Mauricio Oliver tenía 20 años. La noche del 6 de mayo de 2014 le dijo a su mamá que iba a la casa de unas amigas en tren. Salió a las 12 de la noche, con su documento, 50 pesos -entonces equivalentes a menos de 5 dólares- y sin celular.

Nancy Bazán le sugirió a su hijo que no fuera a tomar el tren porque a esa hora, de madrugada, ya no pasaba. El joven no le hizo caso, la abrazó, le dio un beso y se fue de su casa de Adolfo Sourdeaux, en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

Le dijo a su madre que iba a encontrarse con unas amigas. Fue la última conversación que tuvieron porque desde esa noche no se supo nada más de él.

Sus familiares se inquietaron y comenzaron a buscarlo. Una semana después de la desaparición radicaron la denuncia correspondiente ante la Unidad Fiscal de Instrucción 22 de Malvinas Argentinas, que estaba a cargo de Fernando Corda.

En aquel entonces la familia explicó que dejó pasar unos días para denunciar la ausencia de Mauricio Oliver debido a que se quedaba en casa de amigos sin avisar. Y además, según explicó entonces Noelia, hermana de Oliver: “Como mi hermano tenía esquizofrenia creíamos que podía haberse desorientado y estar trabajando en algún lugar sin saber cómo volver”.

Mauricio vivía con sus padres y hacía changas. “No tenía deudas ni enemigos, sí muchos amigos que lo querían”, había dicho la hermana que difundía la búsqueda de su hermano por redes sociales y también llamaba a los noticieros de canales de alcance nacional para que también se ocuparan de difundir la existencia de la investigación y lograr que, tal vez se consiguiera alguna pista.

Obviamente hubo muchas pistas, que se revelaron falsas, que llevaron a los familiares y amigos a, por ejemplo, buscarlo en varios asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso la hermana llegó a viajar hasta la provincia de Córdoba debido a un dato que les había llegado.

Lo cierto es que la búsqueda terminó el 9 de julio de 2015, hace una década, cuando la fiscalía comunicó el hallazgo del cuerpo de Mauricio Oliver, enterrado como NN en el cementerio de Benavídez, cerca de Malvinas Argentinas.

El joven había muerto arrollado por una formación del ferrocarril Belgrano Norte a dos estaciones de donde se había subido al tren. El accidente fatal, de una víctima sin identificar, fue reportado el 7 de mayo de 2014 en la estación Vice Almirante Montes que está dentro del distrito judicial de San Isidro. Y la búsqueda estuvo a cargo de la fiscalía de Malvinas Argentinas, que pertenece al distrito judicial de San Martín.

Ante la falta de respuestas por parte de la fiscalía, la familia de Mauricio Oliver, a los seis meses de la desaparición, sumó a una abogada para que examine el expediente. La letrada, Adriana Mac Donell, explicó en aquel entonces uno de los errores cometidos por Corda: “El fiscal nunca le pidió a Ferrovías (a cargo del Belgrano Norte) las cámaras de seguridad para verificar si Mauricio había subido al tren en la estación Sourdeaux y había bajado dos estaciones después, en Montes. Seis meses después de la desaparición, cuando comencé a intervenir en el caso, las pidió. Ferrovías tardó otros seis meses en contestar: dijeron que no las tenían porque las grabaciones se guardan por 30 días”. Y agregó que ella había pedido el cotejo de huellas dactilares con los NN que están en las morgues, hospitales y cementerios.

La familia apuntó en aquella época contra la autoridad judicial a cargo de la búsqueda. La hermana de Oliver había dicho: “El fiscal Fernando Corda, de Malvinas Argentinas, hizo todo mal. Estuvimos meses sin novedades hasta que pudimos contar con una abogada. Cuando ella agarró el expediente se dio cuenta que el DNI con el que lo buscaban tenía un número mal, y era un documento de mujer”. Ese era otro de los varios errores cometidos durante la búsqueda.

La hermana dijo hace diez años, cuando recordó cómo había sido aquella situación agobiante: “Recibíamos llamados que nos decían que lo habían visto en Constitución, en la villa Zabaleta, en Soldati, en el Bajo Flores. Le decíamos al fiscal y no mandaba a nadie así que íbamos nosotros con una foto de él, tocando timbres. Y nada”.

A la abogada de la familia se le ocurrió algo producto del más común de los sentidos, el sentido común: pidió notificar de la búsqueda a las jurisdicciones judiciales vecinas. Mauricio vivía en Adolfo Sourdeaux, partido de Malvinas Argentinas, que pertenece al Departamento Judicial de San Martín. A 10 cuadras de su casa, cambia el distrito: pasa a ser Don Torcuato, partido de Tigre, que pertenece al Departamento Judicial de San Isidro.

La abogada, hace diez años, había explicado: “Cuando hacemos llegar la búsqueda al distrito judicial vecino, se dan cuenta de que había un NN enterrado en el cementerio de Benavidez con esas características: un varón de 1.78 con dos tatuajes con nombres de personas”.

