El sueño de construir un canal interoceánico en Nicaragua, que prometía transformar al país en una potencia logística regional, permanece como una meta incumplida y, para muchos, como una “obra invisible”. A pesar de que las excavadoras se detuvieron hace casi una década y la empresa concesionaria china HKND Group desapareció del panorama operativo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa asignando fondos públicos a una infraestructura que no existe en la realidad, según América Malls and Retail.

De acuerdo con la publicación del medio especializado en noticias de retail y consumo en Latinoamérica, en el ciclo presupuestario más reciente, el gobierno destinó más de USD 250,000 a una entidad encargada de gestionar el llamado Gran Canal de Nicaragua, un proyecto paralizado desde 2014 y que, lejos de avanzar, solo sobrevive en los documentos oficiales.

La Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, el organismo estatal creado para supervisar la construcción y eventual operación de la vía, sigue recibiendo partidas presupuestarias anuales. Los recursos asignados no se traducen en maquinaria ni avances tangibles, sino que se consumen mayoritariamente en gastos operativos: salarios de una junta directiva y personal administrativo, mantenimiento de oficinas y algunos mínimos esfuerzos de relaciones públicas para sostener la narrativa de que el proyecto “sigue en pie”.

Según el medio especializado de noticias, el último informe de ejecución presupuestaria revela que, aunque un cuarto de millón de dólares es una fracción frente a los USD 50,000 millones que se estimaba costaría la obra, el problema central no es el monto absoluto, sino el propósito de mantener con vida una oficina dedicada a un proyecto que solo existe en el papel.

En 2014, se realizó un evento inaugural simbólico y algunos trabajos menores en caminos de acceso, pero la crisis bursátil en China entre 2015 y 2016 hundió la fortuna del empresario Wang Jing y detuvo las obras por completo. Desde 2019, el canal desapareció de los radares internacionales de inversión, aunque nunca del presupuesto nacional nicaragüense.

Impacto social y ambiental de una ley vigente

El sostenimiento de la Autoridad del Canal no es solo un problema económico. La Ley 840, aprobada en 2013, sigue vigente y otorga al Estado la potestad de expropiar tierras a lo largo de la ruta proyectada. Esto mantiene en vilo a miles de familias en el sur de Nicaragua y la zona del Lago Cocibolca, que viven en un estado de inseguridad jurídica permanente ante la amenaza de expropiación. Los movimientos campesinos han denunciado que la existencia de esta “entidad fantasma” sirve como herramienta de control territorial más que como motor de desarrollo, según consigna América Malls and Retail.

El empeño del régimen de Ortega y Murillo en no cerrar oficialmente el capítulo del Gran Canal responde, según diversas teorías publicadas por el medio especializado de noticias, a motivos políticos y estratégicos. Admitir el fracaso total supondría un golpe para la narrativa de “Nicaragua como potencia logística”, mientras que la partida presupuestaria permite sostener la ficción de que el proyecto está “en fase de planificación o revisión”. Además, la concesión podría utilizarse como ficha en negociaciones futuras con potencias como China o Rusia, pese a que hoy no existe interés real en el proyecto. Finalmente, los fondos asignados permiten mantener empleos de figuras políticas cercanas al oficialismo dentro de la estructura estatal.

Nicaragua frente a la región: una ruta estancada

Mientras Nicaragua gasta recursos en oficinas vacías y salarios administrativos, sus vecinos avanzan con proyectos tangibles. Panamá culminó la ampliación de su canal y sigue rompiendo récords de ingresos, incluso en años de sequía. México, por su parte, desarrolló el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una alternativa ferroviaria que ya cuenta con inversión y obras concretas. Para la ciudadanía nicaragüense, el cuarto de millón de dólares anual destinado al canal podría financiar la construcción y equipamiento de varios centros de salud rurales, programas de merienda escolar o proyectos de potabilización de agua en comunidades que, irónicamente, se encuentran cerca de la ruta original del canal, de acuerdo con América Malls and Retail.

El Gran Canal de Nicaragua se ha convertido en el ejemplo paradigmático de una “obra invisible”. Sin dragas, cemento ni trabajadores, lo único que permanece son asientos contables y transferencias bancarias a una autoridad sin funciones reales. La persistencia del gasto no responde a lógica económica ni de ingeniería, sino a la decisión política de no reconocer una de las mayores promesas incumplidas de la historia centroamericana reciente. La transparencia en el uso de estos fondos sigue siendo la gran ausente, mientras el Lago de Nicaragua permanece intacto, sin barcos de gran calado, pero con una oficina en la capital que continúa absorbiendo recursos públicos.

El régimen de Ortega y Murillo sostiene, año tras año, el financiamiento de una burocracia sin objeto, mientras las prioridades sociales y económicas de Nicaragua permanecen desatendidas, indica América Malls and Retail. El Gran Canal, lejos de unir océanos, se ha transformado en un símbolo de opacidad, despilfarro y control político en el corazón de Centroamérica.

El producto interior bruto per cápita en Nicaragua sigue siendo el más bajo de Centroamérica, un dato que evidencia la brecha de bienestar económico en la región pese a cinco años consecutivos de crecimiento del PIB, según el informe presentado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, tanque de pensamiento regional (Cetcam), divulgado en Costa Rica este jueves.

El análisis, elaborado por Marco Aurelio Peña, economista nicaragüense exiliado, subraya que el incremento macroeconómico del país no se traduce en una mejora del nivel de vida para la mayoría de su población.

Además, la mayoría de los nicaragüenses no logra cubrir la mitad del costo de la canasta básica con el salario mínimo promedio, el más bajo de la subregión, como explicó Peña a la agencia EFE.

El estudio de Peña, titulado Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025), incorpora cifras comparativas: la proyección para 2025 indica que el ingreso por habitante en Nicaragua será 6.7 veces inferior al de Panamá y 1.2 veces por debajo del de Honduras, país con la segunda posición más baja del istmo.

Esta desventaja se confirma con el registro actualizado: Nicaragua presentó un ingreso por habitante de $2,953, cifra que se encuentra muy lejos del de Panamá ($19,802) y Costa Rica ($19,104), países líderes de la región.

PIB per cápita de Nicaragua y dependencia de las remesas

El informe difundido por EFE sustenta su diagnóstico utilizando datos oficiales de cada país centroamericano. Después de los niveles de Panamá y Costa Rica, figuran Guatemala, con un PIB per cápita de $6,478, seguido de El Salvador con $5,744 y Honduras con $3,637. Nicaragua cierra la lista con el ingreso medio por habitante más bajo, lo que refleja una baja productividad total, incluso siendo el país más extenso del istmo y con abundantes recursos naturales.

El crecimiento de la economía nicaragüense fue del 4.9 % en 2025 respecto de 2024, conforme a los datos del Banco Central de Nicaragua, y representó el quinto año consecutivo de incremento tras tres años previos de contracción. Peña califica este proceso de “la macroeconomía del espejismo”: aunque los índices nacionales mejoran, la estabilidad no llega a sentirse en la vida cotidiana de la población.

Entre las razones que explican la brecha está el impacto de las remesas familiares, que representan un 26.6 % del PIB de Nicaragua, según expone Peña en el estudio citado por EFE. Estas transferencias financieras han sido definidas como el “salvavidas” de muchos hogares nicaragüenses, al ser fundamentales para la subsistencia ante el insuficiente ingreso laboral.

Peña resume el desencuentro entre cifras globales y economía cotidiana en la siguiente frase difundida por EFE: “La radiografía macroeconómica se percibe irreal cuando se la contrasta con las realidades económicas de las personas y las comunidades”. Para sectores como la productora agrícola, el trabajador informal, pequeños emprendedores o profesionales independientes, la estabilidad macroeconómica tiene escasos efectos frente a la pérdida de valor real del córdoba, la moneda nacional, y la erosión constante del poder adquisitivo.

Pronóstico oficial y contexto regional

La autoridad monetaria de Nicaragua, el Banco Central de Nicaragua, ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento económico para 2026, ubicándolo en un rango de 3.5 % a 4.5 %, incluso ante “incertidumbre asociada a la coyuntura geopolítica y comercial”, según precisa el informe reproducido por EFE.

La combinación de baja renta per cápita, dependencia estructural de las remesas y salarios mínimos que no cubren el costo de la vida coloca a Nicaragua en una situación de vulnerabilidad económica dentro del contexto centroamericano, a pesar de los signos de recuperación en los grandes agregados macroeconómicos.

El arte, que suele ser refugio y luz, fue en esta ocasión la máscara perfecta. En la ciudad de Boaco, donde las tradiciones y el arte suelen ser motivo de orgullo comunitario, una sombra se cernía sobre el hogar de una joven cuya adolescencia fue convertida en un campo de batalla silencioso.

La detención de Darwing Amilkar López, un músico conocido en el entorno local, ha descorrido el velo de una tragedia que se prolongó por casi cuatro años. Bajo el disfraz de la cultura y la integración familiar, López habría tejido una red de abusos, amenazas y manipulación tecnológica que hoy lo mantiene tras las rejas bajo prisión preventiva.

La historia, según relatan medios de comunicación en Nicaragua, todo comenzó en 2021, la víctima, identificada por las iniciales K.J.H.R., era entonces una niña de 13 años con un futuro brillante en la danza. Fue en ese entorno, entre coreografías y eventos recreativos, donde López puso sus ojos sobre ella. No fue una irrupción violenta de un extraño, sino el acercamiento calculado de un hombre que supo ganarse la confianza de una comunidad y, más peligrosamente, de una familia.

El agresor utilizó su posición como músico y colaborador en actividades juveniles para orbitar cerca de la menor. Su estrategia fue de manual: para llegar a la niña, primero conquistó a la madre. Al iniciar una relación sentimental con la progenitora de la víctima, López logró lo que cualquier depredador busca: la legitimidad de habitar el mismo espacio.

En enero de 2022, el acusado se mudó a la vivienda, convirtiéndose en una figura de autoridad y confianza cotidiana. Aquel que debía ser un protector se convirtió en el principal verdugo.

El cautiverio del silencio y el terror digital

Una vez instalado en el hogar, el entorno de seguridad de la adolescente se desmoronó. La acusación fiscal detalla que los actos de violencia sexual ocurrían de manera sistemática, aprovechando los momentos en que la joven se encontraba sola. Sin embargo, el abuso físico era solo una parte del horror.

Para garantizar que K.J.H.R. no rompiera el silencio, López presuntamente implementó un sistema de terror psicológico basado en la extorsión digital.

El señalado habría utilizado su teléfono celular para grabar las agresiones. Estos videos no eran solo registros de su depravación, sino armas de chantaje. Según el expediente judicial, el abusador amenazaba a la menor con difundir las imágenes si ella se atrevía a denunciar o si intentaba oponerse a sus deseos.

En una sociedad donde el estigma social suele caer injustamente sobre las víctimas, el miedo a la exposición pública fue la cadena que mantuvo a la joven atada a su agresor durante años. El último hecho registrado data de octubre de 2024, cerrando un ciclo de impunidad que parecía no tener fin.

El delito de violación en Nicaragua

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la protección de la niñez y la severidad de las leyes nicaragüenses. Según los reportes judiciales y el análisis del marco jurídico vigente, el delito de violación en Nicaragua se castiga con especial rigor cuando concurren agravantes como el abuso de confianza y la minoría de edad.

El Código Penal (Ley 641) establece pautas claras para estos crímenes:

• Violación Agravada: Dado que la víctima comenzó a sufrir los abusos a los 13 años y el agresor convivía en el mismo hogar, el caso encaja en las figuras agravadas de la ley. La confianza depositada por la familia y el vínculo de hecho con la madre agravan la responsabilidad penal del músico.
• Penalidad: Las condenas por este tipo de delitos pueden alcanzar los 20 años de prisión.

La prisión preventiva dictada por el juez busca asegurar que el acusado no evada la justicia ni continúe ejerciendo presión sobre la víctima o los testigos. Mientras el proceso judicial avanza, K.J.H.R. inicia ahora su propia batalla: la de reconstruir una vida que le fue arrebatada entre notas musicales y amenazas grabadas en un celular.

El sector agrícola de Nicaragua atraviesa una fase de debilidad que se extiende ya por tres años consecutivos, con retrocesos que han afectado tanto la producción como el acceso al crédito y la estabilidad de los pequeños productores.

Según reporta el periódico El Confidencial 30, entre 2023 y 2025, la agricultura nicaragüense no logró revertir la tendencia negativa, a pesar de algunos repuntes puntuales en ciertos rubros.

Durante este periodo, el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola mantuvo una participación descendente en la economía nacional, mientras los efectos del fenómeno climático El Niño y la reducción del financiamiento bancario profundizaron la crisis.

En 2025, el valor agregado de la agricultura representó 14,028.6 millones de córdobas (unos 381 USD) , pero en términos de crecimiento restó 0.2 puntos porcentuales al PIB.

Según el medio, el inicio de esta cadena de contracciones se remonta a 2023, cuando la sequía vinculada a El Niño desplomó los rendimientos agrícolas.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que la caída en el valor agregado del sector alcanzó un 6.1 % ese año, superando la cifra preliminar que era del 3.8 %.

Los granos básicos sufrieron especialmente, con un retroceso del 8.9 % por las bajas cosechas de frijol, arroz granza y sorgo. Solo el maíz logró mitigar en parte el impacto negativo gracias a un repunte temporal.

El ciclo agrícola de 2024 mantuvo la tendencia negativa, aunque con una contracción menor, del 0.8 %. La inestabilidad del clima y la pérdida de áreas cultivadas afectaron principalmente a los granos básicos, cuyo valor agregado disminuyó en 13.2 %.

En contraste, cultivos como la caña de azúcar y el café registraron recuperaciones con crecimientos de 13.9 % y 1.6 %, respectivamente.

Para 2025, la situación empeoró de nuevo y el sector agrícola registró una nueva caída, esta vez del 2.9 %. El deterioro de las labores culturales —mantenimiento y cuidado de los cultivos— tuvo impacto directo en la productividad de rubros clave como el maíz, el frijol y el sorgo.

Durante estos tres años, la agricultura nicaragüense enfrentó una triple presión: problemas climáticos, reducción en la demanda internacional y menor acceso a créditos. El Banco Central indicó que, pese a la crisis, se lograron mantener volúmenes de producción suficientes para abastecer el mercado nacional y sostener las exportaciones.

En términos generales, entre 2023 y 2025, la agricultura pasó de representar el 7.1 % del PIB nacional a solo el 6.8 %. La contribución al crecimiento económico fue nula o negativa durante este periodo.

Impacto directo en pequeños productores y en el acceso al crédito

Los pequeños productores, como Arnoldo, caficultor de Matagalpa y citado en la nota de Confidencial 30, han experimentado con fuerza estos efectos.

Aunque 2025 generó una mejora en los ingresos para algunos grandes productores de café, la mayoría de los pequeños agricultores no pudo aprovechar ese repunte, afectados por la falta de recursos y dificultades para acceder a financiamiento.

El cierre de CISA Exportadora, la mayor empresa del ramo, agravó la situación al dejar a los caficultores en manos de competidores con mayor poder de negociación.

La incertidumbre climática, agravada por precipitaciones fuera de temporada y temperaturas extremas, complicó la planificación de las cosechas.

Las floraciones desfasadas de los cultivos hicieron que los productores debieran buscar mano de obra en momentos inesperados, lo que elevó los costos y redujo los ingresos.

Este fenómeno repercutió también en las familias jornaleras, que ya no pudieron desplazarse de finca en finca según el calendario tradicional de cosechas, limitando así sus oportunidades laborales e ingresos durante el año.

En cuanto al crédito, el sector sufrió un retroceso: el saldo de la cartera agrícola en el sistema financiero cayó un 4.7 % al cierre de 2025 respecto a 2024, situándose en 17,282.9 millones de córdobas (unos 469 USD). El campo perdió cerca de 860 millones en liquidez bancaria en el último año, lo que profundizó la caída productiva.

Desempeño reciente y contraste con el sector pecuario

A inicios de 2026, los datos del índice Mensual de Actividad Económica reflejaron que los agricultores aumentaron las labores culturales y comenzaron a recuperar cultivos como café, caña de azúcar, arroz de riego y maíz. No obstante, la variación anual promedio continuaba en terreno negativo, con una contracción del 2.5 %, lo que demuestra que la agricultura nicaragüense no ha superado su fase de debilidad.

Frente a este panorama, el sector pecuario mostró una evolución diferente. Entre 2023 y 2025, la ganadería registró crecimientos sucesivos, concluyendo con un aumento del 6.3 % en 2025, según cifras oficiales.

El sector primario, que incluye la agricultura, la ganadería, caza, silvicultura y pesca, se mantuvo como el quinto mayor empleador del país, con más de 62 mil afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en 2025.

Las proyecciones de aumento en la producción agrícola previstas en los planes oficiales contrastaron con los resultados obtenidos, que reflejaron una contracción persistente, marcada por la pérdida de superficie cultivada, reducción de rendimientos y disminución del crédito disponible para el campo nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la consolidación de un régimen autoritario en Nicaragua con violaciones a los derechos humanos, tras la reciente publicación de su informe anual 2025. El documento detalla un proceso de represión, cierre del espacio cívico y desmantelamiento de la institucionalidad democrática bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También incluye un extenso apartado de recomendaciones dirigidas al Estado nicaragüense para revertir el deterioro institucional.

Según el reporte de la CIDH, la entrada en vigor de la reforma parcial a la Constitución en 2025 institucionalizó la concentración del poder en la Presidencia, eliminó la separación de poderes y restringió libertades fundamentales. La Comisión describe cómo el cierre del espacio democrático se mantiene, con criminalización de la protesta, cierre masivo de organizaciones sociales, restricciones a la libertad religiosa y persecución contra activistas, periodistas, líderes indígenas y personas consideradas opositoras, incluso dentro del partido oficialista.

En el informe, la CIDH señala que persisten las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura en centros de detención. Según datos recogidos por la Comisión, al menos 63 personas permanecen privadas arbitrariamente de la libertad, de las cuales 33 están en condición de desaparición forzada. El documento también informa sobre la muerte bajo custodia estatal de dos opositores detenidos en 2025, en un contexto de aislamiento y ausencia de garantías judiciales.

Represión más allá de las fronteras y el exilio masivo

El reporte advierte que la represión se extiende fuera del país. Organizaciones civiles y el Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua han informado de actos de hostigamiento y amenazas contra exiliados y sus familias, así como de uso indebido de mecanismos internacionales para perseguir la disidencia.

La Comisión destaca que desde 2018, más de 400,000 personas han abandonado el país, y al menos 453 han sido despojadas de su nacionalidad de manera punitiva, como represalia por su activismo o disidencia política. Además, se documenta la cancelación de más de 5,600 organizaciones civiles, lo que representa el 75 % del tejido asociativo registrado en 2018.

Entre las conclusiones, la CIDH subraya que las reformas legales y constitucionales de 2025 desmantelaron la autonomía de la Costa Caribe y legalizaron concesiones extractivas en territorios indígenas sin consulta previa. El informe Violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua detalla ataques, desplazamientos y actos de violencia que siguen en la impunidad, agravados por la militarización y la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras.

Derechos económicos, sociales y situación de la prensa independiente

En materia de derechos económicos y sociales, la CIDH advierte sobre la persistencia de la pobreza, el acceso restringido a servicios básicos y la alta vulnerabilidad climática, con deforestación y sequías que afectan la seguridad alimentaria. Sobre el salario mínimo mensual, aclara: oscila entre USD 148 y USD 333, cifras muy por debajo del costo de la canasta básica, establecido en USD 555.

Respecto a la libertad de expresión, la situación es grave. La Comisión y su Relatoría Especial documentaron detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de periodistas, cierre de medios, confiscación de equipos y campañas de estigmatización. Nicaragua, según la Red Centroamericana de Periodistas, organización regional de periodistas, y Reporteros Sin Fronteras, es el país con mayores restricciones para el ejercicio del periodismo en la región. La mayoría de periodistas independientes está en el exilio, bajo amenaza de apatridia y sin condiciones para ejercer su labor.

Recomendaciones de la CIDH al Estado nicaragüense

Como parte de sus recomendaciones, la CIDH insta al Estado de Nicaragua a restablecer la institucionalidad democrática, garantizar el debido proceso, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, restituir la nacionalidad y los derechos patrimoniales a quienes fueron despojados de manera irregular, y cesar la persecución contra la sociedad civil, la Iglesia y los medios de comunicación.

Además, el documento exige el respeto a la autonomía y a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como el diseño de políticas orientadas a garantizar el acceso igualitario a la educación, salud, empleo y servicios básicos.

“El Estado debe adoptar de inmediato medidas para poner fin a las políticas y prácticas estatales que generan desplazamiento forzado, destierro y apatridia, garantizando el pleno ejercicio de los derechos a la nacionalidad, la identidad y la libertad de circulación”, indica el informe en una de sus recomendaciones.

La CIDH advierte que la retirada de Nicaragua de organismos internacionales no exime al país del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y subraya que el monitoreo y la exigencia de rendición de cuentas seguirán activos pese a la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses.

Los recursos asignados al proyecto canalero en Nicaragua se mantienen vigentes, aunque la obra no ha avanzado desde su anuncio. Para 2026, el Presupuesto General de la República contempla 9.26 millones de córdobas (aproximadamente USD 250, 000) destinados a la Autoridad del Gran Canal, sin que haya información pública sobre las actividades realizadas o el personal involucrado.

Entre 2024 y 2025, el presupuesto para esta entidad superó los 12.5 millones de córdobas (unos USD 340,000), reflejando el interés estatal en conservar la estructura administrativa del canal interoceánico.

Desde la aprobación del megaproyecto en 2012, las acciones visibles han sido limitadas, y la mayor parte de los gastos se han dirigido a estudios, giras de promoción y funcionamiento interno.

El economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda y Crédito Público, ha señalado desde el exilio que existen varios motivos para mantener en pie la estructura legal del canal.

Según su análisis, la permanencia de la entidad podría responder a la opción de atraer futuros inversionistas, la posibilidad de brindar empleo a colaboradores del gobierno y el interés en conservar un gran proyecto para futuras propuestas públicas, de acuerdo con declaraciones recogidas por Diario CONFIDENCIAL.

Dirección y funciones de la Autoridad del Gran Canal

La Ley 1203, que reformó la Ley 800 en mayo de 2024, estableció una directiva encabezada por el Ministro de Transporte e Infraestructura, mayor general en retiro óscar Mojica Obregón. Le acompañan el delegado presidencial para la Costa Caribe, actualmente Lumberto Campbell, y el Asesor para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo.

Aunque la organización cuenta con una estructura definida, no se han reportado públicamente proyectos en curso ni actividades recientes asociadas a la Autoridad del Gran Canal. Incluso en anuncios de nuevas infraestructuras, como la carretera hacia el proyectado puerto de Bluefields, la entidad no ha sido mencionada.

En noviembre de 2024, se presentó una nueva ruta del canal ante empresarios chinos, variando el trazado para que cruce el lago Xolotlán y llegue al puerto de Corinto. Hasta el momento, este anuncio no ha derivado en obras visibles.

Proyectos de inversión y financiamiento externo

El Informe de Liquidación del Presupuesto 2025 detalla partidas relacionadas con empresas chinas, como China CAMC Engineering Co., Ltd (CAMCE) y China Communications Construction Company Limited (CCCC). Se ejecutaron 3.099 millones de córdobas (cerca de USD 84 millones) de los recursos previstos por CAMCE y 105 millones de córdobas (alrededor de USD 2,8 millones) para un proyecto con CCCC.

Entre los proyectos más relevantes figura el aeropuerto de Punta Huete, que en 2025 recibió 1,750,4 millones de córdobas (aproximadamente USD 47.5 millones).

El financiamiento principal proviene de un préstamo internacional por USD 440.6 millones, con estimaciones de pago total cercanas a USD 800 millones por intereses y comisiones. La inversión proyectada para 2026 asciende a 7,288.1 millones de córdobas (unos USD 199 millones), sin especificar el origen final de los fondos, de acuerdo con información publicada por Diario Confidencial.

Otros proyectos financiados mediante préstamos chinos incluyen la modernización del SINAPRED por 898,4 millones de córdobas (USD 24.4 millones), destinados a equipamiento y obras; la construcción de esferas para almacenamiento de gas licuado de petróleo, con una inversión de 450,4 millones de córdobas (USD 12,2 millones); y estudios para una planta solar en El Hato, Matagalpa, por 105 millones de córdobas (USD 2,8 millones).

La detención de guardabosques indígenas mayangna ha generado una nueva exigencia pública hacia el Gobierno de Nicaragua por parte de la Fundación del Río, organización ambientalista que operaba en el país y actualmente tiene su sede en Costa Rica.

La Fundación reclama la liberación inmediata de ocho defensores del territorio, quienes, según la ONG, permanecen privados de libertad en condiciones que vulneran sus derechos humanos.

Los hechos involucran a guardabosques del territorio Mayangna Sauni As, dentro de la reserva de la biosfera de Bosawas, en la región del Caribe nicaragüense.

Estas detenciones se produjeron durante diversos operativos entre 2021 y 2023. La Fundación del Río argumenta que se trata de represalias por su labor de denuncia y protección ambiental ante la invasión de “colonos” y actividades extractivas ilegales.

Entre los detenidos se encuentran miembros de la misma familia, incluidos Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Olvier y Evertz Bruno.

Cuáles son las acusaciones contra los guardabosques

En enero de 2023, la Fiscalía de Nicaragua presentó cargos contra 24 personas identificadas como guardabosques comunitarios. Las acusaciones formales incluyeron crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales. De ese grupo, diez recibieron condenas y continúan en prisión.

La Fundación del Río afirma que la función principal de los guardabosques era monitorear la invasión de tierras indígenas y denunciar la venta y arriendo ilegal de terrenos.

La organización denuncia que la criminalización de estos defensores se enmarca en una estrategia estatal orientada a debilitar la organización comunitaria indígena y a dificultar la protección del entorno natural.

Denuncias internacionales y peticiones de liberación

La Fundación del Río, bajo la dirección del ambientalista Amaru Ruiz, sostiene que organismos internacionales han determinado la ilegalidad de las detenciones.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas catalogó los arrestos como arbitrarios y vinculados directamente a la labor de defensa ambiental e indígena.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han solicitado al Estado nicaragüense que libere a los detenidos. Hasta el momento no se ha cumplido con dicha recomendación.

Diversas organizaciones mantienen que la persecución contra los guardabosques mayangnas no representa un hecho aislado. Sostienen que se trata de un patrón sistemático de criminalización dirigido a quienes defienden territorios indígenas y recursos naturales en Nicaragua.

Contexto de la detención y el pedido de liberación

La Fundación del Río rememoró, en el marco del Día de la Tierra, que proteger los bosques “no debería ser motivo de persecución ni cárcel”. El comunicado incluyó una exigencia al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que ordenen la liberación inmediata de los ocho guardabosques mayangnas.

Esta situación ha provocado preocupación internacional y expone los conflictos existentes en Nicaragua entre el Estado, las comunidades indígenas y los intereses extractivos en territorios bajo protección.

Un amplio sondeo realizado en marzo pasado reveló que el 76,1% de los nicaragüenses considera que la criminalidad en el país ha aumentado. Este resultado surge en un contexto de crecimiento paralelo de la vigilancia digital y la represión ejercida contra empleados públicos, profundizando una percepción de inseguridad que abarca tanto el ámbito físico como el digital.

Los datos, que forman parte de un estudio presentado por la organización Hagamos Democracia en San José, Costa Rica, fue publicado por el medio Confidencial.

El sondeo muestra un salto significativo en la percepción de criminalidad respecto a la medición anterior: en diciembre de 2025, el 63,7% de los consultados ya advertía un aumento, cifra que se elevó en 12,4 puntos porcentuales apenas tres meses después. Esta tendencia de deterioro del entorno de seguridad contrasta fuertemente con la narrativa oficial de control estatal e impulsa la sensación de vulnerabilidad generalizada, según el informe de Confidencial.

La consulta, realizada a 400 personas en 40 municipios de las regiones autónomas del Caribe y en 12 de los 15 departamentos restantes, destaca no solo la percepción de criminalidad, sino un incremento sostenido de la vigilancia sobre la ciudadanía. En el plano digital, el porcentaje de quienes afirmaron haber detectado vigilancia en redes sociales, correo electrónico o celulares pasó de 35,6% en diciembre de 2025 a 42,5% en marzo de 2026, un aumento de 6,9 puntos en solo un trimestre. Al profundizar en la naturaleza de este fenómeno, el sondeo indica que el hostigamiento abierto en redes sociales lidera la lista con el 38,1%, seguido de la utilización de perfiles falsos solicitando información privada (36,9%) y las alertas por intentos de hackeo (25%).

El informe presentado por Hagamos Democracia subraya que “este incremento confirma que el espacio digital se ha convertido en un nuevo frente de control y amedrentamiento. La represión ya no se percibe únicamente en el territorio físico, sino también en la vida comunicacional y privada de las personas”. El documento también da cuenta de una transición hacia formas de amedrentamiento digital cada vez más visibles y directas.

Las cifras sobre delitos reflejan variaciones particulares: mientras los reportes de asesinatos crecieron de 7,5% a 9,7%, el acoso callejero de 4,5% a 9,5%, y los hurtos de 7% a 8,2%, las denuncias de robos disminuyeron de 75,6% a 69,9% y los femicidios de 2,7% a 1,5%. Esta evolución cuantitativa permite observar desplazamientos en la modalidad y percepción de inseguridad.

La represión laboral y la vigilancia penetran la vida cotidiana

La represión a empleados del sector público se mantiene como un fenómeno extendido. De los encuestados con familiares en instituciones estatales, 79,6% admitió conocer casos de coacción vinculada a su desempeño laboral, frente al 76,5% que lo reportó en diciembre anterior. Entre las prácticas señaladas, la asistencia obligatoria a actividades partidarias (79,8%) ocupa el primer lugar, seguida por la vigilancia de perfiles digitales (50,8%), el envío a campos de entrenamiento militar (38,3%), la revisión de celulares (30,1%) y las intimidaciones y amenazas explícitas (30,1%).

Los autores del estudio insisten en que estas cifras son evidencia de una sofisticación progresiva de los mecanismos de control y disciplinamiento del Estado sobre los empleados públicos. “La vigilancia digital y la revisión de celulares muestran un régimen que avanza hacia mecanismos más intrusivos y personalizados de represión”, concluye el documento citado por Confidencial.

En el ámbito vecinal, la percepción de espionaje ciudadano se mantiene en niveles históricamente altos: el 86,1% de los encuestados afirmó sentir algún tipo de vigilancia en su entorno inmediato, una cifra estable respecto al 85,6% registrado tres meses antes. La vigilancia se ha institucionalizado en la experiencia cotidiana, lo que densifica la sensación de control permanente.

Respecto a quiénes ejercen esta vigilancia, el estudio identifica principalmente a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) con 44,4%, seguidos por la Policía (29,5%) y los paramilitares (23,9%). En comparación con diciembre de 2025, aumenta la presencia policial como actor de control y disminuye ligeramente la de los grupos paraestatales. Según el informe de Confidencial, “la vigilancia no recae únicamente en estructuras paraestatales o partidarias, sino que se percibe cada vez más asociada a actores formales del Estado”.

La normalización de la vigilancia residencial, digital y laboral describe un escenario en el que la población de Nicaragua se enfrenta a una red de control múltiple y persistente tanto en la vida privada como profesional, impulsando una sensación constante de inseguridad y limitación de libertades.

El 71,4% de los nicaragüenses cree que las presiones de Estados Unidos lograrán desembocar en una transición democrática en Nicaragua, frente a un 28,6% que no lo considera posible, según una encuesta del organismo Hagamos Democracia, publicada esta semana.

El estudio fue levantado entre el 24 y el 31 de marzo de 2026, con 400 personas en 40 municipios del país. Las entrevistas se realizaron a través de WhatsApp y Signal, mediante un formulario de 54 preguntas.

La respuesta de los nicaragüenses se desprende, según los autores del informe titulado Percepción de la Realidad Política, Social y Económica de Nicaragua de “tres acontecimientos de alto impacto” internacional: la extracción quirúrgica de Nicolás Maduro en Venezuela; el bloqueo energético total a Cuba y el inicio de la guerra en Irán.

En el plano local, Estados Unidos ha incrementado las sanciones contra funcionarios del régimen nicaragüense y ha elevado los decibeles de su lenguaje contra la dictadura de Ortega y Murillo.

La semana pasada, la administración estadounidense impuso sanciones a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a siete compañías vinculadas al sector oro de Nicaragua, señalado como una de las principales fuentes de financiamiento del aparato político del régimen.

También sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa. “La Administración Trump continúa exigiendo responsabilidad a la dictadura de Murillo-Ortega por brutales violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses”, expresó el Secretario de Estados Marco Rubio al anunciar la sanción contra Cañas.

El 83,3% de los encuestados nicaragüenses considera que la situación actual de Venezuela también desembocará en una transición democrática, mientras que el 92% respalda el cerco energético y petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba como medida para forzar un cambio de régimen.

El informe interpreta este comportamiento como una “externalización de la esperanza democrática”. Es decir, una parte importante de la ciudadanía no ve las condiciones de cambio como un proceso exclusivamente interno, sino como uno influido por factores externos, particularmente la presión de Washington y el reacomodo geopolítico en la región.

Sobre esa base, el 78,2% de los nicaragüenses consultados apoya que la oposición participe en un proceso de negociación con la dictadura, acompañado por Estados Unidos, con el objetivo de crear condiciones para una transición democrática. Solo el 19,8% rechaza esa opción.

La encuesta muestra que, pese al cierre del sistema, el 55,5% todavía considera posible que haya elecciones libres en 2027, frente a un 44,5% que no lo cree, según la encuesta.

Ese escenario político se entrelaza con un deterioro económico sostenido. El 74,3% de los encuestados afirma que no logra cubrir sus gastos básicos mensuales, mientras que el 79,6% no puede cubrir el costo de la canasta básica.

El deterioro se refleja en la percepción del futuro. El 95,8% califica su expectativa como negativa, atribuyéndola principalmente a la situación económica (44,1%) y a la crisis sociopolítica (44,9%).

La respuesta ante la desesperanza es la migración. El 66,4% de los encuestados afirma que se iría del país si pudiera, un aumento respecto al 62,9% registrado en diciembre de 2025.

El alto costo de la vida y el desempleo son “factores que han detonado la movilidad migratoria más alta en la historia del país, incluso por encima de la registrada durante la guerra civil de los años ochenta”, señala el organismo.

El 58,1% migraría por motivos económicos, el 33,7% por la falta de solución a la crisis política y el 7,8% por acoso o intimidación.

El destino preferido sigue siendo Estados Unidos, con el 54,9% de las preferencias, pese la ofensiva anti migratoria que impulsa la administración Trump. Sigue España (22,7%) como destino preferido y Costa Rica (20,5%).

La encuesta fue presentada este martes en San José, Costa Rica, por Hagamos Democracia, un organismo nicaragüense cancelado por la dictadura de Ortega en 2018 y que funciona ahora desde el exilio.

Un adolescente resultó gravemente herido tras un ataque coordinado cometido por cinco sujetos armados con piedras y un machete en las afueras del Instituto Víctor Manuel Soto, en Chichigalpa, Nicaragua, el 21 de abril. El hecho, captado en un video que se viralizó rápidamente, desencadenó un fuerte reclamo social y expuso la vulnerabilidad de los jóvenes ante la presencia de grupos violentos en la región, según informaron medios locales.

De acuerdo con los registros audiovisuales y los reportes publicados por La Prensa y El 19 Digital, el estudiante fue interceptado por el grupo en plena vía pública. Los agresores, sin mediar palabra, iniciaron una golpiza sistemática, utilizando piedras de gran tamaño y un machete. El momento más crítico ocurrió cuando uno de los atacantes asestó un machetazo en la cabeza de la víctima, mientras los demás lanzaban objetos contundentes. El video muestra cómo el joven quedó inconsciente sobre el pavimento.

Un ciudadano, identificado por testigos como un motociclista vestido con camiseta roja, intentó intervenir para frenar la agresión. Según los testimonios recogidos por La Prensa, el hombre fue repelido por los atacantes, quienes también se abalanzaron sobre él antes de huir del lugar. La ausencia de una respuesta inmediata de las autoridades generó preocupación y frustración en la comunidad, que exige acciones concretas.

El estudiante fue dado de alta la misma noche del ataque, tras recibir atención médica por heridas abiertas en la cabeza y otras partes del cuerpo, según los últimos reportes de los medios locales. Los médicos confirmaron que no sufrió fracturas de cráneo ni daños neurológicos permanentes. Pese a la recuperación física, especialistas en psicología consultados por El 19 Digital advirtieron sobre las secuelas emocionales y el temor persistente entre los estudiantes del Instituto Víctor Manuel Soto.

La comunidad de Chichigalpa exige justicia y colabora en la identificación de los agresores

El caso ha movilizado a la población de Chichigalpa, que colabora activamente en la identificación de los agresores a partir de imágenes extraídas del video viral. “No podemos permitir que nuestras calles se conviertan en campos de batalla”, expresó uno de los vecinos en declaraciones recogidas por La Prensa. La comunidad manifiesta incertidumbre ante la falta de arrestos y teme que los responsables permanezcan en libertad.

Por parte de las autoridades policiales han recibido múltiples llamados para actuar de oficio, utilizando las pruebas digitales difundidas en redes sociales. La Policía Nacional de Nicaragua aún no ha confirmado arrestos ni avances significativos en la investigación, lo que mantiene a la población alerta y a la espera de justicia.

Desde el punto de vista jurídico, abogados penalistas consultados por medios nicaragüenses coincidieron en que los hechos podrían constituir homicidio en grado de frustración, conforme al artículo 141 del Código Penal de la República de Nicaragua (Ley 641).

Además, la participación de varios sujetos y el uso de armas blancas agravan la situación legal de los implicados. El Ministerio Público también podría imputar cargos por lesiones graves o gravísimas, con penas previstas de 3 a 6 años de prisión, y por exposición de personas al peligro, dado que el ataque ocurrió en las inmediaciones de una institución educativa y puso en riesgo a terceros, incluida la persona que intentó auxiliar al joven.

Asimismo, la actuación coordinada de los cinco individuos abre la posibilidad de investigar el delito de asociación para delinquir, contemplado en el artículo 393 del Código Penal.

El Instituto Víctor Manuel Soto reanudó actividades bajo estrictas medidas de vigilancia. Familiares de estudiantes exigieron mayor presencia policial en los alrededores y campañas de prevención de violencia.

El régimen de Nicaragua otorgó este martes una nueva concesión minera a cielo abierto a una empresa china, con una superficie de 49.981 hectáreas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, pese a las recientes sanciones de Estados Unidos, según informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

Se trata del primer permiso que concede Nicaragua después de las sanciones impuestas por EEUU la semana pasada a dos hijos de los dictadores nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y siete empresas mineras, todos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todas estas entidades e individuos “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” vinculadas al sector aurífero.

Nicaragua ha cedido el 8,5% de su territorio a empresas mineras chinas, incluidas áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, según denunció la Fundación del Río, dirigida por el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la empresa Nicaragua Zhongwei Minería Grupo S.A., representada en Managua por un ciudadano chino con residencia nicaragüense, la concesión minera para el lote denominado Pio.

Con este nuevo título, el régimen nicaragüense ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 75 lotes a 17 empresas chinas que abarcan 1.077.448,49 hectáreas, lo que representa más del 8,5% del territorio nicaragüense, según la Fundación del Río en su informe titulado “Invasión minera china en Nicaragua”.

Tanto organizaciones ecologistas como entidades opositoras han rechazado estas concesiones y exigido la anulación de las licencias.

La Fundación del Río ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente creación, no cuentan con páginas web y no existen pruebas de que formen parte de empresas que cotizan en bolsas de valores.

Tampoco han presentado credenciales sobre experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni detalles sobre el monto de las inversiones en el país.

Además, esa ONG ha advertido que “los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”, entre los que se incluyen minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, así como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

El régimen de Nicaragua ha otorgado una nueva concesión minera a la empresa china Nicaragua Zhongwei Minería Grupo S.A., permitiendo la explotación de minerales a cielo abierto en 49,981 hectáreas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. La entrega de este permiso ocurre en un contexto de crecientes sanciones por parte de Estados Unidos contra altos funcionarios y empresas nicaragüenses vinculadas al sector aurífero, medida que busca frenar los fondos que sostienen el control político del país.

La nueva concesión constituye el primer permiso de este tipo emitido por Nicaragua después de que, la semana anterior, el gobierno estadounidense sancionara a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro individuos y a siete empresas mineras implicadas en la extracción y comercialización de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha declarado, según cita recogida por la agencia EFE, que todas estas entidades e individuos contribuyen a que “la dictadura de Murillo y Ortega genere fondos y mantenga el control político en Nicaragua”, y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con la minería de oro.

Entre 2021 y 2026, Nicaragua ha concedido permisos en 75 lotes mineros a 17 empresas chinas, las cuales suman 1.077.448,49 hectáreas. Esta superficie representa más del 8,5 % del territorio nacional, cifra reportada por la Fundación del Río en su informe ‘Invasión minera china en Nicaragua’. Esta proporción de territorio cedido incluye áreas protegidas, territorios indígenas y afrodescendientes, lo que ha motivado críticas y demandas de anulación por parte de organizaciones ambientalistas y opositoras.

La concesión otorgada a Nicaragua Zhongwei Minería Grupo S.A. permite la explotación de un lote denominado Pio y fue certificada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia. De acuerdo con la información de EFE, la firma está representada en Managua por un ciudadano chino con residencia nicaragüense. En el periodo mencionado, las autoridades han aprobado concesiones únicamente a compañías chinas, sin que se amplíe la competencia a otras nacionalidades.

Las denuncias de la Fundación del Río, dirigida por el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, subrayan que las firmas chinas con actividad minera en Nicaragua son de reciente constitución y mantienen un perfil bajo: “No cuentan con páginas web, ni hay pruebas de que formen parte de empresas que coticen en las bolsas de valores”.

La ONG ha detallado que estas empresas no han presentado credenciales de experiencia previa en el sector minero nacional o internacional. Tampoco se conocen estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones comprometidas en el país.

“La expansión minera impulsada por intereses chinos trasciende la extracción de oro y plata”, advirtió la Fundación del Río. “Estos intereses también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”, entre los cuales la organización menciona cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

La decisión del gobierno de Nicaragua de seguir adelante con nuevas licencias, pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos, ha exacerbado las tensiones políticas y económicas. Diversas organizaciones ambientalistas y opositoras han exigido la inmediata anulación de las concesiones otorgadas, en especial aquellas que afectan territorios indígenas, áreas protegidas y comunidades afrodescendientes.

Con esta política, Nicaragua reafirma su alianza estratégica con China en un contexto regional marcado por la presión internacional y el endurecimiento de sanciones contra el régimen de Ortega y Murillo.

La ampliación de la actividad minera bajo control chino representa más de un millón de hectáreas entregadas para la exploración y explotación, afecta a sectores ambientalmente sensibles y alimenta el debate sobre la transparencia y legalidad de las inversiones extranjeras en el sector extractivo, según la documentación reunida por la Fundación del Río.

El giro en la retórica del nicaragüense Daniel Ortega, al calificar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “desquiciado mental” durante un discurso pronunciado la noche anterior, supone una ruptura respecto a la tradicional cautela del régimen de Nicaragua frente a Estados Unidos y anticipa consecuencias para la relación bilateral, según líderes opositores consultados por la agencia de noticias EFE.

Ortega dirigió sus palabras al mandatario estadounidense tras las sanciones impuestas por Washington a Daniel Edmundo Ortega Murillo y Maurice Facundo Ortega Murillo —dos de los siete hijos del presidente—, y por la presunta “retención” del exjefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en un contexto de advertencias militares de Trump hacia Cuba.

La reacción de Ortega tomó por sorpresa, ya que él y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, habían evitado confrontaciones directas con Estados Unidos después de la detención de Maduro. El opositor y experto en políticas públicas Juan Sebastián Chamorro, en declaraciones a la agencia de noticias EFE, consideró que la reacción presidencial está directamente vinculada a las recientes medidas de Washington contra sus hijos.

“Ortega habló como ayatolá anoche (lunes), consciente de lo que le pasó” al líder iraní ayatolá Alí Jameneí después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, dijo Chamorro, vinculando ese episodio al cambio en el discurso del líder nicaragüense.

El “error de cálculo” según la oposición nicaragüense

La oposición identifica en el nuevo discurso del mandatario una maniobra que puede generar efectos negativos tanto en la política interna como ante la administración Trump. El dirigente opositor nicaragüense exiliado Félix Maradiaga, uno de los 222 expresos políticos privados de su nacionalidad y bienes hace tres años, declaró a la agencia de noticias EFE que: “Al escalar este tono, Ortega cruza una línea y comete un error de cálculo. Apostar a que Nicaragua está fuera del radar internacional es una lectura de la realidad”. Maradiaga interpreta la agresividad verbal de Ortega como “parte de un patrón de confrontación que busca proyectar fuerza mientras oculta una profunda crisis de legitimidad hacia adentro”.

Chamorro, por su parte, señaló que la intervención presidencial “sorprendió a moros y cristianos” y consideró que las sanciones estadounidenses estuvieron pensadas para provocar al mandatario. “Cayó en la provocación”, sostuvo. Añadió que estas declaraciones probablemente tendrán eco en Trump: “él es muy dado a poner atención a irrespetos como estos, como el ‘vení traeme’ de Maduro, que lo fue a traer efectivamente”.

En un segmento que responde a la pregunta central, la jornada política mostró que Daniel Ortega llamó “desquiciado mental” a Donald Trump en respuesta a las sanciones estadounidenses contra sus hijos y a los recientes eventos regionales, como la retención de Nicolás Maduro. Líderes opositores como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro interpretaron ante la agencia de noticias EFE que este ataque verbal representa un giro estratégico y advirtieron sobre potenciales represalias de Washington.

Señales de debilidad y advertencia de la oposición

Para Félix Maradiaga, la actitud desafiante de Ortega es señal de debilidad. El dirigente, citado por la agencia de noticias EFE, explicó: “En política, cuando un régimen comienza a sobreactuar su fortaleza, suele ser porque enfrenta presiones crecientes”. Maradiaga demandó a la oposición nicaragüense “claridad estratégica, coordinación y sentido de urgencia” para responder a las posibles consecuencias externas del incidente diplomático.

Chamorro utilizó una imagen para describir la vulnerabilidad del régimen: “Dejó de ser el cusuco (armadillo) y se expuso en playa abierta con la señal de tiro al blanco al pecho, en el momento en que la atención ya estaba dirigiéndose hacia él”. Ambos dirigentes, despojados de su nacionalidad y bienes, actualmente residen en Estados Unidos y consideran que Ortega representa un “peligro” para la seguridad nacional estadounidense y del Hemisferio Occidental. Sobre las implicancias, Chamorro resumió: “Anoche se encargó de no dejar ningún tipo de duda de lo que es capaz y de lo que está hecho”.

Mirando al futuro, Maradiaga advirtió: “El 2026 será un año fundamental. Y debemos asumirlo con responsabilidad: incrementando la presión nacional e internacional hasta abrir el camino hacia una transición democrática en Nicaragua”.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar impulsa la Ley Nica 2.0 para aumentar los aranceles a Nicaragua, con el fin de asfixiar económicamente a la dictadura de Ortega-Murillo.

El anuncio se realizó en el octavo aniversario del estallido social de abril, fecha que la legisladora consideró “un símbolo” en su carta al Comité de Conmemoración por la Libertad y Democracia en Nicaragua, según reveló Nicaragua Investiga.

La nueva ofensiva legislativa de Salazar continúa la presión ejercida por sectores del Congreso de Estados Unidos contra Managua en los últimos años.

Salazar participó previamente en la promoción de la Ley RENACER, que endureció las sanciones contra Nicaragua. Ahora, impulsa el establecimiento de los aranceles “más altos posibles para debilitar al régimen”.

