El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria, que prevé una reducción del 20% en el gasto de nómina de las entidades del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2028, con excepción de la fuerza pública, y un recorte del 50% en las obligaciones por órdenes de prestación de servicios en 2027 frente a 2026.

La iniciativa propone:

• Reducir el 15% del gasto público total mediante recortes de nómina, contratación de servicios, compras y gastos administrativos.
• Limitar la publicidad oficial,.
• Eliminar beneficios tributarios sobre gastos de representación de determinados servidores públicos.
• Reorganizar entidades para reducir sus costos.

Para las entidades del PGN, la medida de ajuste de nómina representa un ahorro de $9,6 billones solo en 2028. Para 2029 y 2030, esos gastos podrán aumentar como máximo al ritmo de la inflación más 0,5 puntos porcentuales (PP), una regla que respeta el mandato constitucional de elevar los salarios públicos al menos conforme a la inflación.

El Gobierno proyecta que el conjunto de medidas genere ahorros estatales de $44,6 billones en 2027 y de $76,1 billones en 2030, cifras que corresponden a las medidas de austeridad y reducción del gasto contempladas en el proyecto que deberá tramitar el Legislativo.

Metas de ahorro y ajuste del gasto estatal

El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que la urgencia de la propuesta se debe a la situación fiscal que, según dijo, recibió la administración del presidente Abelardo de la Espriella. “El hueco que recibe el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es de tal dimensión que uno no se puede quedar quieto. Es decir, quedarse quieto significa que Colombia en 2027 entre en default. Significa que Colombia en 2027 sea un país inviable”, afirmó.

Restrepo advirtió sobre el riesgo de una suspensión de pagos en 2027 si el país no actúa y sostuvo que el esfuerzo debe comenzar dentro del sector público: “Que el grueso de este esfuerzo venga de nosotros mismos, que demos ejemplo, que el Estado disminuya el tamaño de lo que realiza”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, presentó la iniciativa como un ajuste centrado en la estructura estatal.

“Esta es la primera vez que en el país se hace un ajuste fiscal de esta naturaleza, arrancando por donde debe ser, que es apretando el cinturón del Estado”, afirmó. Precisó también la dimensión del ajuste. Indicó que “el ajuste busca reducir los gastos de la nación en $45 billones. De esos, entre $30 y $35 billones los pone la austeridad del Gobierno, que eso es lo más importante”.

El proyecto de PGN para 2027 ya incorpora $17,4 billones en medidas de austeridad provenientes de menores compras públicas, transferencias y proyectos de inversión no prioritarios. Con la ley, dos de cada tres pesos del ajuste previsto saldrían de una reducción del gasto estatal.

Crecimiento de cargos y contratos durante el Gobierno Petro

El Gobierno sustentó la necesidad del recorte en la expansión de la estructura administrativa entre 2023 y 2027:

• Rama Ejecutiva: los cargos crecieron 25,9%, con más de 22.000 plazas adicionales, al pasar de 85.755 a 107.927.
• Hacienda: registró un aumento del 67,6% en ese período. La Dian pasó de 10.000 a 16.000 empleados en esos cuatro años y en ese tiempo no cumplió con las metas del recaudo.
• Justicia y Derecho: la estructura del sector aumentó 28,7%.
• Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): registró un incremento del 21,5%.
• Obligaciones por órdenes de prestación de servicios (OPS): subieron 33,9%, de $5,326 billones a $7,133 billones, un aumento cercano a $2 billones. La ley plantea reducir a la mitad ese gasto en 2027 frente a 2026 y, desde 2028, impedir que crezca por encima de la inflación.

Debido a ello, antes de recurrir a una orden de prestación de servicios, cada entidad deberá verificar que su planta de personal no pueda desempeñar la tarea requerida. La medida busca condicionar esa forma de contratación a la inexistencia de capacidades internas para cumplir la función.

José Manuel Restrepo añadió que el ajuste busca reducir el gasto burocrático. Puntualizó que es necesario “eliminar corbatas, eliminar burocracia innecesaria y luchar contra la corrupción”.

Controles a la contratación, la publicidad y el gasto administrativo

La propuesta fija límites al crecimiento de las compras de bienes y servicios entre 2027 y 2030, establece controles sobre los gastos administrativos y contempla reorganizaciones en las entidades públicas para reducir costos de funcionamiento. Cada organismo deberá publicar su plan de austeridad y presentar al Congreso una rendición de cuentas cada seis meses:

• Publicidad oficial quedará restringida a fines informativos: el proyecto prohíbe usar recursos públicos para promocionar la gestión del Gobierno, a funcionarios, partidos o candidatos, y veta la financiación de eventos y celebraciones que no sean indispensables.
• Se elimina los tratamientos especiales de renta aplicados a gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y determinados rectores y profesores de universidades públicas. Sus ingresos quedarán sometidos a las reglas generales de retención en la fuente; a modo de ejemplo, un magistrado de tribunal paga en promedio cerca de $40.000.000 al año menos de impuesto que un servidor o trabajador con ingresos similares.

Miguel Gómez Martínez advirtió que la revisión de las finanzas estatales sigue deparando hallazgos de gran magnitud. Apuntó que “cada día que hemos estado en el Estado, hemos encontrado un roto, la realidad nos ha venido poniendo delante de unos hechos muy complejos, que requieren intervención inmediata”. La ley también otorga facultades extraordinarias al presidente para aplicar mayores ajustes al tamaño del Estado.

La Comisión de Postulación seleccionó este domingo 20 de septiembre a seis aspirantes para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) en Guatemala durante el período 2026-2030, una terna ampliada de la que el Congreso deberá designar al próximo contralor con al menos 81 votos.

El cargo encabeza la institución responsable de auditar la ejecución presupuestaria del Estado, los ministerios, las municipalidades y las entidades descentralizadas.

La nómina quedó integrada por los siguientes profesionales:

• Marco Antonio Vélez González,
• Luis Antonio Marroquín Pimentel,
• Jorge Giovanni Castellanos Gudiel,
• Óscar Alberto Hernández Romero,
• Julio Otoniel Roca Morales y
• Elfego Odair Castañón González.

Los seis fueron escogidos tras cuatro rondas de votación entre los 15 profesionales con mejores calificaciones en la tabla de gradación.

Seis perfiles vinculados con la Contraloría y la administración tributaria

Cada aspirante necesitaba un mínimo de 18 apoyos para incorporarse al listado final. Luis Antonio Marroquín Pimentel obtuvo 22 votos en la primera ronda; Marco Antonio Vélez González, 19; Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, 18; y Élfego Odair Castañón González, 21 en la segunda.

