Dos familiares fueron asesinados durante un ataque armado en una vivienda de la comunidad Sonora, en el municipio de La Dalia, Matagalpa, Nicaragua, según informó el medio oficialista TN8. El hecho ocurrió la tarde del 7 de septiembre, cuando tres hombres encapuchados irrumpieron en una casa ubicada a unos 1.5 kilómetros al este del puente Sonora.

Las víctimas fueron identificadas como Noel Espinoza Zeledón, de 49 años, y su padre, Roberto Espinoza Reyes, de 92. El primero murió tras recibir tres disparos al ingresar a la propiedad, de acuerdo con la versión publicada por el canal. Espinoza Reyes fue atacado poco después, cuando se acercó al lugar tras escuchar las detonaciones.

El reporte señala que en la vivienda también estaba Noé Cruz, de 26 años, nieto de Roberto Espinoza e hijo de Noel Espinoza, junto a un hermano de 11 años. El joven habría logrado escapar durante el asalto, mientras los atacantes permanecían dentro de la casa.

Investigan asesinato de dos familiares durante un ataque armado

Según TN8, los agresores llevaban pistolas y un cuchillo. Uno de ellos habría amenazado a Noé Cruz con un arma de fuego al momento de entrar en la casa, lo que impidió que el joven pudiera reaccionar de inmediato.

La información difundida por el medio oficialista indica que Noel Espinoza llegó al sitio después de que los encapuchados tomaron control de la vivienda. Allí recibió tres disparos que, según la publicación, causaron su muerte en el lugar.

Roberto Espinoza Reyes escuchó los disparos y se dirigió hacia el sector de la casa donde se produjo el ataque. El hombre, de 92 años, también fue baleado y murió, de acuerdo con el reporte.

No se informó si las víctimas habían recibido amenazas previas, si existía una hipótesis sobre el móvil del crimen o si los agresores conocían a las personas que estaban dentro de la propiedad. Tampoco trascendió la identidad de los autores ni detalles sobre su ruta de escape.

Tras los asesinatos, los hombres habrían registrado el inmueble antes de abandonar el lugar. TN8 informó que se llevaron un teléfono celular y 5,000 (USD 136)córdobas en efectivo.

Hasta ahora, no hay información pública sobre otros bienes sustraídos de la vivienda ni sobre el posible valor total de las pertenencias que estaban en el lugar.

La comunidad Sonora se encuentra en el municipio de La Dalia, en el departamento de Matagalpa, una zona del centro-norte de Nicaragua. El ataque ocurrió cerca de las 18:00, según los datos divulgados por la publicación oficialista.

La Policía Nacional fue notificada del hecho y abrió una investigación para identificar a los responsables, según la versión difundida por TN8. Las autoridades no habían informado de detenciones ni presentado públicamente una línea de investigación sobre el ataque.

El caso dejó a dos miembros de una misma familia muertos y a un menor de edad que se encontraba en la vivienda al momento de la irrupción armada. La información disponible no precisa si el niño presenció los asesinatos o si recibió asistencia tras el ataque.

El régimen de Nicaragua presentó este martes una protesta diplomática ante Costa Rica por un pronunciamiento atribuido al Movimiento Campesino Anticanal, una organización opositora nicaragüense en el exilio. Managua sostuvo que el grupo pidió en varias ocasiones una intervención militar extranjera en el país y cuestionó la participación de menores de edad en la lectura del comunicado.

La nota fue enviada por el cocanciller Valdrack Jaentschke al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto costarricense. Según la comunicación, el régimen nicaragüense no cuenta con un registro oficial de los integrantes de la agrupación ni conoce la cantidad de miembros que la componen.

El reclamo se conoció después de que el Gobierno costarricense expresara, el jueves pasado, su preocupación por la situación política e institucional de Nicaragua. San José también anticipó que respaldará una respuesta coordinada dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Managua acusó al movimiento de pedir una intervención militar

En la carta remitida a las autoridades costarricenses, Jaentschke indicó que desde Costa Rica se difundió un mensaje público de un grupo que se identifica como Movimiento Campesino Anticanal. La dictadura nicaragüense afirmó que la organización ha solicitado “en múltiples ocasiones” una intervención militar en Nicaragua.

Managua sostuvo que esos llamados buscan “lesionar los derechos fundamentales” de los ciudadanos nicaragüenses. La comunicación no detalló cuáles fueron los pronunciamientos anteriores que, según la Cancillería, incluyeron pedidos de intervención ni precisó si presentó pruebas ante las autoridades de Costa Rica.

También puso el foco en el video o declaración reciente del movimiento. De acuerdo con la protesta diplomática, en ese mensaje participaron niñas, niños y adolescentes, quienes leyeron parte del pronunciamiento.

Para Nicaragua, esa presencia constituyó una exposición de menores en un ámbito político que consideró impropio. “La presencia de niñas, niños y adolescentes en este contexto representa una vulneración inadmisible de sus derechos fundamentales y una grave negligencia por parte de los actores involucrados”, señaló la Cancillería.

La nota diplomática afirmó que la infancia no debe ser utilizada como mecanismo de “distracción, legitimación o escudo” en controversias políticas o sociales. También advirtió que esas situaciones pueden comprometer la integridad, la seguridad y el bienestar emocional de los menores.

En ese sentido, pidió a Costa Rica que actúe junto con Managua para evitar situaciones que, a su juicio, vulneren los principios de protección integral de la niñez.

La protesta elevó la tensión entre ambos gobiernos luego del pronunciamiento de San José sobre la situación democrática nicaragüense. Costa Rica manifestó entonces su “profunda preocupación” por el deterioro institucional del país vecino y vinculó esa evaluación con la reforma constitucional aprobada recientemente por el oficialismo sandinista.

Costa Rica cuestionó la reforma constitucional aprobada por el oficialismo

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución. Para que entre en vigencia, la modificación requiere una segunda aprobación parlamentaria.

El proyecto excluye de la posibilidad de competir por cargos de elección popular a quienes sean considerados “traidores a la patria”. Además, amplía de cinco a 7 años el mandato presidencial.

Costa Rica consideró que la iniciativa limita aún más la participación política y electoral en Nicaragua. En paralelo, anunció que respaldará una postura firme y coordinada dentro de la OEA frente a la evolución de la crisis nicaragüense.

La protesta de Managua se concentró en el pronunciamiento del Movimiento Campesino Anticanal, mientras persisten las diferencias diplomáticas entre Nicaragua y Costa Rica por la situación política del país centroamericano.

La renuncia de Alba Luz Ramos de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua abrió paso a una nueva integración del máximo tribunal, dominada por funcionarios alineados con Rosario Murillo y marcada, según Diario La Prensa de Nicaragua, por antecedentes de represión, sanciones internacionales y lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El relevo consolidó un control total sobre la CSJ en un momento en que las reformas constitucionales de 2025 oficializaron la abolición de la independencia de los poderes del Estado y convirtieron a Murillo en copresidenta.

Antes de esta reconfiguración, la corte estaba integrada por 10 magistrados, de acuerdo con el sitio web del Poder Judicial citado por la publicación. Salvo Juana Méndez Pérez, Ramos renunció este año y el resto salió en 2025, mientras aún queda pendiente definir quién ocupará la vacante dejada por la expresidenta del tribunal.

La nueva presidenta oficial de la CSJ desde el primero de septiembre es Ana Julia Guido, de 67 años. Acumula 47 años como funcionaria pública, incluidos 27 en la policía, ocho como fiscal general adjunta y 11 como fiscal general de la República.

Guido fue nombrada magistrada en noviembre del año pasado. Por su participación en la represión desatada contra manifestantes desde 2018, ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, y además ha sido señalada de organizar un equipo para fabricar expedientes contra opositores.

La nueva Corte reúne funcionarios sancionados y cuadros del oficialismo

El vicepresidente de la CSJ es José Manuel Fuertes, de 65 años, de quien no se conoce trayectoria dentro del Poder Judicial. Fue miembro del Consejo Departamental Electoral y secretario político del FSLN en Boaco, y su esposa, Yaoska Espinoza Peña, fue exalcaldesa de la cabecera departamental durante dos períodos.

En sus primeras declaraciones públicas como vicepresidente, prometió tolerancia cero a la corrupción. La publicación lo presentó como parte de un grupo de fieles a Murillo que quedó al frente del máximo tribunal.

María Elsa Frixione Ocón es abogada y notaria pública, y antes de ser nombrada magistrada el 4 de diciembre de 2025 era procuradora nacional constitucional y de lo contencioso administrativo de la Procuraduría General de Justicia. También representó al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en 2014, negó en instancias internacionales que en el país se violaran los derechos humanos.

Rosa Argentina Solís fue dirigente territorial del FSLN en Managua e integró la sala penal uno del tribunal de apelaciones de Managua. Durante la crisis política participó en las llamadas audiencias informativas a presos políticos en El Chipote, cuestionadas por sus irregularidades, y en julio de 2023 Estados Unidos la incluyó en la lista Engel por su papel en acciones contra opositores del régimen.

Ernesto Leonel Rodríguez Mejía inició su carrera judicial en 2003 como juez de audiencia en Matagalpa y luego fue juez penal en Managua desde 2016. En febrero de 2019 ascendió a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua y en octubre de 2021 asumió la presidencia de esa instancia.

En 2023, Estados Unidos lo sancionó por su participación en el despojo de la ciudadanía a 94 opositores nicaragüenses. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también lo señaló por supervisar procesos contra presos políticos, y a finales de 2025 fue ascendido a magistrado de la CSJ.

Expertos ven una centralización total del poder judicial

Octavio Ernesto Rodschou Andino fue juez en Nueva Guinea, Juigalpa y Managua antes de ser nombrado magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua en 2018. En julio de 2021 fue elegido presidente de la sala penal uno de ese tribunal y luego se le identificó como el funcionario que declaró traidores a la patria a 222 nicaragüenses y ordenó su deportación inmediata.

Un mes después de esa decisión, Estados Unidos lo sancionó. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua lo incluyó además entre 54 funcionarios señalados como responsables de la represión en el país.

Zura Bonilla Welchen Proffer, originaria de Corn Island, trabajó como fiscal y jueza local única en esa zona y después pasó al distrito penal de juicios de Bluefields. También es conocida por haber declarado culpable a la periodista Kálida Salazar por calumnias en 2020, y está vinculada a la familia del magistrado del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell.

Méndez, por su parte, militó en el FSLN desde joven y formó parte de la Dirección General de Seguridad del Estado en los años ochenta. Como jueza archivó la acusación por abuso sexual presentada contra Daniel Ortega por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo y en 2003 condenó al expresidente Arnoldo Alemán a 20 años por varios delitos.

Asumió como magistrada de la corte en 2007 y en 2025 fue apartada temporalmente de la CSJ, aunque regresó un día después. Según el diario, fue la única magistrada que sobrevivió a la purga en el máximo tribunal.

El experto en derechos humanos Uriel Pineda dijo al medio que la purga en el Poder Judicial y los nuevos nombramientos buscan eliminar pequeños feudos de poder y pasar del control político al administrativo. Lo explicó así: “Alba Luz Ramos, al presidir la Corte o los otros magistrados, tenían algún margen de maniobra política, de colocar gente, de incidir, de alguna corrupción, digamos, a nivel medio, y eso viene a anularse. Es centralizar cualquier operación de poder en Nicaragua por medio del control judicial”.

Pablo Cuevas, director y fundador de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, sostuvo que esta nueva corte actuará en función de los intereses de la pareja gobernante. También afirmó que las purgas dentro de ese poder del Estado buscan mantener bajo terror a quienes trabajan en esa estructura.

La respuesta central a la pregunta sobre quiénes controlan ahora la justicia nicaragüense es concreta: la nueva CSJ quedó en manos de magistrados cuya selección, según la publicación, descansó en la lealtad al FSLN y en trayectorias atravesadas por denuncias de violaciones de derechos humanos. La gestión de la corte, ahora dirigida formalmente por Guido, sucede a una etapa en la que la justicia fue utilizada para favorecer los intereses de Ortega, eliminar partidos de oposición, perseguir opositores y encarcelarlos.

El régimen de Nicaragua, mediante la Asamblea Nacional, aprobó recientemente la creación de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), un ente que estará adscrito al Ejército y que controlará los puertos y el transporte acuático. La medida amplía atribuciones de los militares en un momento de disputa política por su lealtad ante un eventual cambio de régimen.

La nueva estructura tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio. También recibirá los recursos, vehículos, sistemas informáticos y bienes que usaba la Dirección General de Transporte Acuático vinculada al Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Según el portal oficialista el19digital.com, la legislación incorpora el numeral 19 bis al artículo 3 de la Ley 181, Código de Organización Militar, para formalizar que las Fuerzas Armadas ejercerán el control y tutela de la nueva entidad. La iniciativa presentada por la Presidencia sostiene que la medida busca reforzar la coordinación en seguridad y protección de los espacios marítimos, fluviales y lacustres.

La DGTA podrá formular políticas de seguridad para la navegación; dirigir, regular y controlar el desarrollo marítimo nacional; autorizar matrículas y permisos; cancelar rutas y servicios, y supervisar a personas y empresas dedicadas a actividades marítimas. También tendrá facultades sobre tarifas de transporte de carga y pasajeros, además del cobro de matrículas, patentes, permisos de navegación, certificaciones para astilleros y talleres de mantenimiento, y multas previstas por la ley.

Más control para asegurar la fidelidad militar

La ampliación de funciones del Ejército se produce en un momento en que los militares aparecen como un actor en cualquier escenario de continuidad autoritaria o transición en el país. Esto se volvió especialmente visible el 2 de septiembre, durante el 47.º aniversario del Ejército.

Ese día, la Unidad Nacional Azul y Blanco pidió a oficiales y soldados que no usaran las armas contra la población y les planteó que tendrían espacio en una futura democracia. Horas después, el general Julio César Avilés respondió desde el acto oficial con un respaldo a las reformas constitucionales del régimen de Ortega y Murillo y llamó a los militares a mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces”.

Avilés dijo: “Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria”. El jefe militar expresó, en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, su “firme respaldo” a la reforma constitucional promovida por el régimen.

La oposición también modificó su discurso hacia las Fuerzas Armadas. Juan Sebastián Chamorro, al explicar la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, sostuvo que el Ejército sí tendría un papel en la ecuación de cambio, siempre que se trate de militares no implicados en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Chamorro afirmó: “Sí, definitivamente. Así lo vemos. Es un factor”. Añadió que las Fuerzas Armadas podrían contribuir a evitar que una salida del régimen desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional.

Avilés rompió la rotación histórica y puede completar 21 años en la jefatura

El principal mecanismo de control construido por Ortega y Murillo tiene nombre propio: Avilés Castillo, comandante en jefe desde el 21 de febrero de 2010. Antes de su permanencia, el Ejército había mantenido relevos regulares de cinco años con Joaquín Cuadra entre 1995 y 2000, Javier Carrión entre 2000 y 2005 y Omar Halleslevens entre 2005 y 2010.

En enero de 2014 fue reformada la Ley 181 y desapareció la prohibición de reelegir al comandante en jefe. Avilés recibió un segundo período entre 2015 y 2020, un tercero entre 2020 y 2025 y un cuarto mandato iniciado en 2025 que se extenderá hasta 2031.

Si completa ese período, habrá dirigido el Ejército durante 21 años consecutivos. En su cuarta juramentación, Rosario Murillo afirmó: “Nos sentimos igualmente orgullosos de contar con la lealtad suprema de un soldado de la patria”.

La consolidación de la cúpula no se limita al comandante. En julio de 2025, La Prensa publicó que Ortega había nombrado al menos 43 generales desde su regreso al poder en 2007, hasta configurar una estructura que el diario describió como un Ejército “enano cabezón”.

En 2025 también se creó el grado de coronel general, situado debajo del general de Ejército. Los primeros ascendidos fueron Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales, inspector general, una decisión que permitió promoverlos sin apartarlos de sus cargos y abrió nuevos espacios en la cúspide del escalafón.

Fuentes militares citadas por el diario señalaron que, si continúan las extensiones de mandatos, integrantes centrales del Estado Mayor podrían acercarse a los 80 años antes de dejar definitivamente la cima de la institución. Esa permanencia bloquea la progresión de coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales que esperan ascensos.

La oposición busca a los mandos medios del Ejército

De acuerdo con el medio nicaragüense, mientras crecen los mensajes políticos hacia los cuarteles, el régimen acumula incentivos, ascensos y nuevas atribuciones para la cúpula.

Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, citado por Infobae, situó el foco en los mandos intermedios a quienes el mensaje opositor debería ofrecer “incentivos profesionales, amnistías condicionadas” y un lugar en el futuro democrático.

Hasta ahora, la Fuerza Naval ha tenido un perfil costero y se dedica al patrullaje, la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal, la búsqueda y rescate y la vigilancia de aguas jurisdiccionales.

En ese contexto, la entrega de puertos, rutas, permisos y tarifas del transporte acuático a una entidad bajo tutela militar añade una nueva esfera de control a una institución que ya dispone de organización nacional, inteligencia, cadena de mando y despliegue territorial.

Un informe de la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) concluyó que 9 de cada 10 recursos de exhibición personal fueron inefectivos ante detenciones por motivos políticos en Nicaragua entre 2018 y 2024.

El hábeas corpus, denominado recurso de exhibición personal en la legislación nicaragüense, busca que una autoridad judicial revise con rapidez la legalidad de una detención. El informe sostiene que, en los casos analizados, el procedimiento quedó reducido a una instancia formal que no consiguió impedir ni corregir detenciones arbitrarias.

El estudio analizó 315 presentaciones judiciales y sostiene que el mecanismo, destinado a proteger la libertad individual frente a privaciones arbitrarias, no brindó una respuesta efectiva en la mayoría de los expedientes examinados.

El documento, titulado “El colapso del Habeas Corpus en Nicaragua. Inefectividad del recurso de exhibición personal frente a las detenciones por motivos políticos en Nicaragua (2018-2024)”, fue elaborado por AMJ. La investigación se presenta como el primer estudio de este tipo sobre el funcionamiento del recurso durante la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018.

De los 315 recursos documentados o acompañados por la organización, 284 fueron considerados inefectivos, una proporción del 90.1%. Apenas cinco casos, equivalentes al 1.6%, tuvieron un resultado que otorgó protección efectiva a las personas detenidas. En otros 26 expedientes, AMJ indicó que no pudo establecer el desenlace.

La investigación identificó 763 conductas del régimen específicas que, según AMJ, limitaron el acceso a la justicia en los 284 recursos declarados inefectivos. El relevamiento incluyó 224 casos con vulneraciones de las garantías del debido proceso, 220 con obstáculos de hecho o de derecho para acceder a la Justicia y 189 con demoras injustificadas durante la tramitación o resolución de los pedidos.

AMJ también señaló el incumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para que una persona detenida recupere la libertad o sea puesta a disposición de una autoridad competente. La entidad documentó 280 casos en los que ese plazo no se cumplió.

En al menos 80 de esos episodios, las víctimas nunca comparecieron ante un juez antes de quedar en libertad, de acuerdo con los datos expuestos en el estudio. Esa situación impidió que una autoridad judicial evaluara las condiciones y fundamentos de las privaciones de libertad antes de la excarcelación.

Managua concentró la mayor cantidad de expedientes analizados

La mayor parte de los recursos relevados se tramitó ante el Tribunal de Apelaciones de Managua. Allí se presentaron 280 de los 315 casos analizados, de los cuales 269, el 96%, resultaron inefectivos, según la investigación.

El documento agrega que, entre 2021 y 2024, la inefectividad llegó al 100% en los 39 recursos examinados para ese período. Para AMJ, ese dato muestra un deterioro sostenido de la capacidad del recurso para ofrecer protección judicial frente a arrestos vinculados con razones políticas.

La organización afirmó que las prácticas detectadas transformaron el hábeas corpus en un mecanismo de alcance predominantemente formal. El informe plantea que los hallazgos pueden aportar elementos para litigios internacionales, la documentación de patrones de violaciones de derechos humanos y eventuales procesos de rendición de cuentas.

Los hijos de Ortega y Murillo controlan sectores enteros de la economía nicaragüense —combustibles, aduanas y minería de oro— mientras el régimen que los sostiene acaba de cancelar las elecciones presidenciales de noviembre de 2026 y extendió su mandato hasta 2028 mediante una reforma constitucional aprobada el 1 de septiembre por la Asamblea Nacional sandinista.

La misma reforma prohíbe a la oposición participar en comicios y eleva a rango constitucional la exclusión de quienes el gobierno catalogue como “traidores a la patria”.

Al día siguiente de su aprobación, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, convocó a la comunidad internacional a cesar el comercio normal con Managua y anunció acciones en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La reforma constitucional cierra la última vía electoral real

No es la primera vez que el régimen ajusta las reglas a su medida. En febrero de 2025, una primera reescritura creó la figura de copresidenta para Rosario Murillo —quien hasta entonces era vicepresidenta— y extendió el mandato de cinco a seis años. La de septiembre amplió ese plazo un año más.

Daniel Ortega, cuya participación pública se redujo por su deterioro físico, mantiene un rol predominantemente simbólico. El poder efectivo está en manos de Murillo y de un círculo de no más de 200 personas —altos funcionarios, militares y burócratas leales— que coordinan el control social, según el análisis del investigador Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano.

Orozco describe la arquitectura del poder a través de cuatro pilares: aislamiento internacional con alianzas con Estados no democráticos, criminalización de los derechos civiles, captura del Estado por parte del círculo familiar y censura sistemática. El régimen subordinó la Constitución a la Ley de Autodeterminación y autorizó a la Policía a detener ciudadanos con base en denuncias no verificadas.

El negocio familiar: combustibles, aduanas y oro

La captura del Estado opera de forma silenciosa y tiene nombres propios. Rafael Ortega, hijo del mandatario, controló durante al menos 10 años más del 30% del mercado de distribución de combustibles —un negocio de unos USD 500 millones anuales— a través de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), hasta que las sanciones lo desplazaron.

Laureano Ortega, otro hijo de la pareja presidencial, aprovechó el modelo de diálogo con el sector privado para apropiarse del sistema aduanero y autorizar la liberación de mercancías sin aranceles para sus negocios y asociados. Bajo ese esquema, las importaciones desde China saltaron de USD 600 millones en 2019 a USD 2.000 millones en 2025.

En abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos hijos más de la pareja presidencial, Maurice Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, junto a siete empresas del sector aurífero vinculadas a capitales chinos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la minería de oro.

China controla el 10% del territorio nacional en concesiones mineras

Las sanciones no frenaron la expansión. Según registros de la Fundación del Río, entre 2021 y septiembre de 2026 el régimen otorgó concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman 1.277.389 hectáreas —alrededor del 10% del territorio nacional—, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas.

El 8 de septiembre, el gobierno adjudicó una nueva concesión a cielo abierto de 26.205 hectáreas a la firma china Linze Excelente Minería S.A. en el municipio de Bonanza, pese a las sanciones vigentes.

Orozco describe a China como el nuevo “banquero de los dictadores”, en referencia a la expresión que el exembajador estadounidense John Feeley usó para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Managua espera incrementar sus exportaciones de oro de 600.000 a 800.000 onzas en 2026, al capitalizar precios internacionales elevados mediante concesiones ilegales, confiscaciones y extorsión tributaria.

Washington suma más de 85 sanciones y calibra su próximo paso

Estados Unidos acumula más de 85 sanciones contra instituciones y personas vinculadas al régimen, más restricciones de visa a más de 2.350 funcionarios y familiares. La Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y Suiza mantienen listas propias.

Tras la muerte en custodia del líder indígena Brooklyn Rivera en junio de 2026, Rubio amplió las restricciones de visa a más de 100 funcionarios adicionales. La respuesta de septiembre escala esa presión hacia el terreno multilateral.

Orozco advierte que Washington no busca un colapso abrupto del régimen. La estrategia apunta a evitar una nueva ola migratoria, el avance del crimen organizado y un mayor acercamiento a potencias hostiles, mientras aguarda que el deterioro físico de Ortega, los conflictos dentro del círculo familiar o el malestar social acumulado generen condiciones para una transición gradual.

Las remesas enviadas por nicaragüenses en el exterior superarán los USD 7,000 millones en 2026, una cifra equivalente al 32% del ingreso nacional y al 43% del consumo privado del país. El dato, documentado por el investigador Manuel Orozco del Diálogo Interamericano, muestra la paradoja central de la economía nicaragüense: el régimen expulsó a cientos de miles de ciudadanos y ahora depende de ellos para sostenerse.

Entre 2021 y 2025, más de 444,000 nicaragüenses llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. Ese flujo representó el 26% de toda la migración irregular centroamericana hacia ese país, pese a que Nicaragua concentra apenas el 15% de la población de la región. Son, en gran medida, quienes hoy financian el consumo del país que los expulsó.

El ingreso mensual no supera los USD 250 y el trabajo informal domina la economía

El ingreso mensual promedio de un hogar nicaragüense no supera los USD 250. Menos de la mitad de las familias puede ahorrar, el 40% está endeudado principalmente para consumo y más de tres cuartas partes de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, la proporción más alta de Centroamérica.

El ingreso per cápita promedio pasó de USD 2,000 a USD 2,700 entre 2018 y 2025. Ese avance se explica casi por completo por las transferencias del exterior. Sin ellas, la economía no muestra mejora real.

Nicaragua ocupa el último lugar de Centroamérica en corrupción y seguridad jurídica

Un análisis del Diálogo Interamericano ubica a Nicaragua al final de la región en materia de corrupción, según el Banco Mundial, y describe una seguridad jurídica prácticamente inexistente: la propiedad puede ser confiscada de forma arbitraria, sin proceso y sin compensación.

El país registra además la mayor proporción de población desnutrida de la región, un porcentaje que creció desde 2018 mientras el resto de Centroamérica logró reducirlo. El Índice de Progreso Social asigna a Nicaragua apenas 21 puntos en calidad universitaria, frente a más de 40 en los países vecinos.

La matrícula universitaria cayó un 59% en nueve años

Entre 2017 y 2026, la cantidad de estudiantes universitarios se redujo de más de 200,000 a 82,000. La cifra condensa el efecto combinado de la represión, la emigración y la ausencia de perspectivas laborales.

Nicaragua y El Salvador comparten el mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en la región, aunque por razones distintas. En Nicaragua, la falta de empleo y oportunidades empuja a emigrar.

El Estado recauda el doble pero no lo devuelve en servicios

Entre 2018 y 2026, la recaudación fiscal creció a un ritmo del 10% anual y duplicó los ingresos del gobierno. El gasto público, en cambio, aumentó apenas un 2% promedio anual en el mismo período.

La inversión pública, financiada en un 60% con deuda externa, creció un 7%, pero más de tres cuartas partes se destinan a obras viales, no a educación ni salud. El gasto en educación permanece por debajo de los USD 600 millones anuales.

Orozco documenta la brecha con precisión: el Estado recauda más, paga deuda externa —unos USD 839 millones en 2026— y canaliza el resto hacia contratos de construcción que benefician a empresas del círculo de poder, con márgenes mínimos de alrededor del 15% del valor contratado.

Las remesas crecen, pero el ritmo se desacelerará en la segunda mitad del año

El Banco Interamericano de Desarrollo registró un crecimiento de las remesas hacia Nicaragua del 7.5% en el primer trimestre de 2026. El organismo advierte que ese ritmo no se sostendrá: la eliminación de programas de parole y el aumento de deportaciones desde Estados Unidos —se proyectan unas 16,000 expulsiones de nicaragüenses en 2026— presionarán a la baja los envíos.

La intención de migrar se mantiene estable: alrededor de uno de cada 20 hogares quiere abandonar el país, lo que equivale a más de 250,000 personas. El flujo migratorio sigue siendo la válvula de escape de una economía sin alternativas internas.

El 44% cree que el país va en la dirección equivocada

Las encuestas del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua del Diálogo Interamericano, conducidas por Orozco desde 2019, muestran un deterioro sostenido de la percepción ciudadana. El 44% de los nicaragüenses cree que el país va en la dirección equivocada, un porcentaje mayor al registrado en 2024.

El 70% considera que no vive en una sociedad libre o que su libertad es parcial. La inflación y el costo de vida son señalados como el principal problema del país por el 40.5% de los encuestados en 2026, frente al 1.3% que los mencionaba en 2019.

Uno de cada cuatro nicaragüenses evita opinar por miedo. Es el retrato de un país cuya economía depende de quienes ya no están y cuya sociedad vive bajo el peso de quienes aún permanecen en el poder.

Dos comunidades mayangnas denunciaron ataques y amenazas atribuidos a colonos en territorios de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

Las denuncias se refieren a un ataque con machetes contra jugadores de fútbol en Mayangna Sauni Bu y a la presencia de hombres armados cerca de cultivos en Wilú, dentro de Mayangna Sauni As.

Los hechos fueron reportados el domingo 6 de septiembre de 2026. En el caso de Wilú, las familias indígenas señalaron que la situación ocurre durante el período de cosecha y que el temor les dificulta acceder a sus parcelas.

Según Confidencial.digital, los colonos denunciados por los habitantes de Wilú permanecerían desde hace aproximadamente dos semanas en áreas ubicadas al otro lado del río Waspuk. Las familias de la comunidad cultivan maíz, yuca y otros alimentos destinados principalmente al consumo local.

La presencia de hombres armados, según los testimonios difundidos, habría impedido que los residentes se trasladen a las zonas de cultivo. La Asociación Mayangna por el Desarrollo Social (AMDES) también informó que los comunitarios encontraron mensajes amenazantes escritos en la corteza de árboles de las áreas que consideran ocupadas.

El ataque a los futbolistas ocurrió al regresar a Kayayawas

La agresión contra los deportistas indígenas fue denunciada en el territorio Mayangna Sauni Bu, donde se desarrolla desde días atrás una liga territorial con equipos procedentes de distintas comunidades.

Los jugadores del equipo de Kayayawas habían viajado a Ahsawas para disputar un partido frente al conjunto de esa comunidad. Tras la finalización del encuentro, emprendieron a pie el regreso a su localidad.

Durante el trayecto, varios de ellos habrían sido atacados con machetes. Un comunitario que pidió no revelar su identidad por razones de seguridad afirmó a Confidencial.digital que los agresores eran colonos.

La Liga Bukawas, una de las organizaciones que impulsa actividades deportivas mayangnas en el área, confirmó la agresión en un comunicado publicado en Facebook el mismo domingo. La entidad indicó que varios jugadores resultaron heridos.

No obstante, la liga no identificó a los responsables como colonos. En su publicación se refirió a ellos como “sujetos desconocidos”.

Hasta el momento, no se difundió públicamente la cantidad de deportistas lesionados ni información sobre la gravedad de las heridas. La organización expresó su solidaridad con los afectados, sus familias y la comunidad de Kayayawas.

La Liga Bukawas también pidió a las autoridades que investiguen lo ocurrido y que adopten medidas para garantizar la seguridad de quienes participan en el torneo. “El deporte debe promover la paz, el respeto y la hermandad entre pueblos”, sostuvo la organización.

Wilú denunció restricciones para ingresar a los cultivos

En Wilú, los líderes y habitantes de la comunidad denunciaron ante AMDES la presencia de colonos armados en las cercanías de la localidad. La organización difundió el reclamo en un comunicado publicado el domingo.

De acuerdo con la denuncia, las familias no habrían podido ir a sus parcelas pese a que atraviesan una etapa de cosecha. Los cultivos afectados incluyen maíz, yuca y otros productos alimentarios.

Un comunitario citado por AMDES relató la preocupación de los habitantes frente a la situación. “Es hora de sacar la cosecha y los colonos se la están comiendo, mientras que nosotros los indígenas no salimos de las viviendas por temor a que nos maten”, expresó.

El comunicado de la asociación también reprodujo una frase que los residentes atribuyen a los ocupantes: “nos vamos a quedar… me matas, o te mato yo primero”.

Según la información publicada por el medio, los habitantes solicitaron protección a autoridades del Gobierno Territorial Indígena y acudieron al puesto policial de Musawás. Los comunitarios sostienen que no recibieron una respuesta efectiva tras esas gestiones.

La denuncia señaló a autoridades del Gobierno Territorial Indígena

La publicación de AMDES incluyó señalamientos contra el presidente del Gobierno Territorial Indígena, Misael Huete Zekleedon, la vicepresidenta Yamileth Lino Macario y el secretario Rolando Devis Jacobo, conocido como Chalín.

Lino Macario también ocupa el cargo de vicealcaldesa de Bonanza. Según la denuncia de la organización, las tres autoridades habrían ordenado a la Policía suspender patrullajes y detenciones de colonos reportados por integrantes de la comunidad.

La información difundida por la asociación identifica a los funcionarios mencionados como integrantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El texto proporcionado no incluye una respuesta pública de los señalados ni de la Policía sobre estas acusaciones.

Las dos situaciones denunciadas ocurrieron en territorios mayangnas distintos.

Nicaragua tendrá condiciones marítimas adversas esta semana, con oleaje de entre 0.25 y 2.20 metros y reducción de la visibilidad durante las lluvias en las costas Caribe y Pacífico. Nicaragua Investiga informó que el escenario estará marcado por el paso consecutivo de tres ondas tropicales.

El aviso alcanza de forma especial a pescadores y tripulaciones de embarcaciones pequeñas, ante un panorama que combinará vientos, lluvias y condiciones menos favorables para la navegación cerca de ambos litorales.

La primera onda tropical ya ingresó al país durante la madrugada del lunes 7 de septiembre. Se trata de la número 36 y su interacción con la zona de convergencia intertropical, situada al sur del territorio nacional, elevará la humedad disponible para la formación de precipitaciones.

La directora de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Salvadora Martínez, explicó que las bajas presiones asociadas al sistema seguirán bajo influencia sobre Nicaragua. “Esperamos que se mantenga la influencia de bajas presiones atmosféricas sobre el territorio nacional”, dijo la funcionaria a Nicaragua Investiga.

Las tres ondas tropicales prolongarán la inestabilidad durante varios días

Nicaragua atravesará una semana con lluvias de intensidad variable, cielos nublados, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido al ingreso sucesivo de tres ondas tropicales. El efecto no se limitará a un episodio puntual, ya que las condiciones de humedad persistirán hasta el fin de semana, con mayor incidencia en el Caribe, la región central y el noroccidente.

El primer sistema mantendrá precipitaciones durante la jornada por su vínculo con la zona de convergencia intertropical. El organismo meteorológico señaló que esa combinación favorecerá una atmósfera más húmeda sobre el país.

Martínez indicó ante el medio que la onda número 36 se relaciona con las bajas presiones que continúan presentes en el territorio. La funcionaria remarcó que el sistema interactúa con la franja de convergencia ubicada al sur de Nicaragua.

La segunda perturbación ingresaría entre el miércoles y el jueves. El pronóstico del INETER ubica a las Regiones del Caribe entre las áreas que recibirían el efecto más marcado de esa nueva onda tropical.

La tercera se aproximará hacia el fin de semana. La directora de Meteorología sostuvo ante la publicación que ese sistema “también podría mantener la condición de humedad sobre el territorio nacional”.

La secuencia prevista extiende la inestabilidad más allá del paso inicial de la onda 36. Las autoridades anticipan que los cambios en el tiempo se mantendrán durante varios días por la llegada escalonada de los otros dos sistemas.

El Caribe, la región central y el noroccidente concentrarán las lluvias más fuertes

Las precipitaciones tendrán distinta intensidad según la zona. El reporte contempla lluvias ligeras y moderadas en varias regiones, aunque no descarta episodios fuertes en los sectores con mayor exposición a la humedad asociada a las ondas tropicales.

“Se van a mantener estos rangos de precipitaciones entre ligeras y moderadas, algunas lluvias fuertes”, afirmó Martínez al diario al referirse a las Regiones del Caribe, la Región Central y el noroccidente.

El Caribe figura entre las zonas que podrían acumular los mayores efectos de los sistemas previstos para esta semana. La previsión también incluye a partes de la región central y del noroccidente nicaragüense.

Las tormentas eléctricas forman parte del escenario previsto. Durante esos períodos, las autoridades no descartan que las ráfagas superen la velocidad promedio del viento.

El pronóstico establece vientos sostenidos de entre 5 y 15 kilómetros por hora. Las rachas podrán aumentar cuando se registren tormentas, según el informe difundido por el organismo.

La nubosidad mantendrá temperaturas máximas de hasta 33 °C

El aumento de la nubosidad y de la humedad moderará las temperaturas máximas en buena parte del país. Los valores previstos oscilarán entre 30 y 33 °C.

El norte, la zona central y el Caribe Norte registrarían temperaturas por debajo de los 30 °C. Esa diferencia responde a la mayor presencia de nubes y a las precipitaciones previstas en esas regiones.

Las condiciones marítimas requieren atención adicional en las dos costas. La altura del oleaje puede dificultar las actividades de las embarcaciones pequeñas, sobre todo durante los momentos de lluvia y viento.

La pérdida temporal de visibilidad es otro de los factores incluidos en la advertencia. El llamado está dirigido a quienes realicen faenas de pesca o traslados cerca de los litorales Caribe y Pacífico durante el paso de los sistemas.

Nicaragua concedió este lunes una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., un permiso que elevó a 21 las autorizaciones entregadas a firmas asiáticas desde que Estados Unidos impuso sanciones al sector aurífero nicaragüense.