En su carta, la representante resaltó la participación de los exiliados en Miami y manifestó su apoyo a la restauración democrática, afirmando: “Después de Cuba, Nicaragua es la que sigue”.

En el Congreso, Salazar ha mantenido a Nicaragua como prioridad en la agenda estadounidense. Durante una audiencia reciente sobre persecución religiosa, la legisladora republicana calificó a la vicepresidente Rosario Murillo como “el mismo diablo” y anticipó que “muy pronto se restablecerá la democracia en Nicaragua”.

Paralelamente, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional USCIRF propuso que Nicaragua sea clasificada como “nación de especial preocupación” en materia de derechos humanos y recomendó el apoyo financiero a organizaciones civiles nicaragüenses para documentar abusos y exigir responsabilidades, informó Nicaragua Investiga.

Estados Unidos endurece sanciones y refuerza su postura en la región

El avance de la Ley Nica 2.0 ocurre en medio de dinámicas regionales donde se registran movimientos diplomáticos y presiones políticas cruzadas.

El régimen cubano confirmó este lunes que mantiene negociaciones con Estados Unidos, explicando que la noticia surgió tras filtraciones en medios norteamericanos.

Fuentes citadas por Nicaragua Investiga señalaron que la administración Trump consideraría una incursión militar en Cuba con el objetivo de impulsar una transición política tras más de sesenta años de castrismo.

Este movimiento se inserta en una estrategia de máxima presión sobre gobiernos clasificados como autoritarios en Centroamérica y el Caribe.

El propósito de la Ley Nica 2.0, según María Elvira Salazar, es elevar los aranceles comerciales a Nicaragua para incrementar la presión económica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta medida complementa lo alcanzado con la Ley RENACER, que ya representó un paso previo de presión financiera desde el Congreso estadounidense.

La diáspora nicaragüense en Miami y el seguimiento del Congreso

A través de su carta, Salazar destacó el “gran peso” de los nicaragüenses en el exilio, particularmente en Miami, y reiteró el compromiso de mantener el respaldo a organizaciones prodemocráticas.

El Jefe de Misión estadounidense realizó visitas a varias empresas nicaragüenses para “conocer esta realidad” y reforzar la vigilancia económica sobre el país.

La representante declaró: “He asumido como misión estar con ustedes, no solo en palabras, sino con acciones, con el sueño de una Nicaragua libre, y hoy estamos más cerca que nunca”. La combinación de sanciones financieras, presión desde las instituciones y apoyo a la sociedad civil nicaragüense forma parte de la política oficial de Estados Unidos hacia Managua.

Este mes, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a altos funcionarios del régimen de Ortega-Murillo, incluyendo al viceministro del Interior y a dos de los hijos de la pareja de presidentes, en la lista de sancionados

El dictador nicaragüense Daniel Ortega arremetió nuevamente contra el gobierno de Estados Unidos y lanzó duros calificativos contra el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien llamó “desquiciado mental”, durante un acto público la noche del 20 de abril en Managua.

“El presidente de Estados Unidos dice que es un hombre de la paz, hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando. Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental”, expresó Ortega.

Las declaraciones del presidente nicaragüense fueron recogidas y publicadas por el medio nicaragüense La Prensa, que detalló el contexto y los mensajes del mandatario en medio de la creciente tensión diplomática por las sanciones impuestas a su régimen y a funcionarios cercanos a su familia.

Ortega, acompañado de jóvenes de la Juventud Sandinista 19 de Julio y de altos mandos del Estado, reapareció en un acto en la Avenida Bolívar, organizado para conmemorar lo que el oficialismo denomina “paz”.

Sin embargo, el evento sirvió de plataforma para que Ortega descargara su ira contra Estados Unidos y criticara las sanciones que Washington ha impuesto a sus funcionarios, señalados internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.

Ortega calificó esas medidas como “sanciones que atentan contra la vida de los ciudadanos, contra la soberanía de los pueblos, contra las leyes internacionales”, y cuestionó la autoridad moral de Estados Unidos para imponerlas. “Andan espiando a ver a quién sancionan, han sancionado a tantos nicaragüenses que andan buscando a quién sancionan, ¿con qué autoridad?”, citó La Prensa.

Estas declaraciones se producen pocos días después de que el gobierno estadounidense anunciara nuevas sanciones contra figuras vinculadas al oficialismo nicaragüense, entre ellas los hijos de Ortega, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, y el viceministro del Interior, Luis Cañas Novoa.

Según la información de La Prensa, las sanciones también afectan a una red de negocios de oro y empresas mineras conectadas con el entorno familiar de Ortega y Murillo. Ortega reiteró su exigencia de que cesen las sanciones contra su gobierno, así como contra los regímenes de Cuba y Venezuela.

Durante el evento, la vicepresidenta Rosario Murillo proclamó que “Nicaragua triunfa en paz y unidad” y afirmó que desde la Plaza se honra a los mártires y héroes del país, renovando el compromiso de lucha contra la pobreza.

Más adelante, Murillo retomó el discurso para lanzar ataques contra los nicaragüenses desterrados por la dictadura, asegurando que “aquí el dolor de la traición ha quedado para las pocas y precarias páginas de la miseria humana”, y subrayó que “la vida es de porvenires para los que perseveran”, insistiendo en que en Nicaragua “se viven tiempos de paz”.

En un pasaje central de su intervención, el mandatario nicaragüense volvió a atacar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque sin mencionarlo por nombre. “Estamos convencidos de que en los Estados Unidos de Norteamérica no hay democracia”, afirmó Ortega, quien además criticó el envío de tropas estadounidenses al extranjero y el continuo lanzamiento de sanciones contra Nicaragua.

“Cuántas sanciones han lanzado en contra de Nicaragua, no hallan ni a quién sancionar aquí en Nicaragua”, insistió, según consigna La Prensa.

Ortega evocó episodios históricos de enfrentamiento con Estados Unidos en suelo nicaragüense, destacando la resistencia de Sandino y la retirada de las tropas estadounidenses tras ocho años de ocupación. “Sandino no se rindió... era una batalla que tenían perdida, que tenían bajas, ahí venían los aviones a traer heridos, y al final consideraron que no tenía sentido continuar en esa batalla. Ocho años y no lograron vencer a Sandino y tuvieron que retirarse derrotados”, rememoró Ortega.

El mandatario también criticó el gasto militar estadounidense en conflictos internacionales, especialmente en Irán, y denunció que “lo que gastan en esas guerras, en armamentos y el prestigio es lo que deben cuidar”. Ortega acusó a Estados Unidos de haber causado decenas de muertes en Irán y sostuvo que “la fuerza del amor que Dios le da a todos los pueblos se ha ido levantando y ha ido protestando por esas guerras”.

Finalmente, Ortega recordó el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que condenó a Estados Unidos por actos de terrorismo y muertes en Nicaragua, reclamando el pago de la deuda pendiente: “Pagá, pagá y no andés matoneando y sancionando a los pueblos del mundo”, concluyó el dictador, en una intervención recogida con detalle por La Prensa de Nicaragua.

El programa habitacional impulsado por el régimen de Daniel Ortega en Managua ha recibido fuertes críticas de sectores opositores y organizaciones civiles, quienes denuncian falta de transparencia, corrupción y uso político de los recursos públicos.

Según el diario independiente La Prensa, las viviendas “básicas” forman parte de una estrategia de propaganda orientada a fortalecer el apoyo oficialista en un contexto de descontento social y de la conmemoración de la rebelión cívica de 2018.

De acuerdo con La Prensa, la Alcaldía de Managua destinó más de 48 millones de córdobas (unos USD 1.3 millones) para construir 32 casas en la urbanización Pablo María bajo el programa Bismarck Martínez.

El vicealcalde Enrique Armas afirmó que el objetivo es “reducir el déficit habitacional” y resaltó que las cuotas son menores a 100 córdobas diarios durante 25 años, presentándolas como accesibles para los sectores populares.

Sin embargo, el medio sostiene que la selección de beneficiarios se concentra principalmente en personas afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El exconcejal opositor Luciano García cuestionó la gestión municipal y declaró a La Prensa: “en la Alcaldía se ha detectado corrupción, tráfico de influencias y procesos anómalos de adjudicación”.

García también denunció que el gobierno central dona a las alcaldías propiedades confiscadas y traslada cargas económicas indebidas a los ciudadanos. “Les están trasladando al ciudadano de a pie un problema que no debe cargar”, puntualizó.

Distribución de fondos y selección de beneficiarios

El diario independiente La Prensa advierte que la Alcaldía de Managua, bajo la administración de Reyna Rueda, asignó 48.2 millones de córdobas (USD 1.3 millones) exclusivamente para viviendas en la urbanización Pablo María, dentro del plan Bismarck Martínez.

Según el portal público del gobierno nicaragüense Siscae, aparecen al menos tres licitaciones vinculadas a este proyecto: la primera por 7.799.896 córdobas, la segunda por 32.851.997,10 córdobas y la tercera por 7.581.230,10 córdobas, sumando un volumen global que supera los 48 millones de córdobas.

El análisis de La Prensa señala que la entrega de viviendas coincide con fechas simbólicas para el oficialismo, como el aniversario de la represión de 2018. Además, se registra que estas acciones buscan contener el descontento social y consolidar la base política del régimen. “Primero buscan fortalecer su base popular, que según el cálculo, no llega ni al 10 por ciento”, afirmó García al citado medio.

Requisitos y críticas al acceso a las viviendas

Para acceder a las viviendas del programa Bismarck Martínez, los solicitantes deben cumplir requisitos como ser mayor de edad, no haber recibido subsidios previos y presentar documentación laboral y de ingresos actualizada.

El sitio oficial exige también una carta de solicitud dirigida a los máximos dirigentes del régimen y demostrar un ingreso mínimo mensual de 10,000 córdobas, de acuerdo con lo publicado por La Prensa.

El discurso oficial destaca la accesibilidad y el beneficio social, pero las organizaciones civiles advierten que el mecanismo se utiliza para fines políticos y de propaganda. A pesar de los argumentos presentados por las autoridades municipales, persisten denuncias sobre opacidad en los procesos y manejo irregular de fondos públicos.

Falta de transparencia y fiscalización

Según la investigación de La Prensa, falta acceso público a la información y no existe auditoría independiente sobre los procesos de compra y adjudicación de contratos millonarios.

El diario remarca que los datos sobre las empresas beneficiadas no están disponibles y que el régimen ejerce un estricto control sobre la información, lo que bloquea cualquier intento de fiscalización.

La inauguración en Costa Rica del Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar, impulsado por la ONG nicaragüense en el exilio Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, marca un nuevo referente en la documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde 2018. El espacio identifica públicamente a 126 responsables, situando como principales a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes se atribuye la consolidación de una estructura autoritaria en el país centroamericano.

El propósito declarado es impedir el olvido social y respaldar las demandas de verdad y justicia tras más de ocho años de represión estatal, de acuerdo con información de la agencia de noticias española EFE. El museo, presentado en San José a periodistas, expone que al menos 355 nicaragüenses murieron durante las protestas contra el gobierno iniciadas el 18 de abril de 2018.

La exposición, según explicó Roberto Stuart, responsable del Programa Educación y Memoria del Colectivo y defensor de derechos humanos, estructura los hechos en cinco etapas comprendidas entre abril de 2018 y diciembre de 2025, clasificadas como fases del devenir autoritario en Nicaragua, lo que permite una visión sistemática del proceso represivo dirigido por Ortega y Murillo.

El museo expone una cronología de la represión y nombra a 126 responsables

La muestra, según detalló la agencia EFE, rinde homenaje a las más de 300 víctimas mortales que dejaron las protestas de 2018. En el listado de responsables aparecen autoridades de alto rango como Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército, y Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial, además de Ortega y Murillo, quienes encabezan la nómina por su rol central en la represión.

Según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), mecanismo de la ONU, Ortega y su esposa conforman la cúpula de la estructura represiva estatal. Ambos enfrentan una causa penal abierta ante la justicia de Argentina por crímenes de lesa humanidad, precisó la ONG promotora del museo a la agencia EFE. A Murillo, próxima a cumplir 75 años, el Colectivo la identifica como corresponsable de la política represiva desde 2021, lo que derivó en sanciones por parte de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.

Espacio para la memoria, la verdad y la justicia

El recorrido comienza con una línea de tiempo de los hechos que desembocaron en la crisis: el 18 de abril de 2018, miles de opositores nicaragüenses salieron a las calles en rechazo a reformas en la seguridad social. La represión gubernamental convirtió rápidamente las protestas en una exigencia colectiva de renuncia del presidente Ortega, desencadenando un ciclo de violencia y persecución aún en curso.

Daniel Ortega, actualmente de 80 años, volvió al poder en 2007 tras haber coordinado la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidido Nicaragua de 1985 a 1990. Según señaló el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua en diálogo con la agencia EFE, desde entonces “ha consolidado una dictadura mediante leyes que destruyen el estado de derecho y la ejecución de fraudes electorales en 2016 y 2021”, en referencia a informaciones y denuncias presentadas por la propia organización y organismos internacionales.

El museo, en palabras de Wendy Quintero, defensora de derechos humanos, se concibió como un espacio en el que confluyen historias, voces y pruebas: el objetivo es “recordar, honrar y aprender, y que nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos”.

“Documentar ese recorrido represivo sirve para responsabilizar a los perpetradores, reconocer a las víctimas y fundamentar demandas de verdad, justicia y garantías de no repetición”, afirmó Roberto Stuart durante la presentación. La defensa de la memoria constituye el fundamento de la exposición, que busca ampliar el acceso público a las pruebas y contribuir a los esfuerzos internacionales para alcanzar justicia penal. El Museo de la Memoria surge en un contexto donde las instancias locales enfrentan censura y control estatal, por lo que la documentación y la denuncia han tenido que encontrar refugio y voz fuera de Nicaragua.

Valeria Alexandra González Zapata, de 24 años, falleció el 19 de abril de 2026 mientras realizaba una exposición en el aula de clases de la Universidad de Managua (UdeM), informó el medio nicaragüense La Prensa. Cursaba el cuarto año de la carrera de Administración Turística y Hotelera. Era originaria de Estelí y residía en Managua.

Según una fuente cercana, la causa aparente del fallecimiento fue un infarto. La joven se encontraba presentando un proyecto de investigación cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó frente a sus compañeros. Estudiantes y docentes intentaron reanimarla y luego fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales.

Mortalidad por infarto en Nicaragua

El infarto agudo de miocardio representa la principal causa de muerte en Nicaragua. En 2024, de acuerdo con datos de la entidad oficial Ministerio de Salud (Minsa), se registraron 5,323 muertes por infarto, lo que equivale a una tasa de 7.7 fallecimientos por cada 10,000 habitantes. Entre 2019 y 2024, esta enfermedad se mantuvo como la causa de muerte más frecuente en el país. El año con mayor número de decesos fue 2021, con 6,481 muertes. Las autoridades sanitarias vinculan el aumento de mortalidad por infarto a la prevalencia de hipertensión arterial y diabetes en la población, así como al agravamiento de enfermedades crónicas durante la pandemia de covid-19.

Perfil y antecedentes médicos de la joven

La fuente consultada señaló que Valeria González residía en Managua desde hace varios años. No se reportan antecedentes de consumo de sustancias ni otros factores de riesgo relevantes en su estilo de vida. Las autoridades de salud han advertido que los infartos no afectan únicamente a personas adultas y que existen eventos cardiovasculares en jóvenes, sobre todo cuando hay factores de riesgo no diagnosticados o mal controlados.

Infartos en mujeres y los síntomas a los que hay que prestar atención

Las manifestaciones de un infarto en las mujeres frecuentemente difieren de las descritas para los hombres y, según advierte la Asociación Americana del Corazón en información citada por Infobae, suelen pasar inadvertidas debido a su sutileza, dificultando una intervención médica rápida y exponiendo a las pacientes a un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Entre las causas que complejizan el diagnóstico temprano se halla la limitada difusión de estas señales y la tendencia tanto de profesionales sanitarios como de quienes presentan síntomas a minimizar o atribuirlos al estrés cotidiano. Un punto señalado por la Asociación Americana del Corazón —citada por Infobae— es que los factores hormonales y biológicos influyen significativamente en cómo se expresa la enfermedad del corazón en el sexo femenino.

El conjunto de síntomas atípicos abarca malestares que muchas veces no incluyen el dolor torácico característico. Según datos de la Asociación Americana del Corazón, los infartos en mujeres pueden manifestarse mediante molestias abdominales, náuseas, dolores en la espalda o mandíbula y sensaciones de fatiga extrema. Este cuadro, en ocasiones, no viene acompañado del dolor en el pecho, lo que retrasa la solicitud de ayuda médica y pone en evidencia el desafío que representa la identificación oportuna en pacientes femeninas.

La Asociación Americana del Corazón remarca que la falta de reconocimiento de estas manifestaciones, sumada a la ausencia de dolor intenso o signos clásicos, contribuye a diagnósticos tardíos y, en consecuencia, a un mayor peligro de desenlaces adversos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete empresas mineras de Nicaragua, señaladas por canalizar recursos que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), fortalecen la posición política de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según información de Diario CONFIDENCIAL 30, el sector minero fue reorganizado mediante la creación de “empresas fachada” y la realización de “traspasos irregulares” para lavar activos sancionados y aprovechar las reservas de oro, facilitando así la obtención de ingresos a pesar de las restricciones internacionales.

Las medidas de sanción, anunciadas por el Tesoro estadounidense, buscan interrumpir el acceso del régimen a fondos provenientes de la minería, al identificar operaciones que incluyen confiscación de activos de inversores extranjeros y triangulación de concesiones mineras entre distintas compañías, muchas de ellas de capital chino.

Detalles de las empresas y el alcance de las sanciones

• Brother Metal S.A. se constituyó en Nicaragua con capital chino e ingresó al sector minero en febrero de 2025. En su primer año obtuvo catorce concesiones, sumando un total de 208.959 hectáreas ubicadas en Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La OFAC resaltó que la empresa recibió estos derechos a pesar de contar con “poca o ninguna experiencia” en la exploración de oro. Además, dos de sus concesiones le fueron transferidas por la firma El Porvenir Murra S.A.
• Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., también de capital chino y registrada en Managua, aparece en registros públicos desde marzo de 2024, cuando recibió su primera concesión. Actualmente mantiene once concesiones que suman 113.300 hectáreas en Jinotega, Estelí, León, Río San Juan, Chontales y ambas regiones autónomas del Caribe. Entre principios y mediados de 2025, exportó más de USD 25 millones en oro a Estados Unidos. Durante 2025, transfirió concesiones a otras empresas chinas, como Linze Excelente Minería S.A. y Jinrun Huaxia Internacional Minería S.A.

• Thomas Metal S.A. ingresó al sector en noviembre de 2023 y se consolidó como la empresa con mayor superficie bajo concesión, con diecisiete lotes que totalizan 228.272 hectáreas en Chinandega, RACCN, RACCS, Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa. Una de las concesiones fue cedida por la sancionada Compañía Minera Internacional, S.A. (Comintsa), en una operación facilitada por su representante legal, también sancionado.
• Zhong Fu Development S.A. fue constituida en Managua en 2023 y mantiene ocho concesiones por 150.431 hectáreas en Chinandega, Río San Juan y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, tras haber transferido cinco concesiones a otras empresas chinas, como Waslala Mine S.A. y Y.M. Mining Company S.A. Esta empresa fue señalada, junto a Santa Rita Mining Company S.A., por su vinculación directa con la confiscación de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., propiedad de inversionistas estadounidenses.
• Santa Rita Mining Company S.A. es de capital chino y cuenta con una concesión minera desde 2019, que abarca 3.356 hectáreas en el Caribe Norte. La OFAC la incluyó en las sanciones por su implicación directa en la expropiación de activos estadounidenses.
• Exportadora de Metales S.A. (EMSA), con sede en Managua, es descrita como una “herramienta clave” del régimen para recolectar y fundir oro sin refinar en seis ubicaciones distintas. El oro se vende a granel, principalmente a Estados Unidos, y las ganancias se transfieren a una cuenta bancaria en Managua. Según Estados Unidos, esos fondos podrían haber servido para equipar, entrenar y pagar a grupos paramilitares subordinados al régimen.
• Grupo Minero Xiloa S.A. (Grumixa) ganó protagonismo tras las sanciones a otras firmas en 2024. Se dedicaba a comprar oro artesanal en efectivo, procesarlo y exportarlo mediante una red de empresas aliadas, usando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos. Diario CONFIDENCIAL 30 destaca que los recursos obtenidos por Grumixa podrían ser utilizados para financiar operaciones que sostienen la maquinaria política y de seguridad del gobierno.

Con estas sanciones, el Tesoro de Estados Unidos pretende cortar los flujos de capital que sostienen al régimen nicaragüense, revelando una estructura de transferencias, triangulación y participación de empresas extranjeras en el sector aurífero, así como la implicación de exfuncionarios de entidades previamente sancionadas.

En el imaginario colectivo de Centroamérica, los nombres coloquiales con los que se identifica a la población de cada país forman parte de la vida cotidiana y la cultura regional. El uso de gentilicios como ticos, catrachos, chapines, guanacos, istmeños y nicas revela historias y particularidades lingüísticas que distinguen a cada nación. Según reportó BBC Mundo, estos gentilicios informales nacieron de costumbres, personajes históricos y fenómenos sociales que siguen vigentes en la actualidad.

El apodo “tico” es el más reconocido de Costa Rica. Su origen se encuentra en la costumbre lingüística de emplear el diminutivo “ico” o “ica” al hablar, como en las expresiones “momentico” o “patico”. Esta forma afectiva trascendió durante la Guerra Patria Centroamericana, cuando soldados de países vecinos notaron la frecuencia de su uso entre los costarricenses y comenzaron a llamarlos “ticos”. Actualmente, el término “Tiquicia” también se emplea de manera coloquial para referirse al país.

En el caso de Honduras, la denominación “catracho” proviene de la figura del general Florencio Xatruch, quien lideró a las tropas hondureñas en la misma guerra regional del siglo XIX. Sus soldados eran identificados como “xatruches” o “xatruchos”, pero la dificultad de pronunciación llevó a que el apodo evolucionara hasta convertirse en “catracho”. La expresión es motivo de orgullo nacional y se utiliza habitualmente en la vida pública y popular hondureña.

La historia del gentilicio “guanaco” en El Salvador cuenta con varias interpretaciones. Una teoría postula que podría relacionarse con el mamífero andino del mismo nombre, aunque la distancia geográfica le resta verosimilitud. Otra hipótesis, citada por BBC Mundo, lo vincula con antiguas reuniones indígenas llamadas “huanacax”, celebradas debajo de grandes árboles conocidos como guanacastes.

Además, “guanaco” fue usado en Guatemala para describir de manera despectiva a quienes no residían en la capital o provenían de otros países de la región. Paralelamente, la voz “cuzcatleco” sobrevive en menor medida y remite a los habitantes del antiguo señorío de Cuscatlán.

El término “chapín” identifica a los habitantes de Guatemala y tiene su origen en un tipo de calzado de plataforma utilizado por la nobleza española en el siglo XVI. Según BBC Mundo, este símbolo de estatus social llegó con los colonizadores y, con el tiempo, pasó de señalar privilegio a ser adoptado con orgullo como gentilicio nacional. La palabra “chapín” se ha convertido en un emblema identitario que trasciende clases sociales y generaciones.

En Nicaragua, la variedad de apodos es amplia. “Nica” es la forma más común, resultado de la abreviación de “nicaragüense”. El término “pinolero” hace referencia al pinol, una bebida tradicional de maíz, mientras que “nicoya” alude tanto a la península homónima, que fue parte del país hasta el siglo XIX, como a una variante del nombre oficial. También existen apelativos como “mucos” y “chochos”, usados en contextos particulares o por habitantes de naciones vecinas.

El gentilicio oficial “panameño” predomina en Panamá, aunque existen otras formas de identificación colectiva. “Istmeño” corresponde a la ubicación geográfica del país como puente terrestre entre América Central y del Sur, y “canalero” alude a la relevancia del Canal de Panamá. El término “panas” es menos utilizado localmente y se asocia más a extranjeros residentes en el país.

Los apodos y gentilicios de Centroamérica componen un mosaico de historias, costumbres y transformaciones sociales. Cada uno refleja un rasgo distintivo del país al que representa y forma parte del repertorio cultural compartido por millones de centroamericanos. La riqueza de estos términos reside en su capacidad para evocar pertenencia y memoria colectiva a través del lenguaje.

Una reducción drástica en la disponibilidad de gas licuado de petróleo afecta desde principios de abril a distintas regiones de Nicaragua, generando preocupación tanto en hogares como en pequeños comercios por el impacto en su funcionamiento diario y el encarecimiento del recurso. Esta situación, cuyas causas inmediatas se entrelazan con las recientes tensiones internacionales en el sector hidrocarburos, expone la falta de transparencia en el modelo de gestión energética nicaragüense y la dependencia total del país de las importaciones, reportaron medios nicaragüenses y regionales.

La dependencia financiera se refleja en la factura de importaciones: en 2024, Nicaragua desembolsó USD 83.9 millones por la compra de gas licuado de petróleo, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua citadas por La Prensa. El mercado está en manos de distribuidoras privadas y de la firma estatal Enigas, la cual se encuentra en proceso de ampliar su capacidad de almacenamiento gracias a inversiones procedentes de China.

A la escasez y dependencia, se suma la falta de transparencia sobre el uso de los ingresos generados por la política energética y sobre la sostenibilidad futura del suministro, según especialistas en energía y economistas consultados por Centroamérica 360.

Distribución irregular y cobros adicionales afectan a consumidores fuera de Managua

Las quejas de falta de GLP se concentran en municipios del centro, norte y sur de Nicaragua, donde clientes de la empresa Tropigas reportan racionamiento y la exigencia de pagos adicionales de entre 10 y 30 córdobas por cilindro. Pese a que el precio oficial del gas permanece congelado desde abril de 2022, los usuarios deben recorrer múltiples agencias para abastecerse, situación que dificulta especialmente la operación de comedores y restaurantes, según documentaron medios locales.

En Camoapa, los distribuidores reconocen que los pedidos “se han reducido casi a la mitad”, lo que obliga a los consumidores a emplear más tiempo y recursos en la búsqueda del insumo. Aunque en la capital, Managua, y algunos sectores del norte persiste un abastecimiento regular, la ausencia de información oficial incrementa la incertidumbre entre la población.

Congelamiento de precios y volatilidad internacional agravan el escenario

El precio oficial del gas fue fijado por el gobierno cuando el barril de petróleo superó los USD 120 la unidad y no se ha modificado, a pesar de que actualmente el precio internacional ronda los USD 90, según datos recabados por Centroamérica 360. Esta estrategia de congelamiento, implementada en el contexto de la pandemia y crisis energética global, permitió al Estado recibir, desde su adopción, ingresos extraordinarios superiores a USD 300 millones sin que ello se haya traducido en una reducción en el coste para el consumidor final.

Especialistas en energía y economistas advierten que no existe transparencia sobre la gestión de esos ingresos ni claridad sobre la sostenibilidad futura de la oferta, en un entorno marcado por la volatilidad del precio del crudo, alimentada recientemente por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Este conflicto provocó que los valores internacionales de referencia del crudo variaran a corto plazo.

Al desabastecimiento y el alza de precios se suma la ausencia de posicionamiento gubernamental frente a la escasez, lo que incrementa la incertidumbre entre quienes dependen del GLP para cubrir necesidades fundamentales y sostener pequeños emprendimientos.

En Costa Rica, exiliados nicaragüenses conmemoraron este fin de semana los ocho años transcurridos desde el inicio de las protestas de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, un período marcado por la represión estatal y una crisis política persistente cuyos efectos, incluido el exilio, siguen latentes para cientos de personas.

El acto central fue una misa realizada en la Iglesia de San Francisco de Goicoechea, conocida como Iglesia de Ladrillos y declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, donde líderes religiosos y familiares de las víctimas reiteraron sus pedidos de justicia por las más de 300 muertes que acompañaron el estallido social, según la agencia EFE.

A diferencia de la cobertura habitual sobre los aniversarios de la crisis, la ceremonia en San José incluyó la presencia y el testimonio de figuras exiliadas como el padre dominico español nacionalizado nicaragüense Rafael Aragón, expulsado de Nicaragua por el Gobierno sandinista. Aragón declaró a EFE: “Entregaron su vida con esa ilusión, utopía y entusiasmo. Ellos son para nosotros un testimonio de convicción y para los cristianos un testimonio de la fe”.

También estuvieron presentes madres como Candelaria Díaz, quien pidió ante la agencia: “Seguimos pidiendo justicia porque es algo que no puede quedar impune. Teniendo la fe en Dios de que algún día esto se va a llegar a esclarecer y como dicen que tomar cartas en el asunto”.

La fecha se eligió en coincidencia con el aniversario de las manifestaciones que comenzaron en abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses tomaron las calles para rechazar reformas a la seguridad social impulsadas por el Ejecutivo. Ante la respuesta represiva del Gobierno, la indignación ciudadana se transformó rápidamente en una demanda directa de renuncia para Ortega, quien lleva en el poder desde 2007 y fue reelegido en noviembre de 2021 para un quinto mandato, en comicios calificados como “controvertidos” por la comunidad internacional, según EFE.

Organizaciones elevan a 684 las víctimas mortales de 2018

A la cifra de “más de 300” muertos reconocida por Ortega se suman los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que registró al menos 355 muertos durante las protestas, mientras que distintas organizaciones nicaragüenses elevan la cifra a 684 víctimas. Ortega sostiene que los sucesos de 2018 constituyeron “un intento de golpe de Estado” y rechaza la legitimidad de las demandas de investigación y reparación.

En este contexto, el profesor indígena Gabriel Putoy, integrante del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), remarcó ante EFE: “Que la memoria no pase al olvido y siempre tener presente a los más de 310 asesinados que ocurrieron durante el 2018 en la rebelión cívica, por la persecución, represión, encarcelamiento y secuestro que Ortega hace a cada uno de los opositores que están adentro”.

Estados Unidos sanciona a altos funcionarios del Gobierno de Ortega

El mismo fin de semana del aniversario, Estados Unidos impuso sanciones contra el viceministro del Interior de Nicaragua, acusándolo de “graves violaciones de los derechos humanos”, según informaciones confirmadas por EFE. A estas se suman nuevas medidas restrictivas contra dos hijos de la pareja presidencial y otros cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.

Esta intervención internacional se produce en un clima diplomático cambiante: tras el distanciamiento entre Ortega y su entonces aliado venezolano Nicolás Maduro, el Gobierno nicaragüense liberó a presos políticos y designó a una nueva encargada de negocios en Washington, lo cual podría interpretarse como una búsqueda de interlocución con el Gobierno estadounidense.

Al interior de Nicaragua, el Gobierno conmemoró el aniversario con manifestaciones oficiales denominadas “Día Nacional de la Paz”, que incluyeron marchas, pasarelas y exhibiciones de automóviles, según reportaron medios locales citados por EFE.

En la última semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha quedado excluido de foros clave impulsados por Estados Unidos, sanciones y reuniones multilaterales entre líderes de izquierda en Europa y América Latina. Esta secuencia de eventos representa la “cristalización de ocho años de deterioro sistemático” en las relaciones exteriores del régimen, incluyendo los ámbitos político, económico y militar, señala el sitio regional Centroamérica 360.

El episodio más reciente ocurrió durante la IV Reunión “En Defensa de la Democracia”, realizada en Barcelona entre el 17 y el 19 de abril. Promovido por el presidente español Pedro Sánchez y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el encuentro convocó a líderes de izquierda y centroizquierda de América Latina y Europa, como Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y António Costa.

Nicaragua fue excluida de la lista de invitados y su situación no figuró en los discursos oficiales. Cuba sí estuvo presente en la agenda, en especial por el embargo estadounidense, pero Nicaragua permaneció fuera del debate político, a diferencia de ediciones anteriores en las que, al menos, recibía alguna mención o presencia formal, destacó Centroamérica 360.

Exclusión de Nicaragua en foros internacionales

El distanciamiento se hizo evidente también en el ámbito militar. Los ejercicios CENTAM Guardian 2026, organizados por el Comando Sur de Estados Unidos y desarrollados en El Salvador, reunieron a “más de mil 200 efectivos” de Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos, donde tampoco participaron militares nicaragüenses. La ausencia del Ejército de Nicaragua constituye un cambio notable: durante décadas, esta cooperación servía como mecanismo de acercamiento incluso en escenarios tensionados.

La actual exclusión responde a la desconfianza de los países vecinos y al alineamiento del régimen nicaragüense con Rusia e Irán, lo que ha afectado las condiciones mínimas para el intercambio de información sensible y la interoperabilidad militar, indica la nota del medio.

Restricción militar y nuevas sanciones

Las consecuencias del aislamiento se evidencian en el plano económico. Estados Unidos amplió recientemente su régimen de sanciones, dirigiéndose por primera vez a dos hijos de la pareja gobernante —Maurice Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo— y a una red de empresas relacionadas con la industria minera. Las autoridades estadounidenses catalogan estas estructuras como “canales para el lavado de oro” y obtención de ingresos opacos por parte del régimen. Las sanciones también afectaron al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, a quien fuentes diplomáticas citadas por el medio describen como un “operador clave” en el sistema de control interno del gobierno.

En reacción a estas sanciones, China, Rusia y Cuba optaron por no emitir mensajes públicos de respaldo, rompiendo con la costumbre de años anteriores, cuando criticaban rápidamente las sanciones estadounidenses. Centroamérica 360 interpreta esta postura como una decisión de cautela diplomática, ya que apoyar a Managua abiertamente supondría mayores costos en el contexto actual de tensiones internacionales.

Reacciones y consecuencias en la región

En los ámbitos militar, diplomático y político, Managua está experimentando una pérdida continua de interlocución —es decir, se le cierran canales formales e informales para influir y negociar— debido a su exclusión de ejercicios regionales, que limita su capacidad de cooperación en seguridad, y a las sanciones internacionales, que afectan directamente a la estructura económica y familiar sobre la cual se sostiene el régimen Ortega-Murillo. La ausencia del gobierno en foros como la cumbre de Barcelona disminuye aún más su margen de influencia internacional.

El sitio Centroamérica 360 precisa que en América Latina la dictadura de Nicaragua ya no cuenta con aliados dispuestos a defenderla públicamente. Por el contrario, la oposición nicaragüense y organizaciones de la sociedad civil lograron participación en los espacios paralelos de la cumbre española, donde expusieron la “crisis de derechos humanos iniciada en 2018” y el cierre progresivo del espacio democrático. Así, mientras el poder oficial nicaragüense queda excluido de foros clave, quienes lo critican ganan visibilidad y respaldo.

Estos tres eventos recientes —la exclusión militar, el endurecimiento de sanciones y la falta de respaldo diplomático— revelan de manera concreta “pérdida de interlocución y erosión de redes de apoyo” para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que, a la vista de la región y la comunidad internacional, enfrenta un aislamiento creciente motivado por la desconfianza y el deterioro de sus vínculos externos.

Las organizaciones civiles nicaragüenses han dado a conocer nuevas acciones conjuntas con motivo del octavo aniversario de las protestas masivas iniciadas en 2018, que marcaron un antes y un después en la política del país. Los distintos colectivos, ubicados tanto dentro como fuera de Nicaragua, anunciaron su determinación de “aislar a la dictadura” encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, como respuesta a la represión y la falta de libertades.

Según informó EFE, en una declaración conjunta, decenas de organizaciones expresaron el compromiso de “devolverle al pueblo el ejercicio de su soberanía, mediante la coordinación efectiva y constante de acciones consensuadas”. Entre las prioridades establecidas destaca el llamado a “redoblar esfuerzos por la liberación plena e incondicional de todos” los presos políticos y las personas bajo desaparición forzada.

Los grupos civiles detallaron que parte de su estrategia será impulsar planes de acciones conjuntas, fortaleciendo la acción cívica y la no violencia. Estas medidas serán ejecutadas tanto dentro como fuera del país, con el objetivo de debilitar y aislar al actual Gobierno. Los colectivos también subrayaron la importancia de construir una narrativa común para expresar la voluntad de cambio de los nicaragüenses, respetando la diversidad de voces y evitando cualquier forma de uniformidad ideológica.

El 18 de abril de 2018, miles de personas salieron a las calles de Nicaragua en protesta contra reformas a la seguridad social impulsadas por el Ejecutivo. La respuesta gubernamental, caracterizada por el uso de la fuerza, transformó la protesta en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007.

Las protestas dejaron un saldo de víctimas que varía según la fuente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta al menos 355 personas muertas, mientras que organizaciones nicaragüenses elevan la cifra a 684. Por su parte, el Gobierno reconoce que fueron “más de 300” y sostiene que lo ocurrido fue un intento de golpe de Estado. Esta versión ha sido rechazada por múltiples entidades internacionales y agrupaciones de derechos humanos.

El aniversario de las protestas se convierte así en un momento clave para la memoria colectiva y la exigencia de justicia. El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que la “dictadura fracasó porque no ha podido borrar el significado profundo de abril”, ni “arrancar la verdad del corazón de los familiares de las víctimas ni ha podido clausurar la esperanza de todo un pueblo que clama por democracia”. La organización quiso honrar a “las 355 personas asesinadas, a las personas presas políticas, a quienes han sido desaparecidas forzadamente, desterradas, desnacionalizadas, perseguidas y despojadas de su patrimonio y de su patria”, y destacó el papel de la juventud que sigue reclamando cambios.

En este contexto, Estados Unidos anunció sanciones contra el viceministro del Interior de Nicaragua, a quien acusa de participar en “graves violaciones de los derechos humanos”. Además, durante la misma semana se conocieron sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial y cinco personas más, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.

La decisión de las autoridades estadounidenses responde a la persistencia de denuncias sobre detenciones arbitrarias, persecución política y represión a opositores. Las organizaciones nicaragüenses consideran que estas sanciones internacionales contribuyen a ejercer presión sobre el Gobierno, con la finalidad de abrir una vía hacia la democracia y mantener la atención global sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

El bloque de organizaciones reiteró que su estrategia para aislar al régimen incluye mantener la presión internacional, fortalecer la coordinación entre exiliados y activistas internos, y sostener la exigencia de libertad para quienes permanecen privados de derechos y garantías.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron la suscripción de un nuevo préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por USD 31,5 millones, con el fin de financiar la construcción de una carretera en el norte del país. La decisión fue formalizada a través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en el que se otorgó plenos poderes al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, gestione el acuerdo de préstamo con el Fondo OPEP.

Según la información proporcionada por la agencia EFE, los recursos de este crédito serán destinados al “Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Empalme Télica-Malpaísillo-Empalme San Isidro”, una vía estratégica para la conectividad en el norte nicaragüense. El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) será la institución encargada de ejecutar las obras.

No es la primera vez que el gobierno recurre al Fondo OPEP para financiar infraestructura vial. En diciembre pasado, Ortega y Murillo ya habían autorizado la suscripción de otro préstamo con la misma institución, por USD 25 millones, destinado a la construcción de una carretera que conectará con Managua. El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional es una entidad multilateral creada en 1976 por los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para financiar proyectos de desarrollo.

La obtención de nuevos préstamos internacionales ocurre mientras Nicaragua enfrenta reiterados cuestionamientos por el manejo y la transparencia de los fondos públicos. Diversos organismos multilaterales y de derechos humanos han señalado la falta de controles efectivos y la opacidad en la gestión presupuestaria, lo que dificulta el seguimiento del destino final de los recursos. Un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sostiene que el gobierno de Ortega y Murillo ha desviado fondos originalmente asignados a programas sociales e infraestructura para financiar actividades de represión y control social, tanto dentro como fuera del país.

En materia de transparencia fiscal, Nicaragua se ubica en los últimos lugares de América Latina. De acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023, el país alcanzó solo 44 puntos sobre 100 y se colocó por debajo de la media global, lo que evidencia deficiencias en la publicación de información presupuestaria y en la participación ciudadana. Asimismo, informes de organizaciones independientes como el observatorio Urnas Abiertas destacan que la mayoría de las alcaldías nicaragüenses no cuentan con auditorías regulares y que la Contraloría General de la República ha identificado cientos de funcionarios implicados en irregularidades administrativas y uso indebido de recursos públicos.

La centralización del poder y la falta de rendición de cuentas han generado preocupación entre analistas y organismos internacionales. El acceso a información sobre la ejecución de los fondos gestionados permanece restringido, a pesar de que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) recopila datos detallados sobre cada gasto estatal. La voluntad política para transparentar tales datos sigue siendo escasa.

En este contexto, la llegada de nuevos recursos provenientes del Fondo OPEP plantea interrogantes sobre su destino y la capacidad del gobierno para ejecutar obras de infraestructura de manera eficiente y transparente. Organismos internacionales han reiterado la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de préstamos cuyo repago compromete las finanzas nacionales a largo plazo.

La comunidad internacional y sectores de la sociedad civil continúan demandando garantías de transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de asegurar que los recursos destinados a infraestructura se traduzcan en beneficios tangibles para la población, sin desviaciones ni irregularidades que perpetúen los problemas estructurales del país.

Estados Unidos impuso sanciones al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, acusado de participar en graves violaciones de los derechos humanos. La acción, comunicada este sábado, busca recordar a las víctimas de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró: “Hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen”.

Rubio agregó que, “para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos”.

La sección 7031(c) establece restricciones de visados y prohíbe la entrada a Estados Unidos a las personas sancionadas.

El jueves pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones dirigidas contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de cinco personas, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.

Las sanciones también afectan a siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participan en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con el sector aurífero.

Nicaragua permanece en crisis política y social desde abril de 2018, situación que se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021 que permitieron la reelección de Ortega para un quinto mandato.

Washington acusa al régimen de Ortega-Murillo de reprimir a los opositores. En marzo, la misión estadounidense en Managua denunció que “la crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable” y criticó la detención de personas ancianas y enfermas.

Así arrasó la dictadura de Ortega con la libertad de expresión

En las últimas dos décadas, el régimen de Ortega y Murillo ha ejecutado una estrategia sostenida para aniquilar el periodismo independiente en Nicaragua, con más de 300 periodistas exiliados y el cierre de 61 medios, según un informe elaborado por la red de periodistas nicaragüenses “Las Exiliadas Nicas”, con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España.

El informe documenta una estrategia progresiva por parte del régimen para erradicar cualquier vestigio de prensa independiente. “El balance del informe es demoledor: decenas de periodistas en prisión, al menos 61 medios cerrados o confiscados, más de 309 periodistas forzados al exilio y el 65% del territorio nacional sin información independiente”, expuso Maryórit Guevara, fundadora del colectivo y coautora del documento, durante la presentación oficial celebrada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Carlos Fernando Chamorro, periodista independiente y fundador del medio Confidencial, fue uno de los invitados destacados durante la presentación. Confidencial fue clausurado por el gobierno y su director obligado a exiliarse. “El exilio no es una situación de emergencia, que es tal y como la tratan los Estados y organizaciones de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos. El exilio es permanente y así debe ser considerado y respaldado. Gracias al periodismo independiente exiliado, los ciudadanos nicaragüenses siguen informados, porque afortunadamente aún disponen de acceso a Internet. El periodismo sí vence a la propaganda”, afirmó durante el evento.

Por su parte, Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España, remarcó la urgencia de actuar desde la comunidad internacional: “Nicaragua se sitúa en el furgón de cola de la libertad de prensa junto a países como Afganistán, Irán, China o Corea del Norte. Es deber de los periodistas apoyar a sus compañeros en el exilio y darle la relevancia a Nicaragua que merece en la agenda mediática española, más centrada en regímenes como el cubano o el venezolano por motivos políticos y económicos”.

En las últimas dos décadas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado una estrategia sostenida para aniquilar el periodismo independiente en Nicaragua, con más de 300 periodistas exiliados y el cierre de 61 medios, según un informe elaborado por la red de periodistas nicaragüenses “Las Exiliadas Nicas”, con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España.

El informe documenta una estrategia progresiva por parte del régimen para erradicar cualquier vestigio de prensa independiente. “El balance del informe es demoledor: decenas de periodistas en prisión, al menos 61 medios cerrados o confiscados, más de 309 periodistas forzados al exilio y el 65% del territorio nacional sin información independiente”, expuso Maryórit Guevara, fundadora del colectivo y coautora del documento, durante la presentación oficial celebrada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Carlos Fernando Chamorro, periodista independiente y fundador del medioConfidencial, fue uno de los invitados destacados durante la presentación. Confidencial fue clausurado por el gobierno y su director obligado a exiliarse. “El exilio no es una situación de emergencia, que es tal y como la tratan los Estados y organizaciones de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos. El exilio es permanente y así debe ser considerado y respaldado. Gracias al periodismo independiente exiliado, los ciudadanos nicaragüenses siguen informados, porque afortunadamente aún disponen de acceso a Internet. El periodismo sí vence a la propaganda”, afirmó durante el evento.

En tanto, Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España, remarcó la urgencia de actuar desde la comunidad internacional: “Nicaragua se sitúa en el furgón de cola de la libertad de prensa junto a países como Afganistán, Irán, China o Corea del Norte. Es deber de los periodistas apoyar a sus compañeros en el exilio y darle la relevancia a Nicaragua que merece en la agenda mediática española, más centrada en regímenes como el cubano o el venezolano por motivos políticos y económicos”.

De acuerdo con RSF, el país ocupa el puesto 172 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, ubicándose entre los peores del mundo para ejercer la labor informativa.

El desmantelamiento sistemático de la libertad de prensa en Nicaragua

El informe coordinado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) subraya que el proceso de represión informativa ha sido progresivo y planificado desde 2006. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), con sede en Costa Rica, entre 2018 y 2025 se registraron el cierre y la confiscación de 61 medios y la expulsión forzada de 309 periodistas, lo que marcó el declive del periodismo independiente en el país centroamericano.

Este proceso estuvo acompañado de la captura institucional de los poderes del Estado y de la concentración del control en torno al núcleo presidencial Ortega-Murillo. Las agresiones incluyeron censura, violencia, confiscación de equipos, bloqueos económicos y el despojo de la nacionalidad como castigo colectivo.

Las restricciones han llegado más allá de las fronteras del país, alcanzando a quienes informan desde el exilio en Costa Rica, España, Estados Unidos y México. Según la FLED, desde 2018, más de 800.000 nicaragüenses han migrado, siendo el sector periodístico uno de los más afectados.

De la censura inicial a la persecución legal y el exilio

El informe destaca cuatro fases clave en el ataque a la libertad de prensa. La primera etapa (2006-2010) se caracterizó por la centralización del discurso y la exclusión de voces críticas, implementada desde el aparato comunicacional liderado por Rosario Murillo, utilizando la publicidad estatal como mecanismo de presión.

A partir de 2011, el régimen acentuó la concentración de medios y la cooptación institucional. A través de adquisiciones opacas de canales y emisoras, financiadas en parte con recursos provenientes de Venezuela, la familia Ortega-Murillo consolidó su dominio sobre el espectro informativo nacional.

Tras las protestas de 2018, la persecución se agravó. Solo ese año, 128 ataques contra periodistas fueron documentados por la FLED, e incluyeron el asesinato de Ángel Gahona y la ocupación de redacciones como Confidencial y 100% Noticias.

Se instauró la llamada ‘tríada represiva’ —la ley de ciberdelitos, la de agentes extranjeros y la de soberanía— utilizada para justificar detenciones, criminalizar la recepción de cooperación y promover la apatridia mediante la cancelación de nacionalidad.

El diario La Prensa ejemplifica el alcance de la represión: tras un bloqueo aduanero y la ocupación policial en 2021, fue confiscado, su personal forzado al exilio y el periódico solo pudo continuar como medio digital desde el extranjero.

Entre 2024 y 2025, nuevas reformas constitucionales consolidaron el autoritarismo. La creación de la “copresidencia” y la extensión del mandato presidencial cerraron cualquier espacio de pluralismo informativo, según lo señalado por Human Rights Watch y la FLED. Asimismo, más de 5.000 ONG fueron ilegalizadas, eliminando fuentes de información y apoyo social para el periodismo independiente.