Óscar Alberto Hernández Romero alcanzó 19 votos y Julio Otoniel Roca Morales recibió 18 en la cuarta ronda, de acuerdo con Guatemala Visible.

La comisión aprobó por unanimidad la publicación oficial de la nómina para el martes 22 de septiembre de 2026 y el traslado del expediente al Congreso.

Marco Antonio Vélez González

Encabezó la tabla de calificaciones con 91 puntos. Actualmente es asesor del despacho superior de la Contraloría General de Cuentas y dirigió la Auditoría a Fideicomisos entre abril de 2018 y abril de 2019.

Su trayectoria incluye cargos y asesorías en los ministerios de Economía, Trabajo, Desarrollo Social y Comunicaciones, además del Congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). También trabajó con la firma Vélez, Mayén & Asociados.

Vélez participó en los procesos de selección de contralor de 2018 y 2022. En la segunda de esas convocatorias recibió 75,62 puntos y quedó entre los 12 candidatos elegibles; en el proceso actual enfrentó una objeción, pero su descargo fue aceptado con 23 votos.

Según su expediente, está casado con Gloria Edelmira Mayen Veliz quien, hasta 2025 era empleada en el Departamento de Gestión Humana del Banco de Guatemala (Banguat).

Luis Antonio Marroquín Pimentel

Obtuvo 89 puntos y dirige la unidad de Probidad de la Contraloría General de Cuentas (CGC), encargada de revisar e investigar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y empleados públicos. En 2022 logró 72,27 puntos, aunque fue excluido porque no acreditó los 10 años de ejercicio profesional requeridos.

Ervin Herman Kiesling Alvarado presentó una tacha contra Marroquín por un traslape de horarios incluido en una declaración jurada, y la comisión rechazó su descargo. Movimiento Pro Justicia lo describe como un funcionario cercano al actual contralor, Frank Bode.

Registros de Guatecompras reflejan que figura como Representante Legal de la Asociación de Profesionales de la Contraloría General de Cuentas junto con cinco personas más.

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

Calificado con 81 puntos, es subcontralor de Calidad del Gasto Público. Ha ocupado puestos técnicos, de auditoría, supervisión y dirección dentro de la Contraloría General de Cuentas, donde acumula 34 años de trayectoria.

Castellanos recibió seis tachas y todos sus descargos fueron aceptados, por lo que quedaron desvanecidos. Cinco cuestionamientos se relacionaron con aspectos de su formación académica, mientras que el restante se vinculó con la contratación en la institución de una persona identificada por el denunciante como familiar.

El Ministerio Público confirmó que recibió una denuncia por aparentes anomalías en la acreditación de experiencia docente de Castellanos. El caso fue asignado a la Fiscalía contra la Corrupción.

En agosto, Movimiento Pro Justicia y Alianza por las Reformas identificaron dentro de la comisión un bloque que, según esas organizaciones, contaba con respaldo de Frank Bode y en el que ubicaron al subcontralor. Marroquín, Castellanos y Castañón llegaron a la votación final con tachas sin desvanecer.

Oscar Alberto Hernández Romero

Recibió 74 puntos. Es contador público y auditor, posee una maestría en Consultoría Tributaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala y desarrolló gran parte de su carrera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Hernández trabajó en la SAT entre 1998 y 2012, y volvió a la institución desde 2020 hasta mayo de 2025. Fue auditor, jefe de sección, jefe de departamento, intendente de Fiscalización y superintendente interino; este año también compitió para dirigir la entidad tributaria.

Guatemala Visible registra que, en Guatecompras, aparecen vinculados a su número de identificación tributaria los negocios El Lejano Oeste y Dicel Guatemala.

Mientras que una investigación del medio Vox Populi refiere que tuvo como asesora a Luz Elvira Hernández Andrade, esposa de Mynor Alfonso de la Rosa Palacios, diputado del partido político Vamos.

Julio Otoniel Roca Morales

Obtuvo 70 puntos y forma parte del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde figura como director. Tiene un doctorado en Ciencias de la Administración y maestrías en Formulación y Evaluación de Proyectos y Administración Financiera.

Roca fue docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala entre 2004 y 2024. También trabajó como auditor interno del extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y como gerente general del Comité Promejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales.

El actual integrante del Directorio de la SAT participó en los procesos de selección de 2018 y 2022; en la última convocatoria integró la nómina final de seis. En esta ocasión enfrentó una objeción, aunque su descargo recibió los 18 votos necesarios para ser aceptado.

Elfego Odair Castañón González

Fue calificado con 65 puntos y se desempeña como subcontralor administrativo de la Contraloría General de Cuentas. Antes ocupó otros cargos dentro de la institución y trabajó en la Dirección Departamental de Educación de San Marcos.

Erick Adolfo Waldemar Pérez Huinac y Ángel José Manuel Racancoj Cayax objetaron su imparcialidad y señalaron un supuesto favorecimiento de familiares dentro de la institución, debido a la contratación de su hermano Lenin Magdonal Castañón González, y el ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes; la comisión rechazó los descargos.

Castañón es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado electo en 2023 por Movimiento Semilla y registrado actualmente por el Congreso como independiente por Lista Nacional, según un reporte de Guatemala Visible.

La cartera vencida de los créditos de consumo y vivienda otorgados por la banca comercial en México alcanzó un nivel sin precedentes al cierre de julio, al ubicarse en 114 mil 111 millones de pesos, de acuerdo con la información más reciente del Banco de México (Banxico).

El monto representa un incremento de 23.2 por ciento frente a los 92 mil 600 millones de pesos registrados durante julio de 2025, lo que refleja un aumento significativo en los financiamientos que presentan retrasos prolongados en sus pagos.

De acuerdo con los datos del banco central, la cartera vencida representa 3.3 por ciento de la cartera vigente de los créditos de consumo y vivienda, cuyo saldo conjunto asciende a aproximadamente 3.39 billones de pesos.

La cartera vencida considera aquellos préstamos cuyos acreditados acumulan al menos 90 días sin realizar un pago, por lo que el indicador permite observar la evolución de los niveles de incumplimiento entre los hogares.

Tarjetas de crédito concentran el mayor aumento

Dentro del segmento de consumo, la cartera vencida alcanzó 64 mil 443 millones de pesos al concluir julio, un incremento anual de 34.6 por ciento respecto de los 47 mil 865 millones registrados en el mismo mes del año pasado.