La resolución, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, habilitó a la compañía a operar en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205,75 hectáreas situada en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La Dirección General de Minas certificó la concesión a favor de Linze Excelente Minería S.A., representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Shiliang Yang, según informó EFE.

Las firmas chinas recibieron permisos sobre más de 1.2 millones de hectáreas

Entre 2021 y junio de 2026, el Ejecutivo sandinista otorgó concesiones para 84 lotes a 22 empresas chinas, de acuerdo con registros de la organización ambientalista Fundación del Río.

Empresas mineras chinas ya controlaban 10% del territorio de Nicaragua hasta julio de este año, a través de concesiones que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según un estudio divulgado en Costa Rica y citado por la agencia EFE y el medio E&N.

El informe, elaborado por la ONG ambientalista Fundación del Río junto con otras tres organizaciones, sostuvo que esas firmas administran 1,277,389.38 hectáreas en concesiones mineras, y lo plasmó en un atlas que ubica los lotes, detalla el origen del capital y registra su superposición con la red hídrica del país.

Durante la presentación del documento, el presidente de la organización, el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, afirmó que entre 2021 y junio de 2026 el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó concesiones a 22 empresas chinas en 84 lotes para minerales metálicos.

Ruiz advirtió que 62 lotes afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes —14 titulados y cuatro proyectados— con una superficie de afectación minera de 681,574.73 hectáreas. También alertó por el impacto sobre 163 ríos, 80 arroyos y 1.894 kilómetros de la red hídrica.

La Fundación del Río indicó que las compañías chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no tienen páginas web y que la organización no encontró pruebas de que formen parte de empresas que coticen en bolsas de valores.

Estados Unidos sancionó a empresas y funcionarios vinculados al oro

A mediados de abril de 2026, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos hijos de los copresidentes autoritarios, Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de un viceministro, otros cuatro ciudadanos y siete compañías mineras.

Las sanciones alcanzaron a personas y empresas relacionadas con la extracción y la comercialización de oro, una actividad que se consolidó como la principal fuente de ingresos por exportaciones de Nicaragua. Los datos oficiales indicaron que las ventas externas del sector minero totalizaron USD 2,009.2 millones en 2025, un alza del 44.4% frente al año anterior.

El oro en bruto concentró USD 1,971 millones de esos ingresos, el 22.7% de las exportaciones nacionales. El país vendió 19.9 toneladas métricas de oro, el mayor volumen registrado hasta ahora, según las cifras oficiales recogidas por EFE.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó este lunes una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., en el lote denominado Jade, una superficie de 26.205 hectáreas en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La cesión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta y certificada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de la República, eleva a 22 empresas chinas el número de empresas de capital chino con concesiones activas en territorio nicaragüense.

Linze Excelente Minería está representada en Managua por el ciudadano chino Shiliang Yang, quien cuenta con residencia nicaragüense y figura también como apoderado legal de otra firma del mismo grupo empresarial, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group. Antes de esta última adjudicación, Linze Excelente ya controlaba 10.592 hectáreas en los departamentos de Chontales y Nueva Segovia, transferidas en julio pasado por su empresa hermana. Con el nuevo lote, su superficie total en el país supera las 36.000 hectáreas.

El otorgamiento se produce cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara, el 16 de abril, a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, dos hijos de la pareja presidencial con cargos gubernamentales, junto a otras cinco personas y siete empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostuvo entonces que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la industria aurífera.

Las sanciones no han frenado la expansión del capital chino en el sector. Según el registro de la Fundación del Río, organización ambientalista que monitorea las publicaciones de La Gaceta, el régimen sandinista ha otorgado entre 2021 y septiembre de 2026 concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman en conjunto 1.277.389 hectáreas: alrededor de 10% del territorio nacional, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. La organización ha documentado que el Ejecutivo modificó el marco jurídico minero para facilitar esas inversiones y reducir el impacto de las sanciones estadounidenses sobre el sector.

Entre las compañías con mayor extensión concesionada destacan Thomas Metal S.A., con más de 228.000 hectáreas, y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, con cerca de 184.000 hectáreas antes de sumar el lote Rama de 38.621 hectáreas adjudicado en mayo. Cinco de las firmas del listado operan bajo sanciones directas de Washington, lo que no les ha impedido seguir recibiendo nuevos títulos o transfiriendo derechos entre sociedades vinculadas, como ocurrió entre Xinxin Linze y Linze Excelente.

El auge minero se refleja también en las cuentas externas del país. Las exportaciones del sector ascendieron a USD 2.009 millones en 2025, un 44,4% más que el año anterior, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación, con USD 1.971 millones y un volumen de 19,9 toneladas métricas, el registro más alto desde que existen datos comparables, según el Banco Central de Nicaragua.

La expansión de las concesiones chinas en momentos de creciente presión estadounidense anticipa un pulso que difícilmente se resolverá en el corto plazo. Washington ha advertido que las instituciones financieras que faciliten transacciones significativas con los sancionados podrían enfrentar restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense, una amenaza que, de aplicarse contra los socios chinos de Managua, tensionaría aún más el frágil circuito por el que el oro nicaragüense llega a los mercados internacionales.

Dos organizaciones humanitarias solicitaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para la abogada opositora nicaragüense Thelma Montenegro, de 54 años. Según denunciaron, la defensora permanece detenida y desaparecida desde fines de agosto, en un contexto que consideran de riesgo para su vida, integridad física y libertad personal.

El pedido fue presentado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que advirtieron que Montenegro está desaparecida desde fines de agosto y que su salud agrava el riesgo denunciado ante la CIDH.

Las organizaciones afirmaron que la mujer fue privada de la libertad el 19 de agosto, cuando acudió a una delegación policial de Santa María de Pantasma, en el departamento de Jinotega, para renovar su licencia de conducir. Allí, indicaron, agentes policiales le retuvieron el teléfono celular y documentos personales.

Según el comunicado difundido por Cejil y Nicaragua Nunca Más, Montenegro recuperó la libertad tres días después, el 22 de agosto. No obstante, al día siguiente recibió una nueva citación de las autoridades, bajo el argumento de que debía retirar las pertenencias confiscadas durante su primera detención.

Cuando se presentó nuevamente en la dependencia policial, fue detenida por segunda vez. Desde entonces, no se ha informado sobre su paradero ni sobre una comunicación oficial de las autoridades nicaragüenses que permita establecer su situación jurídica.

Las organizaciones alertaron por la salud y el paradero de la abogada

Cejil y el Colectivo Nicaragua Nunca Más sostuvieron que la segunda privación de libertad derivó en una desaparición forzada, al no existir información pública sobre el lugar donde permanece la abogada ni sobre las condiciones de su detención.

“Su detención arbitraria y posterior desaparición son un acto de represalia por la búsqueda incansable de justicia”, expusieron las entidades en su presentación ante la CIDH. También vincularon el caso con el hostigamiento que, según dijeron, enfrenta su familia desde hace años.

Montenegro integra la Asociación Madres de Abril, un grupo de familiares de víctimas de la represión que siguió a las protestas de 2018 en Nicaragua. La abogada ha cuestionado al régimen que encabezan los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las entidades solicitantes advirtieron que Montenegro requiere medicamentos cotidianos y seguimiento médico regular. Por ese motivo, pidieron que se garantice su acceso a tratamientos y controles sanitarios mientras se desconoce su ubicación.

“Es imprescindible que mantenga un acceso regular tanto a los controles de salud como a sus tratamientos farmacológicos”, señalaron las organizaciones.

La familia de Montenegro sufrió varios asesinatos desde 2019

El reclamo ante la CIDH también reconstruye una secuencia de hechos violentos que afectó a familiares de la defensora. Su hermano Oliver Montenegro fue asesinado en enero de 2019 en su finca, en el municipio de El Cuá, en el norte nicaragüense.

En junio de ese año, su hermano Edgar Montenegro y su hijo de crianza, Yalmar Zeledón, fueron asesinados en Honduras, país al que habían llegado en busca de refugio. Dos meses más tarde, en agosto de 2019, su esposo, Francisco Blandón Herrera, murió asesinado en la ciudad de Wiwilí, cerca de la frontera hondureña.

Para Cejil y Nicaragua Nunca Más, estos casos no constituyen hechos aislados. Las organizaciones sostuvieron que forman parte de “una serie de actos sistemáticos y continuados” contra Montenegro y su entorno familiar.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, tras las protestas contra Ortega. La tensión aumentó luego de las elecciones de noviembre de 2021, cuando fue reelegido para un quinto período, el cuarto consecutivo, con dirigentes opositores encarcelados antes de los comicios.

Los principales aspirantes opositores detenidos entonces fueron posteriormente expulsados del país, privados de la nacionalidad nicaragüense y de sus derechos políticos. El régimen los acusó de promover un golpe de Estado y de traición a la patria. La información fue difundida por la agencia EFE a partir de la declaración de las organizaciones que solicitaron las medidas de protección.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un nuevo paso en su deriva autoritaria: el 1 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que veta a la oposición en las elecciones y extiende los mandatos presidenciales de seis a siete años, según publicó Infobae.

El movimiento confirma lo que el investigador César Santos, del centro de pensamiento Expediente Abierto, venía advirtiendo: Nicaragua avanza hacia un modelo de partido único con rasgos de las autocracias más cerradas del mundo.

La pregunta que Santos plantea es cuánto de ese modelo tiene origen chino. Su respuesta, documentada en un análisis comparativo recogido por Diario la Prensa, es que ambos regímenes —el nicaragüense y el de Beijing— comparten la característica de ser dos autocracias cerradas, aunque provienen de experiencias históricas distintas y sus estructuras institucionales difieren en varios aspectos.

La reforma que elimina a la oposición

La aprobación del 1 de septiembre no surgió de la nada. El 19 de julio, Ortega declaró públicamente que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua para evitar que la oposición tomara el poder, según consignó Infobae. La reforma recoge esa declaración y la convierte en texto constitucional.

El artículo 47 de la nueva carta magna prohíbe postularse a cargos públicos a quienes el régimen califique de “golpistas”, “traidores a la patria” o a quienes hayan pedido sanciones internacionales contra el Estado nicaragüense. El régimen aplica esas etiquetas de forma sistemática a sus adversarios.

Si Ortega y Murillo son reelegidos a fines de 2028, podrían gobernar hasta 2036, según el análisis publicado por Emol, sitio chileno, que cita a especialistas consultados por la agencia AFP.

Dos revoluciones, un mismo destino autocrático

Para entender el paralelo que traza Santos, hay que remontarse a los orígenes de ambos regímenes. El chino nació de la “revolución maoísta del 49”: tras una guerra civil que comenzó en 1927, Mao Zedong y el Partido Comunista Chino derrotaron al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek y proclamaron en Beijing la República Popular China. Chiang Kai-shek y las fuerzas nacionalistas se retiraron a Taiwán.

El nicaragüense tiene su propia fecha fundacional. La Revolución Popular Sandinista derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979 y estableció la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Ortega fue electo presidente en 1984, gobernó hasta 1990 —cuando perdió ante Violeta Barrios de Chamorro— y regresó al poder en 2007. Desde entonces gobierna mediante represión y fraudes electorales, según han documentado distintos organismos nacionales e internacionales, de acuerdo con el análisis de Diario la Prensa.

La diferencia estructural que Santos identifica es relevante: mientras China opera como un “Estado partido más institucionalizado, de carácter marxista-leninista”, el régimen Ortega-Murillo tiene “rasgos sultánicos”, entendidos como un carácter de herencia familiar y redes clientelares en el poder.

La represión como política de Estado

El punto de convergencia más brutal entre ambos sistemas es el uso de la fuerza contra la disidencia interna.

Diario la Prensa documenta que en julio de 2018, durante la llamada “Operación Limpieza”, el régimen nicaragüense reprimió con fuerzas policiales y paramilitares a manifestantes que expresaban descontento generalizado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional, registró 355 personas muertas entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019, además de centenares de heridos y miles de desplazados.

En ese mismo período, China cerró 2018 con un saldo de 800.000 personas detenidas de forma “arbitraria”.

Un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos informó que “más de dos millones de uigures, kazajos étnicos y otros musulmanes” fueron internados en campos diseñados “para erradicar sus identidades religiosas y étnicas”, bajo el alegato oficial de combatir el terrorismo.

El documento añade que “funcionarios de seguridad en los campos abusaron, torturaron y asesinaron a algunos detenidos”.

Tecnología, policía y vigilancia

El vínculo entre ambos regímenes no es solo ideológico. Desde que Nicaragua rompió relaciones con Taiwán el 10 de diciembre de 2021 y restableció lazos con Beijing un día después, la cooperación se profundizó en terrenos concretos: tecnología, seguridad y control estatal.

Un informe publicado en mayo de 2026 por Infobae y basado en documentación especializada reveló que el Ministerio de Seguridad Pública de China brindó entrenamiento a miles de agentes nicaragüenses en tácticas antidisturbios, investigación forense y uso de tecnología de vigilancia.

El régimen también envió delegaciones a exposiciones de tecnología de seguridad en China, lo que facilitó el acceso a sistemas de vigilancia digital.

El 22 de agosto de 2026, el régimen inauguró en Managua el Centro de Monitoreo, Alerta y Respuesta “Momotombo”, una infraestructura financiada por Beijing por más de USD 42 millones.

Según los medios oficialistas, el centro incorpora cámaras de vigilancia, drones, perros robot, estaciones sísmicas y volcánicas y sistemas de alerta para emergencias. La plataforma puede recopilar y transmitir información en tiempo real, sin que existan mecanismos independientes de fiscalización, advirtió Infobae.

Santos señala que el principal rasgo que Nicaragua “ha intentado copiar de los chinos” es la adopción de tecnología para la represión: inteligencia artificial, reconocimiento facial, videovigilancia y almacenamiento de datos “con fines de vigilancia, represión y censura”, brindados por compañías estatales chinas como Huawei, ZTE y Dahua, según el análisis recogido por Diario la Prensa.

La concesión territorial a China

A cambio de tecnología, financiamiento e influencia, el régimen cedió posiciones concretas. Santos menciona las “concesiones mineras y las zonas económicas especiales para la iniciativa de la Franja y la Ruta”.

Según denuncias de la organización ambientalista Fundación del Río citadas por Diario la Prensa, 22 empresas chinas tienen concedidos 84 lotes para la exploración y explotación de minerales metálicos, en una superficie que abarca más de 1.27 millones de hectáreas, equivalente a “casi el 10% del territorio nacional” de Nicaragua.

El investigador describe esta relación como una en la que el régimen Ortega-Murillo adopta el modelo chino “casi acríticamente” en tecnología, política pública y propaganda, “con el fin de consolidar su poder en Nicaragua y a cambio ceder en varios aspectos ante China”.

La retórica antiestadounidense

Más allá de la estructura interna, Santos identifica un tercer rasgo compartido: la postura contra Estados Unidos. China y Nicaragua comparten “una retórica común en contra de Occidente, en contra del consenso liberal de la posguerra fría y muy específicamente en contra del liderazgo global de los Estados Unidos”, según el análisis reproducido por Diario la Prensa.

Las formas, no obstante, difieren. El 20 de febrero de 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China acusó al gobierno norteamericano de utilizar mecanismos para mantener su “supremacía mundial” y calificó la hegemonía estadounidense de riesgo global, pero lo hizo con el lenguaje diplomático característico de Beijing.

Ortega, en cambio, no midió palabras. El 20 de abril de este año, durante el Día Nacional de la Paz, tildó al presidente Donald Trump de “desquiciado mental” por lo que describió como el “secuestro” de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El presidente de una potencia que no está en sus cinco sentidos va a acabar con su pueblo, y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo”, afirmó el mandatario nicaragüense en ese acto, según consigna Diario la Prensa.

“Ortega ha buscado innovar y adoptar esta clase de tecnologías para afianzar su poder”, concluye Santos.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleva 19 años consecutivos en el poder en Nicaragua desde el regreso del dictador Daniel Ortega a la presidencia en 2007. Esa permanencia lo ubica como el segundo mandatario con más tiempo en el cargo en América Latina durante el último medio siglo, solo por detrás de Fidel Castro en Cuba.

La reforma constitucional aprobada por el oficialismo extendió de cinco a siete años cada período presidencial. Con esa modificación, Nicaragua pasaría a tener el mandato presidencial más largo de América Latina.

La información fue publicada por Diario La Prensa, que indicó que Ortega y la copresidenta Rosario Murillo podrían asumir en 2036 otro ciclo de siete años. Esa posibilidad llevaría a casi 30 años la permanencia de ambos al mando del país.

Nicaragua pasó de mandatos de cinco años a períodos de siete

Antes de la reforma constitucional de 2025, Nicaragua formaba parte del grupo de países latinoamericanos con períodos presidenciales de cinco años. Cuba, Bolivia, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay tenían la misma duración.

El Centro de Estudios Multidisciplinarios de Relaciones Internacionales (CEMERI) publicó un análisis en 2022 y lo actualizó un año después. El estudio señaló que la mayoría de los países de la región conserva mandatos de entre cuatro y seis años.

Diario La Prensa recordó que México y Venezuela fueron históricamente las únicas naciones latinoamericanas con períodos de seis años. La reforma nicaragüense superó ese plazo y se apartó de la tendencia predominante en el continente.

La modificación se suma a la estructura política que el régimen consolidó cuando Ortega nombró a Murillo, su esposa, como “copresidenta”. Ambos ocupan la conducción formal del Estado nicaragüense.

La reforma redujo la frecuencia de las elecciones

La ampliación del período presidencial no se limita a un cambio de calendario. La nueva norma reduce la frecuencia de las elecciones y excluye de la competencia política a las personas a las que el oficialismo considera “traidores de la patria”.

Esa exclusión elimina las condiciones para que existan elecciones competitivas. Los cuestionamientos se concentran en la falta de mecanismos que permitan disputar y reemplazar al poder mediante procesos democráticos.

El exaspirante presidencial opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro y el politólogo nicaragüense desterrado Félix Maradiaga consideran que la medida refuerza el control de la familia Ortega-Murillo sobre las instituciones estatales.

Entre las críticas aparece la definición de que el cambio implica “prolongar el secuestro del Estado”. Para sus detractores, la reforma representa una advertencia regional sobre los riesgos de desmantelar los mecanismos democráticos.

Maradiaga puso el foco en la posibilidad de sustituir al gobierno

Félix Maradiaga sostuvo que el debate no debe limitarse a si un mandato presidencial dura cuatro, seis o siete años. El politólogo centró su cuestionamiento en la posibilidad de que la ciudadanía pueda reemplazar a quienes gobiernan.

“El problema fundamental no es si un presidente gobierna cuatro, seis o siete años: es si los ciudadanos pueden sustituirlo mediante elecciones libres”, afirmó Maradiaga ante Diario La Prensa.

El dirigente desterrado advirtió que la reforma representa un nuevo nivel de concentración de poder. También señaló que disminuye la cantidad de procesos electorales sin señales de apertura democrática.

Chamorro atribuyó la extensión a una estrategia política

Juan Sebastián Chamorro afirmó que la ampliación responde a una estrategia política y no a una necesidad institucional. El opositor vinculó el próximo período con el final de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

“Esta es una movida estrictamente táctica de simplemente alargar el período para coincidir con el final de la administración Trump”, dijo Chamorro a la publicación.

El exaspirante presidencial añadió que no interpreta la reforma como una herramienta para aumentar el poder ya concentrado por el régimen. “Lo veo más como una estrategia política que como algo que vaya a consolidar más poder”, sostuvo ante el medio.

Chamorro comparó el caso nicaragüense con la alternancia que atravesó a gran parte de América Latina. Según su planteo, Cuba y Venezuela son las principales excepciones entre los países de la región.

La continuidad de Ortega contrasta con los recambios regionales

Argentina tuvo los gobiernos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Mauricio Macri, el expresidente Alberto Fernández y el presidente Javier Milei. Brasil pasó por las administraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la expresidenta Dilma Rousseff, el expresidente Michel Temer, el expresidente Jair Bolsonaro y nuevamente Lula da Silva.

Chile fue gobernado por la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Sebastián Piñera, el expresidente Gabriel Boric y el actual presidente José Antonio Kast. México, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay y los países de Centroamérica también registraron cambios frecuentes de gobierno.

Esas transiciones reflejaron alternancias ideológicas, crisis e inestabilidad política. Perú tuvo ocho presidentes desde 2007, uno de los casos de mayor rotación institucional en la región.

Ortega solo es superado por Fidel Castro en la comparación de los liderazgos presidenciales más prolongados de los últimos 50 años. El dirigente cubano gobernó durante más de tres décadas, mientras que entre las otras figuras de larga permanencia aparecen Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Lula da Silva en Brasil.

La OEA pidió presión internacional sobre el régimen

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó a los cancilleres del hemisferio a ejercer una mayor presión internacional sobre el régimen nicaragüense tras la nueva modificación constitucional.

Diario La Prensa informó que el planteo de la OEA se produjo después de la decisión oficialista de volver a reformar la Constitución. El pedido se sumó a las advertencias sobre el deterioro de las condiciones democráticas en Nicaragua.

Ortega tiene 80 años y Murillo, 75. La posibilidad de que ambos asuman en 2036 otro período de siete años consolidaría la continuidad de la pareja al frente del Estado nicaragüense.

El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, sostuvo que una eventual transición democrática en Nicaragua requerirá reconstruir la sociedad civil, investigar violaciones de derechos humanos y situar la política ambiental entre las prioridades del Estado. El biólogo nicaragüense, exiliado en Costa Rica, también aseguró que estaría dispuesto a someterse a investigaciones sobre las acusaciones formuladas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En una entrevista con Realidades, Ruiz definió su lugar actual como el de un actor social de oposición. “Nicaragua no tiene un gobierno, tiene un régimen y no tiene presidentes, tiene tiranos”, afirmó al referirse a la estructura de poder que gobernó el país desde Managua.

Ruiz salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de la cancelación de la personería jurídica de Fundación del Río. Según relató, cruzó por puntos irregulares de Río San Juan hasta llegar a San José, donde solicitó refugio. En 2023, dijo, fue incluido entre las 94 personas a las que el Estado nicaragüense retiró la nacionalidad.

Fundación del Río mantuvo sus denuncias desde el exilio

El ambientalista vinculó la persecución contra la organización con sus denuncias por el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz en 2018 y con su rechazo previo al proyecto de canal interoceánico. Recordó que Fundación del Río lleva más de 37 años de trabajo ambiental, con tres décadas de presencia en Nicaragua.

“Más de 5.635 organizaciones han sido canceladas”, aseguró Ruiz al describir el impacto de las medidas contra asociaciones civiles. Añadió que el caso de Fundación del Río permanece ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal regional, en etapa de revisión de fondo, por la presunta vulneración de la libertad de asociación.

La organización, explicó, conserva vínculos con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esa red permite contrastar datos obtenidos mediante sistemas de información geográfica con informes desde el territorio sobre cambios en la cobertura boscosa, incendios, concesiones mineras y otras transformaciones ambientales.

Ruiz señaló que la fundación redujo la exposición pública de sus integrantes por razones de seguridad. Aunque él es el principal vocero, afirmó que las decisiones parten de un consejo de dirección y no de una conducción individual. “La responsabilidad sea colectiva, tanto los fracasos como los aciertos van a ser de todos y todas”, planteó.

Se debe incluir la protección de los recursos naturales en la reconstrucción democrática

Para Ruiz, la crisis política y la cuestión ambiental están relacionadas. Sostuvo que las decisiones sobre minería, bosques, agua y áreas protegidas forman parte de un modelo económico que, a su juicio, el régimen puso al servicio de intereses propios.

El presidente de Fundación del Río planteó que una futura administración debe basar sus decisiones en información científica, datos públicos y criterios técnicos.

“Un político que dice que va a hacer algo estando ciego con la información es un mal político”, afirmó. Su propuesta contempla que los funcionarios cuenten con formación profesional y que los ministerios tengan mayor autonomía frente a las decisiones partidarias.

Ruiz consideró que la oposición nicaragüense debe incorporar una agenda ambiental en sus plataformas. Dijo que, si en el futuro existieran condiciones democráticas, respaldaría la creación de una fuerza política verde. Aclaró, de todos modos, que no ve un escenario electoral viable mientras no existan partidos independientes inscritos ni garantías para competir.

Justicia transicional: responsabilidades de todos los sectores

El ambientalista sostuvo que un proceso de cambio político deberá incluir mecanismos de justicia transicional, reparación para las víctimas y devolución de bienes o derechos afectados por cierres, confiscaciones y cancelaciones administrativas.

Ruiz afirmó que la revisión de responsabilidades no debería limitarse a integrantes del régimen. A su entender, el proceso tendría que establecer los hechos, identificar a las víctimas y determinar el grado de responsabilidad de quienes cometieron violaciones, sin importar su pertenencia política.

También se refirió a las acusaciones contra Fundación del Río por los hechos ocurridos en Morrito en 2018. Según explicó, un diputado de Río San Juan afirmó durante el proceso de cancelación de la organización que esta promovió tranques y tuvo relación con la masacre en ese municipio: “Me sometería a cualquier proceso”, respondió.

Buscaría reconstruir Fundación del Río

Ante la posibilidad de un cambio político, Ruiz indicó que su primera prioridad sería recuperar la organización, sus bienes y su capacidad de trabajo en Nicaragua. Señaló que las medidas adoptadas contra él incluyeron la cancelación de cuentas y obstáculos para recibir una herencia familiar.

El dirigente ambientalista no descartó asumir una función política en el futuro, aunque condicionó esa posibilidad a la existencia de instituciones independientes.

Mientras el ambientalista se encuentra preocupado por los recursos del país, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue cediendo grandes porciones de terreno a empresarios chinos.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, advirtió este domingo que callar frente a las dictaduras convierte a los cristianos en cómplices. Sostuvo que permanecer pasivos ante estructuras políticas que destruyen la democracia, restringen la libertad y niegan al pueblo el derecho a decidir su rumbo equivale a no enfrentar el mal cuando se instala en el poder. La reflexión fue publicada desde Miami, según Nicaragua Investiga.

Báez planteó que los pueblos necesitan voces capaces de alertar cuando el poder se corrompe. Según Nicaragua Investiga, afirmó que guardar silencio frente a las injusticias y los abusos autoritarios no puede presentarse como neutralidad, porque supone una forma de complicidad.

En el tramo final de su mensaje, el prelado llamó a la unidad entre quienes buscan la libertad y cuestionó las disputas entre dirigentes que comparten ese objetivo, pero terminan divididos por ideologías, siglas o protagonismo personal. Sostuvo que el acuerdo, incluso dentro de la diversidad, y la oración en común son el camino para que Jesús esté presente entre quienes se reúnen en su nombre.

La figura del centinela en su mensaje

Para explicar esa idea, recurrió a las lecturas dominicales y comparó la tarea de los cristianos con la de los antiguos centinelas de las ciudades amuralladas. Deben mantenerse despiertos y dar la alarma cuando detectan peligro; quien observa el daño y no avisa, dijo, carga con las consecuencias.

Báez sostuvo que denunciar arbitrariedades no es un discurso de odio

El obispo fue explícito al referirse a los regímenes dictatoriales. Señaló que no se puede aceptar en silencio la imposición de estructuras que anulan la democracia y cercenan libertades básicas.

También afirmó que denunciar esas arbitrariedades no constituye un discurso de odio ni un atentado contra la paz. Para Báez, se trata de una exigencia de la fe y del amor al prójimo.

Ese planteo se enlazó con otra de las ideas centrales de su reflexión: los creyentes son “deudores del amor”. Desde esa premisa, sostuvo que nadie puede desentenderse del mal que golpea a otra persona.

El prelado evocó la escena bíblica de Caín cuando preguntó si era o no el guardián de su hermano. Con esa referencia, remarcó que el sufrimiento ajeno impide la indiferencia y obliga a asumir responsabilidad frente a la injusticia.

La corrección fraterna, según el obispo, debe anteceder al resentimiento

Báez sostuvo además que la corrección fraterna debe ejercerse con claridad, respeto y paciencia. Esa práctica, explicó, debe aparecer antes que el resentimiento, el chisme o la condena pública.

La publicación señaló que el religioso cerró su mensaje con una exhortación a evitar las fracturas entre quienes persiguen la libertad. En su planteo, las divisiones internas debilitan una causa compartida cuando quedan atrapadas en disputas de liderazgo o en diferencias de identificación política.

Monseñor Báez adquirió liderazgo moral y notoriedad a partir de las protestas ciudadanas de 2018 en Nicaragua, por su rol de mediador y su denuncia de la represión estatal. Tras recibir amenazas de muerte, se exilió en 2019 por pedido del Papa Francisco y en 2023 fue despojado formalmente de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Detrás de la promesa de bodas de ensueño, fiestas de 15 años inolvidables y bautizos organizados en los rincones más exclusivos de Managua, se escondía lo que el Ministerio Público ha calificado como un esquema sostenido de fraude.

Samantha Nadiuska Oporta Chávez y su pareja, Iván Antonio Mendiola Gutiérrez, pasarán del negocio del espectáculo al banquillo de los acusados el próximo 6 de octubre de 2026, fecha en la que enfrentarán juicio oral y público tras ser señalados del delito de estafa agravada.

El caso tomó el día de ayer 4 de septiembre, un giro judicial determinante durante la audiencia inicial ante el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua. Allí, el juez a cargo desestimó las peticiones de la defensa y confirmó que ambos imputados deberán permanecer tras las rejas bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras esperan el inicio del debate oral.

La acusación de la Fiscalía detalla un modus operandi estructurado que, presuntamente, venía ejecutándose desde el año 2019. La pareja promocionaba sus servicios de logística y producción de eventos a través de redes sociales y diversas plataformas digitales, captando a clientes que buscaban celebrar momentos clave en sus vidas.

Sin embargo, una joven identificada como Treminio en 2025 contrató a la empresa dirigida por Oporta Chávez para la organización de su boda, cumpliendo rigurosamente con los depósitos solicitados. Según las investigaciones, las transferencias financieras debían realizarse directamente a la cuenta de Iván Gutiérrez, quien operaba como el responsable financiero de la firma.

El desencanto llegó apenas 24 horas antes del enlace matrimonial. Samantha Oporta contactó a la novia para notificarle que el evento quedaba abruptamente cancelado debido a severos inconvenientes internos de la empresa. Tras esa llamada, los acusados interrumpieron toda comunicación. Al acudir desesperada a las oficinas comerciales donde meses atrás había firmado el contrato de servicio, Treminio se encontró con un local completamente desmantelado y vacío.

Gestación y rechazo a la modificación cautelar

Investigaciones periodísticas de Radio La Primerísima revelaron que el expediente de Treminio es solo la punta del iceberg. Se estima la existencia de al menos 19 víctimas vinculadas a denuncias similares desde 2019. Aunque en procesos anteriores las partes lograron llegar a acuerdos de mediación para la restitución del dinero, estos antecedentes no constituyen condenas previas, pero sí exponen un historial recurrente de reclamos por incumplimiento y engaño.

Durante la última audiencia, la defensa técnica de Samantha Oporta intentó revertir la prisión preventiva argumentando una condición médica sobrevenida. Su abogado defensor presentó los resultados de una prueba médica realizada en el Hospital Alemán Nicaragüense, la cual confirmó que la procesada cursaba una gestación de aproximadamente cinco semanas.

Con base en el estado de embarazo, la representación legal solicitó el cambio a una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria. Sin embargo, el judicial fue contundente: concluyó que no existían variaciones sustanciales en los presupuestos jurídicos y elementos de convicción que motivaron la medida cautelar inicial, ordenando la permanencia de Oporta en el centro penitenciario y ratificando la remisión de la causa a la etapa de juicio.

El Código Penal de Nicaragua contempla para el delito de estafa agravada una pena base que va de 3 a 6 años de prisión, además de una sanción económica equivalente a 300 a 500 días multa.

De ser declarados culpables al finalizar el juicio oral y público del 6 de octubre, Samantha Oporta e Iván Mendiola podrían enfrentar condenas individuales de hasta 6 años de prisión por el expediente juzgado, a lo que se sumaría la obligación civil de restituir la totalidad del dinero defraudado a las víctimas afectadas.

Al menos 20 expresos políticos nicaragüenses permanecen en Guatemala sin conseguir su reasentamiento en un tercer país, dos años después de haber sido expulsados de Nicaragua. Según Confidencial.digital, los expedientes judiciales emitidos en su contra durante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo figuran entre los factores que dificultan sus trámites migratorios.

La mayoría de los 135 expresos políticos enviados a Guatemala en septiembre de 2024 logró reubicarse en Estados Unidos, Canadá o España. Quienes siguen en ese país viven sin documentos locales ni permiso de trabajo, en una situación que limita sus ingresos y prolonga la separación de sus familias.

Los afectados sostienen que las acusaciones incorporadas en sus expedientes condicionan las evaluaciones para obtener asilo o reasentamiento. Aunque fueron declarados apátridas y perdieron sus derechos en Nicaragua, sus antecedentes judiciales continúan presentes en los procesos que deben atravesar ante otros Estados.

Los expedientes incluyen acusaciones por terrorismo, drogas y lavado de dinero

De acuerdo con los testimonios recogidos por Confidencial.digital, los cargos atribuidos a integrantes del grupo incluyen terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y pornografía infantil. Los expresos consideran que esas imputaciones dificultan que otros países acepten sus solicitudes de traslado.

Isaías Ruiz, de 59 años, integra el grupo que permanece en Guatemala. La publicación informó que la persecución política afectó su carrera como docente en Nicaragua y que, antes de su encarcelamiento, vendía pan en un triciclo por las calles de Managua.

Ruiz fue detenido en octubre de 2023. Tras su salida de prisión, fue incluido entre las personas expulsadas y trasladadas a Guatemala.

“El delito que a mí me imputaron fue pornografía infantil. Son delitos que si tú vas a otro país y te muestran un expediente, ese país no te quisiera tener”, dijo Ruiz a Confidencial.digital.

El expreso aseguró que no cometió el delito que le atribuyeron. “Pero yo tengo mi frente en alto, me siento digno porque jamás he cometido un delito”, agregó ante el medio.

Víctor Carranza, de 42 años, relató que su caso tuvo un resultado similar. La acusación que recibió en Nicaragua fue por tráfico de drogas.

Carranza indicó que, cuando conoció la resolución de agencias internacionales sobre su solicitud de viaje, el antecedente penal atribuido por el régimen apareció como la causa principal del rechazo. Según su versión, ese registro fue determinante para que no pudiera continuar el proceso.

El caso de “Jairo”, seudónimo utilizado para resguardar la identidad de otro exreo político, presenta una dificultad adicional. El hombre pasó más de un año encarcelado bajo una acusación de lavado de dinero.

Durante las entrevistas relacionadas con su eventual reasentamiento, un tatuaje que se realizó a los 14 años fue interpretado como un posible vínculo con la cultura de pandillas. Según contó, esa lectura se sumó a los reparos que enfrenta en su situación migratoria.

La falta de documentos limita el acceso al empleo formal

La ausencia de reasentamiento también condiciona la vida cotidiana del grupo en Guatemala. Sin documentos de identidad guatemaltecos ni autorización laboral, los afectados deben recurrir a actividades informales para obtener ingresos.

Varios trabajan en la construcción o como guardas de seguridad. La falta de una situación migratoria regular reduce sus posibilidades de acceder a empleos estables y a mejores condiciones laborales.

La mayoría reside en cuartos compartidos de zonas periféricas de Ciudad de Guatemala. Los alquileres que pagan oscilan entre USD 26 y USD 300 al mes, según los testimonios reunidos por la publicación.

Los ingresos mensuales pueden llegar también a USD 300. Esa relación entre el costo de la vivienda y el dinero disponible deja poco margen para alimentos, transporte, medicamentos o apoyo a familiares que permanecen en Nicaragua.

“Si pagamos casa, no comemos. Si comemos, no pagamos casa”, expresó Carranza ante el diario. El expreso añadió que no ha podido enviar ayuda económica a su hija en Nicaragua.

Las limitaciones económicas también tienen consecuencias en la atención médica. Carranza padece hipertensión y explicó que, por falta de recursos, interrumpe con frecuencia el tratamiento que requiere.

“Jairo” vive con diabetes. Una infección grave puso en riesgo su pie derecho y necesitó una cirugía que pudo pagar con el respaldo de una comunidad religiosa local.

ACNUR señaló que los Estados fijan sus criterios de admisión

Los afectados señalaron que esperan mayor acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante sus procesos de reasentamiento. También plantearon que las sentencias emitidas por tribunales nicaragüenses podrían haber influido en la evaluación de sus solicitudes.

Consultado por Confidencial.digital, ACNUR indicó que no realiza comentarios sobre casos individuales. El organismo recordó que cada Estado establece sus propios criterios y condiciones para admitir a personas refugiadas mediante programas de reasentamiento.

La agencia explicó que puede identificar y presentar casos para que sean considerados en esos programas. La decisión final, de acuerdo con su respuesta, corresponde a los países que reciben a las personas refugiadas.

“Si bien ACNUR puede identificar y presentar casos para consideración de reasentamiento cuando corresponde, la decisión final sobre la admisión de personas refugiadas, así como los criterios de elegibilidad, cupos disponibles y perfiles priorizados, son establecidos soberanamente por los Estados de reasentamiento”, indicó el organismo en un correo electrónico citado por el medio.

