“Explotó una bomba inesperada”. La definición que eligió un miembro muy relevante del gobierno de Javier Milei quizás no sea la figura más feliz para referirse a una cuestión vinculada a la energía nuclear, pero sin dudas grafica lo que ocurre puertas adentro de la administración de un sector que es central –o al menos lo era hasta el momento– para los planes energéticos y de desarrollo general de la administración libertaria.

La renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la sociedad anónima con mayoría estatal que se encarga de gestionar las centrales nucleares del país, cayó como un balde de agua congelada porque estuvo inmediatamente precedida por la salida de funcionarios de su entorno que quedaron señalados por presuntos manejos irregulares de fondos.

El run run detrás de lo que pasó con este funcionario muy cercano a Milei está a la orden del día y hay versiones para todos los gustos. Por el momento, no está claro si Reidel –quien declinó hacer comentarios para esta nota de Infobae– continúa en el “esquema Presidencial”. Hasta el año pasado encabezó el Consejo de Asesores Económicos del mandatario al punto de ser mencionado por el Presidente como un eventual socio paga ganar el Nobel ya que juntos estaban “reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas", según detalló el propio Milei. Más allá de las continuas menciones, ese consejo que también integraron otros economistas nunca tuvo un rol concreto y visible. Sólo se supo de él cuando alguno de sus integrantes abandonaba el grupo (por decisión propia o no) y luego pasó al olvido.

Por estas horas, Reidel contaría solo con el apoyo del propio Milei… o ni siquiera eso. Tanto Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; como Santiago Caputo, principal asesor del Presidente, le bajaron el pulgar. Caputo controla ahora el área nuclear y logró un movimiento importante: en diciembre, bajo la órbita de Economía, se creó la Secretaría de Asuntos Nucleares, que quedó a cargo de Federico Ramos Napoli, un abogado de 31 años que fue por unos meses presidente de Dioxitek, otra empresa estatal clave para el sector porque es la encargada de la producción de dióxido de uranio, el combustible atómico.

También hubo cambios en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde Martín Porro reemplazó a Germán Guido Lavalle, quien también era vice de NASA y fue la principal contraparte de Reidel.

Desde antes de asumir Milei el sector nuclear fue el hábitat natural de Reidel dentro del Gobierno, más allá de la economía y de los cargos formales. Tan es así que a fines de 2024 presentó junto al Presidente y a Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica de la ONU, el Plan Nuclear Argentino.

Esa hoja de ruta, ideada y encabezada por él, hacía eje en la fabricación de reactores modulares (conocidos como SMR, en fase de desarrollo global y muy en boga en el sector en los últimos años en la industria), en impulsar grandes centros de IA alimentados por energía atómica –él mismo estuvo muy cerca del anuncio de inversión de USD 25.000 millones para hacer un datacenter de OpenIA en la Patagonia– y, en una etapa posterior, en la minera de uranio, un negocio que comenzó a reactivarse tímidamente en los últimos años. Por todo eso Reidel debe haber pensado en algún momento que era número puesto para una eventual nueva secretaría del área. Esa estructura llegó y no sólo no la encabezó, sino que también quedó afuera de Nucleoeléctrica. Por estas horas su injerencia en el Gabinete y en el propio Milei es, por lo menos, incierta.

El CV de Reidel es envidiable. Es físico del Instituto Balseiro, tiene un máster en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, donde además fue investigador. No sólo eso, estrechos contactos en Wall Street, fue trader en Goldman Sachs y JP Morgan, y hasta cofundó su propio fondo de inversión americano, QFR Capital Management, junto al actual viceministro de Economía, José Luis Daza. En el Gobierno de Cambiemos volvió al país y fue segundo de Federicos Sturzenegger en el Banco Central.

Son días turbulentos para el físico. Incluso horas antes de renunciar tuvo que salir a explicar cómo había pagado una deuda bancaria de más de $800 millones. Aseguró en X que vendió una participación en un desarrollo inmobiliario local que había comprado en 2018. “Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es ‘la deuda’. El 15/12/2025 vendí esa parte por USD 770.000. La compra fue con fondos propios. La venta también. Cobré y cancelé la deuda”, detalló.

Tensión en Nucleoeléctrica

Reidel se fue de la presidencia de Nucleoeléctrica –o lo obligaron a irse, no está del todo claro– en un contexto muy adverso marcado por denuncias de sobreprecios y episodios de alta tensión dentro de la empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

La decisión llegó como desenlace de semanas de conflictos internos en medio de un proceso de privatización parcial impulsado por el Gobierno.

El detonante de la crisis estuvo ligado a presuntas irregularidades en la licitación de servicios de limpieza, donde se habría detectado incremento de precios del 140% respecto a los valores de referencia del Estado. La situación se agravó con un señalamiento adicional por una contratación directa de software con un sobreprecio de más de 1.000 por ciento. La supuesta presión para aprobar estas contrataciones generó fuertes señalamientos y un quiebre en la conducción. Todo derivó en la suspensión de los gerentes Marcelo Famá (Gerencia General) y Hernán Pantuso (Administración), los alfiles de Reidel.

Más allá de esos contratos, las sospechas eran más profundas y hubo una serie de sumarios e investigaciones internas. La gran “guerra” que perdieron Reidel y su gente fue con “la línea”, los principales técnicos nucleares de NASA, que no solo son respetados por estar ultra certificados para hacer su trabajo, sino que además son puestos que no abundan en el sector. Son los guardianes de lo que en la industria definen como la “cultura de la seguridad”, un concepto que va más allá de la solo prevención de los accidentes nucleares.

“Los técnicos se retobaron cuando vieron amenazada esa cultura”, detallaron en NASA. La tensión subió cuando se involucró la WANO (World Association of Nuclear Operators), algo así como la FIFA de los operadores nucleares del mundo. El organismo es el encargado de vigilar los estándares de seguridad, pero sobre todo proteger el negocio nuclear global.

Hubo informes de técnicos locales con duros cuestionamientos a cuyos autores se trató de echar. La tensión subió cuando la WANO hizo advertencias por mail y más aún cuando sus técnicos visitaron el país el año pasado y Reidel no los recibió.

“De los más de 260 días que Reidel presidió la empresa, solo estuvo 14 horas en el edificio central de la empresa. Se la pasaba viajando. Delegó muchas funciones en sus gerentes, pero no se establecieron revisiones claras ni mecanismos de control y rendición de cuentas. Fue un combo muy fuerte para la línea y empezaron las presiones. Demian creyó que su lugar de cabeza del Consejo Nuclear y la presidencia de NASA eran lo mismo. Fue un error”, agregan sus detractores.

Cuando las acciones de la empresa pasaron de la secretaría de Energía a la nueva secretaría de Asuntos Nucleares, su destino quedó sellado.

Gritos, insultos y patadas

En marzo del año pasado, en el Latam Forum, Reidel tuvo declaraciones que generaron mucho ruido por lo desafortunadas. Con tono algo canchero y en inglés, dijo: “Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas AI; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades”. Hizo una pausa y agregó: “El único problema de Argentina es que está llena de argentinos”. Luego, criticado en X hasta por el “Gordo Dan”, ensayó tímidas disculpas en redes.

Un mes después, en un almuerzo del Rotary Club en el que fue orador, adelantó que iba a presidir Nucleoeléctrica. “El doctor Marcelo Famá, va a acompañarme en la gestión como gerente general. Nos conocemos hace 5, 6 años… hace como 30 años. Vamos a traer un management absolutamente top, son casi todos ingenieros o físicos del Balseiro porque vamos a desarrollar el programa nuclear”, aseguró.

Nucleoeléctrica tiene un presupuesto anual de unos USD 1.000 millones y un flujo de dinero muy alto. Solo Atucha 2 genera USD 70 millones por mes. Tiene contrataciones directas para equipos específicos que pueden rondar los USD 10 millones. El año pasado logró un nuevo récord en generación nuclear. Alcanzó los 10.760.572 megavatios-hora (MWh), superando la marca previa de 10.449.015 MWh registrada en 2024. Los resultados individuales de sus plantas también evidenciaron récords históricos, según detalló la empresa.

Luego de los informes críticos y del intento de despedir a los técnicos que los escribieron, la crisis generó una reunión de directorio de extrema tensión. En ese encuentro “explotó” todo. Ese directorio estaba encabezado por el propio Reidel; el vicepresidente de NASA, Guido Lavalle; y los directores Axel Larreteguy, Marco Campolonghi y Diego Chaher, quien además es titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Muy cercano a Santiago Caputo, es el “privatizador” del Gobierno y el único director de los “viejos” que sigue en funciones en NASA.

