Inflación que rozó el 3% y una reforma laboral con cambios clave. La tarde del martes del Gobierno fue a los tropezones, pero un ministro lo graficó así al cerrar la jornada frente a Infobae: “La ley que podemos sacar. El resto es batalla cultural”. Lo concreto es que hoy el oficialismo llega al Senado, con la primera gran prueba de sesiones extraordinarias. La discusión por la reforma laboral ingresará al recinto con varias modificaciones. Entre las más importantes se destaca la quita de la baja al impuesto a las Ganancias para las sociedades, lo cual contentó a gobernadores aliados que pusieron este punto como eje para apoyar la iniciativa oficial.

Luego, según pudo saber Infobae, se modificaría el aporte sindical, que seguiría siendo obligatorio hasta 2028 y luego pasaría a ser voluntario. Lo mismo ocurriría con los aportes a las cámaras empresariales. Es decir que la discusión de caja quedó para un próximo mandatario, se llame Javier Milei o quien sea. Ahora, Patricia Bullrich deberá demostrarle al Presidente que su promesa se cumplirá y habrá media sanción.

El dilema por resolver es si el oficialismo votará por capítulos o por artículos. “Los últimos cambios modificaron el escenario”, reconoció un senador opositor dispuesto a negociar. La estrategia ya fue utilizada en 2025 para aprobar el Presupuesto y tuvo un resultado incómodo por la cantidad de cuestiones que quedaron afuera y que el Poder Ejecutivo consideraba fundamentales. Sin embargo, el ala política tiene claro que el proyecto se tiene que aprobar “pase lo que pase”. Este senador, igualmente, advirtió a Infobae que los gobernadores solo confiarán “cuando vean el texto sin ninguna letra chica”.

El oficialismo se siente en el centro del ring más allá de las modificaciones, muy distinto al pequeño bloque del año pasado (“éramos un fútbol 7”, apunta un legislador que nunca dejó el rebaño mileista). Lo cierto es que la negociación con los gremios se encaminó el lunes a primera hora. Fue entonces cuando los principales dirigentes cegetistas recibieron el visto bueno respecto del aporte sindical. Quizás por eso se entiende que, a comienzos de la semana, Gerardo Martínez (UOCRA) afirmara a Infobae en Vivo que la ley iba a salir.

Además, los gremios obtuvieron un premio mayor con el mejor negocio que puede tener un sindicato: el aporte de las obras sociales. Eso quedó fuera de la discusión. “Yo necesito llevarme bien con estos pibes”, soltó un gobernador del norte a uno de los senadores de su provincia. Para bloquearle la posibilidad de jugar a ser independiente en el recinto, fue advertido: si votaba en contra de lo que negociara el gobernador con el Poder Ejecutivo, le “armarían” listas en los distritos que el senador considerara propios y la caja provincial no llegaría a su zona de influencia.

Ayer, a las 16, también se dio a conocer la inflación de enero. El 2,9% cayó como un baldazo. El Presidente obvió tuitear elogios a su ministro de Economía. Por su parte, Luis Caputo atinó a una explicación referida a la demanda de dinero. La realidad marca que el índice sube sin freno desde mayo de 2025. Y aunque el dólar caiga —en su valor más bajo de los últimos tres meses—, la alerta está puesta en la recaudación impositiva, que cae desde hace seis meses: en enero fue un 7,4% en términos reales.

Fue además el primer índice tras la renuncia de Marco Lavagna. La discusión con el ex titular fue por la independencia del organismo. El resultado, según confiaron a Infobae fuentes al tanto de las dos mediciones, era prácticamente igual. “Pero eso cambiará con los aumentos de tarifas”, reconocieron.

El Gobierno había comenzado la semana con dos noticias de impacto. La primera fue imposible de controlar; la segunda ya estaba masticada internamente: ANDIS y Nucleoeléctrica. En el primer caso, el juez Sebastián Casanello procesó al ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas. Un ministro estaba reunido con un periodista en un off the record cuando vio los graphs de las noticias. “Arrancó el año la p… madre”, soltó.

Si bien el Gobierno apuesta a una ayuda por parte de la Cámara Federal de Comodoro Py —que a fines de 2025 ordenó establecer la veracidad de los audios emitidos por el exfuncionario—, el juez se ocupó de no mencionarlos como prueba para la investigación. En cuanto al segundo tema, Demian Reidel debió renunciar a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) tras el escándalo por presuntos sobreprecios. Solo en nuestro país sucede algo así con un funcionario que había dicho ante los oídos del mundo que el problema de Argentina era que “está llena de argentinos”. Más allá de este escándalo, conocido por una auditoría interna, comienzan a llegar a Casa Rosada ruidos de licitaciones poco claras en algunos entes y áreas.

La pelea con Techint recién comienza. El mensaje repetido por altos mandos de la compañía es que no será ni la primera ni la última vez que haya que tirar y aflojar con un Gobierno. Tras una pausa pública, la siderúrgica del grupo, Ternium, tendrá reunión de directorio el viernes 13. Según confiaron fuentes al tanto de lo que se planteará allí, “el tema de la disputa con Milei no está por escrito, pero será uno de los primeros aspectos a tratar”. ¿Habrá paz? “Desde que pusieron la fecha todos esperamos escuchar qué hay para decir”, agregaron.

¿Se equivocó Paolo Rocca al plantear cuestionamientos abiertos tras haber perdido una licitación? “Puede perder la centralidad de lo que conocemos como Círculo Rojo. Fue un error grave. Es decirle al Gobierno: no te metas con China, pero tampoco con India. Imposible”.

Entre los frentes abiertos que dispuso el Gobierno, quizás se sientan más cómodos con la pelea con el sector textil. Desde el “no compro ropa en Argentina” que dijo Caputo hasta los constantes tuits replicados por el Presidente, el foco está puesto en un sector que estuvo protegido durante años y ahora enfrenta un cambio de reglas de juego sin previo aviso.

Un productor y distribuidor con marca propia —que también fabrica para multinacionales y que ahora se lanzó a la importación— fue contundente ante Infobae: “Lo que producía en mi planta de Barracas lo traigo desde China. Ese mismo bolso está un 30% más barato para salir a la calle. Con esa diferencia uno puede seguir teniendo margen porque efectivamente bajaron los precios”. Admitió, al mismo tiempo, haber tenido que despedir personal. “Si no importo yo, lo hace la multi directo. No es una cuestión de elección: o lo hacés o quedaste afuera”.

La actividad textil atraviesa una crisis profunda. La fabricación cayó un 47,6% al comparar noviembre de 2025 con noviembre de 2023. Según la fundación Pro Tejer, hubo un derrumbe promedio del 40% en la actividad del sector. La utilización de la capacidad instalada se hundió hasta el 32,5%. En cuanto al empleo, se perdieron entre 16.000 y 18.333 puestos formales desde diciembre de 2023, una caída del 15% de la dotación total del sector.

Entender la lógica del negocio en este país puede llegar a ser casi imposible. Así lo planteó otro empresario del rubro impo/expo: en un almuerzo entre colegas, contó que traer cubiertas de China al puerto de la Ciudad de Buenos Aires le cuesta dos mil dólares de flete. Como el cliente está en Tucumán, luego las transporta por tierra. Ese trayecto le sale cuatro mil dólares. El doble.

Por último, Máximo Kirchner debió ceder la presidencia del PJ bonaerense al gobernador Axel Kicillof, que así avanzó un casillero más en su proyecto para 2027. Más allá de la prenda de unidad para evitar que la sangre llegue al río, la ruptura entre ambos no tiene vuelta atrás y la desconfianza es total. Sin embargo, hacia abajo del partido, evitar las internas no será tan fácil como parecía. Según detalló el colega Andrés Sosa, hay 32 distritos en los que se presentaron dos o más listas. Ahora la Junta Electoral tiene hasta el 15 de marzo para confirmar o no las internas.

Un ejemplo es Tigre, donde el intendente Julio Zamora aspira a presentar una lista enfrentando al resto del peronismo, agrupado por Sergio Massa.

Un dato final sobre la Ciudad de Buenos Aires: Daniel Angelici sigue acumulando espacios de poder y ya es un jefe de gobierno en las sombras. Su última jugada fue avisarle al consejero porteño Manuel Izura —que responde a Jorge Macri— que su lugar sería ocupado por su suplente, Diego García Vila, a partir de marzo. Izura aceptó sin chistar.

Los presuntos desmanejos que realizaron alfiles que responden al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demián Reidel, desembocaron en denuncias internas por sobreprecios en la licitación del servicio de limpieza de las tres centrales nucleares. Esto llevó a que dos gerentes clave de ese entramado fueran suspendidos por el Directorio de la compañía semanas atrás, generando un golpe certero al poder de Reidel en la línea de mando.

Ese panorama se profundizó en los últimos días. Los gerentes que habían sido despojados de sus firmas, Marcelo Famá (Gerencia General) y Hernán Pantuso (Gerencia de Coordinación Administrativa) presentaron su renuncia por estos días, según confirmaron al menos tres fuentes de Infobae al interior de Nucleoeléctrica.

Este hecho expone el clima de tensión que existe al interior de la compañía que se encarga de administrar Atucha I y II y el complejo Embalse. Famá y Pantuso fueron removidos de sus responsabilidades dos semanas atrás en una reunión del Directorio. Aunque la reunión había sido acordada con Reidel, la movida de desplazarlos fue impulsada por la línea técnica-histórica de Nucleoeléctrica y otros integrantes del comando de la compañía que fueron puestos por su Presidente pero que ante los presuntos desmanejos comenzaron a revelarse a ese liderazgo.

De las dos salidas, la que más impactó en la figura de Reidel fue la de Famá. El Gerente General cumple una función esencial en la administración y coordinación de todas las gerencias de la compañía. Una suerte de Jefe de Gabinete por con una incidencia mayor en la toma de decisiones. En la reunión de Directorio, el vicepresidente, Guido Lavalle; y los directores Axel Larreteguy y Diego Chaher (también titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la cual responde al Ministerio de Economía y a Santiago Caputo) dispusieron su remoción contra los votos de Reidel y el director Marcos Campolonghi.

Con ese cambio se colocó a Fernando Monserrat, un histórico de la empresa con profundas críticas sobre los manejos de los alfiles de Reidel. Fuentes de la compañía indican que buscará “desenmarañar los entramados” hechos por los asesores y funcionarios que fueron colocados en abril pasado por la nueva presidencia de Nucleoeléctrica.

