La Haya, 23 oct (EFE).- El partido de derecha radical PVV, socio mayoritario del Gobierno neerlandés, aceptó este miércoles renunciar al uso de una controvertida ley de emergencia nacional para frenar el asilo en Países Bajos sin consultar al Parlamento, aunque, a cambio, logró el compromiso de su socio más exigente para aplicar medidas extremas contra la llegada de refugiados.

El PVV de Geert Wilders y el partido democristiano NSC se han reunido en los últimos días sin sus otros dos socios y a puerta cerrada, para definir la política de asilo que deberá aplicar el gobierno que dirige Dick Schoof, un funcionario neerlandés sin afiliación política al frente de un gabinete de políticos, y han acordado hoy que no se aplicará una controvertida ley de emergencia nacional, con la que la derecha radical pretendía saltarse al Parlamento para aplicar mano dura contra los refugiados.

Los liberales del VVD y el partido de los granjeros, BBB, se han sumado esta tarde a las reuniones, una vez el PVV y NSC han alcanzado un primer acuerdo, ya que se considera que estos dos últimos son los socios con más diferencias dentro de la coalición, en especial porque Wilders no quería renunciar a la ley de emergencia nacional, y NSC tenía objeciones sobre la legalidad de esta medida.

Según un borrador del acuerdo, publicado por la televisión pública neerlandesa, NOS, el gabinete de Schoof aplicará una ley normal que, a diferencia de la de emergencia nacional, sí tendrá que ser presentada y debatida en el Parlamento, e incluirá una serie de medidas como la eliminación del permiso de residencia por tiempo indefinido, y la reducción de las residencias temporales a tres años, en lugar de los cinco actuales.

Además, no se permitirá la reagrupación familiar de hijos mayores de edad y parejas no casadas, y la ley facilitará declarar como "no deseadas" a personas que sean condenadas por algún tipo de delito. Esta nueva norma se denomina sobre el papel “ley de medidas de emergencia sobre el asilo”.

El gabinete también pondrá fin “posiblemente este año” a la ley que obligaba a los municipios a acoger a un número determinado de refugiados y solicitantes de asilo.

Los municipios no estarán obligados a asignar viviendas a un porcentaje de refugiados, y estos tampoco podrán rechazar la vivienda que se les ofrezca, poniéndose en marcha “instalaciones austeras” para suplir la falta de alojamientos.

Los socios del gobierno ponen énfasis en Siria: algunas partes de ese país árabe, en guerra desde 2011, serán declaradas “seguras”, lo que permite la devolución de solicitantes de asilo que aún están a la espera de su permiso de residencia, y tampoco se descarta la deportación de aquellos que ya tengan residencia legal en Países Bajos.

El documento también añade que, a partir de finales de noviembre, habrá controles fronterizos en Países Bajos, invocando el artículo 25 del Código de Fronteras Schengen, y los migrantes en situación irregular que ya hayan solicitado asilo en otro país serán devueltos a los países fronterizos, como Alemania o Bélgica.

Los cuatro partidos de la coalición discutirán ahora todas estas ideas, bajo la dirección del primer ministro Schoof, y si VVD y BBB aprueban los planes, se espera que el gabinete tome una decisión en el consejo de ministros de este viernes. EFE

Imane Rachidi

La Haya, 5 oct (EFE).- El gobierno neerlandés, liderado por la derecha radical, ha renunciado a los intentos de trasladar a Países Bajos a un grupo de guardias afganos que protegieron la embajada en Kabul de 2002 a 2021, una decisión que causa revuelo en el Parlamento, entre alertas sobre las posibles represalias del régimen talibán, que los considera traidores.

El gabinete anterior, que lideraba el liberal Mark Rutte, decidió trabajar en la acogida de un “grupo limitado” de antiguos guardias afganos, dado que trabajaron durante dos décadas en la protección del diferente personal neerlandés durante la presencia militar extranjera en Afganistán, y aceptó protegerlos por miedo a las represalias por parte de los talibanes, que consideran que estos trabajaron para el “enemigo” occidental.

