soluciones residenciales, aunque queda excluido un centro comercial). Los 276.000 metros cuadrados destinado a dotacional podrían albergar un hospital privado, una universidad privada e instalaciones culturales. Como parte del proyecto, el Real Madrid cedería 22,4 hectáreas al Ayuntamiento para zonas verdes, equipamiento público, viarios y dominio público hidráulico. A ello se añadiría la plusvalía municipal: el Consistorio tiene derecho al 5% del incremento de la edificabilidad, equivalente a 17.400 metros cuadrados y valorados por la propia Savills en 18,7 millones de euros.

Otro informe calcula el impacto estimado que este proyecto tendrá en toda la Comunidad de Madrid, en dos componentes económicos: la inversión en construcción y desarrollo y el impacto anual generado durante la fase de explotación. El primer impacto, el de la construcción, será de 1.339 millones de euros. El segundo, el de explotación, “una vez alcanzada su plena capacidad operativa”, será de 1.288 millones de euros por año. El periodo de información para que cualquiera pueda presentar alegaciones es de un mes, finaliza el 25 de septiembre. Los plazos son los siguientes: entre 2028 y 2030 la ejecución de obras de urbanización y entre 2029 y 2035 la edificiación de todo el proyecto.

El Gobierno del Estado de México informó sobre los avances recientes que tiene en la obra del puente de la Vialidad Mexiquense, tramo que busca mejorar la conexión entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, además de reducir los tiempos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de un comunicado, la Secretaría de Movilidad (Semov Edomex) informó que el proyecto entró en la última etapa de construcción del puente Mexiquense, hasta este 26 de agosto registra un avance físico de 92.25 por ciento. La obra busca mejorar la conexión entre Tecámac y Ecatepec, principalmente, además de reducir los tiempos de traslado hacia el AIFA.

El proyecto del Gobierno del Estado de México beneficiará a más de 15 mil personas usuarias al día y forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”. La obra también apunta a optimizar la movilidad en una de las zonas urbanas más pobladas de la entidad.

“El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez construye la última etapa del puente de la Vialidad Mexiquense, que registra un avance físico de 92.25 por ciento y beneficiará a más de 15 mil personas usuarias al día, con una mejor conexión entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla. El proyecto forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, se lee en el comunicado.

Arranca última etapa del puente Vialidad Mexiquense

Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México, informó que la Dirección General de Vialidad (DGV) monta las últimas trabes para completar la interconexión entre Ecatepec y Tecámac. El punto de intervención se ubica a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec.

En esta fase, los trabajos incluyen la colocación de concreto asfáltico en la superficie de rodamiento. También contemplan alumbrado y señalamiento horizontal y vertical para garantizar la seguridad y la operación del puente.

Judá Levi Apolinar Trujillo, director general de Vialidad, señaló que el puente representa una inversión de $484 millones 476 mil. Además, tendrá una longitud de 523 metros.

“En la etapa final, los trabajos contemplan la colocación de concreto asfáltico en la superficie de rodamiento, así como la instalación de alumbrado y señalamiento horizontal y vertical, elementos necesarios para ofrecer condiciones adecuadas de seguridad y operación”, compartieron las autoridades.

La estructura cruzará la avenida Gran Canal de Desagüe del Valle de México y el Circuito Exterior Mexiquense. Estará compuesta por dos cuerpos independientes y paralelos. Cada cuerpo contará con dos carriles por sentido. Con esa configuración, la obra incrementará la capacidad vial en ese punto del Estado de México.

Conectividad regional hacia el AIFA

Cuando concluyan los trabajos, el puente permitirá completar los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense. Ese corredor de libre peaje está diseñado para fortalecer la conectividad regional.

La infraestructura facilitará los traslados entre municipios de la zona nororiente de la entidad y hacia el AIFA. También ampliará las alternativas de movilidad para miles de personas usuarias que se desplazan todos los días por la región.

Tren AIFA-Pachuca estará terminado en 2027, según Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el tren AIFA-Pachuca estará listo en 2027 y señala que la obra tiene un avance físico de 36%, tras un recorrido realizado la tarde de este 10 de julio de 2026.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado de la supervisión, detalla que el trazo total abarca 58 kilómetros entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Pachuca; de ese tramo, 10 kilómetros son viaductos elevados y 47 corresponden a terraplén.

Durante la visita, Sheinbaum precisa que los durmientes para la vía férrea son de fabricación nacional y suman más de 168,000 piezas. La mandataria también reitera que se trata de un tren eléctrico y subraya que, por primera vez, empresas nacionales participan en el suministro del cableado de potencia.

Vallejo explica que ya concluye la última etapa de la subestructura y que el siguiente paso es tender rieles y durmientes sobre una cama de balasto. Menciona que los trabajos en la capa de subbalasto permiten iniciar el tendido de dos vías principales para pasajeros, mientras que del lado izquierdo se ubicará la vía de carga.

En un video difundido en sus redes sociales, Sheinbaum afirma que “estamos muy avanzados y aquí el general Vallejo se está comprometiendo a terminarlo el próximo año, 2027”. También destaca que su administración ya entrega el Tren Insurgente y pone en marcha el Tren Felipe Ángeles, además de que continúa la extensión desde el AIFA hasta Pachuca, obra a cargo del Agrupamiento Felipe Ángeles de los ingenieros militares.

Con el objetivo de hacer frente a la expansión de las operaciones, que se encuentra en récords históricos, Aeropuertos Argentina puso en marcha la segunda etapa de su plan integral de obras de infraestructura para el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, con una inversión de USD 85 millones.

El proyecto finalizó su primera etapa con la ampliación de la Plataforma Norte, del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y el Hall de check-in, incrementando el espacio y la agilidad para los pasajeros, así como los accesos en Arribos Internacionales.

Ahora, se busca profundizar en la mejora de la experiencia de los pasajeros a través del aumento de la capacidad de las zonas de preembarque nacional y la incorporación de tecnología, que permitirá un ahorro de hasta un 26% de tiempo de fila en el check-in y un 33% en el PIR, junto con mayor flexibilidad en las gestiones; la construcción de una nueva sala VIP y nuevas propuestas gastronómicas, como Bis Café, del chef Gonzalo Aramburu, único argentino con dos estrellas Michelin; y un nuevo restaurante Outback Steakhouse. La fecha de apertura está prevista para noviembre de este año.

La iniciativa también contempla incorporar más servicios en “Amo Viajar”, incluyendo espacios reservados y equipos de asistencia especializada a personas con necesidades específicas como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y aquellas con requerimientos médicos particulares.

En el marco de ese plan estratégico, se realizará un mantenimiento preventivo de la pista, por lo que las operaciones se suspenderán durante dos días: desde el martes 25 de agosto al mediodía hasta la tarde del jueves 27.

Los trabajos responden a un fuerte aumento de las operaciones en el aeropuerto, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento, como resultado de una mayor oferta de vuelos y demanda de las líneas aéreas.

Durante la intervención, acordada con las compañías y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), los vuelos internacionales, que ascienden a 300 en dicho período, se trasladarán al Aeropuerto de Ezeiza. En cuanto al segmento de cabotaje, hay 600 programados, de los cuales se estima que 300 también sean absorbidos por esa terminal.

Federico Laborde, gerente general de la unidad de negocios Centro, explicó: “Aeroparque es una terminal en constante evolución. Buscamos responder adecuadamente a una demanda de operaciones que crece año tras año y a la vez seguir sorprendiendo y superar las expectativas de nuestros pasajeros. Para lograrlo, debemos adelantarnos a las necesidades. Por ese motivo, estamos trabajando en iniciativas que potencian nuestra oferta en infraestructura, en tecnología y en servicios, consolidando el rol estratégico que Aeroparque tiene en la región”.

Más en detalle, en 2025 el aeropuerto metropolitano registró 17.812.311 pasajeros totales (5.265.159 internacionales y 12.547.152 domésticos) y en el primer trimestre, ya se alcanzaron los 5.898.525 pasajeros, sosteniendo el mismo nivel del año pasado. A su vez, entre enero y marzo el promedio diario fue de 409 vuelos.

Además, se espera que la actividad toque máximos históricos durante las vacaciones de invierno, de la mano de una importante demanda para volar a destinos tales como Bariloche, San Pablo, Córdoba, Chile, Iguazú, Mendoza, Rio de Janeiro, entre otros.

Las obras

En el preembarque doméstico, se intervendrán 2.800 m2 y se ampliará en unos 400m2, quedando gran parte del área pública existente integrada a este sector para mejorar la funcionalidad y capacidad de la terminal.

Contará con 1.960 m2 nuevos para locales comerciales, de los cuales 700 m2 serán de la nueva Sala Amae Lounge, 940 m2 para las propuestas gastronómicas y 400m2 adicionales para el Shop Gallery. La obra comenzará en junio y se prevé que termine en diciembre, en la antesala de la temporada de verano.

La intervención del embarque internacional se realizará sobre una superficie de 9.300 m2, logrando una expansión de 1.000 m2. Esto dejará 5.050 m2 de locales comerciales, 3 nuevos espacios para gastronomía, la extensión del Duty Free y una nueva Sala Vip con vistas al río.

Las áreas de control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Migraciones pasarán a tener 2.310 m2 y se instalará un nuevo núcleo de Arribos y Partidas remotas para gestionar más conexiones. Asimismo, se sumará otro corredor de Arribos y mayor espacio para el embarque Flex.

Los grandes centros comerciales buscan sumar nuevos usos para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo. A los locales, la gastronomía y el entretenimiento se agregan cada vez más servicios, en una transformación que apunta a convertir estos espacios en destinos para distintas actividades. En ese contexto, uno de los principales shoppings del país prepara una nueva incorporación.

Se trata de Unicenter, el shopping más antiguo de la Argentina, que atraviesa un proceso de expansión y transformación con una inversión superior a USD 60 millones. El proyecto contempla nuevos locales, propuestas gastronómicas y deportivas, además de servicios vinculados con la salud.

Dentro de ese proceso, el complejo sumará un nuevo centro médico ambulatorio de aproximadamente 1.300 m², cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027, según adelantó el Grupo Cencosud a Infobae. La nueva incorporación surgirá a partir de un acuerdo estratégico firmado entre Cencosud y Swiss Medical para instalar el centro de salud dentro de Unicenter.

El espacio proyecta atender a más de 20.000 pacientes por mes y contará con servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorio y consultorios destinados a más de 40 especialidades.

La propuesta incluirá tecnología para realizar resonancias magnéticas, radiografías, mamografías y ecografías, además de atención médica en áreas como clínica médica, pediatría, odontología, ginecología, urología, cardiología, oftalmología y otorrinolaringología.

Un nuevo servicio dentro del shopping

El proyecto de salud forma parte de una transformación más amplia que Cencosud presentó en junio. La compañía anunció entonces una inversión superior a USD 60 millones para ampliar Unicenter y sumar 20.054 metros cuadrados nuevos construidos y 16.000 metros cuadrados arrendables.

La obra contempla la incorporación de 85 nuevos locales, que se agregarán a los 282 existentes, además de stands y decks en espacios comunes y pasillos.

El proyecto se presentó bajo el concepto “Un nuevo Unicenter está en camino” y planteó una ampliación que no se limita a incrementar la superficie comercial.

La estrategia también contempla nuevas categorías de servicios y actividades. Entre ellas aparecen la salud, el deporte y la gastronomía, que se suman a la oferta tradicional de locales y entretenimiento.

En los últimos meses, el shopping incorporó marcas nacionales e internacionales como Boss, Armani, Miniso, Indian, Calvin Klein, Skechers y Victoria’s Secret.

Según explicó Cencosud cuando anunció la expansión, distintas marcas buscaban instalar sus principales locales en Unicenter y desarrollar formatos de mayor escala. Esa demanda impulsó la necesidad de generar nuevos metros cuadrados dentro del complejo.

Ahora, el acuerdo con Swiss Medical permite precisar una de las propuestas vinculadas con la salud que formaban parte del proyecto.

Cómo será el centro médico

El nuevo espacio ocupará aproximadamente 1.300 m² y tendrá un esquema de atención ambulatoria. La propuesta combinará consultorios con servicios de diagnóstico y laboratorio. No contará con un vacunatorio -como se había pensado inicialmente-, pero el shopping cuenta con un local de Vacunar en el 3° piso que permanecerá. La apertura está prevista para el primer semestre de 2027, dentro del proceso de ampliación general que atraviesa el shopping.

Sebastián Núñez, gerente general de la División de Shoppings de Cencosud Argentina, señaló que el convenio entre Unicenter y Swiss Medical refuerza la visión de transformar Unicenter en un espacio integral de experiencias, con entretenimiento, gastronomía, servicios y nuevas propuestas.

A su vez, Facundo Belocopitt, vicepresidente de Swiss Medical, indicó que la presencia de la compañía en Unicenter permitirá ampliar su red hacia un punto estratégico y acercar servicios de salud a las actividades cotidianas de las personas.

En junio, cuando Cencosud presentó el proyecto de expansión, la compañía informó que el shopping sumaría una clínica, pero en ese momento las negociaciones con la empresa de salud estaban en curso. En esa oportunidad, el grupo también anticipó una renovación integral del gimnasio, la llegada de Decathlon y nuevas propuestas gastronómicas.

Al presentarse el proyecto, la empresa informó que la obra comenzaría durante la primera semana de junio y tendría una duración estimada de 16 meses. La apertura de los nuevos espacios quedó prevista aproximadamente para octubre de 2027.

Los trabajos se desarrollarán por etapas para mantener la actividad habitual del shopping durante el proceso. La compañía también estimó que el proyecto generará más de 600 puestos de trabajo entre la construcción y la operación posterior de los nuevos espacios.

Además de la ampliación comercial, el plan contempla nuevas áreas verdes, mejoras en accesibilidad y modificaciones vinculadas con el tránsito vehicular.

En el marco del Plan Nacional de Obras de Ampliación de la red de Transporte Eléctrico, la Secretaría de Energía anunció este martes una convocatoria a inversores locales e internacionales para ampliar la red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de un plan que contempla 16 obras prioritarias en materia de seguridad energética y cuyo primer proyecto demandará una inversión de USD 800 millones.

El emprendimiento en cuestión se denomina AMBA I y es la respuesta del Gobierno a una brecha que se amplió durante la última década: la demanda residencial de electricidad creció un 20% en los últimos 10 años, mientras que la red de transporte de alta tensión se expandió un 8%. Esa diferencia se tradujo en cuellos de botella, saturación estructural y un riesgo creciente de interrupciones del suministro -sobre todo durante los meses de verano- en la zona que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica nacional.

La saturación actual de la red en el AMBA genera restricciones a la demanda y eleva la probabilidad de colapsos por superación de los límites técnicos del sistema. La infraestructura que hoy transporta electricidad hacia los hogares y las empresas del área metropolitana opera al límite de su capacidad, y cualquier pico de consumo puede derivar en cortes.

La convocatoria a licitación pública nacional e internacional, a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, apunta a revertir ese cuadro mediante la construcción, operación y mantenimiento privado de la infraestructura necesaria, sin comprometer recursos fiscales del Estado.

El proyecto contempla 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 132 kV, la construcción de una nueva Estación Transformadora en Plomer (500/220/132 kV) y la incorporación de sistemas de compensación reactiva (STATCOM), entre otras obras complementarias de conexión con las distribuidoras del área. Una vez ejecutada, la ampliación permitirá sumar aproximadamente 2.000 MW de capacidad adicional al sistema.

AMBA I es la primera de las 16 iniciativas estratégicas que integran el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. El programa completo prevé inversiones totales por más de USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV a lo largo de todo el país, en lo que el Gobierno describió como un proceso de normalización del sector energético argentino tras años de desinversión acumulada.

Las obras podrán adherirse al RIGI

Para el financiamiento, el proceso cuenta con dos herramientas que buscan reducir el riesgo para los inversores y darle previsibilidad al proyecto. La primera es el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente en proceso de estructuración.

La segunda es la posibilidad de que el adjudicatario solicite su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que ofrece reglas claras y estabilidad de largo plazo para atraer capital privado a proyectos de infraestructura. La convocatoria pone en marcha, además, un nuevo marco regulatorio que habilita al sector privado a invertir, construir y operar infraestructura crítica bajo condiciones predefinidas, sin necesidad de que el Estado aporte fondos propios.

Ese esquema representa un cambio de modelo respecto de la forma en que Argentina financió históricamente sus obras de infraestructura energética. En lugar de depender del presupuesto público o del endeudamiento soberano, el Gobierno apuesta a que sean inversores privados —locales o del exterior— quienes asuman el riesgo de la construcción a cambio de operar y mantener la red durante el plazo que establezca el contrato de concesión.

El cronograma licitatorio prevé que la presentación y apertura del Sobre N° 1 —que corresponde a la calificación técnica y financiera de los oferentes— se realice hacia la primera quincena de diciembre de 2026, a 120 días corridos desde la publicación oficial. La evaluación de esas propuestas, la apertura del Sobre N° 2 con las ofertas económicas y la adjudicación están previstas para comienzos de 2027, con la firma del contrato de concesión en los meses posteriores. El plazo máximo de construcción es de 52 meses, distribuidos en dos etapas.

La posibilidad de ver autos de IndyCar a casi 320 km/h sobre la Pennsylvania Avenue, donde el límite habitual es de 40 km/h, resume la magnitud del nuevo evento que impulsa Donald Trump en Washington.

La competencia, bautizada Freedom 250 Grand Prix, integra el calendario de actividades por los 250 años de Estados Unidos y, de acuerdo con un reporte de ABC News, obligó a una adaptación urbana poco habitual en el corazón político del país.

La prueba está prevista para el 22 y 23 de agosto sobre un circuito callejero de 2,67 kilómetros y 147 vueltas, con siete curvas y un recorrido que pasará cerca del Capitolio, el National Mall y otros puntos emblemáticos.

La organización estima velocidades cercanas a los 200 mph, equivalentes a unos 322 km/h, aunque especialistas señalaron al medio estadounidense que el diseño podría impedir que los autos sostengan ese ritmo durante demasiado tiempo.

Un circuito urbano con tapas de alcantarilla soldadas y muros de contención

Uno de los puntos más llamativos del operativo pasa por la infraestructura urbana. ABC News detalló que los organizadores debieron soldar más de 220 tapas de alcantarilla para evitar que los monoplazas las desprendan por efecto de la succión.

A eso se suma la necesidad de corregir alrededor de 50 tapas que se encuentran a una profundidad que puede generar desniveles sobre el asfalto.

La preparación también incluye la instalación de 1.800 muros de contención, cada uno de 4.536 kilogramos, además de detectores de metales bajo supervisión del Servicio Secreto.

Bud Denker, presidente de Penske Corporation y responsable del evento, aseguró ante ABC News que la empresa afronta “la gran mayoría” de los costos, entre ellos las obras viales y parte de las mejoras necesarias para adecuar las calles al paso de los autos.

Denker indicó además que cerca de un tercio del trazado necesita trabajos de reacondicionamiento, con un gasto que se ubicaría por debajo de los USD 3.000.000.

ABC News precisó que esa cifra queda por debajo de otras inversiones recientes en circuitos urbanos de la categoría.

El rol de Trump en los festejos por los 250 años de Estados Unidos

La carrera no aparece como un hecho aislado. ABC News la ubica dentro de una serie de celebraciones impulsadas por Trump con motivo del aniversario número 250 de la independencia estadounidense.

Entre esos actos ya figuraron una velada de UFC en los jardines de la Casa Blanca, un acto vinculado a la feria estatal en el National Mall y un evento por el 4 de julio con fuegos artificiales.

Durante una actividad de promoción en la Casa Blanca, el presidente bromeó con la velocidad prevista para la competencia y afirmó que, si alguien circulara así en un día normal sobre esa avenida, “probablemente iría a prisión por el resto de su vida”. La frase fue recogida por ABC News al describir el tono con el que el mandatario presentó el espectáculo.

El empresario Roger Penske, dueño de la categoría y aliado cercano de Trump, encabezó las gestiones para concretar la fecha en la capital.

Penske incluso le entregó un casco al presidente y lo invitó a usarlo si finalmente participa en la vuelta previa a bordo de The Beast, la limusina presidencial que podría abrir el recorrido antes de la largada.

Cuestionamientos políticos e interés del público

La propuesta también abrió una discusión sobre el perfil de los festejos oficiales. El historiador Michael D. Hattem sostuvo ante ABC News que los eventos impulsados por Trump prestaron poca atención a la historia específica de la fundación del país y al sentido del aniversario.

Desde la Casa Blanca, el vocero Davis Ingle respondió al medio que el presidente está concentrado en “salvar al país” y en garantizar una celebración “espectacular” por el cumpleaños 250 de Estados Unidos.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dejó abierta la puerta a futuras ediciones, aunque Denker evitó comprometer una continuidad. “Es la primera vez. Podría ser la única”, afirmó al hablar con ABC News.

En paralelo, la demanda inicial muestra un interés alto del público. Los organizadores informaron que recibieron 288.000 pedidos de entradas gratuitas a través de un sistema de sorteo, una cifra superior al aforo previsto de 130.000 espectadores por día.

La carrera se disputará incluso con lluvia, salvo que haya tormenta eléctrica o acumulación severa de agua sobre la pista.

El trazado avanzará por la Pennsylvania Avenue entre las calles 3 y 9, con regreso hacia la 7 y un descenso hasta la Independence Avenue, al borde del National Mall.

La combinación entre autos de IndyCar, monumentos federales y un fuerte despliegue de seguridad convertirá a la cita en uno de los eventos más singulares del calendario deportivo y político de este año en Estados Unidos.

Aeropuertos Argentina, la empresa de Eduardo Eurnekian que opera los 35 principales aeropuertos del país bajo una concesión que data de 1998, tiene listo un plan de obras que supera los USD 600 millones, pero no puede ejecutarlo. El motivo es un preacuerdo con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) que nunca terminó de concretarse y que, según pudo saber Infobae, lleva más de un año sin respuesta formal del Estado.

El documento se firmó en 2025 entre el entonces presidente del ORSNA, Facundo Leal, y representantes de Aeropuertos Argentina. El contrato preveía una prórroga de la concesión hasta 2056, con posibilidad de extenderla 10 años más. Sin ese horizonte contractual extendido, la concesionaria no tiene el respaldo para comprometer inversiones de largo plazo ni para salir a buscar financiamiento externo.

La concesionaria privada pretende mantener la actual tasa interna de retorno del contrato vigente en 16,45%, aunque aseguran que, de todos modos, esa tasa no equilibra la ecuación económica que está rota.

Las obras en juego abarcan los 35 aeropuertos bajo concesión e incluyen terminales nuevas, ampliación de pistas y remodelación de instalaciones, con mayor urgencia en la parte de arribos de Ezeiza, Mendoza y el sector internacional de Aeroparque.

El preacuerdo que no avanzó

El expediente quedó cajoneado mucho antes de que el escándalo de Leal —desvinculado tras un allanamiento judicial que reveló más de USD 2 millones en efectivo y un patrimonio de origen no explicado— se convirtiera en noticia pública. La salida del funcionario no fue lo que lo frenó: el acuerdo ya estaba paralizado. Recientemente, el directorio del ORSNA —ahora bajo la conducción de Noelia Ruiz— formalizó mediante un acta que el preacuerdo no tendría continuidad. La negociación deberá retomarse desde un punto más atrás, esta vez con el ORSNA y con la Secretaría de Transporte como interlocutores.

El contrato original de concesión, firmado en 1998, tenía vencimiento en 2028. Si bien la extensión se discutió durante el gobierno de Mauricio Macri, se cerró en diciembre de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se activó una cláusula de prórroga de 10 años que extendió la vigencia hasta febrero de 2038, en plena pandemia.

Esa extensión le permitió a la empresa sobrevivir a las dificultades generadas por la crisis sanitaria, salir al mercado financiero y sostener operaciones. De ahí surgió el plan de obras de USD 606 millones del que emergieron las terminales inauguradas en los últimos años: Posadas, Bariloche, Termas de Río Hondo, Formosa, Tucumán y la de Salta, próxima a inaugurar, construida de cero a un costo de USD 110 millones.

La administración anterior reconoció que, una vez superada la emergencia sanitaria, era necesario recalibrar el contrato para reflejar la nueva realidad económica: tasas de retorno no cumplidas y ganancias por debajo de las proyecciones originales. Esa recalibración nunca ocurrió, y fue ese pendiente el que derivó en el preacuerdo de 2025.

La lógica de la negociación actual, en tanto, replica la que rigió la prórroga de 2020: sin aumento de tasas aeroportuarias —lo que encarecería el pasaje en contradicción con la política de cielos abiertos del Gobierno— la ecuación se equilibra con plazo. A mayor extensión de la concesión, mayor capacidad de acceder a financiamiento de largo plazo en los mercados internacionales.

El fondo que se agota

La inversión ejecutada entre 2021 y 2026 se financió a través de un fondo alimentado por el canon que paga Aeropuertos Argentina al Estado, que genera alrededor de USD 70 millones anuales, con el 90% aportado por la propia concesionaria. Entre 2021 y 2024, la empresa volcó USD 606 millones en ese esquema. Para 2025, 2026, 2027 y 2028 hay compromisos de inversión por USD 50 millones cada año, cifra que agota el margen disponible del fondo.

El contexto le agrega urgencia al conflicto. El año pasado cerró con un récord histórico para la aviación comercial argentina: 50,6 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos del país, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), un 12% más que en 2024. El tráfico internacional creció un 18% interanual y superó por primera vez el récord de 2018. La red de Aeropuertos Argentina movilizó 47,4 millones de pasajeros, un 12,6% más que el año anterior. Aeroparque rozó los 18 millones de viajeros y Ezeiza los 12 millones.

Esas cifras son el resultado combinado de la política de cielos abiertos del gobierno de Javier Milei —que sumó 57 nuevas rutas aéreas en 2025 y firmó 54 acuerdos bilaterales con países de la región, América del Norte, Europa, Asia, África y Medio Oriente— y de la infraestructura construida en los últimos años, así como de un mayor dinamismo del mercado aerocomercial. Las proyecciones de crecimiento anticipan que varios aeropuertos alcanzarán su límite de capacidad en el corto plazo si no se ejecutan obras de ampliación.

Fuentes con conocimiento del expediente indicaron a Infobae que diciembre de 2026 es el plazo que la empresa considera razonable para alcanzar una resolución. El ORSNA y la Secretaría de Transporte no respondieron a las consultas de Infobae. Cada mes sin definición implica capacidad aeroportuaria que no se amplía frente a una demanda que, por ahora, no da señales de desaceleración.

De acuerdo con las imágenes que circulan en las plataformas digitales, el conductor ingresó con su vehículo a una zona restringida y señalizada por trabajos viales cuando la mezcla aún estaba fresca. La motocicleta quedó atrapada y en la grabación se ve al hombre mientras intenta sacarla del lugar.

Esa situación también provocó rechazo en redes sociales. Entre los comentarios figura este mensaje: “Que lo busquen y le cobren el arreglo al tipo ese sin educación y principios”.

La difusión del video volvió a exponer conductas de riesgo en espacios destinados a la circulación controlada de buses o restringidos por obras. Ante lo sucedido, Transmilenio reiteró el llamado a usar de forma adecuada el sistema y no afectar su operación.

Hombre se coló en Transmilenio con su perro

Recientemente, un video viral en Transmilenio mostró a un hombre que arriesgó su vida junto a su perro al cruzar por la vía exclusiva de los buses para colarse en una estación. La escena provocó rechazo por el riesgo de atropello y por la exposición de la mascota.

El hombre ingresó de forma irregular al sistema con el perro sujeto con una cuerda. Esa conducta puede acarrear multa por no validar el pasaje o ingresar de manera irregular y por entrar por lugares no autorizados, como la vía exclusiva de los buses articulados.

Las imágenes muestran que el hombre cruza el carril por donde circulan los buses del sistema con el animal amarrado con una cuerda. Después de entrar, se le oye decirle: “Perfecto. Usted es un campeón y el mejor de Colombia. Muy bien, tiene derecho a la corona”.

Según el video, el hombre al parecer sería un vendedor ambulante, ya que llevaba varios paquetes de bolsas de basura para vender en el lugar. La escena generó indignación entre la comunidad porque podía ser arrollado por un bus del sistema junto con el animal de compañía.

Rechazo en redes y respuesta de Transmilenio

La reacción en redes sociales fue de rechazo por el riesgo que asumió el hombre y por haber puesto al perro en peligro. Entre los mensajes publicados aparecen frases como: “Quítenle ese perro, lo está exponiendo a ser atropellado”, “Qué irresponsable” y “No debería arriesgar su vida”.

Transmilenio rechazó ese comportamiento y advirtió que no solo puso en riesgo la vida del hombre, sino también la de los usuarios que se movilizan en los buses del sistema. La entidad dijo al diario El Tiempo que los animales son los que más quedan expuestos en este tipo de situaciones, porque no sabrían cómo reaccionar ante la llegada de un bus.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para no evadir el pago del pasaje y cuidar el sistema de transporte que millones de bogotanos utilizan a diario.

Multas por colarse o ingresar por zonas no autorizadas

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece sanciones para este tipo de conductas dentro del sistema, entre las que se encuentran:

• No validar el pasaje o ingresar de manera irregular: está clasificado como una infracción tipo 2. Esa falta puede acarrear una multa cercana a $466.904, por lo que es indispensable pagar para evitar sanciones.
• Entrar por lugares no autorizados, entre ellos la vía exclusiva de los buses: esta constituye una infracción tipo 1. En ese caso, la sanción ronda los $233.452.

En diálogo con la prensa, Barragán rechazó esa versión y aseguró que Flores votó por su candidatura, crítica al oficialismo. “¿Cómo va a ser Agripina? Yo la conozco, he visto el voto de la señora y estoy seguro que ella ha votado el número dos“, declaró.

“Yo pido que veamos hacia adelante en nuestro país”, dijo en otro momento al reiterar que observó el sufragio de Flores, quien fue señalada por su homóloga Silvana Robles por no haber mostrado públicamente su voto, tal como había acordado la coalición opositora para garantizar la transparencia de la votación.

Barragán afirmó posteriormente que el desenlace no puede atribuirse a una equivocación. “Justamente ese es el problema del Perú: cuando hay traiciones. Una cosa es un error, que posiblemente la primera todos podemos pensar, pero cuando ya sucede dos veces ya no es un error, ¿no es cierto?”, cuestionó.

El legislador también sostuvo que corresponde identificar a los responsables de la derrota de la oposición, aunque evitó señalar a algún congresista en particular, e insistió en que el bloque opositor debe mantenerse unido y evitar acusaciones sin pruebas concluyentes.

Suspendida

Robles, de Juntos por el Perú (JP), quedó suspendida en la víspera por su agrupación por tampoco haber enseñado su sufragio, tras lo cual aseguró que se trata de un “cargamontón” y acusó al fujimorismo de intentar “dividir la izquierda”.

La elección debió repetirse luego de que un voto de la coalición opositora, integrada por Obras, JP, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, quedara anulado por marcar ambas listas en la cédula. En la segunda ronda ocurrió lo mismo con otro sufragio del mismo frente, lo que permitió la ventaja definitiva de la lista encabezada por Torres, en alianza con Renovación Popular.

Robles declaró que había solicitado revisar “bien los videos” del Parlamento, “porque no todos han mostrado abiertamente su voto”.

“Yo tengo información, mi equipo de imagen también ha trabajado, que hay una señora que tampoco ha mostrado su voto (...) La señora del partido de Barragán”, agregó, en referencia a Flores.

Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

En diálogo con la radio Exitosa, el también exalcalde de Lima sostuvo que la transparencia permitiría identificar a quien hubiera cambiado su respaldo durante la votación, que finalmente dio como ganador al fujimorista Miguel Torres.

Belmont afirmó que exhibir las cédulas evitaría prácticas que, según señaló, se han repetido en distintas organizaciones políticas. “Nosotros partimos del principio que todo lo transparente es mejor que lo escondido. Para todo el país en general. Porque así evitaríamos naturalizar lo que hoy día está ocurriendo en el país, que la traición está prácticamente en muchos partidos”, declaró.

Consideró que un voto contrario al acuerdo opositor afectaría la confianza dentro del bloque. “En Obras se practica la transparencia y no se perdona la traición. Todo está permitido en Obras, menos la traición”, afirmó.

Asimismo, explicó que los integrantes de su agrupación asumieron compromisos relacionados con la transparencia como parte de sus acuerdos internos. “No estarían cumpliendo con las vigas maestras. Sí me causaría una gran decepción, le digo con toda franqueza”, manifestó.

Consultado sobre las consecuencias para quien no revele su voto, indicó que la sanción sería política. “En Obras la traición sí se castiga con indiferencia y con la pérdida de confianza (...) Y hemos propuesto que se muestre el voto, porque ahí vas a conocer quiénes son los traidores, especialmente en la votación de senadores, donde estamos empate treinta, treinta”, expresó.

“Vamos a conocer al traidor. Esa es la primera propuesta. Busquemos al traidor”, añadió antes de que la elección de Torres quedara marcada por una acusación de traición que alcanzó a la legisladora Silvana Robles, de Juntos por el Perú.

Robles, exintegrante de Perú Libre, fue la única integrante de la alianza opositora que no mostró su cédula de votación, aunque rechazó las acusaciones en su contra, las calificó como “especulaciones” y afirmó que no exhibió su voto “por un simple descuido”.

Los 60 senadores tuvieron que escoger entre la lista presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular, formaciones que cuentan con 30 escaños, y la propuesta por la coalición crítica al oficialismo, que también suman 30 asientos.

En la primera votación ninguna de las listas recibió la mitad más uno de los votos de los senadores, por lo que se llevó a cabo una segunda vuelta en la que la lista de Torres recibió 30 votos, mientras que la iderada por Daniel Barragán (Obras) consiguió 29 votos y hubo una papeleta viciada.

El fujimorista juró su cargo y a continuación lo hizo el resto de la lista; Alejandro Muñante (Renovación Popular), como primer vicepresidente, Nilza Chacón (Fuerza Popular), como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular), como tercera vicepresidenta.

Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000). 

Un predio de más de 10.000 metros cuadrados en el barrio de San Cristóbal que lleva décadas sin uso público tendrá una transformación. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que la ex estación de tranvías del Tramway Metropolitano, construida en 1904, se convertirá en una nueva plaza para los vecinos de la zona. La obra, que abarca una superficie total de 13.550 m², tiene un plazo estimado de 14 meses de ejecución, con finalización prevista para el segundo semestre de 2027.

El predio, ubicado entre las calles Matheu, Alberti, Constitución y la avenida Pavón, alberga uno de los pocos testimonios materiales de la red de tranvías que surcó Buenos Aires a principios del siglo XX.

Su fachada de ladrillos, sus galpones y sus estructuras metálicas sobrevivieron al paso del tiempo, aunque con usos que poco tienen que ver con el transporte: fue depósito de utilería y equipos de canales de televisión hasta 2014, y actualmente sus instalaciones guardan materiales, algunas unidades ferroviarias de subte en desuso y alojan oficinas administrativas de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Ahora, toda esa infraestructura será la base sobre la que se construirá el nuevo espacio público.

La renovación no implicará la demolición del patrimonio existente. El edificio ferroviario de fachada de ladrillos se conservará, se recuperará su frente y se pondrá en valor para integrarlo al nuevo espacio. Las estructuras metálicas del predio, por su parte, serán reutilizadas y adaptadas como pérgolas.

Sobre ese esqueleto histórico se tenderá césped, se plantará nuevo arbolado y arbustos, y se instalarán espacios recreativos que incluyen un patio de juegos con pisos blandos de caucho, una cancha deportiva y un sector de calistenia con postas aeróbicas. El proyecto incorpora, además, un espacio cultural semicubierto destinado a actividades artísticas y a la exposición de esculturas de la Ciudad.

La obra también contempla la renovación integral del entorno inmediato: las veredas de toda la manzana serán refaccionadas con mejoras en accesibilidad, iluminación, seguridad y conectividad peatonal. Según el Gobierno porteño, la nueva plaza beneficiará a más de 20.000 vecinos de un barrio que históricamente registró un déficit de espacios verdes por habitante.

“De las 100 ciudades más pobladas del mundo, Buenos Aires es la séptima con mayor cantidad de espacios verdes. Pero eso no nos alcanza, seguimos desafiándonos y vamos por más lugares con actividades al aire libre para los porteños”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La historia del predio arranca en 1904, cuando Buenos Aires contaba con poco más de 950.000 habitantes y su red de tranvías superaba los 250 kilómetros de tendido eléctrico, a los que se sumaban otros 230 kilómetros de recorridos con tracción a sangre.

Ese año se levantó la estación del Tramway Metropolitano en San Cristóbal, que funcionó como centro de trasbordo para cuatro líneas que conectaban distintos puntos de la ciudad. Tiempo después, la Compañía de Tranvías Anglo Argentina absorbió el Tramway Metropolitano y la red continuó su expansión hasta superar los 800 kilómetros.

El declive del tranvía comenzó en la década de 1940 y en 1963 dejó de operar como medio de transporte público en la Ciudad. La estación pasó a funcionar como terminal de las líneas 311 y 312, con recorridos circulares que llegaban hasta Retiro. Esos circuitos perviven hoy en las líneas 61 y 62 de colectivos, que unen Puerto Madero, Recoleta, Balvanera, San Cristóbal y San Telmo con los centros de trasbordo de Constitución, Retiro y Once.

La nueva plaza en San Cristóbal se suma a otras obras recientes que forman parte de una política de creación y mejora de espacios verdes en los distintos barrios porteños.

En las próximas semanas, el Gobierno de la Ciudad también iniciará la construcción del Parque Ferroviario Villa Urquiza, otro antiguo predio ferroviario que seguirá el mismo camino de reconversión en espacio verde público.

La oposición en el Congreso, conformada por las bancadas de Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Juntos por el Perú, decidió que durante la elección de la Mesa Directiva en las dos cámaras, la de senadores y diputados, sus integrantes deben exhibir públicamente sus votos a pesar de que la elección sea secreta.

Según la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, esta decisión busca fijar una señal de transparencia en la jornada que iniciará hoy desde el mediodía y que involucra a cuatro bancadas que impulsan una lista conjunta a la Mesa Directiva para ambas cámaras en oposición a la lista común de Renovación Popular y Fuerza Popular. La parlamentaria explicó que la medida también responde a un cálculo político en el Senado, donde “hay posibilidades de un empate”.

Huilca sostuvo que el bloque opositor presentó sus listas propias para disputar la conducción parlamentaria como parte de un acuerdo político entre todos los partidos integrenates. “Lo que hemos planteado para asumir con responsabilidad este acuerdo es mostrar la cédula”, señaló en la entrevista con la emisora.

Consultada por la eventualidad de que algún senador o diputado no cumpla con lo pactado, la legisladora evitó anticipar sanciones comunes para toda la alianza y afirmó que “cada bancada va a tener que discutir internamente”.

Las listas de la oposición para las Mesas Directivas

La lista opositora para el Senado lleva a Daniel Barragán (Obras) a la presidencia. La completan Jaime Quito (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Jaime Delgado (Ahora Nación) en la segunda y Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) en la tercera.

Para Diputados, la propuesta ubica a Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) en la presidencia. Lo acompañan Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) en la segunda y José Yataco Torrealba (Obras) en la tercera.

La conformación de esa alianza fue confirmada el viernes por la legisladora Mirtha Vásquez, también en RPP. Según ese anuncio previo, Ahora Nación, Obras, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno resolvieron actuar en conjunto para intentar presidir las dos mesas directivas.

Las listas oficialistas del Congreso

Las voceras de Fuerza Popular, Patricia Juárez, y de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, formalizaron la inscripción de la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República para el período 2026-2027. Este hecho marca el inicio del proceso parlamentario que definirá la conducción de uno de los órganos principales del Congreso de Perú.

La nómina presentada ante la Oficialía Mayor está encabezada por el senador Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) como candidato a presidente, acompañado por Alejandro Muñante (Renovación Popular) para la primera vicepresidencia, Nilza Chacón (Fuerza Popular) como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular) como tercer vicepresidente. Estas agrupaciones políticas consolidan así una alianza con el objetivo de liderar el Senado en el próximo periodo legislativo.

Según la comunicación oficial difundida por el Congreso, la presentación de esta lista en la previa a la elección refuerza la estrategia de Fuerza Popular y Renovación Popular para buscar mayorías dentro del Senado. El proceso para definir la Mesa Directiva continuará en los próximos días, cuando otras bancadas podrán presentar sus propias candidaturas.

Los proyectos de infraestructura ocupan un lugar central en el debate económico desde hace años. Rutas, gasoductos, la red eléctrica y la hidrovía forman parte de un conjunto de temas que, según distintos análisis, condicionan la capacidad de producción y de comercio exterior del país. En ese marco, avanza en distintas etapas de ejecución un conjunto de obras energéticas, viales, ferroviarias y fluviales que, en un horizonte de cinco años, podría modificar la forma en que Argentina produce, transporta y exporta.

La mayoría de estas iniciativas comparte un mismo rasgo: son financiadas con capital privado, en varios casos bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema que el Gobierno nacional impulsó para atraer desembolsos de gran escala en sectores estratégicos.

En otros casos, son obras internacionales desarrolladas en gran medida por los países vecinos, pero que tendrán impacto directo en la economía argentina. Los montos comprometidos, tomados de manera individual, van desde USD 800 millones hasta USD 50.000 millones, según el proyecto.

Obras energéticas, viales, ferroviarias y fluviales podrían, en un horizonte de cinco años, modificar la forma en que Argentina produce, transporta y exporta

Más allá de la magnitud de cada inversión, lo que las vuelve relevantes es el tipo de restricción que buscan resolver: la escasez de divisas y los costos logísticos que, durante años, condicionaron la competitividad de la economía.

Energía y divisas: el eje central

El bloque energético concentra la mayor parte de la inversión proyectada y también los plazos más cortos de ejecución. La ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), fue incorporada al RIGI a través de la Resolución 676/2026 y demandará una inversión de USD 550 millones. La obra prevé instalar 95.400 HP ISO de potencia de compresión entre Tratayén, en Neuquén, y Salliqueló, en Buenos Aires, con el objetivo de sumar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo bonaerense antes del invierno de 2027.

Según el Ministerio de Economía, ese volumen adicional permitirá abastecer a usuarios residenciales, industrias y plantas de generación eléctrica a un costo menor que el del gas natural licuado importado. De hecho, la cartera económica destacó que se trata del regreso del capital privado al financiamiento y la venta de capacidad de transporte de gas entre privados, algo que no ocurría hacía más de veinte años.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya superó la mitad de su ejecución. Se trata de una traza de 437 kilómetros que conectará Añelo, en Neuquén, con la terminal portuaria de Punta Colorada, en Río Negro, con capacidad para transportar 550.000 barriles diarios hacia 2027. La obra, impulsada por un consorcio liderado por YPF e integrado por Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, demandará una inversión total de USD 3.000 millones. Para financiarla se utilizó un préstamo sindicado de USD 2.000 millones que fue distinguido como el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia argentina y uno de los cinco financiamientos más grandes del sector de petróleo y gas en América Latina.

El proyecto energético de mayor escala, sin embargo, es Argentina LNG, el desarrollo de YPF para producir y exportar gas natural licuado. Según explicó el presidente de la petrolera, Horacio Marín, la inversión total ascenderá a USD 50.000 millones, de los cuales USD 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años. La iniciativa contempla llevar gas de Vaca Muerta hasta un puerto sobre el Atlántico, en Río Negro, para licuarlo en dos unidades flotantes con capacidad de 6 millones de toneladas anuales cada una.

La inversión total ascenderá a USD 50.000 millones, de los cuales USD 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años (Marín)

La meta inicial es alcanzar 12 millones de toneladas de GNL por año hacia 2030, con exportaciones que podrían llegar a los USD 14.000 millones anuales. El proyecto contempla además una expansión a 18 millones de toneladas anuales, lo que elevaría las ventas externas hasta USD 20.000 millones al año.

YPF avanzó también en acuerdos con las petroleras Eni y XRG, que se sumarán al segmento de producción del proyecto con una participación del 32% cada una, mientras la compañía argentina conservará el 36 por ciento.