La acusación puntual que determinó la salida de Famá y Pantuso fue la preadjudicación de un servicio de limpieza de las tres centrales con 140% de sobreprecio respecto a los precios de referencia establecidos por la SIGEN. Después de los desplazamientos, la seccional de Zárate de ATE presentó una nueva acusación por una contratación directa para una migración de software con 1067% de sobreprecio. Si bien esta misma se trató recientemente en el Comité de Integridad -el área de auditoría interna, presidida por el director Larreteguy-, el Directorio no volvió a reunirse, por lo que el tema no se trató.

Hay un acontecimiento más importante que sucederá en los próximos días y con atribuciones más importantes de las que tiene el Directorio. Se trata de la Asamblea de Accionistas, que tiene la capacidad de determinar remociones de las autoridades más importantes de la empresa, y que se celebrará el lunes de la próxima semana.

“No es una Asamblea Ordinaria como la que se suele hacer en abril para aprobar los balances. Sería una reunión extraordinaria. Se decidió el lunes de la semana pasada. Se van a definir cosas muy importantes”, avisa a Infobae una alta fuente al tanto de estos movimientos internos.

Entre los asuntos a tratar estaría la continuidad de Demián Reidel como presidente de la compañía. “Van a cambiar el Directorio”, aseguró un empleado de la compañía. Es muy problable que esas remociones llegue hasta su titular.

Nucleoeléctrica Argentina es una sociedad anónima pero su capital social accionario se encuentra distribuido entre diferentes áreas estatales. El 79% pertenece al Ministerio de Economía de la Nación, el 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1% a Energía Argentina S.A. (ENARSA). Es decir, queda en manos del mismo Gobierno cualquier cambio sustancial en la plana mayor de la compañía.

Al menos por ahora, el Directorio está compuesto por Demian Reidel (Presidente), Guido Lavalle (Vicepresidente) y los directores titulares Axel Larreteguy, Marco Campolonghi y Diego Chaher.

“Aparentemente le pedirían sus pares a Reidel que presente la renuncia. Creen que es insostenible la situación”, afirma una fuente en extrema reserva.

En la Casa Rosada consideran que estos ruidos que se generaron en el último tiempo complican los planes de privatización que tiene Nucleoeléctrica, que es una de las ocho compañías que fueron dispuestas para ese proceso a través de la sanción de la Ley Bases. Para este caso en particular establecieron un esquema que contempla la venta de una parte significativa del capital accionario de la compañía, manteniendo el control mayoritario en manos del Estado Nacional.

Pero este es un eslabón clave de la política nuclear que se está elaborando en el sector ligado a Santiago Caputo, quien colocó en la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares a Federico Ramos Nápoli, expresidente de Dioxitek que está ligado a Las Fuerzas del Cielo. En esos temas también está interesado el Director Nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, otro de los ideólogos de la comunicación libertaria.

Nucleoeléctrica Argentina, la compañía estatal encargada de la administración de las tres plantas nucleares en Argentina —Atucha I, Atucha II y Embalse—, fue noticia la semana pasada después de que el Directorio desplazara a dos gerentes clave de la empresa puestos por su presidente, Demián Reidel.

El motivo principal fue una denuncia interna movilizada por altos mandos técnicos de la compañía en la que se acusaba a estos gerentes de haber propiciado la contratación del servicio de limpieza de las tres centrales con un sobreprecio de 140% respecto de los precios de referencia.

Este cambio en el Directorio fue impulsado por directores que el mismo Reidel había puesto al llegar a la administración de la compañía en abril del año pasado, lo que, en el balance, fue visto como una pérdida de poder interna. Ante esta situación, el presidente de la empresa impulsó este lunes las primeras medidas de contingencia para descomprimir el clima con el “sector nuclear” de Nucleoeléctrica, compuesto por empleados con trayectoria en la empresa y de perfil técnico.

Reidel firmó el lunes por la tarde la Resolución 2/2026, la cual levanta los sumarios internos que se labraron contra los auditores y contadores internos de la compañía que habían revelado irregularidades en procesos de contrataciones y compras, los cuales podían afectar al mantenimiento y el funcionamiento de las centrales Atucha I y II.

El efecto de la medida recayó en el subgerente de Producción en Atucha I y II, Martín Reina, y el jefe del Departamento de Asistencia de Producción, Gabriel Blejer, que fueron sumariados a pedido del entonces gerente de Coordinación Administrativa, Gabriel Pantuso, uno de los dos gerentes desplazados la semana pasada junto al gerente general, Marcelo Famá.

Empleados de la empresa estatal marcan que ese episodio en particular fue el detonante del avance interno de todo el sector técnico. Por ese entonces, el gerente de Sitio de Atucha I y II, Diego Garde, puso a disposición su renuncia en rechazo a la decisión. Otros más se sumaron en protesta.

En el Gobierno interpretan que Reidel cedió ante la línea interna de la compañía. En la Resolución firmada a comienzos de la semana, el mandamás de Nucleoeléctrica dijo que inició el sumario “con el objeto de determinar la eventual existencia de situaciones de maltrato laboral, presuntos desvíos de proceso y conductas de desvalorización del personal administrativo”.

A continuación, indicó que no se verificó ninguna falta y que dejaba expreso que el dictado de los sumarios “no implicó menoscabo en el honor, ni en la reputación de los agentes alcanzados”. Al interior de Nucleoeléctrica marcan que tanto Reina como Blejer “ya estaban libres de culpa y cargo”, pero que no podían retomar sus funciones habituales hasta que se cerrara el sumario.

Otros empleados de la compañía contactados por Infobae opinaron que fue una medida positiva, pero que no resulta suficiente para lo que quiere el sector contrario a la conducción de Reidel. “Esto solo pone justicia con quienes los quisieron despedir como perejiles sin tener ninguna culpa. Eso fue el detonante. Fue la nafta en el fuego. Desde nuestro lugar no pararemos hasta que se vaya toda esa junta”, indicó uno.

Otro, en igual sentido, marcó: “Fue un gesto positivo. Pero lo que pasó deja un antecedente preocupante en una empresa que tiene la responsabilidad de administrar la generación de energía a través de una tecnología estratégica y sensible”. “Con esta forma de gestionar en la actualidad, ignorando controles, en qué cabeza cabe aprobar una privatización parcial de NA-SA, desde ya con gran sospecha del privado amigo”, agrega.

El presidente de Nucleoeléctrica firmó una segunda medida el pasado lunes, la Resolución 3/2026, la cual efectiviza los cambios en la composición del Directorio de la compañía: por la Gerencia General, Fernando Monserrat; por la Gerencia de Coordinación Administrativa, Ricardo Matuk.

Es que el contraataque que se lanzó luego de los sumarios que se labraron sobre los auditores fue la denuncia interna por un sobreprecio de 140% en la ganadora de la licitación para los servicios de limpieza de las tres centrales.

Sobre este esquema es que tenían responsabilidad los gerentes removidos Hernán Pantuso y Marcelo Famá, que fueron reemplazados por impulso del vicepresidente de NA-SA, Guido Lavalle, y del director Diego Chaher, que responde políticamente a Santiago Caputo.

De acuerdo a cifras que fueron informadas en primer lugar por EconoJournal, el esquema centralizado que impulsaban los gerentes de Reidel buscaba ahorrar costos al aunar procesos, pero en realidad terminó provocando una acumulación de pagos pendientes a proveedores nacionales: hasta octubre de 2024 esa cifra fue de cero, mientras que durante todo el año siguiente se encontraron 205 comprobantes sin abonar.

Ahora la conducción interina de la gerencia general recayó en Monserrat, un directivo histórico de la empresa, cuya designación fue bien recibida por el personal. Por el alcance de sus responsabilidades, la Gerencia General es el área más importante después de la Presidencia. Dado que Monserrat viene de una línea histórica de la compañía y tiene sus diferencias respecto a la conducción que hasta ahora llevaron los alfiles de Reidel, el dilema que se presenta es cómo será la dinámica entre ambos.

Muchos creen que las medidas que planea tomar Monserrat a posteriori van a ser el verdadero elemento de descompresión. “No tengo dudas de que algunos gerentes o subgerentes que pusieron Famá y Pantuso estarán en la mira. También se podrían iniciar auditorías complementarias y correspondientes, según el caso; y frenar las compras que suenan a negociados propios”, afirman.

Las medidas podrían tomarse con relativa rapidez debido a que en el horizonte hay dos objetivos clave que, si bien no corren riesgo, precisan un alineamiento de la conducción de la compañía para seguirse con precisión: uno de ellos es la culminación de la extensión de vida de Atucha I, fechada para el primer trimestre del año próximo; y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II.

Tal y como lo adelantó Infobae, el Comité de Integridad trató la denuncia que hizo ATE-Zárate que acusó sobreprecios en una contratación de IT para una migración de un software de planificación de recursos empresariales que tuvo un salto de USD 600.000 a USD 7.000.000; es decir, un 1066,7% sobre el presupuesto original.

El Comité es el área interna que trata denuncias externas e internas enviadas a la compañía y que denuncia irregularidades o desmanejos internos. Esta es dirigida por el director Axel Larreteguy, quien fue nombrado por Reidel pero que responde al vicepresidente de Nucleoeléctrica, Guido Lavalle. Tanto Larreteguy como Lavalle fueron promotores del avance de las investigaciones contra los gerentes Famá y Pantuso, un dato que indica de las presiones y el malestar existente en la compañía para que se investiguen las presuntas irregularidades.

“La oposición está fragmentada y, a priori, no hay liderazgos competitivos. Por ahora nos alcanza con silbar bajo para llegar bien posicionados para 2027″. Una figura cercana a Javier Milei opinaba sobre cómo debía ser la dinámica general de este año, que por el momento parece que estará signada por la alta dinámica legislativa y el reordenamiento al interior del oficialismo. El año que viene será otro cantar.

Hay quienes al interior del Gobierno coinciden en que “tiene que ser un año aburrido”, en donde las internas no copen las tapas de los diarios y que no salten denuncias de irregularidades.

Otros estrategas de la Casa Rosada clarifican esta visión: “Este es el año donde tenemos que consolidar las transformaciones porque las que no logres ahora no van a ser posibles en el 2027″. Consideran que para entonces la contienda electoral volverá a formar parte del cálculo político y que nadie querrá pagar costos, sobre todo los aliados circunstanciales.

Como se adelantó en esta columna, las internas entre diferentes sectores del Gobierno no están zanjadas. Simplemente no son perceptibles en declaraciones públicas y la gran mayoría de los altos mandos se limitan a no mover en el avispero en el off the record.

A modo de ejemplo, desde la finalización de las elecciones de octubre que el sector ligado a Santiago Caputo tomó la decisión de no contestar reclamos o alusiones internas. “No nos interesa nada que no sea llevar adelante la agenda de Javier Milei”, marcan.