Los nicaragüenses que permanecen en Guatemala siguen separados de parte de sus familias. También denuncian que sus parientes en Nicaragua continúan bajo asedio.

El grupo busca una alternativa de reasentamiento que le permita regularizar su situación, acceder a condiciones de trabajo más estables y cuestionar los antecedentes judiciales que, según sostienen, fueron elaborados en un contexto de persecución política.

El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI, por sus siglas en inglés) condenó el 3 de septiembre la revocación masiva de licencias para ejercer de abogados y notarios en Nicaragua y advirtió que la medida restringe el derecho de los ciudadanos a contar con una representación legal independiente.

Según el organismo, cerca de 2,000 profesionales, dentro y fuera de Nicaragua, detectaron en las últimas semanas que sus credenciales habían sido suspendidas. La inhabilitación les impide presentar escritos, asistir a audiencias o actuar ante los tribunales.

El IBAHRI sostuvo que muchos de los afectados no recibieron una comunicación previa de las autoridades. Algunos se enteraron cuando intentaron realizar trámites judiciales y comprobaron que sus nombres y números de registro ya no figuraban en los sistemas oficiales. Otros advirtieron cambios en el registro electrónico de la Corte Suprema de Justicia.

La entidad señaló que no se conocieron motivos jurídicos públicos para las revocaciones ni se ofrecieron instancias de descargo, audiencia o revisión independiente. Para el instituto, esas condiciones cuestionan la legalidad de la medida y afectan las garantías que deben regir la actividad profesional de los abogados.

El IBAHRI indicó que la suspensión de licencias alcanzó a profesionales que residen en el país y a otros que se encuentran en el exilio. Entre ellos hay abogados vinculados públicamente con posiciones críticas frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también especialistas en áreas sin vinculación política directa, como derecho de familia.

En determinados casos, los clientes de abogados inhabilitados recibieron notificaciones sobre la designación de defensores de oficio por parte de las autoridades. El organismo alertó que este mecanismo puede limitar la posibilidad de elegir libremente a quien asuma la defensa en un proceso judicial.

El instituto recordó que los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establecen que las sanciones disciplinarias deben apoyarse en normas profesionales reconocidas.

Para el IBAHRI, la falta de notificación, fundamentos, audiencia y revisión judicial en las revocaciones conocidas resulta incompatible con esos estándares. El organismo sostuvo que el alcance de la medida permite interpretar que existe una estrategia de control político sobre uno de los sectores profesionales que todavía pueden asistir a ciudadanos frente a acciones estatales.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) ya había alertado sobre una “purga silenciosa de la profesión legal”, según recordó el IBAHRI. El grupo vinculó la situación con el deterioro de las garantías de defensa y el desmantelamiento del Estado de derecho.

Mark Stephens, copresidente del IBAHRI, afirmó que retirar licencias sin explicación ni posibilidad de respuesta vulnera garantías básicas de cualquier procedimiento disciplinario. “Se trata de un intento deliberado de eliminar a uno de los últimos grupos profesionales capaces de defender los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.

“Un Poder Judicial sin independencia y una profesión legal que no puede ejercer dejan a las personas en Nicaragua sin recurso alguno”, afirmó Stephens .

Hina Jilani, también copresidenta del IBAHRI, señaló que una profesión legal autónoma constituye una condición para la vigencia del Estado de derecho. “Cuando se puede impedir que los abogados ejerzan sin el debido proceso, los clientes pierden una garantía esencial frente a las actuaciones arbitrarias del Estado”, indicó.

La organización ubicó las revocaciones dentro de un proceso más amplio de concentración de poder en Nicaragua. Según su comunicado, la medida se produjo después de cambios institucionales que reforzaron el control de las autoridades sobre el Poder Judicial y otros organismos estatales.

El IBAHRI también citó reformas constitucionales que, a su juicio, ampliaron el poder del Ejecutivo. En ese contexto, recordó que el 19 de julio de 2026, Ortega declaró que Nicaragua no celebraría más elecciones, una afirmación que, según el organismo, puso en cuestión el proceso electoral previsto para noviembre de 2027.

El organismo pidió que restablezca de inmediato las credenciales de los abogados y notarios afectados, salvo que cada caso sea resuelto mediante procesos disciplinarios legales, transparentes e independientes.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo evita responder a las críticas de Estados Unidos por la reforma constitucional, mientras mantuvo los ataques diplomáticos contra Costa Rica, Perú, Paraguay y Guatemala, en una señal que, según analistas citados por El Confidencial.digital, apunta a preservar un margen de negociación con la administración de Donald Trump hasta 2028, el nuevo año previsto para las elecciones generales en Nicaragua.

La enmienda fue aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con el texto, amplió en dos años el período presidencial. Eso trasladó los comicios que debían celebrarse en noviembre de 2026 a noviembre de 2028.

El abogado y analista político Eliseo Núñez sostuvo que el silencio frente a Washington tiene un carácter táctico. “Ortega está evitando pelear con Estados Unidos”, advirtió.

Para Núñez, las reformas “son para llevarlos al 2028”, el mismo año de las elecciones en Estados Unidos. Según su lectura, Ortega busca “ofrecer un paquete de negociación a los Estados Unidos, y llevar esta negociación hasta el punto en que Trump vaya de salida”.

El analista añadió que, si Trump entra en su tramo final de mandato, Ortega tendría menos probabilidades de ser obligado a cumplir cualquier compromiso. “La táctica le indica que él tiene que superar la era Trump. Y en ese sentido él está haciendo cosas para eso”, afirmó.

El régimen respondió a cuatro países latinoamericanos, pero no a Marco Rubio

El contraste quedó expuesto después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no solo cuestionara el contenido de la reforma, sino que además pidiera a los socios de Washington “no mantener relaciones habituales” con Nicaragua. Pese a ese pronunciamiento, el régimen no emitió una respuesta contra Estados Unidos.

La reacción fue distinta con cuatro países de América Latina. Tras la aprobación en primera legislatura, Costa Rica, Guatemala, Perú y Paraguay expresaron preocupación por la restricción del derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus autoridades, y la Cancillería de Nicaragua respondió con comunicados idénticos firmados por el cocanciller Valdrack Jaentschke.

“La soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”, contestó la Cancillería a los gobiernos de Guatemala, Perú y Paraguay. En el caso de Costa Rica, el tono fue más duro: “No aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”.

Núñez interpretó esa diferencia como un intento de apartar al resto de la región de cualquier trato directo con Washington. A su juicio, la dictadura “quiere aislar al resto de los países de América Latina” y presentarse ante Estados Unidos como un “símbolo de estabilidad”.

Ese eventual paquete, según el analista, incluiría migración, seguridad y combate al terrorismo. Aun así, sostuvo que Washington ya tomó una decisión sobre Managua y que no confía en Ortega.

“No veo que Estados Unidos eche para atrás en el modelo de presión que ya diseñó y que pasa por esa Asamblea de Cancilleres de la OEA”, señaló Núñez. La referencia apunta al esquema diplomático que, según el analista, ya fue definido por Estados Unidos.

Rosario Murillo anunció consultas en más de 100 municipios hasta enero de 2027

Rosario Murillo anunció un proceso de “consulta” en más de 100 municipios antes de la aprobación en segunda legislatura, prevista para el 18 de enero de 2027. Para Núñez, ese anuncio muestra que la reforma “no es algo terminado” y que todavía puede ser modificada.

El exdiputado de la Asamblea Nacional afirmó que, en los meses que faltan, el régimen “va a quitar o poner lo que necesite” y luego sostendrá que “la gente se lo pidió”. Su evaluación es que el contenido aprobado en septiembre no está cerrado.

Esa posibilidad también fue planteada por el abogado y activista político Juan Diego Barberena, quien dijo que no descarta cambios en el articulado durante la segunda legislatura. Según la publicación, Barberena incluso planteó la posibilidad de que se agreguen mecanismos más restrictivos.

“Yo no descartaría que incluyan el mecanismo en el cual pueden prohibir las elecciones o las votaciones. Está demostrado que en segunda legislatura agregan algunas disposiciones que no agregaron, que no discutieron y que no aprobaron en primera legislatura”, comentó Barberena.

La falta de lluvias ya provocó pérdidas de maíz y frijol en Nicaragua, mientras productores del corredor seco advierten que el próximo ciclo agrícola también puede quedar comprometido si persisten las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño. Habitantes de Chinandega, Managua, León y otras zonas del Pacífico describieron siembras fallidas, escasez de agua y dificultades para sostener cultivos que dependen de las precipitaciones.

“Todo el mundo está afectado. Ahí no podemos decir que a unos sí y a otros no”, afirmó un poblador de San Pedro del Norte, en Chinandega, consultado por Artículo 66. Según su testimonio, las cosechas de primera no dieron resultados y los agricultores esperan definiciones sobre la siembra postrera, prevista para el último trimestre de 2026.

El habitante indicó que varios productores optaron por sembrar en seco ante la expectativa de que las lluvias regresen. Una precipitación intensa cayó días atrás en la zona, pero el tiempo seco volvió poco después. “Todo el mundo está sembrando en seco, con la fe, con la esperanza de que pueda llover”, sostuvo.

La situación presenta diferencias entre regiones, aunque la falta de precipitaciones afecta de forma particular al Pacífico de Nicaragua. Algunos pobladores observan relámpagos y señales de lluvia, pero aseguran que el agua todavía no alcanza para recuperar la humedad del suelo ni garantizar el desarrollo de las plantaciones. En áreas con pozos o acceso a agua potable, las familias pueden mantener ciertas actividades; en el campo, las pérdidas se extienden con mayor rapidez.

En el oeste de Managua, cerca de Ciudad Sandino, una residente describió el sector como “absolutamente seco”. Allí, pese a la cercanía del lago Xolotlán y a la presencia ocasional de brisa, la sequía alcanza cultivos de maní, caña, maíz y frijol. “Maíz y frijoles se perdieron totalmente”, dijo la mujer, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, de acuerdo con Artículo 66.

Un agricultor de León también cuestionó las cifras divulgadas por el Ministerio Agropecuario (MAG) sobre el ciclo agrícola 2026-2027. El organismo informó en julio un avance de siembra de 92,600 manzanas de frijol rojo para la época de primera, con participación de más de 70,000 fincas. El productor contrapuso esos registros con la situación que observa en el terreno y afirmó que no hubo producción de primera en el Pacífico.

El Ministerio sostiene que la producción busca cubrir el consumo interno, estabilizar los precios y abastecer exportaciones hacia otros países de Centroamérica. Las denuncias de los productores, sin embargo, apuntan a que la ausencia de lluvias ya redujo las perspectivas para la segunda y tercera etapa del ciclo agrícola.

La preocupación también alcanza al plátano. En Chinandega, un productor señaló que la cosecha actual mantiene buenos niveles, aunque la disponibilidad de agua pone en riesgo las nuevas siembras. Añadió que las temperaturas elevadas limitan el efecto del riego artificial, porque el agua aplicada no resulta suficiente ante el calor. En los campos de caña de azúcar, algunas parcelas quedaron en descanso y sin riego antes de lo habitual.

El Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) ubicó a los departamentos de León, Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas entre las zonas con mayor exposición al déficit hídrico. El organismo prevé menos lluvias, períodos secos más extensos y menor humedad en los suelos. Los rubros con mayor riesgo son el maní, la caña de azúcar, el maíz, el frijol y la ganadería.

Para el sector ganadero, OFENA alertó sobre una menor disponibilidad de pastos y agua, además de estrés térmico para los animales. El período entre septiembre y diciembre de 2026 aparece como la fase más delicada. Entre las recomendaciones figuran el monitoreo de la humedad del suelo, el uso eficiente del agua y la planificación de forrajes.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó el 3 de septiembre que El Niño continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” hacia fines de 2026. La entidad indicó que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027, un escenario que mantiene en alerta a las zonas agrícolas nicaragüenses.

Once organizaciones democráticas y opositoras de Nicaragua denunciaron este viernes, por medio de un comunicado conjunto, que la reforma parcial a la Constitución, aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre y publicada el día siguiente, constituye una nueva ruptura del orden constitucional.

Las agrupaciones dirigieron el texto a la población nicaragüense, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos. En el documento sostienen que el proceso legislativo no representó un “acto jurídico válido” ni el ejercicio legítimo de la potestad de reforma del Estado.

Según las organizaciones, la modificación aprobada por la Asamblea Nacional consolida la concentración del poder y busca formalizar la exclusión de sectores opositores. El comunicado califica la iniciativa como una maniobra para “sepultar formalmente el principio de soberanía popular” e institucionalizar prácticas represivas del régimen.

Los firmantes indicaron que el debate parlamentario fue reemplazado por la actuación de una Asamblea Nacional sin independencia, que aprobó con rapidez, por unanimidad y sin escrutinio ciudadano un texto elaborado de forma reservada.

El comunicado también cuestionó el proceso de consulta ciudadana. Las organizaciones afirmaron que la dictadura Ortega-Murillo limitó esa instancia a operadores propios, familiares, mandos del Ejército y de la Policía Nacional, además de estructuras partidarias.

Para los grupos opositores, esa modalidad anuló la función deliberativa que debería tener una consulta sobre cambios constitucionales. El texto señala que someter el proyecto a la ratificación de quienes consideran beneficiarios de la reforma y de las fuerzas que sostienen al Gobierno vacía de contenido democrático el procedimiento.

Las organizaciones también objetaron la creación o validación de la figura de la “copresidencia”. Sostuvieron que esa denominación no cuenta con respaldo en la voluntad popular y acusaron al oficialismo de intentar convalidar, mediante reformas posteriores, mandatos que consideran caducos.

Grupos opositores denunciaron que los cambios restringen el derecho a elegir y ser elegido

Uno de los principales cuestionamientos se concentró en la ampliación simultánea a siete años de los períodos de la denominada copresidencia, las diputaciones, las alcaldías, las magistraturas estatales y los mandos militares.

Para los firmantes, esa estructura elimina los contrapesos institucionales y el control entre los poderes del Estado: “El resultado directo de esta arquitectura es la consolidación formal de un modelo totalitario y dinástico”.

También señalaron que la reforma restringe la posibilidad de que los ciudadanos elijan periódicamente a sus gobernantes y agrava la persecución política contra la oposición organizada.

El texto vinculó esos cambios con lo que los grupos definieron como una cadena de desviaciones del orden democrático. Entre otros puntos, mencionaron la falta de competencia política genuina en elecciones que, según indicaron, fueron declaradas fraudulentas por la OEA y la comunidad internacional.

A juicio de los firmantes, esa disposición profundiza el aislamiento del país y busca limitar la aplicación de obligaciones y sentencias vinculadas con derechos humanos.

Las once agrupaciones llamaron a los gobiernos y organismos multilaterales a desconocer la reforma, declarar su ineficacia jurídica y mantener la solidaridad con los nicaragüenses. También reclamaron la restitución de la democracia, el Estado de derecho, las libertades públicas, los derechos humanos y el derecho a elegir y ser elegido.

El pronunciamiento lleva las firmas de Ciudadanos por la Libertad Exilio, Ruta del Cambio, Unamos, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Avanza, Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, Gran Confederación Opositora Nicaragüense, Mesa Todos Somos Nicaragua, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y Unidad Nacional.

En una velada cargada de glamour, emociones a flor de piel y un profundo significado patriótico, Jasmine Blandford fue oficialmente coronada como la nueva Miss Universe Nicaragua 2026. La joven modelo nicaragüense, representante de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y radicada en Miami, recibió la diadema nacional de manos de su antecesora, Itza Castillo, Miss Universe Nicaragua 2025.

Con su coronación, Blandford asume de inmediato la responsabilidad de portar la bandera pinolera en la edición 75 de Miss Universo, certamen que se llevará a cabo en noviembre de 2026 en Puerto Rico.

La nueva soberana destaca por una impecable trayectoria en las pasarelas internacionales, habiendo desfilado en eventos de la talla del Miami Swim Week y estando representada por prestigiosas agencias como Wilhelmina Miami. Además de contar con una estatura de 1.80 metros (5 pies y 11 pulgadas) y un prominente estilo afro, supera los 420 mil seguidores en sus plataformas digitales.

Blandford es nacida en Estados Unidos pero de raíces nicaragüenses directas a través de sus padres, vinculados a la comunidad de Kukra Hill. Al crecer en un entorno multicultural, domina con fluidez tanto el inglés como el español. Su triunfo marca un hito de inclusión al convertirse en la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en coronarse como la máxima reina de belleza nicaragüense, siguiendo los pasos trazados por Scharllette Allen en el año 2010.

Blandford asume la corona en una de las épocas doradas más exigentes para la belleza pinolera. Su principal reto será mantener la racha victoriosa que inició con la histórica victoria de Sheynnis Palacios en Miss Universo 2023. Desde esa gesta, la representación nicaragüense ha logrado posicionarse fuertemente en el mapa de los certámenes internacionales.

Por lo que, Blandford viaja a Puerto Rico con la encomienda de asegurar la cuarta clasificación consecutiva para Nicaragua en el concurso universal. Para la edición de Miss Universe Nicaragua 2026, no hubo un grupo de candidatas o concursantes compitiendo en la gala. La nueva organización en el exilio tomó la decisión de cancelar la competencia nacional convencional para este año. Por lo tanto, Jasmine Blandford fue elegida directamente bajo la modalidad de designación oficial.

Cumbre de Reinas Universales y el nostálgico homenaje a Sheynnis Palacios

La gala de coronación de 2026 no solo celebró el inicio del reinado de Jasmine, sino que sirvió como un emotivo punto de reencuentro para la historia del certamen. El evento contó con la presencia de dos invitadas de honor de nivel internacional: Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023) y Victoria Kjær Theilvig (Miss Universo 2024), además de figuras como Lina Luaces (Miss Universe Cuba 2025).

Desde su llegada al hotel sede en Florida, la complicidad entre Palacios y Kjær capturó la atención de la prensa internacional. Sheynnis hizo su ingreso a la gala desfilando de la mano de su madre, doña Raquel Cornejo, desatando la ovación de los presentes.

El momento culminante de la velada ocurrió cuando la organización rindió un homenaje especial a Sheynnis por haber conquistado la primera corona universal para la nación.

Una gala en el exilio: La realidad política tras la sede en Miami

Por segundo año consecutivo, la elección y coronación de la soberana nicaragüense tuvo que llevarse a cabo en la ciudad de Miami, Florida. Esta medida responde al contexto político y a la falta de garantías de seguridad dentro del territorio nicaragüense, ocasionados por las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La persecución contra la franquicia nacional comenzó tras el triunfo universal de Sheynnis en noviembre de 2023. En aquel momento, la administración estatal persiguió y acusó a la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, de presuntos delitos de conspiración y traición a la patria, desmantelando la estructura local y forzándola al exilio y a la renuncia.

Ante esta situación, los derechos corporativos del certamen fueron reorganizados y registrados en el estado de Florida, para proteger la integridad de la organización y salvaguardar la seguridad de las participantes.

El Ejército de Nicaragua ha adquirido una importancia creciente en los cálculos sobre cómo podría resolverse o prolongarse la crisis de derechos humanos y democracia que atraviesa Nicaragua.

Mientras un sector de la oposición ha comenzado a hablar directamente a los militares sobre su lugar en una eventual transición, Daniel Ortega y Rosario Murillo multiplican las señales destinadas a asegurar la lealtad de una institución que conserva armas pesadas, presencia territorial, inteligencia, disciplina y una cadena nacional de mando.

La disputa se hizo especialmente visible este 2 de septiembre, durante el 47 aniversario del Ejército. Ese día, la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, dirigió un mensaje a oficiales y soldados para pedirles que no utilizaran las armas contra la población y plantearles que tendrían espacio en un futuro democrático.

Horas después, el general Julio César Avilés, comandante en jefe desde 2010, respondió desde la tribuna del acto oficial con un discurso de respaldo a las reformas constitucionales de Ortega y Murillo y llamó a los militares a mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces”.

“Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria”, dijo Avilés. El jefe militar declaró, en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, su “firme respaldo” a la reforma constitucional promovida por el régimen y sostuvo que quienes respaldan al Gobierno deben permanecer unidos frente a lo que calificó como agresiones e injerencias extranjeras.

Mensajes opositores

Algunos sectores de la oposición nicaragüense han modificado sustancialmente la manera de dirigirse a las Fuerzas Armadas. En 2018, en medio de la represión contra las protestas, el principal reclamo era que el Ejército cumpliera su obligación constitucional, se mantuviera apartado de la represión y desarmara a los grupos paramilitares. Ocho años después, el mensaje incluye una disyuntiva: qué ocurrirá con los militares en una Nicaragua sin Ortega y Murillo.

El 1 de septiembre de 2018, la opositora Alianza Cívica dirigió una carta abierta al Ejército recordándole su carácter profesional, apartidista, apolítico y obediente al orden constitucional y pidiéndole escuchar “el clamor del Pueblo” por una “salida pacífica a la crisis”.

La diferencia ahora es que algunos opositores no solamente reclaman una conducta determinada al Ejército, sino que le ofrecen continuidad institucional después de Ortega. Juan Sebastián Chamorro lo planteó al explicar la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, respaldada por quince organizaciones opositoras.

Preguntado si el Ejército tendría un papel en la ecuación del cambio político, Chamorro respondió: “Sí, definitivamente. Así lo vemos. Es un factor”. Aclaró que se refería a militares que no hayan participado en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad y argumentó que las Fuerzas Armadas podrían contribuir a impedir que un cambio de régimen desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional. “El Ejército puede ser un factor de estabilidad”, afirmó.

El planteamiento ha llegado incluso a las discusiones sobre la composición de un eventual gobierno provisional. El comentarista político Jaime Arellano reveló en agosto que entre las propuestas opositoras sobre una junta de transición se había considerado la participación de una persona vinculada al Ejército. Según explicó, no existía consenso: algunos proponían un militar y otros “alguien de confianza del Ejército”.

La UNAB fue más directa este 2 de septiembre. “Ese es el aporte que Nicaragua espera de ustedes: no las armas contra sus hermanos, sino el criterio profesional”, dijo a oficiales y soldados no involucrados en la represión. Luego añadió una frase dirigida al futuro de los uniformados: “En la nueva Nicaragua habrá un lugar de respeto para el militar profesional”.

Papel de Estados Unidos

Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, considera que esos mensajes deben verse también dentro de la manera en que Estados Unidos aborda las transiciones políticas en regímenes autoritarios.

“Yo comenzaría diciendo que hemos llegado a un punto en que la única opción que tenemos respecto a la salida del régimen, es lo que haga o deje de hacer Estados Unidos y la realidad es que, cuando se trata de las fuerzas armadas, este país opera bajo la premisa pragmática que las transiciones políticas no pueden acometerse sin las fuerzas armadas. Al menos que sufran un colapso total”, explica Meléndez.

Según el analista, esa visión convierte a los militares en interlocutores inevitables cuando se discute una salida política. “En esta lógica ven a los ejércitos como un actor con el que inevitablemente debe negociarse las condiciones de salida del dictador de turno. Me parece que Estados Unidos trabaja y seguirá trabajando en la perspectiva de mantener canales discretos de comunicación con los militares nicaragüenses”.

No existe evidencia pública de una fractura importante dentro del Ejército nicaragüense ni de una rebelión en marcha. Tampoco puede darse por establecido que la institución esté preparando una ruptura con Ortega y Murillo. Lo comprobable es que los mensajes políticos hacia los cuarteles han aumentado y que, mientras la oposición intenta separar a los militares sin responsabilidades penales de la suerte política del régimen, Ortega y Murillo han construido durante años mecanismos para conservar la fidelidad de la cúpula.

General Julio César Avilés

El principal de esos mecanismos tiene nombre propio: Julio César Avilés Castillo.

Avilés asumió la Comandancia General el 21 de febrero de 2010. Desde la salida de Humberto Ortega en 1995, el Ejército había desarrollado un sistema regular de relevos: Joaquín Cuadra dirigió la institución entre 1995 y 2000; Javier Carrión, entre 2000 y 2005; Omar Halleslevens, entre 2005 y 2010; y entonces correspondió el turno a Avilés. Cada jefe entregaba el mando después de cinco años.

Con Avilés terminó esa rotación.

En enero de 2014 fue reformada la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, y desapareció la prohibición de reelegir al comandante en jefe. Un mes antes había sido retirado inesperadamente el jefe del Estado Mayor, Óscar Balladares, situado entonces en la línea natural de sucesión.

Avilés recibió un segundo período entre 2015 y 2020, después un tercero entre 2020 y 2025 y finalmente un cuarto mandato que comenzó el 21 de febrero de 2025 y se extenderá hasta 2031. Si completa ese período habrá dirigido durante 21 años consecutivos el Ejército.

En su cuarta juramentación, Rosario Murillo expresó públicamente lo que esperaba de él. “Nos sentimos igualmente orgullosos de contar con la lealtad suprema de un soldado de la patria”, afirmó el 21 de febrero de 2025. Ortega justificó la continuidad del general por su “trabajo, dedicación, disciplina, mística” y lo describió como un “compañero consciente, comprometido”.

Avilés respondió en términos similares. Al asumir nuevamente el mando prometió que “con honor y lealtad” protegería, respetaría y cumpliría la Constitución reformada por Ortega y Murillo. También agradeció a Ortega “la confianza que deposita en este soldado del pueblo” y a Murillo su “respaldo y confianza”.

Cúpula militar envejecida y como “tapón”

La relación no se limita a Avilés. Ortega y Murillo han ensanchado la parte superior de la estructura militar mediante ascensos, permanencia de altos oficiales y creación de nuevos rangos.

En julio de 2025, el diario La Prensa registró que Ortega había nombrado al menos 43 generales desde su regreso al poder en 2007, hasta convertir a la institución en lo que el periódico describió como un Ejército “enano cabezón”: relativamente pequeño en efectivos y desproporcionadamente grande en su generalato.

En 2025 se incorporó además el grado de coronel general, inmediatamente debajo del general de Ejército. Los primeros ascendidos fueron Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales, inspector general, dos de los principales integrantes de la Comandancia. La decisión permitió ascenderlos sin retirarlos de sus posiciones y abrió nuevos espacios en la parte superior del escalafón.

Ese proceso ha producido una cúpula que envejece mientras las generaciones siguientes esperan ascensos. Fuentes militares citadas por La Prensa señalan que, si se mantienen las actuales extensiones de los períodos, integrantes centrales del Estado Mayor podrían aproximarse a los 80 años antes de abandonar definitivamente la cúspide.

La carrera militar funciona como una pirámide: cuando se retira el comandante asciende otro oficial y ese movimiento abre sucesivamente plazas en los rangos inferiores. Cuando la cúspide permanece, coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales pueden encontrar bloqueada su progresión.

Dora María Téllez ha definido esa acumulación como un “tapón” y advirtió: “Cada vez que en un ejército existe un tapón a los ascensos (...) hay una bomba de tiempo”.

Meléndez considera que precisamente allí debe buscarse una diferencia entre la situación de los altos oficiales y la de los mandos intermedios. “Hay unas situaciones objetivas relacionadas con el dilema de los mandos medios atrapados entre la corrupción de los altos mandos y la meritocracia bloqueada”, sostiene.

“La dictadura ha cooptado la alta oficialidad, los hace participe del narcotráfico y esos mandos medios ven la corrupción de sus comandantes a gran escala y eso genera mucha frustración profesional porque ven sus carreras estancadas y sin respeto social. Además, desde adentro sienten la degradación de una institución que está completamente al servicio de Daniel Ortega y su familia”, afirma Meléndez.

Origen guerrillero

El Ejército que hoy encabeza Avilés es producto de una transformación que comenzó hace casi medio siglo. Después del derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, el 19 de julio de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional disolvió la Guardia Nacional y, mediante el Decreto 53 del 22 de agosto de ese año, creó el Ejército Popular Sandinista, EPS. Su núcleo estaba formado por las estructuras guerrilleras del Frente Sandinista y Humberto Ortega Saavedra quedó al frente.

La guerra de los años ochenta convirtió al EPS en una fuerza enorme para las dimensiones del país. El Servicio Militar obligatorio y la guerra contra la Contra elevaron el número de efectivos a decenas de miles. Terminada la guerra y tras la derrota electoral del FSLN en 1990 comenzó una reducción radical: según la propia historia institucional del Ejército, pasó de aproximadamente 87,000 efectivos a unos 12,100.

La transformación no fue solamente numérica. Se eliminó el servicio militar obligatorio, comenzó la separación formal del Ejército y el FSLN y en septiembre de 1994 fue aprobada la Ley 181. Las reformas constitucionales de 1995 establecieron una institución nacional, profesional, apartidista, obediente y no deliberante. Desapareció el nombre Ejército Popular Sandinista y quedó oficialmente Ejército de Nicaragua.

Humberto Ortega dejó la jefatura el 21 de febrero de 1995 y entregó el mando a Joaquín Cuadra. Después vinieron Carrión, Halleslevens y Avilés. La propia historia oficial del Ejército presenta aquellos relevos como parte de su proceso de profesionalización y destaca los cuatro cambios de mando realizados entre 1995 y 2010 conforme a las leyes.

La permanencia de Avilés rompió esa secuencia y coincidió con un progresivo retorno del lenguaje político e histórico de la revolución a los discursos militares. Ese lenguaje quedó nuevamente expuesto este 2 de septiembre, cuando el comandante en jefe identificó a la institución con los “héroes y mártires”, calificó de “traidores” y “vendepatrias” a los adversarios del régimen y declaró el respaldo militar a una reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo.

Ortega reforzó el mensaje durante el mismo aniversario: “Aquí está un pueblo y un Ejército que ni se vende, ni se rinde, jamás”. Murillo presentó al actual Ejército como continuidad histórica del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Augusto C. Sandino.

El peso político que se atribuye ahora a las Fuerzas Armadas contrasta con sus dimensiones relativamente modestas. Nicaragua no publica regularmente un desglose transparente y actualizado de sus efectivos, pero una de las últimas estimaciones comparables de la CIA calculaba en 2022 unos 12,000 militares activos: alrededor de 10,000 en las fuerzas terrestres, 800 en la Fuerza Naval y 1,200 en la Fuerza Aérea.

La institución agrupa la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, Comando de Operaciones Especiales, comandos militares regionales, destacamentos territoriales y estructuras de inteligencia, contrainteligencia, formación y logística. Su fortaleza principal se encuentra en las fuerzas terrestres y en la capacidad de desplegarse sobre el territorio nacional.

Su inventario sigue compuesto fundamentalmente por material soviético y ruso. La incorporación más significativa de las últimas décadas fue la de unos 50 tanques T-72B1MS procedentes de Rusia. También conserva T-54/T-55, PT-76, vehículos de combate BMP-1 y transportes blindados BTR, aunque el número efectivamente operativo de buena parte del material antiguo no es público.

La Fuerza Aérea tiene capacidades considerablemente menores. Carece de una aviación moderna de combate y depende principalmente de helicópteros Mi-17/Mi-171 y aviones de transporte Antonov An-26 para transporte, abastecimiento, vigilancia y rescate.

La Fuerza Naval, por su parte, es fundamentalmente costera y está dedicada a patrullaje, lucha contra el narcotráfico, pesca ilegal, búsqueda y rescate y vigilancia de las aguas jurisdiccionales. No posee grandes unidades oceánicas.

En Centroamérica, Nicaragua tampoco posee la fuerza militar más numerosa. Las estimaciones comparables de 2022 calculaban unos 20,000 militares activos en Guatemala y 16,000 en Honduras, frente a unos 12,000 nicaragüenses. Costa Rica abolió el Ejército en 1948 y Panamá tampoco mantiene unas Fuerzas Armadas convencionales. La particularidad nicaragüense está en su capacidad terrestre pesada, especialmente los tanques, blindados y artillería de procedencia soviética y rusa.

La Policía se encuentra directamente vinculada al control político y la represión interna, mientras los grupos paramilitares carecen de la estructura institucional y cadena formal de mando de las Fuerzas Armadas. El Ejército dispone, en cambio, de organización nacional, inteligencia, armamento pesado, mandos regionales y capacidad logística.

Meléndez sostiene que el foco opositor debería distinguir precisamente entre la cúpula y los mandos medios. “Por eso es importante mantener la presión focalizada sobre los altos mandos, sus negocios y sus familias, y por el contrario, nosotros tenemos que darles mensajes claros a los mandos medios que van a ser parte del nuevo futuro democrático de Nicaragua”.

“Por ejemplo, decirles que habrá incentivos profesionales, amnistías condicionadas, etc. es una estrategia realista y necesaria. Es en ese sector donde reside el verdadero músculo operativo de una institución armada; si los mandos medios pierden incentivos para sostener al dictador, el régimen se queda sin capacidad de coerción en las calles”, añade.

El analista encuentra un antecedente regional en Venezuela, donde durante años la oposición ha intentado dirigirse directamente a los militares para persuadirlos de romper con el chavismo.

“Miremos el caso venezolano, la narrativa del ‘lado correcto de la historia’ ha sido una constante del exilio hacia los militares. Además, muchos mandos medios venezolanos salieron del exilio a dar la cara cuando rompieron con el régimen y a hablarle directamente a sus pares dentro de Venezuela”, explica Meléndez.

“De alguna manera logran que los mensajes se dejan de ver como reproches ideológicos de civiles inexpertos en asuntos de defensa y que se asimilen más como análisis técnico militar sobre la degradación de la institución”, agrega.

En Nicaragua, advierte, ese fenómeno no se ha producido de la misma manera. “Desafortunadamente esto no ha sucedido con exmilitares nicaragüenses que salieron del ejército y se autoexiliaron en el pasado cercano”.

Mientras los opositores afinan ese mensaje, Ortega y Murillo mantienen el suyo mediante hechos y discursos: conservaron a Avilés, extendieron su mandato, ampliaron los períodos de las jefaturas, engrosaron el generalato, crearon rangos y ascendieron a los principales miembros de la Comandancia. Avilés, por su parte, ha respondido reiterando públicamente la cohesión de las Fuerzas Armadas y su respaldo al orden constitucional establecido por el régimen.

Para Meléndez, las decisiones de los militares en un escenario de cambio no deben interpretarse principalmente a partir de adhesiones ideológicas. “Hay que tener en cuenta que al final del día los ejércitos no actúan realmente por un asunto de ‘convicción democrática’, sino por cálculo de supervivencia institucional”.

Y recuerda que Nicaragua ya conoció una transformación semejante cuando el Ejército nacido de la revolución sandinista aceptó su reducción, profesionalización y subordinación a los gobiernos civiles después de 1990.

“Así fue antes con el ejército que se heredó del sandinismo”, dice Meléndez, “y creo que así será nuevamente”.

Paraguay se convirtió este en el último país en condenar la reforma constitucional aprobada en Nicaragua y recibió de Managua la misma respuesta escueta que ya habían obtenido Perú, Guatemala y Costa Rica: una invocación a la soberanía nacional y una negativa a debatir el asunto.

La Cancillería nicaragüense, en una nota suscrita por el cocanciller Valdrack Jaentschke, rechazó las críticas del gobierno paraguayo con una fórmula idéntica a la que usó con los otros tres países: “La soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”, señaló el texto oficial, que cerró con la frase “Nicaragua triunfa en paz y seguridad”.

El hecho de que Managua distribuyera una nota calcada a cuatro gobiernos distintos reveló la estrategia de la administración Ortega-Murillo ante la ola de cuestionamientos regionales: respuesta mínima, sin concesiones y sin diálogo.

La reforma que detonó la crisis diplomática

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes 1 de septiembre, en una sesión especial celebrada al aire libre en la ciudad de León, una reforma constitucional que prohíbe a los opositores calificados como “traidores a la patria” ocupar cargos de elección popular, liderar partidos o postularse a cualquier cargo público.

La enmienda también extendió de seis a siete años el mandato presidencial y el de otros cargos electivos, así como el de los jefes del Ejército y la Policía, lo que desplaza las elecciones presidenciales que estaban previstas para noviembre de este año hasta 2028.

El texto aprobado elevó a rango constitucional un sistema electoral que ya operaba sin competencia real: en 2021, los principales candidatos opositores fueron encarcelados antes de los comicios.

La votación fue unánime y constituyó solo el primero de los dos pasos legislativos que exige la ley nicaragüense para que una reforma constitucional entre en vigor. La copresidenta Rosario Murillo anunció que la segunda votación comenzará el 18 de enero de 2027.

Ortega descartó elecciones en julio y la región reaccionó

La reforma no llegó sin advertencia. El 19 de julio, durante el acto conmemorativo de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega declaró públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para evitar que la oposición “se apodere del gobierno”.

Esa declaración disparó una cadena de condenas internacionales que incluyó a Bolivia, Brasil, Chile y varios países centroamericanos, además de la retirada del embajador panameño de Managua.

Ortega gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007, aunque su presencia en el poder data de 1979, cuando coordinó la Junta de Gobierno que sucedió a la dictadura somocista.

Acumula tres décadas en el ejercicio del poder. La reforma aprobada esta semana fue la segunda reescritura constitucional en dos años. En febrero de 2025, la Asamblea ya había extendido el mandato presidencial de cinco a seis años, creado la figura de la copresidenta para Murillo, entonces vicepresidenta, y reorganizado la estructura del Estado.