A esa oferta de GNL se suma el Gasoducto San Matías, la obra de USD 1.300 millones que unirá Neuquén con el Golfo San Matías, en Río Negro, incorporada al RIGI en junio. El ducto abastecerá al proyecto Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que contempla dos unidades flotantes de licuefacción, Hilli Episeyo y Esperanza, con capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales.

Según el Ministerio de Economía, el gasoducto habilitará ventas externas por unos USD 2.500 millones anuales, mientras que el consorcio proyectó exportaciones totales de hasta USD 20.000 millones entre 2027 y 2035.

Corredores para conectar con el mundo

Otro grupo de obras apunta a reducir distancias con los mercados internacionales. Una de ellas es el Corredor Bioceánico Capricornio, una traza de 2.400 kilómetros que atraviesa Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, con un costo estimado de USD 10.000 millones, pensada para competir con el Canal de Panamá como alternativa de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. El tramo argentino, que une Salta con Jujuy, es el que registra mayor atraso en su ejecución respecto del resto del trazado regional.

Con un objetivo similar, aunque orientado al transporte ferroviario, avanza el proyecto del Tren Trasandino, con una inversión prevista de USD 9.600 millones a cargo de un consorcio integrado por la chilena Beler S.A. y la singapurense International Nusantara Investment. La obra contempla un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre Uspallata y la ciudad chilena de Los Andes, una doble vía electrificada de 420 kilómetros, un centro modal de cargas en Longotoma y un puerto submarino de aguas profundas en la comuna de La Ligua, pensado especialmente para exportar granos de Argentina, Brasil y otros países de la región hacia Asia.

El cambio de modelo permitirá además la extinción de los contratos vigentes y el cierre de la empresa estatal Corredores Viales S.A. (Caputo)

El tercer eje de conectividad externa pasa por la vía fluvial. El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal, la hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio formado por la belga Jan De Nul y Servimagnus, que conformaron la sociedad Vía Navegable Argentina (VNA).

La firma tendrá a cargo la operación, el mantenimiento y la modernización del corredor fluvial durante los próximos 25 años, con inversión privada, equipamiento propio y tecnología de última generación.

Rutas, electricidad y ferrocarriles

El resto de las obras está orientado a mejorar la circulación de bienes y energía dentro del país. El esquema de Corredores Viales fue reemplazado por la Red Federal de Concesiones (RFC), un plan que prevé licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de inversión totalmente privada.

Según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, alrededor del 80% del tránsito nacional circula por los corredores incluidos en ese esquema. El cambio de modelo permitirá además la extinción de los contratos vigentes y el cierre de la empresa estatal Corredores Viales S.A., que en 2023 había generado un resultado negativo superior a $142.000 millones, lo que representaría un ahorro fiscal estimado en USD 6.100 millones.

El proceso avanza en tres etapas: la primera ya fue licitada, la segunda incluye tramos de las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188 y 193 en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, con ofertas económicas abiertas en julio, y la tercera abarca más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores, con ofertas presentadas en mayo.

En el segmento eléctrico, el Gobierno lanzó un programa de obras por USD 6.600 millones enmarcado en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, destinado a evitar cortes de suministro. El mismo contempla 17 proyectos financiados y ejecutados íntegramente por empresas privadas bajo un esquema de concesión.

Las obras se solventarán mediante un concepto adicional en las tarifas de los usuarios beneficiados, una vez que las líneas estén en funcionamiento

Las obras se solventarán mediante un concepto adicional en las tarifas de los usuarios beneficiados, una vez que las líneas estén en funcionamiento. Entre los proyectos figuran refuerzos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), líneas de 500 kV que conectarán Puerto Madryn con Bahía Blanca y otras que unirán Mendoza con Buenos Aires, además de interconexiones internacionales con Bolivia y Paraguay y una vinculación eléctrica entre Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El décimo proyecto corresponde al transporte ferroviario de cargas. En el Gobierno afirman que la publicación de los pliegos para privatizar el Belgrano Cargas y Logística está próxima a concretarse, con un plazo de 90 días para que las empresas interesadas se presenten y la adjudicación prevista para fin de año o comienzos de 2027. El proceso incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y habilitará la posibilidad de que un mismo grupo empresario se presente por la totalidad de la red.

La compañía Ferromex, del Grupo México, es la principal candidata extranjera y ya delineó un plan de inversiones de hasta USD 3.000 millones para modernizar las líneas. El objetivo declarado es revertir la baja densidad de carga, los altos costos fijos y el deterioro de la infraestructura ferroviaria, en un esquema en el que las obras estatales previstas rondan los USD 800 millones y la venta del material rodante cubriría algo más de la mitad de ese monto.

El impacto económico

Para el economista Sebastián Laza, este conjunto de obras permitiría aprovechar mejor sectores en los que Argentina tiene una ventaja comparativa, como la energía, el agro y la minería. En un primer momento, sostuvo, los beneficios se concentrarán en esas actividades y en la construcción, la metalmecánica, el transporte y los servicios asociados.

Sin embargo, Laza planteó que, si las obras logran aumentar las exportaciones, generar más divisas y bajar los costos logísticos y energéticos, el efecto terminará alcanzando al resto de la economía, en la medida en que mejora la capacidad del país para crecer sin chocar de manera permanente con la restricción de dólares.

En la medida en que mejora la capacidad del país para crecer sin chocar de manera permanente con la restricción de dólares (Laza)

José Vargas, economista y director de Evaluecon, consideró que estos proyectos tienen el potencial de producir un cambio estructural en la economía argentina, porque apuntan a uno de sus problemas históricos: las restricciones de infraestructura que limitan la producción, las exportaciones y la competitividad.

Vargas destacó que “mientras en el corto plazo el beneficio aparece sectorizado, en el mediano y largo plazo puede extenderse a toda la actividad productiva”.

Qué condiciones macroeconómicas se necesitan

Ambos economistas coincidieron en que la concreción de estas obras depende, en gran medida, de la estabilidad macroeconómica. Laza remarcó que se trata de inversiones que se recuperan en muchos años, por lo que requieren inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y reglas cambiarias, impositivas y regulatorias estables, y cierta continuidad política.

Vargas planteó, que el capital privado invierte en la medida en que percibe que podrá recuperar esa inversión en un contexto estable y con baja incertidumbre. La estabilidad macroeconómica, aclaró, no garantiza por sí sola la concreción de las inversiones, pero constituye una condición necesaria para que los proyectos se desarrollen y logren sostenerse en el tiempo.

La estabilidad macroeconómica, aclaró, no garantiza por sí sola la concreción de las inversiones, pero constituye una condición necesaria para que los proyectos se desarrollen (Vargas)

De cara a los próximos años, la combinación de estas diez obras ubica a la energía como el sector con mayor volumen de inversión comprometida, con Argentina LNG a la cabeza de un conjunto que, entre gas, petróleo y electricidad, supera ampliamente los USD 60.000 millones proyectados para lo que resta de la década.

Un día después de firmar en la Casa Rosada el convenio mediante el cual la Nación transfirió a Santa Fe la administración de la Ruta Nacional A012 por 20 años, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves el inicio de las primeras obras sobre ese corredor vial. Según informó el Gobierno provincial, los trabajos demandarán una inversión de $4.300 millones y comenzarán en la intersección con la Ruta Nacional 34.

El acto se realizó luego de que Pullaro suscribiera el miércoles el acuerdo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la provincia asuma el mantenimiento, la conservación y la ejecución de obras sobre la traza. A partir de ese convenio, Santa Fe quedó habilitada para intervenir sobre la ruta con recursos propios.

Durante la actividad, Pullaro sostuvo que la decisión de avanzar con las obras respondió a la necesidad de resolver el estado del corredor. “Estamos convencidos que saldremos adelante si logramos producir más, generar crecimiento económico y empleo”, afirmó. Además, planteó que para alcanzar ese objetivo resulta necesaria la articulación entre el Estado y el sector privado “con el objetivo de llegar a las transformaciones que necesita la estructura productiva del país”.

El gobernador también se refirió a la decisión de asumir la administración de la ruta, pese a tratarse de una infraestructura de jurisdicción nacional.

“Podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional”, expresó. Y agregó: “Entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfieran la ruta para que nos hiciéramos cargo de la reparación y la infraestructura, con una planificación estratégica que nos permita dentro de unos años no volver a tener los mismos problemas”.

En otro tramo de su discurso, Pullaro sostuvo que la provincia cuenta con “un plan de obra pública y una idea pensada para administrar la infraestructura de los circuitos portuarios en Santa Fe”. En ese marco, señaló: “Hay un Gobierno que vino a hacerse cargo y resolver en este caso un problema estructural que cuando se repare, permitirá a la producción y la logística reducir costos, producir más, generando empleo y crecimiento económico a futuro”.

Las tareas previstas en esta primera etapa incluyen trabajos de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias. De acuerdo con la información oficial, las obras estarán a cargo de la empresa Pose y se iniciarán en la intersección de la Ruta Nacional A012 con la Ruta Nacional 34. El plazo de ejecución previsto es de entre seis y siete meses.

La provincia también informó que las intervenciones sobre el corredor se complementarán con otras obras ya proyectadas. Entre ellas figura la construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta Provincial 25 con la A012, incluida en la segunda etapa del Camino de la Cremería, y otra en la intersección con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será retomado por el Gobierno santafesino para adecuarlo y luego avanzar con la licitación.

La diputada nacional Gisela Scaglia participó de la actividad y destacó el inicio de los trabajos. “Cada vez que el gobierno provincial dice que hará una obra, cumple con los plazos y les devuelve la obra pública sin corrupción, con transparencia y de calidad, para dejar un legado de provincia grande”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, afirmó que “el 70 % de los camiones que pasan por la A012 son de otras provincias”. En ese sentido, valoró la transferencia de la administración del corredor a la provincia y señaló: “Tomamos las riendas de una solución que teníamos que alcanzar”. También agregó: “Los santafesinos somos otra gestión, somos un federalismo de acción que tomamos la ruta y pensamos a futuro con una planificación vial de todo el circuito de ingreso a los puertos”.

El convenio firmado el miércoles entre la Nación y Santa Fe estableció la cesión de la administración de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años. A partir de ese acuerdo, la provincia quedó facultada para ejecutar obras, realizar tareas de mantenimiento y conservación, y administrar ese corredor vial con financiamiento propio.

A pocas semanas de la elección de las mesas directivas en el Congreso para las cámaras de Diputados y Senadores, los líderes políticos de Ahora Nación (Alfonso López Chau), el Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont) y Juntos por Perú (Roberto Sánchez) anunciaron una coalición entre los partidos que buscará impulsar una agenda común.

Según el comunicado oficial difundido por Roberto Sánchez en su cuenta oficial de X, la nueva coalición asegura que, pese a reconocer la proclamación oficial de los resultados electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones que da como ganadora a Keiko Fujimori, no dejarán de denunciar “las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral”. Además, las agrupaciones sostienen que “la paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos”.

En el texto, la coalición afirma que “la democracia exige respetar la institucionalidad, pero también exige defender la verdad” y remarca que el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado los resultados “no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar” lo que, según su postura, afectó el proceso.

La agenda que plantea la coalición

El documento, que lleva las firmas de Ricardo Belmont, Alfonso López Chau y Roberto Sánchez, señala que su coalición tiene una agenda en la que se incluye “justicia para las víctimas del sur” y agrega que rechaza “la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción”.

Como hoja de ruta parlamentaria, afirma que desde el Congreso de la República buscará “restablecer la paz en nuestro país”, con una agenda inicial que plantea “derogar las leyes que favorecen al crimen” y “recuperar el derecho a referéndum”.

Entre los puntos enumerados, el bloque también menciona “el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica” y, de forma explícita, “la libertad del presidente Pedro Castillo”, una de las exigencias claras que tienen Juntos por el Perú y Roberto Sánchez desde su etapa como candidato a la presidencia.

Los firmantes adelantaron que “ejerceremos desde ambas Cámaras un control político”, con el objetivo de “defender los derechos fundamentales de los ciudadanos” y “recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los Poderes del Estado”.

El pronunciamiento también plantea que continuarán “al lado de la ciudadanía”, con una agenda que incluye “trabajar por la igualdad de oportunidades y la justicia social”, además de “defender el Estado de derecho”.

A pesar que el comunicado habla en representación de los diputados y senadores electos para el próximo Congreso, el único de los tres líderes políticos firmantes que ocupará lugar en el Parlamento, es Alfonso López Chau, que fue electo como senador. Roberto Sánchez, por su lado, no fue electo como diputado por Lima Metropolitana, pero sí contará con Ernesto Zunini, el secretario general de Juntos por el Perú, en la Cámara de Diputados.

Obras ya tuvo conversaciones con Fuerza Popular “para la Mesa Directiva”

A pesar del anuncio de la coalición entre los partidos, la diputada de Obras, Andrea Medina, afirmó que el partido que representa se ha reunido con Fuerza Popular para hablar sobre la Mesa Directiva.

Según informó la diputada electa de este grupo político, Andrea Medina, el contacto entre ambos partidos ya existe y su bancada resolverá su posición en función de las propuestas que considere viables.

En conversación con Canal N, la diputada indicó que “nuestro vocero, Daniel Barragán, ha tenido ya acercamiento y conversaciones previas que ya próximamente también serán comunicadas oficialmente”. Además, sostuvo que las conversaciones también están abiertas con partidos que serán de oposición al gobierno.

El Partido Obras confirmó que abrió conversaciones con Fuerza Popular por la Mesa Directiva del Congreso y dejó planteado su criterio para esa negociación: apoyar lo que, a su juicio, favorezca la gobernabilidad y el “desarrollo” del país.

Según informó la diputada electa de este grupo político, Andrea Medina, el contacto entre ambos partidos ya existe y su bancada resolverá su posición en función de las propuestas que considere viables.

En conversación con Canal N, la diputada indicó que “nuestro vocero, Daniel Barragán, ha tenido ya acercamiento y conversaciones previas que ya próximamente también serán comunicadas oficialmente”. Además, sostuvo que las conversaciones también están abiertas con partidos que serán de oposición al gobierno.

Durante la entrevista, la diputada electa fue consultada de manera directa sobre si las reuniones apuntaban a respaldar a Fuerza Popular en la disputa por la Mesa Directiva. Su respuesta no confirmó un apoyo cerrado, pero confirmó que la conversación existe y que la evaluación interna está en marcha.

“Estamos ahí evaluando nuestros líderes políticos. Y además yo creo que es una cosa muy importante, que hay que buscar el desarrollo, el crecimiento y no ser un partido que obstruye el crecimiento y desarrollo del país”, afirmó Medina.

La parlamentaria retomó esa idea al desarrollar qué entiende su partido por gobernabilidad. Según dijo, la posición de Obras no se definirá por afinidades previas, sino por el contenido de las políticas que se pongan sobre la mesa.

“Manejamos una forma de trabajo un poco distinta, que en sí es según nosotros avancemos y según las propuestas, las políticas públicas que se estén presentando, vamos a buscar nosotros siempre lo mejor para el país”, señaló. La congresista electa añadió que las decisiones de su agrupación se tomarán “según las propuestas también que sean más viables para el país”.

Dos mesas directivas en el Congreso

A partir del retorno de la bicameralidad en el Congreso para el periodo 2026 - 2031, cada cámara (diputados y senadores) tendrá su propia mesa directiva independiente que será elegida en un proceso de votación que se producirá durante el primer pleno que se producirá al inicio de la nueva legislatura.

En conversación con Exitosa, la senadora electa de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, afirmó que la votación para la Mesa Directiva sería el 26 de junio, cuando se definirán las conducciones de ambas cámaras: “Sí, aparentemente sería el 26 ya que se tendría que votar la mesa directiva de ambas cámaras”.

La senadora electa agregó que cada cámara tendrá su propia conducción y que se prevé un esquema alternado en la presidencia del Legislativo. “Cada cámara va a tener una mesa directiva y van a ir rotando, entiendo, las presidencias para que presidan el Congreso, entre la presidencia del Senado y la de la Cámara de Diputados“, afirmó.

El ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido entre el próximo jueves feriado del 9 de julio y el domingo 12, mientras que los ramales Mitre y José León Suárez circularán con servicio limitado entre Belgrano R y las terminales bonaerenses por “obras esenciales de renovación de infraestructura de vías”.

“Se trata de tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria”, comunicó Trenes Argentinos Operaciones.

La interrupción de cuatro días coincide con el fin de semana largo extralargo y busca minimizar futuras afectaciones al servicio. Las obras incluyen la renovación total o parcial de cruces a nivel en San Martín e Yrigoyen (Vicente López), así como desde Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde (Núñez) y la restauración del paso a nivel Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires.

El corte responde a la Emergencia Ferroviaria por el deterioro de durmientes y rieles con más de 40 años de antigüedad, lo que obligó a los trenes a circular a menor velocidad por precaución, generando demoras y cancelaciones.

Durante la próxima interrupción, se prevé la renovación de 40 kilómetros de vías, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel (sistema de alimentación eléctrica), la intervención de 24 pasos a nivel y 22 peatonales, además del recambio de cuatro paragolpes en la estación terminal de Tigre. Según cifras oficiales, en los primeros meses del año ya se habían renovado 32 kilómetros de vías, intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

“La renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”, señaló la empresa estatal.

Por la interrupción del servicio, muchos pasajeros deberán buscar alternativas de viaje para llegar a destino. La duración y alcance de las obras están orientados a reducir nuevas interrupciones en el futuro y garantizar la seguridad del servicio.

“Las tareas totales contemplan la renovación total de 40 km de vía; el reemplazo de 47 km de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas”, precisaron.

“La readecuación de los tendidos, que se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, se ejecutará durante 4 días corridos y responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición”, explicó Trenes Argentinos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encabezó este miércoles una ceremonia que marcó el inicio de la construcción de un puente de 12,4 kilómetros entre la ciudad de Salvador y la isla de Itaparica, proyectado como el mayor de América Latina sobre el mar.

El acto se realizó en Vera Cruz, en la isla de Itaparica, donde participaron las empresas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), responsables tanto de la edificación como de la concesión para operar el puente durante 35 años.

La obra, considerada una de las más relevantes en infraestructura en el país, tendrá un costo de 11.600 millones de reales (alrededor de 2.220 millones de dólares) y conectará Salvador con el litoral sur del estado de Bahía.

Durante su discurso, Lula subrayó que, además de los beneficios económicos, el Gobierno busca evitar que el proyecto genere problemas como la especulación inmobiliaria o el crimen organizado en las comunidades locales.

“Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad”, señaló.

A diferencia del puente que une Río de Janeiro y Niteroi, de 13,3 kilómetros (el mayor de América Latina entre dos ciudades separadas por mar), el puente entre Salvador e Itaparica será completamente sobre el agua. El puente Río-Niteroi, inaugurado en 1974, solo tiene ocho kilómetros sobre el mar; el resto se extiende sobre tierra firme e islas.

Se estima que la nueva infraestructura reducirá unas dos horas el trayecto entre Salvador y las ciudades del litoral sur de Bahía, beneficiando a cerca de 10 millones de personas de aproximadamente 250 municipios.

El proyecto contempla que el puente, de cuatro carriles, esté finalizado para junio de 2031 y que, en algunos tramos, alcance una altura de 82 metros sobre el mar, permitiendo el paso seguro de grandes cargueros hacia la Bahía de Todos los Santos y el puerto de Salvador.

La inversión será cubierta en un 47% por el consorcio adjudicatario, mientras que el Gobierno federal de Brasil y la gobernación de Bahía asumirán el 53% restante.

Se prevé que el puente sea transitado diariamente por 28.000 vehículos, incluidos turistas que se dirijan a destinos como Morro de Sao Paulo.

Cumplido sus dos años dirigiendo el país, con un desempleo que ya trepa el 10% y una informalidad galopante, el presidente José Raúl Mulino dijo que “el orden de las cuentas permite tener hoy más de 700 obras públicas en ejecución en todo el territorio nacional”.

En su informe a la nación durante la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, Mulino afirmó que las obras “ya dinamizan la economía y generarán miles de empleos”.

Se ha logrado ordenar las finanzas del Estado y se ha restaurado el buen nombre de Panamá en el escenario internacional, agregó el mandatario, que llegó al poder de la mano del expresidente Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia, con un 34% de los votos de los panameños.

Una nota de prensa oficial señala que el mandatario aseguró que sanear las cuentas del Estado, recuperar la disciplina fiscal y restablecer la credibilidad de Panamá ante el mundo era absolutamente necesario, puesto que perder la confianza internacional habría significado créditos más caros para las familias, menos inversión, menos empleo y un mayor costo de vida para todos los panameños.

Este paso, agrega la información, permitió una baja sustancial del déficit fiscal y la desaceleración del ritmo de endeudamiento de los últimos años.

La deuda pública de Panamá cerró en mayo de este año en $61,871.6 millones, una reducción marginal de $24.8 millones respecto al saldo registrado en abril, cuando alcanzó los $61,896.4 millones.

Los pagos realizados durante mayo reflejan la creciente presión que ejerce el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas. Solo en deuda externa, Panamá desembolsó $114.9 millones, de los cuales $71.2 millones correspondieron a pagos de capital y $42.9 millones a intereses.

En su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Mulino indicó que su administración ha diseñado una “estrategia integral que concentrará los principales esfuerzos del Gobierno, basada en grandes prioridades como empleo, salud, canasta básica, agua, transporte público y seguridad para los panameños”.

Horas antes de la asistencia de Mulino al pleno del Legislativo, fue electa como presidenta de ese órgano del Estado para el periodo 2026-2027, la diputada oficialista, Shirley Castañedas. Manuel Cohen Salerno y Manuel Chen Peñalba fueron elegidos para ocupar los cargos de primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.

Castañedas señaló que durante su gestión fortalecerá la participación ciudadana y avanzará hacia un parlamento abierto digital, que permita a cualquier panameño conocer cómo se discuten las leyes, cómo votan sus representantes y cuáles son los resultados del trabajo que se realiza en este órgano del Estado.

Como presidenta de la Asamblea Nacional aseguró que su agenda estará enfocada en los grandes desafíos nacionales, apoyando proyectos de ley que garanticen generación de empleo, educación, salud, agua potable e inversión.

“Venimos a trabajar, a construir y a demostrar que las diferencias políticas pueden coexistir con el respeto institucional y con la búsqueda honesta de soluciones; por lo que esta Asamblea acompañará las iniciativas que beneficien al país”, destaca una comunicación oficial.

Añadió que ejercerá el control político, cuando corresponda, y defenderá siempre su independencia constitucional para fortalecer la “gobernabilidad”.

La ahora presidenta de la Asamblea Nacional igualmente resaltó que impulsará una coordinación firme, respetuosa y transparente, donde la fiscalización será responsable y el diálogo será permanente; por lo que exhortó a los diputados de todas las bancadas a sentarse juntos y pensar, sin banderas partidarias, sobre cómo transformar el país.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció en las últimas horas que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, bloqueó el financiamiento de obras a través de créditos internacionales que la gestión de Axel Kicillof tiene comprometidos con distintos organismos, pero que para su ejecución, requiere del aval de la gestión de Javier Milei. El pedido va en consonancia con lo que vienen reclamando otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y las del Norte, que ponen el foco en la coparticipación.

El lunes, el ministro de Infraestructura bonaerense y ex funcionario de esa área en la órbita nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, detalló los proyectos que esperan aprobación de Nación. Hay préstamos que vencen este año y, para su prórroga, deben tener el aval de Nación; obras que tienen la anuencia de organismos, pero también requieren el ok de Economía; y otras a través de créditos que vencerán en 2027 y deberán ser renovados. El conjunto de grandes obras de infraestructura hídrica y saneamiento previstas para la provincia de Buenos Aires representa una inversión que supera los 1.100 millones de dólares, según los montos estipulados para seis proyectos principales, sin contar el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores.

Cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. Es una obra que, además, se ha metido en la discusión interna del peronismo y que tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, como una de las puntas de lanza y buscando financiamiento internacional.

De hecho, esta semana, Mendoza se encuentra en Marruecos en el marco del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, donde explicará el impacto que tiene sobre los municipios la obra de la cuenca de los arroyos en cuestión. Alcanza 1 millón de habitantes, de los cuales 335.289 pertenecen al partido de Quilmes. La legisladora ha sostenido en diversos ámbitos que el plan incluye obras de gran escala como la canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Desde Quilmes plantean que “para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política”, y que en eso se encuentra la legisladora. Meses atrás, Mendoza viajó al Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, donde también buscó financiamiento para la obra.

Además de ese proyecto, entre las iniciativas por las que, según Buenos Aires, no hay autorización del gobierno nacional, aparecen la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, el acueducto Parque San Martín en La Plata, la ampliación de la capacidad del río Salado y la ejecución de intervenciones hidráulicas en distintos municipios, además de la nueva planta potabilizadora y las obras en la cuenca del río Luján. La concreción de estos proyectos depende de la aprobación y prórrogas de financiamiento internacionales que requieren el aval del Gobierno nacional. “Hay una situación que nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del tesoro provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos requieren, por ley, por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de la Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, —que definitivamente ya después de casi tres años estamos seguros de que no vamos a contar con esos recursos—, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras”, planteó Katopodis en las últimas horas.

“Es una situación que solo el Gobierno nacional aplica de manera excepcional, discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires”, planteó el funcionario del gobierno de Kicillof, puntualizando que el Gobierno Nacional aprobó créditos internacionales en distintas provincias para obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y productivo en 10 provincias, pero que Buenos Aires no entró en ese esquema que equivale a USD 1.973 millones.

Autorizaciones para financiamiento

Desde el gobierno bonaerense dejaron correr que entre 2024 y 2026, el gobierno nacional sí autorizó créditos internacionales en otras provincias excluyendo a Buenos Aires. Mediante decretos de garantía y contragarantía se habilita a distritos como Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones a comprometer avales estatales para obtener fondos destinados a infraestructura, desarrollo productivo y mejoras en servicios esenciales. Entre los proyectos destacados, Salta recibió autorización para el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de USD 50 millones. Entre Ríos fue habilitada para acceder a USD 40 millones a través del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En Jujuy, el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE II) obtuvo el aval nacional para gestionar USD 60 millones.

El gobierno nacional también concedió garantías para iniciativas interprovinciales, como el Acueducto Santa Fe–Córdoba, que cuenta con financiamiento del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por 375 millones de riyales saudíes. Neuquén fue autorizada para el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, con un aporte de USD 100 millones, y Chaco recibió el aval para el proyecto vial sobre la Ruta Provincial N° 13, por USD 33,4 millones. En 2025 y 2026, el Ejecutivo nacional amplió las autorizaciones. Río Negro obtuvo el respaldo para dos programas: uno de desarrollo territorial por USD 140 millones y otro de emergencia y recuperación en El Bolsón por USD 5 millones. Mendoza fue habilitada para un plan de optimización de los servicios de agua potable, con USD 75 millones de FONPLATA.

Córdoba recibió el aval para la refuncionalización del sistema de agua potable de la capital provincial, también con financiamiento de CAF por 75 millones. Santa Fe accedió a recursos para el fortalecimiento de la actividad deportiva urbana y para la logística metropolitana del Gran Rosario, ambos por USD 75 y USD 150 millones respectivamente. Misiones obtuvo autorización para mejoras en infraestructura eléctrica por USD 75 millones, y Entre Ríos para el desarrollo agroalimentario, incluyendo un enfoque en la agricultura familiar y el sector apícola.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa organizada por el aspirante presidencial en el marco de sus últimas actividades proselitistas antes del inicio del silencio electoral. En el evento también participaron el excandidato George Forsyth y representantes de la agrupación Ahora Nación, liderada por Alfonso López Chau, quien ya había expresado previamente su respaldo a la candidatura de Sánchez.

Canal junto a Ahora Nación

Durante su intervención, Belmont informó que la mañana del mismo día suscribió un compromiso político con el candidato de Juntos por el Perú. Según explicó, uno de los acuerdos alcanzados contempla la implementación de un canal de televisión de alcance nacional.

“Juntos con Ahora Nación y Obras vamos a transparentar, vamos a tener un canal de televisión nacional”, afirmó Belmont ante los asistentes. Asimismo, señaló que la iniciativa buscaría difundir información relacionada con la gestión gubernamental y promover mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía.

El exalcalde de Lima agregó que el proyecto incluiría espacios informativos diarios inspirados en las denominadas “mañaneras”. “Vamos a hacer las mañaneras para que la gente esté informada todas las mañanas de la transparencia de los actos de gobierno”, sostuvo durante la conferencia realizada en el Hotel Bolívar, en el Centro de Lima.

Obras no descarta integrar el gabinete

Además del respaldo electoral, representantes del Partido Cívico Obras dejaron abierta la posibilidad de participar en un eventual gobierno encabezado por Roberto Sánchez. El senador electo por dicha agrupación, Daniel Barragán, fue consultado sobre una posible presencia de miembros de su partido en el gabinete ministerial.

“No descartamos nada, pero nuestra alianza es para buscar la gobernabilidad, que regrese el estado de derecho y la democracia”, declaró ante la prensa. Sus declaraciones se produjeron luego de la presentación pública de los nuevos respaldos políticos obtenidos por el candidato de izquierda.

Por su parte, Belmont también se refirió al papel que tendría su agrupación en el Congreso en caso de que Sánchez resulte elegido presidente. “Si las cosas se hacen bien, sí”, respondió al ser consultado sobre una eventual alianza entre el Ejecutivo y la bancada de Obras, adelantando así la disposición de su bloque a respaldar determinadas iniciativas de un futuro gobierno.

¿Cuánto es la segunda vuelta electoral?

La segunda vuelta electoral en Perú se realizará el domingo 7 de junio de 2026. En esta jornada, más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar y elegir al próximo presidente entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Las mesas de sufragio operarán de 7:00 a 17:00 horas en todo el país, siendo obligatorio el voto para quienes tienen entre 18 y 70 años; para los mayores de esa edad, el voto es facultativo.

Para esta elección, el padrón electoral mantiene la cifra utilizada en la primera vuelta, con 26,1 millones de votantes en territorio nacional y más de 1,2 millones en el extranjero. La mayor concentración de electores se encuentra en Lima Metropolitana y Callao, donde reside casi el 30% del total nacional. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos verifiquen su local y mesa de votación antes de acudir.

Quienes no cumplan con su deber cívico enfrentarán multas diferenciadas según la clasificación socioeconómica del distrito, y los miembros de mesa que no se presenten sin justificación recibirán una sanción de S/ 275. Además, estará vigente la ley seca desde el sábado 6 de junio a las 8:00 hasta el lunes 8 de junio a la misma hora, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas en todo el país durante el proceso electoral.

Un terremoto ocurrido el 5 de abril de 1504 en la provincia de Sevilla dejó entonces un balance de una treintena de muertos, sobre todo en el municipio de Carmona. 522 años después, aquel seísmo sigue teniendo consecuencias sobre la orografía de la localidad y, especialmente, en el parador nacional que hay en esta ciudad de 32.000 habitantes. El Instituto de Turismo de España (Turespaña) ha tenido que tramitar una declaración de emergencia para poder contratar las obras necesarias para “mitigar riesgos” y “estabilizar” este parador por un importe de 728.879 euros. Y es que el parador, construido en 1968 e inaugurado en 1976, se asienta en una especie de ladera y sobre un bloque de arenisca en el que hay una grieta provocada por la falla sísmica ocasionada en el siglo XVI.

Turespaña ya tuvo que contratar en el año 2021 un servicio de auscultación para monitorizar el estado estructural del conjunto del parador y del terreno, en especial de las grietas producidas a lo largo de la línea de fractura de una falla existente debajo que divide el inmueble en dos. El objetivo no era otro que “garantizar la seguridad de las personas, clientes y personal del parador, así como el propio edificio y su valor patrimonial, al encontrarse ubicado dentro de un conjunto histórico declarado como Bien de Interés Cultural en 1963″. El parador se construyó sobre las ruinas de un impresionante alcázar árabe del siglo XIV.

Tres años antes, en 2018, un informe técnico desveló que los daños más significativos que presenta el edificio son fisuras de diferente trazado en los muros y particiones interiores, así como despegues de la junta que existe entre la zona norte y sur del edificio que coinciden con la posición de la grieta histórica en el bloque de arenisca sobre el que se apoya el parador. Unos daños que había que controlar. Y es que el parador presenta una “problemática geotécnica histórica” vinculada a esta falla del terreno, conocida como ‘Grieta Muralla’. Ahora, estas obras de emergencia se deben a las lluvias excepcionalmente abundantes registradas en febrero de 2026, que han incrementado el riesgo de inestabilidad.

Tras estas precipitaciones, un equipo de expertos contratados por Turespaña ha decidido la ejecución urgente de actuaciones geotécnicas, como nuevos drenajes, sondeos, y arquitectónicas, dirigidas a asegurar elementos constructivos y evitar desprendimientos. También se va a colocar instrumentación para conocer los movimientos del terreno en tiempo real.

Hay antecedentes peligrosos. En noviembre de 2010, el escarpe de Albollón (el talud en el que se asienta parte del parador) sufría un importante desprendimiento de tierras que arrastró varios vehículos que estaban aparcados junto al hotel Alcázar de la Reina. El Ayuntamiento de Carmona tuvo entonces que realizar un proyecto de consolidación del escarpe afectado.

Pedro I de Castilla

El parador de Carmona ocupa el palacio mudéjar de Pedro I de Castilla, sobre la antigua alcazaba musulmana. Desaparecido en el siglo XIX por sucesivos terremotos y expolios, este recinto renace en 1976 como parador en forma de renovado palacio andalusí.

El enclave, originalmente una acrópolis turdetano-púnica, acogió la residencia del rey taifa de Carmona, reedificada por Pedro I, promotor del alcázar de Sevilla, que hizo de ella su residencia favorita. Hoy, la antigua Plaza de Armas acoge el aparcamiento, y la Casa Real aloja los salones y dormitorios del Parador.

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México operará con horario especial y cierres parciales a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del jueves 4 de junio, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Las modificaciones forman parte de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Calzada de Tlalpan y de estaciones del Metro rumbo al Mundial de Futbol 2026, evento para el cual la capital del país será una de las sedes.

¿Cómo operará la Línea 2 del Metro?

De acuerdo con el comunicado oficial, durante las noches del viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, así como el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, la Línea 2 funcionará únicamente en dos tramos:

• Tasqueña a Xola
• Pino Suárez a Cuatro Caminos

Esto significa que el tramo comprendido entre Xola y Pino Suárez quedará fuera de servicio temporalmente para permitir la conclusión de obras pendientes.

Las autoridades señalaron que se establecerán circuitos especiales de trenes para garantizar la movilidad de los usuarios durante esos días.

Estaciones cerradas y afectaciones

El Metro detalló que las estaciones Viaducto y Chabacano permanecerán totalmente cerradas durante el periodo de trabajos.

Además, las estaciones:

• San Antonio Abad
• Nativitas
• Portales

Continuarán sin servicio hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros.

Las autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía tomar previsiones, considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado debido a las afectaciones que podrían registrarse en la movilidad.

RTP ofrecerá servicio gratuito

Para apoyar a los usuarios afectados por el cierre parcial, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio emergente gratuito en el tramo Xola-Pino Suárez.

El apoyo con autobuses estará disponible durante los días de suspensión parcial para facilitar la conexión entre las estaciones afectadas de la Línea 2.

La medida busca reducir el impacto en miles de personas que diariamente utilizan esta ruta, considerada una de las más importantes y con mayor demanda en la capital del país.

Obras en Calzada de Tlalpan y modernización

La SOBSE explicó que los trabajos forman parte de un proyecto integral de transformación de la Calzada de Tlalpan, donde se realizan acciones como:

• Iluminación
• Rehabilitación de banquetas
• Construcción de una ciclovía
• Desarrollo de un corredor peatonal elevado
• Mantenimiento general de estaciones de la Línea 2

Las autoridades señalaron que la renovación no sólo busca atender el Mundial 2026, sino mejorar de manera permanente la infraestructura para beneficio de más de un millón de usuarios.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

El STC Metro informó que el jueves 4 de junio, a partir de las 05:00 horas, se restablecerá la operación habitual de los trenes de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Sin embargo, aclaró que las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso debido a que continúan las labores de rehabilitación.

El gobierno capitalino reiteró el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales del Metro y prever sus traslados durante los días de afectaciones en la Línea 2.

De momento, los trabajos tendrán que esperar. El Gobierno andaluz que preside en funciones Juan Moreno Bonilla ha decidido este martes desistir del contrato para mejorar las obras de acceso del hospital San Juan de Dios, un centro gestionado por una orden religiosa pero integrado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Desde el año 2003, este hospital ofrece asistencia sanitaria a 28 municipios de las provincias de Sevilla y Huelva. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el año pasado las obras para reordenar los accesos a este centro a través de la carretera A-8062, pero la empresa adjudicataria rechazó finalmente encargarse de las mismas porque el precio con el que ganó el contrato (31.889 euros) no cubría los costes.

El Ejecutivo andaluz reconoce que la empresa adjudicataria, Pavimentos Mateos, renunció a ejecutar el contrato el 6 de diciembre de 2025, pero que no fue hasta principios de mayo de este año cuando el Servicio de Carreteras de la Junta comunicó la imposibilidad material de ejecutar el contrato en los términos licitados debido “al tiempo transcurrido entre la adjudicación del contrato y la renuncia formal del contratista, la inexistencia de ejecución material y la imposibilidad de mantener el precio del contrato por el incremento extraordinario de los costes de materiales provocado por la situación bélica en el Golfo Pérsico”.

La Junta entiende que se ha producido una modificación sustancial del referido objeto del contrato, “por lo que no procede a la adjudicación del referido contrato por razones de interés publico debidamente justificadas, al no ser posible adjudicar nuevamente el contrato por el importe de licitación establecido”. Es decir, que las obras no se pueden realizar por 32.000 euros, como estaba inicialmente presupuestado. Ahora, se iniciará un nuevo expediente de contratación “con precios actualizados al mercado”, explican desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) acaba de presentar un informe que cuantifica el impacto económico del conflicto en Oriente Medio sobre las empresas del sector. Los datos son contundentes: nueve de cada diez constructoras españolas han sufrido ya un impacto de intensidad media o alta, y la mayoría reconoce incrementos de costes de hasta el 15%. El estudio dibuja un panorama en el que la espiral de precios de la energía, los carburantes y las materias primas amenaza la viabilidad de proyectos de vivienda e infraestructuras. Además, la falta de adaptación de los contratos públicos a los precios reales del mercado está provocando retrasos, ralentización de proyectos e incluso el abandono de obras. Solo el 3% de las empresas ha conseguido renegociar los contratos firmados antes del estallido del conflicto. El 15% está en proceso de intentarlo. El 56% lo ha intentado sin éxito.

Obras de un solo mes de trabajo

En este caso concreto, la empresa encargada de estas obras decidió renunciar al contrato a principios de diciembre, cuando el conflicto entre EEUU e Irán no había comenzado. Los trabajos se tenían que ejecutar en la carretera A-8062, que une los municipios sevillanos de Bormujos y Valencina de la Concepción, y que pertenece a la Red Complementaria Metropolitana de Sevilla, carretera convencional de 4,82 kilómetros de longitud que gestiona la Junta. Su tráfico medio diario es de 36.782 vehículos. En el punto kilómetrico 0+450, margen izquierda, está el Hospital San Juan de Dios.

Las obras se centraban en una reordenación del nuevo acceso de entrada al hospital, que conllevaba el movimiento de tierras necesario para conectar la carretera A-8062 con la rotonda existente junto al hospital, diseñando un nueo firme y el pintado de marcas viales. Las obras solo iban a durar un mes. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que gestiona este centro, se define como “una institución católica sin ánimo de lucro de carácter internacional con la misión de curar y cuidar a las personas más vulnerables de la sociedad”. Atiende a una población de referencia de 303.000 personas, realizando más de 12.000 intervenciones quirúrgicas, 180.000 consultas y cerca de 10.000 ingresos hospitalarios (datos de 2024).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la entrada en operación de obras clave para prevenir inundaciones en la capital y en varias regiones del país, a partir de este 15 de mayo.

Efraín Morales López, director general de Conagua, explicó durante la conferencia matutina de este jueves que los trabajos buscan reducir riesgos y proteger a la población en zonas históricamente afectadas por lluvias intensas.

Las intervenciones se concentran en el oriente del Valle de México y en estados como Guerrero, Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Morales López detalló que se invirtieron cerca de 12 mil millones de pesos en obras hidráulicas durante los últimos años, con recursos federales, estatales y municipales.

Obras concluidas y en operación para la temporada de lluvias

El proyecto integral en la zona metropolitana del Valle de México incluye la ampliación de la laguna El Salado para incrementar su capacidad de regulación, así como el fortalecimiento de los colectores Teotongo y Pinos, y la intervención en el colector Carmelo Pérez. Estas acciones benefician directamente a las zonas de Iztapalapa, Ciudad Neza y La Paz.

Morales López informó que el cárcamo de bombeo Xochiaca, con capacidad para dieciséis mil litros por segundo, ya se encuentra conectado a la laguna Churubusco, donde además se realizaron trabajos de desazolve.

La mayoría de estas obras estarán listas a partir del inicio oficial de la temporada de lluvias, lo que permitirá desalojar el agua de forma más eficiente y reducir el tiempo de afectación por encharcamientos.

También destacó la segunda etapa del colector Chalco, que evitará inundaciones recurrentes en ese municipio. En total, se han desazolvado diecinueve ríos, con una longitud de sesenta y ocho punto cuatro kilómetros y una inversión de trescientos doce millones de pesos.

Intervenciones en estados vulnerables y coordinación nacional

La CONAGUA realiza acciones en otros estados afectados por lluvias y desbordamientos. En Acapulco, Guerrero, se concluyeron trece kilómetros de desazolve en el río de la Sabana y se refuerzan bordos para proteger a la población. En Tabasco, los trabajos benefician a municipios como Jalapa, Jonuta, Macuspana y Nacajuca, con una inversión de setecientos cuarenta y seis millones de pesos.

En Veracruz, el plan de reconstrucción contempla la rehabilitación de sistemas de agua potable, drenaje y el reencauzamiento de ríos, con una inversión de mil quinientos cuarenta y siete millones. Morales López indicó que la coordinación con municipios y estados permitió realizar más de dos mil trescientas obras de agua potable y drenaje en el país, utilizando el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El director de Conagua subrayó que estas acciones forman parte de un programa integral que se mantendrá en los próximos años, con el objetivo de proteger a más de ciento veinte mil personas en zonas de riesgo y garantizar el acceso al agua en todo el territorio nacional.

Claves de las obras anti-inundaciones y gestión hídrica

• Efraín, director de CONAGUA, detalló obras en el oriente del Valle de México y otras regiones del país para mitigar inundaciones.
• Proyectos destacados: ampliación de la laguna El Salado, colectores Teotongo, Pinos y Carmelo Pérez, cárcamo de bombeo Xochiaca, segunda etapa del colector Chalco, desazolve de ríos, mantenimiento de equipos de bombeo y optimización del drenaje metropolitano.
• Intervenciones en otros estados: Acapulco, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Guerrero, con acciones de protección de ríos, construcción de bordos, desazolve y reencauzamiento.
• Inversión total aproximada: 12 mil millones de pesos en los últimos años.
• FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) se utiliza para financiar obras de agua y drenaje en más de 2,300 municipios.

Los guardias civiles destinados en la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria (1.980 agentes) pueden jugar gratis al pádel en la nueva pista que se ha construido junto al aparcamiento del Módulo 2. El objetivo, según un portavoz de la Comandancia, es “fomentar el compañerismo y el deporte”. El problema es que la instalación deportiva se ha construido encima del garaje donde se guardan los vehículos de la unidad de Tráfico, un garaje que está siendo rehabilitado con un contrato de emergencia porque era necesario arreglar los pilares que sustentan el techo (la base de la pista) debido a las filtraciones de agua.

“Hay peligro. No nos parece el mejor lugar para habilitar una pista de pádel. La comandancia está junto al mar, a 75 metros, y se están reforzando los pilares porque no están en buen estado”, explica un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha solicitado formalmente la siguiente información: “coste de adquisición de la pista, empresa que realizó la venta, coste de la instalación, empresa instaladora, importe abonado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en concepto de impuesto sobre construcciones, importe del proyecto técnico, nombre del ingeniero o arquitecto colegiado que firmó dicho proyecto, y si se ha realizado un estudio de impacto acústico conforme a la normativa de ruidos vigente”.