“La reunión fue muy violenta. Hubo gritos, insultos y hasta golpes a las paredes. Cuando se decidió suspender a los gerentes, Reidel perdió el control. Fue un verdadero escándalo. Volaron vasos. Se votó por suspender a Famá y Pantuso y se puso en el orden del día convocar a asamblea para renovar autoridades”, describió uno de los presentes.

La tensión máxima fue entre Reidel y Guido Lavalle. En la siguiente reunión de accionistas, Reidel quedó afuera de la presidencia y su vice, quien no estuvo en la reunión, también dejó el directorio.

Antes de eso, Reidel había ordenado cerrar los sumarios aduciendo que sus funcionarios ya habían renunciado. “Como no se emitió orden de compra y los tipos se fueron, no hay perjuicio fiscal, aunque podría haber una falta de criterio o tentativa”, sostuvo otra fuente de Nucleoeléctrica. Como sea, fuentes oficiales aseguraron que no están descartadas denuncias penales por incumplimiento de funciones. Con todo, aún hay investigaciones internas en marcha y todo parece indicar que el tema se cerrará con la salida de Reidel y su equipo. Según los involucrados, finalmente, esa renuncia fue “cordial” y hasta habría habido algún pedido de disculpas por el vehemente asesor de Milei.

Con la salida de Reidel, Juan Martín Campos asumió la presidencia de la empresa, acompañado por Martín Porro (vicepresidente y titular de la CNEA) y se mantuvo a Chaher. El control político y operativo de la compañía quedó en manos de Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares, quien designó a colaboradores de su confianza en las principales áreas del sector.

Uranio de moda

Una cadena de suministros nucleares cada día más compleja, un mercado que sufrió fuertes cambios en las últimas décadas a nivel global, pasando –a grandes rasgos– de un contexto belicista, a los accidentes catastróficos –con Chernóbil y Fukushima a la cabeza– y un sector que volvió a ser una alternativa de energía limpia, algo que se potenció con la IA y la idea de alimentar sus centros de cómputo.

A nivel local, podría decirse que Reidel enfocó su plan en fabricar un reactor modular y que la nueva gestión atómica, que se autodefine como más integral, apuntó sus cañones a la minería de uranio, un sector con mucho potencial que el país abandonó hace años ante costos que no cerraban, y a generar un flujo fuerte de suministros de insumos para las centrales. “Hacer un reactor modular en 5 años, de la nada, es una locura. Es inviable acá y en cualquier lado”, criticó una fuente de la actual conducción nuclear.

La primera señal de alarma se prendió en 2024, cuando el país estuvo a 22 días de quedarse sin uranio. O sea, sin centrales que generen energía para la red eléctrica. El circuito funciona así: NASA importa el mineral uranio sin refinar, Dioxitek lo procesa para llevarlo a “grado nuclear”: en una planta de Córdoba lo convierte en dióxido de uranio. Luego se transporta a Ezeiza, a Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), donde arman el elemento combustible que finalmente vuelve a NASA como insumo vital para la generación de energía nuclear. Después de esa crisis de abastecimiento comenzó a tomar relevancia Ramos Napoli, quién llegó al Gobierno con la misión de solucionar ese tema de provisión y escaló posiciones. No pocos en el sector lo miran de reojo por su falta de experiencia.

La nueva gestión enfrenta desafíos en tres frentes: la operación diaria de las centrales, el proyecto de extensión de vida de Atucha I (Atucha II entrará próximamente en parada técnica, en un contexto de insumos demorados y plazos ajustados) y el proceso de privatización. Si bien el programa de extensión de vida de las plantas presenta retrasos significativos, en el sector hay un consenso generalizado de que no hay riesgos de accidentes graves.

Desde la nueva estructura del sector celebran que ahora la parte política, NASA y Dioxitek están bajo la misma conducción. “Ahora la Secretaría es el director de la orquesta. Hay que hacer los deberes y escalar. Es el momento, porque con el GNL y Vaca Muerto ya no tenemos problemas energéticos”, resumió Ramos Napoli.

— ¿Cuáles son los ejes de su plan?

— La minería de uranio es una de las agendas que va a condicionar la escala de todo lo que venga después. Vamos a desarrollar modelos de negocio para esquemas posibles que hoy no lo tienen, no hay nada escrito. Hay que tomar decisiones muy concretas sobre el rumbo del sector nuclear, para toda la tecnología y el know-how que se desarrolló a lo largo de estos años. Tienen que redundar en algo que tenga un retorno. No podemos seguir financiando todo desde el Estado, que no va a retirarse por completo de su participación en la Comisión de Energía Atómica o en el desarrollo o incentivo de tecnologías nucleares, pero el mercado debe empezar a participar y hay avidez para que eso suceda.

Respecto a la privatización, el Congreso autorizó la venta de hasta el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica, pero en el sector advierten sobre la dificultad de encontrar inversores dispuestos a asumir riesgos técnicos elevados. “En el mercado hablan de USD 700 millones por ese paquete accionario, pero no hay muchos candidatos dispuestos a invertir”, afirmó una fuente de la industria. Hoy, la empresa se sostiene como una sociedad anónima con capital social íntegramente estatal: 79% en manos de Economía, 20% en la Comisión Nacional de Energía Atómica y 1% en Energía Argentina S.A.

Infobae dialogó con Chaher, quien aceptó responder preguntas sobre cómo se va a privatizar la empresa. “El flujo de las privatizaciones son tres grandes pasos. En este caso, el Congreso ya dijo que será una privatización parcial; el Ejecutivo designó la autoridad licitante; y Economía hizo la hoja de ruta de la privatización. Estamos en ese estadio. El llamado a licitación tiene que estar en noviembre y ahí comenzará a definirse el proceso”, destacó el funcionario.

— ¿Ya hay interesados?

— Sí, hubo sondeos, pero falta. Son empresas proveedoras del sector.

— ¿Cuánto vale?

— Hay que hacer un trabajo previo para definirlo y ver qué es NASA, si una generadora de energía o mucho más. Se deberán analizar bien los costos y el valor de los intangibles, también los marcos regulatorios y cómo impacta la normalización del sector energético. Creo que será más importante lo que esta privatización le pueda traer al Estado, en general, que lo que lo que le dejará al Tesoro. Es muy temprano para hablar de números.

Las recientes deudas personales saldadas por Demian Reidel, que ascendieron a 825 millones de pesos (más de 485.000 euros), recibieron atención pública luego de que el propio funcionario negara cualquier vínculo entre estas obligaciones y la investigación sobre presuntas irregularidades en licitaciones bajo su gestión. En medio de esta controversia, el presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal encargada de operar centrales nucleares, presentó su renuncia al cargo tras estar involucrado en una polémica relacionada con sobreprecios en contratos, según informó ‘La Nación’.

La salida de Reidel ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei implementa un proceso de privatización en NASA. En reemplazo del ahora exfuncionario, la compañía designó a Juan Martín Campos, especializado en seguridad nuclear y actual titular de Dioxitek, otra empresa estatal enfocada en la producción de dióxido de uranio y suministros para la industria energética nuclear, de acuerdo con lo publicado por ‘La Nación’.

El medio argentino detalló que la controversia se originó tras la detección de “presuntas irregularidades vinculadas a sobreprecios que superaban el 130%” durante la licitación del mantenimiento de dos plantas nucleares. En enero, NASA resolvió separar de sus funciones a dos directivos designados por Reidel, luego de que salieran a la luz estos cuestionamientos relacionados con la adjudicación de servicios de limpieza en las centrales. Las sospechas giraron en torno al proceso de licitación donde, según ‘La Nación’, el costo del servicio presentaba una diferencia considerable respecto a los valores de mercado estimados para tareas similares.

El propio Reidel, quien mantenía una amistad personal y vínculos cercanos con el presidente Milei, debió responder a las denuncias sobre supuestas irregularidades. Aunque se acusó un posible nexo entre el escándalo y el pago de sus deudas personales en un corto lapso de tiempo, Reidel negó de forma pública que estos movimientos financieros estuvieran relacionados con el proceso investigado, según lo consignó ‘La Nación’.

El contexto en que se produce su dimisión coincide con la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar en la privatización parcial de NASA. Un decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, hacia finales de septiembre estableció que el 44% de las acciones de la empresa comenzarían un proceso de venta, al tiempo que se diseñaba un programa de propiedad participada para los empleados, informó ‘La Nación’. Estos pasos forman parte de un paquete de reformas orientado a modificar la estructura y el financiamiento de la compañía estatal.

Reidel ocupó, además, la presidencia del consejo de asesores económicos de la Casa Rosada en calidad ‘ad honorem’ entre marzo de 2024 y julio de 2025. Su figura ganó notoriedad por la cercanía con el entorno presidencial y por su doble rol como responsable de NASA y consultor económico del Gobierno, mencionó ‘La Nación’. Su ciclo al frente de la empresa nuclear estatal quedó marcado por los polémicos episodios recientes, el recambio de directivos y la transformación estructural impulsada por el oficialismo.