Rubio exigió aislar a Managua y la OEA debate qué hacer

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los países aliados a cortar las relaciones comerciales y políticas habituales con el gobierno nicaragüense.

“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la paz hemisférica”, sostuvo en un comunicado, según recogió Al Jazeera.

Paraguay suma su voz a un rechazo que ya involucra a cinco países

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay expresó el jueves “su profunda preocupación por la reforma constitucional aprobada en Nicaragua, que restringe la participación política y compromete la realización de elecciones libres”, según informó la agencia EFE.

El gobierno paraguayo reafirmó además su adhesión a los principios de la Carta Democrática Interamericana y el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

La nota paraguaya se sumó a las de Costa Rica, Perú y Guatemala, que también manifestaron su rechazo. Las cuatro recibieron de Managua el mismo texto sin variaciones.

Nicaragua registra déficit de lluvias en el Pacífico y el Centro-Norte por el fenómeno El Niño, con daños a granos básicos, maní, caña de azúcar y ganadería.

El país no declaró emergencia nacional, mientras sus vecinos del norte atraviesan una de las peores crisis alimentarias de los últimos años.

El Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena) informó, según consignó el periódico nicaragüense Artículo 66, que agosto fue el mes más grave del ciclo para el Pacífico y el Corredor Seco nicaragüense. A la pérdida de cultivos se sumaron la escasez de agua y el deterioro de los pastizales para la ganadería.

Marcio Baca, funcionario citado por el medio, reconoció la existencia del déficit pluviométrico en esas dos regiones, aunque relativizó su alcance: “No ha sido tan grave” el impacto de El Niño en Nicaragua, dijo, y señaló que otras zonas del país recibieron lluvias favorables. Agregó que se espera un repunte de las precipitaciones en septiembre.

Nicaragua no declaró emergencia pese al déficit en dos regiones

La postura del régimen nicaragüense contrasta con la de tres países vecinos. Honduras, Panamá y El Salvador declararon emergencia nacional por sequía vinculada al fenómeno. Nicaragua, hasta la fecha de publicación del artículo en Artículo 66, no lo hizo.

La proyección de Ofena indica que entre septiembre y diciembre se mantendrá el riesgo de déficit de lluvias, con especial concentración en el Corredor Seco nicaragüense.

Ese tramo forma parte de una franja árida más amplia que atraviesa Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, y donde unas 11.5 millones de personas dependen en buena medida de la agricultura de subsistencia, según datos de la agencia EFE.

El 80% de los pequeños productores de esa región vive en situación de pobreza. La combinación de sequía y pérdida de cosechas afectó a más de 91,000 hogares rurales en el conjunto del Corredor Seco, de acuerdo con una evaluación conjunta de Oxfam y Acción contra el Hambre realizada en 58 municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El Niño destruyó entre 75% y 100% de la cosecha de maíz en más de 70,000 familias

El calentamiento de la superficie del océano Pacífico alteró los patrones de lluvia en toda América Latina. En el Corredor Seco, ese fenómeno se tradujo en temporadas agrícolas con inicio tardío, canículas prolongadas y precipitaciones erráticas que arrasaron los cultivos de maíz y frijol, base de la alimentación rural.

Más de 70,000 familias productoras de maíz perdieron entre 75% y 100% de su cosecha en el ciclo de primera de 2026. El 64.2% de los hogares que aún conservan reservas estimó que estas alcanzarán para tres semanas o menos.

La crisis también golpeó el acceso al agua: más de 23,000 hogares informaron una reducción en su principal fuente de abastecimiento. En paralelo, se documentaron más de 6,200 desplazamientos en los tres meses previos al estudio.

La dimensión de la emergencia trascendió lo agrícola en los países del norte del Corredor. El gobierno hondureño colocó 234 de sus 298 municipios bajo alerta por sequía, con 75 zonas en alerta máxima, entre ellas la capital, Tegucigalpa, con 1.7 millones de habitantes, según informó Phys.org el 20 de agosto.

El presidente hondureño Nasry Asfura advirtió que la crisis se extendería hasta marzo o abril de 2027 y anunció la perforación de nuevos pozos y la construcción de reservorios. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras estimó 1.8 millones de personas en situación de crisis, cifra que podría subir a 2.2 millones antes de fin de año si las lluvias no se recuperan.

En Guatemala, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional proyectó 3.2 millones de personas, alrededor del 17% de la población, en inseguridad alimentaria aguda entre julio y septiembre de 2026, según datos recogidos por Rio Times Online.

Los precios de los alimentos básicos subieron hasta 67% en los mercados locales

El colapso productivo se trasladó a los precios. El maíz subió casi 12% en Guatemala y más de 67% en Honduras, según el informe de Oxfam citado por Infobae. Otros alimentos básicos —arroz, frijol, carne y huevos— aumentaron entre 18% y 56% en los mercados locales.

En Honduras, la crisis adquirió una dimensión adicional: Artículo 66 señaló que se registró el retorno de personas migrantes sin remesas hacia comunidades que ya enfrentaban pérdida de cosechas y escasez de agua, lo que agravó la presión sobre hogares sin ingresos alternativos.

Oxfam advierte que la segunda cosecha del año también está comprometida

“Existe una ventana de tiempo muy limitada para actuar. Sin una respuesta adecuada, la crisis podría extenderse al próximo ciclo agrícola y provocar un deterioro aún mayor de la seguridad alimentaria en la región”, advirtió Iván Aguilar, gerente humanitario de Oxfam en Centroamérica, en declaraciones recogidas por Artículo 66.

Los modelos climáticos regionales anticiparon condiciones deficitarias de lluvia durante la temporada de postrera, la segunda cosecha del año, lo que podría hacer que los períodos de hambre estacional de 2026 y 2027 se superpongan, según el blog de Oxfam LAC publicado el 28 de agosto.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ubicaron al Corredor Seco entre los 13 focos críticos globales que requieren atención urgente entre junio y noviembre de 2026, según un informe conjunto citado por Infobae en junio. El PMA estimó que un fortalecimiento del fenómeno podría empujar a 49 millones de personas adicionales en el mundo a la inseguridad alimentaria aguda.

Daniel Ortega declaró en julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, y el 1 de septiembre su Asamblea Nacional lo convirtió en texto constitucional: aprobó en primera legislatura una reforma que veda la participación electoral a quienes el régimen clasifica como “traidores a la patria” y extiende a siete años el mandato presidencial y el de todos los funcionarios del Estado.

La medida, impulsada por el régimen de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, requiere una segunda votación legislativa para entrar en vigor.

Esa ratificación está prevista para el 18 de enero de 2027, fecha que la propia Murillo señaló como el momento en que los cambios quedarán sellados. La consecuencia inmediata es el desplazamiento de las elecciones generales, que debían celebrarse en noviembre de 2026, hacia noviembre de 2027, según informó Artículo 66.

La reforma blinda al régimen y elimina la competencia electoral

El texto aprobado en una sesión especial al aire libre prohíbe presentarse a cargos de elección popular a cualquier persona designada como traidora a la patria, una categoría que el gobierno ya aplicó a más de 452 opositores, a quienes también despojó de la nacionalidad nicaragüense, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, según informó Tico Times, periódico costarricense.

La reforma también amplía las facultades del Consejo Supremo Electoral para cancelar el reconocimiento legal de partidos financiados desde el exterior o cuyos dirigentes sean declarados contrarios a los principios constitucionales.

Los mandatos de copresidentes, diputados y alcaldes; magistrados del Tribunal Supremo y del Electoral; el fiscal general, el superintendente bancario y los jefes del Ejército y la Policía pasan de seis a siete años. Los funcionarios ya en ejercicio ven sus mandatos extendidos de forma automática.

Estados Unidos convocó a sus aliados a romper vínculos con Managua

La reacción de Washington llegó horas después de la votación. El secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado en el que exhortó a los socios de Estados Unidos a cortar sus relaciones habituales con el gobierno nicaragüense.

“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz” y la seguridad hemisféricas, advirtió Rubio, según recogió Artículo 66.

El funcionario anunció además que su país impulsará medidas concretas en la próxima reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y reafirmó el compromiso de aplicar una nueva ronda de sanciones económicas y financieras contra el gobierno sandinista. Washington ya acumula restricciones de visado sobre más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.

Ortega respondió sin nombrar a Rubio directamente. En un acto conmemorativo del aniversario del Ejército nicaragüense, dijo que Estados Unidos “se siente con derecho a atacar simplemente porque es una potencia militar global” y añadió: “A quienes constantemente nos amenazan, aquí tienen a un pueblo y a un ejército que nunca se venderá ni se rendirá”.

Costa Rica, Perú y Guatemala sumaron sus voces al rechazo

El gobierno de Costa Rica fue uno de los primeros de la región en pronunciarse. Expresó su “profunda preocupación” por el deterioro democrático en Nicaragua, agravado, según indicó, por una reforma que “limita aún más la participación política y electoral”, de acuerdo con lo publicado por Artículo 66.

La Cancillería costarricense reiteró su llamado al respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y “el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica”. El régimen respondió con una carta en la que acusó a San José de intervenir en asuntos exclusivamente internos.

El gobierno de Perú, presidido por Keiko Fujimori, difundió a través de su Cancillería una carta en la que advirtió sobre el riesgo de que la pareja gobernante se perpetúe en el poder.

La misiva señaló que las modificaciones constitucionales “pretenden eliminar las condiciones para elecciones libres y así debilitar las instituciones democráticas”, según la misma publicación. El régimen de Ortega y Murillo respondió con comunicados idénticos en contenido, con el único cambio del destinatario, en los que sostuvo que “la soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”.

El gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” ante la reforma. Consideró que “la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de elegir y ser elegido son elementos esenciales de cualquier democracia” y reafirmó que “la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región”, tal como recogió Artículo 66. El Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense respondió con el mismo texto enviado a Lima y a San José.

La OEA y la Unión Europea también rechazaron la votación

El rechazo a la reforma desbordó el ámbito regional. La Unión Europea y las Naciones Unidas también condenaron la votación del 1 de septiembre, según consignó Tico Times, periódico costarricense. La OEA había convocado una reunión de emergencia sobre Nicaragua el 19 de agosto, con el voto en contra de Brasil y la abstención de México, aunque aún no tiene fecha definida.

Varios países centroamericanos, junto con Bolivia, Brasil y Chile, ya habían criticado la declaración de Ortega de julio, cuando anunció públicamente que no habría más elecciones en el país. Panamá fue más lejos y retiró a su embajador de Managua.

La reforma aprobada en septiembre profundiza los cambios constitucionales de febrero de 2025, cuando la Asamblea extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, creó la figura de copresidenta para Murillo y reorganizó la estructura del Estado. El texto del 1 de septiembre cierra uno de los últimos espacios formales a través de los cuales la oposición organizada podía disputar el poder, aunque su vigencia definitiva depende de la segunda votación prevista para enero.

La noche del martes 1 de septiembre, en la microrregión de Ayapal, municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, la angustia de un hospital rural se convirtió en una persecución contra el tiempo. Santos David Lanzas Rivera y Yolanda del Carmen Duarte González habían dejado por unos instantes a su bebé recién nacida en la sala de maternidad del Centro de Salud Familiar y Comunitario Ernesto Gutiérrez Palacios para buscar alimentos y confiar en los cuidados del personal de turno.

La pequeña permanecía al resguardo de las instalaciones cerca de las 10:00 de la noche, cuando las luces tenue de las salas de recuperación atestiguaban el descanso de las mujeres que acababan de dar a luz. Sin embargo, en cuestión de minutos, la cuna quedó vacía.

Al regresar y percatarse de la ausencia de su hija, el desconcierto inicial de los padres dio paso a un grito de alarma que estremeció al centro de salud. Tras confirmar que la pequeña no estaba en ningún área de las instalaciones, la angustiosa denuncia oficial fue realizada hacia las 11:30 de la noche.

La alerta movilizó a las autoridades policiales de la zona de Jinotega, que de inmediato activaron el protocolo de cierre de vías y búsqueda intensiva en el norte del país, ante la clara sospecha de una sustracción ilegal con fines de traslado hacia la capital, Managua.

Intercepción en El Cuá: El operativo policial que dio con la recién nacida

La respuesta de las autoridades se concentró en los principales accesos carreteros que comunican a las comunidades del norte de Nicaragua. En la vía principal de El Cuá, los agentes instalaron un retén estratégico bajo la sospecha de que los responsables intentaban salir rápidamente del departamento de Jinotega.

A la 1:00 de la madrugada, las luces incandescentes de la patrulla policial iluminaron una camioneta de color rojo oscuro, que avanzaba en la oscuridad. Al interceptar el vehículo y solicitar la inspección de rutina, las fuerzas del orden obligaron a los ocupantes a descender. En el interior se encontraba una mujer que llevaba apretada contra su pecho a la recién nacida, envuelta en cobijas e intentando pasar desapercibida.

La rápida intervención permitió el rescate sano y salvo de la criatura apenas dos horas después de haber sido reportada su desaparición. Las dos mujeres registradas a bordo fueron aprehendidas de inmediato por la Policía Nacional. Según las investigaciones preliminares brindadas por los mandos oficiales a los medios locales, las sospechosas son las hermanas Anielca del Rosario Rodríguez Siles, de 23 años, y Reina Yadira Rodríguez Siles, de 27 años.

Ambas fueron arrestadas y puestas bajo resguardo de las autoridades policiales para profundizar en las pesquisas sobre la ruta y el motivo del delito. Tras la recuperación, la infante fue enviada de urgencia al Hospital Primario de El Cuá, donde fue evaluada exhaustivamente por el equipo médico de guardia.

Las primeras observaciones clínicas confirmaron que se encontraba fuera de peligro y en condiciones estables, garantizando así su pronto reencuentro con Yolanda Duarte y Santos Lanzas, quienes vivieron horas de desesperación agobiante.

El Código Penal de Nicaragua sanciona severamente la sustracción e intromisión en la custodia de niños y recién nacidos, estableciendo penas de cárcel prolongadas para quienes participan en el rapto directo o en la logística del traslado ilegal.

Las investigaciones del caso en Jinotega continúan abiertas para esclarecer cómo las dos mujeres lograron burlar los accesos del Centro de Salud Ernesto Gutiérrez Palacios, identificar posibles complicidades y llevar el hecho a juicio formal ante las instancias judiciales del país.

Guatemala expresó su preocupación por la reforma que Nicaragua aprobó en primera legislatura y que restringe la participación de opositores, amplía a siete años los cargos de elección popular y posterga las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 hasta noviembre de 2027.

El cambio, aprobado este martes a mano alzada y por unanimidad en una sesión especial de la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, también alcanza a la Presidencia, la Asamblea y las alcaldías, según informó la Agencia EFE.

La modificación permitiría extender el actual período de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ejercen la copresidencia desde la reforma constitucional de 2025.

Tras conocer la decisión, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su “profunda preocupación” y lo informó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, la cancillería sostuvo que la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y el derecho a elegir y ser electo son elementos esenciales de la democracia.

El ministerio agregó que esos principios están recogidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En su comunicado, afirmó: “Guatemala reafirma que la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región”.

Respuesta inmediata

La manifestación pública de Guatemala se acompañó de una nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

La respuesta no se hizo esperar. A través de una carta, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, manifestó la posición de su país a través de una corta misiva donde apeló a la soberanía.

“Recibimos su Nota y nuestra única respuesta consiste en recordar que la Soberanía de un Pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros Países con graves problemas de legitimidad y unidad”, manifestó.

En redes sociales también circulan respuestas a otros países como Costa Rica y Perú.

Continuarán relaciones diplomáticas

Tras revelarse la respuesta de Nicaragua a Guatemala, medios de comunicación consultaron a las autoridades sobre las reacciones que se llevarían a cabo y si esta respuesta podría romper relaciones diplomáticas con ese país.

Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se limitó a indicar: “Mantenemos las relaciones diplomáticas y reiteramos la posición expresada en el comunicado oficial emitido a través de Cancillería”.

La reforma de Nicaragua

La modificación constitucional establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer funciones públicas quienes sean considerados “traidores a la patria”. Esa categoría ha sido utilizada por el Gobierno nicaragüense contra opositores y críticos del régimen.

La disposición también abarca a quienes hayan tenido participación o vínculos con la planificación o ejecución de intentos de golpe de Estado. Incluye además a personas señaladas de promover la injerencia extranjera, pedir intervención militar, recibir financiamiento extranjero o respaldar bloqueos y sanciones contra el Estado nicaragüense.

Quienes queden comprendidos en esas prohibiciones tampoco podrán integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. La restricción, por lo tanto, no se limita a la competencia electoral, sino que también alcanza la estructura interna de las fuerzas políticas.

La reforma también modifica la duración de los cargos de elección popular, que pasarían a tener un período de 7 años. El cambio incluye a los copresidentes de la República, diputados, alcaldes y otros funcionarios contemplados en la Constitución de Nicaragua.

El régimen de Nicaragua rechazó las críticas de Costa Rica sobre el deterioro democrático en el país y acusó a San José de interferir en asuntos internos. La respuesta llegó después de que la Asamblea Nacional nicaragüense aprobara en primera instancia una reforma constitucional que amplía el período presidencial y restringe la participación política.

La respuesta fue difundida este jueves por la Cancillería de Nicaragua mediante una nota firmada por el cocanciller Valdrack Jaentschke. El documento cuestionó la posición del Gobierno costarricense y sostuvo que el país “no acepta la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”.

La reacción de Managua llegó tras un pronunciamiento de Costa Rica, que manifestó su “profunda preocupación” por la situación institucional nicaragüense. San José vinculó esa advertencia con la reforma constitucional aprobada el martes en una primera legislatura, una de las dos instancias parlamentarias requeridas para que el cambio entre en vigor.

Nicaragua pidió a Costa Rica no intervenir en sus asuntos internos

En su comunicación oficial, el régimen nicaragüense recordó que se considera un país “digno y soberano” y reclamó vínculos entre vecinos que respeten los asuntos internos de cada Estado.

“Nos permitimos recordar al ilustrado Gobierno de la hermana Costa Rica, que Nicaragua es un país y un pueblo digno y soberano y que no aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”, indicó la nota de la Cancillería.

El texto agregó que ambos países deben mantener una relación basada en el respeto a los procesos institucionales propios. Managua afirmó que, como “vecinos y hermanos centroamericanos”, las naciones de la región no deben intervenir en cuestiones que correspondan “al derecho de cada país a desarrollar sus procesos institucionales soberanos”.

La declaración nicaragüense también aludió a la situación política y de seguridad en Costa Rica. En ese tramo, sostuvo que no emite opiniones sobre “las grandes dificultades” entre las instituciones del país vecino ni sobre las amenazas contra sus máximas autoridades.

“Recordamos que el respeto al derecho ajeno es la paz”, expresó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ejercen como copresidentes de Nicaragua, de acuerdo con la reforma impulsada por el oficialismo.

San José pidió una respuesta coordinada en la OEA

El Gobierno de Costa Rica había advertido que en Nicaragua existe un “continuo deterioro democrático”, que, a juicio de su Gobierno, se agravó con las modificaciones constitucionales promovidas desde Managua.

El Ejecutivo costarricense pidió el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la posibilidad de que los nicaragüenses definan su futuro en elecciones con pluralidad política y garantías democráticas.

Además, anunció que respaldará “una respuesta firme y coordinada” dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en relación con el proceso político nicaragüense.

La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó el martes la primera parte de una reforma que excluye de cargos de elección popular a las personas consideradas “traidores a la patria”. La iniciativa también extiende de cinco a siete años la duración del mandato presidencial.

Ortega, que gobierna Nicaragua desde 2007, afirmó que los cambios serán ratificados el 18 de enero, durante la próxima legislatura. Según el mandatario, el nuevo marco institucional modifica el calendario electoral previsto.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas contemplan un período presidencial de siete años. De aplicarse el nuevo esquema, los próximos comicios quedarían previstos para noviembre de 2027.

Según informó EFE, las declaraciones de Ortega sobre la posibilidad de que no haya nuevas elecciones en el país provocaron reacciones críticas de distintos sectores de la comunidad internacional.

Los principales movimientos de la oposición nicaragüense en el exilio reclamaron este jueves una respuesta internacional más severa contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de que el oficialismo avanzara con una reforma constitucional que amplía el período presidencial y establece mecanismos para impedir que determinados opositores puedan competir en elecciones.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) instó a los gobiernos extranjeros a modificar su respuesta frente a Managua.

“Llamamos a la comunidad internacional a pasar de la condena verbal a las acciones individuales y colectivas”, señaló la organización en un pronunciamiento. Entre las medidas que planteó figuran un endurecimiento de las sanciones diplomáticas, el aislamiento político del gobierno y restricciones financieras.

El reclamo opositor se produce después de que la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobara en primera legislatura una modificación de la Constitución promovida por Ortega y Murillo. La iniciativa todavía requiere una segunda aprobación parlamentaria para entrar en vigencia.

Uno de los puntos más controvertidos es la incorporación de restricciones para quienes sean considerados “traidores a la patria”. Esa categoría puede alcanzar a personas acusadas de promover acciones contra el Estado, solicitar una intervención militar extranjera o respaldar medidas como bloqueos económicos. La oposición sostiene que esas disposiciones pueden utilizarse para impedir la participación electoral de adversarios de la dictadura.

La reforma también extiende de seis a siete años el período de los funcionarios elegidos mediante voto popular y modifica el calendario político del país. Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero la prolongación de los mandatos desplazaría los comicios hasta 2027.

El partido opositor Ruta del Cambio, encabezado por el exiliado y desnacionalizado Félix Maradiaga, presentó una serie de propuestas ante la próxima discusión de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre ellas incluyó reducir el nivel de las relaciones diplomáticas con Managua, revisar la participación del régimen nicaragüense en mecanismos de integración regional y aplicar sanciones específicas contra personas y organizaciones vinculadas con el sostenimiento del régimen.

La agrupación también reclamó que la presión internacional no se limite al castigo y contribuya a crear las condiciones para una salida política. En particular, pidió respaldar una transición democrática que incluya garantías verificables, observación internacional y elecciones en las que puedan competir todas las fuerzas políticas.

El nuevo marco constitucional amplía además las atribuciones de las autoridades electorales para cancelar partidos y adoptar medidas contra candidatos. Para los opositores, estas facultades aumentan el riesgo de que la competencia política quede restringida desde las propias instituciones encargadas de organizar los comicios.

La disputa ocurre después de años de persecución contra sectores opositores. Tras las protestas de 2018, miles de nicaragüenses abandonaron el país y dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y religiosos fueron encarcelados, expulsados o privados de su nacionalidad. En las elecciones de 2021, varios de los principales aspirantes presidenciales fueron detenidos antes de la votación.

Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 junto con Murillo, quien ocupa la copresidencia desde 2025. La nueva reforma fortalece el control del Ejecutivo sobre el sistema político y prolonga el período de las actuales autoridades, mientras el oficialismo sostiene que las modificaciones responden a su proyecto institucional.

La oposición ahora busca que los gobiernos extranjeros eleven el costo político y económico de esas decisiones. Su pedido central es que la presión internacional se traduzca en medidas concretas contra los responsables y, al mismo tiempo, en respaldo a un proceso que permita recuperar la competencia electoral en Nicaragua.

El director de Miss Grand Nicaragua, Eli Zamora, inició una convocatoria en Estados Unidos para elegir a la representante del país en el certamen internacional, luego de que las autoridades nicaragüenses le impidieran ingresar a Managua cuando viajaba para conocer y preparar a la candidata local.

La búsqueda apunta a mujeres de raíces nicaragüenses que residan en Estados Unidos y que puedan asumir la representación nacional en Miss Grand International. Zamora difundió el llamado este jueves a través de Instagram bajo el mensaje “Buscamos a Miss Grand Nicaragua USA”, según Artículo 66.

La nueva selección está dirigida a mujeres solteras, sin hijos, de entre 18 y 35 años, residentes en Estados Unidos y con ascendencia nicaragüense. Las interesadas pueden postularse por mensaje privado a la cuenta de Instagram de Zamora.

El director señaló que tendrá en cuenta cuatro condiciones, a las que denomina las “4B”: belleza, cuerpo, inteligencia y capacidad empresarial. Su objetivo es elegir a una candidata que pueda competir por Nicaragua pese a la imposibilidad de organizar la preparación dentro del país.

“Lo ideal sería encontrar una representante que, preferiblemente, viva en Estados Unidos”, había anticipado Zamora. También indicó que su prioridad es impedir que Nicaragua quede sin candidata este año.

Zamora dijo que comunicará a la organización de Miss Grand International lo ocurrido durante su ingreso frustrado a Managua. El certamen se realizará en Tailandia entre el 18 de septiembre y el 10 de octubre, por lo que dispone de menos de 15 días para completar la elección de la representante nicaragüense.

Según informó Artículo 66, la decisión llegó un día después de que el creador de contenido denunciara que no pudo entrar a Nicaragua. El lunes 1 de septiembre, Zamora había anunciado en sus redes sociales que se dirigía a Managua para iniciar el trabajo con la concursante que llevaría la banda nicaragüense en la competencia internacional.

El viaje terminó pocos minutos después de su llegada. Zamora afirmó que permaneció cerca de diez minutos en territorio nicaragüense antes de que agentes de Migración le ordenaran regresar a Estados Unidos en el mismo vuelo en el que había arribado.

El director del certamen sostuvo que los funcionarios ya lo esperaban en el aeropuerto y que conocían el objetivo de su visita, pese a que aún no había presentado de forma pública a la candidata. “Ya sabían quién era. Ya sabían mi reina cuando ni tan siquiera lo he hecho oficial”, relató, de acuerdo con lo publicado por Artículo 66.

Migración revisó su equipaje y le ordenó regresar en el mismo vuelo

Zamora explicó que los agentes lo interrogaron sobre la aspirante y sobre Miss Grand International. También revisaron sus maletas, donde transportaba vestidos y la corona que utilizaría durante el proceso de preparación de la concursante.

“Trataron de sacar la mayor información posible. Me dejaron pasar y cuando estaba esperando por mis maletas, porque aparte llevaba tres maletas llenas de vestidos y la corona en la mano, me dijeron que me tenía que regresar en el mismo vuelo que venía”, afirmó.

Según su testimonio, los funcionarios justificaron la prohibición de ingreso con el argumento de que, por el mes patrio, no podía entrar al país debido a una celebración nacional. Zamora cuestionó esa explicación y señaló que la medida le impidió desarrollar las tareas previstas para el concurso.

El director de Miss Grand Nicaragua había llegado a Managua con la intención de conocer a la representante, trabajar con ella y avanzar en su preparación para el certamen. Tras el impedimento, resolvió descartar la elección de una candidata que viva dentro de Nicaragua, ante el temor de que también pueda enfrentar restricciones para salir o volver a entrar al país.

“Ya no tengo reina porque no la voy a poner en riesgo, porque estoy seguro que ni la dejarán salir del país y mucho menos entrar”, expresó Zamora.

El organizador recordó además el caso de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, quien no pudo regresar a Nicaragua para celebrar la primera corona universal conseguida por una candidata del país. Zamora consideró que las restricciones afectan a quienes intentan destacarse en competencias internacionales.

Una mujer acusada de causar la muerte de su hija de cuatro años en el municipio de Ticuantepe, en el departamento de Managua, enfrentará un juicio oral y público por el delito de parricidio el próximo 2 de octubre. Una evaluación del Instituto de Medicina Legal concluyó que la procesada no presenta alteraciones psicológicas o psiquiátricas.

La acusada fue identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años. El dictamen fue incorporado como una de las pruebas de la Fiscalía durante la audiencia inicial del proceso, según informó el diario La Prensa.

La jueza Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, admitió los elementos presentados por el Ministerio Público y remitió el expediente a juicio. La audiencia se desarrollará el 2 de octubre.

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció, según el mismo medio, que Mairena López se encuentra en buen estado de salud mental y que no presenta trastornos que afecten su capacidad para afrontar el proceso judicial.

La Fiscalía presentó además los resultados de valoraciones psicológicas y psiquiátricas efectuadas a la mujer, a quien se atribuye la muerte de su hija el pasado 18 de agosto en el barrio Las Lajas, en Ticuantepe.

Entre los testigos propuestos por la acusación figura la madre de la procesada. La mujer declararía que su hija también fue evaluada previamente por un psiquiatra privado y que ese especialista tampoco detectó problemas de salud mental.

También fue incluido como testigo el hermano de la acusada. Según la acusación, él llegó a la vivienda familiar después de los hechos y encontró sin vida a la menor.

La hipótesis fiscal señala que la acusada habría actuado cuando estaba sola con sus dos hijos dentro de la casa. Según la Prensa, el expediente sostiene que primero llevó a su hijo de siete años a la sala, donde le puso un videojuego de Nintendo y aumentó el volumen del televisor.

Después, de acuerdo con la acusación, Angélica María Mairena López se dirigió a otra habitación y preparó un recipiente plástico con agua. La niña de cuatro años se encontraba jugando en el patio cuando fue llamada por su madre.

La Fiscalía sostiene que la mujer invitó a la menor a ingresar al cuarto bajo el argumento de que jugarían con un recipiente que contenía agua. La niña habría aceptado sin saber que se encontraba ante una situación de riesgo.

Una vez en la habitación, la acusación afirma que Mairena López sumergió la cabeza de la menor en el agua hasta causarle la muerte. La víctima cursaba el primer nivel de Educación Inicial en el Colegio Nuestra Señora del Socorro.

El Ministerio Público planteó el caso como un presunto parricidio, figura penal que se aplica cuando una persona causa la muerte de un familiar con el que mantiene una relación de parentesco directo.

La audiencia inicial, según el medio nicaragüense, permitió la incorporación formal de las pruebas documentales, periciales y testimoniales que la Fiscalía busca presentar durante el juicio. Entre los elementos centrales estará el dictamen del IML, que descartó que la acusada padezca una condición mental que altere su responsabilidad ante los hechos investigados.

Hasta ahora, familiares y vecinos habían mencionado que la mujer atravesaba dificultades emocionales después de la separación del padre de sus hijos. No obstante, las evaluaciones psiquiátricas incorporadas al expediente señalaron que no existían alteraciones de salud mental.

El juicio oral y público permitirá a la Fiscalía exponer su teoría del caso y presentar a sus testigos ante el tribunal. La defensa de la acusada podrá controvertir las pruebas y plantear sus argumentos durante las audiencias.

La causa continuará el 2 de octubre, fecha fijada por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua para el inicio del debate judicial.

Tres nicaragüenses fueron deportados a Bangui, capital de la República Centroafricana, en un vuelo procedente de Estados Unidos que llegó el 29 de agosto de 2026, según confirmó Savi Arvey, directora de investigación y análisis de Human Rights First, a Confidencial.digital.

El traslado fue el primero hacia África que incluyó a ciudadanos de Nicaragua, de acuerdo con la organización. La medida se produjo dentro de la política de la Administración Trump de deportar migrantes a terceros países fuera de Centroamérica.

Uno de los tres nicaragüenses, Luis Carlos Mendoza-Santamaría, afirmó que fue detenido durante una cita migratoria y que solo conoció el destino cuando ya estaba a bordo. Según su relato, permanece bajo custodia policial en Bangui, no tiene pasaporte para salir del país y su familia espera que pueda obtener ese documento para trasladarse a otro Estado de América.

El deportado dijo que fue arrestado en una cita migratoria y enviado sin saber su destino

Mendoza-Santamaría fue entrevistado por N+ Univisiontras su llegada a la República Centroafricana. El nicaragüense relató que acudió a una cita con autoridades migratorias para registrar sus huellas, momento en el que fue detenido.

“Sentí miedo, mucho miedo”, dijo Mendoza-Santamaría a N+ Univision. También sostuvo que un integrante de la tripulación le informó durante el vuelo que el destino era África.

El migrante describió las condiciones en las que se encuentra en Bangui. “No hay agua, no hay nada, no tenemos las condiciones”, afirmó durante la entrevista con el canal estadounidense.

La familia del deportado indicó que él tenía una protección que impedía su envío a Nicaragua. Esa versión fue recogida por El Diario de Hoy, que señaló que el entorno de Mendoza-Santamaría sitúa su permanencia en Estados Unidos antes de la fecha consignada por el Gobierno estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Mendoza-Santamaría ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2018. Según el organismo, fue detenido el 19 de febrero de 2026 por existir una sentencia definitiva de expulsión.

La dependencia también indicó que su deportación ocurrió el 28 de agosto de 2026 y negó que tuviera un estatus migratorio que le permitiera residir legalmente en Estados Unidos. Esa fecha difiere de la informada por Arvey a Confidencial.digital, quien ubicó el arribo a Bangui un día después.

De acuerdo con los registros oficiales, la Patrulla Fronteriza detuvo al nicaragüense el 15 de septiembre de 2018 y luego quedó en libertad bajo fianza. Las autoridades no divulgaron la identidad de los otros dos ciudadanos nicaragüenses incluidos en el vuelo.

Estados Unidos amplió los acuerdos para deportar migrantes a terceros países, incluidos destinos africanos

El envío de los tres nicaragüenses se produjo junto con otros traslados realizados hacia distintos países africanos. CBS News informó que la Administración Trump deportó a cerca de 100 migrantes afganos, cubanos, hondureños y nicaragüenses durante los últimos diez días de agosto de 2026.

Los vuelos tuvieron como destino Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona, según la cadena estadounidense. La información incluyó a personas trasladadas a países de los que no eran nacionales.

Estados Unidos firmó acuerdos con 35 países para que reciban a migrantes de terceros Estados. Hasta entonces, la mayoría de esos traslados se habían dirigido hacia México.

El acuerdo con la República Centroafricana fue firmado en abril de 2026. Antes de ese convenio, el Gobierno estadounidense aprobó USD 85 millones para operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en ese país.

El proyecto Third Country Deportation Watch señaló que ese monto fue superior en más de USD 50 millones a la financiación que Washington había destinado a la OIM en la República Centroafricana durante años anteriores.

Human Rights First planteó inquietudes sobre los traslados a países en conflicto

Arvey expresó a Confidencial.digital su preocupación por las deportaciones a países que atraviesan conflictos. Sobre la República Centroafricana, mencionó la presencia de mercenarios rusos de Wagner, también conocidos como Africa Corps.

“Desde 2025, ICE Flight Monitor ha rastreado más de 100 vuelos que transportaban a ciudadanos de terceros países a destinos distintos al suyo”, declaró la directora de Human Rights First al medio nicaragüense.

La investigadora agregó ante el portal que el monitoreo identificó vuelos hacia la República Centroafricana, Sierra Leona, Dominica y Liberia. Según su declaración, la organización registró abusos contra personas trasladadas a terceros países.

Arvey también manifestó inquietud por las garantías de debido proceso, las condiciones de recepción y la posibilidad de que algunos migrantes sean enviados posteriormente a los países de los que salieron.

Un análisis de Confidencial.digital, elaborado con datos públicos del Proyecto de Datos sobre Deportaciones, indicó que ICE arrestó a 12,271 migrantes nicaragüenses entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Hasta julio de 2026, la Administración Trump había enviado 60 vuelos con deportados nicaragüenses a Managua. El mismo análisis registró traslados de ciudadanos de Nicaragua hacia México y Honduras.

En el marco de la conmemoración del 47 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega volvió a recurrir a una dura retórica antiimperialista dirigida contra el Gobierno de los Estados Unidos.

Durante la ceremonia oficial, celebrada junto a la copresidenta Rosario Murillo y los altos mandos de las fuerzas armadas, el régimen encabezado por Ortega y Murillo reafirmó su postura de confrontación con Washington, posicionando a la administración estadounidense como la principal amenaza a la soberanía y la estabilidad del país centroamericano.

La intervención de Ortega no se limitó a repasar las tareas operativas de las fuerzas armadas o los proyectos gubernamentales, sino que sirvió para señalar lo que el régimen considera una constante injerencia norteamericana en los asuntos internos de la región y del mundo.

Uno de los puntos clave del discurso fue la advertencia del régimen de Daniel Ortega sobre la necesidad de mantener una alerta ininterrumpida frente a las acciones de la potencia norteamericana. El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) enfatizó la cautela extrema con la que la nación debe actuar ante la política exterior de la Casa Blanca.

Ortega afirmó que el poder militar mundial de los Estados Unidos lleva a ese país a actuar bajo el supuesto derecho de agredir a otros pueblos. Por ello, reiteró la metáfora de alerta continua al señalar que las fuerzas armadas y el pueblo deben “estar siempre con un ojo abierto y otro ojo cerrado”.

De acuerdo con la postura del régimen, este estado de prevención responde al riesgo constante de agresiones o maniobras desestabilizadoras que buscan interferir en la independencia y la autodeterminación del país.

Esta advertencia cobra relevancia en un contexto donde EE.UU., mantiene una estrecha vigilancia sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde Washington, diversas administraciones y organismos internacionales han mantenido un escrutinio permanente sobre Managua, aplicando:

• Sanciones económicas
• Denuncias del deterioro de la democracia
• El cierre de espacios civiles
• La persecución a la oposición.

Críticas a la política exterior norteamericana y tensiones globales

Durante la alocución, el régimen de Daniel Ortega criticó fuertemente el modelo y la política geopolítica de Estados Unidos, acusando al gobierno estadounidense de destinar cuantiosos recursos a conflictos bélicos en lugar de atender la pobreza o promover la cooperación en América Latina.