Otra voz del oficialismo opinó sobre esta cuestión. “Estamos en febrero. Me imagino que nadie tiene incentivos de confrontar a más de un año de que comiencen las primeras disputas por lugares en las listas. Si no, vamos a llegar detonados”, marca un hombre que transita los pasillos de la Casa Rosada. Hay quienes afirman que durante estos meses se aprovechará para negociar entre agrupaciones y dividir los municipios, más que nada en la provincia de Buenos Aires.

Esta semana se caracterizó por la rotación de altos funcionarios de diferentes carteras, organismos y empresas públicas. En términos generales, los funcionarios que aceptaron las renuncias volvieron a poner los reemplazos.

Uno de los casos es el de Paul Starc, que presentó su renuncia a la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF). Voceros oficiales alegaron que se fue por una decisión personal y negaron las versiones relacionadas con supuestas trabas a la instrumentación de la Ley de Inocencia Fiscal.

Las versiones que desmienten integrantes del Gobierno indicaban que aquello traería inconvenientes en las evaluaciones en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Una importantísima fuente oficial marcó ante Infobae: “Consulté con el GAFI y nos bancaban. Es política de Estado coherente con otras medidas similares como el blanqueo amplio, la ampliación enorme de los límites de la punibilidad del delito tributario, entre otros aspectos”.

La UIF es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Justicia, el cual es encabezado por Mariano Cúneo Libarona. El ministro estuvo de licencia la mayor parte de este mes y volverá en febrero. Es uno de los pocos funcionarios que ha resistido innumerables versiones de desplazamientos.

La conducción del ministerio sigue siendo un enigma para más adelante. Cúneo tuvo la intención de dar un paso al costado el año pasado y las motivaciones personales que en ese momento lo llevaron a decir que iba a dejar su cargo siguen estando. Todo depende de lo que diga el Presidente.

Esta situación genera ciertamente un hálito de incertidumbre que da lugar a que ronden nombres y notas periodísticas con eventuales reemplazantes. “No van a ser ninguno de los que andan circulando”, marca un integrante de la mesa chica. ¿Esa negación querrá decir que ya hay un nombre definido? Desde un sector siempre indican que marzo vendrá con novedades.

Al margen de salidas consumadas o potenciales, la novedad de la semana en términos internos fue la rebelión que sufrió el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demián Reidel.

El Comité de Integridad que tiene la compañía movilizó una denuncia interna para remover al Gerente General, Marcelo Famá, y al Gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, dos alfiles que responden a Reidel, por presuntos sobreprecios en una licitación para el servicio de limpieza de las tres centrales.

El responsable del área de auditoría es Axel Larreteguy, una persona que responde al vicepresidente Guido Lavalle. Ambos fueron puestos en sus cargos por Reidel. Y ambos votaron por la remoción de los dos gerentes en una reunión de Directorio hecha el último miércoles, tal como informó Infobae.

El Gerente General es quien articula prácticamente todas las áreas sensibles de Nucleoeléctrica. Es por eso que Reidel negociaba la salida de Pantuso, pero no de Famá, porque perder el control de esa área debilitaba su posición relativa.

Quien hizo sobre tablas la propuesta de sacar a Famá fue el director Diego Chaher, quien es el responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que depende directamente de Luis Caputo e informalmente de Santiago Caputo. Al día siguiente de esa votación, Chaher estuvo en Casa Rosada por media hora para visitar al asesor presidencial. Toda una señal.

Dos días antes, una fuente del sector le había adelantado a Infobae que estaban por pasar cosas en esa compañía ante las primeras revelaciones periodísticas. “La gente que Reidel puso en el ámbito corporativo está haciendo cosas raras y los gerentes están evitando firmar cosas. Hay malestar e instinto de supervivencia de varios para tratar de no quedar pegados”, adelantaba.

Este jueves hubo otro encuentro del Comité de Integridad que evaluó una denuncia de ATE-Zárate por otro proceso con un presunto sobreprecio de más de 1000% para la compra de un servicio para migrar el software interno de la compañía.

¿Cuán sostenible es el tenso clima que se vive ahí dentro? Muchos están mirando que en el horizonte cercano hay una reunión de accionistas de Nucleoeléctrica. Esta sería en marzo. El capital accionario está distribuido entre el MECON (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Enarsa (1%). Ahí se podría decidir sobre el cambio o la continuidad del rumbo actual.

Pero esto puede ser provisorio, porque para más adelante está previsto que se produzca una privatización parcial de la compañía, tal y como se fue gestando en la Ley Bases, el Decreto 695/2025 y la Resolución 1751/2025.

El 44% de las acciones serán vendidas mediante licitación, pero trabajadores de hace más de treinta años en la compañía creen que en estas condiciones se dificulta la venta del capital social accionario de Nucleoeléctrica: “Los privados quieren invertir y maximizar ganancias, no llegar a un lugar donde hay presuntos desmanejos”.

En el Poder Ejecutivo han descrito a Infobae que este clima “genera trabas para avanzar con los planes nucleares que tiene el Gobierno”. Es decir, ya no concierne a asuntos del mismo sector, sino que el tema escaló de manera directa a más de un despacho de la Casa Rosada.

Quien parece ganar poder internamente es el flamante secretario de Asuntos Estratégicos, Federico Ramos Napoli, quien fue presidente de Dioxitek y tiene estrechos vínculos con Las Fuerzas del Cielo. En un reportaje reciente concedido a EconoJournal, dijo que su área tiene como finalidad “reordenar el sector y buscar las distintas unidades de negocio que pueden surgir”.

El funcionario asumió muy cerca del anuncio de cambio de mando en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuando renunció Guido Lavalle y se colocó a Martín Porro, más alineado con Ramos Napoli. Como un gesto de que está ganando poder en todas estas áreas, en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) se rumorea que la Secretaría podría poner al Vicepresidente Segundo de la entidad, un cargo que está vacante desde marzo de 2025.

La Auditoría General de la Nación (AGN), que es el organismo de control externo de los gastos del Estado, podría empezar el año paralizada si el Congreso no aprueba el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, según advirtió esta tarde la oposición en la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto y es el enlace con la entidad que lidera el filo kirchnerista Juan Manuel Olmos.

Desde hace meses que la AGN se convirtió en un problema para el Congreso. Es que Diputados y el Senado nunca votaron a sus representantes -tres por cada Cámara- y Olmos quedó al frente, en soledad. Con Pichetto a la cabeza, la bicameral más que agilizó todo el trabajo demorado de gestiones anteriores. Para tener una idea, durante el convite de esta tarde el rionegrino recordó, más allá de los 550 expedientes tratados en la comisión, la definición de las Cuentas de Inversión 2017, 2018, 2019 y 2020. Es decir, de las administraciones de Mauricio Macri y el kirchnerista Alberto Fernández. En menos de un mes y medio finaliza 2025.

La novela de la AGN ahora continúa con el PAA. “Tratemos de trabajar esta semana con los comentarios que nos hagan llegar para cerrar plan. Si no, -la ANG- se queda sin plan y no se va a poder trabajar durante enero y febrero”, observó el diputado del peronismo disidente, atento al inicio de sesiones ordinarias del 1 de marzo. Minutos antes apuntó sobre las diversas sugerencias que aparecen para ampliar el mismo y, en esa línea, sugirió “hacer uso de esta responsabilidad de manera razonable y equilibrada”. Sobre el final del convite, sentenció: “Auditar a todo el Estado es imposible”.

El legislador también dijo que se comunicó con los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado, los libertarios Alberto Benegas Lynch y Ezequiel Atauche, respectivamente. Por usos y costumbres, tras la aprobación de la bicameral y, con las firmas de ambos, se podría dar por cerrado y validado el PAA. Se habló además sobre la posibilidad de que sean los vice, butacas hoy en manos de la oposición.

Al término del convite, se deslizó la idea de juntarse de nuevo entre el martes y jueves próximos para saldar todo este asunto. Y quedará pendiente la resolución en ambas Cámaras de sus representantes. En el Senado, el kirchnerismo presiona al radicalismo para unirse y poner dos ellos y uno del centenario partido, con el fin de dejar a La Libertad Avanza sin un soldado en la AGN. Por cómo está el Congreso hoy y, ante la renovación de diciembre, no hay un solo legislador que pueda asegurar nada. A cada hora surge una versión distinta.

Privatizaciones

En otro tramo del encuentro, reapareció la eventual privatización de Nucleoeléctrica Argentina que empuja la Casa Rosada. Le cayó como un anillo al dedo al senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero (Salta), que tiene un proyecto presentado sobre el tema. El corazón de la iniciativa es, según afirmó, “incorporar a la empresa al sistema de la bolsa de valores”, con oferta pública de acciones y que funcione como lo hace YPF en la actualidad. Sí criticó la “herencia recibida” de la petrolera.

Ante un puñado de consultas realizadas, Romero detalló su texto: 51% para el Estado, 44% para los privados -intento de atomizar ese porcentaje- y un 5% para los empleados. Un punto sobre el que manifestó preocupación el senador: el dato certero de la tasación. Por caso, lanzó: “El Estado le debe una cantidad de dinero por energía provista, y no es el mismo valor si eso se encuentra como pérdida o si se cuenta como caja”. Sobre este ítem, Pichetto sumó: “Nucleoeléctrica le vende energía a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) y no le paga. Así funciona el sistema eléctrico argentino”.

Romero añadió: “La tasación es clave y el tribunal nacional se autoexcluye, como en este caso o en el de los ferrocarriles, porque no está en condiciones de efectuar la tasación. Es la respuesta que cualquier proceso no transparente estaría esperando”. Y aclaró que todo el proceso no debe implicar una pérdida de “la trayectoria histórica del país en investigación y tecnología”.

“Hay una rebelión en Nucleoeléctrica Argentina”, menciona un integrante del Gobierno a Infobae que buscaba dar dimensión de las internas palaciegas y el áspero clima que se vive en la cúpula del directorio de la empresa pública, la cual opera las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse; y que ya inició el proceso de privatización parcial a finales del año pasado.

La compañía orientada a la energía nuclear transita un momento de denuncias internas sobre diferentes procesos licitatorios y de compras directas que se dieron en los últimos años y meses. Esta enfrenta a diferentes sectores al interior de la empresa, compuesta por integrantes de trayectoria que trabajan allí desde hace décadas, otros arribados en las últimas administraciones y quienes lo hicieron bajo la presidencia de Demian Reidel.

Síntoma de esto, el Directorio de Nucleoeléctrica se reunió ayer y decidió quitarle firma y apartar temporalmente a dos funcionarios puestos por Reidel: al Gerente General, Marcelo Famá, y al Gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso. El principal motivo es una denuncia interna que elevó el Comité de Integridad de la compañía por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de limpieza en las tres centrales.