La llegada de Juan Martín Campos al frente de NASA introduce un perfil técnico y especializado en una etapa de transición para la empresa, en la que la vigilancia sobre los procesos de licitación y la transparencia en la gestión adquieren una relevancia especial. La designación del nuevo presidente, así como los pasos dados en favor de la privatización, continuarán bajo la atención de distintos sectores debido a los antecedentes durante la gestión saliente y al futuro de la política nuclear argentina, señaló ‘La Nación’.

Reidel resolvió hace dos semanas las denuncias sobre sus deudas personales, explicando que el saldar obligaciones por 825 millones de pesos (alrededor de 485.000 euros) no se vinculaba a anomalías en contratos ni a prácticas irregulares dentro de la empresa. En este contexto, la noticia de su dimisión como presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) se produce en un momento de investigaciones sobre supuestos sobreprecios en licitaciones de servicios de limpieza, según informó 'La Nación'. La dirección de la compañía decidió que Juan Martín Campos, actual titular de Dioxitek y especialista en seguridad nuclear, se encargará de la presidencia a partir de la salida de Reidel.

La salida de Reidel se da en una etapa en la que la empresa pública NASA enfrenta un plan impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca transferir casi la mitad de sus acciones al sector privado. Según detalló 'La Nación', en septiembre el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron un decreto que establece la venta del 44% de las participaciones accionarias de la compañía y el inicio de un esquema de participación accionaria para empleados.

El medio 'La Nación' reportó que NASA ya había reemplazado a finales de enero a dos directivos cercanos a Reidel, motivando este cambio en la dirección por irregularidades en un proceso de licitación para el mantenimiento de dos centrales nucleares, donde se detectaron precios hasta un 130% superiores a valores de referencia. La revisión interna apuntó tanto al proceso de adjudicación como al cálculo del presupuesto presentado, lo que derivó en la desvinculación de los funcionarios responsables y una revisión amplia de procedimientos internos.

Además de dirigir NASA, Reidel mantenía un vínculo de confianza con el presidente Javier Milei, con quien forjó amistad personal y con quien colaboró como presidente del consejo de asesores económicos "ad honorem" en la Casa Rosada desde marzo de 2024 hasta julio de 2025. Tal como publicó 'La Nación', esa doble función lo posicionaba dentro del círculo de decisiones estratégicas energéticas y económicas del actual gobierno.

La investigación sobre supuestos sobreprecios generó atención pública y política sobre la gestión de NASA, que opera las principales centrales nucleares del país. De acuerdo con la información recogida por 'La Nación', los controles internos hallaron irregularidades considerables en el proceso de selección para el servicio de limpieza de las instalaciones, lo que presionó a la directiva de la empresa a asumir decisiones inmediatas, incluida la destitución de personal directivo involucrado.

En ese marco, la sustitución en la presidencia de NASA tiene lugar en medio de esfuerzos oficiales por modificar la estructura de propiedad y de control de la empresa, un proceso observado por sindicatos, especialistas en energía y organismos reguladores. 'La Nación' detalló también que el traspaso parcial al sector privado y el sistema de propiedad participada buscan adaptarse a lineamientos de reforma del Estado impulsados desde el gobierno nacional.

Juan Martín Campos, quien asumirá la presidencia de NASA, se desempeña actualmente como responsable de Dioxitek, empresa estatal enfocada en producción de dióxido de uranio y otros insumos nucleares. Campos cuenta con experiencia en seguridad nuclear, área clave para la supervisión y desarrollo de proyectos estratégicos dentro del sector. Su designación responde a la necesidad de consolidar la gestión y coordinación de los equipos técnicos en las centrales operadas por NASA, tarea que se considera esencial para garantizar la continuidad de los servicios durante el proceso de traspaso accionario.

La transición en la dirección de NASA seguirá marcada por el proceso de privatización parcial y por la supervisión de los mecanismos de licitación interna. 'La Nación' subrayó que tanto la revisión de procesos como la transparencia en la gestión permanecen en la agenda oficial, en respuesta a las investigaciones que motivaron los recientes cambios en la cúpula de la empresa.

La dirección de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) concretó la remoción a finales de enero de dos funcionarios colocados por Demian Reidel tras investigaciones internas que revelaron supuestas irregularidades por sobreprecios superiores al 130% en la licitación de servicios de limpieza. Según publicó La Nación, este episodio precipitó la salida de Reidel como presidente de la compañía estatal encargada de operar las centrales nucleares argentinas, en contexto de iniciativas de privatización promovidas por el gobierno de Javier Milei.

La renuncia de Reidel, quien además formaba parte del equipo de asesores del presidente Milei, ocurre en medio de una controversia sobre presuntas anomalías económicas en los contratos públicos, situación que generó preocupación en distintos sectores vinculados a la administración y control de las empresas estatales. De acuerdo con lo señalado por La Nación, la gestión de la empresa ya desarrollaba procedimientos para reemplazar figuras dentro de su estructura tras detectar irregularidades considerables en uno de los procesos licitatorios.

El medio detalló que la vacante en la presidencia de NASA la ocupó Juan Martín Campos, experto en temas de seguridad nuclear y hasta el momento presidente de Dioxitek, empresa estatal dedicada a la producción de dióxido de uranio y otros materiales fundamentales para la generación eléctrica nuclear en el país. Campos asumió la conducción de NASA en un contexto dominado por las tensiones administrativas y las transformaciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

La Nación consignó que la salida de Reidel y su reemplazo por Campos representan una respuesta directa a los problemas expuestos por la licitación del servicio de limpieza en NASA, proceso en el que se detectaron valores adjudicados que superaban ampliamente los precios de mercado, con incrementos superiores al 130%, según consignó el propio medio. La auditoría y los pasos administrativos posteriores derivaron en la decisión de apartar a funcionarios y revisar los mecanismos de control sobre los procesos de compras y contrataciones dentro de la empresa estatal.

La coyuntura en la que se produce este cambio de mando no es ajena a reformas más extensas promovidas desde el gobierno nacional. El mismo medio recordó que, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en septiembre del año anterior, se dispuso la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. como parte de un programa de privatización. Adicionalmente, el decreto contempla un sistema de propiedad participada para que los empleados de la compañía puedan acceder a parte del capital accionario, configurando un modelo de transición hacia una empresa de gestión mixta.

El proceso de privatización de NASA inscrito en el decreto se enmarca en la estrategia de reducción del peso estatal en sectores estratégicos, según reportó La Nación, objetivo que ha generado reacciones diversas en los ámbitos sindicales, políticos y técnicos, principalmente en relación con los efectos potenciales sobre la seguridad de la producción energética nacional y el papel del Estado en áreas consideradas sensibles.

Según la información de La Nación, la reforma en NASA ocurre mientras el gobierno evalúa otros cambios en la administración de empresas públicas y desarrolla acciones orientadas a asegurar mayor eficiencia y transparencia en la gestión del sector energético. El reemplazo en la conducción de NASA y la investigación de los casos de sobreprecios constituyen uno de los primeros movimientos visibles dentro de este proceso más amplio, que tendrá proyecciones en la política energética nacional.

Las autoridades involucradas no ofrecieron declaraciones públicas inmediatas sobre el alcance de las investigaciones ni sobre el futuro de los funcionarios cuya gestión estuvo vinculada a los contratos objetados, detalló el medio. Tampoco se explicitaron cuáles serán los procedimientos específicos para garantizar la continuidad de las tareas críticas en la operación de las centrales nucleares durante esta fase de cambios institucionales y análisis de la estructura organizativa.

El desarrollo de la situación en NASA, sus consecuencias sobre el plan de privatización y los eventuales ajustes normativos en la licitación y control de los contratos estatales se mantienen bajo seguimiento por distintos sectores, alerta que se corresponde con el carácter estratégico que representa el sector nuclear en el esquema energético argentino, según subrayó La Nación.

Los presuntos desmanejos que realizaron alfiles que responden al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demián Reidel, desembocaron en denuncias internas por sobreprecios en la licitación del servicio de limpieza de las tres centrales nucleares. Esto llevó a que dos gerentes clave de ese entramado fueran suspendidos por el Directorio de la compañía semanas atrás, generando un golpe certero al poder de Reidel en la línea de mando.

Ese panorama se profundizó en los últimos días. Los gerentes que habían sido despojados de sus firmas, Marcelo Famá (Gerencia General) y Hernán Pantuso (Gerencia de Coordinación Administrativa) presentaron su renuncia por estos días, según confirmaron al menos tres fuentes de Infobae al interior de Nucleoeléctrica.