Según el argumento del gobernante, la falta de desarrollo promovida por ese modelo es la causa directa de los flujos migratorios masivos hacia el norte.

Asimismo, se refirió al trato que reciben los migrantes en suelo norteamericano, denunciando que tras ser explotados son deportados de regreso a sus países. Ortega aseguró que en Nicaragua el régimen recibe a estos ciudadanos retornados para reincorporarlos a la vida productiva del país.

El dictador nicaragüense también hizo alusión a las tensiones en otras regiones internacionales, señalando la falta de acuerdos de paz entre Washington e Irán. De acuerdo con el dictamen del régimen, estas intervenciones militares globales provocan crisis económicas que terminan impactando los precios y el nivel de vida de la propia población norteamericana, además de exigir el sacrificio de jóvenes estadounidenses en misiones en el extranjero.

El régimen enfatizó que las enmiendas constitucionales cierran el paso a condicionamientos extranjeros y blindan la estructura del Estado. Durante la ceremonia, el alto mando militar reiteró su absoluto respaldo a estas reformas, consolidando al Ejército de Nicaragua como el pilar de sustento del régimen para defender la estabilidad y hacer frente a las constantes presiones de la comunidad internacional y de Estados Unidos.

La organización Unidad Nacional difundió este miércoles un mensaje dirigido a los integrantes del Ejército de Nicaragua, en el que cuestionó el papel de la institución bajo el régimen y pidió a los militares que acompañen una “transición ordenada y sin más violencia” en el país.

El pronunciamiento fue publicado con motivo del Día del Ejército, que se conmemora el 2 de septiembre. En su escrito, el grupo apeló a oficiales, clases y soldados y diferenció entre quienes, según sostiene, conservan el compromiso con la defensa de la patria y quienes han participado en acciones represivas.

“Transmitimos nuestro saludo a los oficiales, clases y soldados que aún honran lo que significa ser militar: disciplina, sacrificio y lealtad a la Patria, no a un apellido ni a un partido”, señaló la nota publicada por Unidad Nacional en redes sociales.

La organización sostuvo que el régimen de Nicaragua subordinó la institución armada a los intereses del matrimonio dictatorial. “Ese decoro es precisamente lo que el régimen de Ortega y Murillo ha traicionado al desvirtuar la naturaleza de la institución armada y convertirla en un instrumento de represión política y de protección de un proyecto familiar”, destacó el documento.

De igual manera, el mensaje apuntó contra “muchos miembros de la cúpula militar”, a quienes acusó de haberse puesto al servicio de los intereses del régimen

Denuncian detenciones, desapariciones y muertes de militares

Además, el comunicado citó varios casos de militares retirados que fueron detenidos, condenados, expulsados o que murieron bajo custodia. Entre ellos, mencionó al general retirado Álvaro Baltodano, quien, de acuerdo con el documento, fue sometido junto con otros oficiales retirados a juicios sumarios y condenado por “traición a la patria”, sin garantías ni derecho a defensa.

El texto también denunció que el coronel retirado Carlos Brenes, el coronel retirado Víctor Boitano y el mayor retirado Eddie González permanecen “en condición de desaparecidos”.

Al mismo tiempo, Unidad Nacional también recordó la muerte del general retirado Hugo Torres, uno de los fundadores del Ejército de Nicaragua. El documento afirma categoricamente que Torres murió en prisión, donde se encontraba detenido como preso político. Además, indicó que el general retirado Humberto Ortega permaneció bajo arresto hasta su fallecimiento.

El comunicado recordó el asesinato de Roberto Samcam en el exilio

A su vez, la organización incluyó entre sus acusaciones el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido en el exilio. El comunicado atribuyó al régimen de Nicaragua la orden para matar al exmilitar, quien había integrado el Ejército y luego se convirtió en una voz crítica de la dictadura.

“Ningún militar de honor debería sentir que ese es el trato que merece a cambio de una vida de servicio”, expresó la agrupación, que presentó esos casos como una advertencia para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Por último, la nota planteó que el “verdadero honor militar” consiste en apartarse de quienes, según la organización, desprestigiaron a la institución. También llamó a los militares a ubicarse “del lado de la justicia y la dignidad” cuando llegue un “momento decisivo”.

Nicaragua otorgó una concesión minera a CUKRA Development Corporation en Kukra Hill sobre 225,03 hectáreas, en una decisión que se inscribe en un proceso más amplio de expansión extractiva marcado por la cesión de tierras estatales y comunitarias, la flexibilización de controles legales y una proyección oficial que busca llevar la superficie concesionada del país hasta el 40 % del territorio.

El dato se conoce por una publicación de La Gaceta Nicaragua, donde consta que el lote “El Almendro” fue concedido el 14 de mayo de 2026 por la Dirección General de Minas. La nueva área se ubica en el municipio de Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, una zona donde también pesan denuncias por superposición de lotes mineros sobre territorios indígenas y afrodescendientes titulados.

La ampliación de este modelo ocurre en un contexto de fuerte concentración territorial. Cerca del 25 % del territorio nacional ya ha sido concesionado para minería industrial y reservas, mientras que la proyección oficial apunta al 40 %. Solo las empresas de origen chino controlan más del 8 % del territorio, según la información de medios nacionales.

La concesión en Kukra Hill fue aprobada tras dictámenes técnicos, legales y catastrales

La resolución oficial señala que CUKRA Development Corporation presentó la solicitud el 20 de noviembre de 2025 para explotar minerales en “El Almendro”. El lote tiene una superficie de 225,03 hectáreas y quedó localizado formalmente en Kukra Hill, dentro de la RACCS.

De acuerdo con la publicación oficial, la empresa cumplió con los requisitos previstos en la Ley 387, la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. El expediente también incorporó un dictamen catastral minero del 9 de diciembre de 2025, que concluyó que las coordenadas presentadas satisfacían los requisitos de ley.

El trámite sumó además un dictamen técnico fechado el 4 de mayo de 2026 y un dictamen legal del mismo día, ambos favorables a la solicitud. A eso se añadieron una opinión favorable de la Procuraduría para las Municipalidades y la aprobación del Concejo Regional de la Costa Caribe Sur.

La resolución firmada por el director general de Minas Norman Henríquez Blandón sostiene que la compañía acreditó capacidad técnica y financiera para desarrollar las actividades mineras y que estaba legitimada para realizar ese aprovechamiento. Con esa base, la autoridad dispuso el otorgamiento de la concesión el 14 de mayo de 2026 en Managua.

El avance minero coincide con la eliminación de salvaguardas y reclamos por despojo

La concesión a CUKRA Development Corporation se produce después de reformas legales que, según La Gaceta, desmantelaron controles institucionales. Entre esos cambios figura la modificación de normas como la Ley 1128 para eliminar estudios de impacto ambiental y consultas públicas obligatorias.

Ese marco también quedó atravesado por maniobras para eludir sanciones. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas, ENIMINA, el Estado transfirió y reconfiguró concesiones a nombre de empresas extranjeras sin historial público, con el objetivo de evitar bloqueos financieros.

El impacto no se limita al plano administrativo. Comunidades rurales e indígenas denuncian el ingreso de empresas mineras privadas que cercan tierras y anulan la propiedad comunal y la propiedad privada campesina sin orden judicial.

En el caso concreto de “El Almendro”, el título obliga al concesionario a pagar derechos de vigencia o superficiales y una regalía del 3 % sobre el valor de las sustancias extraídas. La empresa también deberá entregar información anual sobre sus actividades y permitir inspecciones de la Dirección General de Minas-PGJ.

La resolución agrega otras condiciones: cumplir normas de seguridad laboral y protección ambiental y de recursos naturales, inscribir el título en el Registro Público de la Propiedad y publicarlo en el diario oficial a su costa dentro de 30 días. Antes de cualquier actividad minera, además, deberá solicitar permiso a los propietarios de los terrenos ubicados dentro del área concedida.

La autorización también prohíbe trabajos de exploración y explotación a menos de 100 metros de pueblos, cementerios, edificios religiosos, pozos y vías de comunicación. El concesionario deberá demarcar el terreno con mojones en sus vértices e iniciar actividades de exploración dentro de un plazo máximo de cuatro años, prorrogable por un año más.

El Gobierno del Perú expresó su rechazo a la reforma constitucional aprobada en primera votación por la Asamblea Nacional de Nicaragua y advirtió sobre la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo en el poder. A través de un comunicado oficial, Lima señaló que la iniciativa busca liquidar la institucionalidad democrática del país centroamericano mediante la eliminación de la posibilidad de elecciones libres y la anulación del estado de derecho.

La reforma, impulsada por el copresidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fue aprobada por unanimidad el 1 de septiembre durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León, al noroeste de Managua. El texto prohíbe la participación de partidos opositores en las elecciones y extiende de seis a siete años los mandatos presidenciales, así como los de diputados, alcaldes, magistrados y jefes del Ejército y la Policía. Para entrar en vigor, deberá ratificarse en una segunda legislatura a partir del 18 de enero de 2027.

Perú denuncia violación de la Carta Democrática

El comunicado peruano sostuvo que la medida constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal nicaragüense y viola de forma flagrante la Carta Democrática Interamericana, además de los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en materia de derechos humanos. El texto oficial calificó la iniciativa como “condenable” y afirmó que reafirma la ausencia de condiciones mínimas para la celebración de elecciones libres, justas y competitivas en el país.

“Este nuevo nivel de transgresión a los principios más elementales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua”, señaló el Gobierno peruano en el documento. La declaración se suma a las críticas de otros países de la región, entre ellos Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay, así como de la Unión Europea.

Denuncia represión sistemática

El Ejecutivo peruano acusó además al aparato estatal nicaragüense de criminalizar de manera sistemática y arbitraria a la oposición democrática que, según el comunicado, lucha por la recuperación de la democracia en el país. La reforma constitucional incorpora en su artículo 47 impedimentos para que “traidores a la patria” ocupen cargos de elección popular o funciones públicas, una categoría que el régimen ha aplicado a más de 450 opositores y críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Frente a este escenario, el Gobierno del Perú hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los órganos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que activen todos los mecanismos disponibles con el fin de evitar la consolidación de una dictadura en Nicaragua. El pedido se produjo el mismo día en que el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también expresaron su preocupación por la medida.

El comunicado concluyó con la reafirmación del compromiso peruano con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos. El Gobierno indicó que se mantendrá al lado del pueblo nicaragüense, de sus presos políticos, de sus exiliados y de todos aquellos que hoy son perseguidos por defender la posibilidad de elecciones libres en el país.

El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro advirtió este miércoles que miles de empleos podrían peligrar en Nicaragua si Estados Unidos adopta medidas comerciales luego de pedir a sus socios internacionales que suspendan las operaciones habituales con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento de Chamorro ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del sandinismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional que impide a los considerados “traidores a la patria” postularse a cargos de elección popular y extiende de seis a siete años el período presidencial.

La iniciativa necesita una segunda aprobación de la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027, antes de su entrada en vigor. La propuesta forma parte de una serie de cambios institucionales promovidos por el oficialismo, que concentra el poder político en torno a Ortega y Murillo.

Chamorro, quien fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos y luego perdió su nacionalidad y sus bienes, sostuvo que la decisión de eliminar las elecciones competitivas puede impactar sobre la relación económica entre Managua y Washington.

“El tratamiento comercial privilegiado que tiene Nicaragua con Estados Unidos ya está en riesgo por esta acción de eliminar las elecciones”, afirmó el opositor en un audio enviado desde el exilio a medios de comunicación.

Casi la mitad de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino a Estados Unidos

El dirigente recordó que casi 50% de las exportaciones de Nicaragua se dirige al mercado estadounidense, por lo que una modificación de las condiciones comerciales podría afectar puestos de trabajo vinculados a sectores exportadores.

Chamorro señaló que el país centroamericano está bajo investigación en virtud de la legislación comercial de Estados Unidos. Según su evaluación, Washington podría establecer aranceles específicos sin necesidad de excluir formalmente a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

“El riesgo es que se comiencen a aplicar acciones comerciales que terminen afectando a trabajadores y empresas nicaragüenses”, planteó el opositor. Atribuyó al régimen de Ortega la responsabilidad por un eventual deterioro de los vínculos económicos internacionales.

La advertencia se produjo luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionara la reforma votada el martes por el Parlamento nicaragüense. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que la Asamblea Nacional “socavó la ficción democrática” del país al impulsar cambios que, según afirmó, apuntan a consolidar una “dinastía”.

Marco Rubio pidió a los socios internacionales terminar con las operaciones habituales

En una declaración difundida este miércoles, Rubio pidió a los aliados internacionales de Washington que pongan fin de inmediato a las “operaciones comerciales habituales” con el régimen de Managua. También afirmó que los países que niegan derechos fundamentales a sus ciudadanos no deberían mantener los mismos beneficios económicos y políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad hemisférica.

La posición estadounidense eleva la presión sobre la administración de Ortega y Murillo, que ya enfrenta sanciones de Washington contra funcionarios e instituciones estatales por denuncias de represión contra la oposición, restricciones a organizaciones civiles y cierre de espacios políticos.

Chamorro consideró que la dictadura nicaragüense calculó que la administración del presidente Donald Trump no respondería con firmeza al anuncio realizado el 19 de julio, cuando Ortega comunicó el fin de las elecciones en el país.

“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio”, afirmó. “En vez de retroceder, avanzaron con su reforma constitucional”. El opositor interpretó que la declaración de Rubio muestra que el Ejecutivo estadounidense considera que la eliminación de elecciones tendrá consecuencias para Nicaragua. “La guerra contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad”, sostuvo.

La reforma aprobada en primera legislatura excluye de la competencia electoral a quienes sean declarados “traidores a la patria”, una figura utilizada por el oficialismo contra dirigentes opositores, activistas y críticos del régimen. Además, prolonga el mandato presidencial a siete años.

Si la Asamblea Nacional ratifica el texto en 2027, el cambio constitucional entrará en vigor y redefinirá el calendario electoral nicaragüense. La eventual aplicación de medidas comerciales por parte de Estados Unidos podría abrir una nueva etapa de tensión entre Washington y Managua, con efectos sobre la economía de un país cuya relación exportadora con el mercado estadounidense ocupa un lugar central.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió este miércoles que la reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua profundiza las restricciones a la competencia política y utiliza la Carta Magna para impedir que sectores considerados adversarios puedan acceder a cargos públicos. El secretario general del organismo, Albert Ramdin, señaló que los cambios aprobados en primera instancia reducen los espacios democráticos y prolongan los períodos de gobierno.

“La propuesta de reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos”, afirmó Ramdin. El funcionario puso especial énfasis en la disposición dirigida contra quienes sean catalogados como “traidores a la patria”, una figura que el proyecto incorpora al marco constitucional como impedimento para ejercer funciones públicas.

“Esta reforma convierte la Constitución en un instrumento más para excluir las voces disidentes”, sostuvo el secretario general. Para la OEA, el problema no se limita a una modificación administrativa de las reglas electorales: la incorporación de esas restricciones al texto constitucional puede afectar el derecho de determinados ciudadanos a participar en la vida política del país.

La Asamblea Nacional, dominada por la dictadura sandinista, aprobó el martes el proyecto en primera legislatura. La iniciativa todavía debe superar una segunda aprobación para entrar en vigor. Ese trámite corresponderá a la próxima legislatura.

Uno de los cambios centrales eleva de seis a siete años la duración del mandato de la copresidencia, fórmula bajo la cual gobiernan Ortega y Murillo. La modificación altera también el calendario político: Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero el nuevo esquema desplaza esos comicios hasta noviembre de 2027.

La reforma llega después de otra modificación constitucional aprobada en 2025, que cambió más de un centenar de disposiciones de la Carta Magna y concentró atribuciones estatales en la copresidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo del sistema interamericano, había advertido en agosto que las nuevas medidas podían consolidar la permanencia indefinida en el poder, restringir la competencia política y eliminar condiciones necesarias para la alternancia democrática.

Ramdin vinculó el nuevo avance legislativo con el deterioro general de las instituciones nicaragüenses. “Quienes están en el poder parecen empeñados en demostrar que la apreciación de que estamos presenciando un desastre político en Nicaragua es correcta, con consecuencias terribles para el pueblo nicaragüense”, afirmó.

El secretario general señaló que las modificaciones chocan con compromisos asumidos dentro del sistema interamericano. “Estas medidas contravienen los principios de la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, dijo.

La advertencia de Ramdin llega mientras el organismo prepara una reunión de cancilleres sobre Nicaragua. El Consejo Permanente de la OEA aprobó recientemente la convocatoria de esa instancia para discutir la respuesta regional ante el deterioro democrático.

La presión internacional aumentó desde Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a otros países suspender las relaciones comerciales habituales con Managua y acusó a la dictadura de Ortega y Murillo de utilizar la reforma para consolidar su permanencia en el poder y cerrar definitivamente el camino a elecciones libres.

Rubio sostuvo que la Asamblea Nacional “socavó la ficción democrática de Nicaragua” y afirmó que la Administración de Donald Trump mantendrá su compromiso de adoptar medidas frente a las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen.

La OEA ya había advertido que la situación nicaragüense trasciende sus fronteras. La CIDH señaló que la represión transnacional, el desplazamiento forzado de ciudadanos y otros efectos de la crisis pueden generar consecuencias para países vecinos.

Ramdin insistió en que la población debe conservar la posibilidad de escoger a sus autoridades entre distintas alternativas. “Los ciudadanos de Nicaragua merecen instituciones que protejan sus derechos, no que los restrinjan”, afirmó, y reclamó condiciones que permitan elegir libremente a los dirigentes y decidir el futuro político del país.

La actividad de explotación de minas y canteras en Nicaragua cayó 15.5% hasta junio de 2026, una contracción que ubicó al sector entre los de mayor retroceso durante el primer semestre, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulgado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) el 27 de agosto.

Los datos, citados por Artículo 66, relacionan la baja con una menor producción y exportación de oro, uno de los principales productos de venta externa del país.

La minería acumuló así su tercer mes consecutivo de resultados negativos, mientras el resto de la actividad económica registró un crecimiento de 1.8%.

El economista y exdiputado Enrique Sáenz, citado por el mismo medio, señaló que la producción de oro cayó 2.5% en abril, 16.2% en mayo y 15.5% en junio. La secuencia se produjo pese a los elevados precios internacionales del metal.

En contraste, el IMAE mostró avances en energía y agua, con 17.9%; construcción, con 11.3%; hoteles y restaurantes, con 8.6%; actividad pecuaria, con 7.8%; y comercio, con 4.9%.

Sáenz cuestionó que el retroceso minero coincida con el escenario favorable para las cotizaciones del oro y planteó dudas sobre la información disponible acerca de la producción del sector. Según recogió Artículo 66, el economista afirmó que el régimen de Daniel Ortega ha hecho “charanga con la repartición de concesiones”.

El exdiputado sostuvo que existen interrogantes sobre el destino final del oro nicaragüense, en un contexto marcado por sanciones internacionales y por la concentración del negocio minero alrededor de grupos cercanos al poder.

“Definitivamente aquí hay gato encerrado”, afirmó Sáenz. El economista planteó dos hipótesis: que algunas empresas mineras oculten parte de sus resultados ante eventuales sanciones o que haya tenido un efecto mayor al previsto el cierre de la mina El Choritito.

Esa planta recibía material procedente de minas de Costa Rica y Venezuela, de acuerdo con el análisis citado por Artículo 66. La dimensión de ese impacto aún no figura de forma detallada en los informes oficiales del BCN.

El papel de China y el avance de las concesiones mineras

En este escenario de incertidumbre, destaca el acelerado proceso de entrega de concesiones mineras a empresas chinas. El régimen de Ortega ha otorgado 47,000 hectáreas de tierra a una compañía minera china en una zona protegida de Río San Juan. Esta decisión refuerza la tendencia de los últimos años, en los que el Gobierno nicaragüense ha priorizado la entrada de capital extranjero, especialmente de China, en proyectos extractivos estratégicos.

El otorgamiento de estas concesiones coincide con el deterioro de la transparencia y la supervisión ambiental sobre las operaciones mineras. Organizaciones ambientalistas y comunidades locales han denunciado la falta de consultas y el impacto en zonas de alta biodiversidad, como el propio Río San Juan, donde se concentra parte del territorio concesionado.

La expansión de la presencia china en la minería nicaragüense responde, en parte, a la necesidad de Managua de diversificar sus socios comerciales y de inversión en un contexto internacional adverso, marcado por el aislamiento respecto a Estados Unidos y la Unión Europea. Empresas chinas han mostrado interés en la extracción de oro, cobre y otros minerales, aprovechando la flexibilización de los requisitos legales y ambientales que ha implementado el Gobierno de Ortega.

Pese a la caída de la producción aurífera, las concesiones siguen en aumento, lo que alimenta especulaciones sobre una eventual recuperación a mediano plazo o, en el peor de los casos, sobre una estrategia de acumulación y almacenamiento de oro que no se reporta oficialmente. Analistas advierten que este fenómeno podría estar vinculado a la volatilidad de los mercados globales y a la búsqueda de refugio financiero por parte del régimen nicaragüense.

Perspectivas y dudas para el cierre de 2026

El segundo semestre de 2026 se presenta con un panorama incierto para la minería nicaragüense. Por un lado, la caída prolongada en la extracción de oro genera preocupación entre exportadores, trabajadores y autoridades locales. Por otro, el avance de las concesiones a capitales chinos y la falta de información clara sobre los volúmenes reales de producción y exportación alimentan el debate sobre el futuro del sector.

Mientras tanto, la sociedad civil y expertos como Sáenz exigen mayor transparencia y vigilancia sobre la gestión de los recursos minerales del país, alertando sobre el impacto social y ambiental de las concesiones y la necesidad de proteger los intereses nacionales en un contexto de creciente influencia extranjera.

La Gaceta, Diario Oficial, publicó la mañana de este miércoles la certificación de la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, aprobada la tarde anterior por la Asamblea Nacional en una sesión especial celebrada en la ciudad de León.

El texto, consignado en la edición número 163 del Diario Oficial, formaliza por escrito lo que Daniel Ortega había anunciado el 19 de julio pasado: que en el país no volverá a haber elecciones con participación de partidos opositores.

La reforma modifica 13 artículos de la Carta Magna. El artículo 12 establece que “ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional” que ponga en riesgo la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz del pueblo nicaragüense “surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional”.

Prohíbe la oposición

El artículo 47 dispone que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos quienes hayan ejercido dirección, liderazgo, financiamiento o cualquier vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un golpe de Estado; quienes incurran en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz del país, inciten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento del exterior o respalden sanciones contra el Estado nicaragüense; “los traidores a la Patria”; y quienes hayan violentado los principios fundamentales de la Constitución. Ese mismo artículo prohíbe a estas personas integrar junta directiva de partido u organización política alguna.

El régimen de Ortega y Rosario Murillo define como “traidores a la patria” o “golpistas” a los opositores.

El artículo 152 amplía las atribuciones del Consejo Supremo Electoral, que queda facultado para “otorgar o cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos” constituidos con financiamiento extranjero o cuyos directivos hayan violado los principios fundamentales de la Constitución, así como para “verificar e imponer las sanciones correspondientes” a candidatos, funcionarios electorales o integrantes de juntas directivas de partidos que incurran en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz.

La reforma también extiende de seis a siete años los períodos de los cargos de elección popular y de designación por la Asamblea Nacional, entre ellos la Presidencia y la Copresidencia, las diputaciones ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, las alcaldías, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, y las jefaturas del Ejército y de la Policía Nacional.

Los períodos de las autoridades ya electas en las últimas elecciones generales, municipales y regionales quedan ampliados de pleno derecho a siete años. Un artículo adicional traslada la fecha de toma de posesión del Copresidente y la Copresidenta de la República del 10 al 18 de enero, en homenaje al poeta Rubén Darío.

La sesión que aprobó la reforma en primera legislatura se realizó el martes en la Plaza Juan José Quezada de León, bajo el nombre de sesión solemne “Orgullo de mi País”, en el marco del inicio del llamado Mes de la Patria.

La iniciativa fue aprobada a mano alzada y por unanimidad, en lo general y en lo particular, según la certificación firmada por la primera secretaria de la Asamblea Nacional, la diputada Loria Raquel Dixon Brautigam.

El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, presentó la votación como el cierre de un proceso de consulta nacional de 36 días en el que, según sus palabras, participaron más de 300 mil personas de distintos sectores, gremios e instituciones del Estado. Para entrar en vigor, la reforma deberá ser ratificada en una segunda legislatura, prevista para enero de 2027.

Sin embargo, las llamadas “consultas” del régimen fueron una cadena de exposiciones a sectores representados por los propios hijos de la pareja gobernante, instituciones subordinadas, y organizaciones de militantes. Nadie discrepó.

La aprobación provocó una reacción inmediata del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que afirmó que la Asamblea Nacional sandinista erosionó la ficción de la democracia nicaragüense al reescribir la Constitución para afianzar lo que calificó de dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas.

Reacciones desde Estados Unidos

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en su cuenta de la red social X que la Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega “destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua” en la segunda reescritura constitucional en dos años, y adelantó que Washington implementará medidas coincidiendo con la próxima reunión ministerial de la Organización de Estados Americanos para que el hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con la dictadura.

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes y una de las voces más constantes del Congreso estadounidense contra el régimen de Ortega y Murillo, había advertido en julio, tras el anuncio original de Ortega, que “cuando un dictador comunista sabe que el pueblo lo sacaría por la vía del voto, le quita el voto al pueblo”, y que la represión, el miedo y la fuerza se convierten entonces en la única forma de mantenerse en el poder.

Salazar sostuvo entonces que el régimen le había declarado la guerra al derecho del pueblo nicaragüense a elegir su propio futuro, pidió a Estados Unidos aumentar la presión sobre el régimen, y cerró su mensaje con una advertencia: “Después de Cuba, Nicaragua es la siguiente”.

El coordinador del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, Juan Sebastián Chamorro, calificó la reacción del Departamento de Estado como significativa por su referencia a los beneficios económicos que recibe Nicaragua en comparación con gobiernos comprometidos con la seguridad hemisférica.

“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían disfrutar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisférica”, citó Chamorro del comunicado estadounidense, en el que Washington “insta a sus socios internacionales a poner fin de inmediato a las relaciones habituales con esta brutal dictadura”.

Chamorro explicó que el tratamiento comercial privilegiado del país ya está en riesgo, pues Nicaragua es actualmente investigada bajo la ley de comercio estadounidense, lo que permitiría imponer aranceles especiales sin necesidad de suspenderla del CAFTA, y recordó que existen además relaciones económicas a través del SICA con los países centroamericanos.

Señaló que casi el 50 por ciento de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos y que “miles de empleos podrían estar en peligro”, y atribuyó esa responsabilidad “exclusivamente” al gobierno de Ortega.

Chamorro sostuvo que la mención a la seguridad hemisférica en el comunicado del Departamento de Estado es igualmente relevante, pues “un país declarado amenaza a la seguridad no deja de serlo hasta que se den los cambios” en ese país.

Consideró que Ortega “pasó una línea roja el 19 de julio” y que, en lugar de recular, avanzó en lo que describió como “su farsa de reforma constitucional”, apostando a que la administración estadounidense no lo tomaría en serio.

A su juicio, la respuesta del Departamento de Estado demuestra que esa apuesta fue errada y que la eliminación de las elecciones tendrá “consecuencias graves para el país”.

Entre 2023 y 2025, el sector turístico de Nicaragua sufrió un severo revés al perder más de 120,000 visitantes internacionales. En ese mismo período, las llegadas por vía aérea experimentaron un vertiginoso desplome del 40%, evidenciando la fragilidad de un rubro cuya aparente recuperación estuvo inflada artificialmente por factores ajenos al flujo turístico real.

Durante casi dos años, las cifras oficiales mostraron una dinámica distorsionada debido al paso masivo de migrantes en tránsito irregular. Estos flujos migratorios —principalmente procedentes de Haití, Cuba y otras naciones que utilizaban Managua como trampolín hacia Norteamérica— abultaron de forma coyuntural las métricas del transporte aéreo y la captación de ingresos aeroportuarios.

Sin embargo, tras el cierre progresivo de este corredor migratorio bajo presión internacional y la posterior imposición de medidas como visados consultados a más de 120 países, la cortina de humo cayó, dejando expuesto el verdadero estancamiento del sector.

El escenario posterior al fin del auge migratorio revela transformaciones profundas en la estructura del turismo nicaragüense. De acuerdo con datos consolidados del Banco Central de Nicaragua (BCN) para el año 2025:

• Dominio del mercado interno: El 77.4% del valor del consumo turístico en el país no proviene del visitante extranjero, sino del consumo local y el mercado interno (sumando el turismo interno y las dinámicas asociadas).
• Cambio en las vías de ingreso: La vía aérea dejó de ser la puerta de entrada predilecta. Hacia 2025, las llegadas terrestres pasaron a concentrar el 62.1% del total de visitantes (670,375 personas), reflejando una severa contracción del turismo de larga distancia y una fuerte dependencia de flujos regionales. La vía aérea cayó a 394,541 pasajeros en 2025.
• Concentración geográfica regional: El 52.9% de los turistas que pernoctan provienen de Centroamérica, mientras que mercados clave de alto gasto como Europa redujeron su cuota a apenas un 7.9%.
• Estructura de oferta y consumo: Aunque el país registró 1,125 hoteles y 14,229 habitaciones en 2025, la mayor parte del valor agregado turístico provino del sector de restaurantes y similares (35.8%) y servicios no específicos.

El impacto del régimen de Daniel Ortega y el «estado policial»

La falta de recuperación estructural en Nicaragua se encuentra directamente ligada a la crisis sociopolítica sostenida que atraviesa el país desde 2018 bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Diversos análisis del sector y organismos internacionales coinciden en que el deterioro de la imagen país, sumado a las trabas consulares y la inseguridad jurídica, limitan de forma radical cualquier intento de reactivación.

A esto se le suma la instauración de un “estado policial de facto”. Múltiples reportes, testimonios de viajeros y coberturas periodísticas independientes señalan que los turistas internacionales enfrentan un clima constante de vigilancia, hostigamiento y controles arbitrarios al ingresar o desplazarse por el territorio.

La presencia intimidante de fuerzas policiales y paramilitares en las calles, los policías fronterizos, el decomiso arbitrario de equipos de fotoperiodismo o filmación y los casos de expulsión o detención de extranjeros por meras publicaciones en redes sociales han creado un entorno sumamente hostil.

Esta situación ha provocado que potencias internacionales como Estados Unidos mantengan alertas de viaje que recomiendan “reconsiderar los viajes” a Nicaragua debido a la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detenciones injustificadas y la limitada capacidad de asistencia consular.

Mientras vecinos centroamericanos como Costa Rica, El Salvador o Guatemala registran cifras récord en captación de divisas y flujo de visitantes, Nicaragua queda rezagada.

La insistencia del régimen en proyectar una imagen de normalidad choca frontalmente con la realidad de las fronteras y los aeropuertos: un país con un atractivo natural innegable pero atrapado en un aislamiento político y diplomático que disuade al turismo internacional y ahoga la competitividad económica nacional.

El rol de la defensa internacional: la mirada de Thomas M. Antkowiak

En entrevista exclusiva con Infobae, el profesor Thomas M. Antkowiak, quien asumió la representación internacional de Puracal a través de su clínica universitaria, explicó los desafíos del litigio ante el sistema interamericano: “El litigio internacional requiere mucha paciencia. Siempre creímos que el caso era sólido, pero llegar a un fallo favorable llevó años y mucho compromiso de la familia”.

Antkowiak subrayó que su clínica, parte de la Universidad de Seattle, elaboró junto a sus estudiantes un escrito de 100 páginas con hechos probados y argumentación jurídica, labor que involucró a cerca de 20 jóvenes a lo largo de varios años.

Según relató el abogado, la sentencia de la Corte IDH reconoce no solo las violaciones sufridas por Puracal, sino también los daños a su esposa Scarlet y a su hijo, así como el desarraigo definitivo de la familia.

Condiciones de detención y tratos crueles

La experiencia carcelaria de Puracal incluyó reclusión en centros como El Chipote y La Modelo, ambos señalados por la CIDH y la Corte IDH como lugares de condiciones inhumanas.

“Jason estuvo mucho tiempo en régimen de aislamiento, en una prisión violenta, sin acceso suficiente a la luz ni atención médica adecuada para tratar su asma. Apenas podía recibir visitas de su esposa y vivía una constante amenaza de violencia”, detalló Antkowiak.

El abogado agregó que la documentación probatoria incluyó quejas presentadas a las autoridades, testimonios, fotografías y exámenes médicos y psicológicos realizados en EE. UU., que certificaron el daño físico y el estrés postraumático sufrido.

“El proyecto de vida de la familia fue cruelmente interrumpido. Perdieron su negocio, su hogar y la posibilidad de continuar sus carreras profesionales en Nicaragua”, explicó el representante legal. video de proyecto de vida

Precedente regional y el impacto del caso bajo el régimen Ortega

El caso Puracal pone en evidencia un patrón de detenciones arbitrarias, uso abusivo de la prisión preventiva y condiciones carcelarias degradantes bajo el régimen de Daniel Ortega. Organizaciones como Intertextual Nic y KCH Comunicación han destacado que el fallo de la Corte IDH obliga al Estado nicaragüense a revisar de forma estructural su sistema de justicia y penitenciario.

“Este caso es un precedente importante porque reconoce todas las violaciones que sufren personas atrapadas en sistemas judiciales corruptos y ordena reparaciones que van más allá del caso individual”, enfatizó Antkowiak.

El abogado explicó que la Corte IDH hará un seguimiento activo del cumplimiento de la sentencia y que el equipo legal continuará enviando informes periódicos sobre la situación. Hasta la fecha, el Estado nicaragüense no ha emitido pronunciamiento formal sobre el fallo, lo que refuerza la importancia de la presión internacional y el monitoreo de organismos de derechos humanos.

Para Jason Puracal y su familia, la sentencia representa un reconocimiento tardío de su inocencia y el inicio de un proceso de reparación. “Lo que más le importa a Jason es que se reconozca públicamente su inocencia”, sostuvo Antkowiak.

Aunque Puracal logró reconstruir su vida profesional en Estados Unidos, su esposa no ha podido ejercer como abogada, y las secuelas psicológicas persisten.

El fallo ordena atención médica y psicológica para la familia, así como el restablecimiento de sus derechos patrimoniales.

El Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa), informó que los casos confirmados de COVID-19 se duplicaron en una semana, al pasar de 49 a 98 contagios entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre de 2026.

El dato consta en un informe semanal fechado el 1 de septiembre a las 10:00, que fue retomado por medios nicaragüenses como Canal 4 y 100% Noticias.

La cifra supone un aumento del 100% respecto de la semana anterior, cuando las autoridades sanitarias habían comunicado 49 personas con diagnóstico confirmado. El informe no explica las razones del incremento ni precisa si el Minsa prevé nuevas acciones de prevención, diagnóstico o vigilancia epidemiológica.

El documento oficial señala que las 98 personas recibieron “seguimiento responsable y cuidadoso”, una fórmula que el Minsa ha utilizado desde el inicio de la pandemia para informar sobre los pacientes identificados. También indicó que 107 personas que estaban bajo seguimiento cumplieron el período establecido durante la misma semana.

El reporte circuló fuera de los canales institucionales habituales. El régimen de Daniel Ortega no publicó el boletín en el blog oficial del Minsa, pese a que el comunicado lleva membrete gubernamental y está fechado el 1 de septiembre. La falta de una publicación centralizada limita el acceso a los datos y dificulta contrastar la evolución semanal de la enfermedad.

El Minsa no informó la distribución de los casos ni la situación de 343 pacientes registrados

El informe consignó que no hubo fallecidos atribuidos al COVID-19 durante el período analizado. Sin embargo, no aporta información sobre los departamentos y municipios donde se identificaron los casos, las edades de los pacientes, su estado de salud, el número de internaciones ni los métodos de diagnóstico aplicados.

La ausencia de esos datos impide determinar si el aumento se concentró en una zona específica o si tuvo alcance nacional. Tampoco permite establecer qué proporción de los casos correspondió a personas con enfermedades previas, un elemento relevante para evaluar la exposición de los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Desde el comienzo de los registros, la institución contabilizó 17,261 personas atendidas y bajo seguimiento responsable por COVID-19. A la vez, aseguró que 16,918 nicaragüenses se recuperaron desde el inicio de la pandemia. La diferencia entre ambas cifras es de 343 personas, aunque el reporte no detalla su situación actual ni ofrece una desagregación histórica de fallecimientos.

El coronavirus continúa bajo vigilancia en otros países

El aumento comunicado en Nicaragua ocurre mientras varios países mantienen sistemas de seguimiento para el coronavirus SARS-CoV-2, con indicadores que varían según los criterios de prueba, la cobertura de los laboratorios y los mecanismos nacionales de notificación.

• En Tailandia, el Departamento de Control de Enfermedades informó 95,357 casos de COVID-19 y 14 muertes entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2026. Las autoridades señalaron que los contagios crecieron durante agosto, en paralelo con una mayor circulación de enfermedades respiratorias.
• En Inglaterra, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) notificó un aumento de la positividad de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en hospitales. La tasa pasó de 2,5% a 2,9% en la semana que finalizó el 23 de agosto.