“Mientras se sustancia sumario por denuncias recibidas, se busca garantizar la continuidad de la gestión diaria y, por otra parte, permitir que la investigación de hechos sea transparente y sin limitaciones funcionales”, indicaron desde el entorno de uno de los directores a Infobae.

Quienes participaron teniendo opción de voto fueron Demian Reidel, el vicepresidente, Guido Lavalle; y los directores Axel Larreteguy, Marco Campolonghi y Diego Chaher, quien además es titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), respondiendo directamente al Ministerio de Economía e indirectamente a Santiago Caputo.

Los cambios de gerentes se decidieron en dos partes. En primer lugar se votó la limitación de Pantuso, prosperando la propuesta de Reidel de que ahora tenga sus funciones Ricardo Matuk, alfil suyo a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas. Salvo una abstención de Larreteguy, el único en oponerse fue Chaher.

Pero la más importante fue la segunda, la Gerencia General, la más importante de todas las gerencias. Chaher propuso a Fernando Monserrat, quien ya ocupó ese cargo anteriormente y que es reconocido por sus pares como una persona de trayectoria al interior de la compañía y alguien ajeno al entorno del presidente de la compañía. Esta opción ganó por tres votos contra dos, que fueron Reidel y Campolonghi.

Al ver el resultado, ambos se retiraron de la reunión intempestivamente. La asamblea se realizó en un clima de máxima tensión, al punto que Reidel -de acuerdo a testigos del encuentro- agredió a Lavalle, pateó una de las paredes y se fue de la sala de un portazo.

“Creemos que fue un intento de apaciguar un poco el clima al interior de la empresa. Hasta la gente que Reidel designó le volteó a sus dos funcionarios”, comentó una persona que conoce al dedillo el clima interno de Nucleoeléctrica y que trató de explicar el cambio en la Gerencia General.

El trasfondo

La escalada de tensión viene desde el año pasado, cuando Reidel diagramó una nueva composición en Nucleoeléctrica, tanto en el organigrama como de funcionarios. Pero se encolerizó semanas atrás a raíz de una denuncia interna realizada por el gerente de planta de Atucha, Juan Pablo Nolazco, que indica que una licitación del servicio de limpieza dejó afuera a diez oferentes, permitiendo solo la continuidad de LX Argentina, que ofrecería un servicio un 140% más caro que los precios de referencia que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN, el organismo de control interno del Poder Ejecutivo).

Tres empresas del sector de la limpieza -M&G, Euro Clean y Claryty- también realizaron denuncias ante el Comité de Integridad al marcar presuntas exclusiones discrecionales y nuevos requisitos que antes no habían sido contemplados, como una antigüedad de ocho años y una dotación mínima de entre 300 a 600 empleados.

Sectores de Nucleoeléctrica en diálogo con Infobae acusaron haber recibido presiones de parte del ala de Famá y Pantuso para realizar las vocalías técnicas a los fines de pasarlas al Directorio y que el servicio de limpieza se pudiera adjudicar. Este medio contactó a los responsables de la comunicación y prensa de Nucleoeléctrica, así como al mismo Demian Reidel para obtener sus respectivos puntos de vista de estos hechos, pero no recibió respuesta hasta la publicación de la nota.

Nolasco realizó un informe desde Atucha marcando las presuntas irregularidades para luego radicar la denuncia en el Comité de Integridad. Quienes sí lo avalaron fueron los gerentes Fermín Larrarte (Abastecimiento y Contrataciones) y Ricardo Matuk (Administración y Finanzas).

Para quedar efectiva la contratación, primero debía pasar por la autorización del Directorio, algo que finalmente no sucedió. En particular, el clima interno dentro de la cúpula de la compañía se espesó a partir de la revelación de esta situación hecha por Perfil.

Ante los trascendidos periodísticos, Pantuso realizó ayer una presentación formal en la que explicó su versión del proceso de licitación. Cita un informe de una de las gerencias y marca que el valor de referencia citado por Nolasco “no constituye un parámetro económico válido, carece de trazabilidad y no permite desagregar los componentes esenciales del servicio”. “Se trata de un valor heredado de un procedimiento anterior readecuado y técnicamente desalineado con las especificaciones del expediente”, agrega.

En ese sector contraatacan contra Nolasco al marcar que “las empresas que hoy continúan prestando el servicio fueron adjudicadas en 2023 en base a un informe técnico-económico elaborado por ellos que convalidó valores que representaban un incremento del 316% respecto de precios de referencia y de antecedentes comparables, sin que consten fundamentos técnicos sólidos que expliquen semejante desvío”.

Un funcionario que estuvo durante ese período respondió a esas acusaciones: “Nolasco tiene la licencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear [la ARN]; es difícil meterse con alguien así. Hay que situarse en 2023 y en la inflación que se manejaba en ese entonces. Había que contemplar las estimaciones que había para más adelante y las subas de precios que ya teníamos por entonces”.

Por la mesa de entrada de Nucleoeléctrica entró otra denuncia realizada esta vez por ATE-Zárate para dar sus versiones de las presuntas irregularidades en el proceso de evaluación de la licitación por el servicio de limpieza, así como el pedido de investigación por una contratación de IT para una migración de un software de planificación de recursos empresariales que tuvo un salto de USD 600.000 a USD 7.000.000; es decir, un 1066,7% sobre el presupuesto original.

Son interesantes otros movimientos que se produjeron en las semanas recientes. Y es que el Comité de Integridad está encabezado por Axel Larreteguy, nombrado a mediados del año pasado por Reidel. Esa área suele mantener encuentros de manera trimestral, pero en las últimas semanas ya se encontraron en al menos tres ocasiones distintas.

Larreteguy es vinculado en el sector con el vicepresidente de Nucleoeléctrica, Guido Lavalle, quien forma parte del directorio y renunció a su cargo de titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el mes pasado.

A pesar de que en su momento respondió a Reidel y fue su “mentor”, una fuente de Gobierno plantea que, por la notoriedad mediática que estaba adquiriendo el caso de las contrataciones de limpieza, fue él quien aceleró los procesos de control interno y pidió la remoción de Famá y Pantuso. Las denuncias fueron tan contundentes que tanto Chaher como Larreteguy se inclinaron por los desplazamientos. “Queríamos mayor transparencia”, dijeron en ese entorno.

Aunque la composición de las tribus al interior de Nucleoeléctrica es más compleja, en el Gobierno hablan de “la casta nuclear” (aquellos con trayectoria en el rubro y, particularmente, en esta compañía) contra la nueva camada de funcionarios dispuestos en el último tiempo. Al poco tiempo de asumir en Nucleoeléctrica en abril, Reidel nombró a una docena de asesores para comandar diferentes áreas estratégicas de la compañía, las cuales sufrieron mutaciones en su organigrama.

La más resonante fue la creación de tres gerencias por debajo de la Gerencia General: Coordinación Administrativa (liderada por Pantuso), Operaciones (a cargo de Alejandro Sandá, otro que es apuntado por sectores contrarios al presidente de la compañía) y Gerencias de Proyectos (Marco Campolonghi). El esquema que armó Reidel a su llegada será revisada en la próxima reunión de directores.

“Están nucleados todos los funcionarios que tienen control sobre los pedidos de acceso a la información pública, que dejaron de responderse desde hace meses. También tienen el control de las firmas sobre contrataciones directas y licitaciones. El tema es que internamente el clima no da para más”, afirma un responsable de Nucleoeléctrica.

Quien era el titular de la Gerencia de Auditoría Interna, Alejandro Díaz, luego asumió como el responsable de la SIGEN, el organismo que debe velar por el control de las áreas del Poder Ejecutivo; aunque sigue siendo empleado de la compañía estatal. Como todavía no hay designaciones efectivas, el control interno quedó a cargo de gente de planta.

Las complicaciones en el funcionamiento interno de la compañía complican los planes de avance en materia nuclear que tiene el Gobierno, afirmaron fuentes oficiales a Infobae. También ralentiza el interés de actores que aplicarán a la privatización parcial de Nucleoeléctrica, que establece un esquema que contempla la venta de una parte significativa del capital accionario de la compañía, manteniendo el control mayoritario en manos del Estado Nacional.

El Gobierno avanza en procesos licitatorios, ventas de terreno y reformas societarias de una veintena de empresas del Estado.

La administración de La Libertad Avanza busca acelerar los procesos de privatizaciones y, frente a esto, el Congreso de la Nación volvió a poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que, luego de 10 años sin funcionar, realizó los primeros pedidos de informes.

A la espera del recambio legislativo, la comisión que preside el saliente senador Juan Carlos Romero recibió las primeras respuestas del Ejecutivo respecto a los pedidos de información, y las consideró insuficientes.

“El jueves pasado llegaron los informes circunstanciales sobre AySA, Corredores Viales, Sociedad Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas e Intercargo”, explicó Romero. Por su parte, la vice de la comisión, la santacruceña Ana María Ianni, señaló que dejaban dudas las respuestas del Ejecutivo y que no respondió sobre si las empresas que ya se lanzaron los procesos “tienen acciones judiciales y si están entorpeciendo el proceso de transformación”.

“Nuestra intención es ampliar los pedidos de informes porque las respuestas no son suficientes y elevar hoy ese pedido de ampliación. Y a partir de esto trabajar sobre las 8 empresas a privatizar”, agregó.

Los legisladores hicieron referencia a que, además de las cinco empresas nombradas al comienzo, también se había pedido informes sobre Yacimientos Carboníferos Fiscales, la Compañía Inversora de Energía Eléctrica y, principalmente, Nucleoeléctrica. Esta última fue la que concentró buena parte de la conversación de la comisión que duró menos de 30 minutos.

La diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano hizo referencia a que “Nucleoeléctrica fue expresamente quitado del listado de empresas a privatizar de la Ley Bases” y que ahora el Gobierno avanza en una reestructuración del capital accionario donde vendería el 44 % de las acciones.

Pero, además, hizo referencia a la “opacidad” con la que entiende que está llevando adelante los procesos el Ejecutivo y puso como ejemplo las centrales nucleares. “El tribunal de tasación que ya hizo dos tasaciones de las centrales Atucha fue expresamente quitado. Por una nota, el presidente del tribunal señala que no puede hacer una valuación y se le encomendó a un banco privado. Hay maniobras turbias para dejar el precio mínimo de tres centrales nucleares. El tribunal de Tasación del Estado que ya hizo el trabajo dos veces cómo puede ser que ahora diga que no lo puede hacer una tercera vez”, se preguntó la diputada.