Este hecho expone el clima de tensión que existe al interior de la compañía que se encarga de administrar Atucha I y II y el complejo Embalse. Famá y Pantuso fueron removidos de sus responsabilidades dos semanas atrás en una reunión del Directorio. Aunque la reunión había sido acordada con Reidel, la movida de desplazarlos fue impulsada por la línea técnica-histórica de Nucleoeléctrica y otros integrantes del comando de la compañía que fueron puestos por su Presidente pero que ante los presuntos desmanejos comenzaron a revelarse a ese liderazgo.

De las dos salidas, la que más impactó en la figura de Reidel fue la de Famá. El Gerente General cumple una función esencial en la administración y coordinación de todas las gerencias de la compañía. Una suerte de Jefe de Gabinete por con una incidencia mayor en la toma de decisiones. En la reunión de Directorio, el vicepresidente, Guido Lavalle; y los directores Axel Larreteguy y Diego Chaher (también titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la cual responde al Ministerio de Economía y a Santiago Caputo) dispusieron su remoción contra los votos de Reidel y el director Marcos Campolonghi.

Con ese cambio se colocó a Fernando Monserrat, un histórico de la empresa con profundas críticas sobre los manejos de los alfiles de Reidel. Fuentes de la compañía indican que buscará “desenmarañar los entramados” hechos por los asesores y funcionarios que fueron colocados en abril pasado por la nueva presidencia de Nucleoeléctrica.

La acusación puntual que determinó la salida de Famá y Pantuso fue la preadjudicación de un servicio de limpieza de las tres centrales con 140% de sobreprecio respecto a los precios de referencia establecidos por la SIGEN. Después de los desplazamientos, la seccional de Zárate de ATE presentó una nueva acusación por una contratación directa para una migración de software con 1067% de sobreprecio. Si bien esta misma se trató recientemente en el Comité de Integridad -el área de auditoría interna, presidida por el director Larreteguy-, el Directorio no volvió a reunirse, por lo que el tema no se trató.

Hay un acontecimiento más importante que sucederá en los próximos días y con atribuciones más importantes de las que tiene el Directorio. Se trata de la Asamblea de Accionistas, que tiene la capacidad de determinar remociones de las autoridades más importantes de la empresa, y que se celebrará el lunes de la próxima semana.

“No es una Asamblea Ordinaria como la que se suele hacer en abril para aprobar los balances. Sería una reunión extraordinaria. Se decidió el lunes de la semana pasada. Se van a definir cosas muy importantes”, avisa a Infobae una alta fuente al tanto de estos movimientos internos.

Entre los asuntos a tratar estaría la continuidad de Demián Reidel como presidente de la compañía. “Van a cambiar el Directorio”, aseguró un empleado de la compañía. Es muy problable que esas remociones llegue hasta su titular.

Nucleoeléctrica Argentina es una sociedad anónima pero su capital social accionario se encuentra distribuido entre diferentes áreas estatales. El 79% pertenece al Ministerio de Economía de la Nación, el 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1% a Energía Argentina S.A. (ENARSA). Es decir, queda en manos del mismo Gobierno cualquier cambio sustancial en la plana mayor de la compañía.

Al menos por ahora, el Directorio está compuesto por Demian Reidel (Presidente), Guido Lavalle (Vicepresidente) y los directores titulares Axel Larreteguy, Marco Campolonghi y Diego Chaher.

“Aparentemente le pedirían sus pares a Reidel que presente la renuncia. Creen que es insostenible la situación”, afirma una fuente en extrema reserva.

En la Casa Rosada consideran que estos ruidos que se generaron en el último tiempo complican los planes de privatización que tiene Nucleoeléctrica, que es una de las ocho compañías que fueron dispuestas para ese proceso a través de la sanción de la Ley Bases. Para este caso en particular establecieron un esquema que contempla la venta de una parte significativa del capital accionario de la compañía, manteniendo el control mayoritario en manos del Estado Nacional.

Pero este es un eslabón clave de la política nuclear que se está elaborando en el sector ligado a Santiago Caputo, quien colocó en la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares a Federico Ramos Nápoli, expresidente de Dioxitek que está ligado a Las Fuerzas del Cielo. En esos temas también está interesado el Director Nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, otro de los ideólogos de la comunicación libertaria.

Tras el escándalo por los sobreprecios, Demian Reidel renunció este mediodía al directorio de Nucleoeléctrica Argentina, según confirmaron a Infobae. Lo cierto es que la firma renovó además su directorio completo y solo mantuvo a Diego Chaher, actual titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Será reemplazado por Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y en reactores nucleares.

El físico y economista podría continuar asesorando al presidente Javier Milei, cargo que ocupó hasta el 21 de julio de 2025 cuando lideraba el Consejo de Asesores. En los últimos días, dos gerentes claves del entramado fueron suspendidos por las autoridades de la compañía, debilitando el poder del físico, golpeado a raíz de una serie de denuncias internas por diferentes procesos licitatorios y de compras directas que se dieron en los últimos años y meses.

Luego de resolver la quita de firmas del Gerente General, Marcelo Famá, y del Gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, y con su posterior salida, el asesor presidencial presentó su dimisión este mediodía. Como anticipó este medio, la asamblea de accionistas aprobó además la nueva composición del directorio. Reidel es amigo personal del mandatario, y su salida “cordial”, como la definen desde la firma, se enmarcar en el cambios de acciones de la empresa que pasó de Secretaría de Energía a Secretaría de Asuntos Nucleares.

Asimismo, Nucleoeléctrica Argentina renovó casi en su totalidad la planta de autoridades y solo mantuvo a Diego Chaher, hombre del entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, funcionario clave en el proceso de privatizaciones que lleva adelante la administración libertaria. Además, ratificaron a Fernando Montserrat, un histórico de la planta con profundas críticas sobre los manejos de los alfiles de Reidel, quien se desempeñaba como Gerente General desde la salida de Famá.

A través de su cuenta de X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, celebró las nuevas designaciones. “Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”, destacó en la publicación.

Nucleoeléctrica Argentina opera como una sociedad anónima, pero su capital accionario está íntegramente en manos del Estado. De esta forma, el 79% corresponde al Ministerio de Economía, el 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1% a Energía Argentina S.A. (ENARSA), lo que deja bajo control de la administración las decisiones sobre la conducción y la estructura directiva de la compañía.

Los movimientos en la firma iniciaron con la preadjudicación de un servicio de limpieza de las tres centrales con un sobreprecio del 140% en función de los números de referencia establecidos por la SIGEN. A eso, se sumó una nueva acusación por una contratación directa para una migración de software con 1067% de sobreprecio.

Las nuevas autoridades

Con los cambios, la empresa generadora de energía eléctrica tiene al bioquimíco de la UBA Juan Martín Campos como titular del Directorio. Se trata un especialista en seguridad nuclear y en reactores, y con pasado al frente de Dioxitek S.A. También integró la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), y formó parte del licenciamiento de los reactores Atucha II y RA-10.

La vicepresidencia pasa a estar a cargo del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA). Especialista en reactores de potencia, también formó parte de la puesta en marcha de Atucha II como responsable de sistemas nucleares mecánicos por parte de la CNEA.

El abogado titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher se mantiene como uno de los directores, y desde la administración libertaria aseguran que trabajar por la privatización parcial de la firma. Cuenta con una silla en el directorio el ingeniero químico, Diego Garde, especialista en tecnología nuclear por el Instituto Balseiro, y completa la nómina el actual gerente de jurídicos de la comisión, Javier Grinspun, miembro desingado por la CNEA.

Por segundo año consecutivo, Nucleoeléctrica Argentina estableció un récord anual en la generación de energía nuclear, consolidando su relevancia en el sistema energético nacional y apuntalando el crecimiento de Argentina como un actor destacado en materia de producción eléctrica.

“Estos resultados reflejan el alto nivel de confiabilidad y desempeño operativo de las centrales nucleares argentinas, y subrayan el compromiso de Nucleoeléctrica con la excelencia operativa, la generación eficiente y la seguridad en el suministro eléctrico”, destacó la empresa del estado que preside Demian Reidel.

Reidel, quien fue preside el Consejo de Asesores de Javier Milei, es físico del Instituto Balseiro, Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, y Magíster en Matemática Financiera por la Universidad de Chicago. es el autor del nuevo Plan Nuclear Argentino, que la empresa define como “una hoja de ruta estratégica para el desarrollo del sector nuclear nacional”.

Durante el año 2025, la generación neta anual de Nucleoeléctrica alcanzó los 10.760.572 megavatios-hora (MWh), superando la marca previa de 10.449.015 MWh registrada en 2024, según informó la propia empresa. A este hito se sumaron avances significativos en los proyectos de expansión y modernización de sus instalaciones, destinados a fortalecer la seguridad energética argentina durante las próximas décadas.

