El fiscal federal Eduardo Taiano pidió procesar a la ex fiscal en lo Criminal Viviana Fein, por el presunto delito de encubrimiento agravado en la investigación por la muerte de Alberto Nisman.

En un dictamen presentado ante el juez del caso, Julián Ercolini, la fiscalía consideró que la actuación de Fein el fin de semana de la muerte de Nisman en enero de 2015 alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa, al tiempo que sostuvo que su descargo no logró desvirtuar el cuadro probatorio en su contra.

Taiano aludió a un supuesto plan criminal que habría incluído simular un suicidio.

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, dice expresamente el dictamen, según reconstruyeron las fuentes consultadas con acceso al expediente.

En ese momento, Cristina Kirchner era presidenta y en un primer mensaje publicado en redes sociales habló de suicidio. Luego, su mirada cambió y admitió la posibilidad de un crimen. Un dirigente de su máxima confianza, Oscar Parrilli, estaba al frente de la AFI.

En base a una pericia de Gendarmería, en la causa se dio por probado que se trató de un asesinato vinculado a las funciones de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. Días antes de morir, había denunciado a la entonces presidenta y funcionarios de su gobierno por supuesto encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán. Pero el expediente aún está en etapa de investigación.

Nisman fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de la fuerza de seguridad.

La causa por la muerte del titular de la UFI AMIA permanece delegada en la fiscalía de Taiano. Avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

Pero hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo. También fueron imputados por el manejo de la escena del hecho el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y otros ex jefes de fuerzas federales.

La acusación a la ex fiscal

La ex fiscal fue indagada el 24 de febrero último en la investigación por las supuestas irregularidades cometidas cuando se encontró el cuerpo.

El día de su indagatoria, a más de una década de los hechos, Fein se presentó en Comodoro Py, dejó un escrito y respondió todas las preguntas: reclamó el sobreseimiento y advirtió junto a su abogado Lucio Simonetti que se busca justificar el “fracaso” de la investigación para esclarecer qué le pasó a Nisman, culpando a quienes tuvieron a cargo el caso en un primer momento.

El fiscal evaluó que el descargo de Fein no logró desvirtuar las pruebas y que la ex funcionaria incurrió en irregularidades graves durante las primeras horas de la investigación en el departamento de Le Parc, donde fue hallado sin vida el fiscal Nisman.

“Desde un comienzo el plan criminal consistió en postular la muerte violenta del Dr. Natalio Alberto Nisman como un suicidio, para así desviar la atención de la hipótesis homicida”, se agregó.

Y para “ejecutar ese plan resultaba esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon su muerte y es en este marco en el que se desarrolló el procedimiento aludido con Fein como su directora”.

En el escrito, Taiano sostuvo que se la debe procesar por encubrimiento agravado por tratarse de una funcionaria pública que habría cometido el delito en ejercicio de sus funciones. La decisión será del juez Ercolini.

“Quedó demostrado de forma palmaria que a través de su deficiente accionar como directora de la investigación alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa”, reiteró la fiscalía.

Se volvieron a enumerar las fallas que, según la acusación, hubo ese fin de semana en el lugar del hecho: “habría tardado casi una hora y media en arribar al lugar”, “no habría adoptado medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen” y “habría permitido la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados”.

En ese contexto, Fein “habría manipulado y/o permitido la manipulación y alteración de elementos probatorios” y “no habría recopilado ni advertido la existencia de elementos de prueba esenciales”.

Para la fiscalía, no fueron errores. “No nos encontramos frente a simples errores, sino ante acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”, concluyó el dictamen.

El fiscal también subrayó que “el deficiente trabajo provocó la alteración, desaparición y ocultamiento de rastros que hubieran sido determinantes para esclarecer el homicidio”, y que “muchos elementos trascendentales no pudieron ser dilucidados como consecuencia del accionar de la fiscal Fein en los albores de la investigación”.

“No se trató de un procedimiento ‘normal’ y no tomó los recaudos más elementales, lo cual generó pérdidas irreparables de evidencias”, dijo.

