Un médico que atendió a la familia Ortega Murillo hasta 2018 afirmó que Daniel Ortega atraviesa un deterioro físico avanzado y vinculó su anuncio de cancelar las elecciones con la intención de asegurar la sucesión del régimen antes de que su salud se lo impida.

El doctor Richard Sáenz Coen, ginecólogo exiliado en Estados Unidos que formó parte del equipo médico del Ministerio de Salud asignado a Casa Presidencial, formuló esa lectura en una entrevista con 100% Noticias tras la aparición pública de Daniel Ortega el 19 de julio, durante el acto del 47 aniversario de la Revolución Sandinista.

Qué mostró la aparición del 19 de julio

Ortega tenía 80 años cuando subió al estrado en Managua y pronunció la frase: “Aquí no volverá a haber elecciones”. Lo hizo ante una multitud, pero con señales físicas que Sáenz describió en detalle.

“Ortega aparece caminando de una manera bastante lerda, un Ortega bastante edematizado, totalmente destruido. Incluso se ve hasta con pérdida de peso y un Ortega balbuciente”, afirmó el médico.

Sáenz enumeró los signos observados: marcha lenta, rostro inflamado, adelgazamiento visible y dificultades para hablar con voz quebrada. Según él, esos indicadores reflejan el avance de enfermedades crónicas combinadas con los efectos de la edad.

Fuentes citadas por CNN señalaron que Ortega recibe tratamiento por lupus e insuficiencia renal, aunque el régimen nunca confirmó oficialmente ningún diagnóstico.

La hipótesis sobre el fin de las elecciones

Sáenz indicó que sus conclusiones constituyen una hipótesis personal, no un diagnóstico clínico. Aun así, las sostuvo con firmeza.

“Yo puedo aseverar que a Ortega le quedan muy pocos 19 de julio y cuidado este sea el último”, dijo.

El médico también aseguró que, días antes del acto, Ortega había sufrido una recaída. Explicó que durante años recibió notificaciones automáticas de un sistema médico utilizado por Casa Presidencial, que continuaron llegando incluso después de perder acceso a la plataforma. Aclaró, no obstante, que esas alertas no contenían información clínica detallada y que ya no tiene acceso al sistema.

Para Sáenz, el anuncio sobre las elecciones no fue un gesto ideológico sino una maniobra de supervivencia del régimen. “Ortega ya solo tiene dos opciones: morir en el poder o que lo saque Estados Unidos. La única jugada que tiene es preparar una sucesión dinástica a través de cualquiera de sus hijos o Rosario Murillo”, afirmó.

El papel de Rosario Murillo en el régimen

En febrero de 2025, una reforma constitucional convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta oficial de Nicaragua y extendió el período presidencial de cinco a seis años. Los documentos oficiales de La Gaceta ya llevan la firma de ambos bajo la fórmula “Co-Presidente Daniel Ortega y Co-Presidenta Rosario Murillo”.

Analistas consultados por CNN señalaron que Murillo, de 75 años, ejerce la conducción cotidiana del gobierno. “Daniel, de 80 años, está cada vez menos presente en la vida pública. Rosario es mucho más activa en el día a día del gobierno”, indicó uno de los especialistas citados por ese medio.

El anuncio del 19 de julio canceló de facto los comicios previstos para noviembre de 2027 y, según el análisis de la organización ACLED citado por USA Today, el régimen optó por eliminar por completo la competencia electoral en lugar de seguir organizando procesos controlados.

La ruptura con Italia y la versión de Sáenz

Tres días antes del discurso de Ortega, el 16 de julio, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia. La explicación oficial fue la presión del canciller italiano Antonio Tajani para que Managua extraditara a Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigadas Rojas condenado a seis cadenas perpetuas por su participación en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978. Casimirri reside en Nicaragua desde hace décadas y el gobierno le otorgó la ciudadanía.

Sáenz ofreció una lectura paralela, que ninguna fuente oficial confirmó. Según él, detrás de la ruptura hubo negociaciones fallidas para obtener garantías europeas para miembros de la familia Ortega Murillo. “España le dijo que no... después siguieron las negociaciones con Italia... Ortega no cedió y por eso rompe relaciones con Italia”, afirmó.

El médico sostuvo que el régimen buscaba que integrantes de la familia pudieran establecerse en países donde mantienen vínculos familiares y patrimoniales, pero que esas gestiones no prosperaron. Esa versión, subrayó él mismo, corresponde a su análisis personal.

El régimen de Nicaragua respondió este jueves a la preocupación expresada por Bolivia sobre el futuro de los procesos electorales en el país centroamericano y defendió su derecho a adoptar decisiones sobre su sistema político y jurídico sin injerencias externas.

La reacción se produjo después de que la Cancillería boliviana cuestionara recientes declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien afirmó que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones como las realizadas hasta ahora.

“Ya quisieran ganar ellos (los opositores) ganar elecciones, pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que no intenten atrapar el Gobierno” manifestó el domingo el dictador Ortega, de 80 años, en un mitin del gobierno para celebrar el aniversario número 47 de la revolución del movimiento sandinista.

Sin embargo, un día después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó las declaraciones del presidente al señalar que el país sí celebrará comicios, aunque bajo el nuevo marco constitucional aprobado por el oficialismo. Según Porras, las nuevas normas buscan impedir la injerencia extranjera y la participación de quienes el Gobierno considera “traidores a la patria”.

En medio de la controversia por los dichos de Ortega, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia manifestó su “profunda preocupación” y resaltó su compromiso con la democracia representativa y los principios de la Carta Democrática Interamericana.

El Gobierno boliviano recordó que la realización de elecciones “libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado de derecho” e instó a Managua a respetar los compromisos asumidos dentro del Sistema Interamericano.

En respuesta, a través de un comunicado emitido este jueves, la Cancillería nicaragüense sostuvo que las decisiones políticas, económicas y legales corresponden exclusivamente a cada Estado y aseguró que su país no interviene en los asuntos internos de otras naciones. También expresó su respeto hacia Bolivia y destacó los vínculos históricos entre ambos pueblos.

“Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia”, apuntó la Cancillería nicaragüense.

Ortega, exguerrillero, es presidente de Nicaragua desde hace casi 30 años y después de una serie de protestas que desafiaron su gobierno en 2018, ha tomado medidas autoritarias para mitigar la disidencia y la participación activa de la oposición política.

Organizaciones de derechos humanos acusan a su gobierno de haber manipulado anteriores elecciones, perseguido y asesinado disidentes -entre ellos periodistas, religiosos y opositores-, además de desmantelar la institucionalidad del país.

Aunque pocos analistas creen que las elecciones fueran a ser limpias o generar un cambio en el rumbo político del país mientras Ortega se mantenga en el poder, los comicios están previstos para 2027, un año más tarde de lo prometido luego de que la Asamblea Nacional, que está controlada por Ortega, extendiera el mandato del presidente.

La preocupación expresada por Bolivia en relación a la incertidumbre por el proceso electoral está en línea con la posición asumida por otros gobiernos de la región y organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió sobre el impacto negativo que tendría la suspensión indefinida de las elecciones en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía nicaragüense.

La alianza estratégica entre Nicaragua y Rusia se consolida con nuevos acuerdos en materia de seguridad, defensa, justicia y bioseguridad.

El régimen de Managua considera a Moscú un socio clave para impulsar un orden mundial multipolar y fortalecer su defensa de la soberanía, según declaró Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, canciller nicaragüense, en una entrevista reciente con el medio Sputnik.

Nicaragua y Rusia han firmado en los últimos meses varios protocolos y convenios destinados a ampliar la cooperación en áreas consideradas sensibles por ambas partes. Entre los ejes principales figuran pactos en:

• Seguridad
• Defensa
• Justicia internacional
• Bioseguridad.

El canciller Jaentschke detalló que estos acuerdos refuerzan el carácter estratégico de la relación bilateral y posicionan a Rusia como un aliado confiable para el gobierno que encabeza Daniel Ortega.

“La Federación Rusa es un país amigo en un contexto de un mundo que está cambiando”, afirmó Jaentschke en declaraciones recogidas por Sputnik. El funcionario explicó que el acercamiento responde a una política deliberada de la administración de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, orientada a consolidar alianzas fuera del eje occidental.

Ante esta alianza, el gobierno de Estados Unidos anteriormente expresó preocupación advirtiendo un posible riesgo de crisis energética en Managua si se interrumpen los suministros rusos y venezolanos.

Además, Washington mantiene su distancia sobre la cooperación militar nicaragüense con Moscú y busca limitar la influencia de Rusia y sus aliados en la región. Por su parte, la ONU se ha enfocado en alertar sobre el deterioro del espacio cívico y político en Nicaragua, sin pronunciarse directamente sobre la cooperación militar con Rusia.

Rechazo a la hegemonía occidental

Durante la entrevista, Jaentschke subrayó que la estrategia de su gobierno busca “superar los esquemas de hegemonía” que, según su visión, han sido impuestos por potencias occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El canciller sostuvo que el mundo atraviesa una etapa de transición en la que resulta indispensable “reconocer el multilateralismo” y abrir espacios a nuevas potencias y modelos de desarrollo.

“No aceptamos esa hegemonía unilateral… El nuevo orden internacional reconoce que hay distintas fuerzas, distintos países y distintos modelos en el mundo que deben ser reconocidos”, expresó Jaentschke.

En este contexto, insistió en que la relación con Moscú permite a Nicaragua posicionarse como un actor relevante dentro de la región centroamericana y servir de plataforma para la presencia rusa en el área.

Ante este panorama, el funcionario abogó que el gobierno de Managua aspira a consolidarse como un enlace fundamental para la proyección de Rusia en Centroamérica. Esta ambición se concreta a través del impulso a proyectos conjuntos y la firma de protocolos que abren la puerta a la transferencia de tecnología, capacitación de personal y cooperación judicial.

El canciller nicaragüense destacó que la defensa de la soberanía nacional constituye uno de los ejes centrales de la asociación con Rusia. El gobierno de Ortega considera que el apoyo ruso contribuye a fortalecer su capacidad para enfrentar desafíos externos y rechazar presiones internacionales.

De acuerdo con el reporte de Sputnik, el gobierno nicaragüense prevé que la relación con Moscú continúe profundizándose en los próximos años. Los proyectos en marcha y los acuerdos firmados incluyen la posibilidad de nuevas inversiones, iniciativas conjuntas en materia de salud y tecnología, y una mayor coordinación política en foros internacionales.

“Nuestra colaboración, cercanía y asociación estratégica con la Federación Rusa es muy buena”, enfatizó Jaentschke. El canciller insistió en que la apuesta por el fortalecimiento de la relación bilateral responde a la necesidad de adaptar la política exterior nicaragüense a un mundo en transformación y a los retos que plantea el surgimiento de un nuevo orden internacional.

Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio advirtieron este jueves sobre el riesgo de consolidación de un “régimen sin elecciones” en Nicaragua, tras la propuesta de la dictadura de Daniel Ortega de eliminar los comicios. En una declaración conjunta, Las organizaciones instaron a la comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA y el sistema de Naciones Unidas a no reconocer ni legitimar ninguna medida que suprima el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades, según informó la agencia EFE.

El pronunciamiento, firmado por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco plataformas, se difundió después de que Ortega, en el aniversario 47 de la revolución sandinista, anunciara que “aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. La declaración sostiene que estas palabras no representan solo un gesto político interno, sino Las organizaciones denunciaron la abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y advirtieron sobre la consolidación de un régimen sin controles institucionales en Centroamérica.

De acuerdo con EFE, la coalición opositora dirigió su llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente y a la Secretaría General de la ONU, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores de América Latina. El objetivo es que se activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a lo que consideran una ruptura del orden democrático.

Los firmantes recordaron que la OEA dispone de instrumentos específicos para responder ante crisis de esta naturaleza. “Su aplicación rigurosa es esencial” para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales”, expresaron en el documento difundido a medios y recogido por EFE.

Las medidas que reclama la oposición

El comunicado solicita a los gobiernos democráticos y órganos competentes del sistema interamericano que adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes, en consonancia con la Carta Democrática Interamericana. Exhortan a mantener el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

La declaración advierte que la crisis política nicaragüense trasciende el ámbito interno. “La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional”. Según los opositores, la normalización de una dictadura permanente en Nicaragua tendría consecuencias directas sobre la estabilidad política, la gobernabilidad y la seguridad de todo el continente.

Entre los efectos señalados figuran un incremento del exilio, nuevas olas migratorias y el debilitamiento del compromiso hemisférico con la democracia y el Estado de derecho. “Defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas”, subraya la declaración.

La respuesta del régimen de Ortega

La controversia surgió después de que Ortega propusiera suprimir las elecciones, en medio de acusaciones de fraude que han marcado sus mandatos desde 2007. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, aseguró que sí se celebrarán comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según él, blindaría el proceso ante injerencias extranjeras y “traidores a la patria”.

El documento firmado por las organizaciones opositoras reitera que la crisis nicaragüense constituye un asunto de “legítimo interés hemisférico” y no un problema exclusivamente interno.

Las fuerzas opositoras consideran esencial una respuesta coordinada de la comunidad internacional. “La abolición del derecho al voto en Nicaragua sentaría un precedente para la región”, concluyó la coalición en su declaración, de acuerdo a la información de EFE.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este jueves que, siguiendo instrucciones del presidente Luis Abinader, se decidió llamar a consultas a su embajadora en Nicaragua. Esta medida responde a declaraciones recientes de las autoridades nicaragüenses que, según el ministerio, contradicen los principios democráticos y los compromisos asumidos en el sistema interamericano.

A su vez, la Cancillería dominicana reiteró que, de acuerdo con el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Por su parte, Abinader citó la publicación en X para enfatizar que mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes, todo ello bajo el contexto de la ofensiva diplomática lanzada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras la condena dominicana a la decisión de eliminar los comicios electorales.

“República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes”, reiteró el mandatario Abinader, por medio de redes sociales, quien dejó claro que la posición del país caribeño es invariable ante cualquier intento de justificar la supresión de la vía electoral en la región. El Jefe de Estado dominicano sostuvo que nadie tiene la potestad de arrebatarle a un pueblo la capacidad de expresar su voluntad soberana a través del voto.

La postura de Abinader ocurre después de que el domingo 21 de julio Ortega anunciara que “no volverán a haber elecciones” en territorio nicaragüense, lo que desató una oleada de críticas internacionales y una reacción inmediata de parte del Gobierno dominicano. En un comunicado, las autoridades de República Dominicana consideraron que dichas afirmaciones constituyen una negación absoluta de los principios democráticos básicos y del derecho de la ciudadanía nicaragüense a elegir a sus representantes mediante procesos electorales libres y transparentes.

El gobierno dominicano crítica la posición de Nicaragua

La reacción oficial de Dominicana fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que emitió una condena en los términos más enérgicos a la decisión de Ortega y a sus declaraciones públicas. El comunicado señaló que “una declaración de esta naturaleza constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades”.

De igual manera, el texto advierte que el respeto a los procesos electorales es un compromiso colectivo asumido por los Estados de las Américas y un pilar fundamental del sistema interamericano.

Ante la firme condena dominicana, el régimen de Ortega y Murillo respondió con una nota de prensa en el que atacó a las autoridades de dicho país, calificando su postura de “servidumbres vergonzosas” y recurriendo a referencias históricas para cuestionar la legitimidad de la posición de Santo Domingo.

Brasil, Bolivia, Chile, Panamá y Costa Rica figuran entre los países que han manifestado preocupación y han exigido el respeto al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes.

El anuncio de la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, sobre la supresión de elecciones en el país ha generado una ola de rechazos en América Latina. Diversos gobiernos latinoamericanos han manifestado su preocupación por el futuro democrático de la nación centroamericana y han exigido el respeto al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes. Según reportes de la agencia EFE y otros medios internacionales, las reacciones provienen de países tradicionalmente críticos del régimen y de otros que históricamente han mantenido posiciones más moderadas respecto a la crisis nicaragüense.

El gobierno de Brasil fue uno de los más recientes en pronunciarse. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación ante las declaraciones de Ortega e instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar el derecho de la población a participar en comicios libres y transparentes. “La realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, valor con el que el país mantiene un compromiso profundo”, afirmó la cancillería brasileña en un comunicado difundido por EFE. El mensaje incluyó un llamado directo a que el pueblo nicaragüense conserve el derecho a elegir a sus representantes.

Bolivia también se sumó al rechazo, mediante una nota oficial que manifestó “profunda preocupación” por la iniciativa de eliminar los procesos electorales en Nicaragua. Según la Cancillería boliviana, “el pleno ejercicio de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos constituyen pilares esenciales para fortalecer la institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la estabilidad en la región”. El gobierno boliviano exhortó al régimen de Ortega a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano.

La respuesta de Chile se produjo en términos similares. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno reafirmó que las elecciones libres y periódicas son fundamentales para la democracia representativa, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Además, instó al régimen nicaragüense a garantizar el pleno ejercicio del derecho de su población a elegir a sus gobernantes.

Las condenas de la región

República Dominicana condenó “en los términos más enérgicos” las declaraciones de Ortega. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recordó que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, citando el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.

La Cancillería dominicana calificó de inadmisible que “ningún gobierno” prive a su pueblo de la posibilidad de expresar su voluntad soberana mediante el voto y llamó a las autoridades nicaragüenses a rectificar su postura para garantizar los derechos políticos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

La reacción de Guatemala incluyó un rechazo explícito a la supresión de las elecciones y a la eliminación de la alternancia democrática. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco alertó que “la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho”. Guatemala expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense y exigió el restablecimiento de las garantías democráticas.

Costa Rica también reiteró su “profunda preocupación” por el cierre de espacios cívicos y la restricción de libertades fundamentales en Nicaragua. El gobierno costarricense, que no reconoció el último proceso electoral de 2021 por la falta de garantías, recordó su apoyo constante a elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en el país vecino. El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense subrayó que el cierre de espacios cívicos y la persecución contra voces disidentes constituyen un retroceso democrático.

Panamá adoptó una medida diplomática adicional al llamar a consultas a su embajador en Nicaragua. La Cancillería panameña subrayó que “suprimir un derecho fundamental como es el voto representa un fuerte agravio a principios democráticos” y reiteró su llamado a respetar los derechos civiles y políticos de la población nicaragüense.

La respuesta del régimen nicaragüense

La dictadura, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó a países como Guatemala y Chile de injerencismo y defendió la soberanía de sus decisiones políticas e institucionales. En varios comunicados, la Cancillería nicaragüense afirmó que “las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas”.

En respuesta a las críticas internacionales, Managua adoptó un tono marcadamente confrontativo contra los gobiernos que rechazaron el anuncio de Ortega. Ante el pronunciamiento de Guatemala, la cancillería nicaragüense replicó: “Desde antes de Esquipulas, pasando por Esquipulas, y hasta hoy, el mensaje es el mismo: El respeto al derecho ajeno es la paz”.

La reacción fue similar frente a Chile. El régimen de Ortega calificó de “injerencistas” los comentarios de la Cancillería chilena y consideró que se trataba de una intromisión en procesos políticos, jurídicos e institucionales “soberanos y dignos”. “Sabemos que corresponde el más absoluto respeto a los principios de no injerencia y no intervención, en base a las consideraciones que nos debemos tener los Estados, sobre nuestras propias decisiones”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Frente a la nota oficial de Bolivia, que expresó profunda preocupación por la eliminación de elecciones, la cancillería nicaragüense declaró: “Ratificamos que las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas. Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia”.

Las críticas de organismos y de Estados Unidos

A las críticas latinoamericanas se sumaron también pronunciamientos de organismos internacionales y de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria”.

El Gobierno de Bolivia manifestó este jueves su profunda preocupación por las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en ese país “no volverán a haber elecciones”. La postura boliviana, difundida a través de un comunicado de la Cancillería, se suma a la inquietud internacional por el rumbo institucional nicaragüense tras el anuncio realizado por el mandatario en el aniversario de la revolución sandinista.

Según informó la agencia EFE, el pronunciamiento oficial de Bolivia destaca que las palabras de Ortega sobre la celebración de futuros comicios “ponen en cuestión un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado democrático de derecho en el hemisferio”. El Ministerio de Exteriores boliviano recordó el compromiso del país con la democracia y con los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, subrayando que el ejercicio pleno de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos son fundamentales para consolidar la institucionalidad democrática, proteger los derechos humanos y preservar la paz en la región.

El comunicado exhortó al Gobierno de Nicaragua a “actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano”, con el objetivo de garantizar los derechos políticos y la voluntad del pueblo nicaragüense. Esta posición oficial de Bolivia se produjo luego de que Daniel Ortega, durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la revolución sandinista celebrado el 19 de julio, afirmara que no se celebrarán más elecciones.

“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, dijo en ese momento.

Las palabras del mandatario nicaragüense generaron reacciones inmediatas en organismos internacionales y gobiernos de la región. La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó preocupación por el anuncio y recordó que la celebración de elecciones libres y transparentes es un requisito indispensable para la legitimidad de cualquier gobierno en el continente. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el impacto negativo que tendría la suspensión indefinida de procesos electorales en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía nicaragüense.

El miércoles, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y dirigente del partido sandinista, afirmó que sí se realizarán elecciones en el país, aunque bajo un nuevo marco constitucional. Porras sostuvo que ese marco será diseñado para “blindar” los comicios contra la “injerencia extranjera” y la participación de quienes consideró “traidores a la patria”.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido sobre el deterioro democrático en Nicaragua desde 2018, cuando se desató una ola de protestas que derivó en una represión generalizada. Desde entonces, el gobierno de Ortega ha sido señalado por la concentración de poder, la persecución a opositores y la restricción de libertades fundamentales. En este contexto, la supresión de elecciones libres ha sido interpretada por diversos analistas internacionales como una profundización del autoritarismo.

En el comunicado citado por EFE, la Cancillería de Bolivia reiteró que “la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa”. El texto enfatizó que el respeto a la institucionalidad y los compromisos internacionales es indispensable para la estabilidad y la paz regional.

Varios países del continente, entre ellos Chile, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos, han emitido pronunciamientos condenando las declaraciones de Ortega y demandando el restablecimiento de garantías democráticas en Nicaragua. Las posiciones coinciden en que la interrupción de los procesos electorales vulnera los principios básicos del sistema interamericano y pone en riesgo la convivencia pacífica en la región.

A medida que avanzan las reacciones diplomáticas, la comunidad internacional observa con atención la evolución de la crisis institucional en Nicaragua y la respuesta de las autoridades ante los llamados a preservar la democracia y los derechos ciudadanos. Según EFE, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas adicionales por parte de la OEA ni de otros organismos multilaterales, aunque se mantiene la expectativa sobre posibles acciones en el ámbito regional.

El régimen de Daniel Ortega desató una dura ofensiva diplomática contra el Gobierno de República Dominicana, luego de que las autoridades del país caribeño condenaran en los términos más enérgicos las recientes e inéditas declaraciones del mandatario nicaragüense, quien afirmó públicamente que en su nación “no volverán a haber elecciones”.

A través de un duro comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración de Ortega calificó de «servidumbres vergonzosas» la posición de Santo Domingo, en un nuevo capítulo de fricción diplomática que evidencia el creciente aislamiento internacional que rodea al poder dominado por el sandinismo en Nicaragua.

«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», señaló de manera tajante la Cancillería del régimen nicaragüense.

En la misiva, Managua intentó marcar una distancia entre la población y sus gobernantes, asegurando que «los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad».

Para reforzar su retórica, el régimen de Ortega evocó la figura del «héroe anti-intervencionista dominicano Gregorio Urbano Gilbert», recordando que en el siglo pasado recorrió «caminos de dignidad» junto al líder nicaragüense Augusto C. Sandino.

El detonante: La firme condena de la Cancillería dominicana

El ataque verbal de Managua se produjo como respuesta directa a un pronunciamiento previo de la Cancillería dominicana, que reaccionó con firmeza ante el discurso de Ortega.

Para el Gobierno caribeño, que un jefe de Estado proclame abiertamente el fin de las citas electorales en su país constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

En su postura, República Dominicana recordó el valor del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, subrayando que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

Asimismo, las autoridades dominicanas remarcaron que ningún régimen posee el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni clausurar por decisión unilateral la vía de los comicios para garantizar la alternancia democrática.

Por ello, el Gobierno dominicano emitió un llamado directo a la rectificación, instando a Managua a garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas.

La crisis de fondo: Ortega sepulta las urnas y el Parlamento matiza

El origen de esta fractura diplomática se remonta a la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, el pasado 19 de julio. En medio de un acto oficial, el mandatario Daniel Ortega sentenció: «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder». La frase desató de inmediato las alarmas internacionales.

Tras la ola de críticas internacionales y la firme postura de distintas naciones, los voceros parlamentarios en Managua intentaron matizar los alcances de la frase de Ortega. El titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, sostuvo que sí se celebrarán votaciones, pero únicamente bajo un nuevo marco de reformas constitucionales diseñadas para blindar al Estado de injerencias externas.

Según Porras, «el objetivo de la cúpula oficialista es dejar en rango constitucional que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros», blindando así el control total del poder bajo la sombra del régimen de Daniel Ortega.

Cada año se producen más de 11 millones de toneladas de aguacates o paltas en el mundo, y más del 80% de esa cifra corresponde a una sola variedad. Esa dependencia tiene un talón de Aquiles, y la solución podría estar en las granjas o parcelas de Nicaragua.

Investigadores en arqueobotánica de los Estados Unidos encontraron que los aguacates nativos de las tierras bajas de Nicaragua y Honduras son genéticamente distintos de cualquier variedad comercial conocida.

Además, llevan en su ADN las huellas de una migración humana desde Sudamérica ocurrida hace 5.000 años.

La investigación, que fue publicada en la revista Plants, People, Planet, fue liderada por Kevin Wann, investigador del Museo Nacional de Historia Natural de la Institución Smithsonian y la Universidad de Texas A&M, junto a colegas de la Universidad de Oklahoma y la Universidad Estatal de California en Long Beach.

Cuando todo el mundo come el mismo aguacate

El mismo fruto tiene dos nombres según dónde se lo consuma: en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, España y el Caribe se llama aguacate, palabra que viene del náhuatl ahuacatl, la lengua de los aztecas. En cambio, en la Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Uruguay se llama palta, término que deriva del quechua, la lengua de los incas.

La planta crece de manera natural en la región que va desde México hasta Perú. Los seres humanos lo consumen desde hace más de 10.000 años. Hoy, sin embargo, el mercado global depende casi por completo de una sola de sus variedades: el Hass.

Esa variedad domina los supermercados del planeta porque dura más y viaja mejor que otras variedades. Se reproduce por injerto: se corta una rama de un árbol Hass y se pega en otro para que dé exactamente el mismo fruto, lo que convierte a todos los aguacates comerciales en copias genéticas prácticamente idénticas.

Esa uniformidad tiene un precio alto. Una sola enfermedad o un cambio brusco de temperatura puede arrasar con poblaciones enteras de árboles Hass, porque todos reaccionan igual ante la misma amenaza.

El caso de las bananas es un ejemplo cercano: el hongo Fusarium devastó la variedad Gros Michel a mediados del siglo XX, y hoy la variedad Cavendish —la que se vende en todo el mundo— enfrenta una amenaza similar. El aguacate Hass podría correr la misma suerte.

El grupo de científicos de los Estados Unidos buscó documentar y analizar genéticamente las variedades criollas de aguacate —conocidas también como landraces— que sobreviven en jardines y granjas de Nicaragua, Honduras y el sur de México.

Intentaron conectar ese conocimiento genético con el saber de los propios agricultores para entender mejor la historia y el potencial de esas plantas.

También quisieron rastrear si esas variedades criollas guardan señales de antiguos movimientos humanos a través del continente americano, algo que los genomas de las variedades comerciales no pueden revelar.

El viaje de 5.000 años que nadie había visto

El equipo arrancó desde el campo: recolectó hojas de 50 aguacates nativos en huertos domésticos, granjas y bordes de caminos en Chiapas, Nicaragua y Honduras. Cada hoja era una fuente de ADN, la información genética que define cómo es un ser vivo y lo distingue de otros.

En el laboratorio, leyeron ese ADN y lo compararon con el de más de 200 variedades de aguacate registradas en bases de datos científicas, entre ellas variedades comerciales y poblaciones de Sudamérica.

Para no quedarse solo con los números, también hablaron con agricultores y familias rurales en Nicaragua y Honduras, quienes les explicaron cómo cuidan, nombran y usan sus árboles.

Esa mezcla de genética y conocimiento local fue la clave. Los aguacates de las tierras altas de Chiapas resultaron ser parientes cercanos de las variedades comerciales, lo esperado para una región con larga historia de exportación.

Los de las tierras bajas de Nicaragua y Honduras, en cambio, forman grupos genéticos completamente nuevos, sin registro previo en la ciencia.

Uno de esos grupos, llamado TL-2, es el más revelador. Su ADN indica que comunidades de la costa colombiana viajaron hacia el norte de Centroamérica hace aproximadamente 5.000 años y llevaron consigo sus aguacates.

Al llegar, esos árboles se cruzaron con las variedades nativas locales y dieron lugar a algo que no existía antes.

No fue un hecho aislado. Ese mismo período coincide con la llegada de otros cultivos sudamericanos a Centroamérica, como el cacao y ciertas variedades de maíz, lo que refuerza la idea de un intercambio humano constante entre regiones.

A eso se suma otro hallazgo del trabajo de campo: ninguno de los agricultores entrevistados reportó haber tenido problemas con la pudrición de raíces por Phytophthora, el hongo que más daño causa en los cultivos comerciales de aguacate, lo que apunta a una resistencia natural de estas variedades criollas.

“Hay una amplitud mucho mayor de diversidad del aguacate que la ciencia aún no había documentado”, dijo Wann.“Potencialmente podríamos aprovechar esta diversidad genética para conservar las plantas de aguacate comerciales que son vulnerables a enfermedades”, sugirió.

La investigación no está exenta de limitaciones: la muestra del estudio no alcanza para un conocimiento completo de la biodiversidad del aguacate en el sur de México y Centroamérica.

El análisis genómico de baja cobertura, una técnica que lee el ADN con menos profundidad para abarcar más muestras, tampoco captura toda la variación presente en árboles muy distantes genéticamente del Hass, que fue el genoma de referencia usado.

A partir de los resultados, los científicos propusieron construir mapas genéticos que incluyan tanto variedades comerciales como criollas, e identificar cuáles variedades locales son más útiles para programas de mejoramiento.

Wann advirtió que los altos niveles de diversidad genética de estos árboles los hacen más preparados para enfrentar posibles cambios en el clima o enfermedades, en comparación con las variedades que se venden en cualquier supermercado del mundo.

La vicepresidenta Rosario Murillo criticó a Estados Unidos en su alocución diaria transmitida por medios oficialistas, al sostener que los procesos electorales anteriores en Nicaragua fueron “fraguados, dirigidos, diseñados, orientados por los Estados Unidos”.

En su intervención, apoyó la declaración reciente de Daniel Ortega, quien anunció que en el país “no volverán a haber elecciones”, según informó 100% Noticias.

Esta posición marcó un nuevo episodio de tensión diplomática entre el Régimen nicaragüense y Washington y confirmó la decisión de las autoridades de limitar la posibilidad de comicios competitivos.

Murillo remarcó que el modelo de elecciones del pasado no regresará y que los futuros procesos serán organizados únicamente por entidades controladas por el Estado nicaragüense.

Según sus palabras, “no son elecciones al gusto de las potencias, son elecciones del pueblo nicaragüense donde participan, coordinan las entidades correspondientes de nuestro Estado, para fortalecer nuestra democracia”.

La funcionaria argumentó que este enfoque busca evitar la injerencia extranjera en la organización de elecciones.

Durante su discurso, Murillo citó en varias oportunidades a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, para reforzar la postura oficial. Indicó que, en otras épocas, “personeros imperialistas le decían a la gente: si votan por el Frente Sandinista vamos a continuar la guerra”, señalando que los comicios estaban condicionados por actores internacionales.

También evocó la figura de un exembajador estadounidense, a quien acusó de intervenir en la política nicaragüense, aunque no mencionó nombres ni fechas, y relató que lo vio “repartiendo gallinas y comida con los candidatos de ellos, de su partido, candidatos impuestos a su gusto y antojo”, según consignó 100% Noticias.

Exclusión de opositores y alcance de los comicios

En su mensaje, Murillo se refirió también a los más de 300 nicaragüenses desterrados y despojados de su nacionalidad por el régimen.

Sostuvo que “no tienen qué hacer en un proceso como ese” y agregó que las críticas de ese grupo afectan incluso a familiares que permanecen en Nicaragua.

“De repente empiezan aquellos que no son nicaragüenses a hablar lo mismo, ofendiendo a su propio pueblo porque de ahí vienen; que no son nicaragüenses de nacionalidad ya, es cierto, pero ofenden incluso a sus propios familiares que aquí viven”, expresó.

La postura del Ejecutivo implica que las personas privadas de nacionalidad y expulsadas del país quedan excluidas de cualquier proceso electoral futuro, bajo el argumento de que solo quienes mantienen la ciudadanía pueden participar en la vida política nacional.

Reacciones de Estados Unidos

Las declaraciones de Murillo y la definición oficial sobre el futuro de los comicios en Nicaragua se conocieron después de la reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio señaló que las afirmaciones de Ortega “dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”.

Añadió que Ortega y Murillo “han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes mediante elecciones democráticas, conforme reportó 100% Noticias.

Rubio también instó a la comunidad internacional a actuar de forma conjunta ante el régimen nicaragüense. La interacción entre las declaraciones de ambas partes reflejó la profundidad de la distancia diplomática y política entre Managua y Washington.

El Régimen de Nicaragua mantuvo su posición de organizar los próximos comicios bajo gestión estatal y sin presencia de opositores desterrados ni actores internacionales, reafirmando el esquema de control institucional sobre los futuros procesos electorales.

Un sacerdote nicaragüense que huyó a Costa Rica tras una orden de captura en su contra dijo que vive su ministerio en el exilio con la expectativa de regresar algún día a una Nicaragua libre, en un contexto de persecución contra la Iglesia Católica que, según ACI Prensa, dejó más de 1,030 ataques contra fieles católicos y forzó la expulsión o el exilio de más de un centenar de sacerdotes y cuatro obispos desde 2018.

El religioso, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias contra su familia en Nicaragua, contó al medio que lleva 30 meses fuera de su país. Aunque hoy sirve en una parroquia costarricense, afirmó que la distancia no disipó la nostalgia por la tierra que dejó atrás.

Su salida ocurrió de madrugada a inicios de 2024, después de que las autoridades emitieran una orden de captura en su contra. Se fue sin despedirse de su familia. “Yo salí de Nicaragua sin ver a mi madre, sin decirle: ‘mamá, me voy’. No pude despedirme de nadie; eso duele”.

La persecución se agravó tras las protestas de 2018

El sacerdote situó el comienzo del hostigamiento en 2018, cuando estallaron las protestas sociales contra el gobierno de Daniel Ortega. De acuerdo con un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la represión de esas manifestaciones dejó cientos de muertos y heridos.

En ese período acompañaba pastoralmente a grupos juveniles. Según su relato, rezaba por los jóvenes y también buscaba alimentos y medicinas para universitarios y otras personas que sufrían agresiones durante la represión.

En sus misas empezó a predicar sobre dignidad humana y justicia social. Explicó que pedía respeto y libertad para “un pueblo que clamaba justicia, que reclamaba sus derechos”, y añadió: “Eso molestó, eso enfadó al gobierno”.

Con el paso de los meses, dijo, comenzó a recibir llamadas y mensajes en su número personal. También afirmó que militares armados entraban al templo y grababan las homilías, una vigilancia que, según describió, se volvió constante.

A finales de 2023 abandonó su comunidad y permaneció oculto. “Yo pasé el Año Nuevo huyendo, escondiéndome”. En enero de 2024, cuando se emitió la orden de captura, decidió cruzar la frontera. “Tuve que salir casi a medianoche, buscando cómo salvar mi vida. Huir prácticamente, sin sentido alguno, porque no había hecho ningún crimen”.

En Costa Rica viven cerca de 25 sacerdotes nicaragüenses exiliados

El caso, según la publicación, forma parte de una salida más amplia de religiosos nicaragüenses. El sacerdote Gustavo Meneses, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, indicó a ACI Prensa que en la actualidad viven en Costa Rica alrededor de 25 sacerdotes nicaragüenses.

Meneses sostuvo que no representan una carga para la Iglesia local, sino “un don de Dios entre nosotros”, porque han ayudado a cubrir necesidades dentro de las diócesis costarricenses, en especial en las que tienen menos sacerdotes.

El secretario explicó que recientemente se realizó un encuentro privado entre estos religiosos. Señaló que fue “una oportunidad para que ellos se encontraran, para que se conocieran. Porque ellos mismos se van dando cuenta de quién son los que están aquí”.

Según Meneses, muchos comparten el dolor de haber dejado a sus familias. Dijo que, por encima de todo, les pesa haber tenido que abandonar su misión pastoral en Nicaragua.

Por esa razón, consideró que uno de los principales desafíos para la Iglesia Católica en Costa Rica es ofrecerles acompañamiento humano y psicológico para atender las secuelas del exilio. También pidió a las autoridades acelerar los trámites de protección internacional para evitar que quienes escaparon de la persecución queden durante largos períodos en un “limbo jurídico” que los exponga a la deportación.

El sacerdote exiliado contó que al cruzar la frontera “las lágrimas salían” y que, más de dos años después de aquel episodio, todavía siente “la nostalgia de un pueblo que ama”. Aun así, dijo haber reconstruido su vida gracias al apoyo de los obispos y sacerdotes costarricenses, que le dieron albergue y estabilidad para retomar el ministerio.

“Volví a nacer en esta tierra que me acoge”, afirmó. Añadió que mantiene la convicción de que “Jesús está conmigo y María Santísima, mi Madre amada y bella, no me desampara”.

Su esperanza sigue puesta en el regreso. “Tengo la esperanza de que Nicaragua será libre”, dijo. Cada día, agregó, pide a Dios que “libere a Nicaragua de ese régimen cruel, indolente, asesino” y que le conceda “la gracia de volver a mi tierra linda, de poder ver a mi mamá”.

Al referirse a quienes migran, Meneses resumió la posición de la Iglesia costarricense con una frase que, según el medio, dirigió a cualquier país de acogida: “El migrante no viene a demandar, el migrante viene a ofrecer, el migrante no es un problema, el migrante es una promesa de esperanza”.

La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha profundizado su control político y plantea ahora la posibilidad de eliminar las elecciones en el país. Su propuesta, anunciada durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, marca un nuevo punto de inflexión en la historia política nicaragüense. Ortega, exguerrillero y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, argumenta que los comicios solo sirven para que la oposición busque recuperar el poder, por lo que aboga por suprimirlos de manera definitiva.

El anuncio se produce tras casi dos décadas en las que Ortega ha neutralizado a la oposición, modificado la Constitución para permitir la reelección indefinida y concentrado el poder en su círculo más cercano, incluida su esposa Rosario Murillo, actual “copresidenta”.

Diversos organismos internacionales y críticos internos señalan que el régimen ha recurrido a la persecución de adversarios, la eliminación de partidos rivales y el control de todas las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder, en un proceso que culmina ahora con la propuesta de abolir cualquier competencia electoral.

A continuación, se presentan las claves para entender el origen y las motivaciones detrás de la iniciativa de Ortega para abolir las elecciones en Nicaragua, según una recopilación de la agencia de noticias EFE:

Consolidación del poder desde 2007

Daniel Ortega regresó al poder en 2007 tras un acuerdo político con el expresidente Arnoldo Alemán, que permitió modificar la Constitución y reducir al 35% el mínimo necesario para ganar unas elecciones presidenciales. Ortega se impuso en los comicios de ese año con el 38% de los votos, beneficiándose de la fragmentación de la oposición.

Modificación constitucional para la reelección indefinida

En 2009, la Sala Constitucional, dominada por magistrados afines al sandinismo, declaró “inaplicable” el artículo que impedía la reelección indefinida presidencial continua y limitaba a dos los mandatos. Esta decisión habilitó a Ortega a presentarse de manera indefinida, lo que consolidó su permanencia en el poder.

Eliminación de la competencia política y control institucional

En 2011, fue reelegido con el 62% de los votos, en medio de denuncias de irregularidades y cuestionamientos a la legalidad de su candidatura.

Desde 2016, Ortega ha endurecido su control sobre el proceso electoral. Ese año, se impidió la participación del principal partido opositor y se vetó la presencia de observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter, organismos que habían criticado la transparencia de los comicios anteriores.

Persecución y encarcelamiento de opositores

Ortega resultó reelegido junto a su esposa, Rosario Murillo, sin competencia. En 2021, Ortega fue reelegido nuevamente, esta vez con el 75% de los votos, tras la detención de siete aspirantes presidenciales de la oposición bajo cargos de “traición a la patria”. La OEA declaró que esas elecciones no fueron libres, justas ni transparentes, y carecían de legitimidad democrática.

Concentración total del poder

Ortega controla Nicaragua con su esposa como copresidenta desde febrero de 2025, tras una nueva reforma constitucional. La eliminación de partidos opositores, el control de los poderes Judicial, Electoral y Legislativo, y la persecución de disidentes le han permitido mantener el poder sin alternancia democrática.

Propuesta de abolir las elecciones

En el aniversario de la revolución sandinista, el pasado 19 de julio de 2026, Ortega anunció que no habrá más elecciones para evitar que la oposición intente recuperar el poder por la vía electoral. La iniciativa busca eliminar la posibilidad de alternancia y perpetuar a la familia Ortega-Murillo en el gobierno, replicando esquemas de control político observados en otros regímenes autoritarios de la región.

Opositores y analistas consideran que Ortega pretende consolidar una dinastía política y evitar el riesgo de perder el control del país. Según testimonios recogidos, la prioridad del sandinismo es mantener el poder a cualquier costo, como expresaba el excomandante Tomás Borge en vida.

Una Asamblea obediente que aprueba todo al régimen

La Asamblea Nacional de Nicaragua comenzó este martes a preparar reformas a la Constitución y otras leyes por orden de Ortega, con el objetivo declarado de impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones, una decisión que abrió de inmediato un nuevo frente de rechazo internacional y elevó la presión diplomática sobre Managua.

El plan legislativo incluye sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral, organismo afín al Ejecutivo, para definir los pasos constitucionales, legales y formales que, según informó la propia Asamblea, servirán para “garantizar las bases jurídicas” de los cambios.

Los diputados y las “organizaciones correspondientes” tienen la orden de preparar “las leyes para que le pongan un muro, un bloque” a los que quieran competir en elecciones.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más advirtió que la decisión de acabar con las elecciones en Nicaragua constituye avance hacia una dinastía en el poder y la supresión definitiva de toda vía pacífica para la alternancia política. La organización, desde el exilio, alertó este miércoles que el anuncio, realizado el 19 de julio por el propio Daniel Ortega, implica que la familia Ortega-Murillo busca perpetuarse en el control del país, cerrando la puerta a cualquier mecanismo democrático y sometiendo a la ciudadanía a un régimen de sucesión hereditaria.

Según el comunicado difundido por el colectivo, Ortega expresó que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para aprobar leyes que levanten “un muro” contra quienes considera opositores. El colectivo afirma que este proceso, que ya avanza en la Asamblea Nacional, consolida la abolición del Estado de Derecho y evidencia la intención irreversible de perpetuarse en el poder mediante el miedo y la persecución. “Una familia pretende decidir quién puede gobernar, durante cuánto tiempo y quién heredará el poder, pues esta eliminación abre la puerta a una sucesión dinástica discrecional y fuera de cualquier control”, advierte el texto.

Para el colectivo, la abolición de las elecciones no solo deja sin efecto el derecho al voto, sino que elimina toda posibilidad de exigir cuentas, denunciar corrupción o reclamar justicia por crímenes de lesa humanidad. La organización destaca que si bien en Nicaragua no existen elecciones libres desde 2011, el régimen mantenía la ficción de comicios bajo su control, excluyendo candidaturas, persiguiendo opositores y adjudicándose resultados sin garantías. Ahora, la supresión es abierta y total.

Denuncian consolidación de un régimen de partido único y sucesión familiar en Nicaragua

El comunicado recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencias condenatorias contra Nicaragua por vulneración de derechos políticos y violencia en contextos electorales. Entre los antecedentes destacan el caso YATAMA vs. Nicaragua de 2005, por la exclusión arbitraria de candidaturas indígenas, y el caso Gadea Mantilla vs. Nicaragua, donde la Corte señaló que las elecciones de 2011 carecieron de integridad, imparcialidad y equidad, habilitando la reelección de Ortega por vía judicial.

El colectivo sostiene que la reforma constitucional aprobada en 2024 y ratificada en 2025 estableció un sistema de partido único, subordinando todos los poderes a la copresidencia de Rosario Murillo junto a Ortega, sin contrapesos ni independencia institucional. La organización afirma que “aunque Nicaragua conserva formalmente un texto denominado Constitución, este ha dejado de cumplir su función esencial”, pues la norma se utiliza para dar apariencia de legalidad a los crímenes del régimen y a la transformación del Estado en una dictadura dinástica.

La supresión definitiva de elecciones persigue dos objetivos, según el comunicado: perpetuar la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos y allanar el camino para la sucesión familiar. El texto denuncia que la copresidencia “ya convirtió el poder estatal en un espacio compartido por el matrimonio Ortega-Murillo” y que la eliminación de elecciones permitirá que la continuidad del régimen y la designación de futuros gobernantes se decidan dentro de la familia, sin participación popular.

El colectivo enfatiza que estas decisiones tienen como consecuencia profundizan el miedo, la censura y la separación de familias, obligan al exilio a miles de personas y dejan a las víctimas sin instituciones ante las que reclamar justicia. Además, aumentan el riesgo de detenciones arbitrarias, desapariciones, destierros, privaciones de nacionalidad y actos de represión transnacional.

El avance hacia un régimen familiar y de partido único no afecta solo a Nicaragua, sino que amenaza la estabilidad democrática de Centroamérica y crea un precedente regional donde una dictadura puede eliminar elecciones y asegurar su permanencia sin consecuencias internacionales proporcionales.

Para el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la soberanía no pertenece a una familia ni a quienes controlan las instituciones y las armas, sino exclusivamente al pueblo nicaragüense, al que hoy pretenden despojarle definitivamente el derecho a decidir y a volver a su país.

República Dominicana condenó este 22 de julio de 2026 el anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la supresión de la vía electoral en ese país. El Gobierno dominicano rechazó la afirmación de que “no volverán a haber elecciones” y pidió a las autoridades nicaragüenses que rectifiquen su postura.

La Cancillería dominicana señaló, a través de un comunicado difundido este miércoles, que esas declaraciones representan un desconocimiento de los principios de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.

El comunicado sostuvo que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, en una cita del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.

El planteo del Gobierno dominicano

El gobierno de República Dominicana afirmó que son inadmisibles las decisiones que privan a un pueblo de expresar su voluntad soberana mediante el voto y rechazó el cierre de la vía electoral como mecanismo de alternancia en el poder.

También exhortó a las autoridades de Nicaragua a rectificar su postura y a garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluido su derecho a participar en elecciones auténticas.

La referencia a principios democráticos

En su pronunciamiento, la Cancillería también mencionó la celebración de elecciones basadas en el sufragio universal y secreto, el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el acceso al poder bajo los principios del Estado de derecho.

El Gobierno dominicano reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, y recordó que esos principios son compromisos colectivos asumidos por los Estados de las Américas.

No es el primer país en pronunciarse

Costa Rica a través de un comunicado expuso que “siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua”, al tiempo que reiteró su preocupación por “el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes”.

En su pronunciamiento, San José también recordó que Costa Rica no reconoció el proceso electoral celebrado en Nicaragua en 2021, al considerar que no existían las condiciones ni las garantías necesarias para que la elección pudiera calificarse como libre y democrática.

La reacción de Managua no tardó y llegó mediante un escrito oficial titulado “Soberanía en mi tierra se escribe con letras grandes”, en el que rechazó las declaraciones de la Cancillería costarricense y defendió el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Como cierre del pronunciamiento, el régimen cita la frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, insistiendo en que la relación entre ambos países debe sustentarse en el respeto a la soberanía y la no injerencia.

El pasado domingo, el dictador nicaragüense aprovechó la concentración por el aniversario de la revolución sandinista para anunciar que en el país no volverán a haber elecciones para evitar que la oposición acceda al poder político, porque según él, buscan lucrarse de las políticas sociales de la nación.

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició este miércoles sesiones conjuntas con el Consejo Supremo Electoral para traducir en legislación la declaración de Daniel Ortega de que el país no volverá a celebrar elecciones en las que pueda competir la oposición. El jefe del Legislativo, Gustavo Porras, confirmó que las reformas se someterán a votación “en la primera semana de agosto”, con el objetivo explícito de no dejar “ningún resquicio” para la participación de partidos adversarios al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El anuncio de Porras formalizó en términos legislativos lo que Ortega había anticipado el domingo 19 de julio durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe de Managua. Ante miles de simpatizantes, el dictador afirmó que aprobará leyes que les pongan “un muro, un bloque a los golpistas”, de modo que no puedan alcanzar el poder “por mucha plata que les den los yanquis”. La frase fue el punto de partida de un proceso legislativo que, según Porras, culminará antes de que concluya el mes de agosto.

El presidente de la Asamblea Nacional describió el objetivo de las reformas con una retórica que elimina cualquier ambigüedad sobre su alcance: los legisladores y la autoridad electoral trabajarán juntos para definir los “elementos” que impidan lo que calificó como “la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos”. Con esa expresión, Porras se refirió a los partidos opositores y a sus vínculos con Washington, en consonancia con el discurso oficial sandinista que encuadra toda disidencia interna como una operación de injerencia extranjera.

Las declaraciones se producen en un contexto de concentración de poder sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua. En enero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional profunda que eliminó la independencia de poderes, creó la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo, esposa de Ortega, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y redefinió al Estado como “revolucionario y socialista”. Esa reforma, criticada por la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y Estados Unidos, también extendió el período en ejercicio de Ortega y Murillo hasta enero de 2028 y trasladó las elecciones generales, que originalmente debían celebrarse en noviembre de 2026, a noviembre de 2027.

La trayectoria de Ortega hacia la eliminación de toda competencia política real se remonta al menos a 2018, cuando la dictadura reprimió las protestas que dejaron más de 300 muertos según organismos internacionales. Desde entonces, el régimen clausuró más de 5.600 organizaciones civiles, canceló partidos políticos, cerró medios de comunicación independientes y despojó de la nacionalidad a más de 450 opositores, entre ellos figuras como Juan Sebastián Chamorro. El Grupo de Expertos de la ONU concluyó en 2026 que el objetivo sistemático de esas acciones es impedir cualquier reemplazo del gobierno por vías institucionales.

El contenido concreto de las reformas aún no ha sido detallado públicamente. Lo único confirmado es la intención declarada de excluir a la oposición del sistema electoral, sin que Ortega ni Porras hayan precisado los mecanismos técnicos ni constitucionales que lo harían posible. Una fuente parlamentaria consultada por el diario La Prensa señaló que el régimen estudia una reforma más amplia que aboliría la Asamblea Nacional en su formato actual para reemplazarla por asambleas populares de aproximadamente 1.500 diputados que se reunirían una vez al año, en un esquema denominado “Pueblo Presidente”. De implementarse, Nicaragua adoptaría un modelo de representación más cercano al cubano que al de cualquier democracia occidental.

La respuesta internacional fue inmediata. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria” y sostuvo que el mandatario y Murillo “abandonaron incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular”. Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua, mientras Costa Rica reiteró su “profunda preocupación” por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución de voces disidentes. La oposición nicaragüense en el exilio demandó a la comunidad internacional que “actúe ya” y no permita que el régimen siga operando “con total impunidad”.

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, aunque ya había ocupado la presidencia entre 1979 y 1990. La reforma constitucional de febrero de 2025 no solo consolidó su permanencia en el poder sino que diseñó una arquitectura institucional orientada a garantizar la continuidad del proyecto sandinista más allá de su propia vida. A sus 80 años, y con Murillo como copresidenta, el mandatario ha convertido lo que durante dos décadas fue una erosión progresiva de las instituciones democráticas en una supresión explícita y formal de la alternancia política.

En una muestra categórica de la ruta autoritaria trazada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció un paquete de reformas constitucionales y legislativas diseñado para abolir de forma definitiva las elecciones en Nicaragua.

El operador político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) confirmó que el oficialismo someterá las modificaciones a votación en la primera semana de agosto, enmarcando esta liquidación del sistema democrático como la consolidación de un modelo de control estatal absoluto bajo la retórica de la soberanía popular.

Durante su intervención, Porras ratificó que el engranaje legislativo responde estrictamente a la visión trazada por la jefatura del Ejecutivo para impedir cualquier opción de alternancia política. Al referirse a las recientes declaraciones de Daniel Ortega, el presidente parlamentario fue tajante sobre el fin del sufragio competitivo en el país.

El titular del Parlamento justificó la eliminación de las garantías electorales argumentando que los conceptos democráticos convencionales han sido utilizados de forma instrumental por sectores adversarios para desestabilizar la nación.

«Han utilizado la palabra democracia para realmente destruir la democracia del pueblo. Por eso se trata de la defensa de la democracia del pueblo nicaragüense. Es la democracia nuestra», aseveró el funcionario, ratificando el viraje definitivo hacia un esquema unipartidista subordinado a la pareja presidencial.

Blindaje legislativo y reuniones para “no dejar ni un resquicio”

Para concretar la reforma, la Asamblea Nacional puso en marcha una estrategia exprés orientada a cerrar cualquier margen de maniobra legal a la disidencia. Porras detalló la activación de coordinaciones institucionales directas entre la Junta Directiva del Parlamento y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) para estructurar el nuevo marco normativo del Estado:

El cronograma trazado por la cúpula sandinista establece que la propuesta redactada será introducida formalmente en el plenario en los próximos días para iniciar un proceso de «consulta» relámpago.

Sin embargo, esta fase estará restringida a instituciones bajo la tutela directa del Ejecutivo, tales como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y las centrales sindicales orteguistas.

«Una vez que tengamos esto listo, vamos a preparar, a organizar esto en forma de leyes, en forma de transformación legislativa (...) y nos proponemos que en la primera semana de agosto estar sometiendo a votación en la Asamblea Nacional las reformas», concluyó Porras, asegurando que todo el proceso se realizará en apego a la carta magna actual.

Con esta acelerada maniobra política, el régimen busca institucionalizar la aniquilación del sistema electoral bajo la premisa de implantar elecciones «al estilo nicaragüense».

Sin embargo, este discurso ignora deliberadamente que el andamiaje normativo se impone sobre una realidad donde la oposición política ya ha sido neutralizada por la vía de hecho.

Ante este atropello, tanto el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, como diversos organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado con dureza, advirtiendo sobre la gravedad de consumar la abolición de la democracia representativa.

Durante los últimos años, la cúpula de poder orquestó el desmantelamiento de cualquier disidencia: los principales líderes de partidos independientes, defensores de derechos humanos y precandidatos presidenciales fueron despojados de la nacionalidad, inhabilitados de sus derechos políticos y forzados al exilio.

La aprobación programada para la primera semana de agosto en primera legislatura no representa un debate democrático, sino la formalización de un modelo de poder único.

Al subordinar el aparato legislativo y electoral a la jefatura del Ejecutivo, la dictadura cierra de forma definitiva la vía institucional para el ejercicio de comicios libres, transparentes y competitivos en Nicaragua.

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua instó este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad internacional a frenar el avance de la iniciativa impulsada por la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, para eliminar la competencia política y consolidar la permanencia de su familia en el poder.

El grupo, formado por activistas exiliados en su mayoría, advirtió que la propuesta representaría “una decisión dictatorial en proceso de materialización”, según informó la agencia española EFE.

La advertencia del colectivo surge tras una declaración pública de Ortega, quien durante un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista afirmó: “No volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

El mandatario, de 80 años y en el poder desde 2007, habló ante miles de simpatizantes en Managua y consolidó la postura oficialista de cerrar las vías democráticas para la alternancia política. EFE informó que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, ya expresó su respaldo a la iniciativa presidencial.

En una carta abierta, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con sede en Costa Rica, pidió a los Estados democráticos “no esperar a que esa iniciativa quede formalizada para reaccionar”, y los urgió a desconocer cualquier reforma que elimine los comicios o perpetúe la permanencia de la familia Ortega-Murillo.

El documento, citado por EFE, señala que “si el régimen materializa la abolición de las elecciones y convierte en ley la permanencia indefinida de la familia Ortega-Murillo, los Estados democráticos deberán proceder al desconocimiento pleno de su legitimidad, revisar integralmente sus relaciones diplomáticas y negar reconocimiento a las autoridades y estructuras surgidas de ese nuevo orden antidemocrático”.

El colectivo exhortó a la comunidad internacional a adoptar sanciones individuales y medidas diplomáticas contra quienes impulsen la eliminación de las elecciones y nuevas disposiciones represivas, y evitar medidas económicas generales que puedan afectar a la población nicaragüense.

Entre las demandas del grupo figura la exigencia de que se deroguen todas las leyes represivas implementadas por el régimen, así como la promoción de acciones urgentes en el seno de la ONU y otros organismos multilaterales.

La reacción de la ONU

EFE recogió también declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien criticó la postura del gobierno de Ortega y solicitó la reapertura del espacio cívico y la restauración del Estado de derecho en Nicaragua.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, afirmó Türk, lamentando que el régimen reprima de manera sistemática la expresión independiente de ideas y opiniones.

La situación descrita por el colectivo y las declaraciones del alto funcionario de la ONU reflejan la preocupación internacional por el posible establecimiento de un sistema político dinástico y la supresión total de la participación ciudadana en los procesos electorales de Nicaragua. El documento del colectivo alerta que la propuesta oficialista permitiría una sucesión familiar discrecional sin controles ni contrapesos institucionales.

Las reacciones internacionales se producen mientras el régimen nicaragüense mantiene firmes las restricciones a la libertad política y de expresión, y mientras decenas de miles de ciudadanos permanecen en el exilio, según consignó EFE.

Guatemala rechazó este 22 de julio de 2026 las declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua y advirtió que esa decisión niega la alternancia en el poder, restringe los derechos políticos y profundiza el deterioro democrático en un país gobernado por el mandatario desde 2007.

El pronunciamiento fue difundido en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco. Allí, el Gobierno sostuvo que la supresión de los procesos electorales elimina cualquier posibilidad de relevo en el poder y debilita el Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político.

El Gobierno de Guatemala fijó su posición en un comunicado de la Cancillería, después de que Daniel Ortega Saavedra afirmara en los últimos días que no volverán a celebrarse elecciones en Nicaragua.

Para las autoridades guatemaltecas, esa postura implica una negación directa de la alternancia en el poder y del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

Guatemala afirmó que la suspensión de elecciones viola compromisos internacionales

De acuerdo con el comunicado, las declaraciones de Ortega contradicen instrumentos internacionales asumidos por Nicaragua: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esos marcos establecen el derecho a elegir y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, libres y justas, bajo sufragio universal y secreto.

La Cancillería guatemalteca resumió su objeción en una frase textual: “La supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político”.

La respuesta de Guatemala se inscribe en una preocupación más amplia por el retroceso democrático en Nicaragua. El documento remarca que el anuncio del presidente nicaragüense no solo afecta la competencia electoral, sino también el funcionamiento básico de una sociedad democrática.

Ortega gobierna desde 2007 y las elecciones de 2021 ya habían sido cuestionadas

Daniel Ortega ocupa la presidencia de Nicaragua desde 2007. En ese período, el texto fuente describe la consolidación de un poder centralizado, con control sobre instituciones estatales, el sistema judicial y los órganos electorales.

Las elecciones generales de noviembre de 2021 ya habían recibido críticas internacionales, porque varios opositores fueron detenidos o inhabilitados y observadores extranjeros denunciaron irregularidades. Desde esos comicios, el margen de acción de la oposición se redujo de forma drástica y organizaciones de derechos humanos reportaron restricciones a la libertad de expresión y de prensa.

Organismos como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas manifestaron en los últimos años su preocupación por el deterioro de la democracia y de los derechos fundamentales en el país. El reciente anuncio de Ortega, según el comunicado guatemalteco, refuerza ese patrón al suprimir de manera explícita la celebración de elecciones periódicas y libres.

La posición oficial de Guatemala coincide con reclamos de otros gobiernos y organismos que condenan los intentos de permanencia indefinida en el poder, así como los obstáculos a la participación política. El texto añade que la crisis nicaragüense ya produjo tensiones diplomáticas y sanciones individuales de parte de la Unión Europea y Estados Unidos contra funcionarios del país.

En la parte final de su pronunciamiento, la Cancillería reiteró: “Guatemala expresa su solidaridad con el pueblo nicaragüense y hace un llamado al pleno respeto a las libertades de expresión, de asociación y de participación política, elementos indispensables para garantizar una sociedad democrática que ejerza el derecho a celebrar elecciones periódicas, libres y justas”.

El grupo de ciudadanos nicaragüenses que llegó este miércoles a Madrid es el cuarto traslado del año dentro del Programa Nacional de Reasentamiento de 2026, un dato que revela el ritmo sostenido de una operación que, en cuatro años, ya acumuló 3.600 personas acogidas.

De acuerdo a una nota de la agencia EFE, los 41 nicaragüenses aterrizaron en el aeropuerto de Barajas, España procedentes de Costa Rica, el país que concentra el mayor éxodo contemporáneo de Centroamérica.

Para finales de octubre de 2025, más de 207,000 personas tenían protección internacional en ese territorio y aproximadamente el 85% eran nicaragüenses, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El operativo y la selección previa

El traslado no fue improvisado. La Secretaría de Estado de Migraciones realizó en abril una misión de selección en Costa Rica junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Asilo y Refugio, a partir de expedientes que ACNUR había remitido previamente a España.

En la recepción en Barajas participaron 13 organismos: la Guardia Civil, la Policía de Fronteras (Cefront), AENA, Cruz Roja y la propia Oficina de Asilo y Refugio, entre otros.

El objetivo declarado de la derivación al sistema de acogida fue “fomentar la integración a través de un itinerario de preparación para la autonomía”.

Qué es el Programa Nacional de Reasentamiento

El Programa Nacional de Reasentamiento es el mecanismo por el que España recibe cada año a personas refugiadas seleccionadas en terceros países, con un techo de 1,200 plazas anuales para 2026.

Estas personas ya cuentan con protección internacional reconocida antes de viajar, lo que las distingue de quienes solicitan asilo a su llegada.

En los últimos cuatro años, el programa trasladó a 3,600 personas en total. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela y citada por EFE, afirmó que el programa “reafirma la voluntad de seguir fortaleciendo los mecanismos de reasentamiento como una vía sólida de protección internacional de las personas refugiadas, promoviendo su integración en condiciones de igualdad y dignidad”.

El éxodo nicaragüense: una crisis desde 2018

Los datos de 2025 ilustran el peso de Nicaragua en el sistema español: de los 817 refugiados reasentados ese año, el 52% eran nicaragüenses y el 44,5%, sirios.

La crisis tiene una fecha de origen clara. Desde las protestas de abril de 2018 y la represión que siguió, más de 838,000 nicaragüenses abandonaron el país, lo que equivale al 11.8% de su población, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Costa Rica absorbió la mayor parte de ese flujo y hoy enfrenta un sistema de asilo desbordado: a comienzos de 2026, más de 318,000 personas aguardaban una resolución a sus solicitudes de refugio.

Los recortes de financiación internacional agravaron la situación. En 2025, ACNUR advirtió que una reducción del 41% en sus fondos para Costa Rica había contraído en un 77% su capacidad para registrar nuevos solicitantes, con lo que el acceso a documentación, atención sanitaria y educación quedó comprometido para decenas de miles de personas.

El magisterio nicaragüense perdió 1,686 plazas en apenas seis meses. Es el sector más golpeado por la purga silenciosa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica sobre el Estado, y que entre noviembre y mayo eliminó un total de 3,207 empleos públicos, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) publicadas por La Prensa de Nicaragua.

La planilla del Gobierno central pasó de 109,390 trabajadores en noviembre a 106,183 en mayo, el quinto mes del año. Solo en ese último mes, 369 servidores públicos perdieron su trabajo.

La orden viene de la Presidencia

La decisión de recortar el Estado no surgió de los ministerios: la tomaron directamente Ortega y Murillo. Desde agosto de 2024, la pareja que controla el régimen asumió el manejo directo de las plazas estatales.

El entonces titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Bruno Gallardo —quien fue removido del cargo posteriormente—, formalizó la medida con una circular: “No se pueden crear nuevas plazas que no cumplan con los procedimientos anteriores”. A partir del 7 de agosto de 2024, toda contratación requiere aprobación personal de Ortega.

El sector salud y la administración, también afectados

Después del magisterio, el área de salud acumuló la mayor pérdida: 850 trabajadores en el período, con una planilla que bajó de 21,249 a 20,399. Los servicios administrativos registraron 316 bajas, al pasar de 14,092 a 13,776 empleados.

Los cargos de dirección perdieron 29 plazas, mientras que el área técnico-científica registró apenas 43 salidas en seis meses y fue la única que obtuvo autorización del régimen para abrir nuevas posiciones: 12 contrataciones en mayo respecto a abril.

El área de producción presentó un comportamiento distinto: aunque se reportaron 53 despidos en el período, la planilla creció de 897 a 950 personas.

El FMI, detrás de los números

La “compactación estatal” anunciada en 2024 no fue solo una decisión política interna. El Fondo Monetario Internacional (FMI) la respaldó en su reporte Artículo IV de 2023, donde recomendó reducir los gastos corrientes —principalmente salarios, bienes y servicios— entre medio y tres cuartos de punto porcentual del PIB, equivalente a unos USD 300 millones.

El régimen también modificó las reglas de liquidación para reducir el costo de los despidos. En 2023 elevó a más de 20 años consecutivos la antigüedad mínima para que un empleado público reciba cinco salarios al renunciar, lo que dejó a la mayoría de los despedidos sin ese beneficio.

La caída acumulada desde 2021 es de 7,451 personas: ese año la planilla estatal alcanzó su máximo histórico de 113,634 trabajadores. El descenso ha sido sostenido y, según los datos del BCN recogidos por La Prensa, no muestra señales de detenerse.

El origen: el plan de “compactación” estatal

El punto de partida de la crisis de empleo público en Nicaragua es el 2 de agosto de 2024, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un plan de “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños” del aparato estatal, justificado oficialmente como una medida para “promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.

Cinco días después, el 7 de agosto de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) congeló todas las plazas vacantes y suspendió las nuevas contrataciones en todos los poderes del Estado.

Desde ese momento, cualquier nueva contratación requiere autorización directa de la Presidencia de la República

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.

Ortega, un ex guerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, anunció el domingo que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único.

Hasta este anuncio grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión de Estados Unidos y otros países lograse una transición o comicios libres.

“Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho”, señaló el Alto Comisionado, que denunció que el poder se concentre cada vez más en el país latinoamericano.

“Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho. Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos“, dijo Türk.

El Alto Comisionado también dijo estar preocupado por “las alegaciones sobre la represión contra la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien fue detenido el 29 de junio”.

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murillo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.

Türk pidió al régimen que libere “de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente” y que garantice “que todos aquellos privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad”.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, señaló el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, lamentando que la expresión independiente de ideas y opiniones sea reprimida en Nicaragua “de forma sistemática”.

El domingo, el presidente de Nicaragua cerró explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al declarar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

“Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, indicó en un discurso durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista.

Türk no sólo criticó estas declaraciones sino también otros hechos que en su opinión “acentúan las restricciones a las libertades fundamentales”, como la reciente revocación de credenciales de abogados “sin fundamento jurídico ni explicación oficial alguna”.

También recordó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente en el país centroamericano por motivos políticos, y la creciente represión a la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas.

En este sentido, el alto comisionado recordó la falta de información de las autoridades sobre el paradero del obispo Abelardo Mata, de 80 años, desde su detención el 29 de junio.

El camino de Tatiana Guzmán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa uno de los hitos más impactantes e inspiradores para el deporte latinoamericano.

En una reveladora entrevista exclusiva concedida al medio Extra Cancha Nicaragua, la colegiada compartió las profundas emociones, los desafíos dentro de la cabina de videoarbitraje y el inmenso orgullo de representar a su país en el escenario futbolístico más exigente del planeta, demostrando que la disciplina y el talento pinolero no tienen fronteras.

Durante la conversación con el medio nicaragüense, Tatiana dejó ver el impacto emocional que significó romper barreras y llevar la bandera de su nación hasta el centro de la élite arbitral mundial:

“Bueno, la verdad creo que es indescriptible el orgullo de ser reconocida para esto, porque es de un trabajo, un proceso de cuatro años para poder llegar... no me alcanza en el pecho describir lo emocionante que fue ver el nombre del país ahí representado.”

El trabajo técnico en el centro de operaciones del VAR requiere un nivel de concentración absoluto. Analizar jugadas decisivas en cuestión de segundos, bajo la lupa de más de cincuenta cámaras de alta definición y con la atención de millones de espectadores, impone una carga psicológica monumental.

En un entorno predominantemente masculino, Guzmán asumió su rol con total temple, solvencia y un liderazgo natural que se ganó la admiración inmediata de sus instructores y compañeros de la FIFA:

“No lo veo como una barrera, sino como un poder... El ser mujer, cuando decía algo, todos escuchaban. Creo de que al tener la capacidad de hacerlo tan bien como ellos, causaba aún más respeto.”

14 Participaciones en la cúpula del arbitraje mundial y la final Histórica entre España y Argentina

El desempeño de la nicaragüense a lo largo de la Copa Mundial trascendió lo puramente simbólico para convertirse en un registro estadístico asombroso. Con un total de 14 asignaciones oficiales , desglosadas entre roles de VAR principal, asistente de soporte de video (SVAR) y árbitra de reserva, la nicaragüense logró posicionarse dentro del top 5 de oficiales con mayor volumen de trabajo en todo el torneo internacional.

Su precisión técnica y su capacidad para mantener la cabeza fría en momentos de máxima presión quedaron demostradas en partidos de alta exigencia, como el choque de eliminación directa entre Alemania y Paraguay.

En dicho encuentro, lideró con aplomo la revisión que anuló una anotación decisiva en tiempo extra por un bloqueo antireglamentario, decisión que fue ratificada y elogiada por la comisión técnica de la FIFA.

Esta trayectoria impecable alcanzó su cima en el duelo definitivo por el título mundial entre las selecciones de España y Argentina. Al ser designada para formar parte del cuerpo arbitral en la gran final, Guzmán hizo historia al transformarse en la primera mujer nicaragüense y en la primera representante centroamericana en decir presente en la definición de una Copa del Mundo masculina.

Detrás de este logro extraordinario existieron duros sacrificios personales, extenuantes jornadas de preparación teórica y largos períodos de separación familiar. Sin embargo, en sus declaraciones para Extra Cancha Nicaragua, la colegiada dejó claro que el esfuerzo valió la pena al sentir el respaldo masivo de toda una nación:

Acompañada en esta histórica cita por su compatriota Henry Pupiro, Tatiana Guzmán concluyó la entrevista afirmando que esta experiencia le cambió la vida. Lejos de conformarse con la gloria alcanzada, la jueza nicaragüense mantiene los pies sobre la tierra y fija desde ya sus objetivos en el próximo Mundial Femenino en Brasil y en el ciclo hacia el torneo de 2030, dejando un legado imborrable de superación, orgullo patrio y excelencia deportiva.

La percepción de periodistas nicaragüenses sobre la libertad de expresión en su país es categórica: la describen como “extinta”, “aniquilada” y bajo una “represión absoluta”. Esta apreciación se sostiene en un contexto de supresión sistemática de derechos fundamentales, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha convertido a Nicaragua en el caso más extremo de cierre del espacio cívico y mediático en Centroamérica.

El informe del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), elaborado por la Universidad de Costa Rica y la Fundación Heinrich Böll, documenta cómo el periodismo independiente en Nicaragua ha sido prácticamente anulado dentro del territorio nacional. La represión se manifiesta en diversas formas: confiscación de medios de comunicación, persecución judicial y exilio forzado de periodistas. La información crítica sobre la realidad se produce hoy casi exclusivamente desde el extranjero, lo que da cuenta de la magnitud de las restricciones impuestas.

Las estrategias del régimen para silenciar voces incómodas incluyen la aprobación y aplicación de marcos legales restrictivos, como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos. Estas normativas permiten a la dictadura estrangular financieramente a organizaciones críticas, interrumpir la cooperación internacional y asfixiar administrativamente a los medios independientes. En la práctica, esto implica impuestos del 30% sobre fondos provenientes del extranjero y la prohibición de actividades consideradas como amenazas al orden público, sin una definición clara de su alcance. El objetivo final es forzar el cierre, la reubicación o el exilio de actores de la sociedad civil y del periodismo.

Periodistas nicaragüenses enfrentan criminalización, exilio y represión

La criminalización del ejercicio periodístico se ha consolidado como política del régimen. Periodistas son señalados públicamente por la copresidencia como “golpistas”, “traidores de la patria” y “mercenarios”, y existen listados oficiales que identifican a medios independientes como desestabilizadores nacionales. Testimonios recogidos en el informe afirman: “Se ha criminalizado la profesión, se persigue y se aprisiona, se ha satanizado ser periodista”. Esto ha generado un ambiente de temor y autocensura, donde la supervivencia profesional depende de evitar temas sensibles o abandonar el país.

El exilio masivo es una de las consecuencias más visibles de esta política. Diversas organizaciones internacionales estiman que entre 280 y 300 periodistas han abandonado Nicaragua para proteger su vida y libertad, aunque el número real podría ser mayor debido al temor a represalias y la precariedad migratoria.

El exilio, que antes se consideraba un refugio seguro, ha dejado de serlo: se han documentado casos de vigilancia, hostigamiento y amenazas contra periodistas nicaragüenses en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Panamá. El asesinato de Roberto Samcam, exmilitar sandinista crítico del régimen, mientras se encontraba exiliado en Costa Rica, es un ejemplo de cómo la represión ha adquirido un carácter transnacional.

El Ejército ha presentado listados de medios a los que califica como estructuras de desestabilización nacional, y se utilizan campañas permanentes de desprestigio contra la prensa independiente, tanto desde espacios oficiales como en redes sociales. La hostilidad se materializa también en amenazas personales, robo o confiscación de equipos, despidos y presiones editoriales, que fuerzan a los periodistas a optar por el exilio o la autocensura.

La crisis financiera de los medios independientes se ha visto agravada por el recorte de la cooperación internacional. El informe señala que el cierre de entre 10 y 15 medios, especialmente locales, se explica por la falta de financiamiento externo y la persecución política. Medios como Divergentes operan hoy con estructuras reducidas y dispersas, recurriendo al voluntariado y a modelos de membresía voluntaria para sobrevivir. Muchos periodistas han abandonado la profesión debido a la incertidumbre laboral y al entorno asfixiante.

El debilitamiento de los contrapesos institucionales y la ausencia de mecanismos independientes de supervisión han permitido que el régimen de Ortega y Murillo consolide este contexto sin perspectivas de reversión a corto plazo. La situación ha sido advertida por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Comité para la Protección de los Periodistas, que destacan la gravedad del desmantelamiento sistemático del periodismo independiente en Nicaragua.

Finalmente, la percepción de los propios periodistas nicaragüenses resume el escenario actual: “represión absoluta”, “aniquilamiento” de la libertad de expresión y una profesión que se ejerce, en su mayoría, desde el exilio, bajo riesgo y con recursos mínimos. La información crítica sobre Nicaragua persiste gracias a la labor de quienes continúan informando desde fuera del país o en la clandestinidad, enfrentando amenazas, precariedad e inseguridad jurídica.

La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, escribió François de la Rochefoucauld, moralista francés. Esto es especialmente cierto en política. Los autócratas suelen organizar elecciones ostentosas. Estas pueden ser fraudulentas, como en Rusia o Irán, pero permiten a los gobernantes afirmar que gobiernan por consentimiento popular, lo que les confiere una apariencia de legitimidad tanto a nivel nacional como internacional.

Por lo tanto, es sumamente inusual que el líder de un país que celebra elecciones diga: ¡Basta ya! Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, el 19 de julio. "Aquí no habrá más elecciones", anunció, mientras la atención mundial estaba centrada en la final del Mundial de Fútbol. Se quejó de que los partidos de oposición querían utilizar las elecciones «para tomar el poder», que, en efecto, es el objetivo de las elecciones.

Nicaragua no es un país grande, pero este punto de inflexión retórico es importante. A nivel mundial, la democracia ha estado en retroceso durante aproximadamente dos décadas. El peor deterioro se ha producido en lugares que eran libres o parcialmente libres y que gradualmente se han vuelto menos libres, a medida que líderes sedientos de poder han presionado a los medios de comunicación, socavado los tribunales y perseguido a la oposición. Según Freedom House, una organización de vigilancia, Nicaragua es el segundo país que más ha retrocedido en los últimos 20 años, después de Malí. El Sr. Ortega fue elegido democráticamente en 2006, pero luego se dedicó a desmantelar todas las instituciones que podían desafiarlo. Encarceló a sus rivales. Obligó a los medios de comunicación a elogiar la pésima poesía de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Aproximadamente una décima parte de la población huyó.

Hasta ahora, sin embargo, el señor Ortega ha permitido elecciones, aunque fraudulentas. En esto se ha comportado como otros aspirantes a autócratas, que manipulan las elecciones en lugar de cancelarlas. Incluso los líderes golpistas suelen decir que celebrarán elecciones “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Ahora Ortega se ha quitado la máscara, afirma Félix Maradiaga, excandidato presidencial al que se le retiró la ciudadanía y fue deportado, dejando claro lo que sus compañeros se habían visto obligados a ocultar: que no se someterán a la voluntad del pueblo. Presumiblemente, lo ha hecho con la esperanza de que esto no provoque una respuesta contundente de Estados Unidos, país que en su día se preocupó por la democracia en su propio territorio. Si Nicaragua se convierte formalmente en un Estado de partido único y no sufre consecuencias diplomáticas, como parece probable, otros países podrían seguir su ejemplo.

Además, Nicaragua pone de manifiesto dos problemas que probablemente se agravarán con el declive global de la democracia. Primero, los líderes que no pueden ser destituidos envejecerán en el cargo. El Sr. Ortega tiene 80 años. Quizás su deterioro mental haya contribuido a su última declaración polémica. Segundo, está la sucesión. La transferencia pacífica del poder es complicada en una dictadura. El Sr. Ortega quiere que su impopular esposa asuma el poder cuando él muera, y luego su igualmente odioso hijo.

Esta es una combinación tóxica. Los gobernantes vitalicios de edad avanzada rara vez mejoran con el paso de las décadas, y las dinastías impuestas a ciudadanos reacios rara vez son una fórmula para un buen gobierno. Basta con preguntarle al pueblo de Uganda, donde el hijo del dictador de 81 años y jefe del ejército ha amenazado con castrar al principal líder de la oposición. O, dependiendo de dónde vivas, quizás puedas pensar en un ejemplo más cercano.

La diferencia entre amañar elecciones y abolirlas puede parecer trivial, pero no lo es. Mientras los gobernantes finjan respetar las normas democráticas, los disidentes pueden intentar exigirles que cumplan con sus propios estándares declarados y avergonzarlos cuando no lo hagan. Y mientras se celebren elecciones, existe la posibilidad de que el líder autoritario cometa un error de cálculo y pierda. A veces, la voluntad popular prevalece a pesar de las condiciones desiguales, como descubrió Viktor Orbán en Hungría este año, y como lo descubrió el Sr. Ortega cuando unas elecciones libres pusieron fin a su primer mandato en 1990. Por lo tanto, el mundo debería preocuparse por el precedente que se está sentando en Managua. Incluso en las autocracias, los demócratas deberían seguir insistiendo en el más básico de los derechos: elegir a sus propios gobernantes.

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La ruptura de relaciones diplomáticas entre Nicaragua e Italia ha reabierto una historia de impunidad y memoria silenciada. Según el exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin O’Reilly, el conflicto no solo responde a un desacuerdo entre gobiernos, sino que revive el dolor de las víctimas de las Brigadas Rojas y muestra la protección en el país centroamericano bajo el régimen de Daniel Ortega.

Según O’Reilly, la disputa se desató luego de que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, señalara durante un acto en Madrid: “Italia no comparte nada con la visión de gobiernos extremistas como el de Nicaragua, un país que todavía brinda protección a peligrosos terroristas como Alessio Casimirri”.

Para el exdiplomático, esta frase sintetiza el conflicto y traduce el reclamo de un país que busca justicia por crímenes de terrorismo aún impunes. Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigate Rosse (Brigadas Rojas), fue condenado en Italia por su participación en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro y por el homicidio de funcionarios judiciales como Girolamo Tartaglione.

O’Reilly subraya que la protección que Nicaragua extiende a Casimirri no solo es una afrenta diplomática, sino un reclamo vigente en la sociedad italiana y para las familias de las víctimas. “Casimirri participó en la muerte de muchos, no solo de Moro, y todas sus vidas tenían valor”, escribe el analista.

El análisis del estadounidense recuerda que Girolamo Tartaglione, abogado napolitano y director de asuntos penales del Ministerio de Justicia, fue asesinado en Roma en 1978. Rechazó escolta policial porque no quería que víctimas inocentes cargaran con las consecuencias de la violencia política. Casimirri lo ejecutó en el vestíbulo de su edificio.

Para O’Reilly, Tartaglione no fue solo un nombre en una crónica policial: “era más que una víctima, más que un titular macabro, un mensaje político o un cadáver ilustre dejado para conmocionar a la opinión pública italiana”.

Cómo Nicaragua protegió a Casimirri

La columna de O’Reilly reseña que el régimen de Daniel Ortega se niega desde hace décadas a extraditar a Casimirri. Cuando Italia pidió la extradición a fines de los años 80, el régimen nicaragüense le otorgó la ciudadanía para blindarlo frente a cualquier intento de repatriación.

El exencargado de Negocios en Managua resalta que Nicaragua califica a Casimirri como refugiado político, pero la justicia italiana lo condenó “en ausencia” a seis cadenas perpetuas por varios asesinatos y atentados.

La reacción oficial de Managua calificó de “injustificadas, agresivas e irresponsables” las palabras del canciller Tajani. Según el análisis, la ruptura de relaciones fue anunciada como defensa de la soberanía y la dignidad nacional, una respuesta habitual del gobierno sandinista cada vez que recibe cuestionamientos por su política de protección a acusados de delitos graves, mientras intensifica la represión contra la disidencia interna.

La impunidad como política del régimen

O’Reilly advierte que la protección a Casimirri, de 74 años, se inscribe en un patrón de impunidad. El régimen de Ortega y Murillo, afirma, reprime a sus opositores pero protege a quienes considera aliados políticos.

“Las víctimas, empezando por Tartaglione, sin vida en el vestíbulo de un ascensor, eran personas reales, con esperanzas, sueños, amigos y familias, y deberíamos recordarlas y no ver esto simplemente como una disputa diplomática”, concluye el autor.

La dictadora Rosario Murillo confirmó este martes que el Parlamento de Nicaragua celebrará sesiones especiales con distintos organismos para asegurar “los pasos constitucionales, legales y formales” de las reformas que realizarán para consolidar el poder absoluto. Según su descripción, esos cambios apuntan a consolidar “bases jurídicas para la institucionalidad y para los mecanismos de elección de autoridades en el plano nacional y local”.

Ese fue el núcleo de su anuncio: la apertura de un proceso de trabajo entre la Asamblea Nacional y otras instancias estatales, en cumplimiento de “orientaciones presidenciales”, luego que Daniel Ortega anunciara el domingo que ya no realizarán elecciones en Nicaragua. En su exposición no precisó plazos, contenido puntual de las reformas ni qué organismos participarán en esas reuniones.

Murillo encuadró esa decisión dentro de una narrativa política más amplia. Afirmó que el “gobierno del pueblo presidente” debe ordenarse de acuerdo con las urgencias y con el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza, y agregó que el sistema de Estado y gobierno se propone reorganizarse para asegurar estabilidad en visión, operatividad y continuidad.

Murillo dijo que la Asamblea fue convocada para cumplir “mandatos” recibidos desde 1979 y afirmó que las decisiones sobre la soberanía nacional competen solo a los nicaragüenses. En esa línea, presentó el trabajo legislativo como parte de una reorganización del Estado y del gobierno que, según su exposición, busca garantizar continuidad, operatividad y respuesta a urgencias materiales, culturales y espirituales de la población.

El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena afirmó que el régimen de Nicaragua busca eliminar cualquier espacio de disputa que ponga en riesgo su poder. Según Barberena, esta postura refleja miedo y una intención de asegurar la sucesión, incluso mediante un sistema cuasi monárquico. El anuncio oficial de revisar todo el sistema electoral, incluyendo las elecciones en todos los niveles, anticipa cambios profundos que, según el jurista, podrían acercarse al modelo cubano, aunque con matices presidencialistas.

La dictadora también defendió este martes el régimen y en su discurso calificó como “lenguas infames” a quienes cuestionan al Gobierno y aseguró que el país vive “grandes tiempos y tiempos de victoria” bajo el actual régimen.

Murillo se refirió abiertamente a los opositores y exiliados como personas que “alguna vez fueron nicaragüenses y por supuesto que ya no son”, en una intervención difundida por medios estatales. Destacó que, según su visión, Nicaragua atraviesa una etapa de logros y consolidación de su modelo, mencionando que “amanecimos, amanecemos y vamos adelante, construyendo el porvenir”.

En su mensaje, la dictadora insistió en que “los insultos llegan desde el vacío”, en alusión a las críticas provenientes de sectores disidentes y de exiliados políticos.

“A palabras necias y sobre todo a esos rostros discordantes, esos rostros de quienes alguna vez fueron nicaragüenses y por supuesto que ya no son”, recalcó la dictadora, reafirmando la narrativa oficial que descalifica a quienes se oponen al régimen.

De acuerdo con la transmisión oficial del mensaje por medios sandinistas, Murillo subrayó que el Ejecutivo no se detendrá ante cuestionamientos y que mantendrá su hoja de ruta. “Oídos sordos. Y por supuesto, que continuar caminando. Porque como sabemos, si los perros ladran es porque caminamos”, afirmó, utilizando una frase que suele emplearse en el discurso político nicaragüense para desacreditar las críticas de entidades internacionales y reforzar la idea de avance pese a la oposición.

Murillo mencionó en el mensaje que la Asamblea Nacional comenzará a reunirse con organismos del Estado para preparar un plan de trabajo orientado a reformas que, según dijo, deben asegurar la continuidad institucional, la estabilidad y los procesos de elección de autoridades nacionales y locales. En el mismo mensaje, presentado como una defensa de la soberanía del país y del modelo de gobierno vigente, vinculó esa iniciativa con la preservación de la paz, la seguridad y las políticas contra la pobreza.

La intervención combinó la descalificación de voces críticas con una defensa de la necesidad de “resguardar” la estabilidad interna en un escenario internacional que describió como marcado por guerras, incertidumbre e inestabilidad. Bajo ese argumento, sostuvo que las reformas en estudio deberán dar sustento jurídico a las prácticas políticas y a los procesos electorales del país.

“La hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud”, escribió el moralista francés François de la Rochefoucauld. Esto es especialmente cierto en la política. Los autócratas suelen montar un gran espectáculo en torno a la celebración de elecciones. Estas pueden ser una farsa, como ocurre en Rusia o Irán, pero les permiten a los gobernantes afirmar que dirigen bajo el consentimiento popular, lo que les otorga una apariencia de legitimidad tanto a nivel nacional como internacional.

Por eso resulta sumamente inusual que el líder de un país que celebra comicios diga: “no más”. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, el 19 de julio. “Aquí no volverá a haber elecciones”, anunció, mientras la atención del mundo estaba puesta en la final del Mundial de fútbol. Se quejó de que los partidos de la oposición querían utilizar los comicios “para tomar el poder”, lo cual es, de hecho, el objetivo mismo de unas elecciones.

Nicaragua no es un país grande, pero haber cruzado este Rubicón retórico tiene un peso importante. A nivel mundial, la democracia lleva unas dos décadas en retroceso. El mayor deterioro se ha dado en lugares que antes eran libres, o parcialmente libres, y que gradualmente han dejado de serlo a medida que líderes sedientos de poder han asfixiado a los medios de comunicación, cooptado la justicia y perseguido a la oposición. Según el organismo de control Freedom House, Nicaragua es el segundo país que más ha retrocedido en los últimos 20 años, solo por detrás de Malí. Ortega fue elegido democráticamente en 2006, pero luego se dedicó a desmantelar toda institución que pudiera desafiarlo. Encarceló a sus rivales. Obligó a la prensa a elogiar la espantosa poesía de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Aproximadamente una décima parte de la población huyó del país.

Hasta ahora, sin embargo, Ortega había permitido las elecciones, aunque fueran una farsa. En este sentido, se había comportado como otros aspirantes a autócratas, que prefieren amañar los comicios antes que eliminarlos por completo. Incluso los líderes de los golpes de Estado suelen prometer que llamarán a las urnas “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Ahora, Ortega “se ha quitado la careta”, sostiene Félix Maradiaga, ex candidato presidencial al que le quitaron la nacionalidad y deportaron, haciendo explícito lo que sus pares hasta ahora se habían sentido obligados a ocultar: que no se someterán a la voluntad popular. Es de suponer que lo hizo bajo la premisa de que esto no provocará una respuesta contundente por parte de Estados Unidos, un país al que alguna vez le importó la democracia en su patio trasero. Si Nicaragua se convierte formalmente en un Estado de partido único y no sufre consecuencias diplomáticas, como parece probable, otros países podrían seguir su ejemplo.

Además, el caso de Nicaragua pone de relieve dos problemas que el declive mundial de la democracia probablemente agravará. En primer lugar, los líderes inamovibles envejecerán en el cargo. Ortega tiene 80 años. Tal vez el deterioro mental haya contribuido a su último exabrupto. En segundo lugar, está el tema de la sucesión. El traspaso pacífico del poder es algo complejo dentro de una dictadura. Ortega pretende que su impopular esposa asuma el mando cuando él muera, seguida por su igualmente despreciable hijo.

Se trata de una combinación tóxica. Los gobernantes vitalicios que envejecen en el poder rara vez mejoran con el paso de las décadas, y las dinastías impuestas a ciudadanos que no las desean casi nunca son la receta para un buen gobierno. Basta con preguntarle al pueblo de Uganda, donde el hijo y jefe del ejército del caudillo de 81 años ha amenazado con castrar al principal líder de la oposición. O bien, dependiendo de dónde viva el lector, es posible que pueda pensar en un ejemplo más cercano a casa.

La diferencia entre amañar elecciones y abolirlas puede parecer trivial, pero no lo es. Mientras los gobernantes mantengan las apariencias con las normas democráticas, los disidentes pueden intentar exigirles que cumplan con sus propios estándares declarados y exponerlos cuando no dan la talla. Además, mientras se celebren comicios, existe la posibilidad de que el autócrata calcule mal y pierda. A veces, la voluntad popular prevalece a pesar de tener la cancha inclinada, como descubrió Viktor Orban en Hungría este año, y como el propio Ortega experimentó cuando unas elecciones libres pusieron fin a su primer mandato en 1990. Por lo tanto, el mundo debería preocuparse por el precedente que se está marcando en Managua. Incluso en las autocracias, los demócratas deben seguir insistiendo en el más básico de los derechos: el de elegir a sus propios gobernantes.

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El Gobierno de Panamá anunció este martes el llamado a consultas de su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, tras rechazar las declaraciones de Daniel Ortega sobre la eliminación de futuras elecciones en ese país centroamericano. La medida, comunicada oficialmente por la Cancillería de Panamá, implica una reducción en el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países, según fuentes consultadas por la agencia de noticias EFE.

En un comunicado difundido en la capital panameña, la Cancillería señaló: “Suprimir un derecho fundamental como es el voto representa un fuerte agravio a los principios democráticos”. El texto oficial precisó que, como respuesta a lo que considera este hecho, el Gobierno panameño decidió convocar a su representante diplomático en Managua.

Esta acción diplomática, de acuerdo con la información recabada por EFE, constituye la retirada formal del embajador y supone un mensaje de desaprobación hacia el ejecutivo sandinista.

Las tensiones se intensificaron después de que Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, afirmara durante el 47° aniversario de la revolución sandinista que en el país “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones fueron recogidas por EFE y han provocado reacciones internacionales.

Cancillería de Panamá señaló: “el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad”. El comunicado reafirmó el compromiso del ejecutivo panameño con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos. “El respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia”, puntualizó la nota oficial.

Panamá exhortó a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos civiles y políticos, a preservar la vía electoral y a garantizar condiciones que permitan la participación de todas las voces en la vida pública. Esta postura se suma a la reacción de otros gobiernos de la región y de Estados Unidos, que han expresado preocupación por el rumbo democrático en Nicaragua.

Reacciones en la región y Estados Unidos

El Gobierno de Costa Rica también manifestó el lunes preocupación por el cierre de espacios cívicos en Nicaragua. Esta declaración provocó la respuesta del ejecutivo sandinista, que calificó la postura costarricense como “atrevida”. De acuerdo con EFE, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Ortega de mostrar su “verdadera naturaleza autoritaria”.

El trasfondo político en Nicaragua

La situación política en Nicaragua ha sido objeto de atención internacional desde hace varios años. Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien fue vicepresidenta desde 2017 y designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional, han sido señalados por organismos y gobiernos extranjeros de restringir la participación política y de cometer fraudes electorales. La administración sandinista se ha mantenido en el poder eliminando a la oposición y modificando la legislación para impedir la competencia electoral.

Qué cambia con la reforma electoral

Según datos recogidos por EFE, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Una enmienda constitucional amplió el período presidencial, de modo que las próximas elecciones están programadas para noviembre de 2027.

Las reformas legales han generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de países de la región, que consideran estas medidas un retroceso en la institucionalidad democrática.

La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes, a través de un comunicado, que está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales emitidas por Daniel Ortega.

El Parlamento, controlado en su totalidad por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), anunció que realizará sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para definir los pasos constitucionales, legales y formales que sustentarán las reformas anunciadas por el mandatario.

Ortega hizo estas declaraciones el pasado domingo 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe, en Managua, tras 61 días sin apariciones públicas.

“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos, la oposición, atrapar el gobierno, atrapar el poder”, afirmó el mandatario ante miles de simpatizantes. Agregó que trabajará junto a la Asamblea Nacional para aprobar leyes que impidan cualquier posibilidad de que la oposición en el exilio regrese al poder por la vía electoral.

“Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las obligaciones correspondientes, a hacer las leyes para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, para que por mucha plata que les den los yanquis”, no puedan volver al Gobierno, subrayó Ortega en su discurso.

En su comunicado, titulado “Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad”, la Asamblea Nacional indicó que se está convocando “para cumplir los mandatos recibidos el 19 de Julio, aniversario 47 del triunfo de la democracia y la libertad en Nicaragua”.

Una fuente del Parlamento consultada por el diario La Prensa indicó que el régimen prepara una reforma constitucional que aboliría la Asamblea Nacional y el Estado tal como funciona en la actualidad.

Según esta fuente, se elegirían 1,500 diputados que actuarían en sus municipios o zonas de origen y se reunirían una sola vez al año, en pleno, para elegir, cuando corresponda, al presidente por un período de diez años.

De forma paralela, funcionaría un órgano ejecutivo de veinte miembros, que sería el encargado de reunirse periódicamente. De acuerdo con la misma fuente, esta reforma se refrendaría en enero próximo, de manera que las elecciones bajo este nuevo esquema, denominado “Pueblo Presidente”, se realizarían en noviembre de 2027.

El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena consideró que la narrativa política del régimen “es evidente”: buscan cerrar cualquier posibilidad o espacio de disputa donde el poder pueda ponerse en riesgo, “por mínimo que sea”.

Según Barberena, esto responde “al miedo y a la necesidad de garantizar, a toda costa, incluso mediante el establecimiento de un régimen cuasi monárquico y absolutista, la sucesión”.

El jurista señaló además que el anuncio de revisar “absolutamente todo el sistema electoral”, incluidas las elecciones nacionales, locales y de todos los niveles, “puede indicar por dónde vienen los cambios”.

Consultado sobre la posibilidad de que el régimen adopte un modelo similar al cubano, con asambleas populares de alrededor de 1,500 diputados, Barberena dijo que esa versión, aunque “al principio podría parecer exagerada”, cobra sentido “con todo lo que está ocurriendo” y coincide con información que ha circulado por otras fuentes.

Señaló, sin embargo, una contradicción: “Cuba no es un régimen parlamentario, sino presidencialista”, por lo que consideró más probable que el Gobierno mantenga el presidencialismo y que esas nuevas estructuras sirvan “únicamente para ratificar decisiones ya tomadas”.

Barberena planteó que la copresidenta Rosario Murillo “considera que ya superaron la crisis iniciada de enero pasado. Que Trump se empantanó en Irán, que lo de Cuba no ha pasado, que Trump pierde las elecciones en noviembre y que ellos pasan la crisis y van de viaje”. Indicó también que existen quienes sostienen que el régimen “en realidad está elevando la apuesta para negociar”.

El anuncio de Ortega sobre eliminar las elecciones como forma de gobierno en Nicaragua causó estupor y condenas de personalidades, organismos y Estados.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria”. En un comunicado del Departamento de Estado, sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, “abandonaron incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y afirmó que los nicaragüenses “tienen derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”.

En un mensaje posterior en su cuenta de X, advirtió que “la Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país”, y agregó que “el compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el régimen nicaragüense “ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella”. La declaración se produjo luego de que sectores opositores en el exilio expresaran su esperanza de que la presión internacional condujera a una transición o a comicios libres en el país.

El gobierno de Costa Rica, a través de su Cancillería, condenó las declaraciones de Ortega y reiteró su “profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” en Nicaragua.

El comunicado recordó que Costa Rica no reconoció el proceso electoral nicaragüense de 2021 y reafirmó su respaldo a “unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales” en el país vecino.

El régimen de Ortega y Murillo respondió que Nicaragua “no es una provincia” de Costa Rica y rechazó cualquier cuestionamiento a sus decisiones internas, invocando el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio también reaccionaron. El colectivo Nicaragua Nunca Más denunció que el Gobierno “ha despojado a la sociedad civil de todos sus derechos” y advirtió que el FSLN “se ha convertido prácticamente en un partido único, sin oposición real dentro de Nicaragua”. Legisladores costarricenses, como el diputado José Miguel Villalobos, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, calificaron las palabras de Ortega como un “descaro”.

Santa Rosa del Peñón, una pequeña localidad en el occidente de Nicaragua, experimenta una transformación inesperada tras el reciente hallazgo de una veta de oro en la ribera del río Amayón.

El descubrimiento, que se propagó rápidamente entre los habitantes, provocó una movilización masiva de buscadores impulsados por el precio récord del oro, según reportó La Prensa.

El rumor sobre la existencia de una veta rica en oro comenzó a circular de manera discreta entre un grupo reducido de trabajadores. Pocas horas después, la noticia se viralizó en redes sociales y atrajo a cientos de personas al sitio, quienes se sumaron a la excavación. “Cuando quise llegar, ya estaba full”, relató uno de los mineros entrevistados por La Prensa, describiendo el ambiente de expectación que domina la comunidad.

La escena en Santa Rosa del Peñón evoca imágenes históricas de fiebre del oro: hombres cubiertos de lodo, mujeres y jóvenes colaboran en la extracción y traslado de material, mientras los túneles improvisados avanzan sin descanso.

El estrépito de piochas y palas se impone día y noche, borrando la frontera entre la luz y la oscuridad. La precariedad es evidente, ya que los túneles se sostienen con troncos y carecen de seguridad estructural, lo que representa un peligro constante de derrumbe. A pesar de los riesgos, la búsqueda del “bolillazo” —el hallazgo de una piedra con suficiente oro para cambiar el destino de una familia— alimenta la esperanza colectiva.

De acuerdo con La Prensa, esta fiebre no es un hecho aislado. El precio internacional del oro alcanzó valores sin precedentes en los últimos cinco años. El metal pasó de cotizarse a USD 1,800 por onza a casi USD 5,600 en enero de 2026, manteniéndose luego en torno a los USD 5,000.

Esta tendencia situó al oro como el principal producto de exportación de Nicaragua. El Banco Central reportó ventas por USD 2,009 millones en 2025, cifra que representa el 20% de los ingresos totales por exportaciones, incluidas las zonas francas, según datos recabados por La Prensa.

En la ribera del Amayón, la ausencia de concesiones privadas y la falta de señalización oficial permiten que cualquier persona se sume a la búsqueda.

La minería artesanal es una tradición local, transmitida de generación en generación, y se aprende en la práctica diaria junto a familiares y vecinos. No existen horarios fijos ni restricciones formales: algunos buscan oro al amanecer, mientras otros trabajan bajo la luz de linternas improvisadas.

Cada viaje puede implicar cargar más de 40 kilogramos de piedras o tierra, que luego se tamiza en busca de diminutas partículas doradas capaces de transformar la vida de una familia.

El trabajo en Santa Rosa del Peñón dista mucho de ser sencillo o seguro. Aunque la tierra rojiza a veces ofrece pequeñas partículas de oro, en la mayoría de los casos solo aparecen piedras blancas y otros minerales.

El peligro de derrumbe está siempre presente, ya que la estructura de los túneles depende de troncos cortados en el monte. A pesar de estas condiciones, el deseo de encontrar una fortuna impulsa a la comunidad y supera el miedo y el cansancio.

A diferencia de las minas concesionadas, donde el acceso es restringido y las ganancias suelen beneficiar a empresas extranjeras, la fiebre del oro en Santa Rosa del Peñón ha devuelto a los habitantes la posibilidad de soñar con un futuro mejor.

Un residente, que pidió no ser identificado, explicó a La Prensa que “de eso vive la gente” allí, que “no hay otro trabajo”. Esta afirmación resume la realidad de una economía local marcada durante generaciones por la minería artesanal y por la falta de opciones laborales.

La fiebre del oro en Nicaragua refleja una tendencia global impulsada por la volatilidad de los mercados y la revalorización de los minerales. La experiencia de Santa Rosa del Peñón ilustra cómo el precio internacional puede transformar economías rurales y reactivar tradiciones ancestrales, al mismo tiempo que expone a las comunidades a riesgos y desafíos estructurales. La cobertura de La Prensa documenta cada etapa de este fenómeno, desde la viralización del hallazgo hasta la organización comunitaria y las expectativas que genera el mercado internacional.

Según los testimonios recogidos por La Prensa, la minería artesanal, aunque riesgosa y exigente, se mantiene como el principal sustento de la región ante la ausencia de alternativas. La ilusión de hallar oro en la ribera del Amayón sigue vigente, y cada jornada de trabajo renueva la esperanza de quienes buscan en la tierra una oportunidad para cambiar su destino.

Martha Yesenia Jiménez Moreno llevaba apenas dos meses en Zaragoza cuando fue encontrada sin vida el 18 de julio en el baño del apartamento donde residía. La nicaragüense, de aproximadamente 42 años, había llegado a España desde Managua y dejó a dos hijos en su país. Las causas de su muerte aún no fueron determinadas y la investigación oficial sigue abierta.

La familia enfrenta ahora una urgencia inmediata: recuperar las pertenencias de Martha antes de perderles el rastro. Según explicaron sus allegados, ella les había comunicado que en agosto se mudaría de habitación y ya había trasladado parte de sus objetos al nuevo domicilio. Tras su fallecimiento, la familia desconoce la dirección exacta y no tiene forma de contactar a las compañeras de piso con quienes compartiría la vivienda.

El lunes, los familiares lanzaron un llamado público a la comunidad nicaragüense en España para localizar a esas mujeres. “Cualquier información será de gran ayuda para nuestra familia”, expresaron al pedir que el mensaje se difundiera entre la comunidad migrante. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con Martha Lanza, madre de la fallecida, al número +505 8463-2900.

Mensajes de despedida y pedido de ayuda

Entre las muestras de dolor que circulan en redes sociales, una amiga escribió: “Mi querida Martis. Aún me cuesta creer tu partida. Eras una mujer alegre, noble, una excelente hija y una madre ejemplar”. La misma persona recordó que apenas dos semanas antes habían conversado por videollamada y que Martha había llegado a España “llena de sueños, ilusiones y esperanzas”.

Otro allegado dejó en redes un mensaje de despedida: “Esto no es un adiós... que el Señor te tenga eternamente en alegría. Descansa en la paz de Cristo”.

El crecimiento de la comunidad nicaragüense en España

La presencia nicaragüense en España se multiplicó por cuatro en ocho años: de 31,180 personas en 2018 a 93,905 empadronadas al 1 de enero de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadística citadas por Confidencial.

El aumento fue especialmente pronunciado entre mujeres, que hoy representan la mayoría de ese grupo migrante, según datos publicados por Infobae en mayo de 2026.

Ese crecimiento tiene un correlato en las condiciones de vida. Un informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, publicado por el Ministerio de Inclusión de España, advierte que las tasas de exclusión residencial entre personas extracomunitarias superan el 47% y que el 99% de las inmobiliarias consultadas aceptaron prácticas discriminatorias. La vivienda compartida, como la que habitaba Martha, suele ser la única opción accesible para quienes acaban de llegar.

Otros casos y los límites de la asistencia

La muerte de una migrante centroamericana en circunstancias no esclarecidas no tiene precedentes recientes aislados. En junio de 2026, Inés Reyes Rodas, un hondureño de 40 años residente en Barcelona, también falleció en condiciones que dejaron a su familia sin respuestas claras y frente a los trámites de repatriación, según reportó Infobae. En ese caso, los familiares atribuyeron el desenlace a dificultades económicas y laborales acumuladas.

Estas muertes en territorio español ocurren en un contexto en el que la atención institucional se concentra en las rutas marítimas. La ONG Caminando Fronteras documentó 3,090 fallecidos en las rutas hacia España durante 2025, según reportó El Diario.

Un informe de EuroMed Rights señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores español reconoce que no existe ningún procedimiento específico para asistir a familias extranjeras en esos casos.

La investigación y la repatriación

Los familiares de Martha aguardan los resultados de la investigación oficial española, que determinará las causas de la muerte.

Mientras tanto, el proceso para una eventual repatriación de restos exige que los familiares gestionen la autorización a través del consulado nicaragüense en España y obtengan el visto bueno de la Jefatura Provincial de Sanidad correspondiente, un trámite que puede extenderse semanas.

Por ahora, la prioridad más concreta es recuperar los objetos que ella llevó a ese apartamento desconocido, los últimos vestigios materiales de los dos meses que pasó construyendo una vida nueva en Zaragoza.

Un operativo desplegado por la Oficina del Sheriff del Condado de Presidio concluyó con la detención de Bernardo Espinoza, un ciudadano nicaragüense de 55 años, tras ser interceptado mientras transportaba tres camionetas robadas en un remolque comercial con destino directo hacia la frontera con México.

La intervención policial tuvo lugar en el marco de una revisión de tránsito rutinaria sobre la carretera que conduce directamente hacia la ciudad fronteriza de Ojinaga, en el estado de Chihuahua.

Durante el patrullaje de supervisión, los agentes del condado advirtieron claras anomalías en la unidad de transporte, entre las cuales destacaba la exhibición de placas temporales vencidas. Esta irregularidad inicial motivó a las fuerzas del orden a detener el camión para efectuar un registro detallado.

Al momento de inspeccionar la carga transportada, los agentes de la Oficina del Sheriff descubrieron tres vehículos de modelo reciente: una Toyota RAV4 (2025), una Toyota Land Cruiser (2024) y una Toyota Tacoma (2015).

Al realizar la verificación de las series y el cotejo de datos con las bases del sistema nacional, se confirmó que los tres automotores contaban con reporte de robo activo en el área metropolitana de Houston, Texas, y exhibían alteraciones visibles en sus Seriales de Identificación Vehicular (VIN).

Ante el hallazgo, las autoridades locales procedieron con la recuperación y decomiso de las tres unidades robadas. Asimismo, incautaron el cabezal y el remolque utilizados por el sospechoso para llevar a cabo la operación ilícita.

La investigación policial contó con el apoyo estratégico de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP), acción conjunta que logró evitar que el cargamento lograra cruzar la divisoria internacional hacia territorio mexicano.

¿Qué delito va a cumplir el nicaragüense en los Estados Unidos?

A nivel penal dentro del estado de Texas, el nicaragüense fue formalmente imputado y procesado por la presunta comisión de dos tipos de infracciones de carácter grave:

• Uso No Autorizado de un Vehículo Motorizado (UUMV): El acusado enfrenta tres cargos independientes (uno por cada camioneta recuperada). Bajo el artículo 31.07 del Código Penal de Texas, esta figura jurídica penaliza estrictamente a cualquier individuo que opere, traslade o tenga en su posesión un vehículo sin el consentimiento formal y legítimo de su propietario, con absoluta independencia de si participó de manera directa en el atraco inicial o no.
• Manipulación de Números de Identificación Vehicular (VIN): Se le imputa un cargo por la alteración, falsificación o supresión deliberada de las series alfanuméricas impresas de fábrica con el fin de ocultar la procedencia ilícita de los bienes.

Dentro del marco legal que rige en el estado de Texas, el Uso No Autorizado de un Vehículo constituye formalmente un delito grave de cárcel estatal (State Jail Felony). Por su parte, la alteración, adulteración o posesión de bienes con el número VIN modificado está tipificada legalmente como un delito menor Clase A (Class A Misdemeanor).

En caso de ser declarado culpable durante el juicio estatal y si el juez decreta que deba cumplir las sanciones de manera consecutiva, Espinoza podría enfrentar hasta 7 años de prisión en instalaciones del estado de Texas, además del pago de multas que ascienden a $34,000 dólares.

Debido a la naturaleza transfronteriza del trasiego de vehículos robados desde Houston hacia la frontera con México, las autoridades competentes no descartan la formulación de cargos adicionales en el fuero federal por el delito de tráfico internacional de propiedad robada. De tomar el caso el Departamento de Justicia de EE. UU., el procesado podría enfrentar condenas adicionales en una penitenciaría federal.

Al término de cualquier condena privativa de libertad, el ciudadano nicaragüense quedará inmediatamente a disposición de las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su posterior proceso sumario de deportación.

La tranquilidad habitual de la campiña en el departamento de Matagalpa se quebró de forma trágica la madrugada del 20 de julio. Lo que debía ser el comienzo de una jornada laboral más en las tierras del municipio de San Ramón terminó convertido en un sangriento episodio que hoy mantiene consternada a toda la comunidad.

Antonio Godínez Arista, de aproximadamente 50 años, y su joven hijo, Eugenio Godínez Mendoza, de 23 años, fueron asesinados violentamente mientras resguardaban la propiedad donde laboraban. Padre e hijo se desempeñaban como cuidadores en la finca Blancher, un predio propiedad de Fernando Horacio Guzmán Pérez.

Ambos habían salido desde muy tempranas horas con el compromiso de velar por el patrimonio del lugar, sin imaginar que se cruzarían en el camino de la muerte. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los hechos, es que varios sujetos armados habían ingresado a las parcelas con la intención de cometer abigeato (hurto de ganado) intentando sustraer una vaca de la propiedad.

Sin embargo, versiones recabadas entre los parientes de las víctimas apuntan también a una disputa originada cuando Antonio sorprendió a desconocidos invadiendo el terreno para realizar el corte ilegal de madera.

Al notar la presencia de los intrusos, Antonio Godínez decidió encararlos y reclamarles por el delito cometido en la finca que tenía bajo su custodia. La confrontación verbal escaló rápidamente en tensión. Al ver a su padre en peligro, el joven Eugenio intervino desesperadamente para defenderlo. La respuesta de los delincuentes fue implacable y despiadada: arremetieron contra ambos hombres utilizando armas cortantes.

Inicialmente se detalló que las víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por machete. No obstante, conforme avanzaron las horas, los datos forenses recopilados revelaron que padre e hijo también habrían recibido impactos de bala durante el violento ataque, lo que les causó la muerte de manera casi instantánea en el lugar.

El desgarrador hallazgo en la parcela

El horror de la escena fue descubierto minutos después por la propia familia. Pablo Antonio Godínez Mendoza, también hijo de Antonio, relató los angustiosos momentos en que escuchó los gritos y la discusión a la distancia. Presintiendo lo peor, corrió entre los matorrales hacia el punto del conflicto.

Al llegar, la escena era desgarradora. Pablo encontró primero el cuerpo inerte de su padre sobre la hierba. Devastado por el dolor y en medio de la penumbra, comenzó a buscar desesperadamente a su hermano Eugenio, a quien halló a unos metros de distancia, también sin signos vitales.

La alerta inmediata movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades. Trascendió de forma extraoficial que otro familiar de las víctimas resultó con heridas de gravedad durante el enfrentamiento y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital César Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa, donde permanece bajo supervisión médica.

Tras el reporte del doble homicidio, un contingente de la Policía Nacional junto a peritos de Criminalística y médicos forenses se desplegaron en la finca Blancher. Las autoridades acordonaron el área para recopilar evidencias hemáticas, balísticas y huellas que permitan esclarecer con precisión el móvil del crimen.

Como resultado de las primeras acciones operativas en la zona de San Ramón, la Policía Nacional confirmó la detención de tres sospechosos identificados como Juan Chavarría Obregón, Óscar Chavarría Obregón y Pablo Chavarría. Los tres ciudadanos permanecen bajo custodia policial y están siendo investigados por su presunta participación directa en el ataque.

Mientras los peritos continúan determinando si la causa principal del crimen fue el intento de abigeato o la invasión para la tala ilegal, la comunidad de Mina Verde y sus alrededores claman por justicia. La trágica partida de Antonio y Eugenio deja un profundo vacío entre sus seres queridos y un sentimiento de indignación en el campo matagalpino.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, declaró que el régimen nicaragüense “ha abandonado la democracia”, en respuesta al anuncio del presidente Daniel Ortega de suprimir las elecciones en el país.

Ramdin señaló que esta decisión representa la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno, calificando la eliminación de los comicios como la confirmación de una deriva autoritaria que, según denunció, venía gestándose desde hace tiempo.

En un pronunciamiento difundido a través de sus redes oficiales, Ramdin subrayó que la desaparición de las elecciones libres, justas y periódicas no se trata de una opción política sino de una ruptura con un elemento esencial de la democracia representativa.

Agregó que la erosión de la democracia en cualquier país de las Américas nunca es exclusivamente un asunto doméstico, y advirtió que los ataques a las instituciones democráticas a nivel nacional generan consecuencias regionales, socavan la gobernanza y amenazan la estabilidad y los valores del hemisferio.

“El régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones habían demostrado desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella. Eliminar las elecciones es la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno. Las elecciones libres, justas y periódicas no son opcionales; son un elemento esencial de la democracia representativa”, afirmó Ramdin a través de su cuenta oficial de X.

El secretario de la OEA también sostuvo que los derechos democráticos del pueblo nicaragüense “siguen siendo inalienables” y ratificó el compromiso de la Secretaría General de continuar defendiéndolos ante la comunidad internacional.

Ramdin finalizó su pronunciamiento asegurando que el organismo continuará denunciando y enfrentando los intentos de socavar la democracia en el continente.

El contexto de estas declaraciones se produce luego de que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007, anunciara que el país no celebrará más elecciones. Ortega justificó la decisión argumentando que los procesos electorales han sido fuente de “desestabilización” y acusó a la oposición de buscar un cambio de gobierno por medio de la presión internacional.

El mandatario afirmó que la vía electoral ha quedado clausurada y que su mandato culminará el próximo año sin la organización de nuevos comicios, consolidando el control del poder junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La decisión de Ortega fue recibida con rechazo por parte de organizaciones opositoras en el exilio, que acusaron al gobierno de cerrar la última vía democrática y de institucionalizar un régimen de facto.

En un comunicado, representantes de la oposición señalaron que la cancelación de las elecciones constituye un golpe definitivo a las aspiraciones de cambio por la vía pacífica y reiteraron el llamado a la comunidad internacional a aumentar la presión diplomática y sancionatoria sobre el régimen nicaragüense.

El anuncio presidencial profundizó la crisis política y alimentó la preocupación de actores internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Diversos gobiernos y organismos multilaterales advirtieron que la supresión de los comicios elimina cualquier posibilidad de transición ordenada y agrava el aislamiento del país.

Entre estos organismos se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este 21 de julio se sumó a las voces que manifiestan su repudio a las declaraciones de Daniel Ortega, sobre el anuncio que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.

“Estas manifestaciones, realizadas el 19 de julio, son incompatibles con los principios de la democracia representativa y confirman la consolidación de un régimen autoritario, caracterizado por la supresión de garantías y libertades en el país”, publicó la CIDH en su cuenta de Facebook.

En su pronunciamiento, este organismo señala que Nicaragua “tiene la obligación de restablecer la democracia, asegurando el pluralismo político, los derechos políticos y la celebración de elecciones libres, periódicas y auténticas”.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras la OEA reiteró su respaldo a los principios democráticos y llamó a salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, rechazó este martes los dichos del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien manifestó que en su país “no volverán a haber elecciones”.

“La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EEUU", indicó Rubio en su cuenta en la red social X.

Y completó: “El compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua reprodujo el mensaje de Rubio, e indicó: “La declaración de Daniel Ortega, de que bajo la dictadura de su familia Nicaragua jamás volverá a celebrar elecciones, deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria. Daniel Ortega y Rosario Murillo han abandonado incluso la pretensión de consentimiento popular".

Y concluyó: “El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas. Estados Unidos insta a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para demostrar a la dictadura de Murillo-Ortega que no puede pretender mantener relaciones normales con otras naciones cuando está socavando los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático".

El domingo pasado, Ortega sepultó explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, lanzó en un discurso durante un acto en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un ex guerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo.

Murillo, quien era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada "copresidenta" desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.

En el acto, el dictador sandinista dijo que los opositores en el exilio andan “agazapados” y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse. “Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, enfatizó.

Anunció que van trabajar con la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, “y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán”.

A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor esa reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.

La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.

Es decir, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría sería en noviembre de 2027.

En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de “copresidenta” en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, “porque sabe que no puede ganar” en un proceso electoral libre.

El movimiento opositor Renacer, una agrupación de opositores en el exilio, denunció que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha abandonado de forma explícita el sistema democrático tras anunciar que no se realizarán nuevas elecciones generales. Según información difundida por EFE, la organización aseguró que el Ejecutivo dejó de simular la existencia de competencia política y gobierna sin el consentimiento de los ciudadanos.

Durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega manifestó públicamente que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones, recogidas por EFE, confirmaron la consolidación de un modelo de poder centralizado en la figura de la pareja, que ejercen funciones desde 2007 y 2017 respectivamente. Murillo fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una cuestionada reforma constitucional.

La agrupación Renacer, integrada por opositores en el exilio, interpretó este anuncio como la culminación de un proceso de concentración absoluta del poder en manos del círculo presidencial. Según el comunicado, el cierre de la vía electoral responde a una serie de reformas institucionales implementadas en 2025, que eliminaron los contrapesos, ampliaron el período presidencial e instauraron la copresidencia y subordinó al Estado a una estructura familiar.

Renacer afirmó: “Mientras él permanezca en el poder, no existen las condiciones mínimas para un proceso democrático. Sin garantías, sin libertades, sin competencia política y con el resultado decidido de antemano, las elecciones dejan de ser un mecanismo de soberanía popular para convertirse en un instrumento de legitimación de la dictadura”, afirmó el movimiento, según consigna la agencia EFE.

Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, mantiene el control del país en medio de acusaciones de fraudes electorales y represión contra la disidencia. Desde su regreso al poder en 2007, el régimen ha enfrentado denuncias por eliminar a la oposición y coartar la libertad de prensa, según lo documenta EFE. El contexto político nicaragüense se caracteriza por la concentración de poder y el uso de reformas para mantener la hegemonía oficialista.

El impacto de la reforma constitucional

La reforma constitucional de febrero de 2025, que oficializó la copresidencia de Murillo, constituyó un punto de inflexión en el andamiaje institucional del país. Según EFE, esta modificación permitió al matrimonio presidencial ejercer un dominio sobre las instituciones estatales y los mecanismos de control.

El grupo opositor en el exilio consideró que, frente a estos hechos, toda expectativa de una transición política basada en elecciones organizadas por el régimen resulta inviable. “La libertad de Nicaragua no será una concesión del régimen, sino el resultado de la determinación de un pueblo organizado que no renunciará a recuperar su República”, consignó Renacer en su declaración, reproducida por EFE.

Reacciones de la sociedad civil y organismos internacionales

Diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han expresado preocupación ante el cierre del espacio cívico y la falta de garantías para la participación política en Nicaragua. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han emitido informes sobre la situación de derechos humanos en el país, señalando la ausencia de condiciones para comicios libres y competitivos.

Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no ha emitido nuevas declaraciones sobre posibles reformas políticas.

La fracción costarricense del Frente Amplio manifestó este lunes en el Plenario Legislativo su rechazo a las recientes declaraciones de Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país no volverán a realizarse elecciones. La agrupación calificó esas afirmaciones como una nueva evidencia del deterioro democrático que, según señaló, se ha desarrollado de manera progresiva en la nación vecina durante los últimos años.

Durante una intervención ante el Congreso, la bancada expresó que las declaraciones del dirigente nicaragüense representan la consolidación de un proceso que, a su criterio, ha significado el debilitamiento de las instituciones democráticas y ha tenido consecuencias para miles de ciudadanos, incluidos quienes han buscado refugio en Costa Rica.

El discurso hizo referencia a las personas que, según la agrupación, abandonaron Nicaragua debido a la persecución política. También mencionó casos de ciudadanos que perdieron su nacionalidad, así como denuncias relacionadas con desapariciones, asesinatos y restricciones a las libertades públicas.

Para el Frente Amplio, el anuncio de que no se celebrarán nuevos procesos electorales constituye un paso adicional dentro de un proceso que, según afirmó, ya había convertido las elecciones en mecanismos sin competencia democrática real.

Durante su intervención, la fracción sostuvo que esta situación representa una ruptura con los principios democráticos que inspiraron la Revolución Sandinista de 1979, movimiento que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza. En ese contexto, recordó el respaldo brindado por ciudadanos costarricenses a ese proceso histórico y señaló que parte de ese legado, según su criterio, ha sido desvirtuado con el paso de los años.

El pronunciamiento también abordó el funcionamiento de las instituciones públicas en distintos países de la región. Según expuso la bancada, los procesos de debilitamiento democrático no ocurren de manera inmediata, sino mediante transformaciones graduales que modifican el equilibrio entre los poderes del Estado.

En el caso de Nicaragua, la agrupación sostuvo que el control sobre las altas instancias judiciales se habría consolidado mediante un proceso paulatino, con el nombramiento de magistrados afines al gobierno y el desplazamiento de funcionarios considerados independientes.

Asimismo, señaló que esa dinámica habría permitido, según su criterio, favorecer actuaciones judiciales contra opositores políticos, organizaciones de derechos humanos y personas críticas del régimen, al tiempo que se habrían archivado o dejado de investigar otros asuntos relacionados con la administración pública.

Durante el mensaje, la bancada indicó que los procesos observados reflejan la importancia de preservar la independencia de los poderes del Estado, particularmente del Poder Judicial, al considerar que constituye uno de los principales mecanismos de control dentro de un sistema democrático.

Finalmente, la agrupación señaló que los acontecimientos registrados en Nicaragua deben servir como un elemento de reflexión sobre la necesidad de resguardar la institucionalidad democrática y la autonomía de jueces y magistrados, al considerar que el debilitamiento de estas garantías puede producirse de forma gradual.

El régimen de Nicaragua respondió este lunes al comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en el que reafirmó su compromiso con la promoción de elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en territorio nicaragüense.

La reacción de Managua no tardó y llegó mediante un escrito oficial titulado “Soberanía en mi tierra se escribe con letras grandes”, en el que rechazó las declaraciones de la Cancillería costarricense y defendió el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Horas antes, Costa Rica había señalado que “siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua”, al tiempo que reiteró su preocupación por “el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes”.

En su pronunciamiento, San José también recordó que Costa Rica no reconoció el proceso electoral celebrado en Nicaragua en 2021, al considerar que no existían las condiciones ni las garantías necesarias para que la elección pudiera calificarse como libre y democrática.

En el comunicado, la dictadura de Managua le recordó al Gobierno costarricense el “principio de no intervención o injerencia en los asuntos internos de otros Estados” y afirmó que Nicaragua es un país soberano con pleno derecho a ejercer su independencia “igual que cualquier otro Estado del mundo”. Además, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostuvo que Nicaragua “no es una provincia” de Costa Rica y rechazó cualquier intento de cuestionar sus decisiones internas.

El documento también califica como “atrevidas” las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y asegura que los asuntos nacionales corresponden exclusivamente a cada Estado independiente.

“Nicaragua nunca ha intervenido en los problemas, conflictos o desafíos que ha tenido y mantiene el Gobierno de Costa Rica”, señala el texto, que además expresa el deseo de éxito para la administración de la presidenta costarricense Laura Fernández, aunque hace referencia a los desacuerdos políticos internos que, según el comunicado, enfrenta el Gobierno.

Como cierre del pronunciamiento, el régimen cita la frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, insistiendo en que la relación entre ambos países debe sustentarse en el respeto a la soberanía y la no injerencia.

Contexto de la relación bilateral

El intercambio de comunicados ocurre en un contexto de relaciones diplomáticas tensas entre Costa Rica y Nicaragua, especialmente por las diferencias sobre la situación política y de derechos humanos en el país vecino.

Desde las protestas sociales de 2018, diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos regionales, han documentado denuncias sobre restricciones a las libertades públicas, detenciones de opositores y limitaciones a la participación política en Nicaragua.

Costa Rica ha mantenido una posición crítica frente a esos acontecimientos y ha respaldado distintas iniciativas internacionales que promueven el restablecimiento de garantías democráticas en el país vecino. Asimismo, ha recibido a miles de ciudadanos nicaragüenses que solicitaron refugio tras la crisis política iniciada hace ocho años.

La administración costarricense sostiene que continuará defendiendo el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la realización de procesos electorales con garantías para todos los ciudadanos.

El intercambio de este lunes refleja que las diferencias entre ambos gobiernos permanecen vigentes y continúan marcando la agenda diplomática entre dos países vecinos que históricamente han compartido estrechos vínculos, pero que en los últimos años han mantenido posiciones encontradas sobre la situación política nicaragüense.

El movimiento opositor Renacer y el dirigente Juan Sebastián Chamorro respondieron este lunes con dureza al anuncio del dictador nicaragüense Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones generales. Desde el exilio, ambos coincidieron en que la declaración no es una novedad sino una confirmación: el régimen sandinista lleva años gobernando sin legitimidad democrática y ahora simplemente dejó de fingir lo contrario.

“Ortega se ha quitado una máscara más”, afirmó Chamorro en un audio enviado a los medios desde el exilio. El dirigente opositor, desnacionalizado en 2023 junto a otros 221 presos políticos desterrados a Estados Unidos, sostuvo que el mandatario sandinista reaccionó así ante la presión unánime de la oposición y de Occidente, que han fijado en las elecciones libres la única salida a la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018. “Es por ello que Ortega dice: no”, señaló. Según Chamorro, el líder sandinista “se ha envalentonado” y “se atrevió a decir lo que siempre ha pensado: no someterse a elecciones aun así sea robándoselas”.

Para Chamorro, el proyecto de Ortega siempre fue el de un Estado de partido único a la manera de China, Corea del Norte o Cuba, sistemas donde, en la visión del mandatario, los partidos políticos “dividen a las sociedades”. En su análisis, el sandinismo avanzará hacia elecciones internas para designar autoridades, sin competencia real ni apertura al resto del espectro político.

El contexto inmediato del anuncio es relevante. Ortega lo hizo el domingo durante el acto de conmemoración del 47° aniversario de la revolución sandinista en Managua, la misma efeméride que el régimen usa cada año como escenario de sus declaraciones más beligerantes. En esa ocasión adelantó además que la Asamblea Nacional, bajo control oficialista, trabajará en leyes para “poner un muro” a los opositores y garantizar que, por más financiamiento que reciban de Washington, no puedan competir por el poder.

Renacer fue más categórico en su diagnóstico. El movimiento, con sede en Costa Rica, describió el anuncio como “la culminación de un proceso de concentración absoluta del poder” ejecutado por etapas: la reforma constitucional de febrero de 2025 eliminó los contrapesos institucionales, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, instauró la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo —esposa de Ortega— y subordinó los demás órganos del Estado al Ejecutivo. Esa enmienda, criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, también legalizó la apatridia como instrumento de represión. “El régimen deja de fingir que existe competencia política y confirma públicamente que desde hace años no gobierna por el consentimiento de los ciudadanos, sino por la fuerza”, advirtió el grupo.

El telón de fondo es la crisis que estalló en abril de 2018, cuando protestas contra reformas al sistema de seguridad social fueron reprimidas con violencia. La ONU documentó más de 300 muertos. Desde entonces, el régimen canceló partidos políticos, cerró miles de organizaciones civiles, encarceló y desterró a candidatos presidenciales, periodistas y religiosos, y privó de la nacionalidad a cientos de personas. Las elecciones generales que debían celebrarse en noviembre de 2026 ya habían sido desplazadas a 2027 por la reforma constitucional; la declaración del domingo convierte esa postergación en supresión.

La consecuencia práctica es estratégica. Renacer llamó a abandonar cualquier expectativa de transición sustentada en procesos electorales bajo control del propio régimen. “La libertad de Nicaragua no será una concesión del régimen, sino el resultado de la determinación de un pueblo organizado”, concluyó el movimiento. Para una oposición dispersa, desnacionalizada y privada de acceso al territorio, traducir esa determinación en acción concreta sigue siendo la pregunta sin respuesta.

El Banco Central de Nicaragua comunicó que está empleando ahorros públicos para sostener estables los precios de los combustibles, frente al aumento internacional del petróleo vinculado a los conflictos en Oriente Medio.

De acuerdo con Nicaragua Investiga, esta medida busca evitar un salto en las tarifas del transporte y en los costos internos, aunque también se indica que el margen financiero del Estado se podría ver reducido si la situación global se extiende.

El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, explicó en entrevista con Sputnik que el encarecimiento del crudo está generando un efecto en la producción nacional.

“Esto ha tenido una consecuencia de impacto en los costos de producción que se está dejando sentir, no solamente en el precio del combustible, sino de algunos materiales importantes”, indicó. Reyes agregó que se recurrió a recursos acumulados previamente: “Hemos acudido a estas economías que hemos generado para poder mantenerlo estable en nuestro país. Es decir, hemos sacado de nuestra propia fortaleza para confrontarlo”.

Uso de ahorros públicos y variaciones en los precios internos

Nicaragua Investiga señala que el régimen de Ortega optó por utilizar reservas previas con el objetivo de mantener estables los precios de los combustibles y evitar incrementos abruptos. A pesar de esta decisión, los efectos de la presión internacional ya se reflejan en la economía doméstica.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la canasta básica registró un aumento de C$ 551.22 (aprox. USD 15.10), al pasar de C$ 20,821.68 (aprox. USD 569.50) en diciembre a C$ 21,372.90 (aprox. USD 584.60) en mayo. Según la publicación, este incremento guarda relación con el impacto de los costos internacionales sobre los precios locales.

Algunos analistas económicos consultados por Nicaragua Investiga consideran que destinar ahorros estatales a subsidios corrientes, como el de la gasolina, podría limitar la capacidad de respuesta de las finanzas públicas si la coyuntura internacional se prolonga. Según la publicación, la estabilidad del esquema dependerá de la duración de la tensión en Oriente Medio y de los recursos disponibles en el país.

Remesas y factores externos en la economía

Durante la entrevista, Reyes sostuvo la idea de alejarse del dólar y favorecer el uso de monedas locales en comercio internacional, en línea con el enfoque del bloque BRICS. No obstante, datos del propio Banco Central de Nicaragua muestran que la economía nacional mantiene una fuerte relación con las remesas provenientes de Estados Unidos.

En el primer trimestre de 2025, el flujo de remesas desde Estados Unidos fue de USD 1,208 millones. El total anual de remesas ascendió a cerca de USD 6,167 millones, de los cuales USD 5,168 millones llegaron desde ese país. El 83.8% de las remesas recibidas en 2025 tuvo origen en Estados Unidos.

La publicación de Nicaragua Investiga menciona también que la economía local podría verse afectada si persiste el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y los precios del petróleo continúan elevados. Además, el 60% de la deuda externa de Nicaragua está comprometida a tasas variables, lo cual puede influir en su costo en caso de cambiar las condiciones internacionales.

Daniel Ortega declaró este domingo en Managua que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones en las que la oposición dispute el poder.

Lo dijo durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista y cerró la vía electoral hacia los comicios previstos para noviembre de 2027, los primeros bajo la nueva Constitución.

La frase la pronunció ante una multitud durante el acto por el aniversario de la revolución sandinista que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. “¡Que se olviden! Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, sentenció Ortega.

Desde el exilio, el opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro respondió en un audio enviado a los medios: Ortega “se ha quitado una máscara más, la que no quiere bajo ninguna circunstancia que vuelvan a elecciones en Nicaragua”.

La respuesta del exilio

Chamorro, economista y uno de los siete precandidatos presidenciales que el régimen encarceló antes de los comicios de 2021, fue desterrado en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos en un vuelo directo a Washington.

El régimen los declaró “traidores a la patria”, los inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y les quitó la nacionalidad mediante una reforma constitucional aprobada en sesión de emergencia el mismo día de su expulsión, según documentó BBC News Mundo.

Para el opositor, el anuncio de Ortega no es una sorpresa sino la confirmación de una convicción que el mandatario ha sostenido durante años: que los partidos políticos “dividen a las sociedades”.

“Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido”, interpretó Chamorro en declaraciones recogidas por El País.

Chamorro también sostuvo que Ortega “se ha envalentonado” frente a Estados Unidos y “se atrevió a decir lo que siempre ha pensado: no someterse a elecciones, aún así sea robándoselas".