Pero el actual gobierno, liderado desde julio por el funcionario Dick Schoof al frente de una coalición de cuatro partidos que incluye a la derecha radical, ha revertido esa decisión por, entre otras razones, considerar que estos guardias no estaban “directamente” al servicio del Ejecutivo neerlandés, sino que fueron contratados a través de una empresa de seguridad externa.

Además, la decisión de traerlos a Países Bajos, a petición de la mayoría parlamentaria, trataba de 145 empleados de seguridad, que, junto a sus familias, ascendían a 965 personas. El gabinete de Schoof dice que los documentos del Ministerio de Defensa sugieren ahora que el número podría ascender a casi 1.000 guardias, que, además de sus familias, sumarían unas 4.500 personas.

Aunque el paradero de muchos guardias es desconocido y “posiblemente estén ya en países seguros”, el coste de trasladar a las familias juega un papel en la decisión, admitieron los ministros de Exteriores, Defensa y Asilo en una carta enviada al Parlamento. Incluso si solo fuera el grupo más pequeño que se pensaba, se necesitarían unos 30 millones de euros, aseguran.

"Así que el gobierno actual toma una decisión diferente. Pero, dentro de la política existente, el gabinete sigue prestando atención a los casos extremos, al igual que lo hizo el gabinete anterior", señalan los ministros en su misiva, que ha causado una lluvia de críticas parlamentarias, al considerar que el Ejecutivo de Schoof deja tirados a los guardias afganos.

La diputada Kati Piri, del bloque de izquierdas de los verdes y socialdemócratas GL-PvdA, señaló que esta decisión es “desalmada e indignante” y consideró una “deuda de honor” evacuar a los guardias.

Desde Llamada Democristiana CDA, Derk Boswijk, señaló que esto es “demasiado doloroso” y recordó que se están incumpliendo “promesas ya hechas”, mientras que los progresistas de D66 calificaron la negativa a evacuar a los guardias de “vergonzosa”.

En un debate parlamentario exigido en respuesta a esta decisión, nueve partidos de la oposición lanzaron este jueves duras críticas contra el Ejecutivo y han coincidido en que revertir la intención de trasladar a los guardias afganos a Países Bajos es la “firma de una sentencia de muerte” y la puesta de esas “personas en peligro mortal”.

Uno de los socios del gobierno, NSC, tuvo dificultades para explicar la decisión, tras haber sido una de las voces de la anterior legislatura a favor de ayudar a los guardias afganos. Su diputado, Isa Kahraman, consideró este tema “complicado” y un “dilema” con “consideraciones morales”.

No obstante, el partido de la derecha radical PVV, que tiene mayoría en el gobierno, defendió la decisión. "No queremos más extranjeros en Países Bajos”, señaló Raymond de Roon, quien aseguró que los guardias afganos no se sacrificaron por los neerlandeses al vigilar el campamento militar, sino que “lo hicieron por el dinero”.

Los ministros involucrados no han dado explicaciones porque el debate fue suspendido para que la Cámara pueda leer nuevos documentos, y volverá a programarse otra sesión.

No es el primer escándalo en el que Países Bajos se ve envuelto por su forma de abandonar Afganistán en 2021. Cuando el país cayó en manos de los talibanes el día 15 de agosto, los empleados neerlandeses de la embajada fueron evacuados de inmediato, dejando atrás a los afganos e intérpretes que trabajaron para sus militares, a riesgo de sufrir represalias.

Las entonces ministras de Defensa, Ank Bijleveld, y de Exteriores, Sigrid Kaag, dimitieron después tras ser objeto de una moción por la gestión de las evacuaciones. Poco después, el Ejecutivo confirmó que un intérprete afgano había sido asesinado en Kabul, cuando se le había registrado el 16 de agosto en la lista de personas a evacuar por Países Bajos.

Países Bajos es uno de los cuatro Estados que anunció el pasado mes en la sede de la ONU en Nueva York que demandarán a Afganistán en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violar derechos de las mujeres. EFE