El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este lunes que restringe visas a más de 100 miembros del régimen nicaragüense y a sus familiares, tras la muerte del líder indígena opositor nicaragüense Brooklyn Rivera.

“Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera” explicó el comunicado de Rubio, en alusión a los dos presidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Brooklyn Rivera, líder del pueblo miskito y ex parlamentario, murió a los 73 años en su poblado, tras pasar tres años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, según reconoció el régimen nicaragüense.

Las nuevas medidas elevan a más de 2.350 el número de funcionarios nicaragüenses y familiares afectados por restricciones de visado impuestas por EE.UU. debido a su complicidad con el régimen de Ortega y Murillo.

Rivera, de 73 años, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), era una de las voces más influyentes de la Costa Caribe.

Había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023 y murió el pasado mayo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua donde había ingresado el pasado 7 de marzo por complicaciones respiratorias.

Marco Rubio aseguró que Lumberto Campbell Hooker, funcionario sancionado previamente por Washington, estuvo “directamente involucrado” en la negativa de atención médica a Rivera, fallecido el pasado 30 de mayo, y en impedir que su familia pudiera enterrar sus restos.

EL jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la Administración de Donald Trump mantiene su compromiso de exigir responsabilidades a las autoridades nicaragüenses por presuntas violaciones de derechos humanos y señaló específicamente el caso de Rivera.

“Estados Unidos está junto al pueblo de Nicaragua que, como Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, concluyó.

Estados Unidos endureció sanciones migratorias contra funcionarios y allegados del gobierno de Nicaragua tras la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera.

La medida, fue anunciada este lunes 8 de junio de 2026 por el secretario de Estado Marco Rubio, a través de un comunicado publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“La Administración Trump ha tomado medidas decisivas para imponer restricciones adicionales en materia de visados a más de 100 funcionarios de la dictadura y a sus familiares. Con este nuevo conjunto de restricciones, el Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones en materia de visados a más de 2,350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares por su papel cómplice en la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Estados Unidos permanece junto al pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, detalla el comunicado.

El gobierno de Estados Unidos responsabilizó a autoridades nicaragüenses por la falta de atención médica a Rivera y por negar a su familia derechos funerarios. Washington identificó a Lumberto Campbell Hooker entre los implicados y lo señaló por su intervención en la denegación de asistencia y el impedimento al sepelio.

La respuesta de Estados Unidos

Las nuevas sanciones migratorias, anunciadas por Rubio, buscan castigar a quienes, según Washington, participan o se benefician de políticas antidemocráticas y de restricciones a libertades básicas.

Estados Unidos justificó el aumento de sanciones con la proclama presidencial 10309, que prohíbe la entrada al país a quienes colaboren con prácticas represivas.

La medida se suma a acciones previas, incluidos bloqueos a sectores como el oro y restricciones comerciales a empresas aliadas al régimen.

Rubio afirmó: “La dictadura Murillo-Ortega es enemiga de la humanidad. La Administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad, incluido el papel singular de la dictadura en la muerte del líder de la oposición política Brooklyn Rivera”.

Contexto internacional y denuncias

Desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una escalada de represión documentada por organismos como la OEA y la ONU, que han señalado al régimen por crímenes de lesa humanidad.

El país registró el cierre de organizaciones civiles, el encarcelamiento de opositores y el destierro de cientos de ciudadanos, entre ellos periodistas y religiosos.

El politólogo Manuel Orozco realizó un extenso análisis del impacto del régimen en el país, y lo calificó como “una etapa de desgaste acelerado tras la radicalización y la concentración del poder desde 2018 hasta 2026″.

De acuerdo con Orozco, en ese período, crecieron la represión, el deterioro de la economía familiar y el aislamiento internacional, en un ciclo que Orozco ubica en 14 años.

Según Orozco, el 73% de los nicaragüenses no se percibe libre, el 45% considera que el país sigue un rumbo negativo y un 25% opta por el silencio por temor a represalias. El análisis advierte que la combinación de esos factores podría derivar en una nueva crisis política en los próximos meses.

Consolidación del poder y deterioro social

El estudio de Orozco señala que, tras la represión de las protestas de 2018, el régimen profundizó la persecución contra líderes civiles y religiosos, eliminó partidos políticos y reformó la Constitución para instaurar la copresidencia.

El saldo de esos años incluye más de 400 asesinatos impunes, 600 encarcelamientos de opositores bajo acusaciones falsas y la eliminación de más de 6.000 organizaciones de la sociedad civil.

Desde 2018, la migración masiva se aceleró: más de 750,000 nicaragüenses abandonaron el país, con un éxodo especialmente intenso entre 2018 y 2024.

Las condiciones en los centros de detención fueron calificadas de inhumanas y se informaron desapariciones de presos políticos. El caso Rivera intensificó la respuesta diplomática de Estados Unidos y reactivó la vigilancia internacional sobre Managua.

Presión diplomática

El endurecimiento de sanciones impuesto por Estados Unidos y anunciado este lunes busca reforzar la presión internacional para que el gobierno de Ortega y Murillo rinda cuentas por los delitos cometidos durante su gestión y detenga la represión contra la sociedad civil.

La política estadounidense se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Administración Trump, que reiteró su apoyo al pueblo nicaragüense y a la promoción de la democracia en la región.

Las acciones adoptadas en junio de 2026 representan una de las respuestas de Estados Unidos frente al deterioro de la situación en Nicaragua. Washington dejó claro que “continuará empleando herramientas diplomáticas y sancionatorias para exigir justicia y transparencia”.

Las autoridades meteorológicas han encendido las alertas en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala ante la amenaza de una posible depresión tropical que podría impactar la región con lluvias torrenciales y oleaje elevado en los próximos días, de acuerdo a una información publicada en 100% Noticias.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las condiciones son propicias para que una extensa área de baja presión, situada frente a la costa del Pacífico centroamericano, evolucione a depresión tropical mientras avanza hacia el norte.

El fenómeno mantiene bajo vigilancia a comunidades costeras y zonas cercanas a ríos y quebradas, donde el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas se ha incrementado.

Los pronósticos ubican a Nicaragua como uno de los países con mayor probabilidad de registrar precipitaciones capaces de causar anegaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas vulnerables.

El sistema meteorológico, aún en etapa de desarrollo, ha intensificado las lluvias y tormentas eléctricas asociadas, lo que llevó al NHC a emitir un llamado de precaución para los próximos días. Aunque el desarrollo ciclónico no ha sido confirmado, los especialistas coinciden en que el principal peligro reside en la persistencia de las precipitaciones sobre una amplia franja de Centroamérica.

Efectos previstos y recomendaciones para la población

La amenaza inmediata para la región incluye lluvias intensas, inundaciones súbitas y fuerte oleaje, con especial atención a los países del litoral Pacífico. Las autoridades han recomendado a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y evitar cruzar cauces o ríos crecidos.

Quienes residan en zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas deben estar preparados para posibles evacuaciones en caso de que se activen alertas por inundaciones o deslizamientos.

En el caso de Nicaragua, la vigilancia se extiende a áreas costeras desde San Juan del Sur hasta Paso Caballos, donde se espera que el incremento del viento y el oleaje dificulte la navegación y el acceso a puertos.

Las embarcaciones menores, así como las dedicadas al turismo y la pesca en Puerto Sandino, Corinto y San Juan del Sur, recibieron la instrucción de suspender zarpes en sectores donde las condiciones representen un peligro inminente. Las autoridades navales enfatizaron que la prioridad es salvaguardar la vida humana en el mar frente al aumento de la fuerza del viento y las olas.

Impacto potencial en Centroamérica

La alerta emitida por el Centro Nacional de Huracanes destaca la posibilidad de que las lluvias asociadas a este sistema provoquen anegaciones y crecidas de ríos a partir del fin de semana y hasta inicios de la próxima semana. El organismo pidió especial atención en las zonas históricamente afectadas por inundaciones y deslaves, recordando que la persistencia de las precipitaciones podría agravar el panorama en localidades vulnerables.

El incremento de la fuerza del oleaje y la velocidad del viento constituye un riesgo añadido para la navegación costera y las actividades pesqueras, por lo que las autoridades reiteran la importancia de seguir las orientaciones de protección civil.

La vigilancia climática se mantendrá activa durante los próximos días, con actualizaciones periódicas sobre la evolución del fenómeno. La población de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala se encuentra a la espera de nuevas directrices, mientras el sistema continúa su desplazamiento hacia el norte, incrementando el nivel de alerta en la región.

Las periodistas nicaragüenses exiliadas afrontan campañas de odio digital y violencia de género en línea atribuidas a seguidores del régimen de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un estudio de La Sala remitido a la agencia EFE documentó el uso del doxing transfronterizo, la difusión de datos personales, contra comunicadoras obligadas a dejar el país.

De acuerdo con EFE, el análisis abarca nueve medios fundados y dirigidos por mujeres. La investigación, actualizada en mayo de 2026, señala que todas las directoras de esos medios permanecen en el exilio, donde su visibilidad pública las expone al acoso digital.

Una de las directoras citadas por el informe El costo de informar: Mujeres periodistas nicaragüenses en el exilio relató: “He ocultado a todo el personal y soy la que doy la cara y la que recibe los mayores ataques, las campañas de odio, la desnacionalización, confiscación. Lo que haya que recibir, lo he recibido yo”.

El exilio y las formas de represión

EFE indicó que, desde 2018, el Gobierno de Ortega y Murillo expulsó y declaró “traidores a la patria” al menos a 23 periodistas críticos, quienes perdieron su nacionalidad y, en algunos casos, sus propiedades. Según el Tribunal de Apelaciones de Managua, esta medida alcanza a 317 opositores, disidentes y críticos.

Entre las comunicadoras afectadas figuran Lucía Pineda, de 100 % Noticias; Jennifer Ortíz, de Nicaragua Investiga; Patricia Orozco, de Agenda Propia; además de Cristiana Chamorro, Sofía Montenegro y Silvia Nadide Gutiérrez.

La investigadora de La Sala Duyerling Ríos explicó que las directoras no solo conducen la línea editorial y gestionan la búsqueda de financiamiento, sino que también asumen la responsabilidad del cuidado familiar en contextos de desarraigo. “Cargan con la gestión del medio, la búsqueda de fondos y el rol estructural de cuidadoras domésticas en condiciones de desarraigo”, explicó.

Los cambios en los medios del exilio

El documento registra una transformación en la agenda de los medios nicaragüenses en el exilio entre 2022 y 2026, según EFE. Cinco de las siete directoras entrevistadas lograron estructurar un plan de negocios y diversificar los contenidos hacia periodismo feminista, podcasts, fotoperiodismo cívico y narrativas multimedia.

Estas estrategias buscan vincularse con audiencias internas en Nicaragua y con comunidades de la diáspora, en un intento por disputar el monopolio narrativo de la administración Ortega-Murillo.

El informe también pidió a organizaciones donantes internacionales que diseñen mecanismos flexibles que contemplen las desigualdades estructurales de género. Entre las recomendaciones figuran financiamiento adaptado, asistencia técnica en finanzas y mercadeo digital, así como programas de inserción económica para mujeres profesionales desplazadas.

El contexto de la prensa en Nicaragua

La situación de la prensa en Nicaragua mostró un deterioro sostenido en los últimos años. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, con sede en Costa Rica, entre 2018 y 2026 el gobierno de Ortega y Murillo clausuró al menos 56 medios de comunicación, incluidos cinco allanados y confiscados, como La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia.

Además, al menos 309 trabajadores de medios abandonaron el país por motivos de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras ubica a Nicaragua en el puesto 168 de 180 países, por debajo de Cuba, en el lugar 160, y Venezuela, en el 159, de acuerdo con datos recopilados por EFE.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el líder indígena miskito Brooklyn Rivera murió mientras se encontraba bajo custodia de la dictadura en Nicaragua, tras permanecer desaparecido desde septiembre de 2023. Rivera, de 73 años, era diputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), organización que representa los intereses de los pueblos originarios de la Costa Caribe nicaragüense. Según informó la agencia EFE, la CIDH calificó el hecho como uno de alto impacto colectivo, dada la trayectoria de Rivera como figura en la defensa de los derechos territoriales y de la autonomía indígena.

De acuerdo con la información oficial, Brooklyn Rivera fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 y falleció el 30 de mayo de 2026 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, donde permanecía internado desde el 7 de marzo por complicaciones respiratorias. El paradero de Rivera y su estado de salud se mantuvieron ocultos durante casi dos años, periodo en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se negó a proporcionar información a sus familiares y organismos internacionales.

En octubre de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad de Rivera, luego la Corte IDH ordenó medidas provisionales, y diversas organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos alertaron sobre su desaparición y la falta de información oficial desde su detención. La CIDH recordó que había advertido en informes previos sobre la persecución de liderazgos indígenas y la desarticulación de estructuras políticas y comunitarias en la Costa Caribe, en un contexto de violencia y despojo territorial agravado desde el inicio de la crisis de derechos humanos en 2018.

Rivera, conocido por su defensa del territorio ancestral miskito y de la autonomía de los pueblos de la Costa Caribe, figuraba entre una de las voces de la región. La CIDH subrayó el carácter colectivo del daño, dado el rol de Rivera como referente histórico y político.

La Comisión reprochó que el régimen de Ortega y Murillo no entregara el cuerpo del dirigente indígena a sus familiares ni a miembros de la comunidad que acudieron a reclamarlo. Según la CIDH, esas personas también fueron detenidas arbitrariamente. En el comunicado, el organismo enfatizó: “fueron detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero”.

Antecedentes de muertes bajo custodia en Nicaragua

Tras la muerte de Rivera, la CIDH instó al país a garantizar la vida e integridad de todas las personas bajo custodia estatal y a liberar a quienes están detenidos por motivos políticos, en un contexto en el que la ubicación y el estado de salud de esos detenidos suelen ser desconocidos para sus allegados y organismos internacionales.

En 2025, la propia CIDH ya había condenado la muerte bajo custodia estatal de los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, cuyos familiares sólo obtuvieron información al momento de la entrega de los cuerpos, en medio de amenazas y amedrentamientos.

Solicitó al Estado respetar el derecho a la verdad, la libertad y la seguridad personal de los allegados del líder indígena, conforme a las obligaciones internacionales asumidas en tratados interamericanos de derechos humanos.

El contexto de la crisis en Nicaragua

La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua se ha intensificado desde abril de 2018 y se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. El escrutinio internacional permanece sobre el país, en un contexto de denuncias continuas por persecución política, represión a la oposición y vulneración de derechos fundamentales.

El animal, apodado rápidamente por la hinchada como el Firu Albirrojo, burló los controles y se adueñó del césped. Mientras los jugadores y árbitros miraban atónitos la escena, el simpático visitante no mostró temor ante la multitud. Por el contrario, se tumbó con total tranquilidad sobre el campo y detuvo el desarrollo del juego, ante la ovación y las risas del público.

Las imágenes del episodio no tardaron en viralizarse tanto en redes sociales como en medios locales, donde los testimonios de los protagonistas agregaron capas emotivas al suceso. La historia detrás del perro, que fue identificado como Dexter, de siete meses, se conoció poco después gracias al relato de su dueña.

“Dexter hizo sus travesuras otra vez, como siempre, eso es de esperárselo de él”, compartió la joven en una señal televisiva local. Explicó que el cachorro ingresó al estadio tras seguir el rastro de sus dueños, quienes habían asistido al partido: “Mi novio se fue a la cancha con mi cuñado y mi sobrino, y por lo visto que Dexter le olió y apareció en la cancha”.

Mientras seguía la transmisión desde su casa, la dueña vivió el momento con una mezcla de sorpresa y emoción. “Estaba viendo por la tele el partido justamente y después dijeron: ‘Hay un perro en la cancha’, y le enfocó a él. Yo no sabía cómo reaccionar, en serio. Y me puse a llorar. Yo lloré muchísimo”, relató. La identificación de la mascota fue inmediata para la familia, según explicó la joven: “Por el collar, justamente. Y el color. Idéntico, así, igualito, era justo. Le enfocó toda su cara y ahí ya dijimos: ‘Dexter’. Lo vi”.

Roberto, otro de los dueños, también compartió su experiencia tras la aparición de Dexter en el programa C9N de Paraguay. “Nosotros estábamos, ya empezó el partido, después cinco minutos por ahí pasaron y entró un perro ahí. ‘Entró un perro’, empezaron a gritar, después vi que era el mío. Y yo ya no sabía qué hacer. Me preocupaba nomás si me iban a devolver a mi perro”, narró con honestidad.

El encuentro amistoso entre Paraguay y Nicaragua fue interrumpido brevemente, pero la reacción de los aficionados fue de alegría y ternura. Los oficiales de seguridad retiraron al cachorro en brazos, mientras las tribunas lo despedían con aplausos y gestos de simpatía.

La preocupación por el destino de Dexter fue una constante durante el resto del partido. Roberto reconoció que, pese al susto, decidió quedarse hasta el final del encuentro antes de ir a buscar a su mascota: “Elegí el partido y yo me fui a preguntar por mi perro. Por suerte me lo dieron por la seguridad. Ahí me lo dieron”, comentó.

La familia relató además que Dexter no llegó solo al estadio. Según explicó Roberto, el cachorro estuvo acompañado de su hermano, llamado York. “No sé cómo entraron por toda la seguridad que había, pero logró entrar él”, confesó, haciendo referencia a la facilidad con la que ambos animales sortearon los controles habituales del recinto.

Este episodio se transformó rápidamente en una historia entrañable para la hinchada paraguaya, que adoptó al perro como un nuevo símbolo de alegría y espontaneidad. El apodo Firu Albirrojo circuló tanto en las gradas como en redes sociales, donde las imágenes y videos del momento obtuvieron miles de reacciones y comentarios positivos.

Dexter es un cachorro de siete meses originario de Santaní, cuya personalidad dócil y juguetona quedó reflejada en las palabras de su familia. “Él nunca ha mordido a nadie, siempre fue muy bueno y por eso tenemos miedo de que cualquier persona se lo pueda llevar, porque suele escaparse. En cualquier momento él sale, quiere salir”, explicó el dueño al referirse a la costumbre del animal de buscar aventuras fuera de casa.

Mientras la historia de Dexter sigue circulando en redes y medios, la selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro, se enfoca en sus próximos compromisos. El equipo debutará en la Copa del Mundo ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, el viernes 12 de junio por el Grupo D. Luego, enfrentará a Turquía el sábado 20 y cerrará la fase de grupos el 25 ante Australia.

El impacto más notorio en la economía de Nicaragua en los últimos meses se refleja en el aumento de su factura petrolera, que en marzo de 2026 alcanzó USD 173.2 millones, lo que supone un incremento de 68.3% respecto al mes anterior. Este salto, atribuido al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, representa para el país centroamericano el efecto más inmediato del nuevo escenario global en el mercado del crudo y sus derivados.

La variación intermensual cortó con la tendencia a la baja que el país venía mostrando desde 2022, cuando la factura anual había alcanzado un máximo de USD 1,768 millones. Según datos oficiales, la nación logró reducir ese gasto hasta USD 1,430 millones en 2025, una disminución del 19.1% en dos años. Sin embargo, el contexto internacional transformó ese panorama en cuestión de semanas, generando un costo adicional de USD 70.3 millones en un solo mes.

El mayor incremento mensual se produjo en el segmento de los combustibles, con un alza del 102.7%, mientras que la energía eléctrica importada subió 93.7%. Los lubricantes aumentaron 42.3% y el petróleo crudo importado se multiplicó por 18.0%. Así, el fuel oil utilizado para generación eléctrica creció 185%, el diésel 174.8%, la gasolina regular 41.1% y la gasolina súper 28.3%, según lo reportado por confidencial.digital.

La factura petrolera nicaragüense está compuesta por cuatro rubros: petróleo crudo, combustibles, lubricantes y energía eléctrica. Cada uno presenta dinámicas y proveedores diferentes, lo que explica la disparidad en los incrementos mensuales observados en marzo de 2026.

La razón principal de este salto radica en el encarecimiento internacional del barril de crudo tras el estallido bélico: el precio promedio pasó de 87.5 USD por barril en febrero a 93.5 USD en marzo, lo que afectó de manera directa el costo de importación para Nicaragua, país dependiente del abastecimiento externo de hidrocarburos.

A pesar de que la administración mantiene congelados los precios en las estaciones de servicio, el alza en la factura petrolera podría trasladarse a los consumidores por otras vías. Los mayores costos de generación eléctrica y el incremento de gastos en la industria y la agroindustria son los canales más inmediatos para la transmisión de este sobrecosto.

En la práctica, esto implica que, aunque no se observe de inmediato un aumento en el precio del combustible para la población, existe la probabilidad de que el encarecimiento se traslade a la factura de la electricidad o a los precios de bienes y servicios vinculados a insumos energéticos. También es posible que, si la crisis en el suministro global se extiende, surjan dificultades para garantizar el abastecimiento de crudo y derivados en el país.

Hasta antes del conflicto, las estadísticas de enero y febrero sugerían que la factura petrolera anual podría ubicarse por debajo de los USD 1,300 millones en 2026, con importaciones mensuales apenas por encima de los 100 millones de USD. Sin embargo, el escenario internacional modificó esa proyección en apenas unas semanas. La evolución del primer trimestre de años previos mostraba una tendencia de descenso: en 2024, el trimestre inicial había sumado 415.6 millones, mientras que en 2025 la cifra bajó a 331.9 millones.

Estos números incluían petróleo crudo, combustibles y lubricantes, que constituyen más de la mitad de la factura total, además de la energía eléctrica importada, cuyo volumen ha ido en aumento. El cambio abrupto de tendencia en 2026 pone en duda la posibilidad de mantener la reducción alcanzada en los años anteriores.

El contexto de abastecimiento también ha cambiado. Desde 2019, Nicaragua debió buscar nuevos proveedores de petróleo y combustibles, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana. Actualmente, el país importa hidrocarburos de naciones como México, Ecuador y, en ocasiones, Estados Unidos. El barril de referencia WTI —que inició el conflicto por debajo de los 70 USD— superó la barrera de los 90 USD en la primera semana de guerra, e incluso atravesó los 100 y 110 USD en poco tiempo, lo que agravó la presión sobre las economías importadoras, de acuerdo con confidencial.digital.

La situación abre un panorama de incertidumbre para la economía nicaragüense, que deberá afrontar no solo precios más elevados, sino también eventuales problemas de abastecimiento si la crisis se prolonga en el tiempo.

El bullicio del barrio Escalante queda lejos al cruzar la puerta de Casa Calala. Dentro, el aire cambia: el aroma a café se mezcla con el verde de las plantas, y siempre hay mesas donde alguien invita a sumarse a la conversación. Así imaginó Jopsan Espinoza este espacio, un sitio donde hasta los desconocidos pueden sentirse en casa.

Todo comenzó cuando Espinoza, migrante nicaragüense, llegó a Costa Rica en 2018, con dieciocho años y la palabra “calala” en la memoria, nombre que en su país se le da al maracuyá. Primero surgió el club de trueque “Calala Plantas”, donde quienes extrañaban sus raíces se reunían para intercambiar esquejes y anécdotas en espacios prestados. Pero la comunidad creció y, en noviembre de 2025, la necesidad de una sede propia se volvió inevitable.

El salón principal de Casa Calala puede recibir hasta treinta personas; si se aprovechan todos los rincones, caben entre cincuenta y sesenta, según detalló Espinoza a Confidencial.digital. Actualmente, el espacio abre de jueves a domingo por la tarde, en un horario que su fundador considera temporal. Espinoza siempre quiso que nadie cruzara la puerta solo para consumir un producto o asistir a una actividad: su meta era que todas las personas sintieran pertenencia. “La idea es construir un hogar fuera del hogar”, explicó, recordando su propia experiencia como migrante.

El ambiente está marcado por plantas, un jardín central que aísla del ruido urbano y rincones donde las mesas se unen espontáneamente. Para Espinoza, la idea era recrear la calidez de una sala familiar y fomentar la convivencia, replicando la sensación de estar en casa. Esa visión se refleja en cada detalle y en la forma en que los visitantes establecen lazos, incluso entre desconocidos.

Un espacio construido con esfuerzo migrante y apoyo familiar

Levantar Casa Calala no fue sencillo. Espinoza estudió trabajo social y completó una beca técnica en administración gastronómica antes de entrar al sector de restaurantes en San José. En 2025, renunció a su empleo con la idea de descansar, pero en solo dos meses ya había encontrado el local que daría forma a su proyecto. La financiación salió de sus ahorros, la liquidación y el apoyo de su madre, quien se convirtió en socia.

El proceso incluyó largas esperas por trámites migratorios y administrativos. Como refugiado en Costa Rica, Espinoza pasó meses renovando su Dimex, el documento de residencia, lo que le impidió solicitar permisos y abrir cuentas bancarias a tiempo. “Fueron meses de pega burocrática”, relató. El proyecto es, en esencia, el resultado de superar esas barreras con recursos propios y el respaldo familiar.

Desde el inicio, la programación de Casa Calala incluyó actividades culturales y comunitarias. Se construyó una huerta junto a amigos de las primeras etapas, cuyos ingredientes hoy nutren bebidas naturales, infusiones y repostería artesanal. La carta gira en torno al café, las bebidas frías y calientes, y la repostería de fin de semana. Los platos fuertes se preparan solo bajo reserva y se adaptan a cada evento: refrigerios saludables para talleres de yoga, almuerzos completos para reuniones de trabajo.

El espacio ha albergado talleres de cerámica y fotografía impartidos por costarricenses, nicaragüenses y hondureños, así como noches de DJ con cenas compartidas. Otros emprendimientos gastronómicos, como La Gigantona, encontraron en Calala una nueva oportunidad para reconectar con su clientela. Entre las actividades mensuales destaca “Cenar Comunidad”, donde no hay mesas reservadas y la propuesta es compartir la charla con personas desconocidas. Según relató Espinoza a Confidencial.digital, la idea es ofrecer un ambiente tranquilo, silencioso y de amistad, donde socializar esté al alcance de todos.

Casa Calala es un refugio forjado por la migración, los afectos y la voluntad de construir comunidad más allá de las fronteras. Espinoza invita a quienes buscan un ambiente tranquilo y amistoso a cruzar la puerta y sumarse a la experiencia de un hogar reinventado, donde cada encuentro demuestra que el arraigo también puede florecer lejos del origen.

Una treintena de exjefes de Estado y de Gobierno integrantes del Grupo IDEA solicitaron el día de ayer 5 de junio la apertura de una investigación internacional por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Nicaragua tras la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera, líder indígena y opositor.

Los exmandatarios apelaron al principio de jurisdicción universal y reclamaron la intervención de la comunidad internacional, señalando la imposibilidad de una pesquisa imparcial dentro del país, de acuerdo con lo informado por la agencia EFE.

El pronunciamiento, firmado por figuras como José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Álvaro Uribe (Colombia), Mauricio Macri (Argentina) y Laura Chinchilla (Costa Rica), atribuye responsabilidad directa al régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Rivera, quien lideraba el partido indígena Yatama, falleció el 30 de mayo en un hospital de Managua, donde permanecía bajo custodia desde el 7 de marzo por complicaciones respiratorias, tras haber sido arrestado en septiembre de 2023.

Según la declaración, los exmandatarios denunciaron que siete familiares y allegados de Rivera desaparecieron cuando acudieron a reclamar sus restos. Entre ellos se encuentran Westin Rivera y Alda López Bryan. El Grupo IDEA sostiene que la desaparición forzada y la negativa a entregar el cuerpo constituyen violaciones sistemáticas de derechos humanos y se encuadran dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad establecida por el Estatuto de Roma.

Organizaciones internacionales critican trato a la familia de Rivera

El caso ha generado reacciones de organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que han pedido esclarecer la muerte de Rivera y han criticado que el gobierno de Nicaragua impidiera que fuera sepultado por su familia. Según se ha reportado en los últimos días, tanto ONG locales como entidades internacionales han calificado la negativa de las autoridades como una muestra de “poca humanidad”.

La declaración de los exmandatarios recuerda que el Estado nicaragüense se encuentra imposibilitado de realizar una investigación independiente, al estar implicado en desapariciones forzadas. Por ello, exigen a la comunidad internacional y a las democracias de la región ejercer la jurisdicción universal para garantizar justicia y protección de los derechos fundamentales de las víctimas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, marcada por una fuerte represión estatal, detenciones arbitrarias y persecución de la disidencia política. La situación se agravó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelecto en medio de denuncias de irregularidades y represión.

La muerte de Brooklyn Rivera se suma a la de al menos ocho opositores que han perdido la vida bajo custodia en los últimos años. La declaración difundida sobre la desaparición forzada de personas bajo el régimen Ortega-Murillo tiene carácter sistemático, como ya había determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos anteriores.

Por lo que, el Grupo IDEA advierte que los crímenes de lesa humanidad son de responsabilidad individual y no prescriben, incluso si el Estado no ha suscrito tratados internacionales sobre la materia. “No se eximen a los gobernantes imputables aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecen”, señala el texto.

El pronunciamiento ha sido respaldado en los últimos días por distintos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de una investigación internacional independiente. El caso de Rivera y sus familiares mantiene la atención internacional sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y suma presión para que se adopten medidas de protección colectiva y justicia para las víctimas.

El exilio forzado de 347 mujeres entre 2018 y julio de 2025 expone en Nicaragua el alcance de la persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre activistas, defensoras de derechos humanos y lideresas feministas, según un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), basado en registros de IM-Defensoras.

Del total de casos documentados, 95 corresponden a desplazamientos internos y 252 a exilios internacionales. Además, el registro incluye 84 situaciones de desplazamiento de familiares de activistas, motivadas por riesgos de detenciones inminente

El estudio de CETCAM, titulado “Cuidar la vida: Reconfiguración de los cuidados y experiencias de mujeres nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica (2020-2025), sostuvo que la represión no solo empujó a estas mujeres al desplazamiento, la vigilancia y la privación arbitraria de la nacionalidad, sino que desmontó de forma deliberada las redes comunitarias de protección.

Ese quiebre dejó a miles de mujeres sin apoyo frente a la violencia de género y los femicidios, tras la desaparición de los sistemas independientes de monitoreo que antes sostenían las organizaciones civiles.

El informe reconstruyó esa crisis a partir de testimonios de mujeres que intentaron reorganizar su vida en la clandestinidad interna o en el exilio en Costa Rica. El trabajo describió el costo físico y emocional de sostener cuidados familiares bajo el terror estatal o la precariedad migratoria.

La represión también desarmó las redes de cuidado

CETCAM afirmó que el impacto del régimen nicaragüense sobre las mujeres no se limitó a la expulsión de activistas. También alcanzó la estructura cotidiana que permitía responder a emergencias, acompañar casos de violencia y sostener la vida en comunidad.

La consecuencia inmediata fue doble: por un lado, el exilio de defensoras y feministas; por otro, el desamparo de quienes dependían de esas redes. El informe señaló que la ofensiva estatal borró mecanismos civiles de protección y vigilancia que funcionaban antes de la crisis.

Luz, una mujer indígena miskita exiliada en Costa Rica, relató en el informe cómo el desplazamiento agravó su marginación. Dijo que quedó aislada por el idioma, la falta de ingresos propios y la desaparición total de sus redes familiares de apoyo.

Su testimonio condensó esa lógica de postergación personal: “Yo estoy para mis hijos, todo el tiempo estoy para ellos, digamos así. Y no, para mí misma no tengo tiempo. Yo de día y noche estoy para mis hijos”.

El exilio trasladó la carga al espacio doméstico

Chilo, otra madre entrevistada por CETCAM, describió el desgaste subjetivo que produjo la combinación entre violencia política y sobrecarga de trabajo doméstico. Dijo que el autocuidado se volvió una meta difícil, aunque empezó a nombrarlo como una forma de resistencia.

“Creo que no tomo mucho tiempo para mí. Pero podría decirse que estoy comenzando, al menos apalabrarlo, reconocer que necesito tener tiempo para mí y recuperarme”, afirmó.

El informe también registró los vacíos institucionales que enfrentaron quienes huyeron del país. Violeta contó que la solidaridad comunitaria chocó con obstáculos burocráticos internacionales cuando intentó proteger a familias desplazadas en condición irregular.

Esta crisis se agudiza drásticamente cuando las mujeres intentan generar ingresos económicos en los países de destino, cayendo en dinámicas de abandono personal severo.

El informe detalla que el período de máxima sobrecarga para Nydia Elisa correspondió a un emprendimiento gastronómico que sostuvo tras su exilio.

​“Yo no me daba cuenta lo abandonadísima que estaba, porque funcionaba en automático. Era despertarme, bañarme, ir a cocinar, pasar ahí 10 horas, salir, ducharme, empijamarme, ver al niño, las cositas de la casa y repeat, volver a empezar. Yo ni me peinaba, porque yo decía, aparte, debo tener el pelo metido en esa gorra de cocina. El abandono fue total y yo no me daba cuenta en esos momentos… eso es impresionante”, expresó.

Brooklyn Rivera, de 73 años, encabezaba el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) y era reconocido como una de las principales voces de la Costa Caribe nicaragüense. Había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023 y, tras permanecer casi tres años incomunicado, murió en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, adonde ingresó el 7 de marzo por complicaciones respiratorias. Familiares denunciaron durante meses desconocer su paradero, una situación que organizaciones de derechos humanos calificaron como desaparición forzada.

Durante el homenaje en San José, la hija del dirigente, Tininiska Rivera, denunció que el Estado no entregó el cuerpo a la familia y que ni ella ni otros allegados pudieron participar en el funeral. “Mi padre falleció en Nicaragua, pero el cuerpo no fue entregado a la familia. Ninguno de mis familiares participó en la misa ni en el entierro exprés que el Gobierno hizo”, afirmó Rivera, en declaraciones recogidas por EFE. La familia había solicitado trasladar los restos hasta Bilwi, ciudad natal del líder miskito, para cumplir su última voluntad, solicitud que fue rechazada por las autoridades.

La hija también denunció que seis familiares permanecen detenidos y en condición de desaparición forzada en Nicaragua. “Lo que hicieron con mi padre no fue que murió de causas naturales, sino que murió por los tres años de encarcelación”, expresó durante el acto.

Carlos Eddy Monterrey, periodista y activista cultural de la Costa Caribe nicaragüense, criticó el prolongado aislamiento al que fue sometido Rivera. “Le privaron de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho inalienable de la libertad y de la vida. Todo fue un proceso de tortura”, señaló Monterrey, según información de EFE.

El caso de Rivera fue descrito como un símbolo de la persecución contra los pueblos originarios de Nicaragua por parte del régimen. Enrique Martínez, activista político opositor, sostuvo que el fallecimiento del líder indígena refleja una problemática estructural que afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes. “El caso de Brooklyn es solamente la ejemplificación del daño masivo que han ejecutado en contra de esta población históricamente vulnerada”, dijo Martínez en declaraciones citadas por EFE.

Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición nicaragüense han atribuido la muerte de Rivera al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen el poder desde 2007. La agencia EFE recordó que Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelegido para un quinto mandato.

De acuerdo con el último monitoreo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 47 personas permanecen en prisión por motivos políticos en Nicaragua. Algunas fuentes internacionales, como el sitio World Population Review, sitúan el número en torno a 45, mientras reportes recientes de agencias como Reuters y EFE documentan que cerca de 40 presos fueron trasladados recientemente a arresto domiciliario, aunque el total de detenciones políticas supera las siete decenas antes de estos movimientos.

La muerte de Rivera y la situación de los presos políticos han generado llamados de la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) solicitó una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias de la muerte del dirigente miskito y urgió al Estado a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en voz de su secretario general Albert Ramdin, manifestó su preocupación y pidió garantías para el respeto a los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso. Instituciones como la Washington Office on Latin America (WOLA) y Amnistía Internacional demandaron la liberación inmediata y sin condiciones de los presos políticos, así como el acceso humanitario y médico adecuado para quienes permanecen en custodia estatal.

“Con el líder indígena Brooklyn Rivera, el total de personas asesinadas bajo la dictadura de Ortega-Murillo ahora asciende a nueve. Más de 45 presos políticos podrían enfrentar el mismo destino. Estos crímenes no deben quedar impunes”, declaró el activista y exiliado Félix Molina a medios internacionales, según cita EFE.

El caso de Rivera ha puesto en el centro del debate internacional la situación de las minorías étnicas y de los derechos humanos en Nicaragua, país donde persiste la denuncia de represión sistemática y cierre de espacios democráticos. La comunidad nicaragüense en Costa Rica, donde residen miles de exiliados, reiteró su demanda de justicia, memoria y reparación para las víctimas de la represión y sus familias, y reclamó garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Las organizaciones internacionales insisten en que la investigación sobre la muerte de Brooklyn Rivera debe realizarse de manera independiente y con la participación de expertos, con el objetivo de esclarecer los hechos y asegurar la rendición de cuentas. Mientras tanto, la exigencia de libertad para los presos políticos y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas continúan marcando la agenda de quienes han debido abandonar Nicaragua y de quienes aún permanecen bajo custodia del régimen.

El traslado de presos entre Nicaragua y Rusia será posible tras la firma de un acuerdo bilateral que permitirá a las personas condenadas cumplir el resto de sus sentencias en sus respectivos países de origen.

Con la entrada en vigor del pacto, los ciudadanos rusos recluidos en centros nicaragüenses podrán finalizar sus condenas en Moscú, mientras que los nicaragüenses presos en Rusia tendrán la opción de ser trasladados a Managua para completar su pena.

El convenio fue formalizado durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde representantes del régimen sandinista participaron activamente.

En el mismo evento, ambas naciones suscribieron también un tratado de extradición, que facilitará la entrega de personas buscadas por la justicia entre ambos regímenes. Esta medida busca agilizar la cooperación judicial en temas penales y fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo a la nota de la agencia EFE, además de los acuerdos sobre presos y extradición, los regímenes firmaron un memorando de entendimiento enfocado en la “seguridad biológica”.

Managua no brindó detalles sobre el alcance o la aplicación de este último documento, pero su inclusión marca un nuevo eje de cooperación técnica entre los países involucrados.

En el ámbito de las relaciones municipales, Managua y Donetsk —una región de Ucrania bajo ocupación rusa— establecieron un acuerdo de amistad.

De acuerdo a EFE, esta decisión se suma a una serie de gestos diplomáticos de Nicaragua en respaldo a la política exterior de Moscú. El reconocimiento oficial de Managua sobre la soberanía rusa en territorios ucranianos ocupados, como Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, ha provocado tensiones regionales notables.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Ucrania y Nicaragua se materializó después de que este último gobierno avalara la “soberanía” rusa sobre los territorios mencionados, incluyendo Crimea.

Esta postura ha consolidado al dictador Daniel Ortega como el principal aliado centroamericano de Vladímir Putin, reforzando la histórica cooperación militar y política que se remonta al primer mandato sandinista, cuando la Unión Soviética proveyó armas a las Fuerzas Armadas de Nicaragua.

En la ceremonia de firmas, el representante nicaragüense fue Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial y encargado de asuntos con Rusia, China y Bielorrusia.

Según informó el régimen sandinista, Ortega Murillo ha sido el elegido recurrente para suscribir acuerdos estratégicos en nombre de Managua, incluso por encima de los responsables formales de la diplomacia nacional.

El funcionario nicaragüense, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones graves a los derechos humanos y por su respaldo al proceso electoral de 2021 en Nicaragua —en el que los principales rivales de sus padres fueron encarcelados—, continúa ampliando los lazos internacionales del país.

Sectores de la oposición lo señalan como el “delfín” de la familia Ortega Murillo, encargado de consolidar alianzas con potencias euroasiáticas.

El respaldo público del Gobierno nicaragüense a Rusia, reiterado el 30 de julio de 2025, incluye la certeza oficial de una eventual victoria rusa en Ucrania y la aceptación de los cambios territoriales impulsados por Moscú.

Con estos movimientos, Nicaragua refuerza su posición geopolítica en un escenario internacional marcado por la confrontación y las sanciones.

Cuando Tininiska Rivera cumplió 15 años, su padre la llevó hasta el pequeño cementerio de la comunidad de Lidaukra, territorio de Tawira, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Frente a la tumba de su madre, Pulcida, Brooklyn Rivera le pidió a su hija una promesa: que cuando llegara su hora, lo enterraran allí mismo, junto a la mujer que le había dado la vida. La adolescente aceptó sin imaginar que, años después, aquella petición se convertiría en una batalla contra una dictadura.

“Yo asumí el compromiso. Nosotros somos muy espirituales. En nuestra cultura el entierro junto a los familiares es muy importante, es la reunión con los ancestros”, dice la joven misquita ahora con “más de 30 años”.

Brooklyn Rivera, líder miskito, murió la noche del sábado 30 de mayo, como resultado de una cadena de eventos que comenzaron en abril de 2023, cuando voló a Nueva York para hacer lo que había hecho toda su vida: hablar por su pueblo.

En el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado entre el 18 y el 28 de abril de 2023, denunció la invasión de colonos en territorios indígenas que se está ejecutando en Nicaragua y, de la cual, el gobierno se hace de la vista gorda.

Rivera no era opositor. Era diputado ante la Asamblea Nacional por el partido indígena Yatama. Durante años fue un aliado político del sandinismo, aunque su relación con el régimen se había deteriorado profundamente. Pero, el de Nicaragua es un régimen que no soporta que lo contradigan. Y con su denuncia, el líder indígena lo estaba haciendo. Al intentar regresar al país, sus “aliados” le cerraron las fronteras.

Brooklyn Rivera no se conformó. Ingresó a Nicaragua furtivamente en mayo de ese año por la Mosquitia, zona indígena fronteriza con Honduras donde se movía como pez en el agua. “Estoy aquí, de nuevo, asumiendo algunos niveles de riesgo por amor a mi tierra, a mis comunidades, a mi pueblo, a mi gente”, dijo en un video que logró grabar.

Según personas cercanas, pasó los meses siguientes moviéndose entre distintas viviendas para evadir una posible captura, hasta que el 29 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:30 de la mañana, agentes policiales irrumpieron en su vivienda en Bilwi y lo detuvieron. Una última imagen lo muestra esposado, en lo que parece ser una ambulancia, de camisa gris, pantalón azul y mirada inexpresiva.

Taupla Brooklyn

Brooklyn Rivera Bryan fue uno de los líderes indígenas más relevantes de la historia contemporánea de Nicaragua. Adversario político, negociador, aliado e interlocutor de los pueblos indígenas con la dictadura de Daniel Ortega. Dictadura que lo desaforó dos veces de la Asamblea Nacional, lo desterró de facto de su patria y lo encarceló hasta sus últimos días.

Nació el 24 de septiembre de 1952 en la comunidad miskita de Lidaukra, en el Caribe Norte. Su nombre en esas comunidades es Taupla Brooklyn, que significa “líder principal”. A principios de los años 80 lideró guerrillas indígenas que combatían al gobierno sandinista de la época.

Luego, en 1984, sostuvo negociaciones para establecer un cese al fuego con quienes hasta poco antes eran sus enemigos. Fue ministro en el gobierno de doña Violeta Barrios, diputado ante la Asamblea Nacional desde 2007, pero, sobre todo, un líder que dedicó más de cinco décadas de su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Desde esa última foto esposado, Brooklyn Rivera estuvo desaparecido por casi tres años. El Estado simplemente se negó a dar cuenta de él. No abrió causa judicial conocida. No explicó los motivos del arresto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la detención de Rivera y el 9 de octubre de 2023 emitió una resolución para otorgarle medidas cautelares por considerar que estaba “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.

Tanto a Rivera como a su suplente, Nancy Henríquez, el régimen los despojó de sus condiciones de diputados por “inasistencia”, les confiscó sus propiedades e ilegalizó al partido Yatama bajo acusaciones de “traición a la patria”. Una ironía: los acusaron de ausentarse de una asamblea a la que el propio Estado les impedía asistir, porque los tenía presos.

Los rumores sobre su salud y sobre su posible muerte circulaban en los pasillos de la ONU y en las redes de la diáspora nicaragüense. El 1 de mayo de 2026, expertos de Naciones Unidas también pidieron a las autoridades nicaragüenses aportar “de manera inmediata” una prueba de vida, advirtiendo que, si Rivera hubiera fallecido, el gobierno debía informar las circunstancias y causas de la muerte.

Del Estado, solo hubo silencio.

Los organismos de derechos humanos habían declarado a Rivera en condición de desaparición forzada, una categoría que en el lenguaje jurídico internacional describe a una persona en manos del Estado, sin que el Estado reconozca que la tiene.

La hija de Brooklyn, Tininiska, tuvo que salir al exilio después de ser acusada de ciberdelitos por una entrevista en la que exigió la liberación de su padre. Desde fuera, siguió reclamando. Nadie en el gobierno nicaragüense le respondió.

Operación gaslighting

Las fotografías divulgadas por el régimen el 27 de mayo pasado fueron el inicio de una intensa operación de comunicación destinada a invertir la realidad. El periodista e investigador comunicacional Alfonso Malespín la define como una estrategia de “gaslighting”, un término de la sicología que no tiene traducción en español: negar los hechos, reescribir la verdad y trasladar la responsabilidad a otros.

Las imágenes mostraban por primera vez a Brooklyn Rivera desde su captura, 971 días antes. Aparecía demacrado, conectado a ventilación mecánica y con severas afectaciones de salud en una cama de hospital.

Sin asumir responsabilidad por su desaparición ni por el deterioro físico que revelaban las fotografías, Rosario Murillo presentó al régimen como un cuidador atento y compasivo del ahora llamado “hermano Brooklyn”.

“Destacamos que Brooklyn fue atendido en todo momento, como se puede comprobar a través de todos los partes médicos con esmero médico y científico. Y también con esmero afectivo, tanto de parte de los especialistas como de su familia”, afirmó a través de los medios oficialistas.

Para Malespín, la narrativa oficial buscó instalar la idea de que la tragedia no fue consecuencia de la desaparición forzada ni de casi tres años de encierro, sino de una enfermedad que el Estado habría combatido con todos los recursos disponibles. La prisión, el aislamiento y la negativa a permitir atención médica independiente desaparecieron del relato.

Los hechos contradicen el discurso de Murillo. El régimen nunca liberó a Rivera para que recibiera tratamiento fuera de su control. Y cuando murió, tampoco permitió que su familia decidiera sobre su cuerpo ni sobre su entierro. La misma autoridad que durante años ocultó su paradero tomó también el control de sus restos y de su despedida. Pero, una vez más, presentó esa decisión como un homenaje.

“Por la noche de ayer, domingo 31, se realizó un acto religioso solemne y digno para despedirlo con la participación de familiares, diputados de la Asamblea Nacional que habían compartido con él trabajos legislativos. (…) Al despedirle, hemos pedido a Dios consuelo para sus familiares, comprendiendo su dolor y hemos acompañado con reflexiones profundas sobre su vida y su aporte en diferentes momentos en las conocidas luchas de nuestro pueblo”, indicó Murillo.

Arrestos y entierro exprés

Lo que estaba sucediendo esa noche era todo lo contrario a un homenaje. Los familiares que llegaron desde el Caribe Norte para pedir el cádaver de Brookyn Rivera fueron apresados.

El periodista Miguel Mendoza informó que seis personas cercanas a Brooklyn Rivera fueron detenidos cuando llegaron a Managua: Alda López Bryan, hermana; Jorge Webster Rojas, amigo; Kurney Valle Bushy, sobrino; Florencia Sarmiento, colaboradora cercana; Jorbis Hendy López, sobrino; y Glenis Panting Coleman, sobrina política.

“Wailan Rivera, hijo del fallecido líder indígena y ex preso político Brooklyn Rivera, logró escapar el pasado domingo cuando agentes de la policía sandinista intentaron capturarlo en Managua. Actualmente, su paradero se mantiene en reserva por razones de seguridad”, añadió Mendoza.

Los arrestos fueron confirmados a Infobae por Tininiska Rivera, quien además aseguró no reconocer a ningun familiar en los videos y fotografías divulgados de la ceremonia fúnebre que organizó el regimen de Ortega y Murillo en la funeraria Sierras de Paz de Managua, en la que incluso se ve a unas personas llorando desconsoladamente. “No sé quiénes son. Supongo que es gente pagada”, dijo Tininiska Rivera.

El funeral del régimen lo encabezaron los mismos diputados del FSLN que echaron a Rivera de su escaño parlamentario, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el jefe de bancada sandinista Edwin Castro. Además, el sandinista Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral, que despojó a Yatama de su personería jurídica. Luego, enterraron apresuradamente al líder miskito esa misma noche.

“Mi padre quería un funeral tradicional miskito. En nuestros funerales hay cantos, de noche para acompañar a la familia, en la casa de la familia, misa, y otra misa en la iglesia. Lloramos y expresamos nuestros sentimientos a nuestro ser querido. El cuerpo debe estar entero, así como vivió, no creemos en incinerar.” Le duele, dice, que se haya impuesto un funeral ajeno a sus costumbres, sin participación familiar.

Tininiska dice no saber por qué el régimen se negó a entregarle el cadáver de su padre y violentó el deseo de ser enterrado en su comunidad natal, al lado de su madre. Cree que la dictadura tiene miedo de que las comunidades reaccionen de manera negativa, o de que la familia decida hacerle una autopsia al cuerpo y descubra mucho de lo que el régimen intenta ocultar. “Nunca hubo intención de hacer autopsia”, aclara.

Las imágenes de su padre agonizante activaron el compromiso que Tininiska asumió con él cuando cumplió quince años, frente a aquella tumba en Lidaukra. Quiso regresar a Nicaragua desde el exilio en que se encuentra, pero no recibió las garantías necesarias. Siente que carga una gran deuda incumplida. “En nuestra cultura esos compromisos son importantes”, dice.

Frente a la tumba de Pulcida, en Lidaukra, Tininiska prometió que enterraría a su padre junto a su madre. Casi dos décadas después, el régimen no solo le arrebató a Brooklyn Rivera la libertad y la vida. También convirtió aquella promesa en una deuda imposible de saldar. Por ahora.

El proceso contra el médico Livang Argüello por una lipopapada realizada en Managua entró en una nueva etapa después de que su defensa y el Ministerio Público apelaran la sentencia que lo condenó a dos años de prisión por lesiones imprudentes graves contra una paciente, en un caso que además se cruza con otra investigación por la muerte de una joven tras una cirugía estética y con su inhabilitación sanitaria.

La jueza María José Morales del Juzgado Segundo Local Penal de Managua lo condenó el 29 de mayo a dos años de cárcel y al pago de 44,400 córdobas (USD 1,212.31), pero el Ministerio Público impugnó el fallo porque durante el debate de pena había pedido tres años de prisión. De acuerdo con registros de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos, también la defensa presentó un recurso para revertir la resolución.

El abogado Gabriel Díaz interpuso la apelación en nombre de Argüello, cuya representación asumió pocos días antes de la sentencia. El recurso busca dejar sin efecto el fallo dictado por Morales.

La condena se originó en las lesiones sufridas por una paciente de 39 años

La sentencia surgió por las lesiones padecidas por Jhulianov Carolina Samayoa Morales, de 39 años, después de someterse en noviembre de 2024 a una lipopapada en la clínica Amate, situada sobre la Carretera Vieja a León.

El caso se remonta al 25 de noviembre de 2024, cuando la paciente acudió al centro para el procedimiento. Según la acusación, después de la intervención sufrió quemaduras, perforaciones en la zona tratada, inflamación persistente, dolor, secreciones, formación de queloides y deformaciones visibles.

Durante el juicio, Samayoa Morales declaró que el procedimiento se realizó con un equipo identificado como “Dorian”, que era manipulado por una enfermera que asistía al médico. La Fiscalía sostuvo que las lesiones fueron consecuencia del manejo inadecuado de los equipos utilizados y de la falta de acreditación profesional para desarrollar determinados procedimientos estéticos.

La paciente también afirmó que no recibió seguimiento médico adecuado después de la cirugía. Esa omisión, según su versión, contribuyó al agravamiento de su estado.

Argüello también es investigado por la muerte de una joven de 24 años

La situación judicial de Argüello se agravó después de su detención del 28 de mayo. El médico figura además entre los profesionales investigados por la muerte de Jennypher Elizabeth Reyes Castro, una joven de 24 años que falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía estética practicada en Managua.

Según la Procuraduría General de la Justicia, las investigaciones determinaron que Argüello no posee acreditación para ejercer la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Aun así, participó como asistente en el procedimiento realizado a Reyes Castro en el Centro Médico Quirúrgico Privado Bethesda, en Ciudad Sandino.

Tras la cirugía practicada el 22 de mayo, la joven presentó fuertes dolores, dificultad respiratoria y alteraciones visuales, por lo que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escuela César Amador Molina, en Matagalpa. Los médicos diagnosticaron después un pulmón perforado, hemorragia interna, infección grave en el torrente sanguíneo, embolia grasa y hemotórax.

La paciente murió a causa de un cuadro clínico compatible con choque distributivo y tromboembolismo pulmonar. Como parte de las medidas administrativas derivadas de esas investigaciones, el Ministerio de Salud decidió inhabilitar a Argüello para realizar procedimientos médicos de cualquier naturaleza y canceló su código sanitario.

A ese historial se sumó una denuncia pública reciente de Dina Mejía Obregón, de 28 años, quien aseguró que una cirugía estética practicada por Argüello en septiembre de 2024 le provocó una neumonía aspirativa que todavía afecta su salud.

La denunciante afirmó que había informado al médico sobre su condición asmática y que nunca fue sometida a una valoración anestésica especializada.

Según su relato, durante el procedimiento comenzó a presentar complicaciones respiratorias. Después desarrolló la neumonía que requirió atención médica prolongada.

Al minuto 22 de partido, Enciso sintió un fuerte dolor en su pierna derecha e hizo ademanes para que lo sustituyeran, motivo por el cual Alfaro mandó a la cancha a Mauricio Magalhaes. A esa altura, los guaraníes estaban 1-0 en ventaja por el tanto de penal de Alejandro Romero Gamarra, mientras que luego estirarían la diferencia a 4-0 producto de los tantos de Miguel Almirón, Matías Galarza Fonda y Alexandro Maidana.

Después del encuentro, el entrenador argentino fue consultado por el estado físico de Enciso y respondió: “Tuvo un doble traumatismo, primero de costado y después en la cintura, que le repercutió en el cuádriceps. Se asustó y salió. Estamos esperando a ver la evolución y qué dicen los estudios. En función de eso, veremos cómo está“.

Lechuga también precisó: ”Cuando recibe el primer impacto, me hace señas Miguel (Almirón) y él y me dice ‘no, está aflojando’. Esos traumatismos y paralíticas que son así. Ahí nos decía que tuvo un golpe en la cintura que le repercutió en la parte del cuádriceps, ahí se asustó y se tiró al piso. Vamos a esperar a ver qué dicen los estudios, ojalá no sea nada importante, que sea producto de un traumatismo y que lo podamos tener y recuperar".

El pueblo paraguayo se movilizó en la noche de viernes y alentó al plantel que afrontará una Copa del Mundo después de 16 años, ya que la Albirroja no se clasificaba a una cita mundialista desde Sudáfrica 2010, cuando pisó los cuartos de final (su mejor actuación de la historia) de la mano de otro DT argentino como Gerardo Tata Martino. En aquel certamen disputado en territorio africano, fue derrota ante la España que terminó siendo campeona del mundo.

Paraguay tendrá la responsabilidad de chocar contra uno de los anfitriones en lo que será su estreno en la Copa del Mundo, el próximo viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Luego de medirse con Estados Unidos, se las verá con Turquía, rival proveniente de la repesca europea, y cerrará su participación contra Australia (estos últimos dos cotejos en el Levi’s Stadium de San Francisco). Vale recordar que a los 16avos de final se clasificarán los dos mejores de cada grupo y, además, lo harán los ocho mejores terceros.

PARAGUAY 4-0 NICARAGUA (RESUMEN)

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) reportó en su Boletín No. 21, correspondiente a la cuarta semana de mayo de 2026, un incremento sostenido en los precios de los productos de la canasta básica alimentaria y del hogar en Nicaragua.

De acuerdo con los datos oficiales, la escalada de precios afecta de manera directa la economía doméstica y limita la capacidad de compra de las familias, especialmente en los sectores más vulnerables. El informe advierte que la tendencia al alza de los alimentos básicos está generando mayores niveles de inseguridad alimentaria en el país.

La comparación con la cuarta semana de mayo de 2025 demuestra que la inflación no da tregua en los rubros más sensibles para la nutrición diaria. Las variaciones porcentuales acumuladas en los últimos doce meses resultan insostenibles para los salarios promedio, reflejando incrementos drásticos en tres frentes críticos:

• Precarización alimentaria por el costo de las proteínas: Las principales fuentes de proteína sufrieron alzas severas. El pollo entero subió un 20.25%, el muslo de pollo un 20.62%, la pechuga un 18.12% y la posta de res un 8.94%. Esto obliga a las familias a reducir las porciones de carne o a eliminarlas por completo, afectando la nutrición infantil.
• Golpe al pilar de la dieta popular: El maíz blanco en grano registró un aumento interanual del 21.71%. Al ser la materia prima indispensable para la elaboración de la tortilla, este incremento impacta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos.
• Lácteos y sustitutos inalcanzables: El huevo y el queso seco, históricamente las alternativas más accesibles, dejaron de serlo. Los huevos sufrieron un alza del 21.41% y el queso seco un 18.30%, limitando las opciones para el desayuno y la cena.

Inestabilidad a corto plazo: Escalada descontrolada en el último mes

Lejos de estabilizarse, los datos que comparan la quinta semana de abril de 2026 con la cuarta semana de mayo de 2026 demuestran una aceleración destructiva de los precios en cuestión de días:

• El colapso del presupuesto mensual: En tan solo un mes, el maíz blanco se disparó un 28.41% y el queso seco aumentó un 14.59%. Estos incrementos repentinos desbaratan cualquier planificación financiera, forzando al endeudamiento inmediato.
• Presión en productos masivos: El arroz de consumo popular (calidad 70/30) subió un 4.15% en el último mes, sumando más presión a un grano que se consume diariamente y en grandes cantidades.

El monitoreo oficial que el comportamiento de los precios en la canasta básica genera una serie de efectos colaterales de profunda gravedad para la sociedad:

• Reducción de la calidad nutricional: Las familias se ven obligadas a sustituir alimentos ricos en proteínas y micronutrientes por carbohidratos más baratos pero menos nutritivos, lo que puede derivar en problemas de malnutrición a mediano plazo.
• Pulverización del salario real: Aunque los salarios nominales se mantengan fijos, su capacidad de compra real cae en picada. El dinero rinde menos cada semana, ensanchando la brecha de la pobreza extrema, ya que un porcentaje cada vez mayor del ingreso se destina exclusivamente a comer, sacrificando salud, educación y servicios básicos.
• Incertidumbre y estrés financiero: La volatilidad extrema a corto plazo (como las subidas de más del 14% y 28% en un mes) elimina cualquier capacidad de ahorro y genera un estado de ansiedad económica constante en los jefes de hogar, quienes carecen de certeza sobre el costo de la comida al día siguiente.

Ante este panorama, el reporte del MIFIC confirma que la inflación alimentaria está actuando como un impuesto regresivo que empobrece activamente a la población y reduce de forma alarmante la seguridad alimentaria de los nicaragüenses.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado contra presos políticos en Nicaragua y advirtió que su vida corre riesgo bajo custodia estatal, en una acusación dirigida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La organización sostuvo, en un comunicado emitido el 4 de junio, que la falta de información sobre el paradero y el estado de salud de los detenidos constituyó una violación directa de las Reglas Nelson Mandela de la ONU.

También cuestionó que el régimen reclamara el 26 de mayo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el fin de las sanciones internacionales invocando el Derecho Internacional, mientras, según la denuncia, mantuvo desaparecidas a personas bajo su control.

El señalamiento se concentró en al menos cuatro casos de desaparición forzada que, según el colectivo, siguieron sin respuesta oficial pese a años de denuncias. Se trató de Víctor Boitano Coleman, de 65 años, con 781 días desaparecido; Steadman Fagoth Muller, de 72, con 624 días; Salvadora Martínez Aburto, de 68, con 290 días; y Carlos Brenes Sánchez, de 71, también con 290 días.

El colectivo pidió mantener e intensificar sanciones

El comunicado afirmó que la actual situación perpetra la desaparición forzada “carece de autoridad moral” y reclamó a la comunidad internacional que mantenga e incluso refuerce las sanciones hasta lograr la liberación total, absoluta y verificada de los más de 46 presos políticos reconocidos, incluidos quienes están bajo arresto domiciliario.

El grupo también exigió garantías reales para el restablecimiento democrático. En esa línea, pidió la liberación inmediata de los familiares detenidos y del resto de los opositores encarcelados, además de información oficial e inmediata sobre su paradero y su estado de salud.

Las familias alertaron por un riesgo de muerte

Las familias de los detenidos advirtieron que temían nuevas muertes entre allegados que son adultos mayores, padecen enfermedades crónicas graves y no tienen acceso a atención médica especializada. El colectivo recordó que en 2025 el régimen entregó sin vida a sus familiares los cuerpos de Mario Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, sin explicación alguna y bajo estricta vigilancia policial, con entierro inmediato.

De igual forma, Nicaragua Nunca Más sostuvo que, desde la captura de los detenidos, el régimen no informó su ubicación, no permitió comunicación alguna y no presentó pruebas sobre su condición física. Añadió que esa práctica sometió a los allegados a una incertidumbre permanente y vulnera estándares internacionales de derechos humanos.

El caso de Jaime Enrique Navarrete Blandón ocupó un lugar aparte en la denuncia. Aunque no estuvo desaparecido, fue arrestado un mes después de su liberación en 2019 y acumuló ocho años en máxima seguridad, una situación que, según el colectivo, representó un grave peligro para su vida.

De igual manera, la organización pidió además acceso médico independiente, incluso a través de la Cruz Roja Internacional, y advirtió que una prueba de vida solo puede considerarse válida si cumple condiciones mínimas verificables. Un video guionado o una fotografía sin contexto médico, sostuvo el comunicado, no pueden considerarse prueba de vida.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, anunció esta semana el nombramiento del diplomático belga Charles-Michel Geurts como nuevo embajador del bloque comunitario en Nicaragua, en reemplazo de Fernando Ponz Cantó.

El nombramiento se produce dentro de una rotación diplomática que incluye la designación de 33 embajadores y siete jefes adjuntos de delegación en distintas regiones, según informó el medio Artículo 66.

La designación de Charles-Michel Geurts ocurre en un contexto de tensiones sostenidas entre la Unión Europea y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, marcado por el deterioro de las libertades públicas y la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

De acuerdo con Artículo 66, la gestión de Ponz Cantó, quien representó a Bruselas en Managua durante los últimos años, estuvo atravesada por uno de los períodos más conflictivos en la relación bilateral, debido a la postura crítica de la UE frente a las políticas del Gobierno nicaragüense.

La oficialización del cargo de Geurts como jefe de la delegación europea en Nicaragua quedará sujeta a la aprobación diplomática del Gobierno local y al cumplimiento de los procedimientos administrativos internos de la Unión Europea, conforme detalló el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Actualmente, Geurts se desempeña como jefe de la División de Carrera, Aprendizaje y Desarrollo de la Academia Diplomática de la UE.

Una carrera europea ligada a derechos humanos y diálogo internacional

Charles-Michel Geurts cuenta con más de tres décadas de trayectoria dentro de instituciones europeas, centrando gran parte de su labor en temas de derechos humanos, relaciones multilaterales y cooperación internacional.

Abogado de formación, inició su carrera en la Comisión Europea en 1991, donde ocupó cargos vinculados a asuntos institucionales y regulación. Entre 1999 y 2004 trabajó en la Delegación de la Comisión Europea en Hungría, integrando el proceso de adhesión de ese país al bloque comunitario.

Posteriormente, Geurts fue primer consejero ante la misión europea en Naciones Unidas, en Nueva York, con responsabilidades en temas de paz y seguridad. Entre 2008 y 2013 asumió funciones directivas en derechos humanos dentro de la Comisión Europea y el propio SEAE, coordinando diálogos bilaterales y relaciones con organizaciones de la sociedad civil.

Según el perfil publicado por el College of Europe, Geurts también fue jefe adjunto de la Delegación de la UE en Indonesia y Brunéi, y entre 2020 y 2024 ejerció como embajador del bloque europeo en Ecuador.

En su rol actual, lidera la División de Carrera, Aprendizaje y Desarrollo de la Academia Diplomática de la UE, donde promueve la formación y capacitación del servicio exterior europeo. Su hoja de vida refleja experiencia en la gestión de crisis, negociación política y defensa del multilateralismo.

Tensiones y sanciones: el contexto del relevo diplomático

La llegada de Geurts a Managua se produce en un clima de constantes fricciones entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Unión Europea. Las relaciones se han visto afectadas por la imposición de sanciones europeas a funcionarios e instituciones nicaragüenses, así como por la extensión de medidas restrictivas hasta octubre de 2026 contra 21 personas y tres entidades vinculadas al Ejecutivo, según relata Artículo 66.

La UE ha reiterado su llamado a que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, ha exigido la liberación de presos políticos y ha solicitado el regreso de organismos internacionales de derechos humanos al país. Más recientemente, Bruselas expresó su preocupación por el fallecimiento del líder indígena miskito Brooklyn Rivera bajo custodia estatal, pidiendo una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias de su muerte.

El régimen de Ortega y Murillo ha respondido a las exigencias europeas con acusaciones, tachando al bloque comunitario de “salvaje, bárbara y genocida” en respuesta a los pronunciamientos sobre la situación de los derechos humanos, según cita Artículo 66. El futuro inmediato de la representación europea en Managua dependerá de la evolución de este escenario diplomático, así como de la disposición de las autoridades nicaragüenses para otorgar el beneplácito requerido.

Las relaciones entre Nicaragua y Rusia se profundizaron esta semana con la visita de una delegación nicaragüense al Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

El grupo, encabezado por Laureano Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, firmó varios acuerdos estratégicos en áreas que van desde la cooperación tecnológica y militar hasta el intercambio de medios de comunicación.

En el contexto del foro, la representación nicaragüense sostuvo reuniones con autoridades de regiones separatistas como Abjasia y Osetia del Sur, así como con la directora de la Agencia Federal Médico Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova.

Estos encuentros permitieron revisar el estado de la colaboración bilateral en campos tan diversos como la salud, la educación, la economía y el sector espacial, según informaron voceros oficiales desde Managua.

Uno de los hechos más relevantes ha sido la firma de acuerdos de cooperación con medios de comunicación de Lugansk, Jerson, Donetsk y Zaporizhia, cuatro regiones ucranianas bajo ocupación rusa.

Además, se estableció un plan de acción integral entre la Unión Económica Eurasiática y Nicaragua para el periodo 2026-2029, así como un convenio de actividades con la ciudad de Sebastopol, ubicada en Crimea.

La vicepresidenta Murillo expresó que Nicaragua respalda “todas las iniciativas y luchas” de la Federación de Rusia, refiriéndose a la búsqueda de “un mundo libre de odio, libre de esos crímenes de odio, crímenes de lesa humanidad, un mundo que vaya más allá de su fascismo que nos quieren imponer”.

Esta postura refuerza la alianza política entre los dos países, que se remonta a la época del primer gobierno sandinista, cuando la Unión Soviética suministró armamento a Nicaragua.

Acuerdos y agenda de la delegación nicaragüense en Rusia

La delegación nicaragüense también ha firmado convenios enfocados en la cooperación diplomática, legislativa, comercial y financiera, así como en el sector farmacéutico y el deporte.

A estos encuentros asistieron figuras clave del gabinete, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Erwin Ramírez, el titular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, y el director del Instituto Nicaragüense de Deportes, Daniel Sequeira.

La presencia de los hijos del dictador Ortega al frente de la delegación subraya la importancia que el gobierno otorga a las relaciones con Rusia y a la consolidación de acuerdos internacionales en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas.

El propio Daniel Ortega, quien ha gobernado Nicaragua desde 2007 y es considerado el principal aliado centroamericano de Vladimir Putin, ha mantenido una estrategia de acercamiento constante con Moscú. Esta relación histórica se afianzó durante los años del primer mandato sandinista, cuando la Unión Soviética fue un socio militar y político crucial para Managua.

Impacto y proyecciones de la relación Nicaragua-Rusia

Durante el foro, los representantes nicaragüenses resaltaron el interés mutuo por mantener y ampliar la cooperación en múltiples áreas, con énfasis en la tecnología, la medicina y la educación.

Esta iniciativa busca fortalecer la posición del régimen de Nicaragua en el escenario internacional y diversificar sus alianzas estratégicas más allá del continente americano.

En resumen, la participación de la delegación nicaragüense en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo ha dado lugar a la firma de nuevos acuerdos de cooperación con Rusia y con territorios alineados a Moscú, reafirmando la alianza que ambos países sostienen desde hace décadas.

La agenda abarca desde la salud hasta la cooperación técnico-militar, pasando por la educación y los medios de comunicación, lo que anticipa una relación aún más estrecha para los próximos años.

La reciente aparición de Itzae (regalo de Dios en maya), la única puma albina documentada en el mundo, ha reavivado la preocupación en Nicaragua. Fotografías difundidas en redes sociales muestran a la felina con una apariencia más delgada, lo que ha generado una ola de comentarios sobre su estado de salud y el entorno en que vive.

Las imágenes de la puma en el Zoológico Thomas Belt desataron un debate nacional. Mientras algunos usuarios expresaron inquietud por su aspecto físico, otros defendieron la labor del zoológico, remarcando la complejidad de atender a un ejemplar de estas características. La institución respondió asegurando que Itzae recibe atención veterinaria especializada y que su salud está bajo control.

De acuerdo con la administración del zoológico, la dieta de Itzae es diseñada por personal técnico y científico, considerando las particularidades de su especie.

La alimentación incluye suplementos y medicamentos procedentes de laboratorios especializados, bajo la supervisión de un equipo capacitado. Según el comunicado: “La gordura no es sinónimo de salud en el reino animal”, en referencia a las críticas sobre el peso del animal.

La controversia no solo gira en torno a la condición física de Itzae, sino también a si debería permanecer en cautiverio o ser trasladada a instalaciones más amplias.

El zoológico argumenta que, al haber nacido y crecido en cautiverio, la liberación de la puma albina supondría riesgos graves para su supervivencia. Especialistas en conservación coinciden en que los animales criados bajo cuidado humano suelen enfrentar serias dificultades para adaptarse al entorno silvestre.

Ante el aumento del escrutinio público y las dudas sobre su bienestar, el Zoológico Thomas Belt anunció el inicio de un proyecto para ampliar y remodelar el recinto de Itzae, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

La administración destacó que la inversión será significativa y responde a su compromiso con la conservación y el bienestar animal.

La pregunta sobre si Itzae está en peligro ha surgido con fuerza en los últimos días. Los responsables del zoológico aseguran que la felina permanece bajo vigilancia constante, con controles veterinarios y una dieta adaptada a sus necesidades. Destacan que su estado de salud es adecuado, aunque reconocen la sensibilidad pública frente a cualquier cambio en su apariencia.

El caso de Itzae ha trascendido el interés por su salud inmediata y se ha convertido en un símbolo para la discusión sobre el bienestar animal y la conservación de especies raras.

Para muchos nicaragüenses, la puma albina representa no solo un atractivo turístico, sino también un desafío a la responsabilidad colectiva de proteger animales excepcionales y repensar el papel de los zoológicos modernos.

Mientras la polémica continúa, la historia de Itzae mantiene en vilo a la opinión pública.

El animal, que nació en julio de 2023, ha puesto a Nicaragua en el centro de la conversación internacional sobre conservación, despertando admiración, inquietud y un renovado interés por conocer el futuro de esta felina única.

La llegada de Itzae al mundo fue un acontecimiento inusual: nació en una camada de tres crías, pero solo ella presentó albinismo, mientras que sus hermanas Itzel e Itziar exhiben el pelaje típico de la especie.

Esta condición genética no solo la distingue visualmente, sino que ha determinado el tipo de cuidados que necesita desde sus primeros días.

El aspecto de la puma albina resulta inconfundible. Presenta pelaje completamente blanco, junto con nariz y orejas rosadas, además de unos ojos azules que llaman la atención de expertos y visitantes. Estas características, producto de la ausencia de melanina, la hacen particularmente vulnerable a factores ambientales.

La sensibilidad extrema a la luz solar es uno de los mayores desafíos para su bienestar. Por la falta de melanina, Itzae requiere un régimen de cuidados veterinarios especializados, incluyendo protección ante la exposición solar y controles frecuentes para prevenir afecciones asociadas a su condición. Esta atención diferenciada es fundamental para preservar su salud y calidad de vida dentro del zoológico.

Estados Unidos endurece su postura frente a Nicaragua y otros países tras anunciar nuevos aranceles y sanciones comerciales contra las exportaciones nicaragüenses. La medida, impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la agencia comercial de la Casa Blanca (USTR), se produce por denuncias de trabajo forzoso y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, según la USTR.

Según informó el diario nicaragüense La Prensa, la USTR incluyó a Nicaragua en una lista de 60 países que podrían enfrentar un arancel adicional de entre 10% y 12.5% sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos. Esta decisión surge poco antes de que venza el actual arancel de 10% que la administración de Donald Trump impuso a varias economías, incluida Nicaragua, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El anuncio oficial advierte que, además de la subida arancelaria, se evalúa la prohibición de ingreso para productos que no cumplan exigencias en materia de trabajo forzoso.

La USTR fundamenta la inclusión de Nicaragua en la lista al concluir que el país “no ha impuesto ni hecho cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso”, según el comunicado recogido por La Prensa. El informe señala que esta omisión representa una carga para el comercio estadounidense, al generar condiciones desiguales de competencia para los trabajadores locales.

El embajador estadounidense Jamieson Greer expresó que “es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso”. Se trata de una situación que obliga a los trabajadores de Estados Unidos a competir en el mercado global bajo condiciones que calificó de desiguales.

A qué países alcanza la medida

La medida afecta a Nicaragua y también a todos los países de Centroamérica, así como a países como Reino Unido, Canadá, los miembros de la Unión Europea y Nueva Zelanda. Para aquellas economías que han implementado restricciones efectivas contra el trabajo forzoso, Estados Unidos aplicará un arancel adicional del 10%. Para el resto, el porcentaje sube a 12.5%.

La Prensa detalló que para Nicaragua ya pesaba una sanción previa, impuesta desde diciembre pasado por la misma oficina estadounidense. Desde el 1 de enero de 2026, los productos nicaragüenses que no reciben beneficios del tratado DR-CAFTA comenzaron a pagar un arancel, el cual aumentará progresivamente durante los próximos años. El documento oficial prevé que el gravamen se fije en 0% el 1 de enero de 2026, suba al 10% el 1 de enero de 2027 y alcance el 15% el 1 de enero de 2028.

El reporte de la USTR destaca que estas acciones responden a “los actos, políticas y prácticas de la dictadura de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho” bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las autoridades estadounidenses argumentan que la falta de avances en la erradicación del trabajo forzoso justifica la imposición de nuevos aranceles y restricciones.

El representante comercial estadounidense también propuso un mecanismo para permitir la entrada a Estados Unidos de determinados volúmenes de importaciones de prendas de vestir y textiles procedentes de ciertas economías bajo una tasa arancelaria reducida, siempre que cumplan con los estándares laborales exigidos.

La posición de la Casa Blanca

Además de la presión arancelaria, la Casa Blanca insta a sus socios comerciales a adoptar medidas que prevengan la importación y comercialización de productos fabricados bajo condiciones de explotación. “Ya no toleraremos esta desigualdad. Cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni perpetúe el trabajo forzoso a nivel mundial”, declaró un portavoz del gobierno estadounidense, citado por La Prensa.

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) de Nicaragua atribuyó el incremento de las facturas eléctricas en Nicaragua a las elevadas temperaturas de las últimas semanas, argumentando que el calor extremo ha impulsado un mayor consumo energético. Esta explicación oficial, difundida a través de un comunicado divulgado este 4 de junio, ha generado una ola de inconformidad entre usuarios residenciales, quienes informan cobros que consideran excesivos y que, en muchos casos, duplican o triplican los valores habituales.

Según reportó 100% Noticias, canal de televisión nicaragüense, Enatrel informó que en mayo el Sistema Eléctrico Regional alcanzó una demanda máxima histórica de 10,362 megavatios (MW), mientras que Nicaragua registró un pico nacional de 940 MW. De acuerdo con la empresa estatal, el fenómeno estaría directamente relacionado con las olas de calor que se han manifestado en distintas zonas del país, especialmente en municipios del Pacífico donde las temperaturas superaron los 41 grados centígrados (105.8 °F). Este escenario, según la compañía, habría provocado un aumento en el uso de aires acondicionados, ventiladores y equipos de refrigeración.

Las quejas de los usuarios por las facturas

Ciudadanos han manifestado su descontento en redes sociales y encuestas digitales, señalando que los incrementos en sus recibos de luz no se corresponden con cambios en sus hábitos de consumo. “Somos el país centroamericano con el recibo de luz más alto. Pagando USD 60, USD 80 y hasta USD 100 solo en luz. Y si reclamas, lo único que hacen es darte plazos para pagar el recibo”, expresó Reyna Oyc en declaraciones recogidas por 100% Noticias. Otros usuarios calificaron el alza como un “robo” y cuestionaron la transparencia de los cobros realizados por las distribuidoras Disnorte y Dissur.

Algunos testimonios incluyen casos donde el monto de la factura se ha multiplicado en cuestión de meses. Walter Pauth, uno de los usuarios consultados, aseguró: “En mi casa pagábamos 630 y de un mes a otro subió a 1200 y este mes salió de 2000”. Situaciones similares se repiten en diferentes regiones. “Antes el recibo me llegaba de 600 lo más 800, ahora me llega de 1800 hasta de 2600”, relató otra usuaria.

La explicación técnica del aumento del consumo

En la defensa técnica, algunos usuarios y trabajadores del sector eléctrico han explicado que durante las olas de calor los aparatos de climatización funcionan a máxima capacidad, lo que incrementa el consumo real. Además, el sistema tarifario por bloques vigente en Nicaragua hace que el precio del kilovatio se eleve proporcionalmente cuando se superan ciertos umbrales de consumo. “Un abanico puede llegar a consumir hasta el 30% o 40% del consumo total de una casa que ronda los 150 kilovatios por mes. Además, el precio del kilovatio aumenta por bloques de consumo”, explicó Javier Dolmus en la misma publicación.

No obstante, existe una percepción de que estos argumentos no justifican los aumentos reportados. “Ni en diciembre sale tan alta la luz como ahora”, comentó Yosmari Bailey. Por su parte, Neyben Uriarte cuestionó que solo cuenta con dos ventiladores y que su uso nocturno no debería haber disparado la factura. El descontento se extiende a los procesos de reclamo, con usuarios que aseguran que las quejas no son resueltas de forma satisfactoria por las empresas distribuidoras.

El fallecimiento reciente del líder indígena Brooklyn Rivera bajo custodia del Estado ha reavivado las denuncias sobre una serie de muertes de presos políticos en Nicaragua, atribuibles a un patrón sistemático de represión y negligencia por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según reportes de Artículo 66 y la agencia EFE, familiares y organizaciones de derechos humanos identifican al menos ocho casos de opositores que perdieron la vida tras permanecer detenidos en condiciones consideradas ilegales y degradantes.

Expertos advierten que estas muertes, lejos de ser incidentes aislados, evidencian la persistencia de políticas estatales que atentan contra la vida y la integridad de los prisioneros.

El caso de Brooklyn Rivera, líder misquito de 73 años y referente histórico de la defensa de los derechos indígenas, se convirtió en el más reciente decesos bajo custodia estatal.

El régimen mantuvo a Rivera en privación de libertad, con acceso limitado a atención médica y sin contacto regular con su comunidad. Tras su muerte, sus restos fueron enterrados de forma inmediata y sin los rituales ancestrales que había solicitado, según informaron medios nicaragüenses y la agencia EFE.

Rivera se suma así a una lista de víctimas que incluye a dirigentes políticos, activistas y exfuncionarios, todos fallecidos en circunstancias que organizaciones de derechos humanos califican como crimen de lesa humanidad.

De acuerdo con Artículo 66, los antecedentes de muertes bajo custodia estatal en Nicaragua se extienden al menos desde 2019, cuando el preso político Eddy Montes, de 57 años, murió por un disparo de fusil AK-47 durante una confrontación en el penal. La impunidad persiste en ese caso, sin investigaciones independientes ni sanciones para los responsables.

En febrero de 2023, el general en retiro Hugo Torres, de 73 años, falleció tras pasar meses en prisión con atención médica insuficiente. La versión oficial atribuyó el deceso a causas naturales, omitiendo los antecedentes de deterioro por las condiciones de detención.

En agosto de 2025, el opositor Mauricio Alonso y el doctor Carlos Cárdenas Zepeda murieron poco después de ser detenidos. Ambos casos siguieron un patrón similar: la entrega inmediata de los cuerpos a las familias con la instrucción expresa de no realizar preguntas, mientras se aceleraban los sepelios lejos de la exposición pública. L

Otro caso emblemático es el de Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente y exjefe del ejército. Ortega Saavedra, de 77 años, fue detenido en mayo de 2024 tras emitir declaraciones críticas al régimen y falleció bajo vigilancia estatal en septiembre del mismo año.

Organizaciones y familias reclaman la liberación de presos políticos

A raíz de estos hechos, diferentes organizaciones humanitarias y agrupaciones de la sociedad civil han intensificado sus llamados a la comunidad internacional para exigir la liberación inmediata de quienes permanecen en cárceles nicaragüenses por motivos políticos.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo secretario ejecutivo Álvaro Leiva Sánchez permanece exiliado y desnacionalizado, sostiene que estas muertes configuran un quiebre irreversible del pacto fundamental entre el Estado y la población. Leiva Sánchez declaró en entrevista con Artículo 66: “Ocho muertes bajo custodia del Estado no son estadística. Son la evidencia más cruda de que en Nicaragua se ha roto el pacto fundamental entre un Estado y su población”.

El régimen que encabezan Ortega y Murillo ha respondido con secretismo, negando acceso a la información sobre la salud y paradero de los reos políticos y evitando la apertura de investigaciones independientes.

Panamá deportó o expulsó a 367 extranjeros entre enero y abril de 2026, según cifras preliminares del Servicio Nacional de Migración actualizadas al 30 de abril.

Del total, 194 correspondieron a deportaciones y 173 a expulsiones, en medio de los controles migratorios aplicados por las autoridades por ingreso irregular, delitos relacionados con drogas, antecedentes penales, estadías vencidas y otros incumplimientos a la normativa migratoria.

El reporte oficial muestra que las deportaciones representaron el 53% de los casos registrados durante los primeros cuatro meses del año, mientras que las expulsiones concentraron el 47%. Enero fue el mes con mayor número de procedimientos, con 172 casos, seguido de abril con 83, marzo con 59 y febrero con 53.

La principal causal fue ingresar al país en forma irregular, con 187 casos. Le siguieron los delitos contra la seguridad colectiva por tráfico o posesión de drogas, con 109 casos, y los antecedentes penales, con 42.

El informe también registra 12 procedimientos por estadía vencida, nueve por personas que habían sido deportadas e ingresaron nuevamente al país, siete por tráfico ilícito de migrantes y un caso agrupado en otras causales.

La composición por sexo muestra una amplia mayoría de hombres entre las personas removidas del territorio panameño. De los 367 casos reportados entre enero y abril, 304 correspondieron a hombres y 63 a mujeres. En términos porcentuales, los hombres representaron el 83% del total, frente al 17% de mujeres.

Por nacionalidad, Colombia encabezó la lista con 199 ciudadanos deportados o expulsados en los primeros cuatro meses del año. Le siguieron Nicaragua, con 73 casos; Venezuela, con 26; Ecuador, con 14; México, con siete; y China, Bangladesh y El Salvador, con seis cada uno. República Dominicana registró cinco casos, Ghana tres y otros países sumaron 22.

Recientemente, el Servicio Nacional de Migración informó este martes la salida del país de dos ciudadanos señalados por su presunta integración o vinculación con la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

Ambos permanecían bajo custodia migratoria y fueron enviados a Venezuela en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras completarse los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

El Tren de Aragua es una estructura criminal surgida en Venezuela y considerada por distintos gobiernos de la región como una organización transnacional. Sus integrantes han sido vinculados con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual, narcotráfico y lavado de dinero.

Su expansión por América Latina ha llevado a varios países a reforzar controles migratorios y operativos de seguridad contra personas señaladas por presuntos nexos con esa red.

Al comparar los primeros cuatro meses de 2026 con el mismo período de 2025, las cifras muestran una reducción en el total de deportaciones y expulsiones. Entre enero y abril del año pasado se registraron 412 procedimientos migratorios, frente a los 367 contabilizados este año, una disminución de 45 casos, equivalente a 11%.

Sin embargo, el comportamiento por tipo de medida fue distinto. Las deportaciones bajaron de 304 en los primeros cuatro meses de 2025 a 194 en igual período de 2026. En cambio, las expulsiones aumentaron de 108 a 173 casos, lo que representa un incremento de 60%.

Este cambio sugiere una mayor participación de medidas aplicadas por razones asociadas a seguridad, antecedentes o causales más graves frente a las deportaciones ordinarias.

El informe anual de 2025 registró 1,133 deportaciones y expulsiones en Panamá. De ese total, 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones. En ese año, las deportaciones representaron el 80% de los casos y las expulsiones el 20%, una distribución distinta a la observada en los primeros cuatro meses de 2026, cuando las expulsiones ya representan casi la mitad del total.

Durante todo 2025, el ingreso irregular al país fue la principal causal de deportación, con 857 casos. En las expulsiones, las causales incluyeron antecedentes penales, tráfico internacional de drogas, delitos contra la seguridad colectiva, cumplimiento de pena dolosa, delitos sexuales, robo agravado, posesión de armas, blanqueo de capitales, alerta de Interpol y un caso identificado como antecedente de terrorismo, según el informe oficial.

El acelerado crecimiento urbanístico que transforma el horizonte del Downtown de Miami se ha visto empañado por una nueva tragedia laboral que costó la vida de una joven profesional centroamericana.

María Fernanda González García, una ingeniera nicaragüense de 25 años y originaria de Tonalá, en el departamento de Chinandega, falleció debido a las graves lesiones sufridas tras un catastrófico desprendimiento estructural en el proyecto de lujo donde prestaba sus servicios.

El mortal accidente ocurrió en un complejo inmobiliario de alta gama en construcción, ubicado en la intersección de North Miami Avenue y la calle 6. Según la información preliminar de las autoridades policiales y los cuerpos de rescate, el siniestro se desencadenó cuando una columna estructural pesada, que estaba siendo instalada en uno de los niveles superiores del rascacielos, colapsó inesperadamente.

La estructura de gran tonelaje se desplomó hacia las plantas inferiores, impactando y dejando atrapados a los obreros que realizaban labores directamente debajo de la zona de izaje. Los equipos de emergencia acudieron con rapidez al emplazamiento de la obra para ejecutar las maniobras de rescate. Del sitio lograron extraer a dos personas con heridas críticas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital.

Desafortunadamente, los esfuerzos médicos resultaron insuficientes para salvar a la joven chinandegana, quien falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a los severos traumas causados por el impacto. El segundo obrero afectado sobrevivió al colapso inicial, pero permanece hospitalizado y enfrenta un largo y difícil proceso de recuperación física.

Una joven profesional víctima del peligro laboral

A diferencia del perfil habitual de las víctimas de accidentes en la construcción —comúnmente asociados a mano de obra no calificada, María Fernanda González García se desempeñaba como ingeniera. Contaba con una sólida experiencia técnica enfocada en la calidad industrial y el desarrollo de proveedores para proyectos de manufactura y construcción.

Su fallecimiento ha causado un profundo impacto tanto en su comunidad de origen en Nicaragua como en el gremio de trabajadores del sur de Florida, reavivando el debate sobre los riesgos laborales.

Las autoridades competentes y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los fallos técnicos o humanos que provocaron la caída de la estructura. El objetivo es determinar las causas del colapso y deslindar las responsabilidades legales entre las empresas contratistas y subcontratistas involucradas en la obra. Fuentes oficiales han advertido que el peritaje técnico y la recolección de pruebas es un proceso riguroso que podría tardar hasta seis meses en completarse.

Esta tragedia vuelve a poner el foco sobre una problemática estructural en el estado de Florida. Las estadísticas demuestran con frialdad la peligrosidad que corren quienes operan en este rubro. Durante el año 2023, Florida registró un total de 306 muertes laborales, de las cuales 92 ocurrieron en la edificación, consolidándose como la industria más letal de la región.

De estos fallecimientos, 43 fueron causados por caídas en alturas, un riesgo latente impulsado por el actual ‘boom’ inmobiliario que mantiene las grúas operando a marchas forzadas y bajo plazos de entrega muy apretados. Abogados laborales señalan que la enorme presión económica sobre los contratistas para evitar la paralización de las obras los lleva a descuidar las inspecciones de seguridad.

Los datos de la OSHA indican que la construcción concentra una de cada cinco muertes laborales en los Estados Unidos, siendo las caídas responsables del 36.5% de estos fallecimientos. El peso de esta letalidad recae de forma desproporcionada sobre la comunidad hispana, que constituye la columna vertebral del desarrollo urbano estadounidense. De los 1,229 trabajadores hispanos que perdieron la vida en accidentes laborales en el país, el 68.5% correspondía a hispanos.

La decisión de excluir a Nicaragua del renovado esquema de seguridad regional promovido por Estados Unidos ha intensificado el aislamiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respecto a sus vecinos centroamericanos.

De acuerdo a una nota publicada en el periódico 100% Noticias, el nuevo “Escudo de las Américas” busca reforzar la cooperación contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular, pero Managua quedó fuera del pacto.

Esta exclusión se produce mientras países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Belice y República Dominicana mantienen o amplían sus lazos de seguridad con Washington.

Todos los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fueron invitados a participar en la iniciativa, excepto Nicaragua.

La pregunta sobre por qué Nicaragua fue marginada encuentra respuesta en la naturaleza de sus vínculos políticos y estratégicos con Rusia y China, considerados rivales geopolíticos de Estados Unidos.

Para la administración estadounidense, estos nexos resultan incompatibles con la nueva etapa de cooperación hemisférica que exige compromisos claros en materia de seguridad.

Cooperación militar y acuerdos en Centroamérica

Honduras ocupa un lugar singular en la región al conservar la única base con presencia militar permanente de Estados Unidos en Centroamérica.

Al menos 400 militares estadounidenses forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo en la Base Aérea Soto Cano, operando junto a personal civil y colaborando en tareas que van desde la lucha contra el crimen organizado transnacional hasta la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres.

En Panamá, los acuerdos bilaterales han sido reforzados para proteger el Canal interoceánico y combatir el tráfico de drogas. La presencia temporal y rotativa de fuerzas estadounidenses en instalaciones panameñas ha suscitado debates en el ámbito político, dados los antecedentes históricos de la presencia militar extranjera en ese país.

Estados Unidos mantiene además convenios de seguridad con Costa Rica —mediante operaciones conjuntas de sus servicios de Guardacostas en el Pacífico y el Caribe—, y con El Salvador, donde opera un centro de monitoreo enfocado en el combate al tráfico de drogas. República Dominicana, por su parte, participa en operaciones conjuntas contra organizaciones criminales transnacionales.

Aislamiento y relaciones limitadas de Nicaragua

Nicaragua, en contraste, mantiene una relación distante con Washington en materia de seguridad. Aunque la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— aprueba periódicamente el ingreso de personal militar estadounidense para misiones humanitarias o de emergencia, no existe una cooperación estructurada semejante a la de otros países de la región.

La exclusión del “Escudo de las Américas” no solo confirma el deterioro de las relaciones bilaterales entre Managua y Washington, sino también la creciente distancia del régimen Ortega-Murillo respecto a los mecanismos regionales liderados por Estados Unidos. La nueva estrategia estadounidense privilegia a aquellos gobiernos dispuestos a fortalecer el control fronterizo, coordinar acciones regionales en materia de seguridad y asumir compromisos más estrictos en temas migratorios.

La decisión de dejar a Nicaragua fuera del esquema regional responde directamente a su alineamiento con potencias rivales y refleja el costo diplomático de mantener alianzas ajenas a los intereses de seguridad hemisférica de Estados Unidos.

De este modo, el país centroamericano se enfrenta a un escenario de aislamiento en una región que, en su mayoría, opta por estrechar la cooperación con Washington.

Costa Rica implementará una categoría migratoria especial para regularizar a miles de migrantes con solicitudes de refugio pendientes, medida que beneficiará a personas originarias de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia. Según informó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la nueva disposición tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá ser prorrogada, en función de las necesidades y circunstancias de quienes accedan a este proceso.

La DGME explicó, a través de un comunicado recogido por la agencia de noticias EFE, que la decisión responde a las condiciones políticas, sociales y económicas que atraviesan los países de origen de los migrantes beneficiados. El organismo remarcó que esta alternativa busca ofrecer protección a quienes han quedado en un limbo jurídico, tras haber presentado su solicitud de refugio entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026 sin recibir resolución o tras haber recibido una respuesta negativa. La regularización permitirá a los migrantes acceder a derechos y al mercado laboral formal en Costa Rica.

De acuerdo con la información difundida por la DGME, las personas interesadas en acogerse a esta medida deberán haber residido de manera continua en Costa Rica desde la fecha en que presentaron su solicitud de refugio y hasta el momento en que soliciten la nueva categoría especial. El organismo anunció que en los próximos días se darán a conocer los requisitos y el procedimiento detallado para optar por este beneficio. Entre los criterios establecidos, se exige que las personas no cumplan las condiciones para acceder a otras categorías migratorias ya previstas en la legislación ordinaria.

Además, la DGME subrayó que todas las personas que participen en este proceso deberán someterse a controles biométricos, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional. Según datos oficiales, Costa Rica ha recibido en los últimos años más solicitudes de refugio, especialmente de ciudadanos nicaragüenses, a raíz de la crisis sociopolítica desatada en ese país centroamericano desde 2018. EFE detalló que la acumulación de expedientes y la prolongada espera para obtener una resolución han creado situaciones de vulnerabilidad para miles de migrantes.

La DGME recordó que Costa Rica ya había implementado una medida similar en 2020, dirigida en ese momento a solicitantes nicaragüenses, venezolanos y cubanos que habían presentado sus trámites entre 2016 y 2020 y cuyos casos seguían pendientes. Además, en 2025, el país otorgó una categoría especial a 200 migrantes de distintas nacionalidades devueltos por Estados Unidos, según reportó EFE.

Los antecedentes y el marco regional

En su comunicado, la DGME destacó el compromiso de Costa Rica con los marcos internacionales de protección y cooperación internacional en materia migratoria. El país suscribió en 2018 el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, instrumentos que promueven soluciones para las personas en situación de desplazamiento.

“Una solución sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional”, señaló la entidad en su mensaje, citado por EFE.

La puesta en marcha de esta categoría especial ocurre en el contexto de las oleadas migratorias que han atravesado el continente en los últimos años. El flujo constante de personas provenientes de Nicaragua, Colombia, Cuba y Venezuela ha superado la capacidad de respuesta de varios países de la región, obligando a la adopción de mecanismos para garantizar una gestión migratoria segura y humanitaria. Muchos nicaragüenses se han exiliado en Costa Rica debido a la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Organizaciones internacionales han reconocido los esfuerzos de Costa Rica en la protección de los derechos de personas migrantes y refugiadas. Según la DGME, el país seguirá impulsando acciones regionales y globales para consolidar una migración ordenada y para fortalecer la cooperación internacional, en línea con los compromisos asumidos por el Estado costarricense.

La autoridad migratoria reiteró que en breve se publicarán más detalles sobre los pasos que deberán seguir los solicitantes para acceder a la regularización, así como los documentos y condiciones específicos que se exigirán en el proceso.

En un enérgico y desgarrador pronunciamiento emitido este 3 de junio de 2026, familiares de personas desaparecidas y presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo alzaron la voz para denunciar una política sistemática de incomunicación y abandono deliberado.

El comunicado, respaldado por la Alianza Universitaria Nicaragüense, pone como ejemplo el caso de Brooklyn Rivera, quien permaneció desaparecido casi tres años hasta su reciente muerte en condiciones que las familias describen como resultado de una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado.

A través de un manifiesto público difundido en redes sociales, los firmantes expresaron que la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino el resultado predecible de un patrón estatal que vulnera de manera flagrante el derecho internacional.

Al igual que ocurrió con el líder misquito, los parientes de múltiples prisioneros señalaron que, desde el momento de sus respectivas detenciones, el Estado nicaragüense ha mantenido un hermetismo absoluto sobre sus paraderos y estados de salud.

Por lo que, la denuncia expone que el temor de los familiares está fuertemente fundamentado en hechos recientes. Durante el año 2025, el régimen de Ortega-Murillo entregó los cuerpos sin vida de los presos políticos Mario Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda a sus allegados, sin ofrecer ningún tipo de explicación médica ni legal sobre las causas de sus muertes.

De acuerdo con el comunicado, en ambos casos las familias fueron forzadas a realizar los sepelios de forma inmediata y bajo una estricta vigilancia policial, lo que impidió la realización de auditorías médicas independientes y sepulturas dignas.

Alerta roja por la vida de cinco prisioneros

La urgencia del comunicado radica en el inminente peligro que corren actualmente otros detenidos, varios de ellos adultos mayores que padecen enfermedades crónicas graves y carecen de acceso a atención médica especializada. Los familiares individualizaron cinco casos críticos cuyos días en desaparición forzada o cautiverio prolongado representan un riesgo de fatalidad continuo:

• Víctor Boitano Coleman: 65 años de edad y 781 días desaparecido.
• Steadman Fagoth Muller: 72 años de edad y 624 días desaparecido.
• Salvadora Martínez Aburto: 68 años de edad y 290 días desaparecida.
• Carlos Brenes Sanchez: 71 años de edad y 290 días desaparecido.
• Jaime Enrique Navarrete Blandon: Quien, a pesar de no estar desaparecido, enfrenta una situación de extrema gravedad tras ser arrestado un mes después de su liberación en 2019, sumando 8 años de un cruel y prolongado cautiverio bajo régimen de máxima seguridad.

Los denunciantes enfatizaron que mantener a los prisioneros sin comunicación alguna ni evidencias verificables de su estado de salud constituye una violación directa de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas internacionalmente como las Reglas Nelson Mandela. Ante lo que califican como una “violencia institucionalizada”, los familiares exigen respuestas inmediatas.

Por lo que, las demandas centrales dirigidas al régimen de Nicaragua se resumen en tres puntos fundamentales:

1. La liberación inmediata de sus familiares y de los más de 46 presos políticos verificables.
2. Información oficial e inmediata sobre sus paraderos y condiciones de salud.
3. Acceso médico independiente para los reclusos, sugiriendo la intervención de organismos como la Cruz Roja Internacional.

Asimismo, advirtieron que no aceptarán supuestas “pruebas de vida” manipuladas. El pronunciamiento también saca a la luz lo que consideran una profunda hipocresía diplomática por parte de la administración de Ortega-Murillo. Se denuncia que el pasado 26 de mayo, la delegación nicaragüense exigió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el fin de las sanciones internacionales invocando el “Derecho Internacional”.

Para los firmantes, un Estado que perpetra de manera continua la desaparición forzada dentro de sus fronteras carece por completo de autoridad moral. Por este motivo, hicieron un llamado enérgico a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para mantener e intensificar las sanciones económicas y políticas contra el Gobierno de Nicaragua.

Luis Enrique volvió a la salsa con "El alma en clave“, su primer disco completo del género en 13 años, un proyecto que el cantante nicaragüense presenta como un punto de inflexión en una carrera de 38 años y como el regreso a la raíz que, según dijo a Rolling Stone en Español, su propia búsqueda artística le exigía.

Ese regreso llega después de más de una década en la que, según dijo el artista a Rolling Stone en Español, se había quedado publicando sencillos porque no encontraba “un concepto que pudiera sostener un disco”. El artista explicó al medio que, luego de 13 años sin grabar un álbum íntegro de salsa desde Jukebox, editado en 2013, este trabajo “marcará un antes y un después” en su camino artístico.

El álbum fue grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico e incluye colaboraciones con De La Ghetto, Luis Fernando Borjas, Alain Pérez, Los Hispanos e Israel Houghton. Luis Enrique explicó al medio que el repertorio se fue formando a partir de canciones en las que trabajaba incluso desde la pandemia.

“Las canciones fueron forjando el camino del disco, un álbum que nace desde la esencia de la salsa. El alma en clave lleva ese título porque es lo que, en realidad, mi alma quería seguir: volver a construir un disco completo alrededor de la salsa”, dijo Luis Enrique a Rolling Stone en Español.

Para el cantante, el formato de álbum conserva un valor que excede la lógica de la canción aislada. Según dijo a Rolling Stone en Español, escuchar un disco de principio a fin implica una “comunión con la música” y permite descubrir cómo cada tema funciona como un universo propio dentro de un mismo hilo conductor.

“Es importante darse el tiempo de escuchar la obra completa que un artista está presentando. Lo lindo de los discos es ir descubriéndolos, darse cuenta de que cada canción es un universo guiado por un mismo hilo conductor que permite que el álbum camine”, afirmó Luis Enrique al medio.

El tema principal del lanzamiento es la colaboración con Alain Pérez, una canción que, según contó a Rolling Stone en Español, fue creada hace aproximadamente 20 años. El artista describió esa pieza como una historia de desamor y de reencuentro con uno mismo, con una narrativa que también se transforma desde el ritmo.

“Es una historia poderosa de desamor y de reencuentro con uno mismo. Incluso desde el ritmo, la narrativa de la canción va transformándose. Duré 20 años encontrando el camino para esta canción”, dijo al medio.

Otra de las asociaciones del disco es “Porque creo en ti”, junto a Israel Houghton que, según comentó Luis Enrique, cruza su universo salsero con la sonoridad del R&B góspel. La colaboración con De La Ghetto, en cambio, aparece como una apuesta a la cercanía entre el reggaetón y la salsa.

Luis Enrique dijo a Rolling Stone en Español que “‘Nombre y apellido’ era la canción perfecta para De La Ghetto, donde demuestra que sabe cantar salsa. Es una sorpresa muy bonita”.

El cantante añadió al medio que “en tiempos en los que la música parece cada vez más desechable, es difícil encontrarse con una verdadera canción de amor como esta que construimos con De La Ghetto. No está contada desde el despecho, sino desde la verdadera esencia del amor”.

Luis Enrique vinculó la salsa con la formación musical de varios artistas urbanos

Al analizar el diálogo entre la salsa y los géneros urbanos, Luis Enrique planteó en Rolling Stone en Español que un cantante de reggaetón solo puede interpretar salsa si comprende su raíz y su ritmo. En esa explicación, puso como ejemplo a De La Ghetto y señaló que su vínculo con el género venía desde la infancia y de la escucha de figuras como Héctor Lavoe.

“Yo no podría salir a hacer reggaetón; antes debería escucharlo, investigarlo y entender cómo sonaría mi voz dentro de ese género. En el caso de De La Ghetto, él viene escuchando salsa desde pequeño, le encanta Héctor Lavoe y muchos otros salseros, así que ya conocía este mundo que es la salsa”, dijo el artista al medio.

Según Rolling Stone en Español, Luis Enrique ubicó uno de los puntos de encuentro entre la salsa y el reggaetón en la transmisión familiar del gusto por la salsa entre muchos músicos urbanos. Esa idea aparece en el disco como parte de una conversación musical más amplia entre tradiciones que, para el cantante, no son ajenas entre sí.

En la entrevista con Rolling Stone en Español, el nicaragüense también repasó su trayectoria y colocó a Ciclos entre los trabajos que dejaron una huella profunda tanto en su carrera como en el género. En esa misma línea, sostuvo que "El alma en clave" aspira a ocupar un lugar equivalente.

La creatividad, y no la presión de la industria, definió el regreso

Luis Enrique dijo a Rolling Stone en Español que frente a las exigencias de la industria musical eligió concentrarse en la creatividad. Según su relato al medio, también aprendió que muchas de esas presiones son innecesarias y que no considera fundamental estar de gira los 365 días del año.

“El día que pare de crear, ya no estaré en este mundo. Eso me ha ayudado a trabajar conmigo mismo y a descubrir qué más hay dentro de mí. En la creatividad está la fuente de todo. La industria es la industria, pero antes de cumplirle a ella, es importante cumplirse a uno mismo. La música primero y después todo lo demás”, afirmó a Rolling Stone en Español.

En ese recorrido apareció también “Yo no sé mañana”, que Rolling Stone en Español presenta como su mayor éxito y una de las canciones más importantes de la salsa moderna. Sobre ese tema, Luis Enrique dijo al medio que cada vez que la interpreta “es diferente” y que jamás se va a “aburrir de cantarla”, pues “hace parte” de él.

Pensando en el futuro, según Rolling Stone en Español, el artista trabaja físicamente para mantenerse en forma, mantiene su fe como eje personal y sigue componiendo desde una convicción íntima sobre su oficio. “El arte de hacer música es un regalo divino”, concluyó Luis Enrique al medio.

Un reciente operativo realizado en el norte de Costa Rica concluyó con la detención de 20 migrantes nicaragüenses que presuntamente realizaban minería ilegal en la zona de Crucitas, una comunidad situada muy cerca de la frontera con Nicaragua. Estas personas fueron localizadas dentro de túneles, donde, según las autoridades, extraían recursos de manera ilícita. Tras su captura, todos los detenidos quedaron bajo supervisión de las autoridades para verificar su situación y definir los pasos legales a seguir.

La Dirección General de Migración y Extranjería comunicó que los aprehendidos se encontraban en condición migratoria irregular. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de San Carlos, en donde podrían enfrentar procesos judiciales por infracciones al Código de Minería vigente en Costa Rica. “Todos ellos están siendo verificados para proceder como corresponde”, informó la entidad migratoria.

Durante el operativo, la autoridad migratoria registró en video el momento en que los detenidos eran escoltados por agentes policiales fuera de la zona intervenida. En las imágenes se observa a los migrantes caminando en fila, con las manos sobre el cuello, mientras son custodiados por la policía y una patrulla. El procedimiento fue parte de una acción coordinada entre la Fuerza Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instituciones estatales, según informó 100% Noticias.

En los últimos meses, Crucitas ha sido escenario de frecuentes detenciones de personas dedicadas a la minería ilegal. Las autoridades han intensificado los patrullajes terrestres, controles en carretera y verificaciones migratorias en puntos clave de la frontera norte. Esta estrategia busca combatir la minería ilegal, el tráfico ilícito de personas, el ingreso irregular al territorio y otros delitos relacionados que afectan la seguridad de la región fronteriza.

La presencia constante de las fuerzas estatales en Crucitas, cerro Chachalaca y cerro Conchuditas responde a la necesidad de proteger a las comunidades locales y resguardar la soberanía nacional. La Policía de Fronteras ha mantenido operativos de vigilancia y patrullaje permanente, con el objetivo de enfrentar no solo la minería ilegal, sino también delitos ambientales, tráfico de armas, narcotráfico y el contrabando de mercancías a través de pasos no autorizados.

Según las autoridades costarricenses, estas actividades ilícitas representan una amenaza directa para la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la frontera. Además, subrayan que los operativos buscan impedir que organizaciones criminales aprovechen las condiciones geográficas de la zona para desarrollar actividades ilegales.

El tráfico ilícito de personas es otra preocupación relevante en el norte costarricense. Los controles migratorios tienen como propósito detectar casos de ingreso irregular y prevenir el avance de redes criminales dedicadas a este delito. En paralelo, se refuerzan medidas contra el contrabando y el tráfico de armas, buscando mantener la estabilidad y la paz en las comunidades fronterizas.

Según la autoridad migratoria, estas acciones fortalecen la capacidad de respuesta institucional y permiten reforzar el control en los sectores más vulnerables. De acuerdo con 100% Noticias, el gobierno costarricense sostiene que la minería ilegal y los delitos conexos no solo afectan los recursos naturales, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública y la integridad de quienes residen en la región.

El senador Marco Rubio subrayó recientemente en Estados Unidos que Nicaragua permanece como una excepción en la región latinoamericana respecto a la coalición de países considerados aliados de Washington.

Según el legislador, mientras la mayoría de los gobiernos del hemisferio occidental han fortalecido la cooperación con Estados Unidos en asuntos de seguridad y economía, el régimen de Daniel Ortega en Managua sigue distanciado y enfrenta sanciones internacionales.

De acuerdo con información de la Casa Blanca, Nicaragua, al igual que Cuba y Venezuela, figura como uno de los “outliers” en la política exterior estadounidense hacia América Latina. Rubio, influyente miembro del Comité de Relaciones Exteriores, remarcó que la consolidación de gobiernos afines a Estados Unidos en la región contrasta con el aislamiento del gobierno nicaragüense, al que calificó como un desafío para la estabilidad hemisférica.

De acuerdo con reportes de Americas Quarterly, la administración estadounidense ha impuesto sanciones económicas y financieras a varios altos funcionarios y entidades vinculadas al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo. Entre las medidas figuran bloqueos de activos, restricciones comerciales y prohibiciones de visado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a figuras centrales del círculo de poder de Managua, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, por su implicación en violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Según la Casa Blanca, el objetivo es “presionar al régimen de Ortega para restaurar la democracia y el Estado de derecho en el país”.

La estrategia de sanciones se amplió en 2018 con la firma de la Orden Ejecutiva 13851, que permite el congelamiento de bienes de personas y entidades que contribuyan a la situación de represión en Nicaragua. Esta medida, implementada durante la administración de Donald Trump, marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.

Pronunciamientos de Donald Trump sobre Nicaragua

Durante su presidencia, Donald Trump ha mantenido una postura especialmente dura respecto al gobierno de Ortega. Durante su primer mandato, Trump denunció públicamente la represión ejercida por las autoridades nicaragüenses contra manifestantes y opositores, y llamó a la celebración de elecciones libres y transparentes como única vía para solucionar la crisis política.

En un comunicado oficial, la Casa Blanca aseguró que Trump “está comprometido a presionar al régimen de Daniel Ortega para restaurar la democracia y el Estado de derecho”. Según este documento, “el presidente ordenó sanciones contra individuos y entidades que amenacen la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua”.

The Atlantic Council reportó que la administración Trump designó a Nicaragua como una prioridad en la política de sanciones, junto a Venezuela y Cuba, y amplió la autoridad para sancionar a cualquier funcionario del régimen que hubiera ejercido funciones desde el regreso de Ortega al poder en 2007.

Efectos y perspectivas

Según Americas Quarterly, desde 2020 hasta 2024, el número de sanciones estadounidenses vinculadas a Nicaragua ascendió a 47 personas y 15 entidades, junto a restricciones de visado para más de 1,000 individuos relacionados con el gobierno de Ortega. Además, el gobierno de Trump suspendió programas de ayuda humanitaria y congeló fondos destinados a organizaciones de derechos humanos que operan en Nicaragua.

En declaraciones recogidas por este medio, Rubio ha calificado a Nicaragua como “una democracia completamente aniquilada” y ha advertido sobre los riesgos de los vínculos del régimen con Rusia y China. Washington ha manifestado preocupación por la presencia militar rusa en el país centroamericano y el uso de instituciones estatales para reprimir la disidencia.

La administración Trump también ha impulsado mecanismos diplomáticos en la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar la violencia y defender la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua.

Mientras la mayoría de los países latinoamericanos refuerzan sus lazos con Estados Unidos, Nicaragua sigue bajo el escrutinio internacional y enfrenta una presión creciente por parte de Washington, que exige una transición democrática y el cese a la represión, en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones y la vigilancia de organismos multilaterales.

El Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental celebrará el 5 de junio de 2026 una audiencia sobre Nicaragua para revisar sanciones económicas, violaciones de derechos humanos y los vínculos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con potencias extranjeras, con el testimonio de Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su testimonio no clasificado para la audiencia titulada “Enfrentando al régimen totalitario Ortega-Murillo”, Ana Quintana-Lovett afirmó que el Gobierno de Estados Unidos mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a los “estados antiestadounidenses y rebeldes” del hemisferio, incluida Nicaragua.

Según ese documento, la estrategia estadounidense busca frenar la facilitación de la migración irregular hacia Estados Unidos, proteger a ciudadanos y empresas estadounidenses en territorio nicaragüense, desarticular alianzas adversarias y poner fin a abusos contra los derechos humanos.

Quintana-Lovett sostuvo en el mismo testimonio que el mensaje de Washington sobre migración contribuyó a reducir el promedio de cruces fronterizos diarios en el suroeste de Estados Unidos en 94% respecto de la administración anterior. También indicó que Nicaragua acepta vuelos de deportación “en los términos y con la frecuencia” fijados por Estados Unidos.

Washington llevará al Congreso su evaluación sobre sanciones, migración y derechos humanos en Nicaragua

La funcionaria del Departamento de Estado describió a Nicaragua como un “estado policial unifamiliar” desde 2018, controlado por Rosario Murillo y Daniel Ortega con apoyo de adversarios externos y redes corruptas. Según su testimonio, en 2025 ambos reescribieron “ilegalmente” la Constitución para elevar a Murillo al cargo de copresidenta sin “siquiera la apariencia de elecciones”.

La evaluación oficial presentada ante el Congreso estadounidense sostiene que miles de opositores políticos han sido silenciados, exiliados o encarcelados en condiciones “horribles”, entre ellos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Quintana-Lovett agregó que continúan los arrestos que calificó de injustos y que las liberaciones quedan sujetas a vigilancia policial constante, acoso y restricciones de movimiento.

El documento también afirma que el régimen ha utilizado medios de comunicación controlados por el Estado para dar acceso ilimitado a plataformas estatales de China, Rusia y Cuba con el fin de amplificar propaganda antiestadounidense. A eso sumó la acusación de que esas relaciones permiten actividades de recopilación de inteligencia de adversarios de Estados Unidos en Centroamérica.

El testimonio atribuye al régimen una ofensiva contra la Iglesia católica y una mayor cercanía con Rusia, China, Cuba e Irán

Quintana-Lovett señaló que las violaciones a la libertad religiosa “persisten sin cesar” en Nicaragua. De acuerdo con su testimonio, más de 300 clérigos y religiosas católicas fueron exiliados, expulsados o impedidos de regresar al país, mientras que la mitad de los obispos reside fuera de Nicaragua y al menos 51 sacerdotes enfrentan riesgo de apatridia.

La funcionaria añadió que Ortega y Murillo han profundizado sus vínculos con Rusia, China, Cuba e Irán. Según la exposición remitida al Congreso, esas alianzas sostienen una red de vigilancia con agentes del partido sandinista en cada barrio y ministerio, además de aportar inversiones que enriquecen a la dictadura.

En materia de presión económica, Quintana-Lovett indicó que el mes pasado Estados Unidos impuso sanciones financieras a 12 personas y entidades vinculadas al sector aurífero nicaragüense y a dos hijos de los gobernantes, Maurice Facundo y Daniel Edmundo. También recordó que en noviembre de 2025 Washington aplicó restricciones de visado bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a nicaragüenses acusados de facilitar la migración irregular hacia Estados Unidos.

La funcionaria afirmó además que en febrero las autoridades nicaragüenses cedieron a la presión estadounidense y pusieron fin a la exención de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos Cuba y Haití. Presentó esa decisión como un avance en la reducción del papel de Managua como plataforma de acceso a la frontera sur de Estados Unidos.

Quintana-Lovett aseguró que la presión pública de Washington contribuyó a la liberación de casi 80 presos políticos desde noviembre de 2025. Añadió que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo la liberación de todos los detenidos políticos en Nicaragua.

El testimonio también vincula el momento político de Managua con un mayor aislamiento interno y externo de Ortega y Murillo tras la operación policial del 3 de enero contra Nicolás Maduro y los cambios políticos en el hemisferio.

Bajo la dirección del secretario Rubio, agregó Quintana-Lovett, el Departamento de Estado planea usar “soluciones audaces” para proteger la seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos en Centroamérica.

La publicación de Exilio bajo fuego documenta, según su autor Arquímedes González, una red de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores nicaragüenses en el exilio, destaca una nota de la agencia EFE.

De acuerdo a EFE, el libro reúne 24 historias y detalla 10 asesinatos de nicaragüenses en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025.

La obra, fruto de una investigación periodística, sostiene que el aparato estatal nicaragüense extiende su persecución a quienes buscaron refugio fuera del país. González afirma que esa política ya no se limita a la respuesta estatal de 2018 contra las protestas en Nicaragua.

“Se definió una maquinaria represiva en contra de los exiliados y opositores para perseguirlos, hostigarlos, amenazarlos, atentar contra ellos físicamente y también eliminarlos físicamente”, alerta González.

Los casos documentados en Honduras y Costa Rica

El libro describe el asesinato de 10 nicaragüenses: cinco en Honduras y cinco en Costa Rica, entre 2019 y 2025. Entre ellos figura Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército y crítico del régimen, quien fue ultimado en su vivienda en San José tras recibir amenazas atribuidas a agentes de seguridad nicaragüenses.

Según González, el caso de Samcam muestra cómo las autoridades utilizan canales diplomáticos y células infiltradas para identificar y atacar a exiliados, incluso cuando estos denunciaron públicamente el peligro que enfrentaban.

El objetivo de esa represión, sostiene el autor, es silenciar las denuncias internacionales sobre violaciones de derechos humanos que continúan en Nicaragua.

Entre los principales afectados menciona a periodistas apátridas, exiliados, defensores de derechos humanos, líderes sociales y cualquier persona que “alza su voz públicamente en los medios de comunicación, en las redes sociales”.

Las tácticas de persecución que describe el libro

En la obra se detallan tácticas de acoso atribuidas a esa estructura: vigilancia, persecución, falsas alertas a Interpol, intentos de extradición y cierre de cuentas bancarias.

“Estas crónicas son periodísticas y humanas que rescatan todo el dolor, la persecución, el hostigamiento que ha tenido el exilio nicaragüense porque la represión transnacional también incluye la vigilancia, la persecución, las alertas falsas a Interpol, los intentos de extradición, los cierres de cuentas bancarias”, afirma el autor.

El libro recopila 24 historias de opositores y críticos que, desde 2018, denunciaron vigilancia, hostigamiento y amenazas.

La denuncia por atentados y falta de investigación

El asesinato de Samcam no fue un hecho aislado. El caso de Joao Maldonado, disidente que sobrevivió a dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024, refuerza la denuncia de González sobre la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades locales.

Maldonado resistió 13 disparos en esos ataques. En palabras del escritor: “lo triste es que uno de ellos fue en 2021 y no se investigó a profundidad y hasta hoy es que se está acusando a uno de los implicados”.

La investigación plantea que muchos de estos crímenes y atentados podrían haberse evitado si los países de acogida hubieran establecido precedentes jurídicos claros frente a la violencia transnacional. Para González, el libro busca dejar constancia de esa urgencia.

La presentación de la obra está prevista para el 12 de junio en Costa Rica, junto a la viuda de Samcam y representantes del colectivo Nicaragua Nunca Más.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió una investigación imparcial, rápida y efectiva sobre la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena miskito encarcelado en Nicaragua, y cuestionó las condiciones en las que ocurrió su deceso bajo custodia estatal.

Brooklyn Rivera, de 73 años, murió bajo detención tras pasar meses en prisión desde su regreso clandestino al país en 2023, y el régimen nicaragüense atribuyó su muerte a complicaciones por una infección bacteriana posterior a haber contraído COVID-19. Según esa versión, el exdiputado padecía problemas de salud preexistentes y en su etapa final permaneció con respirador mecánico tras una falla multiorgánica.

El deceso del exdiputado y presidente del disuelto partido Yatama ocurrió pocos días después de la difusión de imágenes que mostraron su deteriorado estado físico en un hospital de Managua. Las fotografías generaron indignación entre organizaciones de derechos humanos y familiares, que denunciaron la falta de información sobre su paradero y la atención médica recibida.

La familia sostuvo que Rivera estaba en buen estado de salud al momento de su arresto en septiembre de 2023 y responsabilizó al régimen por el deterioro físico que presentó en prisión. Su hija, Tininiska Rivera, reclamó que los restos sean entregados para que la familia pueda rendirle homenaje según las tradiciones miskitas.

Diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sumaron a los pedidos de esclarecimiento ante denuncias de desaparición forzada y detención arbitraria. La portavoz de la ONU, Marta Hurtado, insistió en que las circunstancias de la muerte de Rivera siguen sin esclarecerse porque las autoridades mantuvieron oculto su paradero y se negaron a informar sobre su situación hasta cuatro días antes del anuncio oficial de su muerte.

Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, afirmó que la muerte de Rivera simbolizó el desmantelamiento de la autonomía indígena en el país y reflejó el patrón de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Desde 2018, la ONU documentó 124 casos de detención arbitraria de líderes indígenas y al menos 46 muertes violentas en la costa caribeña. La oficina de derechos humanos de la ONU registró otras tres muertes bajo custodia desde agosto de 2023, aparentemente vinculadas con malas condiciones de detención y atención médica insuficiente.

Rivera integró la resistencia contra el primer gobierno sandinista en la década de 1980, y su partido, Yatama, fue aliado político de Ortega tras el regreso del sandinismo al poder en 2007. La relación se fracturó por disputas vinculadas al respeto de los derechos y tierras indígenas.

En 2023, el régimen prohibió al partido Yatama participar en elecciones y negó la entrada al país a Rivera luego de que participara en un foro internacional sobre cuestiones indígenas. Rivera regresó clandestinamente y fue detenido en septiembre de ese año. Ese periodo de incomunicación fue calificado por la ONU como desaparición forzada.

La muerte de Rivera se produjo en un contexto de represión contra la disidencia. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó 47 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, con 11 sometidas a desaparición forzada.

Tras las protestas de 2018, cientos de personas siguieron encarceladas por motivos políticos. Muchas fueron liberadas y expulsadas del país en años posteriores hacia Estados Unidos o Guatemala.

La familia de Rivera y representantes de comunidades indígenas reiteraron el reclamo para que el cuerpo del líder miskito sea entregado y se realice una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte. Sostuvieron que la versión oficial no resultó creíble y denunciaron que el trato recibido por Rivera en prisión formó parte de una estrategia de persecución contra defensores de los derechos indígenas y la autonomía territorial.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, exigió al régimen nicaragüense que restablezca el acceso de la oficina de derechos humanos de la ONU al país, especialmente a los centros de detención, y reiteró la necesidad de prevenir la repetición de violaciones graves a los derechos fundamentales de líderes sociales, opositores y representantes de pueblos originarios.

(Con información de AP y EFE)

La noticia de la muerte de Martín Medina a los 54 años en Nicaragua cruzó rápidamente la frontera de las academias de danza y los gimnasios deportivos. Quienes alguna vez lo vieron enseñar o competir supieron que el país perdía a un referente: un maestro de danza, coreógrafo y bicampeón mundial de aeróbicos, cuya influencia marcó generaciones de bailarines y atletas, según confirmó la academia Studio Danza Ilusiones.

La academia, en su mensaje, describió así su huella: “Más que un profesor, Martín fue un amigo incondicional, un guía, un inspirador de sueños y una pieza fundamental en la historia de nuestra academia”. Exalumnos y colegas, al replicar el comunicado, recordaron a Medina como formador y amigo, alguien que acompañó a jóvenes en sus primeros pasos y les mostró el rigor y la pasión por la danza.

Su trayectoria quedó sellada con dos títulos mundiales de aeróbicos: uno en Pretoria, Sudáfrica, en 1994, y otro en San Diego, Estados Unidos, en 1995. Estos logros le permitieron ser exaltado al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense en 2002, reconociendo su aporte tanto en la danza como en el deporte, según informó 100% Noticias.

La historia de Medina en la danza comenzó a los 15 años, cuando ingresó a la Escuela Nacional de Danza. Se graduó con honores y pronto se incorporó a destacadas agrupaciones nacionales, como la compañía Jazz Dance y el Ballet Folklórico Macehuatl. Con esta última, realizó giras por Europa, México, Venezuela y varios países de Centroamérica, consolidando su prestigio como bailarín.

Además de sus logros competitivos, dedicó su vida a la enseñanza. Inspiró a decenas de jóvenes en ciudades como Masaya, Granada, Chinandega y Managua, muchos de los cuales luego se convirtieron en profesores y multiplicaron su legado por todo el país. Su disciplina y entrega dejaron una impronta en cada generación que lo tuvo como maestro.

Las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido aclaradas oficialmente. Algunas versiones indicaron que pudo haber sufrido un infarto, mientras que otras señalaron que la muerte ocurrió días después de una operación de alto riesgo en un hospital privado de Managua. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada de manera oficial.

El impacto de su partida se reflejó en los mensajes de despedida que circularon en redes sociales y en instituciones vinculadas a la danza. La Academia Nicaragüense de la Danza expresó: “Hasta siempre estimado amigo, bailarín, profesor y coreógrafo Martín Medina”. Otro mensaje evocó la idea de que su alma baila con los ángeles y pidió recordarlo con colores y alegría.

Exalumnos y colegas recordaron su energía, profesionalismo y calidad humana. Entre los testimonios, una persona escribió: “Me dio clases de aeróbicos en el Coliseo, excelente profesor, tenía una dinámica y energía única. Descanse en paz”. Otros subrayaron la oportunidad de haber compartido escenario con él y agradecieron su entrega y ejemplo.

La partida de Medina deja un vacío en la danza y el deporte nicaragüense. Su legado sobrevive en los escenarios, en las aulas y en el recuerdo de quienes tuvieron el privilegio de aprender con él. La historia de Martín Medina sigue viva en cada aplauso, en cada paso y en cada generación que continúa inspirándose en su ejemplo.

El mes de mayo, tradicionalmente consagrado a la exaltación mariana y a la celebración del amor materno en los hogares nicaragüenses, se despidió este año dejando una profunda estela de luto, horror y consternación en la comunidad de Villa El Carmen.

Apenas unas horas después de que los ecos de los festejos a las madres comenzaran a disiparse, la violencia machista volvió a asestar un golpe letal. Ana Yahoska Siézar Cortez, una abnegada mujer de 36 años, se convirtió en la víctima más reciente de una epidemia silenciosa pero voraz: el femicidio.

Trabajadora incansable, Ana se ganaba el sustento diario custodiando la seguridad de un concurrido parque en la capital del país. Su jornada estaba marcada por el esfuerzo y el sacrificio con un único propósito: garantizar el bienestar de sus dos hijas adolescentes, de 17 y 14 años.

Sin embargo, su historia y sus sueños fueron trágicamente truncados en el interior de su propia vivienda, una humilde casa de habitación ubicada en el casco urbano del municipio, del Parque de Feria dos cuadras al sur.

Los hechos, marcados por los celos y la incapacidad de asimilar la ruptura de una relación sentimental, se desencadenaron tras una acalorada discusión.

De acuerdo con los testimonios recabados en la escena del crimen, la pareja se había movilizado hacia la vivienda en medio de reclamos. Poco tiempo después, la alerta de un altercado doméstico movilizó a los familiares.

Al llegar al inmueble, la tía de la víctima descubrió una escena desgarradora: Ana Yahoska yacía inerte sobre su cama, con visibles marcas de violencia física.

El arma utilizada para acabar con su existencia se encontraba en el mismo entorno cotidiano. El agresor empleó una cuerda gruesa, la cual era utilizada habitualmente para sujetar una hamaca en el inmueble, para consumar una asfixia mecánica por estrangulamiento.

El agresor, identificado como José María Guido Mojica, de 30 años, perpetró el brutal ataque y huyó inmediatamente del lugar, abandonando el cuerpo inerte de quien fuera su compañera de vida.

No obstante, cercado por el peso de su acción y el inminente despliegue de las fuerzas del orden, el sujeto optó por entregarse de manera voluntaria ante las autoridades policiales poco tiempo después, quedando bajo custodia a la espera de su debido proceso judicial.

El dolor en el barrio Los Mangos es palpable. Los vecinos y familiares recuerdan la relación de la joven con Guido Mojica como un vínculo marcado por la hostilidad, los celos posesivos y un férreo intento de control sobre las actividades de la víctima.

Aunque fuentes iniciales señalaban que el vínculo se había disuelto formalmente hacía seis meses, allegados cercanos precisaron que existían intentos recientes de convivencia empañados por constantes fricciones. Días antes, un intento de agresión física hacia Ana Yahoska fue frustrado únicamente gracias a la valiente intervención de varias mujeres del sector, un antecedente que lamentablemente predecía el trágico desenlace.

Las autoridades policiales y los peritos de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, trasladándolo al Instituto de Medicina Legal en una ambulancia para dictaminar los pormenores forenses, mientras las dos hijas de la víctima enfrentan ahora la dura realidad de la orfandad y el vacío irreparable de una madre ausente.

Un subregistro alarmante ante el hermetismo estatal

El crimen de Yahoska ocurre en un contexto de profunda opacidad institucional. Desde el año 2021, las dependencias gubernamentales de Nicaragua, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal, mantienen un hermetismo total en torno a las estadísticas de violencia de género, privando a la sociedad de datos oficiales actualizados.

Ante este vacío informativo, son las organizaciones independientes y plataformas feministas las que asumen la dolorosa tarea de documentar la violencia. De acuerdo con el monitoreo del blog independiente Intertextual, en lo que va del año 2026 ya se registran formalmente ocho casos de femicidios en el territorio nicaragüense.

La geografía del horror revela que la violencia es de carácter nacional: dos casos se concentran en el departamento de Managua, mientras que el resto se distribuye en León, Chinandega, Boaco, Granada y el municipio caribeño de Siuna (RACCN).

El caso inmediatamente anterior al de Villa El Carmen se remontaba al pasado 28 de abril en Sébaco, Matagalpa, donde la joven Marelyn Dayana González Centeno, de 19 años, pereció a cuchilladas bajo el mismo patrón fatal: negarse a restablecer una relación con su agresor.

La muerte de Ana Yahoska Siézar Cortez deja de ser una fría estadística para convertirse en el reflejo de una problemática estructural desatendida. Su nombre se suma a una lista que demanda urgentemente respuestas punitivas severas, pero, sobre todo, mecanismos preventivos capaces de proteger a las mujeres antes de que el lazo del control machista se vuelva, de forma literal, definitivo.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más plantea en su último comunicado, publicado el lunes, señala que ningún país puede proyectar un futuro mientras persistan las heridas de su infancia, mientras las familias aguardan justicia y mientras el Estado siga operando como una estructura de muerte, persecución, silencio y control.

Con este mensaje, la organización sitúa en el centro de su pronunciamiento la realidad que enfrentan las niñas, niños y adolescentes nicaragüenses bajo el régimen.

El Colectivo señala que, a ocho años del estallido social de abril de 2018, la niñez “sigue enfrentando las consecuencias de una violencia estatal que no terminó con los disparos ni con las cárceles”, sino que se mantiene en el miedo instaurado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esta situación se refleja en los hogares fracturados por el exilio que ha llevado a alrededor del 12% de la población a salir del país, en la ausencia de padres, madres, hermanos y hermanas, en la censura que intenta borrar los crímenes cometidos contra al menos 355 nicaragüenses y en la imposición de una narrativa oficial que niega a las víctimas. De esta manera, la organización denuncia un ambiente de miedo y fragmentación familiar generado por la represión.

Derechos vulnerados y represión contra la niñez en Nicaragua

El texto advierte que “las niñas, niños y adolescentes de Nicaragua no deben ser obligados a crecer entre el miedo y la mentira”, y sostiene que tienen derecho a “vivir en libertad, a participar en una sociedad democrática, a recibir protección integral y a construir su identidad sin la amenaza permanente de un régimen que castiga a quienes piensan distinto”. Aquí, el colectivo señala que el derecho de la niñez a una vida libre de represión y a desarrollarse plenamente en un entorno democrático.

Además, el comunicado afirma que Nicaragua “ha incumplido su deber de proteger a la niñez, dejando impunes graves violaciones de derechos humanos”. Al igual que “la creación de decenas de ONG dedicadas a la protección de la niñez ha debilitado redes comunitarias de protección y ha convertido instituciones públicas en instrumentos de vigilancia, exclusión y propaganda” De este modo, la organización denuncia el debilitamiento de la protección y el uso de instituciones para fines represivos.

En memoria de niñas, niños y adolescentes víctimas de la represión, el colectivo menciona casos específicos: “A. C. de 15 años, asesinado el 20 de abril de 2018 de un balazo en el cuello por un francotirador”, así como otros menores que murieron por la represión estatal. Según el colectivo, “la niñez nicaragüense tiene derecho de soñar con un país distinto”.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más exige investigaciones independientes, sanción a los responsables, reparación integral para las familias y garantías reales de no repetición.

Por último, la nota llama a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos, a organizaciones de niñez y a mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano a reconocer que la represión contra la niñez en Nicaragua es parte de un patrón extendido de violencia estatal, persecución política y destrucción del tejido social.

Las exportaciones de Nicaragua hacia China cayeron 50.4 % en el primer trimestre de 2026 y quedaron en apenas el 1.4 % del total vendido al exterior, mientras el mercado de Estados Unidos absorbió el 41.1 %, según un análisis de La Prensa basado en estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua. Los datos muestran que, pese al acercamiento político y comercial del régimen de Daniel Ortega con Pekín, la economía nicaragüense siguió concentrando sus ventas externas en Washington.

Entre enero y marzo, el país exportó mercancías por USD 1,983.4 millones, sin incluir zonas francas, según el Banco Central de Nicaragua. De ese total, Estados Unidos compró USD 814.5 millones y China solo USD 27.9 millones, de acuerdo con el análisis.

La diferencia también se reflejó en la balanza comercial. Nicaragua importó desde China bienes por USD 553.4 millones en el trimestre y, como apenas le vendió USD 27.9 millones, acumuló un déficit de USD 525.5 millones con ese país, según el BCN.

Con Estados Unidos ocurrió lo inverso: las importaciones sumaron USD 485.8 millones frente a exportaciones por USD 814.5 millones, lo que dejó un superávit de USD 328.7 millones para Nicaragua, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por La Prensa.

Las ventas a China bajaron de USD 56.1 millones a USD 27.9 millones en un año

El retroceso en el mercado chino fue interanual. Los ingresos por exportaciones a ese destino pasaron de USD 56.1 millones en el primer trimestre de 2025 a USD 27.9 millones en el mismo período de 2026, según el análisis elaborado por La Prensa con datos del BCN.

En sentido contrario, las ventas a Estados Unidos subieron de USD 435 millones a USD 814.5 millones en un año. Ese aumento de USD 379.5 millones equivalió a un crecimiento de 87.2 %, siempre según las estadísticas oficiales.

El medio sostuvo que esas cifras contradicen la narrativa del régimen nicaragüense sobre los beneficios económicos de su acercamiento a China. El análisis añadió que Managua buscaba fortalecer sus vínculos con Pekín para reducir su dependencia de Washington y amortiguar el efecto de posibles sanciones internacionales por denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El dato central es que China no se consolidó como un destino relevante para las exportaciones nicaragüenses. El informe del Banco Central de Nicaragua indicó que ni siquiera aparece entre los diez principales mercados de destino de los productos del país.

El oro explicó buena parte del avance exportador

Después de Estados Unidos, los principales compradores de productos nicaragüenses fueron Canadá, El Salvador y México, según el informe del Banco Central de Nicaragua. China quedó fuera de ese grupo pese al peso político que ha adquirido en la relación bilateral con Managua.

Buena parte del resultado exportador estuvo impulsado por el oro. Ese producto generó ingresos por USD 898.7 millones y registró un aumento interanual de 152.1 %, mientras Estados Unidos siguió siendo uno de sus principales mercados de destino, de acuerdo con el BCN.

Por regiones, las exportaciones hacia Asia disminuyeron 31 % interanual, mientras las dirigidas a Europa crecieron 91 % y las destinadas a Centroamérica avanzaron 3.4 %, según el reporte oficial del Banco Central de Nicaragua.

El Gobierno de Estados Unidos responsabilizó este lunes a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte de Brooklyn Rivera, líder histórico del pueblo miskito y fundador del partido indígena Yatama, fallecido el 30 de mayo en Managua tras más de 970 días de detención arbitraria. La ONU se sumó de inmediato a la condena y exigió una investigación independiente.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, señaló directamente al régimen en un mensaje en X: “La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió este fin de semana como prisionero del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada”. Washington había exigido su liberación días antes, cuando el propio régimen difundió imágenes del dirigente postrado en una cama de hospital.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó una investigación “rápida, imparcial y transparente” y, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, reiteró la necesidad de respetar en Nicaragua el derecho a un juicio justo y a “un trato y una detención dignos”. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos fue más contundente: condenó el deceso “en los términos más enérgicos” y advirtió que la retención del cadáver y la ausencia de investigación “refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal”.

La jurista uruguaya Ariela Peralta, integrante del grupo de expertos, sostuvo que la desaparición forzada de Rivera desde su arresto el 23 de septiembre de 2023 —cuando era diputado de la Asamblea Nacional— constituye “un crimen internacional del que el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”. Su colega Reed Brody fue más directo: “Brooklyn Rivera no murió de enfermedad. Murió de desaparición forzada: más de dos años bajo custodia estatal sin contacto con su familia y sin supervisión médica independiente”.

Rivera, de 73 años, fue detenido en septiembre de 2023 en el marco de una ofensiva del régimen contra dirigentes opositores. Su familia no recibió información sobre su paradero durante meses. El régimen rompió el silencio el 27 de mayo, difundió imágenes que lo mostraban con asistencia respiratoria y tres días después confirmó su muerte con más de 15 horas de demora. El cadáver quedó bajo custodia policial. Su hija, Tininiska Rivera, reclamó que la familia pudiera recibirlo y sepultarlo conforme a las tradiciones miskitas.

Fundador de Yatama —cuyo nombre en lengua miskita, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, significa ‘Hijos de la Madre Tierra’—, Rivera dedicó más de cinco décadas a la defensa de los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Combatió al primer gobierno sandinista en los años ochenta y fue artífice del régimen de autonomía que rige esa región. Yatama fue inhabilitada electoralmente en 2023, en la misma oleada represiva que derivó en su detención.

Su muerte eleva a siete el número de presos políticos fallecidos bajo custodia estatal desde 2019, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. La lista incluye al general retirado Hugo Torres Jiménez, muerto en febrero de 2022; al propio hermano del dictador, el general Humberto Ortega Saavedra, fallecido bajo arresto domiciliario en septiembre de 2024; y a los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, entregados sin vida a sus familias en agosto de 2025. Ningún caso derivó en investigación oficial. Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y niega la existencia de presos políticos en el país.

El cierre de la zafra azucarera 2025-2026 en Nicaragua registró una producción total de 16.5 millones de quintales, lo que representa un incremento de 0.21% respecto al ciclo anterior y se ubica por debajo del objetivo de casi 17 millones establecido por la industria.

El resultado refleja un contexto influido por condiciones climáticas desfavorables, una reducción en el área cultivada, un menor volumen de caña procesada y una disminución del 10.3% en los precios internacionales del azúcar durante 2025.

El consumo interno de azúcar en el país se mantiene en torno a los 6.3 millones de quintales, lo que asegura el abastecimiento nacional y permite que el resto de la producción se destine a exportaciones. Entre 2022 y 2025, el sector acumuló casi USD 598,000,000 por ventas al exterior, consolidando su peso en la economía nacional y su aporte en generación de divisas.

El desempeño de la última zafra estuvo condicionado principalmente por el clima. Según el gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, la producción se alcanzó pese a las dificultades producidas por una canícula extendida y precipitaciones irregulares en los meses de noviembre y diciembre.

Esto incidió en una reducción del área cultivada de 0.25% y una caída del 3.58% en la caña molida y procesada, de acuerdo con Confidencial.digital.

La industria azucarera también tiene una función relevante en la generación eléctrica y el empleo. Desde la zafra 2021-2022, el sector produjo aproximadamente 920,000 megavatios hora. Además, la actividad sostiene cerca de 186,000 puestos de trabajo, con el grueso de estos empleos concentrados en Chinandega —donde operan los ingenios San Antonio y Monte Rosa— y con participación de Rivas (Casur) y Managua (Montelimar).

Respecto al volumen, la zafra 2025-2026 superó en 35,289 quintales al ciclo anterior, aunque este avance fue compensado por los retrocesos en superficie y caña procesada. El sector quedó lejos del récord alcanzado en la temporada 2021-2022, que superó los 17.7 millones de quintales.

Perspectivas y desafíos para el próximo ciclo

Las previsiones meteorológicas para el próximo ciclo advierten que las condiciones restrictivas podrían continuar. Los ingenios planean incrementar el área sembrada en 2,000 manzanas, buscando superar las 106,000 manzanas a nivel nacional. Sin embargo, esta expansión no garantiza un retorno a los picos de producción de años recientes.

El contexto internacional tampoco resulta favorable. En mayo de 2025, el precio de 100 libras de azúcar se ubicaba en USD 16.86, pero en la última semana descendió por debajo de USD 14. La baja se relaciona con una mayor producción global, principalmente en China, Tailandia y Brasil, lo que refuerza la tendencia de precios a la baja, según información de Confidencial.digital.

En este escenario, la expectativa de los productores nicaragüenses se orienta a mejorar los rendimientos agrícolas y el proceso de molienda durante la próxima zafra. El sector mantiene su presencia en la economía nacional, aunque enfrenta un entorno marcado por incertidumbre en los mercados internacionales y desafíos estructurales en la producción.

Monseñor Silvio Báez criticó desde Miami a los regímenes autoritarios durante la homilía de la fiesta de la Santísima Trinidad y afirmó que “son poderes envejecidos, cegados por su ambición, destinados a la destrucción”. El obispo nicaragüense vive en el exilio desde 2019, tras dejar Nicaragua.

Desde Miami, donde reside tras abandonar Nicaragua en 2019, Báez marcó la distancia entre la fe cristiana y la represión política. Describió a los dictadores como figuras que “destilan odio, multiplican víctimas humanas y pretenden endiosarse valiéndose de la violencia y la represión”. También sostuvo que, aunque invoquen el nombre de Dios, sus actos se oponen a los valores del Evangelio.

Las críticas al régimen de Ortega y Murillo

Las tensiones entre la jerarquía católica y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo marcaron la vida política y social de Nicaragua en los últimos años. Murillo, vicepresidenta y figura central del oficialismo, usó sus intervenciones públicas para criticar a la Iglesia y a los opositores exiliados.

En mayo, dedicó parte de sus mensajes a rechazar las denuncias de líderes religiosos y afirmó que “hablar de Dios nos corresponde”. También descalificó a quienes, según sus palabras, “andan buscando cómo hacer daño, llenos de saña y odio”.

El conflicto comenzó en 2018, cuando el régimen inició una persecución contra quienes se manifestaban en su contra y extendió la represión a sacerdotes y figuras católicas. Báez, uno de los principales críticos del oficialismo, fue víctima de esas presiones y salió del país para preservar su seguridad.

La situación de los líderes religiosos críticos en Nicaragua empeoró desde entonces. El exilio de Báez fue consecuencia de esa escalada represiva, que dejó decenas de sacerdotes perseguidos y comunidades religiosas vigiladas.

El mensaje a la comunidad católica

Durante su mensaje dominical, Báez se dirigió a la comunidad católica y recordó que la fe en la Trinidad impulsa valores de inclusión y solidaridad. Explicó que “la fe en un Dios que es comunidad trinitaria de amor inspira un estilo de convivencia basado en la comunión, la participación y la solidaridad”.

Además, insistió en que los creyentes deben rechazar “la lógica de la división, la polarización, el desprecio por la diversidad y la exclusión de las minorías”. La Iglesia, planteó, debe sostenerse como un espacio de encuentro y apoyo en medio de la crisis sociopolítica.

Báez también subrayó la importancia de que los católicos mantengan su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y participativa.

El mensaje a las madres de Nicaragua

Un día antes de la homilía, el obispo envió un mensaje a las madres de Nicaragua, en especial a quienes han perdido a sus hijos o los tienen encarcelados por motivos políticos. Les transmitió “un abrazo con mucho cariño” y pidió la bendición divina “especialmente a las que lloran por sus hijos asesinados o encarcelados por la dictadura sandinista”.

El gesto acompañó el dolor de las familias afectadas por la represión y reafirmó la solidaridad de la Iglesia con quienes sufren las consecuencias del conflicto.

El octavo aniversario de la ‘Masacre del Día de las Madres’ reunió a nicaragüenses exiliados en Costa Rica en una ceremonia dedicada a quienes perdieron la vida durante la represión de 2018.

Murieron 15 personas en Managua y otras cuatro en distintas ciudades el 30 de mayo de ese año, cuando una marcha opositora fue atacada a tiros.

El evento, organizado por la Asociación Madres de Abril (AMA) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), tuvo lugar en la iglesia San Francisco de Asís de Goicoechea, San José, y buscó rendir homenaje y renovar el reclamo por justicia para las víctimas.

Los familiares de quienes murieron en la protesta mantienen una demanda persistente: “Lo que seguimos pidiendo es justicia. Justicia porque ahí eran unos jóvenes con un futuro por delante. Tenían su familia, tenían sus hijas”, expresó Candelaria Díaz, madre de uno de los manifestantes fallecidos.

Ocho años después del ataque, el dolor se mantiene, y las familias sienten que las heridas siguen abiertas.

Según información de EFE, la representante de AMA, Azucena López, resumió el sentimiento común: “No celebramos el Día de las Madres, sino que conmemoramos el día en que nos asesinaron a nuestros hijos”.

La fecha, lejos de ser motivo de alegría, se ha convertido en un símbolo de luto y de exigencia de justicia. La organización reitera su esperanza en que algún día se logre el esclarecimiento de los hechos y el fin de la impunidad.

Ocho años de duelo y memoria para las madres de las víctimas

Durante la misa, el sacerdote Daniel Antonio Monge hizo un llamado a la solidaridad, recordando que la situación en Nicaragua sigue impidiendo la armonía y la convivencia social: “No podemos dejar de pensar en esta familia vecina, en nuestro país vecino Nicaragua, porque ellos están en esta lucha de búsqueda de esta armonía, de esta comunión que todavía no logran alcanzar”, afirmó.

La conmemoración incluyó una actividad cultural con bailes folclóricos, declamación de poemas y mensajes de apoyo de figuras del exilio. El objetivo fue mantener viva la memoria de las víctimas y acompañar a las madres en su reclamo.

La crisis en Nicaragua y el reclamo de justicia

El 30 de mayo de 2018, cuando en Nicaragua se celebra el Día de la Madre, la represión de una marcha opositora dejó una marca imborrable en la sociedad. Las organizaciones de derechos humanos y la oposición recuerdan la jornada como uno de los episodios más sangrientos de la crisis iniciada en abril de ese año.

Nicaragua lleva más de ocho años inmersa en una crisis política y social, desencadenada por las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, quien permanece en el poder de forma consecutiva desde 2007. Distintos organismos y familiares de las víctimas lo señalan como responsable de la represión que siguió a las manifestaciones.

Desde entonces, miles de nicaragüenses han abandonado el país, entre ellos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de quienes murieron durante la crisis. El aniversario de la masacre renueva el llamado de las familias y organizaciones para que los responsables respondan ante la justicia y para que el país avance hacia la reconciliación y la paz social.

La ciudad de Managua fue el escenario donde Nicaragua se convirtió en sede de la XII Asamblea Ordinaria de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos (RILAA), un encuentro que destacó por el impulso a la cooperación técnica y la calidad analítica en la seguridad alimentaria de las Américas.

Según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la asamblea reunió a delegaciones de 14 países para discutir estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de análisis de alimentos y garantizar la inocuidad alimentaria en la región.

La asamblea funcionó como un espacio de intercambio técnico entre más de 185 laboratorios regionales, con el objetivo de mejorar las capacidades científico-técnicas y responder a los riesgos actuales y emergentes asociados a los alimentos. Durante el evento, el viceministro de salud de Nicaragua, Carlos Sáenz, afirmó que el propósito del encuentro era “fortalecer la competencia científico-técnica” de los laboratorios, “que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos que llegan a las mesas de nuestras familias”. Según la OPS, Sáenz subrayó que la labor de los laboratorios constituye un pilar para la salud pública y el comercio regional, y reiteró el compromiso del país con la mejora continua en la calidad analítica y la cooperación técnica.

El director de PANAFTOSA, Manuel Sánchez Vásquez, destacó la importancia estratégica de la RILAA ante el crecimiento del comercio internacional de alimentos. “Garantizar que los alimentos sean seguros es fundamental para proteger la salud de las poblaciones, asegurar la confianza de los mercados y promover el desarrollo sostenible”, expresó el funcionario, según reportó la OPS. Sánchez Vásquez resaltó además el papel esencial de los laboratorios en los sistemas nacionales de control de alimentos y la contribución de las redes regionales para mantener la excelencia técnica y la colaboración entre países.

La representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS en Nicaragua, doctora Ana Elena Chévez, remarcó que la participación de los países demuestra un compromiso sostenido para proteger la salud pública por medio de alimentos inocuos y seguros. “La RILAA constituye una de las iniciativas más valiosas de cooperación técnica de nuestra región. Desde su creación ha consolidado una red de excelencia que articula capacidades científicas, técnicas y humanas, permitiendo avanzar hacia sistemas de control de alimentos más robustos, confiables y armonizados”, afirmó Chévez, en declaraciones recogidas por la OPS.

La presidenta del Comité Ejecutivo de la RILAA, Imelda Rocío Guzmán Cervantes, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de México, agradeció el apoyo de Nicaragua, del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), del Ministerio de Salud y la OPS/OMS por la hospitalidad y el respaldo institucional para la realización del encuentro. Según la dirigente, “la asamblea representa más que una agenda técnica, un espacio de cooperación, confianza y construcción colectiva entre los laboratorios de análisis de alimentos de nuestra región”.

El director del IPSA, Ricardo Somarriba, señaló que Nicaragua cuenta con procesos normalizados y sistemas de calidad sujetos a acreditación y reconocimiento internacional, lo que refuerza la competencia técnica y la confiabilidad de los resultados analíticos.

Durante el seminario técnico de la asamblea, se abordaron temas prioritarios como la integración del enfoque de Una Salud en la inocuidad alimentaria, el fortalecimiento de la calidad analítica de los laboratorios, la respuesta ante riesgos emergentes y la importancia de la cooperación entre países para seguir impulsando la capacidad técnica regional.

Según la OPS, la red RILAA integra a más de 177 laboratorios de 25 países de las Américas, incluyendo a Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, San Vicente, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. La asamblea de Managua convocó representantes de al menos 14 países miembros.

En el encuentro anterior, la XI Asamblea Ordinaria de la RILAA se realizó en Asunción, Paraguay entre el 21 y el 25 de octubre de 2024, según reportó la OPS. En esa oportunidad, participaron 65 representantes de laboratorios de 15 países. Entre los temas abordados destacaron el impacto de la genómica, el fraude alimentario y el cambio climático en la inocuidad de los alimentos. El seminario técnico inaugural se dedicó a la autenticidad y fraude alimentario, los peligros biológicos asociados a nuevos alimentos y los efectos de la contaminación ambiental en la calidad de los alimentos.

Además, durante la XI Asamblea se presentaron los logros de los grupos técnicos de química, microbiología, resistencia a los antimicrobianos y calidad, y se elaboraron los planes de acción para el bienio 2025-2026, así como los requisitos de participación para laboratorios privados.

La OPS reafirmó durante la XII Asamblea su compromiso de acompañar a los países en el fortalecimiento de sistemas de inocuidad alimentaria resilientes, integrados y capaces de anticipar desafíos presentes y futuros para beneficio de las poblaciones de las Américas. La cooperación técnica, el intercambio de experiencias y la armonización de metodologías siguen siendo los ejes principales de la agenda de la RILAA, según informó la organización internacional.

Luego de varias horas de rumores sobre su estado de salud, este domingo por la tarde la dictadura de Nicaragua confirmó la muerte del líder indígena miskito y expresidente del partido Yatama, Brooklyn Rivera Bryan.

La información fue confirmada por el régimen de Daniel Ortega a través de un breve comunicado, en el que detalla que River sufrió un “deterioro físico y neurológico” como consecuencia “de una bacteria generada por el virus COVID 19″.

De esta manera, Rivera se convierte en el séptimo preso político fallecido bajo custodia del Estado nicaragüense desde el inicio de la actual escalada represiva y en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada denunciados por organismos de derechos humanos dentro y fuera del país.

Según fuentes cercanas citadas por la plataforma Confidencial, la familia busca cumplir la voluntad expresada por Rivera antes de su deterioro físico: ser enterrado en Lidaukra, en Sandy Bay, comunidad de la Costa Caribe Norte donde también descansan los restos de su madre.

Rivero murió apenas cuatro días después de que la dictadura rompiera casi tres años de silencio sobre el paradero y estado de salud del dirigente indígena. El pasado 27 de mayo, el Ministerio de Salud divulgó un comunicado en el que admitió que Rivera se encontraba en condición crítica y sufría “edema cerebral asociado a una lesión neurológica severa”, además de insuficiencia respiratoria y falla renal aguda.

Aquella comunicación fue interpretada por familiares, activistas y organismos internacionales como un intento de deslindar responsabilidades ante un desenlace que parecía inminente.

Las imágenes difundidas posteriormente por los medios oficiales mostraron a Rivera postrado en una cama de hospital, visiblemente demacrado, con un deterioro físico que contrastaba dramáticamente con la figura del dirigente que durante décadas encabezó la defensa de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense.

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) reaccionó este domingo condenando la muerte del líder indígena y atribuyéndola directamente a la responsabilidad del régimen.

“Condenamos enérgicamente la muerte en manos de la dictadura del líder histórico de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan. Los responsables que llevaron a la muerte del diputado indígena deberán rendir cuentas penalmente. Los crímenes de lesa humanidad no van a quedar impunes”, afirmó la organización en un pronunciamiento público.

La muerte de Rivera ocurre después de más de 970 días de detención arbitraria, desaparición forzada y aislamiento. Su caso fue denunciado reiteradamente ante organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos de Naciones Unidas y diversas organizaciones indígenas.

Rivera fue capturado el 29 de septiembre de 2023. De acuerdo con denuncias de sus allegados, agentes vinculados al régimen lograron ubicarlo mediante engaños en Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento desapareció prácticamente del espacio público.

Durante meses las autoridades se negaron a informar dónde estaba recluido, cuáles eran las condiciones de su encarcelamiento o si recibía atención médica. La incertidumbre se prolongó durante más de dos años y medio.

La desaparición de Rivera ocurrió en un contexto de creciente ofensiva contra Yatama, la principal organización política indígena de la Costa Caribe. El partido había denunciado reiteradamente fraudes electorales, invasiones de colonos a territorios indígenas y la erosión de los regímenes de autonomía establecidos en la Constitución nicaragüense.

Su captura también se produjo pocas semanas después de que cuestionara públicamente las elecciones regionales organizadas por el régimen y denunciara nuevas presiones contra comunidades indígenas y afrodescendientes.

Nacido en la Costa Caribe, Rivera fue durante décadas una de las voces políticas más influyentes entre los pueblos miskitos. Su trayectoria estuvo marcada por una compleja relación con el sandinismo. Durante los años ochenta encabezó la resistencia indígena contra el Gobierno revolucionario, denunciando desplazamientos forzados y violaciones a los derechos de las comunidades del Caribe.

Posteriormente participó en procesos de diálogo y reconciliación que condujeron al reconocimiento constitucional de la autonomía regional. Con el paso de los años se convirtió en diputado ante la Asamblea Nacional, aliado del sandinismo, y en uno de los líderes históricos más reconocidos de la Costa Caribe nicaragüense.

Su figura trascendió las fronteras nacionales y fue ampliamente conocida en foros internacionales dedicados a los derechos indígenas.

Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo terminó tratando a Rivera como a otros antiguos aliados o interlocutores incómodos: mediante la criminalización, el aislamiento y el encarcelamiento.

Durante los últimos años, familiares y organismos de derechos humanos denunciaron que el dirigente indígena permanecía en condición de desaparición forzada. Las exigencias de pruebas de vida se multiplicaron, especialmente cuando comenzaron a circular versiones sobre el deterioro de su salud.

La exhibición de Rivera esta semana en una cama hospitalaria generó indignación dentro y fuera de Nicaragua. Diversos observadores señalaron que las imágenes parecían destinadas a responder las crecientes denuncias internacionales sobre su desaparición, pero también evidenciaban el grave estado físico al que había llegado tras casi tres años bajo control absoluto del aparato represivo.

La propia hija del dirigente, Tininiska Rivera, declaró este domingo al diario La Prensa que todavía no podía confirmar oficialmente el fallecimiento de su padre porque seguía intentando obtener información directa de familiares y personas cercanas.

La retención del cadáver añade un nuevo elemento a una historia marcada por la arbitrariedad. Organismos de derechos humanos han señalado en otros casos que la negativa estatal a entregar cuerpos, informar adecuadamente a las familias, o realizar funerales controlados constituye una forma adicional de castigo y sufrimiento.

La muerte de Brooklyn Rivera también amplía una lista que incluye al comandante guerrillero Hugo Torres Jiménez, fallecido en prisión en 2022; al general retirado Humberto Ortega Saavedra, muerto bajo custodia en 2024; al opositor Mauricio Alonso Petri; al jurista Carlos Cárdenas Zepeda; al abogado Santos Flores y al nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, asesinado en la cárcel La Modelo en 2019.

El día de ayer 29 de mayo de 2026, la Costa Caribe Norte de Nicaragua se convirtió en el escenario de una profunda tragedia marítima que, al mismo tiempo, ha dejado un conmovedor testimonio de supervivencia. El naufragio de una embarcación menor frente a la peligrosa barra de Krukira, en el municipio de Puerto Cabezas, ha conmocionado a la población local.

En medio del dolor por la pérdida de vidas humanas, la comunidad y los cuerpos de socorro califican como un “verdadero milagro de Dios” el rescate de un pequeño de tan solo tres años de edad, quien logró sobrevivir aferrándose con sus pocas fuerzas a la vegetación marina.

El incidente ocurrió en horas de la mañana, luego de que la panga identificada preliminarmente bajo el nombre de “Cap. Disan D” zarpara alrededor de las 6:00 a.m. desde el sector de Kistawan, en Sandy Bay. La ruta contemplaba el tránsito por una zona ampliamente conocida por los marineros debido a sus fuertes corrientes, oleajes imprevistos y alta peligrosidad para las embarcaciones de pequeña escala.

Horas más tarde, las condiciones adversas del mar habrían provocado el volcamiento de la estructura, desencadenando la emergencia. Las autoridades locales de la Fuerza Naval, en coordinación con la Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo de la Alcaldía de Puerto Cabezas, activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate tras recibir el reporte del siniestro.

Al llegar al área de la barra de Krukira, se confirmó el fallecimiento de dos mujeres. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yahoska Wisla Katu, de entre 27 y 28 años de edad, y Karlin Brayan Thomas, de aproximadamente 45 años, originaria del barrio Sandy Bay Sirpi en Bilwi. Los lazos familiares hacían la tragedia aún más dolorosa, confirmándose que las fallecidas eran suegra y nuera.

El milagro en el manglar

El momento más impactante de la jornada de rescate ocurrió cuando los ocupantes de una panga comunitaria, que se había sumado a las labores de rastreo de la Fuerza Naval, divisaron algo entre la vegetación costera. Sujetado firmemente de una rama en un manglar con una de sus pequeñas manos, fue encontrado con vida el niño Aimar Jacobo Brayan, de tres años.

El menor sobrevivió a las difíciles condiciones del mar abierto y al fuerte impacto del vuelco, manteniéndose a flote gracias a las ramas hasta que los rescatistas lograron ponerlo a salvo. Además del pequeño Aimar, los reportes iniciales confirmaron el rescate de otra menor, Yeneli Maikel Brayan, de ocho años de edad, quien en las primeras horas posteriores al siniestro figuraba de forma errónea en las listas de desaparecidos.

Por otro lado, el rescate de Kevin Brayan Thomas, de 35 años, quien presuntamente se desempeñaba como capitán de la embarcación, esposo de Yahoska y padre del niño de tres años, revistió ribetes dramáticos. Según testigos y comunitarios, el hombre fue localizado inicialmente en la playa, visiblemente desorientado y corriendo sobre la arena en un estado de shock profundo antes de recibir la asistencia médica necesaria.

Investigaciones en curso y hermetismo por posibles desaparecidos

Las autoridades policiales, municipales y navales centran sus esfuerzos en esclarecer las causas exactas que provocaron el hundimiento de la embarcación. Hasta el cierre de esta nota, los motivos técnicos o humanos detrás del siniestro siguen bajo una estricta investigación.

Existe una gran incertidumbre respecto al número total de pasajeros que viajaban a bordo de la “Cap. Disan D”. Si bien los informes preliminares de los comunitarios sugerían de manera extraoficial que en la embarcación se trasladaban entre 11 y 20 personas, incluyendo reportes dramáticos sobre la presunta desaparición de un bebé de pocos meses de nacido, hermano del niño rescatado, las autoridades aún no han podido validar estos datos de forma oficial.

Esta falta de certeza se debe principalmente a que los únicos sobrevivientes localizados hasta ahora son los dos menores de edad y el capitán de la nave. Kevin Brayan Thomas se encuentra actualmente ingresado en el centro hospitalario de la localidad, donde se recupera de las lesiones físicas y del severo impacto psicológico de la tragedia.

Debido a su delicada condición médica y al estado de shock en el que se mantiene tras perder a su esposa y a su madre, el capitán no ha podido brindar una declaración formal e integral a los investigadores. La Fuerza Naval de Nicaragua y los equipos de respuesta comunitaria mantienen bajo verificación la matrícula de la embarcación y la lista oficial de zarpe para determinar con exactitud si existen más familias buscando a sus seres queridos en las aguas del Caribe Norte.

Una nueva denuncia contra Livang Argüello Molina agrava su situación judicial: una joven de 18 años lo acusa de haberle practicado en septiembre de 2024 una cirugía estética que derivó en una neumonía aspirativa, mientras el médico ya fue condenado a dos años de prisión por lesiones imprudentes graves, enfrenta investigaciones por la muerte de otra paciente y fue inhabilitado por el Ministerio de Salud para realizar procedimientos médicos.

La condena conocida ayer incluyó además una multa de USD 44,400, y la Procuraduría General de la República informó en un comunicado que Argüello Molina fue capturado junto con otros tres profesionales de la salud por el caso de Jennifer Elizabeth Reyes Castro, una joven de 24 años que murió tras una cirugía estética.

Dina Mejía Obregón dijo en entrevista con Canal 10 que Argüello Molina la citó en la clínica Amate, en el distrito tres de Managua, para realizarle una lipoescultura en abdomen y cintura el 12 de septiembre. Según su testimonio al medio, viajó desde Juigalpa hasta el kilómetro 10,4 de la carretera vieja a León para someterse a un procedimiento cuyo costo era de USD 2,935.

Mejía Obregón relató a Canal 10 que entró a quirófano en un espacio que describió como un cuarto con una camilla y que al inicio no había anestesióloga. También afirmó que antes de la intervención le advirtió al médico que padecía asma y que no había sido sometida a una valoración anestésica, pero que él le respondió que no existía riesgo.

La paciente afirma que salió de la clínica con una neumonía aspirativa

De acuerdo con la acusación presentada ante la Policía Nacional, la anestesióloga fue identificada como la doctora Sánchez. Según el relato, ella administró después la anestesia y realizó la primera incisión tras el marcaje abdominal hecho por Argüello Molina.

Durante el procedimiento, según la denuncia, la paciente empezó a toser de forma persistente. En respuesta, se le administró hidrocortisona, sin que ella conozca la dosis, y se le practicaron dos nebulizaciones con solución salina y bromuro de ipratropio indicadas por la doctora Sánchez.

La joven contó que el propio médico le explicó luego lo ocurrido: “Él me dijo que no se había realizado el procedimiento porque tuve una complicación y que debieron suspenderlo, ya que no contaban con los medios para intubarme. Supuestamente, tenía una neumonía porque había broncoaspirado y se me había ido agua a los pulmones”.

Según su testimonio al medio, también presentó sangrado y un fuerte dolor en el pecho, y no podía mover los brazos ni girar la espalda. “Yo llegué completamente sana a la clínica Amate y salí con una neumonía aspirativa”, dijo.

Mejía Obregón afirmó a Canal 10 que abandonó el lugar por sus propios medios junto a su hermana, aunque le recomendaron quedarse en observación. “A raíz de todo este procedimiento, ahora tengo crisis cada tres meses. Estoy medicada psiquiátricamente por traumas. Esto ha afectado mi salud mental”, agregó.

Esta es la tercera denuncia por presunta mala praxis contra el médico. El caso se suma a la investigación por la muerte de Jennifer Elizabeth Reyes Castro, originaria de Matagalpa, quien se sometió a una cirugía estética en la que Argüello Molina participó como asistente.

La PGR dijo que el médico no tenía acreditación en cirugía plástica

La Procuraduría General de la República informó en un pronunciamiento conjunto con la Fiscalía y la Policía que Argüello Molina fue detenido junto con la cirujana plástica Karla Ramos, el cirujano general Fidel Ernesto Guzmán Sevilla y la anestesióloga Katherine Orozco. Según la PGR, todos están bajo investigación por ese caso.

De acuerdo con la PGR, una revisión en el sistema del Ministerio de Salud constató que Argüello Molina no cuenta con acreditación para ejercer la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva. La institución añadió que el imputado figura únicamente como asistente en el Centro Médico Quirúrgico Privado Bethesda, en Ciudad Sandino, donde se realizó la intervención a Reyes Castro.

Según el texto fuente, el 22 de mayo la joven fue sometida a una lipoespalda y moldeado de cintura con transferencia a glúteos. Durante el procedimiento, presuntamente sufrió la perforación de un pulmón.

Tras la cirugía presentó dolores intensos de espalda, dificultad respiratoria y visión borrosa. Fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escuela César Amador Molina, en Matagalpa, donde permaneció intubada hasta su fallecimiento el 27 de mayo.

Ayer también se conoció que Argüello Molina fue condenado a dos años de prisión por el delito de lesiones imprudentes graves en perjuicio de Yulianov Carolina Samayoa Morales. El caso correspondió a un procedimiento de lipopapada practicado en noviembre de 2024 que, según el Ministerio Público, provocó quemadura, inflamación e infección en el área del mentón por el mal manejo de equipos y por la falta de acreditación del médico para ese procedimiento estético.

La víctima declaró en el juicio que el médico no le brindó atención adecuada durante la recuperación y que eso agravó su estado de salud. La PGJ confirmó que el MINSA inhabilitó a Livang Argüello para ejercer actividades vinculadas a procedimientos médicos de cualquier índole y canceló su código sanitario.

El viernes 22 de mayo de 2026, Jennypher Elizabeth Reyes Castro, una joven de 23 años desbordante de planes y originaria de las tierras altas de Matagalpa, ingresó por su propio pie al Centro Médico Quirúrgico Privado Bethesda, en Ciudad Sandino. Buscaba someterse a una cirugía estética, un procedimiento que, en teoría, modelaría su figura.

Sin embargo, lo que encontró en el quirófano fue una trampa mortal tejida por la informalidad, la usurpación de funciones y la negligencia médica. Siete días después, el día de ayer, 29 de mayo, un comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Salud (MINSA), la Policía Nacional y el Ministerio Público confirmó que todos los involucrados en la operación fueron capturados.

De acuerdo con lo expuesto, de las instituciones aquella mañana de mayo, el equipo médico se distribuyó las tareas. En la cabecera del quirófano estaba la Dra. Karla Ramos, especialista en Cirugía Plástica; junto a ella, el Dr. Fidel Ernesto Guzmán Sevilla, cirujano general, y la Dra. Katherine Orozco, encargada de la anestesia. No obstante, el eslabón más débil y peligroso de la cadena se encontraba en la posición de asistente: Liviang Clifford Argüello Molina, un hombre de 34 años.

A simple vista, Argüello Molina vestía la bata blanca con la misma propiedad que sus colegas. Lo que la joven Jennypher y su familia ignoraban y es que este ciudadano operaba en la absoluta clandestinidad profesional. Registrado ante las autoridades sanitarias únicamente como Médico General, carecía por completo de la acreditación, los títulos o los códigos autorizados para ejecutar o asistir cualquier tipo de procedimiento en la rama de la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Un historial delictivo que la burocracia no detuvo

El procedimiento quirúrgico concluyó, pero el calvario de Jennypher apenas comenzaba. A las pocas horas, el cuerpo de la joven empezó a enviar señales de alerta. La inflamación, el dolor agudo y una descompensación sistémica encendieron las alarmas de sus familiares. La gravedad de su estado obligó a un traslado de emergencia a su natal Matagalpa, ingresando en estado crítico al Hospital Escuela César Amador Molina.

Allí, los médicos especialistas iniciaron una carrera contrarreloj. Se aplicaron protocolos de soporte vital avanzado y cuidados intensivos, pero el daño interno ya era irreversible. El organismo de la joven colapsó de forma estrepitosa. El dictamen clínico forense posterior fue contundente: Jennypher falleció a consecuencia de un choque distributivo y un tromboembolismo pulmonar fulminante, un taponamiento súbito de las arterias pulmonares provocado, presuntamente, por la movilización de coágulos o grasa durante la cirugía.

El 28 de mayo, con el corazón destrozado, la familia Reyes Castro acudió a las delegaciones policiales para interponer una denuncia formal. La maquinaria estatal se activó de inmediato.

Al profundizar en las investigaciones, las autoridades descubrieron que la tragedia de Reyes no era un hecho aislado, Liviang ya arrastraba un oscuro y alarmante historial de mala praxis.

Las investigaciones revelaron que en mayo de 2025, la Autoridad de Regulación Sanitaria ya había detectado graves incumplimientos relacionados con las licencias y permisos en los establecimientos donde estos médicos operaban, aplicando sanciones que evidentemente no fueron suficientes para frenar sus actividades.

Por lo que, el comunicado emitido en Managua trajo un bálsamo de severidad legal ante el luto de la familia: todos los integrantes del equipo médico han sido capturados. La Dra. Ramos, el Dr. Guzmán, la Dra. Orozco y el inhabilitado Argüello Molina enfrentan ahora un proceso penal bajo la lupa del Ministerio Público y la Policía Nacional, bajo los cargos que se deriven de la pérdida de una vida humana bajo el amparo de la ilegalidad.

Las instituciones del Estado han cerrado filas prometiendo una revisión exhaustiva de las clínicas estéticas del país, mientras Matagalpa llora a una mujer de 23 años que confió su salud a profesionales que, entre la arrogancia y la usurpación, le arrebataron el futuro en una fría camilla de Ciudad Sandino.

El régimen de Nicaragua reconoció este sábado que el estado de salud del encarcelado líder indígena opositor Brooklyn Rivera es de “condición crítica”. El referente histórico del pueblo miskito, permanece bajo custodia de la dictadura sandinista desde septiembre de 2023, cuando la policía lo detuvo en su vivienda en Bilwi, en la región caribeña del país.

El Ministerio de Salud del régimen informó que médicos de cuidados intensivos concluyeron que Rivera, de 73 años, continua en estado crítico, con afectación de varios órganos vitales. El reporte detalló que permanece con ventilación mecánica, alimentación intravenosa y vigilancia médica estricta. La información oficial indicó además que padece múltiples fallas orgánicas, cirrosis hepática avanzada e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.

La difusión de fotografías oficiales que mostraron a Rivera postrado en una cama de hospital, conectado a un respirador y con signos visibles de deterioro físico, generó alarma en la comunidad internacional y reavivó las denuncias sobre las condiciones en que la dictadura mantuvo a los opositores políticos.

El 7 de marzo de 2026, las autoridades dispusieron su traslado al Hospital Fernando Vélez Paiz por un agravamiento respiratorio. Los especialistas diagnosticaron neumonía bacteriana por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar, derrame pleural bilateral e infección por Stenotrophomonas maltophilia, una bacteria resistente a antibióticos comunes.

En el hospital, los profesionales le practicaron una traqueotomía y lo conectaron a ventilación mecánica invasiva. Un estudio abdominal realizado el 15 de mayo de 2026 detectó líquido libre intraabdominal, y una laparoscopía reveló cirrosis hepática con lesiones macronodulares.

La dictadura afirmó que el paciente permanece bajo estricta supervisión médica. Organizaciones de derechos humanos y familiares de Rivera denunciaron la ausencia de una evaluación independiente y el aislamiento al que fue sometido.

La Amnistía Internacional reiteró la exigencia de una evaluación médica independiente y denunció que el estado crítico de Rivera confirmó el riesgo extremo al que estuvo expuesto tras más de dos años de desaparición forzada, detención arbitraria e incomunicación, sin acceso regular a su familia ni a su defensa legal de confianza.

El régimen de Ortega y Murillo mantuvo un control sobre la disidencia desde la represión de las protestas de 2018, que dejaron cerca de 300 muertos y cientos de detenidos, según organizaciones defensoras de derechos humanos. A raíz de esas manifestaciones, cientos de opositores debieron exiliarse y la persecución política se profundizó.

Organizaciones indígenas nicaragüenses difundieron un comunicado en el que responsabilizaron al régimen sandinista por la situación de Rivera y por violaciones a los derechos humanos sufridas por opositores. Además, señalaron la importancia de garantizar atención médica adecuada, acceso a su familia y a mecanismos internacionales de protección, además de exigir su liberación inmediata.

La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos, incrementó en las últimas horas el reclamo por la liberación de Rivera y de todos los presos políticos en Nicaragua, mientras la dictadura mantuvo su posición y persistió en la restricción de derechos y libertades fundamentales para los opositores.

Manuel Prado, vicepresidente de la Organización Miskita Americana, resaltó la trayectoria de Brooklyn Rivera como figura clave en la resistencia frente al sandinismo y recordó su participación en la Contra, el movimiento armado que contó con respaldo de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. “Tenemos la sensación de que Ortega le permitirá morir”, advirtió.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos reclamó el viernes que Brooklyn Rivera, referente histórico del pueblo miskito y líder indígena, sea liberado de inmediato.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental indicó en su cuenta de la red social X lo siguiente:

"Esta represión, violencia e inhumanidad son abominables. Reiteramos nuestro llamado a su liberación incondicional y a la de todos los presos políticos AHORA"

(Con información de AFP y AP)

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó plenos poderes a Laureano Ortega Murillo para firmar un acuerdo de cooperación internacional con Sebastopol, ciudad portuaria ubicada en la península de Crimea bajo control ruso desde 2014. Así lo informó el medio digital nicaragüense Despacho 505, que detalla que la designación se oficializó a través del Acuerdo Presidencial 78-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta.

Según Despacho 505, la decisión faculta a Laureano Ortega Murillo, hijo del matrimonio presidencial y asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional, a actuar en nombre y representación de la República de Nicaragua para suscribir un “Plan de Acción” de cooperación con las autoridades de Sebastopol. El documento incluye mecanismos de colaboración en los ámbitos económico, comercial, científico, tecnológico, social y humanitario entre la ciudad y Nicaragua.

El acuerdo refuerza el papel de Laureano Ortega como principal operador internacional del régimen, consolidando una tendencia de los últimos años: la transferencia de funciones tradicionalmente vinculadas a la Cancillería hacia el círculo familiar de la pareja gobernante, de acuerdo con la cobertura de Despacho 505.

Laureano Ortega Murillo ha recibido, a la fecha, al menos 27 poderes plenos para representar al Estado nicaragüense en el exterior, reporta el medio digital. Con este nuevo mandato, suma cinco acuerdos firmados con territorios ucranianos ocupados por Rusia: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea. Sebastopol, enclave clave para la flota rusa del Mar Negro, es reconocido internacionalmente como parte de Ucrania, aunque su anexión por parte de Moscú en 2014 no ha sido reconocida por la comunidad internacional y ha sido condenada por resoluciones de Naciones Unidas.

De acuerdo con información reciente, la acumulación de poderes y acuerdos por parte de Laureano Ortega Murillo no se limita a convenios con regiones bajo control ruso. El régimen ha delegado en él la firma de acuerdos de extradición y traslado de personas condenadas con Rusia, así como memorandos de entendimiento en áreas como catastro, cartografía, estandarización y seguridad biológica. Además, ha encabezado el “Plan de Actividades Conjuntas entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de la República de Nicaragua para el período 2026-2029”.

La transferencia de estas funciones a Laureano Ortega Murillo ha desplazado a funcionarios de la Cancillería, como Valdrack Jaentschke y Denis Colindres, quienes formalmente encabezan la diplomacia nicaragüense. Despacho 505 subraya que Laureano se ha convertido en el rostro más visible de la política exterior del régimen, especialmente en las relaciones con Rusia, China e Irán.

El año pasado Laureano Ortega fue autorizado para rubricar acuerdos de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia, así como memorandos de entendimiento con China para el desarrollo agrícola y la cooperación técnica y económica. Además, en diciembre de 2024, recibió facultades para firmar un protocolo de cooperación administrativa y de preferencias arancelarias con la Unión Económica Euroasiática.

La política de delegar poderes a funcionarios y allegados de confianza para suscribir acuerdos internacionales se ha consolidado durante el actual gobierno. Además de Laureano Ortega, otros funcionarios han recibido designaciones especiales, como el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Erwin Vicente Ramírez Colindres, autorizado a suscribir memorandos con Rusia en materia de estandarización y metrología.

La ausencia de transparencia sobre el contenido y alcance de estos acuerdos ha generado interrogantes sobre los beneficios y los compromisos adquiridos por Nicaragua. Organizaciones civiles y observadores internacionales han expresado preocupación por la falta de detalles públicos y el desplazamiento de la diplomacia institucional en favor de una gestión centralizada en la familia presidencial.

Sebastopol, objeto del más reciente acuerdo, alberga la principal base de la Flota rusa del Mar Negro y constituye uno de los puntos estratégicos más relevantes para el control ruso sobre Crimea. El acercamiento diplomático entre Nicaragua y las regiones ocupadas por Rusia profundiza el alineamiento internacional del régimen Ortega-Murillo en un contexto de aislamiento regional y sanciones internacionales.

La cooperación China-Nicaragua tomó peso desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021. El vínculo se consolidó en 2023, cuando formalizaron una asociación estratégica.

Desde entonces, la relación incluye capacitación policial, proyectos de infraestructura, modernización tecnológica y coordinación institucional, con impacto en la seguridad interna y en la presencia de Beijing en Centroamérica.

El esquema combina asistencia técnica, transferencia de equipos y acuerdos de Estado a Estado. Organizaciones que monitorean la región señalan que este tipo de cooperación puede fortalecer capacidades de gestión pública, pero también ampliar herramientas de control social cuando opera con baja supervisión y sin estándares de transparencia; así expone el informe “Autoritarismo con características chinas: cooperación y control en Nicaragua” de Expediente Abierto.

Expansión de la cooperación administrativa y policial

Desde la reanudación de los vínculos, el Ministerio de Seguridad Pública de China brindó entrenamiento y asistencia técnica a instituciones de seguridad de Nicaragua, según el informe.

La cooperación incluyó formación de miles de agentes en tácticas antidisturbios, investigación forense, protección de dignatarios, patrullaje y uso de tecnología aplicada a vigilancia.

El reporte también menciona participación de instructores chinos y transferencia de doctrinas operativas orientadas a reforzar capacidades del Estado.

Además, el régimen de Nicaragua recibió equipamiento policial y envió delegaciones a exposiciones de tecnología de seguridad en China, lo que facilitó acceso a sistemas de vigilancia digital y análisis de datos para gestión urbana, de acuerdo con la misma fuente.

Dimensión militar y proyectos estratégicos

La cooperación militar aparece como limitada, pero con señales de mayor contacto institucional. El texto alude a participación de delegaciones militares chinas en ceremonias oficiales en Nicaragua y a la creación de canales diplomáticos permanentes entre áreas de defensa.

En paralelo, el informe apunta a proyectos de infraestructura con financiamiento y participación de empresas chinas, como puertos y aeropuertos, que abrieron debate por su posible uso dual, civil y militar.

Ese tipo de obras, por su naturaleza logística, suele concentrar atención por su valor estratégico, incluso cuando se presenta con objetivos comerciales o de conectividad.

Dependencia tecnológica y gobernanza digital

La expansión del vínculo incluye el plano tecnológico. Empresas chinas figuran como actores centrales en procesos de modernización de telecomunicaciones y digitalización estatal en Nicaragua, según el texto.

La cooperación se refleja en iniciativas de conectividad digital, energía, transporte y gestión de emergencias, integradas a estándares y proveedores con base en China.

El documento menciona plataformas de monitoreo y sistemas integrados de información, incluido el Sistema Nacional de Atención a Emergencias (SINAREM).

Analistas citados advierten sobre el riesgo de que infraestructura digital gestionada por proveedores chinos incremente la capacidad del gobierno para monitorear comunicaciones y restringir el flujo de información, en un contexto de controles públicos limitados.

Cooperación institucional e ideológica

El texto describe el vínculo entre el Partido Comunista de China (PCCh) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como un canal de intercambio político. Delegaciones sandinistas participaron en programas de formación organizados por el PCCh, orientados a compartir experiencias de gobernanza, administración pública y justicia asociadas al modelo chino, según el informe citado.

También se mencionan contactos entre cortes supremas y ministerios públicos de ambas naciones. De acuerdo con el documento, estos intercambios pueden facilitar circulación de prácticas y marcos normativos que, en regímenes con baja rendición de cuentas, tienden a reforzar la concentración de poder y la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia.

Ecosistema de cooperación autoritaria

El informe consultado y una tabla de “Arenas de cooperación autoritaria” de Expediente Abierto describen la relación en varios planos: administrativo, de política pública, institucional e ideacional.

En ese esquema, los riesgos identificados incluyen dependencia tecnológica, captura de élites, control social y legitimación internacional.

Según ese análisis, China amplía su presencia mediante transferencia de capacidades de seguridad, difusión de modelos tecnológicos y regulatorios, formación de cuadros políticos y judiciales y promoción de narrativas sobre gobernanza.

Para el régimen nicaragüense, la relación ofrece financiamiento, tecnología y respaldo externo sin condiciones ligadas a estándares democráticos o de derechos humanos, según el documento.

El texto sostiene que la estrategia de Beijing en Nicaragua se inscribe en una tendencia regional de alianzas que exceden la cooperación técnica. La combinación de acuerdos en seguridad, tecnología e instituciones políticas puede aumentar la capacidad de control del Estado y su margen frente a presiones externas, de acuerdo con el informe.

En términos geopolíticos, el documento ubica el caso nicaragüense como una vía para ampliar la presencia de China en Centroamérica y el hemisferio occidental, mediante proyectos de infraestructura y cooperación estatal que crean dependencia operativa y relaciones de largo plazo entre agencias e instituciones.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió esta semana a confirmar, sin admitirlo, una de las prácticas más denunciadas por los organismos de derechos humanos: la desaparición forzada de presos políticos.

Primero mostró a Angélica Patricia Chavarría Altamirano leyendo un texto preparado en el que agradecía el supuesto “trato digno” recibido en prisión. Días después divulgó un comunicado médico sobre el dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, desaparecido desde septiembre de 2023 y ahora presentado en estado crítico, conectado a ventilación mecánica y con falla multiorgánica.

La paradoja es que ni Chavarría ni Rivera tienen una causa judicial abierta que explique por qué el régimen los mantiene presos y desaparecidos desde hace más de dos años.

Las dos apariciones ocurrieron después de años de presión pública de familiares, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. También llegaron en medio de crecientes denuncias sobre la existencia de presos políticos desaparecidos dentro del sistema penitenciario nicaragüense y el temor de que más detenidos mueran bajo custodia estatal. Desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto en cárceles o bajo control del régimen.

“Brooklyn Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023, siendo diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Desde ese momento fue denunciada por su familia y por el movimiento nacional e internacional de defensores de derechos humanos su desaparición forzada”, dijo Gonzalo Carrión, abogado y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. “Nunca informó el Estado de Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo, ni sus mecanismos del Ministerio del Interior, sistema penitenciario o Policía, sobre su paradero, dónde lo tenían ni en qué condiciones se encontraba”.

La desaparición forzada se ha convertido en uno de los instrumentos más extremos de represión política en Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos consideran “desaparecida” a toda persona detenida cuyo paradero es ocultado por el Estado, sin acceso a familiares, abogados ni información oficial sobre su condición física o situación judicial.

Un estudio presentado en agosto de 2025 por la Unidad de Defensa Jurídica y otras organizaciones señaló que 33 de los 73 presos políticos de entonces estaban en condición de desaparición forzada. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, todavía en marzo de 2026 existían 11 personas desaparecidas bajo custodia estatal.

Carrión sostiene que el número real es mayor. “Estamos hablando de una decena de personas desaparecidas. Y te digo, son más, porque nosotros estamos documentando personas desaparecidas cuyos familiares las mantenían en el anonimato por miedo, por terror, incluso esperando que un día se dignaran a sacarlos”.

Caso Brooklyn Rivera

El caso de Brooklyn Rivera se convirtió esta semana en símbolo de la crueldad a la que son sometidos los presos políticos. Rivera, de 73 años, líder histórico miskito y diputado indígena, fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 después de denunciar en foros internacionales la invasión de colonos en territorios indígenas del Caribe Norte. Durante casi tres años el régimen no confirmó siquiera si seguía vivo.

El 27 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud divulgaron un informe conjunto asegurando que Rivera padece neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar, derrame pleural bilateral y cirrosis hepática con falla multiorgánica.

“Las imágenes hablan por sí solas. Evidencian la comisión de crímenes de Estado y de crímenes de lesa humanidad, porque estaba en condición de desaparecido”, afirmó Carrión. “Y al mostrar hoy esas imágenes, lo que existe es la confesión de este crimen de lesa humanidad”.

Tininiska Rivera, hija del dirigente indígena, rechazó el comunicado oficial y denunció que el régimen intenta manipular la situación de su padre, al presentarlo como esmeradamente cuidado por médicos y al inventar visitas familiares regulares que no existieron. “Nunca nos dejaron verlo”, reclama la hija.

Incluso Rosario Murillo, copresidenta y esposa de Daniel Ortega, se ha referido durante dos días consecutivos a Brooklyn Rivera como “hermano” y ha detallado las supuestas atenciones médicas que recibe, sin explicar por qué permanece preso ni ordenar su liberación para que pueda recibir atención médica independiente.

“Vamos a seguir pidiéndole a Dios por la recuperación de su salud, para que ese corazón vibrante de Brooklyn Rivera siga latiendo en amor a Nicaragua”, dijo Murillo este jueves en su alocución en cadena de medios oficialistas.

Gonzalo Carrión considera que la aparición del líder miskito tuvo un efecto contrario al buscado por la propaganda oficial. “Brooklyn entró caminando y lo sacan casi cadáver. ¿Qué van a agradecer? ¿Cómo vas a agradecer una desaparición forzada?”.

Caso Angélica Chavarría

Cinco días antes de la exposición pública de Rivera, el régimen ya había mostrado a Angélica Chavarría Altamirano, detenida desde mayo de 2024 y desaparecida durante dos años. El Ministerio del Interior difundió un video donde Chavarría aparecía leyendo un texto en el que afirmaba recibir atención médica, alimentación y trato digno.

Carrión rechaza la autenticidad de esa declaración. “En el caso de Angélica Chavarría, la exhiben obligándola a leer lo que dice ahí. La obligan a decir que la tratan bien, que recibe atención, todo eso. Pero nosotros lo sabemos de primera mano: ella no estaba hablando libremente. Su rostro y su forma de decirlo no eran los de una persona libre”.

Chavarría fue detenida durante el operativo contra su pareja sentimental, Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador y exjefe del Ejército, el 19 de mayo de 2024, el mismo día que este concediera una entrevista a Infobae criticando la ausencia de sucesión democrática en Nicaragua. Cinco meses después, Humberto Ortega murió bajo arresto domiciliario y aislamiento hospitalario.

“Angélica era la mujer que más tiempo llevaba desaparecida”, recordó Carrión. “Y su caso demuestra algo importante: preguntar por ellas, hablar públicamente, insistir aun en medio del miedo, tiene un papel vital”.

Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco, recordó en una conferencia este jueves, el valor que tiene la denuncia pública para obligar a la dictadura a presentar pruebas de vida de los desaparecidos.

Nueve desaparecidos

Después de las recientes exposiciones públicas, el Colectivo Nicaragua Nunca Más sostiene que todavía existen al menos nueve personas desaparecidas bajo custodia estatal.

Entre ellas figura Steadman Fagoth Müller, de 72 años, histórico líder indígena miskito y antiguo asesor presidencial de Ortega. Fue detenido el 14 de septiembre de 2024, un día después de denunciar invasiones de tierras indígenas en el Caribe Norte. El Ejército aseguró que planeaba “actividades al margen de la ley”, pero organismos internacionales consideran fabricadas esas acusaciones. La CIDH advirtió que sufre diabetes y necesita insulina diaria. Desde su captura, su familia no ha recibido pruebas de vida.

También permanecen desaparecidos el coronel retirado Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 71 años, y su esposa Salvadora del Socorro Martínez Aburto, detenidos juntos el 14 de agosto de 2025. El régimen nunca reconoció oficialmente su arresto ni ha presentado cargos públicos contra ellos.

Víctor Boitano Coleman, exmilitar de 55 años, desapareció el 23 de abril de 2024 después de tramitar la renovación de su pasaporte. Había regresado a Nicaragua tras varios años residiendo en Italia. Su familia permanece exiliada y sin información sobre él.

Eddie Moisés González Valdivia, militar retirado y exguerrillero sandinista, fue detenido violentamente en Estelí el 14 de julio de 2024 tras publicar mensajes denunciando intentos de allanamiento policial. Desde entonces permanece desaparecido.

Douglas Gamaliel Álvarez Morales fue entregado por el gobierno de Costa Rica al régimen de Nicaragua en febrero de 2024 y fue visto por última vez el 19 de ese mes con grilletes y uniforme de presidiario. Desde entonces no se sabe de él, y personas cercanas a él aseguran que se encuentra aislado y sufriendo torturas..

La lista incluye además a Santos Ariel Rodríguez, de 46 años, también desaparecido sin información oficial sobre su situación jurídica o lugar de detención.

A ellos se sumaron esta semana Ricardo Mendoza Irigoyen y Larry Javier Martínez Romero. Sus familias decidieron romper el silencio después de observar que las denuncias internacionales obligaron al régimen a presentar pruebas de vida de otros presos.

“Hay una persona que cumple dos años desaparecida la próxima semana y no se había hablado de ella. La familia decidió que sí, que ya era momento. Y hay otra que está desaparecida desde enero y hasta ahora la familia decidió hablar”, explicó Carrión.

Los 90 días de investigación

Según el abogado, el régimen creó mecanismos pseudo legales para justificar desapariciones prolongadas. “Cuando detienen y desaparecen a alguien, manejan el cuento de que tienen 90 días para investigarte. Y que en esos 90 días tienen facultades para que un familiar ni siquiera tenga derecho a preguntar”.

En febrero de 2021, la Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega amplió hasta a 90 días el plazo que el Código Penal daba a la Fiscalía y la Policía para presentar a un detenido ante una autoridad judicial. Hasta entonces, la ley obligaba a hacerlo en un máximo de 48 horas o, de lo contrario, ordenar su liberación.

Carrión considera que con esta reforma el Estado terminó institucionalizando la desaparición forzada. “Legalizaron la desaparición desde el primer inicio. Bueno, ‘legalizaron’ entre comillas, ¿verdad? Porque no hay manera de legalizar el abuso de poder ni la violación de derechos humanos”.

El abogado señala que incluso esa norma ya arbitraria no faculta a la Policía a mantener a alguien desparecido ni por 90 días, mucho menos por años como sucede en varios casos. “Investigar no significa que no se informe sobre el detenido”, dice.

Presos políticos muertos

La reciente aparición de Brooklyn Rivera en condición agónica disparó el miedo entre las familias de desaparecidos. Existen antecedentes concretos. Al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2019.

El primero fue Eddy Antonio Montes Praslin, abogado nicaragüense-estadounidense asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo, en Tipitapa. Un custodio penitenciario le disparó durante un operativo represivo contra presos políticos. Tenía 57 años y era conocido como “El Pastor”. Su hija responsabilizó públicamente al régimen: “Culpo al Gobierno por la muerte de mi papá, culpo al presidente porque él controla todo lo que pasa en ese país”.

Luego murió el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, detenido desde 2013 después de denunciar abusos sexuales contra su hermana atribuidos a Daniel Ortega. Falleció en noviembre de 2021 dentro de La Modelo en circunstancias nunca esclarecidas. La CIDH llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 12 de febrero de 2022 murió Hugo Torres Jiménez, general de brigada en retiro y uno de los guerrilleros que participó en el operativo de 1974 que liberó a Daniel Ortega de las cárceles somocistas. Pasó meses desaparecido parcialmente dentro del sistema penitenciario y cuatro meses hospitalizado bajo custodia. Un familiar resumió el estado en que fue entregado: “A mí me entregaron un montoncito de huesos”.

El 30 de septiembre de 2024 falleció Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente y exjefe del Ejército, después de permanecer más de tres meses bajo arresto domiciliario y aislamiento hospitalario. Daniel Ortega nunca se pronunció públicamente sobre la muerte de su hermano.

Mauricio Alonso Petri murió el 25 de agosto de 2025, 38 días después de haber sido detenido junto a su familia en Jinotepe. El régimen entregó el cadáver en un ataúd sellado y ordenó un entierro exprés custodiado por policías. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró entonces estar “horrorizado por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega”.

Pocos días después, el 29 de agosto de 2025, el régimen entregó muerto al abogado Carlos Cárdenas Zepeda, secuestrado quince días antes en Managua. La dictadura nunca informó la causa de su muerte.

“Cuando uno mira todo esto —los desaparecidos, las pruebas de vida, los muertos— estamos hablando de un crimen de lesa humanidad”, afirmó Carrión. “Entonces, cuando los exhiben, como exhibieron a Brooklyn o a Angélica, lo que hacen es confirmar que han estado cometiendo desaparición forzada, tortura y toda la crueldad que eso implica”.

Pruebas de vida

Desde 2023 el régimen ha recurrido al menos en una decena de veces a las llamadas pruebas de vida. Lo hizo con el obispo Rolando Álvarez después de presiones del papa Francisco y organismos internacionales. Lo volvió a hacer meses después mediante fotografías y videos. Repitió el patrón ahora con Brooklyn Rivera y Angélica Chavarría. En todos los casos, las exhibiciones ocurrieron después de fuertes campañas de denuncia pública.

“Lo de ayer fue una obra de la infamia”, dijo Carrión sobre la aparición pública de Rivera. “Además de la confesión de un crimen de lesa humanidad, donde participan todos los que tienen conocimiento: quienes firman el comunicado, el Ministerio del Interior, Salud, quienes lo tienen privado de libertad".

El gobierno de Estados Unidos exigió el viernes la liberación inmediata de Brooklyn Rivera, histórico líder indígena y referente del pueblo miskito, tras la difusión de imágenes oficiales que muestran su estado crítico en un hospital. Rivera permanece encarcelado desde el 29 de septiembre de 2023, en el marco de la represión ejercida por el régimen sandinista liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra disidentes políticos.

Según los familiares del preso político, el dirigente está detenido sin existen cargos formales en su contra. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental expresó en la red social X: "Esta represión, violencia e inhumanidad son abominables. Reiteramos nuestro llamado a su liberación incondicional y a la de todos los presos políticos AHORA".

Rivera se encuentra bajo custodia de la dictadura, conectado a un respirador artificial y con falla multiorgánica, según un informe publicado el miércoles por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud del régimen. Las fotografías oficiales lo muestran demacrado y conectado a tubos en una cama de hospital.