En otro tramo de su escrito, preguntó con respecto a la labor de Fein: “¿No le pareció irregular que el Secretario de Seguridad de la Nación, miembro y referente del Poder Ejecutivo Nacional denunciado, estuviera en la escena del hecho aunque él personalmente no había sido denunciado por el Dr. Nisman? ¿Qué hacía allí?“, en alusión a Sergio Berni.

La ex fiscal ya jubilada Viviana Fein pidió postergar su declaración indagatoria acusada por las irregularidades en la preservación de la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman, en enero de 2015.

El trámite estaba previsto para el próximo lunes 15 de diciembre, pero su defensa pidió reprogramarlo con el fin de tener acceso al expediente.

El planteo fue realizado ante el juez federal Julián Ercolini, quien concedió la postergación y la audiencia se reprogramará para mediados de febrero próximo.

La defensa de la fiscal, a cargo del abogado Lucio Simonetti, solicitó la prórroga para tener acceso a las pruebas de la causa, para lo cual se debe coordinar con la fiscalía federal de Eduardo Taiano, donde está delegada la investigación por la muerte de Nisman.

En la fiscalía, de manera paralela, se lleva también la pesquisa por las supuestas irregularidades en la escena del hecho.

La acusación

Fein fue citada a indagatoria a pedido del fiscal Taiano, quien en un dictamen de 205 carillas le adjudicó responsabilidad por graves irregularidades cometidas el 18 de enero de 2015, en las primeras horas que siguieron al hallazgo del cuerpo del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA y que días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

Entre las acusaciones puntuales que se hacen está el tiempo que pasó hasta que la fiscal, principal responsable del operativo, llegó al lugar; la cantidad de personas presentes y las deficiencias en la delimitación de la escena del hecho.

También se aludió a la presencia de personas que no tenían funciones asignadas en la escena, entre ellos funcionarios, personal ajeno a la investigación y agentes de seguridad que circularon sin la vestimenta ni los protocolos requeridos para preservar indicios. Inclusive, la entonces fiscal tampoco utilizó los elementos de protección adecuados para intervenir en una escena de hecho violento.

Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó “la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.

La ex fiscal “no tomó medidas para revertir” la “situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen ni dejó constancia de ello”.

Se destaca como punto central un levantamiento de rastros y huellas deficiente, realizado en pocos sectores y en un horario tardío, alrededor de las 5 de la mañana. El dictamen considera que esta circunstancia, sumada al movimiento interno de personas, produjo una contaminación evidente del lugar.

Conexión con otro departamento

Otra cuestión señalada es que el procedimiento no advirtió desde el inicio que el departamento estaba conectado al semipiso contiguo. Más tarde se detectaron en ese conducto que unía ambas unidades rastros, huellas de pisadas y una huella dactilar. En el departamento vecino vivía el director de la empresa NEC, encargada del sistema de control de accesos de la Casa Rosada. El sábado previo, alrededor de las 17, se había producido un incendio que provocó la pérdida del registro de ingresos y egresos a la Casa de Gobierno, prueba considerada relevante para la denuncia que había hecho Nisman.

En esta parte de la causa también está imputado el juez de instrucción Manuel de Campos, quien estaba de turno esa madrugada, pero el reclamo de indagatoria sólo alcanza a Fein.

Otro imputado es el por entonces viceministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien en un descargo ante Ercolini habló de un “escenario caótico” y atribuyó la responsabilidad a la entonces fiscal.

Pablo Duer

Buenos Aires, 18 ene (EFE).- Diez años después, la muerte en Buenos Aires del fiscal Alberto Nisman está aún lejos de ser esclarecida y continúa envuelta en un empantanado laberinto de acusaciones cruzadas y causas judiciales que no han logrado siquiera formular una hipótesis clara sobre las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo del cuerpo de Nisman sin vida y con un disparo en la cabeza en el baño de su casa desató el 18 de enero de 2015 un terremoto político en Argentina.

No se trataba solo del fiscal que investigaba el mayor atentado en la historia del país -ocurrido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y que causó 85 muertos-, era también el hombre que el día siguiente iba a defender en el Congreso la denuncia por el encubrimiento de dicho ataque que había presentado esa misma semana contra la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015).