La plantilla de la Benemérita en Las Palmas fue informada en febrero que, a partir del día 27 de ese mes, la Comandancia ponía a disposición de su personal la pista de pádel, “todo ello orientado a la mejora de la condición psicofísica del personal del Cuerpo”. La citada pista de encuentra en la explanada del módulo II de la Comandancia, anexa a la zona de entrenamiento funcional. La puede utilizar cualquier componente del Cuerpo, “cualquiera que sea su destino, en servicio activo, reserva o retirado, así como los familiares de los mismos de primer y segundo grado”, explican desde la Comandancia. “La Guardia Civil no se hace cargo del mal uso de la pista y lesiones que se puedan producir durante el desarrollo de la actividad física”.

Un portavoz de la Comandancia asegura que la pista es una aportación de la Fundación de la Guardia Civil, creada en noviembre de 2002 “para desarrollar actividades de soporte y apoyo a los miembros del Cuerpo y a sus familiares”. Desde la AUGC critican la ubicación elegida para construirla. En noviembre de 2025, la Benemérita adjudicó una obra de emergencia para reparar los pilares del sótano del edificio del Subsector de la Agrupación de Tráfico, justo debajo de donde está la nueva pista. Unos trabajos valorados en 1,2 millones de euros.

Para la seguridad de las personas

La memoria justificativa de este contrato ya menciona la emergencia de las estas obras. “La situación de los pilares y estructura del edificio que ocupa actualmente el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha empeorado drásticamente en los últimos meses, tras quedar desierto un expediente de contratación abierto para acometer su reparación. En consecuencia, resulta imprescindible acometer una serie de actuaciones impostergables para garantizar la seguridad de las personas y el edificio. Por otra parte, las medidas de apuntalamiento de los pilares implementadas actualmente resultan ser insuficientes para el agravamiento de las patologías, comprometiendo seriamente la seguridad del edificio". La sección resistente de los pilares ha disminuido de manera notable, llegando en algunos casos a desaparecer completamente.

El edificio data del año 1984 y se ubica a escasos 75 metros del mar. Ya en el año 2009 se elaboró un informe en el que se describían desprendimientos en el techo debido a filtraciones de agua, así como daños estructurales en pilares y la cara inferior de los forjados, provocados por graves procesos de corrosión en las armaduras de acero y fisuras en los pilares de hormigón. Como consecuencia, se ejecutó un proyecto de reparación en el sótano. En 2011 se llevaron a cabo nuevos refuerzos estructurales, utilizando bandas de fibra de carbono. Además, se impermeabilizaron los muros para prevenir nuevas filtraciones.

En junio de 2022 un nuevo informe técnico identificó, otra vez, daños significativos en pilares y otros elementos de la edificación. Se licitó una obra para hacer una reforma, pero esta quedó finalmente desierta en diciembre de 2024. “Las medidas de apuntalamiento de los pilares implementadas resultan ser insuficientes para el agravamiento de las patologías, comprometiendo seriamente la seguridad del edificio”, reconoció entonces la Comandancia. Por eso a finales de 2025 se licitó un nuevo contrato de emergencia. A raíz de estas obras y de la construcción de la pista de pádel, la AUGC también ha solicitado, al amparo de la ‘Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas’, información sobre el número de donaciones de bienes muebles realizadas a la Guardia Civil en Canarias entre 2023 y 2026 y cuáles de ellas han sido aceptadas formalmente por la Dirección General.

El 22 de septiembre de 2026, el Lucas Museum of Narrative Art abrirá sus puertas en Exposition Park, Los Ángeles, con exposiciones inaugurales dedicadas a la evolución de la narrativa visual desde la antigüedad hasta la cultura pop contemporánea.

Impulsado por George Lucas y Mellody Hobson, el museo presentará obras fundamentales en esculturas, pintura, muralismo, historieta y manga, consolidando su posición como referente internacional, según Artnet News.

La apertura del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles será uno de los acontecimientos culturales más esperados de 2026. Exhibirá más de 1.200 piezas reunidas en alrededor de 30 galerías temáticas. La colección, respaldada por más de 40.000 obras, abarca desde arte clásico hasta cómic y manga, reflejando el interés del museo en las múltiples formas de la narrativa visual.

El proyecto, fundado por George Lucas y su esposa, busca transformar la experiencia museística al explorar cómo las imágenes y relatos forman parte fundamental del sentido colectivo, una visión resaltada por el medio citado.

El edificio, diseñado por Ma Yansong (MAD Architects), presenta un diseño futurista que impacta el entorno de Exposition Park. Aunque evoca una nave espacial, su propósito va más allá de resguardar la colección personal del creador de Star Wars.

Según declaraciones reunidas por el medio, la misión del museo se centra en ofrecer un recorrido por “los mitos esenciales que ayudan a comprender el mundo”. Así, la institución aspira a convertirse en archivo activo y espacio destacado para el arte popular.

Artistas y obras clave de la muestra inaugural

El recorrido inicial del museo resalta figuras emblemáticas de la ilustración y la narrativa visual. Entre los artistas principales se encuentran Dorothea Lange, autora de la célebre fotografía “Migrant Mother”; Frank Frazetta, conocido por su obra de arte fantástico, como “A Princess of Mars” (1970); y la muralista Judy Baca, cuya trayectoria enlaza con referentes como Diego Rivera y el artista urbano JR.

La exposición subraya la tradición de la ilustración literaria con creadores como N.C. Wyeth, Maxfield Parrish, Norman Rockwell, Thomas Hart Benton, Jessie Willcox Smith, Beatrix Potter (Peter Rabbit), E.H. Shepard (Winnie-the-Pooh) y Jacob Lawrence.

El manga y el anime son elementos notables, junto con la novela gráfica y el cómic. Obras de Jack Kirby (Capitán América y X-Men), Frank Miller (Sin City), Mœbius (Alien) y Alison Bechdel (Fun Home) suman diversidad a la muestra, en línea con lo informado por Artnet News.

La fotografía y el muralismo completan la oferta inicial. Junto a Baca, Rivera y JR, el museo presentará imágenes de Robert Capa y Gordon Parks en diálogo con el archivo fotográfico de Lange. Esta pluralidad de medios y estilos asegura una inauguración variada, que abarca desde grandes murales públicos hasta ilustraciones infantiles y memoria afroamericana.

El enfoque curatorial y los relatos visuales

El museo se organiza en torno a dos grandes ejes curatoriales. Por un lado, galerías temáticas sobre temas como amor, familia, comunidad, trabajo, educación, deporte y aventura. Por otro, salas enfocadas en artistas individuales del siglo XX.

La misión institucional, según la declaración recogida por el medio citado, es analizar “cómo los artistas representan los mitos fundamentales que nos ayudan a dar sentido al mundo”. De este modo, el museo busca atraer a diferentes públicos y superar la división entre alta cultura y formas populares, posicionando la narración visual como herramienta social y educativa.

La variedad de técnicas —escultura antigua, arte digital, muralismo, fotografía, cómic y animación— ilustra la evolución de los relatos gráficos. Las salas están diseñadas para dialogar tanto con especialistas como con familias, propiciando una experiencia participativa fiel al concepto de “templo del arte de todos”.

La arquitectura y las colecciones singulares del Lucas Museum

El edificio, realizado por Ma Yansong, resalta por su forma aerodinámica y líneas contemporáneas, convirtiéndose en un nuevo ícono de Exposition Park. Su diseño se inspira en la ciencia ficción, evocando los universos desarrollados por George Lucas.

Además de las galerías principales, el museo alberga espacios dedicados a los archivos de Star Wars: decorados, utilería y vestuario de la saga, así como elementos visuales que influyeron en el diseño arquitectónico.

La infraestructura incluye más de 9.000 metros cuadrados de salas de exhibición, permitiendo mostrar obras de gran formato y propuestas experimentales.

El proyecto, que inicialmente buscaba abrir en 2021, ha pospuesto su inauguración debido a retrasos de construcción y cambios en la dirección. En marzo del año anterior, Sandra Jackson-Dumont dejó la dirección del museo; en diciembre, la curadora principal, Pilar Tompkins Rivas, también salió de la institución.

Sin embargo, la orientación original permanece centrada en hacer del Lucas Museum un punto de encuentro para la creatividad y el relato visual.

El arranque del Lucas Museum of Narrative Art en septiembre de 2026 representa la culminación de décadas de coleccionismo y la apuesta de reunir a públicos diversos a través del poder de las historias visuales.

Tal como destaca Artnet News, la vocación institucional apunta a que el arte narrativo funcione como puente entre generaciones, articulando relatos que enriquecen la memoria colectiva y cultural.

El gobierno de Santa Fe, junto a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anunció la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas agrícolas que conectan con los principales puertos del Gran Rosario, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Este mecanismo, diseñado en colaboración con los intendentes de ciudades portuarias, busca transferir el costo del desgaste vial a quienes generan esa presión logística: productores, acopiadores y exportadores.

De concretarse, la medida implicará un nuevo peaje variable por tonelada transportada, lo que elevaría el costo del transporte en aproximadamente USD 1,5 por camión. Dado que todos los recursos se destinarán exclusivamente a obras viales, los municipios ya no tendrían la potestad de cobrar tasas propias. El anuncio, que recibió tanto halagos como detractores, surge en el contexto de una actividad agroexportadora récord y una proyección de ingreso de divisas históricas para el sector.

Luego de varios días de lluvia que complicaron la actividad del sector, el corredor agroindustrial del Gran Rosario está recibiendo alrededor de 6.000 camiones diarios repletos de granos para su posterior exportación. En el inicio de la campaña gruesa, el estado de las rutas fue el principal punto de debate del campo, ya que los caminos de tierra y la infraestructura existente no alcanza para garantizar una entrega eficiente de los granos.

Las estimaciones para la campaña 2025/26 apuntan a una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, según proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Con estos números, la entidad espera que la liquidación de divisas del agro alcance en 2026 los USD 35.375 millones. Se trata de una previsión que supera en alrededor de USD 850 millones la estimación anterior de la entidad, que había sido de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo de dólares sostenido para el año agrícola.

La BCR también estima que entre abril y diciembre de 2026 ingresarían USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El peso de esta dinámica se evidencia especialmente en periodo de cosecha, cuando entran alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, un factor que incrementa de forma sustancial el deterioro de rutas y accesos, y exige un mantenimiento de alta intensidad que excede al de la red vial convencional.

Estos datos permiten entender la magnitud de la iniciativa: la infraestructura vial se encuentra ante una exigencia inédita, motivada por campañas agrícolas con rendimientos excepcionales y una demanda global que, según destaca la BCR, puede favorecer a la Argentina al hallarse lejos de los principales focos de conflicto internacional.

Un nuevo modelo de financiamiento y las tensiones en el sector agropecuario

El esquema en desarrollo no plantea un sistema de peaje tradicional, sino una tarifa variable calculada de acuerdo al peso transportado por cada camión. Esto busca reconocer que el tránsito de carga pesada genera un daño extraordinario sobre la infraestructura, que requiere inversiones constantes para su reparación y mejora. Hasta ahora, cada municipio portuario aplicaba una tasa vial propia para financiar los servicios de mantenimiento. Para muchos intendentes, esos ingresos superaban lo recibido por coparticipación. La nueva propuesta unifica el criterio de cobro en toda la región, elimina la dispersión normativa y centraliza todo lo recaudado en el fideicomiso, que se destinará únicamente a obras.

Fuentes oficiales aclararon que el sector privado va a administrar el fideicomiso que va realizar las obras en los accesos a los puertos. “El gobierno provincial no cobra ni administra los recursos. El fideicomiso estará integrado por productores, cerealeras, transportistas, municipios y provincia”, explicaron.

La medida, cuya existencia fue confirmada pero aún no fue formalmente firmada, generó fuertes críticas entre los productores. En un comunicado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reconoció la relevancia estratégica de contar con una infraestructura eficiente y sostenible, especialmente en nodos clave para la exportación agroindustrial.

La Sociedad Rural enfatizó la importancia de que los productores participen activamente en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas que afectan a su actividad, y advirtió: “La implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”.

El comunicado añadió que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una estrategia integral, donde los Estados nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

El sector viene de una interna cruda. Por el conflicto en Medio Oriente, un grupo de transportistas autoconvocados realizó bloqueos en los puertos de Neuquén y Bahía Blanca en reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible. Una de las posturas más replicadas por productores y acopiadores era que el monto que reciben por la venta de granos no llega a recuperar el aumento en los costos operativos que le demanda su propia actividad.

En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas confirmó a Infobae que apoya la medida.

El plan del gobierno de Santa Fe establece que la totalidad de los fondos vinculados a la tasa se dirija exclusiva y directamente al fideicomiso vial y a la ejecución de obras de acondicionamiento y mantenimiento en los accesos a los puertos. De este modo, busca resolver el histórico déficit de la infraestructura y garantizar la competitividad frente al aumento sostenido del tránsito logístico.

El Metro de la Ciudad de México enfrenta una demanda urgente de renovación total, una tarea que, de acuerdo con la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, implica destinar “miles y miles de millones de pesos”.

Durante la entrega de becas de movilidad para estudiantes universitarios, Brugada subrayó que el sistema, con más de cinco décadas en operación, ya no puede sostenerse con simples reparaciones y requiere una transformación profunda.

La mandataria capitalina explicó que el subsidio al Metro representa el programa social más grande de la ciudad.

Mientras los usuarios pagan cinco pesos por viaje, el costo real para el gobierno alcanza los trece pesos por trayecto.

Esta política de subsidio, afirmó, busca proteger la economía familiar y mantener la tarifa más baja del mundo entre sistemas similares.

En su intervención, Brugada recordó que la renovación de la Línea 1 concluyó el año pasado. Actualmente, avanzan los trabajos en la Línea 2 y, en el transcurso de este año, comenzará la modernización de la Línea 3.

A pesar de las afectaciones temporales, la funcionaria reiteró el compromiso de resolver cualquier inconveniente para los jóvenes y miles de usuarios que dependen diariamente de este servicio.

La mandataria insistió en que el Metro es el “corazón de la movilidad” y reiteró que la estrategia del gobierno consiste en renovar línea por línea para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte público.

Comparó el precio del Metro local con el de ciudades como São Paulo y Buenos Aires, asegurando que en la capital mexicana la tarifa equivale a una tercera parte de lo que se paga en otros sistemas del mundo, lo que refuerza la decisión de no aumentar el precio al usuario final.

Costos de la renovación de la Línea 1 y estimaciones para todo el Metro

La modernización de la Línea 1, finalizada en 2025, costó aproximadamente 37 mil millones de pesos e incluyó la actualización completa de vías, sistemas eléctricos, señalización y trenes.

Si se replica una intervención similar en el resto de las 11 líneas del Sistema de Transporte Colectivo, el gasto total podría superar los 412 mil millones de pesos.

Esta estimación parte de un cálculo proporcional, aunque cada línea presenta particularidades técnicas y de uso que pueden modificar los costos finales. El dato ilustra la magnitud financiera del reto para renovar toda la red.

Cierres y afectaciones recientes en la Línea 2

En mayo de 2026, la Línea 2 del Metro implementó cierres parciales por trabajos de rehabilitación.

Desde el 30 de abril, las estaciones Portales y Nativitas permanecen cerradas de forma indefinida por obras en los andenes.

Además, del 1 al 3 de mayo, la operación se limitó a dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Durante este periodo, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto también estuvieron fuera de servicio, obligando a los usuarios a utilizar autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros como alternativa.

Las autoridades no han fijado una fecha de reapertura para las estaciones intervenidas.

Retrasos, cierres y protestas en la Línea 3

El 28 de abril, estudiantes universitarios protestaron en la estación Universidad, permitiendo el acceso gratuito como medida de presión ante las fallas, largas filas y aglomeraciones que complican el traslado diario a Ciudad Universitaria.

Los manifestantes exigieron soluciones efectivas y alternativas de transporte, argumentando que las obras de modernización no deben anteponerse a las necesidades inmediatas de la comunidad estudiantil.

Las autoridades han reiterado que los trabajos de renovación buscan garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo del sistema, pero no se ha anunciado aún una fecha definitiva de conclusión para las obras en la Línea 3.

Apoyos para estudiantes y movilidad

Durante el mismo acto, Brugada anunció la entrega de becas de transporte para universitarios. Explicó que este apoyo de $1.500 pesos bimestrales, que se otorga mediante una tarjeta especial, busca evitar que motivos económicos sean un obstáculo para la educación.

Añadió que la tarjeta también funciona como método de pago en el Metro y otros sistemas de transporte, con la intención de facilitar la movilidad estudiantil y ampliar el acceso a actividades culturales y deportivas.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, complementó que el programa prioriza a jóvenes de zonas con mayores dificultades y que el 56% de los beneficiarios son mujeres, en un esfuerzo por romper barreras de género. Resaltó que estos recursos provienen de impuestos locales y que las becas están dirigidas a estudiantes de universidades públicas residentes en la capital.

En los últimos cien días, grandes áreas de la provincia de Santa Fe enfrentaron una situación meteorológica excepcional: las precipitaciones acumuladas superaron el promedio anual habitual, impactando de manera directa tanto en zonas urbanas como rurales. Vera y Pintado, San Martín Norte, Gobernador Crespo y Villa Minetti figuran entre las localidades más afectadas, con registros que superan los 1.100 milímetros de lluvia, según datos oficiales.

Este fenómeno, lejos de limitarse a un aumento gradual, incluyó episodios de lluvias intensas que alcanzaron hasta 250 milímetros en pocas horas, lo que agravó aún más el panorama.

La acumulación de semejante cantidad de agua provocó la saturación de los suelos y dificultó el escurrimiento natural, generando anegamientos temporarios en distintos puntos del territorio santafesino. Estas condiciones obligaron a los habitantes a modificar rutinas y encendieron alertas en autoridades provinciales, dada la magnitud del impacto hídrico observado en tan breve lapso.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, el fenómeno no solo alteró la dinámica diaria de las comunidades, sino que también puso bajo presión a la infraestructura hídrica existente. El desborde de canales y la falta de drenaje eficiente aumentaron el riesgo de daños en viviendas, caminos y explotaciones agropecuarias. En este contexto, la rápida respuesta institucional se volvió imprescindible para contener y prevenir consecuencias mayores.

Ante esta situación, el Gobierno de Santa Fe informó la ejecución de más de 260 obras a lo largo de la provincia, acompañadas de tareas de limpieza que ya superaron los 3.000 kilómetros de canales.

Según explicó Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos, el objetivo central de estos trabajos es “mejorar el drenaje y reducir el riesgo hídrico”, en respuesta a la saturación que presentan los suelos y a la incapacidad del sistema natural para absorber semejante volumen de agua.

Durante el año 2025, la provincia avanzó con obras y proyectos en 100 localidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante la amenaza de lluvias intensas. La Secretaría de Recursos Hídricos identificó los distritos más expuestos, planificando intervenciones focalizadas para disminuir el impacto de las precipitaciones extraordinarias.

Las tareas incluyeron la ejecución de obras en 69 localidades y el desarrollo de proyectos en otras 31, con acciones orientadas a la limpieza de canales, construcción y mejora de alcantarillas y el diseño de iniciativas para optimizar los sistemas de desagüe pluvial. Estas medidas buscan no solo atender la emergencia, sino también fortalecer la infraestructura de cara a futuros eventos climáticos.

En paralelo a las obras físicas, el gobierno provincial reforzó las estrategias de prevención mediante la recuperación y puesta en funcionamiento de 35 estaciones telemétricas. Estos dispositivos, distribuidos en puntos clave, permiten monitorear en tiempo real los niveles y caudales de ríos y arroyos, aportando información esencial para anticipar el comportamiento del sistema hídrico y tomar decisiones rápidas frente a nuevas amenazas.

El secretario de Recursos Hídricos subrayó que “el fortalecimiento de la infraestructura y el monitoreo es fundamental para mitigar el impacto de eventos climáticos cada vez más intensos”. La información generada por las estaciones telemétricas resulta clave para coordinar acciones de emergencia y alertar a las poblaciones en riesgo, permitiendo una respuesta más eficiente ante posibles desbordes o inundaciones.

Y el efecto de estas precipitaciones no se limitó a los entornos rurales. En distintas ciudades y pueblos, el anegamiento de calles y viviendas generó complicaciones logísticas, interrupción de servicios y daños materiales. En áreas agrícolas, el exceso de agua dificultó la siembra, afectó cosechas y complicó el acceso a los campos, con consecuencias económicas para productores y trabajadores del sector.

El monitoreo constante y la implementación de soluciones de ingeniería resultan vitales para proteger a la población y los recursos productivos de la región. La magnitud del desafío exige la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la participación activa de las comunidades, que deben adaptarse a condiciones climáticas cada vez más variables y extremas.

De acuerdo con fuentes oficiales, la continuidad de las obras y el fortalecimiento del sistema de monitoreo serán prioritarios en los próximos meses, ante la posibilidad de nuevos eventos de lluvias intensas. El seguimiento de las condiciones meteorológicas y la evaluación permanente de la infraestructura permitirán ajustar las estrategias y prevenir situaciones críticas.

La conclusión de obras en CDMX rumbo al Mundial 2026 representa una fase esencial para el desarrollo de la capital. Proyectos prioritarios serán entregados durante mayo, esto con el objetivo de transformar la ciudad y aportar beneficios duraderos tanto a sus habitantes como a los miles de visitantes que se esperan durante el torneo de la FIFA.

Diversas obras estratégicas estarán concluidas en la Ciudad de México este mayo, según lo anunciado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. Entre ellas destacan la modernización de principales avenidas como Calzada de Tlalpan e Insurgentes, mejoras en el Tren Ligero, rehabilitación de espacios públicos, intervención integral en el entorno del Estadio Ciudad de México y la instalación de nueva iluminación en el Centro Histórico.

Estas acciones son parte de los preparativos para recibir el Mundial 2026 y buscan dejar una infraestructura renovada para residentes y visitantes.

Obras de movilidad y transporte clave para el Mundial 2026

Una parte central de la preparación para el evento recae en la modernización de la movilidad en la capital. Clara Brugada subraya que la renovación de los corredores viales principales, como Calzada de Tlalpan e Insurgentes, involucra obras peatonales, ciclovías, nueva luminaria y la transformación de banquetas, lo que favorece la conexión y el desplazamiento de miles de personas.

En el ámbito del transporte público, destaca la modernización del Tren Ligero, que implicará nuevas unidades y estaciones renovadas. Además, se expanden los proyectos de electromovilidad, sumando cerca de 100 kilómetros adicionales a la red, lo que fortalece la infraestructura de movilidad sustentable en la Ciudad de México.

Estas mejoras permitirán trayectos más rápidos y seguros tanto para residentes como para los visitantes, lo que resulta determinante ante la afluencia prevista durante el Mundial 2026.

Las obras en las zonas cercanas al Estadio Ciudad de México contemplan la rehabilitación de fachadas y la instalación de ecotecnologías en más de 7 mil viviendas, incluyendo sistemas para captar agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos. Todo ello tiene como meta mejorar la calidad de vida en la zona y garantizar servicios eficientes antes del evento deportivo internacional.

En el plano deportivo, se destacan la rehabilitación de más de 300 canchas de fútbol a lo largo de la ciudad, así como la preparación de festivales, eventos culturales y un desfile especial en las vísperas del Mundial.

Dentro de las prioridades también sobresale la infraestructura urbana. En mayo se entregará la nueva iluminación del Centro Histórico, con una extensión de 42 kilómetros que incluye calles antes desatendidas y se ampliará hacia vialidades primarias importantes en la capital.

Mejoras en infraestructura urbana rumbo al Mundial 2026

La inversión incluye pintura y señalética en ejes viales principales, con la cromática representativa de este gobierno y diseños alusivos a especies endémicas como el ajolote. Según el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, estos trabajos no han supuesto incrementos significativos en el presupuesto asignado.

El monto total destinado a todas estas obras asciende a 16 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil millones corresponden a recursos locales y cerca de 4 mil millones provienen del Fondo Mixto. El objetivo compartido es entregar una ciudad lista para el evento mundialista y, al mismo tiempo, elevar la calidad de vida de sus habitantes.

En Moralzarzal, un municipio de la sierra de Madrid de casi 15.000 habitantes, hay un curioso debate político por el grosor que tiene que tener el asfalto de una calle que también es carretera: la M-615, vía de acceso a algunas urbanizaciones, a un colegio concertado y a un Mercadona. Un partido de la oposición, Vecinos por Moralzarzal, ha pedido al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que suspenda la licitación para arreglar la antigua carretera de Mataelpino. Vecinos califican de “despilfarro irresponsable” gastarse más de 300.000 euros en una obra que incumplirá la normativa. Un portavoz municipal asegura que el proyecto tiene el visto bueno del arquitecto y de otros técnicos.

El contrato de la obra fue formalizado el pasado 18 de abril con la constructora madrileña Virton, que tiene dos meses para realizar los trabajos adjudicados por 315.269 euros. David González, concejal de Vecinos, señala que “el proyecto aprobado por el Gobierno local del PP establece una capa de asfalto de apenas cinco centímetros. Sin embargo, atendiendo a la intensidad del tráfico pesado en la zona (categoría T2), la normativa estatal (Orden FOM/3459/2003) exige un espesor de entre 10 y 12 centímetros para garantizar la durabilidad”. Para González, “poner la mitad del asfalto necesario es tirar el dinero de los vecinos. Solo es una solución estética para que la carretera brille antes de las elecciones, pero que se romperá al poco tiempo porque no tiene el grosor legal ni técnico requerido”.

Fernando Cobo, segundo teniente de alcalde, asegura que la vía “está en malas condiciones y necesita esta obra. Los técnicos tienen la última palabra y no se va a hacer nada que no se pueda hacer. Es una calle y el asfaltado que se va a poner tiene la aprobación de los técnicos”. Cobo señala que los trabajos comenzarán en mayo y durarán unos dos meses. Afectará a dos kilómetros de la vía. “Es un debate artificial, político. Lo que pasa es que Vecinos gobernó ocho años y no hizo nada en esta calle. Y le molesta que ahora lo hagamos nosotros”, explica Cobo.

Vecinos estuvo en el Gobierno de Moralzarzal entre 2015 y 2023.“En el año 2022 iniciamos un proyecto para una reforma integral de esa vía. Luego vino un informe del arquitecto municipal de julio de 2023 en el que advertía explícitamente que cualquier actuación que no incluyera el arreglo del saneamiento y el drenaje volvería a provocar ‘grietas y blandones generalizados’ debido a las humedades del subsuelo. El actual proyecto del alcalde José María Moreno ignora esta advertencia, limitándose a un fresado superficial. En contraste, el proyecto integral diseñado en 2022 , valorado en 1,1 millones de euros, sí contemplaba una solución definitiva a las inundaciones y hundimientos recurrentes", afirma González.

¿Calle o carretera?

Pero, ¿estamos ante una calle o una carretera? El Ayuntamiento asumió su titularidad en 1997, por eso la obra, que cuenta con una subvención de la Comunidad de Madrid, está licitada por el Ayuntamiento. El concejal Cobo, por su parte, afirma que “esta actuación es fundamental para revertir el deterioro causado por los episodios extraordinarios de granizo y lluvias que afectaron a la localidad en marzo de 2025, los cuales dañaron seriamente la capa de rodadura de esta vía esencial para la movilidad interna. Es una calle que no exige un determinado grosor”. La memoria de los trabajos estima el uso de 80 toneladas de hormigón.

El edil Cobo explica que por esa carretera pueden pasar entre 800 y 1.000 vehículos al día. Como la M-615 ya no depende de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Carreteras no toma estadísticas para medir la Intensidad Media Diaria (IMD). “El tráfico de vehículos pesados puede estar en torno a los 300-400 vehículos diarios”, explican desde Vecinos. Los trabajos también incluyen una nueva señalización y la instalación de farolas que funcionan con placas solares. La iluminación también ha generado discrepancias políticas. Para la oposición se “proponen farolas solares de 5 metros, mientras que los tramos colindantes cuentan con luminarias de 9 metros, lo que genera dudas sobre la seguridad vial nocturna”.

El Gobierno del Estado de México mantiene una serie de obras en curso, una de las más relevantes para mejorar la movilidad es la construcción del Puente “La Mexiquense”, la cual mejorará la conexión vial hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además, beneficiará a otros municipios como Coacalco.

Recientemente, la Secretaría de Movilidad (Semov Edomex) actualizó información sobre esta obra, la construcción del puente registra avances significativos como parte de una obra permanente orientada a mejorar la conectividad con el AIFA.

De acuerdo con las autoridades de movilidad, esta infraestructura beneficiará de manera directa a más de 15 mil habitantes de Tecámac y Ecatepec, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado en la región.

¿Cómo va la obra del Puente La Mexiquense?

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, precisó que el proyecto cuenta con una inversión de 484.4 millones de pesos y se realiza sobre la Vialidad Mexiquense, facilitando la conexión entre cinco municipios: Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla.

Para acelerar el ritmo de los trabajos, las labores se desarrollan durante las 24 horas del día, personal especializado sigue ejecutando el montaje de las trabes en horario nocturno, lo que permite minimizar el impacto en el tráfico vehicular de la zona.

El director general de Vialidad, Juda Levi Apolinar Trujillo, explicó que la obra está compuesta por dos cuerpos independientes paralelos, estructurados a partir de trabes tipo cajón apoyadas en columnas de concreto prefabricado.

Este diseño busca garantizar niveles óptimos de seguridad, resistencia y durabilidad. Cada cuerpo del puente tendrá una longitud de 523 metros y se integrará a los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense, configurando un corredor estratégico sin peaje para el acceso al AIFA.

Residentes de la zona, como Nayelli Sánchez y David Tapia, subrayaron los beneficios que traerá el puente, al facilitar la comunicación entre comunidades y aliviar la congestión vehicular en los accesos principales. El avance de esta obra forma parte del proyecto “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Alistan inauguración del Tren Suburbano - AIFA

El Tren Suburbano conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir del domingo 26 de abril, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el cambio de fecha y la realización de la ceremonia de apertura ese día.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado indicó que la obra enfrentó postergaciones tanto por manifestaciones de pobladores durante la construcción como por la necesidad de ultimar detalles en la certificación técnica y pruebas de seguridad en la etapa final. El titular de la Agencia de Trenes, Andrés Lajous, comunicó el cierre de inspecciones técnicas el 14 de abril tras un recorrido con representantes de Banobras, Trenes MX, la Defensa Nacional y empresas contratistas.

La próxima subasta en Christie’s presentará obras inéditas de George Condo procedentes de la colección privada de Anna Condo, exesposa del conocido pintor estadounidense.

El evento, señalado para el 21 de mayo de 2026 en Nueva York, reunirá 27 piezas —pinturas, dibujos y esculturas— que hasta ahora nunca habían sido exhibidas ni vendidas, según informó Artnet.

La primera venta individual de estas obras destaca por introducir en el mercado piezas seleccionadas personalmente por Anna Condo durante el proceso de divorcio en 2017. El conjunto, preservado en el ámbito privado por casi tres décadas, representa etapas distintas tanto en la relación personal como en la evolución artística de George Condo, lo que añade interés para el público y los coleccionistas, de acuerdo con el medio citado.

El vínculo artístico y personal entre George y Anna Condo

George Condo y Anna Condo se conocieron en París en 1988, iniciando una relación marcada por la colaboración artística y la complicidad creativa, según Artnet. Anna, artista multidisciplinaria con formación en música, danza, teatro y artes visuales, acompañó a Condo en distintos momentos de su carrera a lo largo de sus 28 años juntos.

En declaraciones recogidas por el medio, Condo relató que ambos alternaron la selección de las piezas reunidas durante su matrimonio, eligiendo aquellas que poseían tanto valor visual como emocional. “Elegí las que permanecieron conmigo visual y emocionalmente”, explicó. Tras su separación en 2017, el proceso de selección buscó preservar el significado íntimo de cada obra.

Impulsada por la reciente retrospectiva de George Condo en el Musée d’Art Moderne de París este invierno, Anna afirmó: “Sentí que era el momento adecuado para que Nueva York vea más de sus primeras obras”.

Las pinturas y esculturas elegidas para la subasta recorren tres décadas de historia conjunta y expresan episodios clave para la pareja, marcando la alternancia entre la figuración y la abstracción, rasgo característico de la obra de George Condo, según indicó Anna.

Obras inéditas y memorias personales en la subasta de Christie’s

Las 27 obras inéditas —todas conservadas fuera del circuito comercial— delinean capítulos personales y periodos creativos del artista, de acuerdo con el catálogo de Christie’s citado por Artnet. Entre ellas destaca Untitled (2010), dibujo de una figura femenina desnuda, posiblemente inspirada en Anna, que refleja el estilo picassiano por el que es reconocido Condo. Christie’s estima que podría alcanzar entre $50.000 y $70.000.

Entre las esculturas seleccionadas se encuentra Rodrigo and the Maid (2008), valorada entre $200.000 y $300.000. Esta obra evoca la etapa de la pareja en Francia y el inicio de Condo en el trabajo en bronce, vinculado a sus visitas al taller Clementi en Meudon. Para Anna, la pieza rescata recuerdos de sus primeros años juntos en su país de origen.

Otra pintura relevante, Untitled (2001), cuenta con una valoración de $500.000 a $700.000 y está asociada directamente a la experiencia de Anna Condo durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Según relató al medio, tras dejar a sus hijas en la escuela ese día, se produjo la tragedia: “Fue un año difícil, pesado en formas que aún son imposibles de describir”. Anna vincula la obra a ese periodo de búsqueda de consuelo y resiliencia, interpretando en la pintura un mensaje de esperanza.

Impacto en el mercado internacional del arte contemporáneo

La importancia de esta venta individual se destaca al observar el papel de George Condo en el mercado del arte contemporáneo. Sus grandes pinturas han logrado cifras sobresalientes, como Force Field (2010), que alcanzó $6,8 millones en Christie’s Hong Kong en 2020, según la base de datos de precios de Artnet. En 2026, Infiltration (2017) superó los $3 millones en Sotheby’s Londres.

La colección de Anna Condo introduce obras inéditas con marcado valor biográfico, acentuando su singularidad respecto a ventas anteriores. “Cada una de las pinturas, esculturas y dibujos ofrecidos representa un capítulo diferente y una memoria particular para Anna”, subrayó Christie’s, en palabras recogidas por el medio. Se anticipa un alto interés del mercado por el trasfondo personal y la selección emocional de estas piezas, un aspecto poco habitual en subastas de este tipo.

A través de esta venta, Christie’s pone en circulación obras de gran valor económico y revela episodios íntimos de una de las parejas más influyentes del arte contemporáneo, según analizó Artnet.

En cada pieza seleccionada, Anna Condo reconoce un reflejo de esperanza y de cercanía humana, testimonio de la resistencia silenciosa que marcó distintos momentos de su historia compartida.

La repavimentación y reconstrucción de la superficie de rodamiento en el Periférico Norte está por concluir, con la fecha oficial de terminación programada para antes de que termine el mes de abril.

A partir de esa fecha, automovilistas y usuarios frecuentes podrán circular sin los bloqueos y afectaciones que durante meses han dificultado el tránsito en este corredor vial del Valle de México que conecta la capital con el Estado de México.

Las restricciones recientes en el Periférico Norte han generado molestias entre la población, pues miles de automovilistas y usuarios del transporte público debieron modificar sus rutas habituales por los cierres, especialmente en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

¿Cuándo terminan las obras en el Periférico Norte?

Según con el director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, hasta el momento la obra ya presenta un avance del 93%, por lo que en próximos días concluirán las obras.

Las autoridades prevén que las obras en el Periférico Norte finalicen antes de que concluya este mes, por lo que la fecha pronosticada es para el 30 de abril, para entonces quedará concluida la repavimentación de los 108 kilómetros comprendidos entre el antiguo Toreo de Cuatro Caminos y la caseta de Tepotzotlán.

Esto permitirá que la circulación se regularice y que los usuarios eviten baches y daños, aunque algunas labores menores como iluminación y embellecimiento se mantendrán en semanas posteriores, ya sin afectar la movilidad.

Cambios y beneficios tras la apertura de Periférico Norte

Con la finalización de la reconstrucción del Periférico Norte, más de 204 mil vehículos que usan diariamente el tramo recuperarán la fluidez en los carriles centrales y podrán alcanzar hasta 80 kilómetros por hora sin temor a caer en baches o coladeras abiertas, problemas señalados como motivos principales de quejas durante años.

Entre los beneficios destacados por las autoridades se encuentran:

• Eliminación de baches y daños en la carpeta asfáltica
• Mejora de la imagen urbana mediante regularización de anuncios
• Instalación de nueva señalización vial y balizamiento en los tramos renovados
• Reducción de riesgos de accidentes y daños a los vehículos

• Eliminación de baches y daños en la carpeta asfáltica
• Mejora de la imagen urbana mediante regularización de anuncios
• Instalación de nueva señalización vial y balizamiento en los tramos renovados
• Reducción de riesgos de accidentes y daños a los vehículos

Según lo informado por las autoridades, el tránsito en toda la extensión del Periférico Norte quedará libre de bloqueos mayores. Algunas labores adicionales —como balizamiento, iluminación y embellecimiento— continuarán durante las siguientes tres o cuatro semanas, sin afectar el flujo habitual.

El director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, subrayó que esta obra destaca por su relevancia en la movilidad del país, dada su extensión y la cantidad de vehículos que circulan por la vía todos los días.

Según informó el diario La República, el material corresponde a una emisión de su espacio en RBC Televisión, donde el exalcalde de Lima interactuaba con invitadas en un formato de conversación. En el registro, que data de hace aproximadamente nueve años, se observa el momento en que Ricardo Belmont responde a una pregunta sobre sus preferencias personales en torno a las mujeres.

“El pederasta”

Durante el programa, una de las participantes le consulta si le gustan las mujeres mayores o menores. Ante ello, Belmont responde: “No, a mí me gustan las chiquillas. El pederasta me llamaban”, frase que ha sido ampliamente compartida en plataformas digitales.

La intervención se dio en el marco de un intercambio espontáneo dentro del espacio televisivo, en el que participaban jóvenes invitadas. El clip ha sido difundido en redes sociales, donde ha generado diversas reacciones entre usuarios por la comparación, lo que ha generado controversia.

Polémica en contexto electoral

La circulación del clip ocurre en un escenario marcado por la cercanía de las elecciones generales 2026, en el que diversos contenidos del pasado de los candidatos han vuelto a ser difundidos en redes sociales. En este caso, el registro ha cobrado notoriedad por tratarse de controversiales declaraciones emitidas en un espacio televisivo de amplia audiencia en su momento.

La reaparición de este tipo de material se da en medio del seguimiento público a las figuras políticas que participan en el proceso electoral. Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta reciente del candidato respecto a la viralización del video.

Belmont revela problemas de salud

Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Cívico Obras, informó que atraviesa complicaciones de salud tras la detección de una condición inusual por parte de sus médicos. El exalcalde de Lima explicó que, aunque le recomendaron no divulgar detalles hasta después de la campaña, decidió hacer público su estado, aclarando que aún espera un diagnóstico definitivo. Belmont, de 80 años, manifestó que no teme a la muerte ni a las consecuencias políticas de transparentar su situación.

Durante una intervención en el podcast Pico y Café, Belmont relató que no se ha precisado en qué parte del cuerpo se detectó la anomalía actual, pero recordó que años atrás enfrentó una sospecha de cáncer en el pulmón. Esa experiencia lo motivó a intensificar su actividad física y adoptar hábitos más saludables. El aspirante presidencial mencionó también que ha sido sometido a 14 operaciones a lo largo de su vida.

La revelación ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales en Perú, en una etapa marcada por investigaciones y cuestionamientos sobre la trayectoria política y empresarial de Belmont. El candidato señaló que su médico le indicó que las enfermedades avanzan lentamente en personas mayores, calculando una expectativa de vida de al menos cinco años, margen suficiente para culminar un eventual mandato.

Investigaciones fiscales contra Belmont

El candidato de OBRAS enfrenta al menos cuatro investigaciones fiscales vinculadas a su gestión empresarial y política. Las pesquisas incluyen presuntos delitos como lavado de activos, apropiación ilícita y fraude en agravio de accionistas de RBC, el canal de televisión que dirigió durante años. Según la Fiscalía, miles de accionistas habrían sido perjudicados por supuestas maniobras irregulares en la administración de la televisora.

Además, las autoridades analizan transferencias financieras y movimientos de fondos relacionados con el patrimonio de Belmont. El candidato presidencial rechaza las acusaciones y sostiene que las investigaciones forman parte de una campaña en su contra. Los casos siguen en etapa preliminar y aún no se ha dictado ninguna medida judicial definitiva.

El municipio de Ecatepec tiene un déficit de agua que afecta a más de un millón de habitantes, por lo cual se buscaría hacer obras hidráulicas en este año, donde tendría la inversión del gobierno federal.

Autoridades municipales anunciaron que se tendrá una inversión de 985 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica durante 2026, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable a cerca de 1.2 millones de habitantes, especialmente en comunidades altas que han padecido por años el desabasto.

Entre las acciones más relevantes destacan la construcción de una mega planta potabilizadora con capacidad de producir 200 litros por segundo, la edificación de un tanque maestro de gran capacidad para distribuir agua por gravedad, así como la instalación de un “liner” o revestimiento en líneas principales para reducir fugas. Estas obras estarán concentradas en la denominada Quinta Zona, una de las áreas más afectadas por la escasez.

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto hidráulico busca dar una solución estructural a colonias ubicadas en zonas altas como San Andrés de la Cañada, la Sierra de Guadalupe y otras comunidades que actualmente enfrentan dificultades para recibir agua de manera regular.

Conagua invertirá en pozos

La presidenta municipal, Azucena Cisneros, señaló que estas obras representarán un cambio de fondo al considerar que permitirán mejorar la distribución del líquido y reducir la dependencia de pipas.

En cuanto al financiamiento, se detalló que de los 985 millones de pesos, 500 millones provendrán de aportaciones conjuntas de los tres niveles de gobierno. En ese rubro, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contribuirá con 20 millones de pesos, mientras que el gobierno municipal destinará 280 millones y el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) aportará 185 millones.

Además de las obras de infraestructura, el plan contempla la puesta en operación de 11 pozos de agua potable durante este mismo año. Cinco pozos serán reperforados por el gobierno federal, cuatro serán responsabilidad del gobierno municipal y dos más serán operados por Sapase. Esta estrategia busca incrementar el caudal disponible y mejorar la presión en la red hidráulica.

Las autoridades destacaron que la entrada en funcionamiento de estos pozos será clave para atender la demanda en colonias donde actualmente el suministro es irregular o prácticamente inexistente.

Faltan denuncias penales

La alcaldesa lanzó críticas hacia la administración anterior encabezada por el ahora diputado federal por Morena, Fernando Vilchis, al asegurar que el manejo del agua “era un negocio hecho por gente muy corrupta”.

Según sus declaraciones, la también morenista, dijo que existía un interés económico en mantener a la población sin acceso regular al servicio para favorecer la venta de agua a través de pipas a sobreprecio, así como la proliferación de tomas clandestinas y contratos irregulares.

No obstante, hasta el momento no se han presentado denuncias formales ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por estas acusaciones.

Con esta inversión sin precedentes, si se cumple, Ecatepec reduciría un poco una de las problemáticas más urgentes del municipio que afectan la calidad de vida de miles de familias de la localidad más poblada del país.

El Partido Cívico Obras, liderado por Ricardo Belmont Cassinelli, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones su plan de gobierno para el periodo 2026–2031, con una propuesta centrada en la erradicación de la corrupción, la reactivación de obras públicas y el fortalecimiento del tejido social en Perú. El documento plantea reformas estructurales en justicia, economía, educación y salud, priorizando la reducción de la pobreza extrema, la formalización de la economía y el desarrollo sostenible.