En el cierre del periodo, resultados individuales en las plantas operadas por Nucleoeléctrica también evidenciaron récords históricos.

La Central Nuclear Embalse logró una producción de 5.352.203 MWh, que supera al récord anterior de 5.224.058 MWh registrado en 2023. Al mismo tiempo, la Central Nuclear Atucha II generó 5.408.370 MWh, dejando atrás los 5.200.490 MWh de 2016.

“El récord de generación y el avance sostenido de estos proyectos estratégicos reafirman el aporte de Nucleoeléctrica al crecimiento del país, fortaleciendo la seguridad energética nacional y consolidando la energía nuclear como una fuente confiable, eficiente y de base para el sistema eléctrico argentino”, remarcó la empresa.

En paralelo al crecimiento en generación, la compañía impulsa proyectos estratégicos de relevancia nacional. Entre ellos destaca el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I; a un año del inicio de la parada programada, este trabajo presenta un avance del 48% en la modernización de sistemas críticos. El objetivo, como sostiene Nucleoeléctrica, es permitir que Atucha I continúe suministrando electricidad confiable durante dos décadas más y refuerce su papel como una de las fuentes energéticas de base del país.

Otra de las iniciativas en curso es el Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II) en Atucha II, que ya se encuentra en un 38% de desarrollo. Esta obra, de acuerdo con la empresa, resultará fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y una gestión segura del combustible utilizado, conforme a estándares internacionales.

Nucleoeléctrica administra las operaciones de las tres centrales nucleares en funcionamiento a nivel nacional: Atucha I, Atucha II y Embalse. Además, gestiona la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista argentino y los proyectos vinculados con la operación regular de estas plantas, así como las iniciativas relacionadas con futuras centrales nucleares en el país.

Se trata de una sociedad anónima cuyo capital social accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina, Emarsa, (1%).

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, expresó en su perfil oficial en la red social X que el interés mostrado por el sector privado en el proceso de privatización de infraestructuras energéticas reafirma la confianza en el país bajo un marco de reglas transparentes. En este contexto, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Energía, el Gobierno argentino ha recibido ocho propuestas económicas que, en conjunto, suman un ingreso mínimo garantizado de 684 millones de dólares (590 millones de euros) para el traspaso al sector privado de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Según el comunicado difundido por la Secretaría de Energía y recogido por diferentes medios, la revisión técnica de las ofertas presentadas para la privatización ya concluyó. El medio reportó que sólo en la concesión correspondiente a la central hidroeléctrica de Cerros Colorados habrá una instancia adicional para que las empresas mejoren sus ofertas, conforme a los términos establecidos en el pliego licitatorio. Para las demás infraestructuras involucradas en el proceso—Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila—el importe mínimo requerido por el Gobierno argentino quedó cubierto a partir de las ofertas económicas recibidas.

Tal como consignó la Secretaría de Energía, las compañías que resulten adjudicatarias de las concesiones tendrán la obligación de llevar a cabo el conjunto de inversiones, proyectos y modificaciones en infraestructura que sean requeridas para asegurar la operación segura y eficiente de los complejos hidroeléctricos. El compromiso también incluye medidas que, según las autoridades argentinas, permitan garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estos activos energéticos estratégicos.

El total ofertado por las ocho compañías participantes supera la previsión inicial del Ejecutivo de Javier Milei, que estimaba recaudar cerca de 500 millones de dólares (431 millones de euros) por la privatización de las cuatro centrales. El medio señaló que este resultado refleja un incremento respecto a las expectativas oficiales, lo que fue destacado tanto en los comunicados oficiales como por las autoridades en sus declaraciones públicas.

Las instalaciones hidroeléctricas objeto del proceso de privatización fueron conformadas originalmente por Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa). Ambas entidades han gestionado de manera compartida los activos tras la primera concesión otorgada en 1993. Las concesiones vencieron en agosto de 2023, fecha desde la cual, según detalló la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional mantuvo la administración de las plantas en carácter provisorio mientras avanzaba en la formulación del nuevo pliego licitatorio y buscaba establecer acuerdos con los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén, territorios donde se encuentran localizadas las infraestructuras.

A lo largo del proceso, el Ejecutivo nacional trabajó en la actualización de las bases y condiciones para la licitación, incorporando requerimientos para la realización de obras y reformas dirigidas a modernizar los complejos hidroeléctricos y optimizar sus capacidades técnicas y operativas. Según publicó la Secretaría de Energía, la definición de estos criterios buscó asegurar que la transferencia a manos privadas no altere los estándares de seguridad y eficiencia, ni la integridad ambiental de las infraestructuras hidroeléctricas.

Durante los meses anteriores a la recepción de ofertas, el sector privado manifestó, a través de distintos canales y foros institucionales, el interés por participar en el proceso de privatización, condicionando su involucramiento al establecimiento de pautas que garanticen transparencia y competencia dentro de los procedimientos de adjudicación. Esta condición fue resaltada por el ministro Caputo, quien indicó que “se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras”.

La Secretaria de Energía informó además que, tras la evaluación técnica de las propuestas, la etapa siguiente involucra la selección definitiva de las empresas adjudicatarias, priorizando aquellas que garanticen el cumplimiento de los criterios económicos y las obligaciones de inversión previstos en el pliego. En el caso de la central de Cerros Colorados, la instancia de mejora de ofertas permitirá a los postulantes ajustar sus condiciones económicas con vistas a optimizar los beneficios proyectados para el Estado argentino.

Las provincias de Río Negro y Neuquén han participado en las conversaciones para la redefinición de las condiciones de los nuevos contratos de concesión. Según reportó la Secretaría de Energía, la integración de los gobiernos provinciales en este proceso representa la búsqueda de consensos para favorecer la gobernanza y la articulación territorial en la gestión de los recursos hidroeléctricos.

La privatización de estas centrales hidroeléctricas se inscribe en un contexto de redefinición de la política energética argentina, orientada, según lo indicado en las comunicaciones oficiales, a atraer inversiones y afianzar la seguridad y sustentabilidad del suministro eléctrico en el país. El monto mínimo de inversión exigido para la renovación y modernización de las instalaciones forma parte de los compromisos asumidos por los futuros concesionarios, quienes deberán ejecutar las obras y reformas requeridas durante el periodo de vigencia del nuevo contrato.

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Energía, las etapas subsiguientes del proceso incluirán la adjudicación formal de las concesiones y el inicio de transferencias técnicas y administrativas a los nuevos operadores privados, siempre bajo cumplimiento de los estándares regulatorios y contractuales que rigen el sector. Según los datos publicados, el Estado prevé mantener mecanismos de control y supervisión sobre la ejecución de los compromisos de inversión por parte de los nuevos titulares de las concesiones, con el objetivo de preservar la eficiencia y la confiabilidad de la operación hidroeléctrica en la región del Comahue.

El Ministerio de Economía de Argentina ha dado inicio formal al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal responsable de la operación de las centrales nucleares del país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema que contempla la venta de una parte significativa del capital accionario de la compañía, manteniendo el control mayoritario en manos del Estado Nacional.

La decisión se fundamenta en el artículo 8° de la ley 27.742, que declaró a NASA “sujeta a privatización” bajo los términos de la ley 23.696 y sus modificatorias. El marco legal exige que el Estado conserve la mayoría accionaria y el control efectivo de la sociedad, además de reservarse el voto afirmativo para decisiones estratégicas como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas centrales, la salida de servicio por motivos no técnicos y la incorporación de accionistas que puedan asumir el control societario.

En el artículo 1 de la resolución se establece: “Iníciase el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) en los términos del artículo 8° de la ley 27.742 y del decreto 695 del 29 de septiembre de 2025”. Además, el procedimiento aprobado prevé la venta del 44% de las acciones de NASA mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, conforme a los lineamientos de la ley 23.696.

Paralelamente, se implementará un Programa de Propiedad Participada que destinará el 5% del capital accionario a este fin, otorgando preferencias a los empleados de la empresa. El 51% restante del paquete accionario permanecerá bajo control del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, garantizando así la participación mayoritaria estatal.

El Ministerio de Economía, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, ha sido instruido para adoptar todas las medidas necesarias que permitan concretar la privatización. Entre las acciones inmediatas se encuentra la organización del Programa de Propiedad Participada y la preparación de la venta en bloque del 44% de las acciones, proceso que deberá realizarse a través de una licitación pública y en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigencia de la resolución.

Por su parte, la Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración del inventario de bienes tangibles e intangibles que inciden en la valuación de las acciones de NASA, así como la gestión de la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual. Esta documentación deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, que también coordinará las acciones necesarias para la privatización y solicitará a una entidad bancaria del sector público nacional la tasación del paquete accionario.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación ha manifestado que actualmente solo puede valuar activos físicos, por lo que la tasación de los activos financieros o intangibles de NASA será encomendada a una entidad bancaria pública, cuya evaluación tendrá carácter de presupuesto oficial. En caso de imposibilidad, la normativa autoriza la contratación de organismos internacionales o entidades privadas, siempre que no participen en el proceso de selección de compradores.