Diez años sin respuestas

Desde aquel día, la causa por la muerte de Nisman ha pasado por distintos jueces y fiscales que no han podido formular respuestas contundentes y hasta han recibido informes periciales contradictorios, que llevaron primero a sospechar que se trató de un suicidio y luego a investigar sobre la hipótesis del homicidio.

"Desde el punto de vista de las pruebas, no hay elementos para categóricamente descartar cualquier hipótesis", resume en una entrevista con EFE el abogado Horacio Lutzky, que conoció a Nisman y ha escrito varios libros sobre aquel atentado.

Lutzky considera que la muerte del fiscal quedó "manchada por intereses políticos locales e internacionales" y dejó en evidencia la falta de credibilidad de toda investigación criminal que tenga repercusiones políticas, incluida la del atentado a la AMIA, que tampoco se ha esclarecido aún.

El repudio de la sociedad ante el fallecimiento del fiscal se materializó en una multitudinaria protesta días después en Buenos Aires exigiendo justicia y, según algunos analistas, también en los comicios presidenciales de noviembre de 2015, en los que el candidato oficialista, Daniel Scioli, sufrió una ajustada derrota ante el opositor Mauricio Macri.

Investigación como homicidio

Diez años después, el fallecimiento de Nisman es investigado como un homicidio por la Justicia federal, que analiza en paralelo una serie de irregularidades en la escena tras el hallazgo del cuerpo y que ha procesado a cinco personas: sus cuatro custodios por incumplimiento de sus funciones y un allegado del fiscal como partícipe necesario, por haberle entregado el arma que provocó su muerte.

En un informe publicado la semana pasada, el fiscal a cargo de la causa insistió en la hipótesis del homicidio y en que la muerte de Nisman estuvo motivada por su labor en la investigación del atentado y su denuncia de encubrimiento.

"Yo creo que todos los indicios apuntan a que fue un homicidio y la investigación hoy está señalando a espías vinculados con el kirchnerismo y a un sector de la Inteligencia y del Ejército", explica a EFE el periodista Hernán Cappiello, que estuvo con el fiscal 48 horas antes de su fallecimiento y ha seguido de cerca el avance del caso.

Cappiello destaca la presencia de un virus en el teléfono móvil de Nisman, una serie de llamadas inusuales entre agentes de inteligencia antes del hallazgo del cuerpo y la posible alteración de la escena.

Además, enfatiza que la muerte se produjo en un contexto de fuertes tensiones dentro de los organismos de Inteligencia desencadenados por la decisión de la entonces presidenta de remover la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La denuncia de Nisman contra Cristina Fernández por la firma en 2013 de un acuerdo con Irán -que nunca entró en vigor y que según el fiscal buscaba beneficios comerciales a cambio de encubrir a iraníes sospechados por el atentado- fue desestimada un mes después de su muerte por la Justicia argentina, pero luego reabierta durante el gobierno de Macri, y aún continúa su curso.

"La causa AMIA siempre ha tenido distintas situaciones que han buscado poner el foco en otras cosas y no en la verdad y la justicia", afirma a EFE Diana Wassner, integrante del colectivo de familiares de víctimas Memoria Activa y cuyo esposo murió en el atentado.

Wassner destaca un fallo de junio pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado argentino por no cumplir con su deber de investigar el atentado con la debida diligencia y dentro del plazo razonable, y cuestiona con dureza las pesquisas de Nisman, algo que dice "está a la vista por la falta de resultados".

"No me sorprende que después de 30 años del atentado y de 10 años de la muerte de Nisman no haya novedades, porque es un caso que ha estado empantanado desde el día uno y eso se debe a que ha habido un gran encubrimiento para que no se sepa nunca la verdad", cierra la familiar de una de las víctimas. EFE

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La demorada ley de juicio en ausencia avanzó esta noche en Diputados, cuerpo que comanda Martín Menem, y se convirtió en la tercera victoria del día para el Gobierno, tras la aprobación de la suspensión de las PASO, y los cambios penales sobre reincidencia y reiterancia. El último proyecto de la primera sesión que realizó la Cámara baja, dentro del período extraordinario convocado por la Casa Rosada, fue aprobado con 147 votos a favor, 68 rechazos y nueve abstenciones, con un kirchnerismo que volvió a quebrarse entre las tres opciones.