El plan de gobierno de Ricardo Belmont establece como metas principales la culminación de 1.500 obras sociales paralizadas, la intervención de 10.000 kilómetros de caminos rurales y la reducción de la tasa de desnutrición infantil al 10% en cinco años. Según el documento presentado, el partido propone que el 100% de las licitaciones de obras públicas sean publicadas en una plataforma digital de acceso ciudadano, y que al menos 50.000 mypes accedan a servicios básicos como agua y electricidad para impulsar la producción local.

Plan de Gobierno del Partido Cívico Obras 2026-2031 by Infobae Perú

Propuestas para combatir la corrupción y fortalecer el Estado

El plan de Partido Cívico Obras propone medidas drásticas para enfrentar la corrupción, entre ellas la no prescripción de delitos contra el Estado y la inhabilitación perpetua de funcionarios sentenciados. Además, plantea implementar una Plataforma Digital Única de Obras Públicas que permita el seguimiento ciudadano de los procesos de contratación y ejecución de obras, con el objetivo de alcanzar un millón de consultas mensuales y reducir en 40% el tiempo promedio de adjudicación.

Belmont también plantea la creación de Mesas Técnicas de Obra por Cuenca o Territorio, integradas por representantes de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, para coordinar la aprobación y supervisión de proyectos de inversión pública. Se prevé instalar 50 mesas técnicas y aprobar 300 proyectos bajo este esquema, con una meta de reducir en 50% las observaciones por descoordinación intergubernamental.

Reactivación de obras públicas y atención social prioritaria

Entre los ejes principales del plan destaca la culminación de infraestructura paralizada en educación y salud mediante el “Plan Choque de Reactivación y Culminación de Obras Sociales Paralizadas”. El partido se compromete a terminar 1.500 obras en escuelas y centros de salud, lograr una ejecución presupuestal del 90% en este rubro y reducir a 60 días el tiempo entre la identificación y la reactivación de una obra.

Para mejorar el acceso a servicios básicos, el documento especifica que solo el 50,5% de la población rural tiene acceso a salud y que la desnutrición infantil alcanza el 22% en esas áreas. El objetivo es elevar la cobertura de salud al 85% y reducir la desnutrición infantil al 10% en cinco años, así como rehabilitar la mitad de los puestos y centros de salud en zonas vulnerables y construir 50 nuevos establecimientos rurales.

Formalización económica y desarrollo productivo local

La propuesta de Ricardo Belmont impulsa la formalización laboral y empresarial a través de la “Ley de Obra Pública con Mano de Obra Formal”, con la meta de que el 100% de los trabajadores en obras estatales estén formalizados y 20.000 mypes del sector construcción accedan a licitaciones. Asimismo, se prevé la construcción o reactivación de 100 plantas de procesamiento y centros de acopio municipales para incrementar en 20% el valor de las exportaciones regionales con valor agregado y generar 10.000 empleos directos.

El documento también promueve el “Programa de Electrificación y Saneamiento para la Producción”, orientado a conectar 50.000 mypes y negocios locales a redes de agua y desagüe, e instalar 10.000 conexiones de energía trifásica, reduciendo el tiempo de acceso a estos servicios a un máximo de 45 días.

Ordenamiento territorial y gestión ambiental

El plan de gobierno contempla la actualización de planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en 150 municipios prioritarios, buscando que el 95% de las nuevas licencias de construcción se ajusten a estos planes y reducir en 10% la población en zonas de alto riesgo no mitigable. Además, se establece que el 100% de las nuevas obras públicas deberán cumplir con el código de construcción sismo-resistente y criterios de adaptación climática.

En materia de gestión de residuos, el partido propone la construcción o mejora de 15 rellenos sanitarios intermunicipales y la instalación de 50 plantas de valorización de residuos, con la meta de alcanzar al 75% de la población con disposición final adecuada.

Participación ciudadana y financiamiento

El documento detalla que la implementación del plan será coordinada por una unidad especial en la Presidencia del Consejo de Ministros, con monitoreo semestral y asignación presupuestal específica para cada meta. Se priorizará la reorientación del gasto público, asociaciones público-privadas para proyectos de alto impacto social y la industrialización progresiva de recursos naturales con apertura a la inversión extranjera.

La Plataforma Digital Única de Obras Públicas permitirá a los ciudadanos reportar incidencias y acceder a información en tiempo real, mientras que las rendiciones de cuentas serán trimestrales en cada región por parte de los responsables de alta dirección.

La economía es el eje vertebral de los planes de gobierno presentados para las Elecciones 2026 en el Perú. En un contexto de bajo crecimiento, informalidad persistente y alta desigualdad, la campaña electoral ha convertido el debate económico en un terreno de competencia programática y técnica. La recuperación postpandemia, la necesidad de empleo digno, la inversión en infraestructura, la formalización y la transformación productiva son prioridades compartidas, pero las estrategias y el papel del Estado, el mercado y la descentralización muestran matices sustanciales entre partidos.

Este informe detalla y compara las propuestas económicas de Fuerza Popular, Renovación Popular, País para Todos, Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y Primero la Gente. Se presentan los enfoques, medidas y metas específicas de cada agrupación en materia fiscal, tributaria, inversión, formalización, diversificación productiva, innovación, descentralización, inclusión financiera y sostenibilidad. Finalmente, se identifican las coincidencias y las innovaciones clave en cada propuesta, aportando una visión integral de los modelos económicos en disputa y el horizonte de políticas para los próximos cinco años.

Fuerza Popular: Disciplina fiscal, shock desregulatorio y digitalización

Fuerza Popular de Keiko Fujimori prioriza la disciplina fiscal y la modernización administrativa como motores del crecimiento. Su meta es reducir el déficit fiscal al 1% del PBI y restablecer la regla fiscal, comprometiéndose a eficiencia en gasto, eliminación de gastos superfluos y ampliación de la base tributaria sin aumentar la presión sobre los contribuyentes formales. El plan destaca el shock desregulatorio: eliminar 500 trámites administrativos, digitalizar el 80% de los procedimientos empresariales mediante una Ventanilla Única Digital con inteligencia artificial y aplicar la estrategia “Cero Colas” en el Estado. Se busca reducir en al menos 40% el tiempo de tramitación de proyectos de inversión y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones adicionales de capital privado anualmente, generando 500.000 empleos formales. En sectores estratégicos —minería, energía, agricultura, turismo— se prioriza la inversión privada, las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, con énfasis en la descentralización y la inclusión territorial. El financiamiento se apoya en crecimiento sostenido, APP y un eventual aumento prudente de la deuda pública para inversión productiva.

Novedad: La apuesta más ambiciosa por la digitalización estatal, la simplificación radical de trámites y el control algorítmico de eficiencia pública.

Plan de Gobierno del partido Fuerza Popular by Infobae Perú

Renovación Popular: Reactivación, formalización y descentralización

Renovación Popular de Rafael López Aliaga propone reactivar la economía por sectores, enfatizando la eficiencia estatal y la descentralización. Plantea unificar regímenes tributarios para simplificar la formalización, reducir el IGV, eliminar exoneraciones y crear una Ley del Contribuyente que brinde seguridad jurídica. Favorece la industrialización, la diversificación productiva y la creación de zonas francas, así como incentivos a la inversión privada nacional y extranjera. El plan destaca la meta de crear 2 millones de empleos a través de la modernización industrial y la promoción de PYMES vía un Instituto de Promoción y Desarrollo PYME. En infraestructura, impulsa megaproyectos (trenes, puertos, carreteras, banda ancha nacional) y la modernización agrícola con investigación y desarrollo local. El Estado debe ser reducido, eficaz y descentralizado, con incentivos a gobiernos regionales y locales.

Novedad: El énfasis en la reducción de ministerios, el incentivo a la formalización tributaria y la creación de una Policía Municipal como parte del aparato productivo local.

Plan de Gobierno de Renovación Popular by Infobae Perú

País para Todos: Estabilidad, productividad y Estado digital

El plan de País para Todos de Carlos Álvarez estructura la economía sobre cuatro bases: seguridad, economía, honestidad y justicia. Plantea un blindaje macroeconómico con disciplina fiscal, convergencia del déficit al 1% del PBI y presión tributaria creciente al 17%. Propone reforma tributaria sin subir tasas, masificar factura electrónica y eliminar exoneraciones ineficientes. La inversión pública debe ser eficiente, con ejecución priorizada y cero corrupción, y la privada debe destrabarse mediante simplificación y ventanilla única territorial. Apuesta por la digitalización total del Estado, con interoperabilidad, menos trámites y una plataforma digital única. La transformación productiva incluye impulso a la agricultura, minería sostenible, energía renovable, turismo y servicios modernos. El plan incorpora metas claras: aumentar exportaciones no tradicionales, reducir la informalidad laboral, modernizar el sistema previsional y expandir el crédito a MYPE y hogares.

Novedad: Estado digital interoperable, control fiscal en tiempo real y régimen único para MYPE, con fuerte enfoque en formalización y rendición de cuentas pública.

Plan de Gobierno del partido País Para Todos 2026 - 2031 by Infobae Perú

Juntos por el Perú: Ruptura con el extractivismo, justicia fiscal y economía solidaria

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez propone superar el modelo primario-exportador y neoliberal. Su visión es una economía mixta, donde el Estado recupere soberanía sobre recursos estratégicos, impulse la industrialización, la ciencia y la innovación, y priorice la agricultura familiar y la economía cooperativa. El plan exige reforma constitucional, nacionalización parcial de recursos, sistema tributario progresivo (más impuestos a grandes fortunas, eliminación de exoneraciones), e inversión masiva en ciencia y tecnología. Propone presión tributaria del 25% del PBI, reducción de informalidad al 60% y creación de polos industriales regionales. El Estado debe ser actor central en sectores estratégicos, con control de precios en mercados en crisis, justicia laboral, aumento de salarios y pensiones, y desarrollo rural integral.

Novedad: La propuesta más radical de reorientación productiva, nacionalización parcial y justicia fiscal, con metas de industrialización y transición energética.

Plan de Gobierno de Juntos Por El Perú by Infobae Perú

Buen Gobierno: Diversificación, fondo soberano y transición ecológica

El Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto parte de una visión de diversificación productiva y formalización. Promueve la creación de un Fondo Soberano de Riqueza, crecimiento anual de 5%, presión tributaria de 18% y reducción de informalidad laboral al 50%. Propone fortalecer la inversión pública y privada, ampliar la base tributaria, modernizar el sistema financiero y el empleo formal, y universalizar salud, educación y conectividad digital. El plan incluye incentivos para la innovación, transición ecológica, economía circular y desarrollo industrial regional. En empleo, apuesta por incentivos fiscales y clústeres productivos; en agricultura, por capacitación, innovación y alianzas público-privadas. La infraestructura es priorizada en función de cierre de brechas y competitividad.

Novedad: Fondo soberano, impuestos verdes, modernización financiera y una agenda de innovación tecnológica transversal.

Plan de Gobierno del Partido Del Buen Gobierno by Infobae Perú

Ahora Nación: Desarrollo sostenible, matriz diversificada y competitividad territorial

Ahora Nación de Alfonso López Chau apuesta por una economía sostenible, inclusiva y competitiva, con crecimiento real promedio del 6%, déficit fiscal bajo el 1% y deuda pública menor al 30%. Propone una política industrial orientada a la diversificación y la productividad, con enfoque territorial y promoción de cadenas de valor regionales. El Estado es promotor y aliado del sector privado, con reglas claras y fiscalidad progresiva. Destaca la inversión en infraestructura hídrica, asistencia técnica agrícola, acceso al crédito y fortalecimiento de la agroindustria. El comercio exterior se enfoca en diversificación de mercados y valor agregado, mientras el turismo y la energía se presentan como motores de desarrollo local.

Novedad: Plan nacional de crecimiento regional, fondo soberano, ciudades modelo y enfoque de desarrollo territorial competitivo.

Plan de Gobierno del partido Ahora Nación by Infobae Perú

Primero la Gente: Economía para la inclusión, formalización y diversificación

Primero la Gente de Marisol Pérez Tello estructura su plan económico en torno a la inversión privada competitiva, desarrollo de MIPYME, diversificación productiva y sostenibilidad fiscal. Propone la recuperación de grandes proyectos, fast track para inversiones, ventanilla única digital y centros tecnológicos sectoriales. En empleo, plantea reducir la informalidad al 55%, aumentar la productividad laboral y elevar la inversión privada al 22% del PBI. Destaca la promoción de la economía digital, la bioindustria, la acuicultura y la economía creativa. En fiscalidad, apuesta por una reforma progresiva, reducción de controversias contractuales y presión tributaria creciente. La política exterior busca diversificar mercados y captar inversión de calidad.

Novedad: Fast track para inversiones, nuevos sectores estratégicos (acuicultura, economía creativa), y digitalización integral de servicios públicos y productivos.

Plan de Gobierno de Primero La Gente by Infobae Perú

Obras: Economía social de mercado con equidad y desarrollo local

Obras de Ricardo Belmont promueve una economía social de mercado con rostro humano, defendiendo la inversión privada, la formalización y la descentralización productiva y administrativa. Propone un plan de caminos rurales, electrificación y saneamiento para la producción, y centros de acopio para valor agregado local. El Estado debe ser promotor y vigilante, con transparencia, ética y reducción del aparato estatal. Destaca el combate a monopolios y oligopolios, el impulso a la industrialización de recursos, y la participación estatal en sectores estratégicos. Prioriza la plataforma digital única para obras públicas, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Financia la inversión con reorientación del gasto y APP bajo estricta supervisión.

Novedad: Formalización local, industrialización progresiva, centro de acopio municipal y plataforma digital de seguimiento ciudadano.

Plan de Gobierno del partido OBRAS by Infobae Perú

Coincidencias y novedades

Coincidencias:

• Disciplina fiscal y sostenibilidad macroeconómica.
• Formalización laboral y empresarial, y reducción de la informalidad.
• Inversión en infraestructura y cierre de brechas.
• Apoyo a MYPE y pymes, innovación y desarrollo productivo.
• Digitalización estatal, simplificación de trámites y uso de tecnología.
• Diversificación productiva y mayor valor agregado.
• Sostenibilidad ambiental y transición energética.
• Promoción de la inversión privada con reglas claras y seguridad jurídica.

Novedades/diferencias:

• Fuerza Popular, País para Todos y Primero la Gente: Enfoque en digitalización radical y Estado interoperable.
• Juntos por el Perú y Buen Gobierno: Reforma profunda del sistema tributario, fondos soberanos y transición ecológica.
• Renovación Popular: Incentivos tributarios para formalización, reducción de ministerios, zonas francas y nueva Ley del Contribuyente.
• Obras: Formalización y desarrollo productivo desde lo local, control ciudadano digital y Estado promotor pero no interventor.
• Ahora Nación: Plan nacional territorial, ciudades modelo, fondo soberano y enfoque competitivo regional.
• País para Todos y Primero la Gente: Fast track para proyectos clave, ventanillas únicas y sandboxes regulatorios productivos.
• Juntos por el Perú: Nacionalización parcial, ruptura con el modelo extractivo, industrialización y justicia fiscal.
• Buen Gobierno: Impuestos verdes, modernización financiera y modelo de inclusión productiva.

Cada partido ofrece matices y apuestas diferenciadas, desde la intervención estatal y la justicia fiscal hasta la digitalización radical y la descentralización productiva. El reto será pasar de la promesa programática a la ejecución real y medible en el próximo quinquenio.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos y en el eje central del debate electoral de 2026. Extorsiones, homicidios, robos y crimen organizado han alcanzado niveles históricos, alimentando el miedo en barrios urbanos, mercados, zonas rurales y corredores logísticos. Frente a este escenario, los partidos y candidatos presidenciales han elaborado planes de gobierno que colocan la lucha contra la criminalidad y la recuperación del control territorial en el corazón de sus propuestas. Sin embargo, aunque todos coinciden en la urgencia de enfrentar la violencia, difieren en el enfoque, las herramientas y la profundidad de sus reformas.

Este informe analiza en detalle las estrategias y medidas planteadas en los planes de gobierno de Fuerza Popular, Renovación Popular, País para Todos, Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y Primero la Gente. Se examinan sus diagnósticos, líneas de acción y metas cuantificables, identificando los puntos de coincidencia —como la modernización tecnológica y la profesionalización de la Policía— y destacando las novedades que cada propuesta aporta en áreas como prevención comunitaria, inteligencia, reforma penitenciaria, articulación institucional y rendición de cuentas. El objetivo es ofrecer una radiografía comparada que permita entender cómo cada agrupación política planea devolver la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos, y cuáles son los caminos innovadores y las deudas históricas que buscan saldar.

Fuerza Popular: “Perú con Orden”, tecnología y prevención desde la infancia

Fuerza Popular de Keiko Fujimori propone una intervención integral que parte de un severo diagnóstico: 27% de los peruanos han sido víctimas de delitos y la extorsión alcanza niveles críticos. Su plan aboga por lanzar un Programa Nacional de Prevención Temprana para jóvenes en riesgo, modernizar la Policía Nacional (PNP) con tecnología avanzada (videovigilancia, drones, reconocimiento facial), y construir comisarías seguras y sostenibles. Destaca la creación de un Consejo Presidencial de Prevención del Delito y la Plataforma Perú con Orden para información en tiempo real. En el frente penal, se impulsan mega penales, unidades de flagrancia y trabajo productivo penitenciario, junto con un proceso de profesionalización y meritocracia policial. El objetivo es reducir la impunidad y devolver la tranquilidad a las familias, con metas de reducción de homicidios y delitos en 20%. La propuesta incluye:

• Prevención temprana: Programa nacional desde la Presidencia para niños y adolescentes en riesgo, con becas, deportes y tutoría.
• Consejo Presidencial de Prevención y escuelas deportivas como herramienta de reintegración.
• Patrullaje inteligente: Refuerzo en zonas críticas, uso de drones, cámaras con reconocimiento facial, geolocalización y “Botón de Pánico” digital en celulares.
• Modernización policial: Reingeniería en equipamiento, profesionalización, formación universitaria y meritocracia. Dos líneas: Seguridad/Orden Interno e Investigación Criminal.
• Mega penales y cárceles productivas: Construcción de 4 mega penales, 4 modulares y 1 juvenil, con administración exclusiva de las FF.AA.; programas de reinserción laboral y convenios APP.
• Plataforma “Perú con Orden”: Sistema digital nacional de denuncias y videovigilancia.
• Sistema Nacional de Flagrancia: Unidades express en 24 regiones para reducir la impunidad del 90% al 50%.
• Interoperabilidad: Integración digital entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.
• Metas: Reducir homicidios en 20%, implementar C5i en todas las regiones, y modernizar 200 comisarías en los primeros 100 días.

Novedad: Integración tecnológica avanzada (drones, cámaras, plataforma nacional de denuncias), enfoque en prevención juvenil y apuesta por la productividad penitenciaria a gran escala.

Plan de Gobierno del partido Fuerza Popular by Infobae Perú

Renovación Popular: Unidades itinerantes y cooperación internacional

El plan de Renovación Popular de Rafael López Aliaga se centra en “derrotar la delincuencia, el pandillaje y la microcomercialización de drogas”. Propone la creación de Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, videovigilancia integral, más agentes encubiertos y potenciar el servicio de inteligencia policial. Destaca un convenio con Estados Unidos para tecnología y extradición de cabecillas criminales. Plantea devolver autoridad a la PNP, crear una Policía Municipal y fortalecer la profesionalización policial, incluso permitiendo el ingreso de licenciados de las Fuerzas Armadas a la PNP. En migración, promueve controles estrictos y regularización para extranjeros. El énfasis está en la acción interinstitucional y la recuperación del control estatal, con metas de reducción drástica de índices de violencia y extorsión.

• Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana: Grupos móviles mixtos (Policía, FF.AA., serenazgo, PJ, Fiscalía, sociedad civil) para zonas críticas.
• Videovigilancia nacional: Integración en ciudades, trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno.
• Potenciar inteligencia policial: Agentes encubiertos, convenio con EE.UU. para tecnología y extradición inmediata de cabecillas.
• Revalorización policial: Más herramientas legales, Instituto de Investigación y Desarrollo Policial, ingreso preferente de FF.AA. licenciados.
• Policía Municipal: Creación de nuevo cuerpo policial local.
• Migración: Control estricto de extranjeros, regularización solo para quienes no tengan antecedentes. Nacionalidad tras 5 años de residencia productiva.
• Metas: Reducción drástica de violencia y extorsión, creación de la Policía Municipal, y extradición expedita de criminales.

Novedad: Unidades itinerantes interinstitucionales, integración FF.AA.-PNP, cooperación formal con EE.UU., y la figura de policía local municipal.

Plan de Gobierno de Renovación Popular by Infobae Perú

País para Todos: Seguridad como base del desarrollo y pacto nacional

El programa de Carlos Álvarez pone la seguridad como condición innegociable para cualquier avance en educación, economía o salud. Propone un enfoque integral: mano firme contra mafias y crimen organizado, pero también inteligencia, articulación estatal y oportunidades sociales. Plantea una reforma total del sistema policial y judicial, la creación de una Plataforma Nacional de Análisis Criminal, uso masivo de tecnología y una meta concreta: reducir la tasa de homicidios de 8.6 a 6 por 100 mil habitantes, y la extorsión de 0.9 a 0.6 por cada 100 adultos. Reivindica la transparencia y control ciudadano, con metas de reducción del miedo y la victimización. Propone:

• Control territorial: Recuperación física de barrios y espacios públicos.
• Plataforma Nacional de Análisis Criminal (PNAC): Unificación de datos de PNP, Fiscalía, INPE, SBS y OSIPTEL.
• Reforma total PNP y sistema judicial: Carrera meritocrática estricta, depuración, y profesionalización.
• Investigación avanzada: Geolocalización, rastreo financiero, análisis de redes sociales, laboratorios forenses regionales.
• Intervención en extorsión: Unidades anti-extorsión, rastreo digital y financiero, protección a testigos y víctimas.
• Reforma penitenciaria: 100% de penales con bloqueadores y módulos de máxima seguridad, inteligencia penitenciaria conectada.
• Prevención social: Créditos justos para evitar “gota a gota”, formalización laboral, educación financiera y programas de prevención en escuelas.
• Cooperación internacional: Enfoque regional y acuerdos con INTERPOL y Comunidad Andina para crimen transnacional.
• Metas: Reducir homicidios de 8,6 a 6 por 100 mil habitantes; reducción de extorsión en más del 50%; 100% de penales con control tecnológico.

Novedad: Plataforma digital de análisis criminal unificada, sistema de inteligencia penitenciaria, y el enfoque de seguridad como habilitador transversal.

Plan de Gobierno del partido País Para Todos 2026 - 2031 by Infobae Perú

Partido del Buen Gobierno: Derogación de “leyes pro-crimen” y enfoque comunitario

El plan de Buen Gobierno de Jorge Nieto inicia con la derogación inmediata de las “leyes pro-crimen”, que —según el documento— han debilitado la capacidad del Estado para sancionar y prevenir el delito. Propone una comisión especial para revisar la legislación penal, fortalecer la función comunitaria de la Policía y el patrullaje integrado con serenazgo, y usar inteligencia artificial y macrodatos para prevenir el delito. En prevención, plantea programas educativos y comunitarios para adolescentes y jóvenes, y refuerza la protección de víctimas de violencia de género. La meta: reducir la victimización urbana al 20% y desarticular al menos 250 bandas criminales al 2031.

• Comisión especial para marco normativo: Revisar y derogar leyes que debilitan la persecución penal.
• Prevención juvenil: Espacios educativos y programas comunitarios para reducir violencia adolescente.
• Policía comunitaria: Fortalecer la función territorial, canales de denuncia y atención ciudadana.
• Inteligencia artificial y big data: Para análisis y prevención del delito.
• Patrullaje integrado: PNP y serenazgo, con vigilancia estratégica y mapas del delito.
• Atención a víctimas: Especial énfasis en violencia de género e intrafamiliar.
• Participación ciudadana: Observatorio Nacional de Seguridad, veedurías y control social.
• Metas: Reducción de victimización urbana al 20%, duplicar bandas criminales desarticuladas, cobertura de protección para víctimas al 50%.

Novedad: Derogación de leyes recientes, enfoque comunitario y uso intensivo de inteligencia artificial en prevención.

Plan de Gobierno del Partido Del Buen Gobierno by Infobae Perú

Juntos por el Perú: Reingeniería policial y plataformas de denuncia ciudadana

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez denuncia la corrupción y la ineficiencia de las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias. Propone una depuración inmediata de mandos policiales comprometidos con la corrupción, la creación de una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito, y una plataforma digital unificada para denuncias y seguimiento de casos. Plantea veedurías ciudadanas, una política de seguridad territorial y la derogación de leyes que —considera— han creado impunidad. Da prioridad a la prevención comunitaria, la recuperación de espacios públicos y la protección de sectores vulnerables.

• Depuración de la PNP: Sanciones inmediatas, reforma de ascensos y régimen disciplinario.
• Unidad de Inteligencia Financiera y Ciberdelito: Rastreo de extorsiones y fraudes digitales.
• Plataforma digital unificada: Para denuncias, seguimiento y alertas comunitarias.
• Control ciudadano: Veedurías y observatorios civiles, alfabetización digital y prevención de fraude cibernético.
• Justicia penal eficiente: Más fiscalías especializadas, juzgados de flagrancia y defensores públicos.
• Control territorial: Plan nacional de recuperación de barrios, juntas vecinales, protección a víctimas y prevención comunitaria.
• Metas: 100% personal policial evaluado en integridad, reducción de homicidios en 70%, 200 espacios públicos recuperados, 200 juntas vecinales activas.

Novedad: Plataforma unificada de denuncias, control ciudadano directo, y enfoque de justicia con prevención social.

Plan de Gobierno de Juntos Por El Perú by Infobae Perú

Obras: Estado eficiente, percepción de seguridad y control social

Obras de Ricardo Belmont plantea un Estado reducido y eficiente, con énfasis en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social. Propone reestructurar el sistema de justicia (Policía, Fiscalía, INPE y Poder Judicial), establecer controles y monitoreo rigurosos y mejorar la percepción de seguridad barrial en 15 puntos porcentuales. Aspira a que el 50% de denuncias se resuelvan y a mejorar la confianza ciudadana en las instituciones, aunque el plan carece de propuestas tecnológicas específicas.

• Reestructuración judicial: PNP, Fiscalía, INPE y PJ bajo control, evaluación y seguimiento.
• Mejorar percepción de seguridad: Meta de subir en 15 puntos la percepción vecinal.
• Resolución de denuncias: Lograr que el 50% de denuncias sean resueltas.
• Control y monitoreo: Implementar sistemas de control en el sistema de justicia.
• Reducción de la carga procesal: Meta de reducir expedientes en cantidad y calidad en 2 años.
• Rechazo a la violencia: Enfatiza el monopolio estatal de la fuerza y condena toda violencia, narcotráfico y crimen.Novedad: Enfoque en percepción, control vecinal y eficiencia judicial, más que en tecnología o fuerza.

Plan de Gobierno del partido OBRAS by Infobae Perú

Ahora Nación: Articulación estatal, interoperabilidad y meritocracia

El plan de Ahora Nación de Alfonso López Chau apuesta por una transformación integral del sistema de seguridad ciudadana, priorizando el enfoque preventivo y comunitario, pero también la mano firme y la coordinación real entre todas las entidades estatales. Plantea una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad, un sistema informático interoperable (Policía, Fiscalía, INPE y Poder Judicial), y profesionalización policial bajo supervisión de SUNEDU/MINEDU. Integra inteligencia, becas, uso de polígrafo y sanciones estrictas, así como la reubicación de penales y el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria. Propone indicadores y metas ambiciosas, con participación ciudadana y transparencia.

• Nueva ley de seguridad ciudadana: Liderazgo claro del Ejecutivo, integración real de prevención y combate, decisiones basadas en evidencia.
• Sistema interoperable digital: Policía, MinJus, MP, PJ e INPE conectados.
• Reforma policial: Admisión dirigida por universidades, supervisión SUNEDU/MINEDU, uso de polígrafo, becas, meritocracia, sanción de corrupción.
• Inteligencia y tecnología: Unidades especializadas, banco de ADN mineral para lucha contra minería ilegal, laboratorios y agentes de inteligencia en todas las comisarías clave.
• Sistema penitenciario profesionalizado: Concurso meritocrático para presidente del INPE, bloqueadores de señal, formación ética y progresiva reubicación de penales fuera de ciudades.
• Metas: Reducción de extorsión a 13.000 denuncias/año, 0% de comisarías sin servicios básicos, 5 complejos regionales nuevos, 0% de inversiones penitenciarias pendientes.

Novedad: Digitalización y meritocracia en toda la cadena judicial-policial, banco de ADN para minería, y sistema interoperable nacional.

Plan de Gobierno del partido Ahora Nación by Infobae Perú

Primero la Gente: Integralidad, prevención y control territorial

Primero la Gente de Marisol Pérez Tello parte de un diagnóstico profundo: la inseguridad como fenómeno estructural alimentado por economías ilegales, corrupción y fragmentación institucional. Plantea una política nacional integral con enfoque territorial, prevención comunitaria, reforma de la PNP y del sistema judicial, plataformas digitales de denuncia y control ciudadano. La novedad: un enfoque de seguridad “con cuidado y prevención”, ampliando servicios para mujeres, jóvenes y personas vulnerables, y la protección legal de juntas vecinales y comités comunales.

• Política nacional integral y territorial: Seguridad como justicia y presencia estatal, no privilegio.
• Reforma policial: Depuración, formación ética, democratización de ascensos, control ciudadano y enfoque de derechos.
• Inteligencia financiera: Unidad especial para rastrear extorsión y lavado, control de telecomunicaciones y geolocalización de llamadas.
• Prevención comunitaria: Planes locales con juntas vecinales, recuperación de espacios públicos, prevención escolar y protección a víctimas.
• Justicia penal articulada: Más fiscalías, juzgados de flagrancia, defensoría pública ágil.
• Control democrático: Veedurías, observatorios, campañas de alfabetización digital.
• Metas: Reducción de homicidios en 70%, 80% de policías capacitados en tecnología, 100 mil prestadores de servicio militar con formación técnica, 200 espacios públicos recuperados.

Novedad: Seguridad como política de cuidado, protección legal a juntas vecinales, alfabetización digital masiva y enfoque de género y comunidad.

Plan de Gobierno de Primero La Gente by Infobae Perú

Coincidencias y diferencias clave

Coincidencias:

• Reforma, profesionalización y depuración de la PNP.
• Uso de tecnología, videovigilancia, inteligencia artificial y digitalización para prevención y persecución del delito.
• Integración entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.
• Control penitenciario efectivo y reinserción.
• Prevención comunitaria y recuperación de espacios públicos.
• Transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas.
• Lucha frontal contra la extorsión y el crimen organizado.

Novedades y diferencias:

• Fuerza Popular y Renovación Popular innovan en tecnología policial y mega penales, y apuestan por la prevención desde la infancia.
• País para Todos y Buen Gobierno priorizan plataformas unificadas digitales, inteligencia artificial y derogación de leyes pro-crimen.
• Juntos por el Perú y Primero la Gente ponen el foco en control ciudadano, prevención comunitaria, protección a víctimas y depuración policial radical.
• Ahora Nación destaca la interoperabilidad digital, meritocracia en toda la cadena judicial-policial y banco de ADN para minería ilegal.
• Obras enfatiza la percepción de seguridad, eficiencia judicial y control social más que en la fuerza o la tecnología.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza con trabajos de modernización para elevar la capacidad, la calidad y la seguridad operativa de la Red Nacional de Transmisión (RNT), como parte del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico.

Según la CFE, las recientes obras han beneficiado a miles de usuarios y mejorado la infraestructura en regiones clave, con la colaboración del personal técnico y directivo, bajo la supervisión de Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, y Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE.

Nuevas subestaciones y tecnologías en Baja California y Querétaro

En Playas de Rosarito, Baja California, el 16 de marzo de 2026 se inauguró una subestación encapsulada en gas SF6 (hexafloruro de azufre) en la Subestación Presidente Juárez, que opera a 230 kV.

Este avance permite aprovechar mejor el espacio y facilita el mantenimiento, utilizando tecnología de última generación. La nueva subestación responde al incremento en la generación eléctrica de la zona, vinculada con la próxima entrada en operación de la Central Ciclo Combinado González Ortega.

La CFE informó que 32 personas de las áreas de Transmisión y Generación participaron en estos trabajos, que benefician a 122 mil 500 usuarios.

El organismo destacó que la implementación de esta tecnología refuerza la capacidad operativa y prepara la infraestructura para atender la demanda futura de energía en la región.

En Colón, Querétaro, el 21 de marzo de 2026, la CFE modernizó el equipo en la Subestación San Ildefonso, lo que permitió aumentar la capacidad de transmisión en la línea de 115,000 volts, que conecta las subestaciones El Sauz y San Ildefonso.

Con esta intervención, la capacidad se incrementó de 140 MW a 180 MW, ampliando la red de transporte eléctrico y beneficiando a usuarios del Centro-Bajío.

La CFE explicó que estos trabajos contaron con la colaboración de la Zona de Distribución Querétaro, la Zona de Transmisión Bajío-Central y contratistas, y están orientados a consolidar la seguridad operativa y la calidad del servicio en la región.

Operativo especial en el sureste de México

• La Gerencia Regional de Transmisión Sureste coordinó un operativo para inspeccionar 7,700 estructuras de la red eléctrica.
• 228 linieros y 25 ingenieros de supervisión recorrieron 3,000 kilómetros de líneas de transmisión.
• El equipo utilizó 1 helicóptero, 45 vehículos pick up, 3 cuatrimotos y, cuando fue necesario, lanchas rentadas para acceder a zonas de difícil ingreso.
• El objetivo principal fue garantizar el correcto funcionamiento y la confiabilidad de la red bajo condiciones operativas demandantes.

La CFE reconoció el esfuerzo del personal involucrado, subrayando que la labor conjunta demuestra responsabilidad, vocación y sentido de servicio público.

Compromiso institucional y visión a futuro

La Comisión Federal de Electricidad subrayó su compromiso de mantener la continuidad del servicio de energía eléctrica en México, fortaleciendo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y contribuyendo a la Justicia Energética.

La institución reiteró que el trabajo coordinado de su plantilla, junto con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, y la dirección de González Escobar y Calleja Alor, seguirá guiando el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.

El Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación ocho unidades bibliográficas de siete títulos de la poeta peruana Blanca Leonor Varela Gonzales, publicadas entre 1963 y 1993. La medida, oficializada mediante resolución viceministerial, reconoce el valor histórico, literario y artístico de estos ejemplares, que pasan a contar con protección especial del Estado.

Las obras pertenecen a la Biblioteca Nacional del Perú y destacan por ser primeras ediciones, publicadas por importantes sellos editoriales tanto nacionales como extranjeros. Su valor no solo radica en el contenido, sino también en sus características materiales: incluyen ilustraciones de artistas peruanos de renombre como Fernando de Szyszlo y Víctor Escalante, lo que refuerza su relevancia dentro del patrimonio bibliográfico.

Un elemento clave de esta declaratoria es que varios de estos libros contienen dedicatorias manuscritas de la propia Blanca Varela, dirigidas a figuras de la cultura peruana como el historiador Franklin Pease y la educadora Lily Caballero. Estas inscripciones convierten a los ejemplares en piezas únicas, al añadir un valor testimonial y personal que los distingue de otras ediciones.

Valor histórico y protección del patrimonio bibliográfico

La declaratoria se sustenta en informes técnicos elaborados por la Biblioteca Nacional del Perú, que identificaron el valor excepcional de estas unidades bibliográficas. Según la normativa vigente, los libros, manuscritos y documentos con relevancia histórica, artística o literaria pueden ser incorporados al Patrimonio Cultural de la Nación, lo que garantiza su protección, conservación y difusión.

En este caso, se trata de publicaciones clave dentro de la producción poética de Blanca Varela, cuyos primeros libros marcaron la literatura peruana del siglo XX. La condición de primeras ediciones, sumada a su estado de conservación y a sus elementos distintivos, refuerza su importancia como fuentes para la investigación académica y la memoria cultural del país.

Con esta medida, el Estado busca asegurar que estos ejemplares sean preservados a largo plazo y puestos en valor para el acceso público. La resolución será notificada a la Biblioteca Nacional y publicada en el diario oficial “El Peruano” y en la plataforma digital del Ministerio de Cultura.

Blanca Varela: trayectoria y legado en la poesía peruana

Blanca Varela (1926-2009) es considerada una de las voces más influyentes de la Generación del 50 y una figura central de la poesía peruana contemporánea. Su obra, caracterizada por una escritura precisa e intensa, ha sido traducida a diversos idiomas y ampliamente difundida en el ámbito hispanoamericano.

Nacida en Lima, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y formó parte de círculos intelectuales vinculados a la revista Las Moradas. Su primer libro, Ese puerto existe (1959), contó con el impulso del poeta Octavio Paz, quien destacó tempranamente su talento.

A lo largo de su trayectoria publicó títulos como Valses y otras falsas confesiones, Concierto animal y Ejercicios materiales, además de compendios como Canto villano. Poesía reunida. Su obra le valió reconocimientos como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo y distinciones oficiales en el Perú y el extranjero.

Tras su fallecimiento en 2009, su legado se mantiene vigente no solo por la circulación de su obra, sino también por la conservación de su archivo personal en la Casa de la Literatura Peruana.

La circulación en la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza, en dirección al oriente, fue cerrada a partir de la calle Santiago de la Vega debido a trabajos de obra pública en la alcaldía Iztapalapa.

La afectación se localiza a la altura de la estación Metro Peñón Viejo, lo que ha generado complicaciones viales en una de las zonas más transitadas del oriente de la capital.

De acuerdo con información difundida por autoridades de movilidad de la Ciudad de México, el cierre responde a obras que se realizan en la zona, por lo que se recomienda a automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos.

La lateral afectada es una vía clave para quienes se dirigen hacia el Edomex y toman la autopista México-Puebla especialmente hacia municipios como Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz.

Por ello, el impacto vehicular se ha intensificado durante las horas pico, con largas filas de automóviles y transporte público que buscan reincorporarse a carriles centrales o desviar su trayecto.

Alternativas viales recomendadas

Ante el cierre, autoridades capitalinas sugieren utilizar como principales rutas alternas la Avenida Texcoco y la Avenida de las Torres. Estas vialidades permiten rodear la zona afectada y reincorporarse posteriormente a Zaragoza o continuar el trayecto hacia el oriente.

Otra opción es desviarse hacia el Eje 8 Sur, que conecta con diversas colonias de Iztapalapa y facilita la movilidad hacia otras avenidas principales. Asimismo, la Avenida Guelatao también funciona como ruta alterna para quienes buscan evitar el punto de obra.

Las autoridades exhortaron a los conductores a seguir las indicaciones de tránsito y respetar los señalamientos colocados en la zona, ya que estos forman parte del operativo para agilizar la circulación y prevenir accidentes.

Impacto en transporte público y usuarios del Metro

El cierre también afecta a usuarios del transporte público, particularmente a quienes utilizan rutas que circulan por la lateral de Zaragoza o que tienen paradas cercanas a la estación Metro Peñón Viejo. Aunque el servicio del Metro no ha sido suspendido, el acceso a la estación puede verse afectado por el tránsito vehicular y las obras en curso.

Usuarios han reportado retrasos en microbuses y autobuses que circulan por la zona, así como mayor tiempo de traslado en sus recorridos habituales tomando en cuenta que durante la noche se hicieron también cierres por las obras nocturnas en el trolebús Santa Martha-Chalco.

Por ello, se recomienda salir con anticipación y considerar tiempos extra en los desplazamientos diarios.

Recomendaciones para automovilistas

Para minimizar afectaciones, especialistas en movilidad recomiendan:

• Planear rutas con anticipación utilizando aplicaciones de navegación.
• Evitar la zona en horas pico, especialmente por la mañana y al atardecer.
• Utilizar transporte público cuando sea posible.
• Respetar los señalamientos y las indicaciones de agentes de tránsito.

Las obras en la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza forman parte de trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructura urbana, aunque no se ha especificado una fecha exacta para la reapertura de la vialidad.

Mientras tanto, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y del área de orientación vial continúan monitoreando la zona para mitigar el impacto en la circulación.

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una serie de obras para mejorar aspectos de movilidad, recreación y accesibilidad en el sur de la capital, esto con el objetivo de optimizar los servicios de transporte público para recibir la Copa Mundial 2026.

Sin embargo, a tan solo 85 días de que empiece la competencia con el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca, obras importantes como las del Tren Ligero, la Línea 14 del Trolebús, la reubicación de espacios comerciales, así como la Calzada Flotante y la ciclovía La Gran Tenochtitlán siguen en proceso de construcción.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, explicó en conferencia de prensa de este miércoles 18 de marzo que todas las obras que actualmente están en marcha terminarán antes del Mundial 2026, sin revelar el avance de cada uno de los proyectos.

¿Cuándo terminarán las obras en la CDMX por el Mundial 2026?

Clara Brugada afirmó que se están cumpliendo todos los compromisos asumidos para mejorar la CDMX de cara al inicio del Mundial, en cuanto a la finalización de las obras, reveló que será en el mes de mayo cuando concluyan estas intervenciones, la fecha corresponde al límite previo a la llegada del Mundial 2026.

“Estamos cumpliendo con todos los compromisos que hicimos para que en este año, en mayo, antes de recibir al Mundial, podamos mejorar la ciudad”, compartió la mandataria.

Destacó que todas las obras realizadas con motivo del Mundial tienen carácter permanente y no están pensadas únicamente para el evento deportivo, sino que buscan beneficiar a la población a largo plazo. “Todas las obras que estamos haciendo rumbo al Mundial son obras que no van a durar solo por el Mundial, son obras permanentes, son obras que van a servirle a la gente”, subrayó.

En referencia a la rehabilitación de espacios deportivos, Clara Brugada señaló que un ejemplo concreto son las nuevas canchas de fútbol. Explicó que la ciudad recibirá el Mundial 2026 con canchas renovadas, lo que permitirá que la población, especialmente niñas y jóvenes, cuenten con infraestructura adecuada para su desarrollo deportivo. Resaltó el deseo de convertir la ciudad en la más deportiva, asegurando que todos los espacios estén en buenas condiciones. “La pelota vuelve a casa, la pelota vuelve al barrio”, puntualizó al explicar el significado de estas acciones y su impacto social.

Esta es la inversión millonaria en obras para el Mundial 2026 en México

La próxima Copa del Mundo 2026, que se disputará por primera vez de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, ha provocado una inversión pública de mil 500 millones de pesos mexicanos destinados exclusivamente a obras de infraestructura y movilidad en las tres entidades anfitrionas dentro del territorio nacional.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este presupuesto se orienta a cumplir los estándares internacionales fijados por la FIFA y consolidar la posición de México como escenario recurrente para eventos deportivos de gran escala.

Ciudad de México focalizará los recursos en la modernización de la Línea 1 y 2 del Metro y la puesta en marcha de nuevas rutas de electromovilidad, así como la extensión de servicios como el Trolebús El Chapulín y el Tren Ligero El Ajolote. Las obras incluyen también la adecuación de ciclovías y la construcción de biciestacionamientos, la remodelación del puente de acceso al Estadio Banorte, la incorporación de luminarias y cámaras de seguridad,

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha este miércoles el cierre del tradicional cruce a nivel de Avenida Álvarez Thomas y las vías del Ferrocarril Mitre, en el corazón de Villa Urquiza. La medida responde a la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel e implica una reorganización total del tránsito en la Comuna 12.

Según precisaron desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, “el objetivo es mejorar la seguridad vial y el ordenamiento de la circulación en uno de los corredores más transitados del norte porteño”.

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA), responsable de la ejecución de la obra, indicó que la intervención abarca un sector neurálgico de la ciudad. El paso bajo nivel se extiende a lo largo de 255 metros entre las calles Monroe y Pedro Rivera. De acuerdo con el Gobierno porteño, la obra beneficiará a más de 29.000 personas y facilitará el trayecto diario de 18.000 vehículos.

El impacto en la movilidad será inmediato: el cierre del cruce a nivel eliminará las demoras generadas por la barrera baja y permite un flujo vehicular más ágil. Además, reduce el riesgo de accidentes entre trenes y automovilistas, y posibilita aumentar la frecuencia del servicio ferroviario.