Zonas de silencio: impacto social y opacidad informativa

Con la clausura de medios comunitarios y regionales, numerosas provincias quedaron sin prensa independiente. De acuerdo con la FLED y RSF, 11 departamentos, incluidas ambas regiones de la Costa Caribe, se catalogan como verdaderas “zonas de silencio”, lo que abarca el 65% del territorio nacional.

Esta situación impacta de forma directa a la ciudadanía, privándola del derecho a estar informada y debilitando la memoria histórica. Testimonios recabados por Las Exiliadas describen un clima de temor y la desaparición de espacios civiles fundamentales.

La periodista Maryórit Guevara destacó en el informe de Comunicas: “Nicaragua es hoy el único país de América Latina donde por la mañana no circula un periódico impreso. Tampoco se escuchan radios ni operan canales de televisión críticos”. La auto-censura y la salida de la profesión se han impuesto como estrategias de sobrevivencia.

El cierre de medios, el bloqueo de dominios digitales y el hostigamiento sistemático generan lo que FLED denomina desinformación institucionalizada. Muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias, lo que deriva en un subregistro de las violaciones perpetradas.

Mujeres periodistas: violencia específica y resistencia en el exilio

El enfoque de género es central en el informe presentado por Las Exiliadas. Las periodistas enfrentan formas específicas de agresión: violencia sexualizada, campañas de difamación, manipulación de la maternidad y vigilancia sobre sus círculos familiares.

Entre 2018 y marzo de 2025, la FLED documentó 730 violaciones a los derechos de mujeres periodistas, atribuyendo el 59,3% directamente al Estado. Además, ocho de cada diez mujeres atendidas en programas psicosociales reportaron haber sufrido ataques de connotación sexual.

El exilio resulta particularmente precario para las periodistas. Según la FLED, 106 mujeres periodistas conforman el 34,3% del total desplazado. Muchas han debido elegir entre abandonar la profesión o desempeñarse en empleos ajenos al periodismo. Una encuesta citada por Las Exiliadas revela que el 76% no logra cubrir sus gastos básicos desde el exilio y el 60% ha considerado dejar el oficio.

Testimonios como los de Carla Cáceres, Julia Ortíz y Melina Bonilla, recogidos por Las Exiliadas, resaltan el temor por la seguridad de sus familias y fuentes, la sobrecarga de tareas de cuidado, el racismo y las amenazas transnacionales en los países de acogida. La resistencia se canaliza en espacios solidarios, denuncias y en la reconstrucción colectiva de memoria.

El periodismo nicaragüense sobrevive desde el exilio

A pesar de la precariedad y el hostigamiento, el informe subraya la persistencia de 26 medios independientes operando fuera del país, principalmente en Costa Rica, España y Estados Unidos. Plataformas como La Lupa Feminista, Confidencial, Nicaragua Investiga, Divergentes, Artículo 66 y 100% Noticias, entre otras, continúan con su labor informativa gracias al uso de tecnologías y redes de colaboración, como indica el Fondo para el Periodismo en el Exilio (JX Fund).

Estas redacciones funcionan de forma segura y descentralizada; periodistas anónimos colaboran mediante sistemas cifrados y verificación cruzada. En 2025, el alcance digital de estos medios sumó 1,58 millones de visitas únicas y 5,7 millones de seguidores en Facebook, de acuerdo con JX Fund.

El periodismo en el exilio enfrenta dificultades económicas, fragmentación de audiencias y acceso a fuentes, pero constituye la principal garantía de información independiente y documentación de violaciones a derechos humanos sobre Nicaragua.

Como afirmó la periodista Winamba, de la Costa Caribe, “bajo dictadura, la vida en Nicaragua parece reducirse a tres opciones: la sumisión, la cárcel o el exilio”.

Ni la represión ni el desplazamiento han logrado silenciar por completo a quienes ejercen el oficio periodístico. El periodismo nicaragüense, aún fragmentado y desplazado, mantiene una red activa que sostiene la denuncia pública y la documentación de las violaciones reportadas por organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa y RSF, que colocan al país en la posición 172 de 180 en el ranking mundial de libertad de prensa.

La red compuesta por periodistas en el exilio revela la fuerza de una ética orientada a las víctimas y el derecho a la verdad, que sostiene la labor informativa bajo condiciones adversas y mantiene viva la expectativa de una Nicaragua libre y plural.

Tras el estallido social que sacudió a Nicaragua en 2018, la crisis de derechos humanos en el país centroamericano continúa sin visos de solución, según reportó la agencia EFE con base en una reciente declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfatizó que las violaciones sistemáticas, la represión estatal y la concentración de poder en torno al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen a la nación sumida en un contexto de impunidad y ausencia de garantías democráticas.

De acuerdo con la información recopilada por EFE, la CIDH emitió su pronunciamiento con motivo del octavo aniversario de las protestas que surgieron tras polémicas reformas a la seguridad social y que fueron respondidas con una “ola represiva” por parte del Estado. La CIDH condenó la persistencia de detenciones arbitrarias, persecución política y religiosa, y condiciones de encarcelamiento consideradas inhumanas y degradantes, hechos que, según la agencia EFE, siguen afectando a opositores, activistas y ciudadanos percibidos como críticos del régimen.

La CIDH alertó que la situación de derechos humanos en Nicaragua “continúa siendo una de las más graves de la región”, debido a la consolidación del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo. “La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo”, advirtió el organismo citado por EFE.

El informe de la agencia EFE detalla que, según la CIDH, persisten patrones de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, restricciones a las libertades fundamentales y violaciones bajo custodia estatal. La entidad también denunció que sigue recibiendo reportes sobre privaciones de libertad por motivos políticos, dirigidas contra cualquier persona percibida como opositora.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, citado en la cobertura de EFE, reveló que al menos 46 personas permanecen privadas arbitrariamente de libertad en condiciones contrarias a la dignidad humana. Además, la CIDH denunció a través de EFE que las excarcelaciones anunciadas por el Estado nicaragüense este año no han significado una restitución plena de la libertad, ya que las personas liberadas afrontan nuevas formas de control estatal, vigilancia policial y paraestatal, y restricciones de movilidad que afectan su vida familiar, laboral y su proyecto de vida.

La agencia EFE también destaca que la CIDH señaló las recurrentes violaciones al debido proceso y las garantías judiciales, así como la impunidad generalizada ante las violaciones cometidas desde el inicio de la crisis. Entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2018, la CIDH documentó 355 víctimas fatales, cifra que ilustra la magnitud del conflicto y la persistencia de la represión estatal.

Ante este panorama, la CIDH reiteró, según recoge EFE, un llamado urgente al Estado de Nicaragua para cesar todas las violaciones a los derechos humanos, liberar incondicionalmente a todas las personas encarceladas por motivos políticos y restablecer la democracia. El organismo también instó a los Estados de la región y a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad para promover el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua, subrayando que la vigilancia internacional es crucial ante la falta de mecanismos internos de rendición de cuentas.

La nota de EFE concluye que, a ocho años del inicio de la crisis, Nicaragua sigue siendo escenario de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. La CIDH, en su evaluación, insiste en la urgencia de acciones concretas para garantizar la libertad, la justicia y la vigencia plena del Estado de derecho en el país centroamericano.

El asesinato del opositor nicaragüense y mayor en retiro, Roberto Samcam Ruiz, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Moravia, San José, habría sido organizado desde el interior del sistema penitenciario costarricense, según un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

Según la investigación judicial, el plan fue coordinado desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en Alajuela, por un ciudadano nicaragüense que cumple condena por delitos comunes.

El dato aparece en una ampliación del expediente judicial fechada el 6 de marzo de 2026, que fue conocida públicamente porque la plataforma Confidencial tuvo acceso a ese documento. En ese informe se establece que los ejecutores “actuaron a cambio de dinero, coordinando la acción por posible encargo del privado de libertad Keny Hosman Navarrete Vallecillo”.

La reconstrucción policial describe un homicidio planificado, con vigilancia previa, logística definida, selección de ejecutores y coordinación constante entre actores dentro y fuera de prisión. La investigación, que aún no es conclusiva, se sostiene en análisis de comunicaciones, evidencia material, testimonios y seguimiento de movimientos.

El asesinato ocurrió en horas de la mañana del 19 de junio de 2025. De acuerdo con los reportes del sistema de emergencias 9-11, se recibieron llamadas que alertaban sobre disparos en un condominio en Moravia. Las autoridades lograron establecer que el ataque fue ejecutado poco antes de las 07:45 de la mañana.

Testigos indicaron que un hombre ingresó al inmueble y, poco después, se escucharon entre siete y diez detonaciones. El informe recoge que el atacante llegó hasta la segunda planta de la vivienda y disparó a quemarropa.

La descripción del sospechoso señala a un hombre de aproximadamente 1.70 metros de altura, lo que coincide con el perfil del presunto autor material identificado posteriormente como Luis Fernando Carvajal Fernández.

El día anterior, 18 de junio de 2025, Samcam sostuvo una reunión en Casa España, en San José. Las cámaras de seguridad registraron su llegada a las 11:30 de la mañana, así como el ingreso posterior de personas cercanas a él, entre ellas Oscar René Vargas y Rafael Solís. Minutos después también ingresaron dos sujetos que llamaron la atención de los investigadores por no coincidir con el perfil de los asistentes habituales.

Ese mismo día, según información confidencial incorporada al expediente, los presuntos ejecutores se reunieron en una gasolinera en León XIII, Tibás, en San José, donde “coordinaron el asesinato del ofendido y llevaron a la reunión los vehículos y el arma que utilizaron, para revisar que todo funcionara y afinar detalles de la planificación”.

El día del crimen, los sospechosos se movilizaron en al menos dos vehículos y una motocicleta. Un informante indicó que uno de los autos, un Renault Duster blanco con placas BKK-190, estuvo rondando la zona antes del ataque. Ese dato fue incorporado a la investigación a través de una llamada anónima a la línea confidencial del OIJ.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parcialmente la ruta de ingreso y huida. Aunque no captaron el momento exacto del ataque, sí documentaron desplazamientos en sectores de Tibás, Moravia y Coronado. El análisis de video fue clave para identificar patrones y posibles coincidencias entre los sospechosos.

El OIJ determinó que el crimen fue ejecutado por un grupo de al menos cuatro personas: Danilo José Chaves Medina, Bryan Steven Robles Salas, Luis Ricardo Orozco González y Luis Fernando Carvajal Fernández, este último señalado como el gatillero. Todos ellos fueron vinculados a actividades criminales previas, principalmente robos y asaltos por encargo.

Según el informe, estos individuos “participan continuamente en actividades criminales, formando parte de una agrupación dedicada al robo de establecimientos comerciales, vehículos, asalto a viviendas y hechos violentos… en la gran mayoría de los casos por encargo”.

El análisis de dispositivos incautados reveló contactos frecuentes entre los sospechosos y números asociados al centro penal La Reforma. Uno de los teléfonos registró al menos 102 comunicaciones con la cárcel entre abril y julio de 2025.

Roberto Samcam Ruiz fue mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y se exilió en Costa Rica en julio de 2018, tras la represión desatada en su país. Desde entonces, se convirtió en un analista activo, crítico del régimen y colaborador en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos.

Su trabajo incluyó denuncias públicas, elaboración de informes y vínculos con organismos internacionales. Según el expediente judicial, participó en investigaciones que señalaban a estructuras militares y de inteligencia nicaragüenses, así como en propuestas relacionadas con un eventual gobierno transitorio en el exilio.

El documento también recoge que Samcam aportó información clave a un informe de expertos de Naciones Unidas, en el que se documentaron graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Testigos citados en el expediente afirman que ese trabajo decidió la suerte del opositor.

Uno de ellos declaró que la difusión de ese material fue “la gota que rebasó el vaso”, al sumarse a otros documentos críticos elaborados por el exmilitar. Otro testigo sostuvo que la información proporcionada por Samcam permitió identificar a personas vinculadas con cientos de asesinatos en el contexto de la represión iniciada en 2018.

El nombre de Keny Navarrete no apareció de forma casual. Fue el propio Samcam quien lo mencionó en conversaciones con un funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica, identificado como “Wilber”. En enero de 2024, el exmilitar escribió: “El muchacho amigo me dio el nombre del tipo que maneja los hilos desde la cárcel de Alajuela, es de Diriamba de nombre Keny Navarrete”.

El OIJ corroboró la existencia de esa comunicación tras analizar el celular y la computadora de la víctima. También confirmó que el número del agente estaba registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia.

Esta semana se conoció que la Fiscalía costarricense abrió una investigación por presunta omisión de información relevante por parte de DIS en el caso Roberto Samcam.

Según el expediente, Samcam describió un esquema operativo. Señaló que los objetivos eran definidos por estructuras locales en Nicaragua, luego autorizados por instancias de inteligencia y posteriormente ejecutados mediante redes de sicarios. En ese engranaje, Navarrete aparecía como un intermediario logístico.

El documento indica que desde prisión “controla una red de sicarios en diferentes provincias quienes se encargan de atentar contra opositores”.

Keny Hosman Navarrete Vallecillo tiene 38 años y es originario de Diriamba, Carazo, la misma región de donde procede Samcam. Está preso desde 2016 por robo agravado, privación de libertad y receptación. Cumple condena en el pabellón C-4 de La Reforma.

Durante un allanamiento en su celda, los investigadores encontraron un cuaderno con anotaciones de cuentas bancarias que incluían montos como “16 700 dólares y 4100 millones” en colones. Para el OIJ, ese hallazgo sugiere “distribución de dineros de algún hecho irregular”.

El perfil económico detectado en prisión no coincide con el que declaró. Según las autoridades, eso refuerza la hipótesis de que manejaba recursos provenientes de actividades ilícitas.

Además, el expediente señala que Navarrete coincidió en 2024 en el sistema penitenciario con uno de los sospechosos del crimen, lo que abre la posibilidad de que establecieran contacto directo.

Navarrete declaró residir en Guadalupe de Goicoechea, una zona cercana a Moravia, donde vivía Samcam, y también próxima a León XIII, de donde provienen varios de los ejecutores.

La investigación también documenta posibles vínculos con una estructura conocida como “Los Colochos”, un grupo originario de Diriamba, asociado en el expediente con acciones violentas durante 2018. Según fuentes citadas, esta agrupación formaría parte de una red paraestatal vinculada al Frente Sandinista.

El documento indica que integrantes de ese grupo aparecen en registros de visitas a Navarrete en prisión.

El expediente también incorpora líneas de investigación sobre posibles motivaciones políticas. Incluye testimonios de testigos protegidos que apuntan a una estructura más amplia, con conexiones fuera de Costa Rica.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el OIJ investiga “múltiples pistas de orden político”, aunque el informe no es concluyente. La responsabilidad de establecer el alcance de esos móviles recaerá en la Fiscalía.

El caso también incluye la existencia de una lista de al menos diez personas que habrían sido seleccionadas como objetivos. Samcam figuraba entre ellas.

Las autoridades han detenido a cuatro sospechosos y mantienen la búsqueda de un quinto implicado. Todos permanecen en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El expediente califica el crimen como “profesional y por encargo”. Esa definición se sostiene en la planificación previa, la coordinación logística, el uso de recursos y la existencia de pagos a los ejecutores.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua manifestaron este viernes su respaldo al papa León XIV tras los cuestionamientos lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al pontífice de mostrarse “débil con el crimen” en el contexto de la guerra en Irán.

Según reportó la agencia EFE, el mensaje del episcopado fue divulgado por la Arquidiócesis de Managua y firmado por cinco de los diez obispos que integran la Conferencia Episcopal, entre ellos el cardenal Leopoldo Brenes.

En el comunicado, los obispos expresaron su “filial cercanía y oraciones” por León XIV, a quien reconocieron como “sucesor de San Pedro y vicario de Cristo” y destacaron su labor en “el anuncio del Evangelio de la paz”.

El documento, difundido en medio de una escalada de tensiones internacionales, subraya que el pontífice “hace un llamado constante al perdón y a la reconciliación”, según recoge EFE. Esta posición fue respaldada por la reiteración de plegarias “para que, bajo la guía del Espíritu Santo, la humanidad pueda superar los horrores de la guerra”.

La declaración surge después de que Donald Trump acusara públicamente al papa, a raíz de la postura de la Santa Sede respecto al conflicto en Irán y tras la difusión, por parte del mandatario estadounidense, de una imagen generada por inteligencia artificial en la que se retrató como el propio Jesucristo. Según EFE, Trump retiró la imagen tras recibir críticas generalizadas.

El mandatario estadounidense defendió su derecho a discrepar con León XIV, al que responsabilizó de favorecer una política permisiva hacia el posible desarrollo nuclear de Irán. Las diferencias se hicieron evidentes los últimos días, cuando ambos líderes intercambiaron declaraciones públicas sobre la guerra y la seguridad internacional. “La firme postura de Robert Prevost en favor de la paz ha motivado que Trump le acusara de ser ‘débil contra el crimen’ y ‘terrible en política exterior’”, detalla EFE.

Durante una visita a Camerún, el papa León XIV volvió a criticar a quienes “usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos”. En palabras recogidas por la agencia, el pontífice advirtió que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, subrayando así su rechazo a la instrumentalización de la fe en contextos de conflicto.

A raíz de la crisis, solo cinco obispos permanecen en Nicaragua, ya que el resto ha sido expulsado o forzado al exilio por las autoridades sandinistas, según difundió la Arquidiócesis de Managua.

EFE informó que la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano se intensificó desde el domingo anterior, con un intercambio de declaraciones y posturas sobre el papel de la iglesia y la diplomacia en escenarios de guerra. Las autoridades eclesiásticas nicaragüenses reiteraron su compromiso de oración y apoyo al papa, mientras la comunidad internacional sigue atenta a los próximos movimientos de ambos líderes.

El episcopado de nicaragua se une a las conferencias episcopales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica; también emitieron manifestaciones públicas de respaldo al Papa León XIV, consolidando una postura común frente a la reciente tensión generada por declaraciones del presidente de Estados Unidos.

Este apoyo evidencia el interés de los líderes católicos de la región por reafirmar la autoridad moral del pontífice y su papel en la defensa de valores humanitarios, destacando al mismo tiempo la distancia entre las posiciones de la Iglesia latinoamericana y la política exterior estadounidense.

Las recientes sanciones de Estados Unidos han colocado en el centro de la atención internacional a dos de los hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De acuerdo a una nota de la agencia EFE, Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo han sido señalados por el Departamento del Tesoro como piezas clave en la estructura de poder de sus padres, acusados de facilitar la permanencia del régimen y de participar en la incautación forzosa de propiedades relacionadas con la minería del oro en Nicaragua.

Los nombres de Daniel Edmundo, de cuarenta y seis años, y Maurice Facundo, de cuarenta, figuran en la lista de sancionados junto a otros cinco individuos y siete empresas mineras, además del viceministro de Energía y Minas.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), citada por EFE, todos estos actores contribuyen a “generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”, además de estar “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua”.

Las sanciones forman parte de una estrategia del gobierno estadounidense para presionar al círculo íntimo de Ortega y Murillo. Los hijos de la pareja presidencial han sido señalados como operadores fundamentales para el funcionamiento y la consolidación del régimen en áreas estratégicas como la comunicación y el deporte.

Daniel Edmundo Ortega Murillo: el comunicador del régimen

Daniel Edmundo Ortega Murillo es el hijo mayor de la pareja presidencial y ocupa el cargo de coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, una posición que heredó de su madre cuando fue designada vicepresidenta en 2017 y posteriormente copresidenta tras una reforma constitucional en 2025.

Desde ese cargo, Daniel Edmundo controla los principales medios estatales y sandinistas, así como la línea oficial del gobierno. Entre los canales bajo su coordinación se encuentran Canal 6, y los canales privados 2, 4, 8, 13 y 22, gestionados por otros miembros o allegados de la familia Ortega Murillo.

Antes de asumir estas funciones, dirigió Canal 4. Su formación académica es en Sociología por la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita cerrada y expropiada por el Estado.

En el ámbito personal, está casado con Mara Vanessa Stotti, quien fue nombrada codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo en 2024, en una muestra del poder familiar en el aparato estatal.

Daniel Edmundo ha defendido leyes como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, y ha calificado a los periodistas críticos como “mercenarios” y “traidores a la patria”, según se ha documentado en declaraciones públicas.

Maurice Facundo Ortega Murillo: el delegado de los deportes

El segundo hijo sancionado, Maurice Facundo Ortega Murillo, ha sido delegado por sus padres como responsable de la política deportiva del país.

En los últimos meses, recibió en Managua al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y fue anfitrión del entrenador Dusty Baker, quien dirigió a la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Maurice Facundo está casado con Blanca Javiera Díaz Flores, hija del comisionado Francisco Díaz Madriz, codirector de la Policía Nacional y también sancionado por Estados Unidos.

Además, su cuñada, Nahima Janett Díaz Flores, dirige el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), otra funcionaria bajo sanciones de Washington.

Su nombre, como relató el propio Daniel Ortega, rinde homenaje a Maurice Bishop, líder granadino asesinado en 1983. Estudió Comunicación Social en la UCA y Cine y Televisión en la Universidad Veritas, de Costa Rica, junto a su hermano Laureano Facundo. Dirige Canal 13 junto a su hermana Camila Ortega Murillo.

Durante años, Maurice Facundo mantuvo un perfil discreto, pero su papel ha adquirido mayor visibilidad al asumir responsabilidades directas en el ámbito deportivo nacional.

Las medidas tomadas por el Departamento del Tesoro subrayan el papel de los hijos de Ortega y Murillo en la gestión y consolidación del poder familiar, extendiendo la red de control a sectores clave de la vida pública y económica nicaragüense.

Esta estrategia ha sido interpretada como un intento de Washington de limitar la capacidad del régimen para sostenerse financieramente y aislarlo internacionalmente.

La deuda externa de Nicaragua alcanzó un nuevo máximo en 2025, con un saldo de USD 16.245 millones, impulsada por un crecimiento del 2.7 % anual que mantiene la tendencia al alza en el endeudamiento del país. Este incremento, revelado en el informe anual del Banco Central de Nicaragua (BCN) según cita la revista Estrategia y Negocios, tiene como motor principal el aumento de la deuda privada y fortalece la exposición externa de la economía nicaragüense, con mayor impacto en sectores estratégicos y un cambio en la dinámica de los pagos.

El año cerró con el sector privado como protagonista en el flujo financiero internacional: recibió el 85.7 % de los USD 3,937 millones en desembolsos de financiamiento externo, cifra que equivale a USD 3,373 millones, de acuerdo con los datos oficiales referidos por la misma revista. El sector público obtuvo USD 564,1 millones, concentrados en proyectos de infraestructura y programas de inversión pública. Entre las actividades que mayores recursos captaron destacan electricidad, gas y agua, con el 28.3 % de los fondos, seguidas de comercio (23.2 %), intermediación financiera (18.6 %) e industria manufacturera (14.1 %).

La composición de los acreedores internacionales muestra que el 42.3 % de la deuda nicaragüense corresponde a organismos multilaterales, el 30.5 % a acreedores bilaterales, el 24.1 % a proveedores y otros privados, y solamente el 3.1 % a banca comercial internacional, precisa el informe del BCN citado por Estrategia y Negocios. El sector público concentra el 54.4 % del stock total, unos USD 8,837 millones, mientras que el 45.6 %, es decir, USD 7,408 millones, corresponde al sector privado.

El 3.4 % de crecimiento anual en la deuda privada responde en buena medida a la actividad de intermediación financiera, que representa más de la mitad del saldo con USD 3,722 millones. El sector no financiero mantiene una deuda de USD 3,686 millones.

En términos de servicio de la deuda, Nicaragua asignó USD 3,997 millones al pago de obligaciones externas durante 2025. De esa suma, USD 3,586 millones fueron destinados a la amortización de capital y USD 410 millones a intereses y comisiones, según el documento del BCN. Un dato clave es que los pagos totales disminuyeron 23.5 % frente a 2024, lo que obedece principalmente a una reducción de desembolsos desde el sector privado, matiza la revista Estrategia y Negocios.

La distribución sectorial y la dinámica de los pagos reflejan que, pese al crecimiento del endeudamiento, el perfil de la deuda nicaragüense se apoya cada vez más en financiación orientada al sector privado y actividades económicas estratégicas. De manera específica, el sector público presentó un aumento más moderado que el privado, con una variación anual del 2.1 % y un saldo de USD 8,836 millones a diciembre de 2025. La mayor parte de este monto recae en el Gobierno General, que acumula USD 6,962 millones, seguido de las obligaciones del propio Banco Central.

En suma, los datos proporcionados por el Banco Central de Nicaragua y referidos por la revista especializada en negocios confirman que el endeudamiento externo del país supera ya los USD 16,200 millones, con un crecimiento alineado a la captación de fondos privados –especialmente para actividades económicas estratégicas– y una carga de pagos que, aunque considerable, se redujo respecto al año anterior.

Los nicaragüenses residentes en Panamá enfrentan dificultades para regularizar su situación, debido a las restricciones internacionales impuestas por el gobierno de Daniel y Rosario Ortega, por lo que el presidente José Raúl Mulino dijo que estaría dispuesto a “valorar” lo que corresponde para poder ayudarlos.

No obstante, el mandatario aclaró que el Servicio Nacional de Migración debe cumplir con la ley, aunque reconoció que no estaba al tanto de cuán grande puede ser la crisis por la que atraviesan los nicaragüenses en suelo panameño.

Hasta el momento, una gran cantidad de nicas no ha podido recopilar sus documentos para renovar sus pasaportes, presentar solicitudes de récord policivo, permisos de trabajo, e incluso para obtener su residencia en Panamá, donde al 2025 residían unos 28,112 ciudadanos de esa nación centroamericana.

No se puedo obtener una versión de parte de la embajada nicaragüense en Panamá, pues los números telefónicos que aparecen en su página web no están disponibles.

En Panamá residen un aproximado de 243,314 extranjeros, que incluye a colombianos y venezolanos, según las cifras oficiales.

Preguntado durante su conferencia semanal si en algún momento pudiera darle asilo a Daniel y Rosario Ortega, el presidente panameño señaló que “no puedo especular sobre algo que noha llegado a mi mesa”.

Cuando en febrero de 2024 el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2024) se asiló por casi un año en la embajada de Nicaragua en Panamá, a los nacionales de ese país no se les permitía llegar a la sede diplomática.

En esa ocasión, Martinelli pidió protección al régimen dictatorial de Daniel y Rosario Ortega, pero el gobierno panameño de ese momento le negó el salvoconducto. En mayo de 2025, su delfín, José Raúl Mulino, le concedió un salvoconducto para viajar a Colombia, donde desde entonces se encuentra en calidad de asilado.

Los problemas de los nicaragüenses se agudizaron cuando en enero de este año el gobierno de su país impulsó una reforma constitucional que eliminó la doble nacionalidad, afectando a miles de pinoleros que residen fuera de su país.

El viernes 16 de enero de 2026 La Gaceta nicaragüense publicó una modificación al texto constitucional, que redefine el régimen jurídico de la nacionalidad contenida en la reforma parcial a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de la República.

El artículo 23 reformado redefine quiénes son nicaragüenses y bajo qué condiciones se conserva esa calidad, mientras que el nuevo texto constitucional establece de forma expresa que la nacionalidad nicaragüense se pierde al adquirir otra nacionalidad distinta.

Dispone que las personas extranjeras que soliciten la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar previamente a su nacionalidad de origen, como condición para adquirir la nueva.

La norma, ratificada por la mayoría sandinista, exceptúa de esta medida a los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, quienes pueden optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la propia, reseñó Infobae.

El artículo 25 reafirma el principio establecido en el artículo anterior, y su nueva redacción confirma que la nacionalidad nicaragüense se pierde al momento de adquirir otra nacionalidad, armonizando el texto constitucional y cerrando cualquier contradicción interna, según medios adeptos a la dictadura.

Con esta modificación, agregaron, ambos artículos operan como un solo bloque normativo coherente dentro de la Constitución.

En la sesión plenaria de la Asamblea Nacional nicaragüense, celebrada el 14 de enero de 2026, se dijo textualmente que “la nacionalidad no es un trámite administrativo, es un pacto sagrado de lealtad entre el ciudadano y la Patria”.

El líder opositor nicaragüense, Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y ex preso político, anunció que solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) que declare ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta solicitud se hará de manera formal, en busca de que la comunidad internacional reconozca la pérdida de legitimidad del actual gobierno nicaragüense, acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de mantener una represión sistemática contra la oposición y la Iglesia católica.

La petición fue presentada por Maradiaga durante el panel “Freedom and Democratic Renewal in Latin America”, organizado el 13 de abril en Washington D.C. por la Fundación National Endowment for Democracy (NED), según consigna ACI PRENSA. En el evento, el líder opositor afirmó que la resolución de ilegitimidad “no es solo una medida simbólica sino parte de una respuesta hemisférica coherente”. Maradiaga resaltó la urgencia de que la OEA impulse acciones claras para enfrentar la crisis política y social que vive Nicaragua desde 2018.

Maradiaga describió la situación actual en Nicaragua como un “patrón de represión total”, en el que domina un clima de miedo sostenido por desapariciones, vigilancia, detenciones arbitrarias y una lógica de “puerta giratoria” respecto a los presos políticos. Según datos de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, entre abril de 2018 y abril de 2026 el régimen de Ortega y Murillo ha mantenido un ciclo continuo de encarcelamientos, superando los 1,490 casos de personas reconocidas como presas políticas. Algunas personas son excarceladas o desterradas, mientras otras continúan siendo detenidas, procesadas o desaparecidas dentro del país.

El líder opositor advirtió que, de mantenerse el régimen sandinista en el poder, afectará a los vecinos de la región. “Si el régimen sandinista se mantiene en pie, utilizará todos los medios a su alcance para desestabilizar a sus vecinos y proyectar su modelo de control político en otros países de la región”, alertó Maradiaga.

Persecución contra la Iglesia y líderes religiosos

Uno de los aspectos más graves señalados por Maradiaga es la persecución sistemática contra la Iglesia católica. El opositor afirmó que la Iglesia es “un blanco estratégico de la dictadura”, ya que representa una de las pocas reservas morales e institucionales capaces de ofrecer sentido, cohesión y esperanza a una sociedad sometida al miedo. Desde 2018, el gobierno de Ortega y Murillo ha expulsado a más de 300 religiosos católicos, confiscado propiedades eclesiásticas, prohibido procesiones públicas y expresiones de fe, y restringido la ordenación de sacerdotes en cuatro diócesis del país.

“El régimen persigue a la Iglesia precisamente porque reconoce en ella una autoridad moral que no controla y una capacidad de convocatoria que no puede absorber”, denunció Maradiaga. La represión contra líderes religiosos ha sido condenada por organismos internacionales y ha generado preocupación por la libertad religiosa y de expresión en Nicaragua.

Contexto internacional y llamado a la acción

La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, que han documentado ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y represión violenta de protestas. La ONU ha alertado sobre el deterioro de las libertades fundamentales y la ausencia de garantías para un proceso democrático legítimo.

En el evento en Washington, según ACI PRENSA, también participó el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien subrayó la importancia de una transición democrática en Nicaragua y advirtió sobre los riesgos de que se consolide un modelo autoritario que pueda replicarse en otros países de la región.

A ocho años de las protestas de 2018, Maradiaga recordó que la persecución contra la oposición y la Iglesia se ha intensificado. Destacó que, lejos de resignarse, los exiliados y opositores continúan denunciando, documentando y construyendo redes de apoyo y presión internacional. El llamado a la OEA busca fortalecer la respuesta de la comunidad internacional y sentar un precedente ante la impunidad del régimen de Ortega y Murillo.

La decisión que tome la OEA en respuesta a esta solicitud será clave para el futuro político de Nicaragua y podría marcar un punto de inflexión en la presión internacional contra uno de los regímenes más autoritarios de la región.

Washington asestó este 16 de abril uno de los golpes más amplios contra la estructura económica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua al sancionar a cinco individuos y siete empresas vinculadas al sector del oro, una industria que Estados Unidos identifica como clave para sostener financieramente a la dictadura.

La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, incluye un elemento políticamente sensible: la designación de dos hijos de la pareja gobernante, señalados por Washington como parte del engranaje estatal que mantiene el control político y económico del país.

“El régimen de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas auríferas y de sus co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y usándolas para generar fondos con los que mantener su poder político”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá apuntando contra las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen Murillo-Ortega”, agregó.

La sanción coloca en el centro del debate el papel del oro nicaragüense como sostén económico del régimen. Según el Tesoro, desde al menos 2020 el gobierno ha reorganizado ese sector en una “compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político”.

En ese esquema, Washington señala directamente a figuras ya sancionadas, como Laureano Ortega Murillo —quien ya había sido sancionado en 2019— y al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, como operadores clave de un sistema que canaliza ingresos hacia el núcleo del poder.

El nuevo paquete de sanciones amplía ese cerco al incluir a otros dos hijos del mandatario. Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado presidencial para deportes, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, jefe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, fueron designados por “ser funcionarios del Gobierno de Nicaragua o haber servido como tales en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”.

“La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja”, señala la nota oficial, que describe una dinámica de nepotismo en la que los hijos del matrimonio ocupan posiciones estratégicas.

Pero el núcleo de la ofensiva está en el oro.

La empresa estatal Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), ya sancionada desde 2022, aparece como eje de ese sistema. Según Washington, esta entidad controla qué compañías operan en el sector y canaliza las ganancias hacia actores privados aliados y operadores del régimen mediante pagos ilícitos.

El informe sostiene que “altos miembros de la dictadura se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro”, en un contexto en el que ese mineral se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas del país.

Entre las empresas ahora sancionadas figura Exportadora de Metales S.A. (EMSA), descrita como una compañía que compra oro en distintas regiones del país, lo procesa en Managua y lo vende en el mercado internacional, incluyendo Estados Unidos.

Según el Tesoro, las ganancias obtenidas “fueron transferidas electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua” y “posiblemente se utilizaron para equipar, entrenar y pagar los salarios de grupos paramilitares subordinados al gobierno nicaragüense”.

Otra de las piezas clave es Grupo Minero Xiloá S.A., señalada por operar como intermediaria en la compra de oro artesanal en efectivo, procesarlo y exportarlo mediante una red de empresas. Ese circuito, afirma Washington, permite “utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para legitimar fondos ilícitos”, que luego son reinvertidos en el sostenimiento del aparato político.

La lista incluye además a Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Brother Metal S.A., todas beneficiadas —según el Tesoro— con amplias concesiones mineras otorgadas por el régimen, pese a cuestionamientos sobre su trayectoria o capacidad técnica.

En paralelo, la acción apunta a empresas e individuos involucrados en la confiscación de activos de inversionistas estadounidenses, una práctica que Washington identifica como parte del mismo esquema.

El caso más emblemático es el de BHMB Mining Nicaragua S.A., cuya planta fue ocupada en 2025 por actores vinculados al régimen. “Los individuos irrumpieron en las instalaciones, expulsaron al personal de seguridad y asumieron el control físico de la propiedad”, detalla la nota. La empresa, añade, “no ha recibido compensación alguna”.

Entre los señalados por ese episodio figuran Zhong Fu Development S.A. y Santa Rita Mining Company S.A., así como el empresario Feiwu Bian y el representante legal Aníbal Vladimir Matus Buitrago, acusados de participar directamente en la toma.

La red se extiende a operadores administrativos y legales. El viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, fue sancionado como funcionario del gobierno, mientras que Nelson Francisco Sobalvarro y el abogado Lester Matus Tamariz fueron señalados por facilitar transferencias de concesiones y trámites notariales vinculados al sector.

El Departamento del Tesoro también describe una reconfiguración empresarial para evadir sanciones. Según la investigación, concesiones mineras fueron transferidas entre compañías antes y después de designaciones previas, en un intento de mantener operativas las actividades extractivas.

Las implicaciones de la medida son amplias. Todos los bienes e intereses de los sancionados en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y entidades de ese país realizar transacciones con ellos. Además, cualquier empresa en la que estas personas posean, directa o indirectamente, el 50% o más, también queda sujeta a las restricciones.

El Tesoro advierte que incluso actores extranjeros pueden verse afectados. Instituciones financieras que “faciliten una transacción significativa” con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias, incluyendo restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense.

La medida refuerza una estrategia sostenida de presión sobre Managua que se intensificó tras la represión de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Washington recuerda que, en los días posteriores a esas manifestaciones, “la dictadura fue responsable de la muerte violenta de casi 30 civiles nicaragüenses”, en el inicio de una crisis que se ha prolongado durante años.

A casi ocho años de ese punto de quiebre, el gobierno estadounidense sostiene que el régimen ha respondido con “persistente intransigencia y nuevos esfuerzos por suprimir los derechos de su población”.

El propio Tesoro lo deja claro al subrayar que el objetivo final de las sanciones “no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento”. Pero en la práctica, el mensaje es directo: el sector aurífero, convertido en una de las principales cajas del régimen, está ahora en la mira.

“Mensaje de abril a la dictadura: Dept del Tesoro sanciona a Maurice y Daniel Edmundo Ortega, al vice Ministro de Minas y a dos testaferros. Igualmente al entramado de 7 empresas mineras beneficiadas por las confiscaciones recientes, estos casos han sido destapados recientemente”, reaccionó en X el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.

El río Gállego, que atraviesa con su murmullo constante la geografía zaragozana, guardaba un secreto que la ciudad llevaba 150 días intentando descifrar. El pasado mes de abril de 2026, lo que comenzó como el aviso rutinario de un viandante en la ribera de Movera, terminó por confirmar el presagio más temido.

La confirmación policial no dejó espacio a la duda: el cuerpo hallado era el de Ares Miguel Tiziano, el joven nicaragüense de 20 años cuya ausencia había dejado un vacío insoportable desde el 20 de noviembre de 2025.

Ares salió de su casa, como cualquier otro día, con el instituto como destino. Sin embargo, algo se quebró en la rutina. La última señal de vida que dejó el joven no fue una palabra o un abrazo, sino el pulso electrónico de su teléfono móvil en una parada de autobús frente al barrio de Tenerías. A partir de ese punto, el mapa de su vida se quedó en blanco.

La desaparición fue catalogada desde el primer minuto como “inquietante”. Ares no solo era un joven vulnerable por su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), sino que también atravesaba un profundo cuadro de depresión. Esta combinación de factores puso en alerta a todas las instituciones, desatando un despliegue humano y técnico pocas veces visto en la región.

150 días de una búsqueda incansable

Durante cinco meses, Zaragoza fue escenario de una movilización constante. La Policía Nacional, la Guardia Civil, los Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) peinaron riberas, descampados y barrios. Pero mientras los uniformes buscaban indicios técnicos, en el corazón de la comunidad nicaragüense se libraba otra batalla: la de la esperanza contra el tiempo.

Xiomara Valdivia, la madre de Ares, se convirtió durante este tiempo en el rostro de la resistencia. Con la responsabilidad de cuidar a sus otras dos hijas pequeñas, que cada noche preguntaban por su hermano mayor, Xiomara recorrió calles y medios de comunicación. Su temple fue el de una “madre coraje” que, a pesar de la angustia que devora por dentro, mantuvo la compostura ante las autoridades, esperando una noticia que tardó 150 días en llegar.

La tarde del pasado martes 14 de abril de 2026, el río Gállego decidió devolver lo que se había llevado. El cuerpo de Ares fue localizado sin vida en la ribera, a su paso por el barrio de Movera, en Zaragoza.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, un primer examen forense determinó que no presentaba signos aparentes de violencia; un dato que, aunque preliminar, sugiere que su desenlace pudo no estar marcado por la intervención de terceros.

Por lo que, será la autopsia la encargada de poner nombre y apellido a la causa exacta del fallecimiento, cerrando así el expediente técnico de una desaparición que mantuvo en vilo a toda España durante cinco meses.

Para la familia, el dolor se mezcla con una extraña sensación de cierre. “Llegamos tarde, pero lo encontramos”, pronunció Xiomara con una resignación que rompe el alma. La mujer que nunca perdió la fe de encontrarlo con vida hoy se enfrenta a la realidad más cruda: la espera de los resultados de ADN para poder, finalmente, despedir a su hijo en un ataúd.

Un duelo que trasciende fronteras

La noticia ha golpeado con fuerza no solo a Zaragoza, sino a toda la comunidad migrante. En sus redes sociales, Xiomara dejó un mensaje que resume meses de tortura emocional: “Tantos días de búsqueda, angustia, desesperación y con FE DE ENCONTRARTE VIVO. Te amaré por toda la eternidad”.

Ares Miguel Tiziano ya no es un nombre en un cartel de “Desaparecido”. Ahora es un recuerdo que clama por una mayor sensibilidad hacia la salud mental y el acompañamiento de personas con TEA. Zaragoza hoy llora a un hijo que buscó su camino hacia el río, dejando tras de sí una lección de amor incondicional por parte de una madre que, hasta el último suspiro, creyó que el final sería distinto.

El Banco Central de Nicaragua consolidó su previsión de crecimiento económico para el año 2026 en un rango del 3.5% y 4.5%, estimación que mantiene pese a las persistentes incertidumbres internacionales derivadas de tensiones geopolíticas y cambios en el comercio global originados fundamentalmente por la guerra en Irán.

Este escenario favorable, reportado en las Perspectivas Macroeconómicas 2026 y citado por la agencia de información internacional EFE, se apoya en el desempeño sólido de las principales variables económicas y en la resiliencia demostrada ante los riesgos globales.

La entidad mantiene su pronóstico al observar indicadores económicos favorables, en particular un crecimiento continuado y una inflación proyectada entre 2.5% y 3.5% para 2026, acompañada de una tasa de desempleo promedio situada entre 3% y 3.5%.

El informe destaca la expansión económica de Nicaragua, impulsada por datos positivos registrados en el primer trimestre y sustentada aun ante adversidades externas como conflictos internacionales y alteraciones en las cadenas globales de suministro.

Proyecciones al alza y nuevos riesgos identificados

Un elemento distintivo en la revisión actual fue el ajuste al saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuya proyección se fortaleció debido a un comportamiento mejor al esperado.

El Banco Central de Nicaragua anticipa un superávit de la cuenta corriente entre 5% y 6% del producto interno bruto (PIB), una mejora asociada al dinamismo de las exportaciones y la resistencia a los impactos externos como la volatilidad geopolítica y posibles políticas arancelarias.

Esta expectativa positiva, no exenta de riesgos, incorpora la posibilidad de que la evolución de variables como el clima y los conflictos internacionales afecte el resultado previsto.

El organismo regulador sostuvo, en el mismo documento difundido por EFE, que el país dispone de un conjunto de instrumentos monetarios y financieros orientados a mitigar posibles riesgos, subrayando que la economía “ha dado muestras de fortalezas”, aunque reconoce que la persistencia de crisis geopolíticas y eventos climáticos constituyen amenazas latentes para el cumplimiento del escenario proyectado.

Panorama internacional y validación de organismos multilaterales

El Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral, ya había subrayado en noviembre la “resiliencia” observada en la economía de Nicaragua, en un entorno de incertidumbre comercial internacional y pese a los aranceles estadounidenses del 18% sobre ciertos productos nicaragüenses. Según el organismo internacional, el crecimiento del PIB nicaragüense será de 3.4% en 2026, cifra que coincide con la franja de previsión local y refuerza la percepción de estabilidad macroeconómica.

En el balance anual, el PIB nicaragüense creció 4.9% en 2025, comparado con 3.6% en 2024, alcanzando un quinto año consecutivo de expansión económica, tras haber registrado tres años previos con resultados negativos. Estos datos, refrendados por el Banco Central de Nicaragua, ilustran un ciclo de recuperación sostenido que posiciona al país en un escenario de relativa fortaleza en el contexto regional.

Esta expansión llevó el valor de la economía nacional a 814,420.7 millones de córdobas, cifra equivalente a USD 22,237.2 millones.

El organismo atribuyó el resultado al buen desempeño de sectores como construcción, comercio y turismo, aunque advirtió sobre la persistencia de desequilibrios en el sector externo.

El régimen de Nicaragua admitió por primera vez la existencia de una crisis profunda en el sector de zonas francas, tras la pérdida de casi 40,000 empleos en los últimos tres años. Así lo consignó el diario La Prensa, que recogió tanto declaraciones oficiales como el testimonio de empresarios y fuentes del sector, quienes advierten que la situación podría mantenerse a pesar de las recientes reformas legales y fiscales implementadas por el Gobierno.

Fernando Sánchez, director ejecutivo interino de la Corporación de Zona Franca (CZF), reconoció que entre 15,000 y 16,000 empleos se perdieron directamente en las empresas, aunque aclaró que ninguna cerró completamente, sino que redujeron su tamaño y su plantilla.

“Sí compactaron, redujeron trabajo, redujeron empleo, pero eso es con la visión de poder recuperar cuando la situación lo permitiera”, agregó Sánchez.

El detonante de la crisis fue el impacto de los aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, junto a la caída abrupta de pedidos de grandes marcas internacionales que maquilan prendas de vestir en Nicaragua. A esto se suman la reubicación de operaciones hacia países vecinos y la reducción de la capacidad productiva en muchas empresas, especialmente en el sector textil, que representa entre el 50% y 60% de la actividad de las zonas francas en el país.

Según datos del Banco Central de Nicaragua citados por La Prensa, en enero de 2026 operaban en el país 167 empresas bajo el régimen de zona franca, que empleaban a 100,566 personas. Estas cifras distan significativamente de las 187 empresas y 138,027 trabajadores registrados en 2022, reflejando una contracción severa del sector y la salida de compañías hacia El Salvador, Guatemala y Honduras.

El régimen, encabezado por Daniel Ortega, ha intentado paliar la crisis mediante la aprobación exprés de un paquete de reformas legales para estimular las inversiones y la sostenibilidad de las zonas francas. Estas reformas, aprobadas en la Asamblea Nacional sin consulta amplia, incluyen exenciones fiscales a las empresas durante 15 años, renovables, y buscan dinamizar las exportaciones y fortalecer la producción nacional. No obstante, fuentes del sector citadas por La Prensa consideran insuficientes estas medidas y sostienen que los beneficios fiscales no detendrán la reducción de empleos ni la migración de empresas a otros países. Además, insisten en que las empresas de zonas francas requieren exoneraciones similares a las que reciben empresas chinas bajo regímenes especiales en otras regiones.

El análisis de La Prensa señala que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos se produjo en dos etapas: un arancel global del 10% para la mayoría de países de la región y del 18% para Nicaragua, lo que dejó al país en desventaja competitiva. A ello se sumó la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que tras una investigación por violaciones a derechos laborales y humanos, excluyó a Nicaragua de beneficios del tratado DR-Cafta. Así, a partir de 2026, los productos nicaragüenses no cubiertos por el acuerdo comenzaron a pagar un arancel del 0% inicialmente, que subirá al 10% en 2027 y al 15% en 2028, según la evolución del cumplimiento de los compromisos por parte del gobierno nicaragüense.

El Gobierno sostiene que, gracias a la eliminación de algunos aranceles y la aplicación de las nuevas reformas, el sector de zonas francas podría recuperar hasta 20,000 empleos en 2026. Sánchez, de la CZF, afirmó que la meta es cerrar el año con 120,000 empleos en el sector y superar los 4,000 millones de dólares en exportaciones, impulsados por las facilidades fiscales y la reducción de barreras comerciales. Sin embargo, voces empresariales se muestran escépticas. Según fuentes consultadas por La Prensa, buena parte de las empresas coreanas están trasladando hasta el 60% de su capacidad instalada, junto con personal técnico y trabajadores calificados, hacia otros países de Centroamérica. Esto reduciría las exportaciones de zonas francas al menos en un 10% y pone en duda la posibilidad de que se recuperen los empleos en el corto plazo.

Además, las demandas de las empresas por una mayor estabilidad jurídica, la agilización de trámites y la creación de una comisión para atender los problemas con entidades estatales, no fueron abordadas por el régimen durante el anuncio de las reformas. También existe preocupación en el sector por la falta de un acuerdo tripartito que garantice previsibilidad en los ajustes al salario mínimo, cuyo pacto vigente expira en 2027 y aún no hay señales de apertura al diálogo por parte de las autoridades.

En 2025, las empresas de zonas francas exportaron 3.581,1 millones de dólares, en su mayoría textiles y arneses automotrices, que representaron el 81% de los ingresos totales del sector. Ahora la incertidumbre y la migración de empresas ponen en jaque el modelo de crecimiento basado en la maquila y las exportaciones bajo el régimen de zonas francas. El reconocimiento oficial de la crisis marca un giro en el discurso del Gobierno, pero los empresarios advierten que la recuperación será lenta y queda sujeta a factores externos que Nicaragua no controla.

Dos núcleos familiares nicaragüenses llegaron a España, en noviembre de 2025, tras haber vivido en condición de refugiados en Costa Rica. Su destino: Tudela, en Navarra, una ciudad de 39 000 habitantes que se ha convertido en un punto de integración para quienes huyen de la persecución política.

Henry Blanco, junto a su esposa Karla Gámez y sus tres hijos, formaba parte de la familia originaria de León. Durante años, Henry fue locutor en Radio Darío, en León, donde los ataques contra la emisora y la presión constante al periodismo independiente lo obligaron a buscar protección fuera de Nicaragua. En 2019, se estableció en Costa Rica. Sin embargo, a finales de 2020, decidió volver temporalmente a su país para pasar el año nuevo junto a su madre, pero fue detenido por la Policía del régimen orteguista y liberado horas después, según el informe de Diario CONFIDENCIAL 30. Tras ese episodio, regresó a Costa Rica, dejando en Nicaragua a su esposa y sus tres hijos, con la promesa de reunirse pronto.

El caso de Adriana Soza y Sandy Aguilar es diferente. Tras más de una década de matrimonio, en Granada, Nicaragua, mantenían negocios y una vida estable hasta que el hostigamiento de simpatizantes del régimen orteguista los obligó a renunciar a todo. “Vivimos una persecución directa. Fuimos acechados en nuestros negocios. La Policía nos incautó muchos bienes”, contó Adriana a Noticias de Navarra citado por Diario CONFIDENCIAL 30. “Dejar todo eso atrás fue un golpe muy duro para nosotros y nuestros hijos”. La familia, compuesta por cuatro hijos, tuvo que abandonar la comodidad y la prosperidad para buscar seguridad en Costa Rica.

Ambas familias lograron asentarse en Tudela amparadas al Convenio de Patrocinio Comunitario. Este programa, respaldado por ACNUR y financiado por el Departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, está orientado a facilitar la acogida y la integración de personas refugiadas. El trayecto desde San José hasta Madrid y de allí al norte de España marcó el inicio de una nueva etapa marcada por el acompañamiento institucional y comunitario.

A su llegada a Tudela, Henry Blanco pensaba que serían alojados en un albergue. Sin embargo, recibieron un piso y el apoyo cercano de voluntarios y del Centro Lasa, una obra social de la Compañía de Jesús. Esta entidad, activa desde 2008, se encarga de ofrecer ayuda para adaptarse a la cultura local, asesoría práctica y oportunidades de integración social. El programa contempla un acompañamiento de entre 18 y 24 meses, durante el cual las familias reciben orientación laboral y social para insertarse en la vida productiva del municipio. El Centro Padre Lasa ya había acogido previamente a familias sirias y se caracteriza por una intervención comunitaria con enfoque psicosocial.

Desde 2023, España ha recibido a 1,403 nicaragüenses refugiados, con un flujo que se distribuye así:

• 2026: 48
• 2025: 425
• 2024: 665
• 2023: 265

Solo en 2025, el Programa Nacional de Reasentamiento acogió a 817 personas, de las cuales el 52% eran nicaragüenses y el 44,5% de origen sirio. Las familias de Henry Blanco y Adriana Soza forman parte de los 245 refugiados nicaragüenses que llegaron desde Costa Rica en el operativo de reasentamiento más grande realizado por el plan español.

El éxodo nicaragüense, provocado por la crisis sociopolítica iniciada en 2018, ha hecho que este grupo ocupe un lugar central entre los beneficiarios de los programas de acogida e integración en España.

Las deportaciones de ciudadanos nicaragüenses desde Estados Unidos han continuado durante los primeros meses de 2026, afectando a personas como Keyo Adolfo Ordóñez Tercero, quien permanece recluido en el Centro de Detención de Adelanto, California, detalló una nota del periodico 100noticias.tv

Su caso pone de manifiesto la situación de quienes atraviesan procesos migratorios pendientes y sufren la incertidumbre sobre su futuro en el país.

La detención se produjo el 31 de diciembre en Los Ángeles, cuando Ordóñez acudió a una cita vinculada a su solicitud de asilo. Según relató, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le notificaron que lo arrestaban por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Actualmente, lleva tres meses bajo custodia y aún no ha firmado ninguna orden de deportación.

A pesar de contar con un trámite de asilo iniciado en 2021 y con un proceso de residencia en curso tras casarse con Michelle Romo, ciudadana estadounidense, la detención sigue vigente.

Romo explicó que cada semana viaja al desierto de Mojave para visitar a su esposo y manifestó: “no descansará hasta lograr su liberación”. Además, aseguró que Ordóñez no tiene antecedentes penales.

La audiencia clave: el futuro de Ordóñez en manos de la justicia

El futuro migratorio de Ordóñez se definirá el 28 de abril, fecha en que está programada una audiencia ante un juez. Allí solicitará la posibilidad de salir bajo fianza mientras se resuelve su situación legal. En una llamada telefónica con el programa Primer Impacto, y retomada por en el medio citado, Ordóñez expresó: “sigo luchando todos los días”, impulsado por el deseo de reencontrarse con su esposa.

La detención de Ordóñez ocurre en un contexto de aumento de deportaciones. Entre enero y la segunda semana de marzo de 2026, al menos 2,486 nicaragüenses fueron expulsados de Estados Unidos y enviados a Managua, de acuerdo con cifras entregadas a 100% Noticias por un funcionario del Departamento de Estado.

Este flujo de vuelos con deportados evidencia la magnitud del fenómeno migratorio y su impacto sobre las familias.

El testimonio de la familia ante el proceso de deportación

La esposa del detenido narró que, tras la detención, intentó buscar información en el centro de retención, pero el personal le negó la posibilidad de hacer preguntas.

Romo contó: “Llegué llorando, desesperadamente queriendo saber de mi esposo y me dijeron que me callara, que me sentara y que no tenía ningún derecho a preguntar”. Ha reiterado su compromiso de acompañar a Ordóñez durante todo el proceso.

Ordóñez, por su parte, admitió el desgaste emocional sufrido bajo custodia federal: “Los meses han sido difíciles, al punto de desear que ya se acabe esto”. Su esposa le transmite mensajes de aliento, asegurando: “Nunca voy a dejar de luchar hasta que tú estés afuera”.

La agencia ICE no respondió a la solicitud de comentarios realizada por los periodistas de 100% Noticias. La situación de Ordóñez evidencia la complejidad de los procesos migratorios en Estados Unidos y la incertidumbre a la que se enfrentan las familias mixtas, especialmente cuando existen procesos legales pendientes y vínculos familiares en riesgo.

Deportaciones y un panorama incierto para miles de migrantes

El caso también refleja la situación de miles de migrantes que, pese a contar con trámites en curso o estar en situación regular, pueden ser detenidos y enfrentar procesos de deportación sin aviso previo.

La audiencia del 28 de abril definirá si Ordóñez podrá defenderse en libertad bajo fianza, en un contexto donde decenas de vuelos con deportados aterrizan en Nicaragua, lo que incrementa la preocupación entre las comunidades migrantes en Estados Unidos y sus familias en el país de origen.

Las recientes acciones dentro del Gobierno de Nicaragua han acentuado la fragilidad interna del círculo de poder que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, destaca una nota de la agencia EFE.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) advierte que el proceso de sucesión dinástica, impulsado por la pareja presidencial, enfrenta serios obstáculos y ha generado tensiones tanto dentro como fuera del régimen.

El análisis del Cetcam, citado por EFE y divulgado desde Costa Rica, sostiene que el octavo aniversario de las manifestaciones antigubernamentales de abril de 2018 encuentra al régimen en una situación crítica.

La estrategia de Ortega y Murillo para transferir el poder hacia los miembros de su familia, en especial hacia Murillo, no solo ha debilitado la estructura interna, sino que ha incentivado propuestas de transición democrática por parte de la oposición.

El informe destaca que el régimen sandinista vive “uno de sus momentos más críticos”, presionado por el aumento del descontento interno y el efecto de las purgas que impulsa Murillo en busca de consolidar su control.

Estas purgas, iniciadas en 2023 en el Poder Judicial y extendidas a otras instituciones públicas, se han centrado en eliminar a quienes considera amenazas a su liderazgo, alcanzando incluso al núcleo financiero del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

En los últimos meses, figuras como el excomandante Bayardo Arce y el general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, antiguos asesores de Ortega, han sido encarcelados bajo acusaciones de corrupción.

Estos casos ilustran la determinación de Murillo para apartar obstáculos reales o potenciales a su ambición de poder, según los investigadores del Cetcam.

Las consecuencias de este proceso han sido inmediatas: mientras el círculo de poder observa con temor la severidad de las medidas adoptadas contra los defenestrados, el ambiente de represión ha incrementado la ira y el descontento interno.

Los analistas advierten que este malestar podría derivar en nuevas crisis, ya que el temor convive con la posibilidad de una reacción colectiva inesperada.

Factores externos que complican la sucesión en Nicaragua

El contexto internacional resulta cada vez más adverso para el régimen nicaragüense, detalla la entidad. Estados Unidos ha intensificado las presiones contra Ortega y Murillo, lo que se suma al distanciamiento de países aliados como Rusia, China e Irán.

Esta combinación de factores, tanto externos como internos, debilita aún más la capacidad del régimen para consolidar su proyecto de sucesión familiar.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica sostiene que la radicalización del régimen, lejos de fortalecerlo, está removiendo las bases del poder sandinista y abre nuevas oportunidades para que la oposición articule rutas de transición hacia un sistema democrático.

Respecto a la situación actual del proyecto de sucesión dinástica, los especialistas subrayan que Ortega y Murillo no han conseguido consolidar un control absoluto.

El proceso de transferir el poder dentro de la familia ha generado rupturas y desconfianza entre los propios aliados, lo que agrava la inestabilidad política y abre posibilidades para un cambio en el escenario nacional.

La conmemoración de los ocho años desde el inicio de las protestas evidencia que el entorno para el sandinismo es cada vez menos favorable y que el camino hacia una sucesión dinástica continúa siendo incierto. Las purgas y el aislamiento internacional se han convertido en un búmeran político, debilitando al régimen en un momento clave de su historia reciente.

La densa y escarpada selva de Guyana, ese mar verde que no perdona errores ni demoras, se ha convertido en el escenario de una tragedia que mantiene en vilo a una familia en Ciudad Sandino, Nicaragua. Rider Alberto Castillo Aburto, un piloto nicaragüense de 54 años, con ocho de experiencia en la empresa Air Services Limited, perdió la vida el pasado viernes 10 de abril, tras accidentarse la aeronave que tripulaba.

Lo que comenzó como un reporte de desaparición se ha transformado, con el paso de los días, en una denuncia de negligencia y falta de humanidad. El viernes todo parecía transcurrir bajo la rutina del profesionalismo que caracterizaba a Rider. Descrito por sus familiares como un hombre disciplinado, un “estudioso del aire” que pasaba horas en simuladores y que no tenía vicios, despegó para un vuelo interno en Guyana. Poco después, el contacto se perdió.

La zozobra no tardó en cruzar fronteras. Sin embargo, la noticia no llegó a su esposa, Rocío Valeria Alfaro Flores, por los canales oficiales. Fue la solidaridad del gremio aeronáutico la que rompió el silencio: un compañero piloto en Nicaragua le avisó tras ver publicaciones en redes sociales. Fue hasta que ella misma contactó a la empresa que la desaparición fue confirmada.

Las labores de rescate, coordinadas por la Guyana Civil Aviation Authority y la Fuerza de Defensa de Guyana, localizaron inicialmente la avioneta en una zona de difícil acceso: una cresta montañosa con una inclinación peligrosa. La primera contradicción que golpeó a la familia fue el reporte inicial de que la nave estaba vacía, sugiriendo una posible supervivencia del piloto.

No obstante, 36 horas después, la versión cambió drásticamente. El cuerpo de Castillo fue localizado en el sitio del impacto, pero en un avanzado estado de descomposición. Según las autoridades, la muerte fue instantánea, una afirmación que busca cerrar la herida de la agonía, pero que abre las dudas sobre la celeridad del hallazgo inicial.

El reclamo de una familia en el abandono

En Managua, el dolor de la pérdida se mezcla con la indignación. La hermana del piloto, María Elena Castillo, y su esposa Rocío, han denunciado una gestión deficiente de la información. Para ellas, las autoridades de Guyana han sido poco claras sobre la posición exacta del cuerpo y las razones por las cuales, hasta el 13 de abril, no se había podido realizar la extracción.

“Es inhumano que pretendan dejarlo ahí. Él era un trabajador de ellos, son responsables de su humanidad”, expresó Rocío Valeria en una entrevista, con Infobae, ante la sugerencia de que el terreno dificultaría la recuperación de los restos.

La familia exige pruebas de identidad fehacientes y una investigación profunda sobre el mantenimiento de la aeronave asignada. No aceptan la narrativa de la “fatalidad geográfica” como excusa para el abandono.

Rider no era solo un piloto; era el eje de una estructura familiar compleja. En Nicaragua deja a su madre, María Aburto, de más de 80 años, quien dependía de él para sus medicinas. Deja también a tres hijos menores de edad (de 18, 13 y 5 años), uno de ellos con condición de autismo, quienes hoy enfrentan un futuro incierto sin su principal sustento.

A pesar de los rumores sobre agotamiento físico, la familia es tajante: Rider era un hombre sano que hablaba con ellos cada noche. Su regreso tras las vacaciones de Semana Santa fue normal, y su compromiso con la seguridad aérea era innegable, forjado tras años de trabajo en la terminal de La Costeña en Nicaragua.

Un llamado a la solidaridad

Ante la magnitud de los gastos de repatriación y los trámites legales que se avecinan para acceder al seguro de vida del piloto, documentación que la empresa aún no ha facilitad, el gremio aeronáutico y su familia han iniciado una campaña de recaudación.

El objetivo es claro: traer a Rider de vuelta a su tierra para brindarle cristiana sepultura. Mientras tanto, en la selva de Guyana, el equipo de Fuerzas Especiales aguarda la “primera luz” para un nuevo intento de extracción, bajo la presión de una familia que no permitirá que su ser querido se convierta en una estadística más de la selva suramericana.

La historia de Rider Castillo es la de un hombre que voló alto buscando un sueño —alguna vez pilotear grandes aviones comerciales y terminó atrapado en el hermetismo de una burocracia extranjera que hoy su familia intenta derribar con el único poder que les queda: su voz.

La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha presentado en los últimos años una imagen de modernización y expansión de la red hospitalaria pública en Nicaragua, destacando la construcción de nuevos “megahospitales” y presumiendo ante la opinión pública una supuesta cobertura sanitaria sin precedentes. Sin embargo, una investigación realizada por el medio Confidencial revela que detrás de la propaganda oficialista existe una realidad opaca, marcada por el inflado de cifras, sobrecostos financieros y una capacidad hospitalaria muy por debajo de los estándares recomendados a nivel internacional.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Salud (MINSA) y replicados por altos funcionarios del régimen, Nicaragua cuenta con 79 hospitales en funcionamiento, cifra que ubicaría al país como poseedor de la red hospitalaria más grande de Centroamérica. Sin embargo, el análisis de Confidencial demuestra que esta cifra es producto de una manipulación: el régimen sumó a la cuenta oficial clínicas del Seguro Social y pequeños centros conocidos como “hospitalitos” de baja capacidad, incrementando artificialmente el número de unidades de atención.

La capacidad real, medida en camas censables, es insuficiente: según la Organización Mundial de la Salud, debería haber entre dos y cuatro camas por cada mil habitantes, pero Nicaragua apenas alcanza una cama por cada mil habitantes, ubicándose entre los países con menor disponibilidad en la región.

El emblema de la política hospitalaria del régimen son los llamados “megahospitales”, grandes infraestructuras con fachada en tonos “rosado chicha” y rojinegro, colores asociados al Frente Sandinista y a la propaganda oficial. No obstante, estos proyectos han estado marcados por sobrecostos que alcanzan hasta el 74% respecto al presupuesto original. Cinco de estas construcciones, inauguradas apresuradamente y sin estar completamente listas, costaron USD 112,7 millones más de lo previsto, de acuerdo con la investigación de Confidencial.

Uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua, cuya inversión inicial fue de USD 76,5 millones, pero terminó costando USD 90 millones tras incrementos no previstos. En el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, de León, el costo final fue de USD 105,8 millones, muy por encima de los USD 85 millones contemplados en el préstamo original aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En ambos casos, las autoridades inauguraron los hospitales pese a que aún tenían áreas inconclusas y no estaban listos para brindar atención sanitaria adecuada.

El patrón se repite en los hospitales de Ocotal y Chinandega, donde los reemplazos de infraestructuras previas también registraron sobrecostos significativos: el Hospital “Héroes de Las Segovias” costó USD 21 millones más de lo presupuestado, y el Hospital Departamental Dr. Mauricio Abdalah, USD 9 millones adicionales. La propaganda oficialista promocionó el hospital de Chinandega como el más grande de Centroamérica, con 591 camas, aunque el Hospital Roosevelt de Guatemala supera el doble de esa capacidad, según datos regionales.

El “megahospital” de Bilwi, en la Costa Caribe Norte, es el caso más polémico y representa el mayor sobrecosto registrado. Prometido como un centro de alta tecnología que beneficiaría a más de medio millón de personas, la obra terminó costando USD 60,9 millones, con un sobrecosto de USD 45,1 millones y una historia marcada por la ruptura diplomática con Países Bajos, uno de los principales cooperantes del proyecto. Países Bajos decidió congelar su aporte tras la represión de las protestas de 2018, lo que obligó al Estado nicaragüense a buscar financiamiento alternativo y elevó aún más el gasto público.

La inauguración del hospital en febrero de 2026 ocurrió después de años de retrasos, cambios en el financiamiento y la salida definitiva de los cooperantes europeos, en un contexto de relaciones diplomáticas fracturadas y señalamientos de opacidad en la ejecución de los fondos.

Una red estancada, lejos de la realidad que vende el régimen

Pese a los discursos oficiales, la capacidad hospitalaria real de Nicaragua permanece estancada. Muchos de los “nuevos” hospitales son en realidad sustituciones de viejos edificios que ya no daban abasto, y varios fueron inaugurados sin estar completamente operativos. El país mantiene el promedio de médicos más bajo de Centroamérica y su infraestructura hospitalaria no alcanza los estándares internacionales de cobertura.

La investigación de Confidencial desmonta la narrativa promovida por Ortega y Murillo, exhibiendo cómo la propaganda, los sobrecostos y la manipulación de cifras han ocultado la precariedad de la red sanitaria pública, los problemas de financiamiento y la limitada capacidad de atención en Nicaragua.

La espera por una resolución judicial se prolongará para las más de veinte mujeres nicaragüenses que denuncian haber sido explotadas en España. Siete miembros de una familia nicaragüense enfrentarán un proceso penal en ese país, acusados de encabezar una red que trasladaba a mujeres bajo promesas laborales engañosas y que, según la investigación, operó desde 2017.

La acusación detalla que, en el proceso de captación, la organización facilitaba a las víctimas una suma de alrededor de 1.000 euros (USD 1.100) para que pudieran ingresar a España como turistas. Sin embargo, una vez que las mujeres llegaban al país, eran despojadas de ese dinero y trasladadas a viviendas bajo control del grupo familiar, según consta en la investigación judicial.

A partir de ese momento, las víctimas eran forzadas a asumir deudas que podían oscilar entre 5.000 y 6.000 euros (USD 5.340 a USD 6.400), justificadas por la organización como sobrecostos de boletos aéreos, alojamiento, manutención y otros gastos asociados al viaje. La presión por el pago de estas deudas se realizaba a través de amenazas y coacciones constantes.

El caso cobró notoriedad pública cuando Z.M.T., una de las acusadas, fue detenida en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid en julio de 2019, mientras intentaba ingresar con tres mujeres nicaragüenses, presuntamente bajo el mismo método operativo. De acuerdo con información de Diario La Prensa, la investigación permitió a las autoridades localizar un cuaderno con registros detallados de operaciones entre 2009 y 2017, hallado en una vivienda de los implicados en Alfaro.

El Ministerio Fiscal de España sostiene cargos contra cuatro integrantes de la familia por inmigración ilegal continuada, coacciones y pertenencia a grupo criminal. Otros dos enfrentan acusaciones de blanqueo de capitales y coacciones, respectivamente. La principal acusada, F.D.C., junto a su esposo S.A.C., se enfrenta a peticiones de hasta seis años y cinco años y nueve meses de prisión, además de multas de 40.000 euros (USD 42.700). El monto total de las sanciones económicas supera los 1,7 millones de córdobas (aproximadamente USD 46.400).

Otros procesados incluyen a T.D.C., sobrina de la principal responsable, y a O.D.S., hijo del matrimonio investigado, quienes podrían recibir condenas de hasta cuatro años y seis meses de cárcel. Además, la hermana de la principal señalada y su esposo, F.J.G., enfrentan cargos similares, mientras que L.M.T., otra hermana, está acusada por coacciones, con una solicitud de seis meses de prisión.

Hasta la fecha, se ha conseguido la colaboración de 26 víctimas en el proceso judicial. Las autoridades sostienen que la cifra real de afectadas podría ser aún mayor, dada la magnitud y el tiempo de operación de la red. El mecanismo consistía en trasladar a las mujeres bajo la condición de turistas, quitarles el dinero aportado y, una vez en España, ejercer presión y amenazas para forzar el pago de la supuesta deuda.

El inicio del juicio estaba previsto para marzo de 2026 ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, pero fue suspendido con la intención de alcanzar una sentencia de conformidad entre las partes. Esta decisión ha pospuesto la apertura del proceso hasta febrero de 2027, mientras la investigación y la protección de las víctimas continúan siendo prioritarias para las autoridades judiciales y policiales de España.

El expediente judicial y los testimonios de las afectadas dejan en evidencia la presión económica y emocional a la que fueron sometidas. El proceso penal busca reparar el daño causado y desmantelar la estructura familiar acusada de trata y explotación de migrantes.

Panamá logró salir de la lista de preocupación significativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de seguridad de pasajeros en tránsito, tras validar un sistema que hoy permite mantener la eficiencia operativa del Aeropuerto Internacional de Tocumen sin afectar su modelo de conexiones.

El anuncio, calificado como un hito para la aviación panameña, marca el cierre de una observación que se arrastraba por más de una década y que había sido notificada formalmente a decenas de países con vuelos hacia el país.

El elemento clave de esta mejora es la implementación del sistema OSS (One Stop Security), que en términos simples consiste en que Panamá verifica y valida los controles de seguridad de otros países antes de permitir que los pasajeros en tránsito conecten sin pasar por una segunda revisión.

Este modelo implica auditorías periódicas, inspecciones y validaciones cada 24 meses, lo que permite garantizar que los estándares de seguridad sean equivalentes a los aplicados en el país.

Actualmente, Panamá ha logrado validar a 25 países, además de Europa como bloque, lo que representa cerca del 95% de cumplimiento del sistema OSS. Esto permite que la mayoría de los pasajeros en tránsito no requieran controles adicionales al llegar a Tocumen, agilizando las conexiones.

Sin embargo, se mantiene una doble revisión obligatoria para vuelos procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, considerados como no validados por preocupaciones en sus sistemas de seguridad.

En estos casos, los pasajeros pasan por una sala de inspección rápida al descender del avión, un proceso que toma aproximadamente entre tres y cuatro minutos por persona, antes de continuar hacia su destino final.

Este mecanismo permite mantener la seguridad sin sacrificar la velocidad del hub, uno de los principales atributos competitivos del aeropuerto panameño en la región.

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, explicó que de no haberse implementado este modelo, Panamá habría tenido que instalar puntos de control adicionales en múltiples puertas de embarque, lo que habría afectado directamente la operatividad del centro de conexiones.

“Eso hubiese encarecido la operación y reducido la eficiencia del hub”, indicó, al tiempo que destacó que el sistema actual permite mantener el flujo de pasajeros sin interrupciones.

La eliminación de esta alerta también evita que otros países apliquen medidas más estrictas a pasajeros procedentes de Panamá, como revisiones adicionales o controles más exhaustivos en aeropuertos de destino.

Durante el tiempo en que estuvo vigente la observación, existía el riesgo de que aerolíneas y autoridades extranjeras adoptaran protocolos más severos, lo que podía afectar la percepción internacional del aeropuerto panameño.

Desde Tocumen, su gerente José Ruiz destacó que este avance es fundamental para sostener el crecimiento del tráfico aéreo, que mantiene una expansión cercana al 9% anual.

La terminal proyecta alcanzar los 30 millones de pasajeros para 2030, una meta que depende directamente de la eficiencia del sistema de conexiones y de mantener estándares internacionales de seguridad.

El modelo OSS también incorpora un sistema de inspecciones aleatorias y generación de estadísticas de seguridad, que permite identificar objetos prohibidos, analizar tendencias por país y reforzar controles en rutas específicas.

Esta capacidad de monitoreo ha sido clave para consolidar un sistema considerado robusto, dinámico y adaptable, que puede ajustarse ante cambios en el entorno internacional.

Las autoridades subrayan que este logro no es permanente, ya que el sistema requiere actualizaciones constantes, validaciones periódicas y supervisión técnica continua.

De no mantenerse estos procesos, Panamá podría volver a enfrentar observaciones internacionales que impacten la operación del aeropuerto. Por ello, se insiste en que el OSS debe ser entendido como un modelo vivo, que exige inversión, coordinación institucional y seguimiento permanente.

Además del impacto en la seguridad, la salida de la lista de la OACI fortalece la posición de Panamá como hub regional, en un contexto de alta competencia con otros centros de conexión en América Latina. La capacidad de garantizar seguridad sin afectar los tiempos de tránsito se convierte en un factor determinante para aerolíneas y pasajeros al momento de elegir rutas.

Con este paso, Panamá no solo mejora su imagen internacional, sino que también se posiciona como un referente en la implementación del sistema OSS, un modelo que ya ha despertado interés en otros países que buscan replicarlo.

Para las autoridades, el desafío ahora será sostener este nivel de cumplimiento y aprovecharlo como una ventaja estratégica en el crecimiento del sector aéreo.

La madrugada del domingo 12 de abril, en el barrio de San Jorge, en Pamplona, España, se vio sacudida por un evento que ha dejado una marca imborrable de dolor tanto en la comunidad navarra como en el municipio de El Rosario, Carazo, en Nicaragua.

Arelis Jiménez, una mujer nicaragüense de 37 años, perdió la vida en circunstancias que mezclan la desesperación, la violencia de género y un sistema de protección que, a pesar de las advertencias legales, no pudo evitar el desenlace fatal.

Eran aproximadamente las 4:30 de la madrugada del domingo cuando el silencio del barrio se rompió. Según los reportes preliminares de la Policía Nacional de España, en el interior de un apartamento ubicado en un tercer piso, se desarrollaba una situación de alta tensión.

Arelis se encontraba dentro del inmueble con su expareja, un hombre de 34 años cuya identidad y nacionalidad no ha sido revelada plenamente, pero sobre quien pesaban restricciones legales estrictas.

En medio de lo que se describe como un episodio de violencia, la víctima, en un intento desesperado por salvaguardar su integridad, buscó una vía de escape que no fuera la puerta principal. La investigación sugiere que la víctima intentó descender desde la ventana del tercer piso utilizando una sábana como cuerda improvisada. Sin embargo, la precaria estructura no resistió o el esfuerzo físico superó las posibilidades, provocando que la mujer cayera al vacío.

La llegada de los equipos de emergencia fue inmediata, pero las heridas sufridas tras el impacto fueron letales. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la nicaragüense, cuyo cuerpo fue trasladado posteriormente al instituto forense para realizar los análisis correspondientes que determinen la causa técnica de la muerte.

Lo que añade una capa de indignación a este suceso es el historial judicial del detenido. Las autoridades confirmaron que el hombre de 34 años fue capturado en el lugar por el presunto delito de quebrantamiento de condena. Sobre él pesaba una orden de alejamiento vigente derivada de una denuncia por malos tratos que la propia Arelis había interpuesto en septiembre de 2025.

A pesar de que la ley prohibía el contacto, información preliminar indica que ambos habían retomado la comunicación meses atrás y llevaban varios días conviviendo en el mismo apartamento donde ocurrió la tragedia. Esta situación de vulnerabilidad pone de relieve la complejidad de los ciclos de violencia de género, donde la víctima a menudo se ve atrapada en una red de dependencia y riesgo continuo.

Investigación y orfandad

El caso ha sido remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona, que ahora lidera las diligencias para esclarecer si el fallecimiento debe ser catalogado como un accidente fortuito durante un escape o si existe una responsabilidad directa del detenido que configure un homicidio.

Mientras la justicia española avanza en sus peritajes, en Nicaragua el dolor es profundo. Jiménez era originaria de El Rosario, Carazo, y su partida deja un vacío irreparable en su familia. El aspecto más desgarrador de esta noticia es la orfandad de dos niños, quienes ahora quedan sin el amparo de su madre debido a un conflicto que cruzó fronteras.

Actualmente, los familiares de Arelis en Nicaragua se encuentran sumidos en la incertidumbre y la espera. Han iniciado las gestiones pertinentes con la esperanza de que el cuerpo sea repatriado a su tierra natal para brindarle el último adiós. Este proceso, usualmente costoso y burocrático, representa una carga adicional para una familia que ya enfrenta la pérdida de un pilar fundamental.

La comunidad nicaragüense en España y sus vecinos en Carazo hoy lloran a Arelis, una mujer que, en su último suspiro, solo buscaba una salida hacia la libertad.

Nicaragua exportó 29,732 animales exóticos durante el primer trimestre de 2026, según informó este lunes en Managua el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), la autoridad ambiental nicaragüense. Entre las especies incluidas figuran rana verde de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado.

El monto facturado por estas exportaciones ascendió a USD 2.55 millones, de acuerdo con la declaración del Marena. Los envíos se dirigieron principalmente a Tailandia, Francia, Canadá, Hong Kong (China), Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, países que adquieren estos ejemplares, en su mayoría, como mascotas.

El Marena precisó que entre enero y marzo se otorgaron 69 permisos CITES (la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el tratado internacional CITES) para la comercialización de fauna criada en zoocriaderos autorizados y caracol rosado, cumpliendo los criterios internacionales para el uso sostenible y conservación de la biodiversidad.

Mercados y permisos de exportación

La rana flecha, gallego verde, rana camufle, falso coral, pichete verde, cola chata y geko atigrado figuran entre las especies con mayor demanda internacional, según las autoridades.

Actualmente, 9 zoocriaderos están registrados ante el Ministerio del Ambiente y 6 de ellos cuentan con permiso para exportar. Nicaragua, país tropical que alberga más de 12,400 especies de fauna, ha identificado a Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Alemania, Canadá, Reino Unido y Taiwán como sus principales mercados para estos animales.

Nicaragua se consolida como fuente regional de fauna exótica bajo control regulado

La supervisión internacional de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) permitió que Nicaragua obtuviera ingresos al despachar más de 11,000 animales exóticos criados bajo control regulatorio en zoocriaderos autorizados, según informó el Marena. Esta operación, ejecutada en enero, se encuadró en el objetivo de compatibilizar la protección de la biodiversidad nacional con la demanda global de especies, especialmente en mercados asiáticos y de América del Norte, según el reporte oficial.

Durante los primeros seis meses de 2025, las operaciones de exportación de fauna silvestre generaron más de USD 9 millones para Nicaragua, con un total de 175 permisos otorgados por el Marena, con base en la reproducción en cautiverio y en línea con los estándares de la CITES, de acuerdo con datos oficiales citados por Infobae. Esta dinámica económica evidencia la relevancia del país como proveedor internacional de animales exóticos y productos derivados, al tiempo que fortalece los mecanismos de supervisión para evitar prácticas de tráfico ilegal y asegurar la sostenibilidad ecológica.

Según información del Marena, la exportación efectuada en enero de 2026 generó USD 1.08 millones e incluyó especies como ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado. El proceso involucró 20 permisos CITES para fauna criada en zoocriaderos y para productos marinos seleccionados.

Los destinos principales de estos embarques abarcaron países como Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Canadá y Japón, y también se registraron compras desde Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Taiwán. La fauna exportada se destina principalmente al segmento de mascotas exóticas, reflejando una tendencia sostenida en la demanda internacional de especies tropicales nicaragüenses.

El Ejército de Nicaragua informó la incautación de 82 paquetes de cocaína el 12 de abril en Playa Quizalá, que se encuentra en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, según comunicó el lunes la institución militar.

La operación fue realizada por el Segundo Batallón de Tropas Navales de la Fuerza Naval en la costa del Pacífico, donde los soldados localizaron 4 sacos con droga tras un intercambio de disparos con presuntos narcotraficantes, de acuerdo con el comunicado institucional del ejército sandinista. Luego del hallazgo, la droga quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes para su procesamiento.

Nicaragua, por su ubicación estratégica, integra el corredor centroamericano empleado por redes internacionales para el traslado de estupefacientes desde Sudamérica hacia Estados Unidos. El compromiso de los militares sandinistas en el combate al narcotráfico ha sido cuestionado por el gobierno estadounidense, entre otros, en el informe del Departamento de Estado sobre narcotráfico transnacional de 2022 y en la audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de 2023.

Acción militar y hallazgos

Durante la intervención militar en Quizalá, no hubo capturas ni se confiscó dinero, según oficiales del ejército sandinista. El incidente inició cuando los sospechosos, al advertir la presencia de los soldados, abrieron fuego e intentaron huir, abandonando el cargamento en la playa.

La acción está enmarcada en la estrategia nacional nombrada Muro de contención, cuyo objetivo es frenar el tráfico de sustancias ilegales en territorio nicaragüense, destacó el comunicado institucional del ejército sandinista.

Otro decomiso fuerte de droga

El tráfico de drogas en la región centroamericana continúa siendo una prioridad en la agenda de seguridad tanto para Nicaragua como para Estados Unidos, por el papel del país como ruta de tránsito para el narcotráfico internacional entre Sudamérica y Norteamérica. Las autoridades nicaragüenses mantienen operativos en la zona pacífica del país como parte de Muro de contención, considerada la principal política gubernamental para hacer frente a estas amenazas transnacionales.

A finales de marzo, las autoridades nicaragüenses decomisaron 1,312 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica. Ante ello, el gobierno de Costa Rica puso en marcha una investigación conjunta con la DEA, en respuesta no solo al volumen del cargamento sino también a las irregularidades detectadas en los controles fronterizos en Peñas Blancas.

La magnitud de lo confiscado y la facilidad con la que la droga transitó la frontera costarricense reavivaron la preocupación del Ejecutivo, que insiste en esclarecer cómo fue posible que un alijo de tales características atravesara los filtros de seguridad habituales. El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, calificó el caso como “fuera de los parámetros normales” de la operativa antidroga regional, indicó el medio Centroamérica360.

Zamora destacó que la prioridad del Estado es verificar la información transmitida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que no se avanzarán conclusiones antes de culminar las diligencias. El decomiso se anunció como parte de una operación en un “corredor clave para el tráfico de drogas hacia Norteamérica”, reforzando la necesidad de coordinación internacional para enfrentar la amenaza, de acuerdo con la información de Centroamérica360.

La droga fue encontrada el domingo 29 de marzo a las 18:00 (hora local) en un camión de carga pesada. El vehículo transportaba 1,057 paquetes de cocaína ocultos en bobinas de papel kraft. El transporte salió desde Costa Rica y tenía como destino final Guatemala, según lo informado por la policía nicaragüense en una comparecencia recogida por la agencia EFE.

El hallazgo del cargamento incluyó la detención de un ciudadano guatemalteco, identificado como Juan José Ríos Trujillo, quien relató a las autoridades que fue reclutado por Henry Sáenz García para trasladar herramientas desde México a Costa Rica, afirmando que recibió USD 1,800 por el trabajo.

La consolidación de la represión en Nicaragua ha generado un daño continuado en el ejercicio del periodismo, según las advertencias de Carlos Fernando Chamorro durante la presentación de un nuevo informe en Madrid este lunes y divulgado en una nota de la agencia EFE.

El fundador de Confidencial subrayó a EFE que la criminalización de la labor informativa ya no es una coyuntura, sino “una condición permanente”.

El informe Nicaragua: Dos décadas de desmantelamiento de la libertad de prensa revela que se han cerrado o confiscado 61 medios, más de 309 periodistas se encuentran en el exilio y 22 han sido desnacionalizados.

Desde 2018, más de 50 periodistas han sido detenidos o encarcelados. En la clasificación mundial sobre libertad de prensa, el país se sitúa en el puesto 172 de 180, lo que lo convierte en el peor de Latinoamérica.

La represión que se vive en Nicaragua ya no responde a episodios puntuales, sino que forma parte de la vida cotidiana para quienes desean informar. Chamorro advirtió: “Es el resultado de un estado extremo de criminalización a la libertad de prensa y a la libertad de expresión”, denunció en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

La situación de los profesionales nicaragüenses forzados al exilio se ha transformado en una forma de resistencia.

Chamorro puntualizó: “El periodismo en el exilio es resistencia, no agitación”, y remarcó la importancia de “hacer un periodismo útil y construir memoria”, cita EFE.

A la persecución institucional se suma la criminalización de quienes colaboraban con medios independientes. Chamorro relató que, tras el asalto a la redacción de su diario en diciembre de 2018, sus anunciantes también fueron objeto de represalias: “Pasamos de tener 30 a solo uno”, sostuvo, sin detallar el nombre por motivos de seguridad.

Para responder a la pregunta sobre la situación de los periodistas en Nicaragua, el informe presentado en Madrid evidencia que la represión se ha sistematizado mediante cierres de medios, exilio forzado, desnacionalización y detenciones arbitrarias.

Además, el país ocupa una de las peores posiciones mundiales en materia de libertad de prensa, lo que dificulta cualquier intento de informar sin temor a represalias.

Ser periodista exiliado: entre la resistencia y la vulnerabilidad

La periodista Maryórit Guevara compartió su experiencia personal al describir el exilio como un proceso doloroso y complejo. “Salir de tu país también es perder redes, ingresos, estabilidad, identidad territorial...”, enfatizó.

Guevara se vio obligada a abandonar Nicaragua tras recibir amenazas de muerte y sufrir la publicación de su dirección, donde se incitaba a la violencia contra ella y su hijo.

Su ruta la llevó primero a El Salvador y luego a España, en un trayecto marcado por la incertidumbre: “Sin una ruta trazada”, explicó. Gracias a la solidaridad de colegas, logró establecerse en una pequeña localidad de Extremadura.

Este exilio forzado implica una transformación radical en la forma de ejercer el periodismo. Chamorro y Guevara coincidieron en que trabajar desde el extranjero requiere “preservar relaciones de mucha confianza y ofrecer canales seguros” a las fuentes para poder seguir informando. Pese a las dificultades, Chamorro expresó su convicción de que el trabajo periodístico realizado desde fuera de las fronteras nicaragüenses “sí está derrotando la censura en Nicaragua”.

Represión agravada contra mujeres periodistas

El informe también señala que la persecución se intensifica en el caso de las mujeres. Guevara denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desarrollado una estrategia “sistemática, planificada y sostenida durante dos décadas” para despojar a Nicaragua de la libertad de información.

A la violencia política se suman campañas de difamación por razones de género y ataques a la reputación de las periodistas, vinculados a su vida personal.

Guevara subrayó: “Aunque yo sea una periodista exiliada en la calle, soy una población migrante en el centro de salud”, ilustrando así la doble vulnerabilidad que enfrentan: por su labor informativa y por su condición migratoria.

La situación descrita en el informe refleja un panorama donde el exilio, la censura y la persecución no solo buscan silenciar la información, sino que también generan un impacto profundo en la vida y seguridad de quienes se dedican al periodismo en Nicaragua.

La justicia costarricense ordenó un año de prisión preventiva contra la expareja de la tiktoker nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, mientras avanza la investigación por su asesinato, un caso que ha generado indignación dentro y fuera del país.

La medida fue solicitada por la Plataforma Integrada de Servicios para la Atención de Víctimas, en Pavas, y acogida por el juzgado penal correspondiente, que consideró necesario mantener al imputado privado de libertad ante riesgos procesales.

El principal sospechoso es Gustavo Adolfo Ramírez Calvo, quien fue pareja de la víctima durante ocho años y es el padre de sus hijas gemelas, de cuatro años.

De acuerdo con la autopsia realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la joven murió por asfixia, presumiblemente mediante estrangulación. Así lo confirmó el director del OIJ, Michael Soto, al detallar que este tipo de muerte ocurre por la compresión del cuello utilizando manos, antebrazo, lazo u objetos rígidos.

El caso ha conmocionado por la violencia del crimen y por la forma en que el cuerpo fue ocultado. Merlo fue hallada enterrada en una fosa dentro de un condominio en Santa Ana, en el sector de Salitral, tras varios días de búsqueda.

La joven había sido vista por última vez el 31 de marzo. Dos días después, su familia denunció su desaparición. La búsqueda se extendió hasta que las autoridades realizaron excavaciones en una vivienda del condominio Los Pericos, donde finalmente ubicaron el cuerpo.

Según la investigación preliminar, el sospechoso habría aprovechado la presencia de maquinaria para solicitar a un trabajador que abriera un hueco en el terreno, el cual posteriormente utilizó para ocultar el cadáver. El operario no tenía conocimiento del uso que se le daría al espacio.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se confirmó la causa de muerte, lo que también permitió explicar la ausencia de sangre en la escena.

Previo al crimen, la víctima había solicitado medidas de protección en marzo de 2025 contra su expareja. Estas fueron otorgadas por un año, pero vencieron el 10 de marzo de 2026, apenas semanas antes del asesinato.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso también expone el drama familiar que dejó la muerte de la joven.

En Nicaragua, su despedida se convirtió en una manifestación multitudinaria. Aproximadamente 2,000 personas participaron en su sepelio en la comunidad de Buena Vista, en San Juan del Río Coco, donde familiares, vecinos y allegados exigieron justicia.

“El pueblo se levantó, quieren que se haga justicia con ese cobarde que mató a mi hija”, expresó su padre, Maximiliano Merlo, visiblemente afectado.

Según relató, la indignación colectiva se convirtió en un clamor para que el responsable reciba la máxima pena posible. “Ese cobarde mató a mi hija por celos; el pueblo pide que le den cadena perpetua. Arruinó la juventud de mi hija”, lamentó.

En paralelo, la familia materna enfrenta otra batalla: la custodia de las dos hijas gemelas de la víctima.

Ariel Merlo, hermano de Junieysis, explicó que la familia desea hacerse cargo de las menores para mantenerlas dentro de su entorno materno y junto a su hermano mayor, de 10 años, quien reside en Nicaragua.

Sin embargo, el proceso también ha despertado el interés de una familiar del sospechoso, lo que ha generado preocupación.

“Tengo entendido que por parte de la familia paterna hay una persona que las ha solicitado y nosotros no queremos que eso pase. No involucro a la familia del sospechoso porque no tienen por qué pagar, pero no nos sentiríamos bien de que ellos tengan la custodia cuando nosotros somos la parte afectada”, manifestó.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indicó a la familia que el núcleo materno tiene prioridad en el proceso, lo que representa una esperanza en medio del dolor.

El caso continúa en investigación y se mantiene como uno de los más impactantes en lo que va del año, tanto por la brutalidad del crimen como por las consecuencias que deja en una familia que ahora busca justicia y reconstruirse tras la pérdida.

Nicaragua incrementó en 1 % el número de trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) al cierre de 2025, alcanzando un total de 810,197 personas respaldadas por el sistema previsional, informó el Banco Central de Nicaragua, máxima autoridad monetaria, en un análisis oficial difundido este domingo. El dato, aunque representa un leve avance frente a 2024, mantiene la afiliación por debajo de los niveles históricos previos a la crisis sociopolítica de 2018 que afecta persistentemente al país.

El banco emisor nicaragüense explicó que el crecimiento interanual de la base de cotizantes equivale a 7,825 nuevas afiliaciones respecto de diciembre de 2024, cuando se registraban 802,372 trabajadores asegurados. Las incorporaciones provinieron principalmente del comercio, con 11,265 empleos sumados, seguido por los sectores financiero (3,490), transporte (2,510) y servicios comunales (2,059), según el mismo informe del Banco Central de Nicaragua.

Mientras tanto, la industria manufacturera experimentó una contracción: en 2025 quedaron registrados 162,543 empleados, en contraste con los 174,497 afiliados de 2024. Esto supone una reducción de 11,954 personas, lo que representa un descenso del 6.9 % según los datos oficiales.

Evolución del empleo y sectores más dinámicos

Los afiliados al INSS constituyen actualmente el 22.2 % de la Población Económicamente Activa de Nicaragua y tan solo el 11.9 % de la población total, estimada en 6.8 millones de habitantes, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Nicaragua, máxima autoridad monetaria.

Pese a la reciente recuperación, la cobertura de la Seguridad Social nicaragüense sigue sin alcanzar los niveles previos a la agitación social de 2018. En marzo de ese año, el sistema había reunido a 896,869 asegurados y el máximo histórico se registró en noviembre de 2017, con 921,328 cotizantes.

Impacto de la crisis de 2018 en el empleo

A raíz de los acontecimientos políticos de 2018, Nicaragua experimentó la pérdida de 157,923 empleos formales en el sistema previsional, informó el Banco Central de Nicaragua, máxima autoridad monetaria. Ese año marcó el inicio de una crisis sociopolítica, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional, dejó al menos 355 fallecidos en movilizaciones y enfrentamientos. Por su parte, organizaciones nicaragüenses elevan el recuento a 684 y el presidente Daniel Ortega reconoció públicamente que fueron "más de 300“, aludiendo a lo que denominó un intento de golpe de Estado.

El ciclo de conflictividad se agudizó tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega —de 80 años y en el poder desde 2007— logró su quinto mandato presidencial, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Todos sus principales adversarios políticos se encontraban encarcelados o en el exilio en ese contexto, según consigna la agencia EFE.

Nicaragua alcanzó en 2025 una tasa de desempleo de apenas 2.7 %, marcando una reducción de 0.4 puntos porcentuales respecto a 2024, en un escenario donde el crecimiento económico y la evolución positiva de los salarios permitieron sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, según reportó el Banco Central de Nicaragua en su informe anual más reciente, citado por la agencia de noticias EFE. Este desempeño se produce en un contexto de proyecciones favorables para 2026, año en el que la autoridad monetaria anticipa una expansión económica adicional y una inflación estable.

Esta tendencia, detalló el Banco Central, se sostuvo sobre todo en los sectores comercio, financiero, transporte y servicios comunales, todos ellos aportando dinamismo al empleo formal.

Según las cifras oficiales, alrededor de 3.69 millones de nicaragüenses tienen empleo formal o se encuentran en situación de subempleo. Los subempleados, tal como detalla el Código Laboral, son quienes trabajan menos de ocho horas diarias o quienes perciben un salario inferior al mínimo legal, condición prohibida por la normativa vigente, explicó Avendaño en su publicación personal.

Desde una iglesia de Estados Unidos, el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez pronunció este domingo una homilía que combinó reflexión pascual y denuncia política. El mensaje fue un alegato contra los sistemas de gobierno que, según sus palabras, “se imponen con terror sobre las personas, arrebatándoles su libertad”. Para Báez, esos regímenes son, sin importar su retórica, “enemigos de la paz”.

El religioso reside en Estados Unidos desde abril de 2019, tras recibir instrucciones del fallecido papa Francisco de abandonar Nicaragua por razones de seguridad. En su homilía subrayó que “la paz no es un simple equilibrio de fuerzas ni se identifica con la tranquilidad de los cementerios”, rechazando la narrativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que presenta al país como un territorio en calma.

“No debemos acostumbrarnos a la falsa paz y a la engañosa normalidad que los dictadores quieren imponer con el miedo y las armas para conservar sus privilegios”, afirmó, según informó la agencia EFE. El prelado también denunció que el régimen espía a los exiliados, les niega servicios consulares y deja a miles en una situación de apatridia de facto al no renovarles el pasaporte.

Las palabras del obispo tienen como telón de fondo un éxodo de proporciones históricas. Según datos del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, al menos 800.000 nicaragüenses —el 11,6% de la población— han abandonado o sido desterrados del país entre abril de 2018 y noviembre de 2025.

En febrero de 2023, el régimen sandinista privó a Báez de su nacionalidad por decreto, medida avalada después por una reforma constitucional de 2025 que eleva a rango constitucional la pérdida de ciudadanía para quienes el régimen califique de amenaza a la “soberanía nacional”.

La persecución al clero es uno de los capítulos más documentados de ese proceso. La investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, contabiliza más de 1.010 ataques contra la Iglesia católica y más de 16.500 actividades religiosas prohibidas desde 2018.

El régimen ha expulsado a más de 300 sacerdotes y religiosos, incluidos cuatro obispos. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que esa persecución constituye crímenes de lesa humanidad. La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada sitúa a Nicaragua como el único país latinoamericano en la categoría de máximo riesgo por persecución religiosa en su informe de 2025, equiparado a Afganistán o Corea del Norte.

La raíz de la crisis se remonta a abril de 2018, cuando protestas contra una reforma previsional desembocaron en una represión que, según la ONU, dejó más de 300 muertos. Las iglesias abrieron sus puertas a heridos y perseguidos, y el clero denunció la violencia estatal. Ortega —en el poder desde 2007, reelecto para un quinto mandato en 2021 con sus principales rivales en prisión o en el exilio— trata desde entonces a la Iglesia como un adversario capaz de movilizar a la sociedad civil.

Báez, a quien el papa León XIV recibió en audiencia en el Vaticano en agosto de 2025, cerró su homilía convocando a sus compatriotas a construir “la paz verdadera, que brota de la justicia, se vive en la libertad y da como fruto la reconciliación”. El horizonte que describe sigue sin fecha para los cientos de miles de nicaragüenses que no tienen, por ahora, país al que regresar.

La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua emitió una alerta al denunciar una persecución sistemática contra periodistas nicaragüenses atribuida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La organización, con sede en San José, advirtió que las acciones oficiales y extraoficiales contra la prensa independiente han adquirido un carácter sostenido desde abril de 2018 y ahora se extienden fuera del territorio nicaragüense, afectando especialmente a comunicadores exiliados.

El informe presentado por la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), documenta agresiones a una gran cantidad de comunicadores.

El Colectivo de Derechos Humanos señaló que la represión constituye un patrón consolidado, en el cual la persecución se transformó en un fenómeno transnacional.

El uso de plataformas digitales y medios estatales permitió sofisticar campañas de estigmatización, amenazas directas y deslegitimación, extendiendo el impacto de estas acciones más allá de las fronteras nicaragüenses.

Entre enero y marzo de 2026, la FLED registró 44 agresiones a periodistas y medios independientes. Estas incluyen ataques verbales, escritos y digitales.

El 80% de los casos registrados en ese periodo afectó a personas físicas, mientras que el 20% tuvo como blanco a personas jurídicas.

De acuerdo con la FLED, la estrategia estatal busca eliminar el ejercicio de la libertad de expresión y debilitar el acceso a información independiente.

El Colectivo de Derechos Humanos advirtió que los periodistas exiliados enfrentan condiciones de precariedad económica, dificultades migratorias y restricciones en el acceso a derechos básicos como salud y trabajo.

Muchos de ellos, bajo protección internacional en países como Costa Rica y España, dependen de mecanismos de refugio o apatridia de facto, lo que agrava su vulnerabilidad ante las campañas de hostigamiento.

La represión digital se intensificó ante la imposibilidad de ejercer el periodismo de forma presencial en Nicaragua. Voceros oficialistas monitorean las publicaciones de medios nicaragüenses en el exilio y buscan desacreditar cada contenido difundido.

La vigilancia digital se suma a la vigilancia física y a la judicialización de quienes aún trabajan en el país, sometidos a procesos judiciales y limitaciones para informar. El informe identifica que los ataques estatales han incrementado en intensidad y volumen, mientras que los actores no estatales, aunque operan bajo anonimato, replican patrones de burla y estigmatización.

Desde abril de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, incluidos cinco que fueron allanados y a los cuales se les confiscaron instalaciones y bienes, según la FLED.

Entre los medios afectados figuran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia. Además, más de 304 trabajadores de la prensa, en su mayoría periodistas, han dejado Nicaragua por motivos de seguridad o han sido desterrados en los últimos ocho años.

El país permanece en la categoría de “sin libertad de expresión”, junto a Venezuela, pese a un leve incremento respecto al año anterior. En los apartados de “ciudadanía informada y libre de expresarse” y “actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios”, los puntajes se mantuvieron muy bajos, reflejando altos niveles de restricción y control.

(Con información de EFE)

La tragedia de Junieysis Merlo, la joven nicaragüense cuya vida fue truncada en Costa Rica, ha dejado de ser una simple caso para convertirse en un expediente que desnuda la crueldad de la violencia de género y la frialdad de la manipulación criminal.

Lo que comenzó como una angustiante búsqueda de una mujer desaparecida, ha culminado en el hallazgo de un cuerpo enterrado en una fosa y el desmoronamiento de una coartada tejida con mentiras por quien alguna vez juró protegerla: su ex pareja.

En las últimas horas su caso se ha viralizado en redes sociales, tanto así revelando pruebas de su sufrimiento. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha incorporado a la investigación una publicación previa de la víctima que, en retrospectiva, resulta estremecedora. En ella, la joven denunciaba abiertamente la toxicidad de su relación.

En un texto cargado de dolor y hartazgo, Junieysis describía un vínculo asfixiante marcado por infidelidades constantes y comportamientos agresivos. No se trataba de sospechas infundadas; la víctima señalaba directamente a su agresor y mencionaba situaciones de las que personas allegadas ya eran testigos. La publicación hacía referencia incluso al entorno laboral, donde ella aseguraba haber descubierto actos de traición que la llevaron a romper el silencio y exponer su vulnerabilidad ante el escrutinio público.

Ese mensaje, que hoy cobra un significado escalofriante, era en realidad un grito de auxilio en un entorno donde el peligro acechaba tras la puerta de su propio hogar.

El video que lo cambió todo: El fin de la coartada

Durante los primeros días de la desaparición, el principal sospechoso mantuvo una fachada de normalidad y desconcierto. Según su versión inicial, Junieysis se había marchado por su propia voluntad, sugiriendo incluso que podría estar disfrutando en alguna zona costera o que simplemente había decidido abandonar el hogar. Sin embargo, la tecnología se encargó de desmentir el relato.

Un video de cámaras de seguridad en Santa Ana se ha convertido en el “testigo mudo” que selló el destino legal del sospechoso. En las imágenes, captadas el día en que supuestamente la joven se había marchado, se observa al hombre movilizándose solo, acompañado únicamente por sus hijas pequeñas. En ningún momento del registro visual aparece Junieysis.

Esta prueba permitió al OIJ descartar la versión del abandono voluntario y reforzar una hipótesis mucho más siniestra: el sospechoso actuó en solitario, acabó con la vida de la joven dentro de la vivienda y mantuvo el cuerpo oculto en el mismo inmueble durante horas o incluso días, antes de trasladarlo para enterrarlo clandestinamente en una fosa. El engaño no fue solo hacia la policía, sino hacia una familia que, a kilómetros de distancia, aún rezaba por un milagro.

El desgarrador arribo de la familia: “Nuestra esperanza era que estuviera viva”

El impacto humano de este crimen se personifica en la hermana de Junieysis, quien viajó desde España con el corazón destrozado. Sus primeras declaraciones al pisar suelo costarricense reflejan el cansancio físico y el agotamiento emocional de quien ha pasado noches en vela esperando noticias que nunca llegaron.

Para la familia, el golpe ha sido doble. Con el sospechoso bajo custodia, la familia Merlo ha trazado una hoja de ruta clara que no admite claudicaciones. No solo buscan la pena máxima por femicidio, sino que exigen que se tome en cuenta la alevosía y la manipulación de la información que el sujeto ejerció para desviar la atención.

Pero hay una víctima colateral que hoy es la prioridad absoluta: las hijas de la joven. La familia Merlo ha sido enfática en que su misión ahora es luchar por la custodia las gemelas. La familia teme por el bienestar psicológico de la menor y busca alejarla del entorno que terminó en tragedia.

Hoy, la sociedad costarricense y la comunidad nicaragüense se unen en un solo clamor: que la muerte de Junieysis no sea una cifra más. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, queda la lección de que el silencio y el engaño son las armas favoritas de los agresores, pero que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz desde el lente de una cámara o el eco de un mensaje publicado en un muro de Facebook.

Distintos expertos en diferentes ocasiones han calificado a Nicaragua como la Corea del Norte de Latinoamérica. En los últimos días, tanto el informe de V-Dem 2026 como el índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist han colocado al país como el más cerrado y autocrático de América, compartiendo el sótano a nivel mundial con regímenes como Myanmar, Corea del Norte y Eritrea.

El Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, coloca a Nicaragua en el puesto 175 entre 179 países en el Índice de Democracia Liberal. Su puntuación es de 0.02. En esa tabla solo aparecen peor Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, mientras Afganistán queda apenas un escalón arriba o a la par, según el componente que se observe.

El informe V-Dem dice que en Nicaragua Daniel Ortega y el FSLN “socavaron la calidad de las elecciones, abolieron los límites a la reelección presidencial y cerraron o silenciaron a la oposición, a los medios y a las organizaciones civiles”. Añade que la Constitución aprobada en 2025 “cimentó aún más su poder”.

El índice de democracia 2025 de la Unidad de Inteligencia de The Economist, publicado esta semana, llega al mismo foso por otra ruta. Mide el deterioro acumulado desde 2011 hasta 2025. Y ahí Nicaragua aparece como el país que más ha empeorado en democracia en el mundo.

Su puntaje general es de 1.97, dentro de la categoría de “régimen autoritario”, y el desplome se concentra en tres zonas decisivas: procesos electorales y pluralismo, participación política y libertades civiles.

Corea del Norte de América Latina

La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez advirtió este desplome desde 2017 cuando bautizó a Nicaragua como “la Corea del Norte de América Latina”.

Álvarez señalaba entonces los riesgos del “absoluto compadrazgo” entre el sector empresarial y el régimen, una sociedad de conveniencia que, a su juicio, bloqueó la aparición de élites con voluntad real de confrontar el poder.

Para Álvarez, Ortega aprendió de sus errores de los años ochenta y dejó de pelearse con todos a la vez. En vez de eso, negoció, cooptó y administró un orden de miedo más silencioso. Lo definió como un “dictador del socialismo del siglo XXI, pero con maestría y doctorado”.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla reaccionó en términos similares cuando en 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo cerraron cualquier salida electoral a la crisis del país y apresaron a todos los candidatos de oposición y proscribieron los partidos políticos que les podían hacer competencia.

“Cada vez es más claro que Nicaragua es la Corea del Norte de América Latina, si no es que la está superando por creces en un régimen despótico, un régimen cargado también de nepotismo, claramente, y un régimen cada vez más aislado de la comunidad internacional”, expresó en esa ocasión en entrevista a la plataforma Confidencial.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, también hizo la comparación con la dictadura asiática en febrero pasado. “Hoy Nicaragua es la Corea del Norte de nuestro hemisferio, el país más represivo que hay en nuestra parte del mundo”, dijo.

Pappier señaló dos fenómenos nuevos incorporados en 2025: la Constitución que legalizó la concentración absoluta del poder en la presidencia compartida de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la profundización de las denuncias de represión transnacional, incluida la muerte de Roberto Samcam en Costa Rica y los señalamientos del Grupo de Expertos de la ONU sobre acoso y persecución más allá de las fronteras.

Para el nicaragüense Douglas Castro, especialista en Ciencias Políticas, la comparación con Corea del Norte sirve para dimensionar el cierre del espacio cívico, aunque aclara que formalmente Nicaragua sigue celebrando elecciones multipartidistas y por eso algunos índices todavía no la catalogan como autocracia cerrada.

Considera que colocar a Nicaragua en esos listados le genera un sentimiento “positivo”. “Ayudan a darle magnitud real a lo que pasa”, dice. En Europa, agrega, se habla mucho de Viktor Orbán (Hungría) o de Recep Tayyip Erdogan (Turquía) como ejemplos de autoritarismo, pero “ya nos gustaría tener (en Nicaragua) la situación que tienen en Hungría o en Turquía”, ironiza.

Castro sostiene que Nicaragua ha rebasado incluso a otros autoritarismos latinoamericanos como el venezolano antes de 2026 y frente a la Cuba actual. En Cuba menciona a la periodista Yoani Sánchez y a 14ymedio. En Venezuela recuerda que todavía hay periodistas informando desde la calle y organizaciones de derechos humanos como Provea trabajando. En Nicaragua, en cambio, “los medios de comunicación independientes y los organismos de derechos humanos como el Cenidh o la Comisión Permanente de Derechos Humanos fueron pulverizados”.

Define al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como “una dictadura dinástica con vocación totalitaria”. Considera que la dictadura de Nicaragua no es solo un problema de los nicaragüenses sino un peligro “para los vecinos, la región y el mundo” porque los comportamientos autoritarios, si tienen éxito, tienden a replicarse.

En ese mismo sentido, la expresidenta Chinchilla sostiene que la comunidad internacional está llamada a actuar. “Tenemos que tratar de hacer algo nosotros. Sí podemos actuar en apoyo a la sociedad civil nicaragüense incluyendo los medios de comunicación independiente y a todo tipo de organización a la que podamos amparar a través de nuestra voz y a través de algunas gestiones que podamos hacer”.

Ortega-Murillo vs. Kim

Los expertos coinciden en las siguientes comparaciones entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la dictadura de los Kim, en Corea de Norte:

1. Poder absoluto concentrado en una familia. En ambos casos, el Estado y el gobierno se confunden con una dinastía. En Corea del Norte, la línea Kim ha gobernado por tres generaciones. En Nicaragua, Ortega ha construido un esquema familiar donde Murillo ejerce poder ejecutivo real y se coloca como la heredera del poder mientras los hijos controlan medios, negocios y operadores políticos.

2. Eliminación total de la competencia política. No hay elecciones competitivas. En Nicaragua se cancelan partidos, se inhabilita o encarcela a candidatos y se expulsa a opositores. En Corea del Norte no hay vía institucional para disputar el poder.

3. Estado policial y vigilancia extendida. Ambos regímenes descansan en aparatos de seguridad que penetran la vida cotidiana. En Nicaragua, policía, inteligencia y estructuras parapoliciales vigilan, intimidan y detienen sin garantías. En Corea del Norte, la vigilancia es aún más total, con redes de informantes en barrios y centros de trabajo.

4. Criminalización del disenso. La crítica política se convierte en delito. En Nicaragua, leyes amplias sobre “traición”, “ciberdelitos” o “agentes extranjeros” permiten encarcelar a opositores, periodistas y sacerdotes. En Corea del Norte, cualquier desviación ideológica es castigada con prisión o campos de trabajo.

5. Propaganda omnipresente y culto al liderazgo. La comunicación oficial gira en torno a la figura del líder. Corea del Norte tiene un culto total a la familia Kim. Nicaragua, sin llegar a ese nivel de ritualización, ha construido una narrativa permanente alrededor de Ortega y, sobre todo, Murillo, con mensajes diarios, simbología y control del relato público.

6. Control o destrucción de medios independientes. En Nicaragua se han confiscado redacciones, cerrado radios y forzado al exilio a periodistas. El ecosistema informativo interno quedó prácticamente bajo control oficial. Corea del Norte no permite prensa independiente. En ambos casos, la ciudadanía recibe la versión de la realidad que el régimen quiere dar.

7. Aislamiento internacional progresivo. Corea del Norte es un caso extremo de aislamiento. Nicaragua no llega a ese nivel, pero se mueve en esa dirección: ruptura con organismos, expulsión de misiones internacionales, conflictos con gobiernos democráticos y acercamiento a aliados autoritarios. Es un aislamiento político, aunque no total en lo económico.

8. Uso del exilio como mecanismo de control. Expulsar ciudadanos o empujarlos a irse funciona como válvula de escape y castigo. Nicaragua ha desterrado a opositores, desnacionalizado críticos y provocado olas migratorias. Corea del Norte, en cambio, impide salir; pero cuando alguien escapa, la represalia alcanza a su familia. En ambos casos, el movimiento de personas es un instrumento de poder.

9. Sistema legal subordinado al Ejecutivo. No hay independencia judicial. Los tribunales en Nicaragua actúan alineados con el poder político en casos sensibles. En Corea del Norte, la justicia es abiertamente un brazo del régimen.

10. Economía capturada por el poder político. En Corea del Norte, el Estado controla la economía casi por completo. En Nicaragua existe sector privado, pero con creciente presión, confiscaciones selectivas y privilegios para grupos cercanos al poder.

11. Reescritura de la historia y control de la memoria. Ambos regímenes moldean el pasado para legitimar el presente. En Corea del Norte, la historia oficial es completamente fabricada alrededor de los Kim. En Nicaragua, hay un esfuerzo sistemático por borrar o reinterpretar episodios recientes, como las protestas de 2018.

12. Represión transnacional. Corea del Norte ha perseguido desertores en el extranjero. Nicaragua ha sido señalada por organismos internacionales de operar redes de vigilancia y presión más allá de sus fronteras contra opositores exiliados.

Enriquecimiento familiar

El sociólogo y economista nicaragüense, Oscar René Vargas, sostiene que este diseño de dictadura en Nicaragua, además del poder, busca el enriquecimiento de la familia gobernante.

“El régimen Ortega-Murillo ha logrado acumular una enorme riqueza bajo un esquema que politólogos califican de cleptocrático al borrar la frontera entre el poder público y los negocios privados, le ha permitido a su familia amasar una fortuna calculada en más de US$3,000 millones de dólares durante sus 20 años en el poder (2007-2026) en medio de proyectos inmobiliarios, donaciones, regalos, sobornos, maniobras financieras, lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. Igualmente, aprovecha el acercamiento con empresarios extranjeros, compañías mineras, madereras y agropecuarias para recibir sobornos en forma de regalos”, señala.

“Nunca en la historia nicaragüenses habíamos visto a una familia expandir su riqueza tan rápidamente. Nunca en la historia nicaragüense tan pocas personas han tenido tanta riqueza y poder. Nunca en la historia nicaragüense había habido niveles tan extremos de desigualdad de ingresos y riqueza, con el 1% superior ahora dueño de más riqueza que el 93% inferior de la población” añade.

Y concluye: “Nicaragua vive bajo un régimen autoritario, cleptocrático, violador de los derechos humanos y mafioso”.

La comunidad de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madriz, Nicaragua, se encuentra sumida en un luto profundo y una indignación que trasciende fronteras.

Lo que comenzó como una búsqueda desesperada durante la Semana Santa ha culminado en una tragedia. Junieysis Adeli Merlo Espinoza, de tan solo 29 años, ha sido confirmada como la víctima de un atroz feminicidio en suelo costarricense, presuntamente a manos de quien fuera su compañero sentimental durante casi una década.

Tras nueve días de angustia, el pasado jueves 9 de abril, las autoridades judiciales de Costa Rica confirmaron el peor de los finales. El cuerpo de Junieysis fue localizado en una fosa clandestina de aproximadamente dos metros de profundidad, oculta dentro de una vivienda en la localidad de Salitral de Santa Ana. El hallazgo no solo confirmó el deceso de la joven madre, sino que reveló la frialdad con la que se intentó ocultar el crimen.

Don Máximo Merlo y doña Vilma Espinoza, padres de la víctima, compartieron en una emotiva entrevista con el canal Viva Nicaragua el calvario que vivió su hija antes de su muerte. Lo que para el mundo exterior parecía una vida de esfuerzo en el extranjero, para Junieysis se había convertido en una “cárcel” de control psicológico y tecnológico.

“Ella me dijo: ‘Mamá, encontré dos teléfonos que estaban ocultos donde grababa mis conversaciones’. Y él le respondió que no creyera que solo eran esos, que tenía siete teléfonos grabando todo lo que ella hablaba con amigos y con nosotros”, relató doña Vilma con la voz quebrada.

Este sistema de vigilancia era el mecanismo con el que su agresor la mantenía aislada. A pesar de que Junieysis manifestó en repetidas ocasiones su deseo de abandonar la relación y regresar a Nicaragua para abrazar a sus padres, el amor por sus hijas fue su mayor ancla y, trágicamente, su sentencia. El victimario utilizaba la custodia de las niñas como una herramienta de chantaje, impidiéndole retornar con ellas a su país de origen.

Según las primeras investigaciones forenses y policiales, se presume que la joven murió por asfixia, aunque las autoridades han enfatizado que el proceso investigativo continúa abierto para determinar con exactitud la cronología de los hechos.

Don Máximo recordó el último contacto que tuvo con su hija el Lunes Santo. Al notar su ausencia prolongada, interrogó a la pareja de Junieysis, quien intentó desviar la atención con mentiras. “Él me dijo que ella andaba haciendo un TikTok en la playa. Cuando le pregunté con quién, me dijo que sola y que no se había llevado el teléfono porque era muy caro”, explicó el padre.

La sospecha de que Junieysis jamás dejaría a sus hijas solas por tanto tiempo fue lo que impulsó a la familia a denunciar la desaparición ante las autoridades, rompiendo el cerco de mentiras del sospechoso.

La lucha por las “niñas tesoro”

El drama de la familia Merlo Espinoza no termina con el hallazgo del cuerpo. Junieysis era madre de gemelas de cuatro años, quienes eran calificadas por ella misma como su “tesoro”. Actualmente, las menores se encuentran bajo el resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Costa Rica.

La prioridad absoluta de los abuelos ahora es recuperar la custodia de sus nietas para traerlas a Nicaragua. “Yo no quiero que esas niñas se queden en ese país donde mi hija perdió la vida; ella la dio por sus niñas”, sentenció doña Vilma. Además de las gemelas, Junieysis también deja en la orfandad a un niño de diez años que ya reside en San Juan del Río Coco bajo el cuidado de sus abuelos.

El clamor de la familia es unánime: que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable. Don Máximo y doña Vilma no solo piden justicia legal, sino que también apelan a la justicia divina para encontrar consuelo ante una pérdida irreparable.

La comunidad nicaragüense espera que las autoridades de ambos países colaboren estrechamente para que el asesinato de Junieysis no quede impune y para que sus hijas puedan, finalmente, regresar al hogar que su madre tanto soñó para ellas.

Las autoridades nicaragüenses mantienen detenidos a 47 opositores y críticos del Gobierno, según un informe respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y citado por la agencia EFE.

Entre estos casos, 11 personas se encuentran desaparecidas, sin que sus familiares tengan información sobre su paradero o estado, como denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

EFE detalla que desde el 31 de marzo, la organización documentó que la mayoría de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos son hombres, aunque también hay tres mujeres en esa lista.

El informe subraya que 14 de los detenidos son adultos mayores, lo que agrava la preocupación por su salud y condiciones de reclusión.

Denuncias por desaparición forzada y exigencias a las autoridades

El informe sostiene que los familiares de los 11 desaparecidos viven en completa incertidumbre y reclaman al Estado pruebas de vida, atención médica urgente y la liberación incondicional de todos los presos políticos.

La nota del a agencia EFE destaca el caso de Brooklyn Rivera Brayan, exdiputado indígena, debido a la ausencia total de información oficial desde su detención en septiembre de 2023.

El exdiputado Rivera, de 73 años, representó al partido indígena Yatama y fue aliado, en el pasado, del sandinismo en el Parlamento.

Organismos internacionales y embajadas extranjeras duramente han criticado las desapariciones forzadas y el encarcelamiento de adultos mayores durante el régimen de Nicaragua.

En marzo, la representación diplomática de Estados Unidos en Nicaragua calificó de “crueldad” la actitud del régimen hacia quienes disienten, aludiendo al caso del exdiputado indígena y la situación de ancianos y personas enfermas bajo custodia.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas notificó tres nuevas detenciones y dos excarcelaciones durante el último mes. El organismo afirma que la continuidad de las detenciones arbitrarias por razones políticas persiste.

Detalles sobre la lista de detenidos y contexto político

En el listado actual no figura el excomandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, aunque sí permanece Henry Ruiz, otro dirigente histórico, bajo arresto domiciliario con acusaciones de traición a la patria por parte del régimen.

Arce, antiguo asesor económico del Gobierno, fue sentenciado a finales de enero por presunta estafa al Estado nicaragüense por casi USD 5,000 millones, conforme a la Procuraduría General de Justicia.

La cifra de personas privadas de libertad por motivaciones políticas incluye a 10 detenidos anteriores a la crisis de 2018. De acuerdo con el Mecanismo, en los últimos ocho años se han registrado 1.491 detenciones por razones políticas en Nicaragua. La mayoría de los privados de libertad actualmente son hombres, reflejando el perfil de persecución dentro del país.

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis institucional que se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega fue reelegido para su quinto período presidencial, el cuarto consecutivo, consolidando el control de su Gobierno junto a Rosario Murillo. El contexto político y social permanece marcado por represión, falta de transparencia y denuncias constantes de violaciones a los derechos humanos.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) denunció que periodistas y medios independientes de Nicaragua sufrieron 44 agresiones entre enero y marzo de este año. El informe, titulado “Ortega y Murillo profundizan el control sobre la prensa independiente con ataques y presión sostenida dentro y fuera del país”, documentó agresiones verbales, escritas y digitales contra comunicadores y medios durante el primer trimestre de 2026.

FLED señaló que estas acciones buscan estigmatizar, descalificar y hostigar a periodistas y medios independientes. La organización, que forma parte de la red regional Voces del Sur, advirtió que la concentración de ataques en el ámbito digital está vinculada a la imposibilidad de ejercer el periodismo dentro del país controlado por el régimen.

La cobertura local disminuyó y la mayoría de los periodistas permanece en el exilio, mientras quienes siguen en Nicaragua enfrentan vigilancia, restricciones y procesos judiciales.

El informe indicó que los voceros oficialistas no solo atacan, sino que vigilan de forma constante lo publicado por medios nicaragüenses en el exilio, y su estrategia consiste en desmentir cada contenido difundido. De las 44 agresiones documentadas, los actores no estatales son responsables de 22 casos (50%), los agentes estatales de 18 (40%) y los actores paraestatales de 4 (10%).

FLED precisó que los actores no estatales operan mayormente mediante cuentas bajo seudónimos, usando lenguaje alineado con el discurso de voceros oficialistas y seguidores sandinistas, replicando patrones de estigmatización y burla.

La participación estatal “mantiene un peso determinante” e incrementó la intensidad de los ataques, tras elevar el tono de forma progresiva y sostenida. Entre enero y marzo de 2026, las agresiones documentadas afectaron principalmente a personas físicas, quienes representaron 35 de los 44 casos registrados, lo que equivale al 80% del total. Las personas jurídicas fueron víctimas en 9 casos, es decir, el 20%, según el informe de la FLED.

Desde 2018 y hasta la fecha, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró al menos 54 medios de comunicación, incluyendo cinco que fueron allanados y a los que se confiscaron sus propiedades, entre ellos La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia.

Además, al menos 304 trabajadores de medios nicaragüenses, en su mayoría periodistas, abandonaron el país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.

Cabe recordar que Nicaragua ocupa el penúltimo lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en marzo. El país figura junto a Venezuela en la categoría de “sin libertad de expresión”, ubicándose en el puesto 22 de 23 en América y el Caribe.

El informe reveló que Nicaragua obtuvo solo 18,22 puntos de 100 posibles, manteniéndose en la franja de ausencia de libertad de expresión. Aunque el puntaje subió 11,71 puntos respecto al año anterior, el país se mantuvo en el lugar 22, lo que indica que persiste un entorno estatal desfavorable para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa, principalmente por la influencia del Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la dimensión “ciudadanía informada y libre de expresarse”, Nicaragua obtuvo 2,33 puntos sobre 30. En “actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios”, alcanzó 9,22 sobre 40; y en “control de medios y periodismo”, logró 6,67 sobre 30. Las dos últimas dimensiones están clasificadas como de “alta restricción”.

El reporte advirtió que el Ejecutivo y el Poder Judicial ejercen una influencia muy fuerte sobre las condiciones que afectan la libertad de expresión. Entre 2024 y 2025, Nicaragua avanzó hacia un “modelo totalitario bajo el régimen de Ortega y Murillo, que eliminó sistemáticamente el periodismo independiente y las garantías democráticas”.

La SIP destacó que una reforma constitucional radical, en vigor desde febrero de 2025, institucionalizó la censura y aumentó la persecución de críticos, incluyendo la privación de nacionalidad. El informe señala que el entorno digital ha sido objeto de severas restricciones y bloqueos, y que la violencia contra periodistas se ha transformado en represión psicológica. Muchos comunicadores trabajan bajo vigilancia extrema o desde la clandestinidad, recurriendo a herramientas digitales para continuar informando.

El informe concluye que la libertad de expresión en Nicaragua atraviesa su nivel más crítico desde 1979, tras la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, como resultado de una combinación de terrorismo de Estado y un marco legal opresivo.

(Con información de EFE)

Los periodistas y medios independientes de Nicaragua fueron objeto de 44 agresiones entre enero y marzo de 2026, en un contexto en el que las condiciones adversas contra la prensa han empujado a buena parte del sector al exilio o a la autocensura, según un informe de la organización regional en defensa de la prensa Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica, citado por EFE.

La organización advierte que el cerco sobre el periodismo independiente se incrementó en el primer trimestre del año bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afectando tanto a personas como a instituciones mediante agresiones verbales y digitales.

La FLED identificó que, entre enero y marzo de 2026, los agresores fueron principalmente actores no estatales, responsables de 22 incidentes (50 %), agentes estatales en 18 casos (40 %) y actores paraestatales en cuatro (10 %).

El informe resalta que estos actores no estatales operan frecuentemente desde cuentas bajo seudónimos y replican el discurso de voceros oficialistas y seguidores declarados del sandinismo. Estas acciones se expresan en estigmatización, descalificación y burla, alineadas con la estrategia gubernamental de desacreditar y vigilar a los medios críticos, incluso aquellos que hoy se encuentran en el exilio.

El desplazamiento del periodismo y el incremento en el control digital

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia detalló que la migración del ejercicio periodístico hacia el entorno digital es consecuencia directa de la imposibilidad de informar desde el territorio nacional. La cobertura presencial está debilitada y la mayoría de comunicadores se encuentran exiliados, mientras que quienes permanecen en Nicaragua enfrentan vigilancia constante, restricciones y procesos judiciales que afectan sus actividades cotidianas, indica la nota de EFE.

Los datos del informe incluyen que, entre enero y marzo de 2026, el 80 % de las agresiones documentadas (35 de 44) tuvieron como víctimas a personas naturales, es decir, periodistas y trabajadores individuales de los medios. El restante 20 % (9 casos) afectó a personas jurídicas, principalmente medios de comunicación registrados como empresas o asociaciones.

La FLED informó que la estrategia gubernamental trasciende la represión interna: los voceros oficiales de Nicaragua vigilan y desmienten activamente el contenido publicado por medios nicaragüenses en el extranjero, manteniendo una campaña de desinformación y control discursivo que supera fronteras.

El cierre de medios y el éxodo de comunicadores desde 2018

La organización consignó que entre 2018 y 2026, el gobierno de Ortega y Murillo clausuró al menos 54 medios de comunicación, de los cuales cinco fueron allanados y sus instalaciones confiscadas. Entre los medios intervenidos se encuentran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia. Como resultado de estas acciones estatales, al menos 304 trabajadores de prensa han sido expulsados o forzados a huir desde abril de 2018, principalmente por motivos de seguridad.

El informe recogido por EFE atribuye el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua a una dinámica sistemática iniciada en 2018, que ha reducido drásticamente la capacidad de los medios independientes para operar en el país y consolidó su persecución a través de vías judiciales, administrativas y extrajudiciales.

La radiografía aportada por la FLED —que integra la red regional de organizaciones de libertad de expresión Voces del Sur— indica que el 50 % de los ataques recientes provienen de actores no estatales anónimos, aunque alineados con el discurso oficial, mientras que el aparato estatal mantiene un protagonismo en el incremento de la presión y la violencia simbólica contra la prensa independiente.

El Ejército de Nicaragua ha sido excluido del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26, una operación conjunta organizada por Estados Unidos y El Salvador que busca reforzar la cooperación regional y preparar a los países participantes frente a amenazas transnacionales y crisis humanitarias. El evento, programado del 16 al 27 de abril de 2026 en territorio salvadoreño, evidencia el aislamiento creciente del régimen de Daniel Ortega en temas de seguridad internacional.

El alcance de CENTAM Guardian 26 incluye la integración de fuerzas militares de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, República Dominicana y Estados Unidos, excluyendo deliberadamente a Nicaragua por decisión de sus organizadores. La ausencia de la fuerza nicaragüense va más allá de una singularidad logística y es, según el opositor exiliado Eliseo Núñez, “una estrategia consolidada del Comando Sur de Estados Unidos para ejercer presión sobre el régimen sandinista”, tal como declaró Núñez.

En la más reciente cumbre militar celebrada en Washington, Nicaragua también fue apartada, consolidando un patrón de exclusión que según Núñez, demuestra que “el Ejército nicaragüense ya no es visto como un socio confiable en la seguridad regional”, una señal que refuerza el distanciamiento estructural del país centroamericano.

Helicópteros en la frontera y gestos de distensión del régimen de Ortega

Durante el desarrollo de maniobras militares en el marco de estos ejercicios, helicópteros militares sobrevolaron áreas próximas al límite nicaragüense. Para Núñez, este movimiento enfatiza la capacidad de reacción de las fuerzas internacionales: “Eso es otro tipo de mensaje, diciendo que hay una fuerza militar muy cerca de Nicaragua. No es una amenaza directa, pero sí una señal de presencia”. De acuerdo con el analista, estas demostraciones materializan una política de presión en el contexto geopolítico actual.

Núñez sostiene que el régimen de Ortega ha suavizado su actitud frente a Washington, modificando el margen de confrontación y permitiendo algunas iniciativas aéreas o diplomáticas antes impensables. Según su criterio, “es muy probable que sea un gesto unilateral de parte de Nicaragua tratando de no ponerse en la mira de la administración norteamericana”.

El analista observa que Managua busca adaptarse ante el endurecimiento de la presión internacional, liberando tensiones mediante concesiones puntuales sin efectuar transformaciones sustanciales en el sistema político. “Son válvulas que van abriendo para liberar presión. La apuesta es extender el tiempo sin generar cambios de fondo”, interpretó Núñez en relación a medidas como la liberación parcial de presos políticos o habilitación de reingreso limitado de ciudadanos al país.

CENTAM Guardian 26 constituye el ejercicio militar anual que representa el mayor despliegue de cooperación y adiestramiento conjunto en la región. Su próximo capítulo, sin presencia nicaragüense, marca un punto de inflexión en la relación de la administración Ortega-Murillo con las instancias de defensa centroamericanas.

El seguimiento del calendario electoral constituye, a juicio de Núñez, un factor adicional en la ecuación de presión sobre el régimen. Si bien el analista descarta que comicios bajo supervisión oficialista vayan a propiciar cambios concretos, estima que la comunidad internacional podría emplear este evento como herramienta para estimular procesos de apertura política.

La reciente exclusión del Ejército de Nicaragua de CENTAM Guardian 26 tiene una trascendencia que trasciende lo operacional y actúa como reflejo de una estrategia de aislamiento y presión sostenida por parte de actores internacionales contra Managua. El deterioro progresivo de la relación entre el régimen sandinista y los países participantes en mecanismos regionales de seguridad perfila un escenario en el que la combinación de desgaste interno y presión foránea podría definir el futuro político inmediato de Daniel Ortega y su entorno, de acuerdo con el análisis de Núñez.

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua anunció este jueves la conmemoración del octavo aniversario de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, con actividades programadas en Costa Rica y España entre el 19 y el 30 de abril. El grupo, compuesto por activistas nicaragüenses y con sede en San José, organizará eventos para demandar medidas judiciales para las víctimas y solicitar reformas a favor de la libertad y la democracia en el país, según la convocatoria difundida este jueves.

La crisis política y social en Nicaragua se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021, cuando Daniel Ortega fue reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con los principales opositores encarcelados, expatriados y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, luego de ser acusados de “golpistas” y “traidores a la patria”, de acuerdo con la información de la agencia internacional de noticias EFE.

Las cifras oficiales sobre el impacto de las protestas difieren: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, reportó al menos 355 muertos, mientras que organizaciones nicaragüenses elevaron el número a 684. Ortega reconoce “más de 300” fallecidos y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

Agenda y actividades en Costa Rica

La agenda en Costa Rica comenzará el 19 de abril con una misa en memoria de las víctimas en una iglesia de San José, seguida de una actividad virtual el 20 de abril para presentar el Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar. El 21 de abril está previsto un conversatorio en la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el museo, y el 28 de abril, la presentación virtual del décimo informe contra la tortura.

El 29 de abril se realizará el conversatorio Exilio, memoria y derechos humanos, también en la UCR. Las actividades concluirán el 30 de abril con un concierto por la memoria y la libertad y la conmemoración del séptimo aniversario del colectivo Nicaragua Nunca Más.

Programación en Barcelona

En Barcelona, la programación del 30 de abril incluirá un conversatorio titulado Desde el exilio, perspectivas y desafíos en 2026, la exposición fotográfica Resistiendo en lo cotidiano, y un cierre musical a cargo del cantante nicaragüense Ludwing Gómez.

La organización definió la serie de eventos como “una jornada” destinada a reflexionar y visibilizar graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua entre 2018 y 2026, según la convocatoria del colectivo.

La persecución sobre la disidencia no se ha limitado al territorio nacional. De acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el régimen articuló desde el inicio de la crisis políticas una red transnacional de inteligencia y control enfocada en hostigar a los cientos de miles de exiliados nicaragüenses.

Esta estructura incluye la colaboración del ejército, policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas, y tiene como fin “monitorear, intimidar y atacar” a opositores fuera del país. Solo en lo que va del exilio, el grupo de la ONU recopiló doce asesinatos e intentos de asesinato contra opositores, como el caso emblemático del mayor retirado Roberto Samcam, ultimado en Costa Rica en junio de 2025.

La respuesta del régimen sandinista ha sido el reforzamiento de su aparato represivo, con la promulgación de una nueva Constitución y leyes restrictivas, así como el aumento del número de integrantes del ejército y la policía, según la organización opositora Concentración Democrática Nicaragüense.

Estos cambios buscan sofocar toda forma de disidencia. Las cifras del Grupo de Expertos de la ONU revelan que al menos 452 personas fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y miles más permanecen en situación de apatridia por la negativa estatal de emitir o renovar documentos, lo que imposibilita su retorno al país.

La revelación de una lista de opositores nicaragüenses identificados como objetivos a eliminar tras el asesinato de Roberto Samcam el 19 de junio de 2025 expone la gravedad de la persecución contra exiliados en Costa Rica. Según información obtenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ, policía judicial costarricense) en el curso de la investigación y citada por el medio digital regional Centroamérica 360, se trata de un crimen por encargo con motivación política, ordenado desde la cúpula de la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, lo que refleja una estrategia sistemática de persecución política extendida fuera de las fronteras nacionales.

El expediente judicial detalla que Samcam integraba un grupo de 10 opositores nicaragüenses, todos exiliados en Costa Rica, catalogados como “blancos potenciales” para supuestos atentados. Los registros de la causa, en poder del OIJ y la Fiscalía costarricense (agencia judicial nacional), indican que la captura de cuatro sospechosos permitió robustecer la hipótesis de un crimen por encargo con móviles políticos, mientras se investiga la posible conexión directa de uno de los imputados con estructuras operativas en territorio nicaragüense.

Samcam, militar en retiro, fue asesinado en su domicilio en Moravia, San José, por un hombre armado que ingresó y le disparó, según reconstruye Centroamérica 360 a partir de fuentes judiciales. La investigación avanzó con testimonios que advirtieron sobre el aumento del riesgo para el opositor después de su colaboración en un informe elaborado para Naciones Unidas en 2018, en el que se documentó la responsabilidad de altos mandos militares del Ejército de Nicaragua en crímenes de lesa humanidad cometidos desde ese año.

Un testigo clave, citado en el expediente, consideró que “la publicación de ese informe [...] fue la gota que rebasó el vaso”, señalando que esta acción fue determinante en la decisión de sus adversarios de convertirlo en objetivo prioritario. Según la publicación del medio, la Fiscalía costarricense busca actualmente a los autores intelectuales del asesinato, en una investigación con implicaciones en la política y seguridad regional.

El asesinato de Samcam y la persecución transnacional contra opositores

El analista Javier Meléndez, del centro de investigación regional Expediente Abierto, declaró a Centroamérica 360 que este caso se encuadra en un patrón de represión sistemática que trasciende las fronteras nicaragüenses y se orienta a la eliminación física de figuras relevantes de la oposición en el exilio.

La investigación refuerza la tesis de un crimen motivado por el odio político impulsado desde instancias del poder nicaragüense. El exfuncionario del OIJ, Rogelio Ramírez, advirtió que estas acciones obedecen a mecanismos de control donde la vigilancia y la eliminación de adversarios políticos —a través del espionaje y los asesinatos— pueden establecerse como métodos sistemáticos para mantener el dominio tanto interno como fuera del país.

Una lista de 10 opositores bajo amenaza en Costa Rica

El hallazgo de la lista con al menos 10 opositores nicaragüenses, en la que Samcam figuraba con un nivel de riesgo relevante, pone en evidencia la existencia de un operativo de alcance internacional dirigido a personas exiliadas. La difusión de esta información, recogida en la documentación de la causa y reportada por Centroamérica 360, fortalece las preocupaciones sobre la seguridad de los refugiados y exiliados políticos nicaragüenses en territorio costarricense, quienes permanecen expuestos a amenazas que exceden la capacidad de protección de la justicia nacional de Nicaragua.

Las autoridades de Costa Rica mantienen bajo prisión preventiva a los cuatro sospechosos detenidos mientras se expanden las pesquisas sobre los vínculos transfronterizos y la posible emisión de órdenes directas desde la estructura de poder liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La preocupación regional aumenta a medida que surgen nuevos elementos en la causa. La presencia en territorio costarricense de personas exiliadas bajo peligro inmediato constituye un desafío de derechos humanos y seguridad cuya urgencia se explica en la imposibilidad de obtener protección en Nicaragua, lo que obliga a las instituciones del país anfitrión a seguir de cerca el avance de la investigación llevada adelante por el OIJ y la Fiscalía costarricense.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Zonas Francas de Exportación, estableciendo la ampliación de los beneficios fiscales, aduaneros y administrativos para las compañías acogidas a este régimen, mediante un plazo de 15 años inicialmente, ahora renovable sin límite de tiempo.

La medida, enviada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, copresidentes de Nicaragua, implica que las empresas beneficiadas podrán acceder a privilegios tributarios iguales o superiores a los asignados bajo la legislación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, que entrará en vigor el 19 de diciembre de 2025, según reportó la agencia EFE.

El nuevo marco normativo compara dos modalidades: mientras la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) concede exenciones impositivas por 10 años prorrogables, las Zonas Francas de Exportación (ZFE) hasta ahora ofrecían 15 años de exoneraciones fiscales por única vez. Tras la acción legislativa, ese período de gracia en las ZFE podrá extenderse indefinidamente, lo que representa un cambio estructural en la política de atracción de inversiones extranjeras directas.

La reforma detalla que la exoneración comprenderá el pago de impuestos sobre las ganancias de capital que obtengan tanto las empresas operadoras como sus socios de las actividades desarrolladas en las zonas francas. Según la información brindada por EFE, esto supone que los inversionistas quedarán libres del pago de gravámenes sobre los dividendos generados como accionistas de dichas empresas, así como sobre otras utilidades derivadas de su participación.

Hasta antes de la reforma, la normativa eximía a las empresas acogidas al régimen del 100% del Impuesto sobre la Renta (IR) y de los impuestos a los dividendos durante los primeros 10 años de operaciones, disminuyendo la exención al 60% desde el año 11 en adelante. El nuevo texto legal elimina el límite temporal de esa exención tributaria y ordena que los restantes incentivos fiscales se mantengan por tiempo indefinido para las compañías dentro del régimen de zonas francas.

Esta flexibilización de beneficios se produce en un contexto de caída en el sector manufacturero nicaragüense. De acuerdo a datos del Banco Central de Nicaragua, la industria perdió el 6.9% de los cotizantes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), lo que equivale a 11,954 empleos menos en esa rama. La caída de puestos de trabajo ilustra la presión sobre el gobierno para incrementar la competitividad y atraer nuevos capitales de inversión, según EFE.

Durante 2025, las exportaciones provenientes de las zonas francas en Nicaragua alcanzaron USD 3,581 millones, con un aumento del 1.6% respecto a 2024, cuando se habían registrado USD 3,524 millones, conforme a los reportes oficiales del Ministerio de Economía citados por EFE. Crece así el peso de las zonas francas sobre la balanza comercial y los ingresos del país, enmarcando la apuesta del Ejecutivo y el Parlamento por afianzar y ampliar su rol en la economía nacional.

A nivel general, las exportaciones de Nicaragua alcanzaron en 2025 un valor de USD 9,319.6 millones, cifra que representó un crecimiento del 14.6 % respecto al mismo periodo del año anterior y consolida al país como uno de los centros más dinámicos de la región en términos comerciales. Esta expansión, que según el Banco Central de Nicaragua responde al alza tanto de los precios internacionales como de los volúmenes embarcados, apunta a fortalecer la proyección económica del país para 2026, con un Producto Interno Bruto cuyo incremento anual se estima entre 3.5 % y 4.5 %, acompañado de una inflación moderada que oscilaría entre 2.5 % y *3.5 %, según informó la entidad a la agencia EFE.

La pujanza de las exportaciones nicaragüenses queda evidenciada al considerar que, solo en el sector de bienes, el crecimiento alcanzó el 16.7 % en 2025, según el informe oficial del Banco Central de Nicaragua citado por EFE. Esta variación se desglosa en un aumento del 9.8 % en los precios de exportación y un 6.9 % adicional en los volúmenes enviados al exterior, lo que refleja la doble vía por la que la economía exportadora avanzó en el año.

En tanto, la manufactura mostró un ascenso más moderado, del 3.3 %, según el desglose divulgado por el banco emisor.

Durante la Semana Santa, al menos 36 personas murieron en Nicaragua por accidentes de tránsito, ahogamientos y homicidios, según informaron autoridades y organismos de socorro.

El reporte oficial fue presentado por el gobierno nicaragüense, quien detalló que 21 de las víctimas fallecieron en accidentes viales, 12 por sumersión y 3 por homicidios. Las cifras fueron difundidas a través de los medios oficiales y replicadas por la agencia EFE.

La Policía Nacional de Nicaragua informó que los accidentes de tránsito representaron la principal causa de mortalidad durante el asueto. Estos incidentes dejaron un saldo de 21 fallecidos, seis más que durante la Semana Santa del año anterior, cuando se registraron 15 muertes por esta causa.

Los datos oficiales también señalan que la mayoría de los homicidios y ahogamientos ocurrieron entre personas en estado de ebriedad, un factor recurrente durante los días festivos.

Según la información recogida por EFE, al menos 5.8 millones de personas se movilizaron durante la Semana Santa, principalmente hacia las playas del Pacífico, lo que incrementó la exposición a riesgos viales y acuáticos. La Cruz Blanca, organización de socorro nicaragüense, reportó 15 muertes por sumersión, un número superior al informado por la policía, e incluyó entre las víctimas a un menor de edad. Además, sus equipos rescataron con vida a 184 personas y atendieron a otras 86 que sufrieron heridas, cortes o golpes en los balnearios del país.

La prensa local, en su seguimiento extraoficial, elevó la cifra total de fallecidos a 42, con 23 muertes asociadas a accidentes viales, 15 a sumersión y 4 a homicidios. Estas divergencias en los conteos fueron reflejadas en distintas coberturas, que también subrayaron la intensidad de la movilidad interna y los desafíos para los servicios de emergencia.

El año pasado, las autoridades registraron 34 muertes durante la Semana Santa: 15 por accidentes de tránsito y 8 entre homicidios y ahogamientos, según los datos oficiales. La tendencia al alza en los incidentes viales se ha mantenido durante el primer trimestre de 2026. Solo en enero se reportaron 48 víctimas mortales en las carreteras, y el acumulado de enero y febrero alcanzó 151 muertes, de acuerdo con el monitoreo de reportes locales.

El balance de las festividades confirma que los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte accidental en Nicaragua en el inicio del año, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, la Cruz Blanca y la cobertura de la prensa local, citados por EFE.

Durante el primer trimestre de 2026, los accidentes de tránsito se consolidaron como una de las principales causas de muerte accidental en Nicaragua, de acuerdo con informes de medios locales y el seguimiento de fuentes oficiales. En enero se reportaron al menos 48 víctimas fatales en las carreteras del país, cifra que aumentó a 151 muertes acumuladas durante los dos primeros meses del año, según datos recopilados por la prensa nacional. Entre enero y mediados de marzo de 2026, al menos cuatro mujeres fueron víctimas de femicidio, según registros de medios locales. El primer caso ocurrió el 25 de enero en Managua.

Luego de que la Interpol levantara la orden de captura emitida contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de Colombia, se conoció que el exfuncionario permanecerá residiendo en Managua, capital de Nicaragua, donde seguirá con asilo político.

Familiares del exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), en declaraciones a Semana, indicaron que el dirigente político permanecerá en el país centroamericano, al considerar que un eventual regreso precipite problemas legales en su país de origen.

Igualmente, el entorno familiar de González recalcó que el exdirector del Dapre mantendría su desconfianza hacia la organización internacional, argumentando que en cualquier momento podrían reactivar la orden de captura en su contra.

Así mismo, el exfuncionario busca no perder la condición de asilado político, otorgada el 20 de agosto de 2025 por el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos de Nicaragua, Iván Lara Palacios.

Del mismo modo, los familiares señalan dificultades para tener comunicación con el exdirector del Dapre, recordando que desde el 13 de febrero de 2026 Nicaragua exige visa consular para los ciudadanos colombianos.

Sin embargo, revelaron que González recibió con optimismo la decisión de la Interpol frente a su situación legal.

Por otra parte, Iván Cancino, abogado defensor de Carlos Ramón González, aclaró en diálogo con El Colombiano que la anulación respondió a errores procesales detectados por un grupo de juristas ante la sede de Interpol en Lyon, Francia.

“Se cae, en términos generales, por violación de derechos fundamentales, lo que soporta la solicitud de asilo”, sostuvo el jurista al medio citado.

El levantamiento de la circular roja implica que, de acuerdo con Cancino, “si él quisiera viajar, podría hacerlo por cualquier lugar”. Sin embargo, remarcó que González no tiene planeado regresar a Colombia ni abandonar Nicaragua.

La defensa de González sostiene que el proceso entrará en etapa preparatoria, donde se definirá el conjunto probatorio y anuncia que recurrirá a todas las instancias posibles, incluidas las internacionales, para demostrar su inocencia.

¿De que acusan a Carlos Ramón González?

Carlos Ramón González es investigado por su presunta implicación en la red de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía sostiene que González es responsable de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

De acuerdo con las pesquisas dirigidas por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, y el fiscal 11 delegado Gabriel Sandoval, el exfuncionario se habría reunido en septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño con Olmedo López, entonces director de la Ungrd y hoy procesado.

Según el fiscal delegado, González, ejerciendo como director del Dapre, habría ordenado la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, con el objetivo de asegurar apoyos a iniciativas legislativas del gobierno en curso.

Actualmente, González participa en las audiencias judiciales de forma virtual desde Managua, donde reside bajo protección diplomática.

A comienzos de 2026, se conocieron datos sobre la residencia en la que González cumpliría su asilo político. Según la información recopilada por Caracol Radio W, el exfuncionario estaría residiendo en un conjunto residencial integrado por cuatro casas, próximo a la embajada de Colombia en Nicaragua y vigilado por personal diplomático ruso.

El periodista Daniel Coronell reveló en dicho medio que el exdirector del Dapre reside junto a su esposa, Luz Dana Leal —exdirectora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena—, y que la obtención del asilo fue facilitada por el exembajador León Fredy Muñoz.

En diciembre del 2025, Carlos Ramón González fue visto en un evento organizado por la Cancillería de Colombia denominado “Noche vallenata Colombia”, celebrado en el Salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío en Managua (Nicaragua).

Imágenes difundidas posteriormente exhibieron a González participando en un “trencito” junto al encargado de Negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, quien habría colaborado en la renovación de su residencia. Tras la divulgación del filme, la Cancillería informó que la Oficina de Control Disciplinario inició una investigación sobre lo ocurrido.

Un expediente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica señala que la participación del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam en un informe de la ONU fue uno de los detonantes de su asesinato, en un contexto que incluye la existencia de una lista de al menos diez personas que habrían sido seleccionadas como objetivos.

La revelación, divulgada por el canal costarricense Teletica, apunta a un crimen con motivación política, ejecutado bajo la modalidad de encargo y con características de operación profesional.

De acuerdo con el documento judicial, testimonios incorporados a la investigación sostienen que Samcam colaboraba con otros exiliados en la elaboración de un documento sobre un eventual “gobierno transitorio”.

Ese proceso generó molestia en sectores vinculados al régimen nicaragüense. Uno de los testigos afirmó que la difusión de ese documento fue “la gota que rebasó el vaso”, al sumarse a otros materiales críticos elaborados por el exmilitar.

El expediente recoge además que Samcam había publicado documentos en los que señalaba a militares, estructuras de inteligencia y al Ministerio del Interior de Nicaragua. Esa actividad lo convirtió, según los testimonios recogidos en el expediente, en un objetivo específico.

Otro testigo indicó que el informe de la ONU en el que participó se sustentaba en gran medida en investigaciones realizadas por Samcam, lo que habría incrementado la presión en su contra.

En esa misma línea, el documento judicial incorpora la versión de que la información facilitada por Samcam permitió identificar a personas involucradas en al menos 300 asesinatos en el contexto de la represión iniciada en 2018.

Roberto Samcam Ruiz era mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y se encontraba en el exilio en Costa Rica. Desde ese país mantenía una postura crítica frente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su trabajo incluía análisis, denuncias públicas y colaboración con organismos internacionales que investigaban violaciones a derechos humanos.

El 19 de junio de 2025 fue asesinado en su vivienda en Moravia, San José. Según las autoridades costarricenses, un sujeto ingresó hasta la segunda planta de la casa y le disparó a quemarropa. El ataque ocurrió en horas de la mañana y evidenció planificación previa, conocimiento del lugar y ejecución directa.

Por este crimen, el OIJ y la Fiscalía detuvieron a cuatro sospechosos que permanecen en prisión preventiva. Las investigaciones apuntan a que se trató de un homicidio por encargo, con pago a los ejecutores. Las autoridades también mantienen la búsqueda de un quinto implicado que no ha sido detenido.

El expediente también señala que uno de los sospechosos tiene vínculos con un grupo que opera en el departamento de Carazo, en Nicaragua, de donde es originario Samcam. Ese elemento es considerado por los investigadores como un indicio de posible coordinación transnacional. La hipótesis central es que el crimen no fue aislado, sino parte de una estructura más amplia.

Entre los datos más sensibles del documento destaca la existencia de una lista con al menos diez personas que habrían sido seleccionadas como objetivos. Samcam figuraba entre ellas.

La investigación judicial coincide con advertencias previas sobre acciones dirigidas contra disidentes fuera de Nicaragua, lo que amplía el alcance del fenómeno represivo.

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que el gobierno nicaragüense mantiene una “extensa” red transnacional de vigilancia e inteligencia. Según ese documento, dicha estructura se utiliza para monitorear, intimidar y atacar a opositores que residen en el extranjero.

El informe señala que esa red incluye al Ejército, la Policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas. También indica que desde 2018 se han desviado fondos públicos para financiar la represión.

“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.

El documento añade que se han reportado al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos nicaragüenses en el exilio, incluido el caso de Samcam en Costa Rica.

Asimismo, indica que cientos de miles de nicaragüenses han sido afectados por esta estructura, mediante vigilancia, amenazas o restricciones migratorias.

Tras conocerse parte del contenido del expediente judicial, Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, reaccionó públicamente. “Las investigaciones en Costa Rica han arrojado luz sobre una verdad dolorosa pero necesaria: su muerte está vinculada a su compromiso con los derechos humanos y a su colaboración para exponer la realidad que se vive bajo la dictadura en Nicaragua… Ver que la OIJ y el Poder Judicial están llegando al fondo nombrando el crimen como político, mencionando a la dictadura y los vínculos con el ejército, nos da algo de optimismo para lo que viene”, expresó en redes sociales.

La viuda agregó que “llegar hasta el final ya no parece un sueño lejano”.

El expediente del OIJ clasifica el crimen como “ideológico” y “profesional y por encargo”. La investigación apunta a que los ejecutores recibieron una remuneración, lo que descarta un hecho espontáneo.

El informe indica que Roberto Samcam fue víctima de la misma estructura que denunció. Sus investigaciones nutrieron el trabajo de los expertos de la ONU, que concluyeron que el régimen de Nicaragua ha organizado una red de represión transnacional.

El “caso Samcam” se ha convertido en un elemento concreto de prueba de la posible existencia de una red de represión transnacional, descrita por la ONU, y de la que el exmilitar advirtió en reiteradas ocasiones.

La remoción de Daysi Ivette Torres Bosques como embajadora de Nicaragua en Cuba se ha producido en medio del creciente aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la par de las recientes tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de La Habana, según informó el medio Nicaragua Investiga.

La salida prematura de Torres Bosques, cesada el 24 de marzo de 2026 tras solo dos meses en la sede diplomática, ilustra la reconfiguración de la política exterior nicaragüense frente a la presión internacional ejercida sobre sus aliados regionales.

El nombramiento de Daysi Ivette Torres Bosques como representante en La Habana se había oficializado apenas el 3 de febrero de 2026, mediante el Acuerdo Presidencial 21-2026, de acuerdo con Nicaragua Investiga.

Su destitución, confirmada por el Acuerdo Presidencial 42-2026 y publicada en La Gaceta el 27 de marzo, concluye el periodo más breve de su carrera diplomática reciente.

Antes de llegar a Cuba, Torres Bosques había ejercido como alcaldesa de Managua y, hasta el 28 de enero de 2026, como embajadora nicaragüense en Venezuela.

Su repentina salida adquiere relevancia en un contexto de transición política en la región. La detención de Nicolás Maduro en Venezuela y las negociaciones sostenidas entre Estados Unidos y Cuba han modificado el equilibrio diplomático en el Caribe y Centroamérica, impactando de manera directa en la estrategia exterior nicaragüense, según detalló Nicaragua Investiga.

Hasta el momento, el gobierno sandinista no ha proporcionado una justificación pública para la destitución de Torres Bosques ni ha aclarado si continuará en el servicio diplomático o será retirada definitivamente.

La dinámica diplomática de Nicaragua ha estado marcada por desplazamientos frecuentes de altos funcionarios. Torres Bosques asumió la embajada en Cuba tras cesar su gestión en Caracas, en lo que constituye una de las rotaciones más rápidas en la estructura de representación internacional nicaragüense en los últimos años.

La decisión ha coincidido con el endurecimiento de la postura de Washington hacia las autoridades cubanas y la exigencia de Estados Unidos de reformas políticas y mayor apertura.

La creciente presión internacional sobre Cuba y Venezuela ha forzado movimientos tácticos por parte de la vicepresidenta Rosario Murillo en la arquitectura diplomática nicaragüense, con la expectativa de contener el impacto de un aislamiento regional acentuado por los recientes acontecimientos políticos, según el análisis de Nicaragua Investiga.

El futuro de Torres Bosques en la función pública permanece incierto, mientras crece la demanda de aclaraciones sobre el rumbo de la política exterior nicaragüense.

Aislamiento internacional de Nicaragua

A partir de 2025 y durante 2026, el régimen profundizó su aislamiento internacional retirándose de varios organismos multilaterales. Nicaragua formalizó su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la UNESCO.

Estas decisiones se tomaron tras críticas y reportes sobre violaciones a derechos humanos y la crisis alimentaria en el país. El gobierno también exigió el cierre inmediato de las oficinas de estos organismos en Managua. La salida de la UNESCO se motivó por la entrega del Premio Mundial de Libertad de Prensa al periódico nicaragüense La Prensa, lo que el régimen consideró una ofensa a la identidad nacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de Bayardo Arce, excomandante sandinista y exasesor presidencial, así como para su núcleo familiar.

Esta decisión surge tras constatar un riesgo grave y urgente para la vida, la integridad personal y la salud de Arce, quien permanece encarcelado en Nicaragua desde julio de 2025.

El organismo internacional señala que el exasesor enfrenta condiciones de detención que podrían causar un daño irreparable, según el análisis de la situación en el país.

Las medidas exigidas por la CIDH incluyen la protección integral de los derechos de Arce y la garantía de que el régimen de su privación de libertad sea compatible con estándares internacionales.

La Comisión ordenó una valoración médica inmediata para el exasesor, el suministro adecuado de medicamentos y la autorización para el contacto regular con sus familiares y representantes.

Estas disposiciones buscan responder de forma urgente a la situación de vulnerabilidad en la que, según el organismo, se encuentra el exasesor.

El caso de Bayardo Arce ha generado inquietud en el ámbito internacional y en organizaciones humanitarias. Según informó la agencia EFE, Arce, de 77 años y antiguo asesor de asuntos económicos y financieros en la Presidencia, fue declarado culpable en enero por la Procuraduría nicaragüense de estafar al Estado por cerca de USD 5.000 millones.

Su familia ha alertado sobre el deterioro físico que presenta desde su ingreso en prisión, donde, según la CIDH, permanece bajo régimen de aislamiento y sin acceso a atención médica para enfermedades crónicas.

Contexto de persecución y crisis en Nicaragua

La CIDH ha identificado un patrón de persecución dirigido tanto a Arce como a su entorno familiar. Tras la detención del exasesor, sus allegados habrían sido objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de hostigamiento por parte de agentes estatales.

El Estado de Nicaragua, por su parte, no proporcionó información ni respuesta a las solicitudes de la Comisión, lo que refuerza la preocupación sobre la ausencia de garantías procesales y de derechos en el caso.

El contexto nacional en Nicaragua agrava la situación de Arce. En los últimos años, al menos siete disidentes y críticos del Gobierno sandinista han muerto bajo custodia.

Entre ellos se encuentra Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente Daniel Ortega, quien falleció en septiembre de 2024 mientras cumplía arresto domiciliario en condiciones de incomunicación, tras expresar cuestionamientos sobre la “sucesión dinástica” en el país.

Desde el año 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social que se profundizó tras las elecciones generales de noviembre de 2021. En dichos comicios, el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en medio de acusaciones de represión, irregularidades y persecución a la oposición.

La situación de Bayardo Arce y las medidas cautelares otorgadas por la CIDH se inscriben en esta serie de episodios recientes que, según organizaciones humanitarias, evidencian un patrón de represión estatal contra voces críticas.

La preocupación internacional crece ante la persistencia de detenciones, la falta de transparencia y la ausencia de garantías para los derechos humanos en Nicaragua.

La exigencia de la CIDH al Estado nicaragüense es : garantizar protección, atención médica y respeto a los derechos fundamentales tanto para el exasesor como para su entorno familiar.

El feriado de Semana Santa 2026 en Centroamérica dejó más de 200 muertos por accidentes de tránsito y ahogamientos, de acuerdo a balances preliminares de autoridades y cuerpos de socorro. El incremento de viajes y actividades recreativas elevó la exposición al riesgo en toda la región, incluso frente a los operativos de prevención desplegados por los gobiernos, según información de las autoridades y medios locales.

La mayoría de las víctimas de la Semana Santa 2026 perdió la vida en accidentes viales y en cuerpos de agua. Si bien cada país enfrentó distintas circunstancias, el uso de motocicletas, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol figuraron entre los factores más recurrentes, en un contexto de desplazamientos masivos y controles reforzados.

Honduras registró el mayor número de fallecidos en la región

El país con la mayor cantidad de víctimas fatales fue Honduras, con al menos 51 muertes reportadas durante la Semana Santa. De acuerdo con el sitio regional Centroamérica 360, 35 personas murieron en accidentes viales y 16 por ahogamiento en playas, ríos y balnearios. En comparación, el país duplicó los 21 fallecidos informados durante la celebración de 2025. Entre los factores asociados a los siniestros se encuentran el uso de motocicletas, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

Uno de los incidentes más graves fue el choque entre un bus y una rastra en El Camalote, Quimistán, Santa Bárbara, lo que dejó diez personas muertas y siete heridas, según medios hondureños. Las autoridades también reportaron la desaparición de tres personas en los primeros días del operativo.

Costa Rica, Guatemala y El Salvador suman decenas de víctimas

En Costa Rica, los registros oficiales indican entre 46 y 49 fallecidos durante el período vacacional, de acuerdo con Centroamérica 360. La Cruz Roja Costarricense detalló que las principales causas fueron accidentes de tránsito, con un saldo de entre 21 y 23 personas muertas. Además, se documentaron nueve víctimas por armas de fuego o armas blancas y cuatro muertes producto de emergencias acuáticas. El resto de los casos respondió a hechos traumáticos y otros incidentes; las emergencias atendidas durante la Semana Santa superaron las 800 intervenciones, entre accidentes, intoxicaciones y rescates.

En Guatemala, el saldo preliminar fue de 34 muertos por accidentes de tránsito, aunque algunos balances elevaron la cifra a 42. Esta reducción resultó marcada respecto a la Semana Santa de 2025, cuando se superaron las 50 víctimas fatales. Los accidentes se concentraron en rutas turísticas, donde los agentes de la División de Seguridad Turística incrementaron la vigilancia.

Por su parte, El Salvador confirmó 39 víctimas fatales durante el feriado, de las cuales 28 fallecieron en accidentes de tránsito y 11 por ahogamiento, de acuerdo al informe oficial de Protección Civil citado por Centroamérica 360. El país desplegó operativos intensivos en carreteras y zonas turísticas, con intervenciones de rescate y detenciones directas a conductores peligrosos.

Nicaragua, Panamá y Belice: balances variables y prevención

En Nicaragua, la cifra oficial ascendió a 36 muertos, según informó la copresidenta Rosario Murillo en una nota publicada por la agencia española EFE. De estos casos, 21 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, doce por ahogamiento y tres por homicidio, la mayoría conectada al consumo de alcohol. La Cruz Blanca reportó quince muertes por sumersión —incluyendo un menor de edad— y rescató con vida a 184 personas en diferentes balnearios, además de atender a 86 heridos por golpes y lesiones.

La prensa local de Nicaragua elevó extraoficialmente el número de muertes a 42, desglosadas en 23 accidentes de tráfico, 15 por sumersión y cuatro por homicidio, según la agencia internacional. Las cifras oficiales del año anterior habían registrado 34 muertes, con 15 por accidentes viales y ocho por diferentes tipos de ahogamientos y homicidios.

Panamá reportó dos muertes preliminares: una por accidente de tráfico en la provincia de Chiriquí y otra por inmersión. Al cierre del reporte de Centroamérica 360, el país aún no contaba con un balance nacional consolidado. Por dimensión poblacional y extensión territorial, estos registros suelen ser menores que los de los países vecinos, aunque históricamente los balances oficiales tienden a surgir con rezago.

En Belice, las autoridades no reportaron un saldo relevante de fallecidos, lo que las fuentes atribuyeron al éxito de los operativos de prevención activados durante la Semana Santa.

Accidentes viales, motociclistas y alcohol: las constantes de la tragedia regional

En toda Centroamérica, los accidentes de tránsito encabezaron las causas de muerte durante la Semana Santa 2026. Los motociclistas se situaron entre los grupos más expuestos, con alto índice de fallecimientos. El exceso de velocidad y el consumo de alcohol estuvieron presentes en la mayor parte de los incidentes fatales, según coincidieron los reportes de medios locales.

Los ahogamientos aumentaron en playas, ríos y balnearios, impulsados por el gran número de viajeros: solo en Nicaragua, la Policía Nacional informó el desplazamiento de 5.8 millones de personas hacia destinos turísticos, según EFE.

A pesar de los esfuerzos preventivos realizados por las autoridades, el registro de víctimas resultó uno de los más elevados de los últimos años, con incrementos notorios en países como Honduras y Nicaragua. Los equipos de emergencia —además de las acciones de vialidad y rescate— realizaron numerosos llamados a extremar medidas de precaución durante la temporada alta de viajes y recreación.

Un total de 845 tortuguillos paslama —especie en peligro de extinción— fueron liberados en el océano Pacífico de Nicaragua desde los refugios de vida silvestre La Flor y Río Escalante Chacocente, según informó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) el lunes.

La medida forma parte del Plan Veraniego 2026 y busca reforzar los esfuerzos de conservación de fauna marina, precisaron las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente nicaragüense, ambas playas ubicadas en el Pacífico son dos de los siete sitios en el mundo donde ocurren temporadas de arribadas de tortugas marinas.

Según datos de la Dirección de Biodiversidad del Marena, en una sola noche pueden concentrarse hasta 4,000 ejemplares, y se espera que en la temporada actual lleguen unas 120,000 tortugas y eclosionen 1.8 millones de crías en la costa pacífica.

Durante la reciente liberación, participaron 291 turistas nacionales y extranjeros, así como jóvenes ambientalistas, señaló Marena. Los guardas de las áreas protegidas, junto con miembros del Ejército de Nicaragua, se encargaron tanto del traslado de los neonatos en la arena como de proteger las nuevas arribadas que se registran habitualmente entre julio y enero.

El Ministerio del Ambiente subrayó que la comercialización de huevos de paslama está prohibida debido a la condición de la especie. No obstante, EFE constató la presencia de huevos a la venta en algunos mercados y quioscos del país.

Deterioro ambiental: minería y China dentro del territorio

Marzo de 2026 marca un punto de inflexión para Nicaragua: el Gobierno, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha cedido el 8,5 % de la superficie nacional a empresas mineras chinas para exploración y explotación de minerales metálicos.

Según un informe de la Fundación del Río, divulgado por la agencia EFE, la transferencia involucra áreas protegidas, territorios indígenas y afrodescendientes, y proyecta consecuencias de largo alcance para la soberanía territorial y los ecosistemas del país.

El propio estudio, titulado ‘Invasión minera china en Nicaragua’, detalla que las firmas de China hoy controlan 1.013.225,44 hectáreas en concesiones, desplazando a operadores industriales previos.

El análisis de la Fundación, dirigido por Amaru Ruiz, un ambientalista desnacionalizado por las autoridades nicaragüenses, resalta la rapidez: entre 2021 y 2026 el Ejecutivo nicaragüense concedió 71 lotes mineros a 15 compañías chinas. De ese grupo, Thomas Metal S.A. concentra el liderazgo con 17 lotes y 228.272,98 hectáreas, seguida por Brother Metal S.A. (14 lotes, 208.959,35 hectáreas) y Zhong Fu Development S.A. (12 lotes, 144.884,87 hectáreas).

La Fundación del Río, según cita EFE, recalca que la mayoría de estas empresas cuentan con escaso historial: fueron constituidas recientemente en Nicaragua, no disponen de presencia en internet ni figuran entre compañías cotizantes en las principales bolsas globales.

El estudio destaca: “Dichas empresas no han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país”.

Hasta diciembre de 2025, registros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, revisados por la ONG, indican que de las 16 empresas chinas identificadas solo 4 están formalmente inscritas; otras 11 no han sido registradas y una perdió su licencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que amplíe las medidas provisionales en favor de cinco opositores nicaragüenses encarcelados, a quienes considera expuestos a una situación de extrema gravedad y riesgo de daños irreparables.

Esta petición fue respaldada por organismos humanitarios que alertan sobre el peligro para la vida y la integridad de estas personas, actualmente privadas de libertad bajo acusaciones de delitos económicos y persecución política.

Entre los beneficiarios de la solicitud se encuentran el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, quien fue asesor presidencial, y su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy.

Ambos fueron señalados por la Procuraduría General de Justicia como responsables de crear una veintena de empresas ficticias para actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, según lo divulgado por la CIDH. La petición también abarca al coronel retirado Carlos Brenes, su esposa Salvadora Martínez y el opositor Larry Martínez, todos detenidos en el contexto de la crisis política que atraviesa Nicaragua.

La información recabada por EFE indica que estos cinco forman parte de un grupo protegido bajo el caso identificado como ‘Asunto Juan Sebastián Chamorro y otras personas respecto a Nicaragua’, que recoge la persecución sistemática contra más de un centenar de opositores al gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La CIDH precisó que tres de los beneficiarios son adultos mayores, lo que agrava las preocupaciones sobre su salud y bienestar en el contexto carcelario.

Los Baltodano están recluidos en el centro penitenciario conocido como ‘La Modelo’, tras permanecer más de cinco meses sin que se conociera su paradero. Durante ese tiempo, la CIDH advirtió que no habrían recibido la atención médica adecuada a sus condiciones de salud. En el caso de Brenes, Martínez y Salvadora Martínez, las autoridades no han informado sobre su ubicación desde que fueron arrestados, lo que incrementa la alerta sobre su situación personal.

La CIDH ha señalado que, pese a las gestiones y solicitudes dirigidas al Estado de Nicaragua para esclarecer la situación de los detenidos y adoptar medidas de protección, no ha recibido respuestas que indiquen la existencia de acciones efectivas para mitigar los riesgos identificados ni de investigaciones sobre los hechos denunciados.

Por ese motivo, la Comisión recurrió a la Corte IDH para que ordene la adopción inmediata de medidas que garanticen la vida, la salud, la integridad y la libertad de los cinco opositores, así como la obligación de informar formalmente sobre su paradero o lugar de detención.

Las medidas provisionales que puede emitir la Corte IDH tienen carácter obligatorio para los Estados miembros y están reservadas para situaciones de urgencia y gravedad, en las que existe la posibilidad de daños irreparables para las personas involucradas. El caso de los disidentes nicaragüenses se enmarca en la crisis política y social que vive el país desde 2018, intensificada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelegido con la mayor parte de sus rivales encarcelados. Luego, muchos de esos opositores fueron privados de su nacionalidad y derechos políticos, tras ser acusados de traición.

La CIDH insiste en la necesidad de que se implementen acciones inmediatas para proteger a los cinco disidentes y que se aporte información sobre su situación real, ante la falta de garantías y el silencio oficial por parte del gobierno nicaragüense.

Una joven nicaragüense de 29 años, identificada como creadora de contenido en TikTok, fue reportada como desaparecida ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que sus familiares perdieran contacto con ella desde finales de marzo.

Se trata de Junieysis Adely Merlo Espinoza, quien fue vista por última vez el martes 31 de marzo en el sector de Salitral, en Santa Ana, específicamente en el condominio Los Pericos, según confirmaron las autoridades judiciales.

La denuncia formal por su desaparición fue presentada el 2 de abril, dos días después de su última aparición, cuando sus allegados comenzaron a preocuparse al no tener noticias de su paradero.

De acuerdo con información divulgada por el OIJ, el caso se mantiene en investigación y se ha activado el protocolo correspondiente para la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicar a la joven.

Una vida entre redes sociales y familia

Merlo Espinoza es originaria de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, Nicaragua, pero tenía varios años de residir en Costa Rica. En redes sociales, especialmente en TikTok, se había dado a conocer como creadora de contenido, donde acumulaba más de 8.000 seguidores.

Sus publicaciones se centraban en videos de comedia, situaciones cotidianas y momentos familiares, en particular junto a sus hijas gemelas de cuatro años, quienes formaban parte frecuente de su contenido digital.

Para sus seguidores y conocidos, su repentina desaparición ha generado alarma, ya que mantenía una actividad constante en redes sociales, lo que hace aún más inusual la falta de comunicación.

Último contacto y versiones contradictorias

El padre de la joven, Máximo Merlo, de 61 años, relató que la última vez que tuvo contacto con su hija fue el lunes 30 de marzo, un día antes de su desaparición.

Según explicó, al intentar comunicarse nuevamente el martes 31, recibió información de la expareja de la joven, quien le indicó a Merlo Espinoza se había desplazado hacia la playa en compañía de un grupo de tiktokers.

“El martes llamé de nuevo y me dijeron que no nos preocupáramos, que mi hija regresaría el Miércoles Santo”, señaló el padre, quien también manifestó que no conocía a las personas con las que supuestamente su hija habría viajado.

Sin embargo, el paso de los días sin noticias encendió las alarmas en la familia, que finalmente decidió interponer la denuncia ante las autoridades costarricenses.

Señalamientos en redes sociales

En medio de la incertidumbre, personas cercanas a la joven han utilizado redes sociales para solicitar ayuda y compartir información sobre el caso. Algunos conocidos han señalado públicamente a un hombre costarricense, identificado por las iniciales G. C. R., como una persona que podría tener información relevante sobre el paradero de Merlo Espinoza.

“Entregála o brindá toda la información a la policía por favor, que toda su familia está muy preocupada. Tiene dos hijas. Da la versión correcta”, escribió una allegada en Facebook, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre usuarios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la participación de ninguna persona en los hechos, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Llamado a la ciudadanía

El Organismo de Investigación Judicial reiteró el llamado a la población para colaborar con cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de la joven.

Para ello, se habilitaron las líneas confidenciales 800-800-0645 y el WhatsApp 8800-0645, donde se pueden brindar datos de manera anónima.

Mientras tanto, la familia de la joven continúa a la espera de respuestas, apelando a la solidaridad de la población y a las autoridades para lograr encontrarla con vida.

El obispo nicaragüense Silvio Báez, privado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos, instó este domingo a los fieles católicos a no ceder ante la injusticia ni el mal durante una homilía pronunciada ocho años después de las manifestaciones contra Daniel Ortega en Nicaragua.

Poco antes del aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018, Báez subrayó que Jesús murió acusado “injustamente” y afirmó que Dios hace justicia a las víctimas: “Dios resucita al crucificado y vence la injusticia”, manifestó el obispo auxiliar de Managua, según la agencia internacional de noticias EFE.

El jerarca católico añadió que “hacer el bien a los demás es ya resucitar” y alentó a los creyentes a rechazar el miedo ante sistemas y poderes injustos.

Báez, a quien el papa Francisco recomendó abandonar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, aseguró durante la homilía que el mensaje de la resurrección implica “la victoria de la justicia divina sobre la injusticia humana” e invitó a proclamar perdón y esperanza.

La homilía de Báez ocho años después del estallido de la represión

Managua fue uno de los principales escenarios de las protestas de 2018. Las protestas iniciadas por reformas a la seguridad social derivaron en una masiva exigencia de renuncia de Ortega. Tras la violenta represión oficial, al menos 355 personas murieron según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA. Organismos locales elevaron el recuento a casi 700 víctimas, mientras el mandatario reconoció “más de 300” fallecidos y calificó el episodio como un intento de golpe de Estado, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las cifras de víctimas y la posición de distintos actores nacionales e internacionales han marcado la narrativa sobre aquellos hechos en Nicaragua hace ocho años.

Mientras tanto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha consolidado un incremento de poder y ha endurecido su aparato represivo, por lo que organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país han denunciado una intensificación de la persecución y reclaman justicia internacional para las víctimas de crímenes cometidos desde el inicio de la crisis política, según informes de la ONU.

El octavo aniversario se presenta en un contexto de creciente aislamiento del país y una estrategia orientada a borrar de la memoria colectiva los episodios de represión, asesinatos y exilio forzado.

Pero organizaciones opositoras desde el exilio como la Concentración Democrática Nicaragüense, han sostenido que el régimen “se sabe derrotado” y, por ello, ha impulsado “una nueva Constitución y nuevas leyes cada vez más autoritarias y represivas”, además de aumentar el número de miembros del ejército y la policía para sofocar cualquier disidencia. El grupo subraya que, a pesar de las denuncias internacionales y los llamamientos a la democracia, centenares de funcionarios y fuerzas de seguridad continúan sosteniendo un sistema basado en vigilancia y represión sobre la sociedad civil.

La persecución política en Nicaragua no se limita al territorio nacional. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe de abril de 2026 citado por Infobae, alertó sobre una red transnacional de inteligencia y control respaldada por el régimen, diseñada para “monitorear, intimidar y atacar” a los cientos de miles de nicaragüenses exiliados. Esta estructura involucra al ejército, la policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas.

Desde 2018, la dictadura ha recurrido al uso de fondos públicos para financiar la represión, lo que incluyó la creación de una estructura paralela dentro del partido de gobierno. El grupo de expertos de la ONU documentó que al menos 452 personas han perdido arbitrariamente su nacionalidad, y miles más permanecen en situación de apatridia de facto por la negativa estatal a renovar o emitir documentos, impidiéndoles regresar al país.

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU, declaró: “La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua. La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, según recogió Infobae.

En este período también se han registrado al menos doce asesinatos o intentos de asesinato contra opositores exiliados. El caso del mayor retirado del ejército Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica en junio de 2025, ilustra el alcance de las acciones represivas fuera del territorio nicaragüense.

El informe del Grupo de Expertos de la ONU, creado en marzo de 2022 bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos para investigar los abusos desde abril de 2018, respalda las denuncias sostenidas por víctimas, familiares y medios independientes. Reed Brody, integrante del comité, destacó que “el mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos” en Nicaragua.

La Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, integrado por activistas en el exilio, emitió recientemente un llamado desde Costa Rica para que la comunidad internacional no permanezca indiferente ante el agravamiento de la crisis, según informó EFE. La organización contextualizó el conflicto a partir de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 contra reformas de seguridad social, una fecha que marca el comienzo de una escalada represiva que derivó en ejecuciones extrajudiciales, torturas, destierros, apatridia y la consolidación de “una maquinaria de propaganda” para ocultar los crímenes.

La comunidad internacional, según el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, enfrenta el reto de adoptar medidas concretas para frenar la impunidad y evitar la repetición de los delitos documentados, manteniendo la atención sostenida sobre las violaciones persistentes bajo el régimen de Ortega y Murillo.

La declaración de la ONG, citada por EFE, advierte que la “verdad constituye un derecho fundamental para las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad, además de ser condición indispensable para la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición”. El colectivo denuncia que este derecho se ha negado de manera sistemática mediante el silencio oficial, impunidad y manipulación institucional.

El Colectivo exige esclarecimiento sobre el destino de los desaparecidos, las condiciones de las personas presas y excarceladas por motivos políticos, los asesinatos perpetrados desde 2018 y la cadena de mando responsable por estos hechos. También reclama información sobre confiscaciones, destierros, desnacionalización y el uso de las instituciones estatales para garantizar impunidad.

La concentración opositora destaca que el régimen intenta “borrar de la memoria colectiva las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, las torturas, los destierros, las desnacionalizaciones, el exilio forzado, los encarcelamientos injustos, los juicios amañados y las confiscaciones”, pero confía en el éxito de la red de apoyo internacional para preservar la verdad histórica y encaminar la causa hacia la justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano autónomo de la OEA) ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ampliación inmediata de las medidas provisionales para proteger a cinco disidentes nicaragüenses detenidos. El pedido surge ante la posibilidad real de daños irreparables para su integridad y derechos, derivada de una política de persecución sistemática ejercida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra más de cien opositores en los últimos ocho años, según informó la CIDH en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Entre estos beneficiarios se encuentran figuras con relevancia política y social dentro de Nicaragua: el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, quien fuera asesor presidencial y delegado de inversiones bajo el gobierno de Ortega; su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy; el coronel en retiro Carlos Brenes; su esposa Salvadora Martínez; y el opositor Larry Martínez.

La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, autoridad estatal encargada de la investigación y persecución penal, los identifica como presuntos creadores de “20 sociedades de papel” para lavar dinero y evadir impuestos. Tres de los mencionados tienen más de 65 años, lo que incrementa la urgencia por su estado de salud, de acuerdo a la Comisión. La organización Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, con sede en Costa Rica, confirmó los antecedentes y detenciones.

El paradero y las condiciones de reclusión de algunos de estos opositores generan especial preocupación en la comunidad internacional. El informe de la CIDH documentó que Baltodano Cantarero y su hijo permanecen en el centro de detención La Modelo, después de más de cinco meses desaparecidos; existen alegatos consistentes sobre falta de atención médica adecuada.

En el caso de Brenes, su esposa y Martínez, la Comisión señaló que sus ubicaciones permanecen desconocidas desde su detención, situación que incrementa el riesgo de violaciones graves a sus derechos.

Ante ello, la CIDH pidió a la Corte IDH ampliar las medidas provisionales a favor de estos cinco disidentes nicaragüenses por riesgo grave e inminente a su vida e integridad. Algunos llevan meses detenidos o con paradero desconocido, y la CIDH acusa al Estado de Nicaragua de no presentar pruebas de protección o investigación.

De acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 27 de su Reglamento, la CIDH sostuvo que el Estado de Nicaragua no ha emitido respuesta ni adoptado medidas para disminuir los riesgos mencionados, ni ha informado avances en la investigación.

Por esto, solicitó que la Corte IDH garantice la protección inmediata de la vida, integridad, salud y libertad personal de los cinco disidentes, además de requerir un informe oficial sobre su paradero o lugar de detención.

El contexto de la persecución a la disidencia y la reacción internacional

Las medidas provisionales que puede dictar la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio y se reservan a escenarios de gravedad y urgencia comprobada. La petición de la Comisión se produce en un contexto signado por la crisis social y política en Nicaragua desde abril de 2018, con un marcado agravamiento tras los comicios generales del 7 de noviembre de 2021.

En dichas elecciones, Ortega —con ochenta años y en el poder desde 2007— fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en una votación denunciada internacionalmente por la exclusión de sus principales rivales a través de arrestos y expulsiones. Conforme a la información recabada por EFE, un centenar de opositores, despojados de nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”, siguen sometidos a procesos judiciales y encarcelamientos.

Ante esa situación, la iniciativa de la CIDH y el recurso ante la Corte IDH se configuran como las principales instancias de protección para quienes enfrentan el peligro de desaparición o de condiciones carcelarias severas. La Comisión, por su parte, recalcó que sus gestiones formales y solicitudes de información al Estado de Nicaragua no han obtenido ninguna prueba concreta sobre la adopción de medidas de protección ni avances en los procesos judiciales.

La elaboración de alfombras pasionarias cubrió este Viernes Santo cerca de 300 metros de calles en el barrio indígena Sutiaba de la ciudad de León, Nicaragua, con la participación de habitantes locales que crearon más de ocho diseños inspirados en la pasión de Jesucristo como parte de una tradición con más de un siglo de historia. La manifestación congregó a fieles y visitantes, muchos de ellos atraídos por el carácter religioso y turístico del evento, según reportó EFE.

El recorrido procesional del Santo Entierro transitó sobre las alfombras al anochecer, marcando el cierre de la jornada para la comunidad y los asistentes, quienes documentaron tanto el proceso de confección como el resultado visual. Cada tapiz requirió entre dos y cuatro horas de trabajo colectivo, con la utilización de aserrín teñido —en tonos rojos, verdes, azules, amarillos, blancos y ocres—, además de materiales como arena, flores, escarcha, pétalos y arroz, informó EFE.

La jornada transcurrió bajo custodia policial y no se reportaron incidentes de consideración. Comerciantes locales aprovecharon la afluencia de personas —incluidos visitantes extranjeros— para vender alimentos y bebidas. La tradición, mencionada en los escritos de Rubén Darío, refuerza su papel como expresión cultural y religiosa central del occidente nicaragüense.

Una carta pública escrita por Thelma Brenes Muñoz volvió a exponer el caso de Salvadora Martínez y el coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez, detenidos el 15 de agosto de 2025 por agentes policiales en Nicaragua y desde entonces en condición de desaparición forzada, según denuncias de sus familiares y organizaciones de derechos humanos.

El texto, publicado en la plataforma de Confidencial y replicado en redes sociales, está dirigido a Salvadora Martínez, esposa de Brenes.

“En esta Semana Santa se cumplen 32 semanas desde tu desaparición forzosa. Treinta y dos semanas desde que fuiste capturada por efectivos policiales mientras regresabas caminando a tu casa y obligada a subir a una patrulla”, escribe.

Añade que en ese mismo operativo los agentes se trasladaron a la finca familiar para detener a su padre, bajo el argumento de que sería solo para “hacerles unas preguntas” y que regresarían “en un par de días”.

Ese plazo nunca se cumplió. “Han pasado más de siete meses”, señala. Desde entonces, no existe confirmación oficial sobre el lugar de reclusión de ninguno de los dos.

La detención ocurrió en una finca ubicada entre Masatepe y Jinotepe, en el contexto de una ola de arrestos reportada en Carazo, Masaya, Granada y Rivas. Según denuncias recogidas por el Monitoreo Azul y Blanco, las autoridades no presentaron órdenes de captura ni brindaron información posterior a los familiares.

El caso está incluido en los registros del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que documenta detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país. En reportes previos, la organización ha señalado que en Nicaragua persiste un patrón de incomunicación total, negación de información y ausencia de procesos judiciales visibles.

En su carta, Brenes Muñoz describe la situación concreta de Salvadora Martínez. “A tus 68 años te ha tocado vivir una prisión injusta y una incomunicación total. Desde el día de tu captura no sabemos nada de vos: no sabemos dónde estás, ni cómo te encontrás de salud, ni cómo estás de ánimo”, escribe.

Subraya que la detención no responde a una actividad política propia de Martínez. “Tu único ‘delito’, si es que puede llamarse así, ha sido ser la esposa de mi padre, Carlos Brenes Sánchez”, afirma.

“Resulta profundamente ilógico e incomprensible que un poder que se proclama revolucionario y defensor de las mujeres someta a una mujer a la desaparición, la cárcel y la incomunicación por el solo hecho de su vínculo familiar”, añade.

Brenes Muñoz describe a Martínez como una persona “optimista y platicona” y cristiana. “Confío en que, en estas circunstancias tan duras, esa fe te sostenga cada día, en donde estés”, escribe. “En estos días de Semana Santa, tiempo de dolor, pero también de esperanza, estoy segura de que sabrás renovar tu confianza en Dios”.

Antes, en diciembre de 2025, Brenes Muñoz dirigió una carta previa a su padre, también difundida públicamente. “Los informes dicen que todavía hay 62 personas desaparecidas forzosamente hasta diciembre. Vos sos el número 9 de la lista y Salvadora la número 35. Pero nadie extraña al número 9 ni al 35. A mí me haces falta vos, mi papá”, escribió.

La última actualización del Mecanismo, después de algunas excarcelaciones, señala que hasta el 26 de febrero pasado en las cárceles de Nicaragua quedaban 46 presos políticos de los cuales 10 se inscriben en la condición de “desaparecidos”.

La carta de Brenes Muñoz a su padre, detalla la incertidumbre sobre el estado de salud del exmilitar, quien padece diabetes, hipertensión y otros problemas médicos. “Me pregunto si te estarán dando los medicamentos en las dosis que necesitas. Dudo mucho que lo estén haciendo”, señala.

También describe el contexto en el que se produjo la detención. “Vos y yo sabemos que estabas tranquilo en tu finca, siguiendo las reglas del juego que te habían impuesto: reportándote cada cuatro días a la policía, mandando tu foto por WhatsApp”, escribió.

Carlos Brenes Sánchez es un exmilitar con trayectoria en la historia reciente de Nicaragua. Originario de Monimbó, Masaya, se integró en los años setenta al Frente Sandinista de Liberación Nacional y participó en acciones armadas contra la dictadura somocista.

Durante ese período estableció vínculos directos con la dirigencia sandinista. Conoció en 1975 a Camilo Ortega, hermano de Daniel Ortega, cuando ambos operaban en la clandestinidad. Camilo Ortega dirigía estructuras guerrilleras en Masaya, Granada, Carazo y Rivas, e integró a Brenes en el comando regional en Rivas.

Brenes participó en operaciones contra la Guardia Nacional en Rivas, Peñas Blancas, Sapoá y La Virgen, y contribuyó a establecer redes logísticas entre Costa Rica y Nicaragua que serían utilizadas por el Frente Sur. Bajo la jefatura de Camilo Ortega, trabajó junto al sacerdote guerrillero Gaspar García Laviana.

Ese vínculo marcó su trayectoria. Según sus propios testimonios, Camilo Ortega fue una figura de referencia en su vida política y personal. Tras su muerte en combate en febrero de 1978, Brenes mantuvo su imagen en los espacios donde vivió.

En ese mismo proceso, Brenes conoció también a los hermanos Humberto y Daniel Ortega Saavedra. Según sus declaraciones posteriores, el vínculo con este último fue limitado. “No hubo contacto orgánico, solo personal”, precisó en entrevistas.

Tras el triunfo de 1979, Brenes pasó a formar parte del Ejército Popular Sandinista. Ocupó cargos de mando y participó en la estructura militar durante la década de los ochenta. Se retiró en 1992, en el proceso de reducción de tropas impulsado durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.

En los años posteriores, se convirtió en crítico del rumbo del Frente Sandinista y del liderazgo de Daniel Ortega. Denunció el pacto político con Arnoldo Alemán, cuestionó decisiones institucionales y participó en espacios opositores.

En 2018 fue detenido por primera vez, acusado de terrorismo y otros delitos en el contexto de las protestas de abril. Permaneció en prisión más de once meses y fue liberado en junio de 2019 bajo la ley de amnistía.

Tras su liberación, regresó a su finca entre Masatepe y Jinotepe, donde desarrollaba actividades agrícolas.

El 15 de agosto de 2025 fue detenido nuevamente, junto a su esposa Salvadora Martínez. No se presentó acusación formal ni se informó sobre su situación jurídica.

La carta pública de Brenes Muñoz a Salvadora Martínez concluye con una promesa: “Quiero reafirmarte mi compromiso de seguir luchando por ustedes, sin descanso, hasta que puedan ser libres. Hasta que vos y mi papá puedan regresar a su casa y retomar esa vida tranquila y digna que siempre han querido y que se merecen”.

La restricción a las manifestaciones públicas, implementada este año por la Policía, forzó a que el viacrucis se realizara únicamente dentro de los templos o en sus atrios, afectando tanto a la principal iglesia de la capital como a otras parroquias del país, acorde con la información divulgada por EFE. En años previos, estas procesiones recorrían las calles; en esta ocasión, la ceremonia se mantuvo en el interior, con los fieles completando las 14 estaciones bajo vigilancia policial, sin incidentes reportados.

El acto concluyó con una eucaristía en la entrada principal, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes. Durante la ceremonia, los asistentes, muchos vestidos de blanco, descalzos o portando imágenes religiosas, realizaron plegarias en familia. La ruta penitencial terminó en el atrio del templo y no ante la tradicional imagen de la Sangre de Cristo, dañada en un incendio en julio de 2020 y considerada un símbolo central de devoción en Nicaragua, según los datos de EFE.

La Comisión Europea advirtió el jueves que podría imponer visado a nicaragüenses si Nicaragua mantiene la exigencia de este documento a ciudadanos de varios países de la Unión Europea, de acuerdo con una declaración del comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, consultado por varios europarlamentarios en una respuesta fechada el 31 de marzo. Desde el 16 de febrero, el Gobierno de Nicaragua impone visados a nacionales de 128 países, incluidos Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, Estonia y Lituania, según información de EFE recogida por Infobae.

El propio Brunner explicó que “la reciprocidad de visados es un elemento importante de la política de visados de la UE” y señaló que el mecanismo exige que “los terceros países cuyos ciudadanos disfrutan de la exención de visado para viajar a la UE, como Nicaragua, concedan la misma exención a los ciudadanos de todos los Estados miembros”.