La venta parcial del paquete accionario se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, en cumplimiento del decreto 416 del 17 de junio de 2025. Además, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la instrumentación y administración del Programa de Propiedad Participada, con la intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, conforme a la reglamentación vigente.

La incorporación de capital privado y la implementación del Programa de Propiedad Participada requerirán la revisión y adecuación del estatuto social de NASA. La Secretaría de Energía será responsable de elaborar y gestionar la documentación necesaria, contando con la asistencia técnica y operativa de la empresa y la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

La resolución, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo, establece que la medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Con este paso, el Gobierno argentino avanza en la reconfiguración del sector nuclear, abriendo la participación al capital privado bajo un esquema que preserva el control estatal y establece mecanismos de protección para las decisiones estratégicas de la empresa.

Finalmente, el Gobierno avanzó con el decreto que establece la privatización parcial de la empresa estatal que opera a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Así lo habían anticipado 15 días atrás, fuentes oficiales, cuando también brindaron detalles de cómo iba a ser el proceso de venta del 49% de las acciones.

Los detalles quedaron establecidos a través del Decreto 695/24, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742. Las condiciones habían sido adelantadas a Infobae.

Bajo este marco jurídico, el Estado puede avanzar en la privatización parcial de algunas empresas estatales, aunque debe mantener el control o la participación mayoritaria del capital social. Asimismo, la regulación establece que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, la edificación de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de alguna central del servicio por causas ajenas a cuestiones técnicas.

Es decir, el 44% de las acciones de la compañía serán ofrecidas “en bloque” mediante un procedimiento de licitación pública, que tendrá alcance tanto nacional como internacional. Esta operación estará a cargo de la cartera económica actuando con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

A su vez se pone en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado por la normativa vigente, que otorga a los trabajadores de la empresa la posibilidad de acceder al 5% del capital accionario. En este sentido, el texto establece: “Corresponde autorizar su privatización parcial mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones en el marco de la Ley N° 23.696, a fin de ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal“.

En tanto, el 51% de las acciones permanecerán bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respetando la legislación vigente. Por otra parte, el decreto establece que la empresa encargada de la generación de energía nuclear en el país, “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I -cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para el año 2027- y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) -el que permitirá continuar con la operación de la Central Nuclear Atucha II-“.

Por otra parte, deberá transferir en el plazo de 60 días el 0,01% de las acciones del capital accionario de Energía Argentina S.A. al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y esta a su vez, deberá transferir el 1% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. al mismo organismo estatal antes de que se concrete la licitación pública de las acciones, en línea con el esquema fijado por la nueva normativa.

El Ejecutivo facultó al área que dirige Caputo como autoridad de aplicación para dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la ejecución del proceso. En la instrumentación también participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

En la actualidad, la distribución accionaria de NA SA incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.

El kirchnerismo avanza en ambas cámaras del Congreso para frenar la privatización del sistema nuclear argentino, algo que anunció días atrás el Gobierno nacional.

El pasado miércoles, el vocero presidencial y futuro legislador porteño, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo iba a avanzar en la privatización del 49% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa que comanda Demian Reidel, amigo personal del presidente Javier Milei, y que tiene bajo su órbita las centrales nucleares de la Argentina y el desarrollo en esa área.

El presidente del interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, anunció que “junto con presidentes de otros bloques” parlamentarios de la Cámara alta y también de la Cámara baja se está trabajando en la “elaboración de un proyecto para declarar al sistema nuclear argentino como bien público estratégico no enajenable”, al formular un pedido de preferencia para el tratamiento de esa iniciativa en la próxima sesión del Cuerpo con o sin dictamen de comisión.

Mayans hizo referencia al Proyecto CAREM (que incluye el diseño y construcción de un reactor nuclear de baja potencia diseñado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y uno de los primeros en el mundo) que implica “información secreta” de la que el Estado argentino “no puede ni debe desentenderse ni desprenderse”.

“El proyecto CAREM es estratégico para el país, es prácticamente un sistema único a nivel mundial”, detalló, y sostuvo que, por lo que representa el sistema nuclear, es necesario que “el Estado argentino controle por siempre” ese sector, por tratarse de un bien estratégico y por una cuestión de “seguridad nacional”.

Pero Mayans no es el único que entiende que es estratégico para la Argentina el manejo por parte del Estado del sector atómico. Su colega de fuerza política, pero en Diputados, la camporista Gabriela Estévez, presentó un proyecto de ley que apunta a derogar el artículo 8 de la Ley de Bases, que es el que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

En los fundamentos del proyecto presentado en Diputados se señala que abrir el capital al sector privado en este sector no tuvo buenas experiencias en la Argentina y se señala el caso de la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), que no logró preservar los activos estratégicos y facilitó su desmantelamiento en los años 90 y 2000.

El avance en ambas Cámaras por parte de los bloques de Unión por la Patria se enmarca en la reacción al anuncio presidencial, pero también a la nueva correlación de fuerzas que se vive dentro del Palacio Legislativo. En los últimos meses, el peronismo, junto a los gobernadores y a las fuerzas provinciales, logró tomar cierto control del Congreso. La contracara es la de los libertarios, que no logran imponerse como lo hicieron el año pasado y que, hasta ahora, no lograron mostrar mucha reacción.

El anuncio

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, que el Gobierno avanzará con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. Mediante un decreto, se iniciará el proceso de privatización parcial de la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.

Según dijo el vocero, el Ejecutivo apuntará a un esquema de venta del 44% de las acciones en bloque mediante licitación pública nacional e internacional.

En tanto, el Estado mantendrá el 51%, mientras que se destinará hasta un 5% de participación accionaria para propiedad participada (empleados o similares).

Según las estimaciones de mercado, la compañía que comanda Reidel podría tener una valuación total de entre u$s700 millones y u$s1.000 millones.

Un detalle no menor es que Nucleoeléctrica no solo genera el 7% de la energía que consume el sistema eléctrico y está desarrollando centrales nucleares de menor tamaño con capacidad para dar energía a ciudades del tamaño de Mar del Plata, sino que es una de las empresas estatales que no tiene pérdida y que muestra superávit. En el primer trimestre de este año, tuvo un resultado financiero positivo de 17.234 millones de pesos.

Buenos Aires, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Javier Milei dispuso este jueves un plazo de 180 días para vender el paquete accionario público y privatizar cuatro hidroelectricas en manos estatales.

Mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, se llamará a concurso público nacional e internacional para vender el paquete accionario mayoritario o controlante de las hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila.

Las cuatro centrales hidroeléctricas se encuentran ubicadas en la patagónica provincia de Neuquén y tienen una potencia instalada de 1.050 Megavatios (MV) (Alicurá), 1.260 MV (Chocón), 472 MV (Cerros Colorados) y 1.400 MV (Piedra del Aguila), según fuentes oficiales.

Los paquetes accionarios de las cuatro hidroeléctricas son propiedad de las empresas pública Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en un 98 % y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), en un 2 %, hasta tanto se produzca la transferencia de esos paquetes accionarios al sector privado a través del concurso.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía, tienen 180 días corridos para llamar al concurso.

En agosto pasado, el Ejecutivo argentino había extendido las concesiones de las cuatro represas por un año o hasta que se concrete la licitación.

Alicurá es operada por la estadounidense AES Alicurá; Chocón, por la italiana Enel Generación El Chocón; Cerros Colorados, por la argentina Aconcagua Energía, y Piedra del Aguila, por la argentina Central Puerto.

El Estado argentino había transferido en 1993 los paquetes accionarios mayoritarios a esas empresas, otorgándoles la concesión de los complejos hidroeléctricos por 30 años. EFE

El Gobierno buscará insistir la semana próxima en la votación en Diputados de la Ley Bases que vino del Senado, con la versión original del artículo de las privatizaciones que incluía Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). En esa redacción -que obtuvo media sanción el 30 de abril- , el listado incluía 11 empresas a privatizar total o parcialmente, o a concesionar, de las 41 que inicialmente el Ejecutivo había incluido en la primera mega ley Bases u “Ómnibus” que nunca llegó a ser aprobada en la Cámara baja.

Pero en el tratamiento en el Senado, para evitar que el capítulo II de privatizaciones fuera rechazado, el oficialismo aceptó retirar a esas tres empresas antes de la sesión. Fue parte de las negociaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la oposición dialoguista para poder celebrar el triunfo político de la aprobación del proyecto en la Cámara alta, donde La Libertad Avanza tiene solo 7 senadores sobre un total de 72 miembros. El bloque del PRO, su aliado casi incondicional, cuenta con apenas seis.