Cuáles son los cortes y desvíos de tránsito

La clausura del paso a nivel en Álvarez Thomas obliga a modificar recorridos habituales. Según lo dispuesto por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, el corte comenzará a regir desde las 11 de la noche de este miércoles 18 de marzo.

Como alternativa, el jueves 19 se habilitará un paso a nivel provisorio construido sobre la calle Miller, a 200 metros del cruce original. Este nuevo desvío, con dos carriles y mano única hacia Avenida General Paz, permanecerá operativo durante toda la ejecución de la obra, con el propósito de mantener conectados ambos lados de las vías.

El tránsito que habitualmente cruzaba por Álvarez Thomas —tanto liviano como pesado— ahora debe desviarse por las avenidas y calles Olazábal, Miller, Pedro Rivera y Galván. Los vehículos particulares pueden optar también por la avenida Monroe, que permite cruzar las vías a través del paso bajo nivel Pacheco, inaugurado en 2013 y con una altura libre de 2,80 metros. Desde el Gobierno porteño remarcaron que esta opción busca aliviar la carga de autos y motos en la zona intervenida.

El esquema de desvíos también implica cambios en los sentidos de circulación y las normas de estacionamiento. Pedro Rivera, entre Miller y Galván, dejará de ser doble mano y pasará a sentido único hacia Galván.

Además, se dispuso la prohibición de estacionar en los siguientes tramos: Pedro Rivera entre Miller y Galván (ambas manos), Cullen entre Pacheco y Álvarez Thomas (ambas manos) y la mano derecha de Álvarez Thomas entre Pedro Rivera y Cullen, en el sentido al sur.

Cómo será el Paso Bajo Nivel de Av. Álvarez Thomas

El proyecto, a cargo de AUSA, transformará la circulación en el sector de Villa Urquiza. El paso bajo nivel se construye sobre Álvarez Thomas, entre Monroe y Pedro Rivera, bajo las vías del ramal J. L. Suárez del Ferrocarril Mitre. Incluirá dos carriles de circulación con mano única hacia el norte, es decir, en dirección a Avenida General Paz. La intervención, que abarca unos 10.600 metros cuadrados, contempla la eliminación definitiva del cruce a nivel y la desaparición de los tiempos de barrera baja, lo que —según el Gobierno de la Ciudad— “impactará positivamente en el medioambiente y la seguridad vial tanto para automovilistas como para peatones”.

Al salir del túnel, después de la calle Cullen, la calzada se amplía a cuatro carriles: dos se desvían por Galván hacia la derecha, mientras que los otros dos continúan recto por Álvarez Thomas. Para el desplazamiento peatonal y de personas con movilidad reducida, se construirán pasarelas bajo nivel a ambos lados de la calzada, equipadas con escaleras y rampas.

A lo largo de los laterales del paso bajo nivel, el diseño prevé calles de convivencia para el acceso exclusivo a viviendas y comercios frentistas. Además, el proyecto incluye la renovación integral de veredas, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la forestación del entorno.

Como parte del paquete de mejoras, Autopistas Urbanas sumará cámaras de monitoreo, iluminación LED de bajo consumo y un sistema hidráulico renovado, con una estación de bombeo y grupo electrógeno para garantizar su funcionamiento ante eventuales cortes de energía.

La administración de Donald Trump presentó una propuesta para construir una instalación subterránea de 3.066 metros cuadrados destinada al control de visitantes en la Casa Blanca, según CBS News.

El proyecto será evaluado por la National Capital Planning Commission (NCPC) el 2 de abril y prevé la edificación íntegra en terrenos federales del Sherman Park, al sureste de la residencia presidencial.

Según CNN, la nueva infraestructura ocupará parte del espacio donde se encontraba el antiguo Ala Este, demolido en 2025 para la construcción de un futuro salón de baile de 8.360 metros cuadrados, considerado por ese medio como parte del legado arquitectónico de la administración.

Diseño, funciones y recorrido de los visitantes

Según la Oficina Ejecutiva del Presidente, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales, la obra podría comenzar en otoño y finalizar en julio de 2028.

Associated Press informó que el centro subterráneo incluirá siete carriles de ingreso para mejorar el flujo y agilizar los controles de identidad, con capacidad para recibir grandes grupos.

De acuerdo con CNN, el recorrido de los visitantes incluirá una rampa y una plaza hundida de 465 metros cuadrados, lo que permitirá evitar largas filas y demoras, además de ofrecer acceso cubierto ante condiciones climáticas adversas.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró a CBS News que el sistema actual, basado en remolques y carpas, resulta incómodo y que la nueva propuesta busca “modernizar la experiencia de quienes recorren el ‘People’s House’”. Ingle afirmó que el objetivo es destacar la historia de la Casa Blanca y de la capital nacional durante el proceso de visita.

Detalles del proyecto y cronograma

De acuerdo con la NCPC, los documentos presentados no incluyen una estimación de costos ni fuentes de financiación definidas, según CBS News.

CNN indicó que el inicio de las obras podría adelantarse a agosto de 2026, con finalización en julio de 2028, cerca del cierre del actual mandato presidencial. El plan garantiza la permanencia de la estatua del general William Tecumseh Sherman en Sherman Park.

Según el Servicio de Parques Nacionales, al menos seis árboles serán retirados y reemplazados por especies nativas como parte de una restauración paisajística orientada a preservar la identidad del parque. El proyecto también contempla mantener el acceso público y evitar la construcción de estructuras que modifiquen el entorno visual de los monumentos y edificios históricos cercanos.

Historia, antecedentes y contexto administrativo

De acuerdo con CNN, la idea de un centro subterráneo para visitantes fue discutida durante décadas, pero enfrentó rechazos del Congreso, el Servicio Secreto y el Departamento del Interior. CNN también señaló que el presidente de la NCPC, Will Scharf, se desempeña como secretario de personal de Trump.

Según Associated Press, antes del inicio de las obras recientes, el acceso de los visitantes se realizaba a través del Ala Este y la Colonnade Este; tras la demolición, las filas se forman junto al Lafayette Park, al otro lado de la avenida Pennsylvania.

El proyecto de salón de baile en la Casa Blanca, que se ubicaría en la misma zona, fue postergado tras recibir más de 32.000 comentarios públicos, en su mayoría críticos, según CBS News.

CNN informa que el costo estimado de esta obra creció de 200 a 400 millones de dólares y, según ese medio, la Casa Blanca insiste en que se financiará con donaciones privadas.

Controversias y próximos pasos

La NCPC analizará y votará el proyecto del centro subterráneo y el del nuevo salón de baile en la reunión del 2 de abril, según CBS News.

La propuesta se presenta en un contexto de críticas y cuestionamientos legales a otras iniciativas de infraestructura impulsadas por la administración Trump, como la renovación del Kennedy Center y el debate sobre la posible creación de un arco triunfal.

CNN sostiene que la administración busca que la nueva instalación esté operativa seis meses antes del final del mandato actual.

“Nos deben cuatro nóminas, la de diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, más la extra de Navidad. La situación era tan grave que la constructora ha tramitado un ERTE, pero nosotros entendemos que lo que se tiene que tramitar es un ERE, ya que no hay dinero para pagar a los trabajadores. La empresa quiere que entre un administrador que gestione un concurso de acreedores para que en un futuro nos pague el Fondo de Garantía Social del Ministerio de Trabajo. Y mientras tanto, obviamente, todas las obras que teníamos se han tenido que parar”, señala un portavoz de la plantilla, de CCOO.

Así describe la situación actual de FTC Obras (antes Fatecsa Obras SA), una importante constructora de Madrid que tiene como lema en su web “solvencia y calidad”. La realidad es que las cuentas no salen y la empresa ha tenido que paralizar dos proyectos que estaba realizando para el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida: una promoción de 87 viviendas protegidas en el barrio de Villaverde (cuyas obras ascendían a 16,7 millones) y un centro de acogida para personas sin hogar con 150 plazas en el nuevo barrio de El Cañaveral.

“Desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo no se descarta utilizar ninguno de los mecanismos que faculta la ley y los pliegos de la licitación, como sanciones o resolución del contrato. En todo caso, se está actuando con diligencia, cumpliendo y haciendo cumplir las obligaciones comprometidas en virtud del contrato formalizado con FTC. Y siempre buscando la solución que permita reanudar en el menor tiempo posible la obra”, explica un portavoz del Área de Vivienda al referirse al mismo proyecto. “Ya hemos rescindido el contrato por incumplimiento de lo firmado y se va a adjudicar en breve las obras del centro de acogida a otra empresa”, señalan desde el Área de Obras y Equipamientos.

La del Ayuntamiento no ha sido la única obra pública que ha quedado en el limbo. Con fondos europeos, la Comunidad de Madrid también adjudicó en noviembre de 2024 por 16,3 millones de euros a FTC Obras (asociada en este proyecto con Arnó Infraestructuras) la construcción de una promoción de 90 viviendas protegidas y 135 plazas de aparcamiento en el municipio de Villa del Prado. Una promoción también paralizada. “Estamos negociando con otras empresas la cesión de estos contratos para que estos proyectos se puedan finalizar y para intentar preservar el empleo de nuestros trabajadores”, explica un portavoz de FTC.

Hasta que se tramitó el ERTE, “los trabajadores éramos obligados a ir a las obras aunque no había trabajo que hacer, ya que no había materiales, y en condiciones ilegales, ya que los proveedores, por falta de pago, retiraron las casetas de trabajo, los grupos electrógenos para la calefacción y luz”, señala una persona que fue capataz de obras para FTC hasta hace unos días. Los empleados afectados por el ERTE son unos 85. “Hemos puesto en marcha un ERTE porque el objetivo es que los empleados sigan trabajando en un futuro. Hay otras compañías interesadas en comprar nuestras unidades productivas. “El ERTE les permite cobrar del SEPE”, asegura el portavoz de la compañía, que confirma que se adeudan cuatro nóminas.

Calderas sin arreglar

La situación de FTC llegó incluso a la Asamblea, donde el grupo parlamentario de Más Madrid se ha preocupado por la situación de los trabajadores y el futuro de muchos de los proyectos que tenía encargados esta empresa. Porque, como ya publicó Infobae, FTC Obras tenía otro importante contrato público: uno de los lotes de mantenimiento de las viviendas públicas gestionadas por el Gobierno regional. De hecho, la Comunidad de Madrid tuvo que contratar de urgencia a cuatro empresas para que cambiasen las calderas de 80 pisos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) porque la adjudicataria que tenía que mantener en buen estado este material, FTC, no cumplía con su trabajo.

Las calderas tenían “deficiencias graves” que podían poner en peligro la integridad física de los inquilinos. La AVS reconoce que las inspecciones técnicas que realiza detectaron anomalías que “suponen un riesgo inminente de rotura en los circuitos de gas y agua, lo que podría derivar en fugas, intoxicaciones por CO, incendios o explosiones”. En un segundo contrato, la AVS acaba de adjudicar este trabajo de mantenimiento (2,4 millones de euros) a otra empresa tras resolver el contrato que tenía con FTC, que ha dejado averías sin resolver en 942 viviendas del patrimonio de la AVS. La Comunidad de Madrid ha iniciado el procedimiento para las sanciones correspondientes por incumplimiento.

Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, señala que el Gobierno de la Comunidad lleva años adjudicando millones de euros públicos “a empresas en las que aparece la misma persona que dirige FTC, que incumple contratos. Esto no se puede explicar solo por negligencia o incompetencia. Tiene que haber algo más para tropezar tantas veces con la misma piedra y, conociendo a la derecha madrileña, nos esperamos lo peor. Desde Más Madrid vamos a seguir indagando para defender el dinero de los madrileños”. Desde CCOO recalcan que ya se han reunido con la Inspección de Trabajo para denunciar la situación, “ya que con el ERTE la constructora no quiere negociar nada y los trabajadores tardarán meses en poder percibir sus salarios”. Desde la empresa aseguran que están intentando “preservar todos los activos de la compañía”.

El Metro de Madrid interrumpirá el servicio de la Línea 10 en el tramo comprendido entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco desde el sábado 28 de marzo y, previsiblemente, hasta finales de año. Este corte se debe a las obras que se están realizando en la estación de Santiago Bernabéu.

Durante los nueve meses que durarán los trabajos, se pondrá en marcha un plan especial de movilidad, que contará con un servicio de autobuses gratuitos para garantizar la movilidad de los usuarios afectados, según ha explicado el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid.

Entre las medidas previstas, se habilitará un servicio sustitutivo de autobús gratuito entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, que contará con diez vehículos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). La frecuencia estimada será de entre 3 y 5 minutos, según la previsión.

También se incrementará la frecuencia de varias líneas de la EMT que circulan por el Paseo de la Castellana, como las líneas 27 y 147, y se reforzará el servicio en líneas de metro cercanas, como la 1 y la 9.

La reforma en la estación Santiago Bernabéu

El cierre de este tramo de la Línea 10 del Metro durante nueve meses se enmarca en las obras de reforma de la estación de Santiago Bernabéu, iniciadas a comienzos de 2024. El proyecto contempla la demolición de la antigua estación para levantar una nueva infraestructura más amplia y moderna. Según Rodríguez Sardinero, el objetivo es finalizar la actuación en el primer trimestre de 2027, momento en el que se prevé su inauguración.

Esta nueva fase de las obras, según ha informado la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, ya ha superado el 40% de ejecución y hasta ahora no había tenido impacto en el servicio habitual del Metro de Madrid. A partir de ahora, los trabajos se centrarán en la integración de la infraestructura actual dentro del futuro diseño de la estación, que además pasará a denominarse ‘Bernabéu’.

En superficie, el entorno del Paseo de la Castellana ha permanecido ocupado desde el año pasado por maquinaria pesada y operarios. Sin embargo, el vallado instalado en esta vía se retirará este sábado, 7 de marzo, lo que permitirá mejorar la circulación en este punto de la ciudad.

Esta recuperación de la normalidad estaba prevista inicialmente para enero, pero las lluvias registradas en enero y febrero provocaron retrasos en los trabajos.

En cualquier caso, el desalojo de maquinaria en la Castellana no será total, ya que los responsables de la obra habían informado que se mantendrá ocupado un espacio en la vía de servicio del paseo para permitir la entrada y salida de camiones vinculados a la reforma subterránea.

La reforma cuenta con una inversión de 66 millones de euros y permitirá triplicar la superficie de la estación, que pasará de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400 metros cuadrados, aumentando la capacidad de viajeros. La renovación integral incorporará accesibilidad total mediante 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas, además de un gran vestíbulo central que sustituirá a los pasillos tradicionales y ofrecerá vistas a los niveles intermedios y a los andenes.

“Mi vida es bastante sencilla. Soy padre de cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero no pasa nada”. Este es un extracto de la última entrevista que ha concedido el exfutbolista Eden Hazard hace unos días a un medio de comunicación, en concreto el diario británico The Guardian. El belga explicó que continúa residiendo en Madrid: “Tomé la decisión por la familia, los niños, el clima y la comida”. De hecho, según ha podido saber Infobae, su objetivo era construir un chalé con piscina en la urbanización más elitista de toda la Comunidad de Madrid, La Finca, ubicada en Pozuelo de Alarcón (89.500 habitantes).

Decimos “era su objetivo”, en pasado, porque el Ayuntamiento de esta localidad, gobernado por el PP, ha rechazado la licencia de obras solicitada por Hazard, que en 2019 se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. El Consistorio que dirige la alcaldesa Paloma Tejero decidió el pasado 21 de octubre emitir un informe desfavorable al proyecto que el futbolista había presentado a través de ‘Licmad’, una entidad colaboradora urbanística (ECU), una nueva figura que funciona como una especie de intermediaria para tramitar todo tipo de licencias. Hazard ha comprado unos terrenos en La Finca, concretamente en el Paseo de los Lagos 1. Actualmente, en esta zona de esta lujosa urbanización se venden chalés por 13 millones de euros. Hazard quería construirse la casa en la parcela 95, de 5.964 metros cuadrados.

Para ello hizo dos solicitudes al Ayuntamiento, el 27 de febrero y el 14 de mayo. La primera porque necesitaba permiso municipal para talar 100 árboles. Los ejemplares están protegidos por la Ley de Arbolado de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento debe autorizar qué especies se pueden eliminar. Tras el examen de los técnicos, Hazard debía conservar 21, trasplantar otros cuatro y podía cortar 75. La segunda licencia, para levantar el chalé, una piscina y una zona deportiva, exigía cumplir con una serie de requerimientos por parte del Área de Urbanismo de Pozuelo. El problema es que el proyecto residencial presentado por el futbolista belga incumplió ocho apartados que nunca subsanó.

Según ha podido saber este diario, la vivienda de Hazard superaba la edificabilidad permitida, la altura de la casa también era incorrecta, faltaba documentación sobre la piscina y el área deportiva, quería construir unos patios ingleses (espacios exteriores de la casa en niveles inferiores) que también incumplían la normativa y alteraba la topografía del terreno. Incluso el proyecto del cerramiento era inadecuado. Al no poder subsanar todo lo que le exigía el Ayuntamiento, este emitió un informe desfavorable el 21 de octubre y rechazó la licencia. La ECU contratada por Hazard ha recurrido la decisión, ya que ha perdido importantes tasas que pagó y las fianzas aportadas.

Eden Hazard, que llegó al Real Madrid en el verano de 2019 y que no pudo brillar porque las lesiones estuvieron muy presentes en su periplo en la capital, tiene el honor de ser el fichaje más caro en la historia del club blanco. Costó en torno a los 160 millones de euros. Por delante de Gareth Bale (101 millones de euros), Cristiano Ronaldo (94 millones), Zidane (77 millones de euros), James Rodríguez (75 millones), Kaká (67 millones), Luis Figo (60 millones), Luka Jovic (60 millones) y Eder Militao (50 millones de euros).

Sentencia del Supremo

Las ECU son entidades privadas de carácter técnico, con personalidad jurídica propia, que están homologadas por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para el desempeño de funciones de verificación, inspección y control de actuaciones urbanísticas. Se trata de un polémico modelo que delega en manos privadas el control de una obra que debe realizar una Administración Pública. No todos los Ayuntamientos trabajan con estas figuras. Una sentencia del Tribunal Supremo, de septiembre de 2020, que no menciona específicamente a las ECU, deja claro “que los procedimientos administrativos son los medios a través de los cuales las Administraciones Públicas desarrollan su actividad pública y ejercen sus potestades, y estos han de realizarse preceptivamente por funcionarios”.

El tribunal recalca que “no es infrecuente que la Administración pueda acudir a la colaboración externa para la prestación de servicios públicos en lo que se ha venido a conocer como la externalización en dicha prestación”. Es decir, lo que hacen las ECU. Pero “ni se trata de un servicio público, en sí mismo considerado, sino de una propia actuación administrativa interna mediante la cual pueden dictarse los actos administrativos que, ellos sí, pueden comportar esa prestación de servicios; ni el ejercicio de dicha actividad puede encomendarse a personal ajeno a la Administración”.

La sentencia versaba sobre si la Confederación Hidrográfica del Guadiana había actuado correctamente al delegar en la mercantil estatal Tragsatec el “auxilio material y asistencia técnica en la tramitación de los expedientes sancionadores”, competencia del organismo de cuenca. A juicio del Supremo, el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo sancionador, más en concreto, “es una función inherente al cuerpo de funcionarios, ya que son los únicos que cumplen los requisitos legales para poder llevarlos a cabo”. Un particular había impugnado la multa porque lo tramitó una empresa de servicios como las ECU.

El montaje de 'Las metamorfosis del Guernica', creado por la productora de contenidos francesa Lucid Realties y por el programa internacional de tecnología para el arte VIVE Arts ofrecerá del 8 de abril al 6 de septiembre un recorrido por la historia de la obra, explicó el Museo Picasso de París este viernes en un comunicado.

Eso incluye el pabellón de la República española en la Exposición Internacional de París en 1937, para el que se le encargó al artista malagueño el cuadro, las ruinas de la ciudad vasca de Gernika tras el bombardeo que lo inspiró, el taller de París donde lo pintó, así como su trasiego hasta su instalación definitiva en el Reina Sofía.

Para que los espectadores sigan el relato, se ha recurrido a las voces de dos testigos privilegiados, el escritor Juan Larrea, que era miembro de la delegación republicana española en la exposición y Dora Maar, la artista y compañera de Picasso.

El museo de París hace hincapié en que el activismo antifascista de Dora Maar "fue determinante en el nacimiento de esta obra política" y que documentó su génesis con una serie de fotografías.

Con esta experiencia de realidad virtual, se busca completar la visita de las colecciones propias del Museo de Picasso de París con referencias a la que es una de sus obras más conocidas.

En particular las de la tercera planta, dedicadas al periodo que va desde finales de los años 1930 a la Segunda Guerra Mundial, incluido el periodo de la ocupación de Francia por los nazis.

Convertir una cocina pequeña en un espacio funcional y con personalidad ha pasado a ser una prioridad para muchos hogares. Aunque durante años se ha considerado una estancia reservada a tareas domésticas, actualmente la cocina se ha consolidado como un auténtico centro neurálgico del hogar, donde se comparten momentos familiares, se improvisan tareas y se recibe a los invitados de manera distendida. ¿Dónde quedó aquello que predijo Juan Roig, el dueño de Mercadona, que consistía en la sustitución de la comida preparada por la necesidad de una cocina?

Los expertos insisten en la importancia de adaptar la cocina a la vida moderna, donde el office muchas veces se convierte también en espacio de trabajo o en área de estudio. O, simplemente, en el reducto de las mejores conversaciones familiares. Este cambio ha motivado que la cocina deje de ser únicamente un lugar privado para adoptar un papel protagonista en la decoración de la vivienda. Según elmueble.com, tanto quienes están reformando como aquellos que buscan ideas para el futuro pueden encontrar inspiración en las siguientes diez recomendaciones, todas ellas orientadas a sacar el máximo partido al espacio y dotarlo de identidad.

Primeras claves de diseño para espacios reducidos: aprovechar el almacenamiento con colores claros

La tendencia hacia cocinas sin muebles altos figura entre las propuestas más actuales. Este enfoque genera una sensación de mayor ligereza y elegancia al eliminar los armarios de la parte superior, aunque mantiene el almacenaje integrando una pared que acomoda electrodomésticos como frigorífico, columna de horno y microondas, y provee espacio extra para guardar utensilios. Eso sí, este diseño requiere instalar una campana extractora empotrada en el techo, potente y eficiente, para evitar la acumulación de olores, un punto que los especialistas han subrayado como fundamental.

En cuanto a los acabados y pequeños detalles, los expertos de elmueble.com destacan la relevancia de los colores claros en el mobiliario cuando la superficie es limitada. No obstante, la personalidad se puede imprimir a través de ciertos elementos, como el suelo, el fregadero o la encimera. Por ejemplo, optar por suelo hidráulico o damero aporta un plus estético, mientras que los fregaderos de doble seno y diseño antiguo con frente visto evocan tradiciones y resultan prácticos. Las encimeras de mármol, además de originales, se consideran una apuesta segura siempre que se les apliquen los tratamientos protectores adecuados.

Para quienes buscan una solución intermedia entre cocina abierta y cerrada, los especialistas proponen un semicerramiento. Una pared de cristal separa la cocina del recibidor y puede servir además de apoyo al office, mientras que el lado opuesto permanece completamente abierto, facilitando la continuidad visual hasta el salón. En caso de cambiar de opinión, la instalación de un cerramiento adicional resulta sencilla, demostrando la versatilidad de esta propuesta.

Barras, iluminación y revestimientos insólitos

Muchas cocinas actuales recuperan guiños al pasado, según se recoge en elmueble.com. Así, el uso de listones de madera de pino con acabado miel en el antepecho remite a las estéticas de los años 80, con la diferencia de que hoy se acompaña de mobiliario blanco y frentes lisos para no restar luminosidad ni restar amplitud al espacio. En cocinas alargadas y angostas se recomienda utilizar los bajos de las ventanas como zonas de almacenaje y crear, además, pequeñas barras para desayunos. Un taburete discreto basta para convertir ese rincón en un lugar relajante en el que comenzar el día, a la vez que se aprovecha el espacio disponible bajo la ventana.

La iluminación es otro factor esencial que permite pasar de una cocina anodina a otra más confortable y práctica. Frente a los habituales downlights, la instalación de lámparas con focos dirigibles sobre soporte de madera aporta un aire cálido y original. La recomendación es complementar esta luz con tiras LED bajo los armarios, de modo que al cocinar se asegure una visibilidad óptima en toda la encimera, tal y como han explicado desde elmueble.com.

Otra estrategia para ganar luminosidad en cocinas poco expuestas al sol consiste en instalar ventanas interiores que comuniquen con áreas más iluminadas de la vivienda. Además, revestimientos porcelánicos estampados en tartán, más resistentes que la madera, pueden emplearse en la zona de la península sin sobrecargar visualmente el conjunto, dado que quedan parcialmente ocultos.

Acabados innovadores basados en el juego de colores y texturas

Las paredes no son el único recurso para ampliar el almacenaje. Cuando la cocina se sitúa junto a la escalera, se puede aprovechar ese espacio con cajones diseñados a medida y un pequeño mueble desayunador que oculte la cafetera y el microondas, maximizando así cada metro cuadrado sin perder funcionalidad.

El papel pintado ha consolidado su presencia como una opción decorativa resistente y fácil de mantener, sobre todo con la evolución de modelos vinílicos y lavables que soportan el uso intensivo típico de una cocina. En uno de los ejemplos destacados por elmueble.com, este material se ha colocado en la pared de la península y bajo la ventana, aportando al entorno un aire campestre y personalizado.

Para añadir contraste y sofisticación, una cocina blanca puede enriquecerse mediante una península revestida en madera oscura con mármol negro y una estantería a juego que aporten profundidad al conjunto. Los especialistas subrayan que el juego de colores y texturas ayuda a transformar un espacio neutro en otro mucho más elegante y atractivo.

Los arqueólogos se rebelan contra la Comunidad de Madrid. Piden al Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso que retire la licitación para contratar empresas especializadas que supervisarán que las obras de mejora en la red de suministro de agua no dañen yacimientos de valor histórico. El Colegio Profesional de Arqueología de Madrid asegura que la oferta económica presentada por el Canal de Isabel II (la empresa pública encargada de los trabajos) “denigra la profesión” y que “apenas está por encima del Salario Mínimo Interprofesional. Es una vergüenza”. A pesar de ello, seis empresas se han presentado al proceso de adjudicación. “Es verdad que la oferta no es muy generosa, ya veremos si al final salen las cuentas justitas”, explica una de ellas.

La Comunidad de Madrid necesita arqueólogos. El Canal ha destinado 67 millones de euros para ayudar a municipios pequeños, de menos de 2.500 habitantes, a renovar sus infraestructuras hidráulicas de alcantarillado. Se trata de 25 localidades que tendrán que hacer obras en sus términos municipales para mejorar la red que lleva el agua a sus vecinos. Obras que serán asumidas en un 76% por el Canal de Isabel II y el 24% restante mediante el establecimiento de la correspondiente cuota suplementaria en la futura factura de consumo. Pero estos trabajos conllevan una obligación: que los trabajos de excavación que se tengan que realizar no dañen posibles restos arqueológicos. Algo que obliga la ley madrileña de Patrimonio Cultural. Para ello, el Canal de Isabel II está dispuesto a pagar 581.000 euros por esta asistencia técnica que durará cuatro años.

Pero leyendo la letra pequeña del contrato, se establece que se trata de un acuerdo marco (en que participarán varias empresas) que se materializará en unos 30 contratos. La duración media de las obras asociadas a cada uno de esos contratos será de 12 meses. “De esta forma, se obtiene el siguiente importe mensual de los trabajos de control arqueológico del movimiento de tierras durante el desarrollo de las obras: una base imponible mensual de 1.335 euros”, que con el IVA se va a 1.615 euros. El Salario Mínimo Interprofesional se ha fijado desde este viernes en 1.221 euros en 14 pagas. “Es indignante. Cómo si fuéramos un peón de albañilería. No somos una profesión reconocida”, explica Carlos Caballero, portavoz del Colegio Profesional de Arqueología de Madrid.

Para el colegio, que tiene unos 359 miembros, es “una buena noticia” que el Canal convoque una licitación en la que se pretende contratar la vigilancia arqueológica de sus obras en 25 municipios, lo que “revela que el conocimiento y estudio de nuestro patrimonio arqueológico está por fin empezando a ser entendido como una parte ineludible de las obras civiles”.

Pero todo tiene matices, y “aquí hay uno muy serio” que desvirtúa por completo la aparente buena iniciativa del Canal de Isabel II: las condiciones laborales que se fijan para quienes tengan que realizar los trabajos de supervisión arqueológica, que establecen sueldos base de licitación ligeramente por encima del Salario Mínimo Interprofesional. “Lo que supone admitir que, siendo inevitable la presencia de profesionales de la arqueología en las obras civiles, lo mejor para el promotor es que hagan su trabajo en las peores condiciones posibles”, comenta Caballero.

Seis empresas

A pesar de estas críticas del Colegio, seis empresas se han presentado a la licitación, por lo que en principio les han parecido razonables las condiciones económicas fijadas por la Comunidad de Madrid. El portavoz de una de ellas, la firma zaragozana ‘Paleoymas’, sí reconoce, no obstante, que la oferta del Canal podría haber sido “más generosa”, pero que han hecho cuentas y en principio “sí nos salen”. Hay que tener en cuenta, explican, que los equipos arqueológicos no tienen que estar jornadas completas acompañando a los operarios del Canal. “Son trabajos específicos durante un periodo de tiempo determinado”.

Otro portavoz de otra de ellas, ‘Grupo 365 Arqueología’, explica que también han hecho sus cuentas y que, al ser un acuerdo marco, trabajarán en un paquete de obras que economizará los costes. “Hay que tener también en cuenta que nuestros arqueólogos tienen sus nóminas fijas. Su sueldo no depende de lo que va a pagar la Comunidad a las empresas que sean elegidas”.

El Colegio Profesional, no obstante, considera “que la licitación debería retirarse y volverse a convocar previa consulta a los agentes implicados, porque resulta inadmisible que, ante la falta de regulación y el imperio del libre mercado, una empresa pública de la Comunidad de Madrid precarice a toda una profesión”. Algo de lo que no tiene intención el Canal de Isabel II.

Alicia Torija, diputada de Más Madrid, está con los arqueólogos. “Una empresa pública como Canal de Isabel II debería velar en cualquier licitación por la dignidad profesional. Su oferta para el seguimiento arqueológico de obras en 25 municipios de la región y por varios años no ha comprendido en qué consiste verdaderamente la arqueología preventiva”, señala. ¿Por qué? Porque el pliego de condiciones deja claro que el equipo arqueológico estará supervisado por un director, un ingeniero elegido por el Canal.

“Considerar que una persona sin cualificación arqueológica será la responsable última de los trabajos denigra la formación que tienen los arqueólogos, cuestiona los resultados del trabajo y pone en peligro su independencia. El maltrato que el neoliberalismo más atroz ha ejercido en la arqueología de la región no puede justificar tampoco que desde la propia Comunidad de Madrid se amparen sueldos de miseria. Solicitamos que se retire la licitación y que se mejoren las condiciones que se ofertan”, subraya Torija.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad confirmó que este lunes, a partir de las 22, interrumpirá el tránsito en la autopista Illia -en sentido norte- y la avenida Cantilo durante 12 horas. Este cierre responde al avance de la obra sobre el nuevo Puente Labruna, donde se montarán ocho vigas, de 32,5 metros de largo y 50 toneladas cada una. El objetivo es completar la estructura central que pasa sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

Según comunicaron desde la cartera conducida por el ministro Pablo Bereciartua, el corte también afectará al Paseo del Bajo, en dirección norte, y al puente Scalabrini Ortiz, en el área de Retiro y Parque Norte. El tránsito ligero será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, mientras que los vehículos pesados deberán tomar la avenida Costanera para reintegrarse a Cantilo después del puente Labruna.

Además, la salida de Lugones a Udaondo permanecerá cerrada hasta fin de mes, con alternativas por la avenida Del Libertador, a la altura de General Paz, o por la salida a La Pampa.

Cómo serán las obras

El operativo de montaje de vigas es central para la modernización del Puente Labruna, que dará lugar a una estructura con mayor capacidad vehicular y mejores conexiones peatonales.

En enero se colocaron las vigas que cruzan Cantilo y en noviembre finalizó la instalación sobre Lugones, restando únicamente el tramo central sobre el ferrocarril, que permitirá duplicar los carriles existentes, pasando de uno a dos por sentido. De ese modo, se busca optimizar la circulación y mejorar la conectividad vial entre Udaondo, Lugones y Cantilo.

La obra, a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), implica la adecuación integral del Puente Labruna. El nuevo diseño contempla que la estructura actual será de sentido único a Udaondo, y se sumará una nueva rama con dos carriles en sentido al río.

Entre ambas se erigirá una amplia pasarela peatonal, de unos cuatro metros de ancho, acompañada por una bicisenda de 2,40 metros, separada mediante un cordón montable, facilitando así el acceso seguro para peatones y ciclistas.

Esta transformación beneficiará a instituciones y espacios de gran convocatoria en la zona, como el estadio Antonio Vespucio Liberti del Club Atlético River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación y el CeNARD, así como la Ciudad Universitaria y la Reserva Ecológica Norte.

El proyecto prevé áreas recreativas y verdes en los accesos y a lo largo del puente. Desde el Parque de la Innovación, el acceso al puente contará con pendientes suaves y explanadas, pensadas como espacios para el descanso y la recreación. En el sector contiguo al parque, donde la inclinación es marcada, se diseñó un aterrazado verde que funcionará como anfiteatro y zona de permanencia, además de un sector de juegos infantiles.

En el centro de la pasarela elevada habrá áreas destinadas a deportes, un sector gastronómico y múltiples zonas de descanso. Sobre todo el recorrido del puente se colocará un cantero central para aportar vegetación y mejorar la experiencia de quienes transiten diariamente por allí.

Las obras del Anillo La Pampa

En la zona de Núñez también se desarrollará una importante obra en paralelo a las innovaciones en el Puente Labruna: la construcción del Anillo La Pampa, un nuevo túnel vehicular y un puente peatonal, con forma de anillo, que vinculará la zona del Bajo Belgrano con el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata.

Para concretar el proyecto, que demandará una inversión de $57.440.000.000 y llevará 20 meses -a inaugurarse a fines de 2027-, Autopistas Urbanas (AUSA) inició los primeros trabajos que forman parte de la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel en la calle La Pampa, donde comenzó a cercarse la zona de obra.

El GCBA informó que se espera que entre fin de mes y principios de marzo se cierre Pampa, entre Lugones y Figueroa Alcorta para avanzar con el despliegue de más frentes de obra. La intervención urbanística alcanza una superficie total de más de 10.000 metros cuadrados.

Esto obligará a cerrar la salida de Lugones a Pampa y, por las obras del Puente Labruna, está cerrada la salida de Udaondo. Por ello, se coordinaron los cronogramas para que no se superpongan los cierres o, en todo caso, sea poco el tiempo en que estos estén superpuestos.

El nuevo centro penitenciario de Guipúzcoa, el de Zubieta, abrirá sus puertas seguramente en junio. Contará con 475 plazas: 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 más para régimen abierto y otras modalidades. Las celdas serán más espaciosas y contarán con duchas individuales, y la instalación tendrá piscina y frontón. El problema es que, a día de hoy, el Gobierno vasco está teniendo dificultades para rematar algunas de las actuaciones del nuevo proyecto: la habilitación de celdas de observación (para vigilar especialmente a reclusos problemáticos), el acondicionamiento de celdas de sujeción y la instalación de concertinas en el perímetro de seguridad.

El contrato licitado, valorado en 481.000 euros, ha quedado desierto. Así lo ha tenido que reconocer el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco en una resolución firmada el 4 de febrero. Ninguna empresa se presentó interesada en estas obras. La construcción de Zubieta, con un presupuesto de casi 39 millones, acumula retrasos. En principio, se esperaba su inauguración en 2024. Ahora se espera para este verano. La cárcel la construye el Estado a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), pero una vez terminada será cedida al Gobierno vasco, que asumió la gestión de los centros penitenciarios ubicados en el País Vasco en octubre de 2021.

Tras las visitas realizadas al nuevo centro por parte de distintos responsables del Departamento, “se ha determinado que la obra tiene una serie de carencias y deficiencias que no posibilitan su puesta en marcha antes de la subsanación de las mismas. Se ha acordado con el SIEPSE la subsanación de parte de estas deficiencias, si bien otras requerirán un proyecto ex profeso en el que se detallen las actuaciones a realizar”, señala la memoria justificativa del contrato que ahora ha quedado desierto. Son actuaciones enmarcadas en criterios de seguridad: celdas de observación, celdas de sujeción, las concertinas y la eliminación de zonas ajardinadas en los patios residenciales. El objetivo era realizar estos trabajos en 45 días, pero al quedar desierto el contrato, hay que tramitar una nueva licitación.

Las concertinas (alambres con cuchillas) deben instalarse en todo el recinto penitenciario, teniendo en cuenta que hoy no existe en ninguno de los puntos. “Estas se componen de una cinta de alambre dentado de acero inoxidable, de diámetro de 2.5 mm del tipo Graepel Barrier Zl o similar”, señala el pliego de condiciones. “La cinta de alambre dentado concertina ha sido concebida para reemplazar el alambre de hierro dentado estándar en su papel de disuadir, impedir y proteger”. El objetivo es trasladar a este nuevo centro los 339 reclusos que ya hay en la prisión de Martutene y una cantidad por fijar de presos de Zaballa, la cárcel con más población reclusa del País Vasco.

Celdas más grandes

En Zubieta las celdas serán más grandes: pasarán de los entre 9 metros cuadrados de media que hay en Martutene a los 13 metros cuadrados. Además, en la nueva prisión no habrá duchas comunitarias, sino duchas individuales, integradas en las celdas, además de un inodoro y un lavabo. Entre los servicios que tendrá en las celdas figura un televisor, un escritorio, una estantería y la cama. En el exterior, el complejo penitenciario, que abarca una superficie de 33.344 metros cuadrados, contará con instalaciones deportivas como un frontón, un campo de fútbol y un polideportivo. Además, cuenta con una piscina climatizada que combinará los usos terapéuticos y de rehabilitación con usos deportivos. También se han previsto espacios de recreo, talleres o huertos, entre otros servicios.

La cárcel de Zubieta cuenta con seis módulos que suman 232 celdas dobles. Los módulos se han previsto en función del perfil de los internos que la ocuparán. Así, se ha previsto un módulo específico para mujeres, con 25 celdas. Además, cuenta con un módulo con 52 celdas donde cumplirán condena los internos que se encuentren en régimen de semilibertad. El módulo de ingresos contará con 36 celdas y se ha previsto un módulo disciplinario con siete celdas. En este último son necesarias las obras del contrato que ha quedado desierto. El objetivo es que, una vez abierta Zubieta, la prisión de Martutene se derribará y se construirán en esos terrenos 400 viviendas protegidas.

Acciona está echando un pulso al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente. La constructora ha decidido paralizar las obras del puente del Centenario de Sevilla, el proyecto más importante que se está llevando a cabo en Andalucía, porque Transportes le ha cortado el grifo. Acciona había tramitado ya un segundo modificado (el primero sí fue aprobado) que elevaba el presupuesto de la obra, pero el Consejo de Obras Públicas, órgano colegiado consultivo del ministerio, ha emitido un informe desfavorable. No habrá más dinero. ¿Qué ha hecho Acciona?

De momento, la importante empresa dirigida por la familia Entrecanales ha parado las obras y ha contratado a la consultora Inca Patrimoniales (especializada en la gestión de contratos y las reclamaciones en infraestructuras) para que le ayude a posicionarse favorablemente ante futuras reclamaciones. Los expertos de Inca han trasladado a Esteba Tolosana (responsable del departamento de Gestión Contractual) y a otros directivos de Acciona que el objetivo “es identificar los motivos de la paralización total”. Para ello, si es necesario, hay que “identificar eventuales partidas ejecutadas que no se hayan certificado, figuren o no en el proyecto”, según documentación interna a la que ha tenido acceso este diario.

Llama la atención que en estas comunicaciones internas se hable abiertamente de identificar las partidas ejecutadas (las obras realizadas) que todavía no se hayan certificado, aunque incluso no estén en el proyecto inicial. La obra del Puente del Centenario fue adjudicada en 2021 a una UTE formada por Acciona, Tecade y Fressinet con un procedimiento que está en estos momentos bajo sospecha en la investigación que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. De hecho, tres exdirectivos de Acciona están imputados

El presupuesto de adjudicación fue de 86,4 millones de euros y ya en 2023, el Gobierno central aprobó una primera modificación del contrato por un importe de 16,4 millones de euros. “Es lo que suele pasar. Se licita a la baja para llevarse el contrato, sabedoras estas empresas que luego se aprobarán nuevos modificados que incrementarán el precio. Así pasó con el primer modificado, pero estalló el caso Ábalos y el ministerio ha cortado los pagos. Y eso que Acciona tenía preparados un tercer y cuarto modificado”, señalan fuentes del sector.

Es decir, a los 86,4 millones de euros anuales se sumaron luego otros 16,4 millones. Este segundo modificado incluía otra partida de casi 26 millones, hasta alcanzar ya los 128,7 millones de euros, casi un 50% más de lo previsto inicialmente. Acciona, asesorada por Inca, ha llevado ya a las obras a un notario para “dar fe de la paralización general de las obras, de los acopios presentes, de los medios auxiliares más significativos y tomar nota de los trabajadores allí presentes”. Luego, un perito también visitará los trabajos para hacer una valoración económica. Una valoración que le permita justificar a la empresa que sin esos modificados no puede asumir el proyecto.

Plazos no cumplidos

En cuanto a los plazos, las obras se adjudicaron para que se ejecutaran en 27 meses (dos años y medio), de forma que partían con el objetivo de estar finalizadas a finales de 2023. Sin embargo, ha pasado ya el doble de tiempo y no se vislumbra aún una fecha clara para terminar los trabajos, con el problema ahora de este parón. La última estimación, difundida por el propio ministro, situaba el plazo a lo largo de 2026, objetivo cada vez más difícil de cumplir. El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura. La Guardia Civil investiga ahora si Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, se llevó comisiones por esta obra.

La Comunidad de Madrid presentó este martes la estrategia con la que quiere convertir a la región en un referente mundial en el sector de los drones. Se trata de un plan dotado con 16 millones de euros que incluye el despliegue de una red de aeropuertos específicos para estas aeronaves no tripuladas, la implantación de un sistema que facilite el desarrollo empresarial con ayudas directas, y la puesta en marcha de un ‘dronódromo’ en la capital para pruebas de investigación. Sin embargo, este último proyecto no ha empezado con buen pie. El primer contrato para construirlo, licitado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, quedó desierto. Ninguna empresa se presentó.

La Fundación IMDEA Networks, un instituto de investigación dependiente de la Consejería, empezó a licitar el proyecto en julio de 2025. Ofrecía 209.000 euros para levantarlo en las instalaciones que esta fundación tiene en el municipio de Leganés, pero en septiembre tuvo que declararlo desierto porque ninguna empresa mostró su interés y se presentó. El 16 de diciembre volvió a licitar un nuevo contrato y subió su oferta económica a 250.600 euros. De momento, se han presentado dos candidatos. La Mesa de Contratación ha valorado como la mejor oferta la que ha presentado la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, una de las mayores compañías de ingeniería de España.

El Tribunal Supremo avaló el año pasado la multa de 20,3 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había puesto a Elecnor por formar varios cárteles que se repartieron durante años cerca de 200 concursos públicos valorados en 1.055 millones para la electrificación de la red de Alta Velocidad y la red convencional de ferrocarriles. Elecnor es un gigante con más de 20.000 empleados y amplia presencia internacional. Está controlada, a través de la holding Cantiles XXI, por familias de la nobleza española habituales de los rankings de mayores fortunas del país, como los Ybarra Careaga, los Mora-Figueroa, los González de Aguilar, los Domecq, los Morenés o los Real de Asúa Arteche.