Brunner añadió que “en caso de falta de reciprocidad, la UE puede adoptar diversas medidas, incluida la suspensión temporal de la exención de visado”, de acuerdo con su declaración recogida por la agencia española de noticias EFE. La Comisión Europea está actualmente “recabando información” sobre la situación, ya que, hasta el momento, Nicaragua no ha comunicado oficialmente la justificación del cambio ni notificó las modificaciones en su política de visados.

Los contactos diplomáticos entre la Unión Europea y Nicaragua se desarrollan a través de la delegación de la UE en Managua, primer paso previsto dentro del mecanismo de reciprocidad, según detalló Brunner.

El reclamo de los europarlamentarios y la situación actual

De acuerdo al grupo de europarlamentarios de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que realizó la consulta, los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea permanecen exentos de visados para ingresar a Nicaragua, pero consideran que la restricción a ciertos países supone “un trato desigual” dentro del bloque de los veintisiete, quienes expusieron que “los ciudadanos nicaragüenses siguen disfrutando de la exención de visado para viajar al espacio Schengen”.

Entre los países afectados por el nuevo requisito de visado figuran, además de miembros de la Unión Europea, ciudadanos de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas.

Régimen de Ortega impuso medida en febrero

El régimen de Nicaragua anunció en febrero pasado el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, una decisión adoptada en medio de presiones de Estados Unidos para controlar los flujos de migración irregular que atraviesan la región con destino al país norteamericano. La medida fue firmada por la ministra del Interior María Amelia Coronel y el director general de Migración y Extranjería Juan Emilio Rivas.

Según la disposición número 002-2026, la restricción se dirige principalmente a quienes portan pasaportes ordinarios, quedando exentos quienes viajan con pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos o especiales —siempre que existan acuerdos bilaterales específicos—.

Además, la medida mantiene una reciprocidad parcial para ciudadanos de Colombia y Nicaragua nacidos en ciertas regiones del Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua debía notificar a todas las representaciones consulares en Managua. El cambio surgió tras un ciclo de cuatro años en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había relajado el visado para países como Cuba y naciones africanas.

Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, calificó como «preocupante» la agenda migratoria de Nicaragua, que facilitó la llegada de vuelos chárter desde Asia, África y Europa, permitiendo el tránsito de migrantes hacia su frontera sur.

El anterior gobierno de Joe Biden ya advertía que migrantes de Cuba, Haití y África aprovechaban la vía aérea hacia Managua para continuar por tierra hasta México y, finalmente, cruzar a territorio estadounidense. Entre los países para los cuales se restableció el visado destacan también Corea del Norte, Iraq, Libia, Siria y más de una docena de Estados africanos y asiáticos.

Nicaragua registró USD 527 millones en ingresos por turismo en 2025, cifra que representa un 3.2 % más que los USD 510.9 millones obtenidos en 2024, informó el Banco Central de Nicaragua, la principal entidad financiera del país, desde Managua.

El crecimiento en los ingresos se atribuyó a un mayor gasto promedio diario de los turistas, que alcanzó USD 46.4 por persona frente a los USD 45.7 del año anterior, según el informe de la entidad.

El Banco Central explicó que este aumento del gasto medio compensó tanto la disminución en el número de visitantes —que fue de 1.08 millones en 2025, un 0.6 % menos que los 1.09 millones de personas de 2024— como la reducción de la estadía promedio, que pasó de 9.9 a 9.6 días por persona (una baja interanual del 3.03 %).

Crecimiento de ingresos turísticos y cambios en los visitantes

El sector de hoteles y restaurantes mostró un crecimiento del 8 % en 2025, impulsado por una mayor afluencia de turistas extranjeros y nacionales a los centros turísticos, informó el Banco Central de Nicaragua.

Si bien Nicaragua recibió 510.9 millones de dólares en ingresos por turismo durante 2024, eso representó una disminución del 30.9 % respecto al año anterior, de acuerdo a las cifras del Banco Central nicaragüense. El monto total se situó por debajo de los 595.6 millones de dólares captados en 2022.

De acuerdo con la entidad monetaria, la caída en los ingresos se debió a una reducción en la estadía promedio de los turistas, que bajó de 10.6 días en 2023 a 9.9 días en 2024, y a una menor afluencia de visitantes, en especial procedentes de Sudamérica y Europa. Eso significa que al comparar los datos de 2025, los turistas que llegan a Nicaragua cada vez se quedan menos tiempo en ese país.

Asimismo, el número de turistas no residentes alcanzó 1.09 millones en 2024, una contracción del 9.7 % en comparación con los 1.2 millones registrados en 2023.

La institución indicó el año pasado que el gasto medio diario por turista aumentó a 45.7 dólares, superior a los 43.7 dólares del año previo. No obstante, la menor duración de las visitas impactó el total de ingresos captado por el país.

El desempeño del turismo en 2025 es atribuido por las autoridades al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que tuvo un aumento del 4.9 % respecto a 2024, según las cifras oficialistas.

El crecimiento del PIB del año pasado marcó el quinto año consecutivo de expansión económica tras haber cerrado tres ejercicios con caídas promedio del 2.7 % anual entre 2018 y 2020, informó la entidad monetaria.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua proyectaba un crecimiento económico de entre 3.5 % y 4.5 %, con una inflación anual estimada entre 3 % y 4 %. Sin embargo, las previsiones serán revisadas tras la decisión de la administración de Donald Trump de aplicar un arancel del 18 % a las exportaciones nicaragüenses con destino a Estados Unidos, principal comprador en 2024 con el 38.7 % del valor exportado, que incluye bienes como textiles, arneses, café, oro y tabaco.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El régimen de Nicaragua excarceló este miércoles a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo de la Semana Santa.

Los 1.200 privados de la libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como "La Modelo“, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información oficial.

En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, afirmó que otorgaron ese beneficio a los presos con motivo de la Semana Mayor.

“La Semana Santa nos recuerda la entrega de Cristo Jesús, su sacrificio y su resurrección, que es también la confirmación de nuestra fe y la oportunidad de recrearnos, una nueva vida, una vida que debemos construir mejor cada día”, declaró la funcionaria, quien subrayó además que abril es especial porque es “el mes de la paz”.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentó a 2.400 en lo que va de año, según el Ministerio del Interior.

El pasado 2 de febrero, el régimen de Nicaragua indultó a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con motivo del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018).

Las autoridades de Nicaragua han liberado y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18% ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del régimen.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha enfrentado críticas, principalmente de organizaciones feministas, al considerar que se han incrementado los feminicidios y la delincuencia en Nicaragua.

En 2025, las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

Un total de 1,200 presos comunes con sentencia firme fueron puestos en libertad condicional por el régimen de Nicaragua este miércoles, permitiéndoles pasar la Semana Santa bajo régimen de convivencia familiar en sus hogares, según información oficial retomada por el medio EFE.

El beneficio otorgado incrementa el número de reos comunes excarcelados en lo que va de 2024 a 2.400 personas, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio del Interior.

Esta política de liberación ha alcanzado a 53.164 internos durante la última década, con una tasa de reincidencia del 7,18 % en ese periodo, según el Gobierno.

Actos oficiales para formalizar la excarcelación se realizaron tanto en la sede del Sistema Penitenciario Nacional cerca de Managua, la mayor prisión del país conocida como ‘La Modelo’, como en otras siete cárceles. El pasado 2 de febrero, la administración nicaragüense también liberó a 1.200 reclusos por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, en homenaje al fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo.

En 2025, el número de condenados beneficiados por esta medida alcanzó a 9.900 personas, la cifra más alta registrada en diez años, según los registros oficiales.

Diversas organizaciones feministas han cuestionado la liberación anticipada de convictos al señalar un presunto aumento de los feminicidios y de la delincuencia en Nicaragua tras la aplicación de este programa.

EE.UU. denunció la crueldad del régimen de Ortega y Murillo

La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció en marzo la detención de personas ancianas y enfermas por parte del Gobierno que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando de manera específica el caso de Brooklyn Rivera Brayan, exdiputado indígena miskito, de 73 años, arrestado desde el 29 de septiembre de 2023, según comunicó la delegación estadounidense.

Como consecuencia tras esta detención, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, órgano bajo control sandinista, anuló la personalidad jurídica del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), indicando que la agrupación cometió actos contra la soberanía nicaragüense y fomentó la injerencia extranjera, calificados como delitos de traición a la patria, de acuerdo con el argumento oficial.

La sede diplomática de Estados Unidos en Managua calificó de “irrazonable” la actitud del “régimen” hacia los ciudadanos que manifiestan críticas contra el Gobierno, de acuerdo con el mensaje publicado en sus redes sociales.

Fundador y líder de Yatama, Rivera fue aliado de los actuales gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional y su detención tuvo lugar días antes de las elecciones regionales celebradas en marzo de 2024. “Estas personas -ancianos y enfermos- fueron encarceladas por el simple hecho de discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos fundamentales y de atención médica”, señaló la embajada estadounidense.

Funcionarios sancionados

Estados Unidos implementó sanciones en febrero contra cinco altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, como respuesta a lo que calificó como acciones para “incitar a la inestabilidad regional” y permitir la represión de la población, según un comunicado del Departamento de Estado.

La medida, que afecta a figuras clave dentro de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se vincula a denuncias de represión violenta y asesinatos de opositores reportados desde 2018, de acuerdo con la Administración de Donald Trump. En el comunicado, las autoridades estadounidenses responsabilizaron a la estructura de seguridad estatal de vigilar y silenciar a quienes el Gobierno identifica como amenazas a su control.

Los funcionarios sancionados son la ministra de Trabajo Johana Flores; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Denis Membreno; el subdirector de la misma entidad, Aldo Saenz; la subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celia Reyes; y el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Leonel Gutiérrez.

El Departamento de Estado destacó: "La dictadura ha cometido abusos laborales sistemáticos y utiliza estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que considere una amenaza para su control del poder. Las personas sancionadas hoy encabezan las agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión“, sostuvo la entidad.

Nicaragua está ubicada entre los países más autocráticos del mundo, ocupando el puesto 175 de 179 naciones evaluadas, de acuerdo con el informe Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, elaborado por la Universidad de Gotemburgo.

A Nicaragua se le asigna un puntaje de 0.02, lo que la coloca al nivel de Afganistán y apenas por encima de Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, países que encabezan la clasificación de los regímenes más cerrados del planeta.

El informe atribuye esta posición a la concentración del poder en el Ejecutivo, la eliminación de contrapesos institucionales, la represión de la oposición y el deterioro sistemático de las libertades civiles. Nicaragua aparece dentro del grupo de autocracias consolidadas, es decir, regímenes donde el poder no enfrenta controles efectivos ni competencia política real.

La medición del V-Dem analiza múltiples dimensiones de la democracia. Entre ellas están la calidad de los procesos electorales, la independencia judicial, el respeto a los derechos civiles, la libertad de expresión, la existencia de sociedad civil autónoma y los mecanismos de control sobre el poder político. Nicaragua registra un deterioro sostenido durante los últimos años.

También identifica al país como parte de la “ola de autocratización” global, concepto que describe un proceso en el que gobiernos concentran poder, debilitan instituciones y restringen libertades. Según el estudio, esta tendencia es actualmente dominante en el mundo. Nicaragua es uno de los casos más extremos dentro de América Latina.

En el plano de las libertades, el documento destaca la caída de la libertad de expresión y el aumento de la autocensura mediática. Esto implica no solo censura directa por parte del Estado, sino también presión estructural sobre periodistas y medios para evitar publicar contenidos que puedan generar represalias.

Otro de los elementos centrales que explica la clasificación es lo que el informe denomina “agrandamiento del poder ejecutivo”. Se trata de un proceso mediante el cual el Ejecutivo acumula facultades, controla instituciones y elimina controles. En Nicaragua, este fenómeno se refleja en el dominio del poder judicial, el control sobre los organismos electorales y la subordinación de otras instituciones del Estado como el Ejército y la Policía.

El informe identifica además la ausencia de un Estado de derecho funcional. Señala que el sistema judicial ha perdido independencia y opera subordinado al poder político. Esto implica que no existen garantías legales efectivas para ciudadanos ni para actores económicos.

El V-Dem Institute es uno de los centros de investigación más reconocidos en el estudio comparado de la democracia. Su base de datos incluye indicadores construidos a partir de evaluaciones de expertos en todo el mundo y es utilizada por organismos internacionales, gobiernos y centros académicos.

La metodología del V-Dem es considerada una de las más completas en la medición de sistemas políticos, porque no reduce la democracia a elecciones, sino que incorpora dimensiones institucionales y de derechos.

En el caso de Nicaragua, el informe concluye que el país ya no puede ser considerado un régimen híbrido ni en transición. Es clasificado como una autocracia consolidada. Esto implica que las instituciones democráticas han sido desmanteladas de forma estructural.

Las razones específicas que llevaron a Nicaragua a este nivel incluyen la eliminación de límites a la reelección presidencial, el deterioro de la calidad electoral, la represión o silenciamiento de la oposición, el cierre de medios de comunicación y la restricción de organizaciones de la sociedad civil.

V-Dem Institute también señala que el país ha experimentado una caída significativa en su puntuación democrática durante la última década. Este descenso es estadísticamente relevante y lo ubica entre los casos más severos de deterioro institucional a nivel global.

“Esta es la tragedia a la que nos ha llevado la dictadura”, reaccionó el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. Señaló que Nicaragua es uno de los países que más ha retrocedido en materia democrática después de haber experimentado una transición.

“Otro elemento que resalta el estudio de V-Dem es que Nicaragua ha sido uno de los países que más deterioro democrático han sufrido en el mundo, después de haber recobrado la democracia. En 2005 el índice de democracia era de .4 y ha bajado a 0.01 en el 2025. Estamos en el sótano”, lamentó Chamorro.

El deterioro democrático de Nicaragua se remonta al retorno al poder de Daniel Ortega en enero de 2007. En ese momento, el país venía de una transición iniciada en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones y puso fin al primer período sandinista.

Durante los primeros años tras su regreso, Ortega impulsó reformas que le permitieron consolidar poder. Se debilitó la independencia institucional y se inició un proceso de control sobre el sistema electoral y judicial. Esto sentó las bases del modelo actual.

El deterioro se profundizó con la eliminación de los límites a la reelección y el control absoluto de las instituciones. A partir de ese momento, el sistema político dejó de ser competitivo. Las elecciones continuaron realizándose, pero sin condiciones de equidad ni garantías para la oposición.

El punto de quiebre ocurrió en 2018, cuando protestas masivas fueron reprimidas por el Estado. Este evento marcó una radicalización del modelo político. Desde entonces, se intensificaron las restricciones a la sociedad civil, la persecución a opositores y el cierre de medios independientes.

En los años siguientes, el régimen consolidó un sistema de control total. Se cancelaron organizaciones, se confiscaron bienes y se establecieron mecanismos de vigilancia y control social. Las reformas legales y constitucionales reforzaron esta estructura.

El informe también ubica a Nicaragua junto a otros países considerados altamente autocráticos:

• Afganistán, bajo el régimen talibán, es una teocracia autoritaria. No existen elecciones ni pluralismo político. Las normas religiosas sustituyen al sistema democrático y restringen derechos básicos, especialmente de las mujeres.
• Myanmar es una dictadura militar. Tras el golpe de Estado de 2021, el Ejército eliminó el gobierno civil, anuló elecciones y gobierna mediante represión directa y control territorial.
• Corea del Norte es un régimen totalitario. El Estado controla completamente la vida política, económica y social. No existe oposición y la información está totalmente restringida. El poder se mantiene en una estructura dinástica.
• Eritrea es un Estado altamente militarizado. No hay elecciones desde su independencia y no existe una Constitución plenamente operativa. La sociedad civil y la prensa independiente están prácticamente ausentes.
• Turkmenistán, que también figura entre los regímenes más cerrados, es un sistema personalista. El poder gira en torno al presidente, con culto a la personalidad y control total de la información.

En todos estos casos, el denominador común es la ausencia de competencia política, la inexistencia de contrapesos institucionales y la restricción severa de las libertades fundamentales.

El informe del V-Dem concluye que Nicaragua se encuentra en el nivel más bajo de calidad democrática dentro de América Latina, lo que lo convierte en una excepción en una región donde aún predominan los sistemas democráticos.

Más de 1.312 kilos de cocaína fueron incautados el pasado domingo por la Policía Nacional nicaragüense en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica, durante una operación antidrogas. El decomiso se realizó a las 18:00 (hora local), cuando las autoridades interceptaron un camión de carga pesada procedente de Costa Rica, según precisó la Policía Nacional en conferencia de prensa.

La droga, distribuida en 1.057 paquetes envueltos en cinta adhesiva, fue localizada en bobinas de papel kraft dentro del vehículo, que tenía como destino final Guatemala. El conductor, Juan José Ríos Trujillo, ciudadano guatemalteco de 47 años, quedó detenido y fue puesto a disposición judicial junto con el camión y el cargamento incautado, informó la Policía Nacional.

Según declaró Ríos Trujillo, fue contratado por un individuo identificado como Henry Sáenz García para trasladar herramientas desde México hasta Costa Rica a cambio de USD 1.800. El 22 de marzo, Ríos Trujillo partió de México transportando material de la empresa Truper S.A. de C.V., cuya entrega efectuó en San José, Costa Rica según el reporte policial.

El comisionado general, Victoriano Ruiz, jefe de las Fuerzas Especiales de Nicaragua, señaló al portal de noticias institucional de la Policía Nacional que en el puesto fronterizo Peñas Blancas, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, “la Policía perfiló el cabezal marca Volvo, color blanco, conducido por Trujillo, quien ingresaba procedente de Costa Rica con destino a Guatemala”.

Según la institución, el detenido reconoció que no había generado antes inconvenientes en su trayecto: “pasé el escáner (de Costa Rica), luego pasé a Peñas Blancas al lado de Nicaragua, pasé al módulo de Narcóticos, me pusieron el sello para pasar el escáner, seguí el protocolo de aduana, pasé el escáner y salí sospechoso”, habría dicho Trujillo.

El transporte y el cargamento: ruta desde México hasta Guatemala

El 26 de marzo, en una bodega de Calle Blancos, al norte de San José, el detenido cargó 20 bobinas de papel kraft, supuestamente destinadas a una bodega de un individuo identificado como “Luis” en Santa Lucía Milpas Altas, provincia guatemalteca de Sacatepéquez. El sábado 28 se dirigió a la frontera, donde el camión fue escaneado pero no se detectaron irregularidades. La misión fue frustrada por las autoridades nicaragüenses.

Estrategia regional y cooperación internacional

La Policía Nacional señaló que continuará las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta operación de tráfico internacional de drogas. Como parte de su estrategia Muro de Contención, Nicaragua mantiene cooperación antidrogas con otros países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia, para combatir el traslado de sustancias ilícitas en lo que describen como un corredor de alto tráfico desde Suramérica hasta Norteamérica, según lo expuesto en la misma comparecencia oficial.

Además, el pasado 26 de marzo la institución policial anunció la detención del ciudadano guatemalteco identificado como Ricardo José Munguía Rodríguez, luego de que se le encontraron en su vehículo USD 415,550. “La Policía Nacional continúa asestando golpes al crimen organizado y tráfico de droga”, señaló sobre lo sucedido en el municipio de La Paz Centro, del departamento de León.

El obispo nicaragüense Silvio Báez, quien permanece en el exilio tras ser despojado de su nacionalidad, afirmó que “Dios no escucha a los tiranos que tienen las manos manchadas de sangre” al referirse a la situación política de Nicaragua. Sus declaraciones, transmitidas desde una iglesia en Estados Unidos, criticaron abiertamente al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según reportó EFE.

Durante su homilía de este domingo, Báez citó al profeta Isaías y recordó que, según la enseñanza cristiana, ningún líder ni autoridad puede justificar abusos de poder ni represión en nombre de Dios. “Nadie tiene derecho a usarlo para justificar sus abusos de poder y su cinismo; nadie puede pronunciar su nombre para ocultar la injusticia; ningún poder humano puede servirse de él para hablar de una falsa paz fruto del miedo y la represión”, expresó el obispo, de acuerdo con la cobertura de EFE.

El prelado, auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y ordenado a dejar Nicaragua en 2019 por instrucción del entonces papa Francisco, enfocó su mensaje en los presos políticos y los exiliados, a quienes identificó como víctimas actuales de la represión estatal. Según los datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existen actualmente 46 personas detenidas por razones políticas en Nicaragua, de las cuales 15 son adultos mayores.

Báez sostuvo que en las “llagas de Jesús se refleja el dolor de los presos políticos y de los exiliados”, y añadió: “En la cruz de Jesús se revela también la solidaridad de Dios con los crucificados de hoy”, en alusión directa a quienes sufren persecución o privación de libertad por motivos políticos en el país centroamericano.

El conflicto político en Nicaragua se remonta a la revuelta popular iniciada el 18 de abril de 2018, originada por una reforma a la seguridad social que luego derivó en una demanda masiva de renuncia contra el presidente Ortega. De acuerdo con la CIDH, al menos 355 personas murieron durante la represión de las protestas, aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684 víctimas, mientras que el Ejecutivo admite “más de 300” fallecidos y califica los hechos como un intento de golpe de Estado, tal como informó EFE.

En su mensaje, Báez afirmó que el sufrimiento de los pobres, las víctimas de la represión y quienes han sido forzados al exilio también se ven reflejados en la pasión de Cristo. “En las llagas de Jesús vemos el dolor de los pobres, de las víctimas de la represión y de la guerra, el sufrimiento de los presos políticos y de quienes han sido forzados al exilio”, manifestó el obispo en su homilía recogida por EFE.

Para el religioso, el grito final de Jesús en la cruz simboliza el “llanto de quienes se sienten solos y sin esperanza, y el clamor de los pueblos crucificados que anhelan su liberación”. Báez concluyó que, en la cruz, “Dios está sumergido amorosamente en nuestros sufrimientos, llorando con nuestras lágrimas y deseando consolarnos en nuestras penas y desgracias”.

El inicio de la Semana Santa en Nicaragua estuvo marcado por la multitudinaria concurrencia al atrio de la Catedral Metropolitana de Managua. Bajo un sol intenso y envueltos en el aroma del incienso, los fieles se congregaron desde temprano, portando ramos de palma y rosarios en la muñeca, para dar comienzo a una de las celebraciones más significativas del calendario católico nicaragüense.

La Procesión del Triunfo, que tradicionalmente recorre las calles de la ciudad, se realizó este año en un circuito cerrado dentro de los límites del templo. De acuerdo con EFE, la imagen de Jesús del Triunfo avanzó sobre un burro, sostenida por varios devotos, mientras niños, mujeres, hombres y ancianos seguían su andar con paso lento y en silencio respetuoso. Las palmas, tejidas de forma artesanal, se alzaron como símbolo de esperanza y fe, buscando la bendición del cardenal Leopoldo Brenes, quien presidió la ceremonia.

“Levanten sus palmas para bendecirlas”, pidió el purpurado a los asistentes, antes de rociar las ramas con agua bendita. Los fieles respondieron con aclamaciones a “Jesús del Triunfo” y “Cristo Rey”, llenando el espacio de júbilo y devoción. Este acto, celebrado en los alrededores de la catedral, estuvo acompañado de cantos litúrgicos, creando un ambiente de recogimiento y solemnidad.

La procesión, breve en distancia pero cargada de simbolismo, representó el ingreso de Jesús en Jerusalén. Al rodear la catedral, la imagen fue seguida por los fieles, quienes transformaron las hojas de palma en cruces que conservarían en sus hogares como protección espiritual hasta la próxima Semana Santa. El hecho de que la procesión no saliera a las calles, como en años anteriores, subrayó el contraste entre la celebración interna y el silencio que permanece en el exterior.

Después del recorrido, la imagen fue llevada al interior del templo para resguardarse del calor. Allí, se celebró la eucaristía, en la que se destacó la lectura de la Pasión de Cristo. La ceremonia estuvo marcada por la música sacra y el uso de incienso, elementos que reforzaron el carácter solemne de la jornada. Los fieles, reunidos en el interior, participaron en silencio y oración, reforzando el sentido de comunidad y resistencia.

Al finalizar la misa, el ambiente de recogimiento dio paso a un retiro ordenado. Los asistentes abandonaron el templo portando sus palmas bendecidas, consideradas símbolos de fe y resguardo para sus familias. Este gesto concluyó la celebración, dejando una impresión de resistencia pacífica y una reafirmación de la tradición religiosa, a pesar de las limitaciones de espacio impuestas por las circunstancias.

La festividad no se limitó a Managua. Según EFE, distintas parroquias del país replicaron la celebración del Domingo de Ramos con muestras de alegría y fervor. Las comunidades se adaptaron a las nuevas condiciones, manteniendo viva la costumbre de celebrar puertas adentro, con actos de fe que conservan su significado aun en escenarios restringidos.

Así comenzó formalmente la Semana Santa en Nicaragua, con una expresión de devoción que, lejos de menguar por el espacio reducido, encontró en el recogimiento una nueva forma de manifestarse. Las imágenes, los cantos y la presencia de los fieles dieron testimonio de una fe que se sostiene, año tras año, pese a las adversidades y cambios en la tradición.

Esta vez no habrá palmas agitándose ni cantos abriéndole paso a Jesús en su burrito. No habrá cirineos, esos feligreses que, para pagar promesas, cargan cruces como lo hizo Simón de Cirene hace casi dos mil años. Ni nazarenos avanzando en silencio. No habrá viacrucis ni Santo Entierro atravesando pueblos y ciudades entre rezos y miradas bajas. Todo eso, que durante generaciones fue la respiración misma de la Semana Santa, está prohibido en Nicaragua.

La última vez que alguien lo intentó terminó en fuga. Fue en Nindirí, en la Semana Santa de 2023. Un grupo de jóvenes, como cada año, se vistió de cirineos y salió a cumplir sus promesas, desafiando las advertencias del régimen.

Lo que siguió quedó registrado en videos: muchachos corriendo por las calles, perseguidos por la Policía, en una escena que parecía arrancada de otro tiempo, como si las mismas huestes romanas persiguieran de nuevo a los cristianos. En la huida, fueron dejando atrás las túnicas y soltando las cruces de sus personajes que los identificaban como “delincuentes” a la vista del régimen.

La iglesia está amordazada en este país. Celebraciones religiosas puede haber, pero dentro de los muros de las iglesias. No hubo decreto ni comunicado oficial solo intimidación policial que los sacerdotes se han encargado de revelar bajo reserva de sus nombres, por seguridad.

Las prohibiciones de Semana Santa son apenas una parte muy pequeña de la persecución sostenida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018 contra la iglesia católica en Nicaragua.

La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina se ha dado a la tarea de monitorear la represión religiosa en Nicaragua y la expone en unos informes periódicos que ha titulado: Nicaragua: Una iglesia Perseguida.

Molina afirma que para esta Semana Santa el asedio contra la iglesia ha empeorado. No solo se mantiene la prohibición de actividades religiosas en las calles como tradicionalmente se celebraban, sino que las que se realizan dentro de las iglesias son vigiladas y controladas por la Policía.

“La Semana Santa de este 2026 se va a vivir con las mismas condiciones en que se han celebrado las anteriores: bajo amenaza, bajo asedio y bajo vigilancia completa en cada una de las actividades religiosas. Pero, además, en estos últimos días, la Policía se ha puesto más incisiva con los sacerdotes. Les pide más información”, dice.

“Por ejemplo, les pregunta cuántas personas asisten a una procesión. El cura, obviamente, en ese momento no está con el tiempo ni con la posibilidad de ponerse a contar uno por uno a los fieles. Entonces tiene que dar una cifra al tanteo”, relata la abogada. “También le exigen que diga cuál es el objetivo de la actividad religiosa que están desarrollando, cuántas horas va a durar, qué temas se van a abordar y por qué la están haciendo”.

Molina señala que ese nivel de detalle no era igual en las semanas santas previas. “Sí llegaba la Policía, sí asediaba, sí tomaba fotos, sí grababa videos, como también lo hace ahora. Pero no pedía de forma tan exhaustiva ese tipo de información. Ahora sí”.

El informe más reciente de Martha Patricia Molina sostiene que, entre 2019 y julio de 2025, la Policía Nacional prohibió 16.564 procesiones y actividades religiosas, y que desde 2023 las prohibiciones pasaron de ser selectivas a masivas, obligando a la Iglesia a recluir su vida litúrgica “a lo interno de cada templo”. Aquel fue el año en que el régimen decidió asfixiar de forma abierta la Semana Santa.

La Policía no solo persiguió a los promesantes, como en el caso de los cirineos de Nindirí, sino que también apresó a una veintena de personas y castigó a los periodistas que divulgaron las manifestaciones religiosas que espontáneamente se realizaron. El periodista Víctor Ticay fue encarcelado el 6 de abril de ese año después de que informara sobre una celebración religiosa en Nandaime.

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su informe de derechos humanos de 2023 el arresto del periodista tras cubrir una actividad católica de Semana Santa. La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) también lo registró como un preso de conciencia por motivos vinculados a la cobertura de asuntos religiosos. Ticay fue condenado a ocho años de prisión, y luego excarcelado y desterrado, en septiembre de 2024.

Los sucesos de la Semana Santa de 2023 no fueron hechos aislados. El último informe de Molina indica que hasta julio de 2025 se habían registrado 1.010 ataques contra la Iglesia católica. De ellos, 362 correspondían a represiones directas contra religiosos; 244 a ataques, asedios e impedimentos contra templos y edificios; 103 a robos y profanaciones; 98 a represiones contra laicos; 92 a pintas (grafitis) y mensajes de odio; 75 a cierres arbitrarios de obras, medios y proyectos; y 36 a confiscaciones.

Según esa séptima entrega de “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”, 302 religiosos y religiosas ya no ejercen misión pastoral en Nicaragua por causa de la represión. Entre ellos hay un nuncio, cuatro obispos, 149 sacerdotes, tres diáconos, 13 seminaristas y 132 religiosas.

“Todas las procesiones están prohibidas”, señala la investigadora. “Únicamente están autorizadas las que se realizan dentro de los templos”. Y pone un ejemplo: “Una diócesis como León, que antes hacía procesiones magnas y multitudinarias, ya no las va a hacer en la calle. Las van a desarrollar dentro de los templos. Esa es la realidad”.

Los sacerdotes viven al filo de la cárcel o la expulsión del país. Bajo constante vigilancia policial y obligados a reportar cada día las actividades cotidianas. La mayoría de los sacerdotes de Nicaragua tienen asignado un oficial de contacto personal en la Policía que se encarga de monitorear sus actividades y al que deben reportarse por un canal de WhatsApp.

Infobae conversó, en condición de anonimato, con un par de sacerdotes que aun ejercen en Nicaragua, y tuvo acceso a decenas de audios y capturas de pantalla de oficiales de Policía exigiendo información a sacerdotes: adónde va, qué hará, cuánto tiempo estará, qué actividad realizará.

“Padre, ¿dónde está? Voy a mandar los muchachos a la casa cural”, dice uno de los audios de alguien que el sacerdote solo identifica como “el teniente”.

“El sacerdote común, desde que se levanta, tiene que dar orientación, o, mejor dicho, información, de todo lo que va a hacer durante el día. Tiene que reportar si va al supermercado, si va a visitar a alguien, si va a salir, a dónde va a ir, cuánto tiempo se va a quedar. Todo eso se lo comunica a la Policía. Lo hace por medio de un chat”, explica el religioso consultado.

“Además, cuando vamos a dar las homilías, también tenemos que informar de qué se trata la homilía. Incluso, a veces, debemos enviar el reporte completo de lo que vamos a decir”, añade.

Un feligrés, cuyo nombre también se omite por seguridad, relató a Infobae un episodio ocurrido durante una misa en una ciudad del occidente del país. Según ese testimonio, la Policía entró al templo e interrumpió la celebración de la misa. Luego, llamó al sacerdote para reclamarle que no había informado de esa actividad ni del contenido de su homilía.

“La misa es el momento más solemne. Un sacerdote jamás puede dejar el altar cuando está celebrando la eucaristía. Pero, parece que al sacerdote se le olvidó entregar el reporte donde debía decir qué iba a comentar en la homilía”, dice la fuente que, según explica, se logró escuchar cuando el policía advertía al religioso: “Primera y última vez que usted hace eso. Ya sabe que la próxima vez va preso”.

Un episodio similar ocurrió también en una ciudad del sur de Nicaragua, cuando policías y paramilitares llegaron a fotografiar y filmar a los jóvenes que participaban en un retiro espiritual. Luego entregaron al sacerdote una hoja de papel y ordenaron que todos se anotaran con nombre completo y número de cédula. Cuando algunos, por temor, intentaron retirarse, se les impidió la salida. Después, los agentes arrebataron el micrófono y comenzaron una charla sobre violencia intrafamiliar y relaciones sexuales para ridiculizar la actividad.

“A algunos sacerdotes los obligan a firmar cartas ya prediseñadas, sellarlas y poner que, gracias a la colaboración de la Policía, todas las actividades se realizan correctamente; que muchas gracias por la buena gestión, por el orden que mantienen”, denuncia Molina. “Además, casi semanalmente, los policías llegan a tomarse fotos con los curas. Siempre les dicen que sonrían, que aparenten una conversación amena, que están contentos, que se rían”.

“Yo creo que están creando como un portafolio para mostrar al Vaticano cartas firmadas, sellos parroquiales y fotografías sonrientes para fingir que no hay persecución”, considera.

La ofensiva contra la Iglesia empezó de forma clara en abril de 2018, cuando templos abrieron sus puertas a heridos, perseguidos y manifestantes, y cuando obispos y sacerdotes denunciaron la represión. El informe de Molina ubica ahí el inicio manifiesto de la persecución actual y explica que, desde entonces, los religiosos se convirtieron en uno de los principales enemigos del régimen de Ortega y Murillo.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de Naciones Unidas, concluyó que las violaciones contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas forman parte de una política para suprimir toda forma de disenso.

El informe de derechos humanos del Departamento de Estado sobre 2023 consignó que la dictadura acosó y vigiló a clérigos y laicos católicos, impidió a sacerdotes salir de propiedades eclesiales durante días y mantuvo la prohibición de las celebraciones públicas de Semana Santa. El informe de libertad religiosa de 2023 añadió que Ortega llamó a la jerarquía católica “obispos de Satanás” y justificó la prohibición de procesiones.

En 2024, la USCIRF señaló que el régimen envió aproximadamente 4,000 policías a iglesias católicas en todo el país para impedir nuevamente las procesiones públicas de Semana Santa. En su informe anual de 2025 volvió a documentar que Nicaragua prohibió procesiones de Semana Santa y Pascua en distintas zonas del país. Además, ha pedido que Nicaragua permanezca entre los países de especial preocupación por violaciones graves a la libertad religiosa.

“Yo sigo creyendo que el objetivo es eliminar por completo la religión católica (en Nicaragua). Porque hasta hoy no han logrado tener una Iglesia arrodillada al poder dictatorial. Como no han conseguido ese objetivo, entonces quieren eliminarla por completo”, valora Molina.

Aunque la iglesia católica sigue viva y resistiendo en Nicaragua, los golpes son evidentes.

Hasta 2018 había 611 sacerdotes activos en Nicaragua, según la página oficial de la Conferencia Episcopal. De acuerdo con el último informe de Molina, desde abril de ese año y hasta julio de 2025 han sido expulsados por el régimen cuatro obispos y 149 sacerdotes.

“La cifra real de sacerdotes en Nicaragua no la conocemos porque los datos fueron retirados de la web. Muchos han sido expulsados, otros murieron con el Covid, otros han pasado a retiro y el relevo se vuelve difícil porque en algunas diócesis la dictadura ha prohibido la ordenación y reemplazo de sacerdotes”, señala la abogada.

Los feligreses también sienten temor. La Policía exige los nombres de los participantes en las actividades religiosas, y los sacerdotes se debaten entre cumplir esa exigencia que toman como una “delación” a sus fieles o sufrir las consecuencias de su negativa que los pueden llevar al destierro o a la cárcel.

Con todo y la represión, sacerdotes y fieles mantienen su fe, y en la medida de lo posible cumplen sus ritos tradicionales, tal como se verá esta Semana Santa de 2026. Esas celebraciones sobreviven vigiladas, reducidas y encerradas. Ya no avanzan por avenidas ni barrios. No toman la plaza. No doblan la esquina. No cruzan el pueblo. Perviven dentro del templo, bajo cámaras, sospechas y reportes.

No habrá cirineos, otra vez. Ni viacrucis en las calles. Ni palmas alegres recibiendo a Jesucristo. Pero dentro de los templos de Nicaragua se oirá como todos los años aquel cántico de dolor propio de estos días: “Perdona a tu pueblo, Señor…”.

En un operativo realizado en la Reserva Biológica Indio Maíz, el Ejército de Nicaragua detuvo a 25 ciudadanos nicaragüenses vinculados a actividades de minería ilegal en una zona fronteriza con Costa Rica, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con el reporte del Ejército nicaragüense, las detenciones se llevaron a cabo en los sectores de Las Cruces, Caño La Tigra, Veracruz, El Jardín y Caño Las Vegas. Los individuos transportaban materiales destinados a la minería ilícita dentro del área protegida, un enclave de gran relevancia ambiental en la región centroamericana.

Durante la intervención, las tropas desmantelaron 28 pilas de tratamiento que contenían cianuro, sustancia cuyo uso está regulado debido a su impacto en el medio ambiente y la salud pública. “Se deshabilitaron estructuras que violentaban las normas establecidas que regulan la manipulación de sustancias controladas en el país”, precisó el comunicado recogido por EFE.

En otra acción paralela en la misma zona, miembros de las fuerzas armadas ocuparon más equipos destinados no solo a la minería ilegal, sino también a la pesca no autorizada. Los responsables abandonaron los materiales y huyeron tras percibir la presencia militar, detalló el informe.

Los detenidos, junto con las armas y otros objetos incautados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el Ejército de Nicaragua a EFE.

Estas intervenciones ocurren en un contexto de creciente cooperación regional. El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión bilateral para reforzar la coordinación de sus fuerzas de seguridad, con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal y el contrabando de oro en la frontera común. Según el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, los mineros ilegales extraen oro en territorio costarricense para procesarlo y comercializarlo en Nicaragua, utilizando el río San Juan como una ruta de contrabando.

“La vigilancia en el río San Juan es fundamental, porque allí opera una ruta de contrabando”, afirmó Zamora en declaraciones reproducidas por EFE. Las autoridades de ambos países han acordado fortalecer la supervisión y la respuesta ante delitos ambientales y tráfico ilícito.

La Reserva Biológica Indio Maíz constituye uno de los pulmones verdes más importantes en Centroamérica, y se encuentra bajo presión por actividades extractivas no autorizadas. Las acciones recientes del Ejército de Nicaragua forman parte de los esfuerzos para preservar el ecosistema y garantizar el cumplimiento de la ley en la región.

Reserva Indio Maíz

La Reserva Biológica Indio Maíz, situada en el sureste de Nicaragua junto al río San Juan, es una de las áreas naturales mejor conservadas del país. Con una extensión de 3.180 km², alberga una amplia variedad de fauna, como tucanes, guacamayas, venados, pumas, jaguares y las tres especies de monos presentes en Nicaragua. También se encuentran reptiles y anfibios, entre ellos ranas venenosas, cocodrilos y tortugas.

El Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) restringe el acceso a la mayor parte de la reserva para proteger su biodiversidad. Los visitantes pueden ingresar únicamente por dos zonas autorizadas, siendo el río Bartola una de las principales vías de acceso, ubicada cerca del pueblo de El Castillo. Es obligatorio contratar un guía para recorrer los senderos o explorar la reserva en bote por el río, con horarios de ingreso establecidos.

La evaluación reciente de la analista María Fernanda Bozmoski —directora de impacto y operaciones del Centro Adrienne Arsht para América Latina en el Atlantic Council— advierte que Estados Unidos podría concentrar su presión diplomática y económica sobre Nicaragua tras fortalecer sus acciones contra Venezuela y Cuba. Esta proyección, publicada por el portal Centroamérica360, sitúa a la administración de Donald Trump ante la decisión de priorizar Nicaragua como siguiente objetivo estratégico en América Latina, considerándola central para la estabilidad regional.

Bozmoski contextualiza este giro en la política exterior estadounidense al analizar el escenario crítico en Cuba, donde un bloqueo más grave ha multiplicado los problemas estructurales: crisis energética, cortes eléctricos prolongados y escasez de alimentos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el 13 de marzo de 2025 la apertura de conversaciones con Washington para abordar “diferencias bilaterales”.

Según la publicación de Centroamérica360, apoyada en un artículo de Bozmoski, Estados Unidos buscaría promover un cambio en el liderazgo cubano como parte de su estrategia. En Venezuela, la detención de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses, ocurrida meses atrás, es para Bozmoski un debilitamiento tangible de la red de regímenes autoritarios en la región.

El examen de la analista subraya que, pese a estos avances, tales transformaciones no se traducen en procesos automáticos de apertura democrática, “como demuestra el caso venezolano”.

Las acciones sobre Nicaragua determinan el futuro democrático de Centroamérica

De acuerdo con el análisis de Bozmoski, difundido por Centroamérica360, Nicaragua constituye el desafío más complejo para la arquitectura democrática latinoamericana en este momento. Su dictadura, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha desmantelado el tejido institucional del país y expandido la represión más allá de sus fronteras. Expertos de Naciones Unidas, citados en el informe, describen a Nicaragua como “un Estado autoritario sin instituciones independientes” y lo responsabilizan de “represión transnacional”, incluyendo la persecución de opositores en otros países centroamericanos.

La publicación destaca que la situación interna de Nicaragua no solo incrementa la inestabilidad nacional, sino que repercute de forma directa en la integración regional, la confianza institucional y el clima de inversión en Centroamérica. El futuro democrático, institucional y económico de la región dependerá en gran parte de la capacidad internacional para enfrentar la crisis nicaragüense, sostiene el análisis del Atlantic Council.

Uno de los bloques señalados en el documento recomienda “intensificar la presión económica sobre el régimen nicaragüense”, con énfasis en la aplicación de sanciones a sectores estratégicos como el oro, acompañadas del respaldo a la oposición política local y la exigencia de procesos electorales transparentes y competitivos.

La evaluación de Bozmoski —respaldada por observaciones de expertos internacionales del tanque de pensamiento Freedom House— remarca que la forma en que la comunidad internacional aborde la crisis nicaragüense influirá directamente en el destino democrático y socioeconómico de Centroamérica, según lo informado por Centroamérica360.

Los nicaragüenses también piden acción internacional ante la grave crisis que viven bajo el régimen de Ortega. Esta semana, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua clamó por una acción internacional concertada ante el agravamiento de la crisis en Nicaragua, lo cual cobra fuerza en un contexto de creciente represión y negación sistemática de derechos fundamentales.

Ocho años después del inicio de una crisis que, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado al menos 355 muertos —aunque organismos locales sitúan la cifra en 684—, el reclamo apunta a la necesidad de verdad, justicia y garantías de no repetición, según informó la agencia EFE.

La organización, compuesta principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio y con sede en San José, Costa Rica, subrayó que las prácticas de persecución política, desaparición forzada, apatridia y exilio se han institucionalizado como herramientas de control bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tal como detalló EFE.

El colectivo, en su llamada a la acción emitida el 24 de marzo con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, sostuvo que “la reconciliación en Nicaragua resulta inviable sin la verdad y sin justicia”, y remarcó que la población tiene derecho a conocer el destino de las personas detenidas y desaparecidas desde el inicio de la represión estatal en abril de 2018. La ONG denunció que la respuesta oficial ante estos crímenes ha sido el silencio, la manipulación institucional y una “maquinaria de propaganda destinada a ocultar los crímenes cometidos desde 2018”, según puntualizó el reporte de EFE.

La represión iniciada tras las protestas sociales del 18 de abril de 2018 —que comenzaron por reformas a la seguridad social y derivaron en una masiva exigencia de renuncia contra Ortega—, dejó entre 300 y 684 fallecidos dependiendo de la fuente: el propio mandatario reconoce más de 300 muertes e insiste en que los hechos constituyeron “un intento de golpe de Estado”, mientras que organismos internacionales, como la CIDH, sostienen cifras significativamente superiores.

El congelamiento del precio de los combustibles que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene vigente desde abril de 2022 sitúa a Nicaragua en una posición de precios elevados para la gasolina y el diésel, a pesar del descenso internacional del precio del petróleo en los últimos años y ahora en el marco de la crisis en Medio Oriente. Esta política, que estará vigente al menos hasta finales de marzo de 2026, incrementa los costos económicos estructurales y genera consecuencias directas en la población y los sectores productivos, según un análisis del medio Centroamérica360.

Los combustibles continúan congelados semanalmente por disposición del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), aun cuando en los mercados internacionales el barril de crudo se ubicó entre USD 60 y 90 en el periodo 2023-2025. Sin embargo, debido a la crisis en Medio Oriente, el barril de petróleo ha llegado a sobrepasar los USD 100.

En marzo de 2026, el costo del galón de gasolina ronda USD 5.05 en Nicaragua, mientras que en Panamá el valor registrado es de USD 3.59 y en El Salvador de USD 3.84. El país solo se ubica por detrás de Belice o, en ocasiones, de Costa Rica, como precisa el medio.

El régimen nicaragüense justifica la medida como un mecanismo para “amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales” y sostiene que el Estado “asume la diferencia” entre el precio internacional y el interno para evitar variaciones frecuentes que puedan afectar a las familias y los sectores productivos. El presidente del INE, José Castañeda, ha declarado en la prensa estatal que esta política permite a empresas y hogares “planificar sus presupuestos sin incertidumbre”.

El congelamiento del precio de los combustibles se implementó tras el aumento del precio del petróleo impulsado por la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el barril superó los USD 120. Entonces se fijaron tarifas de 185.10 córdobas (USD 5.1) para la gasolina súper, 180.72 córdobas (USD 5.06) para la regular y 163.33 córdobas (USD 4.57) para el diésel, según datos del INE citados por Centroamérica360.

Las consecuencias del congelamiento se reflejan principalmente en el mantenimiento de precios que funcionan como base para los costos de producción, transporte y distribución de bienes, con incidencia en la cadena agroalimentaria.

Según la publicación, el economista Enrique Sáenz expresó en Café con Voz, programa periodístico nicaragüense en el exilio conducido por Luis Galeano, que la tarifa se fijó en un punto que no refleja las bajas internacionales: “el congelamiento se estableció en un punto elevado y no refleja las reducciones internacionales”.

En la práctica, la medida influye directamente en el precio de alimentos sujetos al transporte terrestre, como frijoles, hortalizas y lácteos, cuyo costo resulta más alto que en países vecinos. Las actividades agrícolas que emplean diésel para sistemas de riego y maquinaria no logran reducir sus gastos, lo que impide que los consumidores perciban una baja en el costo de vida aunque el precio del petróleo internacional descienda.

En países como Guatemala o El Salvador, los valores del mercado internacional suelen trasladarse a una reducción de precios en el transporte y los productos básicos.

Distribución, transparencia y márgenes por congelamiento de precios

Expertos consultados por Centroamérica360 advierten que la política de precios congelados favorece a las empresas distribuidoras de combustibles. Durante el periodo 2022-2026, estas empresas consiguieron márgenes importantes al adquirir el producto a precios internacionales más bajos y venderlo con las tarifas establecidas desde el pico de 2022. Estimaciones independientes citadas en el medio calculan ganancias acumuladas en el sector por más de USD 360 millones, aunque no existen registros oficiales desglosados que permitan comprobar esta cifra.

Analistas también destacan la opacidad en la fórmula oficial que determina los precios, bajo control directo del Ejecutivo, sin reformas legales públicas ni sistemas independientes de fiscalización. Las críticas apuntan a que el modelo combina subsidio estatal con la ausencia de traslado real de las rebajas internacionales a los consumidores.

El régimen sostiene que, sin subsidio estatal, el galón de gasolina podría superar los 200 córdobas, con repuntes de hasta 250 córdobas en periodos de mayor tensión internacional, según información del medio.

No obstante, sectores económicos y especialistas insisten en que la ausencia de ajustes a la baja reduce la capacidad de consumo y afecta el poder adquisitivo nacional, con referencia a indicadores regionales de salario y consumo.

El congelamiento de los combustibles continúa como una de las políticas económicas bajo mayor escrutinio del régimen Ortega-Murillo, según reportes de Centroamérica360 y organizaciones independientes, que fundamentan sus cuestionamientos en análisis de comparabilidad regional, transparencia y efectos en el consumo interno.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma significativa que otorga a la Procuraduría General de Justicia la administración de todo el patrimonio y los bienes municipales. La modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría, adoptada por unanimidad, transforma la gestión local bajo el argumento de fortalecer la eficiencia administrativa estatal, según informó EFE.

Con esta medida, la representante legal del Estado asumirá también la gestión de activos, inmuebles, derechos y recursos que hasta ahora pertenecían tanto a la Carrera Administrativa Municipal como a la Dirección General vinculada, integrándolos formalmente al dominio público.

Entre los cambios más destacados introducidos por esta reforma figura la obligación para los 153 municipios de Nicaragua de aportar el 2 % del monto total de sus planillas al Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (Inatec). De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea, la finalidad es “fortalecer las capacidades técnicas de las y los servidores públicos municipales”. Este nuevo trasvase económico va emparejado con la derogación integral de la anterior Ley de Carrera Administrativa Municipal y su Reglamento, lo que modifica de raíz el marco legal vigente hasta la fecha.

Para el personal afectado por la eliminación de la Carrera Administrativa Municipal, la enmienda establece que quienes no eran considerados trabajadores formales de las municipalidades pasarán a integrar la nómina de la Procuraduría General de Justicia. Se aseguró que tales incorporaciones respetarán los derechos adquiridos, la antigüedad y los beneficios conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, conforme detalla la reforma reproducida por EFE sobre la dictadura centroamericana.

La explicación oficial sostiene que la enmienda fue pensada para “garantizar la eficiencia y eficacia de la administración municipal en el ejercicio de sus competencias”. Los legisladores, según recoge EFE, subrayaron que la reforma refuerza el papel de la Procuraduría en la defensa de “las conquistas del pueblo nicaragüense en relación con las obligaciones y responsabilidades de las municipalidades y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, en beneficio de sus pobladores”. Además, la nueva normativa impulsa la creación de un sistema de administración de recursos humanos en las autoridades locales que garantice “la gestión y ejecución de políticas públicas municipales eficientes, eficaces y transparentes”.

De este modo, la Procuraduría General de Justicia se convierte en administradora directa de los bienes municipales, los activos y el personal transferido, eliminando el régimen anterior y centralizando la estructura sobre la que se gestionan los recursos en los 153 municipios del país.

La Procuraduría General de Justicia incluirá al Ministerio Público, los órganos de la Procuraduría General de la República y otros entes con funciones afines. Esta integración busca proteger el patrimonio nacional tanto del Estado como del pueblo nicaragüense, según el texto legal.

La norma comenzará a ser aplicada en Nicaragua después de que la Asamblea Nacional la apruebe en segunda legislatura y se publique oficialmente en La Gaceta, Diario Oficial.

Otras medidas

La Asamblea aprobó este en enero una reforma constitucional que determina que los ciudadanos nicaragüenses pierden su nacionalidad al adquirir otra, de acuerdo con información publicada por el Legislativo a través del Canal Parlamentario.

Con la modificación, el artículo 25 de la Constitución establece: «la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad». El artículo 23 también fue ajustado para indicar que «las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria». El Parlamento concretó la medida en Segunda Legislatura y definitiva, cumpliendo el procedimiento requerido.

La reforma había sido aprobada inicialmente el 16 de mayo de 2025 en Primera Legislatura, y este miércoles se completó la votación final, según información del Canal Parlamentario. La medida ha generado críticas entre la oposición en el exilio.

Nicaragua se encuentra bajo la lupa internacional tras la publicación del informe “Rompiendo el Tejido Social” de Amnistía Internacional (AI), dado a conocer esta semana.

El reporte lo sitúa entre los países de América Latina que han promulgado leyes que restringen “de manera indebida la creación, existencia y actuación” de organizaciones sociales, lo que ha provocado el deterioro acelerado del tejido social y un impacto “profundamente dañino” en la sociedad civil.

Desde 2018, Nicaragua ha disuelto 5,634 organizaciones sociales —de un total de 7,227 registradas en ese año— a través de un conjunto de normas adoptadas para restringir el accionar de la sociedad civil.

Estas normativas han servido de base para la cancelación masiva de personerías jurídicas, y su efecto se ha intensificado con la promulgación de la Ley 1040 sobre la Regulación de Agentes Extranjeros en 2020 y la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, en 2022.

Amnistía Internacional advierte que, desde la presentación de estas leyes, el ambiente para las organizaciones no gubernamentales se ha tornado hostil y riesgoso, acompañado de narrativas oficiales que las estigmatizan como amenazas a la seguridad nacional o como “defensores de criminales”.

El informe subraya que el impacto de estas leyes va más allá de la cancelación de registros. Generan incertidumbre y miedo entre quienes integran o lideran las organizaciones ante la posibilidad de sanciones o disolución.

También señala que tales legislaciones buscan “ahogar financiera y administrativamente” a las organizaciones al imponer requisitos complejos y gravosos, dificultando el cumplimiento de sus fines y restando capacidad operativa a quienes defienden derechos humanos o proveen asistencia humanitaria.

Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, citada por la agencia EFE, destacó que se ha registrado un “aumento significativo de prácticas autoritarias en diferentes medidas”, que se traducen en restricciones para aquellas personas y entidades identificadas como disidentes frente al Gobierno.

Según Piquer, estos controles han derivado en el cierre del espacio cívico y la imposición de cargas administrativas y financieras que obligan a las organizaciones a dedicar la mayor parte de sus recursos al cumplimiento de requisitos burocráticos, en detrimento de su labor social.

El reporte identifica patrones comunes en las leyes anti-ONG promulgadas en Nicaragua y otros países: la aprobación sin consulta pública, la ausencia de diálogo técnico o social, y la presencia de discursos oficiales que describen a las organizaciones como “sospechosas”, “enemigos internos”, “antipatías” o “interferencias extranjeras”.

Estas legislaciones fueron presentadas bajo el argumento de mejorar la transparencia o proteger la seguridad nacional, aunque, en la práctica, imponen controles y restricciones desproporcionadas que dificultan el funcionamiento de las organizaciones.

Amnistía Internacional advierte que los textos legales aprobados contienen “definiciones amplias y confusas”, requisitos poco claros y prohibiciones imprecisas, lo que vulnera el principio de legalidad y genera inseguridad jurídica permanente. La organización también denuncia la imposición de registros obligatorios y la transformación de mecanismos de autorización en filtros discrecionales, contrarios a estándares internacionales, según EFE.

Entre los efectos más graves documentados se encuentran la suspensión de actividades, la inhabilitación de organizaciones, la criminalización de integrantes y personas defensoras, así como el cierre de cuentas bancarias, lo que conduce en muchos casos a la parálisis financiera de las entidades afectadas.

El informe concluye con la recomendación expresa de Amnistía Internacional de derogar o reformar las leyes que restringen el accionar de las organizaciones sociales en Nicaragua. Piquer enfatizó que las legislaciones analizadas fueron aprobadas “de manera exprés, sin debate, sin participación de la sociedad civil y con conceptos extremadamente vagos y estigmatizantes”, lo que favorece su uso arbitrario y su aplicación selectiva contra quienes cuestionan al poder.

Según el movimiento global, estas normas “vulneran los derechos humanos y tratados internacionales que los mismos Estados han ratificado”.

“La recomendación es que esto se tiene que revertir, esto se tiene que modificar”, dijo Piquer, subrayando el papel fundamental de las organizaciones sociales en la cobertura de necesidades donde el Estado no llega y la importancia de garantizar un entorno seguro y propicio para su labor.

En los registros domiciliarios vinculados a la causa, agentes hallaron pruebas como un cuaderno que, según la acusación, operaba como registro de los cobros exigidos a las víctimas. Ese documento, oculto tras una cómoda en una de las viviendas investigadas en Alfaro, contenía anotaciones detalladas con referencias a varios años, en las que podían leerse las cantidades reclamadas a las mujeres nicaragüenses que se encontraban en situación irregular en España. Según reportó Europa Press, este hallazgo forma parte de la evidencia utilizada por la Fiscalía para sostener la acusación contra siete personas que, presuntamente, mantenían una estructura familiar dedicada a introducir y explotar a compatriotas bajo promesas de trabajo en el sector de cuidados.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja anunció la suspensión del juicio previsto para este miércoles contra las personas imputadas por delitos relacionados con inmigración ilegal, coacciones y blanqueo de capitales. Según informó Europa Press, la vista quedó pospuesta hasta mediados de febrero de 2027, luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo durante las negociaciones previas. De acuerdo con la información divulgada por el tribunal, la medida busca facilitar la posibilidad de alcanzar una sentencia de conformidad en futuras conversaciones y evitar la celebración de un proceso oral sin consenso entre las partes involucradas.

La acusación, encabezada por el Ministerio Fiscal, recoge que la investigación alcanzó a siete integrantes de un grupo familiar de origen nicaragüense, a los que se responsabiliza de haber diseñado y mantenido, al menos desde 2016 o 2017, un esquema recurrente de captación, traslado y explotación de mujeres de su mismo país. La trama comenzó, indica el escrito de acusación citado por Europa Press, cuando dos hermanas, una con residencia en Alfaro y otra en Huesca, ambas con situación regularizada en España, detectaron la alta demanda en el mercado de trabajo doméstico, en particular el cuidado de personas mayores.

Según la acusación del Ministerio Fiscal, las hermanas y otros familiares comenzaron a ofrecer intermediación a mujeres interesadas en migrar a España, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica en Nicaragua. En su municipio natal, familiares de las principales acusadas actuaban como enlace directo con las futuras víctimas. La oferta prometía la gestión integral del viaje, incluyendo billetes de avión, traslados y los trámites para la entrada como supuestas turistas, incluso con la entrega de dinero en efectivo (alrededor de mil euros) para simular solvencia. Según explicaron fuentes judiciales a Europa Press, parte del procedimiento implicaba la realización de reservas hoteleras ficticias, destinados a convencer a las autoridades de la finalidad turística del viaje.

El escrito de acusación detalla que, al llegar a España, las mujeres ingresaban en viviendas bajo el control del grupo familiar en las provincias de Alfaro y Huesca. Allí se procedía a la exigencia "brusca" del reintegro del dinero prestado y se generaba una deuda por los gastos de gestión, billetes, alojamiento y otras supuestas necesidades, la cual oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros. Las cantidades reclamadas incluían sobreprecios por servicios como el alojamiento y la manutención, y cargos elevados incluso para artículos de primera necesidad, como 60 euros por unos analgésicos, siempre según el relato recogido por Europa Press.

El Ministerio Fiscal señala que estas prácticas situaban a las mujeres en un estado de indefensión y obligadas a aceptar las condiciones estipuladas, dada su situación irregular y la urgencia por integrarse al mercado laboral. El cobro de la deuda se realizaba de manera insistente, tanto de forma directa como a través de otros integrantes del núcleo familiar.

Según el desglose presentado por la Fiscalía, la principal responsable de la trama sería F.D.C., a quien se atribuyen delitos continuados de inmigración ilegal, coacciones, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. El Ministerio Público solicita para ella una pena de seis años de prisión y una multa de 40.000 euros. Su marido, S.A.C., enfrenta cargos idénticos salvo por el blanqueo de capitales, solicitándose una condena de cinco años y nueve meses de prisión y la misma multa. La estructura delictiva presuntamente incluía además a la sobrina T.D.C. y al hijo O.D.S., imputados por inmigración ilegal, coacciones y asociación para delinquir, con una petición fiscal de cuatro años y medio de pena privativa de libertad.

La colaboración entre las acusadas y otros familiares abarcaba la captación en Nicaragua, la recepción de dinero y la insistencia para el cobro de deudas en territorio español. En la estructura operaban también la hermana residente en Huesca, Z.M.T., y su esposo, F.J.G., quienes enfrentan cargos similares y la misma petición de pena. Una tercera hermana, L.M.T., está procesada únicamente por coacciones y se solicita para ella una condena de seis meses.

Las ganancias generadas por estas prácticas, detalló Europa Press, presentaban un carácter extraordinario y no coincidían con los ingresos lícitos declarados por los acusados, generando sospechas de opacidad fiscal y dificultades para el rastreo de los fondos percibidos. Según la investigación, la actividad se mantuvo de manera habitual y con un número de víctimas considerablemente alto, cuyos casos se fueron sumando en la instrucción judicial.

Las actuaciones judiciales resultaron en la detención de Z.M.T. el 30 de julio de 2019 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el momento en que retornaba a España desde Nicaragua acompañada de tres mujeres que, supuestamente, ella misma había trasladado. A raíz de esta intervención, se realizó un registro exhaustivo de los domicilios relacionados, donde se localizaron numerosos documentos y anotaciones referidas tanto a los viajes como a las sumas adeudadas.

Europa Press indica que, según la acusación, la modalidad consistente en facilitar el acceso con apariencia de turismo, para luego mantener a las mujeres bajo una deuda abusiva, representó una constante en el modus operandi de la organización. El escrito fiscal resalta que los beneficios entregados a los acusados no podían justificarse con actividades regulares fuera de la trama delictiva. En el proceso de investigación se documentó la colaboración con la policía por parte de 26 mujeres, lo que ilustra el alcance de la presunta actividad criminal.

La suspensión del juicio implica que las negociaciones entre la acusación y las defensas seguirán abiertas hasta la fecha fijada. Si logra alcanzarse un acuerdo que contemple las responsabilidades imputadas, la resolución judicial podría plasmarse en una sentencia de conformidad, sin necesidad de celebrar vista oral, conforme detalló el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a Europa Press.

La organización Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua instó a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua desde hace ocho años bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según informó EFE.

En un mensaje emitido desde San José, Costa Rica, la ONG resaltó que la persecución política, la desaparición forzada, la apatridia y el exilio se han convertido en herramientas de control utilizadas por las autoridades nicaragüenses.

El colectivo, integrado principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio, advirtió que la reconciliación en Nicaragua resulta inviable sin la verdad y sin justicia. En su declaración por el Día Internacional del Derecho a la Verdad, la organización subrayó el derecho de la población a conocer la verdad sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos al actual régimen, así como sobre el destino y situación de las personas detenidas y desaparecidas desde el inicio de la crisis en abril de 2018.

EFE detalló que, para el colectivo, la verdad constituye un derecho fundamental para las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad, además de ser condición indispensable para la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. La ONG denunció que este derecho ha sido negado de manera sistemática a través del silencio oficial, manipulación institucional, impunidad y una maquinaria de propaganda orientada a ocultar los crímenes cometidos desde 2018.

Las protestas sociales que estallaron el 18 de abril de ese año, originalmente motivadas por reformas a la seguridad social, derivaron en una amplia exigencia de renuncia del presidente Ortega tras la respuesta represiva del Estado. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 personas murieron durante la represión, aunque organismos locales elevan esa cifra a 684, mientras que Ortega reconoce más de 300 muertes y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

La verdad y la justicia, claves ante la crisis en Nicaragua

En su posicionamiento, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua destacó los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, señalando que estos informes confirman las denuncias sostenidas durante años por víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y medios independientes. La ONG alertó que la represión se ha intensificado dentro y fuera del país, aludiendo al asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica el 19 de junio de 2025.

El colectivo reclamó además información sobre el paradero de todas las personas desaparecidas de forma forzada, las condiciones de las personas presas y excarceladas por razones políticas, los asesinatos cometidos desde 2018 y la cadena de mando responsable de estos crímenes. También exigió esclarecimiento sobre las confiscaciones, destierros, desnacionalización y el uso de instituciones estatales para garantizar la impunidad.

Según EFE, la declaración busca mantener la atención internacional sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y presionar a los gobiernos y organismos multilaterales para que adopten medidas frente a las violaciones documentadas.

La ex diputada miskita nicaragüense Nancy Elizabeth Henríquez James, quien preside el partido indígena Yatama, fue liberada luego de haber estado detenida desde el 1 de octubre de 2023, según informó la Fundación para la Libertad.

Henríquez James, de 63 años, fue arrestada después de denunciar la detención de Brooklyn Rivera Bryan, líder del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa “Hijos de la Madre Tierra” en miskito), quien aún permanece detenido. La ONG precisó que la excarcelación de Henríquez ocurrió el sábado pasado.

Hasta el momento, las autoridades del régimen de Nicaragua no se han pronunciado sobre esta liberación.

Henríquez James ejercía como presidenta y representante legal de Yatama, organización que fue ilegalizada por el régimen previo a las elecciones regionales de marzo de 2024.

Defensora de los derechos de las comunidades originarias del Caribe nicaragüense, fue sentenciada a ocho años de prisión acusada de conspirar para menoscabar la integridad nacional y difundir noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad.

La ex diputada suplente acompañaba en su labor parlamentaria a Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años, quien también fue arrestado y despojado de su cargo.

En febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución de medidas urgentes ordenando a Nicaragua la liberación inmediata de ambos líderes indígenas. El tribunal requirió que el Estado “proceda a la liberación inmediata de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez” y que “adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas, principal y suplente, según corresponda, de la Asamblea Nacional de Nicaragua”.

El paradero de Rivera se desconoce desde el 29 de septiembre de 2023, fecha en la que agentes estatales ingresaron a su vivienda en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

En Nicaragua permanecen detenidas 46 personas por motivos políticos, de las cuales 15 son adultos mayores y 10 figuran como desaparecidas forzadamente, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Esta información cuenta con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El país enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, agudizada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el dictador Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Estos comicios se celebraron con los principales opositores encarcelados, quienes más tarde fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “golpistas” y “traición a la patria”.

Nicaragua recibió 3,059.2 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, cifra que, según el Banco Central, representa una ligera retracción frente al año anterior, aunque equivale al 13.8 % del producto interno bruto del país. La actividad fue impulsada principalmente por desembolsos de casa matriz y empresas extranjeras relacionadas, que aportaron más de la mitad del total.

El comportamiento de este flujo resulta fundamental ya que muestra un contraste con lo que indican las autoridades de que la economía nicaragüense creció 4.9 % en 2025 y el organismo emisor proyecta una expansión de entre 3.5 % y 4.5 % para 2026, de acuerdo a datos divulgados por la agencia EFE en base al informe oficial.

A pesar de la disminución global de la inversión foránea, el flujo neto de IED registró un incremento del 7.6 % en comparación con 2024, al alcanzar 1,502.5 millones de dólares, lo que equivale al 6.8 % del producto interno bruto. El crecimiento del flujo neto contrasta con la caída en la cifra bruta, que descendió en 127 millones de dólares respecto a 2024, cuando el total se ubicó en 3,186.2 millones, según detalló el Banco Central de Nicaragua.

El origen de estos fondos refleja una estructura diversificada. Panamá se consolidó como el principal país emisor de inversión neta, con 382.6 millones de dólares y un peso del 25.5 % del flujo total, orientando los recursos sobre todo hacia los sectores financiero, industrial y energético. Barbados ascendió al segundo lugar al aportar 263.6 millones de dólares, desplazando a Estados Unidos, que sumó 196.1 millones y quedó en la tercera posición.

Los sectores económicos que más capital atrajeron fueron los de industria manufacturera, con 472 millones de dólares y una participación del 31.4 % del monto total; energía y minas, que recibieron 466.5 millones de dólares (31.1 %); e intermediación financiera, con 375.6 millones, equivalente al 25 %. Las ganancias brutas obtenidas por empresas extranjeras se ubicaron en 1,131 millones de dólares (37 % del total), mientras que los aportes de capital representaron 12.5 % del flujo anual.

El resultado de la inversión extranjera directa en 2025 expone tanto la resiliencia de ciertos rubros productivos como la reconfiguración en el envío de capitales hacia Nicaragua, confirmó el Banco Central. Junto a Panamá, destacaron también flujos procedentes de México (110.7 millones), Costa Rica (87.7 millones), Países Bajos (75.3 millones) y Colombia (61.4 millones), lo que refleja una base de origen geográfico amplia para esta fuente clave de divisas.

Solo en el primer semestre de 2025, El Salvador invirtió $361.1 millones, mientras que en el mismo período de 2024 fueron $166 millones. Sin embargo, de los países de Centroamérica es el que menos IED tiene en Nicaragua.

Mayor inversión en el sector de energía

Las actividades de energía y minas alcanzaron el mayor flujo neto de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre, con US$266.5 millones que representaron 32.6% del total. Este monto reflejó un crecimiento de 141.8% respecto al primer semestre de 2024, según los datos oficiales.

El segmento de intermediación financiera acumuló US$231.9 millones, equivalentes al 28.3% del total, con una expansión de 59.3% frente al mismo lapso del año previo. El sector de industria manufacturera experimentó una contracción de 37.8%, situándose en US$186.4 millones después de haber sumado US$299.7 millones un año antes.

Para comercio y servicios, el flujo neto ascendió a US$130.7 millones (16% del total), lo que constituyó una suba de 12.1% respecto a US$116.6 millones registrados en el primer semestre de 2024.

Entre las pruebas recogidas durante el procedimiento, destaca un cuaderno localizado en una vivienda de Alfaro, en el que figuraban registros datados entre 2009 y 2017. Estos apuntes documentaban el cobro de sumas elevadas a mujeres procedentes de Nicaragua, quienes colaboraron con la investigación policial y cuya situación fue clave para detallar el modus operandi de la organización. Sobre la base de este hallazgo, la Audiencia Provincial ha iniciado el juicio contra siete personas acusadas de formar parte de un grupo dedicado al tráfico de personas y la explotación mediante la imposición de deudas desproporcionadas a al menos 26 mujeres nicaragüenses en situación vulnerable, según consignó Europa Press.

Según el relato incluido en el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press, la trama se gestó entre familiares originarios de Nicaragua, dos de ellos residiendo en España de forma legal, una en Alfaro y otra en Huesca. Ambas detectaron una alta demanda laboral en el sector del cuidado de personas mayores en el país y, en paralelo, recibían peticiones de información y ayuda de compatriotas interesadas en migrar. Motivadas por las posibilidades de lucro, diseñaron un sistema en el que sus familiares en Nicaragua, principalmente la madre, actuaban como intermediarias en la captación de mujeres dispuestas a viajar bajo la promesa de empleo seguro en España.

La oferta consistía en gestionar el viaje completo, incluidas reservas hoteleras ficticias y préstamos en metálico de aproximadamente 1.000 euros, con el objetivo de demostrar solvencia económica frente a las autoridades migratorias. Una vez en territorio español, las mujeres eran llevadas a domicilios seleccionados en Alfaro o Huesca. Frente a su llegada, la deuda real les era notificada y ascendía a cifras entre 5.000 y 6.000 euros, supuestamente por gastos de viaje, gestión, alojamiento y manutención. Según publicó Europa Press, las víctimas, sometidas a presión debido a su vulnerabilidad y estado de ilegalidad, debían aceptar condiciones que les resultaban imposibles de rechazar.

Europa Press detalló que el grupo inflaba precios, cobraba sumas elevadas por alojamiento o alimentación y, en ocasiones, por artículos de primera necesidad a precios excesivos, llegando a exigir hasta 60 euros por analgésicos. El pago de la deuda se realizaba de forma estricta y bajo una estrategia constante de intimidación y coacción, lo que permitía a la organización disponer de un control total sobre sus víctimas.

En el escrito presentado por el Ministerio Fiscal se afirma que la principal responsable de la red era F.D.C., para quien se solicitan seis años de prisión y una multa de 40.000 euros. Su esposo, S.A.C., enfrenta cargos de igual naturaleza, con una petición de cinco años y nueve meses de cárcel y la misma multa. La red contaba además con la participación de su sobrina T.D.C. y su hijo O.D.S., quienes se enfrentan a una solicitud de cuatro años y medio de prisión cada uno, acusados de entrada ilegal continuada, coacciones y pertenencia a grupo criminal, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.

Otra de las implicadas, Z.M.T., hermana de F.D.C. y residente en Huesca, se encuentra igualmente imputada por la Fiscalía por delitos de inmigración ilegal continuada, coacciones y pertenencia a grupo criminal, con petición de cuatro años y medio de reclusión. Su marido, F.J.G., afronta los mismos cargos y pena. L.M.T., tercera hermana, figura en la acusación solo por coacciones y se enfrenta a seis meses de prisión. Según el medio, la colaboración dentro de la estructura respondía a una distribución clara de tareas, en la que los diferentes miembros facilitaban la gestión, el transporte y la vigilancia de las víctimas.

La investigación constató que esta red familiar desarrollaba la actividad de forma recurrente desde el período 2016-2017 al menos, aunque los cuadernos incautados recogen información que se remonta a años anteriores. La documentación refleja la existencia de beneficios económicos que no estaban justificados por actividades legales y que se manejaban fuera del circuito bancario ordinario.

Europa Press informó que uno de los episodios significativos de la causa tuvo lugar el 30 de julio de 2019, cuando Z.M.T. fue arrestada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acompañada de tres mujeres a las que había trasladado directamente desde Nicaragua. En ese contexto, los registros en los domicilios permitieron corroborar la magnitud y continuidad de las operaciones ilícitas, así como el carácter sistemático de la captación, traslado y sometimiento de las víctimas a una deuda abusiva.

La Fiscalía subraya en su acusación que la organización conocía que las mujeres permanecerían en situación irregular, lo que amplificaba su posición de dominio y favorecía el cobro de las cantidades exigidas. La reacción inicial de las víctimas, según el relato, era de sumisión absoluta con la esperanza de regularizar su situación y poder cumplir las expectativas laborales que les habían asegurado previamente.

En total, la acusación se sustancia sobre la base de la colaboración de 26 víctimas directas, que aportaron evidencia suficiente para poner de manifiesto el funcionamiento continuado de esta trama. Según ha detallado Europa Press, el proceso judicial se centra ahora en determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados y las penas asociadas, que oscilan entre seis meses y seis años de prisión, además de multas económicas relevantes.

Las declaraciones recogidas reflejan que la actividad continuada de la organización habría generado ingresos ilícitos, no solo por el cobro de deudas abultadas, sino también por la opacidad fiscal y bancaria de los mismos, elemento central en la acusación de blanqueo de capitales que recae sobre algunos de los procesados. La Fiscalía sostiene que el carácter habitual de la intermediación y la imposición de condiciones degradantes permitió consolidar una estructura criminal cuyo objetivo radicaba en explotar a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

El juicio, iniciado ante la Audiencia Provincial, aborda no solo los delitos relacionados con la inmigración ilegal y la explotación mediante deuda, sino también la posible existencia de un entramado familiar orientado al beneficio económico a costa de la precariedad de sus compatriotas. El desarrollo de la vista oral incluye pruebas documentales, testimonios de las víctimas y el análisis de la estructura financiera surgida alrededor de la red, tal como han reportado los documentos e informes recabados y difundidos por Europa Press.

Las autoridades persiguen la completa clarificación de las responsabilidades y el destino de los fondos generados por la organización. Se espera que el proceso siente precedente en la persecución de delitos vinculados a la trata de personas y la explotación a través de sistemas de endeudamiento abusivo en el contexto migratorio, de acuerdo a los antecedentes detallados en la causa y consignados por Europa Press.

Un cuaderno localizado detrás de una cómoda en una vivienda de Alfaro, con anotaciones detalladas de varios años, ha revelado información clave sobre una supuesta red que habría exigido deudas desproporcionadas a mujeres nicaragüenses tras su llegada a España. De acuerdo con Europa Press, la Audiencia Provincial examina este miércoles, 25 de marzo, el caso contra siete personas señaladas de formar parte de una organización dedicada a captar compatriotas bajo la promesa de empleos en el cuidado de personas mayores, y luego someterlas a situaciones de ilegalidad, intimidación y endeudamiento.

Según informó Europa Press, el Ministerio Fiscal acusa a cuatro de los implicados de delitos continuados de inmigración ilegal, coacciones y pertenencia a grupo criminal, mientras que dos enfrentan también acusaciones por blanqueo de capitales. A una séptima persona se le atribuye exclusivamente el delito de coacciones. El escrito de acusación, al que accedió este medio, describe cómo la presunta trama habría empezado con dos hermanas originarias de Nicaragua y residentes en Alfaro y Huesca, ambas en situación regular en España, quienes detectaron la elevada demanda laboral en el sector de asistencia a personas mayores.

Europa Press consignó que estas mujeres notaron, además, que en su localidad natal numerosas personas solicitaban orientación y apoyo para viajar a España y encontrar mejores oportunidades de vida. Aprovechando este contexto, las hermanas desarrollaron un sistema para obtener beneficios económicos a costa de coterráneas que buscaban emigrar. Para consolidar la red, recurrieron a familiares en Nicaragua, en especial a su madre, que se convirtió en contacto directo con quienes manifestaban interés. A las futuras víctimas se les ofrecía una gestión integral: viajes, vuelos, traslados desde el aeropuerto y el compromiso de atravesar la frontera española en condición de turistas sin inconvenientes. Si era necesario, se les facilitaba alrededor de mil euros en efectivo, cantidad que debía exhibirse en el control migratorio para justificar intenciones turísticas, respaldada por reservas hoteleras que, posteriormente, no se utilizaban.

Una vez en territorio español, las mujeres eran llevadas a viviendas de Alfaro o Huesca, donde les retiraban abruptamente el dinero prestado. El escrito de la fiscalía expone que en ese momento se les comunicaba la existencia de una deuda por “gestión, vuelo, estancia e intermediación”, que alcanzaba entre cinco mil y seis mil euros. Esta suma incluía sobrecostos en los billetes de avión, gastos inflados por alojamiento y manutención, e incluso cargos altos por necesidades elementales, como 60 euros por unos analgésicos. Según detalló Europa Press, las víctimas, descritas en la acusación como “confundidas, vulnerables e indefensas”, aceptaban las condiciones con la esperanza de comenzar a trabajar, dadas sus precarias circunstancias personales, familiares y económicas.

El grupo acusado, compuesto principalmente por una estructura familiar, está encabezado por F.D.C., identificada como la máxima responsable y sobre quien pesan los cargos de inmigración ilegal continuada, coacciones, asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Ministerio Fiscal solicita para ella seis años de prisión y una multa de 40.000 euros, mientras que su esposo, S.A.C., enfrenta una petición de cinco años y nueve meses de cárcel, además de la misma sanción económica. Los allegados colaboraban activamente, incluyendo a la sobrina T.D.C. y al hijo O.D.S., ambos acusados de inmigración ilegal continua, coacciones y pertenencia a grupo criminal, con una petición de cuatro años y medio de prisión para cada uno.

Europa Press señala que la hermana residente en Huesca, Z.M.T., enfrenta los mismos cargos, exceptuando el blanqueo de capitales, con una petición fiscal igual a la de sus colaboradores más cercanos, mientras que su esposo, F.J.G., también imputado, se encuentra en igual situación penal. Una tercera hermana, L.M.T., acusada de coacciones, podría enfrentar seis meses de prisión, dado que su participación se centraba en la exigencia del pago de las deudas a las víctimas.

El medio reportó que la actividad atribuida al grupo se efectuó de manera sistemática al menos desde 2016 o 2017, generando ingresos de cantidades consideradas extraordinarias, que no habrían sido justificadas por actividades lícitas ajenas a la trama y resultaban opacas a efectos fiscales y bancarios. En julio de 2019, la acusada Z.M.T. fue detenida en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, tras llegar a España procedente de Nicaragua junto a tres mujeres a las que había transportado personalmente.

Las investigaciones y registros domiciliarios efectuados permitieron encontrar documentos relevantes, como el citado cuaderno oculto en la vivienda de Alfaro, que sumaría pruebas sobre los mecanismos de recaudación y la magnitud de las sumas exigidas a las víctimas. Europa Press relató que, en una anotación de ese cuaderno, figuraba el detalle de cuantías solicitadas a las afectadas, las cuales se consideran desproporcionadas en el contexto de la gestión migratoria y laboral que ofrecía el grupo.

Según reveló la investigación, la red logró introducir y explotar ilegalmente a numerosas mujeres, aunque solo en el marco del proceso se ha logrado documentar la colaboración efectiva de 26 víctimas con la policía. El mecanismo descrito combinaba la entrada irregular en España con la generación y reclamación insistente de deudas elevadas, lo que colocaba a las mujeres en una situación de dependencia absoluta ante los miembros del grupo procesado.

Europa Press detalla que el Ministerio Fiscal sostiene la existencia de un grupo organizado, basado principalmente en lazos familiares, que actuaba desde ambos lados del Atlántico mediante el uso de intermediarios en Nicaragua y España. Los procesados enfrentan cargos penales de diversa gravedad según su grado de implicación, abarcando delitos relacionados con inmigración ilegal, coacciones, asociación ilícita y, en algunos casos, blanqueo de capitales, además de reclamaciones económicas por las elevadas sumas obtenidas ilícitamente.

La exdiputada indígena Nancy Henríquez fue excarcelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de permanecer casi 30 meses encarcelada, según información divulgada este sábado por el diario La Prensa.

Su excarcelación se produce sin un pronunciamiento oficial y en medio de un contexto de creciente presión internacional por la desaparición del líder indígena Brooklyn Rivera.

“Celebro la excarcelación de Nancy Henríquez, quien permaneció secuestrada por más de dos años y medio por la dictadura. Nancy era diputada y eso les valió poco. Ahora falta Brooklyn Rivera, diputado por quien exigimos libertad!”, expuso en X, el líder opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.

Henríquez, dirigente del partido indígena Yátama y suplente parlamentaria de Rivera, fue detenida el 1 de octubre de 2023 tras acudir a una citación policial en Managua. La convocatoria, según su entorno, estaba vinculada con la reciente captura de Rivera, ocurrida dos días antes.

Sin embargo, al presentarse ante las autoridades, quedó bajo arresto y posteriormente fue trasladada al penal de mujeres La Esperanza.

En diciembre de ese mismo año, fue condenada a ocho años de prisión por delitos relacionados con supuestos ataques a la soberanía nacional y difusión de información considerada falsa por el Estado.

Organismos de derechos humanos han señalado que estas figuras penales se utilizan de forma sistemática para castigar la disidencia.

Durante su encarcelamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al considerar que enfrentaba riesgos a su integridad. Aun así, permaneció detenida hasta su reciente liberación, que se produce bajo condiciones poco claras.

Fuentes citadas por el diario nicaragüense indicaron que su estado de salud es delicado y que su familia ha optado por mantener bajo perfil tras su salida.

El caso de Henríquez está directamente ligado al de Brooklyn Rivera, una de las figuras más relevantes del liderazgo indígena en Nicaragua.

Ambos representaban al partido Yátama, organización que durante décadas canalizó las demandas políticas y territoriales de los pueblos del Caribe Norte.

Rivera fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento, no existe información oficial sobre su paradero. No se ha confirmado su lugar de detención, su estado de salud ni las razones formales de su captura.

Su familia no ha podido verlo ni establecer contacto, lo que ha llevado a organismos internacionales a considerar su caso como una “desaparición forzada”.

Tras la detención de ambos dirigentes, el régimen también canceló la personería jurídica de Yátama, eliminando al principal partido indígena del país y dejando sin representación política a estas comunidades en el sistema institucional.

La situación de Rivera ha generado reacciones de actores internacionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció recientemente que el régimen mantiene detenidas a personas mayores en condiciones inhumanas, señalando su caso como emblemático del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.

Amnistía Internacional ha advertido que la falta de información sobre su paradero constituye una violación grave, mientras que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, solicitó en marzo de 2026 datos concretos sobre su situación. En una comunicación formal, exigieron al Estado nicaragüense información verificable sobre su ubicación y condiciones.

La presión también ha sido impulsada por su hija, Tininiska Rivera, quien desde el exilio ha desarrollado una campaña internacional para exigir una prueba de vida. Ha denunciado el caso ante distintos organismos y ha señalado que el silencio oficial mantiene a su familia en una incertidumbre prolongada.

Brooklyn Rivera, de 73 años, es una figura histórica del movimiento indígena miskito. Su trayectoria comenzó en los años ochenta, en medio del conflicto armado, cuando lideró estructuras indígenas enfrentadas al gobierno sandinista. Posteriormente participó en procesos de negociación y se integró a la política institucional, ocupando cargos públicos y consolidándose como referente de su comunidad.

En los últimos años, desde Yátama, mantuvo una presencia activa en el ámbito político nacional. Fue electo diputado en 2021 y se convirtió en una de las voces indígenas dentro del sistema. Su posición, sin embargo, se volvió más crítica tras denunciar en foros internacionales la situación de los territorios indígenas, particularmente la invasión de colonos y la falta de protección estatal.

Su detención ocurrió meses después de esas denuncias y tras un periodo en el que permaneció en clandestinidad ante el riesgo de captura. Desde entonces, no hay registro judicial ni confirmación oficial de su situación, lo que ha profundizado las denuncias sobre opacidad y represión.

La excarcelación de Nancy Henríquez se produce en ese contexto, sin que implique cambios visibles en la situación de Rivera. Mientras ella recupera la libertad tras más de dos años en prisión, el principal líder indígena del país sigue desaparecido, sin información oficial y con una presión internacional que continúa en aumento.

¿Vive Brooklyn Rivera? Estados Unidos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Amnistía Internacional y su hija, Tininiska Rivera, han pedido a la dictadura de Nicaragua una “prueba de vida” del líder indígena apresado hace más de dos años, sin que hasta ahora se sepa nada de él.

La demanda más reciente vino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. El 13 de marzo de 2026 denunció públicamente que el régimen mantiene encarceladas a personas mayores y enfermas como Rivera.

La dependencia señaló que estos detenidos permanecen en condiciones inhumanas, privados de derechos básicos y atención médica, y calificó de “inconcebible” la crueldad contra quienes disienten.

“La dictadura de Murillo-Ortega sigue manteniendo encarceladas a personas mayores y enfermas como Brooklyn Rivera. Estas personas fueron encarceladas simplemente por discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos básicos y atención médica. La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es inconcebible”, señaló la oficina en su cuenta de X.

Washington ha puesto el caso como ejemplo del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, en particular por tratarse de un dirigente de 73 años cuyo estado de salud genera preocupación.

Amnistía Internacional se sumó a esta exigencia al advertir que la falta de información sobre el paradero y estado de salud de Rivera constituye una violación grave de derechos humanos.

Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas, afirmó que mantenerlo incomunicado y sin acceso a familiares ni abogados agrava las violaciones ya existentes y obliga al Estado nicaragüense a demostrar sin demora que se encuentra con vida.

La organización ha incorporado el caso en una campaña internacional junto a otros presos de conciencia, señalando que fue detenido por defender los derechos de su pueblo.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, formalizó su reclamo el 12 de marzo de 2026 mediante una carta dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la misiva, firmada por Jan-Michael Simon, Ariela Peralta y Reed Brody, solicitaron información oficial que permita determinar la suerte y el paradero del dirigente indígena. El grupo subrayó que desde su detención no se conocen ni los motivos, ni su estado de salud, ni el lugar donde permanece recluido, por lo que exige datos “precisos y completos” sobre su situación.

La exigencia más persistente ha sido la de su hija, Tininiska Rivera, quien desde el exilio ha mantenido una campaña constante para saber qué ocurrió con su padre.

Desde 2023 ha denunciado el caso ante organismos internacionales, incluida la Unión Interparlamentaria y mecanismos de Naciones Unidas. Insiste en que fue detenido vivo, consciente y con un estado de salud estable, y que así debería ser presentado. Su testimonio refleja una incertidumbre alimentada por rumores contradictorios sobre su condición.

Brooklyn Rivera es uno de los líderes indígenas más conocidos de Nicaragua y durante más de cuatro décadas ha sido una figura importante en la defensa de los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos de la Costa Caribe.

Nacido en la región miskita, emergió como dirigente en los años ochenta, cuando lideró estructuras armadas indígenas que se enfrentaron al gobierno sandinista de la época en el contexto de la guerra civil.

A mediados de esa década participó en negociaciones con el gobierno para establecer un cese al fuego, en un proceso que marcó el inicio de su tránsito hacia la política institucional. Posteriormente ocupó cargos públicos, incluyendo una posición ministerial durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.

Con el paso de los años, mantuvo una relación cambiante con el sandinismo, alternando entre la confrontación y la alianza política.

En la etapa más reciente de su trayectoria, Rivera se consolidó como líder del partido indígena Yatama, una organización cuyo nombre en lengua miskita significa “Hijos de la Madre Tierra”.

Desde Yatama logró representación parlamentaria y fue electo diputado en las elecciones de noviembre de 2021, convirtiéndose en una de las principales voces indígenas dentro del sistema político nacional y aliado del régimen de Daniel Ortega.

Su última aparición internacional relevante ocurrió entre el 18 y el 28 de abril de 2023, cuando participó en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en Nueva York.

En ese espacio denunció la invasión de colonos en territorios indígenas y cuestionó la falta de protección estatal a los derechos de esas comunidades, lo que lo colocó nuevamente en una posición crítica frente al gobierno.

Tras ese viaje, el régimen le impidió regresar a Nicaragua por vía regular. Rivera optó por ingresar al país en mayo de 2023 a través de la zona de la Mosquitia, en la frontera con Honduras. Durante los meses siguientes permaneció en resguardo, cambiando de ubicación para evitar su captura, consciente del riesgo que enfrentaba.

El 29 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:30 de la mañana, fue detenido por la Policía en su vivienda en Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento no ha existido información oficial sobre su paradero. No hay registro judicial, ni acusación formal, ni confirmación de su lugar de detención. Su familia no ha podido verlo ni comunicarse con él.

El arresto de Rivera fue seguido por una serie de acciones contra su entorno político. Su diputada suplente, Nancy Elizabeth Henríquez, también fue detenida y posteriormente condenada.

El Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica de Yatama y despojó a sus representantes de sus cargos, alegando violaciones a la soberanía nacional bajo la Ley 1055.

Desde entonces, el caso ha sido caracterizado por organismos internacionales como “desaparición forzada”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor el 9 de octubre de 2023, al considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia. Sin embargo, los recursos legales interpuestos en Nicaragua, incluidos dos habeas corpus presentados por su familia, fueron ignorados.

El silencio del régimen ha sido constante. No ha emitido información oficial sobre su estado, su ubicación o las razones de su detención. Este vacío ha sido señalado por organizaciones internacionales como parte de un patrón más amplio de represión y opacidad institucional.

El Grupo de Expertos de la ONU documentó en su informe del 10 de marzo de 2026 al menos 75 casos de desaparición forzada en el país, de los cuales varios, incluido Rivera, permanecen sin esclarecimiento.

En ese mismo informe, el grupo indicó que el sistema judicial nicaragüense no admite recursos de habeas corpus en estos casos, dejando a las familias sin mecanismos efectivos para conocer la situación de sus parientes. También advirtió que el temor a represalias limita la denuncia de nuevos casos, lo que sugiere que la cifra real podría

Tras la detención de su padre, Tininiska Rivera, denunció que fue objeto de acoso, perdió su empleo, tuvo sus cuentas bancarias bloqueadas y se vio obligada a salir del país el 10 de octubre de 2023. Desde el exilio ha reiterado que su única herramienta es visibilizar el caso y presionar para obtener respuestas.

En foros internacionales ha descrito el proceso como un “calvario” marcado por la incertidumbre. Ha relatado que ningún preso ha confirmado haber visto a su padre en centros de detención y que no existe rastro administrativo de su caso en instituciones oficiales.

También ha denunciado rumores recurrentes sobre su estado, incluyendo versiones de enfermedad grave o incluso de su muerte, sin que ninguna haya sido confirmada.

El Grupo de Expertos de la ONU ha insistido en que el Estado nicaragüense tiene la obligación de informar sobre el paradero de Rivera y garantizar sus derechos. En su carta de marzo de 2026, además de solicitar información, expresó su expectativa de una “colaboración constructiva” por parte del gobierno para cumplir con su mandato de investigación sobre violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional, por su parte, ha advertido que el caso de Rivera es parte de una iniciativa de persecución contra líderes indígenas y defensores de derechos humanos. La organización ha insistido en que Rivera debe ser liberado de forma inmediata e incondicional, al considerar que su detención responde al ejercicio de sus derechos.

Mientras tanto, fuentes citadas por medios han señalado que podría encontrarse bajo custodia policial en un hospital estatal en Managua y en condición grave de salud, pero estas versiones no han sido confirmadas ni por su familia ni por el régimen. La ausencia de información verificable mantiene el caso en un limbo que se prolonga por más de dos años.

Un grupo de 1,200 personas privadas de libertad en Nicaragua- considerados presos comunes- recibirá la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar desde el 1 de abril.

La medida, informada por la copresidenta Rosario Murillo, permitirá que estas personas, todas con sentencia firme, salgan de prisión y completen sus condenas en sus hogares, bajo supervisión legal.

La política de excarcelación en Nicaragua ha beneficiado a más de 53 mil reclusos en la última década. Según los reportes oficiales, el 7.18 % de quienes recibieron este beneficio reincidió en delitos tras obtener la libertad. El mayor número de excarcelaciones en un solo año se registró en 2025, cuando 9,900 personas condenadas por delitos comunes accedieron a la medida.

En 2026, las autoridades ya habían liberado a otro grupo de igual tamaño durante el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, una fecha dedicada a la memoria del cardenal Miguel Obando y Bravo. Durante ese acto, el régimen presentó la excarcelación como un gesto en favor de la reconciliación nacional.

El proceso y los lugares de excarcelación

Las liberaciones no se limitan a una sola prisión. El acto principal tendrá lugar en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, conocida como La Modelo, situada cerca de Managua. También participarán otras siete cárceles del país. Con esta ronda, la cifra de presos comunes excarcelados en lo que va del año ascenderá a 2,400 personas.

El mecanismo de convivencia familiar implica que los beneficiados cumplen el resto de su condena en sus domicilios, bajo vigilancia de las autoridades. El Gobierno defiende esta política como una vía para la reconciliación y la paz social, aunque persisten dudas sobre su efectividad.

Cuestionamientos y preocupaciones sociales

Organizaciones feministas han expresado su inquietud ante la excarcelación masiva. Estas agrupaciones relacionan la liberación de reclusos con un aumento de feminicidios y de la delincuencia en general. La preocupación se centra en el posible impacto negativo para la seguridad ciudadana, advirtiendo sobre los riesgos de reincidencia.

La política de excarcelación bajo convivencia familiar no solo ha generado debate en la sociedad civil, sino que también ha sido observada de cerca por diferentes sectores para evaluar su impacto real sobre la seguridad y la convivencia en las comunidades.

El mecanismo permite que los liberados permanezcan bajo vigilancia legal, pero fuera de los centros penitenciarios. Las autoridades insisten en que se trata de una medida para favorecer la reconciliación; sin embargo, las críticas persisten ante la posibilidad de que se repitan delitos y se incremente la percepción de inseguridad.

La situación de los presos políticos

El panorama para los presos políticos en Nicaragua es distinto. A comienzos de 2026, al menos 20 personas detenidas por razones políticas fueron excarceladas, en un contexto marcado por la presión internacional contra las detenciones arbitrarias bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A pesar de estas excarcelaciones, organismos defensores de derechos humanos y medios internacionales, como Infobae y El Imparcial, sostienen que la represión política y la violación de garantías fundamentales persisten en el país. El ambiente de hostigamiento y la falta de garantías judiciales continúan siendo motivo de denuncias.

Al cierre de marzo de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas documentó que al menos 46 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en diferentes centros de detención de Nicaragua. Entre los encarcelados, se encuentran figuras reconocidas como el excomandante revolucionario Henry Ruiz, el general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, y líderes indígenas como Brooklyn Rivera Bryan y Steadman Fagoth Müller.

La liberación de personas condenadas por delitos comunes y la persistencia de presos políticos revelan dos realidades paralelas en el sistema penitenciario nicaragüense. Mientras el Gobierno sostiene que su política promueve la paz y la reintegración, la preocupación social y las denuncias internacionales subrayan los desafíos pendientes en materia de derechos humanos y seguridad.