El capítulo aprobado en la Cámara alta estuvo al borde del rechazo en el recinto, por la oposición a que Aerolíneas pase a manos privadas de los legisladores patagónicos y de un sector de los radicales. Argumentaron la necesidad de conectar el territorio argentino, más allá del lucro comercial de la empresa, y su valor para el turismo nacional. En esa negociación también pesó el lobby de los gremios aeronáuticos en defensa de la aerolínea de bandera. Días antes, el Papa Francisco tuvo también un gesto de apoyo público a la empresa al recibir, en el Vaticano, al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, y sacarse una foto juntos los sindicalistas con la bandera de Aerolíneas Argentinas.

Al no tener los votos en la Cámara alta, Francos decidió excluir la compañía aérea, al Correo y a RTA, está última, de fuerte valor simbólico en el discurso privatista de Milei. Por mayoría simple, el texto del Senado incluyó solo a Energía Argentina SA (ex Enarsa) e Intercargo, sujetas a privatización total; a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado; y a Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales como empresas sujetas a su privatización o concesión.

Sin embargo, esta semana en el Gobierno relativizaron esos acuerdos con los senadores patagónicos y radicales, y volvieron a la carga con la privatización de la aerolínea nacional, el Correo y los medios públicos. De hecho, el miércoles, Francos insistió en que “no hubo acuerdo” con los senadores para preservar estas tres empresas en manos del Estado, como sí lo hubo —según afirmó— con los cambios en el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), ya que no tenían los votos para sostenerlo tal como estaba en el texto de la media sanción. “No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones, suponiendo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo”, aseguró el jefe de Gabinete.

El radicalismo quedó en un brete político sobre si atender el pedido del Gobierno o respetar lo aprobado por los senadores de su partido. El día anterior, el bloque de senadores de la UCR le pidió a la Cámara baja, en un comunicado, que “evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”, al estar “convencidos de que el trabajo desarrollado mejoró los proyectos”.

En Diputados, el capítulo II de las privatizaciones salió aprobado con 138 votos afirmativos, 111 negativos y dos abstenciones. De los 34 integrantes del bloque radical, 29 votaron a favor, cuatro en contra (Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal), y uno se abstuvo (Pedro Galimberti). Pero en el nuevo tratamiento en Diputados, podrían ser más los que adhieran a esa postura. En el Senado, la votación en particular de ese capítulo con la exclusión de Aerolíneas, el Correo y RTA, terminó 35 a 35, y el desempate a favor quedó en manos de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. De los 13 senadores radicales, 11 votaron a favor, y solo lo hicieron en contra el presidente del bloque, Martín Lousteau, y Maximiliano Abad.

El titular de la bancada en la Cámara baja, Rodrigo De Loredo, reclamó el viernes un posicionamiento público del Gobierno. “La privatización de Aerolíneas tiene que ser aclarada. Si contó con un acuerdo de Senadores y el gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto”, sostuvo en su cuenta de X. No obstante, dejó en claro que está a favor de volver a incluir a la línea de bandera en el listado de empresas que se pueden vender. “Es inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentado por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas. Las rutas menos comerciales pueden ser cubiertas por las exigencias regulatorias por las empresas privadas. Son falsos los argumentos contrarios”, posteó.

A los radicales que se opusieron en el primer tratamiento en Diputados se podrían sumar varios integrantes de Hacemos Coalición Federal, quienes - como contó ayer Infobae- reconocieron, ante la consulta de este medio, que preferirían no insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA.

Los números de las empresas

En conjunto, las 11 compañías estatales que el Ejecutivo quiere que pasen a manos privadas suman 76.189 empleados, según los datos del INDEC correspondientes a abril último. La cifra es superior, en 4.772 empleados, a la brindada por la Jefatura de Gabinete de Ministros a Infobae, para el mismo mes, en respuesta a un pedido de Acceso a la Información Pública.

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Si se contabilizan sus resultados operativos - o sea, antes de la asistencia del Tesoro nacional - en los primeros tres meses del año, la cifra global arroja un rojo de $508.596 millones, o sea más de medio de billón de pesos, según los datos publicados por la Secretaría de Hacienda en su informe trimestral de ejecución presupuestaria y analizados por Infobae. En total, sumadas, requirieron asistencia del Tesoro nacional en concepto de transferencias corrientes (para su funcionamiento) por $500.633 millones.

La más numerosa, en personal, de las empresas públicas a privatizar es SOFSE, que opera Trenes Argentinos y tiene a cargo las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre, General San Martín, General Roca, Belgrano Sur, y los servicios regionales y de larga distancia, incluida la línea internacional Posadas-Encarnación. Cuenta con 23.555 empleados. Su resultado operativo en el primer trimestre del año fue negativo por $134.626 millones y recibió transferencias corrientes del Tesoro por $129.302 millones, y de capital por otros $850 millones.

Le sigue en personal el Correo Argentino, con 15.907 empleados, que se distribuyen en 3.300 puntos de venta en todo el país. Tuvo un rojo en su operación en los tres primeros meses del año de $20.647 millones, que fue cubierto con transferencias corrientes del Tesoro por $31.800 millones.

Luego aparece Aerolíneas Argentinas, con 11.577 personas trabajando en tierra y aire, agrupadas en cinco gremios. La aerolínea de bandera tuvo un resultado operativo negativo de $115.308 millones en los tres primeros meses del año, pero no recibió fondos del Ministerio de Economía en ese período.

En dotación de personal le sigue AYSA con 7.228 empleados. Los números en rojo de la prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA en ese período fueron de -$50.640 millones y tuvo una asistencia para gastos corrientes del Tesoro de $10.791 millones, y de capital de $810 millones.

La firma Belgrano Cargas tiene 4.589 empleados y, en los tres primeros meses de 2024, su déficit operativo fue de -$13.833 millones. Desde la cartera de Economía le giraron una cifra ligeramente inferior: $12.296 millones.

Corredores Viales - concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales- cuenta con 3.649 empleados y tuvo un resultado operativo negativo de enero a marzo de -$10.368 millones, y un giro desde el Tesoro en los tres meses de $7.004 millones.

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) - la generadora de energía eléctrica que tiene a cargo la operación de las centrales nucleares cuenta con 3.176 empleados. Es la única - junto con Intercargo - que tuvo un superávit operativo de $76.912 millones en el primer trimestre de 2024. Se explica básicamente por la venta de energía generada por las centrales nucleares Nuclear Atucha I-II y Embalse por $159.493 millones.

Tanto Nucleoeléctrica como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, tienen condiciones diferenciadas del resto a la hora de su posible privatización en el proyecto de la Ley Bases. Si bien podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado. En el caso de Nucleoeléctrica, el artículo 8 agrega que se necesitará del voto afirmativo del Estado para la ampliación de capacidad de una central nuclear, la creación de una nueva, la salida temporal de servicio y la incorporación de accionistas en la sociedad.

YCRT - que opera en la provincia de Santa Cruz - cuenta con 2.135 trabajadores, según el número que figura en la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), ya que el INDEC no informa su dotación. Su resultado operativo también fue negativo, de -$16.065 millones y requirió una asistencia de Economía de $8.000 millones en los tres primeros meses del año.

RTA, que incluye a la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país, cuenta actualmente con 2.361 trabajadores. También registró un déficit en su operación de -$11.015 millones en el primer trimestre del año. Fue cubierto con giros corrientes del Tesoro por $10.217 millones.

El superávit de Intercargo, en tanto, en el mismo período, fue de $5.615 millones. La prestadora de servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos emplea a 1.646 personas.

Energía Argentina, la ex ENARSA que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, así como tareas de transporte, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados, tiene 366 empleados. La empresa tiene a cargo la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Su déficit operativo en los tres primeros meses del año fue de -$ 218.623, el mayor de estas 11 empresas. Y también fue la que recibió mayores aportes del Tesoro para su operación en este período: $291.222 millones de transferencias corrientes, y $33.000 millones de transferencias de capital.

Visualización de datos: Daniela Czibener

“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, dijo en reiteradas oportunidades Javier Milei en su campaña y ya como Presidente. Con la media sanción de la Ley Bases de Diputados, once empresas públicas quedaron sujetas a privatización, de las cuales dos, deberán conservar una mayoría accionaria en manos del Estado, y otras cinco incluyeron la opción de ser dadas en concesión. Si bien la inclusión de estas compañías va en línea con las intenciones presidenciales, la cifra se redujo sustancialmente del listado original de 41 compañías estatales contemplado en la primera versión de la ley.

En el Anexo I del proyecto, hay un primer lote de cuatro “sujetas a privatización” en el que aparecen Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina (RTA) - que controla la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país-, y la firma Intercargo, la prestadora de servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos.