Si finalmente el proyecto es adjudicado a Elecnor, el objetivo del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso es que el donódromo esté construido en cinco meses. El instituto IMDEA Networks, organización sin ánimo de lucro, quiere que el donódromo sea “una estructura ligera recubierta con un mallado totalmente permeable para el vuelo de drones, de forma que estos queden confinados en el interior del recinto”. La instalación será utilizada para realizar experimentos científicos “para el avance de nuevas tecnologías con alto potencial de integrarse en las futuras redes 6G. Gracias a su capacidad para probar tecnologías de comunicación avanzadas, este laboratorio permitirá desarrollar y evaluar redes más resilientes y adaptables, diseñadas para funcionar incluso en situaciones de desastres naturales en las que las comunicaciones convencionales se ven comprometidas”, señala la memoria del proyecto.

Un proyecto de 497 metros cuadrados

“Esta infraestructura singular y sus capacidades de pruebas tecnológicas lo posicionan como un recurso importante para la investigación y el desarrollo en el ámbito de la comunicación inalámbrica, y, por tanto, este laboratorio será especialmente valioso para la ciudad de Leganés e IMDEA Networks, como único laboratorio de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid”, explican desde la Consejería. La estructura del dronódromo no es muy compleja: el suelo se pavimentará con hormigón acabado con pintura de poliuretano; un soporte para colocar un mallado no metálico; y la ejecución de una mesa de control protegida por una marquesina. Con forma de pentágono irregular de 36,16 metros en su lado más largo y 3,64 y 15,63 metros en sus lados cortos. Su altura total es de 15 metros. El donómetro como tal ocupará 497 metros cuadrados.

Esta estrategia global de drones afecta a varias consejerías del Gobierno regional, ya que varias de las líneas de acción pasan por mejorar la prestación de determinados servicios públicos a través del uso de esta tecnología. Estamos hablando de una docena de proyectos con drones en áreas como medio ambiente, urbanismo, emergencias o sanidad. El proyecto en el ámbito sanitario es uno de los más llamativos: busca agilizar las entregas urgentes entre hospitales de materiales como medicamentos o reservas de sangre. El Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la región, también trabaja para usar drones en sus instalaciones subterráneas para detectar posibles fallos y averías. La red de suministro de agua de la región suma 2.500 kilómetros de galerías, muchos de ellos de difícil acceso. En el complejo de La Cantueña, en Fuenlabrada, la Comunidad estudia abrir la nueva escuela de formación de drones, que estará operativa a finales de año o a comienzos de 2027. Madrid es la segunda región de España en número de operadores de drones, con el 17% del total nacional.

Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y actual titular de FIBA Américas, falleció este martes a los 64 años tras una larga enfermedad.

La noticia generó conmoción en la comunidad del básquet argentino. La Confederación lamentó su pérdida a través de un comunicado y destacó el rol institucional de Borro. FIBA Américas, que presidía desde mayo de 2023, también expresó su pesar por la partida de uno de sus principales referentes regionales.

Borro asumió la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol en diciembre de 2019. Antes, se había desempeñado como vicepresidente durante la gestión de Germán Vaccaro y fue parte del proceso de reconstrucción después de una serie de crisis internas.

Su carrera como dirigente deportivo comenzó en el club Obras Sanitarias, donde fue presidente desde el año 2000 y mientras ocupaba otros cargos dentro del ámbito deportivo. En 2013 fue elegido presidente de la Federación de Básquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires (FeBAMBA). En 2014 asumió la presidencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), cargo que mantuvo hasta 2019.

“La Asociación de Clubes de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente de la AdC y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. Durante su gestión en AdC, como presidente y como vicepresidente, fue uno de los principales impulsores de una transformación estructural profunda, orientada a consolidar un ecosistema deportivo moderno, sostenible y competitivo a nivel continental. Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este doloroso momento”, fue el comunicado de la Liga Nacional.

Clubes y federaciones se sumaron a los mensajes de despedida. “Lamentamos el fallecimiento de Fabián Borro, ex-presidente de CABB y presidente de FIBA Américas. A su familia y allegados, nuestro más sentido pésame”, publicó la selección de Uruguay.

“El Club Ferro Carril Oeste despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, expresidente de la Confederación Argentina de Básquet quien ejercía el cargo de Presidente de FIBA Americas y Obras Basket. Nuestras condolencias a la familia y amigos”, sumó el Verdolaga.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BÁSQUET

La Confederación Argentina de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. A sus 64 años, se desempeñaba desde mayo de 2023 como presidente de FIBA Américas y del club Obras Sanitarias.

Fabián Borro asumió la conducción de la CAB en un momento particularmente complejo, con el desafío de reconstruir, modernizar y proyectar una institución clave para el deporte nacional. Durante su gestión, entre 2019 y 2023, dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la modernización de la gestión, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo.

Durante toda una vida de compromiso dirigencial, su recorrido abarcó todos los niveles del básquet argentino y continental: presidió el Club Obras Sanitarias de la Nación desde el año 2000, impulsando el desarrollo formativo y la modernización de su infraestructura; condujo FeBAMBA fortaleciendo el entramado deportivo del Área Metropolitana de Buenos Aires; tuvo un rol determinante en la Asociación de Clubes como vicepresidente y presidente, consolidando La Liga Nacional y el crecimiento del básquet profesional; encabezó la Confederación Argentina de Básquetbol con una agenda de transformación institucional; y representó al país a nivel internacional hasta alcanzar la presidencia de FIBA Américas, siempre con la misma convicción de trabajo, innovación y desarrollo.

En la CAB, Borro impulsó una agenda orientada a fortalecer el crecimiento integral del básquet en todo el país, poniendo especial énfasis en la formación de talentos, la mejora de la infraestructura, la capacitación permanente de entrenadores, árbitros y dirigentes, y la consolidación de competencias nacionales con estándares cada vez más altos. Su mirada comprendía al básquet no sólo como competencia, sino como una herramienta educativa, social y cultural.

Uno de los ejes centrales de su presidencia fue la inclusión y la equidad de género, promoviendo políticas concretas que ampliaron y fortalecieron el básquet femenino en todas sus categorías, así como también la participación de mujeres en espacios de decisión. A ello se sumó una firme apuesta por la innovación tecnológica, modernizando procesos de gestión, comunicación y organización, convencido de que la vanguardia era indispensable para el crecimiento sostenido del deporte.

En el plano internacional, representó al básquet argentino con compromiso y capacidad de liderazgo, fortaleciendo los vínculos con FIBA y posicionando nuevamente a la Confederación como un actor respetado en el escenario regional y global.

Más allá de los cargos, Fabián Borro fue un dirigente apasionado, con una enorme vocación de trabajo, una mirada moderna y una convicción inquebrantable sobre el rol del básquet en la construcción de futuro. Su legado perdurará en las estructuras que ayudó a consolidar y en cada proyecto que pensó con la próxima generación en el centro.

La Confederación Argentina de Básquetbol acompaña a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este momento de profundo dolor, y honra su memoria con el compromiso de continuar el camino que ayudó a trazar.

La actividad vinculada a la construcción en Argentina enfrentó un inicio de año con señales de desaceleración, según el Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de materiales para la construcción por las empresas que integran ese grupo. En enero de 2026, este indicador registró una caída mensual desestacionalizada de 11,6%, y quedó 1,1% por debajo de enero de 2025, según el informe divulgado por el propio Grupo Construya.

El Índice Construya agrupa una canasta amplia de productos que van desde ladrillos cerámicos, cemento portland y aceros largos hasta carpintería de aluminio, pinturas impermeabilizantes, sanitarios y materiales eléctricos y electrónicos. El desempeño de enero, explicaron desde la entidad, refleja un comportamiento típico de ajuste tras la finalización del año previo. “La caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela”, señalaron en el informe. En ese sentido, advirtieron que “el comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”.

El descenso interanual de 1,1% marca que la demanda de insumos no solo retrocedió respecto al mes previo, sino que también quedó por debajo de los niveles observados en el mismo mes de 2025. El fenómeno se da después de un último tramo de 2025 con ciertos avances, aunque fluctuantes, en la venta de materiales.

Contraste con los datos de diciembre

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ofrecen otra perspectiva del sector, con cifras que contemplan todo 2025 y la evolución de la actividad de construcción en diciembre del año pasado. Según el informe oficial publicado recientemente, la actividad de la construcción creció 6,3% durante 2025 en comparación con 2024. El crecimiento del año pasado incluye variados meses con desempeños positivos que compensaron algunos períodos de retroceso, según la estimación oficial.

El organismo estadístico señala que en 2025 solo dos meses tuvieron caída interanual: enero y noviembre, mientras que el resto del año mostró variaciones positivas. En diciembre de 2025, último mes con dato disponible, el sector marcó una suba interanual de 2,9%, revirtiendo la tendencia negativa de meses previos.

La lectura oficial destaca que, si bien el año anterior fue marcado por dificultades y un contexto externo complejo, el índice total del sector cerró con una mejora. El avance acumulado del 6,3% contrasta con la caída que experimentó la actividad en 2024, año en que la construcción mostró un desempeño muy por debajo de la media histórica.

Diferencias metodológicas: qué mide cada indicador

Es importante considerar que tanto el Índice Construya como las cifras del Indec utilizan metodologías distintas y periodos de referencia distintos, por lo que no se puede hacer una comparación directa de tasas entre ambos para un mismo mes sin tener en cuenta esas diferencias metodológicas.

El Índice Construya se centra en la demanda de insumos para la construcción vendidos al sector privado, lo que refleja en gran medida la actividad del segmento de obras privadas y la inversión en materiales. Su caída en enero da cuenta de un menor dinamismo del lado de las compras de insumos que, normalmente, se traducen en obra en desarrollo.

Por su parte, el Indec mide la actividad total de la construcción a través del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que incluye insumos, mano de obra y otros aspectos de la producción ligada al sector, así como obras públicas y privadas. El ISAC de Indec, además, está diseñado para mostrar tendencias generales de la actividad económica sectorial.

La Comunidad de Madrid no ha penalizado a la empresa que gestiona uno de los tres lotes de mantenimiento del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social (AVS). Y eso que la firma (Fatecsa Obras SA, hoy renombrada como FTC Obras) ha incumplido el contrato, lo que ha obligado al Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso a tener que tramitar otro contrato de emergencia para que otras compañías privadas hagan el trabajo que no puede hacer FTC. La seguridad de los inquilinos de 80 viviendas estaban en juego, ya que se habían detectado anomalías en estas calderas, que “suponen un riesgo inminente de rotura en los circuitos de gas y agua, lo que podría derivar en fugas, intoxicaciones por CO, incendios o explosiones”. Además, la carencia de calefacción y agua caliente “en pleno periodo invernal hace incompatible la permanencia digna y segura de los residentes”.

Alexandre Abalde Costas, consejero delegado de FTC y uno de sus accionistas, asegura a Infobae que la AVS no le ha comunicado ninguna penalización ni la rescisión del contrato, a pesar de que esta agencia regional ha tenido que gastarse de urgencia 242.000 euros para que cuatro compañías puedan cambiar las 80 calderas que ponen en peligro la seguridad de los inquilinos de otras tantas viviendas públicas. “La Comunidad de Madrid es el cliente y puede hacer lo que crea oportuno, pero no nos ha comunicado nada”, se reafirma Abalde. Y eso que el pliego del contrato formalizado en mayo de 2022 entre Fatecsa y la AVS establece una serie de penalizaciones por incumplimiento de contrato. El contrato era de dos años, asciende a 5,9 millones de euros y podía ser prorrogado. De hecho, la Comunidad lo hizo en octubre de 2025 por otros seis meses.

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Estas penalizaciones oscilan entre el 3 y el 10% del importe de facturación que corresponda a la intervención que no se haya producido o ejecutado superando los tiempos estipulados. “Nosotros solo cobramos por los trabajos hechos, no por los que no hemos realizado” señala Abalde. La AVS tiene contabilizado que esta empresa ha tardado como tiempo medio de respuesta ante una incidencia unos 68 días, cuando el acuerdo establece un máximo de 48 horas. La AVS calcula que cada sustitución de emergencia le costará ahora 2.500 euros. Pero no aclara, a preguntas de este diario, si va a penalizar a Fatecsa o si piensa rescindirle el contrato. Y eso que Fatecsa (ahora FTC Obras) es un viejo conocido de la Administración pública madrileña.

En abril de 2021, Fatecsa fue una de las empresas a la que la Consejería de Sanidad recurrió para licitar varios contratos de emergencia para construir el hospital Isabel Zendal. Esta firma construyó uno de los aparcamientos del centro sanitario por 2.352.361 euros. Con fondos europeos, la Comunidad de Madrid también adjudicó en noviembre de 2024 por 16,3 millones de euros a FTC Obras (asociada en este proyecto con Arnó Infraestructuras) la construcción de una promoción de 90 viviendas protegidas y 135 plazas de aparcamiento en el municipio Villa del Prado. Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que la situación económica de FTC es tan mala que no pueden acabar el proyecto. “Es verdad que estamos teniendo nuestras dificultades y que nos gustaría ir a un ritmo más rápido. Nuestra intención es poder llevar a cabo este proyecto”, matiza Alexandre Abalde. Esta empresa también tiene varios proyectos de vivienda protegida con el Ayuntamiento de Madrid que pueden verse comprometidos.

Contratos con institutos

Alexandre Abalde ya tuvo cargos de responsabilidad en Uncisa Construcciones e Infraestructuras, una empresa que hace años fue adjudicataria (bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes) de las obras de varios institutos públicos que finalmente no pudo terminar. “Yo solo era empleado de esa constructora. Las cosas no salieron bien y al final se tuvo que dar los contratos a otras empresas para que terminaran los centros educativos”, explica Abalde. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, lleva este jueves a la Asamblea de Madrid una pregunta de control al Gobierno de Ayuso sobre esta sociedad. “Que el PP de Madrid adjudique millones de euros públicos, a lo largo de los años, a empresas en las que aparece la misma persona que incumple contratos y que no cumple con su cometido no se puede explicar solo por negligencia o incompetencia. Tiene que haber algo más para tropezar tantas veces con la misma piedra y, conociendo a la derecha madrileña, nos esperamos lo peor. Desde Más Madrid vamos a seguir indagando para defender el dinero de los madrileños”, señala el parlamentario.

AENA cree que ya ha llegado el momento de hacer una profunda renovación de la red que distribuye agua potable al aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos, que actualmente tiene uso civil y militar y que es sede del Real Aero Club de España (RACE). El gestor estatal de aeropuertos está licitando un contrato para mejorar “la red de distribución de agua mediante la sustitución de tuberías obsoletas o que no cumplen la normativa vigente”. Y es que AENA reconoce que muchas de las tuberías de la red están hechas de fibrocemento, un material prohibido en toda la Unión Europea desde 2001. El fibrocemento está compuesto de cemento y amianto (asbesto), que puede provocar cáncer al deteriorarse y liberar fibras contaminantes. La licitación empezó a tramitarse a finales de enero y el presupuesto es de 547.000 euros.

“En la actualidad existen tramos de la red de distribución de agua que son potencialmente peligrosos por el riesgo de rotura, a lo que se suma el progresivo empeoramiento de la calidad del agua. Debido al deterioro que presentan las tuberías de fundición y fibrocemento de esta red debido al paso del tiempo, es necesaria una actuación de mejora de la instalación a través de la sustitución y/o reparación de aquellos tramos de tubería que se encuentren en estado muy deteriorado (desgaste, oxidación y rotura de tuberías o accesorios) o aquellos que, por normativa actual vigente, se deben sustituir (tuberías de fibrocemento)“, señala la memoria justificativa del contrato. Otro de los objetivos de la obra es que el RACE y el aeropuerto tengan redes de suministro independientes.

Cuatro Vientos se convirtió en aeropuerto militar en 1911, donde se instaló la Escuela de Mecánicos. En 1936 se autorizó para vuelos civiles. El RACE, por su parte, llegó a estas instalaciones en 1947. Fue calificado como aeropuerto de interés general en julio de 1971. Está destinado a vuelos de aviación general (835 operaciones en 2024), por lo que no existe tráfico de pasajeros como si fuera un aeropuerto comercial. De hecho, en este aeródromo solo está autorizado el tránsito VFR (vuelos dentro de las reglas de vuelo visual, es decir, el piloto es el responsable de la separación del tráfico). Actualmente, es escenario de la mayor parte de la aviación deportiva de Madrid, sirve para clases de formación y es utilizado por empresas privadas. La DGT y la Policía Nacional también tienen allí una pequeña base.

La propia memoria de las obras a ejecutar revela que hay localizados 230 metros de diferentes tramos de tuberías en fundición y fibrocemento que hay que sustituir. Trabajos que está previsto duren unos nueve meses después de que se adjudiquen oficialmente. “Aunque el aeropuerto haya realizado las reparaciones oportunas, sigue habiendo tramos potencialmente peligrosos por riesgo de rotura-fuga, a lo que se le suma el progresivo empeoramiento de la calidad del agua. Por lo tanto, las deficiencias existentes en la red no se deben a un mal diseño de esta en cuanto a dimensionamiento de las tuberías, sino al deterioro que presentan tuberías de fundición y fibrocemento debido al paso del tiempo", explica la memoria técnica del proyecto.

Contadores eléctricos

Todos los contadores de la red existente están en buen estado, pero “con el objeto de actualizar la red y de permitir la lectura telemática de los mismos se prevé su sustitución por contadores digitales”, que permitirán enviar información al proveedor de agua (el Canal de Isabel II). Esta información incluye el consumo de agua en tiempo real y otros datos importantes, como la presión y la temperatura del agua". Por otro lado, se prevé independizar el suministro de agua con toma al Canal entre el aeropuerto y los usuarios del RACE. Todas las instalaciones del aeropuerto: terminal, torre de control, la cantina, el halconero, la central eléctrica y las sedes de distintas empresas privadas consumen 107.000 litros de media al día.

ADIF comenzó en el verano de 2021 a cambiar miles de traviesas de la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Sevilla. Aunque las traviesas (los elementos transversales de hormigón que sujetan los raíles, manteniendo el ancho de vía) no están en el foco de la investigación como la causa del trágico accidente de Adamuz, el gestor ferroviario reconoce en un documento oficial que ya en 1994, dos años después de la inauguración del AVE, se detectaron las primeras fisuras en las traviesas instaladas, del tipo AI-89, las cuales fueron progresando con el paso del tiempo “tanto en anchura como en longitud”. Hasta el año 2007, ADIF estuvo cambiando las que estaban en condiciones más degradadas, aunque sin un plan formal de sustitución. Ni bajo los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se presupuestaron proyectos de sustitución.

No fue hasta 2019 cuando ADIF inició un proyecto más serio de sustitución que programó en varias fases. En esa primera fase, el objetivo solo se centró en el 63,3% de las 109.820 traviesas que se identificaron en “condiciones degradadas”. Un primer contrato que se adjudicó en febrero de 2019 sirvió para comprar 69.597 de las 109.820 traviesas en mal estado. La licitación se lo llevó la UTE de empresas Andaluza de Traviesas y Prefabricados Delta por 6.134.871 euros. Entonces ADIF identificaba ya dos tipos de grietas, la G1, cuya anchura está comprendida entre 1 y 2 mm sin abarcar toda la zona entre sujeción y mitad de traviesa; y la G2, grietas cuya abertura superan los 2 mm y abarcan la zona comprendida entre la sujeción y el eje de la traviesa. En ese momento se decidió actuar en aquellos tramos de vía de 200 metros donde se hubieran detectado más del 30% de traviesas “con grietas de tipo G1 y/o G2″. ADIF pagó 74,51 euros por cada traviesa y su transporte. La UTE tenía nueve meses para entregar el material.

Pero luego había que colocar las traviesas. No fue hasta julio de 2021 cuando ADIF adjudicó este nuevo contrato a la UTE formada por Acciona, Comsa y Tecsa por otros 6.631.930 euros. Las traviesas que se cambiaron en esta primera fase estaban entres los puntos kilométricos 268 y 460,6 de la vía I y entre el 267 y el 465,2 de la vía II. Aquí está incluido el kilómetro 318, el punto donde en principio se pudo romper la soldadura del carril (según las primeras hipótesis de la investigación del accidente de Adamuz). Las traviesas instaladas en el AVE cuando se inauguró son de tipo AI-89 (monobloque dispuestas cada 60 centímetros). Las nuevas son tipo AI-VE (monobloque de hormigón con armaduras) y cada una pesa 334 kilos. Los trabajos duraron nueve meses.

La fase 2 no llegó hasta abril de 2022. La empresa ‘Prefabricados Delta’ fue la elegida para suministrar otras 96.853 traviesas monobloque tipo AI-VE, de las que 18.796 deberán llevar colocadas un par de suelas bajo las mismas y que se iban a utilizar para renovar los tramos de vía que pasan por 18 viaductos. Estas suelas son sistemas elásticos confeccionados a medida para reducir las necesidades de mantenimiento, aumentar la calidad de la vía y brindar una atenuación de vibraciones. ADIF abonó 8.627.921 euros por estos materiales. La unidad cuesta 73,15 euros, según el pliego, un poco más económica que las adquiridas para la fase 1.

En la fase 2, también el balastro

Las obras para colocar las traviesas de esta fase 2 fueron adjudicadas en agosto de 2023 a otra UTE de empresas formadas por Agrupación Guinovart, Azvi, Contratas y Ventas y Ferrovial. Al ser una obra más delicada (por los acueductos) el coste se elevó hasta los 34,6 millones de euros. Los trabajos también conllevan una renovación de parte del balastro de la vía. El balastro está formado por esas piedras de grava que hay entre las traviesas, como una alfombra de piedra, que ayuda a soportar el peso del tren, distribuye cargas, amortigua vibraciones y permite el drenaje de agua. En esta fase 2 se quieren sustituir 123.732 traviesas que según ADIF están “defectuosas” y que se ubican entre los puntos kilométricos 360 y 425. Se están utilizando 234.000 metros cúbicos de balastro.

Esta fase 2 conllevó una compra adicional de 130.000 traviesas a 74,7 euros la unidad que volvieron a suministrar tres firmas especializadas del sector: ‘Prefabricados Delta’, ‘Andaluza de Traviesas’ y ‘Traviesas del Norte’ por 13,4 millones de euros. La compra se oficializó en febrero de 2024. Ahora estamos en la fase 3. Una nueva fase que comenzó en noviembre de 2024 con la adquisición por parte de ADIF de 80.000 traviesas para que sustituyan a las que están situadas entre los kilómetros 170 y 228,4 de la vía. El coste ha sido de 8.354.082 euros. Su colocación ha sido un contrato aparte, adjudicado en diciembre de 2024 por 9.584.531 euros.

El objetivo de esta tercera fase es colocar 73.333 traviesas. Aquí ADIF habla de nuevo que todas ellas son “defectuosas”. En estas tres fases el gestor ferroviario ya ha invertido 83,3 millones de euros entre compra de material y ejecución de los trabajos. Desde el ministerio de Transportes se dan otras cifras distintas a las de los pliegos. En la primera fase ya se han sustituido más de 71.000 traviesas, y ahora se está llevando a cabo la segunda fase para cambiar otras 123.732. No han empezado las fases tres y cuatro, que contemplan respectivamente la colocación de 73.000 y de 290.000 nuevas traviesas, 636.000 en total. Por lo que quedarían todavía 363.000 por renovar.

La administración central ha impulsado en los últimos años diferentes proyectos de infraestructura, seguridad y programas sociales que buscan transformar la calidad de vida en los cuatro distritos que conforman el municipio de Sonsonate Norte, ubicado en el occidente salvadoreño.

Según declaraciones de Hugo Ernesto Zavaleta, alcalde de Sonsonate Norte, el trabajo coordinado entre la alcaldía y el Gobierno de El Salvador ha permitido avances tangibles en áreas clave como acceso al agua, conectividad vial y recuperación de espacios públicos, además de reforzar la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el alcalde, los distritos de Nahuizalco, Juayúa, Santa Catarina Masahuat y Salcoatitlán han experimentado un cambio evidente tras la implementación de políticas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo. Zavaleta afirmó que hace algunos años “existieron fronteras invisibles, nadie podía pasar de un lugar a otro. Hoy eso se terminó realmente y agradecemos porque hemos podido notar que la gente puede transitar con tranquilidad”.

El jefe edilicio afirma que la disminución de la violencia ha tenido un impacto directo en la plusvalía de las viviendas y en el regreso de familias que antes emigraron por la inseguridad.

En consonancia con ese desarrollo, Zavaleta destacó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó recientemente un proyecto de pozo de agua en el cantón El Cerrito, en Nahuizalco, que beneficia a más de 822 familias. La obra, largamente esperada, ha permitido el acceso permanente al agua potable, luego de más de 15 años en los que los habitantes dependían de servicios intermitentes. “Se perforó un pozo de más de 300 metros de profundidad, se ha hecho todo su tanque, su proyecto es completo y de esa manera estamos abasteciendo”, explicó el alcalde durante la entrevista AM.

Según el alcalde, la conectividad vial también ha sido una prioridad. En ese sentido, mencionó sobre la firma de convenios con el Fondo de Conservación Vial (Fovial) para la pavimentación de calles estratégicas, entre ellas la vía que une Salcoatitán con Santa Catarina Masahuat. “El año pasado, ya como alcalde de Sonsonate Norte, se lograron pavimentar 2.4 kilómetros y ahora se están ejecutando acciones para continuar con más de tres kilómetros adicionales”, informó. Estas obras buscan facilitar el tránsito entre distritos y potenciar el desarrollo económico, en especial para comunidades históricamente relegadas.

El impulso al turismo constituye otro eje relevante en la estrategia de desarrollo. Los distritos de Sonsonate Norte forman parte de la Ruta de las Flores, atractiva por su oferta turística y sus tradiciones.

El edil subrayó que la revitalización de los centros históricos y la recuperación de parques y canchas deportivas han dinamizado la economía local, generando mayor afluencia de visitantes, en especial durante las festividades de fin de año. “Nahuizalco prácticamente todo diciembre estuvo lleno entre semana, pero sobre todo los fines de semana. Eso hace que Nahuizalco sea uno de los destinos turísticos de noche”, precisó.

En el ámbito social, la alcaldía ha desarrollado programas de prevención y promoción cultural. Escuelas de karate, danza folclórica y moderna, así como proyectos para la preservación de la lengua náhuatl en comunidades originarias, forman parte de las apuestas para la juventud. Zavaleta relató que “hay niños de tres a cinco años aprendiendo náhuatl en Nahuizalco y Santa Catarina, pueblos originarios que buscan rescatar su identidad”. Incluso, jóvenes han implementado un “call center” para dar clases virtuales a personas interesadas en la lengua, lo que representa una fuente de ingresos adicional.

La mejora del alumbrado público ha sido otro punto de intervención. La instalación de lámparas solares en zonas rurales, especialmente en comunidades catalogadas como de pobreza extrema, ha reducido los costos para la población y mejorado la seguridad. El alcalde puntualizó que “poner una lámpara solar permite que a la población no se le cobre y eso ayuda a quienes viven en condiciones económicas difíciles”. Además, el mantenimiento de luminarias y la priorización de áreas agrícolas permiten que los habitantes transporten sus productos en horarios nocturnos con mayor tranquilidad.

El trabajo interinstitucional ha sido constante, con reuniones periódicas entre la alcaldía, la Policía Nacional Civil (PNC) y otras entidades estatales para diseñar planes de seguridad y contingencia, especialmente durante eventos masivos y festividades. Zavaleta aseguró que “tenemos más de un año de no tener ningún homicidio en Sonsonate Norte”, resultado atribuido a la coordinación entre niveles de gobierno y la participación de la comunidad.

Para 2026, la alcaldía prevé continuar con proyectos de pavimentación en colonia La Majada; mejorar calles emblemáticas en Los Naranjos y reforzar el alumbrado en comunidades que históricamente estuvieron en la oscuridad. La visión oficial apunta a una cobertura total del alumbrado público y la intervención de zonas vulnerables, siempre en diálogo con las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adesco) para priorizar necesidades.

La apuesta del gobierno en Sonsonate Norte refleja una estrategia integral enfocada en seguridad, infraestructura, desarrollo social y preservación cultural, con la participación activa de la comunidad y la coordinación de diferentes entidades estatales.

Antes de que arranque 2026, el sector constructor en Bogotá y Cundinamarca ya hace cuentas finas. No solo por lo que viene en materia de demanda, sino por un frente que preocupa cada vez más a los empresarios, el aumento de los costos de producción y su impacto directo en la viabilidad de nuevos proyectos de vivienda.

Esa inquietud quedó sobre la mesa durante el Encuentro de Perspectiva Económica 2026 (EPE 2026), organizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca. Allí, el gremio presentó una radiografía del momento que atraviesa la actividad edificadora y de los factores que, según el propio sector, marcarán el pulso del próximo año.

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Una encuesta aplicada entre los empresarios reveló cuatro focos de presión claros. El más citado fue el costo de la mano de obra, mencionado por el 91% de los consultados. Le siguieron los desistimientos y la velocidad de las ventas, con un 72%; las tasas de interés, señaladas por el 65%; y, en el mismo nivel, el aumento en los costos de los insumos.

El gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Edwin Chiriví, fue el encargado de abrir el encuentro con un balance que combinó resultados recientes y alertas hacia adelante. Entre los elementos que seguirán empujando los costos al alza, destacó el incremento del salario mínimo para 2026, una variable que, si bien mejora el ingreso de los trabajadores, también eleva de forma significativa la estructura de costos de las constructoras.

Las proyecciones que maneja el gremio no son menores. De acuerdo con la medición presentada, el 35% de los empresarios estima que los costos de producción podrían aumentar más de un 11% durante 2026. Otro 26% calcula incrementos entre 9% y 11%, mientras que el 24% prevé alzas entre 7% y 9%. En contraste, solo un 4% considera que el aumento estaría entre 5% y 7%, y apenas un 2% cree que será igual o inferior al 5%.

Pese a ese escenario exigente, el balance regional ofrece un matiz distinto frente al panorama nacional. Chiriví insistió en que la capital y su área de influencia mostraron un mejor comportamiento relativo. “El mercado de Bogotá y Cundinamarca ha mostrado mayor resiliencia y una mejor dinámica de recuperación frente al promedio nacional”, afirmó durante su intervención.

Las cifras de actividad económica respaldan esa lectura. Según Camacol, el PIB edificador en Bogotá registró un crecimiento de 5,4%, con varios trimestres consecutivos en terreno positivo. “Este desempeño contrasta con la dinámica nacional, que acumuló trimestres negativos”, explicó el directivo, al señalar la diferencia entre la región y el resto del país.

El ritmo de ventas también refuerza esa brecha. Al cierre de 2025, el sector vivienda en la región reportó un crecimiento del 17% en ventas. En el caso de Bogotá, los niveles superaron en 5% los registros previos a la pandemia, mientras que, a escala nacional, el mercado aún se mantiene 14% por debajo de esos niveles.

Con ese telón de fondo, el mensaje del gremio fue claro, el entorno de costos será retador, pero no paralizante. Para Chiriví, el desafío está en anticiparse y tomar decisiones oportunas. “Debemos mapear y gestionar soluciones efectivas frente a los desafíos que enfrentamos para 2026. Confiamos en que este espacio permita comprender mejor los efectos económicos y de política pública que marcarán el próximo año”, señaló.

Así, entre señales de recuperación y alertas por el encarecimiento de producir vivienda, el sector entra a 2026 con una mezcla de cautela y confianza, consciente de que el margen de maniobra será más estrecho, pero con una región que, por ahora, sigue mostrando mejores señales que el promedio del país.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, quiere gastarse 34.780 euros en restaurar 22 “lámparas de estilo” que están en el Palacio de Villamejor, hoy sede de este ministerio. En el palacio, construido entre 1885 y 1893 por Ignacio de Figueroa, marqués de Villamejor, nació María de las Mercedes, madre de Juan Carlos I. También llegó a ser sede de la Presidencia del Gobierno, donde se celebraron multitud de Consejos de Ministros. En 1976, los Consejos se trasladaron al Complejo de la Moncloa, y el inmueble se quedó entonces como destino de varios ministerios. Tras muchas remodelaciones hechas durante todo el siglo XX, el palacio sigue siendo hoy un pozo sin fondo para las arcas públicas.

El ministerio está licitando un contrato para restaurar estas 22 lámparas “con el fin de devolverles su apariencia original y garantizar su perdurabilidad, necesidad que surge tras realizar las obras de restauración integral del Palacio de Villamejor”, reza la memoria justificativa del contrato. Desde mediados de 2022, el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se ha gastado más de ocho millones de euros en diversas reformas porque el palacio presentaba numerosas patologías en sus fachadas y cubiertas que se detectaron en el acta negativa de la Inspección Técnica de los Edificios (ITE) del Ayuntamiento de Madrid. Ahora le he llegado el turno a estas lámparas.

La empresa que finalmente gane la licitación, deberá restaurar y limpiar los componentes de las lámparas, reponer elementos dañados, actualizar el sistema eléctrico, comprobar su funcionamiento y trasladar estos elementos decorativos hasta el taller. Está previsto que estos trabajos duren tres meses. La adjudicataria deberá recoger las lámparas, que se encuentran tanto en el Palacio Villamejor, sito en Paseo de Castellana n.º 3 de Madrid, como en los almacenes ubicados en la C/Juan Zorrilla, n.º 1, para su traslado a los talleres del adjudicatario. Una vez restauradas, serán montadas e instaladas en el citado palacio".

Este contrato no conlleva el único gasto relativo a iluminación del palacio. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acaba de adjudicar a la empresa Imesapi otro contrato para la renovación integral de la iluminación artística exterior del edificio por un importe de 566.381,17 euros. La actuación permitirá dotar a este histórico edificio, declarado Bien de Interés Cultural desde el año 2002, de un nuevo sistema lumínico concebido para reforzar su presencia nocturna en el eje del Paseo de la Castellana, incorporando criterios actuales de eficiencia energética, control de la contaminación lumínica e integración arquitectónica.

Iluminación de la fachada

El proyecto se estructura en dos áreas principales: por un lado, la iluminación arquitectónica de la fachada principal, orientada al Paseo de la Castellana, y de los laterales norte y sur; y por otro, la puesta en valor de los espacios ajardinados, entre ellos el Patio de Fachada, el Patio de Acceso, el Patio Neomudéjar, el Patio Interior y los Patios de Macetas. El diseño lumínico persigue subrayar los elementos más representativos del lenguaje neoclásico del palacio, como la cornisa perimetral, los recercados de los huecos, las columnas, las pilastras de piedra o el escudo del frontón central. Para ello se empleará una iluminación de acento cálida con fuentes LED de alta reproducción cromática, “capaz de resaltar la textura y los materiales originales sin alterar su percepción”

Durante las últimas dos décadas, los suelos laminados tradicionales y los llamados flotantes dominaron el mercado de las reformas. Económicos, rápidos de instalar y con una apariencia aceptable de madera. Se convirtieron en la opción preferida para renovar viviendas sin grandes obras.

No obstante, ahora, con el paso del tiempo y la evolución del diseño de interiores, los usuarios buscan algo más que un suelo práctico. Quieren personalidad, resistencia y una estética que eleve el espacio, según los profesionales del sector como Cody Life. Ante este nuevo escenario, crece una alternativa que se perfila como la nueva tendencia para este 2026: los suelos laminados de espiga.

Los suelos flotantes tradiciones, aunque siguen presentes en muchos hogares, arrastran una lista de inconvenientes cada vez más difíciles de ignorar. El más destacado es el sonido hueco al caminar, una sensación poco acogedora. A ello se le suma su sensibilidad a la humedad, especialmente problemática en cocinas, pasillos o viviendas ubicadas cerca de la costa.

Esta combinación de factores ha hecho que los compradores busquen en el mercado una solución que mantenga la facilidad de instalación, pero mejore de forma clara la robustez y el diseño.

Suelos laminados en espiga: el regreso de un clásico

Pero la respuesta a esta demanda no es precisamente nueva. Inspirados en el parquet de madera maciza más tradicional, los suelos de espiga recuperan el patrón geométrico en forma de “V” que durante décadas fue sinónimo de elegancia.

Este tipo de pavimento destaca por su impacto visual. Aporta profundidad, dinamismo y un carácter decorativo que transforma cualquier estancia. Además, gracias a los avances en materiales laminados y vinílicos de alta calidad, hoy es posible disfrutar de este diseño clásico con una instalación sencilla y costes más reducidos que los del parquet original.

Según recoge Cody Life, los acabados actuales alcanzan un nivel de realismo “difícil de distinguir de la madera natural”, con una amplia gama de tonos (claros, medios y oscuros) y superficies mate, satinadas o texturizadas, adaptables tanto a interiores minimalistas como a estilos clásicos renovados.

Más luz, más amplitud, más estilo

Uno de los grandes valores añadidos del suelo en espiga en su capacidad para transformar visualmente los espacios. El patrón rompe con la monotonía de las lamas rectas y genera una sensación de movimiento que hace que las estancias parezcan más amplias y luminosas.

Más allá de la estética, la funcionalidad es uno de los factores que explican el auge de esta tendencia. Los suelos laminados en espiga de nueva generación ofrecen una mayor resistencia al desgaste, los arañazos y los golpes, una cualidad especialmente valorada en hogares con niños o mascotas.

Otra de las grandes claves de su éxito es la versatilidad. El patrón de espiga actúa como protagonista sin resultar invasivo, permitiendo combinarlo con muebles neutros o con piezas de colores intensos sin perder coherencia visual.

Con su equilibrio entre estética clásica, tecnología actual y facilidad de instalación, los suelos laminados en espiga se posicionan como la alternativa llamada a liderar la transformación de los hogares en los próximos años.

Son 5.864 páginas con planos y todos los detalles técnicos. El Banco de España ha hecho públicos en el perfil de contratación información comprometida sobre diez cámaras acorazadas que tiene en varias de sus sucursales repartidas por toda España. Y lo ha hecho en la licitación que ha sacado para poder realizar obras en estas instalaciones y poner un sistema de agua nebulizada que salga del techo y ayude a apagar fuegos en caso de incendios. Las cámaras están ubicadas en las sucursales de A Coruña, Badajoz, Bilbao, Murcia, Oviedo, Palma, Tenerife, València, Valladolid y Zaragoza. La entidad supervisora ha presupuestado este proyecto en 2,65 millones de euros.

El Banco de España, no obstante, asegura que, debido a “la criticidad de la seguridad de estos espacios, se han eliminado ciertas partes en los planos publicados” y que las empresas interesadas en presentarse a la adjudicación tienen que acudir a una presentación de las obras, “a la que habrá que asistir con carácter obligatorio e ineludible, en la que se complementará la información contenida en el pliego de condiciones técnicas, explicando de primera mano todos los condicionantes de los trabajos, y dando una información más extendida de la situación de las cámaras acorazadas dentro de las sucursales y las interferencias con el entorno”. Las reservas de oro se guardan en la cámara acorazada de la sede central del Banco de España, en Madrid, que queda fuera de este contrato.

El resto de cámaras acorazadas de las sucursales mencionadas guardan dinero en efectivo y otros objetos de valor. Todas están dotadas de sistemas de detección de incendios y de instalaciones de extinción manual, además de contar con una red de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) en los espacios colindantes. Pero el supervisor bancario ha decidido mejorar su protección, teniendo en cuenta “que la efectividad de las instalaciones de extinción existentes está condicionada por el retardo en la apertura de las puertas de seguridad de estos espacios”, por lo que es “necesario implementar instalaciones de extinción de incendio automáticas en los mismos”, señalan desde el Banco de España.

El proyecto más caro, por ejemplo, es el que se va a llevar a cabo en la cámara acorazada de la sucursal de Palma de Mallorca. El proyecto está presupuestado en 322.315 euros. Y eso que en esta sucursal sí hay instalaciones de extinción automática de incendios por agua nebulizada desde el año 2008. Pero no en la cámara acorazada. El objetivo es, por tanto, llevar este sistema desde las salas de archivo a la cámara. El segundo proyecto más caro (294.571 euros) es el de la sucursal de A Coruña. Aquí pasa lo mismo que en Palma. Hay sistema de agua nebulizada, pero no en la cámara. La obras más barata es la de la sucursal de Valladolid, de 230.257 euros.

Sistemas de alarma

La configuración típica de una instalación de extinción de incendios por agua nebulizada para la protección se compone de una sala en la que se ubican las unidades de bombeo impulsadas por gas (GPU), depósitos de agua, baterías de cilindros de nitrógeno como agente impulsor, baterías de cilindros de agua, red de tuberías, valvulería, boquillas nebulizadoras, elementos de control e instalación eléctrica auxiliar. La instalación detección de incendios asociada a la instalación de agua nebulizada está compuesta por sistemas de detección precoz por aspiración de humos. Los diez proyectos de obras que se pueden consultar en el perfil del contratante incluyen planos detallados de las sucursales, de las cámaras en concreto e incluso detalles sobre los sistemas de alarma.

El objetivo de las obras también es sustituir el equipo de bombeo existente y el depósito donde se almacena al agua, para garantizar la autonomía del sistema durante 60 minutos (el tiempo que el líquido debe salir de los aspersores del techo para apagar posibles fuegos), tal y como establece la normativa existente. En todas las sucursales se sustituirá el depósito existente por uno de 2.500 litros de capacidad.

La cámara más antigua es la llamada Cámara del Oro que el Banco de España tiene en su sede principal, en Madrid. Fue construida siguiendo el proyecto de 1932, realizado por el arquitecto José Yárnoz. Se cimentó a 35 metros de profundidad. Las puertas acorazadas que bloquean los accesos pesan varias toneladas, y fueron traídas desde Estados Unidos, donde habían sido construidas por la firma Coffres-Forts York, proveedora de las puertas acorazadas de importantes instituciones financieras del mundo, entre ellas la de la Reserva Federal de Nueva York. Uno de los elementos más característicos es el pozo de entrada que podría inundarse con agua en caso de necesidad, impidiendo completamente el acceso a la cámara. Nunca ha hecho falta utilizarlo.

El Gobierno anunció este lunes un paso clave para la concreción del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, al habilitar la ejecución de obras prioritarias mediante el régimen de concesión de obra, con participación de inversión privada.

En este contexto, se publicó el Decreto 921/2025, cuyo propósito es reducir el riesgo de interrupciones en el suministro, fortalecer la red eléctrica nacional y aliviar los cuellos de botella estructurales que hoy restringen el transporte de energía desde los centros de generación hacia los principales puntos de consumo.

“Se trata de una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y permitir el desarrollo de nueva generación”, aseguraron desde la Secretaría de Energía.

La norma establece que las obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico consideradas prioritarias se ejecutarán a través de licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales, bajo el régimen de la Ley de Concesión de Obra.

Este esquema habilita la participación del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, sin afectar de manera directa los recursos fiscales, y aporta previsibilidad jurídica y sustentabilidad económica al proceso.

Además, el decreto asigna a la Secretaría de Energía la responsabilidad de llevar adelante el proceso licitatorio, lo que incluye la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. En tanto, el Ministerio de Economía ejercerá el rol de autoridad de aplicación y control.

“Con esta medida, el Gobierno avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”, manifestó la cartera conducida por María Tettamanti.

“El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico constituye una pieza central de la estrategia para contar con un sistema energético más confiable, moderno y preparado para el crecimiento de la Argentina”, agregó.

Ante la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo a través de su cuenta de X: “Las obras de ampliación del transporte eléctrico se harán bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra. Esto permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”.

Vale recordar que en julio pasado, el Ejecutivo había puesto en marcha el plan de ampliación del transporte eléctrico con tres obras financiadas por el sector privado.

Las obras seleccionadas fueron AMBA I, que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo a la vez que permitirá evacuar parte de la generación de COMAHUE; y la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.

Por lo pronto, la semana pasada el Gobierno inició el proceso para vender las acciones que posee en Transener, la compañía líder en el transporte de energía eléctrica en Argentina. La medida se oficializó a través de la resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía, difundida en el Boletín Oficial.

“Con la privatización de la mayor transportadora eléctrica, estamos avanzando para que el privado vuelva a ser protagonista de la economía”, sentenció la Secretaría de Energía.

Además, recientemente se formalizó la transferencia de acciones y la concesión de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, ubicadas en la región del Comahue.

El proceso de licitación determinó ingresos por USD 706.885.298,49 para las arcas estatales, resultado de las ofertas realizadas por las ocho empresas participantes.