El nervio central del texto en cuestión incorpora un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal, donde se agrega el ámbito de aplicación del juicio en ausencia. Allí se señala que involucrará “únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo”.

Seguido a ello viene el objeto, que apunta a delitos de lesa humanidad -así se explicó durante el debate- relacionados con el “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículos 6º, 7º, 8º y 8º bis), aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200″; y de “alguno de los instrumentos aplicables conforme el artículo 2º de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada por ley 26.023, sean hechos cometidos en lugares públicos o privados”.

Para la procedencia del juicio en ausencia tendrán que ser validados los supuestos de procedencia contra un imputado -declarado rebelde- si “conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial”.

También, cuando se “hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, con resultado infructuoso”, o al considerar “que se han hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, entre otros casos, si: transcurridos cuatro (4) meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, el imputado no pudo ser hallado”; “el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido, siempre que el Poder Ejecutivo nacional no hubiese admitido el juzgamiento en aquel país conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia, 24.767″.

Otro punto importante del proyecto es la potencial presentación ulterior del imputado, quien tendrá derecho a ser oído. En ese sentido, si “se presentare luego del dictado de la sentencia condenatoria podrá, en un plazo de diez (10) días, solicitar la realización de un nuevo juicio si no hubiere tomado conocimiento del proceso en su contra”; o “si, a pesar de haber tomado conocimiento del proceso en su contra, no hubiere concurrido a la citación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento”.

Asimismo, “toda persona condenada en ausencia podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.

Qué se dijo en el recinto

“¿Esta figura existe en otros países? Claro que sí, y el caso más próximo o el más conocido fue le juicio en ausencia que se le hizo en Francia a Alfredo Astiz, por el crimen de dos monjas francesas ocurridos en la última dictadura. Entonces, durante 20 años, la única imputación y condena no fue de un tribunal argentino, sino de uno extranjero que tenía la imputación y la condena de un juicio en ausencia”, sentenció la diputada del Pro y titular de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Laura Rodríguez Machado.

La legisladora cordobesa direccionó la lupa hacia los atentados terroristas contra la embajada de Israel en la Argentina, en 1992; y contra la AMIA, dos años después. Tampoco olvidó mencionar a los iraníes imputados y el criticado memorándum de entendimiento que impulsó la ex presidenta Cristina Kirchner y que el régimen teocrático, a fin de cuentas, rechazó.

Seguido a Rodríguez Machado, el ex funcionario de Contrainteligencia cristinista Rodolfo Tailhade aseguró que la iniciativa significa “otra derrota de la política”. Luego, pareció estar más enfocado en defender a la ex presidenta y al memorándum con Irán que otra cosa. De hecho, en su afán de continuar con su discurso se pasó varios minutos del tiempo asignado, tras prometer varias veces una pronta finalización.

Tailhade sí recordó el “enorme tiempo que demoran investigaciones penales” que después “tenemos que venir a salvar nosotros, cuando hay leyes específicas que ya regulan esas cuestiones”. Después, agregó que “no existe una defensa real efectiva” en la iniciativa, a la que calificó de “una ficción”, y advirtió que el “Estatuto de Roma no admite el juicio en ausencia, por lo cual tampoco resulta compatible”.

Quien desarmó el discurso de Tailhade fue Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal. “La impunidad es el no castigo, la renuncia a hacer justicia de parte de quienes están obligados a hacer justicia, e impunidad es la invitación a repetirlo. Por eso el compromiso desde el Estado. Esto no afecta al Estatuto de Roma ni la defensa. El deber jurídico del Estado hace ceder a los otros principios”, resaltó.