Por pedido de la oposición dialoguista del PRO, Hacemos Coalición Federal y la UCR, el Gobierno incluyó en el texto que en el proceso de traspaso a manos privadas, intervendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, integrada por diputados y senadores, con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) “deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta días hábiles”.

El proyecto que obtuvo media sanción de Diputados prevé que “durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos”. En los casos en que fueran insuficientes, “se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la enajenación de aquellos que hubieren constituido el patrimonio de afectación de la empresa de que se trate, hasta cubrir las sumas adeudadas”.

En el texto del proyecto con media sanción hay otras dos empresas públicas que también quedan “sujetas a privatización”, pero incluidas por separado en los artículos 8 y 9, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), pero con condiciones diferenciadas del resto. Si bien podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado. El proceso deberá hacerse “en los términos y con los efectos” de los Capítulos II y III de la Ley N° 23.696, en referencia a la ley de Emergencia Administrativa sancionada en 1989 durante la gestión de Carlos Menem, que le permitió al ex mandatario llevar adelante la primera tanda de privatizaciones de empresas estatales. En el caso de Nucleoeléctrica, el artículo 8 agrega que se necesitará del voto afirmativo del Estado para la ampliación de capacidad de una central nuclear, la creación de una nueva, la salida temporal de servicio y la incorporación de accionistas en la sociedad.

En el Anexo I de la Ley Bases fueron incluidas, además, otra tanda donde están Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) que opera Trenes Argentinos, y Corredores Viales. En todos los casos, se habilita la opción de ser concesionadas.

Quedó excluido del listado el Banco Nación y sus seis empresas subsidiarias, como estaba previsto originalmente en el texto del Gobierno. Esta posibilidad - aún conservando la mayoría accionaria del Estado - era resistida por diputados del sector dialoguista, especialmente del interior del país, por lo que fue eliminado antes de la firma del dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del jueves pasado.

En conjunto, estas 11 empresas públicas sujetas a privatización o concesión emplean a casi 79.000 personas, según los últimos datos disponibles del INDEC a enero pasado. La que registra mayor cantidad de trabajadores es Trenes Argentinos (23.743), seguida del Correo Argentino (16.775); Aerolíneas Argentinas (11.892); AYSA (7.769), Belgrano Cargas (4.642); y Corredores Viales (4.300).

En 2023 recibieron, en total, transferencias del Tesoro por $2.059.355 millones (2 billones), de acuerdo a los giros para gastos corrientes y de capital relevados por Infobae del sitio de Presupuesto Abierto. Al tipo de cambio oficial promedio de 2023 ($309,90), equivalen a casi USD 6.645 millones.

Para 2024, estas compañías estatales incluidas en el proyecto que pasó al Senado tienen transferencias previstas desde el Ministerio de Economía por $2,2 billones ($2.268.044 millones). De esta cifra, se ejecutaron $723.124 millones al 28 de abril último, según los datos oficiales publicados en ese sitio.

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Las empresas deficitarias

Cinco de esa compañías incluidas en la media sanción de la Ley Bases en Diputados tuvieron el año pasado un resultado financiero en rojo que - sumado - alcanzó $851.260 millones, según el informe elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) de la Secretaría de Hacienda. La cifra en dólares equivale a USD 2.740 millones, al cambio oficial promedio de $309,90 de 2023.

El ranking de resultados deficitarios al cierre del 2023 lo encabeza Aerolíneas Argentinas con $385.115 millones de rojo (equivalentes a USD 1.240 millones si se considera el dólar promedio del año). Ese déficit “fue financiado con el incremento de otros pasivos”, según el informe publicado el 30 de marzo por la ONP. A principios de diciembre, antes del recambio de Gobierno, la compañía había informado en un comunicado que “por primera vez desde su reestatización, la empresa alcanza el equilibrio económico con un resultado positivo de US$32 millones para 2023, sin ejecutar además el presupuesto asignado”. Sin embargo, en una suerte de “maquillaje contable”, esos números fueron posible luego de haber conseguido USD100 millones por una emisión a través del fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos SA, la mitad de los cuales fue suscripta por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Según el informe de la Secretaría de Hacienda, el año pasado, la aerolínea de bandera recibió transferencias del Tesoro por $40.500 millones, y tuvo ingresos por venta de pasajes por $608.683 millones, pero sus gastos corrientes ascendieron a $1.132.517 millones. Si bien para este año Aerolíneas tenía previstas transferencias por $75.3954 millones, no recibió giros del Tesoro en este primer cuatrimestre, según el sitio de Presupuesto Abierto.

Le sigue en cuanto a los números en rojo AYSA con $384.239 millones. La prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA, cuando su titular era Malena Galmarini, recibió en 2023 giros del Tesoro por $285.016 millones. Para este año, tiene presupuestadas transferencias por $305.793 millones. En el primer cuatrimestre, ya bajo el gobierno de Milei, la ejecución fue del 32% ($97.433 millones).

Otras firma deficitaria es Sociedad Operadora Ferroviaria - cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos - con un resultado negativo el año pasado de $47.310 millones. La firma tiene a cargo las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre, General San Martín, General Roca, Belgrano Sur, y de los servicios regionales y de larga distancia, incluido la línea internacional Posadas-Encarnación. La empresa recibió el año pasado $342.180 millones en transferencias del Tesoro, y tiene previstos $336.000 millones en 2024, de los cuales, ya se ejecutaron $133.149 millones (el 40%).

Luego aparecen Belgrano Cargas con un déficit de $29.493 millones, y Corredores Viales con $5.103 millones abajo.

Con resultado financiero positivo

Las restantes seis compañías estatales incluidas en la ley Bases como sujetas a privatización tuvieron superávit en sus resultados del año pasado. Encabeza el listado Nucleoeléctrica Argentina - la generadora de energía eléctrica que tiene a cargo la operación de las centrales nucleares - con $323.326 millones. La cifra obedece a la venta de energía generada por las centrales nucleares Nuclear Atucha I-II y Embalse por un total de $242.705 millones. Si bien tenía presupuestada transferencias a lo largo de 2024 por $7.000 millones, una cifra relativamente baja si se considera lo que obtuvo por ventas de energía, no recibió hasta hora fondos del Tesoro en el primer cuatrimestre.

Se destaca también ENARSA - que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, así como tareas de transporte, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados- con $57.079 millones. Este cierre financiero se explica por el volumen de venta de gas, exploración y producción que le sumó ingresos en 2023 por $444.373 millones, según datos de la ONP.

Pero a su vez, la energética estatal creada en 2004 es la que le demandó mayor cantidad de recursos del Estado el año pasado, incluyendo transferencias para gastos corrientes y de capital: $1.128.808 millones ($1,1 billones). En gran parte, porque tiene concesionada la obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que requirió $700.000 millones de gastos corrientes el año pasado. Según datos de la Secretaría de Hacienda, esa obra tuvo un gasto devengado el año pasado de casi $500.000 millones.

En 2024, ENARSA tiene transferencias previstas por una cifra apenas superior, pese a la inflación, $1.183.841 millones. De este monto, en los primeros cuatro meses del año, se ejecutaron $405.889 millones, el 34%.

En tercer lugar aparece el Correo Argentino con un resultado positivo en 2023 de $13.144 millones, producto de incremento en sus ingresos por la prestación de servicios postales brindados por la empresa. Más del 57% de sus gastos se lo lleva el rubro remuneraciones por sus 16.775 empleados. El año pasado recibió transferencias del Tesoro por $84.466 millones, mientras que para 2024, están previstos giros por $184.578 millones, de los que ya fueron enviados solo $41.600 millones (el 23%).

Por su parte, Yacimientos Carboníferos Río Turbio - que opera en la provincia de Santa Cruz - también registró un ejercicio superavitario el año pasado de $3.525 millones, luego de tener ingresos por su operación de $2.516 millones y tras haber recibido $47.450 millones del Tesoro. Este año, está previsto que reciba el mismo monto de recursos públicos, pese a la inflación.

También tuvo números a favor el año pasado Radio y Televisión Argentina ($1.464 millones) luego de recibir transferencias por $34.347 millones de Economía. Para este año, tiene presupuestada una partida apenas superior, $34.516 millones, de los que ya recibió el 40% ($13.754 millones).

Intercargo, por su parte, tuvo un resultado positivo en 2023 de $1.245 millones, después de haber recibido fondos del Tesoro por $1.358 millones. Para este año tiene previstos $2.895 millones, pero no tuvo transferencias en el primer cuatrimestre.

Si a los resultados positivos a favor de estas seis compañías públicas se le restan los déficits de las otras cinco, el saldo arroja un rojo en la sumatoria de $451.475 millones, según el análisis de Infobae en base a los números detallados en el informe elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander