Michael y Susan Pretti, padres de Alex Pretti, manifestaron que en el momento en que su hijo fue alcanzado por disparos de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, no portaba ningún arma. El joven, enfermero de 37 años, tenía únicamente su teléfono móvil en la mano derecha y, según el relato familiar citado por Europa Press, su otra mano estaba vacía, pues procuraba proteger a una mujer que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acababan de derribar. En ese instante, también estaba siendo rociado con gas pimienta, según la versión ofrecida por sus allegados. Esta versión contrasta con la informada oficialmente por el Departamento de Seguridad Nacional, que sostuvo que Pretti sí llevaba una pistola y dos cargadores.

De acuerdo con Europa Press, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó este miércoles la suspensión de los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en el tiroteo. Tricia McLaughlin, subsecretaria de la cartera, detalló que se trata de una medida de rutina, ejecutada tras el reporte remitido al Congreso estadounidense en el que se establecía la participación de dos agentes en la muerte del enfermero. La suspensión ocurre tras el fallecimiento de Pretti el pasado sábado, como consecuencia de los disparos efectuados en plena intervención de ICE en el centro de la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota.

El relato ofrecido por la familia describe que Pretti fue reducido al suelo por los agentes. En ese contexto, sostienen que no mostró ningún elemento que pudiera constituir una amenaza. Detallan que la única acción de Pretti fue intentar proteger a la mujer derribada, mientras recibía el impacto del rociado con gas pimienta. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional explicó en su informe oficial que Pretti portaba armas, hecho desmentido rotundamente por sus familiares.

Las circunstancias de este episodio se enmarcan en un contexto de creciente tensión en Minnesota por intervenciones de ICE. Europa Press subraya que la muerte de Alex Pretti no es un caso aislado: desde inicios de año, organizaciones civiles y ciudadanos han intensificado sus protestas tras incidentes que involucran el uso letal de la fuerza por parte de agentes federales. Entre los antecedentes que elevan la inquietud social figura la muerte de Reneé Good, ocurrida el 7 de enero, también abatida por personal federal, y la reciente detención de un niño de cinco años.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) intervino en el debate público mediante un comunicado recordando que, aunque Pretti estuviera armado, la Constitución de Estados Unidos prohíbe a los agentes de la ley disparar contra civiles armados cuando no representan un peligro inminente. Las declaraciones de la NRA recogen preocupaciones de parte de la sociedad estadounidense acerca del uso proporcional de la fuerza y el respeto de los derechos constitucionales en las operaciones policiales y de migración.

Las manifestaciones derivadas de los procedimientos de ICE en Minnesota han sumado participantes en los últimos días. Organizaciones y ciudadanos exigen transparencia en la investigación y sanciones acordes a las acciones de los agentes involucrados. La polémica crece ante la disparidad entre los relatos oficiales y los testimonios familiares, así como las demandas de mayor claridad sobre los protocolos aplicados en intervenciones con potencial letalidad.

El medio Europa Press señaló que, tras el envío del informe detallado al Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene la suspensión de los oficiales como parte del protocolo, a la espera de los resultados de las investigaciones internas. Mientras tanto, el caso de Pretti ha intensificado la presión pública sobre las autoridades federales para modificar procedimientos y criterios de intervención que involucran tanto a la Patrulla Fronteriza como a los agentes de ICE.

En este contexto, la comunidad de Minneapolis y organizaciones defensoras de derechos civiles reiteran la urgencia de esclarecer los hechos en torno a la muerte de Pretti, reclamando acceso a grabaciones, testimonios y documentación relevante. La exigencia de transparencia se basa en la necesidad de restablecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la aplicación de la ley migratoria. Las reacciones frente a la actuación policial mantienen vigente el debate sobre los límites del uso de la fuerza y la obligación de rendición de cuentas por parte de los agentes federales.

El fallecimiento de Pretti y los episodios recientes asociados con ICE han generado un clima de sensibilización social en Minneapolis y otras ciudades de Minnesota, motivando a sectores de la sociedad civil a exigir una revisión integral de los métodos empleados por los cuerpos de seguridad estatal y federal. Mientras tanto, los familiares de Alex Pretti insisten en que la narración oficial no corresponde a lo vivido por su hijo, y subrayan que la búsqueda de justicia sigue conforme avanza el proceso de investigación, reportó Europa Press.

Las declaraciones del adjunto a la Fiscalía de California, Bill Essaili, sobre la legalidad de disparar a personas armadas al acercarse a la policía han generado una respuesta directa de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que cuestionó la justificación empleada en relación con la muerte a tiros del enfermero Alex Pretti en Minneapolis. Según consignó la NRA, este tipo de comentarios institucionales introducen argumentos que, a su juicio, ponen en entredicho derechos amparados por la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con la información publicada por la NRA, la organización criticó que representantes de la Fiscalía de Estados Unidos utilicen como argumento el simple hecho de portar un arma para legitimar el uso letal de la fuerza por parte de los agentes federales. La polémica se desató especialmente tras las declaraciones de Essaili al referirse a Pretti, quien fue abatido por fuerzas de seguridad después de que se aproximó a ellos y portaba el arma de fuego para la que tenía licencia. “Si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, existe una probabilidad muy alta de que estén legalmente justificados para dispararte”, afirmó Essaili, según reportó el medio.

Tal como indicó la NRA, Pretti contaba con todos los papeles en regla para portar legalmente su arma, dado que la Policía de Minneapolis confirmó que disponía de una licencia válida. Además, la legislación del estado de Minnesota permite a las personas mostrar sus armas de manera visible en espacios públicos, añadió la NRA en su comunicado. A partir de estos datos, el grupo defensor de los derechos de porte de armas sostuvo que el uso letal de la fuerza contra individuos que no constituyen una amenaza inminente contradice los principios constitucionales.

La NRA precisó que la Segunda, la Cuarta y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense establecen límites claros sobre la actuación de las fuerzas de seguridad respecto a ciudadanos armados y afirman que no se puede hacer uso de fuerza letal únicamente en base a la presencia de un arma. “Las declaraciones de Essaili son peligrosas y equivocadas”, enfatizó la organización. Según publicó la NRA, las voces públicas relacionadas con la justicia y la seguridad deben evitar opiniones prematuras y generalizaciones antes de completar las investigaciones sobre cualquier incidente, para no estigmatizar a quienes cumplen con la legislación vigente.

El caso de Alex Pretti sucedió el sábado, en el contexto de un operativo federal en Minneapolis, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se enfrentaron con el enfermero, según informó el medio. Tras el incidente, las autoridades se limitaron a señalar la posesión legal del arma como elemento clave para justificar su actuación, lo que originó las críticas de la NRA.

Este debate se suma a la discusión nacional sobre el alcance de la protección constitucional hacia quienes portan armas legalmente en lugares públicos y cómo deben interpretarse las leyes ante situaciones donde la policía considera que detecta una posible amenaza. La NRA reiteró que la legislación estatal y federal protege el derecho a portar armas y rechaza el argumento de que esta condición, por sí sola, autorice respuestas letales sin evidencias de peligro inmediato.

El grupo concluyó advirtiendo que, según sus estimaciones y la interpretación de la legislación, toda acción legal o policial debe observar un estricto respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, sin etiquetar o criminalizar automáticamente a ciudadanos autorizados para portar armas. Estas demandas fueron dirigidas tanto a la Fiscalía como al ICE y a las autoridades policiales locales en el marco de la investigación en curso, detalló el medio.