Uno de los mayores aumentos se observó en las tarjetas de crédito, cuyo saldo vencido llegó a 26 mil 97 millones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento de 59 por ciento frente a los 16 mil 362 millones de pesos reportados en julio de 2025.

El comportamiento de las tarjetas de crédito destaca debido a que este tipo de financiamiento representa una de las principales herramientas utilizadas por las familias para cubrir gastos cotidianos, compras y emergencias.

En los créditos de nómina, cuyo pago se descuenta directamente del salario de los trabajadores, la cartera vencida se ubicó en 13 mil 522 millones de pesos, contra los 11 mil 816 millones registrados un año antes. Esto significa un aumento anual de 14 por ciento.

Por su parte, los créditos personales acumularon una cartera vencida de 15 mil 230 millones de pesos, cifra 18 por ciento superior a los 12 mil 869 millones de julio de 2025.

Cartera hipotecaria también registra incremento

El deterioro también se presentó en los créditos destinados a la adquisición de vivienda. La cartera hipotecaria vencida alcanzó 49 mil 668 millones de pesos al cierre de julio.

Este saldo representó un crecimiento de 11 por ciento respecto de los 44 mil 734 millones de pesos registrados durante el mismo periodo de 2025.

Aunque el incremento de la cartera vencida muestra que un mayor número de financiamientos presenta retrasos importantes, representantes de la banca han señalado que este comportamiento no necesariamente significa que los hogares mexicanos se encuentren en una situación generalizada de sobreendeudamiento.

Los banqueros explicaron recientemente que parte del aumento puede estar relacionado con la expansión del crédito, debido a que actualmente existe un mayor número de financiamientos otorgados a las familias.

Sin embargo, el crecimiento de la cartera vencida representa un indicador que deberá mantenerse bajo seguimiento, particularmente en segmentos como las tarjetas de crédito y los préstamos personales, donde los incrementos anuales fueron superiores al promedio registrado en el conjunto de los créditos de consumo y vivienda.

Los datos del Banco de México muestran así que el impago de créditos entre los hogares mantiene una tendencia ascendente, con un saldo vencido que alcanzó en julio su mayor nivel registrado hasta ahora.

Esta es la escena: un colaborador (a) que pide un adelanto de nómina. Es la segunda vez este trimestre. Y posiblemente más de una vez le hemos escuchado hablar de deudas en lo que va del mes.

Nadie en Recursos Humanos lo lee como una señal; todos lo leen como, “así estamos la mayoría de los mexicanos”. De repente, la persona renuncia y la pregunta es ¿cómo empresa no supimos ver la red flag? Pasamos por alto el momento que vive y que eso puede llevarlo a buscar más ingresos, formal o informalmente hablando.

El estudio que le pone número a esta escena, tan común que a veces no reparamos en ello, es del Instituto del Propósito y Bienestar Integral. Desde el observatorio de bienestar nos dimos a la tarea de analizar cómo el historial crediticio puede ser predictor de la renuncia. Tal vez parezca una curiosidad de nicho: ¿el buró de crédito predice renuncias?

Resulta que este estudio analizó el historial crediticio real de 51 mil 796 trabajadores mexicanos. Para evaluar se utilizó el puntaje FICO, la calificación de 300 a 850 puntos que Círculo de Crédito, uno de los dos buró de crédito del país, usa para medir qué tan al corriente está una persona con sus pagos.

Va de 300 a 850 puntos, y entre más alto, mejor es el historial crediticio. Un trabajador con un puntaje cercano a 300 —el mínimo de la escala— registra una probabilidad de renuncia de 12%; uno cercano a los 850, la reduce a 4.5%. Dicho de otra forma: moverse de un extremo a otro de la escala se asocia con una diferencia de más de 7 puntos porcentuales en la probabilidad de dejar el empleo.

Entonces, una persona con mal manejo de crédito tiene hasta el triple de probabilidad de renunciar que alguien con finanzas sanas. Cada tarjeta de crédito adicional abierta suma 3.1 puntos porcentuales de riesgo; cada préstamo personal vigente, un punto más. Tiene sentido si se piensa a qué escala llega el agobio por conseguir más recursos y pagar deudas.

Otras mediciones sobre estrés financiero en México ya ubicaban a 6 de cada 10 trabajadores sin poder dormir bien por sus deudas. No es que deber dinero vuelva a alguien menos comprometido con su trabajo. Es que pagar intereses, mes tras mes, termina pesando más que cualquier plan de carrera que Recursos Humanos le tenga preparado.

Del diagnóstico a la acción

Aquí conviene bajar del diagnóstico a la cancha, porque el propio estudio deja pistas de por dónde empezar. Las conversaciones sobre educación financiera aplicada, adelantos de nómina alineados a las reglas de la organización y asesoría para reestructurar deudas tienen que suceder ya, y no verse como un beneficio de catálogo que se activa hasta que la persona renunció.

Hay un matiz que se nos suele escapar: estos beneficios ya existen en el mercado mexicano, pero pareciera que necesitamos validar que a otra empresa le fue bien aplicándolos antes de decidirnos a implementarlos en la propia. Diagnosticar el estrés financiero de la fuerza laboral y, al mismo tiempo, seguir sosteniendo frases como “si él o ella se endeudó es su culpa y no se relaciona con la empresa” son dos cosas que no pueden convivir.

Porque la realidad es que ese trabajador estresado, agobiado, es el que llega todos los días a tu empresa, y el que tarde o temprano va a buscar fuentes de ingreso diferente. Este reporte justo se realiza con la intención de impulsar tomar acciones antes de que sea demasiado tarde.

Así que las empresas que tengan una mirada más integral y holística sobre lo que sucede con el colaborador van a adelantarse a la fuga de talento con una conversación oportuna. Aquellas que se dediquen a auditar solo clima laboral y desempeño se van a enterar hasta que llegue la carta de renuncia, si es que llega, porque a veces ni siquiera eso: solo se van a quedar con una plantilla cada vez más cansada.

*Ivonne Vargas es Directora del Observatorio de Bienestar del Instituto del Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio, cofundadora del Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional con sede en Barcelona.

Luego de que se diera a conocer una lista de pagos y nóminas que presuntamente fue encontrada en la casa en la que se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que se dieron a conocer presuntos sobornos a policías estatales y miembros de la Guardia Nacional, e incluso funcionarios, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dijo que hay investigaciones contra elementos de las policías, sin embargo, descartó que se investigue a algún político.