Estos registros internacionales permiten observar que el virus continúa en circulación, aunque la intensidad de la transmisión y las herramientas de vigilancia difieren de un país a otro. La Organización Mundial de la Salud advierte que los casos confirmados dependen de las estrategias de testeo y pueden subestimar el número real de infecciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este miércoles a los socios internacionales que corten de inmediato sus relaciones ordinarias con el régimen de Nicaragua, al que calificó de dictadura, tras la aprobación de una reforma constitucional que consolida el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y excluye a la oposición de cualquier competencia electoral.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, Rubio afirmó que la Asamblea Nacional sandinista “erosionó la ficción de la democracia nicaragüense” al reescribir la Constitución para, según sus palabras, “afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”.

El secretario sostuvo que “las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad hemisférica”.

El funcionario instó a los aliados de Washington a abandonar el trato diplomático y comercial de rutina con Managua, y anunció que la administración Trump continuará identificando e implementando medidas para responder a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, incluso en foros multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La reforma prohíbe a la oposición competir en elecciones y extiende el mandato a siete años

El comunicado llegó un día después de que la Asamblea Nacional aprobara, en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, en el noroeste del país, una reforma constitucional que amplía de seis a siete años los períodos de todos los cargos de elección popular, incluidos los del comandante en jefe del Ejército y los jefes de las fuerzas policiales.

La enmienda también eleva a rango constitucional la exclusión de quienes el régimen considere vinculados a “intentos de golpe de Estado, financiamiento externo, sanciones internacionales o actos contra la soberanía”, así como de quienes sean catalogados como “traidores a la patria”.

Como consecuencia directa de la extensión de mandatos, las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2026 quedan eliminadas, y los próximos comicios se postergan hasta 2028.

Por tratarse de una enmienda constitucional, la reforma requiere ratificación en una segunda sesión legislativa, programada para el 18 de enero de 2027.

Es la segunda reforma constitucional que impulsa Nicaragua en menos de 18 meses

El cambio aprobado en León profundiza una trayectoria ya iniciada en febrero de 2025, cuando la Asamblea extendió el período presidencial de cinco a seis años, creó el cargo de copresidenta para Murillo —hasta entonces vicepresidenta— y reorganizó la estructura del Estado. Aquella reforma también postergó las elecciones generales hasta 2027.

La nueva enmienda otorga además al Consejo Supremo Electoral (CSE) mayores facultades para cancelar la personería jurídica de partidos y sancionar a candidatos o dirigentes por presuntas violaciones a la soberanía nacional.

Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2006 y declaró públicamente en julio pasado que el país no celebraría más elecciones para impedir que la oposición recuperara el poder.

La reforma fue rechazada también por la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU), mientras que opositores en el exilio advirtieron que los cambios apuntan a institucionalizar la sucesión del poder dentro de la familia Ortega-Murillo.

La economía de Nicaragua mantuvo un crecimiento interanual en junio de 2026, pero el resultado estuvo acompañado por caídas en cinco actividades económicas, entre ellas la explotación de minas y canteras, que disminuyó 15.5%, según el Informe de Resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El IMAE registró un aumento de 1.8% frente a junio de 2025. La cifra fue inferior al crecimiento de 6.5% informado para el mismo mes del año pasado y quedó lejos de las tasas observadas en el primer trimestre de 2026, cuando el indicador creció 6.9% en enero, 6.1% en febrero y 5.3% en marzo.

El informe mostró que el menor dinamismo no quedó limitado al resultado general. Cinco actividades cerraron junio con variaciones interanuales negativas: explotación de minas y canteras, industria manufacturera, pesca y acuicultura, administración pública y defensa, y silvicultura y extracción de madera.

Cinco actividades cierran junio en negativo

La actividad de explotación de minas y canteras registró el peor resultado sectorial de junio, con una reducción interanual de 15.5%. El Banco Central atribuyó el descenso a una menor extracción de oro, material selecto y piedra cantera. La caída se produjo después de otra baja de 16.2% en mayo.

Aunque la minería acumuló un crecimiento de 4.6% entre enero y junio, esa tasa mostró una desaceleración marcada. En marzo, el crecimiento acumulado del sector era de 24%; en abril se redujo a 16%, en mayo a 8.9% y en junio llegó a 4.6%.

Por otro lado, la industria manufacturera cayó 4% en junio y acumuló una contracción de 4.8% durante los primeros seis meses de 2026. El informe explicó que el resultado respondió a una menor producción de textiles, productos no metálicos y arneses automotrices.

El sector registró caídas interanuales desde febrero. Tras un crecimiento de 1,7% en enero, la manufactura disminuyó 2.6% en febrero, 4.9% en marzo, 8.7% en abril y 11% en mayo. La baja de junio fue menor que la de mayo, aunque no modificó el balance negativo del semestre.

La pesca y acuicultura disminuyó 3.2% en junio. Esa baja mensual estuvo asociada a una menor captura de peces de escama, camarón costero y langosta en el litoral Pacífico. El aumento de la producción de camarón de cultivo y de otros recursos no logró revertir el resultado negativo.

El sector únicamente registró variaciones interanuales negativas durante el primer semestre. La caída llegó a 28.5% en mayo, antes de moderarse en junio. Pese a esa reducción, el acumulado semestral confirmó un deterioro sostenido de la actividad pesquera.

La actividad de silvicultura y extracción de madera cayó 0.8% en junio, 0.7% en el acumulado del semestre y 1.2% en el promedio anual. El Banco Central relacionó el resultado con una menor extracción de madera en troza y leña.

La administración pública y defensa, por su parte, disminuyó 3% en junio y acumuló una contracción de 3.1% durante el primer semestre. El informe no detalló los factores que explicaron esa reducción, aunque el sector mantuvo tasas negativas durante los seis meses del año.

A esos resultados se sumó la agricultura, que creció apenas 0.1% en junio, pero acumuló una caída de 2.5% entre enero y junio. El reporte señaló mayores labores en maíz, frijol y arroz, junto con descensos en café, maní, sorgo y hortalizas.

La Policía Nacional de Nicaragua informó este martes que detuvo a dos hombres a quienes señala como presuntos responsables de la muerte de Franklin Jerry Lampín Sánchez y Yeimy Valeska Solórzano Corea, una pareja hallada sin vida dentro de una camioneta en el municipio de Nagarote, departamento de León. La versión oficial modifica las primeras hipótesis divulgadas por medios oficialistas, que apuntaban a un presunto femicidio seguido de suicidio.

Karen Obando, responsable de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, afirmó que los sospechosos son Luis C., de 24 años, y Ernesto C., de 38. Según su declaración, los detenidos son señalados como autores de las muertes de la pareja.

La vocera precisó que las víctimas fueron encontradas sin vida la mañana del sábado 29 de agosto dentro de una camioneta estacionada en una vía pública de la comarca Peña Ventosa.

De acuerdo con el relato policial, la institución recibió el aviso sobre el hallazgo a las 6:50 (hora local). Los cuerpos estaban en una camioneta. El examen realizado por el médico forense del Instituto de Medicina Legal estableció que ambos fallecieron por trauma craneoencefálico grave.

Las versiones iniciales apuntaban a un ataque dentro del vehículo

La hipótesis de un feminicidio seguido de suicidio surgió en las horas posteriores al hallazgo. Información divulgada por medios oficialistas señaló que Lampín Sánchez habría atacado a Solórzano Corea dentro del vehículo y luego se habría disparado.

Aquellos reportes indicaban que la mujer tenía heridas de bala en el tórax y el cráneo, mientras que el hombre presentaba una lesión de arma de fuego en la cabeza. También mencionaban el hallazgo de una pistola dentro de la camioneta y sostenían que la trayectoria de los disparos contra Solórzano Corea parecía provenir del sector del conductor.

La Policía Nacional no había emitido entonces un pronunciamiento público sobre la mecánica de las muertes. La información disponible se basaba en versiones preliminares difundidas por La Primerísima y otros medios vinculados al oficialismo.

La nueva declaración policial descarta que Franklin haya sido el agresor de su cónyuge. Obando sostuvo que el crimen se originó en conflictos previos entre las víctimas y los dos detenidos, aunque no detalló la naturaleza de esas supuestas rencillas.

Policía dijo que la pareja fue llevada a Peña Ventosa bajo amenazas

Según la vocera, los hechos comenzaron la noche del viernes 28 de agosto. Los ahora capturados habrían citado a la pareja a las 21:30 (hora local) en el sector conocido como la barrera municipal de Nagarote.

Obando afirmó que los dos hombres abordaron la camioneta en la que viajaba Franklin y Yeimy. Después, siempre según la versión policial, los intimidaron con armas de fuego y los obligaron a trasladarse hacia la comarca Peña Ventosa.

Luego agregó que los sospechosos habrían llevado a la pareja al sitio donde fueron localizados los cuerpos. La Policía sostiene que los acusados dispararon contra las víctimas y escaparon después del ataque. “Motivados por rencillas personales, intimidaron con armas de fuego, llevándolos a la comarca Peña Ventosa, donde les realizaron disparos”, declaró Obando.

La institución informó que durante el operativo ocupó un revólver y una pistola, armas que presentó como pruebas vinculadas al doble homicidio. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La causa deberá avanzar en sede judicial, donde se definirá la responsabilidad penal de los acusados.

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 cerró su fase de grupos el 27 de agosto de 2026 y definió a los ocho equipos que jugarán los cuartos de final. La ronda inicial dejó como principal sorpresa la eliminación de todos los clubes de Guatemala y Panamá, mientras Costa Rica colocó 3 clasificados, Honduras también 3 y El Salvador 2.

Los cruces de cuartos tendrán partidos de ida entre el 9 y 10 de septiembre y las revanchas del 16 al 17 de septiembre. Las llaves quedaron: Deportivo Saprissa ante CS Cartaginés, FC Motagua frente a Alianza FC, CD Marathón contra Liga Deportiva Alajuelense y Luis Ángel Firpo ante Club Olimpia.

En el Grupo A, el vigente campeón Liga Deportiva Alajuelense avanzó como líder y el segundo lugar fue para Luis Ángel Firpo, que lo aseguró tras empatar en la última jornada.

El Grupo C tuvo la mejor campaña de la fase: Club Olimpia pasó con paso perfecto, con 4 victorias, y Deportivo Saprissa se quedó con el otro boleto. El Grupo B lo encabezó Alianza FC y el segundo cupo fue para CD Marathón, resultado que dejó afuera a Herediano y a Real Estelí. En el Grupo D, la definición llegó por criterios de desempate tras un triple empate invicto: FC Motagua terminó primero y CS Cartaginés avanzó segundo por diferencia de goles general, con eliminación de Municipal pese a sumar tres empates.

Durante la fase que terminó el 27 de agosto en el torneo centroamericano hubo muchos jugadores destacados, por ello, se reveló el XI ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 reconoce a los futbolistas que se destacaron durante la primera etapa del torneo. La ronda inicial contó con rendimientos individuales que resultaron determinantes para los clubes que lograron avanzar a los cuartos de final.

Estos son los 11 integrantes elegidos para conformar el Mejor XI de la fase de grupos:

Sistema táctico: 3-4-3

Portero

Edrick Menjívar (Club Olimpia): 15 atajadas y solo tres goles recibidos en cuatro partidos.

Defensas

John Ruiz (LD Alajuelense): dos goles, seis intercepciones y 268 minutos disputados.

Luis Vega (Motagua): un gol, una asistencia y cinco intercepciones.

Clever Portillo (Motagua): 348 minutos y 11 intercepciones; Motagua recibió apenas dos goles en la fase de grupos.

Mediocampistas

Mauricio Cerritos (Firpo): dos goles, una asistencia y 322 minutos en cancha.

Brian Farioli (Marathón): un gol, una asistencia y cuatro intercepciones; fue titular en los cuatro encuentros.

Edwin Rodríguez (Club Olimpia): un gol y una asistencia en 343 minutos.

Mariano Torres (Saprissa): tres goles, una asistencia y 250 pases completados.

Delanteros

Alonso Hernández (CS Cartaginés): dos goles en cuatro partidos.

Ronaldo Cisneros (LD Alajuelense): cuatro goles, cifra máxima de la competencia durante la fase de grupos.

Jorge Benguché (Club Olimpia): tres goles y participación en la campaña perfecta de Olimpia, con cuatro triunfos.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en elecciones y extiende el período presidencial de seis a siete años, según informaron fuentes oficiales. La iniciativa, impulsada por los la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, generó condenas de gobiernos de la región y de organismos internacionales.

El líder parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Gustavo Porras, depositó el texto de la reforma en la tumba del poeta Rubén Darío en la ciudad de León, a 90 kilómetros al noroeste de Managua, antes de la votación. “Venimos a entregarle este ejemplar de la reforma parcial a la Constitución que aprobaremos hoy ante su mausoleo, su catedral”, declaró Porras según se informó.

La reforma impide postularse a cargos de elección popular a quienes el régimen califica de “golpistas” y “traidores a la patria”, así como a opositores exiliados que, según Porras, “viven pidiendo intervención militar” de Estados Unidos o “aplauden y piden sanciones”. La medida también alcanza a quienes hayan “incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”.

La enmienda amplía además de seis a siete años los mandatos de los copresidentes y otros cargos de elección popular, así como los períodos de los jefes del Ejército y la Policía. Para entrar en vigor, deberá ser ratificada en segunda legislatura a partir del 18 de enero de 2027, conforme a la legislación nicaragüense que exige aprobación en dos períodos parlamentarios distintos.

Esta no es la primera modificación a la carta magna en años recientes. En 2024, el oficialismo ya había extendido el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo —entonces vicepresidenta— al rango de copresidenta, al tiempo que postergó para fines de 2027 los comicios que debían celebrarse a fines de 2026.

La reforma se produce semanas después de que Ortega declarara públicamente, el 19 de julio, que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua para evitar que la oposición “atrape el Gobierno”. El anuncio, pronunciado durante los actos del 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua, desencadenó una reacción diplomática inmediata en la región.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó de forma urgente una reunión de cancilleres para abordar la situación del país. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador de Managua—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, junto con la Unión Europea, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresaron su rechazo o preocupación.

Washington instó a la comunidad internacional a aislar al gobierno nicaragüense, mientras varios países centroamericanos, Bolivia, Brasil y Chile calificaron las declaraciones de Ortega como un nuevo retroceso democrático.

Ortega, exguerrillero izquierdista próximo a cumplir 81 años, asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones ampliamente cuestionadas en noviembre de 2021. Gobierna junto a Murillo, de 75 años, desde 2017, y acumula casi dos décadas en el poder, lo que lo convierte en el líder con más años en el cargo en América.

La crisis política nicaragüense se remonta a abril de 2018, cuando el gobierno reprimió una serie de protestas antigubernamentales. El saldo, según la ONU, superó los 300 muertos, además de miles de heridos, el cierre del espacio cívico y político, y un éxodo masivo de ciudadanos. La pareja presidencial califica aquellas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

La exguerrillera sandinista Ana Julia Guido Ochoa fue elegida este martes como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, un tribunal que, tras la reforma constitucional de 2025, quedó subordinado a la Presidencia, encabezada por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Asamblea Nacional designó además a José Manuel Fuerte como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos fueron postulados por Ortega y Murillo y recibieron el respaldo unánime de los diputados, según informó el presidente del Legislativo, el oficialista Gustavo Porras.

Guido Ochoa fue sancionada por Estados Unidos en 2020

La nueva titular del máximo tribunal nicaragüense fue subdirectora de la Policía Nacional y fiscal general de la República entre 2014 y 2025. Estados Unidos la sancionó en 2020 al acusarla de permitir y beneficiarse de las acciones represivas del Ejecutivo.

El Gobierno de Estados Unidos también sostuvo que, durante su gestión como fiscal, Guido Ochoa creó una unidad especializada para formular acusaciones contra manifestantes y promover procesos judiciales en su contra.

En noviembre pasado, la dirigente sandinista fue elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En febrero de 2023 recibió la orden Augusto Sandino en su máximo grado. Murillo la describió entonces como una “guerrillera de indudable valentía en toda circunstancia”.

Guido Ochoa reemplazará a Alba Luz Ramos, quien dejó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada por razones de salud. Su salida elevó a nueve el número de magistrados que renunciaron en los últimos dos años.

Ramos llevaba casi tres años fuera del cargo pese a seguir como presidenta formal

La renuncia puso fin, al menos en los registros oficiales, a una situación abierta desde octubre de 2023, cuando el asesor presidencial Horacio Rocha la desalojó de su despacho. Desde entonces, la magistrada quedó sin funciones, pero continuó como cabeza formal de la Corte.

De acuerdo con el medio, esa remoción fue parte de una purga impulsada por Rosario Murillo que alcanzó a más de 100 colaboradores cercanos a Ramos, entre ellos su vocero y sus asesores. Después de ese operativo, la magistrada quedó recluida en su vivienda, ubicada en un residencial militar, bajo custodia policial.

La reforma redujo de 16 a 10 el número de magistrados

La Corte Suprema de Justicia quedó integrada por 10 magistrados desde febrero de 2025, luego de una reforma constitucional que redujo de 16 a 10 la cantidad de jueces del alto tribunal. Esa modificación, junto con la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, otorgó a los copresidentes la facultad de designar a la presidencia de la Corte Suprema por períodos de seis años.

La nueva ley derogó la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial y estableció la subordinación del Sistema de Justicia a la Presidencia de la República. Según analistas y dirigentes opositores nicaragüenses, los nueve magistrados que renunciaron respondían al excomandante revolucionario Bayardo Arce Castaño y al exjefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, ambos antiguos asesores de Ortega. Arce fue arrestado e investigado por presunta corrupción.

Los jueces que dejaron sus cargos fueron sustituidos por magistrados identificados con Murillo, según esas mismas fuentes.

Migrar es, casi siempre, un acto de fe. Requiere tender puentes de solidaridad entre paisanos y familiares para amortiguar el impacto del desprendimiento.

En la comunidad de Sandy Bay Sirpi, un rincón caribeño del municipio de la Desembocadura de Río Grande, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) de Nicaragua, esa red de apoyo mutuo es una norma no escrita.

Fue esa misma costumbre generosa la que llevó a una joven nicaragüense a abrir las puertas de su hogar en Fort Worth, Texas, a su primo Jaykel Addler Vanegas Martínez, de 21 años.

Le ofreció techo, comida, ropa y el calor de la familia tras su llegada a los Estados Unidos. Jamás imaginó que aquel gesto de sincero amparo terminaría convertido en la antesala de su propia tragedia a manos de la persona a quien tanto apoyó.

La reconstrucción de los hechos, consignada en la declaración jurada presentada por la Policía de Fort Worth y difundida por medios como CBS Texas, dibuja una escena caracterizada por la frialdad y el desenfreno.

Eran cerca de las 3:30 de la madrugada del domingo 30 de agosto cuando Vanegas-Martínez regresó al apartamento ubicado en Farnswood Drive, cerca de Oakland Hills Drive.

Lejos de buscar un descanso reparador, el joven salió al balcón de la vivienda. Allí, según confesó más tarde a los detectives encargados del caso, se dedicó a consumir cocaína crack. Bajo los efectos desestructurantes de la sustancia, se acostó a dormir por un breve período.

Sin embargo, al despertar, la fatalidad tomó una forma irreparable. Sin que existiera un reclamo previo, una discusión acalorada ni un motivo aparente registrado en los documentos judiciales, el agresor caminó hacia la cocina, tomó un cuchillo de grandes dimensiones y se dirigió en silencio hacia la habitación donde su prima descansaba plácidamente boca abajo.

Un ataque violento e inclemente

Lo que siguió en la penumbra de aquel dormitorio trasciende la comprensión humana. Vanegas comenzó a apuñalar repetidamente a la mujer. Al sentir las agresión, la joven logró voltearse en el colchón y, con el aliento que le quedaba, comenzó a suplicarle incansablemente que se detuviera. Pero los ruegos de la prima que lo había acogido y amparado no encontraron eco en la mente alterada del agresor.

De acuerdo con los informes forenses y policiales citados en la declaración jurada, además de las múltiples heridas de arma blanca infligidas en el cuerpo, la víctima presentaba una profunda y grave herida cortante en la garganta que le arrebató la vida en el lugar.

Tras consumar el homicidio, el nicaragüense dejó el cuchillo cubierto de sangre sobre el mostrador de la cocina, caminó al baño, se duchó para remover los rastros del crimen, se cambió de ropa y dejó las prendas masculinas manchadas depositadas en el piso. Acto seguido, telefoneó a un conocido para que lo fuera a buscar.

Un amigo acudió al llamado y lo recogió para trasladarlo hacia la zona de East Lancaster Avenue. Durante el trayecto, el velo del secreto comenzó a descorrerse.

Al bajar del vehículo, Martínez confesó a su amigo lo que acababa de hacer: le dijo abiertamente que había apuñalado a su prima y realizó un ademán explícito pasando su mano por la garganta.

Aunque el testigo creyó en primera instancia que se trataba de una broma de pésimo gusto, la pesadumbre del relato lo hizo recapacitar al llegar a su casa y llamar de inmediato a las autoridades.

Por lo que, la Policía lo rodeó afuera de un centro comercial y lo arrestó sin incidentes durante la mañana del domingo. En el momento de su detención, Martínez aún presentaba manchas de sangre en la camisa y lesiones recientes en los brazos.

Ausencia de motivo y el luto de una comunidad

Hasta el momento, las autoridades del estado de Texas no han establecido un motivo claro o una razón específica por la cual el nicaragüense atacó a su prima. Actualmente, Jaykel permanece bajo custodia enfrentando cargos formales de asesinato por la muerte de su familiar.

Mientras el proceso legal avanza en los tribunales estadounidenses, en Nicaragua el dolor desgarra a la Costa Caribe Sur. Páginas y medios locales como Noticias de Bluefields, Noti-Dos y Bilwi Stereo Digital han difundido intensas campañas de solidaridad económica.

La meta de la comunidad y de la familia en Sandy Bay Sirpi es reunir los abrumadores fondos necesarios para repatriar el cuerpo de la joven y darle cristiana sepultura en su tierra natal.

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, emitió una contundente condena contra la dictadura de Managua tras la muerte del histórico líder indígena miskitu Brooklyn Rivera.

El alto funcionario estadounidense calificó los hechos y las posteriores represalias estatales como una muestras de «tiranía en su forma más cruel y cobarde», exigiendo la liberación inmediata de los allegados del dirigente que fueron arrestados por el simple hecho de reclamar sus restos mortales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Segura denunció que las autoridades nicaragüenses no solo causaron y permitieron la muerte de Rivera bajo su tutela, sino que desencadenaron una nueva ola de arrestos arbitrarios contra la comunidad indígena.

Además, el subsecretario remarcó que prohibir el luto y perseguir la solidaridad familiar vulnera los principios elementales del derecho internacional humanitario.

Por lo que, el reclamo del funcionario exige la liberación incondicional no solo de los allegados directos de Rivera retenidos a raíz del sepelio, sino también de la totalidad de los presos políticos que permanecen en los centros de detención del régimen de Daniel Ortega.

La postura de la diplomacia norteamericana recalca que reclamar los restos de un ser querido constituye un derecho básico que no puede ser criminalizado bajo ningún pretexto gubernamental.

La muerte de Brooklyn Rivera tras 970 días en prisión

El trágico desenlace del exdiputado de la Asamblea Nacional y fundador de la organización indígena Yatama ocurrió el 30 de mayo de 2026, cuando contaba con 73 años de edad. Brooklyn Rivera permaneció durante más de 970 días bajo detención arbitraria y en situación de desaparición forzada.

Capturado por la Policía Nacional el 29 de septiembre de 2023 en la ciudad de Bilwi, el paradero, la situación legal y el estado físico del dirigente fueron ocultados sistemáticamente a sus familiares y abogados durante casi tres años.

La administración estatal solo reveló el paradero de Rivera cuando se encontraba en estado crítico en un hospital capitalino, difundiendo imágenes donde su salud aparecía gravemente deteriorada. Tras confirmarse su deceso días después, el régimen de Daniel Ortega ordenó su inhumación inmediata en Managua.

Esta decisión se tomó denegando categóricamente la petición explícita de la familia para trasladar el cuerpo a su territorio ancestral, impidiendo que el pueblo miskitu le rindiera los honores comunitarios y despedidas según sus costumbres locales.

Ola de represión y secuestro a los familiares

La indignación internacional aumentó notablemente cuando las fuerzas de seguridad estatales arrestaron a los allegados y comunitarios que viajaron a la capital para exigir la entrega del cadáver.

Transcurridos varios meses desde los arrestos ocurridos el 31 de mayo, no se ha proporcionado ninguna información oficial sobre la ubicación, condición física o estatus legal de los detenidos. Aunque organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron inicialmente la detención de siete personas, verificaciones posteriores han confirmado la aprehensión de al menos seis a ocho ciudadanos de la comunidad miskitu.

Organizaciones de alcance global, tales como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), han activado sus alertas ante estos hechos. Paralelamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer las causas del fallecimiento, señalando al régimen de Ortega por mantener a Rivera incomunicado y privado de atención médica externa supervisada.

El secretario general de la OEA Albert Ramdin reclamó medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que vinculó con un “desastre político” en Nicaragua. Según Confidencial.digital, el funcionario advirtió que la crisis dejó de ser un asunto exclusivamente interno y puede generar efectos sobre otros países del hemisferio.

La próxima instancia para definir esa respuesta será una reunión de cancilleres propuesta para el 17 de septiembre de 2026. La convocatoria recibió el respaldo de 29 países, mientras que Brasil votó en contra y México se abstuvo.

Ramdin pidió que los gobiernos de la región pasen de las declaraciones a decisiones capaces de aumentar la presión sobre Managua. Su planteo incluye sanciones, medidas diplomáticas, apoyo político en organismos internacionales y acciones para recuperar las libertades civiles y electorales.

El funcionario sostuvo que la crisis nicaragüense exige una respuesta colectiva porque puede provocar migración forzada, problemas de seguridad y un deterioro económico con impacto en los países vecinos. La OEA, según su posición, debe acompañar al pueblo de Nicaragua sin impulsar una intervención externa.

La reunión de cancilleres deberá definir acciones contra Managua

Ramdin afirmó que ningún presidente puede eliminar el derecho de la población a elegir a sus autoridades en comicios nacionales. “Es una declaración que debemos rechazar y condenar”, dijo el secretario general de la OEA a Confidencial.digital, en una entrevista con el programa Esta Semana.

La reunión del 17 de septiembre tendrá como objetivo discutir la situación de Nicaragua de manera conjunta. El secretario general espera que los Estados adopten medidas individuales y colectivas, en lugar de limitarse a aprobar nuevas resoluciones sin efectos prácticos.

Entre las alternativas mencionadas aparecen la presión económica, las restricciones relacionadas con la conectividad aérea y otras acciones coordinadas. Ramdin también planteó la necesidad de impulsar la liberación de presos políticos, incluidos opositores y periodistas.

La agenda que propuso abarca la recuperación del espacio cívico. En ese punto incluyó la libertad de expresión, el funcionamiento de las organizaciones civiles y la participación de los partidos políticos.

“No podemos seguir diciendo las mismas cosas sin actuar”, afirmó Ramdin. La frase resume su pedido de que los gobiernos utilicen las herramientas diplomáticas disponibles para aumentar el costo político de las decisiones adoptadas por el Gobierno nicaragüense.

La Secretaría General de la OEA no puede imponer por sí sola una respuesta formal. El funcionario explicó que la capacidad de actuar corresponde a los países miembros, que pueden acordar medidas comunes o aplicar decisiones unilaterales dentro de una estrategia coordinada.

La crisis nicaragüense mantiene efectos fuera del país

Ramdin sostuvo que Nicaragua continúa siendo un asunto hemisférico aunque ya no forme parte de la OEA. El país permanece dentro del sistema regional de derechos humanos, una condición que, según el secretario general, mantiene vigente la responsabilidad de los Estados frente a las denuncias de abusos.

El funcionario rechazó que señalar esas vulneraciones implique una intervención en los asuntos internos. La organización, explicó, no debe intervenir desde una perspectiva política, administrativa, militar o policial, pero sí puede reconocer que existe un problema que afecta los principios del sistema interamericano.

Ramdin comparó el deterioro institucional con las consecuencias que un desastre natural puede generar más allá de las fronteras. “Ahora tenemos lo que yo llamaría un desastre político en Nicaragua”, señaló.

La advertencia se relaciona con el posible aumento de los desplazamientos de población, los riesgos de seguridad y el agravamiento de las condiciones económicas. El secretario general consideró que esos efectos pueden alcanzar a otros países del hemisferio si la situación continúa deteriorándose.

La OEA plantea una salida pacífica con elecciones abiertas

La organización mantiene conversaciones con dirigentes de la oposición democrática nicaragüense que viven en Washington D. C. y en otros países. Ramdin aclaró que la OEA no debe legitimarlos, porque esa decisión corresponde a la población nicaragüense.

El secretario general sí defendió que esos sectores tengan condiciones para presentar sus propuestas y competir en libertad. Su planteo apunta a preservar un espacio político para una eventual salida negociada.

Ramdin insistió en que cualquier proceso debe ser pacífico y estar encabezado por los propios nicaragüenses. La OEA, dijo, está dispuesta a colaborar con una agenda de futuro y una hoja de ruta que conduzca a elecciones creíbles, abiertas a todos y con resultados justos.

Desde el inicio de la crisis, en 2018, la OEA aprobó al menos 16 resoluciones sobre Nicaragua. De acuerdo con la publicación, todas fueron ignoradas por el Régimen de Ortega y Murillo.

Ese antecedente condiciona la expectativa sobre la próxima reunión. Ramdin planteó que la cita de cancilleres debe servir para acordar medidas específicas, aumentar la presión internacional y abrir un proceso de diálogo con Managua.

El Niño ya empuja al sector agropecuario de Nicaragua hacia una crisis de empleo y deuda que productores del Pacífico y el Corredor Seco describen como sin salida a corto plazo. El gobierno evita declarar la emergencia, mientras sus vecinos centroamericanos activan sus máximos niveles de alerta.

El fenómeno llegó a Nicaragua en junio de 2026 y escaló con rapidez. El Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena) lo clasifica como El Niño fuerte, con posibilidad de intensificarse, tras una secuencia que arrancó en neutralidad, pasó por una La Niña débil y derivó en una categoría seca hacia agosto. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) había advertido que el episodio podría ser el más intenso jamás registrado.

Qué está pasando en los campos nicaragüenses

El impacto más inmediato no es la ausencia total de lluvia, sino su distribución irregular. Según Ofena, el fenómeno “modifica la distribución espacial y temporal de las precipitaciones”, lo que genera períodos secos prolongados, pérdida de humedad en el suelo y estrés agrícola grave en el Pacífico, el Corredor Seco y zonas del Centro-Norte.

El Corredor Seco concentra la mayor vulnerabilidad: una franja de 63 municipios que se extiende desde el Lago Cocibolca hasta la frontera con Honduras, con departamentos como León, Chinandega, Managua, Masaya y Granada, además de Carazo y Rivas, entre los más expuestos al déficit hídrico.

En comunidades de Nueva Segovia, al menos 15 días consecutivos sin lluvia dejaron cultivos de maíz y frijol prácticamente secos en julio, según Radio Segovia.

El maíz entró en fase de espiga sin la humedad necesaria para desarrollar mazorcas. El frijol perdió flores en plena floración.

Tres cultivos en el ojo de la crisis

El maní es el caso más documentado. Un productor, bajo anonimato, explicó la situación a La Prensa: “Tenemos grandes áreas de cultivo de maní que no han cargado todavía, les falta agua. Esperamos que de aquí a septiembre le caigan unas cuantas lluvias, pero no creo que sean tan copiosas”.

La caña de azúcar y los granos básicos, maíz y frijol, también acusan pérdidas en la siembra de primera, especialmente dentro del Corredor Seco. La ganadería, por su parte, enfrenta lo que Ofena describe como “una crisis pronunciada” en el hato, por la ausencia combinada de pastos y agua.

Desempleo y deuda: las consecuencias que ya se sienten

El deterioro productivo se traduce en recortes de personal. Otro productor consultado por La Prensa, también sin identificarse, describió la lógica de supervivencia de los ingenios y empresas maniceras: “Se está despidiendo a las personas, se está reduciendo el personal a lo máximo para que podamos ser sostenibles”.

A eso se suma la presión financiera. “Muchos tenemos créditos en la banca, y si los cultivos no se levantan, con qué vamos a pagar”, advirtió la misma fuente. La proyección que circula entre el sector es que el comercio podría deprimirse y los precios de los granos básicos subirían el próximo año por efecto de la escasez.

La postura oficial y la brecha con el sector privado

Marcio Baca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), reconoció el déficit de lluvias en el Pacífico y el Centro-Norte, pero insistió en que el impacto “no ha sido tan severo” y que las precipitaciones en otras zonas “han sido favorables”.

Afirmó que septiembre traerá un repunte: “Recordemos que hemos terminado un período canicular en agosto; en septiembre debemos de empezar a ver seguramente un repunte de lluvias más que el mes de agosto”.

El régimen de Daniel Ortega no emitió alertas preventivas ni anunció fondos de apoyo para los productores del Corredor Seco, según Nicaragua Investiga. Tampoco presentó un plan de contingencia para el sector campesino.

Lo que hacen los vecinos mientras Nicaragua espera

El contraste regional es directo. El 25 de agosto, Panamá declaró emergencia nacional para agilizar respuestas ante un fenómeno que ya mantiene 11 cuencas hidrográficas en estrés hídrico y que obligó al Canal de Panamá a reducir su tránsito diario de 36 a 32 barcos a partir de mediados de septiembre.

Ese mismo día, El Salvador activó la alerta roja máxima por sequía meteorológica y agrícola en todo su territorio. El país acumulaba 19 días secos consecutivos desde el 7 de agosto y registró 14 récords de temperatura durante ese mes.

La primera cosecha de granos básicos proyecta una pérdida del 20%, según la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.

Honduras, por su parte, declaró alerta roja el 19 de agosto en 75 municipios de Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca, con déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros en las zonas más afectadas.

Naciones Unidas activó en abril un mecanismo de acción anticipatoria de USD 4 millones para proteger hasta 65.000 personas en ese país.

El período que Ofena señala como decisivo

La ventana de septiembre a diciembre de 2026 es, según Ofena, “un período clave de vigilancia meteorológica, especialmente en la agricultura y ganadería”.

La proyección del observatorio apunta a que el déficit de lluvias continuará en el Pacífico, el noroccidente y el Corredor Seco, asociado al fortalecimiento del fenómeno.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que el Corredor Seco centroamericano alberga unos 10,5 millones de habitantes, de los cuales cerca del 60% vive en situación de pobreza y más de 2 millones dependen de la agricultura de subsistencia.

Durante el episodio de El Niño de 2015-2016, 3,5 millones de personas en la región quedaron en inseguridad alimentaria.

Gioconda Belli, la escritora nicaragüense que en 2023 perdió su nacionalidad por orden del régimen de Daniel Ortega, obtuvo este lunes el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, dotado con USD 150,000, según destacó este lunes la agencia EFE.

El reconocimiento llegó tres años después de que un tribunal de Managua la declarara “traidora a la patria” junto con más de 300 disidentes y le confiscara sus bienes y su pensión de jubilación.

La autora, nacida en Managua en 1948, vive exiliada en Madrid desde 2021. El fallo judicial nicaragüense también afectó al escritor Sergio Ramírez y a su hermano, Humberto Belli.

El fallo del jurado y la obra premiada

De acuerdo con EFE, el anuncio se produjo en el hotel Hyatt Regency de Guadalajara. Carmen Alemany, portavoz del jurado, describió a Belli como “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”.

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances distingue cada año la obra completa de un autor en español, portugués, francés, italiano o rumano, y lo entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde 1991.

En esta edición reconoció por primera vez a una escritora nicaragüense, con un jurado integrado por Alain Mabanckou, Sabina Longhitano y el ganador de la edición anterior, Amin Maalouf, entre otros.

El acta del jurado resaltó que la autora “ha revitalizado la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”. La distinción, señaló el documento, reconoce cómo su poesía logra “aunar la dimensión sensorial y la conciencia política” y hace converger “lo íntimo y lo colectivo, el erotismo y la historia”.

Alemany añadió que Belli “ha extendido estas mismas preocupaciones a la novela, las memorias y el ensayo en una obra atravesada por las grandes convulsiones políticas de México y Nicaragua”. La decisión, precisó, fue unánime.

Una vida marcada por el exilio y la pérdida de la nacionalidad

La escritora ya conocía el exilio antes de 2021. Entre 1975 y 1979 tuvo que abandonar Nicaragua por su oposición a la dictadura de Anastasio Somoza y vivió en México y Costa Rica.

Regresó durante la revolución sandinista, pero rompió con el gobierno cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron lo que ella misma calificó como una deriva autoritaria. Esa ruptura le costó un segundo exilio, esta vez en España.

En febrero de 2023, un tribunal de apelaciones de Managua la despojó de la nacionalidad nicaragüense y ordenó la confiscación de sus propiedades. Belli respondió entonces en declaraciones a Público: “La nacionalidad no me la puede quitar nadie. No lo acepto”.

El gobierno de España le otorgó la ciudadanía española en enero de 2024. Chile hizo lo propio en agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó una ley que le concedió la nacionalidad por gracia tras un ofrecimiento del presidente Gabriel Boric.

Antecedentes del premio y ceremonia de entrega

Entre sus libros figuran La mujer habitada (1988), El país de las mujeres (2010) y Las fiebres de la memoria (2018). Su trayectoria incluye el Premio Casa de las Américas de 1978, el Hermann Kesten del PEN Alemán en 2018 y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2023.

La ceremonia de entrega del Premio FIL se realizará el 28 de noviembre, durante la inauguración de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El evento tendrá a Italia como país invitado de honor y se extenderá hasta el 6 de diciembre.

Desde su creación en 1991, cuando lo recibió el poeta chileno Nicanor Parra, el galardón reconoció a figuras como la mexicana Margo Glantz, el francés Emmanuel Carrère, el italiano Claudio Magris, el español Enrique Vila-Matas y el francolibanés Amin Maalouf.

Aunque la reforma constitucional que busca “prohibir” la aplicación de leyes extranjeras en Nicaragua ya fue aprobada, el país no queda exento de cumplir con los compromisos internacionales que asumió en el pasado. Los tratados de derechos humanos, medioambiente, comercio y trabajo continúan vigentes, sin que la enmienda logre anularlos ni modificar sus efectos prácticos.

Especialistas en Derecho sostienen que la pertenencia a estos tratados depende de los procedimientos previstos en cada uno para su denuncia, no de lo que establezca la Constitución. Uriel Pineda explicó que la obligación internacional persiste desde el momento en que el Estado suscribió los acuerdos, y que la salida solo es posible siguiendo las reglas de cada instrumento.

Según el análisis de expertos citados por Confidencial, la reforma promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no modifica las obligaciones internacionales ya asumidas por Nicaragua. Los compromisos derivados de tratados y convenciones continúan vigentes, incluso en aquellos ámbitos donde el Estado busca restringir el alcance de resoluciones internacionales.

Los tratados internacionales mantienen su fuerza jurídica

En materia de derechos humanos, Nicaragua mantiene obligaciones ante los principales instrumentos internacionales suscritos en el marco de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Aunque en los últimos años el país se retiró de la Organización de Estados Americanos y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estos retiros no extinguen automáticamente las obligaciones jurídicas existentes.

La publicación señala que la denuncia de la Carta de la OEA, realizada en 2021, dejó a Nicaragua fuera del organismo en 2023. Sin embargo, el país sigue vinculado a otros tratados interamericanos que no han sido denunciados formalmente. El abogado Gonzalo Carrión destacó que Nicaragua “mantiene sus obligaciones en materia de derechos humanos” y que “no ha iniciado ningún proceso de denuncia de la Convención Americana”, por lo que esas obligaciones permanecen y aún está sujeta a fiscalización internacional.

Por su parte, Uriel Pineda indicó que la posición oficial ha sido “no colaborar” con instancias internacionales, aunque “sus obligaciones internacionales permanecen”. Según detalló Confidencial.digital, Carrión afirmó que el Estado no respeta todos los instrumentos que ha firmado y los utiliza “a su conveniencia”, desacreditando resoluciones e informes del Grupo de Expertos de la ONU, pero manteniendo reclamos sobre sentencias que le son favorables.

Pineda evaluó que la reforma constitucional busca contener en el plano interno los efectos políticos de resoluciones internacionales, aunque carece de un efecto útil sobre la vigencia de los tratados. En sus palabras, “no es oponible a los hechos que quieren limitar, ya sea que los requiera la justicia argentina, que los condene la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia”.

El alcance de la reforma y su efecto sobre otros compromisos internacionales

La vinculación internacional de Nicaragua abarca, además de derechos humanos, temas ambientales, comerciales y laborales. El país ha suscrito acuerdos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y la Convención Ramsar sobre humedales, entre otros. Ninguno de estos compromisos se ve afectado por la reforma constitucional.

En el ámbito comercial, Nicaragua ratificó el acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, el acuerdo sobre el Fondo Monetario Internacional, así como tratados de libre comercio como el DR-CAFTA, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.

En materia laboral, el país ha ratificado 62 convenios ante la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales 46 se encuentran en vigor. Entre ellos destacan el Convenio N.º 29 sobre trabajo forzoso, el N.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el N.º 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación. Ninguno de estos convenios ha sido ratificado en los últimos 12 meses.

Según Pineda, la enmienda constitucional se puede interpretar como “más algo filosófico y no práctico”, dirigida al imaginario nacional para rechazar resoluciones internacionales, pero sin incidencia real en la vigencia de los compromisos internacionales.

De acuerdo con los especialistas citados, la reforma no altera el escenario internacional del país. Los tratados suscritos siguen representando obligaciones para el Estado, y su desvinculación solo podría darse mediante los procedimientos legales específicos de cada acuerdo. El debate se mantiene sobre el alcance real de la reforma respecto a los compromisos globales de Nicaragua.

Más de un cuarto de siglo de toda forma de corrupción, narcoterrorismo, violación judicializada de derechos humanos, masacres, torturas, asesinatos, persecución de inocentes por los crímenes de sus acusadores, migraciones forzadas, tráfico de personas, abuso de menores, terrorismo de Estado, traición a la Patria y la comisión de todos los delitos posibles, son notas características del “grupo delictivo organizado” llamado socialismo del siglo 21 o castrochavismo. Terminar la impunidad de los detentadores del poder en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y sus satélites es imprescindible para libertad y la seguridad de los pueblos de las Américas.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional o “Convención de Palermo” define en su artículo 2 inciso a que por “grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Esta definición comprende exactamente al grupo organizado por Hugo Chávez, Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, que desarrollaron y ampliaron públicamente a partir de 1999, hasta llegar a controlar prácticamente toda Latinoamérica. Instalaron dictaduras como expansión del modelo castrista de Cuba en Venezuela con Chavez y Maduro, Nicaragua con Ortega/Murillo, Bolivia con Morales/Arce y Ecuador con Correa. En el resto de la región con para dictatoriales como los Kirchner en Argentina, Toledo en Perú, Lugo en Paraguay, Boric en Chile, Lula y Rousseff en Brasil, López Obrador y Sheinbaum en México, Petro en Colombia y más.

Suplantaron la política por la delincuencia organizada trasnacional y le dieron rótulo de socialismo del siglo 21, lo que el Departamento de Estado ha denominado recientemente “comunismo del siglo 21”, que la prensa reconoce como izquierda latinoamericana.

En más de dos décadas, cambiaron constituciones políticas, leyes, códigos, procedimientos, instituciones e instalaron en la función pública, judicial e institucional a operadores o cómplices en la perpetración y encubrimiento de todo tipo de delitos. Lideraron un cambio cultural en las sociedades nacionales y latinoamericana, promoviendo la suplantación de la libertad por el sometimiento, de los méritos por el facilismo, del respeto a los principios y valores por la tolerancia al delito o la participación en él como sistema de sobrevivencia y/o de éxito económico.

Un apretado resumen de la prueba del grupo delictivo organizado detentando el poder en Latinoamérica se verifica en: la situación de narcoestados de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en desmontaje avanzado; la existencia de narcoestados como territorios, estados o provincias en México, Argentina, Colombia, Brasil y más; el sistema criminal que se llamó “Lava Jato” operado con fondos federales de Brasil con manejo del eje La Habana-Caracas-Brasilia, hasta ahora impune o “lavado” en la mayoría de los países afectados; la riqueza injustificable y públicamente expuesta de los detentadores del poder y los entornos de los socialistas del siglo 21; los presos y exiliados políticos víctimas de la violación judicial de derechos humanos; los asesinados como el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador, el Tte. Ronald Ojeda en Chile, y otros asesinatos selectivos, las centenas de muertos en masacres represivas, las decenas de muertos en prisiones en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua; los expropiados, usurpados y privados de sus bienes, empresas y recursos legítimos….

Con el cambio geopolítico reciente hay avances muy importantes como la captura de Nicolas Maduro, el creciente ataque al narcoterrorismo, la presión para que gobiernos para dictatoriales extraditen criminales, la incremental coordinación para el desmontaje de los narcoestados y sus operadores de crimen común, el retorno de la cooperación internacional contra el crimen y la identificación pública del “grupo delictivo organizado”.

Sin embargo hay aflicción pública, una mezcla de esperanza y ansiedad porque está intacta la cabeza o jefatura de este “grupo delictivo organizado” que está en Cuba, que opera libremente en Nicaragua, que mantiene su estructura en Bolivia y resiste en Venezuela. Los jefes del grupo delictivo organizado llamado socialismo del siglo 21, castrochavismo, comunismo del siglo 21 o izquierda latinoamericana son impunes y son los jefes de las dictaduras de Cuba y Nicaragua y los miembros de su sistema en Bolivia y Venezuela.

Con impunidad no hay democracia. Mientras no termine la impunidad de los delincuentes que detentan el poder en Cuba y Nicaragua, que mantienen estructuras de poder en Bolivia y Venezuela, que se han habilitado como actores políticos en Brasil, Mexico, Colombia y más, no habrá ni libertad ni seguridad en ningún país de las Américas.

* Abogado y Politólogo. Director el Interamerican Institute for Demodracy

www.carlossanchezberzain.com

Al menos 23 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua permanecen en condición de desaparición forzada, según denunció el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La organización vinculó esa práctica con un patrón represivo sostenido desde 2018 que, según afirmó, ya dejó cientos de muertos y decenas de presos políticos.

La denuncia situó ese dato dentro de un cuadro más amplio: desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales, la represión estatal dejó al menos 355 nicaragüenses asesinados a balazos por grupos paraestatales, policías y soldados del Ejército, indicó la organización citada por EFE. En ese mismo período, sostuvo el organismo, las detenciones arbitrarias, la incomunicación y el ocultamiento de personas detenidas pasaron a formar parte de la actuación estatal.

El señalamiento apuntó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una declaración, el Colectivo afirmó que la desaparición forzada sigue siendo usada como “un mecanismo de persecución, castigo y control contra quienes son considerados opositores, críticos o percibidos como tales”.

El registro de presos políticos

El organismo, integrado principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio y con sede en San José, Costa Rica, aseguró que las autoridades niegan información sobre los detenidos, impiden el contacto con familiares y abogados, obstaculizan el acceso a medicamentos y a atención médica independiente, y mantienen en secreto las condiciones de detención.

Actualmente, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registra al menos 60 personas como presas políticas. De ese total, 23 se encuentran en condición de desaparición forzada, según la información difundida por la ONG.

La exigencia central del Colectivo es que el Estado informe de inmediato dónde están, en qué condiciones se encuentran y permita contacto regular y presencial con sus familiares y representantes legales. Entre los casos más recientes aparece Ricardo José Mendoza Irigoyen, un nicaragüense de 64 años detenido de forma arbitraria el 23 de enero.

Según la declaración, “desde esa noche, su familia no ha recibido información y sus gestiones ante dependencias policiales, judiciales y penitenciarias no han permitido conocer dónde se encuentra”.

También continúan en desaparición forzada el ex coronel sandinista Carlos Brenes y su esposa Salvadora Martínez, arrestados en agosto de 2025, así como el militar en retiro Víctor Boitano Coleman, mayores de 60 años.

Muertes bajo custodia estatal

El Colectivo sostuvo que el caso de Brooklyn Rivera Bryan, exdiputado indígena miskito nicaragüense, muestra la consecuencia extrema de esa práctica. Rivera murió bajo custodia del Estado de Nicaragua el 30 de mayo pasado, después de haber permanecido en condición de desaparición forzada.

La organización afirmó que el dirigente indígena estuvo oculto durante más de 970 días y que fue mostrado públicamente cuando ya se encontraba en estado crítico. “Fue mostrado públicamente cuando se encontraba ya en estado crítico y falleció bajo custodia estatal pocos días después. Su muerte evidencia que la desaparición prolongada impide conocer oportunamente el deterioro de la salud, solicitar atención médica y activar mecanismos de protección que pueden salvar vidas”, señaló el organismo, según EFE.

En los últimos siete años, un total de nueve opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua murieron bajo custodia del Estado. Sobre esa base, la organización reclamó la liberación de todas las personas presas políticas, la presentación de pruebas de vida verificables de quienes siguen detenidos y el cese del ocultamiento de su paradero.

El obispo nicaragüense exiliado Silvio Báez denunció este domingo que la dictadura de Nicaragua utiliza el nombre de Jesús para afianzar su permanencia en el poder, en medio de nuevas reformas constitucionales que buscan marginar a la oposición. Báez, crítico abierto del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, advirtió sobre la manipulación religiosa durante su homilía celebrada en una iglesia de Estados Unidos, según informó la agencia de noticias EFE.

Durante su intervención, Báez acusó a las “dictaduras desgastadas” de escudarse en la religión para justificar su dominio. El obispo, que reside fuera de Nicaragua desde 2019 por razones de seguridad, sostuvo que “las dictaduras desgastadas que se escudan hipócritamente en la religión profanan el nombre de Jesús cuando lo invocan desde el poder y le atribuyen a Él el dominio que ejercen sobre el pueblo, pero jamás hablan de la cruz”. La declaración fue recogida por Agencia EFE y se produce en un contexto de creciente represión política en el país centroamericano.

El religioso, a quien el fallecido papa Francisco solicitó abandonar Nicaragua, señaló que los autócratas “se apropian del nombre de Jesús para legitimar su autoritarismo”, según citó la Agencia EFE. La crítica de Báez coincide con el anuncio de nuevas reformas constitucionales impulsadas por el sandinismo, que buscan endurecer el control político en el país.

La reforma que busca excluir a opositores

El pasado sábado, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, informó que el Parlamento votará el 21 de septiembre una reforma para excluir de futuras elecciones a los opositores a quienes la dictadura ha retirado la nacionalidad, bajo la acusación de ser “traidores a la patria”. De acuerdo con EFE, la iniciativa forma parte de un paquete de cambios legislativos promovidos por Ortega, quien controla Nicaragua desde 2007.

La reforma deberá ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la que comenzará en enero de 2027, para entrar en vigor. Según el calendario modificado por recientes enmiendas constitucionales, las próximas elecciones generales, inicialmente previstas para noviembre de 2026, se realizarían un año más tarde, en noviembre de 2027.

La frase de Ortega sobre las elecciones

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista el pasado 19 de julio, Ortega declaró en un acto público: “Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, de acuerdo con lo reportado por EFE. Esta afirmación generó preocupación entre organizaciones internacionales y opositores sobre la continuidad democrática en el país.

El contexto de la crisis en Nicaragua

Las reformas constitucionales y las recientes declaraciones oficiales profundizan la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde 2018. La situación de los opositores desnacionalizados se agrava con la nueva legislación, que les impide participar en los próximos comicios y limita sus derechos civiles. Según la Agencia EFE, la medida afecta a decenas de dirigentes, periodistas, activistas y religiosos críticos con el régimen, quienes han buscado refugio en distintos países tras ser despojados de su ciudadanía.

La Asamblea Nacional de la dictadura en Nicaragua conmemoró el 59° aniversario de la llamada “Gesta heroica de Pancasán”, una derrota militar sufrida por guerrilleros sandinistas en 1967 ante la Guardia Nacional somocista, convertida luego en hito fundacional de la narrativa del régimen sandinista.

El 27 de agosto de 1967, un grupo de combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cayó en una emboscada en las montañas de Pancasán, en el departamento de Matagalpa, al norte del país. En ese enfrentamiento murió Silvio Mayorga Delgado, uno de los fundadores del FSLN, que se habían alzado en armas contra la dictadura somocista. De acuerdo con EFE, los hechos de Pancasán se consideran un hito fundacional para el sandinismo, corriente política que tomó su nombre de Augusto César Sandino, el líder nacionalista que combatió la ocupación militar estadounidense entre 1927 y 1933.

El acto conmemorativo contó con la participación de legisladores y simpatizantes del régimen, quienes ofrecieron flores y realizaron actividades culturales. El diputado sandinista Pedro Haslam expresó durante la sesión plenaria: “Saludamos a los colaboradores históricos de la guerrilla de Pancasán, porque sin ellos y sin ellas no hubiese sido posible que hubiéramos llegado al triunfo de la revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979”, según recogió EFE.

Haslam subrayó que la acción de 1967 “dio a conocer que la lucha emprendida por nuestro general Sandino estaba viva y que, con el FSLN a la cabeza del pueblo, estaba dispuesto a alcanzar la victoria popular frente a la nefasta dictadura militar somocista”.

Según el régimen nicaragüense, la generación de jóvenes que cayó en Pancasán “sembró la semilla para la liberación” del país, que se materializó el 19 de julio de 1979. Ese día, tras la caída del régimen somocista, se estableció un gobierno de transición liderado por el Frente Sandinista a través de una Junta de Reconstrucción Nacional, en la que Ortega ejerció como coordinador, según detalló EFE.

El FSLN surgió en 1961 de la mano de Silvio Mayorga Delgado, Carlos Fonseca Amador (jefe de la revolución sandinista), Tomás Borge, Faustino Ruiz y Santos López, quienes perseguían el derrocamiento de la dinastía Somoza que había controlado Nicaragua desde 1937. Todos los fundadores han fallecido, pero la formación política mantiene hasta hoy el control en Nicaragua bajo la dictadura de Ortega, quien cumple 19 años en el poder y enfrenta críticas internacionales por el cierre de los espacios de disidencia y la concentración de poder.

Además ocurre a las puertas de una reforma a la Constitución de Nicaragua en la que la familia Ortega-Murillo quiere impedir la participación de la oposición y perpetuarse en la presidencia.

La conmemoración oficialista de este año

Durante la conmemoración de este año, los simpatizantes del actual régimen participaron en actividades festivas y culturales. La dictadura insiste en que los caídos en Pancasán representan “el origen de la lucha revolucionaria” y sostienen que su sacrificio permitió la posterior instauración de un sistema político distinto al que rigió bajo la familia Somoza.

La efeméride de Pancasán cobra relevancia en la narrativa oficialista, que la presenta como un antecedente clave para el triunfo revolucionario de 1979, según ha consignado EFE.

El senador español Juan José Matarí anunció que la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España debatirá a finales de septiembre una iniciativa para condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, exigir la liberación de los presos políticos y reclamar acciones diplomáticas que empujen una transición democrática en Nicaragua. La propuesta parte de la premisa de que, a juicio del parlamentario, el actual poder nicaragüense no propiciará por sí mismo ningún cambio político.

Matarí, presidente de esa comisión, dijo en una entrevista concedida al periodista Juan Cruz Castiñeiras que el texto buscará condenar “la violencia, la represión”, e instar al Gobierno español a activar “todos los mecanismos necesarios” para favorecer “la recuperación de la libertad y la democracia en Nicaragua”. Añadió que “es importante que todas las instituciones posibles se mantenga esa presión política y diplomática contra el régimen”.

La moción también incluirá el respaldo del Parlamento español a resoluciones y pronunciamientos de Naciones Unidas, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua. Según explicó el senador, el objetivo es defender la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en el país centroamericano.

Entre los puntos del texto figurará además la exigencia de “la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos” y el cese de “la represión, de las detenciones ilegales y de las detenciones arbitrarias”. La iniciativa, según sostuvo, también pedirá al Ejecutivo español que impulse en el marco de la Unión Europea y otros foros internacionales medidas diplomáticas orientadas a sancionar violaciones de derechos humanos y promover la restauración democrática.

La iniciativa española busca mayoría en la comisión del Senado

El parlamentario señaló que espera reunir una mayoría cuando la propuesta se vote en septiembre, aunque admitió dudas sobre la posición que puedan adoptar fuerzas que respaldan al actual Gobierno español. Mencionó en ese punto al Partido Socialista Obrero Español y a Podemos como formaciones cuyo voto considera incierto.

“Es una incógnita lo que voten a esa iniciativa partidos que apoyan en este momento al Gobierno”, afirmó. Aun así, sostuvo que pedirá respaldo a todos los grupos porque, en su criterio, “en la lucha a favor de la democracia, en contra de las dictaduras, no puede haber colores políticos”.

Durante la entrevista, Matarí vinculó la ofensiva parlamentaria con las reformas institucionales promovidas por el régimen nicaragüense. A su juicio, esas decisiones muestran una voluntad declarada de Ortega y Murillo de perpetuarse en el poder y de afianzar esa continuidad mediante cambios en la arquitectura institucional.

El senador describió la situación de Nicaragua como la de “una dictadura muy cruel, represiva” que, dijo, ha elevado su nivel de coerción en las últimas fechas. También afirmó que ese proceso ya “no deja lugar a ninguna duda de que no habrá más elecciones en Nicaragua”.

Matarí cuestionó a Brasil y México y pidió sanciones más allá de las condenas

Matarí también criticó la posición de gobiernos latinoamericanos ante el caso nicaragüense, en especial la de Brasil y México. Al referirse a una condena debatida en el ámbito de la OEA, indicó que los embajadores censuraron al régimen salvo Brasil, que votó en contra, y México, que se abstuvo.

Calificó esa conducta como “lamentable” y sostuvo que existe una doble vara de sectores de izquierda frente a gobiernos autoritarios. “Si las dictaduras, si los regímenes autoritarios son de izquierda, se valoran de una manera; si son de derecha, se valoran de otra. Eso no puede ser”, declaró.

El presidente de la comisión del Senado español afirmó además que la izquierda democrática debería condenar las violaciones de derechos humanos sin atender a la orientación ideológica del gobierno responsable. En esa línea, pidió una respuesta política homogénea frente a Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Sobre Europa, sostuvo que la posición crítica ya existe, pero consideró insuficiente el nivel actual de respuesta. Dijo que la Unión Europea condena la represión del régimen nicaragüense y reclama la liberación de los presos políticos, aunque estimó que el momento actual exige “dar un paso más”.

Ese paso, detalló, debería traducirse en medidas “diplomáticas, sancionadoras” capaces de producir resultados favorables para la población nicaragüense. “Las declaraciones son muy importantes, pero las declaraciones a veces no son suficientes”, afirmó.

Matarí descartó además que Ortega pueda abrir una transición política al final de su vida. “Él no piensa ninguna transición. Es lo que piensa junto con la señora Murillo: perpetuarse y perpetuar un régimen que pueda ser hereditario”, sostuvo.

Desde esa premisa, defendió que la presión debe venir de fuera: de la OEA, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y de España por su influencia en la comunidad iberoamericana. También aseguró que las recientes reformas del régimen refuerzan la necesidad de aumentar esa presión internacional.

“El régimen solamente se sostiene con violencia, con intimidación, con represión”, afirmó Matarí. En el mismo tramo de la entrevista situó la crisis de Nicaragua dentro de un escenario regional que incluye a Venezuela y Cuba, y expresó su deseo de que una eventual salida sea “un final incruento, un final rápido y que sea un final efectivo” para recuperar la democracia en Nicaragua.

La reforma que busca excluir de los procesos electorales a los opositores que han sido desnacionalizados y que son señalados oficialmente como “traidores a la patria” será aprobada el 21 de septiembre en primera legislatura, según el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Durante una sesión especial en el norte del país, Porras explicó que las consultas parlamentarias sobre las enmiendas finalizarán el primero de septiembre. La propuesta, impulsada por el régimen de Daniel Ortega, requiere ser ratificada en dos legislaturas distintas: la actual, que se extiende hasta el 15 de diciembre de 2027, y una siguiente, para que pueda entrar en vigor de acuerdo con el procedimiento constitucional. Esta información fue confirmada por EFE.

El Parlamento, controlado por una mayoría oficialista, avanzó con el debate de la reforma tras declaraciones realizadas por Ortega el 19 de julio. En ese acto público, el mandatario afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, lo que motivó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar de urgencia a los cancilleres de la región para analizar la situación del país.

Reacciones internacionales y contexto político

Diversos países y organismos internacionales han manifestado su preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega y el avance de la reforma. Entre ellos se encuentran Costa Rica, Estados Unidos, Panamá (que retiró a su embajador), Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, la Unión Europea, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Según reportes de EFE, el tema ha generado gran atención en el ámbito internacional.

La iniciativa fue impulsada luego de que Ortega, durante la conmemoración del aniversario de la revolución sandinista en Managua, declarara: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas palabras intensificaron el debate sobre el rumbo del proceso democrático nicaragüense.

Implicaciones para el cronograma electoral

Originalmente, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, reformas constitucionales previas ampliaron el periodo presidencial, trasladando la fecha de los comicios a noviembre de 2027.

La reforma tiene como objetivo impedir que quienes han perdido la nacionalidad nicaragüense por decisión oficial participen en futuras elecciones. El oficialismo sostiene que la iniciativa busca salvaguardar la soberanía nacional, mientras que críticos y observadores advierten que podría limitar la competencia política y reforzar el control del poder por parte del régimen.

En este escenario, la pregunta sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua está ligada a la ratificación de la reforma en ambas legislaturas. Si el proceso se completa, la exclusión de los opositores desnacionalizados quedaría formalmente establecida en la Constitución.

Consolidación del poder y figuras principales

Desde 2007, Daniel Ortega gobierna Nicaragua. A partir de 2017, lo hace junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta tras una reforma constitucional en 2025. La creación de ese puesto fue cuestionada internacionalmente, especialmente por Estados Unidos, que puso en duda la legitimidad de Murillo al asumir el cargo sin pasar por elecciones.

El avance de la reforma y las reacciones que genera en la comunidad internacional continúan en seguimiento. Las decisiones de las próximas semanas serán determinantes para el futuro político de Nicaragua y para el desarrollo del sistema democrático en el país.

Las familias de presos políticos en Nicaragua atraviesan una situación compleja en la que se han reportado cobros de entre USD 1,000 y USD 15,000 a cambio de información sobre el paradero o el estado de sus allegados detenidos. Según testimonios recogidos por Confidencial.digital y el Colectivo Nicaragua Nunca Más, quienes se comunican con las familias suelen presentarse como abogados, funcionarios penitenciarios o personas vinculadas al Gobierno, garantizando supuestas pruebas de vida a quienes acceden a pagar.

A julio de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que, de los 60 presos políticos verificados, 23 estaban en condición de desaparición forzada. En ese grupo, 18 habían sido identificados y cinco permanecían anónimos por el temor de sus familiares a posibles represalias. El ocultamiento de detenidos, que antes se limitaba a periodos cortos tras protestas o detenciones, pasó a convertirse en una práctica sin plazo definido, según organismos de derechos humanos en el exilio.

Contexto de las desapariciones y cambios legales

De acuerdo con el análisis citado, tras la entrada en vigencia de la Ley 1060 en 2021, el plazo de detención preventiva sin acusación formal se amplió de 48 horas a hasta 90 días. No obstante, informes de familiares y defensores sostienen que el aislamiento de los presos políticos en ocasiones se extiende más allá de ese límite. En años recientes, la falta de información sobre el paradero y la salud de los detenidos se ha vuelto común, incluso después de que algunos fueron presentados públicamente tras largos periodos de incomunicación.

El abogado Salvador Marenco describió que las familias visitan diferentes instalaciones —como el centro penitenciario El Chipote, el Distrito 3 de Policía, morgues y hospitales— sin recibir información oficial. En algunos casos, quienes buscan datos han denunciado amenazas directas, advirtiéndoles que podrían ser detenidos si insisten.

Pruebas de vida y denuncias de extorsión

El reporte indica que, aunque muchas familias reconocen la posibilidad de estar frente a un esquema de extorsión, algunas deciden endeudarse o vender bienes con la esperanza de obtener noticias de sus familiares. Según Confidencial.digital, desde 2022 el régimen utiliza las pruebas de vida como recurso de presión psicológica y, en opinión de Marenco, la persistencia y organización de estas prácticas podría configurar delitos graves en el ámbito internacional.

Entre los casos recientes, se menciona al exasesor presidencial Bayardo Arce, exhibido en marzo de 2026 tras meses de desaparición, y a Angélica Chavarría, cuya situación judicial sigue sin aclararse pese a la difusión de un video en mayo de 2026. El líder indígena Brooklyn Rivera estuvo desaparecido durante 971 días antes de que se publicaran imágenes suyas en un hospital, donde posteriormente falleció bajo custodia estatal. Según relató su hija, los restos no han sido entregados a la familia.

Impacto en el entorno y limitaciones legales

El reporte señala que, antes de la excarcelación de 222 presos políticos en febrero de 2023, familiares ya habían denunciado cobros por información o por la entrega de paquetería, sin certeza de la ubicación del detenido. Marenco manifestó que, en general, lo que se ofrece es información sobre el paradero, sin posibilidad de contacto directo ni confirmación de la situación vital del preso.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más identificó entre 2018 y 2019 ocho centros clandestinos de detención, sobre la base de testimonios de sobrevivientes, aunque actualmente no existen datos que confirmen su actividad. En 2023, un grupo de expertos en derechos humanos constató que el acceso a la defensa y a recursos judiciales, como el habeas corpus, se ha visto obstaculizado. La reforma constitucional “Chamuca” en 2025 consolidó la coordinación directa del Poder Judicial con la copresidencia y amplió la persecución a familiares que intentan recurrir a la vía legal.

La cancelación de licencias a más de dos mil abogados ha reducido las posibilidades de defensa independiente, según Marenco. “No existen abogados que te puedan acompañar, porque han cerrado y criminalizado a los profesionales del derecho”, afirmó.

En menos de un año, dos presos políticos desaparecidos fueron entregados sin vida a sus familias: Mauricio Alonso Petri, tras 39 días en esa condición, y Carlos Cárdenas Zepeda después de 15 días. Las familias de los detenidos continúan demandando información y garantías sobre la seguridad y el paradero de sus allegados, en un contexto donde la extorsión y el ocultamiento persisten como parte de las dificultades enfrentadas.

En Nicaragua investigan el hallazgo de los cuerpos sin vida de Yeymi S. y Franklin L., quienes fueron encontrados este sábado dentro de una camioneta en el municipio de Nagarote. Fuentes relacionadas con la investigación informaron al medio oficialista Primerísima Nicaragua que los primeros indicios apuntan a que Franklin habría disparado contra Yeymi antes de quitarse la vida.

Según los datos recabados por el citado medio, Yeymi presentaba heridas de bala en el tórax y en el cráneo, mientras que Franklin tenía un disparo en el lado derecho de la cabeza. Las autoridades encontraron una pistola dentro del automóvil, que ahora forma parte de las evidencias bajo análisis.

Según la versiones preliminares, en el automóvil de color blanco donde hallaron sin vida a la pareja, no se detectaron ningún indicios de violencia ni de robo.

Primeras hipótesis

A su vez, el reporte inicial señala que la trayectoria de los disparos contra Yeymi sugiere que fueron ejecutados desde el área correspondiente al conductor del vehículo, donde se encontraba Franklin. Esta información refuerza la hipótesis principal que manejan los investigadores en torno a la mecánica de los hechos.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) en Managua para la realización de las autopsias. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional no había emitido ningún comunicado oficial sobre el caso, limitándose la información disponible al informe preliminar brindado por medios oficialistas.

Las autoridades mantienen bajo resguardo tanto el vehículo como el arma localizada en la escena, mientras los especialistas forenses trabajan en el análisis balístico y toxicológico. La ausencia de un pronunciamiento formal por parte de la Policía Nacional añade incertidumbre a la investigación, aunque fuentes vinculadas al caso insisten en que los primeros hallazgos refuerzan la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio.

Por otro lado, los resultados de las autopsias que realiza el IML podrían aclarar aspectos fundamentales para la investigación, como la cronología exacta de los disparos y la posible presencia de sustancias en los organismos de las víctimas. Mientras tanto, la cobertura mediática se basa en el reporte preliminar difundido a través de los medios oficialistas, ante la falta de una versión oficial por parte de la Policía Nacional.

El caso continúa en investigación y se aguarda un pronunciamiento de las autoridades, que deberán confirmar o descartar las hipótesis iniciales surgidas de los primeros análisis forenses y balístico

Por otro lado, el padre de Franklin, Segundo Rufino Lampin Contreras, contó que su hijo era una persona tranquila, sin problemas con nadie, y que no tenía enemigos. Según relató al medio oficialista TN8, Franklin salió de su casa a las 6:30 a.m. (hora local) para realizar tareas laborales y no volvieron a tener noticias suyas hasta que, más tarde, un hombre los llamó para informarles lo sucedido.

“Él no frecuentaba caminos ni tenía conflictos. Me avisaron que estaba aquí, fallecido junto a la joven. No era agresivo ni tomaba”, afirmó el padre del joven ante el citado medio.

Lo sucedido ha generado preocupación entre pobladores aledaños, debido a las características del suceso.

La enfermera se ajustó los guantes mientras el reloj marcaba las 6:00 de la mañana. Afuera, Matagalpa despertaba. Carolina Zeledón, a sus 30 años, ya había recorrido los pasillos de la Clínica Santa Fe y dejado instrucciones para el turno siguiente. Antes de volver a casa con su hijo, quedaba una rutina más: los entrenamientos de boxeo que, desde hace más de una década, definían su vida.

En algún punto, el deporte dejó de ser solo pasión. “Mi objetivo es lograr un título mundial para Nicaragua y principalmente para mi bello departamento de Matagalpa”, diría Zeledón a Notimatv de Matagalpa, consciente de que la maternidad, el empleo y el ring podían convivir. Muchos le habían dicho que era tarde para intentarlo a esa edad, pero la púgil decidió ignorar los pronósticos.

Un nocaut de 26 segundos cambió el rumbo de su carrera. El 29 de mayo, la cartelera Territorio de Combates la esperaba con la guatemalteca Diana Alvarado Rodríguez como rival. Bastó menos de medio minuto del primer asalto para que Zeledón celebrara un nocaut técnico y elevara su marca profesional a 2-0, ambos triunfos por la vía rápida. “Es una carrera que he venido haciendo desde hace muchos años atrás”, resumió la boxeadora.

El eco de esa victoria trascendió el ámbito local. Apenas dos meses después, el 24 de julio, la nicaragüense volvió a subir al cuadrilátero para enfrentar a la también guatemalteca Dennis Rojas. El resultado: tercera victoria consecutiva, esta vez por decisión mayoritaria en cuatro asaltos. Con ese triunfo, Zeledón sostuvo el invicto y sumó confianza para su meta mundialista.

Los registros muestran que mantiene un récord de 3-0 como profesional, con dos de esos éxitos concretados antes del límite.

De los primeros títulos a la consolidación profesional

La historia de “La Barbie” comenzó mucho antes de su salto al profesionalismo. En 2013, un perfil de la entonces AIBA la reconocía como campeona nacional femenina de Nicaragua en la categoría de 48 kilogramos. Al año siguiente, ganó el torneo nacional de selección. El boxeo, para Zeledón, era disciplina desde la adolescencia.

En 2025, según ella misma relató, fue campeona nacional y llevó el primer campeonato femenino a su departamento natal. Esa secuencia de éxitos anticipaba el paso a la rentabilidad del boxeo, que llegó en febrero de 2026 en Matagalpa. En ese debut, se impuso por nocaut en el segundo asalto a la guatemalteca Yuleisi López —también identificada como Dorián González en otros registros— en una pelea pactada en 105 libras (47,6 kilogramos).

Una vida entre la salud, el deporte y la docencia

Si algo distingue a Zeledón es la combinación de escenarios. Fuera del ring, la nicaragüense se graduó como licenciada en Enfermería Materno Infantil en 2020 por la UNAN-Managua. Su desempeño profesional se plasma en el trabajo diario en la Clínica Santa Fe y en la coautoría de una investigación universitaria sobre hipertensión arterial en Matagalpa.

En el hogar, la maternidad ocupa un espacio fundamental. Zeledón alterna turnos en salud, los entrenamientos y la crianza, armando una rutina que desafía horarios y prejuicios. Según 100% Noticias, ese equilibrio singular fue el eje de su charla durante una visita reciente al Colegio Integral Emanuel de Matagalpa.

Allí, la boxeadora no solo compartió anécdotas; invitó a los estudiantes a no abandonar sus metas, sin importar lo que digan los demás sobre la edad o los obstáculos. Los jóvenes que asistieron pudieron fotografiarse con ella, escuchando el mensaje de quien alguna vez escuchó que ya era tarde y decidió subir igual al ring.

Mientras sus días combinan la ciencia y el deporte, Zeledón se mantiene invicta en el boxeo profesional y mira hacia la posibilidad de un título mundial. El dato no es menor: nunca antes una mujer de Matagalpa había alcanzado ese nivel en el boxeo femenino. Su historia, resumida en jornadas fragmentadas entre guantes, estetoscopio y cuadernos escolares, desafía las líneas habituales del deporte nicaragüense y propone un modelo de perseverancia real.

El relato de Zeledón demuestra que las barreras, muchas veces, son solo una invitación para intentarlo de nuevo.

Un grupo de ocho organizaciones internacionales de derechos humanos denunció este viernes la detención arbitraria y desaparición forzada de la abogada y defensora de derechos humanos Thelma Montenegro en Nicaragua. La activista, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), permanece en paradero desconocido desde el 25 de agosto, tras ser retenida por segunda vez en menos de una semana por agentes policiales.