Luego de la firma de los contratos, los nuevos concesionarios asumirán compromisos vinculados a inversiones, mantenimiento y modernización, con el objetivo de garantizar la continuidad y optimización del servicio hidroeléctrico.

En paralelo, la Resolución 602/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial dispuso que, a partir del 1° de diciembre de 2025, rija un nuevo precio spot de $14.381 por MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, con impacto directo en las tarifas eléctricas.

En tanto, la Resolución 604/2025 fijó nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero y el 1° de abril de 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que para el cierre de 2025 la Ciudad de México contará con más de 2 mil 026 obras ejecutadas en distintas áreas, incluyendo infraestructura social, educativa, de movilidad e hídrica.

Estas intervenciones, precisó la mandataria, buscan transformar de raíz la vida cotidiana de la capital y prepararla para el año 2026, además de fortalecer la infraestructura de cara al Mundial. Entre las prioridades resaltó inversiones significativas en alcaldías como Iztapalapa, donde se destinarán 2 mil millones de pesos, principalmente para obras de drenaje que permitan evitar inundaciones durante la temporada de lluvias.

Durante un evento en la colonia El Paraíso de la alcaldía Iztapalapa, en compañía de funcionarios como el subsecretario de Participación Ciudadana, Ángel Sánchez, Clara Brugada subrayó la reducción del 9 % en la incidencia delictiva en la demarcación en el último año. El acto incluyó una rifa de juguetes y la entrega de 1 mil 500 peluches a niñas y niños, así como cobijas para las familias, con el objetivo de hacer frente a la temporada invernal.

14 Utopías y múltiples obras de movilidad en la capital para este 2026

En el listado de obras destaca la construcción de 14 Utopías distribuidas en la CDMX, la habilitación de 7 casas de las 3R centradas en el sistema público de cuidados, y una nueva Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero. Se suman la ampliación de 2 albergues para personas en movilidad; la puesta en marcha de 300 Caminos de Mujeres Libres y Seguras; la rehabilitación de 120 mercados; la conclusión de 10 Parques Alegría para la infancia; y la reparación de 26 módulos de vigilancia.

En materia de movilidad urbana, Clara Brugada detalló la pavimentación de 62 kilómetros de avenidas principales, con el propósito de alcanzar 250 kilómetros para el próximo año. Mencionó también la edificación de la Universidad de las Artes y la construcción del hospital del policía, además de nuevas instalaciones para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entre los recursos destinados a seguridad se incluye la adquisición de 3 mil 500 patrullas y 30 mil cámaras de videovigilancia.

Otros proyectos contemplan la creación de un Camino Seguro y la ciclovía La Gran Tenochtitlan a lo largo de 34 kilómetros sobre la Calzada de Tlalpan, la construcción de un parque elevado entre Chabacano y Tlaxcoaque, la rehabilitación de 12 bajopuentes y la iluminación de 42 kilómetros de calles en el Centro Histórico. Además, se implementará un Camino Seguro desde el Aeropuerto internacional hasta la avenida Insurgentes.

Obras hídricas y educativas en la CDMX este 2026

Respecto a las obras de agua potable y saneamiento, la mandataria destacó la ejecución de 310 proyectos para rehabilitar pozos, la modernización de 6 plantas potabilizadoras, la renovación de 34 kilómetros de líneas de distribución de agua, la construcción de 10 kilómetros de colectores y la instalación de 100 pozos de absorción dentro del programa de Acupuntura Hídrica. A estos se añaden 5 pozos destinados al tratamiento de aguas residuales.

En el ámbito educativo, se mantienen e incrementan programas como “1, 2, 3 Por Mi Escuela”, así como el seguimiento al plan de atención ciudadana “Casa por Casa” en 49 colonias y el programa “Yólotl Anáhuac”, dedicado al rescate y fortalecimiento de los pueblos originarios.

En el rubro de transporte público, Brugada anunció la modernización del Tren Ligero “La Ruta del Ajolote”, que conecta Taxqueña con Xochimilco, la construcción de la Línea 14 del Trolebús “La Ruta de los Animales Silvestres”, desde Metro Universidad hasta Huipulco, la rehabilitación de 2 puentes vehiculares en el circuito Aztecas y la mejora de los tres Centros de Transferencia Modal (Cetram): Huipulco, Tasqueña y Universidad.

El mandatario advirtió que, a seis meses de finalizar su mandato, el proyecto sigue sin avances concretos, lo que atribuyó a intereses internos en la cartera de Transporte que, según él, favorecen obras en zonas de mayor poder económico.

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Durante un evento oficial en el departamento de Nariño, el presidente Petro expresó su frustración por la falta de cumplimiento de la orden respecto a la carretera del Catatumbo. En su intervención, el jefe de Estado relató: “A mí me pasó porque yo dije la carretera del Catatumbo es una prioridad, porque cómo así que la segunda o tercera zona cocaínera del mundo y no hay carretera. Cómo va cualquier producto que quiera venir hacia el centro del país o hacia el mar, no hacia Maracaibo, porque Maracaibo sí queda más cerca, y no hay carretera, son 12 horas de carretera”.

A renglón seguido, el jefe de Estado profundizó en las consecuencias sociales y económicas de esta omisión, señalando que los campesinos de la región manifestaron su disposición a sustituir los cultivos de hoja de coca, pero exigen la construcción de la vía como condición para acceder a mercados legales.

“Entonces esos campesinos dicen, yo sí quiero sustituir estos cultivos de hoja de coca, Petro, pero hay que hacer la carretera porque ¿de dónde sale el otro? Llevo tres años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia”, enfatizó Petro.

Incluso, el mandatario colombiano cuestionó abiertamente las prioridades del Ministerio de Transporte, sugiriendo que los funcionarios de la entidad favorecen proyectos que benefician a sectores con mayor poder económico. Según Petro, “los mismos funcionarios del Ministerio de Transporte que oyen mi discurso y mi orden tienen otra cosa en la cabeza. Y es que es más rentable hacer una vía doble calzada, autopista en el centro de Colombia, incluso sin llegar a ninguna frontera, si ahí están las casas de los dueños del poder y sus haciendas y sus fincas y sus fábricas”.

Petro también criticó el destino de los recursos públicos, argumentando que estos terminan valorizando propiedades de los sectores más acomodados, mientras que proyectos como la carretera del Catatumbo quedan relegados. El presidente ejemplificó esta situación con la doble calzada Ruta del Sol 2, obra que, según él, ha sido objeto de escándalos de corrupción y que absorbe inversiones millonarias.

“Entonces el dinero público va y valoriza las propiedades de los que más tienen y entonces eso se llama doble calzada Ruta del Sol 2, por poner un ejemplo, se vuelve un negocio, eso sí vale billones de pesos hacerla. Por ahí siempre salen los escándalos en la prensa, que se robaron tal y tal, pero dónde quedó la carretera al Catatumbo; cuando yo voy y pregunto, dicen que ya la estamos estudiando, ya la estamos estudiando, ya la estamos estudiando”, afirmó el mandatario.

Por lo tanto, lamentó que, pese a la cercanía del fin de su gobierno, el estudio para la carretera del Catatumbo no se ha presentado. “Pero si me quedan seis meses de Gobierno, ¿dónde está el estudio? No está. Simplemente, nos engañaron y priorizaron las carreteras del gran capital, en vez de las carreteras de la paz. Eso no puede seguir pasando”.

Una patrulla de la Policía Municipal de Ixtapaluca, en el Estado de México, cayó dentro de un socavón ubicado a un costado de la autopista México-Puebla, a la altura de la unidad habitacional Santa Bárbara.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando la patrulla no notó que a su paso había un socavón de gran profundidad, mismo que se realizó por una serie de obras que llevan un par de meses y que no han avanzado de manera significativa.

Por medio de redes sociales comenzaron a circular imágenes de la patrulla volcada dentro del socavón, así como videos donde se ve el hecho.

El incidente ocurrió en la Avenida Canal de Santa Bárbara, misma que divide a la colonia Unidad Habitacional Santa Bárbara con la colonia Alfredo del Mazo, justo a un costado de la Autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El percance provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal policial, además de tránsito lento en carriles laterales mientras se realizaban las maniobras para rescatar el vehículo oficial.

Vecinos denunciaron que la zona presenta riesgos costantes debido a excavaciones profundas, como en la que cayó la patrulla, sin señalizaciones que prevean a los conductores, situación que se agrava en la noche o en la temporada de lluvias. El hoyo al que cayó la unidad policial forma parte de trabajos hidráulicos que se desarrollan en el acceso a Santa Bárbara.

El incidente hizo que las personas que viven en la zona hicieran un llamado para reforzar la señalización, iluminación y delimitación de zonas de obra, especialmente en vialidades de velocidad. La autoridades locales no han señalado si se iniciará una investigación administrativa para deslindar responsabilidades por las condiciones del colector.

En el video que circula por redes sociales, además de la patrulla que cayó en el socavón, también se puede ver montones de basura en las calles, lo que muestra el mal estado en el que está el municipio del oriente del Estado de México.

Cerca de ese lugar, vecinos de la unidad habitacional se han quejado de que policías hacen un retén, justo depués de un desnivel que permite el acceso de los automóviles que viajan con sentido a Puebla, para acceder a la colonia Santa Bárbara y sus alrededores, y han manifestado que los uniformados utilizan ese punto para extorsionar a los automovilistas.

La Línea 4 (L4) del tren ligero de Guadalajara fue inaugurada este lunes y abierta al público, a pesar de que la obra no se encuentra totalmente concluida. El nuevo sistema de transporte masivo recorrerá 21 kilómetros, contará con ocho estaciones y se estima que atenderá a 106 mil usuarios diarios.

El trayecto conecta el centro de Tlajomulco con la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque, sin cruzar ni interconectarse con ninguna de las otras tres líneas de tren ligero que operan actualmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, las cuales sí mantienen conexión entre sí.

Características del recorrido y operación

De acuerdo con la información oficial, el recorrido completo de la L4 tendrá una duración aproximada de 38 minutos, con una frecuencia de trenes cada nueve minutos. Como parte del arranque del servicio, el pasaje será gratuito hasta el 31 de diciembre, en un horario de operación de 6:00 a 21:00 horas.

Las autoridades estatales señalaron que esta etapa busca familiarizar a los usuarios con la nueva línea antes de su integración total al sistema de cobro del transporte público.

Una inauguración con obras pendientes

El inicio de operaciones de la Línea 4 se da en medio de señalamientos y preocupaciones por parte de peatones y automovilistas, quienes advierten posibles riesgos de seguridad debido a que la obra aún no está concluida.

Entre los trabajos pendientes se encuentran al menos cuatro puentes peatonales, dos nodos viales y señalización en diversos cruces, elementos considerados fundamentales para garantizar el libre flujo y la seguridad tanto de usuarios del tren como de quienes transitan por la zona.

Estas omisiones han generado críticas de colectivos ciudadanos, quienes cuestionan la decisión de iniciar el servicio sin haber terminado completamente la infraestructura complementaria.

El costo de la Línea 4 y el esquema de operación

El costo total de la Línea 4 ronda los 20 mil millones de pesos, más del doble de los 9 mil 725 millones que se habían presupuestado originalmente. La inversión incluye aportaciones del gobierno federal, el gobierno de Jalisco y una asociación público-privada.

Bajo este esquema, el gobierno estatal deberá realizar pagos durante 36 años al consorcio trasnacional Mota-Engil, encargado de la operación y mantenimiento del sistema ferroviario.

Pablo Lemus y el futuro del transporte en Jalisco

Durante el banderazo de salida, el gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, aseguró que en 2026 continuarán los trabajos para transformar el transporte público en el estado.

“El transporte público quiero que sea el principal legado durante mi gobierno”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, el gobernador no hizo referencia a las manifestaciones de inconformidad surgidas tras conocerse que la Línea 5, prometida en campaña como un tren del aeropuerto al centro de Guadalajara, será sustituida por camiones en carril confinado.

Además de la L4, Lemus destacó la entrega reciente de 100 nuevas unidades al sistema Mi Transporte, la incorporación de más unidades para Mi Macro en marzo, la llegada de camiones eléctricos a Puerto Vallarta y el arranque de nuevas rutas con unidades nuevas en Ocotlán.

La vida de un hombre de La Lande-de-Fronsac, Gironda, cambió drásticamente tras la muerte de su padre cuando heredó la que fue su casa de la infancia. Para el nuevo propietario, aquel edificio en ruinas en medio del campo no era solo un inmueble: significaba la posibilidad de restaurar recuerdos y vincular su presente a la memoria familiar. El estado de abandono hacía necesaria una profunda renovación, incluyendo la construcción de una ampliación, así que cuando tuvo todo listo presentó el proyecto en el ayuntamiento.

Lo que inició como el sueño de recuperar un patrimonio se convirtió pronto en una amarga contienda administrativa y judicial. Desde 2021, cuando presentó una solicitud formal para obtener permiso de obra, la administración local nunca respondió de manera definitiva. A lo largo de este tiempo, el solicitante, también viticultor en la zona, defendió ante la municipalidad que la restauración de la vivienda no afectaría a ningún vecino.

Pese a la insistencia, la negativa del ayuntamiento marcó el inicio de una batalla legal que expuso las tensiones entre la normativa urbanística y el derecho de propiedad. El conflicto alcanzó los tribunales, y su desenlace arrojaría luz sobre los límites legales de la reforma en zonas rurales protegidas por el Plan Local de Desarrollo Urbano (PLU).

La zona agrícola y el estado de la vivienda

La clave del conflicto reside en la zonificación agrícola del terreno. Según las normativas municipales, la construcción de viviendas nuevas o la reforma significativa de antiguas edificaciones se encuentra prohibida en estas áreas para proteger el uso agrario y el entorno rural. El edificio heredado a pesar de haber sido una residencia familiar llevaba años deshabitado y en un proceso avanzado de estar en ruinas. Todas estas condiciones dificultaban que la reforma fuese considerada una simple rehabilitación.

El propietario argumentó que, al no recibir respuesta a su solicitud de permiso desde 2021, disponía de un permiso tácito según las normativas administrativas francesas. También defendió que su actividad vitivinícola en los terrenos adyacentes demostraba la viabilidad y compatibilidad del proyecto. Por su parte, el Ayuntamiento defendió su postura con consideraciones técnicas y normativas: sostenía que autorizar la obra abriría la puerta a un precedente indeseado en una zona protegida y que la intervención podría afectar el equilibrio rural, aunque se minimizara el riesgo de molestias al vecindario.

La resolución final: la decisión judicial

La causa escaló primero a los tribunales administrativos y llegó finalmente al Tribunal Administrativo de Apelación de Burdeos. El eje de la disputa pasó a centrarse en un aspecto técnico fundamental: definir si el edificio en cuestión podía ser catalogado como “construcción existente” o, por su deterioro, perdía dicha condición a ojos de la ley. El tribunal falló que, debido al estado de ruina, no resultaba considerado ya como una vivienda susceptible de reforma. Este diagnóstico condujo a la desestimación de las intenciones del propietario.

La resolución añadió que, en estas circunstancias, no cabe considerar que la decisión municipal suponga una intromisión indebida en el derecho al respeto de la vida privada y familiar. El fallo subraya que el límite impuesto por la protección de las zonas agrícolas prevalece sobre el interés individual del heredero, y que la administración se ajustó estrictamente a la normativa vigente.

El desenlace evidencia las implicancias concretas del PLU en la vida cotidiana de los vecinos de zonas rurales de Francia. Cuando un terreno adquiere la categoría de zona agrícola, las posibilidades de transformación se restringen, incluso en casos con un fuerte componente emocional o patrimonial. El caso sella un precedente donde el rigor técnico y la defensa del interés público priman sobre el deseo de conservar el pasado familiar, y sitúa a los titulares de ruinas rurales ante un muro difícil de sortear.

“¿Romero? Sí, sí, fue durante muchos años subdirector del Servicio Técnico, sobrevivió a varios gerentes y directores de gestión. Con este tipo, proliferaron las contratas de mantenimiento y las obras”, explica un veterano empleado del hospital Ramón y Cajal, uno de los grandes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, donde trabajan casi 6.000 profesionales y que atiende a una población de 610.000 personas. Por Romero se refiere a Antonio Romero-Toro, que en la última memoria publicada del hospital (la de 2023) aparece como Subdirector de Obras y Mantenimiento, dependiente de la Dirección de Gestión y Servicios Generales, a las órdenes de Pablo Torres Arrojo. Ninguno sigue ya en el Ramón y Cajal: Romero-Torio se jubiló en enero de 2023 y su jefe Pablo Torres terminó su relación contractual con este centro sanitario en septiembre de 2023.

Con Romero-Toro gestionando las obras y reparaciones de un hospital tan importante como el Ramón y Cajal, “proliferaron las contratas”, como explica la fuente antes señalada. Entre esas contratas, llaman la atención dos empresas: Fornela Multiservicios y Proyectos Imifer. Las dos están domiciliadas en la misma dirección, en un pequeño edificio blanco de oficinas situado en Las Rozas. Fornela se dedica a la climatización industrial. Proyectos Imifer no tiene página web. El registro mercantil señala que su objeto social es la promoción inmobiliaria, la construcción y las instalaciones eléctricas y de gas. En el registro aparece como apoderado de ambas Julián Romero-Toro Domínguez. Y el gerente es Joaquín Romero-Toro (no aparece el segundo apellido), según documentos internos de las empresas.

Ambos son familiares directos de Antonio Romero-Toro, según han explicado varios trabajadores del hospital a este diario: Joaquín es el hijo de Antonio; y Julián, su nieto. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con ellos en reiteradas ocasiones. Quería conocer su versión sobre los 1.346 contratos públicos que estas dos empresas, Fornela e Imifer, se han llevado del hospital Ramón y Cajal mientras su familiar directo, Antonio, era el responsable de las obras.

Entre 2016 —primer año que el portal de contratación permite iniciar la búsqueda— y 2022 —último año de Antonio Romero-Toro en el hospital—, el Ramón y Cajal ha adjudicado 859 contratos a la empresa Fornela y otros 487 a Imifer.

El importe de las cuantías adjudicadas se eleva hasta los 7,7 millones de euros en el caso de la primera sociedad y los 2,3 millones de euros en el de la segunda. En total, poco más de 10 millones en siete años.

Hay de todo. Contratos de hasta 136 euros por reparaciones menores y suministro de algún tipo de material, hasta los 598.312,50 euros que Fornela se llevó, por ejemplo, en septiembre de 2022 para adecuar varias zonas del hospital para la instalación de los nuevos equipos INVEAT, financiados por el Gobierno central y que permitieron la renovación de aceleradores lineales, TACs, resonancias magnéticas, equipos de hemodinámica y braquiterapia digital para mejorar el diagnóstico y el tratamiento oncológico y neurológico.

El 70% fueron contratos a dedo

La mayoría fueron contratos de baja cuantía, de entre 1.000 y 3.000 euros: contratos menores que el Ramón y Cajal adjudicó tras invitar a tres empresas, sin necesidad de transparencia y concurrencia. Luego hay contratos más elevados, de entre 35.000 y 50.000 euros. También hay unos pocos contratos que superan los 350.000 euros. La información analizada por Infobae revela que el 70% de los 10 millones que estas dos empresas han recibido se ingresó gracias a contratos a dedo.

En el caso de la empresa Imifer, el 100% de los contratos que se llevó fueron de adjudicación directa. Este diario ha preguntado a la Consejería de Sanidad si conocía que varias empresas de la familia del responsable de obras del Ramón y Cajal se había llevado tantas licitaciones. La respuesta ha sido un rotundo “no”, y añadió que estaban analizando la información que habían conocido a través de Infobae España para investigar cómo se habían adjudicado estos contratos.

En la Consejería de Sanidad también recalcan que la dirección del Ramón y Cajal es nueva. El gerente, Carlos Mingo, llegó al puesto en septiembre de 2023, ocho meses después de que Antonio Romero-Toro se hubiera jubilado. Este diario también ha intentado hablar con Pablo Torres, el exjefe de Romero-Toro, ahora en el sector privado. Sin éxito. El anterior gerente, Juan José Equiza, ya admitió en una comparecencia en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid que su hospital había “abusado del contrato menor”, pero incidió en que es “legal”.

Más Madrid acusó entonces a Equiza de que, desde que él llegó al Ramón y Cajal, en febrero de 2014, los contratos de reparación y mantenimiento se ejecutaban en su gran mayoría sin transparencia ni publicidad. Es decir, eran contratos menores. Entre mayo de 2019 y marzo de 2020, Equiza adjudicó 11 contratos a dedo a la empresa Artesolar Iluminación, a cambio de proporcionar lámparas y pantallas al hospital. El hermano de la presidenta madrileña (Tomás Díaz Ayuso) era entonces Gerente de Desarrollo de Proyecto de esta empresa, que facturó con estos contratos 71.184 euros.

Las cuentas analizadas de las empresas Fornela e Imifer también revelan que el hospital ha sido su principal fuente de ingresos. Entre el periodo 2016-2022, el 54% de los ingresos de explotación declarados procedían de este centro sanitario. En el caso de Imifer, este porcentaje se eleva al 77%.

Las empresas de la familia Romero-Toro se han seguido llevando contratos, aunque en menor medida, desde que Antonio Romero-Toro dejó el departamento de obras del Ramón y Cajal: en diciembre de 2024 la firma Fornela se llevó un gran contrato de 596.118,60 euros para adecuar espacio del centro y poder implantar salas de radiología. Pero es cierto que la facturación de ambas compañías con el hospital se redujo drásticamente a partir de 2023, cuando Antonio Romero-Toro ya se había jubilado.

Óscar Hernández, activista por los servicios públicos y la transparencia, ha analizado miles de contratos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y ha concluido que, solo en 2024, se registraron 1.000 millones de euros en contratos menores, y en 200 de esos millones hay un alto riesgo de que hayan sido troceados. Hernández ya descubrió que otra empresa llamada Pinturas Rosell SL había ganado 1.182 contratos desde 2020 con el hospital Ramón y Cajal. La información fue publicada por el diario El País, que elevó a 1.641 los contratos menores (a dedo) adjudicados a Pinturas Rosell (administrada por Miguel González, de 71 años), es decir, un encargo cada 48 horas. Trabajos del tipo “Repaso goteras” (363 euros), “pintado aseo por avería agua” (278,28), “bordillo piramidin y taxis” (3.430,35), y muchos otros para pintar laboratorios, consultas o habitaciones de planta, entre otras zonas del hospital. En total: 4,7 millones de euros.

“Como los de Fornela, Imifer, Pinturas Rosell o BricoMoreno, una empresa donde trabaja un concejal del PP, debe haber muchos más casos en ese maremágnum de miles de contratos y millones en la sanidad madrileña que alguien debería estar controlando, fiscalizando o investigando”, afirma Hernández. Este activista ha recurrido al Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid ante la falta de respuesta de sus solicitudes de acceso a decenas de expedientes de contratación pública.

La Empresa Férrea Regional de Cundinamarca confirmó que en 2026 iniciará la contratación de los estudios y diseños de factibilidad para el cable aéreo La Calera–Bogotá.

El proyecto se encuentra en una fase clave para su desarrollo, ya que los análisis técnicos, ambientales, sociales, jurídicos y financieros definirán su viabilidad e integración dentro de los sistemas de transporte de la región.

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El cable aéreo La Calera–Bogotá se plantea como una alternativa a la congestión que enfrenta uno de los accesos más demandados hacia la capital desde el oriente.

De acuerdo con las autoridades departamentales y locales, el sistema aéreo podría sumar ventajas en términos ambientales y de ordenamiento territorial, pues se espera que reduzca las emisiones contaminantes y ayude a optimizar el uso del espacio urbano.

La Empresa Férrea Regional de Cundinamarca detalló que el contrato para los estudios y diseños de factibilidad abordará de manera integral aspectos como la estructura técnica, el impacto ambiental y social, la normativa jurídica aplicable y la sostenibilidad financiera del proyecto.

El gobernador Jorge Emilio Rey precisó en su momento que “los estudios y diseños harán un análisis del componente ambiental, predial, social y financiero del proyecto. Es decir, lo aterrizarán y nos dirán desde el punto de vista técnico y económico de qué estamos hablando. Nos van a mostrar la radiografía exacta de lo que sería ese cable aéreo de interconexión entre el casco urbano de La Calera”.

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El mandatario indicó en entrevista con Blu Radio que el trazado podría ser en alguna de estas tres calles: 134, 153 y/o 161 con carrera Séptima, puntos en los que los usuarios tendrán la opción de integrarse a los buses híbridos de Transmilenio.

La Gobernación de Cundinamarca incluyó el cable aéreo entre los proyectos prioritarios para mejorar la conexión entre La Calera, la provincia del Guavio, Bogotá y la sabana.

De forma paralela, anunció la intervención en la ruta El Codito, El Triunfo y La Cabaña, para reforzar la conectividad regional y complementar la capacidad de la infraestructura.

¿Cómo será el cable aéreo de La Calera?

El proyecto describe cabinas con una capacidad de hasta 35 pasajeros sentados, diferenciándose de otros modelos con capacidad limitada.

Se estima que el sistema podrá movilizar entre 20.000 y 30.000 usuarios diarios.

Según las proyecciones iniciales, el tiempo de viaje entre La Calera y Bogotá disminuiría de cerca de 89 minutos a un rango de 17 a 35 minutos, dependiendo de las condiciones operativas y la demanda.

Uno de los aspectos destacados es la longitud estimada del cable aéreo, que oscilaría entre cinco y 5,8 kilómetros y pasará por la montaña.

El sistema utilizará tecnología 100% eléctrica, lo que refuerza el compromiso con la sostenibilidad ambiental de la región.

Según las autoridades detrás de este proyecto, se espera que las obras inicien en 2027.

Cable aéreo será entregado en Bogotá

Durante un foro organizado por el Grupo Prisa, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los avances y desafíos actuales en movilidad urbana y señaló que 2026 será un año decisivo para entregar obras clave orientadas a mejorar la vida de quienes se desplazan por la ciudad.

El mandatario resaltó particularmente el desarrollo del cable aéreo de San Cristóbal y lo describió como “imprescindible para integrar comunidades históricamente aisladas”.

Galán afirmó que “el cable de San Cristóbal comenzará a operar en 2026. Aumentará las opciones para los habitantes de la zona alta y facilitará el acceso a los servicios y oportunidades que ofrece la ciudad”.

Según información de la administración, esta obra contará con una longitud de 2,87 kilómetros y estará conformada por tres estaciones:

• 20 de Julio
• Victoria
• Altamira

El nuevo sistema busca ampliar las alternativas de transporte en la zona alta, mejorar la conectividad y garantizar mejores oportunidades de acceso a servicios urbanos esenciales.

Por otro lado, el Cable Aéreo Potosí se sumará como el tercer sistema de este tipo en Bogotá y el segundo en la localidad de Ciudad Bolívar.

El recorrido comprenderá cuatro estaciones: Portal Sur, Tres Reyes, Santa Viviana y Potosí, a lo largo de un trayecto de 3,3 kilómetros. Se estima que cerca de 600.000 habitantes se verán beneficiados con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura.

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso acaba de rescindir el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento y conservación de las bibliotecas autonómicas porque no estaba cumpliendo con su trabajo. De hecho, esta firma (Clide Mantenimiento) puso en riesgo la seguridad de los visitantes y ni siquiera cambiaba las bombillas que se estropeaban. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aprobó la rescisión de este contrato el pasado 25 de octubre y ha impuesto una sanción de 414.000 euros por daños y perjuicios. Para Más Madrid, este es otro ejemplo de lo que pasa “cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo”, ya que se adjudicó este contrato a la empresa que presentó la oferta económica más barata.

El contrato se adjudicó en noviembre de 2023 a esta empresa, domiciliada en Madrid. Hasta 12 firmas se presentaron a la licitación, pero Clide Mantenimiento se llevó el servicio tras presentar una oferta económica ventajosa: haría el trabajo durante dos años por 852.944 euros (IVA incluido). La Comunidad de Madrid estaba dispuesta a pagar un máximo de 1.176.475 euros. El objeto del contrato es el “mantenimiento, conservación y reparación” de los edificios que son sede de las 13 bibliotecas que dependen del Ejecutivo autonómico, además de los seis módulos de ‘Bibliometros’ ubicados en instalaciones del suburbano madrileño. Los trabajos también incluyen obras de jardinería en ocho de las bibliotecas que cuentan con zonas verdes.

El contrato incluye “un mantenimiento integral” de estas bibliotecas. Por “integral” la Consejería incluye “el conjunto de trabajos de mantenimiento normativo, preventivo, predictivo, conductivo y correctivo de las instalaciones y sistemas de los inmuebles, así como la conservación y reparación de los mismos, necesarios para mantener cada inmueble en condiciones de uso durante su período de vida útil, optimizando el consumo energético, previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de posibles agresiones”. Estamos hablando de la red de saneamiento, fontanería, climatización, electricidad, sistemas audiovisuales, telecomunicación, protección contra incendios, puertas y ascensores.

El servicio contratado también incluía que la empresa adjudicataria debía reparar y montar el mobiliario de las bibliotecas (estanterías, mesas, sillas, mostradores, carros...); mantener cortinajes, persianas y toldos; la limpieza de graffitis; la limpieza general de las instalaciones; la sustitución de banderas y enseñas de los edificios; la conservación de los vidrios que tienen muchos de estos edificios e incluso el control y prevención de la legionella. Una parte importante del contrato también obligaba a la empresa a la conservación de las zonas ajardinadas de estos centros. Las averías urgentes debían ser reparadas en menos de tres horas. Las bibliotecas que dependen de la Comunidad tienen 3.350 plazas de consultas (de las que 3.013 son de lectura) y cada año son visitadas por 2,8 millones de personas.

La empresa Clide Mantenimiento empezó a prestar el servicio a finales de 2023 y lo mantuvo en 2024. Pero a principios de 2025, la Consejería de Cultura se cansó de los incumplimientos de esta firma y empezó el procedimiento para rescindir el contrato. La Administración alega que Clide no ha designado “un técnico responsable que cumpla con los requisitos exigidos en los pliegos”. Se exigía un ingeniero o un arquitecto. Tampoco se “ha dispuesto del número mínimo de trabajadores con la titulación y experiencia requeridas”. La firma no ha prestado el servicio de jardinería, porque Clide no ha pagado a la subcontrata a la que encargó estos trabajos. Otro de los incumplimientos es que “no se han realizado las operaciones de mantenimiento comprendidas en el contrato por falta de personal cualificado requerido en el mismo”.

La falta de liquidez de Clide, además, “ha limitado la adquisición y disponibilidad de materiales necesarios para el mantenimiento correctivo, sustituciones y reparaciones”. La Consejería destaca que “la falta de ejecución de esos mantenimientos correctivos esenciales han comprometido gravemente la seguridad de las personas y operatividad de los centros”. Según un portavoz de la Consejería, esa expresión “debe entenderse en su acepción estrictamente técnica, conforme a la terminología empleada en los procedimientos de gestión y conservación de edificios e instalaciones públicas. Resulta necesario subrayar que dicha expresión no implica la existencia de riesgos directos, inminentes ni reales para las personas usuarias o para el personal de las bibliotecas, ni describe situaciones de peligro que hayan comprometido la integridad física de los ocupantes. Su utilización responde únicamente a criterios de valoración técnica en el marco del expediente de resolución contractual”, asegura el mismo portavoz.

Ahora, contrataciones puntuales

La empresa también ha incumplido “la atención de avisos, urgentes y no urgentes”. Por no hacer, la empresa no ha sido capaz de “realizar los trabajos de sustitución de bombillas en las zonas de gran altura ni la revisión y mantenimiento preventivo de la estructura y cubiertas, fachadas y cubiertas de difícil acceso”. Este diario ha intentado hablar con algún portavoz de Clide, pero ni su web ni su teléfono están operativos.

“Esto es lo que pasa cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo: adjudicas al más barato y acabas pagando el doble en chapuzas, impagos y servicios que no llegan. ¿La consecuencia? Bibliotecas con ventanas rotas, alarmas que no funcionan, cerraduras estropeadas y ascensores sin arreglar. Una empresa que se lleva el dinero de los madrileños sin cumplir el servicio y que nos costará el doble. No es eficiencia, es el modelo Ayuso, precariedad disfrazada de gestión”, señala la diputada Diana Paredes, de Más Madrid. El Gobierno regional, tras resolver el contrato, ha impuesto a esta firma una sanción por daños y perjuicios de 414.309 euros.

El Cusco atraviesa una seria crisis de infraestructura pública marcada por más de 3 mil proyectos abandonados o paralizados, según estimaciones presentadas durante el evento “Revisión de las Finanzas Públicas para el Perú: Una mirada especial al Cusco”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) y el Banco Mundial. La falta de continuidad, la débil capacidad de gestión y la baja eficiencia en la ejecución pública han generado un estancamiento que limita la mejora de servicios esenciales en toda la región.

Los especialistas coincidieron en que esta situación no solo afecta la provisión de infraestructura básica, sino también la competitividad de los sectores productivos clave. A pesar de que el Cusco ha recibido cerca de S/ 13 mil millones en transferencias por canon y regalías desde 2021, gran parte de esos recursos no se ha traducido en obras concluidas ni en mejoras sustanciales para la población.

Estabilidad fiscal nacional

Durante el evento, Antonio Cusato, economista del Banco Mundial, expuso que, a nivel nacional, el Perú mantiene una posición fiscal relativamente sólida, con una deuda pública equivalente al 32.4% del PBI y un riesgo país de 160 puntos básicos, cifras menores a las de países vecinos. Sin embargo, alertó que la sostenibilidad fiscal se ha vuelto menos predecible debido al incremento del déficit y al incumplimiento de la regla fiscal en 2023 y 2024.

Asimismo, Cusato advirtió que el país enfrenta una presión creciente por iniciativas legislativas con impacto fiscal, que pasaron de menos de 100 en 2020 a casi 300 en 2024. Esta tendencia, añadió, eleva la incertidumbre en la planificación del gasto público y complica la ejecución de obras a nivel regional.

En cuanto a la recaudación, explicó que, si bien las tasas impositivas en el Perú están en niveles similares a los de otros países, la recaudación efectiva es casi la mitad que la de economías de ingresos altos. Esto limita la disponibilidad de recursos y obliga a un uso más eficiente del presupuesto existente.

Crecimiento económico estancado y pobreza en aumento

Carlos Gallardo, gerente general del IPE, recordó que el Cusco experimentó un notable avance económico entre 2004 y 2015, con un crecimiento promedio cercano al 10% anual, lo que permitió reducir la pobreza a 17.6%, su nivel más bajo en ese periodo. No obstante, en los últimos años el panorama cambió: entre 2015 y 2024, la región solo creció 0.9%, situación que llevó a que la pobreza aumentara nuevamente hasta 18.5%.

Gallardo también destacó que la región enfrenta importantes desafíos para dinamizar sus actividades económicas principales. En el sector agropecuario, se requiere diversificar la oferta exportadora; en turismo, todavía no se logra recuperar el flujo de visitantes, con Machu Picchu un 24% por debajo de sus niveles prepandemia; mientras que, en minería, existen tres proyectos en cartera valorizados en US$ 3,300 millones, cuya ejecución permitiría duplicar la producción de cobre.

Ejecución pública y falta de infraestructura

Uno de los principales puntos de preocupación señalados durante el evento fue la baja eficiencia de los gobiernos regionales y locales en la ejecución del gasto. La elevada cifra de proyectos abandonados refleja problemas en la formulación, supervisión y continuidad de las obras, así como debilidades en la planificación técnica.

Diversas autoridades locales y representantes empresariales coincidieron en que esta crisis de infraestructura está afectando la competitividad regional. La falta de carreteras adecuadas, servicios de agua y saneamiento, y la demora en grandes obras como el aeropuerto, continúan limitando el desarrollo productivo y la mejora de servicios esenciales para la población.

Urgencia de reactivar la inversión privada

Durante el evento, Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, subrayó la importancia de impulsar los proyectos mineros y promover un entorno favorable para la inversión privada. También insistió en la necesidad de ejecutar obras de infraestructura productiva y acelerar la masificación del gas natural en la región.

Por su parte, Roger Valencia, presidente del INCUSE, advirtió que el excesivo nivel de tramitología sigue siendo un obstáculo, especialmente para proyectos hoteleros. A la vez, observó que obras públicas se aprueban sin la rigurosidad técnica necesaria, lo que contribuye al elevado número de proyectos paralizados.

El IPE prevé un escenario complejo: la economía del Cusco podría caer alrededor de 7% en 2025 si no se corrigen los problemas estructurales que afectan la ejecución pública y la inversión privada. Los especialistas concluyeron que, sin una reforma en la gestión de proyectos y un impulso decidido a la inversión productiva, la región seguirá enfrentando un deterioro en la calidad de vida y oportunidades económicas.

En la Ciudad de México se notificó que un carril de un puente será cerrado por obras de mantenimiento.

Se tratará en un sitio de una alcaldía de la capital del país, de acuerdo con lo publicado en las redes sociales de esta demarcación de la Ciudad de México.

Este cierre de carril de un puente de una demarcación tendrá mantenimiento durante todo el mes de diciembre, según lo señalado por la alcaldía local.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México notificó sobre el cierre de este carril en este puente de una demarcación capitalina.

Un carril del puente de la Calle Poniente Número 140 y Avenida Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, será cerrado por trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales de la cuenta oficial de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el cierre de este carril en el puente será del martes 2 al miércoles 31 de diciembre.

La dependencia capitalina hizo un llamado a la población en general para tomar previsiones y planificar sus rutas de viaje.

Importancia del mantenimiento de carriles y puentes en la CDMX

El mantenimiento de carriles y puentes en la Ciudad de México tiene un impacto directo en la seguridad vial, la conectividad y la eficiencia del transporte urbano.

Las obras de conservación, refuerzo y rehabilitación de esta infraestructura crítica permiten reducir el riesgo de accidentes causados por el desgaste del asfalto, la corrosión y las deformaciones estructurales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la capital.

La prevención de incidentes se vuelve especialmente relevante en una ciudad donde circulan diariamente más de cinco millones de vehículos, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México.

Los trabajos de mantenimiento ayudan a evitar daños mayores a los puentes, lo que podría generar afectaciones al flujo vehicular, altos costos de reparación o incluso cierres temporales que afectarían la movilidad de cientos de miles de personas.

La intervención en juntas de dilatación, recubrimientos y soportes metálicos prolonga la vida útil de cada estructura y permite un desplazamiento más seguro.

Otra razón clave para priorizar estos trabajos es la protección frente a fenómenos como lluvias intensas y sismos. Según la SOBSE, un puente que recibe mantenimiento integral resiste mejor los embates de la naturaleza y reduce las probabilidad de colapsos parciales o totales.

Las autoridades de la Ciudad de México mantienen programas permanentes para identificar daños y canalizar los recursos a las zonas más vulnerables, empleando materiales certificados y nuevas tecnologías.

Así, el mantenimiento regular asegura traslados seguros y eficientes en una de las urbes más transitadas de América Latina.

El Gobierno de México avanza en la modernización de la infraestructura vial por medio de la entrega de trenes de repavimentación en todo el país, una estrategia que busca incrementar la seguridad y calidad de la Red Carretera federal.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la iniciativa contempla la entrega de maquinaria especializada a diversas entidades, sumando únicamente este año 16 equipos repartidos entre varias entidades de la República Mexicana como: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

En el reporte de la SICT, se detalla que los trabajos de rehabilitación e intervención ya se ejecutan en estos estados con el equipo recientemente asignado.

Las autoridades confirmaron que, en las fases siguientes, otros territorios, es decir, entidades de la República Mexicana como: Coahuila, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas recibirán sus respectivos trenes de repavimentación.

Cada estado de la República Mexicana tendrá que contar con maquinaria propia, aclaran autoridades del Gobierno de México

El programa tiene como objetivo que, para el cierre de 2026, cada entidad cuente con maquinaria propia para la mejora y mantenimiento de las vías federales.

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la inversión en estos trenes especializados asciende a mil 885 millones de pesos para la adquisición de 30 equipos solo en 2025.

“Con los trenes de repavimentación se reduce en 30 por ciento el costo de intervención de la infraestructura carretera y se agilizan los procesos de conservación y atención, incluso ante situaciones de emergencia”, indica el documento oficial consultado.

Esta reducción representa un avance relevante en el uso eficiente de recursos y una respuesta más oportuna ante la necesidad de vialidades seguras.

El equipo asignado por la SICT incluye maquinaria multifuncional: fresadora, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora de pavimento, compactador neumático, pavimentadora convencional y recuperadora de pavimento.

Esta dotación permite realizar trabajos de bacheo, retiro de asfalto, repavimentación y reencarpetamiento. Además, previo a la entrega, esta dependencia federal del Gobierno de México imparte cursos de capacitación al personal designado para operar la maquinaria y ofrecer un mantenimiento profesional.

El despliegue de trenes de repavimentación tiene un impacto directo en la movilidad de miles de personas, según explica la dependencia federal a través de la información proporcionada difundida.

Las intervenciones buscan optimizar el flujo vehicular, reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre regiones clave para la economía nacional.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) subraya que estas acciones consolidan el compromiso institucional con la modernización y seguridad vial, garantizando que las vías rehabilitadas sean más duraderas y resistentes al uso frecuente y a las eventualidades climatológicas, en beneficio de la población usuaria y del transporte comercial.

Acciona está ‘castigando’ a un directivo que denunció en el canal ético de la compañía a su superior por prácticas corruptas. El año pasado este trabajador tuvo que ser readmitido después de que el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla declarara nulo su despido por vulneración de sus derechos fundamentales. La compañía, una de las grandes empresas españolas en los sectores de las infraestructuras, las energías renovables, el agua y los servicios, le ha dejado sin equipo, no le está dando funciones y le ha reducido su retribución tras quitarle un complemento salarial. Otros cuadros intermedios de la empresa destinados en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana se han marchado voluntariamente contrariados por el “mal ambiente” de trabajo, con las relaciones con sus jefes y con el procedimiento de contratación con el que se opera.

Acciona, que está siendo investigada en la ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas, ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos directores de Zona. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de organización del PSOE. En el caso de este directivo despedido, readmitido y apartado dentro de la compañía, Infobae España ha preguntado a Acciona que pasó con la denuncia interna que puso contra su superior Francisco Javier López Buciega, director de ‘Citizen Services’ de Acciona. No ha habido respuesta.

Este diario, no obstante, ha sabido de tres fuentes distintas que la empresa le comunicó hace unos días que la investigación interna contra López Buciega está cerrada y para que este directivo denunciante no moleste más, Acciona ha decidido no recurrir la sentencia en primera instancia, por lo que su readmisión es definitiva. Sus condiciones de trabajo, no obstante, no son las que dejó cuando se fue. El equipo que trabajaba con él ha sido eliminado, ahora depende orgánicamente de una persona que antes dependía de él y le han quitado atribuciones, lo que ha supuesto una pérdida salarial significativa. Infobae España se ha puesto en contacto con este trabajador, que no ha querido hacer comentarios.

Como ya publicó Infobae España en septiembre de 2024, Acciona despidió a un directivo de la filial Acciona Servicios Urbanos SL, su delegado en Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla. El despido se ejecutó en febrero de 2022 alegando motivos económicos. Tres meses antes, en diciembre de 2021, este directivo había denunciado de manera anónima en el canal ético de la empresa (que sigue activo en la página web) a su superior, Francisco Javier López Buciega, alias ‘burundanga’ dentro de la compañía. En esa denuncia relataba “un modus operandi consistente en presionar a los funcionarios de los organismos públicos para que adelanten los borradores de los pliegos antes de que sean públicos”. Para ello, se usaba una cuenta de correo ajena a la empresa para que enviaran a Acciona los pliegos antes de que fueran publicados “y poder tener la ventaja competitiva frente al resto de licitantes para preparar con más tiempo la oferta o concurso en cuestión”.

El denunciante, descubierto

Este directivo, que aportó pruebas, amenazaba incluso con acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) si no cambiaban las políticas internas. Acciona puso al frente de esta denuncia a Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil fichado hace años por Acciona y que sigue en la compañía. Hay que recalcar que esta empresa tiene como director del área de seguridad internacional a José Manuel Sánchez Corbí, ex jefe de la UCO de la Guardia Civil, la misma unidad que investiga ahora ‘el caso Cerdán’. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso este diario, Collado acabó elaborando un informe en el que dejaba claro que el denunciante era este directivo en cuestión, cuando se supone que el canal ético salvaguarda el anonimato de los trabajadores que mandan mensajes.