Qué implica el anuncio

El analista político en el exilio Eliseo Núñez planteó una lectura del anuncio, citada por El País: “Ortega juega a los hechos consumados. Si en algún momento las presiones lo obligan a negociar, ya no partirá del punto de que en Nicaragua existen elecciones que deben ser libres y competitivas. Ahora el punto de partida será que simplemente no hay elecciones”.

El abogado opositor Juan Diego Barberena, cuyo título profesional fue cancelado recientemente por el régimen, afirmó a El País que lo novedoso “no es que las elecciones dejen de ser libres”, sino que Ortega anuncia que “ni siquiera las elecciones fraudulentas, las pantomimas que organizaban, van a realizarse”. Para Barberena, el mensaje apunta a “la perpetuación del poder de forma dinástica".

Para concretar el cierre electoral, Ortega anunció que trabajará con la Asamblea Nacional para aprobar leyes que “pongan un muro, un bloque” a cualquier partido que pretenda llegar al Gobierno por la vía electoral.

El sistema político bajo Ortega

Ortega, de 80 años, acumula el poder en Nicaragua desde 2007. Las elecciones presidenciales de 2021 ilustran el sistema que ahora formaliza: todos los precandidatos con posibilidades reales fueron encarcelados antes de los comicios y el binomio Ortega-Murillo se adjudicó el 75.92% de los votos.

Estados Unidos calificó aquellos comicios de “pantomima”; otros gobiernos y organismos internacionales desconocieron su legitimidad.

Desde 2017, Ortega gobierna junto a su esposa Rosario Murillo, quien era vicepresidenta y fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una reforma constitucional que, según expertos de la ONU citados por medios brasileños, dio “un golpe final al Estado de derecho” en el país.

La misma reforma eliminó los límites de mandato, extendió el período presidencial a seis años, subordinó el poder judicial y legislativo al ejecutivo y legalizó los grupos paramilitares que en 2018 fueron señalados de matar a más de 350 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La presión internacional y la crisis

La crisis política nicaragüense comenzó en abril de 2018, cuando protestas contra una reforma al sistema de seguridad social desembocaron en una represión que dejó más de 300 muertos, según la ONU. El régimen la calificó de intento de golpe patrocinado por Washington.

Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras contra decenas de funcionarios y entidades vinculadas al poder. En marzo pasado, el Departamento de Estado declaró que su estrategia busca restaurar el Estado de derecho y propiciar “un cambio de comportamiento”, sin descartar nuevas sanciones.

“Todas las opciones siguen sobre la mesa”, advirtió un portavoz, según El País.

Chamorro interpretó el desafío de Ortega como una reacción directa a esa presión internacional: el mandatario está respondiendo a las demandas opositoras y a la comunidad occidental, que exigen la vía democrática como única salida a la crisis. “Y es por ello que Ortega dice: no”, concluyó el opositor desde el exilio.

Dos nicaragüenses quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en operativos separados: Fernando Sinar Tercero-López, de 33 años, y Jimmy Alberto Castro-Rodríguez, de 46.

El primero tenía un cargo pendiente por violencia doméstica y el segundo fue condenado en 2021 por abuso sexual infantil en segundo grado en Providence, Rhode Island.

El arresto de Tercero-López ocurrió el 7 de julio en el área de Paterson, Nueva Jersey, un día después de que fuera fichado en el condado de Passaic. La oficina de Operaciones de Detención y Deportación de Newark lo mantiene detenido mientras un juez de inmigración resuelve su situación.

Castro-Rodríguez figura en el registro de delincuentes sexuales como ofensor de nivel 2, una categoría que identifica a personas con riesgo moderado de reincidencia, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Arrestos en Nueva Jersey y cifras nacionales

Ambos casos se inscriben en la política de la administración Trump de detener a extranjeros con antecedentes penales o procesos criminales abiertos.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por Fox News, cerca del 70% de los arrestos de ICE corresponde a personas con cargos o condenas previas en territorio estadounidense.

La presión sobre las comunidades inmigrantes en Nueva Jersey aumentó en las últimas semanas. La oficina ERO de Newark ejecutó al menos tres operativos entre fines de junio y comienzos de julio: el 30 de junio detuvo al guatemalteco Antonio Ventura-Pérez, acusado de agresión doméstica agravada en Plainfield; el 1 de julio arrestó al mexicano Jorge Vega-Meza, con condenas por tráfico de cocaína y fentanilo; y ese mismo día capturó al cubano Fidel Rodríguez Lemus, quien había cumplido 180 meses de prisión federal por producción de pornografía infantil, según informó Shore News Network.

Operativos simultáneos y balance de mayo

El fin de semana del 4 de julio, ICE anunció una ronda de detenciones a escala nacional que incluyó a personas condenadas por homicidio, tráfico sexual de menores y abuso sexual.

Entre los arrestados figuraron ciudadanos de Panamá, México, Brasil y Colombia, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

En mayo, la oficina de Houston registró 735 arrestos de extranjeros con antecedentes penales en un solo mes, con un acumulado de 1,711 condenas entre todos los detenidos, entre ellas 13 por delitos sexuales contra menores y cinco por homicidio, de acuerdo con cifras publicadas por Civic Intelligence News.

Cuestionamientos por detenciones de víctimas

La expansión de los acuerdos 287(g), que permiten a policías locales participar en operaciones migratorias, generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.

Human Rights Watch y la Alianza de Sobrevivientes Inmigrantes presentaron el 10 de julio un informe ante el Congreso en el que documentaron casos de mujeres detenidas por ICE después de llamar a la policía por situaciones de violencia doméstica.

El informe advirtió que, desde que Trump asumió la presidencia hasta marzo de 2026, el 66% de los arrestados por ICE no tenía ninguna condena y el 38% carecía incluso de cargos pendientes.

La organización alertó que el temor a la deportación desincentiva las denuncias y, en la práctica, protege a los agresores.

Un análisis del reporte “Presupuesto, fuerza y eficacia: resultados del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, coordinado por Javier Meléndez para Expediente Abierto, revela que Nicaragua aumentó de manera sostenida su presupuesto destinado a seguridad y defensa en los últimos años, sin que esto se tradujera en mejoras comprobables para la seguridad pública tradicional.

La publicación de Expediente Abierto examina la evolución de los fondos asignados a las fuerzas policiales y militares, así como la composición y destino de estos recursos entre 2020 y 2024.

El informe detalla que el gasto ejecutado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional pasó de USD 152.49 millones en 2020 a USD 201.10 millones en 2024, lo que representa un incremento del 31.88 %.

Este monto equivale al 5.29 % del presupuesto del Gobierno Central y al 1.02 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024. Según Expediente Abierto, el gasto de capital en seguridad pública se ubicó en un 13.01 % del total ejecutado, una de las proporciones más altas de la región para este rubro.

Para los próximos años, el presupuesto aprobado para seguridad en Nicaragua asciende a USD 190,68 millones en 2025 y a USD 209,24 millones en 2026, aunque estos valores podrían incrementarse conforme avance el año.

El reporte señala que el gasto se concentra en tres rubros principales: prevención y seguridad ciudadana humana, actividades centrales de la jefatura nacional y el sistema penitenciario nacional. La falta de desagregación funcional impide conocer detalles específicos sobre la asignación de recursos.

En cuanto a la fuerza policial, el número de oficiales de la Policía Nacional creció moderadamente, pasando de 16,909 en 2020 a 17,303 en 2024, lo que representa un aumento del 2.3 %. De estos, 11,590 están asignados a tareas de prevención y seguridad ciudadana humana.

Esta expansión resulta inferior al incremento presupuestario, lo que sugiere que el mayor flujo de fondos no se destinó a ampliar significativamente el personal formal.

El reporte subraya la existencia de 76,887 policías voluntarios adicionales y 7,924 oficiales adicionales cuya financiación y administración carecen de transparencia. La magnitud de este contingente sugiere el fortalecimiento de un modelo paraestatal, difícilmente fiscalizable y orientado al control territorial y político.

En el ámbito de la defensa, el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa y al Ejército creció de USD 79,51 millones en 2020 a USD 108,63 millones en 2024, lo que representa un aumento del 36.62 %. Para 2024, este gasto significó el 2.86 % del presupuesto central y el 0.55 % del PIB. El gasto de capital en defensa fue notoriamente bajo, con solo 0.76 % del total ejecutado en 2024. Para 2025 y 2026, se prevé que el presupuesto de defensa alcance USD 116,85 millones y USD 146,35 millones respectivamente, con un crecimiento interanual del 25.24 %.

El personal del Ejército se mantuvo estable, con 14,496 efectivos en 2024, cifra similar a la registrada en 2020. El informe sugiere que la expansión presupuestaria no implicó un aumento del personal militar ni una modernización estructural relevante. Más bien, el crecimiento del gasto corriente podría buscar asegurar lealtades internas, favorecer ascensos y consolidar el poder en la cúpula militar.

A pesar del incremento en los recursos, Expediente Abierto indica que la opacidad en la gestión de fondos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas limitan el análisis sobre la verdadera eficacia de estos desembolsos. El reporte advierte que el gasto en seguridad y defensa en Nicaragua se orienta principalmente a sostener la estructura del régimen y garantizar el control político, más que a mejorar la seguridad pública o la protección ciudadana frente a amenazas criminales.

Entre los problemas estructurales detectados, el estudio menciona la utilización política de las fuerzas de seguridad, la posible colusión con el crimen organizado, el crecimiento de fuerzas paraestatales y la escasa profesionalización del personal formal.

El modelo presupuestario, según la investigación publicada en Expediente Abierto, refuerza los mecanismos de control autoritario y consolida la opacidad y la ausencia de fiscalización independiente en el sector de la seguridad y la defensa en Nicaragua.

El dictador Daniel Ortega declaró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones para que la oposición no acceda al poder. Ortega lo dijo durante un acto en Managua por el 47 aniversario de la revolución sandinista y anticipó que impulsará leyes para impedir cualquier intento opositor de gobernar.

Durante el acto, Ortega sostuvo que en Nicaragua no se celebrarán más elecciones que puedan abrir la puerta a que la oposición llegue al poder. “Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, expresó ante sus simpatizantes.

Minutos antes, de manera tirana señaló que la sangre derramada en las protestas de 2018 fue una lucha de la policía orteguista, jóvenes y voluntarios “para evitar un golpe de estado”.

Desde 2007, Nicaragua está bajo el régimen de Ortega, presidente desde 2007, exguerrillero sandinista de 80 años. Desde 2017 comparte el control con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.

Las nuevas medidas contra la oposición

En su discurso, Ortega apuntó contra los opositores exiliados, a quienes calificó de “agazapados” y acusó de buscar el poder para su propio beneficio económico.

También afirmó que trabajará junto a la Asamblea Nacional y con otras organizaciones afines para desarrollar leyes que impidan cualquier intento de la oposición de acceder al poder. “Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán”, señaló Ortega.

La reforma constitucional

En febrero de 2025, el régimen de Ortega puso en marcha una reforma a la Constitución Política de Nicaragua. La medida eliminó el sistema de equilibrio de poderes y otorgó el control del Estado a Ortega y Murillo, lo que recibió críticas de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y sectores de la oposición nicaragüense, constata EFE.

La enmienda constitucional extendió el período presidencial de cinco a seis años, creó la figura de “copresidenta”, dispuso que el Ejecutivo coordine los demás órganos del Estado —que ya no son considerados poderes independientes— y legalizó la apatridia.

De acuerdo con el calendario electoral previo a la reforma, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Con las modificaciones constitucionales, el período presidencial se amplió y, en teoría, los comicios tendrían lugar en noviembre de 2027.

La acusación de Estados Unidos contra Murillo

En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de haber creado el cargo de “copresidenta” sin que existiera un proceso electoral, sin mandato y sin legitimidad, expone la agencia EFE.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Murillo sabía que no podría ganar en un proceso limpio y transparente. También señalaron que tanto Murillo como Ortega han negado a la población nicaragüense el derecho a elegir democráticamente a sus gobernantes y advirtieron que el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense.

En Nicaragua, los ciudadanos destinan parte de sus ingresos al pago de uno de los impuestos al consumo más altos de Centroamérica, mientras enfrentan condiciones económicas que limitan su calidad de vida. El país aplica una tasa del 15% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el porcentaje más elevado de la región, lo que marca una diferencia significativa respecto a países vecinos con contextos económicos más favorables.

De acuerdo con Nicaragua Investiga, la estructura impositiva en Nicaragua ubica a su población entre las más gravadas de América Latina. El 15% de IVA se aplica sobre la mayoría de las compras cotidianas, lo que reduce la capacidad de compra de las familias, especialmente en alimentos y bienes básicos. Solo Honduras iguala esta tasa, mientras que en El Salvador y Costa Rica la cifra es del 13%, en Guatemala alcanza el 12%, en Belice el 12.5% y en Panamá apenas llega al 7%.

El peso del IVA en la economía familiar resulta aún más relevante ante la comparación de indicadores sociales y salariales. Tanto Nicaragua como Honduras presentan los salarios más bajos y los mayores índices de pobreza en Centroamérica, a pesar de que sus habitantes pagan el mayor porcentaje de impuesto al consumo de la región. Esta situación evidencia una brecha entre la presión fiscal y el bienestar social, ya que el aumento en la recaudación no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría.

El modelo económico impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende la recaudación como mecanismo para financiar el desarrollo y la equidad. Sin embargo, los resultados muestran un escenario distinto. El nivel de bienestar social no supera al de países vecinos con tasas de IVA más bajas y mayor cobertura de servicios públicos. Mientras tanto, la población debe asumir gastos adicionales para suplir deficiencias en áreas como salud, educación y seguridad.

El impacto del IVA afecta de manera regresiva a los sectores más vulnerables. La carga del impuesto recae proporcionalmente más sobre quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes esenciales. En este contexto, la recaudación fiscal no logra revertir la pobreza estructural ni mejorar las condiciones de vida cuando los fondos públicos se orientan a prioridades distintas de la inversión en infraestructura, educación y salud.

El análisis económico pone en cuestión la efectividad de la política fiscal vigente. Mientras Panamá y Costa Rica logran ofrecer mejores índices de desarrollo humano con esquemas tributarios menos exigentes, los nicaragüenses deben enfrentar una doble carga: pagar el impuesto más alto de Centroamérica y costear, de forma privada, servicios fundamentales. El modelo concentrado en la recaudación indirecta limita el margen de maniobra de quienes tienen menos recursos y profundiza las desigualdades existentes.

El caso de Nicaragua ilustra cómo una elevada presión impositiva puede coexistir con bajos niveles de bienestar, especialmente cuando la gestión de los recursos públicos no prioriza la mejora de los servicios básicos. La situación económica de los hogares nicaragüenses se ve condicionada por una política fiscal que, lejos de aliviar la carga sobre los sectores vulnerables, incrementa los desafíos para alcanzar mejores condiciones de vida.

La dictadura de Nicaragua usó el 47 aniversario de la revolución sandinista para reforzar el culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo y omitir a los demás comandantes históricos del proceso que derrocó a la dinastía Somoza, hoy muertos, encarcelados, desnacionalizados, exiliados o señalados como traidores por oponerse al régimen.

En 1979, la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) estaba integrada por Bayardo Arce, Tomás Borge, Luis Carrión, Carlos Núñez, Daniel Ortega, Humberto Ortega, Henry Ruiz, Víctor Tirado y Jaime Wheelock. Hoy, Daniel Ortega es el único de esos dirigentes que no fue perseguido por el régimen nicaragüense que encabeza.

El propio Humberto Ortega, hermano del presidente y exgeneral, murió en 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado tras denunciar la deriva dictatorial y dinástica del régimen. Bayardo Arce, antiguo asesor de Ortega, fue condenado por estafa; otros, como Henry Ruiz, siguen bajo detención política. Luis Carrión perdió su nacionalidad y fue forzado al exilio, mientras que Jaime Wheelock y Víctor Tirado quedaron apartados de la vida política. Tomás Borge y Carlos Núñez murieron hace años.

La situación de los antiguos comandantes

La persecución contra los antiguos compañeros de Ortega muestra el carácter excluyente y autocrático del régimen. El poder fue transferido a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, convertida en copresidenta mediante una reforma constitucional que institucionalizó la sucesión familiar y la concentración del poder.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) y analistas como Óscar René Vargas, ahora exiliados, sostienen que Nicaragua ya no es una república, sino una dictadura familiar, donde la institucionalidad responde a los intereses de los Ortega-Murillo. Las leyes y reformas eliminaron la oposición, y la represión se extiende contra la Iglesia Católica y toda voz disidente.

Aislamiento y control interno

Mientras Ortega se aísla internacionalmente, limita sus apariciones públicas y refuerza lazos con China y Rusia. A la vez, el régimen intensifica el control sobre la sociedad nicaragüense.

Las celebraciones oficiales de la revolución sandinista se presentan como un acto centrado en la figura de Ortega y coinciden con la consolidación de una dictadura que reprime, desnacionaliza y silencia a quienes se oponen a la continuidad de una dinastía autoritaria.

El régimen ordenó a trabajadores del Estado asistir al acto del 19 de julio con un acompañante ajeno al oficialismo, una exigencia que, según el medio Divergentes, se suma a la movilización forzada de atletas y a la incertidumbre por una jornada que coincidirá con la final del Mundial de fútbol.

La instrucción obligó a cada empleado público a presentarse al mediodía en su centro de trabajo con una persona previamente registrada en una ficha con nombre completo, número de cédula y teléfono. Entre los funcionarios consultados por la publicación, el malestar se mezcla con el temor a sanciones laborales si no cumplen.

Un trabajador del Ministerio de Salud dijo al medio que la orden “no es opcional” y que, en algunas dependencias, los superiores volvieron a exigir el llenado de las fichas cuando detectaron áreas que no lo habían hecho. Según su relato, algunos empleados anotaron familiares que no trabajan para el Estado y otros recurrieron a vecinos para cubrir el requisito. El mismo funcionario describió el clima interno con una frase que resume la presión de la jornada.

La detención de un ciudadano nicaragüense buscado internacionalmente movilizó a las autoridades en la ciudad de Estelí, tras la activación de una notificación roja de Interpol vinculada a un caso de homicidio en Estados Unidos. El arresto se produjo en el marco de una operación de la Policía Nacional de Nicaragua, que respondió a una solicitud formal de las autoridades estadounidenses relacionada con un accidente de tránsito ocurrido en Arkansas en 2022.

El sujeto fue identificado por las autoridades como Cristhiam Rodríguez Izcano, de 34 años, señalado por la justicia de Estados Unidos como presunto responsable de la muerte de Tracy Harlam, una enfermera de 47 años. Las investigaciones indican que Rodríguez Izcano habría provocado un choque fatal en la ciudad de Springdale, al conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, pasando por alto una señal de semáforo en rojo. Entre los cargos que enfrenta figuran homicidio negligente, agresión en segundo grado, conducción bajo los efectos del alcohol y drogas, conducir sin licencia y posesión de un recipiente abierto con bebidas alcohólicas.

El proceso judicial en territorio estadounidense permitió que el acusado obtuviera libertad bajo fianza. No obstante, semanas después abandonó el país y retornó a Estelí, donde permaneció durante un largo periodo mientras persistía la orden internacional de captura. Durante este tiempo, familiares de la víctima impulsaron campañas en redes para exigir justicia y remarcar por la salida del acusado antes del juicio.

En el estado de Arkansas, el cargo de homicidio negligente vinculado a la conducción bajo los efectos del alcohol (DWI) se clasifica como delito grave Clase B. Por este delito, la pena puede ser de 5 a 20 años de prisión y una multa de hasta $15,000.

La detención en Nicaragua surgió tras una denuncia local por un presunto caso de violencia doméstica. Al confirmar la identidad del sospechoso, la policía descubrió la notificación roja de Interpol, lo que llevó a su inmediata captura y traslado a Managua para la continuación del procedimiento judicial bajo supervisión de las autoridades nacionales.

El futuro del caso está marcado por los límites legales que impone la Constitución de Nicaragua, la cual prohíbe la extradición de sus ciudadanos, incluso cuando existen tratados de cooperación internacional como el firmado con Estados Unidos en 1905. La legislación nicaragüense prevalece sobre los acuerdos bilaterales, y la cooperación judicial entre ambos países permanece restringida.

En algunos escenarios, los convenios internacionales permiten que personas requeridas sean juzgadas en su propio país por delitos cometidos en el extranjero, siempre que se cumplan los requisitos legales pertinentes. Hasta el momento, las autoridades de Nicaragua no han informado si aplicarán este mecanismo en el caso de Rodríguez Izcano.

La situación pone de manifiesto los retos que enfrentan los sistemas de justicia frente a delitos transnacionales, donde la coordinación internacional, los tratados vigentes y las restricciones nacionales influyen en los procesos y en las posibilidades de enjuiciamiento.

Pablo recuerda la mañana en que, siendo joven, llevaba a sus hijos a la plaza para conmemorar el 19 de julio. “Enseñé a mi familia a celebrar la caída de una tiranía”, cuenta. Durante años, se definió como “sandinista hasta la muerte” y defendió con convicción el legado de la revolución. Sin embargo, su vida cambió tras el regreso de Daniel Ortega al poder y la represión de 2018: “Abrí los ojos y vi que era un tirano. Además, mi esposa y mi hijo sufrieron en carne propia los atropellos de los sandinistas”.

Hoy, Pablo forma parte de los lisiados de guerra y observa la convocatoria de 2026 como “una triste evidencia de la soledad de los tiranos”. Considera que el régimen ya no logra movilizar respaldo genuino y denuncia que muchos participantes deben llevar al menos a dos familiares para llenar los actos oficiales. Aquel 19 de julio que vivía con orgullo se transformó en un recordatorio de pérdida y ruptura, según relató a Confidencial.digital.

Empleados públicos y el peso de la obligación en los actos oficiales

Mientras tanto, Félix, empleado del Ministerio del Interior, describe julio como “un calvario grande”. Lleva más de doce años trabajando para el Estado y relata que, si no asiste a todas las actividades partidarias, “de inmediato perdería el trabajo”. El mes está marcado por dianas al amanecer, colocación de flores, ferias y caravanas, siempre con la exigencia de mostrar entusiasmo y con la lista de asistencia pasando de mano en mano.

Para Félix, el 19 de julio dejó de ser una celebración y se convirtió en “un día más de trabajo”, donde todo se documenta con fotografías y la participación es obligatoria. Considera que los actos promovidos por el régimen “son una farsa de la historia”, en la que el relato oficial presenta el derrocamiento de Somoza como el fin de todos los males y atribuye a Ortega y Murillo un papel salvador que no comparte, según su testimonio recogido por Confidencial.digital.

Voces críticas: duelo, traición y memoria fracturada

Lludely Aburto, de la Articulación de Movimientos Sociales, describe esta fecha como un día de “sentimientos encontrados”. Recuerda la promesa de cambio y el fin de “una dictadura asesina y oprobiosa”, pero lamenta que se haya transformado en “otra dictadura asesina”. Para Aburto, Nicaragua debería abrir un debate nacional sobre el significado de la fecha y no perpetuar gobiernos autoritarios, recordando a “más de 50,000 muertos” y el dolor que sigue vigente.

La exguerrillera e historiadora Dora María Téllez sostiene que el régimen “ha vaciado de contenido” el 19 de julio y lo utiliza para “llenar de elogios a los tiranos”. Critica la falta de una memoria histórica compartida que represente identidad ciudadana y advierte que fechas como esta pueden terminar siendo “un feriado más” si no se construye una memoria nacional basada en avances democráticos y la inclusión de sectores marginados.

Para Diana Silva Carballo, universitaria exiliada tras estudiar Matemática en la UNAN-Managua, julio dejó de ser solo un feriado. Después de la represión de la Operación Limpieza en 2018, el mes se asocia para ella con duelo y migración. Afirma que la revolución fue “robada” y que Ortega y Murillo convirtieron la conmemoración en una celebración partidaria, aunque insiste en que la fecha no debe olvidarse y debe resignificarse en el futuro.

La oposición denuncia el culto a la personalidad y el desapego social

El abogado Juan Diego Barberena, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, asegura que el 19 de julio perdió su sentido de cambio político y ahora es solo una actividad “estrictamente familiar” dedicada a la familia Ortega-Murillo. Desde 2018, el oficialismo recurre a jóvenes influencers para simular respaldo popular ante la falta de militancia y el descontento interno, según declaraciones recogidas por La Prensa.

El periodista exiliado Gerall Chávez, de Nicaragua Actual, señala que el actual contexto de represión, “significa la perpetuación del luto y del exilio” para muchos nicaragüenses. Describe la ceremonia como “un culto a la personalidad” reservado al círculo cercano del poder, y observa que este año la atención pública estará más puesta en la final del Mundial que en los actos oficiales. En su visión, la fecha dejó de recordar la caída de los Somoza para convertirse en símbolo de duelo, migración y represión.

Cambios en el formato y pérdida del símbolo histórico

En 2026, el régimen sandinista anunció que instalará pantallas en cada municipio y mantendrá un acto reducido en la Plaza de la Fe, transmitido en cadena nacional. Desde 2019, estas ceremonias sustituyen las antiguas concentraciones masivas de la Plaza de la Revolución. Rosario Murillo afirmó ante medios oficialistas que la jornada incluirá desfiles en la mañana y reuniones por la tarde, después de la final del Mundial de Fútbol: “Vamos a estar reunidos desde las plazas municipales y desde la Plaza de la Fe, congregados, celebrando la paz”.

La decisión de modificar el formato, según reportes de Confidencial.digital, responde al desgaste del Frente Sandinista de Liberación Nacional y al rechazo social. El 19 de julio, que hace 47 años representó el fin de la familia Somoza, hoy divide a la sociedad entre quienes apoyan al oficialismo y quienes ven la conmemoración como muestra de “una nueva dictadura”.

La Policía Nacional informó sobre la captura de un colombiano que transportaba dinero en efectivo sin justificar su procedencia durante una inspección en el Punto de Control Interno de Pavana, departamento de Choluteca. Según el informe policial

El procedimiento se realizó en el sur de Honduras, en un sector con tránsito por la carretera Panamericana y otros ejes que comunican con las fronteras de Nicaragua y El Salvador.

Según el informe policial, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, con apoyo de unidades tácticas especiales, inspeccionaron de forma preventiva un vehículo que circulaba de noche y encontraron dinero en efectivo distribuido en distintas monedas.

Durante la revisión, los uniformados encontraron USD 8.800, 32.800 lempiras y 920 córdobas nicaragüenses. De acuerdo con el cálculo de las autoridades, el monto equivale a aproximadamente USD 10.050, es decir, alrededor de 261 mil lempiras.

El detenido fue identificado como Edwin Arley Cadavid Pineda, de 40 años, originario de Medellín, Colombia, y residente en Managua, Nicaragua. De acuerdo con la información oficial, se dedicaba al comercio y viajaba por territorio hondureño cuando fue requerido por los agentes policiales.

Tras la inspección, el ciudadano fue arrestado y trasladado bajo custodia para ser puesto a disposición de las autoridades competentes, que determinarán mediante investigaciones el origen del dinero y si existen elementos para sustentar una acusación por lavado de activos.

Investigación en curso

Las autoridades explicaron que la detención forma parte de acciones contra los delitos financieros y el movimiento irregular de dinero en efectivo, especialmente en corredores estratégicos utilizados para el tránsito internacional.

Ahora corresponderá al Ministerio Público desarrollar las diligencias investigativas, recopilar prueba documental y establecer si los fondos tienen un origen lícito o si guardan relación con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, el crimen organizado u otras actividades ilícitas.

Mientras el proceso avanza, el dinero permanecerá bajo custodia de las autoridades como parte de la cadena de evidencias del expediente.

Controles en las carreteras

Los retenes instalados por la Policía Nacional en distintos puntos del país forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad en las principales rutas de comunicación terrestre.

En estos operativos participan diversas unidades policiales que inspeccionan vehículos particulares, transporte de carga y autobuses con el objetivo de detectar armas, drogas, personas con órdenes de captura, mercancía de contrabando y grandes cantidades de dinero cuyo origen no pueda ser acreditado.

Las autoridades sostienen que estos controles también buscan impedir que organizaciones criminales utilicen las carreteras hondureñas para movilizar recursos económicos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Casos similares

La captura registrada en Pavana no constituye un hecho aislado. En los últimos años, Honduras ha reportado múltiples decomisos de dinero en efectivo durante operativos policiales y militares, especialmente en los departamentos fronterizos de Choluteca, El Paraíso, Cortés, Copán y Ocotepeque, considerados puntos estratégicos para el tránsito regional.

Uno de los casos ocurrió en 2024, cuando dos ciudadanos colombianos fueron enviados a prisión preventiva tras ser capturados transportando más de 72 mil, dólares, además de lempiras, pesos colombianos y pesos mexicanos. En esa ocasión, las investigaciones determinaron que los imputados no lograron justificar la procedencia del dinero, por lo que enfrentaron cargos por lavado de activos.

En diciembre de 2023, otro ciudadano hondureño fue detenido en el mismo punto de control de Pavana mientras transportaba alrededor de USD 11 mil en efectivo, caso que también derivó en una investigación por el supuesto delito de lavado de activos.

Delito de lavado de activos

El lavado de activos consiste en realizar operaciones destinadas a ocultar o dar apariencia de legalidad a bienes, dinero o recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

En Honduras, este delito es investigado por el Ministerio Público con apoyo de diferentes cuerpos especializados de la Policía Nacional, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y otras instituciones encargadas de rastrear operaciones financieras sospechosas.

La legislación hondureña contempla sanciones penales y el decomiso de bienes cuando se logra demostrar que los recursos tienen origen ilícito o fueron utilizados para facilitar actividades criminales.

El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció este sábado la desaparición forzada de Claudia Magali Munguía Matamoros, detenida el pasado 14 de julio de 2026 por el régimen. Sus allegados temen por su vida, debido a que padece enfermedades crónicas y no existe información oficial sobre su paradero ni su estado de salud.

El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, organización que agrupa al movimiento campesino nicaragüense, emitió la denuncia pública a través de sus redes sociales y dirigió un llamado urgente a la Embajada de Estados Unidos en Managua y a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, instancias que en las últimas semanas han elevado la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la situación de los presos políticos en el país centroamericano.

La detención de Claudia Munguía se produjo cuatro días antes de que el régimen celebrara el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, en medio de una ola de represión que, según organismos internacionales, se ha intensificado en los últimos meses. Uno de ellos es el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas que contabilizó, en su corte de mayo de 2026, 46 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, de las cuales nueve se encontraban bajo condición de desaparición forzada.

La preocupación de sus familiares y compañeros de organización se agudiza ante la ausencia de atención médica garantizada. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó en un informe del 1 de julio de 2026 sobre las condiciones de detención en las cárceles del régimen, señalando la falta de atención médica adecuada como una de las principales violaciones documentadas, situación que ha derivado en fallecimientos bajo custodia estatal.

Por ende este caso no es aislado en el contexto de la represión del régimen contra sectores campesinos e indígenas. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, los líderes e integrantes de comunidades rurales e indígenas constituyen el grupo más numeroso entre los presos políticos del país, con el 26% del total de detenidos. La mayoría son autoridades comunales, síndicos y activistas que han resistido el avance de grupos armados sobre sus territorios.

Denuncias de desapariciones forzadas y represión en Nicaragua

El movimiento campesino nicaragüense acumula años de enfrentamiento con el régimen por la defensa de la tierra y los recursos naturales. El patrón de detenciones arbitrarias seguidas de silencio oficial ha sido documentado de forma sistemática por organismos de derechos humanos.

La desaparición de Munguía Matamoros llega en una semana marcada por múltiples denuncias sobre la dictadura Ortega-Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el jueves 16 de julio su preocupación por la desaparición forzada del obispo emérito de la Diócesis de Estelí, Abelardo Mata Guevara, de 80 años, detenido el 2 de julio tras rezar públicamente por la Iglesia perseguida.

En un pronunciamiento oficial, la CIDH urgió a las autoridades nicaragüenses a informar sobre su paradero, sin obtener respuesta verificable hasta la fecha.

La reforma constitucional con la que Daniel Ortega y Rosario Murillo concentraron el poder en Nicaragua consolidó un modelo de dinastía familiar y Estado totalitario justo cuando el país se encamina al 19 de julio, una fecha en la que el oficialismo busca celebrar los 47 años de la Revolución Sandinista y, al mismo tiempo, reafirmar los 19 años del ciclo político iniciado en 2007.

La nueva arquitectura institucional creó las figuras de “copresidente” y “copresidenta”, extendió el período presidencial a seis años y subordinó la Asamblea Nacional, el Ejército y la Policía al control familiar.

También eliminó de hecho la separación de poderes y reforzó mecanismos de castigo político como la denegación de ingreso al país y la invalidación de documentos.

En ese marco, el 19 de julio reunirá dos efemérides: los 47 años del triunfo revolucionario de 1979 y los 19 años del período abierto en enero de 2007. La fecha volverá a convocar a quienes vivieron la caída de la dictadura somocista, a generaciones que crecieron con ese relato y a jóvenes nacidos mucho después de aquel episodio.

La disputa por la memoria se concentra en las celebraciones del 19 de julio

Murillo impulsa una narrativa que exalta a los héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista mientras busca borrar de la memoria pública la represión de 2018. Desde junio anunció actividades previas al aniversario, entre ellas el repliegue a El Vapor del 20 de junio y el repliegue táctico del 27 de junio.

La primera de esas actividades recordó la maniobra del 16 de junio de 1979, cuando combatientes del FSLN y pobladores del barrio San Judas se resguardaron en la hacienda El Vapor, también conocida como Hacienda Miraflores, en la zona de El Crucero, para evitar los bombardeos de la Guardia Nacional somocista y reorganizarse.

La segunda rememoró la caminata silenciosa hacia Masaya que realizaron seis mil guerrilleros sandinistas y civiles de barrios orientales de Managua el 27 de junio de 1979 para preparar la ofensiva final.

“Treinta y tres monumentos que estamos remozando para conmemorar en grande, siempre con el corazón lleno de reconocimiento a nuestros héroes y mártires, el cuarenta y siete sobre diecinueve”, dijo Murillo el 7 de julio en una alocución ante medios oficialistas.

Para defensores de derechos humanos, esa agenda conmemorativa contrasta con los hechos de abril de 2018, cuando los dictadores Ortega y Murillo ordenaron reprimir las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril. Con el paso de los días, la violencia estatal se intensificó y julio se convirtió en uno de los meses más sangrientos de la historia reciente del país.

La represión de 2018 dejó al menos 145 muertos, según la OEA

Ese mismo julio de 2018 se desarrolló la llamada operación limpieza, ejecutada entre junio y agosto por policías y paramilitares contra tranques y barricadas levantados por manifestantes. El saldo fue de 145 muertos, según la OEA, aunque otros organismos elevaron la cifra a 200.

Los episodios más violentos de ese operativo ocurrieron en Carazo el 8 de julio, en la Iglesia Divina Misericordia de Managua el 13 de julio, en Masaya el 17 de julio y seis días después en Jinotega. La orden, según medios de comunicación, fue: “Vamos con todo”.

“Utilizaron centenares y miles de personas armadas, civiles, con armas de guerra, los paramilitares, que fue el tercer cuerpo armado creado”, dijo el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Carrión sostuvo que el régimen pretende borrar lo ocurrido en abril y los meses siguientes, que definió como una ejecución contra la vida, con detenciones arbitrarias masivas y desapariciones.

La reacción del aparato de propaganda oficial incluyó una galería titulada “Octavo aniversario de la liberación de los tranques de la muerte en Carazo”. En esas imágenes, simpatizantes sandinistas marcharon con retratos de víctimas del FSLN durante el operativo represivo que dejó al menos 24 muertos en ese departamento.

medio como La Prensa muestran que Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, DNDH, describió “Julio victorioso”, la campaña con la que Murillo promueve miles de actividades previas al 19 de julio, como una disputa por la memoria usada como herramienta de poder.

Según Cuevas, la dirigente desarrolla una política sistemática de control simbólico y narrativo sobre la historia nacional para legitimar el poder actual, consolidar una identidad oficial y neutralizar cualquier memoria que cuestione al régimen.

La estrategia oficial combina propaganda, censura y confiscaciones

De acuerdo con Cuevas, esa estrategia mezcla recursos culturales, comunicacionales y represivos. A través de los medios oficialistas, explicó, el gobierno busca construir una identidad emocional con un lenguaje místico y repetitivo sobre símbolos, rituales y efemérides sandinistas.

A eso se suman la prohibición de conmemoraciones de abril de 2018, reformas educativas que omiten hechos recientes y el hostigamiento a familiares de las víctimas. El abogado también incluyó en esa política las confiscaciones de archivos, universidades y centros culturales.

Entre esos casos mencionó el del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, IHNCA, que pasó a manos del régimen tras la confiscación de la Universidad Centroamericana, UCA, en agosto de 2023, y la hemeroteca de La Prensa, confiscada el 13 de agosto de 2021.

Carrión afirmó que antes de 2018 el acto principal del 19 de julio se realizaba en la Plaza de la Fe, con centenares de partidarios llegados desde distintos puntos del país, pero que en los últimos años el oficialismo lo trasladó a espacios más pequeños y con asistentes seleccionados para resguardar la seguridad de Ortega y Murillo. “No hay ninguna grandeza más allá de las palabras”, dijo.

La madrugada del pasado miércoles 8 de julio, el silencio habitual de la comunidad rural de Rodeo Grande, en Somotillo, Chinandega, cobijó la partida silenciosa de Alba Dayana Martínez Oconor. Sin abrazos de despedida ni promesas de retorno inmediato, la joven mujer inició un viaje clandestino persiguiendo el anhelo de un futuro mejor, dejando atrás su tierra natal y el calor de su hogar bajo el supuesto de un empleo temporal en la frontera sur de Nicaragua.

Nadie, ni siquiera sus propios hijos, sospechaba que su destino real se encontraba a miles de kilómetros, en la inhóspita y peligrosa ruta hacia los Estados Unidos. La ilusión del viaje se transformó súbitamente en una pesadilla colectiva ocho días después, cuando una llamada telefónica quebró la frágil paz de la familia Martínez.

Al otro lado de la línea, voces gélidas y autoritarias confirmaron el peor de los temores: Alba había sido secuestrada durante su tránsito por territorio mexicano. Sus captores, identificados como miembros de una temida organización criminal, permitieron que la joven hablara unos breves instantes para demostrar que seguía con vida. El precio fijado para su libertad asciende a la astronómica cifra de 25,000 dólares, una cantidad que para sus seres queridos representa una barrera tan infranqueable como la propia frontera.

Don Ronald José Martínez Martínez, un campesino de 63 años debilitado por una enfermedad renal crónica, relató al medio nicaragüense La Prensa, los detalles de un engaño nacido por amor y desesperación. «Ella decidió viajar a escondidas».

La familia creía que Alba se encontraba trabajando cerca de la frontera con Costa Rica; la dolorosa verdad llegó a través del teléfono de una tía. Ahora, el dispositivo móvil que antes servía para acortar distancias afectivas se ha convertido en el canal de extorsión mediante el cual los secuestradores ejercen una presión psicológica devastadora sobre una familia desamparada.

La dolorosa realidad de la pobreza y un clamor de solidaridad

Para la familia Martínez, la exigencia de los 25,000 dólares es sinónimo de una sentencia imposible de cumplir en el corto plazo. En la humilde vivienda de Rodeo Grande, la subsistencia es una lucha de carácter diario. «Eso es duro para uno como pobre. Aquí cuando conseguimos, comemos; y cuando no conseguimos, tenemos que aguantar», expresó al medio don Ronald.

Su patología médica crónica restringe severamente sus jornadas en el campo, obligándolo a depender de la solidaridad comunitaria y de las escasas siembras que el clima inclemente permite cosechar.

Pese a la precariedad y al dolor moral, la comunidad de Somotillo y la diáspora nicaragüense radicada en los EE.UU., se han movilizado en una carrera contrarreloj para salvar la vida de Alba. Entre préstamos locales, colectas comunitarias y negociaciones agónicas con los captores para ganar tiempo, la familia intenta reunir cada centavo posible. Sus dos hijos, de 17 y 19 años, aguardan en vilo el retorno de la madre que partió en silencio buscando asegurarles un bienestar que el entorno rural les negaba.

Las consecuencias de viajar de manera ilegal hacia los Estados Unidos y la violencia estructural en las fronteras

El drama de Alba Dayana no es un hecho aislado, sino el reflejo trágico de las severas consecuencias que enfrentan miles de migrantes al emprender la travesía de forma irregular. Optar por las rutas clandestinas hacia los Estados Unidos significa adentrarse en un territorio sin ley, donde el ser humano pierde sus derechos fundamentales y se convierte en una simple mercancía.

Al evadir los controles migratorios oficiales debido al severo endurecimiento de las políticas fronterizas contemporáneas, los viajeros se ven obligados a recurrir a redes de tráfico de personas o a transitar por zonas geográficas de extremo peligro, quedando desprotegidos ante un entorno hostil.

En los márgenes de las fronteras latinoamericanas y mexicanas opera una maquinaria delictiva implacable. Estructuras criminales fuertemente armadas y carteles despiadados controlan los caminos, las vías ferroviarias y los desiertos. Estos grupos delincuenciales no se limitan a extorsionar; recurren sistemáticamente por:

• Secuestro masivo
• La tortura física y psicológica
• El abuso sexual
• Asesinatos impune de quienes no logran costear sus exigencias financieras.

Aquellos que deciden viajar por su cuenta sufren una suerte similar, expuestos a la deshidratación, el cansancio extremo y a la invisibilidad jurídica que impide a las autoridades rastrear su paradero una vez que caen en las redes del crimen organizado. Cada minuto transcurrido representa un tormento de incertidumbre para este hogar nicaragüense, que hoy simboliza el costo humano más amargo de la migración forzada.

La agenda de Dora María Téllez para este domingo tiene un solo punto: la final del Mundial entre España y Argentina, vista desde el sofá de su apartamento. Nada más. Hace 47 años, un 19 de julio como este, la agenda de Téllez era otra. Aquella madrugada de 1979 estaba al frente de una columna guerrillera por el sector donde hoy se levanta Ciudad Sandino, en las afueras de Managua.

Tenía 24 años y dirigía uno de los frentes de guerra más importantes de la insurrección que terminó por derrocar al dictador Anastasio Somoza. Más de 3000 guerrilleros bajo su mando en el Frente Occidental la convertían en una de las comandantes más relevantes del sandinismo en armas. Hoy vive en el exilio, como buena parte de los protagonistas de aquellas batallas que, para bien o para mal, instalaron al sandinismo en el poder de Nicaragua.

Rosario Murillo celebra

En Nicaragua, mientras tanto, Rosario Murillo despliega un programa de celebraciones que este año lleva un nombre a la altura de sus ambiciones: “Julio Eterno, Victorioso”. Bajo ese lema arrancó el 1 de julio un calendario de actos que se extiende por todo el mes, en agudo contraste con la vida que hoy llevan los antiguos comandantes que observan la fecha desde fuera del país, en el exilio.

De los nueve comandantes que integraron la histórica Dirección Nacional, el máximo órgano de conducción de la Revolución Sandinista, dos permanecen encarcelados por el régimen: Bayardo Arce y Henry Ruiz. Otros tres han fallecido, entre ellos Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, quien murió bajo custodia del régimen tras pasar sus últimos meses en condición de preso político. Luis Carrión vive en el exilio, mientras que los otros dos antiguos comandantes están retirados de la vida pública por motivos de salud o por decisión propia.

Otras figuras relevantes del sandinismo histórico como los guerrilleros Dora María Téllez, Moisés Hassan, Mónica Baltodano y el escritor Sergio Ramírez permanecen el exilio y desnacionalizados por orden de su antiguo compañero de armas.

Murillo nunca fue guerrillera. Fue colaboradora sandinista, primero dentro de Nicaragua y después desde el exilio en Costa Rica, donde se convirtió en la pareja de Daniel Ortega. La única vez que se le vio con armas y uniforme militar fue el 20 de julio de 1979, un día después del triunfo, cuando llegó a Managua cargando un fusil M16 y estrenando uno de los uniformes abandonados por la derrotada Guardia Nacional.

Daniel Ortega, aunque fue uno de los principales comandantes del Frente Sandinista, tuvo poca actividad de combate directo: buena parte de su vida guerrillera transcurrió en la cárcel y en el exilio. Sin embargo, los festejos del triunfo revolucionario de 1979 giran cada vez más en torno a su figura y a la de Murillo. Y, según el propio ritmo de las últimas conmemoraciones, cada vez menos en torno a Ortega y más hacia Murillo.

“Desde hace años ellos vienen reconfigurando el sentido de la conmemoración y, básicamente, han dejado de lado todo el tema del derrocamiento de la dictadura. Es lógico, porque eso evidencia su propia condición. Han puesto de relieve toda la fanfarria que concentra las miradas en Daniel Ortega y ahora también en Rosario Murillo, como una especie de leyenda”, señala la exguerrillera Dora María Téllez.