Esto fue avalado por el senador Romero quien señaló, en tono irónico, que si no se explicaba bien esta situación “se les va a hacer costumbre” a los miembros del Tribunal de Tasación no realizar las tasaciones.

Otro punto que centró la ampliación de los pedidos de información al Ejecutivo es que en las respuestas de los 5 informes enviados no hay referencia a quiénes serán los organismos de control. “No queda claro en las respuestas quién en el caso de Corredores Viales -que ya está en etapa de recibir ofertas- y en el de las empresas ferroviarias quién va a ser la autoridad reguladora, quién va a controlar el cumplimiento de los contratos”.

Respecto de aquellas que están en proceso de “transformación” de Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima, como es el caso del Banco Nación, los diputados y senadores de la Bicameral de Seguimiento pedirán que el Ejecutivo responda “qué van a hacer, por qué el cambio, si la intención es que operen en la bolsa como es el caso de YPF u otra medida”.

En línea con el parecer de las autoridades, los vocales ampliaron las preguntas de los informes enviados al Poder Ejecutivo y extendieron la consulta de información a las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Talleres Navales Dársena Norte, Soluciones Satelitales, Radio Argentina, Ferrocarril Argentino, Fábrica Militar de Aviones, Administración de Puertos, Casa de la Moneda, Banco Nación, Playas Ferroviarias y Polo Tecnológico Constituyente.

Nucleoeléctrica Argentina y la empresa canadiense Candu Energy concretaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para exportar servicios de ingeniería, asistencia técnica y mantenimiento de centrales nucleares tipo CANDU en el exterior, lo que fortalece la posición argentina en el mercado atómico global.

La rubrica del acuerdo ocurrió este lunes en la sede de la Embajada de Canadá en Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar e incrementar el trabajo conjunto en la provisión de soluciones a reactores nucleares de ese tipo en distintos países.

La empresa pública es una de las ocho que quedó sujeta a privatización tras la sanción de la Ley Bases. La intención del Gobierno es vender hasta el 49% de las acciones para sumar inversión privada, pero mantener el control del Estado.

El acuerdo llevó la firma del presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, y estableció la base de una alianza estratégica encargada de combinar la experiencia operativa de la empresa nacional con la red de proyección internacional y tecnológica de Candu Energy, filial del grupo AtkinsRéalis. A partir de este acuerdo, la colaboración incluye tanto la asistencia a plantas que ya operan bajo este diseño de reactor como la potencial provisión de servicios para nuevas centrales en el futuro.

En el evento protocolar, Demian Reidel sostuvo: “El mundo vive un renacimiento nuclear, y Argentina está preparada para ser protagonista en este nuevo capítulo. La firma de este acuerdo con Candu Energy refleja nuestra capacidad para transformar la experiencia y excelencia técnica acumuladas a lo largo de décadas en un valor concreto. No se trata solo de vender servicios, sino de proyectar el conocimiento nuclear argentino en el escenario internacional”. De esta forma, la empresa estatal expande su proyección en el sector y busca posicionarse como proveedora clave en infraestructura y gestión de proyectos atómicos de alto valor agregado.

La tecnología CANDU se desarrolló en Canadá y su modelo utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante. Reactores de este tipo funcionan en países como Canadá, Corea del Sur, China, Rumania, India y Pakistán. Los especialistas de la industria la consideran confiable, eficiente y versátil por sus características técnicas y por su adaptabilidad a diferentes condiciones nacionales de operación y suministro energético.

En territorio argentino, la Central Nuclear Embalse, localizada en la provincia de Córdoba, se destaca como referente y caso testigo de esta tecnología. Entró en funcionamiento en 1983 y alcanzó una capacidad instalada de 683 megavatios eléctricos, equivalentes, según la empresa, al 3 % del suministro eléctrico nacional. La planta demostró una de las mejores disponibilidades operativas a nivel mundial para su tipo.

La dirección de Nucleoeléctrica Argentina ejecutó un complejo proyecto de extensión de vida para Embalse, mediante la renovación integral de componentes críticos y sistemas de control. En 2019, la planta inició su segundo ciclo operativo, validando la capacidad de la compañía en conducción de obras tecnológicas de alto nivel y consolidando la calificación técnica argentina en la materia. “La experiencia técnica y la capacidad de gestión desarrolladas en Embalse posicionan a la empresa como un socio confiable para proyectos internacionales de renovación, modernización y mantenimiento”, expuso el comunicado oficial.

Además de la exportación de servicios, Nucleoeléctrica Argentina extendió su portafolio con obras estratégicas dentro del país, entre ellas la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I y la instalación de un segundo almacenamiento en seco para combustible gastado. Estas actividades reafirman el perfil exportador de servicios de ingeniería y operación nuclear, así como el compromiso de la empresa con el desarrollo y la modernización del sector.

Desde su fundación en 1994, Nucleoeléctrica Argentina S.A. asumió la responsabilidad de operar, mantener y construir las centrales nucleares de potencia nacionales, que incluyen Atucha I, Atucha II y Embalse. Según la información oficial, “combina experiencia técnica, una industria nacional altamente capacitada y estándares de seguridad reconocidos internacionalmente, contribuyendo al desarrollo tecnológico argentino y al fortalecimiento del rol del país en el ámbito nuclear global”.

La nueva alianza con Candu Energy habilita la participación argentina en licitaciones y proyectos de asistencia técnica para otras centrales CANDU del mundo, tanto en lo respectivo a la gestión integral como a la actualización y el mantenimiento de las plantas en servicio. En el comunicado se expresó que la apuesta busca “ampliar la oferta internacional” y “transformar la experiencia y excelencia técnica acumuladas a lo largo de décadas en un valor concreto” en el panorama global.

En el repaso de la Central Nuclear Embalse, la empresa detalló: “Es una planta de potencia de diseño CANDU 6, con una capacidad instalada de 683 megavatios eléctricos, que utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante. Aporta aproximadamente el 3 por ciento de la electricidad del país y se mantiene entre las centrales con mejor disponibilidad operativa del mundo”. La central reanudó sus actividades con nuevos sistemas tras terminar el largo programa de renovación técnica.

El comunicado describió también los proyectos vigentes de extensión de vida y de manejo sustentable del combustible utilizado, en línea con las demandas y regulaciones internacionales más estrictas. La perspectiva exportadora de Nucleoeléctrica Argentina pone en foco la contribución a un entorno de energía “limpia, segura y confiable”.

El Congreso de la Nación entró en receso electoral y esto le genera un respiro a La Libertad Avanza que desde hace meses no logra contener una avanzada opositora enmarcada en la aprobación de leyes con una agenda social. Con la campaña electoral para la renovación de 127 de los 257 diputados y 24 senadores de un total de 72 entrando en su semana final, los legisladores de la mayoría de los bloques parlamentarios volvieron a sus lugares de origen o para hacer campaña por su reelección o para apuntalar y acompañar a los candidatos que aspiran ingresar en el Palacio Legislativo el próximo 10 de diciembre.

Esto quedó demostrado este miércoles en Diputados cuando, frente a la ausencia anunciada del ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Salud, Mario Lugones; así como también de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a las sesiones para sus interpelaciones; los presidentes de los bloques parlamentarios liberaron a sus diputados que estaban en sus provincias haciendo campaña de tener que viajar a Buenos Aires para asistir al recinto. “Es difícil movilizar a los diputados en épocas electorales y por eso cuando llegaron las cartas de los ministros anunciando que no venían los liberamos”, explicaron desde uno de los bloques que habían solicitado la sesión para la interpelación a los funcionarios nacionales.

Este parate sufrirá un cambio de clima el miércoles que viene a las 10, cuando se vuelva a reunir la comisión de Presupuesto y Hacienda para seguir debatiendo el proyecto de Presupuesto 2026. La expectativa es la presencia de algún funcionario nacional, en especial, del ministro de Economía, Luis Caputo, quien es reclamo de manera insistente por todo el arco opositor para que asista a responder preguntas sobre el proyecto. “Es poco probable que venga y mucho menos antes de las elecciones”, señaló un diputado que forma parte de la comisión y que es uno de los que reclama la presencia del ministro.

Esa comisión es lo único que romperá la paz parlamentaria para el oficialismo y le dará un poco de aire para reorganizarse para los debates que deberá enfrentar hasta fin de año teniendo en cuenta que sólo 8 diputados del bloque ponen en juego sus bancas. En el Senado sucede algo similar. Aunque solo 8 de los 24 distritos electores eligen senadores, desde la semana pasada ya se especulaba con que la oposición no iba a conseguir el número para avanzar en una sesión para hoy y la señal que generó alivio fue el pasado martes cuando se anunció que se suspendía la reunión de labor parlamentaria.

En este caso, los que terminaron dándole un aire al oficialismo fueron los bloques dialoguistas que avisaron que no se iban a subir a la agenda que planteaba el kirchnerismo para llevar al recinto. Como la mayoría de los temas con los que se querían avanzar - modificación de la ley de DNU, la ley de biocombustibles con el lobby en contra de las petroleras y la declaración para blindar la empresa estatal de energía atómica Nucleoeléctrica- necesitaban los dos tercios. “La caída de una posible sesión tiene que ver con varios factores. Por un lado está la campaña, pero eso es algo que nosotros podíamos solucionar, era un día en el recinto que, además, si lográbamos avanzar teníamos temas para aprobar que nos iban a servir. Pero, hay otro tema que entró hace poco en discusión que es un nuevo pacto de gobernabilidad que les están ofreciendo a los gobernadores que, ahora, son tiempistas y esperan los resultados de la elección para saber de qué lado se van a parar y qué capacidad de negociación con la Casa Rosada pueden llegar a tener", explicó una alta fuente del bloque kirchnerista en el Senado de la Nación frente a la consulta del estado de situación de la Cámara Alta.

La actividad parlamentaria entra en un paréntesis hasta el domingo 26 de septiembre. El lunes siguiente comenzará un nuevo esquema de poder como consecuencia de los votos que haya obtenido cada sector. Mientras tanto, La Libertad Avanza se toma vacaciones de un año plagado de derrotas parlamentarias.

Tan sólo diez años le costó al Congreso reanudar la actividad de la comisión bicameral de seguimiento de privatizaciones. Con las intenciones frescas del Gobierno libertario avaladas por la ley bases y, ante eventuales escenarios de ventas, la oposición ya preparó un documento para que el Ejecutivo informe sobre siete empresas, con Nucleoeléctrica a la cabeza.

Sin objeción alguna, los integrantes propusieron como presidente al experimentado senador Juan Carlos Romero (Salta), a quien se le acaba su mandato en diciembre próximo. El cristinismo logró ubicar en la vice a la diputada santacruceña Ana María Ianni, que tiempo atrás estuvo como miembro de la Cámara alta.

Tras la elección de autoridades, Romero fue al nervio central del encuentro, luego de recordar que los legisladores aguardaron “casi dos años” para conformar la comisión en cuestión. Según el salteño, la misma “tuvo, con la reforma del Estado -en referencia a la década del 90-, un rol importantísimo”, y que su “tarea no es de seguimiento, ya que no es que dependa de nosotros el resultado del proceso”. Para él, la finalidad es “seguir lo más transparente posible para que este Cuerpo y la ciudadanía sepan lo que está pasando”.

“Lo que menos podemos hacer es opinar si no tenemos recabada información”, sentenció Romero, y aclaró que los reclamos de datos podrán ser por escrito o con citación de funcionarios. En este sentido, explicó: “Después, sí, la comisión puede emitir dictamen. Es conveniente que haya un dictamen, por más que la ley no diga que es vinculante. Y puede ser mayoría o minoría, pero no dejan de ser voces respecto a un proceso determinado”.

El documento está direccionado hacia Intercargo, Belgrano Cargas y Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoeléctrica y Aysa. El séptimo ítem, según indicó el salteño, sería Energía Argentina SA, que “incluye centrales hidroeléctricas con concesiones que están vencidas o por vencer”.

Minutos después, Romero detalló qué pretende la comisión sobre Nucleoeléctrica: el motivo por el cual se habla de un 44%; entidad bancaria que realizará la tasación; valuación de activos complejos y flujos; metodología para definir un valor cuantificable; evaluación del “conocimiento” de la empresa, la licencia social de operación, para que la misma se vea reflejada en el precio base; destino de fondos que se obtengan ante una potencial venta; distribución de directorio; estatuto y cláusulas que protejan o requieran el voto del Estado; y política de uranio y abastecimiento.

Como era esperable, las primeras observaciones llegaron desde el kirchnerismo. Por caso, el jefe del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans (Formosa), calificó de “tema estratégico para el país” y sugirió avanzar rápido en Diputados y el Senado. “Hay más de 70 años de inversión en todo esto”, dijo, y añadió que, más allá de la bicameral, mañana habrá un plenario para tratar la declaración de “interés público y estratégico no enajenable el Desarrollo Nuclear Argentino vinculado con el uso pacífico de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes de conformidad con los Tratados Internacionales en materia nuclear suscriptos por la República Argentina”.

Tras Mayans, Ianni y su compañera de bancada Julia Strada aportaron lo suyo. La última, que intentó sin éxito desviar la atención de la reunión hacia una citación exprés al ministro de Economía, Luis Caputo, también quiso resaltar los años superavitarios en la temporada 2023 de empresas públicas -no habló de años anteriores- y reflexionó que no tiene sentido vender las que dejen utilidades al país.

Quien le refrescó a Strada la política de ventas durante el menemismo y posteriores estatizaciones de su mismo partido -el PJ que regentea, desde su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner- fue el titular del radicalismo en el Senado, Eduardo Vischi (Corrientes), quien aseveró la necesidad de “sacarnos la ideología y pensar en una estrategia de mediano y largo plazo”.

El Gobierno de Javier Milei proyecta que las 32 empresas y sociedades de mayoría estatal alcanzarán un superávit financiero de $552.168 millones en 2026, según el proyecto de Presupuesto presentado este lunes al Congreso Nacional. De este conjunto, 18 compañías tendrán saldo positivo y 14 registrarán pérdidas, de las cuales Aerolíneas Argentinas y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), que opera las centrales nucleares, serán las que concentrarán los mayores déficits.

El documento oficial detalla que los recursos estimados para el sector ascienden a $15,64 billones, con gastos por $15,09 billones, lo que arroja el superávit financiero anunciado para el año próximo. No obstante, la información es provisional y cada presupuesto requerirá aprobación parlamentaria definitiva.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron: “Tal como ocurrió en 2024 y 2025, la compañía proyecta para 2026 un superávit operativo por tercer año consecutivo, algo que no se registraba desde 2008. Este superávit operativo y los recursos generados en caja serán destinados a una inversión superior a USD 400 millones. La inversión en capital (CAPEX) es la que explica el resultado financiero negativo detallado en el presupuesto que presentamos al Ministerio de Economía.

El año 2025 será el primero en el que Aerolíneas Argentinas no recibirá fondos del Tesoro para su operación ni para sus inversiones. De igual manera, todas las inversiones y los gastos corrientes programados para 2026 se realizarán con fondos propios de la compañía, sin requerir aportes del Tesoro.”

Del total de ingresos corrientes proyectados, el 78,1% proviene de operaciones propias, principalmente ventas de bienes y servicios. Este flujo se concentra en cinco empresas estatales: Aerolíneas Argentinas (29,4%), Energía Argentina (ENARSA) (24,5%), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) (16,2%), Nucleoeléctrica Argentina (7,9%) y Correo Oficial de la República Argentina (7,2%).

Las transferencias del Tesoro Nacional representan el 21% de los ingresos corrientes y se destinan, en su mayoría, a cubrir las importaciones de combustible realizadas por ENARSA (43,4%) y los gastos de funcionamiento de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) (38,3%).

El Presupuesto prevé un incremento de 23,2% en los gastos frente a 2025. El 83% de ese gasto total corresponde a seis compañías: Energía Argentina (23,6%), Aerolíneas Argentinas (22,4%), AySA (12,6%), SOFSE (10%), Nucleoeléctrica Argentina (9,9%) y Correo Oficial (4,5%). El gasto en bienes y servicios representa el 50,6% del total, teniendo protagonismo ENARSA (37,9%), Aerolíneas (28,9%), Nucleoeléctrica (8,7%) y AySA (6,6%).

La inversión real estimada para 2026 crece 114,4% respecto del año anterior, con más del 87,2% canalizado en Nucleoeléctrica Argentina (19,4%), AySA (18,3%), Energía Argentina (16,6%), Administración de Infraestructura Ferroviaria (12,8%), Aerolíneas Argentinas (12,3%) y SOFSE (7,9%).

Siguiendo la premisa del Gobierno de que el Estado no debe suplir al sector privado en actividades empresariales, se inició un proceso de privatización de varias firmas, coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía. La Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, aprobó el nuevo módulo digital para privatizaciones bajo las leyes 27.742, Ley Bases, y 23.696 en el sistema CONTRAT.AR.

Las empresas sujetas al proceso de privatización incluyen Intercargo SAU, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Belgrano Cargas y Logística, AySA, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Resultado financiero previsto para 2026

Empresas con superávit financiero (mayor a menor):

• ENARSA: $729.698,7 millones
• Correo Oficial de la República Argentina: $133.492,1 millones
• Playas Ferroviarias: $122.595 millones
• Casa de Moneda: $40.438 millones
• YMAD: $29.726,3 millones
• VENG: $5.908,3 millones
• TANDANOR: $4.803,6 millones
• Agencia de Publicidad del Estado: $3.311,4 millones
• INTEA: $570,8 millones
• AR-SAT: $1.189,3 millones
• COVIARA: $171,5 millones
• Dioxitek: $218 millones
• Polo Tecnológico Constituyentes: $85,5 millones
• FADEA: $30,5 millones
• Intercargo: $8.458,7 millones
• YCRT/Carboeléctrica Río Turbio: $7.638,4 millones

Empresas con déficit financiero (mayor a menor):

• Nucleoeléctrica Argentina: -$226.635 millones
• Aerolíneas Argentinas: -$120.654,5 millones
• SOFSE: -$66.563,7 millones
• AySA: -$43.338 millones
• Corredores Viales: -$35.760,5 millones
• EANA: -$21.636,3 millones
• Radio y Televisión Argentina: -$8.355,9 millones
• Belgrano Cargas y Logística: -$5.811 millones
• Fabricaciones Militares: -$2.062,4 millones
• Servicio Radio y TV Universidad de Córdoba: -$1.796,8 millones
• Contenidos Artísticos e Informativos: -$1.822 millones
• Ferrocarriles Argentinos: -$1.441,2 millones
• Radio LT10 Universidad Nacional del Litoral: -$139,4 millones
• Desarrollo de Capital Humano Ferroviario: -$151,1 millones

Detalles de las principales compañías

Energía Argentina S.A. investiga, explora y explota hidrocarburos y abarca almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles y energía eléctrica. Su proceso de privatización fue autorizado por el Decreto 286/2025. Para 2026 se estiman recursos corrientes por $3,86 billones, el 67,7% provenientes de ventas y el resto de transferencias estatales, especialmente para compensar el valor de las importaciones de combustible.

Aerolíneas Argentinas S.A. —sujeta a privatización por Decreto 873/2024— se dedica al transporte de pasajeros y carga, con ingresos de $3,14 billones generados íntegramente por su actividad aerocomercial. El presupuesto proyecta inversiones por $316.933,7 millones y un aumento en el gasto total del 29,3% respecto a 2025, enfocado en gastos operativos e inversión.

AySA brinda agua potable y saneamiento en el área metropolitana y zonas definidas. También afronta privatización bajo el Decreto 494/2025. Para 2026, recibirá ingresos por $1,72 billones destinados a operación, mantenimiento e inversión en redes e infraestructura, de los cuales una porción está financiada por transferencias nacionales.

La Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) gestiona recursos humanos y materiales para cargas y pasajeros en los ramales nacionales y, junto con la Administración de Infraestructura Ferroviaria, define inversiones.

Correo Oficial de la República Argentina proyecta ingresos de $810.201,8 millones y gastos corrientes por $656.412,8 millones, de los cuales el 95% de los ingresos deriva de la facturación postal directa y casi la mitad del gasto corresponde a sueldos.

Nucleoeléctrica Argentina administra las plantas Atucha I, Atucha II y Embalse. Para 2026 recibirá ingresos por $851.039,2 millones, principalmente de la venta de energía eléctrica, con egresos por $979.169,4 millones para mantenimiento y operación.

La previsión financiera total incluye futuras transferencias de capital destinadas a obras de infraestructura, con el 89,2% concentrado en cuatro empresas: Energía Argentina, Nucleoeléctrica Argentina (26,9% para cada una), Administración de Infraestructura Ferroviaria (21,6%) y SOFSE (13,7%).

La diferencia entre las empresas superavitarias y deficitarias será considerable; mientras ENARSA y Correo Oficial lideran los saldos positivos, Aerolíneas y Nucleoeléctrica acumulan las principales pérdidas. El Presupuesto 2026 expone así un mapa dispar para las empresas estatales, con datos clave para el futuro debate legislativo.

YPF avanza en el diseño de la subsidiaria “YPF Nuclear”, con la que espera liderar el desarrollo de la minería de uranio en la Argentina como parte de su agenda 2030 y sumarse al plan que encabeza Demian Reidel en Nucleoeléctrica para transformar la matriz del país con la energía atómica. La intención de la petrolera de mayoría estatal es que las operaciones comiencen en Chubut, mientras la provincia inició negociaciones con el Gobierno nacional para la reversión de recursos con una valuación millonaria.

Este miércoles se reunieron en la Torre de YPF en Puerto Madero el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el presidente de la empresa de mayoría estatal, Horacio Marín, y Reidel para hablar del tema. También formó parte de la Charla la presentación del mandatario provincial ante la Corte de Nueva York para levantar el embargo sobre las acciones de la petrolera por la expropiación del 2012.

“YPF avanza en el diseño institucional de YPF Nuclear, su nueva subsidiaria que liderará la minería de uranio en Argentina, comenzando en Chubut. Es una pieza clave del Plan Nuclear Argentino, que avanza con decisión para que el país exporte el mineral que alimentará la energía del futuro”, escribió Reidel a través de su cuenta de X.

La estrategia de YPF considera la posibilidad de construir un polo de desarrollo en la provincia, vinculado a la minería de uranio y la generación nuclear, especialmente en caso de que avancen los desarrollos de reactores modulares. En el medio yace una negociación por los recursos naturales.

Torres busca acuerdo con el Gobierno para que la provincia reciba la transferencia de sus minas de uranio en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como parte de una negociación para compensar el recorte de fondos transferidos desde Nación.

La CNEA controla más de 18 proyectos en Chubut, que abarcan alrededor de 25.000 hectáreas, según estimaciones del gobierno provincial, lo que pone en evidencia su incidencia en el territorio. El área central de Chubut posee un alto potencial exploratorio, con uno de los yacimientos de uranio más relevantes de la región, entre otros minerales.

Entre los territorios mineros involucrados se encuentran Los Adobes, La Primera, Cerro Solo, Laguna Colorada, El Ganso, El Molino, Arroyo Perdido, Sierra Cuadrada, Sierra Cuadrada Sur, El Cruce, Mirasol Chico, Cerro Chivo, Cateo Unión, Ganso Oeste, La Salteada, La Meseta y el Picahueso.

Reidel presentó en abril su Plan Nuclear Argentino, que busca posicionar la energía atómica como un pilar estratégico de la matriz energética en el marco del salto de la demanda por el auge de la Inteligencia Artificial. En su presentación oficial como presidente de Nucleoeléctrica explicó que se necesita un enfoque renovado para atraer inversiones y consolidar la cadena de valor local. También planteó la posibilidad de incrementar las exportaciones nucleares, con Estados Unidos como uno de los grandes clientes potenciales.

La empresa opera las tres centrales nucleares que actualmente tiene Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse, y también tiene a su cargo la construcción de nuevos proyectos en el sector. En este sentido, una de las metas más destacadas del Plan Nuclear Argentino es la construcción de nuevos reactores modulares de 300 MW, con diseño nacional, que se sumarán al complejo nuclear de Atucha, ubicado en Buenos Aires.

El propio Reidel destacó, semanas atrás, en Infobae, las fases del plan nuclear que impulsa el Gobierno, al igual que lo hizo en el evento del Hotel Libertador.

• Fase 1. Desarrollar un reactor modular SRM. Se buscará construir una nueva planta nuclear con cuatro de estos módulos en lo que iba a ser Atucha 3. Esa fase incluye el trabajo coordinado de Invap, Nucleoeléctrica, Conea, Conuar, y otros organismos y entidades, con otros jugadores privados y capital externo.
• Fase 2. Reidel la llama “modelo Gillette” y buscará exportar uranio. “De la misma forma en que te venden la maquinita de afeitar y los repuestos, podemos aprovechar la comercialización de estos reactores modulares para venderlos con un compromiso de compra de uranio argentino, mineral del que tenemos cuantiosas reservas, pero que está totalmente desaprovechado”, afirmó.
• Fase 3. Llegan las inversiones y las empresas mirarán al país como un lugar seguro para enchufar sus data centers, o lo que haga falta en el futuro. “Si logramos las fases 1 y 2, no va a ser ciencia ficción”, dijo.

Luego de que el gobierno informara que Demian Reidel dejó formalmente su cargo como Jefe de Gabinete de Asesores del presidente Javier Milei, el economista explicó los motivos de esa decisión.

Reidel se abocará por completo a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y al desarrollo del Plan Nuclear Argentino. Su renuncia fue aceptada por el mandatario a través del Decreto 481/2025, publicado este lunes 21 de julio en el Boletín Oficial, aunque con efecto retroactivo al 17 de julio.

La medida impacta directamente en la estructura de asesores de la Casa Rosada y marca la salida de uno de los colaboradores más influyentes del círculo presidencial.

“Dejo la presidencia del Consejo de Asesores para concentrarme de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino”, señaló Reidel en sintonía con lo informado por el Ejecutivo.

Añadió que esta estrategia busca “recuperar la soberanía energética y potenciar el desarrollo científico-tecnológico del país”, y que se trata de “una política de Estado”.

“El plan abarca la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, el impulso a la minería de uranio, la creación de YPF Nuclear y muchas otras iniciativas estratégicas”, detalló Reidel, cuya salida se da en un contexto de reacomodamientos internos en el Gobierno y mientras Milei relanza su ofensiva política en el marco del Consejo de Mayo.

Además, remarcó, que junto a Milei siguen escribiendo juntos “un libro de teoría económica con una visión revolucionaria del crecimiento basada en los retornos crecientes a escala”. Y enfatizó que su “compromiso personal es total”.

Desde abril, el economista preside Nucleoeléctrica, la empresa estatal encargada de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. También lidera el ambicioso Plan Nuclear Argentino, que busca expandir la infraestructura energética mediante la construcción de nuevos reactores modulares de fabricación nacional, entre otros objetivos estratégicos.

Reidel ya había detallado las etapas del plan en declaraciones a medios. La primera fase contempla el desarrollo de un reactor modular argentino SRM de 300 MW, en asociación con actores públicos y privados, incluyendo a INVAP, CONEA, CONUAR y el capital externo.

La segunda etapa, conocida como “modelo Gillette”, apunta a la exportación de tecnología nuclear acompañada de un compromiso de compra de uranio argentino.

Finalmente, la tercera fase proyecta que la Argentina se convierta en un polo energético confiable para atraer inversiones extranjeras.

Perfil y trayectoria en el Gobierno

Demian Reidel asumió como jefe del Consejo de Asesores al inicio del mandato de Javier Milei. Su rol fue clave en el diseño de políticas públicas de largo plazo y en la coordinación estratégica del Gobierno en temas económicos y científicos.

Su perfil técnico, con formación académica en Estados Unidos y experiencia en los mercados financieros, lo convirtió en una figura relevante en el armado original del equipo presidencial.

La decisión de concentrar esfuerzos exclusivamente en Nucleoeléctrica no fue sorpresiva dentro del Ejecutivo. Desde fines de 2024, Reidel estaba a cargo del diseño y ejecución del Plan Nuclear, considerado uno de los pilares para garantizar el autoabastecimiento energético en un contexto de transición hacia fuentes menos contaminantes.

Sin reemplazo anunciado

Hasta el momento, el Gobierno no informó quién ocupará la vacante que deja Reidel en el Consejo de Asesores. La estructura de asesoramiento directo al presidente queda así parcialmente reconfigurada, en un momento de tensión interna en la coalición oficialista, especialmente tras el cierre de listas electorales y la disputa entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La salida de Reidel se suma a una serie de modificaciones en el gabinete y en áreas clave del Ejecutivo desde el comienzo del segundo semestre. Sin embargo, fuentes oficiales remarcan que su salida no implica un alejamiento político, sino un reordenamiento de funciones con foco en una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas del Gobierno.

Con un rol fortalecido en el área energética y una línea directa con el Presidente, Reidel continuará siendo una figura central en el engranaje técnico del oficialismo, ahora desde un lugar operativo con impacto directo en el futuro de la matriz energética nacional.

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Demian Reidel al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores, según el Decreto 481/2025 publicado el 21 de julio de 2025 en el Boletín Oficial. La decisión establece que la renuncia de Reidel tiene efecto desde el 17 de julio. La medida afecta directamente a la estructura de asesores de la Presidencia y marca la salida de uno de los funcionarios clave en el equipo de Milei.

El decreto cita como fundamento el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a aceptar renuncias de funcionarios del Poder Ejecutivo.

El texto oficial señala: “Acéptase, a partir del 17 de julio de 2025, la renuncia presentada por el doctor Demian Axel Reidel al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del señor Presidente de la Nación”.

La salida de Reidel se formalizó mediante un procedimiento administrativo habitual en la administración pública nacional. El decreto incluye una expresión de agradecimiento institucional: “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”. La publicación en el Boletín Oficial cumple con los requisitos de publicidad y transparencia exigidos para los actos de gobierno.

La renuncia de Demián Axel Reidel se produce en un contexto de cambios en el gabinete presidencial. Reidel, quien asumió el cargo al inicio de la gestión de Milei, se desempeñó como principal asesor en temas estratégicos y de políticas públicas. Su salida implica una reconfiguración en el equipo de asesores directos del presidente.

El documento lleva las firmas de Javier Milei y Guillermo Francos, quienes refrendan la decisión y ordenan su comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial. El decreto no detalla los motivos de la renuncia ni anticipa quién ocupará el cargo vacante, pero sí establece la fecha de cese de funciones y el procedimiento administrativo a seguir.

En abril, Demian Reidel había sido designado para estar al frente de la empresa estatal que controla las centrales nucleares. Asumió como nuevo titular de Nucleoeléctrica, la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares de Argentina.

Además, desde fines del año pasado, Reidel ta cargo el Plan Nuclear Argentino, un ambicioso proyecto que, según sostiene, puede convertirse en una plataforma de despegue sin precedentes para el país.

Este plan, que tiene como objetivo expandir y modernizar la infraestructura nuclear nacional, se alinea con la política energética del gobierno de Milei, que busca diversificar las fuentes de energía.

Reidel lidera Nucleoeléctrica, una compañía clave para el suministro energético del país. La empresa opera las tres centrales nucleares que actualmente tiene Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse, y también tiene a su cargo la construcción de nuevos proyectos en el sector. En este sentido, una de las metas más destacadas del Plan Nuclear Argentino es la construcción de nuevos reactores modulares de 300 MW, con diseño nacional, que se sumarán al complejo nuclear de Atucha, ubicado en Buenos Aires.

El propio Reidel destacó, hace varios meses, en Infobae, las fases del plan nuclear que impulsa el Gobierno.

• Fase 1. Desarrollar un reactor modular SRM. Se buscará construir una nueva planta nuclear con cuatro de estos módulos en lo que iba a ser Atucha 3. Esa fase incluye el trabajo coordinado de Invap, Nucleoeléctrica, Conea, Conuar, y otros organismos y entidades, con otros jugadores privados y capital externo.
• Fase 2. Reidel la llama “modelo Gillette” y buscará exportar uranio. “De la misma forma en que te venden la maquinita de afeitar y los repuestos, podemos aprovechar la comercialización de estos reactores modulares para venderlos con un compromiso de compra de uranio argentino, mineral del que tenemos cuantiosas reservas, pero que está totalmente desaprovechado”, afirmó.
• Fase 3. Llegan las inversiones y las empresas mirarán al país como un lugar seguro para enchufar sus data centers, o lo que haga falta en el futuro. “Si logramos las fases 1 y 2, no va a ser ciencia ficción”, dijo.

El Gobierno de Javier Milei tiene definido un plan específico de privatización para cada una de las ocho empresas públicas que quedaron sujetas a este proceso tras la sanción de la Ley Bases. Las compañías en cuestión son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

La principal premisa del Ejecutivo es lograr “el mejor precio posible para evitar objeciones futuras en las operaciones”, según informaron a Infobae fuentes oficiales involucradas en los procesos. La gestión y definición de las estrategias de privatización de estas empresas está a cargo de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Desde el Gobierno, se descarta la idea de una privatización apresurada. Aunque algunos procesos podrían cerrarse este año, se prevé que todos los pasos previos estén finalizados antes de noviembre, cuando se debe presentar al Fondo Monetario Internacional (FMI) una hoja de ruta concreta.

El proceso de privatización depende de varios pasos clave: la Ley Bases como marco jurídico, un decreto del Poder Ejecutivo que autorice las privatizaciones, la presentación de informes detallados, los pliegos de los concursos y, finalmente, la venta de las empresas. Hasta ahora, cuatro compañías han avanzado solo hasta el segundo paso: Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas.

Las opciones para llevar adelante estas privatizaciones incluyen tres modelos, que podrían aplicarse de forma individual o simultánea: primero, la venta de acciones a través de concursos públicos, abiertos tanto a oferentes locales como internacionales, en un esquema similar al de fusiones y adquisiciones; segundo, realizar una Oferta Pública de Venta (OPV) en la Bolsa; y tercero, concesionar las actividades de la empresa para finalmente dar de baja su CUIT, es decir, cerrarla.

Un funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato expresó: “Con Milei, el mundo ha vuelto a interesarse en Argentina. Si la macroeconomía sigue ordenada, mantenemos el rumbo y obtenemos buenos resultados electorales, las inversiones llegarán”.

En tanto, en el Gobierno también resaltan que no hay intenciones de desmantelar empresas estratégicas y que las ventas no tendrán efecto en los empleados de las compañías, al menos en un inicio. El caso que más destacan es el de IMPSA, firma estratégica por sus soluciones integrales en la generación de energía y primera privatización de la era Milei, en donde una empresa estadounidense se hizo cargo de las deudas y se comprometió a inyectar inversiones en los próximos años.

Según reconstruyó Infobae con fuentes oficiales, la privatización de cada empresa se realizará bajo los siguientes mecanismos:

• Enarsa: La empresa se dividirá en 15 unidades de negocio, y se definirá el modelo de privatización para cada una. Las acciones de Citelec, controladora de Transener, serán vendidas a través de un concurso público nacional e internacional como un primer paso.
• Intercargo: Concurso público nacional e internacional.
• AySA: La mayor parte de las acciones se venderán mediante concurso, mientras que una pequeña parte se subastará en la Bolsa.
• Belgrano Cargas: Se licitarán las operaciones y el mantenimiento de las vías, con un sistema de peajes. También se venderán los rodados, y se buscará la incorporación de nuevos jugadores. Posteriormente, se dará de baja el CUIT y se cerrará la empresa.
• SOFSA: Licitación de los servicios que presta Trenes Argentinos, manteniendo cierto control estatal.
• Corredores Viales: Concesión de los tramos y posterior cierre de la empresa.
• Nucleoeléctrica Argentina: Concurso para la venta de hasta el 49% de las acciones.
• Yacimientos Carboníferos Río Turbio: Aunque esta es la empresa que presenta más dificultades para su privatización, se planea venderla a través de un concurso, buscando un operador que se haga cargo de su gestión.

Milei, por su parte, sigue firme en su postura de que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado, se venderá”. Esto incluye las empresas que quedaron fuera de la Ley Bases por el pedido de la oposición: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. También se busca privatizar el Banco Nación, entidad a la que el Gobierno le quitó el monopolio de los sueldos de empleados públicos.

En 2024, el Tesoro Nacional gastó más de $4 billones para financiar el déficit de estas empresas, según cifras oficiales.

Desde el Gobierno consideran que es fundamental tener en cuenta los tiempos políticos y económicos. Por ello, la mayoría de las privatizaciones se llevará a cabo después de las elecciones, con la expectativa de que la estabilidad macroeconómica atraiga nuevas inversiones.

Los datos del Banco Central sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) reflejan el impacto negativo de los controles de capital y la inestabilidad macroeconómica. En los últimos tres meses, la salida neta de IED fue histórica: USD 811 millones en diciembre, USD 270 millones en enero y USD 1.119 millones en febrero, con un total de USD 2.200 millones.

Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, asumirá en las próximas semanas como nuevo titular de Nucleoeléctrica, la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares de Argentina, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales. Esta designación tiene lugar en un contexto clave, ya que el país avanza con proyectos estratégicos para fortalecer su matriz energética y su protagonismo global en la industria nuclear de cara las necesidades que presentará el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Desde fines del año pasado, Reidel tiene a cargo el Plan Nuclear Argentino, un ambicioso proyecto que, según sostiene, puede convertirse en una plataforma de despegue sin precedentes para el país. Su nuevo puesto fue anticipado por el portal especializado Econojournal, que destacó cómo este cambio al frente de la empresa estatal es un paso decisivo para el desarrollo del sector nuclear en Argentina. Este plan, que tiene como objetivo expandir y modernizar la infraestructura nuclear nacional, se alinea con la política energética del gobierno de Milei, que busca diversificar las fuentes de energía.

En su rol como presidente de Nucleoeléctrica, Reidel liderará una compañía clave para el suministro energético del país. La empresa opera las tres centrales nucleares que actualmente tiene Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse, y también tiene a su cargo la construcción de nuevos proyectos en el sector. En este sentido, una de las metas más destacadas del Plan Nuclear Argentino es la construcción de nuevos reactores modulares de 300 MW, con diseño nacional, que se sumarán al complejo nuclear de Atucha, ubicado en Buenos Aires.

El propio Reidel destacó, semanas atrás, en Infobae, las fases del plan nuclear que impulsa el Gobierno.

• Fase 1. Desarrollar un reactor modular SRM. Se buscará construir una nueva planta nuclear con cuatro de estos módulos en lo que iba a ser Atucha 3. Esa fase incluye el trabajo coordinado de Invap, Nucleoeléctrica, Conea, Conuar, y otros organismos y entidades, con otros jugadores privados y capital externo.
• Fase 2. Reidel la llama “modelo Gillette” y buscará exportar uranio. “De la misma forma en que te venden la maquinita de afeitar y los repuestos, podemos aprovechar la comercialización de estos reactores modulares para venderlos con un compromiso de compra de uranio argentino, mineral del que tenemos cuantiosas reservas, pero que está totalmente desaprovechado”, afirmó.
• Fase 3. Llegan las inversiones y las empresas mirarán al país como un lugar seguro para enchufar sus data centers, o lo que haga falta en el futuro. “Si logramos las fases 1 y 2, no va a ser ciencia ficción”, dijo.

La designación de Reidel al frente de Nucleoeléctrica también refleja una estrategia más amplia de apertura al sector privado en áreas clave de la infraestructura energética. De acuerdo con las fuentes consultadas, uno de los objetivos a corto plazo será avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica. La Ley de Bases habilita la participación del capital privado, y en este marco, Reidel se enfocará en promover la colaboración público-privada para modernizar y expandir la infraestructura nuclear del país. Este proceso también busca generar un clima favorable para las inversiones extranjeras en el sector nuclear argentino, lo que contribuiría a fortalecer la competitividad internacional de la industria.

Además de Reidel, Germán Guido Lavalle, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), asumirá un rol clave dentro de la nueva estructura de Nucleoeléctrica. Econojournal destacó que la designación de Lavalle en Nucleoeléctrica es significativa, ya que es la primera vez que un presidente de la CNEA ocupa una posición ejecutiva de tan alto nivel en una empresa nuclear del país. Este movimiento refleja una alineación estratégica entre la CNEA y Nucleoeléctrica, lo que permitirá coordinar más eficientemente las políticas y proyectos en el sector nuclear.

El nuevo directorio de Nucleoeléctrica también contará con la participación de Diego Chaher, presidente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Chaher, ocupado en la modernización de empresas estatales, se unirá al equipo con la misión de gestionar la transición hacia una mayor eficiencia operativa y asegurar que los proyectos nucleares se desarrollen bajo los más altos estándares de transparencia y sostenibilidad. Su incorporación refuerza el enfoque del Gobierno en la mejora de la gestión pública y la implementación de reformas clave en el sector energético.

El directorio de la empresa será completado por Axel Larreteguy y Marco Campolonghi, ambos egresados del Instituto Balseiro, una de las instituciones más prestigiosas en la formación de profesionales en el ámbito nuclear. Larreteguy es un doctor en ingeniería nuclear y aportará su experiencia en investigación y desarrollo tecnológico, mientras que Campolonghi, ingeniero nuclear, se sumará al equipo con su expertise en la gestión de proyectos nucleares. Esta incorporación de especialistas altamente capacitados refuerza la intención del gobierno de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico dentro del sector energético nuclear.

El Plan Nuclear Argentino tiene una visión a largo plazo, con el objetivo de posicionar a Argentina como un referente en tecnología nuclear en América Latina y en el ámbito global. Además de la construcción de nuevos reactores, el plan también se centra en el desarrollo de infraestructura de investigación y la formación de nuevos profesionales altamente calificados en la industria nuclear. En este sentido, el gobierno de Milei espera que el sector nuclear argentino no solo aumente la capacidad de generación de energía, sino que también impulse la innovación tecnológica y proporcione nuevas oportunidades laborales en un sector clave para el futuro económico del país.

La dirección de Reidel, junto con el equipo que se incorporará a Nucleoeléctrica, tiene el desafío de llevar a cabo este ambicioso plan en un contexto económico global complejo.