“Nuestro bloque de la Coalición Cívica tuvo el único dictamen de nulidad del memorándum con Irán porque violaba varios principios constitucionales. Imagínense si no será importante que haya la posibilidad de enjuiciar en ausencia si hoy esas personas están refugiadas en Irán. Hoy están refugiadas por la mera posibilidad o por los meros pedidos de captura. Imagínense si tuviesen condenas. Al menos, sabremos la verdad y al menos esas personas no podrán salir nunca de su país”, expresó el “lilito” Juan Manuel López.

Cerca de la medianoche del jueves y, minutos antes de la votación, macristas y kirchneristas empujaron un ida y vuelta -por suerte, breve- de cuestiones de privilegio por acusaciones más políticas que relacionadas con lo que se discutía. En el medio, la memoria del ex fiscal Alberto Nisman. Su ex esposa, la actual jueza federal Sandra Arroyo Salgado, estuvo presente en el recinto.

El último orador fue el libertario Santiago Santurio, quien denostó al camporismo por dedicarse a presentar dictámenes de rechazo y aseveró: “No estamos tratando delitos comunes, sino graves. No sé si por la ignorancia o malicia para embarrar el debate y que esto no avance. Vaya a saber uno por qué interés. Les gusta hablar mucho de lesa humanidad, pero se ve que ahora no les interesa traer soluciones reales respecto al caso. De lo único que se priva al acusado es de lo que él mismo renunció, la presencia en el juicio que se le hace. Entonces, no se vulnera nada”.

La postura de la exmandataria fue manifestada a través de sus redes sociales, donde compartió un extenso mensaje del senador Oscar Parrilli en el que apuntó contra la Justicia por avalar la versión del crimen y también contra los medios de comunicación por seguir hablando de “su asesinato inventado”, según definió.

El texto del legislador, avalado por la presidenta del PJ Nacional, cuestionó al juez Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, quien días atrás ratificó que Nisman había sido asesinado debido a su trabajo en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA).

“Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para el juez Ercolini y el fiscal Taiano”, dijo Parrilli en su tuit.

Y preguntó: “¿Resulta que a Diego Lagomarsino, dueño y entregador del arma que provocó la muerte del fiscal – cuestión sobre la que no hay controversia porque está absolutamente probado – lo imputan como partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman? ¿Y no estuvo un solo día preso por semejante delito? Y ojo que no estoy pidiendo que lo metan preso, solo estoy señalando lo insostenible de la mentira”.

Horas antes, el legislador de Unión Por La Patria había señalado:“Acá lo que estamos viendo es que fue un suicidio, que se mató y están inventando un supuesto homicidio”.

El 18 de enero de 2015, el cuerpo del fiscal fue hallado en el baño de su departamento en la Torre Le Parc. Presentaba un disparo en la cabeza y, junto a él, se encontraba un arma que había sido entregada horas antes por el técnico informático Diego Lagomarsino.

Todo sucedió horas previas a su presentación en el Congreso para exponer las pruebas con las que acusaba a la entonces presidenta Cristina Kirchner de encubrir a los iraníes sospechados de planear el atentado a la AMIA. Para la Justicia se trató de un asesinato, pero aún no se identificaron a los responsables.

En diálogo con la radio AM 750, Parrilli fue contundente: “Todos los años aparecen sectores del macrismo, Patricia Bullrich, y del Poder Judicial, (Julián) Ercolini y (Eduardo) Taiano, instalando en la prensa que el fiscal fue asesinado, sin presentar ninguna prueba, indicio o elemento que les dé algo de verosimilitud”.

El senador aseguró que se busca “generar una situación ante la opinión pública” para “desprestigiar a Cristina Kirchner” y a quienes fueron parte de su gobierno. “No hay ninguna intención de investigar ni de probar nada. Hace 10 años y no hay ninguna prueba. No tienen ninguna prueba”, sostuvo.

Además, advirtió que la Justicia está “escondiendo” algo porque Lagomarsino, quien fue señalado como partícipe necesario del asesinato, se encuentra libre: “Yo no quiero que lo metan preso, pero evidentemente este juez y estos fiscales están escondiendo algo”.

En esa línea, opinó que la Justicia tiene miedo de que “si lo meten preso a Lagomarsino, que hable y cuente algo más de lo que ha dicho mediáticamente”.