Según la cobertura de medios oficialistas, el programa “Julio Eterno, Victorioso” arrancó formalmente el 1 de julio con actividades en todos los municipios del país, día en que Rosario Murillo dio a conocer el calendario completo del mes.

La copresidenta anunció que el 15 de julio se rendiría homenaje a Julio Buitrago —a quien el discurso oficial llama “padre de la resistencia urbana”—; que el 17 se celebraría la “alegría nacional”; que el 18 habría vigilias en todo el país, y que el 19 se desarrollarían desfiles y concentraciones en las plazas de cada municipio, con el acto central en la Plaza de la Fe, en Managua.

Murillo ha enmarcado la conmemoración en un discurso de estabilidad y paz. En su alocución diaria del 13 de julio afirmó que el país viviría una semana “marcada por la alegría, el trabajo, el amor y la consolidación de la paz”. En comunicaciones previas había adelantado el “mapa de celebración” con el lenguaje devocional que la caracteriza: “rompiendo fuego, fuego de luz, de vida, de verdad, de paz y bien”.

Mostrar respaldo popular

“Este año les va a servir más que en otros, porque ya comenzaron a preparar las condiciones para un circo electoral, para unas votaciones donde no hay más candidatos. Están tratando de demostrar que tienen un gran respaldo popular”, dice Téllez.

La comandante lo dice a propósito de una encuesta que la oficialista firma M&R Consultores presentó esta semana donde el 88.5% de los nicaragüenses aprueba la gestión de Daniel Ortega y el 86.7% la de Rosario Murillo.

“Si fuera cierta, los Ortega Murillo deberían convocar de inmediato a unas elecciones limpias, transparentes y competitivas, porque según M&R nueve de cada diez nicaragüenses los aman”, ironiza Téllez.

“Ellos preparan condiciones para no aparecer aislados dentro del país, para no aparecer huérfanos de respaldo popular y para no mostrar la máxima debilidad en la que realmente están ahora. El uso de la conmemoración tiene ese sentido: tratar de demostrar que hay un gran respaldo popular detrás de ellos, que su poder sigue íntegro y mostrar fuerza y cohesión alrededor de ellos”, explica.

¿Pero también buscan una legitimación histórica? “Sí. Buscan crear una historia heroica alrededor de Ortega y otra alrededor de Rosario Murillo. Intentan mostrarse como herederos de una estirpe de combatientes que en realidad no son”, responde Téllez.

Por eso, agrega, han vuelto a lo que la propia Murillo había abandonado: las celebraciones y conmemoraciones de los combates y de los militantes sandinistas que murieron durante la lucha contra la dictadura. “Ha retomado esa narrativa porque todo tiene que ver con el intento de recomponer una base social que los ha ido abandonando”.

Para ese fin, dice, el régimen combina dos mecanismos: “el discurso antiimperialista contra Estados Unidos” y “toda la cultura de las conmemoraciones de héroes y mártires”, con los que buscan “reagrupar y estimular a esa base sandinista para que vuelva a sus filas y enfrentar los problemas que tienen”.

Prohibiciones y restricciones

A ese despliegue narrativo lo acompaña, como cada año, un cerco de restricciones. Desde 2019 rige una prohibición de facto que impide izar la bandera azul y blanco en viviendas o portarla en vehículos sin acompañarla de la bandera roja y negra del FSLN, bajo pena de cárcel.

Este año se sumó una orientación oficial que pide a organizadores no instalar “estadios virtuales” ni grandes reuniones para ver la final del Mundial el mismo 19 de julio, con el fin de que el evento deportivo no le reste protagonismo a los actos revolucionarios, una directriz comunicada a finales de mayo a empresarios que temen que también afecte a bares y restaurantes, según informó la plataforma Divergentes.

A eso se agregan los cierres viales, la prohibición de portar armas y el control de explosivos en torno a la fecha, medidas formalmente justificadas como garantía de seguridad.

“Es tal el miedo de la dictadura Ortega-Murillo que la celebración del 19 de julio será tan restringida que han emitido una circular con estrictas medidas de seguridad para todos los empleados públicos y militantes sandinistas. Las disposiciones reflejan el nivel de desconfianza del régimen ante la asistencia de personas en quienes, al parecer, no confían plenamente”, expuso en redes sociales, Miguel Mendoza, periodista nicaragüense en el exilio.

“A los empleados públicos se les ha orientado presentarse obligatoriamente con su cédula de identidad, vestir camiseta blanca y usar zapatos cómodos. Además, deberán llegar bien hidratados, ya que estará prohibido ingresar con botellas con agua. También tendrán prohibido asistir con gafas de sol (solo se permitirán lentes graduados), así como con sombrillas, bolsos, carteras, gorras o sombreros”, añadió.

Mendoza también denunció que “como en los últimos años, la dictadura ha emprendido nuevamente una cacería contra supuestos opositores al régimen en vísperas de la celebración del 19 de julio”.

“En los últimos tres días se han registrado detenciones de ciudadanos. Uno de ellos es Jimmy José Tercero, quien fue sacado de su vivienda en Rancho Grande, departamento de Matagalpa, y trasladado a Managua, sin que sus familiares tengan información precisa sobre las acusaciones en su contra”, expuso. También se reportan otras capturas, bajo el mismo esquema represivo que el régimen ha aplicado de forma reiterada contra la población cada vez que se acerca el 19 de julio, desatando una nueva ola de persecución”.

Celebraciones cerradas

En los años ochenta el 19 de julio era, según lo recuerdan quienes lo vivieron, una fiesta de alcance internacional: cientos de miles de personas llenaban la Plaza de la Revolución en Managua y llegaban delegaciones y líderes de todo el espectro ideológico a arropar a una revolución que entonces despertaba simpatías entre la izquierda mundial.

Desde 2020, primero por la pandemia, después como patrón permanente, el formato cambió: los actos se replegaron a plazas más pequeñas, con invitados seleccionados y uniformados, en circuito cerrado y con acceso restringido para la prensa independiente. Como explica Téllez, la fiesta multitudinaria de los años de la revolución fue decayendo hasta concentrarse enteramente en la figura de Ortega tras su regreso al gobierno en 2007.

“Ahora todo está diseñado para que ellos aparezcan en el centro. Si te fijás, estos actos son cada vez más parecidos a los de los fascistas alemanes: todo el mundo va vestido igual, menos ellos”, dice. “Es una escenografía donde todos van de camiseta blanca y los únicos que aparecen con ropa diferente son los Ortega Murillo. Así se presentan como las personas especiales, las únicas excepcionales entre una masa que no se distingue. Todo está hecho deliberadamente para que nadie sobresalga dentro de ese conjunto de personas vestidas de blanco.”

A esa escenografía se suma, dice, el simbolismo esotérico de Rosario Murillo: las flores y “todo ese pensamiento esotérico… según el cual eso los protege de las enfermedades y de las energías negativas”, indica.

Para Téllez, el montaje está diseñado para vender las figuras de Ortega y, cada vez más, la de Murillo: “El discurso de Ortega ya no se amplifica como antes. Ahora queda prácticamente encapsulado en los medios oficiales y el que realmente se amplifica es el de Rosario Murillo.”

¿Queda algo del sandinismo que llegó al poder hace 47 años? “Yo, francamente, creo que prácticamente no queda nada”, responde Téllez. “Ellos convocan a la fuerza. Obligan a los empleados públicos a asistir, los inscriben con nombre y número de cédula. También llevan soldados y policías para llenar esos actos. Ahí ya no existe un sentimiento genuino.”

Ella misma se define distinto: “Yo me siento sandinista, pero en el sentido de Sandino, en el cauce de la tradición de Sandino. Esa es mi identidad. Obviamente no tengo absolutamente nada que ver con el Frente Sandinista ni con su estructura, ni con esa perversión que hicieron Ortega y Murillo de una institución que fue incapaz de responder a los grandes desafíos de Nicaragua.”

Como ha sucedido en los últimos 30 años, Téllez no estará en ninguna tarima de celebración como solía hacer antes. El 19 de julio verá la final entre España y Argentina. Sin camiseta de ningún equipo. “No soy de fanaticadas”, dice.

La oposición nicaragüense en el exilio declaró su respaldo a la extradición de Alessio Casimirri, el exbrigadista que lleva más de cuatro décadas refugiado en Nicaragua con nacionalidad otorgada por el régimen sandinista, mientras el país centroamericano rompe relaciones diplomáticas con Italia antes de ceder ante la justicia europea. Ruta del Cambio, el partido opositor liderado por el dirigente desnacionalizado Félix Maradiaga, fue categórico: “Nicaragua no puede seguir siendo utilizada como refugio de personas condenadas por terrorismo internacional ni como territorio de impunidad para aliados políticos del sandinismo”.

Quién es Casimirri y qué hizo en 1978

Casimirri, de 74 años, es uno de los condenados por el crimen político más traumático de la Italia del siglo XX. El 16 de marzo de 1978, un comando de las Brigadas Rojas —grupo marxista-leninista que buscaba derribar el Estado italiano mediante la lucha armada— emboscó la caravana del exprimer ministro Aldo Moro en la Via Fani de Roma, asesinó a los cinco agentes de su escolta y lo mantuvo secuestrado durante 54 días.

El 9 de mayo de ese año, el cuerpo de Moro apareció en el maletero de un Renault 4 estacionado en la Via Caetani, a pocos metros de las sedes del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Comunista Italiano.

Era el estadista más poderoso del país y se hablaba de él como el próximo presidente de la república.

La justicia italiana condenó a Casimirri en ausencia a seis cadenas perpetuas, 24 años de cárcel y dos años de aislamiento diurno. Él huyó a comienzos de los 80 y desde 1983 reside en Nicaragua, donde el primer Gobierno sandinista le concedió la nacionalidad.

Desde entonces, ha sostenido siempre que es inocente y ha construido una actividad empresarial en los sectores de restaurantes y pesca.

Por qué Nicaragua se niega a entregarlo

La Constitución nicaragüense prohíbe en su artículo 43 la extradición de ciudadanos propios. Casimirri obtuvo la nacionalidad en 1988, y la Corte Suprema del país declaró en su momento que el caso era “cosa juzgada”.

“No puede ser extraditado ni encarcelado”, afirmó el entonces magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional.

Italia ha presentado solicitudes formales de extradición en tres gobiernos distintos: en 1996, bajo Violeta Barrios de Chamorro; en 2004, con Enrique Bolaños; y en 2015, durante el segundo período de Daniel Ortega. Las tres fueron ignoradas.

La ruptura diplomática que detonó la crisis

La chispa llegó el 16 de julio de 2026, cuando el canciller italiano Antonio Tajani volvió a exigir públicamente la extradición durante una cumbre del Partido Popular Europeo en Madrid.

Tajani calificó de “injusto e inaceptable” que Nicaragua siga garantizando inmunidad a “un asesino condenado con seis cadenas perpetuas” y llamó al gobierno de Ortega “extremista”.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió ese mismo jueves con la ruptura total de relaciones diplomáticas, calificando las palabras de Tajani de “injustificadas, agresivas e irresponsables” y de “arrogancia europea”.

La respuesta de la oposición en el exilio

Ruta del Cambio rechazó la decisión de Managua y la desconoció como “unilateral”. El movimiento vinculó la protección a Casimirri con un patrón más amplio: el mismo régimen que ampara a un terrorista internacional “encarcela, destierra, desnacionaliza y confisca los bienes de ciudadanos nicaragüenses inocentes”.

La agrupación también expresó agradecimiento a Italia por su “solidaridad, cooperación y amistad” con Nicaragua, y advirtió que “ninguna decisión arbitraria de la dictadura podrá destruir los lazos que unen a nuestras sociedades”.

Tajani, por su parte, cerró la puerta a cualquier retroceso: “Italia continuará defendiendo con determinación esta demanda, en respeto a la memoria de las víctimas del terrorismo y a los principios de justicia”, según recogió la cancillería italiana.

La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán integrará el equipo de videoarbitraje de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, una designación que la convierte en la primera nicaragüense en participar en una final masculina de la Copa Mundial y que confirma el reconocimiento internacional a una carrera construida durante más de una década.

Antes del torneo, la FIFA la había incluido en un grupo de 30 oficiales de videoarbitraje elegidos entre candidatos de las seis confederaciones continentales.

Según explicó el organismo, esa selección fue el resultado de más de tres años de evaluaciones técnicas, seminarios especializados, seguimiento permanente y análisis de rendimiento en competencias nacionales e internacionales.

La designación fue confirmada por la Federación Nicaragüense de Fútbol, que la presentó como un motivo de orgullo para el país y para el arbitraje nacional. Citado por Emisiones y Noticias en red, el anuncio sitúa a Guzmán en el punto más alto de su carrera deportiva.

Guzmán pasó de la fase de grupos a los partidos decisivos del torneo

La trayectoria de la árbitra dentro de la Copa Mundial 2026 muestra una progresión constante. Comenzó como oficial del sistema VAR en la fase de grupos y luego fue asignada a cruces de eliminación directa, hasta llegar al partido que definirá al campeón.

Su recorrido incluyó ocho designaciones previas a la final. Estuvo en Australia 2-0 Turquía el 14 de junio, en Chequia 1-1 Sudáfrica el 18, en Turquía 0-1 Paraguay el 20, en Bosnia 3-1 Catar el 24 y en Uruguay 0-1 España el 27, todos por la fase de grupos.

Después trabajó en Alemania 4-5 Paraguay en penales el 29 de junio por dieciseisavos de final, en Brasil 1-2 Noruega el 5 de julio por octavos de final y en la semifinal entre Argentina y Austria. El 19 de julio volverá a formar parte del equipo arbitral, esta vez como SBVAR en la final frente a España.

Ese avance dentro del torneo refleja el nivel de confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA depositó en la nicaragüense a medida que avanzó la competencia. De acuerdo con la información publicada, se consolidó como una de las asistentes de videoarbitraje con mayor actividad durante el Mundial.

La final amplía una trayectoria pionera del arbitraje nicaragüense

La presencia de Guzmán en la final no aparece como un hecho aislado dentro de su carrera. Desde hace más de 10 años viene acumulando hitos en el arbitraje, entre ellos haber sido la primera mujer en dirigir un partido de la Primera División masculina en Nicaragua.

También fue la primera árbitra nicaragüense en integrar un equipo arbitral de un Mundial organizado por la FIFA, cuando actuó como oficial VAR en la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023. A esa experiencia se suman competiciones de Concacaf, partidos clasificatorios rumbo al Mundial y torneos continentales que fortalecieron su perfil como especialista en videoarbitraje.

La selección de Nicaragua no logró clasificarse a la Copa Mundial 2026, pero el país sí tendrá representación en el encuentro más importante del torneo gracias al trabajo de Guzmán. Según Emisiones y Noticias en red, su nombramiento figura entre los mayores logros alcanzados por el arbitraje nicaragüense.

La designación también refuerza la presencia de mujeres en un espacio históricamente dominado por hombres. En los últimos campeonatos, la FIFA incrementó de forma progresiva la participación femenina en el arbitraje mundial.

El 19 de julio, cuando Argentina y España disputen el título ante millones de espectadores, una nicaragüense estará en la sala del VAR como parte del equipo encargado de respaldar decisiones en el partido más importante del fútbol internacional.

Un médico del Ministerio de Salud de Nicaragua contó que este año le exigen asistir al acto del 19 de julio en la Plaza de la Fe y llevar un acompañante. Su caso integra cuatro testimonios recogidos por Confidencial.digital sobre una nueva disposición del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El acto conmemora el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979. El regreso a la Plaza de la Fe, con más capacidad que la Plaza de la República, llevó al régimen a exigir que cada empleado público garantice al menos un asistente adicional para el acto central del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

En algunos casos, la cuota llega a dos acompañantes por trabajador. Según los testimonios recogidos por Confidencial.digital, el objetivo es llenar el recinto, o al menos que se vea lleno en las transmisiones de televisión y en las pantallas gigantes instaladas en municipios de todo el país.

Cómo funciona el control para asistir al acto

El mecanismo de control se formalizó este año. Según los testimonios recopilados por Confidencial.digital, cada trabajador debe inscribirse en una lista con su número de cédula y registrar también el nombre y documento de identidad de quien lo acompañará.

El día del acto, los empleados son citados en un punto de encuentro para abordar buses asignados. Al ingresar a la plaza, solo pueden portar la cédula y el celular: sin gorras, sin gafas, sin agua, con camiseta blanca sin leyendas, pantalón azul y zapatos cómodos. Se pasa lista al inicio y al final para verificar quién llegó y quién permaneció hasta el último discurso.

César, un trabajador del Gobierno que eligió ese seudónimo para proteger su identidad, estimó la cuota total en 57,000 participantes. “Quieren llenar la plaza con los obligados”, dijo a Confidencial.digital.

Añadió que, a su entender, el objetivo político es mostrar fuerza de cara al proceso electoral que el régimen pretende organizar en 2027.

La presión sobre docentes y estudiantes

Anselmo, docente de una universidad confiscada por el Estado, recibió la instrucción de llevar a dos estudiantes que no pertenezcan a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, la organización estudiantil oficialista.

“A los chavalos no les gusta ir, por el trajín que significa todo eso”, explicó a Confidencial.digital. El profesor distinguió entre pedirle un favor a un amigo y pedírselo a alguien con quien solo existe una relación académica.

“Soy su profesor, no su amigo para pedirles estos ‘favores’”, señaló.

Las restricciones para quienes intentan excusarse

Jimena, maestra del Ministerio de Educación, contó que varias colegas intentaron eximirse por problemas de salud. La respuesta oficial fue que quienes padezcan hipertensión, gripe o asma deben llevar sus medicamentos. Las únicas exoneradas son las embarazadas.

A ella le preocupa el regreso. El año pasado, salir de la plaza implicó volver a casa después de la medianoche. Una colega quiso ir en moto con su marido para asegurar el viaje de vuelta, pero no se lo permitieron.

Tampoco hubo internet durante el evento, “por seguridad”, ni fue posible levantarse del lugar asignado durante la actividad. Jimena dijo que no está de acuerdo, pero que asistirá para conservar su empleo.

“Tengo un título universitario. La verdad es que no me gusta ir a esas cosas”, dijo a Confidencial.digital.

El empleo estatal como condicionante

Félix, médico general, explicó a Confidencial.digital por qué la mayoría de sus colegas termina cediendo ante estas exigencias. El sueldo del Ministerio de Salud es el ingreso principal de gran parte del personal, incluso para quienes tienen consultorio privado.

Además, figurar en la nómina estatal otorga respaldo crediticio a quienes pagan cuotas de vivienda o vehículo. “Por eso es que la mayoría cede ante todos estos abusos”, resumió.

Félix señaló que este año el control es mayor que en ediciones anteriores: lista con número de cédula, punto de encuentro obligatorio y bus asignado. No tiene a quién llevar como acompañante, pero prefiere presentarse solo antes que faltar.

Nicaragua revocó este viernes el nombramiento de su embajadora en Italia, un movimiento que cierra formalmente el capítulo diplomático con Roma tras la ruptura de relaciones anunciada el jueves por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La decisión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta mediante un acuerdo presidencial, dejó sin efecto el nombramiento de Mónica Robelo Raffone como representante ante Italia. La diplomática había asumido ese cargo el 20 de enero de 2025.

Los cargos revocados y el trasfondo institucional

La revocación no se limitó a la embajada bilateral. También quedaron sin efecto los nombramientos de Robelo Raffone ante el Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y ante el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ambos organismos con sede en Roma.

Para esas posiciones, la diplomática había sido designada originalmente en 2007. La ruptura con Italia se desencadenó tras las declaraciones del canciller italiano Antonio Tajani, quien reiteró públicamente la petición de extradición de Alessio Casimirri, un ex integrante de las Brigadas Rojas condenado en su país a seis cadenas perpetuas.

Managua calificó las palabras de Tajani como “injustificadas, agresivas e irresponsables” y notificó a Roma el fin de las relaciones sin período de consultas previo.

Quién es Casimirri y por qué Nicaragua lo protege

Casimirri, de 74 años, participó en el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978, uno de los atentados más graves de la historia reciente de Europa.

Moro fue raptado en marzo de ese año por las Brigadas Rojas, que exigieron la liberación de presos del grupo. Su cuerpo apareció en el maletero de un automóvil dos meses después.

El ex militante huyó a Nicaragua en 1983, durante el primer gobierno sandinista, y obtuvo la ciudadanía nicaragüense en 1989. Desde entonces se radicó en Managua, donde se casó con una mujer nicaragüense y montó un restaurante italiano, además de actividades en el sector pesquero.

La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus propios nacionales, y el país no tiene tratado bilateral de extradición con Italia. En 1993, el gobierno de Managua intentó retirarle la ciudadanía a Casimirri, pero la Corte Suprema nicaragüense falló en 1999 que ese tipo de revocación solo puede hacerla un tribunal.

Las consecuencias para Italia y el caso sin resolver

La ruptura deja a Roma sin representación directa en Managua, lo que cierra el canal bilateral que Italia usaba para presionar la extradición.

El Ministerio de Exteriores italiano calificó la decisión de Nicaragua como “injustificada y lamentable” y prometió continuar persiguiendo el caso por todos los canales legales disponibles, sin precisar cuáles serían ahora que la vía diplomática quedó clausurada.

La Unión Europea, que ya aplicó sanciones a Nicaragua por la represión interna del régimen de Ortega, no dispone de ningún mecanismo para imponer una extradición. Casimirri permanece en Managua. Las familias de Moro y de sus cinco guardaespaldas asesinados en la emboscada de Via Fani siguen sin obtener una condena ejecutada.

La madrugada del 17 de julio de 1979, el cielo sobre Managua no se vistió de colores, sino de un zumbido metálico que cortaba el aire denso del trópico. A la 1:10 a.m., un Boeing 720 despegó de la pista militar de la capital nicaragüense, llevando en sus entrañas al general Anastasio Somoza Debayle, a su familia directa y a sus allegados más leales.

“Tachito”, como le llamaban, no era un gobernante cualquiera; era el último eslabón de una dinastía familiar que heredó el control absoluto del país de su padre y de su hermano. Formado en la academia militar de West Point en Estados Unidos, Somoza Debayle dirigía la Guardia Nacional como un ejército personal de ocupación y manejaba la economía nacional acumulando haciendas, aerolíneas y empresas pesqueras a costa de la miseria general.

Su crueldad y ambición terminaron de quebrar al país tras el terremoto de 1972, cuando desvió la ayuda humanitaria internacional para enriquecer sus propios bolsillos. En sus últimos meses, acorralado por la insurrección popular, Somoza, ordenó bombardeos aéreos despiadados sobre los barrios más pobres de Managua, Estelí y León, reduciendo ciudades a escombros con tal de no soltar el poder.

Con el rugido de esos motores del avión presidencial, se desvanecían finalmente 42 años de esa dinastía sangrienta que había gobernado el país como si fuera una finca privada. Horas después, cuando el sol comenzó a castigar el asfalto, la noticia corrió como pólvora por los radiotransmisores clandestinos de Radio Sandino: el tirano había huido hacia Miami.

Las calles, antes desiertas por el toque de queda y el terror a la Guardia Nacional, se inundaron de miles de almas que salieron a abrazarse, a derribar con sogas las estatuas de bronce del dictador y a gritar una palabra que quedó tatuada en el calendario nacional: Alegría.

Aquel fue el bautizo del 17 de julio como el «Día de la Alegría», el preámbulo perfecto, el alivio colectivo tras décadas de censura, tortura y desapariciones. Parece que el futuro finalmente pertenecía a los nicaragüenses, que la sangre de los muchachos caídos en las barricadas de la Ofensiva Final había comprado, al fin, una primavera eterna de libertad y democracia.

El eco de la libertad y las celdas vacías

Hoy, cuatro décadas después de aquella gesta heroica, la fecha se ha transformado en un escenario de contradicciones profundas y puestas en escena oficiales. Cada 17 de julio, bajo la bandera de rescatar el espíritu humanitario de la Revolución, el gobierno actual moviliza a su maquinaria estatal para otorgar el régimen de convivencia familiar a miles de prisioneros comunes.

Los portones de los sistemas penitenciarios de Tipitapa, Granada y Matagalpa se abren para devolver a las calles a reos condenados por hurtos, estafas y delitos menores, en un intento por aliviar el hacinamiento crónico de las cárceles y, de paso, proyectar una imagen de benevolencia y reconciliación cristiana.

Para las familias de los reclusos comunes, este acto representa un retorno real de la felicidad a sus hogares. Sin embargo, para la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos, la medida tiene un trasfondo amargo y selectivo. Mientras los pasillos de las prisiones se vacían de delincuentes comunes bajo el cobijo de la propaganda oficial, la noción misma de la justicia penal se desdibuja, generando una creciente ola de preocupación por la seguridad en las calles y dejando en evidencia un uso político de la clemencia.

La paradoja de un nuevo régimen

El mayor contraste de esta fecha no está en las cárceles de reos comunes, sino en el destino completo de la nación. Nicaragua, el país que derramó su juventud en 1979 para sepultar una dictadura militar, vive hoy bajo un nuevo régimen absoluto encarnado por Daniel Ortega, curiosamente uno de los comandantes que celebró la caída de Somoza en aquella mítica jornada.

A pesar de la algarabía oficial, de los cantos testimoniales y las caravanas de motocicletas que el partido de gobierno organiza para conmemorar el «Julio Victorioso», la realidad diaria del ciudadano común dista mucho de la verdadera emancipación.

La ironía histórica es desgarradora. Las mismas prácticas que empujaron al pueblo a la insurrección contra el somocismo, la persecución a la prensa independiente, la prohibición de las manifestaciones callejeras, el destierro forzado de los críticos y la concentración absoluta de los poderes del Estado se han reinstaurado bajo el mandato de Ortega y su consorte, Rosario Murillo.

Aquella alegría genuina y desbordante de 1979 se ha convertido en un recuerdo nostálgico, secuestrada por un sistema que exige lealtad absoluta a cambio de estabilidad. La libertad por la que se luchó sigue siendo una promesa rota, una tarea pendiente en una Nicaragua que, a pesar de recordar su efeméride con bombos y platillos, vive hoy bajo el peso de un régimen dictatorial que transformó las promesas de la revolución en una nueva tiranía.

En Nicaragua, rezar por la libertad nacional puede llevarte a la cárcel. También puede hacerlo el apoyar públicamente a un sacerdote encarcelado.

El caso más conocido es el del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa. Tras condenar públicamente las violaciones de derechos humanos del régimen, fue sentenciado a 26 años de prisión. Se negó a abandonar Nicaragua cuando se le ofreció el exilio por primera vez, convirtiéndose en un símbolo internacional de resistencia pacífica.

Negociaciones con el Vaticano lograron posteriormente su liberación al exilio.

Su historia no es una excepción. Es el patrón.

Las últimas víctimas de la campaña del régimen de Ortega-Murillo contra la Iglesia católica son el obispo emérito Juan Abelardo Mata y el reverendo Wilfredo Arauz. En junio, el obispo Mata, de 80 años, fue detenido y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario tras celebrar Misa y orar por la Iglesia perseguida, el obispo Rolando Álvarez y el reverendo Frutos Valle.

Días después, el padre Arauz, vicario parroquial de Estelí, fue arrestado por policías políticos encapuchados.

Sus casos forman parte de una campaña sistemática para silenciar a la Iglesia católica, una de las pocas instituciones en Nicaragua que aún conserva la autoridad moral para desafiar al régimen. Mientras las instituciones democráticas han sido desmanteladas y la disidencia criminalizada, la Iglesia ha permanecido como una rara voz independiente.

Los tiranos suelen temer a los líderes religiosos porque profesan lealtad a uno que está fuera del alcance del Estado. La Iglesia ofrece a las personas un espacio donde la conciencia puede resistir la coerción y donde aún se puede decir la verdad.

Siguiendo el manual de Marx-Lenin-Mao, Nicaragua ha encarcelado y exiliado a clérigos, expulsado a religiosas, confiscado escuelas y obras de caridad católicas, prohibido procesiones religiosas y sometido a los fieles a vigilancia e intimidación. En lugar de demostrar fuerza, estas acciones revelan un gobierno cada vez más temeroso de las voces independientes.

La represión se aceleró tras las protestas nacionales de 2018, cuando las manifestaciones fueron recibidas con informes generalizados de asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias. Mientras las iglesias acogían a los manifestantes y los obispos condenaban la violencia, el régimen acusó al clero de “terrorismo”, un código para denunciar violaciones de derechos humanos y luego criminalizar la disidencia.

Estas acciones han sido tan escandalosas que incluso el mundo secular se ha percatado, gracias al importante trabajo de activistas de derechos humanos como la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina. La Sra. Molina documentó meticulosamente cientos de ataques contra la Iglesia en su informe fundamental, “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”.

Su trabajo ha sido presentado ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional y citado por las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de EE.UU. y las principales organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, la persecución religiosa sigue siendo tratada con demasiada frecuencia como una preocupación secundaria.

Eso es un error.

Un gobierno que reclama autoridad sobre la conciencia rara vez se detiene ahí. La libertad de culto protege la libertad de expresión, de reunión, de educación, de servicio a los demás y de disentir sin temor a represalias políticas. Los Fundadores de América lo reconocieron al colocar la libertad religiosa en la cima de la Primera Enmienda, reconociendo que los derechos individuales no provienen del gobierno.

Defender la libertad religiosa no es solo una preocupación para los creyentes. También debería importar a cualquiera que valore la libertad. El régimen de Ortega-Murillo demuestra que cuando el gobierno niega la libertad de conciencia, todas las demás libertades están en riesgo, porque la persecución de la Iglesia no es simplemente un ataque a la religión. Es un asalto al principio de que existen límites al poder estatal, algo que los autoritarios nunca reconocerán.

* Helen Aguirre Ferré es administradora de gobierno y políticas públicas en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University.

Las lluvias intensas que se han presentado en Nicaragua durante esta semana han provocado la evacuación de cientos de familias, el colapso de viviendas y la interrupción de rutas en varias regiones.

La emergencia climática alcanzó el día de ayer, 16 de julio, su punto crítico tras el desbordamiento de ríos y la saturación de suelos, factores que impulsaron la activación de protocolos de emergencia por parte del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Comupred).

Por lo que, las autoridades concentraron sus esfuerzos en las zonas más vulnerables, priorizando el resguardo de la población y la reubicación inmediata de quienes resultaron damnificados.

En Prinzapolka, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), el desbordamiento del río principal afectó a 376 casas en barrios como Punta Caliente, Calle Central y Punta Fría, además de comunidades aledañas. Equipos municipales y brigadas voluntarias coordinaron la evacuación de 319 familias, un total de 1,513 personas que fueron trasladadas a refugios temporales y viviendas solidarias designadas por la alcaldía.

De igual manera, la situación se agudizó en áreas montañosas, donde los suelos saturados facilitaron deslizamientos. En la comunidad Santo Domingo, municipio de Telpaneca, un derrumbe bloqueó la vía a Los Pinares, aislando a los residentes y suspendiendo el tráfico local. En San Juan de Río Coco, la comunidad La Ilusión perdió una vivienda tras un deslizamiento, dejando a una familia sin hogar.

En el norte, Santa María de Pantasma experimentó pérdidas en cultivos de maíz y plátano tras la crecida del río Las Vigías. La comunidad La Zompopera, aunque registró un incremento en el caudal de la quebrada, no reportó daños directos en viviendas ni en la integridad de sus habitantes, conforme al monitoreo oficial. En el Caribe Sur, municipios como Bluefields mantienen vigilancia sobre los ríos Tarsuany y Punta Gorda. Las autoridades del Comupred confirmaron que, hasta el momento, no se han registrado incidentes graves en esa zona.

En Laguna de Perlas, los ríos Wawashan, Kurinwas y Patch River se mantienen estables y bajo observación preventiva, de acuerdo con la información gubernamental. Las precipitaciones recientes han alterado la vida cotidiana, dificultando los desplazamientos y limitando el acceso a servicios básicos en diversas comunidades donde la infraestructura resultó dañada.

¿Cómo será el clima en Nicaragua en las próximas horas?

De acuerdo con el pronóstico meteorológicos detallan que continuará bajo condiciones de inestabilidad atmosférica. Se esperan lluvias de intensidad variable durante la tarde y la noche, producto de bajas presiones que persisten sobre el territorio nacional. Los especialistas advirtieron sobre la aproximación de una nueva Onda Tropical, localizada en el Pacífico occidental, y la llegada de otro sistema desde el Atlántico hacia las Antillas Menores.

La combinación de un sistema de alta presión de 1.014 milibares con bajas presiones de 1.010 a 1.012 milibares mantendrá el riesgo de precipitaciones intermitentes, sobre todo en la región central desde Río Blanco hacia el sury en el Pacífico, donde se prevén nublados y chubascos adicionales. Los acumulados de lluvia más significativos se concentrarán en el sureste del país, según la proyección de los meteorólogos consultados.

El monitoreo de los ríos y la vigilancia sobre el comportamiento climático seguirán activos en todo el país. Las autoridades mantienen la alerta para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

388 millones de cristianos viven bajo persecución activa en todo el mundo, según el Índice Global de Persecución 2026 publicado por International Christian Concern (ICC), una organización sin fines de lucro dedicada a asistir a iglesias perseguidas y citado este viernes por la agencia católica de noticias Aciprensa.

El informe, titulado Rostros de los Perseguidos, analiza la situación en más de 20 países e identifica por su nombre a los gobernantes bajo cuyo mandato la represión se ha agravado. La cifra equivale a 1 de cada 7 cristianos en el planeta, según consignó Aciprensa.

Nicaragua, entre los regímenes señalados

El documento coloca al presidente Daniel Ortega en una lista de cuatro líderes cuyas políticas agravan directamente la persecución religiosa, junto al nigeriano Bola Ahmed Tinubu, el sirio Ahmed al-Sharaa y el primer ministro indio Narendra Modi.

Para Nicaragua, el informe describe un patrón sistemático: cientos de sacerdotes, monjas y trabajadores religiosos han desaparecido o han sido detenidos.

El régimen de Nicaragua, dirigido por Ortega y Murillo, también intenta controlar los sermones y los medios de comunicación, además de vigilar a los miembros de organizaciones religiosas independientes.

La International Christian Concern ICC propone tres medidas concretas ante esa situación: agilizar los trámites de asilo para el clero en el exilio, apoyar las parroquias y organizaciones civiles clausuradas, y ampliar las sanciones internacionales contra funcionarios del régimen, incluida Rosario Murillo.

Tendencias globales que alimentan la represión

De acuerdoa Aciprensa el informe identifica varias fuerzas que impulsan el avance de la persecución: el nacionalismo religioso, la represión transnacional, el control estatal sobre organizaciones religiosas, el terrorismo, el autoritarismo y las restricciones impuestas a las mujeres.

El índice también advierte que tecnologías y mercados occidentales son utilizados en algunos casos para sostener o habilitar esa persecución, con China señalada de forma específica por reprimir a sus minorías religiosas —incluidas iglesias domésticas, musulmanes uigures y practicantes de Falun Gong— con apoyo de hardware y software de Silicon Valley, según reportó Christian Today.

Recomendaciones por país y un mensaje de resistencia

Para Nigeria, la ICC exige investigaciones independientes sobre las masacres denunciadas contra fieles y pide revertir las leyes de blasfemia que criminalizan creencias religiosas.

Para Siria, el informe reclama rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos tanto por el régimen de Assad como por actores posteriores.

Para India, donde en el último año se registraron 94 ataques a hogares o negocios de cristianos, 42 edificios religiosos destruidos y más de mil personas desplazadas, la ICC pide proteger a las ONG y los medios independientes que documentan la violencia.

A pesar del cuadro general, el informe reconoce que “la Iglesia sigue creciendo en algunos de los entornos más hostiles, y la resistencia a la represión aumenta a medida que individuos y comunidades se rebelan contra la injusticia y exigen mayor libertad".

“Detrás de cada estadística hay una persona real: alguien que ha elegido la fidelidad a Jesús por encima de la seguridad, la comodidad o incluso la vida misma”, declaró Shawn Wright, presidente de la ICC.

Un conductor nicaragüense enfrenta cargos por tráfico ilícito de migrantes ante la Fiscalía de Flagrancia de Liberia, luego de que las autoridades hallaran a otro ciudadano de su país oculto en el camarote de su camión durante un control fronterizo en Costa Rica, informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

El migrante no portaba pasaporte e intentaba evadir los controles de ingreso a Costa Rica, según las autoridades. La institución no reveló la identidad de ninguno de los dos hombres ni precisó el puesto fronterizo donde ocurrió la detención. Tampoco informó si el migrante será sometido a un proceso administrativo por ingreso irregular.

El camarote del camión en la frontera norte

El caso se suma a otros detectados en la frontera norte de Costa Rica. En lo que va de 2026, hubo 11 presuntos traficantes de personas detenidos solo en el puesto de Peñas Blancas, según datos de la Policía de Fronteras publicados en junio.

Los dos casos más recientes antes de este arresto también involucraron conductores de camiones de carga con personas ocultas en el compartimento de descanso del vehículo.

En uno, un escáner móvil detectó a dos mujeres nicaragüenses escondidas en el camarote de un cabezal que se dirigía hacia Nicaragua. En el otro, ocurrido el 10 de junio, el conductor transportaba oculta a una niña salvadoreña sin documentación migratoria.

El camarote, el espacio de descanso del conductor, aparece de forma reiterada como escondite en esta ruta.

Redes de tráfico y cobros por cruce

Los conductores detenidos conviven con estructuras criminales de mayor escala. En febrero de 2026, el Organismo de Investigación Judicial desarticuló la red conocida como Los Talibanes en Los Chiles, en la zona norte del país, con un operativo que movilizó cerca de 600 oficiales y más de 120 jueces y fiscales.

La organización movilizaba entre 150 y 200 personas por jornada y cobraba entre 8,000 y 15.000 colones ( 17 a 33 USD) por cruzar la frontera. El director interino del OIJ, Michael Soto, declaró que “se identificaron 117 víctimas en 44 eventos, tanto de tráfico de personas como de robos agravados”, muchas de ellas despojadas de dinero y pertenencias tras cruzar.

Según el OIJ, la red generaba ingresos mensuales de hasta 70 millones de colones y contaba con la complicidad de funcionarios policiales.

Una investigación por manipulación de controles

La presión sobre los controles fronterizos también expone fallas dentro del sistema migratorio. El 15 de julio, un día antes del arresto del transportista nicaragüense, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvo a una oficial de apellido Barquero en el aeropuerto Juan Santamaría, acusada de manipular los sistemas informáticos de control migratorio para facilitar el ingreso de un extranjero vinculado, según organismos de inteligencia, a una organización terrorista internacional.

La investigación, tramitada bajo el expediente 26-000215-1218-PE, busca determinar si la oficial actuó sola o como parte de una estructura dedicada a falsificar registros de ingreso al país.

La política migratoria del Gobierno

Desde que asumió en mayo, la presidenta Laura Fernández colocó el control migratorio en el centro de su agenda de seguridad, con una política de “mano dura” que vincula la migración irregular con el combate al crimen organizado.

Las autoridades costarricenses deportaron o expulsaron a decenas de personas en situación irregular durante los primeros meses de su administración. En los primeros días de julio, la Dirección General de Migración coordinó la expulsión obligatoria de 28 personas, en su mayoría nicaragüenses, muchas de ellas liberadas de prisiones costarricenses tras cumplir condenas.

El tráfico ilícito de personas, facilitar el ingreso irregular a cambio de un beneficio económico, es un delito distinto de la trata de personas, que implica explotación de las víctimas. Esa diferencia determina los cargos y los procedimientos judiciales que enfrentará el transportista detenido.

El 13 de julio de 2019, José Francisco García Sobalbarro fue asesinado en Trojes, Honduras, después de haberse exiliado para escapar de la persecución por parte de la Policía y el Ejército del régimen de Nicaragua. Según información recopilada por el Museo de la Memoria Contra la Impunidad, el agricultor de 56 años, exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, fue atacado por sujetos armados que irrumpieron en su vivienda tras regresar de trabajar la tierra.

Su muerte representa uno de los casos que simbolizan el impacto de la represión y el exilio forzado que afecta a quienes se han opuesto históricamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De acuerdo con el Museo de la Memoria Contra la Impunidad, José García había dedicado gran parte de su vida a la agricultura y la ganadería, manteniendo una reputación de persona sociable y cercana dentro de su entorno. Su hijo, Adonis García Rivera, afirma que “desde siempre su sueño fue ver una Nicaragua libre”. La familia lo describe como un hombre de trabajo, muy apreciado por vecinos y amigos, y sin antecedentes de enemistades.

Persecución marcan la vida y muerte de un exiliado nicaragüense

Los hechos que rodearon el asesinato ocurrieron de manera violenta. Según declaraciones recogidas por el Museo de la Memoria Contra la Impunidad, esa noche tres individuos armados irrumpieron en la casa en la que José García residía en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, en el oriente hondureño. El ataque fue directo y premeditado, según explica la entidad, replicando el modus operandi de otros crímenes cometidos en la región contra exiliados de la dictadura de Nicaragua. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a Tegucigalpa, donde las autoridades notificaron el hecho a la familia.

Su historia está marcada por su vinculación con la Resistencia Nicaragüense, conocida como “la contra”, un movimiento que luchó contra el sandinismo en las décadas de 1980 y 1990. En los años siguientes, mantuvo una postura crítica frente a los nuevos episodios de represión en el país centroamericano. En 2018, cuando el régimen intensificó la persecución contra opositores, José García se refugió en Honduras. Su hijo explica que el asedio de la policía y grupos paramilitares lo obligó a abandonar su hogar: “Mi padre quería ver una generación libre de dictadura“.

Al mismo tiempo, su impacto muerte se amplificó por la similitud con el asesinato de Edgard Montenegro, otro opositor nicaragüense exiliado en Honduras que fue ejecutado bajo circunstancias similares. El Museo de la Memoria contra la Impunidad ha documentado ambos casos para ilustrar los riesgos que enfrentan quienes se oponen a la represión estatal y optan por el exilio como única vía de protección.

“Mi padre no era un criminal, fue conocido como una persona sociable y por lo tanto yo pido que su muerte no quede en la impunidad, pido que se haga justicia”, reclama Adonis García Rivera.

La historia de José García representa el legado de quienes han luchado para que “las nuevas generaciones vivan libres de dictadura” en Nicaragua.

Por decisión unánime, el Parlamento nicaragüense ratificó un préstamo de USD 31.5 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

El objetivo de estos fondos es financiar la rehabilitación de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, ubicada en el norte de Nicaragua. El decreto legislativo fue enviado por el Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y recibió la aprobación de forma expedita en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, informó EFE.

Esta autorización permite al Ejecutivo gestionar el financiamiento internacional requerido para una obra considerada clave en la conectividad vial del país. El proyecto, cuyo costo total asciende a USD 35 millones, incluye una contrapartida nacional de USD 3.5 millones.

El 30 de abril anterior, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes a la embajadora de Nicaragua en Austria, Sabra Amari Murillo Centeno, para representar al país en la firma del contrato con el Fondo OPEP. Esta delegación formalizó la capacidad de la diplomática para concretar el acuerdo internacional y avanzar con las gestiones necesarias.

Destino de los fondos y características del proyecto

Los recursos obtenidos se emplearán en la rehabilitación de 96.15 kilómetros de la carretera que enlaza Empalme Télica, Malpaisillo y Empalme San Isidro. Este tramo conecta una región de producción agrícola industrial con los principales centros de distribución y consumo internos.

El proyecto está diseñado para facilitar el traslado de bienes y personas en una zona estratégica para el desarrollo económico de Nicaragua. La rehabilitación de la vía busca mejorar las condiciones de transporte, optimizar el flujo de mercancías y beneficiar a los habitantes de áreas rurales, quienes dependen de esta infraestructura para acceder a servicios y mercados.

La intervención en esta carretera sería una apuesta por fortalecer la red de transporte nacional y facilitar la integración de sectores productivos con los mercados urbanos. Además, permitirá reducir los tiempos de traslado y los costos logísticos para los diversos actores económicos de la región.

El Fondo OPEP y los antecedentes de cooperación

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional es una organización multilateral fundada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Su misión se centra en proporcionar financiamiento para proyectos de desarrollo en países asociados, principalmente en los ámbitos de infraestructura, energía y servicios básicos, de acuerdo a datos de EFE.

En diciembre del año anterior, la Asamblea Nacional de Nicaragua ya había autorizado la suscripción de un préstamo de USD 25 millones con el mismo Fondo OPEP, dirigido a la construcción de una carretera que conectará con Managua. Ese acuerdo también fue impulsado por el Ejecutivo y avalado por el Parlamento.

Procedimiento parlamentario y avance del proyecto

La Asamblea Nacional tramitó la solicitud del Ejecutivo de manera expedita, sin registrar objeciones, gracias al control de la mayoría oficialista. El respaldo parlamentario permitió avanzar rápidamente en la aprobación del contrato de préstamo, en sintonía con la política gubernamental de priorizar proyectos de inversión en obras públicas.