El denunciante, antes de ser descubierto, también señaló que tenía más pruebas de otros amaños que implicaban a los Ayuntamientos de Toledo, Zamora, Coslada y Alicante. La respuesta de la empresa fue despedir a este directivo en febrero de 2022 y la suspensión cautelar de empleo y sueldo de su jefe, López Buciega, que solo fue apartado unas semanas y luego volvió a su puesto. El directivo despedido acudió entonces a los tribunales y un juzgado de Sevilla anuló su despido. Se incorporó en junio de 2024. El tribunal condenó a Acciona a su readmisión “en su puesto y condiciones de trabajo”, con abono de los salarios de tramitación, a razón de 254,83 euros brutos diarios. Además de pagarle una indemnización de 15.000 euros por daños y perjuicios.

Pero no ocupa el mismo puesto. Ya no tiene equipo. Como responsable de zona solo le han asignado un 20% de la geografía que gestionaba con anterioridad. Según han señalado varios trabajadores, “no tiene funciones ni contenidos, no le aceptan sus propuestas ni le informan de los proyectos que se ejecutan en su nueva zona geográfica. Además, le han quitado un suplemento salarial que ronda los 20.000 euros al año. La empresa no ha querido limpiar la mierda”. Un portavoz de Acciona explica que este tema es “un asunto estrictamente laboral, derivado de una reestructuración departamental de ASUMA (Acciona Servicios Urbanos y Medioambientales) que afectó a varios empleados en toda España. El empleado fue readmitido en su momento en cumplimiento de la sentencia laboral. La salida se produjo en medio de un proceso de reorganización. Cuando se produjo su reincorporación la estructura había cambiado. Su posición actual es equivalente a la que tenía en su momento. La readmisión se realizó conforme a lo estipulado en la sentencia de lo laboral”.

Marchas voluntarias

El ambiente no es el mejor en la empresa. Cuadros medios de la empresa destinados para gestionar los contratos que la compañía se ha llevado en los municipios de San Agustín de Guadalix, Coslada, Colmenar Viejo y Torrevieja se han marchado de la empresa, cansados de las “formas” de sus superiores y de los procedimientos de contratación que operan dentro de la compañía. Acciona acaba de adjudicarse el contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria en San Agustín del Guadalix (Madrid) durante los próximos diez años por 15 millones de euros. El mismo portavoz de Acciona antes mencionado señala que “no ha habido más denuncias” ni quejas internas contra López Buciega.

La compañía ya presta este mismo servicio en otros municipios madrileños como Colmenar Viejo, Coslada, Alcobendas y Madrid. En Coslada, por ejemplo, el Ayuntamiento, gobernado por un tripartito del PSOE, Más Madrid y Podemos-IU, ha decidido imponer una sanción de 9,3 millones de euros a la UTE que gestiona este contrato (FCC y Acciona) por saltarse 756 jornadas de trabajo pactadas en ese contrato. En Tortosa (Tarragona), el Ayuntamiento acaba de abrir otro expediente sancionador a la empresa, concesionario del servicio de limpieza de la vía pública y recogida de residuos, por el incumplimiento de varios puntos del contrato. En Palencia, el Consorcio Provincial de Residuos ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra Acciona por un presunto delito de desobediencia tras el cierre unilateral del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de la localidad.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido adelantar un mes el calendario previsto para la excavación del túnel que soterrará la A-5 en la calzada norte, correspondiente al sentido de salida de la ciudad. Según ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a partir del próximo lunes, todo el tráfico de la zona será desviado a la calzada sur, en sentido entrada a Madrid, con el objetivo de avanzar en los trabajos de excavación del túnel en el tramo norte.

La vicealcaldesa y portavoz, Inma Sanz, ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal que con este cambio concluye la primera fase de los desvíos asociados a la construcción del subterráneo de la A-5 en la calzada sur, que desde el mes de febrero había obligado a que el tráfico discurriese por la calzada norte. Ahora, con el inicio de la segunda fase, todo el tráfico rodado en sentido entrada a la capital, desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer, circulará por cuatro carriles: dos para cada sentido, lo que permitirá liberar completamente la calzada norte. El desvío entrará en vigor a las 6:00 horas del lunes.

El nuevo trazado facilitará la circulación al reducir el número de curvas, aunque se mantendrán los baipases en los enlaces de la carretera de Boadilla, Yébenes, Batán y Parque de Atracciones. Estos puntos requerirán desvíos de mayor duración para proceder a la demolición de las estructuras existentes. El esquema de circulación establecido se mantendrá hasta noviembre de 2026, fecha prevista para la apertura del túnel al tráfico rodado. Durante todo este periodo, la velocidad máxima permitida en la zona de obras seguirá limitada a 50 km/h, frente a los 70 km/h previos al inicio de los trabajos.

La transformación urbana culminará con un nuevo túnel

La ejecución del paseo Verde del Suroeste y el soterramiento de la A-5 permitirán al Ayuntamiento de Madrid recuperar para los vecinos el espacio actualmente ocupado por la autovía, que ha actuado como barrera entre los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, y los de Campamento y Casa de Campo. Una vez finalizada la obra en la A-5, por la que circulan diariamente 80.000 automóviles, se prevé una reducción del 90 % en el número de vehículos en superficie y en las emisiones contaminantes.

La cubrición de la A-5 en superficie posibilitará la continuidad del bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer, en una intervención que abarca un total de 3,2 kilómetros. El proyecto prioriza la movilidad peatonal y ciclista, reservando la vialidad necesaria para los desplazamientos locales en vehículo privado y para el transporte público urbano.

El túnel que se está construyendo bajo la A-5 contará con una configuración de tres carriles por sentido, distribuidos en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas estarán destinados a funcionar como carriles bus-VAO, equipados con señalización variable que permitirá regular su uso en función de las necesidades del tráfico en cada momento. Este sistema flexible facilitará la optimización de la infraestructura, adaptándose a la demanda de transporte de manera dinámica, según ha detallado el portal del Ayuntamiento de Madrid.

Durante una rueda de prensa en los pasillos del Pleno de Cibeles, José Luis Martínez-Almeida destacó el ritmo actual de las obras del futuro circuito de Fórmula 1 en Madrid, señalando que éstas superan en velocidad el calendario inicialmente trazado. El alcalde insistió en que, sin importar las dudas expuestas por medios internacionales, el 12 de septiembre del próximo año la capital contará con el evento previsto, confirmando que la ciudad acogerá la Fórmula 1 en la fecha acordada.

Tal como consignó el medio RMC Motori, en Italia surgieron interrogantes sobre la viabilidad del proyecto, mencionando posibles demoras en la finalización de las infraestructuras necesarias. Ante estos planteos, Martínez-Almeida respondió de manera clara, negando cualquier problema con los plazos y atribuyendo las conjeturas a una fuente que no logró identificar. Según sus palabras, reproducidas por varios medios, "no sé de dónde sale esa noticia pero el circuito va con adelanto respecto del calendario previsto en su ejecución y va perfectamente".

De acuerdo con el testimonio del alcalde, además de desestimar las acusaciones sobre retrasos, el ambiente frente a la organización del evento se encuentra marcado por una demanda anticipada notablemente elevada para las entradas. Martínez-Almeida subrayó que la preventa resultó ser un “auténtico éxito”, reforzando la idea de que el entusiasmo del público respalda la apuesta de Madrid por la Fórmula 1. “Los patrocinadores están ahí, el circuito se está ejecutando, por lo tanto, lo siento, pero el 12 de septiembre del año que viene habrá Fórmula 1 en Madrid, que será un auténtico éxito”, sentenció el alcalde, según reportó el medio citado.

Durante su breve intervención, el alcalde también aludió a las “reticencias” y molestias expresadas por sectores que ponen en duda la celebración del evento. Explicó que a pesar de dichas actitudes, el proyecto del Gran Premio de Madrid sigue en pie con el respaldo tanto de inversores como de patrocinadores, lo cual refuerza, a su juicio, la solidez del acuerdo entre la ciudad y la organización de la Fórmula 1 internacional. Esta firmeza, de acuerdo con la cobertura de RMC Motori y medios locales, busca ofrecer certidumbre frente a rumores o publicaciones que ponen en cuestión el desarrollo del circuito urbano y la fecha señalada.

La atención de la prensa internacional y nacional en torno a la construcción del trazado para la Fórmula 1 en Madrid ha situado en el centro del debate a la planificación y gestión de los plazos, los acuerdos comerciales y las repercusiones para la ciudad. Según explicaron distintos voceros municipales en los últimos meses, la ejecución de las obras implica coordinación entre múltiples departamentos y la adopción de medidas que permitan cumplir con los requerimientos técnicos de una competición de máxima exigencia.

El seguimiento en tiempo real de las etapas del proyecto ha sido recurrente en la agenda de la ciudad, siendo las ventas anticipadas otro indicador que ha sido resaltado por las autoridades madrileñas como prueba de la expectación y el respaldo ciudadano e internacional. Martínez-Almeida indicó que la respuesta del público, junto con la implicación firme de los patrocinadores, consolida la viabilidad económica y social del gran premio.

Las declaraciones del alcalde se producen después de que la publicación de RMC Motori originara un debate mediático en el que se llegó a poner en duda la capacidad de Madrid para albergar una etapa del mundial de Fórmula 1 en el plazo anunciado. En ese contexto, Martínez-Almeida se mostró tajante al rechazar esas sugerencias y reafirmó que el cronograma se cumple, describiendo la gestión de la obra como “perfecta” respecto a los objetivos marcados. Las manifestaciones recogidas por varios medios buscan dejar sentada de manera oficial la postura del Ayuntamiento ante rumores o informaciones que, desde el exterior, han elevado la incertidumbre sobre la cita automovilística.

En suma, tras las recientes publicaciones internacionales y los cuestionamientos al ritmo de las obras, el alcalde sostuvo que Madrid mantiene su acuerdo y organización en marcha para recibir el 12 de septiembre la competición de automovilismo, proyectando la realización de un gran premio sin alteraciones al calendario inicial.

Durán, quien llegó a Lima en representación de los 16 alcaldes involucrados, señaló que en 2025 el Gobierno solo les transfirió entre el 20 % y30 % del presupuesto total de cada obra, lo que limitó severamente el avance físico. En el caso de Cusipata, dijo, se recibió apenas el 30% de los fondos, lo que permitió ejecutar únicamente alrededor del 29% de lo programado.

“Todos los proyectos cuentan con convenio firmado con el Ministerio de Salud. Sin embargo, el 70 % restante no figura en el presupuesto para 2026. Si no se incluye en el debate de estos días, las obras quedarán paralizadas”, advirtió el alcalde.

Obras claves para 12 provincias del Cusco

Los 16 proyectos forman parte del programa nacional 'Plan 1000′, orientado al cierre de brechas en salud en zonas rurales. Incluyen construcción y equipamiento de centros de salud en:

• Cusipata (Quispicanchis)
• Huancarani y Colquepata (Paucartambo)
• Pilpinto y Huanoquite (Paruro)
• Maranganí (Canchis)
• Chamaca (Chumbivilcas)
• Acos y Sangarará (Acomayo)
• Huaro (Quispicanchi)
• Langui (Canas)
• La provincia del Cusco
• Y otros distritos priorizados

Las autoridades estiman que estas obras beneficiarían a entre 250 mil y 300 mil personas, incluyendo población residente, comunidades rurales y miles de turistas que se desplazan hacia destinos como la Montaña de Siete Colores, ubicada cerca de Cusipata.

Durán recordó que muchos establecimientos funcionan aún en infraestructura de adobe y carecen de ambulancias o equipamiento básico, lo que dificulta la atención de emergencias.

Sin garantía de continuidad pese a convenios firmados

El alcalde subrayó que todos los municipios han cumplido con ejecutar el presupuesto asignado este año según los desembolsos del Minsa. Por ello, consideró inexplicable que las obras —de continuidad obligatoria— no hayan sido programadas para 2026.

“Todo proyecto en ejecución debe tener garantizada su continuidad. Lamentablemente, no está en el proyecto de ley y ahora depende del Congreso incluirlo como anexo durante el debate”, afirmó.

Los alcaldes sostuvieron reuniones con el ministro de Salud, quien señaló que la responsabilidad de incorporar estos proyectos recae ahora en el Parlamento.

Riesgos para la atención en zonas turísticas y rurales

Durán advirtió que la falta de inversión no solo afectará a las comunidades altoandinas, sino también al creciente flujo turístico. En Cusipata —principal ruta hacia la Montaña de Siete Colores—, un accidente puede volverse crítico ante la falta de un centro de salud adecuado.

Además, mencionó la necesidad urgente de mejorar la carretera carrozable hacia la montaña, actualmente de tierra y con altos niveles de polvo, aunque con mantenimiento local. El distrito ya cuenta con el perfil para asfaltar la vía y busca apoyo del Gobierno Regional y del Ejecutivo.

Expectativa por el debate presupuestal

El Congreso continúa este miércoles el debate de la Ley de Presupuesto 2026. Los alcaldes cusqueños esperan que durante la sesión se incorpore el financiamiento pendiente.

De no ocurrir, alertan, las 16 obras quedarían paralizadas, afectando a miles de ciudadanos y comprometiendo la capacidad de respuesta sanitaria en una de las regiones más visitadas del país.

En distintos sectores de la economía se percibe que algo dejó de engranar. La infraestructura, que durante años funcionó como un motor silencioso del crecimiento, atraviesa un momento de evidente desgaste. Las señales se vienen acumulando y los datos confirman que el país retrocede en un frente que, hasta hace poco, impulsaba inversiones, empleo y competitividad.

Uno de los puntos que más inquieta es el rezago en las obras civiles, cuyas cifras muestran una caída que rompe con la tendencia de expansión que caracterizó la década pasada. Según el último informe de Corficolombiana, la producción total está 27,8% por debajo de los niveles previos a la pandemia. En el caso de carreteras y calles, el retroceso es todavía más profundo, 43,8% frente a 2019. La fotografía, advierte el estudio, es comparable a la actividad registrada hace veinte años.

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No siempre fue así. Entre 2012 y 2019, la infraestructura vivió un ciclo vigoroso, las obras civiles crecían al doble de la economía y llegaron a aportar más del 2% del PIB. Sin embargo, para 2023, esa participación cayó a 1,1%, el nivel más bajo del siglo. La ruptura del ciclo es evidente y sus efectos empiezan a sentirse en la conectividad regional, el empleo y la competitividad.

El informe señaló que una de las causas es la transición inconclusa entre las concesiones 4G y 5G. Mientras las primeras entran en su etapa final, la nueva generación de proyectos aún no despega. Hasta ahora, solo cuatro iniciativas 5G están en obra, pese a que la ola completa supera los $10 billones en inversiones previstas. En contraste, las 4G, que en 2019 movían más de $10 billones, ejecutan apenas $1,3 billones en 2025.

A esto se suma el lento avance del componente multimodal del Plan Nacional de Desarrollo, llamado a diversificar el transporte por tren, aire y vías fluviales. Las metas, no obstante, quedaron lejos de lo proyectado, el avance general es del 47%, las adjudicaciones férreas no superan el 28,9%, las mejoras en aeropuertos no concesionados alcanzan solo el 6,7% y ninguna obra multimodal 5G comienza su fase de construcción.

La exministra de Transporte María Constanza García ya advertía desde el año pasado que parte del problema radicaba en la toma de decisiones de corto plazo y en la falta de continuidad de los proyectos pensados para reducir los costos logísticos del país. Su análisis cobró vigencia ante los resultados que hoy presenta Corficolombiana.

Otro de los frentes críticos es Caminos Comunitarios de la Paz Total, que aspiraba a intervenir 33.000 kilómetros de vías terciarias. El avance real llega solo a 8.600 kilómetros (26%), con un 2025 particularmente débil en ejecución. Los recortes presupuestales y las investigaciones por presuntas irregularidades frenaron el ritmo del programa, que nació para impulsar la conectividad rural.

El Invías tampoco escapó a las alarmas, entre 2022 y 2025 ejecutó apenas la mitad de su presupuesto. Pasó de manejar $2,4 billones al año a $1,5 billones, un descenso que limita el alcance de los proyectos y retrasa soluciones en corredores estratégicos.

A esto se suma la inestabilidad institucional. Más de diez cambios directivos en el Ministerio de Transporte, la ANI e Invías agregaron incertidumbre en un sector que depende de claridad regulatoria para atraer inversión privada. Las dudas sobre vigencias futuras y la falta de señales coherentes sobre compensaciones y riesgos generan desconfianza, el elemento más costoso en cualquier proyecto de infraestructura.

Mientras tanto, el país sigue enfrentando costos logísticos que se remontan hasta 15,6% en 2024, según Analdex, un incremento que termina trasladándose al precio final de los productos. Algunas regiones, sin embargo, lograron sostener parte del impulso, el avance del 67% de la Primera Línea del Metro de Bogotá y el empuje de Antioquia en el Túnel del Toyo son ejemplos de cómo la gestión territorial evitó un deterioro mayor.

La autopista Dellepiane, una de las conexiones entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, permanecerá cortada en ambos sentidos durante tres noches esta semana. Desde el martes 25 hasta el jueves 27, la traza que conecta el sur porteño con el oeste bonaerense quedará interrumpida en ambos sentidos entre Larrazábal y avenida General Paz. El cierre, que regirá de 22 a 5, se implementará para montar las vigas del nuevo puente peatonal Piedra Buena, ubicado a 500 metros de General Paz.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires y Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) confirmaron la medida y detallaron los desvíos previstos para garantizar la circulación. Los conductores que lleguen desde autopista Riccheri hacia el centro deberán desviarse obligatoriamente hacia la avenida General Paz.

Desde allí, el tránsito podrá ramificarse por diversas rutas alternativas como autopista Perito Moreno, avenida Directorio, avenida San Juan, avenida Roca y avenida 27 de Febrero. Aquellos que utilicen el puente La Noria, por ejemplo, podrán evitar Dellepiane optando por la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora.

En el sentido contrario, rumbo a Provincia de Buenos Aires, el desvío obligatorio será en la salida de Larrazábal. Luego, la colectora permitirá acceder a General Paz o, según la preferencia del conductor, se podrá utilizar la avenida Eva Perón o Alberdi para continuar el viaje. Alternativamente, quienes decidan anticipar el desvío podrán conectar con General Paz y Riccheri utilizando la autopista Perito Moreno.

Este procedimiento se activará por el traslado y montaje de las vigas que, según el comunicado de AUSA, formarán parte de la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena, que se está construyendo sobre la autopista Dellepiane, a 500 metros de la General Paz. El operativo incluye corte total, presencia de señalización e indicaciones en todos los accesos afectados para ordenar la circulación y prevenir demoras mayores.

Los trabajos no se limitan a este sector puntual. A lo largo de la traza impactada, hay restricciones de calzada en ambos sentidos entre Piedra Buena y avenida Argentina-Larrazábal, con reducción en las banquinas y parte del carril derecho. El efecto se nota especialmente en horas pico, cuando los 200.000 vehículos que utilizan la Dellepiane diariamente buscan caminos alternativos. Las autoridades sugieren planificar el trayecto con anticipación y estar atentos a la señalización horizontal y vertical instalada para guiar los desvíos.

Las obras que motivan el corte forman parte del plan de modernización de la autopista Dellepiane, que aspira a reconvertir la traza en un corredor ágil, con mejores condiciones de circulación y una batería de sistemas pensados para la seguridad y la conectividad de los barrios vecinos. Entre los puntos destacados figura la instalación de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, que irá desde Piedra Buena hasta el metrobús de la autopista 25 de Mayo.

Según informaron, este corredor tendrá doble sentido, seis paradores centrales, circulación diferenciada por defensas de hormigón y pasarelas elevadas para el acceso seguro de todos los pasajeros, incluso personas con movilidad reducida y quienes usan cochecitos de bebé.

A estas obras de movilidad e infraestructura se suma la extensión de las colectoras norte y sur entre Piedra Buena y Rucci, con la meta de sortear los actuales obstáculos del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, que interrumpen el tránsito a 600 metros de General Paz.

Otro componente prioritario es la inclusión de un parque lineal de cuatro kilómetros sobre la autopista, con canchas para deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un extenso corredor verde con senderos para caminatas, carreras y bicisendas. Nuevas luminarias, rampas accesibles y señalización completan la propuesta para fomentar el uso recreativo y promover la conexión de los barrios lindantes.

Por fuera del asfalto, las intervenciones incluyen una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez, destinada a fortalecer el escurrimiento de aguas y prevenir los anegamientos tras lluvias intensas. Esta obra comprende la construcción de dos conductos de 1,5 a 2,6 metros de diámetro y 247 sumideros a lo largo de casi 2.700 metros, con un beneficio directo para más de 3.700 vecinos.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño recordó que el objetivo de las obras es acortar los tiempos de viaje de alrededor de 15.000 usuarios del transporte público, asegurar condiciones de accesibilidad y sumar calidad a la red vial.

El cierre de la Autopista Dellepiane en la ciudad de Buenos Aires vuelve a modificar la rutina nocturna de automovilistas y usuarios del transporte público. Desde las 22 de este lunes hasta las 5 de la mañana del martes, el tramo comprendido entre Larrazábal y Avenida General Paz permanecerá interrumpido en ambos sentidos. El motivo central: el avance de trabajos para el montaje de las vigas del nuevo puente peatonal Piedra Buena, a 500 metros de General Paz. Así lo informaron fuentes de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.) y lo comunicó el Ministerio de Infraestructura local.

La circulación habitual por Dellepiane se verá alterada por una serie de desvíos obligatorios. Los conductores que ingresan desde la Riccheri hacia el centro tendrán un giro imprevisto: deberán desviarse hacia General Paz, desde donde será posible retomar hacia la ciudad por rutas alternativas, como la Autopista Perito Moreno, Avenida Directorio, Avenida San Juan, Avenida Roca y Avenida 27 de Febrero. El corte afecta la totalidad de la calzada, por lo que no se habilitará ningún carril para el paso de vehículos en el tramo intervenido.

En dirección inversa, hacia provincia, quienes transiten por Dellepiane encontrarán el desvío obligatorio en la salida de Larrazábal. Desde allí podrán continuar por la colectora hasta General Paz o elegir caminos alternativos por avenidas como Eva Perón y Alberdi.

Para evitar congestión, AUSA también sugiere tomar Perito Moreno previamente y conectar con el corredor que lleva hacia General Paz y Riccheri, según precisó en un parte oficial.

La causa de la restricción se remonta a una obra emblemática: el montaje de las vigas que integrarán la futura estructura del puente peatonal Piedra Buena. De acuerdo con la información oficial, la maniobra sobre la autopista requiere interferir completamente el tránsito, dadas las operaciones logísticas y de seguridad necesarias para instalar los componentes estructurales sobre el corredor. El corte se mantendrá solo durante la franja nocturna, con el objetivo de minimizar el impacto sobre los más de 200.000 usuarios diarios de este acceso, conforme detalló AUSA.

La construcción del puente se inscribe dentro del Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que prevé transformar el tránsito en una de las arterias más transitadas del área metropolitana.

Esta iniciativa va más allá del puente peatonal: el plan contempla la incorporación de un carril exclusivo para el transporte público de 4,6 kilómetros, uniendo Avenida General Paz con la estructura ya existente del Metrobús 25 de Mayo. Cuatro paradas aisladas del tránsito vehicular permitirán el ascenso y descenso de pasajeros, una modificación que, según espera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, optimizará la circulación y reducirá embotellamientos en este sector clave.

El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que cambiará el tráfico de la Autopista Dellepiane para siempre. Este plan incluye la continuidad de las colectoras y la eliminación de los cortes generados por el cruce de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, mejorando la conexión entre la ciudad y el conurbano bonaerense.

La Administración del sistema de autopistas y la cartera de infraestructura indicaron que una vez concluidos los trabajos nocturnos, la circulación quedará habilitada con normalidad en ambos sentidos.

Por ahora, se recomienda prestar atención a la señalización, informarse sobre los desvíos antes de emprender viaje y considerar los itinerarios alternativos sugeridos. Los operativos de seguridad vial estarán activos en los puntos de cierre a fin de guiar a los conductores y evitar demoras adicionales.

La transformación de la Autopista Dellepiane avanza con intervenciones que contemplan tanto la seguridad peatonal como la agilización del flujo vehicular en una de las puertas de acceso más dinámicas de Buenos Aires. Se prevé que la construcción del nuevo puente y las mejoras previstas impacten de manera directa en la experiencia diaria de miles de usuarios que cruzan ese corredor.

La Comunidad de Madrid reabre este sábado la Línea 7B de Metro, tras completar las obras de reparación que forman parte del Plan Integral de Actuaciones en San Fernando de Henares. El tramo permanecía cerrado desde julio de 2024, cuando se suspendió el servicio por los problemas detectados en el terreno.

Desde las 6:00 horas del 22 de noviembre, el servicio quedará restablecido en el tramo comprendido entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares, un corredor utilizado a diario por unas 120.000 personas. La reapertura llega después de meses de trabajos de auscultación del terreno, monitorización permanente y actuaciones destinadas a garantizar la seguridad de la infraestructura.

Según los datos del Gobierno regional, la Dirección General de Infraestructuras ha ejecutado una estabilización de 20.600 metros cuadrados de terreno, junto con la rehabilitación estructural de 5.575 metros del trazado. Parte de los trabajos ha requerido inyecciones de mortero a profundidades de hasta 45 metros, alcanzando un volumen total de 1.279 toneladas, el equivalente a cinco piscinas olímpicas. Estas actuaciones han sido clave para reforzar el suelo y prevenir nuevos movimientos en la zona.

El Ejecutivo autonómico recuerda que, en los últimos años, la inversión asociada a la recuperación integral de la 7B asciende a 171,2 millones de euros. Esta cifra incluye la ejecución de obras, el mantenimiento y la supervisión geotécnica que continuará activa durante la explotación ordinaria de la línea. Desde febrero de 2023, las mediciones realizadas no han registrado desplazamientos del terreno, y cinco informes técnicos independientes avalan la estabilidad del trazado, así como el buen estado del hormigón en la plataforma y en la contrabóveda del túnel.

Atención a vecinos y comercios afectados

Además de las intervenciones en el Metro, el plan autonómico ha incorporado medidas dirigidas a los vecinos de San Fernando de Henares afectados por los movimientos del terreno y por los trabajos asociados. El Gobierno regional ha gestionado el realojo de las personas cuyos inmuebles presentaban riesgo, garantizando manutención, transporte, vigilancia de las viviendas y mantenimiento de suministros básicos como agua, energía o telefonía. Durante el periodo de obras, también se habilitaron plazas de garaje en aparcamientos privados para las familias desplazadas.

En 2022 se puso en marcha una Oficina de Atención presencial, un recurso que ha tramitado 1.741 consultas sobre realojos, compensaciones y seguimiento técnico. En paralelo, se abrió un proceso automático de expedientes de responsabilidad patrimonial con el objetivo de compensar económicamente a propietarios de viviendas y locales afectados. Hasta la fecha, 83 titulares han recibido un total de 11,8 millones de euros.

La Comunidad también habilitó una línea específica de ayudas para pymes y autónomos, dotada con 500.000 euros, destinada a cubrir inversiones en equipamiento o reformas necesarias para paliar el impacto que la situación tuvo en la actividad comercial del entorno.

De forma complementaria, avanzan las obras del nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en la zona donde se encontraba el complejo dotacional El Pilar. Será un espacio accesible, con áreas de juegos infantiles, zonas de ocio y un área destinada a calistenia. Este espacio forma parte del objetivo de reordenar el entorno urbano afectado y recuperar para los vecinos un área de uso público.

Dentro del mismo calendario de actuaciones, Canal de Isabel II ejecutará mejoras en las infraestructuras hídricas y de saneamiento del municipio. Entre los trabajos previstos figuran la construcción de un tanque de almacenamiento de aguas residuales y la renovación de la depuradora de Casaquemada. Estas intervenciones se realizan en colaboración con el Ayuntamiento dentro del Plan Sanea, que busca modernizar la red de saneamiento y reforzar su capacidad en los municipios de la región.

Con la reapertura de la Línea 7B, San Fernando de Henares recupera un servicio clave para la movilidad diaria, mientras continúan las actuaciones urbanas destinadas a cerrar una de las intervenciones más complejas en la red madrileña de los últimos años.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires anunció que esta semana se realizarán cortes durante la noche en las autopistas Dellepiane y Lugones para avanzar con las obras de remodelación que se están haciendo para colocar el puente peatonal Piedra Buena y la refacción en el puente Labruna.

De acuerdo a lo que informaron las fuentes oficiales, el trabajo de Autopistas Urbanas (AUSA) en la Dellepiane se realizará entre Larrazábal y avenida General Paz, por lo que estará cortado en la zona de Mataderos. Mientras que en el barrio de Núñez, para avanzar con los trabajos sobre el puente a la altura del estadio de River Plate por la Lugones, el tránsito será desviado por avenida Udaondo.

El lunes 17 de noviembre, a partir de las 22 y durante siete horas consecutivas, se interrumpirá completamente la circulación en ambos sentidos de la autopista Dellepiane entre Larrazábal y General Paz. Se trata de una de las medidas más importantes del Masterplan Dellepiane, por lo que tanto las rampas de acceso como las arterias internas estarán señalizadas para canalizar los desvíos. Quienes se desplacen en sentido al centro de Buenos Aires desde Riccheri deberán desviarse en dirección a General Paz, donde podrán elegir entre empalmar con AU Perito Moreno o bien tomar las avenidas Directorio, San Juan, Roca o 27 de Febrero, según su destino final. En sentido provincia, el desvío obligado será en Larrazábal, sobre la colectora, permitiendo la conexión con General Paz a través de Eva Perón o Alberdi, o utilizando la AU Perito Moreno para volver a Riccheri.

La intervención central de esta etapa es el traslado y montaje de las vigas del futuro puente peatonal Piedra Buena, que se extenderá sobre la traza de la autopista Dellepiane a 500 metros de General Paz. Las tareas, desarrolladas por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), buscan mejorar el flujo peatonal entre barrios aledaños y garantizar un cruce seguro por encima de uno de los accesos clave del sudoeste porteño.

En simultáneo, se avanzará en la ampliación del puente Labruna sobre la autopista Lugones. El miércoles 19 de noviembre, desde las 22 horas y durante siete horas, se cortará completamente la circulación a la altura del puente Labruna, en las inmediaciones del estadio de River Plate, redirigiendo todo el tránsito a partir de la avenida Udaondo y, desde allí, a Figueroa Alcorta y Pampa para poder reincorporarse a Lugones aguas arriba del tramo en obra. Estas tareas están destinadas a montar la rama norte del puente Labruna, lo que permitirá duplicar la cantidad de carriles y potenciará la segmentación de flujos en esa vía, con un beneficio esperado tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Las restricciones serán informadas a la ciudadanía por medio de la señalización vial, agentes en la vía pública y dispositivos electrónicos, a fin de orientar de manera clara y evitar retrasos mayores en los desplazamientos nocturnos. El plan de obra prevé que una vez finalizado el montaje de las vigas, ambas autopistas recuperarán su circulación habitual para los horarios pico y diurnos, optimizando el rendimiento del cronograma establecido por el Ministerio de Infraestructura y AUSA.

El proyecto de ampliación del puente Labruna alcanza a más de 350 mil usuarios y tiene entre sus objetivos la creación de nuevas ramas de entrada y salida para las avenidas Lugones y Cantilo, imponiendo una pasarela peatonal diseñada especialmente para cubrir la demanda futura de peatones y ciclistas. Según especificaron, la nueva infraestructura implicará una segmentación clara de los carriles para cada tipo de usuario, reforzando la seguridad vial y facilitando el acceso a lugares estratégicos de la Ciudad como el Parque de la Innovación, el estadio de River, la Ciudad Universitaria, clubes deportivos y la Reserva Ecológica Norte. El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, con previsión de concluir hacia mediados de 2026.

Las características del nuevo puente Labruna apuntan a la integración multimodal. Su diseño incluye cuatro retomes que optimizan los movimientos entre avenidas, un viaducto de doble carril sobre Lugones y Cantilo, y la generación de espacios de plazas elevadas, rampas, terrazas y escaleras que ordenan los flujos peatonales y ciclistas. Se prevén hasta cinco accesos peatonales distintos, conectando las terminales ferroviarias, la Ciudad Universitaria, Campos Salles, el boulevard Udaondo y zonas deportivas del entorno.

A su vez, el Masterplan Dellepiane está orientado a transformar la experiencia de los más de 200 mil conductores y viajeros diarios en esa autopista, así como a mejorar la calidad de vida en los barrios circundantes. El eje vial del plan es la prolongación y mejora de las colectoras, particularmente en los tramos afectados por la intersección con las vías del Ferrocarril Belgrano Sur. También se proyecta la incorporación del Metrobus Dellepiane, que permitirá enlazar con el ya existente en la AU 25 de Mayo, extendiendo los corredores exclusivos para el transporte público y descongestionando la arteria principal.

El plan urbanístico en esta vía contempla un parque lineal verde a lo largo de la autopista, con una longitud de más de 4 kilómetros, zonas deportivas, juegos infantiles y equipamiento comunitario. Este nuevo espacio aspira a disminuir el impacto acústico y el calor urbano provoca­do por el tránsito intenso y, a la vez, a absorber parte de la contaminación generada en el corredor. Desde la visión hidráulica, se prevé el entubamiento de los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán para incrementar la protección contra inundaciones y tormentas fuertes, beneficiando a los barrios vecinos y su acceso.

El F.C. Barcelona vuelve a escena en su casa. Dos años y medio después, el club blaugrana ha anunciado la apertura del nuevo Spotify Camp Nou. No obstante, las obras seguirán vigentes hasta 2028. Entre 1.800 y 4.000 trabajadores han trabajado para que los Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y compañía vuelvan a pisar el césped de su estadio. Sin embargo, ahora toca rendir cuentas.

En los últimos días, la remodelación del estadio atraviesa su mayor crisis laboral desde el inicio del proyecto, en junio de 2023. Decenas de despidos de empleados extranjeros han denunciado haber sido contratados sin la documentación legal, sin cotizar, y en condiciones de explotación. El caso ha llegado a tal punto que la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional se han visto obligadas a intervenir, investigando un posible delito contra los derechos de los trabajadores.

El punto álgido de las protestas ha sido esta semana, después que Extreme Works UAB, una de las subcontratas de la constructora turca Limark, comunicara a 13 obreros que no podían seguir trabajando. Según ha denunciado CCOO, el aviso se realizó “de viva voz, sin entregar ningún documento, y mediante un intérprete que leyó un comunicado de la empresa al finalizar el turno de trabajo”, según ha recogido El Periódico.

Ello se suma a que la decisión llega apenas un día después de que los afectados participaran en una protesta para denunciar que estaban “trabajando sin papeles” y para reclamar la readmisión de una veintena de compañeros despedidos la semana anterior. Todos los operarios son de origen turco y llevan más de un año viviendo en Barcelona.

“Es una estructura muy bien diseñada”, ha afirmado Carlos del Barrio, portavoz de CCOO Construcción. “Nos enseñan las tarjetas verdes y se piensan que con eso pueden trabajar, pero no funciona así”, ha denunciado. Además, el sindicato sostiene que no existe ningún contrato firmado.

Doce horas a la semana, siete días

Según CCOO, los obreros han trabajado una media de doce horas diarias, siete días a la semana, por aproximadamente 2.000 euros al mes. “Eso, sin cotizar, es prácticamente lo mismo que el Salario Mínimo”, han subrayado desde la organización. La falta de un contrato deja a los trabajadores sin los derechos laborales básicos ni indemnización por despido.

La empresa les ha instado a volver a Turquía “lo antes posible” porque “su periodo de desplazamiento internacional ha finalizado”, comprometiéndose a pagar su sueldo una vez hayan aterrizado en el país del este de Europa. Sin embargo, el portavoz ha alertado: “Es una manera de asfixiarles económicamente. Les pagarán el sueldo, pero no todas las horas que han hecho y mucha menos una indemnización”.

El sindicato ha aconsejado a los empleados que no regresen a Turquía y permanezcan en los pisos facilitados por la empresa para demostrar su vínculo laboral y emprender acciones legales. CCOO busca así activar una regularización extraordinaria a través de Extranjería para aquellos que denuncien a la empresa tras más de seis meses trabajando en situación irregular.

Inspección de Trabajo y Policía entran en acción

La Inspección de Trabajo de la Generalitat ya había detectado trabajadores sin documentación en regla y está elaborando actas de infracción. El secretario Treball, Paco Ramos, ha asegurado que esperan “tener los primeros resultados en las próximas semanas”.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha ido más allá y ha abierto una investigación policial. “No nos va a temblar el pulso en investigar hasta el último resquicio de cualquier posible acto delictivo”, ha advertido Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Barcelona.

Ahora, la Policía Nacional está recabando pruebas en coordinación con CCOO e Inspección de Trabajo. Muchos denunciantes llegaron en diciembre de 2024 y han estado residiendo en Calella, desde donde se desplazaban a diario a las obras.

La Complutense de Madrid, la universidad presencial más grande de España, reconoce en un documento interno que algunos de sus edificios no tienen sistemas de detección y alarmas contra incendios. Se trata del Edificio Principal de la Facultad de Ciencias de la Información y el Edificio Biblioteca de la Facultad de Derecho, dos de las zonas más transitadas por el alto número de alumnos. Para intentar solucionar el problema, la Complutense, que pasa por graves apuros económicos, ha licitado un contrato valorado en 1,5 millones de euros para realizar las obras.

La memoria justificativa de este contrato asegura que estos inmuebles cuentan con una instalación de protección contra incendios (PCI) que, “dada su antigüedad, se ha quedado obsoleta”. Además, “no cubre ciertas zonas de estos edificios, por lo que se encuentran sin protección”. También “tienen elementos que no son los adecuados para el riesgo a proteger”. Por todo ello, “se requiere realizar una actuación integral para la modernización y adecuación a la normativa vigente con el fin de garantizar la seguridad de los mismos y de sus ocupantes”.

La universidad ya lleva tres años con este proyecto, conociendo los riesgos que conllevaba no contar con esta protección en estas zonas. Finalmente, las obras en la Facultad de Ciencias de la Información costarán 725.646 euros y las de la Facultad de Derecho, otros 766.092 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de 17 semanas. De hecho, la semana pasada la Mesa de Contratación recibió ya las ofertas de seis empresas. Ahora solo falta adjudicar el contrato y comenzar los trabajos. “La adjudicataria se comprometerá a formar al personal de la universidad acerca del uso y mantenimiento de la instalación ejecutada”, señalan los pliegos.

Las seis universidades públicas madrileñas tienen problemas económicos. Por eso, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido aumentar su financiación en 75,3 millones, lo que supone una subida del 6,5%. Los presupuestos madrileños para 2026, presentados este miércoles, reflejan que las universidades recibirá 1.239,7 millones, cifra récord. Cantidad que, sin embargo, no colma las exigencias de los rectores. La Complutense, en concreto, ultima ahora un préstamo de 34,5 millones de euros que les va a obligar a tener unos “presupuestos de guerra” los próximos tres años. Y es que la Complutense necesita dinero para pagar las nóminas de sus 11.400 trabajadores.

Menos dinero para obras

Pero hay gastos que son inexcusables, como estas obras para instalar correctamente un sistema contra incendios. Y eso que la Comunidad de Madrid dedica ahora a “obra nueva y reformas” once veces menos que en 2007. Este 2025, la Complutense ha recibido seis millones con este destino. Gran parte de este montante se va para este proyecto.

Hay que destacar que la Facultad de Ciencias de la Información ocupa 29.200 metros cuadrados distribuidos en siete plantas. Hay cuatro centrales de incendio. El edificio completo dispone de pulsadores de alarma, sin embargo, se encuentran distanciados unos de otros, “no cumpliendo los requisitos normativos de disponer de un pulsador a una distancia máxima de 25 metros desde cualquier origen de evacuación, además, se encuentran sin señalizar, siendo necesaria su señalización”, reconoce el ingeniero que ha realizado el proyecto de revisión de las instalaciones.

En el caso de la Biblioteca de la Facultad de Derecho, la superficie afectada es de 26.352 metros cuadrados distribuidos en diez plantas. Los pulsadores de alarma se encuentran limitados a la entreplanta donde se sitúan las salas de lectura y los despachos situados al final del pasillo de la entreplanta que comunica con los salones de actos. Solo las salas de lectura cuentan con sirenas óptico-acústicas de alarma, aunque aquí no hay sistemas de detección en los lucernarios, “quedando estos sin cubrir por el sistema de detección, así como en la cafetería”, explican los informes técnicos.

La llegada de las bajas temperaturas ha sorprendido a alumnos y profesores del IES Cardenal Cisneros en pleno proceso de renovación, obligándoles a convivir con 28 ventanales sin cubrir y a soportar el frío en los pasillos del edificio.

El centro, el segundo más antiguo de la capital, deberá afrontar el invierno con una reforma largamente esperada, aunque afectada por los retrasos en el suministro de materiales, que dejan expuestas varias zonas del inmueble a pocos días de que empiece noviembre.

“Ha llegado el frío y nos pilla sin ventanas en los pasillos. Les rogamos que pidan a sus hijos que vengan al centro con ropa adecuada para estas circunstancias”, señala un comunicado enviado a las familias. Además, pide paciencia y confianza en que la situación se resolverá.

La intervención forma parte de un plan de la Comunidad de Madrid para actualizar la eficiencia energética y reforzar la protección contra incendios en varios centros educativos. En total, la inversión suma hasta 315.263 euros en el Cardenal Cisneros, dentro de un paquete dotado de 1,45 millones.

El objetivo principal es “sustituir los antiguos ventanales de madera por nuevos cristales aislantes con rotura de puente térmico”, mejorando el cierre y evitando la entrada de aire frío, explican a Infobae España fuentes cercanas a la comunidad educativa del centro.

Sin embargo, la empresa adjudicataria ha comunicado a la dirección del centro que “no van a poder acabar con sus pretensiones iniciales”. “Eran muy optimistas”, indican las mismas fuentes.

La estrategia del instituto para superar las obras

Desde la Conserjería de Educación, Ciencia y Universidades se ha informado de que las obras avanzan “con normalidad, cumpliendo los plazos previstos y ejecutándose por fases para ser más compatible con la actividad docente”.

Esta estrategia implica reacondicionar las aulas una a una, trasladando temporalmente a los alumnos afectados a otras estancias vacías, y repitiendo el proceso con cada grupo. “Ningún aula está afectada directamente; iremos cambiando de clases para minimizar el impacto académico”, subrayan las fuentes cercanas a este diario.

El aula magna se utiliza temporalmente como almacén y se ha habilitado también como “espacio de carpintería” para facilitar los trabajos. Además, las obras en las aulas “se harán por turnos” y el ruido “no es potencialmente molesto y se mezcla con el tráfico de la calle”, destacan.

Por ahora, “los profesores no se han quejado, ni los alumnos tampoco”, quienes “están aguantando muy estoicamente” dichas incomodidades. La modernización de los ventanales permitirá que las aulas sean “más cálidas en invierno y más frías en verano”, comentan las fuentes.

Protección patrimonial

El IES Cardenal Cisneros forma parte de la Red de Institutos Históricos de la Comunidad de Madrid. Fundado en 1845 como “Instituto de Noviciado”, es uno de los tres institutos históricos que se podrán visitar en noviembre con motivo de la Semana de la Ciencia y la Innovación 2025.

El IES Cardenal Cisneros posee un grado de protección singular, la categoría más alta en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento de Madrid, lo que obliga a respetar las características arquitectónicas y decorativas originales.

Las familias llevaban al menos siete años esperando una reforma de esta magnitud. Además de la sustitución de los ventanales, el plan incluye la actualización del sistema de prevención de incendios según la normativa vigente, sin alterar la estructura del edificio. “Hay que pasar este proceso”, sentencian las mismas fuentes. No obstante, aseguran que “las obras estarán antes de las vacaciones de Navidad”.