Harfuch dijo que la veracidad de las listas informará la Fiscalía General de la República (FGR) y que cada indicio que se encuentra en un domicilio, en algún cateo, “hay que cuidar la cadena de custodio, dónde se encontraban esas listas, etc.

“Una vez que la Fiscalía General de la República haya analizado todo eso, podrá informar e iniciar carpetas cuando así corresponda”, señaló.

Harfuch dijo que no solamente en este caso, sino que en cualquier otro, donde haya un indicio y una prueba clara para iniciar una investigación contundente en contra de cualquier servidor público o civil, así se hará.

“Actualmente hay investigaciones en curso en contra de policías municipales, policías estatales, algún otro tipo de personas que sabemos que tenían participación con este grupo (...) de políticos no tenemos el caso, tenemos de autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos”, dijo Harfuch.

Aparece presunta narconómina de El Mencho

Cabe señalar que, tras la caída de El Mencho, líder del CJNG, el pasado domingo en Jalisco, recientemente se dio a conocer una presunta nómina que de acuerdo con información difundida, fue encontrada en la casa en la que se escondía el narcotraficante.

En la lista se ven pagos a los llamados “halcónes” (quienes se encargan de vigilar y avisar si ocurre algo en ciertos lugares a los criminales), sicarios, e incluso, sobornos a autoridades.

La llamada narconómina da cuenta de los sueldos que El Mencho pagaba a sus halcones, sicarios, lugartenientes y los sobornos que entregaba a autoridades.

El control de los gastos está detallado en diversas hojas hechas a mano o a computadora, en las que se documentan los cientos de miles de pesos que se pagaban.

Un conjunto de documentos filtrados revela la estructura financiera y operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco. Los registros, con fecha del 13 de diciembre de 2025, ofrecen un panorama inédito sobre los recursos mensuales que la organización asigna a actividades ilícitas y permiten identificar tanto los cargos internos como los nombres clave de sus líderes regionales.

Entre los documentos destaca un apartado titulado “Gastos de Tapalpa”, donde se describen funciones como “halcones” (informantes), “muchachos base”, relevos, corredores y “muchachos choke”. Cada función aparece acompañada por el número de personas contratadas y el monto asignado. Por ejemplo, se consignan 2 mil 900 dólares por 20 halcones y 6 mil 30 dólares para la contratación de 26 “muchachos de choke”. La lista incluye gastos en gasolina, talleres mecánicos y oficinas, hasta sumar un total de 16 mil 900 dólares en un solo día dedicado a la logística del grupo.

De acuerdo con los registros, la operatividad del CJNG se extiende por múltiples localidades, entre ellas Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán. El análisis de cada gasto permite ubicar las principales rutas y zonas de influencia del cártel en la región.

Entre los nombres citados en los documentos sobresalen Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, apodado “El Sapo”, identificado como uno de los mandos principales; Luis Miguel Pelayo, conocido como “El Meño”, quien opera en Autlán y Villa Purificación; y Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”, jefe regional en Puerto Vallarta. También figura Jesús Ambriz Cano, apodado “El Yogurt”, junto a cantidades detalladas de droga y dinero vinculadas a cada miembro.

La venta de estupefacientes constituye una de las fuentes principales de los ingresos del CJNG. Los documentos reportan ganancias por 509,295 dólares en diciembre de 2025, provenientes de la comercialización de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. Además, aparecen ingresos procedentes de máquinas tragamonedas ubicadas en Tapalpa, lo que refuerza la hipótesis sobre la relación entre el cártel y los ataques contra establecimientos con este tipo de equipos en distintos estados.

Los registros también documentan pagos considerados sobornos a elementos federales. Se consignan erogaciones de 37,700 dólares a “GN Mich Picten”, 4,350 dólares a “GN Autlán”, 1,160 dólares a “Guachito pasa datos” y 870 dólares a “PGR”. Estos movimientos sugieren una estrategia de corrupción para facilitar las operaciones del grupo.

El nivel de detalle de los documentos permite observar la organización interna del cártel y las estrategias implementadas para consolidar su presencia en el occidente de México. El flujo de recursos y la distribución de responsabilidades evidencian una estructura profesionalizada orientada a maximizar el control territorial y las ganancias ilícitas.

Registros filtrados muestran la estructura financiera y operativa del CJNG, con gastos mensuales superiores a 16,900 dólares en Tapalpa.

Los documentos identifican nombres clave, cargos internos y pagos por sobornos a elementos federales.

Las ganancias por venta de drogas superaron los 509,000 dólares solo en diciembre de 2025, con ingresos adicionales de máquinas tragamonedas.

Reclutamiento masivo de menores

Aunque 15 expertos en seguridad y miembros de los cárteles afirman que el reclutamiento infantil es cada vez más común, la falta de datos concretos dificulta el seguimiento del problema.

La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del gobierno estadounidense estima que unos 30 mil niños se han unido a grupos criminales en México. Grupos de defensa afirman que el número de niños vulnerables propensos a ser reclutados asciende a 200 mil. No está claro cómo han cambiado estas cifras con el tiempo, aunque los expertos afirman que los niños reclutados son cada vez más jóvenes.

Un informe del gobierno mexicano sobre el reclutamiento de niños por parte de los cárteles, publicado el año pasado, reveló que menores de tan solo seis años se han unido al crimen organizado y también destacó el creciente uso de la tecnología, como los videojuegos y las redes sociales, para atraer a jóvenes reclutas.

El informe indicó que el 70% de los adolescentes reclutados por los cárteles crecieron rodeados de altos niveles de violencia extrema. En 2021, las autoridades mexicanas interceptaron a tres niños de entre 11 y 14 años en el estado de Oaxaca, quienes, según afirmaron, estaban a punto de unirse a un cártel tras ser reclutados a través del violento juego multijugador “Free Fire”.

Desde entonces, la Guardia Nacional ha emitido directrices sobre el uso seguro de los videojuegos, mientras que una propuesta legislativa se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para criminalizar la exaltación cultural del crimen en la música, la televisión y los videojuegos.

“Vemos cada vez más grupos criminales que secuestran a niños cada vez más pequeños”, dijo Dulce Leal, directora de Reinserta, un grupo de defensa enfocado en niños víctimas del crimen organizado. Añadió que esta tendencia ha crecido junto con el uso de nuevas tecnologías, como videojuegos con sistemas de mensajería integrados.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) informó que la Ayuda de Traslado para el personal jurisdiccional de mando medio no fue eliminada, luego de que la prestación no apareciera en la nómina de la primera quincena de enero.