La autorización de este nuevo acuerdo con el Fondo OPEP garantiza la disponibilidad de recursos para la rehabilitación de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó este jueves a Nicaragua para que informe sobre el paradero del obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años, crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuya situación permanece sin verificación independiente más de dos semanas después de su detención.

Mata fue retenido por primera vez el 29 de junio de 2026, un día después de celebrar una misa en la iglesia Cruz del Calvario de Estelí en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida en Nicaragua. Tras ser liberado y enviado “bajo vigilancia” a su domicilio en Tisma, departamento de Masaya, la policía lo detuvo nuevamente el 30 de junio y lo trasladó a un lugar no revelado. El 4 de julio, el Ministerio del Interior informó que el prelado había quedado bajo “indagación” y había sido devuelto a su casa. Ninguna fuente independiente ha podido confirmar esa versión.

“Hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud”, alertó la CIDH. La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, declaró a la AFP que fuentes vinculadas a la Iglesia le confirmaron que el obispo “no está en su casa, ni sabemos dónde está”. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado había exigido ese mismo 4 de julio la “inmediata e incondicional” liberación del prelado, señalando que “su salud es frágil” y que “no representa ninguna amenaza para el régimen”.

El caso tiene una dimensión adicional que la CIDH señaló expresamente. Jeffer Chavarría, quien representa al obispo Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido objeto de “grave asedio, hostigamiento, vigilancia y otras represalias” por parte de las autoridades nicaragüenses. El mismo día en que el gobierno anunció la supuesta liberación de Mata, agentes policiales se presentaron en los domicilios de varios miembros de la familia Chavarría. Una colaboradora cercana al obispo, Celia Huete, también debió abandonar el país ante el temor de represalias.

La CIDH subrayó que el ocultamiento del paradero de personas detenidas arbitrariamente constituye “uno de los patrones más graves de la represión” empleados por el régimen para “silenciar voces críticas”, y recordó que desde 2018 ha documentado “un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes, personas religiosas y laicas” en Nicaragua.

Juan Abelardo Mata dirigió la Diócesis de Estelí entre 1990 y 2021, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años reglamentarios. Desde entonces ejerce como obispo emérito, sin renunciar a denunciar la persecución de la Iglesia. En 2021 la propia CIDH le otorgó medidas cautelares por los hostigamientos que ya sufría. La investigadora Molina ha cuantificado más de 870 ataques contra la Iglesia católica desde 2018, entre detenciones, expulsiones y prohibición de actividades religiosas. Cuatro de las nueve diócesis nicaragüenses tienen a sus obispos en el exilio, y más de 250 sacerdotes han sido desterrados o forzados a huir.

La desaparición verificable de Mata, con medidas cautelares vigentes y representación activa ante el sistema interamericano, es la continuación de una estrategia que, según organizaciones de derechos humanos, busca desmantelar la única institución con capacidad autónoma de articular disidencia en Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia luego de que el canciller italiano, Antonio Tajani, reiterara públicamente la exigencia de extradición de Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigadas Rojas condenado en Roma por el secuestro y asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978.

La decisión se produjo tras una intervención de Tajani durante un encuentro del Partido Popular Europeo celebrado en Madrid, en la que calificó a Nicaragua de gobierno “extremista” por seguir dando protección a Casimirri.

El funcionario añadió que la justicia italiana ha presentado reiteradas solicitudes de extradición, todas sin respuesta por parte de Managua.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió con la ruptura de relaciones. “Ante las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones del canciller de la República Italiana, don Antonio Tajani, que ha insultado, fuera de todas las normas del respeto a las relaciones entre pueblos y gobiernos, con arrogancia europea, al pueblo y gobierno de Nicaragua, como contundente expresión de nuestra soberanía y dignidad nacional, estamos informando al gobierno de Italia y en particular, al canciller Antonio Tajani, que rompemos toda relación diplomática con el gobierno de Italia”, expresó el régimen de Nicaragua en una nota de prensa divulgada a través de medios oficialistas.

El Gobierno nicaragüense, que otorgó la nacionalidad a Casimirri y permitió su establecimiento como empresario en el país, nunca ha atendido las solicitudes formales de extradición remitidas por los tribunales italianos.

El caso Moro es uno de los crímenes políticos más resonantes del siglo veinte. Aldo Moro fue primer ministro de Italia en dos ocasiones y, el 16 de marzo de 1978, fue secuestrado por un comando de al menos diez integrantes de las Brigadas Rojas que además asesinó a los cinco agentes de su escolta.

La intención original, se presumió entonces, era canjear al político demócrata cristiano por prisioneros de la organización armada. Sin embargo, cincuenta días después de su secuestro, Moro apareció muerto, acribillado a balazos, en el maletero de un automóvil Renault 4 rojo estacionado en la via Caetani, en el centro de Roma. La justicia italiana atribuyó el crimen a las Brigadas Rojas y consideró a Casimirri parte del comando que ejecutó la emboscada.

Según reconstruyó el diario italiano Il Giornale, Casimirri, cuyo nombre de guerra dentro de la organización era “Camillo”, condujo uno de los vehículos que bloqueó la ruta de escape de la escolta de Moro durante el secuestro. Era hijo de Luciano Casimirri, quien se desempeñó como responsable de la oficina de prensa del diario vaticano L’Osservatore Romano. Antes de sumarse a las Brigadas Rojas, había militado en Potere Operaio, otro grupo de la izquierda extraparlamentaria italiana.

Tras los hechos, Casimirri huyó de Italia a comienzos de los años ochenta. En 1983 se instaló en Nicaragua, donde cinco años más tarde recibió la nacionalidad. Entró al país bajo el nombre de Guido di Giambattista, y su asilo político quedó fundamentado en que era perseguido en su país natal por su pertenencia a las Brigadas Rojas, organización de izquierda que la justicia italiana calificó como terrorista.

Eran los años de la revolución sandinista, y Nicaragua se había convertido en un refugio para perseguidos de diverso signo: militantes de ETA, guerrilleros montoneros argentinos y hasta narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria buscaron entonces la protección del gobierno sandinista.

En una de las pocas entrevistas en las que ha hablado sobre su caso, concedida a la revista Magazine del diario La Prensa en 2007, Casimirri relató que llegó a Nicaragua buscando un país tropical. “Me vine a Nicaragua por un curso de buceo en la Costa Atlántica, también porque me decían que había dos océanos. Además, yo siempre quise vivir en un país tropical”, dijo entonces.

La justicia italiana ha solicitado la extradición de Casimirri durante los mandatos de tres presidentes distintos de Nicaragua: en 1996, con Violeta Barrios de Chamorro; en 2004, con Enrique Bolaños; y en 2015, en el segundo período de Daniel Ortega. En esa última ocasión, el entonces ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, señaló que la entrega de Casimirri a la justicia italiana constituía “un objetivo esencial e irrenunciable” para el Gobierno, pese a las negativas emitidas por las autoridades nicaragüenses.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua aseguró en su momento que el caso de Casimirri era “cosa juzgada”. “No puede ser extraditado ni encarcelado”, dijo el entonces magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional del alto tribunal.

La Constitución Política de Nicaragua prohíbe la extradición de nacionales, y Casimirri es, desde 1988, legalmente nicaragüense. “Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”, señala el artículo 43 de la Carta Magna.

La aplicación de esa norma constitucional no ha sido uniforme en otros casos. El 26 de noviembre de 2018 fue expulsada de Nicaragua la feminista y especialista en salud de origen costarricense Ana Quiroz, quien se había nacionalizado nicaragüense 21 años antes y era crítica del gobierno de Ortega.

Las autoridades alegaron entonces “defectos” en su proceso de nacionalización para expulsarla del país de manera expedita, sin que se le concediera derecho a defenderse.

El caso de Casimirri volvió a cobrar relevancia internacional en marzo de 2019, cuando el Parlamento Europeo pidió su extradición como parte de un paquete de demandas, bajo amenaza de sanciones, al régimen de Daniel Ortega.

“La Cámara reclama la extradición inmediata a Italia de Alessio Casimirri”, señaló entonces el Parlamento a través de un comunicado, en el que recordó que el nicaragüense de origen italiano fue condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por el secuestro de Moro y por el asesinato de los miembros de su escolta.

En esa misma entrevista con Magazine, Casimirri negó haber sido miembro de las Brigadas Rojas, aunque reconoció haber participado de movimientos ligados a la izquierda italiana de la época. “Te estoy diciendo que no fui miembro de las Brigadas Rojas. Si las consideramos como un movimiento enorme de masas sí, pero si es vista como un pequeño grupo organizado, no”, matizó.

Alessio Casimirri Labella nació en Roma el 2 de agosto de 1951. Es el mayor de tres hermanos y su familia mantenía una relación cercana con el Vaticano. Fue bautizado y recibió su primera comunión en ceremonias oficiadas en el Vaticano, y su familia contaba con un balcón reservado entre la Basílica y el Palacio Apostólico para presenciar los actos en la plaza de San Pedro. Estudió Derecho en la Universidad de Roma.

En Nicaragua llevó, durante décadas, una vida prácticamente normal. Consumado bailarín y apasionado del buceo, se casó en dos ocasiones y trajo a su madre al país. No vivió escondido. Durante mucho tiempo tuvo un programa televisivo llamado “Mar y Tierra”, en el que mostraba filmaciones submarinas propias.

Tan normal fue su vida en Managua que incluso fue víctima de la delincuencia común. El 5 de abril de 2014, un grupo de delincuentes armados y disfrazados de policías asaltó el restaurante que administraba y se llevó 218 mil dólares, 15 mil córdobas, 500 euros, joyas y armas de fuego. Los responsables fueron capturados y condenados.

Casimirri desarrolló durante años actividades empresariales en el sector de la restauración en Managua. A trece kilómetros de la capital operó por más de dos décadas La Cueva del Buzo, un restaurante especializado en mariscos y comida italiana, que llegó a figurar entre los más reputados de Nicaragua para ese tipo de cocina.

Una de sus promesas era que los mariscos que servía eran pescados directamente por su propio chef y propietario, Casimirri, buzo aficionado. El restaurante cerró sus puertas años después, por razones que hasta el momento se desconocen.

Casimirri fue condenado en ausencia a seis cadenas perpetuas, veinticuatro años de cárcel y dos años de aislamiento diurno por, entre otros delitos, el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro. Desde Nicaragua, ha sostenido siempre que es inocente.

Las autoridades italianas consideran a Casimirri un símbolo de la impunidad en materia de terrorismo, y su extradición ha sido, desde hace casi tres décadas, un tema recurrente en la agenda bilateral entre ambos países.

El Gobierno nicaragüense ha rechazado sistemáticamente entregarlo, argumentando su condición de ciudadano nacional y el principio constitucional de no extradición de nacionales.

El sistema bancario de Nicaragua registró un crecimiento en los depósitos totales y en la cartera de crédito hasta mayo de 2026, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Los depósitos alcanzaron 294 mil 813.1 millones de córdobas (USD 8,050 millones), con un aumento interanual de 15.4%. La cartera de crédito, por su parte, se ubicó en 245 mil 379.8 millones de córdobas (USD 6,700 millones), lo que representa un incremento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior.

Origen del crecimiento de los depósitos en la banca nicaragüense

El crecimiento de los depósitos responde a varios factores. De acuerdo con la información difundida, el mayor impulso provino del aumento en los fondos del público, que sumaron 19 mil 650.2 millones de córdobas (USD 540 millones).

Una parte considerable de estos recursos proviene de grandes empresas, depósitos de organismos y remesas familiares que llegan al circuito bancario.

Estos actores suelen utilizar el sistema financiero como canal para resguardar capital, especialmente en un contexto donde existen pocas alternativas de inversión productiva y donde la incertidumbre política también es un factor presente.

El análisis publicado por Nicaragua Investiga señala que el aumento de los depósitos no necesariamente implica que la mayoría de los hogares nicaragüenses estén incrementando su capacidad de ahorro. El informe describe que el grueso de los fondos depositados no procede principalmente de pequeños ahorristas, sino de sectores con mayor capacidad económica, como grandes corporaciones y personas receptoras de remesas.

Por otro lado, la publicación indica que para una parte importante de la población, especialmente quienes perciben el salario mínimo o tienen ingresos informales, resulta difícil destinar recursos al ahorro. El texto menciona que, aunque la bancarización ha avanzado en aspectos técnicos, la vida cotidiana sigue marcada por la informalidad laboral y el impacto del costo de la canasta básica sobre los ingresos disponibles. Por ese motivo, muchas familias encuentran complicado abrir una cuenta y mantener un saldo sin utilizar.

Los grupos que muestran mayor actividad en los depósitos bancarios corresponden principalmente a receptores de remesas familiares y personas con ingresos altos. Según Nicaragua Investiga, estos sectores tienden a privilegiar la liquidez y la seguridad que ofrece el sistema financiero, en parte debido a la falta de nuevas oportunidades de inversión local y la presencia de incertidumbre en el entorno económico.

Evolución de la cartera de crédito y acceso al financiamiento

En cuanto a la situación del crédito, los datos oficiales destacan que la morosidad se mantuvo en 1.4% al cierre de mayo de 2026. Este porcentaje, que es relativamente bajo, sugiere que las entidades financieras han aplicado criterios más selectivos para el otorgamiento de créditos, priorizando operaciones con clientes de menor riesgo o con empresas de mayor tamaño. Esta estrategia permite conservar la calidad de la cartera de préstamos y cumplir con los requerimientos regulatorios.

Sin embargo, el informe señala que la expansión del crédito no necesariamente se traduce en un acceso más amplio para la mayoría de la población. El enfoque en segmentos de bajo riesgo limita el alcance del financiamiento para quienes buscan mejorar su situación económica personal a través de préstamos bancarios.

Las cifras oficiales muestran una expansión tanto en los depósitos como en la cartera de crédito del sistema bancario nicaragüense hasta mayo de 2026. No obstante, la información analizada indica que estos resultados reflejan principalmente movimientos de capital en sectores específicos, más que una mejora generalizada en la economía doméstica o en la capacidad de ahorro de los hogares.

El Salvador ha marcado una clara diferencia política con Nicaragua, país señalado por brindar refugio a políticos salvadoreños que enfrentan procesos judiciales.

Así lo afirmó el analista político Herbert Esmahan durante la Entrevista AM de Canal 10, en la que subrayó que el gobierno, encabezado por Nayib Bukele, ha tomado distancia de la administración de Daniel Ortega por su papel en la protección de exfuncionarios requeridos por la justicia.

“El Salvador se ha distanciado políticamente de Nicaragua, ya que ha sido albergue de personas que están huyendo de la justicia salvadoreña y se ha distanciado de los gobernantes venezolanos”, afirmó.

En los últimos años, Nicaragua se ha convertido en un destino para exfuncionarios salvadoreños que buscan evadir procesos judiciales, especialmente por delitos de corrupción y lavado de dinero. Entre los casos más notables se encuentran los expresidentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Mauricio Funes, presidente de El Salvador entre 2009 y 2014, se trasladó a Nicaragua en 2016 y recibió asilo político y la nacionalidad nicaragüense.

Funes fue condenado en ausencia a un total de 28 años de cárcel por casos de corrupción, incluyendo la negociación de una tregua con pandillas y el desvío de fondos públicos. Falleció en Nicaragua a comienzos de 2025, sin haber enfrentado a la justicia salvadoreña.

Por su parte, Salvador Sánchez Cerén, presidente entre 2014 y 2019, también huyó a Nicaragua en 2020 tras emitirse una orden de arresto en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos por los que el monto defraudado supera los 350 millones de dólares. Cerén obtuvo la nacionalidad nicaragüense en 2021, lo que le permitió evadir cualquier proceso de extradición a El Salvador.

Nicaragua también ha brindado apoyo a políticos europeos como Alessio Casimirri, quien fue condenado en Italia por haber participado en el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Morro. Situación que ha llevado al régimen nicaragüense a romper relaciones con Italia, luego de negarse a la solicitud del país europeo de extraditar al expolítico.

Declaraciones en defensa de la soberanía

Durante la entrevista, Herbert Esmahan recalcó que El Salvador ha tomado distancia política de Nicaragua y de Venezuela. Esmahan indicó que el presidente Bukele fue el primero en oponerse a Nicolás Maduro y que El Salvador no comparte los lineamientos de gobiernos que ofrecen protección a personas requeridas por delitos de corrupción.

“El Salvador se ha distanciado políticamente de Nicaragua, ya que ha sido albergue de personas que están huyendo de la justicia”, reiteró Esmahan.

El analista también defendió el modelo democrático salvadoreño, asegurando que los procesos judiciales y las reformas constitucionales se han llevado a cabo dentro del marco legal, y que ninguna organización internacional tiene autoridad para dictar a los salvadoreños cómo deben gobernarse.

Nicaragua: santuario regional

Diversos reportes internacionales han señalado que el régimen de Daniel Ortega ha concedido asilo político y nacionalidad a decenas de extranjeros en los últimos años. La ausencia de tratados de extradición y la política de protección a quienes adquieren la ciudadanía nicaragüense han convertido al país en un refugio para prófugos de la justicia, no solo de El Salvador, sino de toda la región centroamericana.

El distanciamiento de El Salvador respecto a Nicaragua responde, según Esmahan, a la defensa de la institucionalidad y la soberanía democrática, diferenciándose de países que brindan refugio a quienes son requeridos por la justicia en su país de origen.

Ruth de los Ángeles Muñoz Bermúdez fue asesinada la madrugada del 26 de noviembre de 2025 en Masachapa por Darling Carolina Mejía Mojica, una mujer que debía seguir presa hasta 2028 por robo agravado y que estaba en libertad tras recibir indultos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El caso reavivó el temor por las excarcelaciones masivas, en un año en que otros 2,000 reos comunes saldrán de prisión el 17 de julio y el total de liberados llegará a 6,400.

Según DESPACHO 505, la agresora tenía 37 años y arrastraba un historial de condenas por robos con violencia, un intento de homicidio y otros procesos penales en los que también resultó beneficiada por indultos presidenciales. En la última década, el régimen ha excarcelado al menos a 60,864 reos comunes y la estimación oficial sitúa la reincidencia en 7.18%.

La muerte de Muñoz ocurrió frente al campo deportivo de Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur. Una amiga de la víctima dijo al medio que “ese crimen se pudo evitar. Darling debía estar presa y no caminando por las calles”.

Ese dato resume el núcleo del caso: cuando mató a Ruth, Mejía no debía estar libre. Cumplía en los papeles una condena de cinco años de prisión por un robo agravado cometido en febrero de 2023 junto a Osiris Irigoyen Aguirre, con vencimiento fijado para el 26 de febrero de 2028.

La sentencia de la jueza Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua Nancy del Carmen Aguirre estableció que ambos (Mejía e Irigoyen) interceptaron a un hombre frente a la iglesia católica de Masachapa, lo intimidaron con un cuchillo y le robaron un reloj y una cadena. Aun así, Mejía pasó menos de diez meses en prisión: el 21 de diciembre de 2023 fue incluida en uno de los indultos masivos otorgados por el régimen.

Ese no fue su primer beneficio. De acuerdo con DESPACHO 505, registros judiciales revisados por la publicación muestran que ya había recibido otro indulto en abril de 2020, pese a que meses antes, el 27 de septiembre de 2019, había sido condenada a tres años de cárcel por un robo con violencia contra una adolescente de 16 años y una joven de 20 que visitaban las playas de Masachapa.

La sentencia 221-2019, también dictada por la jueza Nancy del Carmen Aguirre, señala que las intimidó con un puñal para quitarles una cadena y un reloj. Esa pena vencía el 21 de abril de 2022, pero fue liberada el 8 de abril de 2020 sin haber cumplido siquiera un año de prisión.

Los expedientes judiciales también registran un caso por homicidio en grado de tentativa. El 12 de noviembre de 2020 atacó con un pedazo de vidrio a Jimmy René López Quintanilla y lo hirió en el cuello en el parque de Masachapa.

Por ese hecho, el entonces juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua Luden Martín Quiroz la condenó el 28 de enero de 2021 a tres años de prisión y fijó el final de la pena para noviembre de 2023. La condenada volvió a recuperar la libertad antes de cumplirla gracias a otro indulto presidencial.

A ese historial se suma un proceso por robo agravado que tramitaba el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua. En ese expediente también fue beneficiada con un indulto el 13 de abril de 2020, cuando el caso todavía no había llegado a juicio.

La nueva condena por el homicidio de Ruth vence en 2036

Durante el juicio por la muerte de Ruth, Mejía confesó el crimen. La sentencia estableció que el ataque ocurrió después de que la víctima se acercó a un grupo de cuatro hombres que consumían licor y llamó a uno de ellos, una acción que provocó la reacción de la acusada, quien la atacó con un arma blanca.

El 3 de febrero de este año, el juez Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua Jeancarlos Fernández la condenó a 10 años y seis meses de prisión por homicidio. La resolución fijó que deberá permanecer encarcelada hasta el 25 de mayo de 2036.

La preocupación en Masachapa no se limita al pasado judicial de la agresora. Entre familiares y habitantes del municipio persiste el temor de que vuelva a salir antes de tiempo, como ya ocurrió tras los sucesivos indultos concedidos por Ortega y Murillo.

El contexto amplía esa inquietud. Este 17 de julio, el régimen liberará a otros 2,000 reos por el “Día de la Alegría”, una efeméride sandinista, y en 2024 ya había roto un récord con 9,900 presos comunes liberados en seis tandas masivas, según informó DESPACHO 505.

El Gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia tras la insistencia de ese país europeo en la extradición de Alessio Casimirri, exmiembro de las Brigadas Rojas y condenado por su participación en el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro.

La decisión se produjo luego de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, reiterara públicamente la solicitud de extradición y criticara el refugio concedido por Managua a Casimirri, generando una reacción inmediata de las autoridades nicaragüenses.

La tensión entre Nicaragua e Italia escaló después de que, durante un encuentro del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Madrid, el canciller italiano Antonio Tajani reclamara la entrega de Alessio Casimirri.

El ministro rememoró la figura de Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana, y subrayó la negativa del Gobierno nicaragüense a responder a las solicitudes judiciales italianas sobre el caso.

De acuerdo con información difundida por el cable de EFE, Tajani denunció que Nicaragua “sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano”. El funcionario añadió que la justicia italiana ha presentado reiteradas solicitudes de extradición, todas sin respuesta por parte de Managua.

El Ministerio de Exteriores italiano recalcó en un comunicado que “el Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos.

Esto se aplica también a Casimirri, un peligroso miembro de las Brigadas Rojas al que Nicaragua sigue concediendo asilo”. EFE precisó que la nueva mención pública de Tajani sobre el tema fue el punto de inflexión que llevó a Nicaragua a comunicar su decisión de ruptura diplomática.

El Gobierno nicaragüense, que otorgó la nacionalidad a Casimirri y permitió su establecimiento como empresario en el país, nunca ha atendido las solicitudes formales de extradición remitidas por los tribunales italianos. La tensión se agravó tras las declaraciones de Tajani en Madrid, que fueron consideradas por Managua como una injerencia y una presión inadmisible sobre su soberanía.

¿Quién es Alessio Casimirri?

Alessio Casimirri, de 74 años, fue integrante de las Brigadas Rojas, un grupo armado de extrema izquierda responsable de múltiples atentados en Italia durante las décadas de 1970 y 1980. La justicia italiana lo condenó a seis cadenas perpetuas por su participación en varios ataques, entre ellos el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, ocurrido en 1978.

De acuerdo con la información proporcionada por EFE, Casimirri formó parte del comando que ejecutó la emboscada contra la escolta de Moro en la vía Fani, en la que murieron cinco agentes. Los tribunales italianos lo consideran responsable también de otros homicidios perpetrados por la organización.

Tras los hechos, Casimirri huyó de Italia a comienzos de los años ochenta. En 1983, se instaló en Nicaragua, donde recibió la nacionalidad local. Desde entonces, desarrolló actividades empresariales en el sector de la restauración en Managua, manteniéndose fuera del alcance de la justicia italiana.

Las autoridades de Italia consideran a Casimirri un símbolo de la impunidad de los delitos de terrorismo, por lo que su extradición ha sido un tema recurrente en la agenda bilateral. El Gobierno nicaragüense ha rechazado entregarlo, argumentando la condición de ciudadano nacional y el principio de no extradición de nacionales.

Mientras tanto, la figura de Alessio Casimirri continúa generando controversia. Su presencia en Managua, donde ha construido una vida alejada del foco mediático, contrasta con la persistencia de los reclamos de Italia para que enfrente las condenas impuestas por los tribunales.

EFE subrayó que el Gobierno italiano mantiene su posición y seguirá demandando la extradición de Casimirri. La ruptura de relaciones diplomáticas marca un punto de inflexión en la relación bilateral y deja abierta la pregunta sobre el futuro de la cooperación entre ambos países.

La sociedad nicaragüense ha desplegado un repertorio diverso de acciones de resistencia cívica dentro y fuera del país ante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según explica el último documento publicado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).

Estas iniciativas han persistido desde abril de 2018, cuando la represión marcó un punto de quiebre y dio paso a una nueva etapa de movilización social y política.

De acuerdo con CETCAM, organizaciones de víctimas, familiares de personas prisioneras políticas, organismos de derechos humanos y movimientos sociales han llevado a cabo un trabajo sistemático de registro, denuncia e incidencia ante instancias internacionales.

Entre los espacios clave se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Estas gestiones han contribuido a los reportes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y visibilizado la situación de las comunidades indígenas, tanto las que permanecen en el país como las desplazadas por la violencia y la persecución.

Presión internacional y resistencia interna: estrategias contra el régimen

Por su parte, grupos de la diáspora y líderes exiliados han incidido en el Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos y en la Unión Europea, logrando que el tema de Nicaragua se mantenga en la agenda internacional.

Estas acciones han dado lugar a sanciones a funcionarios del régimen y resoluciones de condena, así como denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones a los derechos laborales. Además, se han realizado gestiones ante el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) para frenar los intentos del régimen de imponer sus intereses en organismos multilaterales.

Dentro del país, CETCAM señala que la resistencia adopta formas cotidianas y menos visibles. Ejercicios de auditoría social sobre corrupción, economía y política, así como pequeños actos individuales de desobediencia civil, expresan el descontento social a pesar de la vigilancia y la represión. El cerco informativo impuesto por el régimen no ha impedido que medios independientes y periodistas en el exilio mantengan un flujo de información crítica que refuerza la labor de los opositores.

El espectro de la resistencia incluye iniciativas de memoria histórica, formación de liderazgos, pensamiento crítico, ayuda humanitaria y acompañamiento a exiliados y desplazados. Grupos de mujeres defensoras de derechos y redes feministas han jugado un papel destacado en la articulación de campañas e incidencia internacional.

CETCAM sostiene que, a pesar de la represión, la oposición nicaragüense no ha logrado una coordinación plena. Existe duplicidad de esfuerzos y competencia entre organizaciones, aunque se han producido avances en la búsqueda de consensos en momentos clave, como la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá. El compromiso sostenido de actores sociales y políticos ha permitido que, en un contexto adverso, la esperanza y la resistencia por el cambio se mantengan presentes.

Persisten desafíos, especialmente en superar las lógicas de competencia y construir sinergias efectivas, pero todas las acciones suman en la búsqueda de una transición democrática.

El subsecretario Michael Kozak afirmó ante el Senado de Estados Unidos que el statu quo en Nicaragua “debe” cambiar “pronto”, al definir al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una “brutal y cleptocrática dinastía dictatorial” y ubicar al país entre las principales preocupaciones de seguridad de Washington en el hemisferio occidental.

En la misma comparecencia, el funcionario sostuvo que la política exterior de la administración de Donald Trump hacia América Latina tuvo entre sus resultados una caída del 92% en los encuentros diarios de inmigrantes ilegales en la frontera suroeste estadounidense durante los primeros 17 meses de gestión, un dato que presentó como parte del endurecimiento de la agenda regional.

Kozak declaró ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Nicaragua “sufre bajo una dinastía dictatorial brutal y cleptocrática que reprime todas las facetas de la Iglesia Católica, así como a sus ciudadanos comunes, y alberga a adversarios de seguridad de los Estados Unidos”, indican medios regionales.

“El statu quo en Nicaragua es intolerable para los Estados Unidos y sus vecinos, así como para el pueblo nicaragüense. Debe cambiar, y pronto”, declaró según medios como 100% Noticias.

Washington colocó a Nicaragua entre sus alertas de seguridad regional

La audiencia estuvo centrada en la Estrategia de Seguridad Nacional y en la política de Estados Unidos hacia América Latina. Citado por Centroamérica360, el subsecretario remarcó que la preocupación de su gobierno no se limita a un solo país. “Nos preocupa la inestabilidad y los actores malignos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dijo durante su testimonio.

Ese señalamiento elevó el tono de las críticas de la administración Trump contra el régimen nicaragüense. De acuerdo con el medio centroamericano, se trató de una de las declaraciones públicas emitidas hasta ese momento por un funcionario de esa administración sobre la situación política del país.

Kozak vinculó la política regional con migración, deportaciones y control fronterizo

Durante su intervención, Kozak también evaluó la política exterior de Washington en la región y colocó el combate a la inmigración ilegal como “primer objetivo” de la administración Trump. En ese punto, sostuvo que el enfoque de seguridad fronteriza aplicado con socios regionales “resultados sin precedentes”.

La cita textual que presentó fue la siguiente: “Nuestro primer objetivo ha sido eliminar la inmigración ilegal. El enfoque integral del presidente Trump hacia la seguridad fronteriza, trabajando con socios en toda la región, ha logrado resultados sin precedentes: los encuentros diarios de inmigrantes ilegales en la frontera suroeste de Estados Unidos han disminuido un 92%”.

El subsecretario aseguró además que su gobierno facilitó el mayor número de deportaciones de su historia para retirar a extranjeros sin derecho a permanecer en Estados Unidos. También dijo que ese liderazgo permitió a países socios mejorar el control de sus propias fronteras.

En otro tramo de su comparecencia, afirmó que varios líderes extranjeros reconocieron los efectos sociales del tráfico de personas a través de sus territorios. Sostuvo además que la reducción de la inmigración ilegal afectó una fuente importante de ingresos de los cárteles, porque, según su explicación, una parte muy significativa de sus ingresos globales provenía del traslado de migrantes hacia Estados Unidos.

El funcionario también fijó condiciones para unas elecciones en Venezuela

Según Centroamérica360, Kozak abordó además la situación venezolana y dijo que Estados Unidos considera necesario encontrar un equilibrio para convocar elecciones después de la emergencia generada por los terremotos que afectaron al país.

En ese contexto, indicó que no deberían celebrarse comicios demasiado pronto ni demasiado tarde. “Creo que algo así como el 40% de los votantes en Venezuela no están registrados en este momento. Tienen que arreglar el padrón electoral, renovar el Consejo Electoral”, afirmó.

También señaló que la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas habían anunciado que empezarían a trabajar el primero de agosto para activar los elementos necesarios para organizar esas elecciones.

La aprobación de dos acuerdos bilaterales entre Nicaragua y Rusia permitirá que personas condenadas en uno de estos países puedan cumplir el resto de su sentencia en su nación de origen.

Esta decisión fue adoptada por unanimidad por los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y entrará en vigor una vez que los tratados sean publicados oficialmente en el Diario Oficial La Gaceta.

Así, los ciudadanos rusos que se encuentren en prisión en Nicaragua podrán ser trasladados a Moscú para completar sus condenas, y lo mismo ocurrirá en sentido inverso con los nicaragüenses que estén presos en Rusia, quienes podrán regresar a Managua para el cumplimiento final de sus sentencias.

El régimen de Nicaragua expuso que el objetivo de estos acuerdos es fortalecer la lucha contra la impunidad y establecer mecanismos de cooperación para el traslado de presuntos delincuentes entre ambos países.

Según se detalló en la exposición de motivos, se busca asegurar que los procesados o condenados enfrenten la justicia, respetando el debido proceso y garantizando la seguridad jurídica de cada caso.

Ambos acuerdos fueron firmados el 5 de junio de 2026 durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. En la ceremonia de suscripción participaron el ministro de Exteriores de Rusia y el asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional de Nicaragua, quien también es representante especial para los asuntos con Rusia.

El Parlamento nicaragüense aprobó los tratados tras un debate en el que el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, miembro de la Comisión de Justicia, aseguró que estos instrumentos no difieren en ningún aspecto de otros tratados de extradición que Nicaragua ha firmado con distintos países a lo largo de los años, de acuerdo con EFE.

Laureano Ortega Murillo funge como asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, además de representante especial para los asuntos con Rusia.

Sobre Laureano pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que lo acusan de la comisión de «serias violaciones contra los derechos humanos» y de haber apoyado las elecciones de noviembre de 2021, en las que sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo, resultaron reelegidos mientras los principales contrincantes estaban en prisión.

La relación entre Nicaragua y Rusia tiene antecedentes históricos que se remontan a la década de 1980. Durante el primer gobierno sandinista, entre 1979 y 1990, la entonces Unión Soviética suministró armamento a las fuerzas armadas nicaragüenses. Desde entonces, ambos países han mantenido una relación de colaboración en diferentes áreas, como la política y la seguridad, y ahora extienden su cooperación al ámbito judicial y penitenciario.

De acuerdo con información de 100% Noticias, los tratados establecen requisitos específicos: solo podrán ser extraditadas o trasladadas personas acusadas o condenadas por delitos que estén tipificados en ambos países y cuya pena supere el año de prisión.

La normativa aprobada incluye excepciones y limitaciones. Por ejemplo, no se podrá extraditar a nacionales del país requerido; es decir, si la persona buscada es nicaragüense o rusa, el país receptor tiene la facultad de negar la entrega.

Además, los tratados excluyen los casos en que las personas sean perseguidas por motivos políticos: si existe riesgo de persecución por razones políticas, la autoridad competente puede denegar la solicitud. Otro límite importante es la prohibición de extraditar a personas que puedan ser condenadas a pena de muerte en el país solicitante, una cláusula que busca resguardar derechos fundamentales y evitar consecuencias irreversibles.

Como novedad, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua asume la responsabilidad de tramitar directamente las solicitudes de extradición entre Nicaragua y Rusia.

Esta institución será la encargada de analizar, procesar y ejecutar las solicitudes, así como de coordinar los traslados de personas condenadas con las autoridades rusas, según detalló 100% Noticias.

Las autoridades nicaragüenses insisten en que el contenido de estos acuerdos es similar al de otros instrumentos ya firmados con diferentes naciones. Según informó la agencia EFE, los convenios serán efectivos una vez que se complete el trámite de publicación.

La ratificación de estos tratados representa la ampliación de la cooperación entre Managua y Moscú, al incluir la colaboración en temas legales y penitenciarios dentro de la agenda bilateral. El avance se suma a la relación histórica entre ambos países, que ha abarcado distintos ámbitos a lo largo de los años.

El municipio de Nueva Guinea, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, se encuentra sumido en la consternación y el dolor tras el brutal asesinato de María Vanessa González Rodríguez, una joven de apenas 18 años.

Lo que inicialmente se perfilaba como una investigación lineal ha dado un giro radical en las últimas horas, llevando a la captura de un nuevo sospechoso y dejando al descubierto los escalofriantes detalles de un crimen que ha encendido las alarmas sobre la violencia de género en la región.

El trágico desenlace comenzó a descubrirse la mañana del pasado domingo 12 de julio. Habitantes que transitaban por las cercanías de la laguna artificial Las Vegas, situada en la zona 7 del municipio de Nueva Guinea, avistaron un cuerpo flotando en el agua y dieron aviso inmediato a las autoridades locales. Al presentarse al lugar, los peritos confirmaron que se trataba de María Vanessa González Rodríguez.

Los peritajes iniciales de los médicos forenses indicaron que, al momento del hallazgo, la víctima tenía aproximadamente 48 horas de haber fallecido, por lo que el cadáver ya presentaba un avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue trasladado de urgencia a la morgue del Hospital Departamental Jacinto Hernández, donde se le practicó la autopsia correspondiente.

Los resultados forenses determinaron que la joven fue sometida a una violencia extrema: la causa principal de muerte fue asfixia por estrangulamiento, pero además presentaba múltiples heridas infligidas con un arma cortopunzante. Tras los exámenes, los restos fueron entregados a sus familiares para su sepultura en medio del clamor popular por justicia.

La reconstrucción del crimen

A través de las evidencias recolectadas, los investigadores lograron reconstruir la fatídica secuencia de hechos ocurrida el pasado viernes 10 de julio. Vanessa llegó ese día a la vivienda de Pedro Juan Angulo Icabalceta, de 56 años, con quien la víctima presuntamente mantenía una relación sentimental oculta. De acuerdo con las hipótesis policiales, en el interior de la casa se originó una fuerte discusión entre ambos por motivos que aún se intentan esclarecer. En medio del altercado, el agresor utilizó la fuerza física para asfixiar a la joven hasta arrebatarle la vida.

Tras cometer el homicidio, el señalado ocultó el cadáver dentro de un saco para transportarlo de forma oculta hacia la laguna artificial con la intención de deshacerse de él. Una vez en el sitio del hallazgo, y con el macabro objetivo de que el cuerpo no flotara a la superficie debido a los gases naturales de la descomposición, el sujeto le causó una profunda herida de lado a lado en el abdomen con un arma blanca. A pesar de este frío cálculo para desaparecer el rastro del crimen, la estrategia le falló y el cuerpo salió a la superficie dos días después.

La pieza clave de este femicidio fue el testimonio de un habitante de la zona, quien aseguró firmemente haber visto a Angulo Icabalceta cargando un saco pesado con rumbo hacia la laguna Las Vegas en los días previos al hallazgo del cuerpo.

Con este testimonio, las autoridades ejecutaron un allanamiento de urgencia en la vivienda de Icabalceta. Dentro del inmueble, los peritos de criminalística encontraron pruebas contundentes que terminaron por hundir al sospechoso: un pantalón, ropa interior que pertenecía a la joven y, de manera alarmante, un mechón de cabello de la víctima que el agresor conservaba en el lugar.

El presunto responsable, ya fue puesto bajo custodia y remitido a las autoridades judiciales correspondientes para iniciar el debido proceso penal en su contra.

La Policía de Nicaragua informó recientemente la incautación de 750 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en un operativo donde fue presentado un conductor guatemalteco de 66 años como el único detenido.

El caso generó reacciones en distintos sectores y renovó la discusión acerca de la efectividad de las estrategias nacionales contra el narcotráfico y el alcance de las investigaciones sobre redes transnacionales.

Según la información de Nicaragua Investiga, la droga se encontraba oculta en un furgón que viajaba desde Panamá. El cargamento estaba distribuido en 643 paquetes rectangulares, los cuales estaban dentro de 54 cilindros metálicos.

El vehículo, un cabezal Freightliner color lila y plataforma negra, tenía matrícula guatemalteca y era conducido por Roberto Bardales de León. La Policía presentó a Bardales de León como el único sospechoso detenido en el operativo y señaló que el caso representaba un golpe al crimen organizado internacional.

De acuerdo con la cobertura del medio citado, el operativo se diferencia de otros casos recientes porque en esta ocasión sí se reportó la captura de un sospechoso.

En episodios previos, las autoridades habían informado sobre decomisos de drogas o de grandes sumas de dinero supuestamente abandonados por personas que lograron escapar. Esta diferencia ha sido destacada por analistas, quienes advierten que la detención de un conductor de edad avanzada podría no reflejar necesariamente el desmantelamiento de una estructura de narcotráfico más amplia.

Especialistas legales consultados por Nicaragua Investiga han señalado que es frecuente la aparición de furgones abandonados en los reportes oficiales. Según estas valoraciones, este tipo de situaciones podría facilitar la introducción de recursos ilícitos en las arcas estatales, ya que no existirían mecanismos de control independientes que permitan verificar el destino final de esos bienes. No obstante, la publicación no presenta evidencia directa sobre el uso de estos recursos ni sobre la existencia de investigaciones adicionales en estos casos.

El operativo de Peñas Blancas ha sido presentado por las autoridades como parte del plan denominado “Muro de Contención”, orientado a restringir el paso de drogas por el territorio nicaragüense. Sin embargo, para ciertos sectores, la captura de un solo individuo y la modalidad de los procedimientos informados dejan interrogantes sobre la capacidad real del Estado para atacar las redes de mayor alcance en el narcotráfico internacional.

Nicaragua y la cooperación regional antidrogas

En el contexto regional, Nicaragua ha quedado fuera de la iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación entre países de la región en materia de seguridad y lucha contra el tráfico de drogas. De acuerdo con la información publicada por Nicaragua Investiga, la exclusión se atribuye a la falta de compromiso del gobierno nicaragüense y a sus relaciones con figuras internacionales como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

La justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones contra Maduro por su presunto liderazgo en el denominado “Cártel de los Soles”, una organización señalada por el movimiento de grandes volúmenes de cocaína en Latinoamérica. Según la publicación, la relación con este tipo de actores ha incidido en la decisión de mantener a Nicaragua al margen de los principales proyectos de colaboración antidrogas en la región.

Félix Maradiaga sostuvo que Nicaragua atraviesa una ventana de oportunidad para salir de la dictadura de Daniel Ortega, aunque advirtió que ese margen depende de la presión internacional, de las fracturas internas del régimen y de la capacidad opositora para articular una estrategia común frente a un sistema que, según describió, pasó del autoritarismo competitivo a un cierre total tras las protestas de 2018.

En una entrevista con Canal Antigua, el opositor, analista político y autor de Nicaragua: la ventana entreabierta afirmó que el exilio debe dejar de leerse como una derrota y convertirse en una plataforma de acción política. En ese marco, aseguró que uno de cada cinco nicaragüenses vive desplazado fuera del país y que esa diáspora puede funcionar como una red para internacionalizar la denuncia sobre la situación interna.

Maradiaga presentó a Nicaragua como un caso que ya no afecta solo a su población, sino al conjunto de Centroamérica. Su argumento es que el régimen de Ortega opera en alianza con Rusia, el Partido Comunista de China e Irán, mientras el campo democrático actúa de manera fragmentada.

El exilio, las alianzas del régimen y la presión internacional

El dirigente opositor planteó que la comunidad internacional es una de las variables decisivas para cualquier transición. A su juicio, la principal ventaja de Ortega fue moverse durante años fuera del foco geopolítico, pese a que, según dijo, convirtió a Nicaragua en una plataforma de inteligencia y espionaje ruso y en un punto de tráfico de personas.

Maradiaga también vinculó la coyuntura actual con factores internos del poder. Señaló que Ortega supera los 80 años y que la variable biológica, junto con posibles fisuras dentro del oficialismo, influye sobre los escenarios futuros. Añadió que el mandatario no logró consolidar un heredero aceptado dentro del sandinismo y que eso abre una contradicción para las fuerzas armadas y para la propia estructura partidaria.

Según explicó al medio, ese cuadro convive con una “resistencia silenciosa” dentro del país. Mencionó la persecución religiosa, la organización clandestina, el trabajo de periodistas que informan desde el exilio y la persistencia de redes sociales y comunitarias que, pese al cerco estatal, mantienen activa la oposición social.

En su descripción del desmontaje institucional, resumió tres mecanismos centrales: el control del poder judicial, la destrucción de los partidos de oposición y la subordinación del poder económico. A eso sumó el control de la prensa, el uso de grupos paramilitares y la corrupción como piezas del mismo esquema.

Puso como ejemplo una medida reciente: el 10 de julio, al menos 2.000 abogados fueron despojados de sus protocolos, sellos y licencias, de acuerdo con lo que relató en la entrevista. Para Maradiaga, ese episodio forma parte de una estrategia de casi dos décadas para capturar la justicia y eliminar cualquier resguardo del Estado de derecho.

Una economía que crece apoyada en remesas y expulsión

Maradiaga cuestionó la lectura de los indicadores macroeconómicos como prueba de normalidad. Dijo que, según el Banco Central de Nicaragua, el país creció más del 4%, mientras el Banco Mundial estimó 3,8%, pero sostuvo que esa expansión no refleja una economía sana.

Su explicación es que una parte sustancial del funcionamiento económico descansa en la salida forzada de población y en el envío de dinero desde el exterior. Afirmó que las remesas representan al menos 30% del PIB y que en el último año sumaron casi USD 5,800 millones, una cifra que atribuyó a estadísticas del banco central.

El opositor agregó que la estructura económica también se sostiene en el extractivismo minero y en la devastación de bosques. Desde esa perspectiva, sostuvo que una transición política exigiría también reconstruir el mercado, restablecer el respeto a la propiedad privada y permitir que la actividad económica funcione sin interferencia arbitraria del Estado.

En ese punto, insistió en que salir de Ortega no equivaldría por sí solo a desmontar el sistema. Su advertencia fue que el país necesita recuperar no solo libertades cívicas, sino también condiciones básicas para el trabajo por cuenta propia, la protección patrimonial y la propiedad intelectual.