La causa

El 14 de enero de 2015, Nisman había presentado en el juzgado de Ariel Lijo la denuncia contra CFK y el canciller Héctor Timerman por encubrir a los iraníes prófugos del atentado a la AMIA y pedía su indagatoria. En la denuncia también se acusó al piquetero Luis D’Elía, el lobbista iraní Jorge “Yussuf” Khalil, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, el entonces diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque y el ex fiscal y ex juez Héctor Luis Yrimia. La denuncia incluía a un hombre identificado como un agente de inteligencia ligado a La Cámpora: en ese momento solo sabía que se llamaba “Alian”; era Ramón Allan Bogado.

Luego se presentaría en el set de “A dos voces” en TN para brindar detalles de su denuncia: sostuvo que “hubo una alianza” del Gobierno de Cristina Kirchner “con los terroristas” y tenía las pruebas que lo demostraban. Advirtió que estaba preparando una nueva estrategia para forzar la captura de los iraníes a través de un organismo internacional, pero no quiso adelantar la jugada. También reveló que en diciembre la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó le había ofrecido reforzar su custodia porque la iba a necesitar, pero él rechazó la oferta, aunque ahora lo iba a reconsiderar. “Esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están”, agregó.

La noche del 18 de enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en el baño principal de su departamento de Le Parc. Durante horas no contestó el teléfono ni los llamados a su departamento. Recién a las 5 de la tarde, a raíz del pedido de una de las secretarias de Nisman, uno de los custodios subió al piso 13. Era porque el fiscal no había atendido las llamadas. Ni siquiera las de la secretaria Soledad Castro, con la que había acordado verse al mediodía de ese domingo. Los diarios estaban tirados en la puerta de entrada, sin ser tocados. En uno estaba la foto del fiscal en portada. A esa hora activaron los llamados con Sara Garfunkel, la madre del fiscal, que tenía una llave y la clave de acceso. Pero fue un ir y venir constante -acompañada por los custodios que debían haberse quedado en Puerto Madero- hasta que recién a las 22.30 entraron con la ayuda de un cerrajero. Eran ella, su amiga Marta Chagas y el custodio Armando Niz.

Sara prendió las luces de la cocina, se dirigió al living, encendió las luces y se acercó hasta la pieza de sus nietas. Todo estaba apagado y las cortinas estaban corridas. La puerta del dormitorio de su hijo estaba cerrada, la abrió, le pidió a Niz que ingrese y luego éste le dijo que no había nadie. Las sábanas estaban en posición similar a cuando una persona se encuentra durmiendo. El televisor se encendía y apagaba en todo momento, similar a cuando se activa el apagado automático. Sara entró al cuarto y miró hacia el vestidor. La luz del baño estaba encendida. Le pidió al custodio que abra la puerta del baño. Niz la abrió, asomó la cabeza. “Ahí está”, dijo. Ella asomó su cabeza: vio a su hijo tirado en el piso junto a la bañadera y su cabeza media torcida. Un charco de sangre lo rodeaba.

No hay certezas en la causa sobre cuándo ocurrió la muerte: el Cuerpo Médico Forense dijo que fue a la mañana del domingo 18, mientras que la pericia de Gendarmería, que habló de asesinato, la ubicó a las 2.46 de la madrugada. En la causa se sostuvo que la muerte fue en un período que rondó la noche del sábado. Es que hay un dato clave: entre todas las irregularidades que se detectaron en el procedimiento, nunca se tomó la temperatura ambiente, un detalle crucial para poder establecer el horario del deceso.

La justicia estableció que fue asesinado. Eso forma parte de la causa por las irregularidades en el procedimiento: unas 80 personas desfilaron por el departamento cuando se encontró el cadáver.

En la causa están procesados desde fines del 2017 Lagomarsino y los cuatro custodios que debían encargarse de la seguridad de Nisman ese fin de semana: Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz. Los cuatro están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A tres, además, los acusan de haber encubierto el crimen de Nisman. Para los investigadores, está claro que se buscó desde un primer momento instalar la hipótesis de un suicidio.