De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), la omisión obedeció a ajustes administrativos y el pago será cubierto de manera retroactiva en la segunda quincena del mes.

OAJ aclara situación de la Ayuda de Traslado en el Poder Judicial

Mediante un comunicado difundido la madrugada del 15 de enero, el OAJ, instancia responsable de la administración del Poder Judicial Federal, señaló que la información que circuló sobre la eliminación del apoyo económico es incorrecta.

Precisó que la Ayuda de Traslado, identificada con la clave 144, continúa vigente y forma parte de las prestaciones del personal jurisdiccional de mando medio.

El organismo explicó que la falta de pago en la primera quincena se debió a la implementación del Tabulador Único del Poder Judicial de la Federación, aprobado por el Pleno el pasado 7 de enero, lo que generó ajustes en los procesos administrativos de nómina.

¿Qué es la Ayuda de Traslado y por qué es importante?

La Ayuda de Traslado es una prestación económica que reciben secretarios y actuarios de juzgados y tribunales federales.

Su objetivo es cubrir gastos derivados de actividades fuera de oficina, como traslados, gasolina y diligencias judiciales, entre ellas citatorios y notificaciones.

Este apoyo forma parte del ingreso regular del personal jurisdiccional de mando medio y equivale a 5 mil 284 pesos mensuales, es decir, 2 mil 642 pesos por quincena.

Por esa razón, su ausencia en el primer pago de enero fue percibida como una reducción directa del salario.

¿Por qué no apareció en la nómina de enero?

De acuerdo con el OAJ, la Ayuda de Traslado no se incluyó en la primera quincena debido a ajustes administrativos relacionados con la entrada en vigor del Tabulador Único del Poder Judicial de la Federación, aprobado por el Pleno el 7 de enero.

Estos ajustes implicaron modificaciones en los sistemas de nómina, lo que provocó el retraso en el registro y dispersión de algunas prestaciones.

El organismo subrayó que la omisión no obedece a una decisión de eliminar el apoyo, sino a un proceso técnico de actualización.

Reacciones del personal y señalamientos de sindicatos

La falta de pago generó preocupación entre trabajadores de juzgados y tribunales, quienes manifestaron su inquietud en redes sociales desde el 14 de enero.

Organizaciones sindicales señalaron que la falta de información previa agravó la situación, al tratarse de un ingreso que forma parte de su salario habitual.

Entre los principales señalamientos expuestos por sindicatos y asociaciones del Poder Judicial se encuentran los siguientes:

• La omisión de la Ayuda de Traslado se reflejó como una disminución temporal del ingreso quincenal.
• Se trata de una prestación regular y permanente, integrada al salario del personal jurisdiccional.
• La falta de información previa generó incertidumbre laboral y financiera entre los trabajadores.
• Consideraron necesario que los cambios administrativos se comuniquen con mayor claridad y oportunidad.
• Advirtieron que cualquier ajuste en prestaciones debe realizarse con certeza jurídica y transparencia.

¿Cuándo se pagará y qué sigue?

El OAJ informó que el monto correspondiente a la Ayuda de Traslado será cubierto de manera retroactiva en la segunda quincena de enero de 2026, por lo que los trabajadores recibirán el pago pendiente junto con su salario regular.

Asimismo, negó que exista una política de eliminación de prestaciones y reiteró que la Ayuda de Traslado se mantiene vigente.

La asociación 32 Circuitos, que agrupa a funcionarios del PJF en todo el país, solicitó que futuras modificaciones administrativas sean informadas con anticipación para evitar confusión y preocupación entre el personal.

Con esta aclaración, el Poder Judicial busca cerrar la polémica y garantizar que el ingreso del personal jurisdiccional no se verá afectado de manera permanente.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) enfrenta cuestionamientos por su propuesta de aumentar su planta de personal de 233 a 930 cargos, lo que generaría un costo adicional de más de $51.000 millones anuales.

El tema ha sido denunciado por el representante a la Cámara Andrés Forero, que asegura que la expansión burocrática se da en un contexto electoral y mientras el país atraviesa por una de sus más grandes crisis en salud, lo que ha llevado a que pacientes se vean afectados por la falta de atención médica.

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La Adres es la entidad encargada de administrar, recaudar y girar los recursos financieros del sistema de salud colombiano, asegurando que los fondos lleguen a EPS, hospitales y proveedores para garantizar servicios de salud, medicamentos, incapacidades y licencias. La entidad maneja cotizaciones, aportes nacionales y otros ingresos, siendo responsable de la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud.

En este contexto, la reciente propuesta de rediseño institucional ha generado un fuerte debate. Según el representante Forero, “la Adres también busca crecer la planta de personal en plena crisis de salud, en ‘emergencia económica’ y en elecciones. Pasarían de 233 a 930 cargos y de un costo anual de $48.017 millones a $99.069 millones. Indigna que pretendan politiquear mientras #MuerenPacientes”.

Este aumento se sumaría a otra expansión de cargos en el Ministerio de Salud, que planea agregar 442 empleos con un costo anual de $59.403 millones, según denunció el mismo congresista. Para Forero, estos movimientos reflejan decisiones políticas en un contexto electoral más que necesidades técnicas del sistema.

Detalles del rediseño de la Adres

De acuerdo con la información oficial suministrada por Adres al congresista, la propuesta de rediseño institucional contempla varios cambios significativos:

• Creación de nuevos niveles jerárquicos, incluyendo una presidencia y dos vicepresidencias.
• Incremento de subdirecciones técnicas, que pasarían de 10 a 16.
• Expansión de gestores de operaciones, que aumentarán de 157 a 731 cargos.
• Ampliación de la planta administrativa y operativa para absorber funciones actualmente cumplidas por 660 contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

El rediseño se basa, según la entidad, en un estudio técnico realizado por la Universidad Nacional de Colombia, que incluyó un levantamiento de cargas laborales y análisis de funciones asignadas por el Plan Nacional de Desarrollo, así como el comportamiento de los contratos vigentes entre 2019 y 2024. La Adres aseguró que el resultado del estudio es una “planta de empleos óptima” que permite formalizar funciones esenciales y ajustar la organización a las necesidades reales de talento humano.

Entre tanto, el desglose de la planta propuesta incluye:

• Presidencia: 1 cargo, 5 asesores y un técnico administrativo.
• Vicepresidencias: 2 cargos.
• Direcciones técnicas y subdirecciones: 6 directores técnicos y 16 subdirectores técnicos.
• Gestores de operaciones: 731 cargos, con distribuciones específicas entre distintos niveles jerárquicos.
• Personal administrativo y auxiliar: incrementos significativos en relación con la planta actual.

La Adres sostiene que este aumento reemplaza los contratos temporales con empleos fijos, asegurando la formalización laboral y cumpliendo con los lineamientos de dignificación laboral del Gobierno nacional.

La dirección de Adres, encabezada por Félix León Martínez, enfatiza que la expansión de la planta responde a criterios técnicos, no políticos. La entidad señala que la formalización de los contratistas de apoyo a la gestión permitirá consolidar funciones críticas y garantizar un flujo eficiente de recursos hacia los proveedores de salud, EPS y hospitales.

Pese a la justificación técnica, la medida ha sido fuertemente cuestionada. Para Andrés Forero, la expansión de la Adres no refleja las prioridades del sistema de salud, sino un uso de la burocracia con fines políticos en medio de elecciones.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar sancionó con destitución e inhabilidad general a un profesional de la administración judicial en Cartagena, tras concluir que estructuró una nómina paralela que permitió el desvío de recursos públicos por cerca de $500 millones.

Los hallazgos surgieron a partir de reportes internos sobre pagos asignados a personas que no aparecían vinculadas a la planta de personal de la Rama Judicial, lo que derivó en la apertura de una investigación disciplinaria.

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La autoridad determinó que el funcionario Larry López Ospino, adscrito desde 2018 al área de recursos humanos, utilizó el sistema oficial de nómina para registrar a ciudadanos ajenos a la entidad. Estos ingresos permitieron autorizar pagos irregulares entre septiembre y octubre de 2021, los cuales fueron rastreados posteriormente hasta cuentas relacionadas con el mismo servidor.

La información inicial fue reportada por el Director Seccional de la Administración Judicial de Cartagena, Hernando Sierra Porto, que advirtió sobre la presencia de nombres que no correspondían a las bases de personal. El reporte motivó la revisión detallada de los movimientos registrados en el aplicativo de nómina y la trazabilidad de los giros sospechosos.

Así operaba la estructura criminal

Según el expediente, López Ospino ingresó registros inexistentes al aplicativo Efinómina utilizando descripciones de cargos no contemplados en la planta autorizada. Con estos datos creó una nómina paralela que permitió generar órdenes de pago sin fundamento administrativo. Las personas que aparecían como beneficiarias no tenían contrato, vinculación laboral ni registros en los sistemas oficiales de talento humano.

La decisión disciplinaria señala que “se comprobaron pagos a por lo menos seis personas por cerca de 500 millones de pesos, que al final resultaron apropiados por el empleado judicial (larry lópez), pues se comprobó que los primeros ‘beneficiarios’ del fraude giraron los recursos al empleado judicial”.

Los movimientos fueron analizados mediante cruces de información financiera, lo que permitió confirmar que los giros iniciales realizados a terceros fueron posteriormente transferidos hacia cuentas del funcionario investigado.

El expediente también documentó que López Ospino tomó vacaciones de manera fraccionada durante el periodo en el que se detectaron los pagos. Según los investigadores, esta modalidad le permitió no interrumpir el flujo habitual de liquidación de nómina, ya que su presencia era necesaria para validar ciertos procesos internos del sistema.

Vinculados al proceso

A partir de los hallazgos disciplinarios, las autoridades competentes abrieron un proceso penal por tres delitos: acceso abusivo a un sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. La Fiscalía formuló cargos, los cuales fueron aceptados por el funcionario.

Además de López Ospino, la Jurisdicción Disciplinaria vinculó a 11 personas que aparecieron como receptoras de los pagos irregulares. Su participación se analiza a partir de los registros de giros, las transferencias bancarias y las trazas del aplicativo utilizadas para ejecutar el esquema.

Durante el proceso se estableció que las irregularidades en los movimientos salariales no habrían comenzado con la llegada del funcionario al área laboral. La revisión de ciclos anteriores reveló desvíos desde 2016, lo que llevó a ampliar la investigación hacia otros funcionarios que habrían intervenido en periodos previos del sistema de liquidación.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial concluyó que las conductas imputadas constituían faltas gravísimas a título de dolo. En la parte resolutiva del fallo se determinó: “Primero: declarar disciplinariamente responsable a larry lópez ospino (…) por la incursión en la falta establecida en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, por realizar las conductas establecidas en los artículos 397, 286, 269d del Código Penal (…)“.

Posteriormente, la providencia establece: “imponer sanción a larry lópez ospino (…) con destitución e inhabilidad general por veinte (20) años, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia“. La decisión precisa que se admite recurso de apelación ante la autoridad competente.

En Colombia, el derecho a las vacaciones laborales es una garantía fundamental consagrada en la legislación laboral nacional. Conforme al Código Sustantivo del Trabajo, todos los trabajadores colombianos que hayan completado un año de labores en una empresa tienen derecho a disfrutar de quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

De cara al cierre de 2025, el calendario anual se convierte en una herramienta clave para planificar descansos extendidos, combinando estratégicamente días festivos y el periodo de vacaciones. El año cuenta con quince días festivos nacionales, y diciembre resulta particularmente propicio para organizar largos periodos de receso, lo que permite compartir las celebraciones sin presiones laborales ni necesidad de pedir permisos adicionales a la empresa.

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Las fechas cruciales en diciembre de 2025 son el lunes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción; el jueves 25 de diciembre, correspondiente a la Navidad; y el jueves 1 de enero de 2026, Año Nuevo. Quienes trabajan de lunes a viernes pueden iniciar sus vacaciones el 6 de diciembre y reincorporarse el 2 de enero, acumulando así hasta 26 días libres.

Para quienes cubren la jornada de lunes a sábado, el receso puede extenderse del 7 al 28 de diciembre, alcanzando un total de 21 días. Estas combinaciones permiten maximizar el tiempo de descanso anual, disfrutando de las festividades y de un periodo prolongado para desconectarse de las responsabilidades laborales.

La organización de las vacaciones coincide con un momento del año en el que muchas empresas, buscando mantener la productividad, concentran las salidas en la última semana de diciembre. A esto se suman los casos de empleados que, por acumulación de días, pueden acceder a periodos superiores al mínimo reglamentario, siempre dentro de lo que establece la normatividad y las políticas internas de cada empleador.