El riesgo de un “orteguismo sin Ortega”

Maradiaga describió como el escenario más delicado la continuidad del régimen sin su actual jefe. Lo definió como un posible “orteguismo sin Ortega”: una transferencia del poder hacia Rosario Murillo, Laureano Ortega u otras figuras del círculo oficialista, incluso bajo fórmulas de copresidencia.

Según su análisis, la muerte o incapacidad de un líder no implica necesariamente la caída del sistema. Para sostener esa idea comparó el caso nicaragüense con la continuidad del poder en Cuba tras Fidel Castro y con Venezuela después de Hugo Chávez.

También afirmó que Ortega regresó al poder en 2006 favorecido por la división de las fuerzas democráticas. Recordó que ganó con 38% de los votos, mientras 62% eligió otras opciones, y sostuvo que hoy ya no conserva ese respaldo. En su estimación, el oficialismo podría moverse entre 18% y 20%, aunque esa cifra fue presentada como cálculo político suyo y no como dato de un estudio.

Sobre la Iglesia católica, dijo que el régimen la percibe como la última voz con autoridad moral capaz de cuestionar al poder. En ese contexto, señaló que en Nicaragua se cerraron más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, más de 25 universidades y se expulsó a la Cruz Roja Internacional, a Naciones Unidas, a la OEA y a varias misiones diplomáticas.

Maradiaga extendió esa descripción a otras confesiones religiosas. Afirmó que, además del hostigamiento a obispos católicos como Rolando Álvarez y Silvio José Báez, también existe persecución contra iglesias protestantes y contra la Iglesia morava.

La oposición, la juventud y el sistema regional

El autor de Nicaragua: la ventana entreabierta afirmó que el país sigue teniendo una posibilidad real de cambio, pero condicionada a una mayor coordinación entre actores opositores. Dijo que esa unidad debe incluir a ciudadanos que alguna vez votaron por el sandinismo y que no participaron en crímenes ni abusos.

Al hablar de las nuevas generaciones, recordó que las protestas de abril de 2018 surgieron de la rebelión estudiantil. Para él, ese antecedente prueba que años de propaganda oficial no lograron desactivar la demanda de libertad entre jóvenes, trabajadores y sectores populares.

También pidió revisar el lugar de Nicaragua en el entramado regional. Sostuvo que el país no debería seguir dentro del Sistema de la Integración Centroamericana ni acceder a instancias como el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Parlamento Centroamericano mientras mantenga, según dijo, incumplimientos con la OEA y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como señal de respaldo externo, mencionó una declaración reciente del Parlamento Europeo impulsada por fuerzas liberales, verdes, populares y de otros espacios, que calificó al régimen como ilícito e ilegítimo y reclamó revisar la relación de asociación con Europa. También dijo que la oposición nicaragüense mantuvo reuniones en Washington, Bruselas, Ginebra y Madrid para presentar una hoja de ruta de transición democrática.

El arbitraje de Nicaragua vuelve a vestirse de gala en el escenario más importante del fútbol internacional. La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) confirmó de manera oficial que la árbitra nacional, Tatiana Guzmán, ha sido asignada para formar parte de la terna arbitral en el crucial enfrentamiento de hoy entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este partido, que paralizará al planeta por la histórica rivalidad y el boleto a la gran final en juego, contará con un equipo arbitral de primer nivel en el que la pinolera tendrá un rol fundamental para garantizar la justicia deportiva desde las alturas.

Para este trascendental choque de semifinales, Guzmán se desempeñará como Soporte VAR (Support Video Assistant Referee) desde la cabina tecnológica. Su principal función será asistir al equipo de videoarbitraje en la gestión de las revisiones, manteniendo la fluidez de la comunicación y el análisis de las jugadas polémicas que puedan definir el rumbo del encuentro.

Guzmán compartirá cabina y responsabilidades con un equipo de colegiados de enorme experiencia internacional. La designación completa de la FIFA para el partido de hoy está conformada de la siguiente manera:

• Árbitro central: Ismail Elfath (Estados Unidos)
• Asistentes de línea: Corey Parker y Kyle Atkins (Estados Unidos)
• Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
• Árbitro VAR principal: Marco Di Bello (Italia)
• AVAR (Asistente de VAR): Juan Lara (Chile)
• Soporte VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Esta combinación de experiencia de la Concacaf, UEFA y Conmebol busca blindar las decisiones arbitrales en un partido de altísima tensión política y deportiva.

Una copa mundial de récord: 13 asignaciones oficiales

Con el pitazo inicial del partido de hoy entre Argentina e Inglaterra, la nicaragüense alcanzará su 13.ª asignación oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta cifra no solo consolida su posición como una de las máximas referentes del arbitraje en Centroamérica, sino que la coloca en la élite del videoarbitraje a nivel global.

La consistencia y precisión de la nicaragüense han sido clave para ganarse la confianza de la Comisión de Árbitros de la FIFA a lo largo de todo el campeonato. Su constancia le ha permitido tener un torneo sumamente activo en la cabina tecnológica, dividiendo sus apariciones de la siguiente manera:

• Fase de Grupos: Acumuló un total de 8 partidos cumpliendo funciones cruciales en el videoarbitraje, adaptándose al ritmo intenso del inicio del torneo.
• Fase Eliminatoria: Con la semifinal de hoy, sumará 5 compromisos en las rondas de eliminación directa. Su camino en los partidos de “matar o morir” incluyó participaciones previas de alta exigencia en las fases de dieciseisavos, octavos y cuartos de final.

Ante este panorama, al llegar a las instancias finales de una Copa del Mundo masculina es un hito sin precedentes para el balompié nicaragüense, demostrando que el talento del país tiene la capacidad de brillar en los reflectores más exigentes del deporte rey.

El desempeño de Guzmán no solo abre las puertas para las futuras generaciones de árbitros y árbitras en Nicaragua, sino que ratifica la importancia de la capacitación tecnológica en el fútbol moderno. Hoy, mientras los ojos del mundo se posan sobre las estrellas de Argentina e Inglaterra, una parte del corazón de Nicaragua estará en la cabina del VAR defendiendo la transparencia del juego.

El silencio habitual de la mañana de ayer martes 14 de julio en Lomas del Reparto San Juan, en el distrito dos de la capital, se rompió de forma abrupta con el eco seco de un disparo de fuego. Fue el detonante de una tragedia largamente incubada por el acoso, los celos y el sentido de posesión obsesiva.

Frente a las instalaciones del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, Evelyn del Carmen Fuentes Martínez, una abogada de 47 años de edad que prestaba sus servicios como secretaria de dicha institución, fue asesinada a balazos por su expareja, Marvin Antonio Gámez Salmerón, de 53 años.

La mañana transcurría con aparente normalidad cuando la profesional del derecho llegó al complejo judicial a bordo de su vehículo. Sin embargo, el peligro ya la estaba esperando. Gámez Salmerón, quien se desempeñaba como supervisor de los agentes de seguridad del mismo Tribunal Laboral, vigilaba de cerca cada uno de sus movimientos, encubierto bajo su estatus de empleado jerárquico del lugar.

De acuerdo con testigos presenciales, en cuanto Evelyn detuvo la marcha del vehículo y se percató de la imponente presencia de Marvin Antonio en el aparcamiento, el pánico la invadió de forma inmediata. En un intento desesperado por resguardar su integridad física, buscó refugiarse rápidamente en el interior de su propio automóvil.

No obstante, el agresor, impulsado por una obsesión implacable, actuó con una rapidez extrema. Se subió de inmediato por la puerta del copiloto, cerrando cualquier posibilidad de escape para la profesional y acorralándola en un espacio mínimo.

En el habitáculo del vehículo blanco se desató una intensa y tensa discusión verbal. Hacía apenas quince días que Evelyn había tomado la firme determinación de poner fin a una relación sentimental de tres años, desgastada y asfixiada por el constante acoso, el hostigamiento y la intimidación a la que él la sometía de forma sistemática.

Dentro del vehículo, Marvin Antonio insistía con vehemencia, intentando convencerla de retomar el noviazgo a toda costa. Pero la decisión de la abogada era irrevocable. Ante la tajante negativa de la mujer de volver a someterse a su control, el sujeto extrajo un arma de fuego de reglamento y, sin mediar más palabras, le disparó directamente en el costado derecho del pecho.

La detonación alertó de inmediato a los transeúntes, personal de seguridad y compañeros de trabajo de Evelyn que se encontraban en las inmediaciones del complejo de apelaciones. El pánico se apoderó de la zona. Mientras la víctima yacía gravemente herida sobre los asientos de su vehículo, el agresor, acorralado por el peso de su propia acción, empuñó el arma de fuego contra su humanidad en un intento de suicidio.

Sin embargo, según los relatos recogidos en el lugar, el arma presuntamente no funcionó y el percutor no detonó los proyectiles en ninguno de los intentos por quitarse la vida.

En medio del caos y la desesperación, compañeros de trabajo y guardias de la zona corrieron a auxiliarla. La sacaron del vehículo y la trasladaron de urgencia a bordo de un carro particular hacia el Hospital Militar. Los cirujanos de turno la ingresaron de inmediato a quirófano para intervenirla de emergencia debido a la gravedad de las heridas en su cavidad torácica, pero todos los esfuerzos médicos resultaron insuficientes: Evelyn se rindió a la muerte minutos más tarde.

El subregistro del dolor: Femicidios bajo la sombra del silencio estatal

Gámez Salmerón, incapaz de dispararse a sí mismo, fue arrestado en el lugar por los agentes policiales antes de que pudiera huir, siendo trasladado bajo custodia a una delegación a la espera de enfrentar el proceso penal ante el Ministerio Público por el delito de femicidio.

Ante la falta de información estatal, el monitoreo independiente es liderado por colectivos como La Lupa y otras organizaciones feministas en el exilio. Las organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizan al menos 15 femicidios en Nicaragua durante el primer semestre de 2026.

La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o personas cercanas a las víctimas, mientras que gran parte de los agresores huyeron o se encuentran evadiendo la justicia.

Esta alarmante cifra de violencia machista y de impunidad sistémica pone de relieve una crisis social profunda que sigue cobrando la vida de decenas de mujeres en todo el territorio nicaragüense.

Panamá realizó un nuevo vuelo de deportación y expulsión con 41 ciudadanos colombianos, en una operación que forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el control migratorio y combatir la permanencia irregular de extranjeros en el país.

Paralelamente, el Servicio Nacional de Migración (SNM) notificó 48 resoluciones de multa a establecimientos que incumplieron la legislación laboral al contratar personal extranjero por encima de los límites permitidos.

Las dos acciones reflejan el endurecimiento de los controles migratorios y laborales impulsados por las autoridades, que durante el primer semestre de 2026 han deportado o expulsado a 588 personas de distintas nacionalidades.

El SNM informó que el vuelo realizado con los 41 ciudadanos colombianos se desarrolló en estricto cumplimiento de la normativa vigente y respetando el debido proceso administrativo que rige este tipo de procedimientos.

Aunque en el lenguaje cotidiano ambos términos suelen utilizarse como sinónimos, la legislación migratoria panameña establece diferencias entre una deportación y una expulsión.

La deportación es una medida administrativa aplicada, por regla general, a extranjeros que ingresan o permanecen de forma irregular en el territorio nacional o incumplen las disposiciones migratorias. La decisión es adoptada por la autoridad migratoria y conlleva la salida obligatoria del país.

La expulsión, en cambio, constituye una medida más severa. Generalmente se aplica cuando el extranjero representa un riesgo para el orden público, la seguridad nacional o ha sido condenado por determinados delitos, además de otros supuestos contemplados en la legislación migratoria.

En estos casos, además de abandonar el país, la persona puede enfrentar restricciones para reingresar a Panamá.

Las estadísticas oficiales muestran que entre enero y junio de este año Panamá registró 330 deportaciones y 258 expulsiones, para un total de 588 medidas migratorias ejecutadas. Los deportados representan el 56% de los casos, mientras que los expulsados equivalen al 44%.

Los colombianos encabezan ampliamente la lista de nacionalidades sujetas a estas medidas. De acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Migración, 300 ciudadanos colombianos fueron deportados o expulsados durante el primer semestre, cifra que representa poco más de la mitad del total registrado.

Les siguen ciudadanos de Nicaragua, con 132 casos; Venezuela, con 48; Ecuador, con 25; El Salvador y México, con 12 cada uno; República Dominicana, con ocho; China y Bangladesh, con siete respectivamente, y Estados Unidos, con cuatro.

En cuanto a las causas que motivaron las medidas migratorias, el ingreso irregular al país ocupa el primer lugar con 359 casos, seguido por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión agravada de drogas, con 120. También figuran antecedentes penales, estadía vencida, reingreso después de una deportación previa y tráfico ilícito de migrantes.

De manera paralela, el Juzgado Ejecutor del Servicio Nacional de Migración notificó 48 resoluciones de multa a establecimientos comerciales por infringir las normas que regulan la contratación de trabajadores extranjeros.

La medida forma parte de los operativos de fiscalización laboral que buscan verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias por parte de empleadores y empresas.

La legislación panameña establece límites claros para la contratación de personal extranjero. El Código de Trabajo dispone, como regla general, que los trabajadores extranjeros no pueden representar más del 10% de la planilla ordinaria de una empresa.

Existe una excepción para personal considerado especializado o técnico, cuyo porcentaje puede elevarse hasta un 15% de la fuerza laboral, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa y se cuente con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades competentes.

El objetivo de estos límites es proteger el empleo de los trabajadores panameños sin impedir que las empresas incorporen talento extranjero cuando exista una necesidad técnica o especializada.

Las multas notificadas por Migración responden a incumplimientos detectados durante inspecciones realizadas a establecimientos comerciales y forman parte de una estrategia de fiscalización que se ha intensificado en los últimos meses.

Las autoridades no detallaron los montos de las sanciones ni identificaron a las empresas involucradas, pero señalaron que estas acciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y laborales.

El Servicio Nacional de Migración ha sostenido que el fortalecimiento de los controles no solo busca combatir la migración irregular, sino también prevenir delitos asociados, como el tráfico ilícito de migrantes, la utilización de documentos falsos y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

Con el nuevo vuelo hacia Colombia y las sanciones impuestas a empleadores, el Gobierno mantiene su estrategia de combinar controles fronterizos, medidas administrativas y fiscalización del mercado laboral como parte de la política migratoria implementada durante este año.

El avance de la industria minera en Nicaragua ha dado un nuevo giro tras la revelación de un estudio que señala que empresas mineras chinas ya controlan el 10% del territorio nicaragüense a través de concesiones otorgadas por el régimen de Daniel Ortega. El informe, elaborado por la Fundación del Río junto a otras organizaciones ambientalistas, fue presentado este martes en Costa Rica y documenta la expansión de proyectos mineros en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según reportó la agencia EFE.

Según los datos expuestos por la Fundación del Río, las compañías de origen chino poseen derechos de explotación sobre 1.277,389 hectáreas, una superficie que representa una décima parte del país centroamericano. El informe detalla que estas concesiones incluyen territorios de pueblos originarios y afrodescendientes, reservas naturales y parte de la red hídrica nacional, como territorios de pueblos originarios y afrodescendientes, así como reservas naturales y parte de la red hídrica nacional. EFE informó que el estudio, presentado en San José, constituye un atlas que identifica las áreas afectadas, el origen de los capitales involucrados y el solapamiento de las concesiones con fuentes de agua.

Durante la presentación del atlas, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y ambientalista nicaragüense desnacionalizado, indicó que entre 2021 y junio de 2026, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó concesiones mineras a 22 empresas chinas en 84 lotes destinados a la exploración y explotación de minerales metálicos. Ruiz precisó, según EFE, que el total de concesiones mineras otorgadas en el país equivale al 25% del territorio nacional, de las cuales 22% corresponde a concesiones industriales y 3% a áreas de reserva minera.

El impacto sobre territorios y recursos hídricos

El informe añade que el Ejecutivo sandinista proyecta ampliar estas cifras. “El régimen tiene una proyección de otorgar el 40% del territorio nacional en concesiones mineras”, advirtió Ruiz, citado por EFE. Las concesiones chinas afectan de manera directa a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, de los cuales 14 ya cuentan con títulos legales y cuatro están en proceso de titulación.

La superficie impactada alcanza las 681,574 hectáreas, lo que equivale al 25.5 % de estos territorios y al 18% de los ya titulados. El impacto también se extiende a la red hídrica, con 163 ríos, 80 arroyos y casi 1,900 kilómetros de corrientes de agua afectados por la actividad minera, según el estudio.

El análisis de la Fundación del Río subraya que la mayoría son de reciente constitución, carecen de presencia pública digital y no hay indicios de que pertenezcan a empresas listadas en bolsas de valores internacionales. Tampoco se hallaron antecedentes de experiencia en el sector minero, estudios de factibilidad económica ni información sobre el monto de las inversiones realizadas.

El informe advierte que el interés de las empresas chinas no se limita a la extracción de oro y plata, sino que abarca minerales considerados críticos, como el cobre y el cobalto, y otros materiales, entre los que se incluyen el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. Según el reporte difundido por EFE, la organización ambientalista sostiene que el marco jurídico nacional fue modificado para favorecer el ingreso y operación de capital chino, así como para esquivar sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las sanciones y el negocio del oro

En abril pasado, el Gobierno estadounidense sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a altos funcionarios y siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro, como parte de las acciones para restringir el flujo de recursos hacia la administración sandinista.

El auge de la minería se refleja en los datos oficiales sobre exportaciones. Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y el Banco Central de Nicaragua, las ventas al exterior de productos mineros alcanzaron los USD 2,009 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 44,4% respecto al año anterior. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con ingresos de USD 1,971 millones y un volumen de 19.9 toneladas métricas, lo que constituye un récord histórico para el país.

Hace dos años, el régimen de Nicaragua detuvo de forma arbitraria a Eddie González Valdivia, militar en retiro, docente universitario y consultor, tras denunciar la captura de su hermana, la periodista Nohelia González Valdivia.

Desde ese momento, la familia de González Valdivia desconoce su paradero y condición de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han emitido órdenes claras al para proteger su vida y liberar de inmediato al detenido.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más enfatiza que la desaparición forzada constituye un crimen que no prescribe y exige verdad, justicia y libertad para el exmilitar.

La detención de Valdivia se produjo el 14 de julio de 2024, días después de que su hermana fuera arrestada y expulsada del país. De acuerdo con testimonios recogidos por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la captura de González Valdivia respondió a represalias directas por su exposición pública de la represión contra su familia y por su postura crítica.

“Su captura fue una represalia directa por su valentía al denunciar públicamente la represión contra su hermana”, detallaron familiares en declaraciones recogidas por la organización.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más informó que Valdivia, de 66 años, fue herido de bala durante el operativo policial que culminó en su arresto.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, en Estelí, y, según reportes familiares, las autoridades impidieron cualquier tipo de visita o información sobre su estado. Desde entonces, ningún organismo oficial aportó datos verificables sobre su ubicación o condición de salud.

El colectivo subraya que “desde enero de 2026 se han iniciado gestiones para que sea declarado oficialmente en condición de desaparición forzada”, debido a la negativa estatal de permitir contacto con la familia o certificar su situación real.

Situación de Eddie González Valdivia en prisión

Fuentes del Colectivo Nicaragua Nunca Más agregaron que Valdivia habría sido conducido al Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa. Un testimonio de una persona excarcelada indicó que se encontraba en el módulo de máxima seguridad, bajo condiciones extremas: temperaturas superiores a 45 grados Celsius (113 grados Fahrenheit), falta de ropa, ausencia de colchón y aislamiento casi total.

La historia de Eddie González Valdivia refleja una trayectoria de compromiso social y político. Fue combatiente contra la dictadura somocista, capturado y torturado en 1977, y formó parte del Ejército Popular Sandinista hasta 1990, donde recibió reconocimientos por su aporte a la reconstrucción nacional. Más adelante, se desempeñó como consultor en proyectos de agua y profesor universitario, hasta su detención arbitraria.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más subrayó que González Valdivia padece enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión arterial, además de una severa miopía. En octubre de 2024, el Ministerio Público propuso una condena de 22 años de prisión por cargos de homicidio frustrado y otros delitos calificados como fabricados por sus allegados. La sentencia no quedó firme y, desde entonces, la situación jurídica del detenido permanece sin clarificación.

Las gestiones ante la CIDH resultaron en una solicitud de medidas cautelares el 25 de agosto de 2024. La Comisión concluyó el 30 de septiembre de ese año que la vida, integridad personal y salud de González Valdivia enfrentaban un riesgo grave, urgente e irreparable y solicitó al Estado de Nicaragua proteger al detenido, garantizar condiciones de reclusión acorde a estándares internacionales y permitir el contacto con familiares y abogados, además de valorar alternativas a la prisión y abrir una investigación sobre los hechos.

El 20 de febrero de 2025, la Corte IDH amplió las medidas provisionales en su favor, señalando una situación de extrema gravedad y urgencia. La Corte ordenó la adopción de medidas para proteger la vida, integridad y libertad personal de González Valdivia, así como su liberación inmediata “a la luz de las serias e inhumanas condiciones de detención en las que se encuentra”.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más anunció que continuará publicando historias de otros presos políticos, como parte de un esfuerzo para fortalecer la memoria y exigir justicia. “La desaparición forzada es un crimen que no prescribe. Exigimos verdad, justicia y libertad para Eddie González Valdivia”, reclamaron desde la organización.

El mar Caribe, con su inmensidad azul y su temperamento impredecible, mantiene en vilo a la comunidad de Corn Island tras la desaparición de cuatro pescadores locales. Los marinos zarparon el pasado sábado 11 de julio a bordo de la panga “The Husther” con el firme propósito de levantar las nazas para la captura de langosta, una faena cotidiana que, con el pasar de las horas, se ha transformado en una verdadera pesadilla comunitaria y familiar.

Los hermanos Bayardo Archibold y Meylin Downs, junto a sus compañeros de labores Jervin Zelaya y José Aguirre, tenían una agenda clara y rigurosa. Su plan original contemplaba pasar la noche del sábado durmiendo en la embarcación en mar abierto, desafiando el oleaje en su rutina pesquera, para luego emprender el retorno durante el transcurso del domingo.

Sin embargo, el domingo se extinguió en el horizonte sin que la silueta de la panga apareciera en el muelle, y el día de ayer, 13 de julio, transcurrió bajo una densa capa de incertidumbre y angustia colectiva, sin que hasta la fecha se tenga un solo rastro del navío ni de su tripulación.

La movilización civil no se hizo esperar en la isla. Informantes populares confirmaron que, ante la alarmante falta de noticias, dos embarcaciones privadas zarparon el día de ayer, con la esperanza de ubicar a los náufragos: una partió en las primeras horas de la mañana y otra durante la tarde. Desafortunadamente, ambas misiones civiles retornaron a tierra firme con resultados totalmente negativos, enfrentándose a un panorama marítimo sumamente hostil y complejo.

Las condiciones climatológicas en el Caribe nicaragüense han sido señaladas como el factor determinante de este posible naufragio. Desde el sábado 10 de julio, la región se encuentra bajo el azote de un frente de mal tiempo que se ha extendido hasta este martes 14 de julio.

La Fuerza Naval de Nicaragua ya había emitido una alerta temprana a través de diversos medios de comunicación, advirtiendo sobre la presencia de vientos sostenidos de entre 35 y 50 kilómetros por hora, capaces de generar olas sumamente peligrosas de 1.5 a 2.5 metros de altura en mar abierto. Estas severas condiciones motivaron a las autoridades competentes a decretar la suspensión definitiva de zarpes para evitar nuevas tragedias.

A pesar de las adversidades meteorológicas que persisten en la zona, las labores institucionales de rescate se han intensificado. El Puesto Naval de Corn Island activó de inmediato los protocolos de emergencia, emitiendo avisos radiales constantes a toda la flota pesquera y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas caribeñas para que se mantengan alerta ante cualquier avistamiento.

Asimismo, un buque guardacostas de la Fuerza Naval zarpó estratégicamente desde el puesto de Monkey Point con rumbo al norte, ejecutando un minucioso patrón de rastreo en un intento por localizar la panga “The Husther”.

Antecedente trágico: el naufragio de pescadores nicaragüenses en Costa Rica

La desaparición de estos cuatro marinos evoca de manera inevitable el doloroso recuerdo de un suceso similar ocurrido apenas unas semanas atrás en aguas internacionales. El pasado 8 de junio, una tripulación de cuatro pescadores nicaragüenses sufrió un destino trágico al naufragar en las costas de Guanacaste, Costa Rica, luego de que su embarcación, bautizada como “Roxana II”, volcara de forma aparatosa debido a los fuertes vientos y el violento oleaje que imperaban en ese sector del océano Pacífico.

En aquella ocasión, la fortuna y la desgracia se dividieron a partes iguales en alta mar. Tras pasar varios días a la deriva en una lucha extrema por la supervivencia, dos de los tripulantes lograron ser rescatados con vida por los cuerpos de socorro costarricenses.

Sin embargo, a pesar de las exhaustivas y prolongadas labores de búsqueda y salvamento desplegadas por el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, las autoridades no consiguieron ubicar a los otros dos marinos nicaragüenses que completaban la tripulación, cuyo paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, dejando una herida abierta que hoy vuelve a resonar con fuerza en el litoral caribeño.

Más de 2,000 presos comunes serán liberados en Nicaragua para pasar a régimen de convivencia familiar en sus domicilios, en coincidencia con el cuadragésimo séptimo aniversario de la revolución sandinista.

La medida, anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, se inscribe en la política de excarcelaciones masivas que el Ejecutivo aplica en fechas conmemorativas a lo largo del año.

La excarcelación se formalizará durante un acto oficial en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, ubicada cerca de Managua y conocida como ‘La Modelo’, la prisión más grande del país.

De igual forma, la medida se implementará en otras siete cárceles distribuidas en diferentes regiones. Según datos proporcionados por EFE, con este grupo la cifra de presos comunes que han recibido este beneficio legal en lo que va del año asciende a 6,400.

En los meses recientes, el Gobierno ha realizado liberaciones similares en fechas simbólicas. El 30 de mayo, 2,000 prisioneros fueron excarcelados con motivo del Día de la Madre Nicaragüense.

Anteriormente, el 2 de febrero y el 1 de abril, 1,200 condenados en cada fecha accedieron al régimen de convivencia familiar, la primera vez por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, en honor al cardenal Miguel Obando y Bravo, y la segunda durante la Semana Santa.

Las autoridades argumentan que estas medidas buscan favorecer la reintegración social de quienes han cumplido parte de su condena, además de permitir el reencuentro familiar en jornadas de relevancia nacional o religiosa.

Según la versión oficial, la política también pretende aliviar la carga que enfrentan las familias y contribuir a la reconciliación social.

En la última década, el Régimen de Nicaragua manejado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha liberado a 55,164 presos comunes para que cumplan el resto de sus sentencias bajo este régimen, de acuerdo con cifras oficiales.

De ese total, el 7.18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito tras su excarcelación. Según el reporte de EFE, el año con mayor cantidad de beneficiados fue 2025, cuando 9,900 personas accedieron a la medida.

El régimen de convivencia familiar permite que los excarcelados residan en sus hogares bajo condiciones y controles legales, continuando con el cumplimiento de sus condenas fuera de prisión. El Ejecutivo presenta esta modalidad como una alternativa para impulsar la reinserción y reducir la reincidencia, aunque reconoce que la política ha recibido críticas.

Algunas organizaciones feministas han expresado su preocupación por el impacto de estas excarcelaciones en la seguridad ciudadana. Señalan que tras la liberación de presos comunes se ha detectado un aumento de feminicidios y de la delincuencia general en Nicaragua.

Por ello, estos sectores solicitan la implementación de controles adicionales y medidas especiales de protección para las víctimas.

La práctica de excarcelar presos comunes en fechas señaladas se mantiene como una política recurrente del Gobierno. Mientras tanto, diferentes sectores sociales observan los resultados y debaten los posibles efectos sobre la seguridad ciudadana y la convivencia social, en un contexto donde el número de beneficiarios de este régimen sigue en aumento.

Un video difundido en TikTok muestra a una mujer nicaragüense, exiliada y visiblemente afectada, pidiendo ayuda para encontrar a su hija y a sus dos nietas. Se identifica como Elpidia Castillo y relata que desde la noche del 21 de marzo de 2025 perdió todo contacto con Elvia Junieth Flores Castillo y con las dos niñas, Camila y Melissa.

Habla desde el exilio, contra el Gobierno de Nicaragua, y pide que el caso se conozca públicamente porque, asegura, ya agotó las vías privadas para obtener una respuesta.

Elvia Junieth Flores Castillo no es una desaparecida cualquiera para la familia Flores Castillo. Su nombre quedó ligado públicamente a Daniel Ortega desde 2017, cuando varios de sus hermanos, radicados en Miami, denunciaron ante la prensa que el presidente de Nicaragua había abusado sexualmente de ella desde que tenía 15 años.

La propia Elvia Junieth, entonces de 28 años, participó por teléfono en aquella conferencia y declaró públicamente que era víctima de Ortega. Los hermanos también denunciaron que uno de ellos, Santos Sebastián Flores Castillo, había sido encarcelado como represalia por exponer el caso.

En el video, Elpidia Castillo habla entre lágrimas y no evita la pregunta que la persigue. “No sé en qué situación se encuentran, cómo están, dos niñas inocentes”, dice sobre sus nietas. “Por qué se han ensañado con ellas si son niñas chiquitas que ni a clases van”, insiste, y agrega que les están robando su niñez.

La madre relata que la última vez que supo de su hija fue la noche del 21 de marzo de 2025, cuando Elvia Junieth logró comunicarse con la familia poco antes de que, según su versión, se la llevaran junto con las dos menores. “Esa fue la última vez que supe de ella”, afirma. “Desde entonces no he vuelto a saber nada”.

“Yo responsabilizo al Gobierno de Nicaragua y le exijo que me dé una respuesta sobre mi hija y mis nietas”, “Yo no duermo ni como”, dice, y atribuye a la fe la fuerza que le queda para seguir buscando. “Estoy aquí porque Dios es grande y poderoso, de lo contrario no sé cómo estaría. Voy a ir a todos lados hasta que me den a mis niñas. No voy a parar hasta que me las den”.

El caso de Elvia Junieth había quedado documentado años atrás por el Diario Las Américas y la conferencia de prensa que cuatro de sus hermanos, y su propio testimonio telefónico, realizaron en 2017 en Miami.

Según información de EFE, Elvia Junieth se definió en 2017 como víctima de Daniel Ortega. La joven dijo que ya no mantenía ningún vínculo con Ortega, aunque para ese momento era madre de dos hijas nacidas de esa relación, una niña de cinco años y un bebé de once meses.

Su hermana Martha relató en esa misma conferencia que Elvia Junieth apenas comenzaba a atreverse a hablar de lo vivido, pese al miedo que aún sentía. Otra hermana, Sujey Flores, describió el caso como una herida abierta en la familia desde hacía más de diez años, y explicó que ese dolor había obligado a varios de los hermanos a buscar refugio en Estados Unidos.

Según su relato, ella y su hermano Santos habían presentado una denuncia formal ante organismos de derechos humanos apenas se enteraron, por boca de la propia Elvia Junieth, de lo que estaba ocurriendo. La familia también acusó a Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo de someterlos a hostigamiento, con encarcelamientos arbitrarios, desalojos y confiscaciones de bienes.

Tras esta historia hay un nombre clave: Néstor Moncada Lau, hombre cercano a Ortega, actualmente en prisión como consecuencia de la purga emprendida por Rosario Murillo. Moncada aparece como encubridor del abuso sexual que Ortega habría cometido contra Elvia Junieth Flores, en 2005, cuando esta tenía apenas 15 años.

La investigación del Diario Las Américas publicada en 2015 afirma que la adolescente llamó la atención de Ortega durante un evento de campaña, al que había asistido junto a su hermana en calidad de militantes de la Juventud Sandinista.

El entonces candidato ordenó localizarla, obtuvo su número telefónico y no tardó en establecer contacto con su entorno familiar, integrado por sandinistas de trayectoria en el norte del país, a quienes incluso hizo llegar hasta la Secretaría del FSLN.

La cercanía entre el líder sandinista y la familia se mantuvo durante tres años, lapso en el que, de acuerdo con lo denunciado por los propios parientes, nació una niña producto de esa relación. Según ese relato, fue Moncada Lau quien terminó reconociendo legalmente a la menor para proteger a Ortega del escándalo.

El trabajo periodístico del Diario La Américas incorporó como respaldo un documento del registro civil de Managua y el rastro de varias transferencias de dinero por montos elevados que Marcos Martínez Mejía, otro colaborador cercano a Ortega, habría girado a Santos Sebastián Flores, hermano de Elvia Junieth.

Quien pagó el precio más alto por sostener esas acusaciones fue precisamente Santos Sebastián Flores Castillo, abogado y notario. De acuerdo con el caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana en julio de 2024, Flores Castillo denunció en 2005 que Daniel Ortega había iniciado una relación con su hermana cuando ella tenía 15 años, de la que había nacido una hija.

Tras esa denuncia, él y su familia sufrieron una persecución sostenida por parte del Estado, que en 2013 derivó en una condena de prisión contra Flores Castillo, dictada, según los peticionarios ante la CIDH, en represalia directa por haber hablado.

Santos Sebastián Flores Castillo fue acusado y condenado a 15 años de prisión por el delito de violación en perjuicio de una empleada del Poder Judicial, cargos que él y su familia siempre rechazaron. El caso fue conocido por una jueza identificada como afín al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que, según publicó 100% Noticias, mantenía además una relación de amistad con la denunciante.

Durante su encarcelamiento en el sistema penitenciario de Tipitapa, Flores Castillo y su madre denunciaron reiteradamente torturas y condiciones inhumanas de reclusión. El 8 de noviembre de 2021 murió en prisión a los 52 años, oficialmente por un infarto, aunque su familia cuestionó esa versión al señalar que el cuerpo presentaba lesiones, signos de tortura y desnutrición.

La CIDH, en su informe de fondo sobre el caso, documentó aislamiento prolongado, falta de alimentación adecuada, agua potable y atención médica, además de denuncias reiteradas de maltrato físico y psicológico por parte de agentes estatales y de abuso sexual cometido por otros reos.

La Comisión concluyó que las marcas encontradas en el cuerpo de Flores Castillo, sumadas a la ausencia de una autopsia clara, configuraban elementos de tortura, y determinó que el Estado nunca abrió una investigación pese a la gravedad de lo denunciado.

Con base en esos hallazgos, la CIDH estableció que Nicaragua es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la protección de la familia y a las garantías y protección judiciales, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Flores Castillo y de sus familiares.

Entre las medidas de reparación recomendadas figuran una compensación económica, un programa de rehabilitación psicológica para la familia, una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables, y reformas en las condiciones de detención del sistema penitenciario nicaragüense, incluida la cárcel La Modelo.

Aunque no lo menciona, ese es el expediente que pesa detrás del video que Elpidia Castillo publicó en TikTok.

Hacia el final del video, Elpidia Castillo ya no puede contener el llanto. Repite que sus nietas no han hecho nada para merecer lo que les está pasando, que son inocentes, que apenas empezaban a vivir. “Es una tristeza que yo no aguanto”, dice entre sollozos, antes de volver a insistir en que no dejará de buscar hasta que le digan dónde están Camila y Melissa.

Sheynnis Palacios, la inolvidable Miss Universo 2023, sigue demostrando que su año de reinado fue solo el comienzo de una carrera meteórica en el mundo del entretenimiento internacional.

La nicaragüense no deja de ser el centro de atención, y esta vez lo hace por partida doble: mientras navega las aguas del cotilleo sobre su vida amorosa, se prepara para un nuevo e importante reto profesional en las pantallas de Telemundo.

La ex reina de belleza ha sido confirmada oficialmente como una de las grandes estrellas de la quinta temporada de Top Chef VIP, un giro emocionante que la llevará directamente de las pasarelas a los fogones más exigentes de la televisión hispana.

La vida sentimental de Palacios se ha convertido en el tema favorito de los programas de espectáculos. Tras semanas de intensas especulaciones, la modelo gritó a los cuatro vientos su felicidad al confirmar públicamente su romance con el creador de contenido salvadoreño Carlos Arias.

Sin embargo, este anuncio de amor desató una tormenta de drama mediático con su expareja, el venezolano Carlos Gómez (popularmente conocido como “El Cañón”).

Todo comenzó cuando Gómez publicó una historia en Instagram con una fotografía de su rostro acompañada de una frase que no pasó desapercibida: “A veces la verdad solo necesita tiempo”.

Aunque el venezolano no mencionó ningún nombre, los usuarios en redes sociales asumieron de inmediato que el mensaje iba dirigido a Sheynnis, justo horas después de que ella hiciera oficial su noviazgo con Arias.

La respuesta de la soberana universal no tardó en llegar y fue letal. Sheynnis compartió una historia en Instagram con una pacífica imagen del mar de fondo que contrastaba con sus contundentes palabras:

“Deja de usar una historia terminada para seguir teniendo protagonismo. Yo ya cerré ese capítulo. Y sin necesidad de contar LA VERDAD”, escribió Miss Universo 2023.

Con esta tajante contestación, la nicaragüense dejó claro que se encuentra enfocada únicamente en su presente con el salvadoreño, en las buenas vibras y en su propia evolución personal, sepultando de manera definitiva cualquier fantasma del ayer.

El gran salto a las pantallas: Detalles de Top Chef VIP

Haciendo a un lado los chismes amorosos, el verdadero plato fuerte en la vida de Sheynnis es su incorporación a la quinta temporada de Top Chef VIP. Telemundo ha preparado una producción impecable que promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos. El esperado estreno del reality de cocina está programado para el próximo martes 1 de septiembre de 2026, y se transmitirá en el horario estelar de las 7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT.

La competencia no será nada fácil, pero el incentivo es enorme: el ganador absoluto se llevará a casa un impresionante premio en efectivo de $200,000 dólares.

Por lo que, la participación de la nicaragüense ha causado una enorme ola de nostalgia y expectación expectación entre sus seguidores. Para muchos, este programa representa un tierno regreso a sus raíces.

Antes de coronarse como la mujer más bella del universo, Sheynnis inspiró al mundo entero con su historia de superación: una joven universitaria que, junto a su madre y su abuela, costeaba sus estudios de comunicación vendiendo buñuelos tradicionales de Nicaragua.

Esa conexión real con la cocina popular es su mayor ventaja emocional. Aunque ahora cambiará las recetas caseras por la alta cocina internacional, su disciplina, humildad y sazón latina prometen convertirla en una de las rivales más fuertes y queridas de la competencia.

El tratado de extradición entre Nicaragua y Rusia entra en escena con una característica: la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua asumiría la responsabilidad de decidir sobre los pedidos de extradición que lleguen desde Moscú, desplazando la función que hasta ahora correspondía a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Asamblea Nacional tiene previsto ratificar el acuerdo bilateral este 14 de julio de 2026, lo que implicará una modificación en el proceso y los actores encargados de tramitar las extradiciones entre ambos países.

El tratado fue firmado durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 5 de junio y su contenido se incorporó a la agenda legislativa el 9 de julio, según información de Confidencial.digital.

Cambios en la autoridad para decidir extradiciones

La normativa vigente en Nicaragua, de acuerdo con el artículo 350 del Código Procesal Penal nicaragüense, establece que la Corte Suprema de Justicia es la única entidad encargada de conceder o negar extradiciones.

Con el nuevo tratado, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua asumirá esa función, convirtiéndose en la autoridad central junto a la Procuraduría General de Rusia.

El abogado Juan Diego Barberena sostuvo ante Confidencial.digital que, si bien la Procuraduría ya podía tramitar solicitudes, la competencia de ejecución de extradiciones era exclusivamente judicial.

Según Barberena, el texto del tratado deja la aplicación “muy discrecional” y abre la posibilidad de interpretaciones, lo que para él podría considerarse “abiertamente inconstitucional”.

El acuerdo establece que podrán ser extraditadas aquellas personas que sean solicitadas para enfrentar procesos penales o cumplir condenas por delitos sancionados con al menos un año de prisión o con penas más severas.

También fija que la decisión sobre la extradición deberá ser comunicada al Estado requirente o requerido a través del Poder Ejecutivo.

Procedimiento y alcance de las solicitudes

Entre las principales novedades del tratado destaca la posibilidad de que cualquiera de los dos países solicite la detención provisional de una persona antes de presentar la solicitud formal de extradición.

Dicha detención podrá durar hasta 60 días y la petición podrá remitirse por escrito, fax u otros medios de comunicación, incluyendo canales de INTERPOL.

Para activar una detención provisional, basta con que el país requirente envíe los datos necesarios para identificar a la persona y se comprometa a presentar la solicitud formal posteriormente. Si esta petición formal no se entrega dentro del plazo previsto, la persona detenida deberá ser liberada.

Alcance retroactivo y extradición por delitos previos

El tratado incorpora una cláusula que permite aplicar sus disposiciones a delitos cometidos antes de su entrada en vigor, siempre que la solicitud se presente después de la ratificación.

Según el análisis publicado por Confidencial.digital, esta disposición se aparta del principio de no retroactividad de la ley, que en general rige en el derecho penal.

Además, el acuerdo prevé la posibilidad de extraditar personas por hechos ocurridos fuera del territorio del país solicitante, siempre que la legislación del país requerido sancione esa conducta en circunstancias similares.

Tras la ratificación, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua será la autoridad encargada de tramitar las extradiciones hacia Rusia y viceversa, implementando un procedimiento más directo y con un alcance que incluye delitos previos a la entrada en vigor del acuerdo.

Los países de Centroamérica y República Dominicana han trabajado durante los últimos años para fortalecer la solidez de sus sistemas bancarios. El avance se refleja en la creación de colchones y reservas de capital, mecanismos que buscan proteger a los bancos frente a crisis económicas y situaciones de estrés financiero. Esta transformación responde a los lineamientos internacionales de Basilea III, un conjunto de reglas diseñadas para aumentar la seguridad y confianza en la banca global. Según un reciente informe de Moody’s Local Centroamérica (MLCA Research), la región muestra avances desiguales, pero todos los países han comenzado a aplicar estos estándares.

En la región, Costa Rica es el país que lidera la adopción de las medidas. Las autoridades han alineado su regulación con los estándares de Basilea III. El país incorporó tanto el colchón de conservación de capital como el colchón contracíclico, dos medidas que exigen a los bancos guardar reservas adicionales en épocas de bonanza y así poder enfrentar mejor los tiempos difíciles.

Los bancos costarricenses cumplen con los nuevos requisitos de liquidez, lo que les permite responder con mayor rapidez a retiros masivos de dinero o escasez de fondos en el mercado. El informe de Moody’s indica que Costa Rica es el país con mayor adopción integral en la región de estos estándares.

Panamá también destaca por su marco normativo, con requerimientos de capital similares a los de Basilea III. El país exige un nivel mínimo de capital del 8% y ha implementado colchones adicionales para bancos considerados de importancia sistémica, aquellos cuya quiebra podría afectar a toda la economía. De acuerdo con Moody’s, Panamá introduce estos requisitos por etapas, permitiendo a las entidades bancarias ajustarse gradualmente sin afectar su operación cotidiana ni su capacidad de prestar dinero.

En Nicaragua, el documento señala que la regulación local incluye los tres tipos de colchones propuestos por Basilea III: colchón de conservación, colchón contracíclico y colchón para bancos sistémicos. Los bancos nicaragüenses están obligados a mantener reservas superiores a las mínimas internacionales, lo que amplía su margen de maniobra ante caídas económicas o crisis inesperadas. Nicaragua queda así entre los países con mayores exigencias de capital de la región.

Los países con adopción parcial

De acuerdo con el informe de Moody’s, El Salvador ha avanzado en la definición de reservas de capital, con un enfoque progresivo hacia los nuevos estándares. El país planea completar la transición a los requerimientos de liquidez propuestos por Basilea III hacia 2031. Según el documento, la prioridad actual es fortalecer la capacidad de los bancos para absorber pérdidas, aunque la adopción plena de los indicadores internacionales de liquidez tomará todavía algunos años.

Guatemala y Honduras presentan un proceso de adaptación más pausado. Ambos países han elevado sus mínimos de capital por encima de los estándares globales y han comenzado a introducir colchones de conservación. continúan operando con esquemas híbridos que combinan elementos de Basilea I, II y III. Esto responde a la necesidad de adaptar las reglas internacionales a las características de cada mercado nacional, aunque dificulta la comparación con otros sistemas bancarios y la integración financiera regional.

En República Dominicana, la adopción de colchones y reservas marcha en paralelo con una reforma más amplia del sistema financiero. El país ha incrementado los requisitos de capital y empezó a incorporar reservas anticíclicas, aunque el proceso de alineación completa con Basilea III sigue en marcha. El informe de Moody’s indica que la supervisión y la disciplina en el cumplimiento serán claves para que estos cambios se traduzcan en una mayor estabilidad bancaria.