Diversas organizaciones indígenas nicaragüenses denunciaron en un comunicado, difundido el jueves, la detención arbitraria de Rivera y cuestionaron la versión oficial sobre su estado de salud. “Sabemos que el responsable de esta gravísima situación en la que se encuentra, de las violaciones de los derechos humanos, es el régimen sandinista de Ortega-Murillo”, señalaron en el texto enviado a The Associated Press.

El documento oficial detalla que Brooklyn Rivera ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el 29 de septiembre de 2023, día de su detención. Posteriormente, permaneció en el Hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, hasta su traslado a las instalaciones penitenciarias de Tipitapa.

El informe indica que el 7 de marzo de 2026 Rivera fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Paiz debido a un notorio empeoramiento de su estado respiratorio. En ese centro, los médicos diagnosticaron neumonía bacteriana por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar de origen fúngico, derrame pleural bilateral y, posteriormente, una infección por Stenotrophomonas maltophilia, bacteria resistente a los antibióticos habituales.

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales de la salud realizaron una traqueotomía y lo conectaron a ventilación mecánica invasiva. Una tomografía abdominal practicada el 15 de mayo de 2026 detectó líquido libre intraabdominal, mientras que una laparoscopía reveló cirrosis hepática con lesiones macronodulares.

El informe concluye que la condición de Rivera continúa siendo delicada, con falla orgánica múltiple, cirrosis hepática avanzada e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.

La persecución en Nicaragua

Al menos 47 personas están actualmente detenidas en Nicaragua por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos. Desde el levantamiento social de 2018, cientos de periodistas, activistas y opositores fueron encarcelados en el país centroamericano.

La represión se intensificó antes de las elecciones presidenciales de 2021, en las que todos los candidatos con posibilidades fueron arrestados antes de la reelección de Ortega, cuyo liderazgo no es reconocido por Washington.

En 2023, más de 200 presos políticos fueron liberados y trasladados a Estados Unidos, donde denunciaron aislamiento y torturas físicas y psicológicas. Muchos de ellos desarrollaron problemas de salud crónicos y permanecen en situación migratoria incierta bajo la administración Trump. Otros 135 prisioneros políticos fueron enviados a Guatemala en 2024.

Manuel Prado, vicepresidente de la Organización Miskita Americana, destacó el papel histórico de Rivera en la resistencia al sandinismo y su participación en el movimiento armado de la Contra, apoyado por Washington en los años 70 y 80. Prado advirtió: “Tenemos la sensación de que Ortega le permitirá morir”. La región miskita, rica en oro y plata, resulta estratégica para el gobierno de Ortega-Murillo en su búsqueda de inversión internacional, especialmente de China.

(Con información de Associated Press)

El régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Ejército de Nicaragua autorizó el ingreso temporal de tropas, naves y aeronaves de Rusia, China, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México y países centroamericanos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, una decisión que consolida una práctica semestral del Ejecutivo para habilitar ejercicios militares, intercambios y operaciones de asistencia humanitaria en territorio nicaragüense.

La medida también incluye la salida de personal militar nicaragüense hacia otros países para participar en actividades similares. Entre los datos más precisos del decreto figura el envío rotativo de 50 militares nicaragüenses, además de naves y aeronaves, a territorio ruso para ejercicios de intercambio militar, entrenamiento y asistencia humanitaria.

La autorización fue oficializada mediante el Decreto Presidencial No. 05-2026, publicado el 29 de mayo de 2026 en La Gaceta, Diario Oficial. El texto establece que las actividades aprobadas abarcan el segundo semestre del año, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto habilita la presencia militar de ocho países y de la CFAC

De acuerdo con el decreto, Nicaragua autorizó el tránsito y estacionamiento temporal de efectivos, embarcaciones y aeronaves de la Federación de Rusia, la República Popular China, los Estados Unidos Mexicanos, la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, los Estados Unidos de América y los países integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.

Ese bloque regional de la CFAC incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. El permiso comprende ejercicios de cooperación, intercambio de experiencias y acciones de asistencia humanitaria coordinadas con el Ejército de Nicaragua.

Rusia vuelve a ocupar un lugar central en el esquema de cooperación militar aprobado por Managua. El decreto autoriza el ingreso de personal militar ruso para ejercicios de adiestramiento, intercambio de experiencias y operaciones de ayuda humanitaria junto al Ejército de Nicaragua.

El mismo documento también habilita la participación de efectivos rusos en operaciones marítimas de lucha contra actividades ilícitas en el Caribe y el Pacífico nicaragüense. A eso se suman ejercicios con unidades especiales y cuerpos de transmisiones del Ejército.

Estados Unidos y México participarán en misiones humanitarias y de rescate

El decreto también contempla la participación de personal militar de Estados Unidos y México en actividades coordinadas con las fuerzas nicaragüenses. En el caso estadounidense, la autorización cubre el ingreso de personal, aeronaves y naves militares para operaciones humanitarias, misiones de búsqueda, salvamento y rescate ante emergencias o desastres naturales.

La disposición agrega que podrán llegar efectivos militares estadounidenses previamente coordinados con las autoridades nicaragüenses para apoyar operaciones de ayuda humanitaria por aire, mar y tierra. Nicaragua, a su vez, enviará contingentes militares hacia México durante el segundo semestre para participar en actividades del mismo tipo.

China también aparece en el decreto, aunque el texto ofrece menos detalles sobre sus operaciones que en los casos de Rusia, Estados Unidos, México y Venezuela. La autorización para el ingreso de fuerzas de la República Popular China se inscribe en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y estratégicas que Managua desarrolló con Pekín tras romper relaciones con Taiwán en diciembre de 2021.

Cuba y Venezuela mantendrán intercambios y ejercicios conjuntos con Managua

Cuba y Venezuela seguirán participando en intercambios militares y operaciones humanitarias con Nicaragua, según el decreto. En el caso venezolano, la autorización comprende la intervención de distintas unidades militares en ejercicios conjuntos de rescate, atención ante desastres naturales, operaciones marítimas y combate a actividades ilícitas.

El texto también prevé la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en intercambios y labores de carácter humanitario junto a personal militar nicaragüense. Esa cooperación se suma a la habilitación general otorgada a otros países aliados del gobierno de Managua.

La autorización para el ingreso de tropas extranjeras se repite cada seis meses bajo la administración Ortega-Murillo. En cada período, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo aprueban decretos de alcance similar para permitir la presencia temporal de contingentes militares extranjeros en el país.

Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron ampliar un muro perimetral en El Carmen, en Managua, por temor a una posible “operación de extracción” en su contra, según informó el periodista Miguel Mora del periódico 100% Noticias; la nueva obra se suma al dispositivo policial y militar que desde hace años protege la residencia oficial de ambos gobernantes en una zona ya marcada por bloqueos, controles y vigilancia permanente.

La barrera, de acuerdo con Mora, tendría una altura similar a la de una casa de dos pisos y cubriría varios puntos considerados vulnerables en la capital. El periodista sostuvo que la decisión responde al miedo de Ortega y Murillo ante un eventual operativo dirigido contra ellos.

Mora, director fundador de 100% Noticias, afirmó que “los dictadores levantan un muro por miedo a una operación quirúrgica. Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo habrían entrado en pánico”. La cita fue difundida por el propio comunicador al referirse al refuerzo de la seguridad en el complejo residencial.

El muro cubriría el tramo entre Montoya y el portón principal de El Carmen

Según explicó Mora, la obra consistiría en “un muro perimetral desde las inmediaciones de Montoya hasta El Carmen, ante el temor de una posible operación de extracción que pudiera ingresar por ese punto, considerado por ellos como vulnerable”.

Esa descripción ubica el nuevo cerco en uno de los accesos que el periodista identifica como sensibles para la seguridad del sector.

El recorrido, siempre según Mora, comenzaría en las inmediaciones de donde operaba Extravisión. Luego continuaría en dirección a los canales 4 y 13 y avanzaría hasta el portón principal de El Carmen.

Sobre las dimensiones, Mora señaló: “El muro, según las versiones conocidas, tendría una altura similar a una casa de dos pisos. Más que una obra de seguridad, parece una señal del miedo profundo que consume a los co-dictadores frente a un escenario que ellos mismos parecen prever: un operativo quirúrgico en su contra”.

La información conocida hasta ahora responde de manera directa a la pregunta central sobre la nueva obra: el régimen habría decidido extender el perímetro de protección de su residencia oficial por temor a una incursión contra Ortega y Murillo, según las versiones citadas por Mora.

El sector ya operaba con barricadas, patrullajes y unidades caninas

La zona de Managua donde se encuentra el complejo residencial de Ortega y Murillo ya presentaba desde años atrás fuertes restricciones al libre tránsito. En ese sector son visibles calles bloqueadas con barricadas permanentes y controles en los accesos principales.

También hay presencia constante de agentes policiales fuertemente armados, según el texto difundido sobre el lugar. A eso se agrega vigilancia permanente mediante patrullajes y unidades caninas desplegadas en los alrededores del complejo.

Al final de su publicación, Mora dejó planteada una duda sobre el motivo de las nuevas medidas. “La pregunta es inevitable: ¿Qué saben Ortega y Murillo que nosotros todavía no sabemos?”, expresó el periodista.

La versión sobre el nuevo muro también provocó la reacción del excarcelado político Freddy Quezada, quien comparó la estructura con un “panóptico” y sostuvo que ese tipo de resguardo no impediría el seguimiento externo de los gobernantes.

“El mismo panóptico que los ORMU emplean para vigilar a los ciudadanos nicaragüenses, es el que usan, sólo que más potente y exacto, sus enemigos para vigilarlos desde sus satélites, no importa cuán altos y cuán largos sean los muros perimetrales que levanten para creer protegerse”, expresó Quezada.

La familia de O.O.S., un menor de 13 años que resultó gravemente herido tras ser impactado por una rama de árbol en una finca de Boaco, demanda a las autoridades de Nicaragua que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades.

El adolescente permanece en estado crítico en un hospital de Managua, luego de sufrir lesiones graves en la cabeza y los pulmones, además de tres fracturas, tras el incidente ocurrido en la comunidad Las Cañas.

De acuerdo con la cobertura de tn8, la versión inicial indica que el adolescente fue alcanzado por una rama durante labores de limpieza en la finca propiedad de Rolando Robleto.

Sin embargo, la familia sostiene que existen dudas sobre la causa real de las lesiones. Angela Sobalvarro Rocha, tía del menor, declaró que minutos antes de la tragedia, el adolescente fue llamado por un trabajador identificado como Bismark para comprar una gaseosa.

“Por mi sobrinito pedimos justicia. Dicen que fue una rama que le cayó, pero no creemos eso porque el niño tiene tres quebraduras, está entubado y con lesiones graves en la cabeza y los pulmones”, señaló la tía en declaraciones recogidas por tn8.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre el suceso, mientras que la familia insiste en que el caso no debe quedar impune y que las autoridades deben esclarecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes deben responder. Los familiares han interpuesto denuncia formal ante la policía y mantienen su exigencia de justicia, según detalla la cobertura de tn8.

El Código Penal de Nicaragua establece que pueden considerarse delitos las acciones u omisiones dolosas o imprudentes que causen daño a otra persona. Conforme al artículo 22 del Código Penal, son responsables criminalmente de los delitos los autores, cómplices y encubridores. En situaciones como la ocurrida en Boaco, si se comprueba negligencia, imprudencia o falta de medidas de seguridad adecuadas por parte de los responsables de la finca o de quienes supervisaban las labores, podría configurarse un delito de lesiones imprudentes o incluso lesiones graves. Las penas y la responsabilidad recaerán sobre quien haya tenido el deber jurídico de evitar el daño y no haya actuado con la diligencia. El Código también contempla la responsabilidad civil para la reparación e indemnización por los daños causados a la víctima.

En los últimos meses se han reportado incidentes similares vinculados a factores naturales y la falta de prevención. En octubre de 2025, fuertes lluvias en Managua y otros departamentos provocaron la caída de árboles, dejando daños materiales y cortes de energía, según reportó el medio 100% Noticias. Además, en el barrio Costa Rica de la capital, la caída de un árbol sobre varios vehículos generó solo daños materiales, mientras que en otros casos se reportado personas lesionadas por la caída de árboles durante tormentas.

La tragedia más reciente relacionada con incidentes relacionados con la naturaleza ocurrió a finales de abril de 2026, cuando el derrumbe de un muro provocado por las lluvias causó la muerte de un padre y sus tres hijos en Managua, además de dejar a la madre lesionada. Las autoridades han reiterado la importancia de extremar precauciones en temporada de lluvias y durante labores que impliquen riesgo de caída de árboles o estructuras.

El caso del menor de Boaco ha generado preocupación en la comunidad y entre organizaciones que demandan mayor control en las condiciones de trabajo y la protección de menores.

Los familiares insisten en que la investigación debe ser exhaustiva y que se sancione a quienes resulten responsables, para evitar que hechos similares se repitan y que la impunidad prevalezca en este tipo de accidentes vinculados a la gestión y seguridad en las fincas del país.

La Policía Nacional mantiene el caso bajo proceso investigativo y la familia de O.O.S. espera respuestas claras sobre lo ocurrido en la finca Santa Blanca. Mientras tanto, el menor continúa bajo atención médica especializada y su pronóstico es reservado, según informaron fuentes familiares a tn8.

El virus del Chikungunya ha vuelto a encender las alarmas sanitarias en Nicaragua tras confirmarse los primeros contagios oficiales en lo que va del año 2026. La detección de la enfermedad, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, ocurre tras un prolongado silencio institucional y coincide con las recientes alertas emitidas por las autoridades de Costa Rica, que detectaron casos positivos en su territorio catalogados como importados desde suelo nicaragüense.

El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua admitió la presencia del virus al incluir, de manera escueta y sin decretar una alerta sanitaria formal, un registro de 12 casos acumulados en su informe epidemiológico correspondiente a la semana que culminó el sábado 23 de mayo de 2026.

La admisión del brote apareció diluida dentro de una nota de prensa titulada “Menos enfermos de dengue e influenza”, un documento enfocado en resaltar los logros de los programas de salud gubernamentales, como la reducción del 20% en los diagnósticos de dengue (51 enfermos) y una baja del 3% en los casos de influenza (30 confirmados).

Sin embargo, al revisar las páginas interiores del reporte, el panorama sanitario muestra un repunte en múltiples enfermedades vectoriales y respiratorias.

Además de los 12 contagios de chikungunya, el MINSA reconoció un incremento del 3% en los casos de neumonía, afectando a 1,405 personas en la última semana, y un repunte del 5% en la malaria, que ya suma 64 pacientes. Asimismo, el informe de la autoridad sanitaria reportó tres nuevos casos de leptospirosis.

El manejo de estos datos ha despertado suspicacia entre los especialistas y medios de comunicación locales. Aunque la información fue retomada por plataformas digitales tras la filtración del boletín en un blog oficial, la veracidad histórica de las cifras ha sido difícil de constatar de forma independiente por agencias internacionales de noticias.

Esto se debe a que el Boletín Epidemiológico completo del MINSA se encuentra congelado y sin actualizaciones públicas desde el año 2024, sumado a que la publicación digital original que mencionaba los casos desapareció de las redes institucionales a las pocas horas de ser difundida.

Las secuelas crónicas: El riesgo de la artritis permanente

Más allá de la controversia por la falta de transparencia en las estadísticas, la comunidad médica nicaragüense ha manifestado su preocupación por el impacto clínico de este retorno. En declaraciones para el canal local Voz TV, el médico internista doctor Nery Olivas explicó que, si bien el chikungunya no suele ser una enfermedad mortal por sí misma, sus secuelas a largo plazo pueden llegar a ser altamente incapacitantes para la población económicamente activa.

El especialista recordó que el término “chikungunya” proviene de una lengua africana y se traduce literalmente como “el hombre que se encorva”, debido a la postura que adoptan los pacientes debido a los intensos dolores corporales.

“El chikungunya deja muy mal las articulaciones. El paciente experimenta dolores agudos que pueden prolongarse por tres meses, pero en un porcentaje considerable de los casos la inflamación persiste, transformándose en una artritis crónica irreversible”, advirtió el doctor Olivas.

El médico enfatizó que el virus tiene un periodo de incubación de dos a siete días y que no surge por “generación espontánea”, sino a través de la cadena de transmisión de un enfermo a un mosquito, y de este a una persona sana.

Ante el inicio de la temporada de lluvias en la región, las recomendaciones se centran en el control inmediato de los focos epidemiológicos, el uso de repelentes, la instalación de cedazos en las viviendas y la erradicación estricta de los criaderos de mosquitos en los hogares de todo el país, con especial énfasis en los departamentos fronterizos.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) publicó el informe “Hijas del quiebre, forjadas para resistir", que retrata a la generación de jóvenes activistas nicaragüenses surgidas tras la rebelión cívica del 18 de abril de 2018. El documento, elaborado por Elisa Maturana Coronel y presentado en mayo de 2026, describe cómo este grupo de mujeres se convirtió en un actor clave en la defensa de los derechos humanos y la democracia en medio del régimen.

Según información retomada del CETCAM, 2018 representó “el detonador de su activismo y su punto de quiebre”, marcando una ruptura que “catalizó, transformó y reconfiguró sus trayectorias sociales y políticas”. Las “Muchachas del 18” emergieron de la universidad, el primer empleo o la vida cotidiana para sumarse a protestas y acciones colectivas. El informe destaca que su activismo no fue una decisión planificada, sino “una respuesta urgente a la realidad”.

El CETCAM entrevistó a catorce mujeres jóvenes de menos de 32 años en 2018, provenientes de sectores como el activismo social, la defensa de derechos, el feminismo, identidades sexuales diversas y pueblos originarios. Muchas de ellas se encuentran exiliadas en Costa Rica, España, Estados Unidos y Noruega. El informe destaca que la dispersión geográfica no fragmentó el activismo, sino que permitió una reconfiguración en las redes que ahora operan desde distintos países.

Represión y la vigilancia sistemática

El documento describe cómo la represión del dictador Daniel Ortega implementó una represión sistemática: vigilancia física y digital, persecución, destierro y encarcelamiento.

Lejos de considerar el exilio como derrota, las jóvenes lo transformaron en un espacio de reorganización y de continuidad de su activismo. El informe recoge testimonios que dan cuenta de la reinserción inmediata en redes de apoyo y denuncia.

“Nosotros lo usamos como estrategia y herramienta de denuncia para visibilizar a nivel internacional lo que está pasando con Nicaragua”, afirman las entrevistadas.

Las “Muchachas del 18” han desarrollado una capacidad crítica que las distingue de generaciones anteriores, según CETCAM. Este grupo de nicaragüenses no idealiza los espacios en los que ha participado, sino que identifica y denuncia violencias internas, dinámicas de poder, abusos, machismo, personalismo y exclusiones, tanto en el Estado como en los propios movimientos sociales y políticos.

El CETCAM documenta que estas activistas cuestionan las formas de violencia que han señalado en el régimen de Ortega, pero también en organizaciones opositoras y estudiantiles, donde han detectado liderazgos nocivos y relaciones de poder desiguales. Una de las entrevistadas relató que su colectiva feminista nació tras identificar que las mismas violencias criticadas al régimen se repetían en espacios que debían ser seguros.

Formación académica como nuevas estrategias de resistencia

El CETCAM señala que para las “Muchachas del 18″, estudiar, capacitarse y producir conocimiento representan vías directas de lucha y resistencia. Según el informe, la transición de la calle a la formación en derechos humanos, comunicación, género, ciberseguridad y libertad académica no implica abandonar el activismo, sino fortalecerlo mediante nuevas herramientas y enfoques.

Además, destaca que existe una convicción generacional: reconstruir el país requiere formación profesional, política, técnica y emocional acumulada.

Una de las jóvenes relata: “Mudé de un activismo de calle en 2018 a un activismo digital y después a un trabajo más organizacional desde donde promuevo un activismo a través de procesos de formación e investigación. Para nosotros es clave porque en un contexto donde hay total desinformación, estas investigaciones se vuelven un instrumento para actores clave”.

La situación de Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena nicaragüense de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, generó este jueves un llamado urgente de al menos cinco organizaciones humanitarias internacionales. Según reportó la agencia EFE, los organismos solicitaron al régimen de Nicaragua responder por el estado crítico de salud de Rivera, quien cumple casi dos años de encarcelamiento y actualmente permanece hospitalizado en Managua.

La declaración conjunta, difundida de manera telemática y leída por la socióloga nicaragüense Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, plantea que Rivera atraviesa un cuadro “gravísimo” de salud. El texto, respaldado por entidades como Amnistía Internacional y Raza e Igualdad, organización internacional de derechos humanos, responsabiliza directamente a la dictadura de Nicaragua por el deterioro de la integridad física del dirigente indígena.

Pineda expresó que Rivera, detenido en septiembre de 2023, permaneció más de 970 días en desaparición forzada. Esta condición, de acuerdo con el pronunciamiento, se traduce en una de las violaciones más severas del derecho internacional. “Su reaparición en un estado de salud gravísimo no es solo un hecho aislado ni accidental, es la consecuencia directa de decisiones y omisiones del Estado de Nicaragua que tenía la obligación absoluta de proteger su vida e integridad”, indicó el comunicado, según recogió EFE.

Las organizaciones firmantes, entre ellas el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ONG nicaragüense, y el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua, iniciativa de monitoreo, subrayaron que la desaparición forzada implica la negación del paradero del detenido, la falta de información a las familias y la imposibilidad de acceso a la defensa legal. Además, denunciaron que la ausencia de atención médica adecuada constituye una violación deliberada de las obligaciones estatales.

El comunicado advierte que, cuando estas prácticas afectan sistemáticamente a opositores, líderes comunitarios y voces críticas, adquieren la dimensión de crímenes de lesa humanidad. El caso de Rivera, según las organizaciones, representa un ejemplo de ese patrón represivo. “Las enfermedades que hoy lo ponen en riesgo pudieron y debieron ser tratadas. La falta de atención médica, la incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención no son errores administrativos. Son parte de un patrón de represión que afecta a decenas de personas que continúan desaparecidas bajo custodia del Estado”, afirmaron.

Las entidades humanitarias también manifestaron solidaridad con la familia de Rivera y con las comunidades indígenas que reclaman justicia, así como con los allegados de otras personas detenidas por motivos políticos. “El sufrimiento de las familias también es responsabilidad del Estado, que ha impuesto el silencio, la incertidumbre y el miedo como herramientas de control”, señaló la declaración, citada por EFE.

La situación de Brooklyn Rivera Bryan generó repercusión internacional por la prolongada ausencia de información sobre su paradero y la reciente confirmación de su estado de salud crítico. Las organizaciones advirtieron que la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto a los derechos humanos básicos. “Lo ocurrido con Rivera”, advirtieron, “debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto de las obligaciones básicas en materia de derechos humanos”, concluyó la declaración difundida por EFE.

Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no emitió comentarios públicos en respuesta a la solicitud de las organizaciones, de acuerdo con el reporte de EFE.

La nicaragüense Jennyfer Elizabeth Reyes Castro murió el 27 de mayo tras una cirugía estética realizada en Managua y su familia señaló por presunta mala praxis al médico Livang Clifford Argüello Molina y a la doctora Karla Ramos. El caso reactivó el debate sobre controles sanitarios y procedimientos promocionados en redes sociales.

Reyes, oriunda de Matagalpa, viajó a la capital para someterse a una liposucción de espalda y una transferencia de grasa a los glúteos. Según relató su esposo, Kevin Molinares, la gestión se hizo por una cuenta de Instagram llamada “Amate” y la intervención se concretó con aval médico.

El documento de atención médica indica que la paciente recibió el alta el mismo día. Horas después, ya en Matagalpa, presentó dolor intenso, dificultad respiratoria y visión borrosa, por lo que su familia la llevó de urgencia a un hospital local.

Los médicos que la atendieron en Matagalpa detectaron un cuadro grave: perforación de un pulmón, hemorragia interna e infección generalizada, de acuerdo con el testimonio familiar.

La evolución derivó en una embolia grasa y un hemotórax, y la paciente permaneció en cuidados intensivos e intubada antes de fallecer, según confirmaron allegados.

Cambios en la defensa y proceso judicial contra Livang Argüello

Tras la muerte de Reyes, su familia responsabilizó al doctor Argüello y a la doctora Ramos por el desenlace. Argüello designó un nuevo abogado, Gabriel Díaz, quien presentó un recurso de nulidad del fallo en un proceso previo.

La defensa sostuvo que ya existía un expediente abierto por los mismos hechos en otro juzgado, lo que, según su planteo, podría afectar la validez del proceso en curso.

En el antecedente judicial, el Juzgado Segundo Local Penal declaró culpable a Argüello por lesiones graves imprudentes contra otra paciente, Jhulianov Carolina Samayoa Morales, durante un procedimiento estético. En ese caso, el Ministerio Público y la representación legal de la víctima afirmaron que el médico actuó fuera de los estándares exigidos.

La Fiscalía pidió tres años de prisión e inhabilitación profesional. La jueza debe resolver si admite la solicitud luego de la presentación del incidente de nulidad, según consta en el expediente citado por la defensa.

Debate público y cuestionamientos sobre fiscalización sanitaria

El caso impulsó discusiones en redes sociales, donde el médico se presenta como “Dr. Livan” y reúne decenas de miles de seguidores en TikTok. En publicaciones y comentarios, usuarios lo defendieron y cuestionaron las denuncias, mientras otros exigieron mayor fiscalización de clínicas y profesionales.

Parte del debate se concentró en la supervisión del Ministerio de Salud de Nicaragua. Denuncias previas apuntaron a que el establecimiento donde se hicieron procedimientos estéticos no contaba con habilitación ni autorización sanitaria, lo que reabrió dudas sobre controles y permisos en centros similares.

Otro proceso por lesiones imprudentes y polémica en redes

En un caso anterior, el 25 de noviembre de 2024, en la clínica AMATE de Managua, Argüello fue acusado de realizar una lipopapada a una paciente de 39 años sin contar, presuntamente, con la especialidad y los permisos requeridos. El expediente judicial señaló quemaduras, perforaciones, inflamación y una deformidad visible, y la jueza María José Morales dictó medidas cautelares, según registros del proceso.

La controversia también se trasladó a redes sociales. Keren Itamar, esposa del médico, afirmó que Argüello tiene un código del Ministerio de Salud y una maestría cursada en México, aunque reconoció que no se presenta como cirujano plástico. También cuestionó los motivos económicos de la denuncia, según publicó en sus cuentas.

Regulación de las cirugías estéticas en Nicaragua

La muerte de Reyes y los antecedentes judiciales contra Argüello volvieron a poner el foco en la regulación de las cirugías estéticas y en la habilitación de clínicas y profesionales.

El debate se amplificó por la oferta de procedimientos promocionados en redes sociales, donde la captación de pacientes no siempre permite verificar credenciales y autorizaciones.

En paralelo al caso, usuarios y familiares reclamaron que las autoridades sanitarias refuercen controles sobre centros privados y sobre la acreditación de quienes realizan intervenciones. La investigación por la muerte de Jennyfer Reyes y las actuaciones judiciales vinculadas al médico continúan en curso en Nicaragua.

Un total de 8,951 nicaragüenses figuran entre las nacionalidades de origen más frecuentes entre quienes obtuvieron la nacionalidad española en 2025. Este grupo destaca no solo por su número absoluto, sino también por la elevada proporción de nuevas nacionalizaciones en relación con el total de residentes de esa nacionalidad en España. Junto a los nicaragüenses, los 20,745 hondureños y 9,915 dominicanos también sobresalen como comunidades altamente representadas en el registro de nuevas ciudadanías, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El año 2025 marcó un récord histórico en la adquisición de nacionalidad española por parte de extranjeros residentes. El INE contabilizó 299,732 personas que lograron este estatus legal, lo que representa un incremento del 18.7 % respecto al año anterior y la cifra más alta desde que se inició la serie estadística en 2013. El fenómeno no solo abarca a las comunidades latinoamericanas, sino también a otras nacionalidades, aunque el peso proporcional de nicaragüenses, hondureños y dominicanos resultó especialmente relevante.

Según reportó EFE, las cifras absolutas muestran que Marruecos encabeza la lista con 42,114 nuevos ciudadanos, seguido de Colombia (37,712) y Venezuela (36,271). Les siguen Honduras, Perú, Cuba, Ecuador, Argentina, República Dominicana y Nicaragua, que cierra el grupo de las diez nacionalidades de origen más numerosas entre quienes obtuvieron la nacionalidad española durante el año.

La mayoría de quienes accedieron a la nacionalidad española en 2025 fueron mujeres, que representaron el 55.4 % del total, frente al 44.6 % de hombres. El grupo de edad más numeroso fue el de 30 a 39 años, seguido por quienes tienen entre 40 y 49 años. Este perfil refleja la tendencia de una inmigración joven y en edad productiva que busca integrarse plenamente en la sociedad española.

Distribución territorial y vías de acceso a la nacionalidad

El principal mecanismo para obtener la nacionalidad fue la residencia, que permitió a 253,836 personas completar el proceso. La opción, que corresponde sobre todo a menores de 20 años bajo la patria potestad de un español o hijos de españoles nacidos en España, sumó 45,715 casos. El año de llegada más frecuente entre quienes lograron la nacionalidad en 2025 fue 2019, de modo que el tiempo medio de espera ronda los seis años.

El 16.7 % de los nuevos ciudadanos había vivido siempre en España, mientras que el 83.3 % restante residió previamente en el extranjero. Entre los casos de residencia continua en España, los colombianos y venezolanos también presentan cifras elevadas.

En cuanto a la distribución territorial, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentraron casi la mitad de las nuevas nacionalizaciones, con 70,933 y 69,566 expedientes aprobados respectivamente. El resto se repartió entre la Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia, Navarra y Cantabria. Las regiones con menor número de nacionalizaciones fueron La Rioja (1,719) y Extremadura (1,764).

La presencia destacada de nicaragüenses, hondureños y dominicanos entre los nuevos españoles refleja una tendencia de integración creciente de estas comunidades en el país. La combinación de un volumen elevado de solicitudes, tiempos de espera relativamente cortos y un perfil demográfico joven explica el peso de estas nacionalidades en el balance final de 2025. La evolución de estos datos apunta a una sociedad cada vez más diversa y a procesos de integración que afectan especialmente a los grupos de origen latinoamericano y del Caribe.

La mina de oro Palacagüina en Nicaragua volvió al control de la empresa estadounidense BHMB Mining tras una devolución oficializada por la Procuraduría General de Justicia, según destacó este miércoles una nota de la agencia EFE.

El complejo había pasado a manos de la firma china Zhong Fu Development en septiembre de 2025, después de una transferencia ordenada por el Estado. La restitución se concretó tras un acuerdo con el inversionista Baruch Rapoport.

BHMB Mining, con sede en Florida y capital estadounidense y británico, sostuvo que su inversión, estimada en USD 80 millones, fue confiscada y entregada a intereses chinos, según declaraciones de su gerente Baruch Rapoport al diario La Prensa de Nicaragua.

De acuerdo a EFE, la disputa generó reclamos diplomáticos de Estados Unidos y derivó en sanciones vinculadas al sector aurífero nicaragüense.

La Procuraduría presentó la devolución como el resultado de un proceso de diálogo bilateral con la compañía.

La empresa afirmó que durante el cierre y la intervención estatal los activos quedaron en manos de Zhong Fu y de Santa Rita Mining, compañías que recibieron concesiones mineras estatales, de acuerdo con el testimonio de Rapoport en La Prensa.

Sanciones de Estados Unidos por la confiscación

La denuncia de BHMB Mining derivó en reacciones de funcionarios estadounidenses. Richard Grenell, enviado especial de la presidencia, calificó de “indignante” la decisión del régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, según declaraciones citadas en medios locales y citadas por EFE.

El abogado Jason Ian Poblete, vinculado a la representación legal de la empresa, sostuvo que la confiscación no quedaría sin respuesta por parte de la administración de Estados Unidos. En ese contexto, el Departamento del Tesoro avanzó con medidas contra personas y compañías relacionadas con el sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a familiares directos de Ortega y Murillo, además de un viceministro y otras figuras del oficialismo, junto con siete empresas auríferas. La OFAC atribuyó las medidas a la “incautación forzosa” de propiedades de ciudadanos estadounidenses y al uso de ingresos del oro para financiar estructuras del poder político en Nicaragua.

El oro en las exportaciones de Nicaragua

Mientras se desarrollaba la disputa por la mina, el oro en bruto se consolidó como el principal rubro exportador del país.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio informó en su reporte anual que las ventas mineras totalizaron USD 2,009.2 millones en 2025, un aumento de 44.4% frente al año anterior.

Según ese informe, el oro aportó USD 1,971 millones y representó cerca del 23% del total de exportaciones nacionales, con un volumen de 19.9 toneladas métricas. Los datos oficiales ubican al sector aurífero como una de las principales fuentes de divisas en la economía nicaragüense.

Un acuerdo confidencial para reactivar la operación

La Procuraduría General de Justicia comunicó que la devolución se formalizó tras un entendimiento con BHMB Mining y el inversionista Baruch Rapoport, aunque sin difundir los términos del pacto.

La confidencialidad también fue mencionada por la compañía al referirse a las condiciones de la restitución.

Según lo planteado por la empresa en declaraciones a La Prensa, el objetivo inmediato es reorganizar la operación y retomar la actividad en la planta.

El caso quedó atravesado por el antecedente de la transferencia de septiembre de 2025 y por el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre el sector minero nicaragüense.

Perú ha sido incluido junto a Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Ecuador entre los países de América Latina que vienen impulsando normas consideradas restrictivas para las organizaciones de la sociedad civil. Así lo advirtió Amnistía Internacional durante la presentación de su informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, donde se analiza el avance de medidas que, según la organización, afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el acceso a la justicia.

La organización internacional sostuvo que estas disposiciones legales no solo limitan el trabajo de colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos, sino que también se desarrollan en escenarios marcados por una mayor concentración de poder y discursos hostiles hacia voces críticas. En el caso peruano, el foco principal se encuentra en la modificación del marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), aprobada en 2025, una norma que ha generado preocupación entre organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos.

Leyes restrictivas y preocupación por el trabajo de organizaciones civiles en Perú

De acuerdo con el informe presentado por Amnistía Internacional, existe un patrón común en varios países de la región: la aprobación de leyes que aumentan los mecanismos de control sobre organizaciones sociales, especialmente aquellas vinculadas a la defensa de derechos humanos, la transparencia y el acompañamiento jurídico a víctimas.

En Perú, la modificación de la ley de la APCI ha sido señalada como una medida que expone a las organizaciones civiles a un control que califican como “arbitrario y desproporcionado”. Según la organización, esto afecta directamente a colectivos que representan a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, quienes muchas veces no cuentan con recursos económicos para afrontar procesos judiciales.

Entre los casos mencionados figuran las familias de las víctimas fallecidas durante las protestas registradas entre 2022 y 2023, así como personas afectadas por las esterilizaciones forzadas ocurridas en décadas anteriores. Diversas organizaciones brindan acompañamiento legal en estos procesos y, según el informe, las nuevas restricciones podrían debilitar esa labor.

Amnistía Internacional también advirtió que esta situación ocurre en un contexto de cuestionamientos a la independencia de organismos autónomos y del sistema de justicia peruano. Además, mencionó la promulgación de la Ley 32419, relacionada con la amnistía para responsables de violaciones de derechos humanos, como otro elemento que genera preocupación por un posible retroceso en la lucha contra la impunidad.

La organización explicó que las entidades de la sociedad civil cumplen funciones clave dentro del tejido social. Muchas de ellas documentan presuntos abusos estatales, brindan asesoría legal a víctimas, acompañan procesos en comunidades indígenas afectadas por actividades extractivas y ofrecen soporte a sobrevivientes de violencia de género.

También desempeñan un rol importante en la promoción de la transparencia pública y en el seguimiento de casos de interés nacional. Por ello, Amnistía Internacional advirtió que cualquier debilitamiento de estas organizaciones puede impactar directamente en la capacidad de la ciudadanía para exigir justicia y acceder a información.

Alertan impacto en el periodismo y aumento de discursos contra voces críticas

Otro de los puntos destacados del informe es el efecto que este tipo de normas tendría sobre el ejercicio del periodismo y el derecho de la población a recibir información. La organización indicó que, en distintos países analizados, las leyes restrictivas fueron precedidas por campañas de estigmatización contra organizaciones sociales, activistas y defensores de derechos humanos.

Según el documento, autoridades y sectores políticos afines comenzaron a utilizar calificativos como “enemigos internos”, “agentes extranjeros” o “antipatrias” para referirse a organizaciones civiles. Esta narrativa, indicó Amnistía Internacional, alimentó la desconfianza social y generó un clima de intimidación.

Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú, sostuvo que estas prácticas no solo afectan a organizaciones defensoras de derechos humanos, sino también al trabajo periodístico y a la pluralidad de voces en una democracia.

“En diferentes grados, estas leyes están consolidando autoritarismos y un ambiente de desconfianza social que fomenta la autocensura y genera intimidación sobre voces críticas. Además, impacta el ejercicio del periodismo que es muy importante para que una sociedad acceda a su derecho a la información”, señaló.

La representante también advirtió que este escenario puede favorecer la impunidad y reducir los mecanismos de fiscalización pública. Según explicó, una sociedad civil debilitada limita la posibilidad de exigir rendición de cuentas a las autoridades y afecta el acceso de la población a información relevante sobre asuntos públicos.

El informe añade que, en varios países de la región, los discursos contra organizaciones sociales estuvieron acompañados de expresiones racistas y misóginas, lo que habría incrementado el clima de temor y autocensura entre activistas y colectivos ciudadanos.

Frente a este panorama, Amnistía Internacional pidió al Estado peruano revisar y modificar las normas que, según sostiene, vulneran la libertad de asociación y los derechos fundamentales. Asimismo, exhortó a las autoridades a evitar discursos estigmatizantes y a no criminalizar el trabajo de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

La organización remarcó que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a la participación ciudadana son elementos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, la transparencia y la protección de derechos en el país.

Una hija de Brooklyn Rivera rechazó como “falsas” las afirmaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las condiciones de salud y detención del histórico dirigente indígena, luego de que el Gobierno divulgara este miércoles una supuesta prueba de vida del opositor desaparecido desde septiembre de 2023.

Tininiska Rivera aseguró en un comunicado público que el régimen intenta ahora desligarse del deterioro físico de su padre, pese a que ha permanecido bajo custodia estatal durante casi tres años. “El día que se llevaron a mi padre, el 29 de septiembre de 2023, él salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta”, afirmó.

La reacción ocurrió pocas horas después de que el régimen rompiera casi tres años de silencio sobre Rivera y reconociera oficialmente que el líder indígena de 73 años permanece detenido y en estado crítico.

En un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, las autoridades afirmaron que Rivera se encuentra hospitalizado, conectado a ventilación mecánica invasiva y con “falla múltiple de órganos”, tras sufrir neumonía bacteriana, infecciones pulmonares y cirrosis hepática.

El informe oficial sostuvo además que Rivera habría recibido atención médica permanente y visitas regulares de familiares, incluyendo encuentros semanales con su exsuplente parlamentaria Nancy Henríquez y visitas quincenales de uno de sus hijos. Esa versión fue desmentida de inmediato por su familia.

“Desde su secuestro y desaparición forzada no se ha permitido visita alguna de ningún familiar”, respondió Tininiska Rivera, quien denunció que la familia ha vivido durante todo este tiempo “bajo incertidumbre, angustia y silencio oficial”.

La hija del dirigente sostuvo además que las fotografías divulgadas por el régimen no prueban un supuesto trato humanitario, sino “las condiciones indignas, inhumanas y degradantes” en las que permanece detenido. “Las imágenes evidencian el grave deterioro físico de un hombre de 73 años bajo total control del régimen dictatorial de Ortega y Murillo”, afirmó.

Tininiska responsabilizó directamente a Ortega, Murillo y “los colaboradores necesarios” por el deterioro de la salud física y psicológica de su padre y exigió su liberación inmediata, acceso de médicos independientes y una prueba de vida verificable. También pidió a la comunidad internacional gestionar urgentemente su traslado a otro país para recibir atención médica fuera del control estatal.

Tininiska Rivera tuvo que salir al exilio después del arresto de Brooklyn Rivera, porque fue acusada de ciberdelitos luego de una entrevista en la que exigió la liberación de su padre.

Brooklyn Rivera es uno de los dirigentes indígenas más influyentes de la historia contemporánea de Nicaragua. Nacido en 1952 en la comunidad de Lidaukra, dedicó más de cinco décadas a la defensa de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Fue fundador y principal dirigente del partido indígena Yatama y diputado de la Asamblea Nacional.

Durante los años ochenta lideró guerrillas indígenas miskitas que combatieron al primer gobierno sandinista. Décadas después, se convirtió en una figura clave en la defensa jurídica de los territorios indígenas ante instancias internacionales. En 2005, Yatama obtuvo una sentencia histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció la violación de los derechos políticos de los pueblos indígenas en Nicaragua.

Su confrontación más reciente con el régimen comenzó en abril de 2023, cuando denunció ante el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas la invasión de colonos en territorios indígenas y la falta de protección estatal. Tras ese viaje, el régimen le impidió regresar legalmente a Nicaragua. Rivera ingresó posteriormente por la Mosquitia y permaneció oculto durante varios meses para evitar su captura.

Finalmente fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, cuando agentes policiales irrumpieron en la vivienda donde se escondía. Desde entonces, organismos internacionales de derechos humanos consideraron su caso como una “desaparición forzada” debido a que el régimen nunca confirmó oficialmente su paradero ni permitió contacto con familiares, abogados o médicos independientes.

Hasta este miércoles, ni siquiera existía confirmación oficial de que Rivera seguía con vida. Durante meses, organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas exigieron pruebas de vida y denunciaron que el dirigente indígena permanecía incomunicado bajo custodia estatal.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió este miércoles un silencio que se extendió por casi tres años para referirse por primera vez al preso político Brooklyn Rivera Bryan, el histórico líder indígena miskito detenido el 29 de septiembre de 2023 y cuya situación había sido clasificada por organismos de derechos humanos como una “desaparición forzada”.

A través de un informe conjunto firmado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, el régimen nicaragüense reveló que Rivera, de 73 años, se encuentra en estado crítico, conectado a ventilación mecánica y con falla de múltiples órganos.

El comunicado, difundido bajo el membrete del “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, constituye la primera información oficial emitida por el Estado nicaragüense sobre el paradero y la condición física del dirigente desde el momento de su arresto.

Hasta esta fecha, ni sus familiares en Nicaragua ni los organismos internacionales de derechos humanos habían logrado obtener confirmación alguna sobre si Rivera seguía con vida.

Estado crítico

El documento detalla que Rivera ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el mismo día de su detención y que estuvo en el Hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, para ser luego trasladado a las instalaciones penitenciarias de Tipitapa.

Señala que el 7 de marzo de 2026 fue llevado nuevamente a un hospital, el Fernando Vélez Paiz, ante un “obvio deterioro en sus condiciones respiratorias”. Allí fue diagnosticado con una neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar de origen fúngico, derrame pleural bilateral y, posteriormente, una infección por Stenotrophomonas maltophilia, una bacteria resistente a los antibióticos convencionales.

Ante el deterioro respiratorio, los médicos le practicaron una traqueotomía y lo colocaron en ventilación mecánica invasiva. Una tomografía abdominal realizada el 15 de mayo de 2026 determinó la presencia de líquido libre intraabdominal y una laparoscopía diagnosticó cirrosis hepática con lesiones macronodulares.

El informe concluye que su condición actual es “delicada”, con falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.

Líder indígena histórico

Brooklyn Rivera Bryan nació el 24 de septiembre de 1952 en Lidaukra y es uno de los líderes indígenas más relevantes de la historia contemporánea de Nicaragua. Durante más de cinco décadas dedicó su vida al reconocimiento y la defensa de los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, convirtiéndose en una de las principales figuras del movimiento indígena del país.

Su nombre en las comunidades miskitas es Taupla Brooklyn, que significa “líder principal”.

A principios de los años 80 lideró guerrillas indígenas que combatían al gobierno sandinista de la época. Luego, en 1984, sostuvo negociaciones para establecer un cese al fuego con quienes hasta poco antes eran sus enemigos.

El 21 de enero de 1986, Rivera sobrevivió a un ataque armado en la comunidad de Layasiksa por parte de las fuerzas sandinistas, en donde resultaron tres guerrilleros indígenas fallecidos y cinco lesionados.

Con el triunfo electoral de Violeta Barrios en 1990 fue nombrado ministro director del Instituto Nicaragüense para el Desarrollo de las Regiones Autónomas.

Un hito importante ocurrió en 2005, cuando Yatama, el partido que dirige, obtuvo una sentencia histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se reconoció la violación del derecho a la participación política de los pueblos indígenas tras su exclusión de las elecciones municipales de 2000.

En 2021, nuevamente fue electo para el período legislativo 2022-2026, reafirmando el respaldo de las comunidades indígenas a su liderazgo.

Rivera era diputado en funciones cuando fue detenido. La cadena de eventos que condujo a su arresto comenzó cuando participó en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York entre el 18 y el 28 de abril de 2023.

Durante su intervención, denunció la invasión de colonos en territorios indígenas en Nicaragua y la falta de respuesta de las autoridades para proteger los derechos de sus dueños legítimos.

Al intentar regresar al país, el régimen le cerró las fronteras, pese a ser un diputado en ejercicio. Rivera decidió ingresar furtivamente en mayo de ese año por la Mosquitia, zona indígena fronteriza con Honduras.

Captura y desaparición

Desde entonces vivió moviéndose entre distintas casas para evadir una posible captura, hasta que el 29 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:30 de la mañana, agentes policiales irrumpieron en su vivienda en Bilwi y lo detuvieron.

Según uno de sus hijos, que pidió no ser identificado, Rivera había acudido días antes a un médico privado porque su salud se había deteriorado y no podía asistir a hospitales públicos. “Por ahí se dio cuenta la Policía dónde se encontraba y lo capturaron”, relató.

Las consecuencias para su entorno inmediato fueron igualmente severas. El régimen detuvo también a su suplente parlamentaria, Nancy Elizabeth Henríquez James, liberada en marzo de este año y quien aparece mencionada en el propio comunicado oficial de este miércoles como una de las personas que lo visita semanalmente junto.

Tanto a Rivera como a Henríquez, el régimen los despojó de sus condiciones de diputados por “inasistencia”, les confiscó sus propiedades e ilegalizó al partido Yatama bajo acusaciones de “traición a la patria”. La hija de Rivera, Tininiska Rivera, tuvo que salir al exilio después de ser acusada de ciberdelitos por haber dado una entrevista exigiendo la liberación de su padre.

El comunicado del régimen señala que el hijo de Rivera, Wailandin Rivera Solórzano, realizaba visitas quincenales en la cárcel, una afirmación que contradice directamente los testimonios de la familia que durante casi tres años sostuvieron públicamente que ningún familiar había tenido acceso a él.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció en marzo de 2026 que desde su detención sus familiares “no han vuelto a saber de él. No han podido verlo ni obtener información sobre su paradero”.

Pruebas de vida

Las exigencias de prueba de vida para Rivera se habían multiplicado en los meses previos a este comunicado, escalando hasta los más altos niveles del sistema internacional de derechos humanos.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, formalizó su reclamo en marzo de 2026 mediante una carta dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo, firmada por Jan-Michael Simon, Ariela Peralta y Reed Brody, en la que solicitaron información oficial que permita determinar la suerte y el paradero del dirigente indígena.

El 1 de mayo de 2026, expertos de Naciones Unidas también pidieron a las autoridades nicaragüenses aportar “de manera inmediata” una prueba de vida, advirtiendo que, si Rivera hubiera fallecido, el gobierno debía informar las circunstancias y causas de la muerte.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos acusó en marzo a la “dictadura de Murillo-Ortega” de tener personas “encarceladas únicamente por disentir del régimen”, en condiciones “inhumanas” y sin atención médica.

Amnistía Internacional, que había declarado a Rivera preso de conciencia, señaló que “mantener detenido a Brooklyn Rivera sin información sobre su paradero y estado de salud, y sin acceso a familiares ni abogados engrosa las ya gravísimas violaciones de derechos humanos que está padeciendo”, según declaró Astrid Valencia, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de la organización.

Rivera contaba además con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas tras su detención al considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”. En abril de 2026, la CIDH había extendido medidas cautelares también a otros cuatro opositores desaparecidos en Nicaragua.

La dictadura nicaragüense ha recurrido en al menos cuatro ocasiones, desde 2022, a presentar pruebas de vida de presos políticos desaparecidos como respuesta a la presión nacional e internacional.

En marzo de 2023, cuando la presión internacional alcanzó su punto máximo, el régimen exhibió al obispo Rolando José Álvarez Lagos, condenado a más de 26 años de prisión, en lo que fue una respuesta directa a la exigencia de organismos de derechos humanos que reclamaban ver con vida al religioso.

Más recientemente, el caso de Angélica Chavarría, expareja de Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, fue presentada públicamente tras meses de desaparición forzada, en respuesta a la creciente presión internacional sobre su caso, en lo que organizaciones humanitarias, ex reos políticos y opositores describieron como “pruebas de vida cuidadosamente montadas”.

Activistas señalaron que Chavarría, de 39 años, fue la única de los presos desaparecidos que pudo ser expuesta públicamente porque era la más joven y podía ser “maquillada”, en contraste con los demás, que son adultos mayores.

La aparición pública de Chavarría no disminuyó la preocupación de las organizaciones de derechos humanos sobre las desapariciones forzadas en Nicaragua. Por el contrario, activistas consideraron que el caso confirmó que otras nueve personas continuaban desaparecidas bajo custodia estatal. Entre ellas, hasta este miércoles 27 de mayo, Brooklyn Rivera.

Con su comunicado de hoy, el régimen reconoce formalmente la existencia de un hombre que, según la versión oficial, lleva más de dos meses en cuidados intensivos con ventilación mecánica, mientras el mundo exigía saber si aún estaba vivo.

El malestar social en Nicaragua escaló en las últimas semanas por el marcado aumento en los cobros de energía. Familias de distintas zonas informaron que sus facturas, que solían rondar los 600 córdobas (16.31 USD), llegaron hasta 2,600 (70.76 USD), sin cambios en el consumo, según reportó el periódico 100% Noticias.

En redes sociales circularon recibos con saltos similares y reclamos por falta de explicaciones de las distribuidoras, detalla la nota.

Los testimonios coinciden en el impacto inmediato en la economía doméstica: parte del dinero que antes se destinaba a alimentos o medicamentos se reasigna al pago de la luz, según usuarios que publicaron sus casos en TikTok y Facebook.

El aumento se da en un contexto de inflación y precios altos en la canasta básica, de acuerdo con denuncias de organizaciones opositoras.

Las denuncias por aumentos sin explicación

De acuerdo a la publicación, en TikTok y Facebook, decenas de usuarios mostraron recibos y describieron un salto abrupto de las tarifas. En muchos casos, las facturas pasaron de entre 300 y 700 córdobas (8.15 a 19.03 USD) a montos superiores a 1,500, 2,000 e incluso 3,000 córdobas mensuales (40.77, 54.36 y 81.54 USD), según publicaciones revisadas por usuarios y compartidas en esos canales.

Una usuaria contó que su pago habitual, que oscilaba entre 500 y 700 córdobas, se elevó hasta 1.500 en meses recientes, sin haber incorporado nuevos aparatos ni haber modificado hábitos de consumo.

Otra persona escribió: “Pensé que era la única”; afirmó que su recibo pasó de 600 u 800 a “1.800 hasta 2.600”, en un patrón que se repite en distintas regiones, según los mismos reportes.

Quienes intentaron reclamar ante las empresas distribuidoras describieron respuestas ambiguas. De acuerdo con esos relatos, los funcionarios sostuvieron que el monto corresponde al consumo registrado, sin detallar por qué se produjo el alza repentina.

Control estatal y concentración del mercado energético

Las distribuidoras Disnorte y Dissur, responsables de la entrega de energía en Nicaragua, operan bajo control estatal y fueron señaladas por su vínculo con el modelo energético impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El economista Enrique Sáenz afirmó que el sistema eléctrico funciona como un monopolio privado gestionado desde el poder político. “La misma mano”, dijo, es dueña de Alba Generación, una de las principales generadoras, y también de las dos grandes distribuidoras.

Sáenz también cuestionó que los consumidores no perciban mejoras pese a inversiones con financiamiento externo. Señaló que, según datos que difundió en 2023, el precio de la electricidad en Nicaragua rondaba los USD 0.24 por kilovatio hora, entre los más altos de Centroamérica.

En ese marco, comparó con Costa Rica y Honduras, donde los costos son menores, y atribuyó parte del descontento a esa brecha y a la falta de competencia.

Reclamos sociales y efectos en la vida cotidiana

El Movimiento Azul y Blanco Chinandega denunció que los aumentos obligan a familias a recortar gastos esenciales para mantener el suministro. “Recibos de luz impagables”, advirtió la organización en un pronunciamiento, al sostener que lo que antes alcanzaba para comida y medicinas ahora se destina a la electricidad.

En redes sociales, ciudadanos dijeron sentirse sin herramientas para exigir revisiones y describieron una relación de desconfianza con las autoridades y las compañías, por considerar que los mecanismos de reclamo no ofrecen respuestas verificables.

Los afectados sostienen que el encarecimiento no coincide con un mayor consumo en sus hogares y que la ausencia de explicaciones oficiales alimenta la tensión social y agrava el presupuesto familiar, según los testimonios difundidos en plataformas digitales y las denuncias de grupos opositores.

El inicio de la temporada de lluvias en Nicaragua ha desatado preocupación entre especialistas en salud pública por el incremento de enfermedades transmitidas por vectores y la aparición de casos de miasis por gusano barrenador en humanos.

El médico nicaragüense José Antonio Delgado, exiliado y entrevistado por el medio digital La Mesa Redonda, advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de la población ante el avance de ambas amenazas sanitarias, en un contexto de escasa transparencia informativa por parte del Estado.

Según Delgado, la miasis causada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) ha dado un salto preocupante hacia los seres humanos en Nicaragua.

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) reconoció, de acuerdo con información recogida por La Mesa Redonda, la existencia de más de 271 casos confirmados a nivel nacional. Managua encabeza la lista de departamentos afectados, seguida de Masaya y Chinandega.

El mecanismo de contagio ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, rasguños o mucosas expuestas, tanto en personas como en mascotas.

Las larvas resultantes se alimentan de tejido vivo, lo que implica un riesgo mayor para adultos mayores, niños, y personas con movilidad reducida o con úlceras crónicas. Los síntomas incluyen dolor agudo, inflamación, secreciones malolientes y movimiento visible en la herida, señales que requieren atención médica inmediata.

La situación epidemiológica de Nicaragua se agrava por el repunte del dengue, que mantiene un comportamiento cíclico y agresivo. Los síntomas del dengue suelen confundirse con los de la influenza estacional y cuadros de COVID-19, lo que dificulta su identificación oportuna.

El doctor Delgado alertó sobre el peligro del subregistro debido a la falta de vigilancia oficial y exhortó a la población a evitar la automedicación, especialmente el uso de analgésicos y antiinflamatorios como la aspirina, ibuprofeno o el diclofenaco, que pueden agravar el cuadro clínico. Recomendó priorizar la hidratación con suero oral y buscar diagnóstico médico ante los primeros signos de fiebre.

Falta de datos oficiales y contexto regional

Hasta la fecha, el gobierno nicaragüense no ha publicado cifras actualizadas sobre casos de dengue ni sobre la magnitud de la miasis humana.

La información oficial disponible a nivel regional, reportada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que a la semana epidemiológica seis de este año, se registraban 250,525 casos sospechosos de dengue en las Américas, pero sin desglose específico para Nicaragua.

En cuanto al gusano barrenador, la Organización Mundial de Sanidad Animal ha confirmado la presencia de brotes en Nicaragua, junto a otros países de Centroamérica, con más de 20,000 nuevos brotes contabilizados en la región.

Sin embargo, se registra una escasez de cifras oficiales, lo cual limita la dimensión real del problema sanitario que enfrenta Nicaragua.

Prevención y respuesta ciudadana

Ante la ausencia de campañas estatales masivas y transparentes, se recomienda a la población mantener la erradicación de criaderos de zancudos en patios y jardines, lavar constantemente los recipientes de agua y cuidar cualquier herida cutánea, manteniéndola limpia, desinfectada y cubierta.

La Mesa Redonda subraya la necesidad de que cada hogar nicaragüense desarrolle su propio plan de contingencia para proteger la salud familiar en este inicio de invierno.

El 58.7% de las alertas por agresiones a la prensa independiente en Nicaragua se originó en espacios digitales durante el último año, según el Informe Sombra 2025, lo que evidencia la creciente hostilidad que enfrentan periodistas y medios bajo el régimen nicaragüense dirigido por el dictador Daniel Ortega.

De igual manera, el documento elaborado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), señala que en ese periodo se contabilizaron 63 alertas y 110 víctimas.

Las estadísticas del estudio detallan que la mayoría de los incidentes corresponde a agresiones verbales, escritas y digitales, con 45 casos registrados. Además, se reportaron seis hechos de discurso estigmatizante y cinco situaciones de violencia mediante tecnología digital, lo que refuerza el peso que han adquirido las plataformas y redes sociales como escenarios de hostilidad y persecución.

El informe también contabiliza tres casos de desplazamiento forzado, dos incidentes de uso abusivo del poder, una agresión física y una detención arbitraria.

La respuesta ante la represión del régimen

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) destaca que la represión del régimen modificó de manera profunda la dinámica entre los medios de comunicación nicaragüenses. De acuerdo con la institución, la competencia por la primicia perdió relevancia ante la urgencia de protegerse y sostener la labor informativa.

Actualmente, periodistas y redacciones colaboran en la verificación de datos, comparten información y establecen redes de apoyo tanto dentro como fuera del país. Esta articulación fortaleció los mecanismos de denuncia y acompañamiento frente a agresiones, amenazas y ataques digitales, permitiendo que la labor periodística se mantenga activa pese a la adversidad.

La fundación destaca que la difusión masiva de contenidos en espacios digitales se consolidó como la estrategia central de los medios independientes. Las redes sociales y plataformas digitales se convirtieron en herramientas fundamentales para amplificar investigaciones y reportajes, asegurando que la información llegue a la ciudadanía a pesar de la censura y el cierre sistemático de espacios informativos.

Las condiciones de vigilancia y persecución obligaron a transformar las prácticas de seguridad y protección en el ejercicio cotidiano del periodismo. El anonimato de periodistas y fuentes se volvió imprescindible para reducir riesgos y proteger la integridad de quienes informan. El uso permanente de herramientas de seguridad digital, comunicaciones cifradas y protocolos estrictos de protección de información es parte de la rutina profesional, según el análisis presentado en el documento.

El cierre de medios, la criminalización de la labor periodística y el exilio forzado provocaron la desaparición de la cobertura local independiente en once departamentos de Nicaragua, lo que limita gravemente el acceso ciudadano a información de interés público y favorece un entorno dominado por narrativas oficiales sin posibilidad de contraste, especialmente en zonas rurales donde también existe dificultad para acceder a internet y recursos de conectividad.

Ejercer el periodismo independiente en Nicaragua implica convivir con miedo, vigilancia constante y desgaste emocional, según destaca la fundación. Las agresiones digitales, campañas de desinformación y ataques coordinados en redes sociales buscan provocar autocensura y desalentar la denuncia de abusos. El hostigamiento, las amenazas y la incertidumbre cotidiana generan agotamiento entre quienes insisten en informar.

El asesinato de al menos una decena de mujeres transgénero en Nicaragua, en un periodo de dos años y medio, ha puesto en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos. El caso más reciente, registrado esta semana en la provincia de Chontales, encendió nuevas alarmas sobre la situación de la comunidad LGBTIQ+ en el país, según informó la agencia de noticias EFE.

Según una declaración del el Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua, una organización local de monitoreo y denuncia, recogida por EFE, entre septiembre de 2023 y mayo de 2026 se documentaron 338 agresiones, entre las cuales se identificaron 11 crímenes. Diez de ellos correspondieron a asesinatos de mujeres transgénero, incluyendo el episodio ocurrido recientemente en el centro del país.

La organización puntualizó que el último hecho violento se produjo el lunes pasado, cuando una mujer transgénero de 26 años, conocida cariñosamente por los lugareños como “La Mengueña”, fue apuñalada en Chontales por personas cuya identidad aún no ha sido esclarecida. La agencia de noticias EFE indicó que el Observatorio exigió a las autoridades nicaragüenses el esclarecimiento del móvil y la garantía de justicia para la víctima.

El Observatorio resaltó la importancia del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, conmemorado cada 17 de mayo, como una fecha para visibilizar la violencia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en Nicaragua. “Este día se creó precisamente para hacer conciencia y frenar todo tipo de violencias hacia las personas LGBTIQ+”, subrayó el organismo de acuerdo con lo divulgado por EFE.

En su informe titulado La cara de la violencia hacia personas LGBTIQ+ de Nicaragua, el Observatorio señaló que la mayoría de los ataques reportados se produjeron en contextos familiares, durante el ejercicio del trabajo sexual y en espacios públicos como calles, bares y discotecas. La mayoría de los casos de violencia se concentran en ámbitos cotidianos y laborales, lo que agrava la vulnerabilidad del colectivo, según el reporte.

Violación a derechos humanos de comunidad LGBTIQ+

El documento también advierte que la ilegalización de miles de organizaciones no gubernamentales (ONG) desde 2018, incluidas varias defensoras de la diversidad sexual, ha provocado un aumento de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. El servicio de noticias EFE detalló que estas restricciones limitaron el acceso a protección y recursos para las personas afectadas.

La crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha generado un entorno de mayor riesgo para las minorías y sectores tradicionalmente vulnerables. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, luego de que sus principales contendientes fueran encarcelados y posteriormente expulsados del país. Además, el gobierno privó a varios opositores de la nacionalidad y de sus derechos políticos, acusándolos de “golpismo” y “traición a la patria”.

Organizaciones internacionales y diversos países han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos y limitar las libertades civiles. Desde el inicio de la crisis, el gobierno ha ordenado el cierre de múltiples ONG, medios de comunicación y centros académicos, lo que, según el servicio de noticias EFE, ha debilitado aún más el tejido social y las redes de apoyo para los sectores más expuestos.

El Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua reiteró su demanda de justicia y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las personas LGBTIQ+, así como restituir el funcionamiento de las organizaciones que trabajan en defensa de sus derechos. Las cifras y testimonios recogidos por este organismo reflejan un escenario de inseguridad persistente para la diversidad sexual en el país centroamericano.

En un esfuerzo por unificar a las fuerzas de tendencia conservadora y liberal, un bloque compuesto por siete organizaciones opositoras en el exilio y con presencia clandestina dentro de Nicaragua anunció el lanzamiento oficial de una nueva plataforma política. Bajo el nombre de Unión Republicana – Fuerza Democrática Nicaragüense (UR-FDN), esta coalición se presenta ante el mundo con el objetivo de representar a la derecha democrática nicaragüense y enfrentar al régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante una propuesta fundamentada en la libertad, la democracia y la justicia.

El lanzamiento oficial de este bloque unificado tuvo lugar en la ciudad de Miami, Florida, el pasado domingo 24 de mayo, un punto neurálgico para la diáspora nicaragüense. Durante el evento, los líderes fundadores explicaron que la UR-FDN nace como una respuesta directa a la brutal represión ejercida por el sandinismo, el cual mantiene asediada cualquier manifestación de opinión disidente, la libertad religiosa y la libre empresa en el país centroamericano.

La consolidación de esta plataforma busca canalizar el descontento de una ciudadanía que, según los organizadores, demanda una alternativa firmemente distanciada de las ideologías de izquierda.

La estructura de la Unión Republicana – FDN se sostiene sobre una base diversa de movimientos políticos, regionales y de la sociedad civil organizada tanto dentro como fuera de las fronteras nicaragüenses. Las siete agrupaciones que dan vida a este frente son:

1. Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN)
2. Iniciativa por el Cambio (IPC)
3. YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka / Hijos de la Madre Tierra)
4. Partido Nueva Alianza Cristiana (PANAC)
5. Liberales de Nicaragua
6. Diáspora Global Nicaragüense (DIAGLONIC)
7. Monimbó Nicaragua

De acuerdo con sus coordinadores, la inclusión de estos grupos garantiza una amplia cobertura geográfica que abarca casi la totalidad del territorio de Nicaragua. El plan inmediato de la alianza es “llenar los huecos” organizativos en aquellos departamentos o municipios donde la persecución estatal dificulta el activismo, garantizando así una representación verdaderamente nacional.

Un liderazgo con identidad de derecha y renovación

El nuevo bloque opositor está encabezado por Gustavo Tefel como coordinador general y José María Ortega como vicecoordinador. En declaraciones a los medios, Tefel enfatizó que la selección de los integrantes de la UR-FDN se realizó bajo un criterio meticuloso, argumentando que el pueblo nicaragüense anhela un liderazgo de derecha democrática tras décadas de autoritarismo.

Por su parte, José María Ortega marcó una clara línea de diferenciación respecto a otras coaliciones opositoras preexistentes. Según Ortega, muchas de las plataformas actuales carecen de la confianza del pueblo debido a que sus filas albergan a personas que colaboraron activamente con la primera dictadura sandinista durante la década de los años 80.

La UR-FDN se proyecta, por tanto, como una fuerza renovada y limpia de nexos con el sandinismo. En un enérgico discurso, Ortega prometió luchar “con el alma y el corazón” para liberar a los ciudadanos de lo que calificó como una “tiranía cruel y dictadura atea que tiene esclavizado al país”.

A este llamado a la renovación se sumó la abogada exiliada Lesbia Vega, coordinadora del Bloque de Unidad Ciudadana, quien insistió en la necesidad de apartar los egos y los caciquismos políticos. Vega recalcó que Nicaragua requiere de servidores públicos honestos que dejen atrás las mentalidades dinásticas y los sesgos izquierdistas para empujar un cambio pleno y genuino.

Con este sólido respaldo internacional y una estructura interna articulada en la clandestinidad, la Unión Republicana – FDN inicia su camino político presentándose como la alternativa definitiva para restablecer el Estado de derecho en Nicaragua.

La comunidad de Santo Domingo, en el departamento de Chontales, se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras el violento asesinato de Heraldo Iván Espinoza, un joven de 26 años conocido cariñosamente por los lugareños como “La Mengueña”.

El crimen, perpetrado con saña la noche del domingo 24 de mayo, ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad y la violencia que enfrentan las personas de la diversidad sexual en el país.

De acuerdo con los reportes policiales y testimonios de personas cercanas, Espinoza fue atacado con un arma blanca, recibiendo al menos tres puñaladas en distintas partes de su cuerpo.

El ataque no solo fue letal por la gravedad de las heridas en el torso, sino que también mostró signos de que la víctima intentó defenderse desesperadamente; familiares confirmaron que presentaba heridas cortantes en los dedos, consistentes con un intento de frenar el arma de su agresor.

La reconstrucción de los hechos dibuja una escena desgarradora. Tras ser apuñalado, y en un esfuerzo sobrehumano por salvar su vida, Heraldo logró ponerse en pie. Vecinos de la zona relataron cómo el joven dejó un rastro de sangre por las calles mientras caminaba en busca de ayuda. Su instinto lo llevó a buscar refugio en la estación de la Policía Nacional de Santo Domingo.

Al ver la gravedad de su estado, los agentes del orden público lo trasladaron de inmediato a bordo de una patrulla hacia el centro de salud de la localidad. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano. Debido a la severa pérdida de sangre y a que los órganos vitales ya se encontraban comprometidos, el joven llegó al centro asistencial sin signos vitales.

“La Mengueña” era un personaje sumamente estimado y reconocido en Santo Domingo. Sus familiares lo describen como un joven alegre, dinámico y profundamente integrado en la vida social de su municipio.

Ante el repudio generalizado de la población, los peritos y peritas e investigadores se encuentran realizando entrevistas, levantamiento de huellas y la búsqueda de posibles testigos con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los autores materiales y determinar las responsabilidades penales.

El peligro de ser diferente: Casos similares de violencia hacia la diversidad sexual en Nicaragua

El asesinato de Espinoza no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante lista de agresiones y crímenes de odio dirigidos hacia miembros de la comunidad de la diversidad sexual en Nicaragua. Diversas organizaciones independientes de derechos humanos han alertado históricamente sobre el recrudecimiento de la violencia machista y transfóbica en el país, la cual muchas veces se ampara en la impunidad.

Uno de los casos más emblemáticos y que guarda dolorosas similitudes con el de “La Mengueña” fue el asesinato de Lala, una joven mujer trans de 22 años, ocurrido en marzo de 2021 en el municipio de Somotillo, Chinandega. Lala fue brutalmente agredida, apuñalada y arrastrada por un camino de tierra atada a un caballo.

Este crimen conmovió a la opinión pública internacional y visibilizó el nivel de saña con el que se cometen las agresiones hacia las identidades diversas en las zonas rurales del país. De igual forma, en años anteriores, la comunidad LGBTIQ+ nicaragüense ha denunciado homicidios de mujeres trans y hombres gais en departamentos como Matagalpa y Managua.

La falta de normativas específicas que castiguen los crímenes de odio en el código penal nicaragüense agrava la situación, dejando a las víctimas de la diversidad sexual en un limbo legal donde sus muertes no reciben la tipificación adecuada.

La comunidad de Santo Domingo, Chontales, junto a defensores de derechos humanos, se mantiene en vigilia exigiendo que el caso de Heraldo Espinoza no pase a formar parte de las cifras de la impunidad.

La esposa del coronel retirado Víctor Boitano Coleman, Eugenia Valle Olivares, reclamó este lunes a la dictadura de Nicaragua una confirmación sobre el paradero de su esposo, quien permanece detenido desde el 23 de abril de 2024. Según denunció Valle Olivares, Boitano se encuentra en situación de desaparición forzada en Nicaragua desde hace 772 días, sin que las autoridades hayan proporcionado información sobre su estado o paradero, según informó la agencia EFE.

Valle Olivares hizo público un audio en el que dirigió su reclamo tanto al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como a la opinión pública internacional, subrayando la incertidumbre de los familiares de los presos en similares condiciones. “Estoy alzando mi voz en nombre de los otros nueve presos que están en desaparición forzada, a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les ha puesto medidas cautelares y a algunos de ellos, como a mi esposo, medidas provisionales, las cuales el régimen ha hecho caso omiso”, expresó la esposa del militar, según declaraciones recogidas por EFE.

El coronel Boitano, de 65 años, fue retirado del Ejército de Nicaragua en 2007 tras haber publicado libros críticos hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde entonces, su vida se vio marcada por la persecución política. De acuerdo con el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Boitano fue víctima de detención arbitraria en 2011 y, posteriormente, obligado a marginarse de la vida pública en el país.

Según la información proporcionada por la organización, el 23 de abril de 2024, Boitano fue secuestrado por civiles armados que irrumpieron en su propiedad en el barrio Altamira, en Managua. El mismo colectivo sostiene que el militar se encontraba en una situación de vulnerabilidad tras regresar al país en septiembre de 2023, luego de haber residido en Italia desde mayo de 2018.

El reclamo de fe de vida y las medidas de la CIDH

El reclamo de Eugenia Valle Olivares se suma al de otros familiares que tampoco han recibido información sobre el paradero de sus allegados, pese a la existencia de medidas cautelares y provisionales emitidas por la CIDH. “No sabemos si están vivos o están muertos. Exijo, en nombre de ellos, que le den fe de vida a los familiares”, declaró Valle Olivares, citada por EFE.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica e integrado por activistas nicaragüenses en el exilio, subrayó que la desaparición forzada, junto con las detenciones arbitrarias y la tortura, configura crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que requieren investigación, enjuiciamiento y sanción internacional.

La crisis en Nicaragua desde 2018

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social que se profundizó tras las elecciones generales de noviembre de 2021. En ese proceso, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, resultó reelegido para un quinto mandato, con sus principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, bajo acusaciones de ‘traición a la patria’.

La situación de los presos políticos en Nicaragua mantiene la atención de organismos internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que insisten en la necesidad de garantías mínimas y acceso a información para los familiares de los detenidos. Según datos del propio colectivo de derechos humanos, existen al menos nueve personas en desaparición forzada en Nicaragua, situación agravada por la falta de respuesta oficial y la opacidad del régimen.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sostuvo que estos crímenes requieren la intervención de instancias internacionales para garantizar justicia y reparación.

El deterioro de la autonomía indígena en Nicaragua expuso a comunidades del Pacífico y del Centro Norte a más conflictos por la tierra, daños ambientales y pérdida de formas tradicionales de organización, según un estudio de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, retomado por el periódico 100% Noticias.

El informe-citado en la nota- sostiene que la presión aumentó por actividades extractivas como minería, tala y extracción de arena, además de monocultivos y turismo sin regulación. De acuerdo con la investigación, los impactos recaen sobre el agua, los bosques y la biodiversidad, mientras los beneficios para las comunidades resultan limitados.

El estudio de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, divulgado recientemente, afirma que los pueblos indígenas del Pacífico y del Centro Norte pierden control territorial pese a contar con títulos comunales históricos.

Ese retroceso, según el documento, se traduce en más disputas por la tenencia de la tierra, despojos y menor protección estatal frente a actores externos.

Conflictos territoriales y ataques a comunidades indígenas

De acuerdo a la nota de 100% Noticias, la investigación advierte que invasiones de colonos, desplazamientos forzados y expropiación de tierras integran un patrón que afecta a distintas comunidades indígenas.

Aunque el análisis se concentra en el Pacífico y el Centro Norte, el reporte también menciona que en el Caribe las organizaciones locales documentaron ataques armados, asesinatos y expulsión de familias indígenas por colonos instalados en tierras comunales.

Para el estudio, la presión sobre territorios y recursos naturales se combina con un escenario de escasa protección estatal y falta de información reciente.

El documento plantea que esa ausencia de resguardo facilita que terceros avancen sobre áreas tituladas y profundicen los conflictos de propiedad y uso de la tierra.

El informe agrega que las consecuencias no se limitan a la integridad territorial. Describe una crisis social y cultural vinculada a procesos de transculturización, migración y pérdida de saberes ancestrales, con efecto directo en el tejido comunitario y en las prácticas de vida tradicionales.

Intervención estatal y debilitamiento de la organización indígena

El reporte también denuncia intervención y cooptación de estructuras organizativas indígenas. Según la investigación, se registran prácticas de imposición de autoridades y de manipulación de procesos internos, lo que reduce la representatividad comunitaria y debilita mecanismos propios de toma de decisiones.

En ese punto, líderes comunitarios y organismos de derechos humanos citados en el documento afirman que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recortó espacios de autonomía y participación, y que promovió estructuras alineadas con el oficialismo.

Según esas fuentes, ese esquema facilitó la aprobación y ejecución de proyectos económicos sin una consulta amplia a las poblaciones afectadas.

El estudio plantea que resulta clave un diálogo intercultural que reconozca la cosmovisión indígena como base de control y desarrollo territorial.

También señala como pendiente resolver la tensión entre el municipio y el territorio indígena, por el impacto que tiene sobre la gestión de tierras comunales y la continuidad de sus formas de organización.

Resistencia comunitaria y propuestas de las comunidades

Pese al panorama descripto, el informe registra una voluntad de resistencia en las comunidades entrevistadas. Entre las propuestas relevadas, menciona el fortalecimiento organizativo, la recuperación de la identidad cultural y la articulación entre pueblos para la defensa de sus derechos y territorios.

La investigación sostiene que la continuidad de estos pueblos depende de su capacidad de organización y de su posibilidad de exigir respeto por su autonomía, tradiciones y tierras comunales en un contexto que, según el documento, mantiene múltiples focos de presión sobre los recursos naturales y la gobernanza local.

En Nicaragua, apostillar documentos oficiales se ha convertido en una espera de hasta cuatro meses o en un pago de hasta USD 400, según Despacho 505, en un contexto en el que el nuevo sistema virtual de citas de la Cancillería, creado en abril de 2025, no redujo las trabas para quienes necesitan legalizar papeles para emigrar, estudiar o trabajar en el extranjero.

El medio Despacho 505 comprobó que hasta el 13 de mayo de 2026 la cita más cercana disponible en la plataforma era para el 5 de julio. Según ese mismo reporte, las denuncias apuntan a fallas constantes del sistema, errores que impiden validar la cita y un mercado paralelo de intermediarios que venden cupos con tarifas de entre 100 y 400 dólares.

El problema sustituyó las filas físicas frente a la Cancillería en Managua por horas ante una pantalla, según Despacho 505. El medio señaló que la digitalización se implementó en abril de 2025 en un intento de eliminar las aglomeraciones visibles desde 2018, cuando esas filas exponían la crisis migratoria no reconocida vinculada a la represión y al clima de terror impuesto por el régimen.

Una ciudadana originaria de Carazo relató a Despacho 505 que lleva dos días intentando conseguir una cita para enviar documentos de estudio a su hijo en México. La mujer describió el proceso así: “Sí, las filas desaparecieron en teoría para coger lugar, porque igual siempre se espera, pero ahora es otro el martirio. Con suerte se puede conseguir una cita para dentro de tres o cuatro meses. Llevo desde hace dos días intentando. Primero la página no cargaba y, cuando por fin logré avanzar después de llenar todos los datos, el sistema no permitía seleccionar entre las pocas fechas disponibles que aparecían en verde”.

La falta de citas amenaza trámites migratorios en España

La demora no solo afecta a quienes intentan salir del país, sino también a nicaragüenses que ya están en el exterior. Maxine, integrante del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura en España, dijo a Despacho 505 que el sistema deficiente está frustrando la regularización migratoria de muchos connacionales en ese país.

“Tenemos casos de nicaragüenses a quienes les están asignando citas hasta agosto”, afirmó Maxine. Según Despacho 505, el plazo para aplicar al proceso de regularización migratoria extraordinaria en España vence el próximo 30 de junio, por lo que muchas personas podrían perder esa opción por no conseguir la apostilla a tiempo.

La misma fuente añadió otra denuncia sobre el costo de acelerar el trámite por vías informales: “A estas alturas, quien no gestionó la apostilla prácticamente pierde esa oportunidad, a menos que pague por debajera (de manera ilícita), porque eso está pasando en Nicaragua. Están cobrando hasta USD 300 por apostillar un récord policial de un día para otro”.

Un hombre consultado por Despacho 505 sostuvo que antes estos trámites podían resolverse en días, dependiendo de la hora de llegada o de la suerte. Ahora, explicó al medio, no ha podido obtener la apostilla que necesita su hermana para aplicar al proceso de regularización extraordinaria en España, aunque hace dos años sí logró gestionar partidas de nacimiento, récord de policía y títulos de sus tres hijos y varios de sus nietos.

Una mujer mayor, descrita por Despacho 505 como una adulta de “70 y pico”, contó al medio que pasó varios días intentando obtener una cita para apostillar los certificados de estudio de su hija, que emigró hace tres años. Tras superar las dificultades para usar la plataforma, descubrió que la fecha más próxima disponible era para mediados de agosto, pese a que tiene un boleto comprado para el 30 de mayo.

La mujer dijo a Despacho 505 que, al no tener un familiar de primer grado en Nicaragua que pueda ayudarla con las gestiones, probablemente tendrá que comprar la cita. Su resumen fue este: “Aquí, si no son unos, son otros los que te friegan”.

La digitalización trasladó el negocio a un mercado negro de citas

De acuerdo con los testimonios recogidos por Despacho 505, la ausencia de aglomeraciones en Managua no implica que el problema haya terminado. El medio concluyó que la digitalización de las citas no eliminó el negocio alrededor de las apostillas, sino que lo trasladó al entorno virtual.

Durante años, según Despacho 505, los intermediarios lucraron con la venta de los primeros puestos en las filas frente a la Cancillería. Con el nuevo esquema, gestores y supuestos abogados ofrecen conseguir espacios “más rápido” a cambio de pagos que van de USD 100 a USD 400, de acuerdo con el monitoreo de denuncias ciudadanas y testimonios recopilados por el medio.

En publicaciones de redes sociales y grupos revisados por Despacho 505, los vendedores se presentan como grupos de abogados que brindan servicios de agilización del trámite. Otros se identifican simplemente como gestores y ajustan el cobro según la urgencia.

Uno de esos participantes escribió en una discusión pública citada por Despacho 505: “Yo estuve vendiendo servicios de apostillado a 180 y 200 dólares”. En esas conversaciones, añadió el medio, otros usuarios denunciaban que abogados o gestores “acaparan” las citas mientras los ciudadanos comunes siguen atrapados en la espera.

Despacho 505 indicó que no existe prueba pública de participación oficial en estas prácticas. Aun así, la proliferación de intermediarios y la escasez prolongada de citas alimentan sospechas sobre una posible red interna vinculada al negocio.

La situación golpea con más fuerza a quienes necesitan documentos urgentes para trámites migratorios, solicitudes académicas o procesos laborales fuera del país, según Despacho 505. Para miles de nicaragüenses, apostillar documentos dejó de ser un trámite administrativo y pasó a ser otra barrera para salir, regularizarse o continuar estudios en el extranjero.

El cierre progresivo del espacio cívico y la cancelación abrupta de programas vinculados a derechos humanos, gobernanza y sociedad civil han precipitado una transformación profunda en la cooperación internacional en Nicaragua desde 2018. Así lo revela el estudio Cooperación en tensión (2017-2025): Evolución y transformaciones de la cooperación internacional en Nicaragua, elaborado por la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, una ONG con sede en Costa Rica, según informó la agencia EFE.

La investigación, publicada este domingo por EFE, detalla cómo el ecosistema de ayuda internacional en Nicaragua experimentó una mutación estructural en los últimos años. El retiro progresivo de donantes tradicionales, el endurecimiento de las condiciones para la sociedad civil y el cierre de al menos 5,700 asociaciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han remodelado el panorama de la cooperación, según el informe citado por EFE.

Cooperantes modifican su estrategia ante el cierre del espacio cívico

De acuerdo con el reporte de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, el punto de inflexión se produjo tras el estallido de las protestas contra el régimen en abril de 2018, cuando la dictadura nicaragüense respondió con fuerza y restringió el accionar de organizaciones de la sociedad civil. La cancelación de programas estadounidenses en febrero de 2025 aceleró la retirada de otras agencias y dejó al ecosistema de cooperación en una situación de alta vulnerabilidad.

“La arquitectura operativa de la cooperación mutó de manera notable: el canal estatal fue sustituido por mecanismos alternativos; las operaciones se trasladaron progresivamente fuera del país; los actores intermediarios, como agencias del sistema ONU y organizaciones internacionales, adquirieron un rol cada vez más central”, detalla el documento citado por EFE.

Según la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, una ONG con sede en Costa Rica, el cierre del espacio cívico obligó a la cooperación internacional a modificar su estrategia. Muchas operaciones pasaron a gestionarse desde el exterior y la supervisión de fondos quedó en manos de terceros, especialmente organismos multilaterales.

De la cooperación tradicional a la supervivencia

Hasta 2018, la ayuda internacional constituía un apoyo fundamental tanto para el sector público como para el privado en Nicaragua. El informe recuerda que en ese año el país recibió 1,041.3 millones de dólares en cooperación exterior global, de los cuales 657.6 millones se destinaron al sector público y 383.7 millones al sector privado, según datos del Banco Central de Nicaragua.

La situación cambió de forma sustancial en los años siguientes. Para 2023, el último año con estadísticas oficiales disponibles, la ayuda exterior cayó a 813.9 millones de dólares, concentrándose en préstamos y orientándose casi exclusivamente al sector público, que captó el 95.2 % de los fondos (774.6 millones), mientras que el sector privado accedió solo al 4.8 % (39.1 millones), según los datos recogidos por EFE.

El estudio subraya que el resultado es un ecosistema en modo supervivencia, donde los logros pequeños, discretos y seguros valen más que las metas expansivas sin condiciones habilitantes. El nuevo entorno limita la acción de las organizaciones nacionales y reduce la ambición de los proyectos, priorizando la seguridad y viabilidad a corto plazo.

Apuesta por China y Rusia

En medio de la reconfiguración de la cooperación, el régimen de Ortega y Murillo ha reforzado la relación con China y Rusia. De acuerdo con el análisis de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, Nicaragua se ha enfocado en la obtención de préstamos provenientes de Beijing y en acuerdos en materia de seguridad y salud con Moscú, estrategias que marcan un giro en la política exterior del país.

La fundación autora del informe asumió el rol de análisis tras la disolución de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente ilegalizado por el Gobierno. Este reemplazo evidencia el clima restrictivo que atraviesan las organizaciones de la sociedad civil, según la información difundida por EFE.

La publicación anual de reportes oficiales se interrumpió en 2023, lo que dificulta aún más el monitoreo del flujo de ayuda externa y la transparencia en la gestión de fondos.

El precio del queso en Nicaragua ya supera los 120 córdobas (aproximadamente USD 3.30) por libra en algunos mercados, una cifra que resume la presión sobre los bolsillos de las familias y la transformación de sus hábitos alimenticios. El encarecimiento ha obligado a muchos hogares a reducir el consumo, sustituirlo por huevos o cuajada e incluso a buscar alternativas en comercios de barrio.

Según los reportes de la canasta básica citados por Confidencial.digital, el costo promedio nacional de una libra de queso experimentó un aumento sostenido en los últimos meses:

114,17 córdobas (USD 3.14) en diciembre de 2025

119,49 córdobas (USD 3.28) en enero de 2026

123,65 córdobas (USD 3.39) en febrero

124,34 córdobas (USD 3.41) en marzo

123,71 córdobas (USD 3.39) en abril

Estos valores reflejan el encarecimiento paulatino que ha impactado a los consumidores en todo el país.

Para cubrir las nueve libras mensuales previstas en la canasta básica, una familia necesita 1,113 córdobas (unos USD 30.30), según cálculos oficiales. Este monto revela el peso del producto en la dieta cotidiana y la carga que implica para el presupuesto familiar.

El consumo de queso disminuye en los hogares

Varias familias nicaragüenses han optado por ajustar su dieta ante el alza sostenida. Inés, trabajadora migrante, relató que el queso ha dejado de ser un alimento habitual en su casa: solo lo compran en pequeñas cantidades y lo reservan para el desayuno, mientras el resto del consumo se cubre con huevos o cuajada.

Felipe, vecino de Managua, contó que tras la pérdida de empleo en su núcleo familiar, el queso se consume únicamente dos o tres veces a la semana. Incluso las variedades más económicas, aunque menos saludables, a veces no están disponibles en las pulperías cercanas.

El economista Enrique Sáenz advirtió sobre la brecha entre los promedios oficiales y la realidad: “La gente come frijoles, huevo, queso —cuando puede— y tortilla. El aumento de los precios es de 40%; 20%; el que menos subió fue 8%”. Según Sáenz, las remesas se han convertido en una fuente clave para que muchas familias puedan seguir comprando alimentos.

Producción, exportaciones y escasez interna

El encarecimiento del queso obedece a una combinación de menor producción por falta de lluvias y a la presión de las exportaciones hacia El Salvador. En enero de 2026, la producción nacional de queso y cuajada alcanzó los 20.3 millones de libras, según el Ministerio Agropecuario. Un reporte posterior, fechado en marzo, elevó la cifra acumulada a 58.5 millones de libras, aunque no se precisó cuánta quedó en el mercado interno y cuánta fue destinada a exportaciones.

El Salvador compró más de 12 millones de kilos de queso nicaragüense en el primer trimestre de 2026, generando ingresos por USD 47.5 millones. A esa cifra se sumaron otros USD 1.4 millones en leche y crema. Un productor local, entrevistado con reserva de identidad, explicó que la demanda salvadoreña es clave para fijar el precio nacional y que parte del producto se reexporta incluso a Estados Unidos.

Existen diferencias llamativas en los registros oficiales sobre las exportaciones. El Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua reportó casi 36,100 toneladas métricas de queso entre enero y agosto de 2025, por USD 147.6 millones, mientras que El Salvador declaró compras por 46,500 toneladas métricas en ese mismo lapso, por USD 161.0 millones, según Confidencial.digital. Esas discrepancias pueden deberse a diferencias metodológicas o a deficiencias en los registros nicaragüenses.

El incremento sostenido en el precio del queso ha alterado la dieta y la economía de miles de familias, marcando un nuevo escenario en la relación entre oferta, demanda y acceso a los alimentos básicos.

La solicitud formal de Canadá, Argentina, Chile y Costa Rica para que la crisis de derechos humanos en Nicaragua sea incluida en la agenda de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mantiene el foco internacional sobre la situación en ese país centroamericano, donde se reportan al menos 47 personas presas políticas. El pedido, presentado a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General el 21 de mayo de 2026, busca que el tema figure en la reunión del organismo prevista del 22 al 24 de junio en Panamá.

La misión permanente de Canadá ante la OEA actuó en nombre propio y como representante de Chile, Argentina y Costa Rica, en el marco del Grupo Voluntario sobre Nicaragua, según informó Confidencial.digital. Los cuatro países solicitan que se debata la crisis política y las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, así como la situación de decenas de personas privadas de libertad por motivos políticos. La comunicación pretende que el asunto se incorpore de manera oficial en la agenda del próximo período ordinario de sesiones del organismo interamericano.

La iniciativa diplomática se enmarca en un contexto de atención internacional constante sobre Nicaragua, pese a que el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo formalizó la salida del país de la OEA el 19 de noviembre de 2023. Cuatro meses después de esa desvinculación, el Consejo Permanente aprobó una resolución que dio por terminado el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y estableció un grupo voluntario encargado de dar seguimiento a la situación nacional.

La última vez que la OEA trató oficialmente la crisis nicaragüense fue el 4 de febrero de 2026, cuando el Consejo Permanente aprobó por aclamación una resolución que condenó las graves violaciones y abusos atribuidos al gobierno de Ortega y Murillo. El organismo hemisférico exigió la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento del espacio cívico y el cese de las detenciones arbitrarias y la represión contra opositores y voces críticas. “Nicaragua permanece bajo un estado policial caracterizado por el control, la vigilancia y la represión estatal en contra de cualquier persona percibida como opositora”, expresó la delegación de Canadá.

Durante ese debate, la representación de Costa Rica sostuvo que la resolución mantiene abierta la disposición de la OEA para un diálogo constructivo y reclamó el restablecimiento del espacio cívico y la recuperación de la institucionalidad democrática en beneficio del pueblo nicaragüense. Por su parte, Argentina afirmó que existe una maquinaria represiva orientada a eliminar toda voz crítica, incluso fuera de las fronteras nacionales, mientras que Chile subrayó que la decisión reafirmó el compromiso del organismo regional de mantener la atención sobre la situación en Nicaragua.

Crisis sociopolítica y persistencia de las denuncias

Desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018, Nicaragua enfrenta una crisis sociopolítica prolongada, caracterizada por acusaciones de persecución política, cierre de organizaciones civiles, restricciones a la prensa independiente y el encarcelamiento de dirigentes opositores, activistas, periodistas y líderes religiosos.

En este contexto, la Asamblea General de la OEA es el órgano supremo del sistema interamericano, encargado de definir la acción y la política generales de la organización y de analizar cualquier asunto que afecte la convivencia de los Estados de la región. La inclusión de la situación de Nicaragua en su agenda representa un paso para mantener el escrutinio internacional y propiciar el debate sobre la vigencia de los derechos civiles en el país.

En febrero de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas concluyó que Ortega y Murillo, junto con altos funcionarios estatales y del partido de gobierno, son responsables de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018. Esas violaciones afectan a un segmento cada vez más amplio de la población, tanto dentro como fuera de Nicaragua, según reportó Confidencial.digital.

El interés internacional por el destino de las personas presas políticas y la situación de los derechos civiles en Nicaragua se mantiene firme, impulsando nuevas acciones diplomáticas y el seguimiento institucional dentro del sistema interamericano. La coyuntura señala que, a pesar de la desvinculación formal de Nicaragua de la OEA, la situación del país sigue presente en la agenda de la organización, con la expectativa de que la Asamblea General aborde el tema y propicie nuevas discusiones en el ámbito regional.

La trágica muerte de Berlindo Samuel Sosa Oporta, un joven nicaragüense de apenas 23 años, en la mina ilegal “Cerro Conchudita” pone de relieve el devastador costo humano de la fiebre del oro informal en Centroamérica.

Su deceso, provocado por una fulminante intoxicación con cianuro de sodio, desnuda un drama estructural que trasciende las fronteras: la desesperación económica que empuja a miles de personas a arriesgar sus vidas en actividades altamente extractivas, sin ningún tipo de regulación, protección técnica o fiscalización sanitaria.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves 21 de mayo alrededor de las 8:00 de la mañana en la mina ilegal conocida como La Conchudita o Cerro Conchuditas, ubicada en la localidad de Cutris de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. Esta región, situada a escasos kilómetros de la frontera con Nicaragua y de la ribera del río San Juan, se ha convertido en un epicentro de minería artesanal clandestina donde se procesa material aurífero utilizando químicos de contrabando.

Sosa Oporta, originario del municipio de Rosita, en el Triángulo Minero de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, no poseía antecedentes formales como minero profesional; según allegados, se trataba de un ciudadano que intentaba sobrevivir a la precariedad laboral. Informes preliminares detallan que el joven manipulaba directamente un saco de cianuro en el interior de un túnel cuando quedó expuesto, durante un lapso de tres a cinco minutos, a una alta concentración de gases tóxicos emanados por la sustancia.

El químico provocó de inmediato una crisis respiratoria aguda. Al manifestar una severa sensación de ahogo, sus compañeros de faena procedieron a rescatarlo del túnel. Sin embargo, en cuestión de minutos perdió el conocimiento y mostró signos graves de hipoxia (falta de oxígeno).

Ante la ausencia de servicios de emergencia en el sitio clandestino, sus familiares y compañeros decidieron evacuarlo de urgencia a bordo de una embarcación a través del río San Juan, buscando atención médica en el centro de salud de Boca de Sábalos, en territorio nicaragüense.

Lamentablemente, la intoxicación fue letal y el joven falleció durante el trayecto, confirmándose posteriormente su deceso en el puesto de salud de El Castillo, en el departamento de Río San Juan.

Las autoridades costarricenses reafirmaron que la tragedia fue desencadenada por la manipulación directa de sustancias altamente letales en una zona donde la extracción de oro se realiza de forma ilícita, lo que anula cualquier posibilidad de control o fiscalización sobre las medidas de seguridad industrial.

Las profundas secuelas de la minería ilegal en Nicaragua

El fenómeno migratorio y laboral que llevó a Sosa Oporta a territorio costarricense está íntimamente ligado a la arraigada cultura de la minería informal o “güiricería” en Nicaragua. El Triángulo Minero (compuesto por Bonanza, Rosita y Siuna) es una de las zonas con mayor tradición extractiva del país, pero también un reflejo de las graves consecuencias socioambientales que genera la falta de control técnico e institucional.

Las consecuencias de la minería ilegal abarcan múltiples dimensiones de extrema gravedad:

1. Impacto Ecológico e Hidrográfico: La extracción ilegal de oro depende del cianuro de sodio y del mercurio para separar el metal precioso de la piedra mediante lixiviación.
2. Salud Ocupacional y Riesgo Humano: Las minas artesanales carecen de estudios geotécnicos, lo que deriva en derrumbes recurrentes que sepultan anualmente a decenas de mineros.
3. Precarización Social: Casos como el de este joven costeño evidencian que la minería informal es, a menudo, la única alternativa percibida de subsistencia económica frente al desempleo.

El deceso de Berlindo Samuel Sosa Oporta representa un síntoma de la desatención económica regional y de la porosidad de las fronteras ante el tráfico ilegal de insumos químicos peligrosos. Mientras no se establezcan políticas binacionales firmes de fiscalización y alternativas reales de desarrollo socioeconómico en las regiones de origen, los yacimientos informales continuarán cobrándose vidas.

El universo de la belleza en Centroamérica se prepara para vivir una temporada verdaderamente icónica, y Nicaragua será uno de los epicentros principales. La célebre ex Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjær, tiene programada una visita oficial a la ciudad de Managua el próximo 5 de julio de 2026.

Los fanáticos de los certámenes estéticos, los maquilladores profesionales y los amantes de la moda contarán con la oportunidad única de ver de cerca a una de las soberanas universales más aclamadas de los últimos tiempos, quien llegará al país para cumplir un rol muy especial y de alto perfil.

En esta esperada visita, Victoria Kjær participará como la invitada de honor y modelo oficial en la exclusiva Masterclass VIP “Queen’s Aura”. Este magno evento consiste en un taller especializado en técnicas avanzadas de maquillaje profesional, diseñado minuciosamente para preparar a futuras reinas de belleza y refinar las habilidades de los estilistas locales en el circuito internacional.

La dirección y ejecución de este taller estarán a cargo del reconocido estilista y diseñador de imagen nicaragüense Álvaro Rugama. Rugama, quien cuenta con una sólida e impecable trayectoria trabajando con importantes figuras estéticas a nivel global, fue el encargado de ratificar la noticia, desatando de inmediato una ola de entusiasmo y orgullo entre los profesionales del estilismo en el país.

El rol de la ex Miss Universo en la masterclass será fundamental y sumamente interactivo: Kjær fungirá como la modelo principal sobre la cual se realizarán las demostraciones estéticas y técnicas en vivo. Esto permitirá a los asistentes apreciar de primera mano cómo se esculpe, ilumina y potencia la “esencia de una reina” mediante el uso correcto del color, la simetría facial y las últimas tendencias globales de la alta cosmética.

La antesala: El tridente de la belleza se reúne un mes antes en Costa Rica

El viaje de Victoria Kjær por tierras pinoleras será el broche de oro de una gira centroamericana que comenzará exactamente un mes antes en el vecino país “tico”. Costa Rica se convertirá en el foco de la atención mundial el próximo 5 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la majestuosa “Gala Dorada” de Miss Universe Costa Rica 2026.

Este certamen nacional no solo es esperado por la elección de su nueva representante, sino por un hecho histórico y sin precedentes: la reunión oficial de tres grandes reinas de la organización universal.

Victoria Kjær formará parte del exclusivo y riguroso panel de jurados internacionales encargados de evaluar a las candidatas en suelo costarricense. Compartirá esta crucial tarea con figuras de renombre mundial como el célebre “Zar de la Belleza”, Osmel Sousa.

Sin embargo, el verdadero acontecimiento que tiene emocionados a los seguidores de la región es el esperado reencuentro del “tridente de la belleza”. En el Centro de Convenciones de Costa Rica, Kjær compartirá el escenario principal con la inolvidable nicaragüense Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023), quien asumirá el rol de conductora oficial de la gala, y la espectacular mexicana Fátima Bosch (la actual Miss Universo 2025).

La presencia conjunta de Sheynnis, Victoria y Fátima bajo un mismo techo promete una noche repleta de glamour, empoderamiento femenino y un despliegue visual imponente que servirá como el preámbulo perfecto para la posterior llegada de Victoria a Managua. Con esta espectacular travesía combinada por Costa Rica y Nicaragua, queda claro que Centroamérica se consolida con fuerza en el mapa de los eventos de belleza más importantes del mundo en este 2026.

El régimen de Ortega y Murillo sigue sin presentar una prueba de vida de Brooklyn Rivera, secuestrado el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, en un caso que organismos de derechos humanos y expertos internacionales vinculan con desaparición forzada y que, según un grupo de expertos de Naciones Unidas, incluye denuncias sobre indicios de que el exdiputado podría haber muerto bajo detención.

De acuerdo con el informe de la ONU, existen al menos 112 casos documentados de desaparición forzada notificados al Estado nicaragüense, sin que las autoridades hayan respondido a los requerimientos internacionales. Según Monitoreo Azul y Blanco, hay 10 presos políticos en condición de desaparición forzada, entre ellos Rivera.

Rivera fue secuestrado por la Policía Orteguista en su casa en el Caribe Norte después de ingresar a territorio nacional sin autorización de la dictadura, luego de que se le negara la entrada a Nicaragua, Según Despacho 505. Días más tarde también fue secuestrada la diputada suplente de Yatama Nancy Elizabeth Henríquez, a quien la dictadura excarceló el 23 de marzo por el deterioro de su estado de salud.

El dirigente miskito y presidente del partido indígena Yatama permanece desaparecido desde entonces, según Despacho 505, porque a sus familiares no se les permite visitarlo. Organismos de derechos humanos han denunciado que su caso constituye una desaparición forzada, una práctica que expertos internacionales consideran cada vez más sistemática en Nicaragua.

Naciones Unidas advirtió que Rivera podría haber muerto bajo custodia

El grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua expresó su preocupación tras recibir denuncias sobre posibles indicios de que Rivera haya muerto en prisión, según una nota difundida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esa comunicación, los expertos señalaron que Rivera “podría haber muerto en detención” y que la dictadura ha ocultado cualquier tipo de información a sus familiares.

La noticia cobró más fuerza este viernes, cuando la dictadura presentó a Angélica Patricia Chavarría Altamirano, expareja del fallecido general Humberto Ortega Saavedra, quien estaba desaparecida desde el 19 de mayo de 2024. Según una nota de prensa de la Policía Orteguista citada por Despacho 505, Chavarría Altamirano ya fue condenada, aunque no se explicó por qué delito.

Para el opositor Félix Maradiaga, esa diferencia de trato demuestra una decisión deliberada del régimen. “La negativa (de la dictadura) a presentar a Brooklyn Rivera es una decisión deliberada de la dictadura, y esa responsabilidad recae única y exclusivamente sobre el régimen de Ortega”, afirmó Maradiaga, según Despacho 505.

Maradiaga sostuvo además que haber mostrado a la viuda de Humberto Ortega y no a Rivera “es una decisión política deliberada, y esa decisión los condena”. En la misma línea, agregó al medio Despacho 505: “Cuando han querido presentar a presos políticos, lo han hecho. Cuando han decidido ocultarlos, también han podido hacerlo durante meses. La selectividad con la que actúan no hace sino confirmar que tienen control total sobre quién aparece y quién no, y que la desaparición de Brooklyn Rivera es una elección consciente, no una circunstancia”.

El aislamiento sin contacto exterior fue descrito como una forma de tortura

La respuesta central al caso, según Maradiaga en Despacho 505, es que Rivera no está siendo tratado solo como un preso político, sino como una persona desaparecida e incomunicada: el Estado no confirma su paradero ni su estado, no tiene acceso a su familia, no puede ver a un abogado y no existe verificación independiente de que siga con vida. Para el opositor, esa combinación constituye en sí misma una forma de tortura contra Rivera y contra su familia.

“Es necesario precisar la gravedad jurídica y humana de lo que Brooklyn Rivera está enfrentando. No estamos hablando simplemente de un preso político. Estamos hablando de una persona en condición de desaparecido, el Estado niega o no confirma su paradero y su estado, y en condición de incomunicado, completamente aislado del mundo exterior: sin acceso a su familia, sin abogado, sin ninguna verificación independiente de que está vivo y en condiciones mínimamente aceptables. Esa combinación, desaparecido e incomunicado, no es solo una violación grave del derecho internacional humanitario. Es en sí misma una forma de tortura”, dijo Maradiaga a Despacho 505.

El opositor vinculó esa denuncia con su propia experiencia. “Mi familia tardó 84 días en tener verificación de que yo estaba con vida y que me encontraba en el conocido como El Chipote. 84 días de silencio absoluto, sin saber nada, sin poder confirmar nada. Y eso fue devastador. Cuando el tiempo que lleva Brooklyn Rivera sin ser presentado supera con creces esa cifra, la posibilidad de que haya sido asesinado es alta, o como mínimo, que se encuentre en un estado de salud tan crítico que el régimen no puede exhibirlo sin evidenciar ante el mundo entero su propia brutalidad", afirmó Maradiaga al medio Despacho 505.

La ONU también denunció que los tribunales nicaragüenses han rechazado recursos de hábeas corpus presentados por familiares de presos políticos, según Despacho 505, lo que los deja sin mecanismos efectivos para exigir información sobre sus seres queridos. Maradiaga insistió en que la comunidad internacional debe exigir una prueba de vida de Rivera porque, según declaró al mismo medio, “cada día que pasa (…) es un día más en que el régimen consolida su impunidad y envía un mensaje brutal a todos los nicaragüenses: que pueden desaparecer a cualquiera, en cualquier momento, y que no tendrán que responder por ello”.

Según Monitoreo Azul y Blanco citado por Despacho 505, además de Rivera figuran en condición de desaparición forzada Douglas Gamaliel Álvarez Morales, desaparecido desde el 16 de febrero de 2024; Víctor Boitano Coleman, desde el 23 de abril de 2024; Eddie Moisés González Valdivia, desde el 14 de julio de 2024; Steadman Fagot Müller, desde el 14 de agosto de 2024; Carlos Ramón Brenes Sánchez, desde el 14 de agosto de 2025; Larry Javier Martínez Romero, desde el 13 de agosto de 2025, y Salvadora del Socorro Martínez Aburto, desaparecida desde el 14 de agosto de 2025.

El béisbol, un deporte de estadísticas, de alegrías medidas en carreras y de leyendas grabadas en bronce, hoy se ha quedado mudo. Este sábado 23 de mayo, debía ser uno de los días más luminosos en la vida del exgrandes ligas nicaragüense Marvin Benard.

El destino final era Miami; el motivo, el pináculo de cualquier atleta: ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Sin embargo, antes de que el primer aplauso pudiera resonar en el recinto de los inmortales, la tragedia golpeó con la fuerza de un impacto seco, devastador e irreversible.

Eran aproximadamente las 6:20 de la mañana en California cuando el asfalto devoró la felicidad de una familia. Elisa Benard (mencionada también con profundo cariño por sus allegados como Leslie), esposa y compañera de vida del ex big leaguer de los Gigantes de San Francisco, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito.

Minutos antes, Elisa había cumplido con ese ritual silencioso y cotidiano de los hogares donde habita el amor: llevar a su esposo al aeropuerto. Lo despidió con la promesa de verse pronto, quizás con una medalla o un trofeo en las manos, un reconocimiento a una vida entregada a la pelota de las costuras rojas.

Marvin subió al avión con rumbo a Florida, ignorando que el último beso en la terminal sería, en realidad, el de la despedida final. Al regresar a casa, el siniestro vial apagó su vida, dejando una estela de dolor que ha conmocionado a toda Nicaragua y a la comunidad del béisbol internacional. La trágica noticia fue confirmada horas después por una de las hijas de la pareja, desatando una ola de consternación que viajó a la velocidad de la luz.

¿Quién es Marvin Benard?

Para entender la magnitud del impacto de esta noticia, es necesario recordar quién es Marvin Benard. Nacido en Bluefields, en la Costa Caribe de Nicaragua, Benard no tuvo un camino fácil hacia la cúspide.

Fue seleccionado en la ronda 50 del draft de 1992 por los Gigantes de San Francisco, una posición que rara vez augura una carrera larga en la Gran Carpa. Pero Benard estaba hecho de otra madera. Su disciplina, su velocidad en las almohadillas y su garra lo llevaron a debutar en las Grandes Ligas en 1995.

Durante nueve temporadas, todas con la organización de San Francisco, Benard se convirtió en un jugador fundamental. Compartió jardines y alineación con figuras de la talla del histórico jonronero Barry Bonds y el mánager Dusty Baker. Su año cumbre llegó en 1999, cuando conectó 16 cuadrangulares, impulsó 64 carreras y se robó 27 bases, consolidándose como el primer bate del equipo.

Su legado no se limitó al terreno de juego estadounidense; vistió con orgullo la camiseta de la Selección Nacional de Nicaragua y, tras su retiro, se dedicó a transmitir sus conocimientos. Actualmente, Benard se desempeña con éxito como el mánager de la selección nacional de béisbol de España, ganándose el respeto en el viejo continente.

Las redes sociales y las distintas organizaciones de la crónica deportiva continental se han inundado de mensajes de solidaridad ante la tragedia. La noticia de que el nicaragüense sería exaltado este sábado al Salón de la Fama del Béisbol Latino ha quedado en un absoluto segundo plano ante el dolor familiar.

Los bates descansan y el luto embarga al deporte nicaragüense, que hoy se une en muestras de apoyo hacia Marvin Benard, su hija y sus seres cercanos ante esta irreparable pérdida.

La madrugada del 13 de enero de 2016, una avioneta blanca modelo Piper 3 con matrícula costarricense TI-ATR cruzó la frontera norte sin aviso y fue a estrellarse en un cañaveral de Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega, Nicaragua. Cuando los policías nicaragüenses llegaron al sitio, los pilotos ya habían desaparecido. Dentro de la aeronave quedaban tres maletas. Dentro de las maletas, 89 kilos de cocaína.

Nadie lo sabía entonces, pero ese accidente encendió un hilo que tardaría una década en quemarse hasta el final. Esta semana, el hilo llegó a su destino, por ahora: una mansión de tres millones de dólares en un condominio de lujo en Escazú, Costa Rica.

La aeronave había salido del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, con un plan de vuelo hacia Punta Islita y Tamarindo, en Guanacaste. Era una ruta doméstica de apariencia rutinaria. La última comunicación con la nave fue por radio, cuando sus ocupantes indicaron que saldrían. Eso fue todo. Nadie en la torre de control supo más hasta que el transmisor localizador de emergencias se activó desde territorio nicaragüense.

“Fue el transmisor localizador de emergencias (ELT, por sus siglas en inglés) el que nos alertó de que la aeronave estaba en el país vecino”, declaró el director de Aviación Civil de Costa Rica, Enio Cubillo, en enero de 2016.

En Nicaragua, la aeronave había aterrizado en circunstancias no aclaradas cerca de un camino de tierra en la comunidad Cuatro Esquinas, municipio de Puerto Morazán, a 132 kilómetros al noroeste de Managua.

“En la avioneta se encontraron tres maletas con varios tacos de cocaína”, informó el Comisionado Francisco Díaz, entonces subdirector de la Policía Nacional de Nicaragua.

Los vecinos de la zona contaron que una camioneta llegó por los tripulantes poco después del accidente. Los pilotos, identificados con los apellidos Campos y Arias, denunciaron posteriormente haber sido secuestrados en Guanacaste por sujetos con acento colombiano.

El periodista nicaragüense Roberto Orozco, trabajaba entonces como investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y le dio “seguimiento” a ese caso. “No hubo una investigación profunda. Nunca se aclaró cómo los pilotos regresaron a Costa Rica. Tampoco se confirmó si el aterrizaje forzoso fue por fallas mecánicas o por falta de combustible. La hipótesis del combustible no convencía a las autoridades ticas porque la avioneta acababa de despegar de un aeropuerto en Guanacaste. Si iban rumbo a Guatemala o México, debían llevar suficiente combustible. Todo quedó en la nebulosa”, señala.

Una red narco

El accidente de la avioneta estaba conectado a una red que las autoridades costarricenses ya monitoreaban desde el año anterior bajo el nombre en clave de Caso Torrero, y que luego daría pie al Caso Manantiales. Ambas investigaciones apuntaban a tráfico internacional de estupefacientes con rutas aéreas hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala.

En el centro de esa red, presuntamente, figuraba un nombre: Francisco Javier Alfaro Flores, nicaragüense naturalizado costarricense, de 50 años.

Alfaro Flores fue investigado en 2015 en el Caso Torrero, a cargo de la entonces Sección de Estupefacientes, hoy Sección Especializada Antidrogas, del OIJ. Pese a ello, no fue procesado penalmente. Luego apareció vinculado al Caso Manantiales, y tampoco fue imputado. La resolución judicial no explica en detalle el motivo por el que no fue procesado en ese segundo caso, pero sí establece que la DEA retomó la investigación con base en nueva información.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, describe el hilo conductor: “Es una investigación de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, en donde se le da seguimiento a dos casos anteriores de tráfico internacional de estupefacientes, solo que ahora vamos enfocados en la legitimación de capitales”.

El supuesto punto de enlace entre Alfaro Flores y la avioneta caída en Nicaragua quedó documentado antes del accidente. Según el expediente judicial, el 12 de enero de 2016, la víspera del siniestro, agentes de la DEA alertaron al OIJ que sujetos de distintas nacionalidades habían cargado maletas de manera sospechosa en una aeronave blanca en las localidades costeras de Corozalito y Punta Islita. Al día siguiente esa misma avioneta, la TI-ATR, estaba tirada en un cañaveral nicaragüense.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CRHoy, el OIJ atribuye a Francisco Javier Alfaro Flores funciones logísticas dentro de una red de narcotráfico internacional y sostiene que activó radiobases en Punta Islita durante la operación de la avioneta TI-ATR que cayó en Chinandega en enero de 2016.

Empresario “exitoso”

Durante años, Alfaro Flores construyó una fachada de empresario exitoso. La clave de su arquitectura financiera fue la apropiación de negocios aparentemente legales con acceso a flujos de dinero difíciles de rastrear.

En julio de 2016, meses después del accidente de la avioneta, Alfaro Flores asumió la representación judicial y extrajudicial de Valu Shred Costa Rica VSCR S.A., una empresa recicladora de chatarra electrónica con sede en una zona franca de Montecillos, en Alajuela.

Para cuando tomó el control de la recicladora, esta ya disfrutaba de los beneficios que el Estado otorga a las empresas en el régimen de zona franca, como descuentos o exoneraciones totales en el pago de impuestos. El régimen le había sido otorgado desde enero de 2012.

“La sociedad sería utilizada como mampara para legitimar capitales provenientes del narcotráfico, o bien, que mediante la exportación de la chatarra que recolectan, esconden sustancias psicotrópicas”, expone el expediente judicial del Caso Lusso.

En julio de 2022, la Fiscalía de Legitimación de Capitales recibió información confidencial de que Alfaro Flores, presuntamente, estaba legitimando ganancias del narcotráfico a través de negocios mampara. Ese dato fue el detonador final de lo que vendría.

La supuesta red de Alfaro Flores no operaba sola. Necesitaba colaboradores que movieran dinero a través de negocios con apariencia de legitimidad. Uno de los más llamativos sería Cristian Lanuza Víquez, campeón nacional de fisicoculturismo en 2017 y propietario del gimnasio Lanuza Performance, en Santo Domingo de Heredia.

De acuerdo con las autoridades, Lanuza habría adquirido vehículos de alto valor y una propiedad por 107 millones de colones (unos 235 mil dólares) en apenas 19 meses, con dinero proveniente del narcotráfico de la organización presuntamente liderada por Alfaro Flores.

El expediente judicial registra las transacciones: el 14 de julio de 2023, Lanuza adquirió un Ford F150 por 75.000 dólares. El 13 de enero de 2025, adquirió una Toyota Fortuner. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el empresario ‘convirtió recursos derivados de la narcoactividad en bienes de interés económico’ y adquirió un Chevrolet Tahoe color negro, año 2026.

La cobertura era el gimnasio, pero los números no cuadraban. “Este esquema de negocio, aun considerando una clientela estable, no resulta financieramente congruente para sostener el alto nivel de vida ostentoso”, señala el expediente judicial del Caso Lusso.

Poca cooperación de Nicaragua

Para el periodista Orozco, la Policía de Nicaragua fue, al menos, negligente, en el tratamiento del caso. Los trató como un hecho aislado. “Nicaragua estaba obligada a profundizar la investigación porque se trataba de narcotráfico internacional. Se sabía de dónde había salido el vuelo y la Policía debió solicitar más información a Costa Rica para empezar a investigar posibles estructuras locales de apoyo. Eso es lo normal en este tipo de casos. Nunca se dejan como hechos aislados”, dice.

Considera que la actitud del régimen estuvo determinada por la imagen del país que querían mostrar. “Lo que pasaba es que Nicaragua ya estaba entrando en una política de ocultamiento de información. Se promovía aquella narrativa del ´vivir bonito´, de que todo estaba bien y de que el país era un ´muro de contención´ contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, ya había problemas para compartir información con la DEA”, señala.

No se investigaron posibles conexiones locales, incluso dentro del Estado, dice Orozco, porque Daniel Ortega desmanteló desde 2010 la llamada Unidad Anticorrupción que era la oficina de la Policía que se encargaba de trabajar con la DEA e intercambiar información.

“Ese departamento había sido creado durante el gobierno de Enrique Bolaños, bajo fuerte influencia estadounidense. Era una unidad especializada de investigación, casi un bloque de búsqueda. Su objetivo principal era impedir que el narcotráfico capturara instituciones del Estado, especialmente en la Policía y en el Poder Judicial”, indica. Ortega lo desarticuló y lo cerró.

Día de allanamientos

El caso revivió abruptamente la madrugada del pasado 18 de mayo de 2026. La Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del OIJ de Costa Rica y la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales ejecutaron un operativo simultáneo en cuatro provincias. 17 allanamientos en propiedades ubicadas en Alajuela, Pérez Zeledón, Escazú y Heredia como parte de la investigación denominada Caso Lusso —'lujo’ en italiano—, dirigida contra una red dedicada al lavado de activos por medio de varios negocios, la adquisición de vehículos de alto valor y propiedades e inversiones en el negocio inmobiliario.

El golpe central fue en el condominio Cerro Real, en Escazú. Michael Soto, director interino del OIJ, informó que Alfaro Flores fue capturado en una lujosa mansión valorada en tres millones de dólares. La residencia incluía cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio particular, uno de los símbolos más elocuentes de la riqueza que, según los investigadores, fue construida sobre el narcotráfico.

En total fueron detenidas ocho personas, entre ellas la pareja e hija de Alfaro Flores.

Las autoridades incautaron 21 vehículos de alta gama valorados en 2,7 millones de dólares, entre ellos automóviles de las marcas Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz, Audi, BMW y Lexus.

Uno de los vehículos incautados tenía un valor de alrededor de 400.000 dólares y era uno de los pocos de su clase en todo Costa Rica. Las autoridades también decomisaron dinero en efectivo y un fusil de asalto AR-15.

El total de dinero blanqueado estimado por la fiscalía supera los 500 millones de colones —aproximadamente 1,1 millones de dólares— en activos directamente rastreables al narcotráfico. Los investigadores vincularon al grupo con 29 propiedades con un valor conjunto de aproximadamente 7 millones de dólares.

“Es parte de lo que estamos investigando. Es muy prematuro afirmar si hubo vehículos declarados por precios inferiores, pero es una de las líneas de análisis”, indicó Michael Soto, director interino del OIJ.

El Caso Lusso es, en su esencia, la historia de una investigación que sobrevivió a sí misma. Alfaro Flores pasó por dos causas por narcotráfico sin ser procesado penalmente. Luego construyó, durante años, una arquitectura financiera que combinó una recicladora en zona franca, cadenas de gimnasios, importación de autos de lujo y bienes raíces de alto valor. Se instaló en una mansión con cine privado y piscina en el condominio más exclusivo de Escazú.

Y sin embargo, el hilo que lo ataba al 13 de enero de 2016 nunca se rompió: la avioneta blanca TI-ATR, tirada en un cañaveral de Chinandega, con tres maletas y 89 kilos de cocaína, y los pilotos que se esfumaron en la noche nicaragüense.

Esa investigación, la del accidente aéreo en Puerto Morazán, fue la que la DEA retomó con nueva información y que terminó derivando en la causa por la que Alfaro Flores fue detenido esta semana.

Tardó diez años.

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, manifestó su rechazo ante la reciente acusación emitida en Estados Unidos contra Raúl Castro.

La imputación, relacionada con el derribo de dos avionetas en 1996, fue calificada por el Ejecutivo nicaragüense como “sumamente peligrosa”, según destaca una nota publicada por la agencia EFE.

Desde Managua, los copresidentes sostuvieron que la medida representa un irrespeto a los principios y valores de las Naciones Unidas.

En un comunicado oficial, difundido por EFE y varios medios nicaragüenses, Ortega y Murillo condenaron la acusación y advirtieron sobre los riesgos que implica para la soberanía de los países que, a su juicio, han luchado por su dignidad y derechos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó esta semana cargos formales contra Raúl Castro por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, un caso que reaparece en medio de una nueva escalada entre Washington y La Habana, según el propio Departamento de Justicia.

El ataque dejó cuatro muertos: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La acusación fue presentada ante la corte federal del Distrito Sur de Florida y sostiene que las aeronaves civiles estaban desarmadas.

Junto con Castro fueron acusados otros cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, según el Departamento de Justicia. La imputación los señala por su presunta participación en la planificación y ejecución del ataque.

Reacciones del Gobierno nicaragüense ante la acusación contra Raúl Castro

El dictador Ortega y su esposa, Rosario Murillo, aliados históricos de Cuba, reiteraron su solidaridad con el expresidente cubano y con la dirigencia actual del país caribeño. En su mensaje, los mandatarios resaltaron el “respeto, admiración y cariño” que, según ellos, caracteriza las relaciones entre ambas naciones y sus revoluciones.

La pareja presidencial extendió su respaldo a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y a toda la dirigencia del partido y Gobierno cubanos. También expresaron su reconocimiento al fallecido líder Fidel Castro, a José Martí y a “todos los héroes y mártires” de la revolución cubana.

El comunicado enfatizó la “inalterable fuerza de fraternal unidad” entre Nicaragua y Cuba, y calificó a la isla como “potencia cultural, científica, solidaria, revolucionaria y de bien común”. Ortega y Murillo reafirmaron su apoyo al pueblo cubano en nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Contexto de la acusación y reacciones en Cuba

La acusación formal contra Raúl Castro surgió en un escenario de creciente hostilidad entre Estados Unidos y Cuba, marcado por la intensificación de medidas como el bloqueo petrolero impuesto desde hace cinco meses y la extensión de sanciones económicas a la isla.

La respuesta oficial de La Habana fue inmediata y categórica: las autoridades cubanas rechazaron totalmente la imputación, interpretándola como una nueva manifestación de la política hostil de Washington hacia el Gobierno cubano.

Los documentos judiciales estadounidenses no solo señalan a Raúl Castro, sino que incluyen a otros militares cubanos: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

El Gobierno de Nicaragua, a través de sus máximos representantes, expresó su preocupación por el impacto de estas tensiones en la región. Enfatizó la necesidad de salvaguardar los principios de paz, seguridad y autodeterminación para los países del Caribe y América Latina, frente a la presión ejercida por Estados Unidos sobre Cuba.

La grabación, cuidadosamente producida y difundida por la maquinaria mediática del régimen, muestra a Chavarría leyendo un mensaje en el que asegura haber recibido “trato digno y respetuoso” por parte de la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario. “Semanalmente recibo visitas de mi mamá y de mi hermana”, afirma.

También asegura que recibe alimentación diaria, atención médica especializada, medicamentos, acceso al jardín y televisión. “Agradezco al Sistema Penitenciario y a la Policía Nacional por el trato digno y respetuoso hacia mi persona”, concluye.

La aparición ocurre luego que organismos de derechos humanos y medios de comunicación denunciaran la desaparición de la pareja sentimental de Humberto Ortega. Infobae publicó recientemente un reportaje en el que se denunciaba que la mujer permanecía desaparecida desde mayo de 2024 y que organismos nacionales e internacionales exigían pruebas de vida.

Chavarría desapareció el mismo día en que el régimen ordenó el arresto domiciliario y la incomunicación del general Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano menor de Daniel Ortega. El detonante fue una entrevista publicada el 19 de mayo de 2024 por Infobae y realizada por el periodista Fabián Medina, en la que Humberto cuestionó la deriva dinástica del régimen y el poder acumulado por Rosario Murillo y sus hijos.

Tras aquella entrevista, el régimen acusó al antiguo comandante sandinista de “traición a la patria”, lo mantuvo bajo vigilancia policial y aislamiento absoluto, y restringió el acceso a atención médica independiente, según denunciaron familiares y organismos de derechos humanos.

Humberto Ortega murió el 30 de septiembre de 2024 en el Hospital Militar de Managua, bajo custodia estatal. El parte médico oficial habló de un “paro cardiorrespiratorio” y “choque cardiogénico”, pero opositores y activistas calificaron su muerte como “un asesinato de Estado en cámara lenta”, atribuyéndola al aislamiento y al deterioro físico acelerado durante su cautiverio.

Después de la muerte del exjefe militar, la desaparición de Angélica Chavarría adquirió mayor notoriedad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor y organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunciaron que permanecía en condición de desaparición forzada.

El caso también llegó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, mientras familiares y activistas exigían información sobre su estado físico y acceso de familiares y abogados.

Para los organismos de derechos humanos, el caso de Chavarría tenía un fuerte componente de “venganza política” por su cercanía con Humberto Ortega y por el impacto que causó la entrevista publicada por Infobae.

La presentación de Chavarría sigue un patrón que organizaciones humanitarias, ex reos políticos y opositores han denunciado reiteradamente en Nicaragua: la utilización de “pruebas de vida” cuidadosamente montadas cuando aumenta la presión nacional e internacional sobre el régimen Ortega-Murillo.

Un extenso reportaje publicado en septiembre de 2025 por Infobae documentó cómo la dictadura recurre a escenografías, uniformes nuevos, comida abundante, cortes de pelo, afeitados y visitas controladas para fabricar imágenes destinadas a contrarrestar denuncias de torturas y desapariciones.

“Es un circo”, dijo entonces Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa y ex preso político, al describir una de esas presentaciones. “Todo eso lo montan para engañar, para mostrar una realidad que no existe”, añadió tras relatar cómo los presos eran alimentados temporalmente y vestidos con ropa limpia antes de ser exhibidos ante cámaras oficialistas.

El ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, quien pasó 611 días encarcelado en El Chipote antes de ser desterrado, explicó el mecanismo con crudeza: “Cuando la presión interna y externa aumenta, huelgas de hambre, denuncias, pronunciamientos, el régimen no corrige el abuso; cambia de libreto. Empieza el teatro”.

Maradiaga aseguró que antes de las grabaciones el régimen mejora la alimentación, controla el peso de los presos y prepara escenarios con refrescos, manteles y platos servidos. “Quieren imágenes de ‘trato digno’: presos sentados, comida abundante, una postal que se pueda exportar al mundo”, afirmó.

Según el mismo reportaje, después de terminada la filmación los reos regresan a las condiciones habituales de aislamiento, raciones escasas y restricciones extremas. “La generosidad dura lo que dura la grabación”, resumió Maradiaga.

La aparición de Angélica Chavarría ocurre además en medio de crecientes denuncias sobre desapariciones forzadas en Nicaragua. Organismos de derechos humanos sostienen que al menos 14 presos políticos permanecen desaparecidos, entre ellos el líder indígena miskito Brooklyn Rivera y el ex asesor presidencial Steadman Fagot.

El video de Chavarría vuelve a colocar bajo escrutinio internacional el uso de montajes propagandísticos por parte del régimen nicaragüense para responder a acusaciones de desaparición forzada y represión política.

El colectivo opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformado por disidentes nicaragüenses en el exilio, lanzó una petición pública dirigida a la comunidad internacional para que respalde la búsqueda de democracia en Cuba y Nicaragua.

El movimiento subrayó la importancia de que los actores internacionales respalden las demandas del pueblo cubano y se sumen a la exigencia de respeto a los derechos humanos.

Durante la declaración, Unamos insistió en que el restablecimiento de libertades fundamentales en Cuba —como la libertad de expresión, asociación, prensa y movilización— es esencial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. El grupo, al que pertenece la exguerrillera Dora María Téllez, advirtió que solo una apertura real permitirá que la ciudadanía cubana avance hacia un futuro de esperanza y dignidad.

La transición política y el rol de la ciudadanía cubana

La organización nicaragüense consideró imprescindible la construcción de un sistema político plural, transparente y participativo en Cuba. Según la declaración, esta transformación debe basarse en la justicia, la equidad y la soberanía ciudadana. Unamos sostuvo: “El protagonismo ciudadano es la garantía de una transformación auténtica y sostenible”.

La agrupación subrayó que el pueblo cubano es el actor central y legítimo de cualquier proceso de cambio y reclamó que se permita a la población organizarse, participar y construir alternativas democráticas desde la base.

Denuncias por represión y crisis humanitaria

El texto hizo hincapié en la exigencia de terminar de inmediato con la represión, la persecución y la violencia estatal contra quienes defienden la libertad y la justicia en Cuba. Además, solicitó la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos, calificando estas detenciones como “una violación flagrante de los derechos humanos y una afrenta a la dignidad humana”.

En el mismo pronunciamiento, Unamos expresó su “solidaridad incondicional” con la población cubana, a la que describió como víctima de una crisis humanitaria que afecta su dignidad, su bienestar y sus derechos fundamentales. El grupo denunció el deterioro de las condiciones de vida en la isla, la escasez de insumos básicos y las dificultades para acceder a servicios esenciales.

En respuesta a la emergencia social, el movimiento solicitó a la comunidad internacional que preste atención urgente y brinde asistencia para aliviar el sufrimiento de los cubanos.

Para Unamos, la lucha democrática en Cuba y Nicaragua debe allanar el camino hacia sociedades más justas y libres, con garantías plenas para el ejercicio de los derechos humanos.

La respuesta del régimen nicaragüense

El régimen de Nicaragua por su parte, manifestó el jueves su rechazo a la reciente acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a raíz del derribo de dos avionetas ocurrido en 1996.

En un comunicado titulado “Cuba, potencia de bien común”, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo calificaron la imputación impulsada desde Washington como “sumamente peligrosa” y expresaron su condena a lo que consideran una violación de los principios y valores fundamentales de las Naciones Unidas.

La respuesta oficial fue firmada por ambos líderes sandinistas, quienes mantienen una histórica alianza con el gobierno cubano. Ortega y Murillo subrayaron que este episodio representa “un momento sumamente peligroso y pernicioso para los pueblos que tanto hemos luchado por nuestra soberanía, dignidad y derechos”.

La declaración enfatiza la preocupación del gobierno nicaragüense ante lo que consideran una amenaza para la estabilidad y el respeto internacional

Las voces del exilio nicaragüense en París señalan la persistencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como consecuencia directa de la ambigüedad de Estados Unidos y la Unión Europea, destaca una nota de la agencia EFE publicada este viernes.

Esta falta de determinación, según los opositores, perpetúa la crisis humanitaria y política que atraviesa Nicaragua, mientras la comunidad internacional prioriza otros conflictos globales.

Rafael Aragón, religioso dominico expulsado de Nicaragua en 2023, y Gabriel Putoy, profesor indígena encarcelado durante las protestas de 2018, han recorrido varias ciudades europeas para visibilizar la represión en su país.

Coinciden en que la doble moral de las potencias occidentales, que sancionan por un lado y mantienen relaciones comerciales por el otro, facilita la impunidad del sandinismo.

De acuerdo a Aragón, la Unión Europea, aunque condena las violaciones a los derechos humanos, no rompe sus vínculos con Managua, lo que, en su opinión, debilita cualquier presión real sobre el régimen.

Putoy, tras casi un año en prisión por oponerse al gobierno, aseguró que cualquier apoyo exterior debería garantizar que “seamos los nicaragüenses quienes decidamos” el futuro del país.

Recordó que la historia reciente de Nicaragua ha estado marcada por la injerencia estadounidense desde la dictadura de los Somoza hasta la llegada del sandinismo.

Líderes en el exilio y fragmentación opositora

Ambos representantes de la oposición viven actualmente refugiados en Costa Rica, principal destino de quienes huyen de la persecución política.

De acuerdo a EFE, los dos lamentan la “desintegración” de los movimientos opositores, dispersos en varios países. Aragón atribuyó ese debilitamiento a la muerte de Roberto Samcam, militar opositor asesinado en Costa Rica en 2025, hecho que, en su opinión, dejó huérfana a la resistencia.

La falta de respaldo por parte de instancias internacionales como el Vaticano también fue señalada por Aragón, quien lleva más de seis meses esperando una audiencia con el papa León XIV para exponer la situación.

Consecuencias personales del exilio

Gabriel Putoy relató el costo humano de la represión: su paso por la cárcel, la separación de su familia y la pérdida de la nacionalidad. Desde Costa Rica, viaja con un pasaporte de refugiado, mientras sus hijos permanecen en Nicaragua y la madre de estos se encuentra en Estados Unidos. “Quiero volver a ver a mis hermanos. No me quiero morir en el exilio, yo quiero volver”, dijo.

El régimen de Ortega y Murillo ha despojado de la nacionalidad a cientos de críticos, condenándolos a la apatridia. Putoy forma parte de ese grupo, lo que agrava su situación legal y emocional.

La economía y el papel internacional

Según Aragón, la única vía eficaz para presionar al gobierno nicaragüense sería una ofensiva económica global capaz de provocar una crisis interna. Reconoció, sin embargo, que conforme a los informes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el país mantiene una estabilidad macroeconómica.

A pesar de las sanciones y las declaraciones, la vida cotidiana en Nicaragua sigue marcada por la represión y la falta de libertades, mientras los exiliados buscan mantener viva la atención internacional sobre un conflicto que ha quedado relegado por otras crisis en el escenario mundial.

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) eligió este jueves al escritor Sergio Ramírez para ocupar la silla L de la corporación, el asiento vacante desde la muerte del Nobel hispanoperuano Mario Vargas Llosa, el 13 de abril de 2025. Con esta designación, el autor nicaragüense se convierte en integrante del organismo rector del idioma castellano.

La votación, celebrada en la sede de la RAE en Madrid, fue la culminación de un proceso que arrancó con la convocatoria de la plaza en el Boletín Oficial del Estado el 6 de abril.

La candidatura de Ramírez fue la única presentada al pleno y contó con el aval de tres académicos: Santiago Muñoz Machado, director de la institución; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.

El 14 de mayo, en un pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de San Marcelo, en León, Díez leyó ante el público los méritos del candidato y lo calificó de escritor “fundamental, generoso y comprometido”.

El escritor tiene la nacionalidad española desde 2018, condición que habilitó su candidatura, pues en 2023 el régimen de Daniel Ortega lo despojó de su ciudadanía nicaragüense como represalia.

Qué es la silla L y qué representan las letras en la RAE

La RAE está integrada por 46 académicos de número, cuyas plazas reciben el nombre de “sillas” y se identifican con letras del alfabeto latino, tanto mayúsculas como minúsculas.

El sistema data de los primeros estatutos de la corporación, aprobados en 1715, cuando se fijaron 24 plazas designadas con letras mayúsculas.

Las minúsculas se incorporaron con posterioridad, al ampliarse el número de asientos. Según fuentes oficiales, solo ocho letras del alfabeto no tienen ni han tenido representación en los sillones de la institución: v, w, x, y, z, Ñ, W e Y.

La silla L, en mayúscula, es una de las plazas históricas de la Academia. Vargas Llosa la ocupó durante años hasta su muerte. De acuerdo con los estatutos de la RAE, la provisión de una plaza para un nuevo académico no puede iniciarse antes del sexto mes desde el fallecimiento del titular anterior. Una vez elegido, el nuevo miembro debe leer su discurso de ingreso ante la corporación para tomar posesión formal del asiento.

Un escritor forjado entre la revolución y el exilio

Ramírez nació en Masatepe, Nicaragua, en 1942, y llega a la RAE a los 83 años con una trayectoria que combina la literatura, el periodismo y la política. Participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. Hoy reside en Madrid, adonde llegó como exiliado tras la persecución del régimen de Ortega en 2021.

Es autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, y su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas. Entre sus novelas más reconocidas figuran Castigo divino (1988), galardonada con el Premio Dashiell Hammett en España, y Margarita, está linda la mar (1998), con la que ganó el Premio Alfaguara de Novela y el Premio Latinoamericano José María Arguedas. Su trilogía negra con el inspector Dolores Morales como protagonista, El cielo llora por mí (2008), Ya nadie llora por mí (2017) y Tongolele no sabía bailar (2021, consolidó su presencia en la narrativa policial en español.

Su última novela, El caballo dorado (Alfaguara, 2024), ganó el Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2025, un reconocimiento que adquiere una dimensión simbólica particular ahora que Ramírez ocupa el sillón del propio Vargas Llosa en la RAE.

El Cervantes y otros reconocimientos

En 2017, Ramírez recibió el Premio Cervantes, la distinción más alta de las letras en español, y se convirtió en el primer centroamericano en obtenerlo. El jurado destacó entonces “la viveza de una literatura que aúna poesía y narrativa” y su capacidad para retratar “la realidad y la vida cotidiana”, según informó El País.

A ese galardón se suman el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso (Chile, 2011), el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español (México, 2014), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2021) y el Premio de Periodismo Ortega y Gasset (2026).

Ramírez es también miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua y ha ejercido como profesor visitante en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la Universidad de Harvard y la Universidad de Princeton. Es fundador del Festival Literario Centroamérica Cuenta.

Las autoridades de Nicaragua realizaron uno de los mayores decomisos de cocaína del año tras confiscar 502 kilos durante un operativo en el municipio de Wiwilí, provincia de Jinotega, fronteriza con Honduras, según informaron este jueves el Ejército y la Policía Nacional. El operativo dejó como resultado la captura de dos ciudadanos nicaragüenses y la incautación de dos camionetas, un camión y un arma de fuego. Un tercer sospechoso, identificado como Jonathan Garmendia Barrientos, permanece prófugo.

De acuerdo con lo reportado por la agencia internacional de noticias EFE, la operación antidrogas tuvo lugar en la víspera, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la vivienda de Garmendia Barrientos, cuya vivienda era clave en la logística del traslado de la droga. Durante la intervención, se detuvo a Darwin Wilfredo Castellón Rodríguez, conductor de un camión, y a Jairo Josué Rodríguez Cruz, conductor de una camioneta, ambos con matrículas de Managua. Las autoridades los señalan como responsables del transporte y custodia de la sustancia ilícita, propiedad del prófugo.

En la revisión del vehículo de carga pesada, los efectivos hallaron 440 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, que tras la prueba de campo arrojaron resultado positivo para cocaína. El peso total fue de 502 kilos (1,107 libras), cantidad que representa el segundo mayor decomiso en lo que va del año en el país, solo superado por los 1,312 kilos (2,893 libras) incautados en marzo en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, limítrofe con Costa Rica.

El codirector de la Policía Nacional, Victoriano Ruiz, explicó en una comparecencia conjunta con altos mandos del Ejército que el operativo forma parte de la estrategia de seguridad conocida como Muro de Contención. Esta política tiene como objetivo principal frenar el flujo de drogas y dinero relacionado con el narcotráfico en el territorio nacional. Según Ruiz, para implementar esta estrategia, el país mantiene estrechos lazos de cooperación con los países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia.

Según información difundida por EFE, la droga, los vehículos y el arma decomisados quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras que los dos detenidos enfrentan cargos por narcotráfico y asociación ilícita. En tanto, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Garmendia Barrientos, señalado como el principal responsable de la organización del traslado.

Nicaragua, un punto estratégico en el tráfico de droga

La ubicación de Nicaragua en el istmo centroamericano la convierte en un punto estratégico dentro de las rutas de tráfico de droga que conectan los países productores de Sudamérica con los mercados de Norteamérica. El país es considerado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras agencias internacionales como un corredor de alto tránsito para sustancias ilícitas, situación que ha motivado la intensificación de los controles y las acciones coordinadas entre fuerzas nacionales e internacionales.

La agencia EFE detalló que el volumen de droga incautado en este último operativo solo ha sido superado este año por el decomiso de marzo, cuando las autoridades interceptaron más de una tonelada en la frontera sur de Nicaragua. En esa ocasión, los 1,312 kilos (2,893 libras) de cocaína también estaban ocultos en vehículos de carga, en una modalidad similar a la detectada en Jinotega.

Las autoridades insisten en que la política de Muro de Contención ha permitido elevar el número de incautaciones y desarticular parte de las redes transnacionales que operan en la región. Según datos oficiales, el país mantiene vigente la cooperación con diversas agencias extranjeras para el intercambio de información y la coordinación de operativos conjuntos.

“Estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y en proteger a la población de los efectos de este delito”, destacó Victoriano Ruiz durante la conferencia recogida por la agencia de noticias internacional Agencia EFE. El funcionario subrayó que la participación conjunta del Ejército y la Policía Nacional ha resultado fundamental para el éxito de los operativos recientes.

El caso se mantiene en investigación, mientras las autoridades intensifican los patrullajes y controles en las zonas fronterizas del norte del país, consideradas vulnerables porque la falta de vigilancia terrestre en algunos tramos facilita el paso ilegal de personas y mercancías y, como consecuencia, la porosidad de los límites con Honduras favorece el tráfico de drogas.

La Dirección General de Minas entregó hoy una concesión minera a New Era Mining Development Company, Sociedad Anónima, para aprovechar minerales en el lote Loma Monte Redondo, en San Juan de Limay, Estelí, con una vigencia de 25 años y derecho exclusivo de exploración, explotación e instalación de plantas de beneficio dentro del área concedida.

El título de concesión minera No-010-PGJ-DGM-2026, fija una superficie de 1,800 hectáreas en el municipio de San Juan de Limay. El documento de la concesión dispone además que la empresa deberá iniciar actividades de exploración en un plazo máximo de cuatro años, con posibilidad de una prórroga de un año.

La resolución indica que la solicitud fue presentada por New Era Mining Development Company, Sociedad Anónima, el 4 de marzo de 2026, para obtener una concesión minera sobre el lote denominado Loma Monte Redondo. El área está ubicada en el departamento de Estelí, según el desglose municipal incorporado en el título.

La concesión fue aprobada tras dictámenes técnicos, catastrales y legales emitidos en marzo de 2026

De acuerdo con el Considerando II del título, la empresa cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, y en el Decreto No. 119-2001, reglamento de esa norma. El acto administrativo añade que la sociedad está constituida conforme a las leyes de la República de Nicaragua.

El Considerando III señala que el Dictamen Catastral Minero No. PGJ-DGM-RCM-017-03-2026, fechado el 6 de marzo de 2026, concluyó que las coordenadas y el área solicitada cumplían con los requisitos técnicos. El Considerando IV agrega que el Dictamen Técnico No. DTM-03-03-2026-DGM-PGJ, del 26 de marzo de 2026, estableció que el perfil de la reseña técnica presentado por la empresa satisfacía las exigencias correspondientes.

El Considerando V incorpora el Dictamen Legal Número 017-DA-CM-03-2026, del 27 de marzo de 2026, según el cual el solicitante cumplía con los requisitos legales para tramitar la petición. El Considerando VI añade que la Procuraduría para las Municipalidades emitió opinión favorable sobre la solicitud presentada por la concesionaria en el municipio de San Juan de Limay.

El mismo título sostiene en su Considerando VII que la empresa dispone de documentos que acreditan capacidad técnica y financiera para desarrollar y concluir actividades mineras dentro de la concesión. También afirma que cuenta con legitimación para operar.

El título impone pagos, registro público y obligaciones ambientales bajo pena de cancelación

La parte resolutiva establece que, en nombre del Estado de Nicaragua, se otorga a New Era Mining Development Company una concesión minera en Loma Monte Redondo, definida por un polígono exterior delimitado por coordenadas expresadas en grados UTM, NAD 27 y zona 16N. El documento no reproduce en el texto citado el detalle completo de esas coordenadas, pero sí precisa el área total concedida en Estelí.

Entre las obligaciones impuestas al titular figura el pago de derechos de vigencia o superficiales equivalentes en moneda nacional a USD 0,25 por hectárea durante el primer año. También deberá pagar un derecho de extracción o regalía del 3% sobre el valor de las sustancias extraídas.

La concesionaria deberá suministrar anualmente, o cuando lo requiera la Dirección General de Minas-PGJ, información sobre sus actividades y sobre acuerdos de cooperación y apoyo a la minería artesanal. El título también ordena inscribir la concesión en el Registro Público de la Propiedad y publicarla en La Gaceta, Diario Oficial, a costa de la empresa, dentro de los 30 días.

La resolución dispone que la concesión confiere exclusividad para la exploración, la explotación y el establecimiento de plantas de beneficio sobre las sustancias minerales comprendidas en la ley y halladas dentro de la circunscripción del lote. A la vez, obliga al concesionario a cumplir las normas de seguridad laboral, protección ambiental y resguardo de recursos naturales.

El documento advierte que el incumplimiento de las obligaciones señaladas, así como de las demás previstas en la legislación minera vigente, será causal de cancelación de la concesión. El título fue dado en Managua el 6 de abril de 2026 y aparece firmado por Norman Henríquez Blandón, director general de Minas de la Procuraduría General de Justicia.

El miércoles al final de la tarde, el gobierno de Nicaragua mantuvo silencio respecto a la acusación estadounidense contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, de acuerdo a una nota publicada por el medio 100% Noticias.

De acuerdo a la publicación, la codictadora Rosario Murillo intensificó su retórica contra sacerdotes, obispos y medios que operan desde el exilio, al tiempo que admitió los retos que enfrenta su administración en materia de comunicación política.

El señalamiento de Estados Unidos involucra a Castro en el ataque a aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, hecho que dejó cuatro víctimas. Según documentos judiciales presentados en territorio estadounidense, se atribuye a Castro una responsabilidad directa en la operación ejecutada por autoridades cubanas.

Murillo redobla ataques contra religiosos y prensa exiliada

Durante una intervención en medios oficialistas, Murillo acusó a ciertos sectores de “apostar al odio” y los responsabilizó de promover divisiones y difundir mentiras.

Sobre sacerdotes y obispos que han denunciado persecución y amenazas, la copresidenta del régimen nicaragüense sostuvo que “esos sentimientos negativos y destructivos son incubados y disfrazados entre parapetos que se dicen sagrados”.

La vicepresidenta cuestionó: “¿Cómo va a ser sagrado el odio? ¿Cómo va a ser sagrada la maldad? ¿Cómo va a ser sagrada la mentira?”

Según detalla la nota, Murillo tachó a los religiosos críticos de “mentirosos” y los acusó de incumplir “los sacrosantos mandamientos”.

Agregó que estos líderes “mienten, levantan falsos testimonios, roban honras e inventan”, y reiteró que “juran el nombre de Dios en vano e incumplen todos los sacrosantos mandamientos de las leyes eternas del padre celestial”.

En relación con la actividad de la prensa exiliada y de los sacerdotes críticos, Murillo insistió en que “utilizan una lengua viperina para maldecir y promover el mal”, deslindando así cualquier vínculo entre estos sectores y los valores cristianos que dice defender el oficialismo.

Reconocimiento de desafíos en el terreno comunicacional

En un contexto marcado por la confiscación y cierre de medios independientes, la codictadora Murillo reconoció indirectamente las dificultades que enfrenta el régimen en la arena informativa, especialmente ante la labor de plataformas digitales y periodistas exiliados.

Señaló la necesidad de crear nuevas plataformas de comunicación y defender la versión oficial de los hechos.

Para enfrentar este escenario, Murillo anunció proyectos de cooperación internacional en materia de propaganda y comunicación política. Los planes, liderados por su hijo Daniel Edmundo Ortega Murillo, contemplan capacitaciones e intercambios con comunicadores sandinistas y representantes venezolanos, así como vínculos con el Grupo de Medios de Shanghái, de China.

Murillo sostuvo que “las corporaciones mediáticas siempre están jalando agua para su molino” y defendió la creación de plataformas de intercambio como una forma de difundir lo que denominó “las verdades” del régimen.

Ausencia de postura ante la acusación contra Raúl Castro

En esas mismas declaraciones, el régimen nicaragüense optó por no emitir comentario alguno sobre la acusación formal presentada en Estados Unidos contra el expresidente cubano.

La imputación incluye cargos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo de avionetas civiles hace casi tres décadas.

La falta de pronunciamiento de las autoridades nicaragüenses sobre la acusación marca un contraste con la vehemencia mostrada por Murillo al abordar temas relacionados con la oposición política y la Iglesia católica en el país.

214 firmantes de más de 15 países pidieron a la Real Academia Española que elija este jueves a Sergio Ramírez para el Sillón L, una vacante que, según EFE, convertiría al novelista nicaragüense en el primer escritor centroamericano en ocupar un sillón de número en la institución.

El respaldo quedó plasmado en un manifiesto público dirigido a los miembros de la RAE, informó EFE. En el texto, los firmantes sostienen que la decisión también definiría si el mérito literario prevalece sobre una controversia política surgida alrededor de su candidatura.

“Instamos respetuosamente a los miembros de la RAE a proceder con la elección de Sergio Ramírez para el Sillón L”, expresaron en el documento, según EFE. La votación se celebrará mañana jueves y Ramírez es el único candidato para el puesto vacante tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, de acuerdo con EFE.

Los firmantes sostienen que la obra de Ramírez justifica su ingreso a la RAE

Entre quienes apoyan la candidatura figuran el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, la historiadora nicaragüense Dora María Téllez, la poeta nicaragüense Daisy Zamora, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro y el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín, según EFE.

Los firmantes afirman que el “logro literario” de Ramírez, reconocido con el Premio Cervantes y con una obra desarrollada a lo largo de seis décadas, lo sitúa entre los escritores vivos más destacados en español, según el manifiesto citado por EFE. También señalaron que en más de 60 años de producción continua construyó una obra integrada por novelas, relatos breves, ensayos, memorias y periodismo.

El documento destaca que Ramírez recibió el Premio Miguel de Cervantes en 2017, descrito por EFE como el galardón más prestigioso de la literatura en lengua española y el primero concedido a un escritor centroamericano.

También menciona el Premio Alfaguara de Novela en 1998 y el Premio Internacional Carlos Fuentes en 2014, además de traducciones de su obra a más de 20 idiomas y doctorados honoris causa de universidades de América y Europa, incluida la Universidad de Costa Rica, según EFE.

Para los firmantes, su eventual ingreso a la RAE ampliaría la representación de Centroamérica en una de las principales instituciones de la lengua.

En el manifiesto, citado por EFE, sostienen que sería la primera vez que un escritor centroamericano ocupe un sillón de número, “dando voz y visibilidad a una región cuyas tradiciones literarias han estado sistemáticamente subrepresentadas en las instituciones que rigen la lengua española”.

El manifiesto rechaza que las críticas políticas condicionen la votación

El texto también responde a los cuestionamientos planteados por la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, organización que se opuso a la candidatura, según EFE.

Los firmantes advirtieron que “permitir que una campaña política prevalezca sobre el mérito literario e intelectual en la selección de los académicos sentaría un precedente peligroso para la autonomía e integridad de la propia RAE”.

En ese punto, el manifiesto subraya que la trayectoria de Ramírez, “desde el compromiso político hasta la ruptura democrática y el exilio”, refleja “no una complicidad con el autoritarismo, sino un compromiso de por vida con la libertad, la democracia y la dignidad humana”, según EFE.

Los respaldos agregan que ningún organismo nacional o internacional ha establecido “jamás de manera creíble” una responsabilidad individual de Ramírez por violaciones de derechos humanos durante su etapa como vicepresidente en el primer Gobierno sandinista entre 1979 y 1990, década en la que Nicaragua atravesó una guerra civil, de acuerdo con EFE.

“La lengua española pertenece a todas las personas que la hablan, la escriben y la enriquecen. Sergio Ramírez ha dedicado su vida a ese enriquecimiento, en su ficción, su periodismo, su labor cultural y su defensa de la libertad. Se ha ganado el Sillón L. Pedimos a la Academia que lo confirme”, concluyeron los firmantes en el manifiesto difundido por EFE.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aceleró en mayo de 2026 uno de los movimientos geopolíticos más delicados de los últimos años en América Latina: la ampliación de su alianza estratégica con Rusia.

En menos de un mes, Managua autorizó ocho acuerdos con Moscú, varios de ellos relacionados con seguridad, cooperación penal, extradición, inteligencia y coordinación económica.

Laureano Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega, los hijos de la pareja gobernante, Murillo, fueron designados como operadores directos de esa relación.

Laureano Ortega recibió “plenos poderes” para suscribir siete acuerdos con la Federación Rusa, entre ellos un tratado de extradición, otro de asistencia legal mutua en materia penal y un convenio sobre traslado de personas condenadas.

Daniel Edmundo Ortega Murillo, por su parte, fue encargado de un acuerdo vinculado al área de comunicación y propaganda.

Todo ocurre mientras el Senado ruso ratificó definitivamente el nuevo acuerdo marco de cooperación militar con Nicaragua, considerado por analistas como el instrumento castrense más amplio entre ambos países desde los años de la Guerra Fría.

La secuencia de acuerdos forma parte de una relación construida durante décadas, primero entre el sandinismo revolucionario y la Unión Soviética en los años ochenta, y después entre el orteguismo y la Rusia de Vladimir Putin desde el regreso de Ortega al poder en 2007.

Hoy, esa alianza incluye inteligencia, vigilancia, propaganda, entrenamiento policial, ciberseguridad, presencia militar y respaldo político mutuo en escenarios internacionales.

El primero de los cuatro acuerdos autorizados esta semana, el Acuerdo Presidencial 70-2026, autoriza la firma de un “Plan de Actividades Conjuntas entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de Nicaragua para el período 2026-2029”.

La Comisión Económica Euroasiática, dominada por Rusia e integrada además por Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, funciona como una especie de mercado regional ampliado impulsado por Moscú para contrarrestar la influencia económica occidental. Aunque el régimen no ha explicado los alcances concretos del convenio, expertos consideran que abre la puerta a mayor integración comercial, tecnológica y logística entre Nicaragua y el bloque ruso-euroasiático.

Un segundo acuerdo, identificado como el 71-2026, corresponde a un “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal”. Este tipo de instrumentos permite intercambio de información judicial, cooperación entre fiscalías, traslado de pruebas, interrogatorios, investigaciones conjuntas y apoyo procesal entre ambos Estados.

El tercero, el Tratado de Extradición entre Nicaragua y Rusia, crea un mecanismo formal para que ambos países soliciten la entrega de personas acusadas o condenadas. Aunque los textos completos no han sido divulgados, analistas advierten que este tipo de acuerdos suele incluir cláusulas amplias sobre delitos políticos, terrorismo, seguridad nacional y crimen organizado.

El cuarto acuerdo firmado por Laureano Ortega regula el “Traslado de Personas Condenadas para la Ejecución de Sentencias Penales Privativas de Libertad”. Formalmente, permite que ciudadanos rusos condenados en Nicaragua, o nicaragüenses condenados en Rusia, puedan cumplir penas en sus países de origen.

A estos acuerdos se suman otros tres autorizados previamente durante mayo y el convenio en materia de comunicación que será firmado por Daniel Edmundo Ortega Murillo, operador clave del aparato propagandístico del régimen y director del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

El analista en Seguridad, Javier Meléndez, dice que Nicaragua ha mostrado un acercamiento sostenido con Rusia que se ha hecho notablemente más visible y explícito a partir de la invasión a Ucrania en 2022. “Ortega busca demostrarle a Putin una lealtad incondicional, utilizando esta alianza como un mecanismo de protección y un ´escudo político´ ante cualquier intento de presión o intervención de los Estados Unidos orientado a desplazarlo del poder“, señala.

Según el informe “Huella estratégica de Rusia en Nicaragua”, elaborado por Expediente Abierto, los medios rusos RT y Sputnik funcionan como piezas centrales de la proyección de influencia del Kremlin en Nicaragua, reproduciendo narrativas antioccidentales y legitimando tanto la guerra en Ucrania como la represión interna del orteguismo.

La investigación sostiene que Rusia ha construido en Nicaragua una estrategia híbrida basada en “soft power”, “hard power” y “sharp power”, combinando propaganda, cooperación militar, inteligencia y legitimación política.

Según el estudio, entre 2008 y 2025 se documentaron 411 incidencias de influencia rusa en Nicaragua, de las cuales 335 correspondieron a poder blando, 53 a cooperación militar o policial y 23 a operaciones de influencia mediática y control informativo.

La relación entre Managua y Moscú tiene raíces profundas. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, Nicaragua se convirtió en el segundo aliado estratégico más importante de la Unión Soviética (URSS) en América Latina, después de Cuba. Moscú financió armamento, entrenamiento militar, infraestructura y cooperación energética.

Durante esa década, Nicaragua recibió alimentos, tanques, helicópteros, radares, fusiles AK, asesoría militar y apoyo técnico soviético. El Ejército Popular Sandinista fue moldeado bajo doctrina soviética y miles de oficiales fueron entrenados en academias rusas.

La caída de la URSS debilitó la relación durante los años noventa, pero el vínculo resurgió con fuerza tras el retorno de Ortega al poder en 2007 y el ascenso global de Vladimir Putin.

Desde entonces, Nicaragua se transformó progresivamente en el principal enclave político ruso en Centroamérica. Rusia instaló en Managua la estación satelital GLONASS, oficialmente presentada como un centro de monitoreo satelital para prevención de desastres y lucha antidrogas, pero señalada por expertos estadounidenses y opositores nicaragüenses como una plataforma de espionaje electrónico.

El informe de Expedienté Público sostiene que oficiales rusos instalaron además sistemas de interceptación de señales en al menos nueve bases militares nicaragüenses, incluyendo Cerro Mokorón, Cosigüina, Bilwi, Peñas Blancas y Las Manos. Según la plataforma nicaragüense Confidencial, la base de Mokorón opera como el principal centro de espionaje ruso en América Latina y utiliza el sistema SORM-3, una sofisticada tecnología de interceptación de comunicaciones.

Para el investigador Douglas Farah, analista de seguridad y consultor de IBI Consultants, “Nicaragua es el centro más visible de la vigilancia rusa en Latinoamérica”. El estudio agrega que Rusia ha proporcionado tecnología de vigilancia “vital para la supervivencia de los regímenes represivos en Nicaragua, Venezuela y Cuba”.

“La apuesta principal de Nicaragua es enviarle un mensaje contundente y directo a los Estados Unidos de que Ortega no está solo y la Casa Blanca no puede actuar libremente en su contra porque sus aliados extraregionales no lo van a permitir”, indica Meléndez.

Otro paso decisivo ocurrió en 2024 con la aprobación del Centro de Instrucción Policial Ruso en Managua. El acuerdo, ratificado por la Asamblea sandinista con trámite de urgencia, concede inmunidad a funcionarios rusos y establece que las instalaciones pertenecerán a la Federación Rusa durante diez años. Ortega llegó incluso a afirmar públicamente que el centro serviría para “enfrentar mejor a los golpistas”, término utilizado por el régimen para referirse a los manifestantes de abril de 2018.

En paralelo, Nicaragua se convirtió en uno de los aliados diplomáticos más leales de Moscú. Managua respaldó públicamente la invasión rusa a Ucrania y reconoció como legítima la anexión de territorios ucranianos ocupados por el Kremlin. En septiembre de 2025, Laureano Ortega Murillo firmó un acuerdo de cooperación económica con la autoproclamada “República Popular de Donetsk”, territorio ocupado ilegalmente por Rusia.

La decisión colocó a Nicaragua entre los escasos países del mundo que validan la ocupación rusa de territorios ucranianos. Ucrania respondió rompiendo relaciones diplomáticas con Managua y calificó a Ortega de “títere” de Putin.

Pero quizás el elemento más delicado sea el acuerdo marco de cooperación militar ratificado definitivamente este mes por el Senado ruso. El convenio establece intercambio de inteligencia, entrenamiento conjunto, cooperación en guerra radioelectrónica, protección radiológica y coordinación militar permanente. Además, incluye una cláusula de “protección jurisdiccional especial” que blinda a militares rusos frente a la justicia nicaragüense.

El opositor Félix Maradiaga calificó el acuerdo como “la formalización de un proyecto político inadmisible: la conversión de Nicaragua en un estado satélite de Vladimir Putin”. Para Brian Nichols, subsecretario de Estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, la autorización permanente de tropas rusas constituye una “provocación”.

La apuesta del régimen Ortega-Murillo es múltiple. Primero, busca blindaje político internacional frente al creciente aislamiento occidental y las sanciones. Rusia se ha convertido en uno de los pocos aliados con capacidad de veto en organismos internacionales y con disposición a respaldar diplomáticamente al orteguismo.

Segundo, el régimen obtiene cooperación en inteligencia, vigilancia y control interno. Tras las protestas de 2018, Ortega y Murillo apostaron por fortalecer los mecanismos represivos y tecnológicos del Estado. Diversos informes sostienen que Rusia ayudó a profesionalizar estructuras de vigilancia y represión policial utilizadas contra opositores.

Tercero, Nicaragua ofrece a Rusia una plataforma política y estratégica en el hemisferio occidental. El propio Laureano Ortega ha definido a Nicaragua como “el aliado estratégico de Rusia en Centroamérica” y como una “plataforma regional de Rusia en todos los ámbitos”.

La dimensión económica, sin embargo, sigue siendo relativamente limitada. El comercio bilateral ronda los 120 millones de dólares anuales y está dominado por exportaciones rusas de fertilizantes, maquinaria y productos químicos. El informe de Expediente Abierto sostiene que la relación económica es “asimétrica, limitada e intermitente”, con escasa profundidad estructural.

Eso explica por qué Moscú apuesta más por influencia política, militar y propagandística que por inversiones masivas. El propio informe concluye que Rusia desarrolla en Nicaragua una asociación “low cost” (barata), basada principalmente en seguridad, propaganda y cooperación estatal.

El acercamiento también tiene un fuerte componente dinástico. Laureano Ortega Murillo se consolidó como el principal operador internacional del régimen para Rusia y China. Aunque formalmente ocupa el cargo de asesor presidencial para inversiones y cooperación, en la práctica funciona como canciller paralelo y emisario familiar.

Daniel Edmundo Ortega Murillo, mientras tanto, dirige la dimensión comunicacional de la alianza. Bajo su estructura operan los medios oficiales y las plataformas que reproducen contenidos de RT y Sputnik, construyendo una narrativa antiestadounidense y favorable al Kremlin.

La nueva oleada de acuerdos firmados en mayo convierte a Nicaragua en una pieza funcional dentro de la estrategia global rusa para ampliar presencia en América Latina, mientras Ortega y Murillo utilizan a Moscú como sostén político, militar y tecnológico para garantizar la supervivencia de su régimen.

“Putin utiliza el territorio nicaragüense para proyectar poder hacia Washington en la idea que tienen la capacidad de interferir de forma indirecta en la estabilidad de la región a través de la cooperación en inteligencia, ciberseguridad, manipulación del ecosistema digital y el uso dual de tecnologías como la estación satelital GLONASS”, dice el analista Javier Meléndez.

“Moscú valora a Ortega como un agente disruptivo y molesto para la seguridad nacional de los Estados Unidos en su propio entorno geográfico”, concluye.

Angélica Patricia Chavarría Altamirano desapareció tras la muerte de su esposo, el exjefe del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega Saavedra, (hermano de Daniel Ortega), quien falleció bajo custodia estatal el 30 de septiembre de 2024.

Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo una prueba de vida y detalles sobre su paradero, en un contexto de creciente denuncia internacional sobre desapariciones forzadas y represión política en el país.

Chavarría Altamirano, de 38 años, no solo era la pareja sentimental de Humberto Ortega, sino también cuñada y concuñada de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente. Su vínculo familiar la ubica en el círculo directo del poder. Trabajaba en el sector inmobiliario y contaba con formación en administración, sin antecedentes políticos notorios, hasta que la represión alcanzó su entorno por la postura crítica de su esposo frente al régimen.

La desaparición de Chavarría quedó marcada por los acontecimientos que rodearon el último año de vida de Humberto Ortega. El detonante fue una entrevista publicada el 19 de mayo de 2024 por Infobae y realizada por el periodista nicaragüense Fabián Medina.

El artículo, expuso declaraciones que impactaron de manera directa al círculo presidencial de El Carmen, ya que abordaron el tema de la sucesión dinástica que busca consolidar Rosario Murillo junto a sus hijos.

Tras la publicación de la entrevista, el régimen de Ortega acusó a Humberto Ortega de traición a la patria y dispuso su arresto domiciliario e incomunicación.

Chavarría Altamirano fue detenida el mismo día y desde entonces permanece en desaparición forzada, según denunció el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.

Custodia, aislamiento y la negativa a atención médica: el trato del régimen a Humberto Ortega

La salud de Humberto Ortega se encontraba gravemente comprometida desde hacía años. Padecía insuficiencia coronaria, problemas circulatorios crónicos y necesitaba marcapasos. Tras la entrevista, el régimen instaló una “unidad médica” del Ministerio de Salud en la casa del exjefe militar, que, según denunciaron familiares y activistas, solo servía para vigilarlo y mantenerlo incomunicado.

Se le confiscaron los teléfonos y se le prohibió recibir atención médica externa. Varias fuentes subrayaron que el aislamiento y la falta de acceso a sus propios médicos aceleraron su deterioro físico.

En junio de 2024, ante el agravamiento de su condición cardíaca, Ortega fue trasladado al Hospital Militar de Managua. Según testimonios por varios medios, su habitación fue convertida en una suerte de celda de aislamiento.

El Estado impidió que Chavarría pudiera acompañarlo. Durante más de tres meses, Ortega permaneció completamente solo, privado de contacto con sus familiares y allegados.

El 30 de septiembre de 2024, falleció en el hospital a causa de un paro cardiorrespiratorio y un choque cardiogénico, de acuerdo con el parte médico oficial.

Sin embargo, la oposición y organismos de derechos humanos sostienen que su muerte se debió a un “asesinato de Estado en cámara lenta”, resultado directo del aislamiento y la falta de atención adecuada.

La reacción del régimen ante la muerte del fundador del Ejército Popular Sandinista fue fría. Se limitaron a emitir comunicados reconociendo su rol histórico, sin honores de Estado ni ceremonias públicas.

Los restos de Humberto Ortega fueron cremados en secreto el mismo día de su deceso, sin permitir la presencia de su familia ni de su pareja, cuya situación legal y física sigue siendo desconocida.

A partir de ese momento, la desaparición de Angélica Patricia Chavarría Altamirano cobró mayor notoriedad internacional. La CIDH otorgó medidas cautelares en su favor y múltiples ONG, como el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, reclamaron información inmediata sobre su paradero, acceso familiar y médico, así como garantías para su integridad.

El Colectivo también tramitó una acción urgente ante el Grupo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, sin obtener respuesta del Estado nicaragüense.

Para la CIDH y la oposición, la desaparición de Chavarría Altamirano responde a un doble objetivo: castigar a quienes facilitaron la difusión de críticas internas y enviar un mensaje de advertencia a cualquier potencial disidente, incluso dentro del círculo familiar presidencial.

Honduras y Nicaragua retomaron esta semana el diálogo de alto nivel sobre el Tratado Bicentenario, el acuerdo que redefinió límites marítimos entre ambos países y garantizó la salida soberana hondureña al Océano Pacífico, un tema considerado estratégico dentro de la política exterior y la seguridad territorial de la región centroamericana.

La reunión se desarrolló entre la canciller hondureña Mireya Agüero y el co-canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, quienes abordaron el seguimiento al instrumento jurídico suscrito entre ambas naciones, así como temas vinculados a la integración regional, cooperación bilateral y fortalecimiento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El encuentro ocurre en un contexto donde Honduras busca consolidar los alcances legales y diplomáticos del tratado firmado con Managua, mientras persisten diferencias regionales relacionadas con los derechos marítimos en el Golfo de Fonseca y el acceso soberano al Pacífico.

Según informó la Cancillería hondureña mediante su cuenta oficial en X, ambas delegaciones coincidieron en mantener el espíritu de cooperación regional, fortalecer el diálogo político y continuar impulsando mecanismos de convivencia pacífica y responsabilidad compartida entre las naciones centroamericanas.

Límites Marítimos

El Tratado Bicentenario fue suscrito el 27 de octubre de 2021 en Managua por el entonces presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el mandatario nicaragüense Daniel Ortega. El acuerdo permitió definir límites marítimos en el Mar Caribe y las aguas fuera del Golfo de Fonseca, estableciendo jurídicamente el acceso soberano de Honduras hacia el Pacífico.

Para Honduras, el instrumento representó uno de los movimientos diplomáticos más relevantes en materia territorial y marítima de las últimas décadas, debido a que históricamente el país mantuvo limitaciones geográficas y disputas relacionadas con su proyección soberana hacia el Pacífico.

El acuerdo no fue respaldado por El Salvador, nación que rechazó el tratado y que hasta ahora no se ha adherido plenamente a lo establecido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la administración de las aguas compartidas del Golfo de Fonseca.

La resolución emitida por la CIJ el 11 de septiembre de 1992 resolvió la disputa fronteriza terrestre e insular entre Honduras y El Salvador, pero además estableció que Honduras, Nicaragua y El Salvador debían alcanzar acuerdos conjuntos sobre el uso de las aguas del golfo y las rutas de salida soberana hacia el Pacífico.

Desde entonces, el tema se convirtió en uno de los asuntos más delicados dentro de la geopolítica centroamericana, debido a los intereses económicos, marítimos y estratégicos que convergen en el Golfo de Fonseca, una zona considerada clave para el comercio, la navegación y la seguridad regional.

Durante años, los avances diplomáticos estuvieron limitados por tensiones históricas y desacuerdos territoriales, pero Honduras y Nicaragua mantuvieron negociaciones bilaterales que finalmente desembocaron en la firma del Tratado Bicentenario, considerado por ambos gobiernos como un paso histórico para fortalecer la cooperación y resolver antiguos diferendos limítrofes.

Integración centroamericana

Además de revisar los avances del tratado, los cancilleres también abordaron temas relacionados con la integración regional y el futuro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), organismo que enfrenta nuevos desafíos políticos, económicos y migratorios en la región.

La reunión muestra el interés de Tegucigalpa y Managua por mantener abiertos los canales diplomáticos y consolidar una agenda conjunta en temas de cooperación regional, seguridad y estabilidad política centroamericana.

El Tratado Bicentenario continúa generando debate debido a las diferencias sobre la interpretación de los derechos marítimos en el Golfo de Fonseca y la participación de los países ribereños en las decisiones sobre soberanía y navegación.

Honduras y Nicaragua han reiterado que el diálogo, la cooperación y el respeto al derecho internacional seguirán siendo la vía para resolver las controversias históricas en la región.

Para sectores diplomáticos y expertos en relaciones internacionales, el seguimiento al tratado representa mucho más que una revisión bilateral: simboliza la consolidación de una aspiración histórica de Honduras por fortalecer su presencia marítima y garantizar acceso soberano al Pacífico, un objetivo que durante décadas formó parte de las principales discusiones territoriales en Centroamérica.

El régimen de Nicaragua reafirmó este lunes su rechazo a cualquier forma de independencia de Taiwán y expresó su respaldo absoluto al principio de una sola China, en una declaración oficial firmada por el dictador Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Según informó la agencia de noticias EFE, el pronunciamiento nicaragüense incluyó un mensaje de apoyo a la reunificación nacional impulsada por China y una condena a las injerencias externas en los asuntos que involucran la soberanía de ese país asiático.

La declaración, denominada “Sobre el asunto de Taiwán”, subrayó que Nicaragua reconoce que existe una sola China y que Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El texto sostiene que el régimen de la República Popular China es el único legítimo para representar a todo el territorio chino y reafirma el pleno respaldo a la Resolución 2758 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que restablece todos los derechos de China en el organismo internacional.

El documento, suscrito por Ortega y Murillo, señala: “Nos oponemos firmemente a cualquier forma de independencia de Taiwán y apoyamos decididamente la reunificación nacional de la Patria china”. Además, Managua manifestó su apoyo a la postura legítima del Gobierno chino en defensa de la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial.

Apoyo de Nicaragua al principio de una sola China

El Ejecutivo de Nicaragua también expresó su respaldo a todos los esfuerzos de China para lograr la reunificación e insistió en el rechazo a cualquier intento de las fuerzas externas de interferir en los asuntos internos de China bajo el pretexto de la cuestión de Taiwán. La postura oficial refuerza la adhesión del país centroamericano al principio de una sola China, posición que ha sostenido públicamente desde la reanudación de las relaciones diplomáticas con Beijing en diciembre de 2021.

La relación entre Nicaragua y Taiwán se mantuvo desde enero de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2021, fecha en que la dictadura nicaragüense rompió los lazos diplomáticos con Taipéi para restablecerlos con la República Popular China. De acuerdo con la información recogida por EFE, el giro diplomático fue presentado por Ortega como una decisión soberana y estratégica de cara a los intereses nacionales.

En diciembre de 2023 Ortega calificó como “mejor regalo navideño” y “una gran noticia” el acuerdo alcanzado con el régimen de China para elevar el vínculo bilateral al nivel de asociación estratégica. La relación formal entre China y Nicaragua se había establecido inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer mandato sandinista. No obstante, en 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro optó por establecer lazos con Taiwán, los cuales se mantuvieron hasta la decisión de 2021.

Ruptura de lazos con Taiwán y antecedentes diplomáticos

El principio de una sola China constituye un eje central de la política exterior de Beijing y es respaldado por la Resolución 2758 de la ONU, que reconoce a la República Popular China como el único representante legítimo del país en el sistema internacional. Nicaragua reiteró que su posición se alinea plenamente con las resoluciones y principios internacionales sobre el estatus de Taiwán.

El texto oficial recoge: El Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China. Respaldamos plenamente la Resolución 2758 de las Naciones Unidas, que restablece todos los derechos de la República Popular China.

La declaración nicaragüense se produce en un contexto de renovadas tensiones internacionales en torno a la cuestión de Taiwán, en el que diversos países han manifestado sus posiciones sobre la soberanía y la legitimidad de las autoridades en Beijing frente a los reclamos de independencia de la isla.

La Administración de Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Donald Trump, ha decidido mantener la presión sobre el gobierno de Nicaragua liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, intensificando las tensiones diplomáticas en la región centroamericana.

Esta política responde al fortalecimiento de los lazos de Nicaragua con China, Irán y Rusia, según un análisis difundido por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), centro de pensamiento regional con sede en Costa Rica.

El informe advierte que la política exterior de Washington hacia Managua podría endurecerse en los próximos meses ante el crecimiento de las alianzas entre el gobierno nicaragüense y potencias rivales de Estados Unidos, informó la agencia de noticias EFE.

Según el reporte del Cetcam, desde la segunda mitad de 2025 la Casa Blanca ha desplegado una campaña persistente de mensajes dirigidos contra lo que define como la “dictadura” de Nicaragua.

Estos mensajes, difundidos principalmente a través de redes sociales, abordan temas como la situación de los presos políticos, la libertad religiosa, el estado de la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano.

El centro de pensamiento sostiene que esta estrategia comunicacional se ha reforzado tras los recientes acontecimientos políticos en la región y las comparaciones con los contextos de Venezuela y Cuba, según recogió la agencia EFE.

Sanciones y perspectivas legislativas

En este contexto, una de las herramientas que evalúa la Administración Trump es la llamada Ley Nica 2.0, actualmente en proceso en la Cámara de Representantes. Esta legislación contempla nuevas presiones económicas sobre el gobierno de Ortega y Murillo, con el objetivo de endurecer las sanciones existentes.

Según el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), “su aprobación significaría un endurecimiento de la política estadounidense hacia Managua; mientras que sus aliados autocráticos harían muy poco o nada para salvarlos de las presiones norteamericanas, tal como ha quedado demostrado en Venezuela y Cuba”.

El centro de pensamiento no descarta que una vez que Estados Unidos avance en sus agendas respecto a Venezuela y Cuba, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se convierta en la siguiente prioridad para la política exterior de Washington. “El régimen de Ortega y Murillo pasaría a ocupar el siguiente lugar en sus prioridades regionales”, señala el informe citado por la agencia EFE.

La estrategia de Washington y sus fundamentos

El análisis señala el crecimiento de los vínculos entre el régimen de Ortega-Murillo y potencias como Rusia, China e Irán. Durante el mes pasado, el Senado ruso ratificó un acuerdo de cooperación militar con Nicaragua firmado en 2025, que contempla la presencia y coordinación estratégica de fuerzas rusas en Centroamérica por un mínimo de cinco años, con posibilidad de prórroga automática.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) advierte que esta decisión representa un desafío directo a la política de Estados Unidos en la región. “Para los ojos atentos de Washington, esta ratificación difícilmente será ignorada, mientras que para el régimen Ortega-Murillo llega en mal momento”, indica el informe obtenido por la agencia EFE.

Reacciones de Rusia y China

Por su parte, China ha aumentado su influencia en Nicaragua, especialmente en el sector minero. El documento del Cetcam detalla que más de 8.5% del territorio nicaragüense ha sido concedido a empresas chinas, reforzando así la percepción de una creciente influencia asiática en la economía y en las decisiones de fondo del país centroamericano.

La entidad subraya que este fenómeno constituye un motivo adicional para que la política de sanciones por parte de Washington se intensifique, según la cobertura de la agencia EFE.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la continuidad de la alerta de viaje nivel 3 para Nicaragua, recomendando a los ciudadanos norteamericanos reconsiderar cualquier desplazamiento a ese país centroamericano por riesgos de detenciones injustificadas, aplicación arbitraria de la ley y limitaciones en los servicios de salud. La actualización se hizo pública el 14 de mayo, según detalló la Embajada de Estados Unidos en Managua, e incluyó nuevas advertencias sobre las condiciones de seguridad y restricciones legales vigentes en Nicaragua, de acuerdo con un comunicado revisado por Reuters.

Estados Unidos advirtió que los viajeros estadounidenses pueden enfrentar un grave riesgo de detención indebida por parte del Gobierno nicaragüense, y alertó que algunos ciudadanos han permanecido años encarcelados sin acceso regular a familiares ni a funcionarios consulares de su país.

De acuerdo con la información oficial, se han reportado casos de confiscación de bienes, prohibiciones de salida del territorio y revisiones a dispositivos electrónicos y redes sociales.

La alerta de viaje incorpora la reciente reforma constitucional aprobada el 16 de enero de 2026 en Nicaragua, que prohibió la doble nacionalidad.

Según el documento del Departamento de Estado, algunos ciudadanos estadounidenses con ascendencia nicaragüense han perdido su nacionalidad local tras la entrada en vigor de esta normativa.

El Departamento de Estado en su página web travel.state.gov reportó que las autoridades estadounidenses consideran que la ley podría afectar a personas previamente reconocidas como nicaragüenses y estadounidenses por igual.

También estableció restricciones estrictas para los empleados del gobierno norteamericano destacados en Nicaragua. A estos funcionarios se les prohíbe utilizar transporte público y conducir fuera de Managua durante la noche, debido a condiciones inseguras en las carreteras y ausencia de iluminación.

El acceso a lugares definidos como de alto riesgo, como el Mercado Oriental, el Estadio Nacional de Béisbol y clubes nocturnos, también está vedado para el personal diplomático, según reportó el Departamento.

En materia sanitaria, la Embajada de Estados Unidos en Managua reiteró que, aunque la capital dispone de un hospital certificado internacionalmente, la atención médica de emergencia y especializada resulta insuficiente fuera de esa ciudad. El agua potable no se considera segura en la mayor parte del país.

Además, el territorio nicaragüense permanece expuesto a fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales, terremotos y erupciones volcánicas, según detalló el comunicado.

La alerta recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar manifestaciones, mantener un perfil bajo y preparar alternativas de comunicación y evacuación. También sugiere eliminar información sensible de teléfonos y redes sociales antes de ingresar a Nicaragua.

Este refuerzo de advertencias ocurre en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas sostenidas entre Washington y el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, caracterizadas por sanciones, denuncias internacionales sobre derechos humanos y medidas internas más restrictivas.

¿Qué significa la alerta de viaje Nivel 3 (Reconsiderar el viaje) del Departamento de Estado de Estados Unidos?

El Departamento de Estado de Estados Unidos utiliza un sistema de alertas para informar a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar al extranjero. El Nivel 3, denominado “Reconsiderar el viaje”, es el penúltimo en una escala de cuatro niveles y representa una advertencia significativa.

Esta designación se emite cuando existen riesgos graves para la seguridad, la salud o la estabilidad en un país o región específica. Entre los motivos más frecuentes figuran altos índices de criminalidad, actividad terrorista, disturbios civiles, brotes de enfermedades o limitaciones en la infraestructura médica.

La recomendación asociada al Nivel 3 sugiere que los ciudadanos estadounidenses eviten viajar al destino afectado, a menos que sea estrictamente necesario. El aviso oficial detalla los riesgos presentes y ofrece medidas preventivas para quienes deban viajar por motivos esenciales.

Las alertas de viaje buscan proteger a los viajeros estadounidenses y se actualizan según la evolución de la situación en cada país.

Más de 440,000 tortugas marinas han sido liberadas en las costas del Pacífico de Nicaragua en lo que va de 2026, en el marco de la campaña nacional ‘Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas’, impulsada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena). La cifra comprende ejemplares de las especies paslama, carey, tora y tortuga verde, todas ellas clasificadas en peligro de extinción.

La liberación de los tortuguillos ocurre en distintos refugios y reservas del país, principalmente en La Flor (provincia de Rivas) y Chacocente (Carazo), dos playas reconocidas internacionalmente por ser escenario de las llamadas arribadas: episodios en los que miles de tortugas llegan de forma sincronizada a desovar.

Según el Marena, solo existen siete playas en todo el mundo donde sucede este fenómeno, y dos se encuentran en Nicaragua. Autoridades indican que cada una de estas playas puede recibir hasta 4,000 tortugas en una sola noche durante los picos de la temporada de arribadas.

El procedimiento para la liberación comienza en los viveros de los refugios, donde los huevos son protegidos hasta la eclosión. Una vez nacidas, las crías son llevadas a la playa y depositadas sobre la arena, a poca distancia del mar, para que realicen el trayecto final hasta el agua por sí mismas.

La temporada de arribadas en el Pacífico nicaragüense suele extenderse desde julio hasta enero. Para el ciclo actual, las autoridades ambientales proyectan la llegada de unas 120,000 tortugas adultas y la eclosión de aproximadamente 1.8 millones de crías a lo largo de la costa. Una característica particular de estas especies es su fidelidad al sitio de nacimiento: tras pasar alrededor de quince años en el océano, las tortugas regresan a la misma playa donde nacieron para anidar, generalmente durante la luna nueva o llena. Esto permite a los especialistas anticipar los periodos de arribadas y establecer calendarios de protección.

Además de La Flor y Chacocente, la estrategia nacional de conservación abarca otras zonas de liberación, como la playa Salamina, en la provincia de Managua, y la reserva natural Estero Padre Ramos, en Chinandega, al noroeste del país. Estas áreas también reciben tortugas y forman parte integral de los esfuerzos para garantizar la supervivencia de las especies amenazadas.

En Nicaragua, la comercialización de huevos de paslama está prohibida debido a su estatus de especie en peligro. No obstante, persiste el comercio ilegal en algunos mercados y entre vendedores ambulantes, lo que representa un desafío adicional para la protección de la especie, a pesar de los controles y campañas de sensibilización.

La magnitud de las arribadas en las playas nicaragüenses subraya el papel del país en la lucha global por la conservación de las tortugas marinas. Las autoridades ambientales reconocen que la protección de estos animales y sus hábitats requiere un esfuerzo constante, tanto en la vigilancia como en la educación de la población local y visitantes.

La liberación masiva de tortuguillos en el Pacífico nicaragüense representa un avance importante en la defensa de la biodiversidad nacional.

El Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” en Estelí fue inaugurado oficialmente el 18 de mayo de 2026 por el régimen nicaragüense, en medio de cuestionamientos por el estado incompleto de la obra.

Tres semanas antes de la apertura, las autoridades habían reportado un avance físico de solo el 57%. La ceremonia de apertura fue planificada para coincidir con el 131 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, reforzando el simbolismo político del acto.

Durante el evento, la copresidenta Rosario Murillo presentó la inauguración como “un signo humano, espiritual, de amor y compromiso con la vida”.

No obstante, el 24 de abril la misma funcionaria reconoció públicamente que el hospital no estaba finalizado y que solo la primera etapa podría estar lista en mayo.

Imágenes difundidas por medios oficialistas mostraron a un grupo reducido de personal médico posando en algunas áreas, mientras que hasta dos días antes de la ceremonia, obreros seguían trabajando en el muro perimetral y el drenaje pluvial, que fueron concluidos justo para la inauguración.

El avance del hospital reflejaba una ejecución lenta: a finales de 2025, el informe de liquidación presupuestaria ubicaba el progreso en apenas el 17,8%. Para abril de 2026, la cifra subió a 57%, pero la obra seguía sin terminar.

Esta apertura anticipada se suma a una práctica ya observada en el país, donde otras infraestructuras médicas –como el Hospital Héroes de Las Segovias en Ocotal, el Oscar Danilo Rosales Argüello en León y el Jacinto Hernández en Nueva Guinea– también fueron inauguradas antes de estar completamente listas, muchas veces tras años de retraso, según reportó Confidencial.digital.

Inversión oficial y dudas sobre el financiamiento

Según el Ministerio de Salud, el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” representa una inversión total de 1,147 millones de córdobas (aproximadamente USD 31 millones).

Sin embargo, una revisión de los registros presupuestarios revela que hasta diciembre de 2025 solo se habían ejecutado 145.2 millones (aproximadamente USD 3,9 millones), y para 2026 se presupuestaron 239.9 millones (aproximadamente USD 6,5 millones) adicionales.

La suma de estos montos dista mucho del total anunciado oficialmente. No existe información pública precisa sobre cuánto del presupuesto 2026 había sido efectivamente utilizado al momento de la inauguración, lo que deja abierta la posibilidad de que las obras y el equipamiento continúen tras el acto formal.

El hospital fue concebido como un reemplazo del antiguo centro pediátrico de Las Segovias, en Estelí. El proyecto incluye 10 edificios destinados a áreas de emergencia, dos quirófanos, central de esterilización, diagnóstico, unidad de cuidados intensivos, consulta externa, hospitalización, zona de juegos, patología, farmacia, administración y servicios generales.

La capacidad instalada es de 117 camas y cuenta con equipos de alta tecnología, como tomógrafo, rayos “X” digital fijo con inteligencia artificial, rayos “X” móvil, ultrasonido de alta resolución, ultrasonido oftalmológico, ecocardiógrafo, electroencefalograma y torres de laparoscopia.

Según el Ministerio de Salud, en el Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” se brindará atención especializada a la niñez del norte del país. El equipo médico estará conformado por pediatras y subespecialistas en hematología, neumología, endocrinología, reumatología, neurología, cirugía, cardiología, urología, nefrología, ortopedia, radiología, patología, gastroenterología, oftalmología, otorrinolaringología, infectología, intensivistas, anestesiología y nutrición.

Este tipo de inauguraciones anticipadas y el ritmo de ejecución presupuestaria continúan marcando la gestión de las obras públicas en Nicaragua, según el análisis de Confidencial.digital.

Dos altos operadores económicos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido acusados de lavar cerca de USD 10,000 millones en Nicaragua, una cifra equivalente a casi la mitad del Producto Interno Bruto nacional y más del doble del presupuesto estatal anual estimado para 2026. Las investigaciones judiciales, que han derivado en la encarcelación de Francisco López Centeno y Bayardo Arce Castaño, revelan la magnitud de las estructuras financieras dedicadas al desvío de fondos asociados a los intereses económicos de la familia presidencial, según informó el medio Centroamérica 360.

El alcance del caso destaca por las cifras detalladas en la sentencia contra Bayardo Arce, quien fue condenado en enero a 18 años de prisión por el lavado de USD 4,900 millones. La resolución judicial precisó que Arce blanqueó 2,713 millones de dólares y 82,344 millones de córdobas —unos 2,243 millones de dólares adicionales—, lo que suma más de USD 4,957 millones en operaciones ilícitas, según la acusación reportada por Centroamérica 360. La Corte sostuvo que este proceso generó un grave daño patrimonial al Estado nicaragüense y erosionó la transparencia financiera nacional.

A finales de marzo de 2026, el régimen de Nicaragua difundió imágenes del excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, respondiendo al reclamo urgente de sus seis hijos, quienes exigieron una prueba de vida tras denunciar incomunicación y deterioro físico del dirigente desde diciembre del año pasado, en plena ola de cuestionamientos internacionales por denuncias de violaciones de derechos humanos bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según reportó la agencia de noticias EFE.

El manejo de fondos y empresas clave en la red Ortega-Murillo

Francisco López Centeno, conocido dentro del sandinismo como “Chico López”, fue durante años el principal gestor financiero de los intereses de la familia Ortega-Murillo. El extesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y responsable durante años de gestionar los recursos de Albanisa (Alba de Nicaragua S.A.), fue arrestado en Managua hace tres días tras no poder justificar la situación de bienes del partido, según reveló el diario nicaragüense La Prensa. La operación se realizó en su domicilio del reparto Lomas de Monserrat, donde López mantenía un régimen de casa por cárcel durante una auditoría sobre las finanzas de Albanisa y la fortuna de la familia Ortega-Murillo.

La detención se produjo luego de que Bayardo Arce, anterior responsable de los bienes del partido, afirmara desde prisión haber transferido la gestión a López Centeno. La Prensa señala que la policía llegó con varias patrullas y custodios acompañaron al extesorero hasta la puerta del baño para permitirle cambiarse antes del traslado.

Como ex tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), López estuvo a cargo del conglomerado empresarial del régimen, dirigiendo compañías estatales y paraestatales estratégicas como la petrolera Petronic, la distribuidora de alimentos Alba Alimentos, las compañías eléctricas Disnorte y Dissur, y el banco nicaragüense Bancorp (Banco Corporativo S.A.), vinculado a operaciones de cooperación petrolera con Venezuela.

Además, López centró su influencia en entidades como la cooperativa financiera ALBA Caruna, la Empresa Nacional de Minas y otras cooperativas ligadas al modelo económico impuesto por el gobierno desde 2007. Su gestión en la administración de los recursos de la cooperación venezolana fue decisiva: movió unos USD 5,000 millones procedentes de fondos suministrados por la Venezuela de Hugo Chávez en el auge de los precios del petróleo, según datos recopilados por Centroamérica 360.

En julio de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, impuso sanciones a López por corrupción significativa, desvío de fondos públicos y uso irregular de empresas estatales para beneficio personal y político. Las sanciones incluyeron el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de operaciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos y la consiguiente expulsión del sistema financiero internacional.

A pesar de que López renunció a cargos formales en compañías como Petronic y Eniminas, la investigación indica que continuó participando en transacciones ligadas a la familia Ortega-Murillo, incluidas gestiones con empresas chinas y reuniones con Laureano Ortega, hijo del presidente, dice la nota de Centroamérica 360.

El esquema de blanqueo y su impacto en la economía nicaragüense

Por su parte, el comandante histórico Bayardo Arce Castaño —ex asesor económico de Daniel Ortega— presuntamente organizó un mecanismo sofisticado de lavado de dinero que involucró a 49 sociedades mercantiles, de las cuales 35 eran activas y se dedicaban a canalizar capitales procedentes de evasión fiscal sistemática y movimientos de fondos ilícitos. Arce reclutaba empleados y terceros para que figuraran como socios en empresas pantalla, con el objetivo de ocultar los beneficiarios reales de las transacciones y crear la apariencia de operaciones legítimas, indica la publicación.

El tribunal identificó prácticas de estratificación financiera, utilizando préstamos ficticios y transferencias internacionales a jurisdicciones como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, que permitieron dificultar la trazabilidad y facilitar la reintegración del dinero ilícito en la economía formal. Este modelo estuvo vigente durante varios años, periodo en el que Arce, de 77 años de edad, ofició como interlocutor entre el régimen y el gran empresariado local y extranjero, gestionando desde permisos de inversión hasta negociaciones sindicales.

El alcance transnacional de las operaciones y la multimillonaria cuantía involucrada evidencian la centralidad de Arce y López en la administración paralela de recursos estatales y en el sostenimiento financiero de la dictadura de Ortega y Murillo desde sectores estratégicos como energía, minería, banca y comercio exterior.

Desde el retorno de Ortega al poder en 2007, Francisco López y Bayardo Arce consolidaron su papel como pilares económicos y articuladores de la red empresarial privada-pública que apuntaló al régimen. Arce, además de su liderazgo en los años ochenta durante la guerra civil posterior a la revolución de 1979, fue el principal arquitecto de los acuerdos con empresarios y de la construcción de un sistema de alianzas que sostuvo la estabilidad política y económica del gobierno durante más de una década, reseña Centroamérica 360.

Las condenas a López Centeno y Arce confirman el alcance de la corrupción estatal

La envergadura del caso contra Francisco López Centeno y Bayardo Arce Castaño revela no solo la escala del blanqueo de capitales llevado a cabo desde el núcleo del poder sandinista, sino también la utilización sistemática de redes empresariales y financieras —protegidas por el aparato estatal— para apropiación privada y lavado de fondos públicos, tanto de origen interno como procedentes de la cooperación internacional.

Las sentencias en su contra, junto al impacto de las sanciones internacionales y la desarticulación de la infraestructura financiera paralela, han sacado a la luz un proceso de expoliación económica sin precedentes en la historia política contemporánea de Nicaragua, de acuerdo con la publicación de Centroamérica 360.

El filósofo y jurista nicaragüense Alejandro Serrano Caldera, distinguido por su influyente reflexión sobre la democracia y la ética en su país, falleció este lunes a los 87 años en Managua, según informaron sus familiares a la agencia EFE. Considerado una de las mentes más prominentes de Nicaragua, Serrano Caldera fue elegido por la revista de Filosofía de Aechen, Alemania, como uno de los cien pensadores más influyentes del mundo.

Sus ideas, sintetizadas en la obra La Nicaragua posible, propusieron una respuesta intelectual y política ante las crisis históricas nicaragüenses, abogando por una salida democrática, plural y ética.

Entre los legados más comentados tras su muerte, destaca la evaluación de Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua en Costa Rica y ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Díaz, uno de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos y posteriormente privado de su nacionalidad, resumió el enfoque central de Serrano Caldera al señalar que Nicaragua debía superar tanto el caudillismo y la concentración de poder, como la fragmentación social y política. Díaz subrayó que el libro y el concepto de La Nicaragua posible se convirtieron en una plataforma plural para repensar el rumbo del país.

Serrano Caldera: de la Academia a la política internacional

Serrano Caldera nació el 5 de octubre de 1938 en Masaya, vecina de Managua, y fue académico de la Academia Nicaragüense de la Lengua, donde ocupó desde 2002 la silla A y ejerció como subdirector entre 2011 y 2016. A lo largo de su extensa carrera, ejerció la docencia universitaria desde 1965, participó como profesor visitante en universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa, y colaboró de manera habitual en revistas y enciclopedias filosóficas y jurídicas.

Desempeñó puestos claves en el sistema universitario nicaragüense, como rector de la sede en Managua de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (1990-1995), presidente del Consejo Nacional de Universidades (1990-1994), y presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). Además, Serrano Caldera fue consejero regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina en San José y Lima entre 1974 y 1979.

El filósofo también participó activamente en la vida diplomática de Nicaragua. Fue candidato a la presidencia de Nicaragua, presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 1985 y 1988, y miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU entre 1982 y 1992.

Las contribuciones de Serrano Caldera abarcaron más de cuarenta obras en filosofía, derecho y ciencias políticas. Entre sus títulos fundamentales destacan El derecho en la Revolución (1986), Entre la nación y el imperio (1988), Del tiempo y sus metáforas (1996), Todo tiempo futuro fue mejor (1998), Voces, imágenes y recuerdos (2000) y Meditaciones (2003).

Vigencia de su pensamiento y reconocimientos

El impacto intelectual de Serrano Caldera se proyectó tanto en el ámbito nacional como internacional. En 1968 fue escogido como el mejor catedrático de la educación superior de Nicaragua y, a lo largo de las décadas, recibió distinciones como la Orden del Mérito y las Palmas Académicas. Además, fue miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Durante su carrera, promovió una visión crítica y constructiva de la historia nacional. Ilustraba la dinámica política de su país con la imagen de “una bicicleta estacionaria, que no para de girar y no avanza. Gira sobre su eje”.

Su fallecimiento motivó reacciones de relevantes figuras nicaragüenses. El obispo exiliado Silvio Báez, desde sus redes sociales, escribió: “Nicaragua necesitará de su pensamiento y su testimonio para reconstruirse en libertad y justicia. ¡Descansa en paz!”

Alejandro Serrano Caldera será recordado como “una excelente persona, un intelectual extraordinario, un apasionado de la democracia y un gran amigo”, según Báez en declaraciones a EFE. Su legado, articulado en la defensa de la institucionalidad, la ética y la unidad en la diversidad, sigue activo en los debates filosóficos y políticos sobre el futuro de Nicaragua.