Esos tatuajes fueron la clave para identificar el cuerpo. Porque Mauricio Oliver tenía un tatuaje en la clavícula izquierda que decía “Ludmila”, que era el nombre de su ex novia. En el brazo derecho tenía otro: dos palmeras, un sol y la palabra Dylan: así se llamaba su sobrino, el hijo de Noelia. Cuando las autoridades chequearon la descripción con el expediente no hubo dudas: era un NN que había tenido un accidente de tren y tenía esos tatuajes.

Fue entonces que la familia se enteró: Mauricio había muerto atropellado la misma noche en la que desapareció, a dos estaciones de su casa. Lo habían buscado con desesperación un año, dos meses y tres días.

El martes 30 de julio en horas de la mañana, la ilusión de los familiares de Yudier Lizandro Salamanca, un joven que se hallaba desaparecido desde la madrugada del lunes 29 de julio, se fue al piso.

Una llamada de investigadores de la Fiscalía General de la Nación les confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida en el centro de Cali, Valle del Cauca.

Por medio de mensajes y avisos que se compartieron a través de redes sociales y en grupos de difusión de aplicaciones de mensajería instantánea, la familia y los allegados a Salamanca comenzaron a moverse para tener noticias sobre su paradero.

Se comunicaron con él por última vez la mañana del lunes 29, pasadas las 4:40 de la mañana, luego que el joven salió de su vivienda a bordo de su vehículo (un modelo Ford Laser habano) desde el barrio Siloé, en el occidente de Cali.

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Salamanca salio con destino al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (ubicada en Palmira), pero antes debía recoger a un cliente para dejarlo en la terminal aérea. Sin embargo, a ciencia cierta no se sabe si, en efecto, el joven alcanzó a ir primero hacia el domicilio del cliente, y fue por esto que alertaron de inmediato a las autoridades, frente a las sospechas que levantó el no tener razón de su paradero.

Pero lo que más tiene extrañados a los familiares del joven conductor, es que la Fiscalía les notificó el martes 30 que el cuerpo de Salamanca fue hallado en el centro de Cali, en un sector conocido como Santa Rosa, y dado que no contaba con ninguna de sus pertenencias, se sospecha que pudo haber sido víctima de hurto.

“A él lo encontraron en el centro, en Santa Rosa, pero quedó como NN porque no tenía papeles, le robaron todo”, comentó en diálogo con El País de Cali una de las familiares de Yudier, quien confirmó la noticia.

Por este motivo, el seno familiar de Yudier Lizandro Salamanca exigió una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, para dar con los asesinos del joven, quien salió a trabajar como solía hacerlo de manera habitual, y halló la muerte.

De igual forma en redes sociales algunos internautas incluso le pidieron a las autoridades que dentro de las pesquisas que adelantan, incluyan al “cliente” que recogió, debido a que no se sabe si Salamanca lo alcanzó a dejar en el aeropuerto, hecho que ha levantado suspicacias, y con la esperanza de que la indagación conduzca a los responsables, es que se ha elevado esta solicitud con el fin de dar con los presuntos autores del crimen en el menor tiempo posible.

Arrojaron cadáver de conductor de aplicación a un abismo de 50 metros en Antioquia

Arbey Alonso Agudelo Gañan, conductor de plataformas de transporte, fue hallado muerto el domingo 28 de julio de 2024 tras ser reportado como desaparecido el día anterior por sus familiares, según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Su cuerpo fue encontrado en la vereda Jalisco, corregimiento San Félix.

Agudelo Gañan, de 26 años, había realizado un trayecto desde el barrio Niquía hacia los miradores de la ciudad el sábado 27 de julio, según notificó a su pareja vía WhatsApp. Luego de esto se perdió todo contacto con él, lo que llevó a sus familiares a informar a las autoridades.

Según testimonios locales, el cadáver presentó un impacto de bala en la cabeza y tenía un tapabocas amarrado a la cara, lo que llevó a la hipótesis de un posible ataque por parte de sus pasajeros. Esta teoría está siendo evaluada por las autoridades en el marco de la investigación que adelantan los peritos judiciales del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación.

El hallazgo del cuerpo ocurrió durante un tenso período de protestas de taxistas contra los servicios de transporte por aplicaciones, lo que ha llevado a las autoridades a considerar si el crimen está relacionado con disputas entre transportadores o si se trata de un asunto personal.

Conductores preocupados en el Valle de Aburrá

En el Valle de Aburrá ha aumentado la preocupación entre los conductores debido a la violencia de bandas delictivas. En abril, las autoridades rescataron a dos conductores secuestrados y hallaron a otro conductor asesinado en la vía Regional, cerca de la estación del metro de Tricentenario. Estos incidentes han suscitado temores de un crecimiento en la inseguridad de la región.

Bandas delictivas, operando de manera organizada, han efectuado robos y secuestros de vehículos de transporte de carga y de pasajeros, según informes locales. Por lo anterior, organizaciones de transportadores han exigido mayor seguridad y políticas públicas que puedan mejorar las condiciones laborales y combatir la delincuencia.

Adicional a esto, los transportadores piden medidas de largo plazo que no solo se limiten a la seguridad policial, sino que también aborden aspectos sociales y laborales para reducir la motivación de los actos delictivos.