En Centroamérica y República Dominicana, la implementación de Basilea III avanza a diferentes ritmos, pero todos los países han realizado ajustes en la regulación de capital y liquidez. La región enfrenta el desafío de construir colchones sin afectar la rentabilidad de los bancos ni limitar su capacidad de otorgar créditos.

Un muro perimetral colapsó sobre una vivienda habitada por cinco personas en Jalapa, Nueva Segovia, la noche de ayer, 13 de julio, tras la inestabilidad del terreno provocada por las lluvias intensas que afectan la región. El incidente, que ocasionó solo daños materiales, derivó en la evacuación inmediata de la familia residente y la activación de protocolos de emergencia por parte de los organismos de socorro locales.

La vivienda afectada pertenece a una mujer de 31 años, quien vivía junto a su familia en el sector 3 de Jalapa, Nueva Segovia, las respectivas autoridades de primer respuesta, al llegar al sitio, procedieron a evacuar a los ocupantes y trasladarlos a una casa solidaria, evitando así consecuencias mayores.

Los bomberos también colaboraron en el resguardo de las pertenencias de la familia, facilitando su traslado a un lugar seguro. El operativo permitió que las cinco personas salieran ilesas. Tras la intervención, las autoridades destacaron que solo se registraron pérdidas materiales en la estructura de la vivienda y parte del mobiliario.

De igual manera, las autoridades locales informaron que las precipitaciones de las últimas jornadas han provocado inundaciones en diferentes puntos del país, principalmente en zonas vulnerables a deslizamientos y derrumbes. El caso de Jalapa se suma a una serie de emergencias atendidas por los organismos de socorro en los departamentos del norte y el Caribe de Nicaragua.

Pronóstico: nueva onda tropical incrementará lluvias en Nicaragua

De acuerdo con el reporte meteorológico nicaragüense detallan que para las próximas horas se espera el ingreso de una nueva onda tropical al país. Este fenómeno impactará principalmente la zona del Caribe, donde se prevén lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas dispersas.

El pronóstico indica que las regiones del Pacífico, Norte y Centro de Nicaragua experimentarán un ambiente caluroso, aunque no se descartan precipitaciones localizadas de regular intensidad y corta duración. Los expertos han señalado que la onda tropical número 18 ya atraviesa el territorio nacional, mientras que la número 19 se acerca al Caribe de Centroamérica y podría incrementar las lluvias.

Los meteorólogos también alertan sobre la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas acompañadas de tormentas eléctricas en diversas zonas, incluyendo el triángulo minero y el noreste del Caribe. Se prevén vientos con velocidades de entre 28 y 64 kilómetros por hora en el Pacífico, de 29 a 67 en la región central y de 33 a 52 kilómetros por hora en el Caribe.

En el occidente del país, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 34 y 36 grados Celsius (93,2 a 96,8 ℉). Las autoridades explicaron que, ante el aumento de la nubosidad y las lluvias, las temperaturas podrían descender temporalmente.

Ante el pronóstico de nuevas lluvias, las autoridades municipales y los organismos de socorro mantienen activos los mecanismos de monitoreo y prevención en las zonas más vulnerables. Los equipos de respuesta rápida han sido reforzados en los departamentos del Caribe Norte y Sur, así como en áreas urbanas y rurales de Jalapa.

El seguimiento de los sistemas meteorológicos permitirá ajustar las alertas y coordinar evacuaciones preventivas en caso de presentarse nuevas emergencias. Las autoridades siguen exhortando a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de los especialistas y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

La Embajada de Estados Unidos en Managua advirtió sobre la posibilidad de interrupciones y riesgos para los ciudadanos estadounidenses durante las celebraciones del feriado nacional del 19 de julio en Nicaragua. Esta fecha, reconocida como día festivo gubernamental, suele estar acompañada de marchas y concentraciones masivas en Managua y otras ciudades del país, lo que podría aumentar la probabilidad de incidentes entre civiles y fuerzas de seguridad.

Según informó la Embajada de Estados Unidos, se prevé que la semana del 19 de julio registre una alta presencia de manifestaciones y bloqueos en las principales vías de la capital y otros puntos del territorio nicaragüense. El organismo diplomático señaló que, aunque se espera que las actividades sean pacíficas, recomienda actuar con prudencia, evitar grandes aglomeraciones y mantener un estado de alerta permanente. “No fotografíe ni grabe en video a la policía, personal militar, marchas o manifestaciones. Hacerlo puede atraer la atención no deseada de las autoridades y anteriormente ha resultado en la detención o confiscación de dispositivos”, advirtió la sede diplomática.

Las recomendaciones incluyen evitar cualquier tipo de participación en manifestaciones, ya que los extranjeros, incluidos los ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-nicaragüense, pueden enfrentar arrestos o expulsiones si son identificados en protestas. La Embajada de Estados Unidos recordó que el gobierno de Nicaragua puede tratar a quienes tengan doble nacionalidad solo como nicaragüenses, lo que limitaría el acceso consular ante una detención.

El aviso subraya la importancia de no intentar cruzar grupos masivos o barricadas, así como de contar con suministros suficientes de alimentos y agua ante posibles interrupciones. Además, se recomienda revisar la vigencia del pasaporte, que debe tener al menos seis meses antes de expirar, y mantenerse informado a través de los medios locales.

La alerta también menciona que condiciones similares podrían repetirse en Managua entre el 1 y el 10 de agosto, durante las festividades de Santo Domingo, el santo patrono de la ciudad. En ese periodo se esperan eventos religiosos y civiles, con la consecuente presencia de multitudes y operativos de seguridad.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, Nicaragua mantiene un Aviso de Viaje de Nivel 3, que aconseja reconsiderar los viajes al país debido a la posibilidad de aplicación arbitraria de las leyes, limitaciones en la atención médica y el riesgo de confiscaciones o detenciones injustas. “Aconsejamos a todos los ciudadanos estadounidenses reconsiderar viajar a Nicaragua”, reiteró la representación diplomática.

Vale recordar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo limitó las actividades deportivas masivas de esa fecha, o sea la final del Mundial de Fútbol 2026, para evitar aglomeraciones durante la celebración del aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Mientras, el sector de bares y restaurantes permanece en vilo.

Para obtener más información, la Embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses utilizar su navegador de servicios consulares, comunicarse telefónicamente en caso de emergencia y suscribirse al Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés). Los canales oficiales en WhatsApp, Facebook y X también ofrecen actualizaciones constantes sobre la situación en el país.

El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua (BCN) alcanzó USD 9,808.6 millones hasta junio de 2026, lo que representa un incremento del 36.1% respecto al mismo mes de 2025, según datos oficiales divulgados por la entidad desde Managua. Este monto supera el cierre de mayo, que se ubicó en USD 9,772.3 millones, y mantiene la suba respecto de mayo, con una duplicación de las reservas en los últimos cuatro años, de acuerdo con el informe difundido por la agencia de noticias EFE.

El BCN atribuyó la subida de las reservas a las compras netas de divisas, los intereses de las reservas internacionales, el aumento del encaje en moneda extranjera, el ingreso de recursos externos al sector público no financiero y un incremento en las cuentas corrientes del sistema financiero nacional. Durante junio, las reservas aumentaron en USD 36.3 millones, reforzando el patrón de expansión mensual, según el reporte de la entidad monetaria.

El comportamiento ascendente de las RIB marcó el saldo semestral y ya desde el primer trimestre del año registró un aumento. Según cifras oficiales, al cierre de marzo de 2026 las reservas internacionales alcanzaron USD 9,432.9 millones, lo que significó un crecimiento del 42.8% respecto a marzo de 2025. En ese periodo, el saldo de reservas se ubicó casi USD 2,830 millones por encima del registrado doce meses antes, cuando el remanente era de USD 6,604.1 millones.

De acuerdo con las cifras oficiales, este nivel de reservas en marzo de 2026 permitió una cobertura de la base monetaria de 4.1 veces de importaciones.

Las proyecciones económicas para 2026

La tendencia de fortalecimiento de las reservas internacionales contrasta con proyecciones macroeconómicas como la deuda externa que se ha elevado más en este año.

Según informó el Banco Central de Nicaragua, la deuda subió a USD 16,352,6 millones al cierre de marzo de 2026 y ya equivale al 73.5% del producto interno bruto, una proporción que extiende la trayectoria ascendente del endeudamiento después del máximo histórico registrado al cierre de 2025.

En el primer trimestre, el servicio pagado de esa deuda sumó USD 878,9 millones. De ese total, USD 774,9 millones correspondieron a amortizaciones de principal y USD 104 millones a intereses y comisiones.

Según las cifras oficiales, el saldo aumentó en USD 107,5 millones frente a diciembre de 2025, cuando se ubicaba en USD 16.245,12 millones. La suba respondió a un incremento de USD 87 millones en la deuda pública externa y de USD 20,5 millones en la privada.

Al terminar marzo, el sector público concentraba USD 8.923,6 millones del total y el privado USD 7.429 millones. En la estructura de la deuda externa, eso representó el 54,6% para el Estado y el 45,4% para las empresas.

Por otro lado, el Banco Central de Nicaragua ha estimado para 2026 un crecimiento económico de entre 3,5% y 4,5%, con una inflación anual situada en el rango de 2,5% a 3,5%. En 2025, el producto interno bruto (PIB) del país experimentó una expansión del 4,9%, lo que ratificó la continuidad de la recuperación observada desde 2021.

El BCN atribuyó este desempeño al entorno de estabilidad cambiaria y al dinamismo en las transacciones de divisas en los mercados oficiales, según la publicación de EFE.

La preocupación crece en Centroamérica luego de que el Secretariado Episcopal de América Central, que agrupa a los obispos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (SEDAC), solicitara al régimen de Nicaragua autorización para que el médico de Juan Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, pueda visitarlo tras su reciente detención. El religioso de 80 años pidió oraciones por la Iglesia católica perseguida durante una homilía, según informaron fuentes eclesiásticas y autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado difundido por el SEDAC, la salud de monseñor Mata es motivo de inquietud. El organismo planteó que, por su condición, debe permitirse el acceso de su médico personal y de quienes habitualmente lo asisten. El texto, citado por la agencia EFE, subraya la necesidad de mantener un seguimiento a su situación, dado que las autoridades nicaragüenses informaron que está sujeto a una investigación por parte del Ministerio del Interior.

El pasado 29 de junio, según recogió EFE, agentes policiales detuvieron a Mata en la ciudad de Estelí después de que celebrara una misa en la iglesia Cruz del Calvario, donde pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida. Durante la ceremonia, mencionó los nombres del obispo Rolando Álvarez, quien fue desnacionalizado y excarcelado, y del sacerdote Frutos Valle. Tras la celebración, la policía trasladó a Mata a dependencias estatales, aunque días después el régimen anunció que había sido enviado a su domicilio.

La dictadura nicaragüense, a través de un comunicado del Ministerio del Interior citado por EFE, aseguró que el obispo se encuentra en “perfectas condiciones”. El comunicado detalló que las investigaciones abiertas examinan el origen de propiedades y los vínculos familiares de Mata, elementos que, según la versión oficial, no corresponden con su condición sacerdotal.

La noticia generó reacciones tanto dentro como fuera de Nicaragua. La abogada e investigadora exiliada Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, afirmó que, pese al anuncio oficial, el obispo Mata permanece bajo vigilancia estatal. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos exigió su liberación “inmediata e incondicional”, petición que precedió el traslado del obispo a su residencia.

El contexto de la persecución contra la Iglesia católica

El contexto de la detención se inscribe en una serie de acciones estatales contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, un fenómeno documentado por la ONG de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más. Según el informe Fe bajo fuego, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados en los últimos años. El documento atribuye estas medidas a una política de persecución religiosa que afecta a sacerdotes, obispos y laicos.

La situación de monseñor Mata ha impulsado a organizaciones eclesiásticas y de derechos humanos a reiterar demandas de respeto a la libertad religiosa y a la integridad de las personas investigadas. El SEDAC reiteró que mantendrá vigilancia sobre el caso y continuará solicitando garantías para la salud y la seguridad del obispo emérito de Estelí.

Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no han precisado los motivos de la investigación ni han permitido el acceso de observadores independientes para constatar el estado de Mata.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por Naciones Unidas, denunció una nueva ofensiva contra el ejercicio de la abogacía en el país centroamericano, luego de que numerosos abogados fueran eliminados del registro oficial de profesionales sin recibir una explicación ni una notificación previa.

Los expertos señalaron que existen “motivos razonables para considerar que el Gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, según expresó el presidente del grupo, Jan-Michael Simon.

La denuncia surge después de que profesionales del derecho reportaran que sus nombres dejaron de aparecer en el registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. De acuerdo con los testimonios recopilados por el grupo, cerca de 2.000 abogados habrían sido excluidos en cuestión de días.

Los afectados indicaron que la pérdida de sus credenciales no estuvo acompañada de comunicaciones oficiales, procesos administrativos o resoluciones que explicaran los motivos de la medida. Muchos descubrieron la situación cuando intentaron ingresar a tribunales, presentar documentos legales o consultar sus datos en la plataforma digital del máximo órgano judicial.

“Se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, afirmó Simon.

El grupo de expertos advirtió que la eliminación masiva de abogados representa una nueva fase dentro de la intervención sobre las instituciones judiciales del país.

“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero eliminar una parte importante de la profesión jurídica constituye una nueva escalada”, agregó el presidente del organismo.

Los especialistas recordaron que las restricciones contra abogados no comenzaron con esta medida. Según sus registros, desde 2023 las autoridades nicaragüenses ya habían suspendido de forma permanente a algunos profesionales y habían impedido la renovación de autorizaciones notariales obligatorias para continuar ejerciendo determinadas funciones.

La ONU vinculó esta situación con una serie de cambios aplicados al sistema judicial desde octubre de 2023, cuando la Policía Nacional asumió el control de la Corte Suprema de Justicia y se produjeron salidas de altos funcionarios. El grupo indicó que ocho magistrados dejaron sus cargos, mientras que más de 1.000 empleados judiciales fueron apartados.

Los expertos también señalaron que las reformas constitucionales aprobadas en 2025 modificaron el rol del Poder Judicial, que dejó de ser considerado un poder independiente del Estado y pasó a ser definido como un “órgano” coordinado por la Presidencia.

En ese contexto, Reed Brody, integrante del grupo de expertos, calificó la situación como una “depuración silenciosa” de la profesión jurídica y sostuvo que afecta la capacidad de los ciudadanos para acceder a una defensa legal.

“Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente”, afirmó Brody. “En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar”.

El organismo internacional indicó que entre las personas afectadas figuran abogados en el exilio, antiguos funcionarios judiciales, exintegrantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y profesionales sin una identificación política conocida.

Ariela Peralta, también integrante del grupo, señaló que los abogados nicaragüenses han enfrentado presiones desde las protestas antigubernamentales de 2018, incluyendo amenazas, hostigamientos, detenciones y desplazamiento fuera del país.

Los expertos advirtieron que impedir que abogados y notarios aparezcan en los registros oficiales puede tener consecuencias directas sobre el acceso a la justicia, al limitar la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con representación legal ante los tribunales.

Álvaro Navarro, fundador del medio digital Artículo 66, representa el rostro de una generación de periodistas nicaragüenses que han enfrentado el costo personal y profesional de hacer periodismo bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Su historia está marcada por la represión, el exilio y la resistencia, factores que definen no solo su trayectoria individual sino el presente del periodismo independiente en el país.

El 21 de abril de 2018, Navarro vivió uno de los momentos más críticos de su carrera. Durante una transmisión en vivo desde los alrededores de la Universidad Nacional de Ingeniería, fue testigo de la violencia perpetuada por la dictadura. Observó cómo un grupo de estudiantes de Medicina trasladaba a un herido en una camilla improvisada, con los brazos en alto. Navarro recuerda haber pensado que la Policía no abriría fuego ante una escena así, pero vio cómo un agente levantó un rifle AK y disparó, obligando a todos a lanzarse al suelo.

“Pensé que no iba a disparar porque era evidente que se trataba de estudiantes de Medicina trasladando a un herido. Pero de repente levantó el AK y comenzó a disparar”, contó a la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Navarro fue despojado de su teléfono mientras intentaba documentar los hechos y, tras ser subido a una patrulla, logró recuperar su equipo solo porque otro agente reconoció que era periodista.

El propio Navarro reconoce que esa experiencia de riesgo extremo resultaba impensable años atrás, pero resume el ambiente de hostigamiento que se vive en Nicaragua.

El nacimiento de Artículo 66 está directamente vinculado con la clausura progresiva de espacios para la prensa independiente. Navarro fundó el medio en el año 2017, tras quedarse sin plataforma en la radio y ver crecer la comunidad que interactuaba con sus publicaciones en redes sociales.

El nombre del medio se tomó de la Constitución de Nicaragua, como una declaración de principios en defensa del derecho a informar y a ser informado.

La persecución se intensificó

A medida que la vigilancia y las amenazas aumentaban, Artículo 66 debió abandonar sus oficinas físicas. El punto de quiebre fue la publicación de una fotografía que evidenció la presencia del medio en una zona vigilada por simpatizantes del partido sandinista. La presión obligó al equipo a mudarse varias veces, hasta instalarse por un tiempo en un edificio corporativo.

“Nos habíamos mudado allí precisamente porque pensábamos que sería más seguro. Creíamos que la Policía no se atrevería a irrumpir en un edificio corporativo lleno de cámaras de seguridad y testigos, pero nos equivocamos”, reconoció Navarro.

La persecución las citatorias judiciales y los allanamientos forzaron la transición definitiva al trabajo remoto y, finalmente, el exilio. Navarro relata que, tras recibir información de que su dirección había sido identificada, decidió salir de Managua y poco después viajó a Costa Rica.

Allí, la situación tampoco resultó sencilla. Como otros periodistas exiliados, enfrentó dificultades económicas, barreras administrativas y la necesidad de realizar otros trabajos para sostenerse, sin abandonar el periodismo. “Hemos hecho periodismo principalmente por las ganas que tenemos de hacerlo”, afirmó.

Artículo 66 subsiste gracias al compromiso de su equipo, alianzas con otros medios y el respaldo de organizaciones que apoyan la libertad de expresión. El medio ha funcionado también como escuela para jóvenes periodistas y como plataforma para la ciudadanía que busca denunciar abusos y documentar injusticias.

Navarro destaca que ha tenido que reforzar medidas de seguridad, cambiar de domicilio y vivir bajo alerta permanente debido a la vigilancia y las amenazas, tanto en Nicaragua como en Costa Rica.

El saldo del acoso a la prensa en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega ha sido señalado por organizaciones internacionales como un caso extremo de represión contra la prensa. Según FLED, Nicaragua ocupa el último lugar en América Latina en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.

Hasta el segundo trimestre de 2026, la Fundación reportó que un total de 310 periodistas y trabajadores de medios han sido forzados al exilio desde 2018 debido al régimen en Nicaragua.

Solamente entre abril y junio de este año, la organización civil documentó 24 nuevas agresiones contra la prensa independiente, de las cuales 21 fueron ataques verbales, escritos o digitales, dos correspondieron a desplazamientos forzados y una al uso abusivo del poder.

Navarro admite que el futuro del periodismo en Nicaragua es incierto y que el exilio se ha extendido mucho más de lo que imaginó. A pesar de ello, mantiene su compromiso de seguir informando y expresa el deseo de regresar algún día para reconstruir una sala de redacción presencial.

“No me considero víctima de nada. Estoy en esta situación porque tomé determinadas decisiones. Si me toca seguir haciéndolo desde el exilio, lo seguiré haciendo desde el exilio. Si tengo que moverme nuevamente, también lo haré”, expresó el periodista.

Una decisión del Gobierno de Nicaragua dejó fuera de la profesión a un número indeterminado de abogados y notarios en todo el país, según denunció el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.

En un comunicado difundido este lunes en inglés por la United Nations Human Rights Council (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) se explica que la medida impidió que muchos profesionales ejercieran y redujo el acceso de la ciudadanía a la defensa legal.

Los afectados relataron que no recibieron notificación previa, fundamentos legales ni explicaciones oficiales. Muchos descubrieron la revocación cuando intentaron entrar a juzgados, presentar documentos o buscar su nombre en el registro digital de la Corte Suprema y comprobaron que ya no figuraban allí.

El presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, afirmó que los indicios recopilados en la última semana ofrecen motivos razonables para pensar que el Gobierno nicaragüense está despojando de sus licencias a numerosos abogados de manera sistemática. Simon advirtió: "Hemos denunciado reiteradamente la injerencia del Gobierno en el sistema judicial, pero la eliminación de gran parte de la abogacía es una escalada inédita".

Purga judicial y reformas constitucionales

Desde octubre de 2023, Nicaragua atraviesa una purga en el sistema judicial. La policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia. Altos funcionarios fueron desplazados, ocho magistrados dejaron sus cargos, forzados o por renuncia, y más de mil empleados judiciales fueron apartados.

La reforma constitucional de 2025 consolidó el proceso, quitó al Poder Judicial su independencia y lo redefinió como un órgano coordinado por la Presidencia. Además, redujo el número de magistrados de 16 a 10, todos designados a propuesta de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Grupo de Expertos señaló- según se cita en el comunicado- que la interferencia estatal sobre la abogacía no es nueva. En 2023, al menos 28 abogados fueron suspendidos de manera arbitraria y permanente.

Posteriormente, la Corte Suprema negó la renovación de los permisos notariales requeridos cada cinco años y dejó a muchos imposibilitados de ejercer.

Consecuencias para los derechos humanos y la justicia

El retiro masivo de credenciales representa un golpe al acceso a la justicia y al derecho a la defensa, advirtió la misión de la ONU. La falta de representación legal puede impedir que las personas completen trámites, defiendan sus derechos en tribunales y reciban un juicio justo.

Entre quienes sufrieron la revocación figuran exmagistrados, abogados en el exilio, antiguos miembros del partido sandinista y personas sin afiliación política clara.

Desde 2018, los abogados han sido blanco de persecución política en Nicaragua, según relató Ariela Peralta, integrante del Grupo. “Han enfrentado amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. Se les ha negado el acceso a sus clientes y, ahora, incluso a ejercer la profesión”, resumió.

El Grupo de Expertos recalcó que, según normas internacionales, nadie puede ser excluido del ejercicio de la abogacía sin una audiencia justa ante un ente independiente. En este caso, no hubo audiencia ni instancia imparcial: bastó eliminar los nombres de los registros, comparó Reed Brody, miembro del Grupo.

El papel del Grupo de Expertos

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua opera de forma independiente bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde marzo de 2022.

Su función es investigar de manera exhaustiva e imparcial las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país desde abril de 2018, recopilar información y ofrecer análisis independientes sobre la situación.

Las previsiones meteorológicas para este lunes en Nicaragua anticipan una jornada marcada por lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en casi todas las regiones del país.

El pronóstico oficial del Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) y del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) indica que las precipitaciones más intensas se registrarán en la Costa Caribe, especialmente en el noreste, donde los acumulados de agua serán los más elevados del día.

Según 100% Noticias, la llegada de la onda tropical número 19 es uno de los factores determinantes para el incremento de la inestabilidad. Este sistema favorece el desarrollo de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional, con énfasis en la franja caribeña.

En la Región Norte, se esperan cielos nublados y lluvias de leves a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 30 y 32 °C, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

La Costa Caribe Norte y Sur enfrentará lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, con máximas de 30 a 32 °C y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En esta zona, la acumulación de humedad se mantiene alta, reflejada en los mapas recientes de INETER.

Calor extremo en el occidente y variaciones en el resto del país

El Pacífico Occidental, sobre todo en Chinandega y León, será la región con mayor calor durante la mañana, con temperaturas de 34 a 36 °C. Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas eléctricas, junto a vientos que pueden alcanzar hasta 45 kilómetros por hora.

En el Pacífico Central, la nubosidad aumentará tras una mañana parcialmente soleada, dando paso a precipitaciones moderadas y tormentas eléctricas, con máximas de 33 a 35 °C y ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora.

En la Región Central, que incluye departamentos como Boaco y Chontales, se pronostican lluvias débiles a moderadas con tormentas eléctricas durante la tarde, temperaturas de 32 a 34 °C y vientos cercanos a 40 kilómetros por hora.

El Triángulo Minero tendrá mínimas de 22 a 23 °C y máximas de 24 a 28 °C, mientras que el Caribe oscilará entre 23 y 25 °C de mínima y 26 a 28 °C de máxima.

Sistemas de baja presión y vigilancia ciclónica

La situación meteorológica de este lunes está determinada por varios sistemas de baja presión presentes en el Pacífico, cuyo principal núcleo tiene potencial de convertirse en tormenta tropical y posteriormente en ciclón tropical en los próximos días.

OFENA ha identificado otras áreas de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico de 20 %, 30 %, 30 % y 40 % en el Pacífico oriental.

De acuerdo con información difundida por 100% Noticias, las autoridades confirman que ninguno de estos sistemas representa de momento una amenaza directa para Nicaragua. Tanto OFENA como INETER coinciden en que la temporada lluviosa y la llegada de la onda tropical 19 seguirán favoreciendo lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, con el Caribe como principal área de acumulación.

Panorama de lluvias y acumulados recientes

Los datos de INETER muestran que los mayores acumulados de lluvia de las últimas horas se concentran en el Caribe Sur y sectores del Caribe Norte.

El mapa espacial de precipitaciones indica persistencia de la humedad en la Costa Caribe, mientras que el Pacífico y la Región Central presentan acumulados menores, aunque suficientes para nuevos aguaceros en la tarde.

Las temperaturas mínimas previstas por OFENA para este lunes varían entre 23 y 28 °C en el Pacífico, 20 a 24 °C en la Región Central y 23 a 25 °C en el Caribe.

Las velocidades del viento podrán alcanzar entre 28 y 64 kilómetros por hora en el Pacífico, 29 a 67 kilómetros por hora en la Región Central y 33 a 52 kilómetros por hora en la Costa Caribe. El desarrollo de la onda tropical 19 y la actividad de los sistemas de baja presión seguirán siendo las principales variables de vigilancia meteorológica para las próximas horas.

La Procuraduría General de Justicia, bajo la dirección de Wendy Morales, asumió recientemente el control de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) en Nicaragua. Estas dos entidades concentran más del 95% de los ingresos estatales, marcando un cambio relevante en la estructura administrativa del país.

El proceso de traspaso incluyó despidos y renuncias dentro de ambas instituciones. Entre los cambios más comentados se encuentra la salida de Francisco José Baltodano Díaz, quien ocupaba el cargo de director de Fiscalización de la DGI. Según información recabada por Confidencial.digital, después de una investigación interna, Baltodano Díaz fue detenido por supuestos ingresos no justificados en cuentas asociadas a su nombre.

La DGI y la DGA han sido señaladas como organismos clave para la gestión de recursos estatales y, al mismo tiempo, como instancias que ejercen presión sobre el sector privado a través de auditorías y reparos fiscales. Empresarios y contribuyentes han manifestado que ambas direcciones suelen aplicar controles y revisiones que impactan en su actividad económica.

Cambios en la autonomía institucional

La socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, considera que la incorporación de la DGI y la DGA a la Procuraduría forma parte de un proceso de concentración de funciones administrativas. A su juicio, este movimiento reduce la autonomía de las instituciones encargadas de la economía y refuerza la subordinación de estas áreas a la estructura de gobierno. Confidencial.digital también ha señalado que este proceso se inscribe en una tendencia de centralización institucional observada desde 2025.

Por su parte, el economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda, recordó que ambas direcciones tenían una autonomía poco común dentro del aparato estatal. Según su experiencia, ni el ministro ni el viceministro de Hacienda podían influir directamente en sus operaciones, lo que hacía de estas instituciones espacios con grados elevados de independencia administrativa.

El traspaso de competencias se inserta dentro de un contexto en el que la reforma constitucional de 2025 reorganizó la jerarquía de los poderes públicos. Para algunos analistas, este cambio institucional también podría afectar la percepción de seguridad jurídica y la previsibilidad en la toma de decisiones económicas.

En términos generales, la reciente asunción de la Procuraduría sobre la DGI y la DGA representa un reordenamiento en la administración pública nicaragüense. Las actividades de tributación, importación y exportación pasan a estar bajo una nueva estructura de supervisión, lo que ha generado distintas interpretaciones sobre las posibles implicancias para el sector privado y la economía nacional, de acuerdo con Confidencial.digital.

El papel de la Procuraduría y antecedentes internacionales

La Procuraduría General de Justicia, que absorbió funciones del Ministerio Público, tiene ahora la responsabilidad de combatir la corrupción, perseguir delitos comunes y representar al Estado en los tribunales. En este contexto, la entidad ya había sido objeto de sanciones internacionales.

Estados Unidos sancionó a Morales en dos ocasiones: primero, en julio de 2023, al incluirla en la Lista Engel junto a otros funcionarios, y luego, en marzo de 2024, mediante una medida del Departamento del Tesoro basada en supuestas violaciones a los derechos de propiedad y vínculos con la represión política.

El subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, señaló que Morales habría aprovechado su cargo para facilitar acciones contra opositores políticos. La administración de registros públicos, la supervisión de minas y ahora la gestión de impuestos y aduanas han pasado a depender de la Procuraduría.

En los últimos meses, la incorporación de nuevas funciones bajo la Procuraduría ha coincidido con despidos y procesos internos en diversas áreas del Estado. La medida ha sido vista por diversos sectores como una muestra de los cambios institucionales que se están desarrollando en Nicaragua.

La reorganización de la gestión fiscal y aduanera bajo la Procuraduría General de Justicia representa un cambio reciente en la estructura administrativa del Estado. Diversos sectores observan el desarrollo de esta medida y sus posibles efectos en el funcionamiento institucional y económico del país.

El exencargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin O’Reilly, advirtió que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizó su dependencia del respaldo político y de seguridad de Rusia para sostenerse en el poder, una apuesta que, según planteó, podría debilitarse por el desgaste de Moscú en la guerra de Ucrania y por cambios en la política exterior de Washington.

El exdiplomático sostuvo que esa cobertura rusa enfrenta riesgos por la presión internacional sobre Moscú y por el consumo de atención, personal militar y recursos que exige la invasión a Ucrania. Consideró que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos agrega incertidumbre para Managua, por el tono más agresivo que, a su juicio, Washington mantiene hacia Venezuela y Cuba.

O’Reilly afirmó en un artículo de opinión que Ortega y Murillo consolidaron una relación de dependencia con el Kremlin como sostén político y de seguridad para preservar el poder. El exfuncionario fue jefe de misión de la embajada estadounidense en Managua entre 2023 y 2025, y estuvo en el país de junio de 2023 a diciembre de 2025.

Para describir esa relación, el exdiplomático usó el término ruso “krysha”, que significa “techo”. Con esa palabra aludió a la protección que, a su juicio, el presidente ruso Vladimir Putin ofrece al régimen nicaragüense a cambio de lealtad política y cooperación estratégica.

La Asamblea Nacional aprobó acuerdos con Rusia en materia de extradición y condenas

O’Reilly señaló que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó recientemente un tratado de extradición y un acuerdo sobre traslado de personas condenadas con la Federación Rusa. Según afirmó, ambas iniciativas fueron impulsadas desde Moscú y respaldadas sin debate por el oficialismo.

A juicio del exdiplomático, esos pasos muestran un mayor alineamiento de Managua con Rusia. Recordó que en los últimos años ambos países firmaron acuerdos de cooperación en seguridad, inteligencia, defensa, protección recíproca de funcionarios y asociación estratégica.

La lectura que hace el exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua es que esos convenios fortalecen la presencia y la influencia rusa en Nicaragua. Permiten al régimen de Ortega acceder a cooperación en inteligencia y seguridad interna para enfrentar a la oposición.

El exfuncionario añadió que, a cambio de ese respaldo, Nicaragua facilita a Rusia una plataforma para difundir contenidos de medios estatales rusos como Sputnik y RT dirigidos a América Latina, además de otras actividades vinculadas con inteligencia.

O’Reilly vinculó la búsqueda de apoyo externo con la necesidad de reducir la dependencia de Washington

El núcleo de la advertencia es directo: O’Reilly considera que Ortega y Murillo recurren a Rusia como sostén político y de seguridad para preservar el poder, mientras intentan ampliar otros vínculos externos para reducir su dependencia de Estados Unidos.

En esa línea, dijo que la pareja gobernante también busca diversificar sus relaciones económicas con un mayor acercamiento a China. Según explicó, la dictadura nicaragüense busca disminuir su dependencia de Estados Unidos con un mayor acercamiento a China, mientras consolida su dependencia política y de seguridad del Kremlin, principal destino de las exportaciones nicaragüenses y uno de los mayores mercados turísticos del país.

Además, el exdiplomático señala en su análisis la fragilidad de esa protección rusa. “La protección rusa a la dictadura siempre ha dependido tanto de la fanfarronería como de la sustancia, pero a medida que la insensata y destructiva invasión de Putin a Ucrania consume la atención, el personal militar y los recursos rusos (...)“.

Y añade que “a medida que Ucrania golpea con creciente eficacia la infraestructura energética que sostiene la economía y la maquinaria de guerra de Rusia, quienes rodean a Ortega y Murillo quizás deberían pensar en al-Ásad, ahora en su jaula dorada moscovita, y en Maduro, en su celda neoyorquina, pero también en los allegados que alguna vez los mantuvieron en el poder; y deberían preocuparse de que el amparo del techo ruso solo se extienda hasta cierto punto sobre sus propias cabezas en la ciudad de Managua tan lejana de Moscú”.

Una pregunta que lanza O’Reilly en su columna es: “¿Podrá el techo resistir una tormenta impredecible?”. Su respuesta fue que la continuidad de ese amparo dependerá de la evolución de la guerra en Ucrania y de la capacidad de Moscú para seguir destinando recursos a sus aliados.

También afirmó que el eventual endurecimiento de Washington debería ser leído en Managua como una advertencia. Desde esa perspectiva, cuestionó si el llamado “techo ruso” será suficiente para proteger al régimen nicaragüense ante un escenario internacional cada vez más incierto.

El momento en que Antonieta Herrera vio uno de sus vestidos en una boda en Seúl confirmó que su vida había dado un giro notable. La joven que partió de Jalapa en 2000, dejando a sus hijos en Nicaragua, había conseguido que su trabajo cruzara fronteras y llegara a clientas en Asia y Europa. Hoy, Herrera dirige un atelier en Madrid, donde su nombre se asocia tanto con celebridades como Luis Miguel y Richard Gere como con novias e invitadas de distintos países.

Las prendas creadas en su taller han vestido a novias de Inglaterra, Corea del Sur, China y Japón. En abril de 2025, uno de sus diseños fue elegido por Alejandra Capetillo para su preboda, consolidando su presencia en el mundo de la alta costura, según relató la propia diseñadora a Confidencial.digital.

De Jalapa a la alta costura en Madrid

La historia de Herrera comenzó en una casa llena de máquinas de pedal y retazos. La costura era una tradición familiar: su bisabuela ya era costurera y su madre atesoraba esa máquina como un bien irremplazable. A los 12 años, Antonieta tomó su primer curso de corte y confección y, antes de terminar la secundaria, ya tenía clientas propias.

La idea de emigrar nació temprano. Según contó al medio Confidencial.digital, desde niña repetía que se iría a vivir fuera y que tendría una firma con su nombre. Cuando llegó el momento, investigó academias en Milán, París y Madrid, eligiendo España por la rapidez de respuesta y la comodidad del idioma. El 11 de octubre de 2000 aterrizó en Madrid, y al día siguiente ya estaba en la academia.

Antes de establecerse en la capital, vivió en Valencia y Cádiz, pero siempre mantuvo el vínculo con su formación y con una profesora que la animaba a regresar a Madrid. El salto profesional llegó cuando le ofrecieron ser jefa de taller en Jorge Blanco Costur, donde trabajaban figuras como Nuria March y Marta Sánchez. Ese fue su primer empleo formal en la industria.

Herrera compaginó estudios y trabajo, sin apoyo económico familiar y con la presión de reunir a sus hijos en España. Cuando abrió su primera tienda, la clientela ya la conocía, pero lo que más la emocionó fue ver su nombre en el rótulo. Además, durante varios años gestionó un almacén de mercerías en el centro de Madrid, donde conoció a Tamara Falcó, quien, tras ver los vestidos en el local, pidió su contacto y se inició una amistad que resultó clave para futuras oportunidades, como detalló a Confidencial.digital.

Clientes de alto perfil y una estética personal

Durante la pandemia, Tamara Falcó la recomendó a Isabel Preysler, quien necesitaba una nueva modista tras la jubilación de su costurera de toda la vida. Desde entonces, Herrera confecciona, ajusta y arregla prendas para Preysler, incluyendo piezas de firmas internacionales. Ese círculo de confianza la llevó a encargos para Luis Miguel, Richard Gere, Marta Sánchez y Margarita Vargas, y en Italia conoció a Denny Méndez. Según relató, a través de una firma colaboradora, ha confeccionado piezas para la reina Letizia cuando así lo requieren.

La explicación de cómo una diseñadora nicaragüense alcanzó un sector tan exclusivo está en su constancia, formación y una red de contactos forjada con el tiempo. Su clientela abarca desde la realeza hasta novias que buscan seguridad y distinción en un día especial.

Herrera define su propuesta como minimalista y elegante, con prendas que buscan la distinción sin sobrecarga. “Menos es más. Entre menos recargas una prenda, más elegante es”, afirma. Pero, en sus palabras, esa sobriedad convive con el colorido y la alegría que asocia con Nicaragua. Su colección Europa sintetiza la fusión entre la sofisticación continental y el toque del trópico. Hoy, con sus hijos ya establecidos en España, Herrera sigue cumpliendo el plan que imaginó de niña: confeccionar historias y acompañar a sus clientas en momentos únicos, según recoge Confidencial.digital.

El paradero de monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo emérito de la diócesis de Estelí, Nicaragua, permanece desconocido después de más de once días sin contacto directo con su familia ni con allegados. La situación ha generado preocupación entre la comunidad católica y organizaciones de derechos humanos, quienes señalan una “desaparición forzada” tras su detención por las autoridades nicaragüenses.

El caso de Mata Guevara ha captado la atención internacional desde que, el pasado 29 de junio, fue arrestado después de celebrar una misa en la ciudad de Estelí. Durante la ceremonia, el obispo pidió oraciones por la Iglesia perseguida en Nicaragua y mencionó al administrador apostólico de la diócesis, monseñor Rolando José. Poco después, las fuerzas de seguridad lo detuvieron por segunda vez en Tisma, Masaya, imponiendo vigilancia permanente en su residencia.

A pesar de que el gobierno de Daniel Ortega aseguró el 4 de julio que el obispo había regresado a su casa y que había sido tratado “de manera adecuada”, su familia y personas cercanas han confirmado que no han podido establecer ningún tipo de comunicación directa con él.

De igual manera, fuentes eclesiásticas afirmaron: “Después que lo devolvieron a su casa, según el comunicado oficial, no hemos logrado verlo”. Las mismas fuentes describen un ambiente de temor y hostigamiento alrededor de la residencia del prelado, bajo resguardo policial interior constante y sin acceso para allegados ni fieles.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 4 de julio un comunicado exigiendo la liberación inmediata e incondicional del obispo Mata. Horas después, el gobierno nicaragüense difundió su versión sobre la supuesta liberación del religioso, pero hasta el momento no existe confirmación independiente sobre su estado de salud ni sobre su paradero exacto.

Organizaciones denuncian agravamiento de la persecución religiosa

Organizaciones dedicada al seguimiento de detenciones y desapariciones en Nicaragua, alerta sobre la condición de “desaparición forzada” de Mata desde el 2 de julio, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta dada su edad y su historial médico.

La detención de Juan Abelardo Mata se produjo en el contexto de una investigación policial sobre el “origen de propiedades y vínculos familiares que no corresponden a su condición sacerdotal”, según la versión oficial. No obstante, la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de información verificable y el persistente cerco policial han incrementado la alarma entre los fieles y defensores de derechos humanos.

A la crisis de seguridad enfrentada por Mata Guevara se suma la presión sobre laicos y colaboradores. El mismo día en que se divulgó el comunicado oficial sobre el obispo, la policía buscó en su domicilio a Celia Huete, colaboradora cercana, quien ya había abandonado el país junto a su familia por temor a represalias. La vivienda de Huete fue ocupada y permanece sin acceso para terceros, según testimonios recogidos por medios internacionales.

La situación actual de monseñor Mata refleja el endurecimiento de la persecución religiosa en Nicaragua, donde la vigilancia, detenciones y restricciones a la Iglesia católica se han incrementado en los últimos meses.

Sacerdotes exiliados y arrestados en Nicaragua

La desaparición de Juan Abelardo Mata ocurre en un contexto de acoso sistemático contra la Iglesia católica bajo el gobierno de Daniel Ortega. Según datos proporcionados por la investigadora Martha Patricia Molina y recopilados por EWTN News y Human Rights Watch, al menos 309 religiosos y religiosas católicos —incluyendo sacerdotes, obispos, monjas y seminaristas, han sido exiliados, expulsados o desterrados de Nicaragua en los últimos años.

El mismo monitoreo indica que al menos 149 sacerdotes han sido expulsados o forzados al exilio y que la diócesis de Matagalpa ha presentado el mayor número de sacerdotes fuera del país, con una reducción de cerca del 70% de su clero. Catholic World Report señala que los sacerdotes que permanecen en Nicaragua enfrentan vigilancia, restricciones de movilidad y la imposibilidad de abordar temas sociales en sus homilías.

El abogado húngaro ReedBródy advirtió que Nicaragua está desmantelando el Estado de derecho “sin tanques”, mediante la eliminación masiva de abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia, una medida que, si queda sin costo internacional, puede convertirse en una señal para otros gobiernos con tentaciones autoritarias.

Según denuncias de los afectados y de fuentes judiciales citadas por la prensa nicaragüense, al menos 2,000 abogados habrían sido borrados de ese registro. Ni el Gobierno ni el Poder Judicial han ofrecido una explicación sobre esa decisión, informó la Agencia EFE.

Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la ONU, sostuvo en una entrevista con EFE que el mensaje que sale de Managua es que “se puede desmantelar el Estado de derecho sin tanques y sin decretos dramáticos: basta con una base de datos”.

Para el jurista, un Estado que decide por vía administrativa quién puede ser abogado y quién no, deja de operar bajo reglas de derecho y convierte esa potestad en un mecanismo de castigo. También alertó que, si la comunidad internacional no reacciona, otros gobiernos pueden interpretar que la abogacía, a la que definió como la última línea de defensa del ciudadano, puede ser eliminada “con una tecla”.

Bródy explicó que un abogado eliminado del registro judicial no puede presentar escritos ante los tribunales, representar clientes ni ejercer como notario. En la práctica, dijo, deja de existir profesionalmente.

La consecuencia, añadió, no recae solo sobre los letrados. “Cada abogado eliminado son familias que se quedan sin quién presente un recurso, sin quién reclame por un detenido, sin quién firme una escritura. Cuando los abogados no pueden ejercer, los ciudadanos se quedan sin defensa”, afirmó.

El experto comparó esta medida con otras acciones atribuidas al gobierno sandinista: el cierre masivo de ONG, universidades, medios independientes e iglesias. Según su análisis, el patrón consiste en eliminar sin proceso a todo actor que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano.

En ese marco, llamó a los colegios de abogados de otros países a pronunciarse. Su argumento es que los profesionales nicaragüenses afectados son colegas de la comunidad jurídica internacional y que su exclusión no debería pasar inadvertida.

La medida viola principios de la ONU y un tratado ratificado por Nicaragua

Bródy sostuvo que la exclusión de abogados constituye una violación directa del derecho internacional, en particular de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, en cuya redacción participó hace más de 35 años. Ese instrumento, recordó, prohíbe apartar a un letrado del ejercicio sin un proceso justo ante un órgano independiente.

El abogado señaló que esos principios no son un código gremial aislado, sino la expresión concreta de derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mencionó entre ellos la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial y las garantías necesarias para la defensa.

Ese pacto, agregó, es vinculante y fue ratificado por Nicaragua. A su juicio, ninguno de esos derechos puede ejercerse de manera real sin abogados libres e independientes.

Bródy citó además el Principio 28, que dispone que las actuaciones disciplinarias contra abogados deben tramitarse ante un comité imparcial de la propia profesión, un organismo independiente establecido por ley o un tribunal, con revisión judicial independiente. Según dijo a EFE, en este caso no se cumplió ninguno de esos requisitos.

El integrante del grupo de expertos de la ONU afirmó que ese organismo ha constatado que el país no cumple siquiera con un estándar mínimo razonable de independencia judicial. Si a eso se suma una abogacía purgada o atemorizada, dijo, el resultado es la indefensión del ciudadano frente al Estado, sin intermediario y sin escudo.

Ante ese cuadro, Bródy consideró que las vías que quedan son en gran medida internacionales: la documentación de las violaciones, los mecanismos de protección, la actuación de terceros Estados mediante sanciones selectivas, la jurisdicción universal y acciones ante la Corte Internacional de Justicia.