Antes de solicitar vacaciones, es recomendable que los trabajadores realicen las cuentas necesarias para prever el impacto en sus finanzas personales, especialmente respecto al pago mensual de la nómina. El Concepto 145521 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública señala, en su artículo octavo sobre vacaciones, que los empleadores deben cancelar el monto correspondiente al menos con cinco días de antelación al inicio del periodo de descanso. Este monto se liquida de acuerdo al salario que percibe el trabajador al momento de iniciar sus vacaciones, independientemente de variaciones posteriores.

El pago de las vacaciones puede realizarse de dos maneras: por fuera o junto con el salario habitual. Según el portal especializado Gerencie.com, es común que, si el pago se adelanta al inicio del receso, se descuente del sueldo del mes correspondiente.

Por ejemplo, si un empleado inicia vacaciones el 8 de junio y la empresa le paga ese día lo correspondiente, el 30 de junio solo percibirá el salario por los días realmente trabajados. Si la empresa hace la liquidación de ambos conceptos al finalizar el mes, el pago total incluirá tanto lo correspondiente a sueldo como a vacaciones ya disfrutadas.

En cuanto al cálculo del monto, una de las fórmulas habituales es dividir el salario mensual básico entre 720 —que equivale a los días hábiles de vacaciones al año laboral— y multiplicar el resultado por los días efectivamente trabajados. Los días hábiles de descanso se cuentan a partir de la fecha de inicio y, conforme la ley, deben ser pagados antes de comenzar el periodo vacacional.

Este sistema tiene como objetivo brindar seguridad jurídica y financiera a los trabajadores colombianos, permitiendo que el descanso anual no represente una carga económica ni para empleados ni para empleadores, y que el goce efectivo de las vacaciones sea motivo de bienestar, recuperación y planificación familiar.

En resumidas palabras, el régimen de vacaciones en Colombia protege el derecho al descanso, facilita opciones de extensión del periodo vacacional ligadas al calendario oficial y regula de manera clara el proceso de liquidación y pago, permitiendo a los colombianos disfrutar con tranquilidad de las festividades y de su receso laboral anual.

Juanma Lorente, conocido abogado laboralista y divulgador en redes sociales bajo el nombre de usuario @juanmalorentelaboralista, ha advertido en TikTok sobre tres sanciones laborales que son completamente ilegales y que, según relata, aún se aplican en muchas empresas. En su vídeo, Lorente relata casos en los que trabajadores acuden a su despacho, por ejemplo, tras haber sufrido una reducción directa en su nómina como consecuencia de un error o falta en el trabajo.

“La primera sanción prohibida y que la veo mucho, quitarte dinero de tu nómina”, afirma el abogado, quien subraya que “hay clientes que llegan y me cuentan que la empresa, si se equivocan en lo que sea, le quita dinero de su nómina”. Según Lorente, esta medida “no es legal” bajo ninguna circunstancia.

Explica que la sanción válida debe afectar tanto a empleo como a sueldo de forma simultánea, nunca solo a la parte económica. “Si te sancionan, te tienen que sancionar con empleo y con sueldo. No te pueden sancionar solo con sueldo y que sigas trabajando”, destaca. Así, el letrado anima a los afectados a reclamar aquellas cantidades descontadas de forma indebida: “Si has recibido esta sanción, que sepas que puedes reclamar que te devuelvan ese dinero que te han quitado”.

No pueden quitarte días de vacaciones como castigo

Otra de las sanciones “improcedentes” señaladas por Lorente es la retirada de días de vacaciones. El abogado considera inaceptable que, ante un mal desempeño o un error, se descuente parte de los treinta días naturales que por ley corresponden anualmente al trabajador. “También he visto empresas que sancionan quitando días de vacaciones. Esto es una barbaridad”, afirma, dejando claro que esta práctica carece totalmente de base legal.

El mensaje es contundente: “Tienes treinta días naturales de vacaciones al año y, por más que la líes en tu trabajo, no puedes tener menos vacaciones. Es totalmente ilegal. Y si te pasa, ya sabes, reclama”, recuerda el letrado.

Las horas extra obligadas como sanción, otro abuso frecuente

Juanma Lorente aporta un tercer ejemplo de sanción ilícita: la imposición de horas extra para compensar errores laborales. Según el abogado, algunas empresas “si no terminas bien un trabajo o lo haces mal, te obligan a quedarte más tiempo de tu horario para que lo termines”.

Equipara esta exigencia a prácticas escolares, dejando claro que en el ámbito laboral los horarios están pactados y deben respetarse. “Vamos a ver que esto no es el colegio. Tus horas son tus horas. ¿Estás contratado a cuatro? cuatro. Y si estás contratado a ocho, pues ocho”, insiste. “No te pueden obligar a echar diez horas por arreglar algo que no hayas hecho bien”. 

El abogado recomienda a quienes sufran estos abusos que no duden en hacer valer sus derechos: “De hecho, si esto te pasa, coge el camino, a tu hora y te vas”.

"No todo vale cuando hablamos de sanciones laborales", explica Lorente en la descripción de su publicación, donde también lee: “Muchos trabajadores piensan que la empresa puede imponer cualquier medida... pero la realidad es muy distinta”.

Valencia, 26 dic (EFE).- El Levante ha pagado a sus trabajadores la nómina de noviembre, diciembre y la paga extra y, con casi un mes de retraso, se ha puesto al día con sus empleados, según confirmaron fuentes del club valenciano.

El Levante no había podido atender el pago de la mensualidad de noviembre, pero este jueves, tal y como informaron las mismas fuentes, ya tienen disponible el dinero los trabajadores después de que el consejero delegado, Pepe Danvila, firmara la pasada semana un préstamo de 5,5 millones de euros.

El consejero delegado, que es el accionista de referencia del Levante con algo más de un 30 por ciento de los títulos, ya les adelantó la pasada semana en un correo electrónico que cobrarían tres mensualidades de golpe.

Danvila, que se disculpó la semana pasada por no haber podido pagarles, trata ahora de reconducir la delicada situación económica del Levante, con una deuda de más de cien millones de euros. EFE

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La polémica reforma sobre el cobro de créditos de nómina, mejor conocida como “Crédito de Nómina con Cobranza Delegada”, propuesta que ya fue avalada por la Cámara Baja (Diputados), quedó en pausa, pues fue cancelada la sesión para su discusión en la Cámara Alta.

Se trata de una iniciativa que permitirá a los bancos realizar cobros directos a los colaboradores en una empresa que adquirieron préstamos pendientes, la cual tuvo un avance en 2023, luego de que fue avalada por la Cámara de Diputados.

Desde el Senado (Cámara Alta) se informó que la propuesta para embargar salarios desde la nómina de los empleados, mejor conocida como reforma de Cobranza Delegada quedó sin efecto, ya que las comisiones que se reunirían para discutir dicha reforma, la cual está encabezada por organizaciones de Hacienda y Estudios Legislativos aplazaron el encuentro hasta nuevo aviso.

Será necesario recordar que para que sea autorizada, deberán contemplar cambios en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al  Usuario de Servicios Financieros, la cual será analizada

¿En qué consiste la reforma?

Según la medida, los patrones podrían descontar del salario directo y de las prestaciones laborales los pagos correspondientes a créditos adquiridos por los empleados. Es decir, en caso de dar luz verde a la reforma, las instituciones bancarias podrán hacer el descuento del adeudo referente e incluso afectar sus prestaciones como aguinaldo, utilidades, entre otros.

De ese modo, los legisladores calificaron la propuesta como “un abuso” y exigieron su rechazo y aplazaron el acuerdo.

Por ejemplo, si un empleado obtiene un préstamo bajo esta modalidad, el pago del mismo se realizará de forma automática desde su nómina, sin necesidad de que el trabajador haga el depósito por su cuenta.

Incluso, diversos senadores expresaron su preocupación sobre la iniciativa, ya que permitiría retener hasta el 40 % del salario de los trabajadores para saldar préstamos de nómina y evitar que estos sean considerados cartera vencida.

En contraste, algunos diputados declararon que la iniciativa incrementa la transparencia, protección, seguridad jurídica y fomento a la competencia, e impulsa la inclusión de la población de menores recursos al sistema financiero.

Afirmaron que el dictamen incluye y regula el Crédito de Nómina con Cobranza Delegada como una actividad auxiliar del crédito en la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, considerando su estructura y funcionamiento actual para que un tercero que tenga el carácter de empleado realice el entero de los pagos con cargo en las fuentes del salario devengado que derive de las relaciones de trabajo, las percepciones extraordinarias de carácter laboral, indemnizaciones de igual naturaleza y conceptos afines y los honorarios devengados asimilados a salarios.

En México, los trabajadores tienen la posibilidad de elegir en qué banco desean recibir su salario, pensión o cualquier otra prestación laboral, gracias a la Ley de Portabilidad de Nómina. Este derecho, establecido desde 2015, permite que los usuarios transfieran su cuenta de nómina a cualquier institución bancaria sin costo adicional. Si aún no sabes cómo aprovechar esta opción, te explicamos todo lo que necesitas saber.

La Ley de Portabilidad de Nómina en México permite a los trabajadores elegir en qué banco recibir su salario, pensión o prestaciones laborales, sin costo alguno. Descubre cómo realizar este trámite de manera sencilla y gratuita, los beneficios de cambiar tu cuenta de nómina y qué debes considerar al elegir el banco adecuado para recibir tus pagos.

¿Qué es la Ley de Portabilidad de Nómina?

La Ley de Portabilidad de Nómina otorga a los trabajadores el derecho de cambiar la cuenta donde reciben sus ingresos laborales a otro banco de su preferencia. Esto significa que no estás limitado a seguir usando la cuenta de nómina proporcionada por el banco de tu empleador. El proceso es gratuito, rápido y sin complicaciones, y no requiere que informes a tu lugar de trabajo sobre el cambio.

Pasos para realizar la portabilidad de nómina

Realizar la portabilidad de nómina es sencillo. Solo necesitas seguir estos tres pasos:

• Solicitar la transferencia: debes acudir a la sucursal del banco donde actualmente recibes tu nómina y solicitar el trámite de portabilidad. Este procedimiento es gratuito y debe realizarse dentro del horario de atención al público.
• Presentar la documentación necesaria: para completar el trámite, necesitarás presentar una identificación oficial vigente y un documento que compruebe la existencia de la nueva cuenta en el banco de tu elección. Esto puede ser un estado de cuenta o una tarjeta de débito con tu nombre impreso.
• Espera la efectividad del cambio: la transferencia de tu nómina debe realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud. Una vez completado el cambio, tu dinero se transferirá automáticamente a tu nueva cuenta bancaria cada vez que se realicen los pagos.

¿Por qué elegir otro banco para recibir tu nómina?

La ley de portabilidad de nómina no solo te otorga la libertad de elegir el banco de tu preferencia, sino que también te permite comparar opciones y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades financieras. Entre las razones para hacer el cambio se incluyen:

• Mejores beneficios bancarios: algunos bancos ofrecen promociones, menos comisiones o mejores tasas de interés para cuentas de nómina.
• Acceso a más servicios: la opción de contar con servicios adicionales, como préstamos personales con mejores condiciones o acceso a plataformas digitales avanzadas.
• Mayor comodidad: si ya eres cliente de una institución bancaria, cambiar tu nómina a esa cuenta facilita el manejo de tus finanzas.
• Ubicación: Si el banco en el que recibes tu nómina está lejos de tu trabajo o de tu hogar, podrías optar por un banco con una sucursal más cercana.

Consejos antes de cambiar tu cuenta de nómina

Si estás considerando cambiar de banco, aquí tienes algunas recomendaciones para elegir la mejor opción:

• Compara las tarifas: asegúrate de que el banco elegido no cobre comisiones ocultas por el mantenimiento de tu cuenta o por realizar transferencias.
• Verifica los cajeros automáticos: si necesitas hacer retiros frecuentes, elige un banco que tenga una red amplia de cajeros automáticos gratuitos o en convenios con otros bancos.
• Evalúa otros productos financieros: si estás interesado en créditos o inversiones, es recomendable que el banco también ofrezca opciones atractivas.

¿Qué debes tener en cuenta?

Aunque la portabilidad de nómina es completamente gratuita, es importante que recuerdes que pueden existir cargos adicionales si tienes deudas o pagos domiciliados en tu cuenta original, como préstamos personales o servicios recurrentes. Asegúrate de actualizar las domiciliaciones antes de realizar el cambio para evitar sorpresas.

La portabilidad de nómina es una herramienta poderosa que te permite tomar control de tus finanzas personales y elegir el banco que mejor se adapte a tus necesidades. Recuerda que el proceso es gratuito y puedes hacerlo en cualquier sucursal del banco donde recibes tu nómina, o incluso en línea, si el banco lo permite. Aprovecha este derecho y mejora la gestión de tus ingresos.

Si tienes dudas adicionales o necesitas más información sobre cómo realizar este trámite, puedes contactar a la CONDUSEF al 01 800 999 8080 o visitar su sitio web www.condusef.gob.mx.