Según reportaron los grupos sociales, Thelma Montenegro acudió el 19 de agosto a la delegación policial de Santa María de Pantasma, en el departamento de Jinotega, con el objetivo de renovar su licencia de conducir. En ese momento, fue arrestada sin una orden judicial, y las autoridades confiscaron su teléfono celular y documentos personales. Estuvo detenida durante tres días, hasta que el 22 de agosto fue liberada.

Tras su excarcelación, la mujer fue convocada de nuevo por la policía bajo el argumento de que podía recuperar los objetos personales que le habían sido retenidos. El 23 de agosto, al presentarse ante las autoridades, fue privada de libertad por segunda vez.

Reiterada persecución a familia Montenegro

La familia de Thelma Montenegro recibió el 25 de agosto la última información sobre su paradero, cuando las autoridades comunicaron de manera informal que la defensora había sido trasladada a Managua. Desde entonces, no se ha dado a conocer su ubicación exacta, su estado de salud ni su situación jurídica. La negativa de las autoridades a proporcionar información constituye una desaparición forzada, práctica que se ha documentado de manera recurrente en Nicaragua frente a personas consideradas opositoras de la dictadura Ortega-Murillo.

“La desaparición forzada de Thelma Montenegro la coloca en una situación de riesgo extremo e indefensión absoluta”, declaró la Alianza Américas en un comunicado conjunto con otras siete organizaciones. El documento recuerda que la abogada ha sido víctima directa de la represión del régimen contra opositores: varios miembros de su familia fueron asesinados en 2019 en un contexto de persecución política. Entre ellos figuran sus hermanos Oliver Montenegro (asesinado en El Cuá en enero de 2019), Edgar Montenegro y su hijo de crianza Yalmar Zeledón (asesinados en Honduras en junio de ese año), y su esposo Francisco Blandón Herrera (asesinado en Wiwilí en agosto de 2019).

En la nota exigen a las autoridades nicaragüenses que informen de inmediato sobre las condiciones y el lugar en que se encuentra la defensora, garanticen su integridad física y procedan a su liberación “de manera inmediata e incondicional”.

Apoyo internacional

Además, las organizaciones firmantes han hecho “un llamado urgente a la comunidad internacional”, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para que intervengan ante el régimen nicaragüense, exijan información sobre el paradero y mantengan la atención pública sobre su situación.

Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no han emitido información oficial sobre el caso.

Las organizaciones que suscriben el comunicado son: Alianza Américas, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana, Colectivo Nicaragua Nunca Más, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Latin American Working Group (LAWG) y Washington Office on Latin America (WOLA).

Las heridas físicas sanan con el tiempo, pero la mente conserva el eco del horror. Más de catorce años después de haber sido arrancado de su hogar y encerrado en las celdas más oscuras de Nicaragua, Jason Puracal continúa despierto en mitad de la noche, agitado por pesadillas recurrentes donde la policía del régimen lo persigue, la violencia se desborda y sus seres queridos sufren un peligro inminente.

La ansiedad social que le impiden acudir a eventos multitudinarios o partidos de béisbol, sumada a los destellos de estrés postraumático, son las marcas indelebles de los 689 días en que estuvo privado de su libertad siendo completamente inocente.

En una entrevista exclusiva concedida a Infobae, Puracal y su representante legal, el profesor Thomas Antkowiak, abrieron las puertas a los detalles más íntimos de este calvario tras el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitido este 13 de agosto de 2026.

Antes de que la violencia estatal destruyera su entorno, Jason vivía lo que describe como su propio sueño. Llegó a suelo nicaragüense en 2002 como voluntario del Cuerpo de Paz, prestando servicio en el departamento de Estelí y Jinotega.

Tras enamorarse de la calidez de su gente y de la riqueza natural del país, regresó a Estados Unidos para trabajar arduamente y ahorrar el dinero suficiente para instalarse definitivamente.

Construyó un hogar junto a su esposa nicaragüense, Scarlett, tuvo a su primer hijo con síndrome de Down y se convirtió en socio de una exitosa agencia de bienes raíces en San Juan del Sur, generando empleos y apoyando causas comunitarias en todo el territorio nacional.

Aquel proyecto de vida se desmoronó la mañana del 11 de noviembre de 2010. Un escuadrón de doce a quince hombres armados, encapuchados y vestidos de negro irrumpió violentamente en su oficina con vista al mar.

En medio del desconcierto inicial, Jason pensó que sufría un asalto común, pero pronto un agente le notificó que estaba bajo custodia sin mostrarle orden judicial alguna ni permitirle comunicarse con su abogado, la embajada de Estados Unidos o su esposa.

Esa misma noche fue exhibido públicamente por el pueblo, esposado e introducido en una camioneta, marcando el inicio de un proceso judicial viciado de origen.

Torturas en El Chipote y el encierro inhumano en La Modelo

El traslado hacia Managua estuvo marcado por agresiones físicas y angustia psicológica. Durante el trayecto, los agentes golpearon a Puracal con la culata de un arma en la cabeza e incrustaron un objeto punzocortante en su espalda. Su primera escala de reclusión prolongada fue el subterráneo de El Chipote, un centro represivo donde permaneció desnudo, sobre el suelo sucio y entre insectos, tomando agua no potable y recibiendo apenas una ración de comida en casi cuatro días.

Posteriormente fue trasladado a la penitenciaría de La Modelo. Allí sufrió el rapado de cabeza, confinamiento en celdas sin luz como la Galería 10 y el encierro absoluto de 24 horas al día en la Galería 8 junto a doce prisioneros en un espacio reducido.

La falta de acceso a luz solar, la desnutrición y el consumo de agua contaminada provocaron en Jason graves afecciones estomacales y respiratorias. A pesar de haber sido trasladado a un hospital público de Managua bajo custodia armada y esposado a una cama, las recomendaciones médicas jamás fueron aplicadas a su regreso al penal.

Un juicio farsa y la persecución contra la familia

Las acusaciones formuladas por la fiscalía, narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado carecían de cualquier evidencia sustentable. Durante las audiencias, el juez desestimó sistemáticamente las pruebas presentadas por la defensa e impidió la declaración de testigos desvinculados del gobierno.

El móvil de la detención apuntaba al despojo de bienes y escrituras inmobiliarias de la agencia, llegando al extremo de acusarlo por transacciones que involucraban al propio ejército nicaragüense.

«La policía puede quitarte tu patrimonio, tu salud y tus bienes, pero no puede cambiar quién eres. Decidí mantener mi fe y servir a los demás en la cárcel». — Jason Puracal.

Mientras Jason luchaba por mantener la entereza impartiendo clases de inglés y yoga a otros reos, su esposa Scarlett sufría agresiones, asaltos en el transporte hacia la prisión y amenazas de arresto que la obligaron a huir temporalmente a Estados Unidos para proteger a su hijo. La hermana de Jason, por su parte, impulsó una movilización internacional en Washington y ante la Organización de las Naciones Unidas para visibilizar la injusticia.

Aunque el Tribunal de Apelaciones anuló la condena de 22 años en septiembre de 2012 y Jason logró salir del país de noche a través de la frontera hondureña, la justicia definitiva tardó 16 años en formalizarse.

El profesor Antkowiak, de la Universidad de Seattle, lideró junto a sus estudiantes de la clínica de derechos humanos la demanda ante el sistema interamericano, elaborando escritos exhaustivos que demostraron los abusos sufridos.

El 13 de agosto de 2026, la Corte IDH dictó un histórico fallo que declaró al Estado de Nicaragua responsable de violar los derechos a la libertad, integridad personal, propiedad privada y garantías judiciales de Jason y su familia, ordenando reparaciones económicas por más de 190,000 dólares y reformas legales urgentes.

Aunque el régimen de Daniel Ortega guarda silencio, para Jason este veredicto limpia públicamente su nombre y establece un pilar de protección para otros ciudadanos atrapados en sistemas represivos en Latinoamérica.

La codictadora Rosario Murillo dio este viernes una tregua verbal a sus ataques contra opositores y exiliados al afirmar que “al mundo bizarro no lo tocamos hoy”, en un giro temporal de tono que coincidió con un nuevo aumento de la presión internacional sobre el régimen de Nicaragua por las gestiones en la Organización de los Estados Americanos para discutir la situación del país.

El cambio llegó después de varios días en los que Murillo dedicó buena parte de sus intervenciones a descalificar a sus adversarios con una cadena de insultos.

La escalada se produjo mientras el oficialismo reaccionaba a las maniobras diplomáticas dentro de la OEA para convocar a los cancilleres del continente.

Durante su comunicación habitual con medios oficialistas, la codictadora dijo que esta vez prefería hablar del “mundo bueno”.

La frase marcó distancia con una semana en la que, casi a diario, se refirió a opositores y exiliados con expresiones como “Judas”, “traidores”, “mequetrefes”, “mercachifles”, “arrastrados”, “lame suelas”, “chompipes inflados” y “malas vichuchas”.

Murillo reemplazó los insultos por un llamado a dejar atrás la confrontación

En lugar de dedicar largos tramos de su discurso a atacar a sus adversarios, Murillo habló de “buen juicio, serenidad, sabiduría” para enfrentar los tiempos de lucha que, según sostuvo, atraviesa el país. También planteó que las dificultades deben encararse con amor y fortaleza ante una “comunidad humana” a la que describió como más conflictuada que nunca y afectada por la desarmonía.

La codictadora insistió en que Nicaragua debe avanzar para dejar atrás una “obsoleta mentalidad de confrontación”. Sumó a esa idea la necesidad de abandonar una “obsoleta mentalidad de imposición” y otra que, a su juicio, busca la subordinación del país.

Ese cambio de tono no modificó uno de los argumentos centrales del discurso oficialista. Murillo mantuvo la presentación de las críticas y presiones internacionales contra el régimen de Daniel Ortega y ella misma como intentos de imponer decisiones desde el exterior.

La pausa en los agravios contrastó con intervenciones recientes en las que expresó la “repugnancia” que, según dijo, sienten los “verdaderos nicaragüenses” hacia quienes acusa de actuar subordinados a intereses extranjeros. En ese mismo marco, también comparó a sus adversarios con Judas y los acusó de haber “vendido” a Nicaragua.

El anuncio sobre el sistema electoral volvió a poner el foco en el rumbo político

En otras comparecencias, Murillo recurrió además a calificativos como “ilusos fachentos”, “presuntuosos”, “lame suelas” y “malas vichuchas”. A eso añadió referencias al infierno, demonios y figuras religiosas para desacreditar a quienes cuestionan al régimen.

Días antes, otra de sus intervenciones había provocado polémica por el uso repetido de la expresión “vade retro” al hablar de sus adversarios en términos religiosos y asociarlos con el mal. Sus palabras fueron leídas por críticos y publicaciones periodísticas como una suerte de “conjuro”, una interpretación que luego rechazó mientras volvía a apoyar su mensaje en referencias a la fe cristiana, Dios y la lucha entre el bien y el mal.

En medio de esta tregua verbal, Murillo anunció que el martes 1 de septiembre, desde León, el oficialismo presentará los resultados de una consulta relacionada con cambios al sistema electoral. El anuncio cobró relevancia después de declaraciones de Ortega sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua, que generaron nuevas reacciones internacionales y devolvieron la situación nicaragüense al debate regional.

Ese es el dato político central de la jornada: el oficialismo prevé exponer en León las conclusiones de una consulta sobre el sistema electoral, un movimiento que puede ofrecer nuevas señales sobre el rumbo que Ortega y Murillo buscan imprimir al sistema político y electoral del país.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) acumuló transferencias estatales por 16,029.7 millones de córdobas desde 2022 para evitar el colapso del sistema de pensiones, pero aun así mantuvo sus cuentas en déficit y, según el análisis publicado por Confidencial Nicaragua, el problema de fondo persiste: hay cada vez menos cotizantes para sostener a un número creciente de pensionados.

La presión seguirá en aumento en 2026. El Presupuesto General de la República de este año prevé transferir 5,179.7 millones de córdobas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, casi un tercio de todo lo inyectado desde 2022 y más de seis veces la cifra desembolsada en ese primer año.

La secuencia oficial de aportes muestra el crecimiento de ese auxilio: 800 millones de córdobas en 2022, 3,350 millones en 2023, 2,900 millones en 2024, 3,800 millones en 2025 y 5,179.7 millones en 2026. Solo en 2024 la transferencia no aumentó respecto del año anterior.

Ese refuerzo no alcanzó para revertir los números en rojo. Entre 2022 y 2024, el INSS acumuló un déficit de 5,507.8 millones de córdobas, pese a que en 2023 registró un superávit leve de 137,4 millones que, según la publicación, fue posible mayoritariamente gracias a las transferencias estatales.

El sistema recibe más dinero público, pero pierde capacidad de sostenerse

El deterioro financiero coincide con un cambio en la relación entre aportantes y jubilados. Enrique Sáenz, de la Fundación Puentes para el Desarrollo, dijo al medio que en 2008 había 5,71 cotizantes por cada pensionado ordinario y que en 2024 esa proporción cayó a 2,5 por uno. “Esto es dramático”, afirmó.

Marco Aurelio Peña, investigador externo del CETCAM, añadió que menos de tres de cada diez trabajadores cotiza al Seguro Social. Para el especialista, eso obliga a aplicar una política estricta contra la informalidad laboral y a ampliar el empleo formal, porque hay trabajo que existe pero no está formalizado y, por lo tanto, no genera aportes para la institución.

Peña también vinculó la fragilidad del sistema con la salida de población joven. Advirtió que Nicaragua sigue expulsando talento en edad productiva y que ese flujo reduce la base de contribuyentes que el esquema de reparto necesita para sostenerse.

Sáenz coincidió en ese punto y sostuvo que los centenares de miles de jóvenes que abandonan el país dejan de cotizar justo en la etapa en que más aportarían al sistema. A esa presión demográfica se suma el envejecimiento de la población mayor.

Los expertos apuntan a corrupción, informalidad y reformas insuficientes

Según Confidencial Nicaragua, los dos especialistas consultados sostienen que las transferencias solo mantienen al INSS “artificialmente vivo” porque no corrigen las causas estructurales. Sáenz reclamó “auditorías a fondo” para detectar y sancionar el robo de recursos de pensionados y cotizantes, además de recuperar lo que aún pueda rescatarse. “Los pensionados pagan por ese despilfarro, con hambre, muerte, y sufrimiento”, señaló.

El exfuncionario ubicó el origen del deterioro en el modelo económico impuesto por el régimen y en prácticas de corrupción y gasto desordenado. Recordó que cuando Daniel Ortega volvió al Gobierno en enero de 2007, el instituto tenía superávit operativo, con ingresos superiores a sus egresos, y que en pocos años esa situación se transformó en déficit por el aumento desproporcionado de salarios, la expansión de personal, la creación de un decimocuarto mes y la pérdida de rendimientos de inversiones y reservas técnicas.

Entre los casos mencionados por Sáenz figuran la construcción de la Torre Norte en Managua, un préstamo de casi USD 1,7 millones para que Desarrollos Inmobiliarios S. A. construyera el condominio Apartamentos Planes de Altamira, y los proyectos residenciales San Sebastián y Pinares de Santo Domingo, valorados en más de USD 14,5 millones y ejecutados con fondos del INSS por una empresa ligada a Tirso Celedón Lacayo.

Peña sostuvo que la estabilización también exige mejorar la economía para elevar producción, productividad y salarios. Para eso, planteó la necesidad de atraer inversión, crear un entorno institucional atractivo y cimentar un Estado de derecho, condiciones que, a su juicio, hoy no existen en Nicaragua.

La edad de retiro y los aportes vuelven al centro del debate

Los expertos también consideran inevitables nuevas reformas paramétricas. Peña afirmó que “sí o sí, se tiene que revisar la edad de retiro” porque Nicaragua tiene una de las edades de jubilación más bajas y la expectativa de vida ya supera los 70 años.

Entre las medidas que mencionó aparecen elevar la edad de jubilación hasta 65 años, revisar las tasas de reemplazo, la fórmula de cálculo, las pensiones reducidas y las pensiones especiales. También defendió la posibilidad de que, junto a la seguridad social pública, la población tenga acceso a sistemas privados.

El diagnóstico sobre la fragilidad del instituto no es nuevo. Desde principios de siglo, según el reporte, ya se conocía que el INSS enfrentaba una quiebra técnica. Aunque en 2012 contaba con reservas equivalentes a 618,2 millones de dólares, el envejecimiento poblacional y la estructura de la economía nicaragüense permitían prever que, sin cambios, la quiebra llegaría alrededor de 2017.

En 2013 se aprobó un paquete de reformas que elevó en tres puntos porcentuales el aporte patronal y redujo la tasa de retorno de las nuevas pensiones. La intención era alejar el problema durante varias décadas, pero el alivio fue breve.

En abril de 2018, el Ejecutivo impuso de manera unilateral la Resolución 1-317, que aumentaba las cotizaciones empresariales y de los trabajadores e imponía un 5% de impuesto sobre las pensiones. Las protestas de asegurados y empresas obligaron a Ortega a retroceder cinco días después, aunque en febrero de 2019 aprobó la Resolución 1-325, que revivía y ampliaba el esquema anterior.

Alejandro Arauz, economista y autor del blog EconomistVision, sostuvo en su informe “Seguridad Social en Centroamérica (2025-2026): un análisis regional de su sostenibilidad, cobertura y desafíos estructurales” que la reforma de 2019 encareció la contratación formal, incentivó la informalidad y la subdeclaración laboral en micro, pequeñas y medianas empresas, y limitó la capacidad del INSS para atraer nuevos cotizantes.

Arauz añadió que la migración de cientos de miles de nicaragüenses en edad productiva hacia Estados Unidos, Costa Rica y España vacía la base de aportantes jóvenes que el sistema necesita con urgencia y acelera el envejecimiento demográfico de la población que permanece en el país.

Un instante de desesperación en una calle de Fort Collins, Colorado, cambió para siempre el destino de Silvia Paola Sánchez-Hurtado. El pasado 11 de marzo, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron colocarle las esposas en cumplimiento de una orden de arresto por infracciones migratorias, la joven nicaragüense de 23 años reaccionó instintivamente: se resistió y mordió en el cuello a uno de los oficiales.

Meses después de aquel violento episodio, la calma tensa del tribunal federal reemplazó el caos de la detención. Ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Gordon P. Gallagher, Silvia Paola admitió su responsabilidad y se declaró culpable formalmente del delito de agresión a un funcionario federal.

El caso, investigado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y procesado por la fiscal adjunta Elizabeth Tonkin, ha dejado a la joven al borde de una condena penal y con un pie fuera del país que un día buscó como refugio.

La firma del acuerdo de culpabilidad evitó un juicio prolongado, pero no canceló las consecuencias de sus actos. En el sistema judicial estadounidense, la agresión a un oficial federal en el desempeño de sus funciones constituye un delito grave.

La verdadera encrucijada: ¿Podría retornar a Nicaragua?

Mientras espera la audiencia de sentencia fijada para finales de este año, surge una interrogante inevitable sobre su futuro legal y personal: ¿qué ocurrirá con Silvia Paola tras declararse culpable? ¿Existe la posibilidad real de que sea deportada a Nicaragua?

La respuesta corta es sí: la probabilidad de que Silvia sea deportada a Nicaragua al finalizar su condena es extremadamente alta. En la legislación de migración estadounidense, la combinación de una falta migratoria previa con una condena por un delito con violencia coloca a cualquier ciudadano extranjero en una posición prácticamente indefendible.

Existen varios factores clave que definen su situación migratoria:

• Inadmisibilidad y deportabilidad: Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una condena por un delito grave o de “turpitud moral” —categoría en la que suele clasificarse la agresión a la autoridad— convierte a la persona en automáticamente deportable.
• Perdida de alivios migratorios: Al haber sido hallada culpable de un delito grave federal, Silvia Paola pierde el derecho a solicitar la mayoría de las formas de protección discrecional, como el asilo político, el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la cancelación de la remoción.
• Orden final de remoción: Una vez que cumpla la pena de cárcel que le imponga el juez Gallagher, pasará inmediatamente a la custodia de ICE. Desde allí, las autoridades migratorias tramitarán su repatriación hacia Managua.

El peso del regreso en un contexto complejo

Para miles de jóvenes migrantes que salen de Nicaragua buscando mejores oportunidades en el norte, la deportación representa el fin dramático de un proyecto de vida. Volver a su país de origen tras haber cumplido condena en Estados Unidos implica enfrentarse a un doble estigma: el de ser deportada y el de cargar con un antecedente penal internacional.

El caso de Silvia Paola refleja la trágica espiral en la que caen muchos indocumentados al momento de un arresto. Lo que comenzó como un procedimiento administrativo por faltas migratorias se transformó, en cuestión de segundos, en un delito penal grave debido a la resistencia física.

A finales de este año, cuando el juez dictamine cuántos meses o años deberá pasar tras las rejas, Hurtado sabrá con certeza cuánto durará su encarcelamiento en suelo estadounidense. Pero la sentencia definitiva ya parece escrita en el ámbito migratorio: el final del camino penitenciario no conducirá a la libertad en Colorado, sino a un vuelo de regreso a la tierra que dejó atrás.

La magistrada Alba Luz Ramos renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua el pasado 25 de agosto, según una certificación de la Asamblea Nacional publicada este viernes en La Gaceta, Diario Oficial.

La noticia pone fin, al menos en el papel, a una situación insólita que se prolongó casi tres años: Ramos permanecía como titular formal del Poder Judicial pese a estar apartada de sus funciones desde octubre de 2023, cuando fue desalojada de su despacho por el asesor presidencial Horacio Rocha.

En la carta publicada en La Gaceta, la magistrada se identifica como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y atribuye su salida a motivos de salud. Esta semana el régimen presentó como presidenta “por ley” de la Corte a la exfiscal general Ana Julia Guido Ochoa, sancionada por la Unión Europea en 2021 por su papel en la persecución de opositores.

Alba Luz Ramos Vanegas nació el 3 de junio de 1949 en León y se vinculó al sandinismo desde los años setenta, cuando era estudiante universitaria de Derecho y colaboraba bajo el seudónimo de “Natalia”.

En 1974 tuvo que salir del país luego de que la Guardia Nacional desatara una persecución contra miembros del Frente Sandinista, y aprovechó el exilio para estudiar en Suiza, Inglaterra y Estados Unidos.

Regresó a Nicaragua tras el triunfo de la revolución en 1979 y comenzó una carrera meteórica en el aparato de justicia sandinista: directora nacional de Registros en 1981, procuradora penal en 1983, viceministra de Justicia en 1984 y magistrada de la Corte Suprema desde 1988.

Cuando el sandinismo perdió el poder en 1990, Ramos fue la única magistrada de esa tendencia que no salió de la Corte, y con el paso de las décadas se convirtió en la magistrada más antigua de América Latina.

Su ascenso definitivo llegó de la mano de Daniel Ortega. Fue vicepresidenta de la CSJ entre 1996 y 1999, y entre 2002 y 2003 se convirtió en la primera mujer nicaragüense en presidir el máximo tribunal.

Con el retorno de Ortega al poder en 2007, y su nombramiento como presidenta en 2010, Ramos consolidó lo que analistas y extrabajadores del Poder Judicial describen como la sumisión total de ese poder del Estado al Ejecutivo.

Bajo su gestión se fortalecieron dentro de la Corte los Consejos de Liderazgo Sandinista y estructuras de la Juventud Sandinista, y la institución fue utilizada para respaldar la reelección inconstitucional de Ortega en 2011 y, después de 2018, para criminalizar a la oposición.

En 2021 fue sancionada por el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que la señaló directamente por instrumentalizar el Poder Judicial en favor del régimen mediante detenciones arbitrarias y persecución selectiva de opositores.

La caída de Ramos llegó cuando dejó de ser útil para el círculo más cercano al poder. Rosario Murillo, que fue ganando control sobre las instituciones del Estado desde alrededor de 2014, mantenía con la magistrada lo que una fuente judicial describió como “un odio recíproco”, alimentado en parte porque Ramos había tenido en el pasado una relación cercana con Ortega.

En octubre de 2023, la vicepresidenta encabezó una purga que golpeó a más de cien colaboradores cercanos a Ramos, entre ellos su vocero y sus asesores, antes de que el propio comisionado Horacio Rocha la sacara de su oficina sin permitirle retirar sus pertenencias.

Desde entonces Ramos quedó recluida en su vivienda, dentro de un residencial militar, bajo custodia policial, mientras el cargo de presidenta seguía formalmente vacante en los registros oficiales.

Según personas cercanas a ella, en más de una ocasión intentó presentar su renuncia a Ortega, quien se negó a aceptarla porque su continuidad nominal le permitía seguir controlando el Poder Judicial a través de una figura leal.

También habría intentado salir del país en al menos dos ocasiones, sin éxito, debido a restricciones migratorias. En mayo de este año circuló una carta atribuida a ella, sin firma y difundida solo por medios oficialistas, en la que reiteraba su lealtad a Ortega y Murillo y negaba haber huido del país o estar bajo investigación.

Un tribunal argentino, además, ordenó en enero de 2025 su captura internacional como presunta cómplice de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de los Ortega Murillo.

La renuncia formalizada esta semana llega después de que, entre noviembre y diciembre de 2025, la Asamblea Nacional juramentara a un nuevo grupo de magistrados leales a Murillo, entre ellos Ana Julia Guido, quien pasó de la Fiscalía General a presidir la Sala Constitucional de la Corte y ahora asume, según el régimen, la presidencia del máximo tribunal.

Con la salida definitiva de Ramos, se cierra formalmente el capítulo de la magistrada que durante trece años fue, en palabras de quienes la conocieron, “la ficha” de Daniel Ortega en el Poder Judicial, hasta que ese mismo papel dejó de garantizarle un lugar en el nuevo esquema de poder de Rosario Murillo.

Un ciudadano nicaragüense, identificado con el apellido Estrada, permanece desaparecido en Costa Rica después de haber sido presuntamente secuestrado en la localidad de Horquetas de Sarapiquí.

De acuerdo con testimonios de familiares, los captores exigieron un rescate de cinco millones de colones —equivalentes a unos USD 11,000— a cambio de su liberación. El caso, que ha generado alarma entre la comunidad migrante y la opinión pública costarricense, es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes ejecutaron varios allanamientos en busca de pistas sobre el paradero de la víctima y los responsables del secuestro.

Según información oficial publicada por La Mesa Redonda, Estrada residía en la zona de Los Santos, en San José, y el pasado 21 de agosto se trasladó hasta Horquetas utilizando un taxi informal. Tanto él como el conductor del vehículo fueron privados de libertad y trasladados a una vivienda, aunque el taxista fue liberado el sábado por la tarde tras comprobarse que no tenía relación con el hecho.

Estrada, por el contrario, permanece desaparecido y las autoridades mantienen activo un operativo para su localización.

Durante las acciones policiales, el OIJ realizó al menos tres allanamientos en diferentes viviendas de Horquetas, donde presuntamente habría estado retenida la víctima. Además, las autoridades intervinieron un búnker en el que hallaron cantidades de droga. Según el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, el grupo criminal investigado estaría vinculado con tráfico de drogas y podría estar relacionado con otros casos de secuestro extorsivo en la región. Cinco personas han sido detenidas hasta el momento, aunque otros sospechosos continúan prófugos.

Uno de los principales hallazgos de los investigadores es que la evidencia recolectada permite establecer que Estrada estuvo en uno de los inmuebles allanados, lo que refuerza la hipótesis de que fue víctima de una organización dedicada a la privación de libertad y la extorsión. Muñoz señaló que “la prioridad es ubicarlo con vida”, mientras se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, incluido el posible móvil económico y la relación del caso con otras actividades delictivas. El OIJ también pidió la colaboración ciudadana para identificar y localizar a los sospechosos cuyas imágenes fueron difundidas públicamente.

Este caso se suma a una tendencia preocupante para la comunidad nicaragüense migrante en Costa Rica y en otros países de la región. De acuerdo con diversas organizaciones civiles y de derechos humanos, los nicaragüenses enfrentan actualmente riesgos crecientes de desaparición, secuestro y muerte fuera de su país de origen, en contextos marcados por la migración forzada, la precariedad laboral y la acción de redes criminales transnacionales.

Según la organización Nicaragua Nunca Más, al menos 70 nicaragüenses han sido reportados como desaparecidos en el extranjero en los últimos tres años, principalmente en Costa Rica, México y Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que entre 2018 y 2026 se han documentado más de 150 muertes de nicaragüenses migrantes en rutas hacia el norte, mientras que otras organizaciones especializadas como la Red de Monitoreo de Migración reportan al menos 95 casos de personas fallecidas o desaparecidas tan solo en el último año.

El aumento de estos casos ha llevado a familiares y activistas a exigir acciones coordinadas entre los gobiernos de la región para investigar y prevenir estos delitos, así como para garantizar la protección de los derechos de quienes se ven obligados a migrar. Las cifras revelan no solo la vulnerabilidad de la población migrante, sino también el impacto que tiene la criminalidad organizada sobre quienes buscan alternativas de vida fuera de Nicaragua.

Mientras continúa la búsqueda de Estrada en Costa Rica, el caso reaviva el debate sobre la seguridad de los migrantes nicaragüenses y la urgencia de respuestas integrales que aborden tanto las causas estructurales de la migración como la persecución efectiva de las redes delictivas que operan en la región. Cualquier información que pueda ayudar a ubicar a la víctima o a los sujetos buscados puede llamar de manera confidencial a la línea 800-8000-645.

Un hombre de 26 años enfrentará juicio en Nicaragua por el delito de abuso sexual en perjuicio de su prima, según información publicada por el medio La Prensa.

La jueza Fátima Carolina Galo Guadamuz, titular del Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes y de Violencia de Boaco, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva del acusado mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con la acusación fiscal, a la que accedió el medio nicaragüense, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando la víctima tenía entre 4 y 6 años y residía en una comunidad rural del municipio de Boaco. La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó la relación de confianza y cercanía familiar para cometer actos de naturaleza sexual en distintas ocasiones.

El primer episodio se produjo en noviembre de 2011, cuando la niña tenía 4 años. El expediente indica que el hombre ingresó a la vivienda donde se encontraba la menor y realizó tocamientos de carácter sexual. Semanas después, se habría registrado un segundo episodio de similares características.

En 2014, cuando la víctima tenía 6 años, el acusado habría intentado abusar de ella nuevamente. Sin embargo, la menor logró escapar y refugiarse en la vivienda de una tía. La denuncia formal no se realizó sino hasta febrero de 2021, cuando la víctima, ya con 18 años, relató los hechos a familiares cercanos, lo que dio origen a la investigación.

La denuncia fue presentada inicialmente en Managua por la abuela paterna de la víctima y la adolescente brindó testimonio ante Medicina Legal, aportando fotografías y declaraciones de testigos como parte de las investigaciones.

El acusado habría permanecido varios años en Costa Rica después de los hechos denunciados. La joven siguió sus redes sociales y, al enterarse de que había regresado a Nicaragua, notificó a las autoridades y aportó datos sobre su posible paradero. La Policía Nacional logró ubicarlo y lo capturó el 21 de agosto de 2026 en un hotel del departamento de Boaco.

Ese mismo día fue presentado ante las autoridades judiciales y se realizó la audiencia inicial, donde la jueza decidió mantenerlo en prisión preventiva. Según La Prensa, la audiencia de juicio quedó programada para el próximo 22 de septiembre. Mientras tanto, la víctima recibe acompañamiento psicológico y el respaldo de su madre y hermanos en la búsqueda de justicia.

Panorama actual de los casos de abuso y violaciones sexuales en Nicaragua en 2026

El caso de Boaco se suma a una problemática persistente en Nicaragua. Según el medio Despacho 505, durante 2023 el Instituto de Medicina Legal realizó 5,271 peritajes en casos de abuso sexual. El 82% de las víctimas fueron menores de edad y hubo un incremento del 4.2% de casos respecto a 2022. De ese total, 2,247 casos correspondieron a víctimas de entre 13 y 17 años, y 2,067 a niñas y niños menores de 13 años.

En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha reportado la recepción de denuncias en el marco del Plan de Prevención de las Comisarías de la Mujer, implementado en los 153 municipios del país. Entre el 5 y el 11 de febrero, se recibieron cinco denuncias, dos de ellas por abuso sexual, una por intimidación y amenazas contra la mujer, y dos por faltas contra las personas. Tres personas fueron capturadas en los departamentos de León, Matagalpa y Río San Juan en relación con estos hechos.

Organizaciones feministas y de derechos humanos han alertado sobre el subregistro y la impunidad en estos delitos, así como el temor de las víctimas a denunciar por el estigma social y la falta de protección. Además, informes recientes han documentado prácticas sistemáticas de violencia sexual, tortura psicológica y amenazas a mujeres y niñas, lo que refleja una situación de vulnerabilidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y justicia.

El caso de Boaco representa uno de los cientos de procesos abiertos cada año en Nicaragua por delitos sexuales, y pone de relieve los desafíos que enfrenta el país en la protección de la niñez y la adolescencia frente a la violencia sexual.

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, anunció a través de un comunicado su salida de la competencia televisiva Top Chef VIP, donde participaba como una de las figuras más destacadas.

La nicaragüense explicó que la decisión estuvo vinculada a complicaciones médicas causadas por uno de sus implantes mamarios, lo que le impidió continuar en el programa tal como lo deseaba.

Según relató Sheynnis Palacios, días antes de abandonar el programa, uno de sus implantes se volteó, provocando un dolor intenso que comenzó a limitarla físicamente. Esta situación afectó su capacidad para realizar actividades básicas dentro de la competencia, como cocinar.

La noche anterior a uno de los retos más exigentes, el reto de Food Truck, la modelo tuvo que acudir al hospital, donde permaneció hasta la madrugada. El equipo médico de cirugía logró acomodar el implante, y le recomendaron reposo.

No obstante, impulsada por el entusiasmo de vivir el segundo reto en exteriores, decidió reincorporarse de inmediato a la competencia, sin prever que su estado podía agravarse.

A pesar de su intención de continuar, el dolor no cedió y la situación se complicó aún más. “Por más que mi corazón quisiera quedarse en la competencia, mi cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo”, expresó. El malestar físico la llevó a consultar nuevamente a su equipo médico, quienes coincidieron en la necesidad de priorizar su salud por encima de cualquier proyecto profesional.

Después de ser evaluada y siguiendo la recomendación de su cirujano y su médico general, Sheynnis Palacios comprendió que lo más responsable era salir de Top Chef VIP para iniciar el proceso de recuperación. Indicó que la decisión no fue sencilla, ya que el proyecto le permitió vivir experiencias valiosas y crear lazos personales con sus compañeros.

“Fue un proyecto que me retó, me enseñó muchísimo, me regaló recuerdos hermosos y personas a las que seguiré apoyando y acompañando desde afuera en esta aventura”, compartió en su mensaje.

En su comunicado, la ex Miss Universo informó que se dirige a Orlando, Estados Unidos, para someterse a la intervención necesaria y enfocar todos sus esfuerzos en la recuperación. “Hoy estoy de camino a Orlando para iniciar todo el procedimiento necesario, operarme y enfocarme en mi recuperación”, detalló.

La participante de Top Chef VIP agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y el público en general, y subrayó la importancia de escuchar al cuerpo cuando la salud se ve comprometida. “A veces querer continuar no es suficiente cuando tu cuerpo te está pidiendo que te detengas. Y esta vez decidí escucharlo”, concluyó.

La salida de Sheynnis Palacios de uno de los realities de cocina más populares de la televisión latina resalta los desafíos de salud a los que pueden enfrentarse quienes compiten en este tipo de formatos, así como la presión emocional y física que implica mantenerse en escena frente a las cámaras. Su testimonio se suma a la conversación sobre la importancia de priorizar el bienestar físico y mental, incluso en medio de proyectos de gran exposición mediática.

La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo lanzó una nueva ofensiva verbal contra la familia Chamorro al respaldar en una alocución oficial unas reformas constitucionales discutidas en la Asamblea Nacional y presentar a ese linaje, con seis presidentes en la historia del país, como símbolo de “traición” y “entreguismo” en una disputa que reabre una vieja fractura política.

El ataque no quedó en una referencia aislada. Murillo dedicó buena parte de su intervención a descalificar a los Chamorro con expresiones como “proyanqui chamorrista”, “vendepatria” y “Judas”, mientras exaltó a la Juventud Sandinista 19 de Julio y sostuvo que las reformas eran “justas, soberanas, democráticas” y orientadas a resguardar “la paz”.

En su mensaje, la vicepresidenta felicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, por lo que definió como un “extraordinario” retrato de la historia nacional durante la sesión parlamentaria de esa mañana.

También afirmó que estuvo atenta a la presentación de cambios a la Constitución y los vinculó con la defensa del “decoro nacional” y del “tesoro nacional”, que identificó con la paz.

Murillo enmarcó esa discusión institucional dentro de una narrativa de confrontación interna. Dijo que el país desprecia a “los traidores y cobardes” y sostuvo que quienes nacieron en Nicaragua y, a su juicio, sirvieron a intereses extranjeros “se convirtieron en abyectos miserables, testaferros”.

Murillo convirtió la sesión parlamentaria en una arremetida contra los Chamorro

La dictadora dirigió el núcleo político de su discurso contra una familia que ha marcado la historia nicaragüense con seis presidentes.

Entre ellos figura Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el director del diario La Prensa asesinado y considerado un héroe nacional.

En esa línea, Murillo afirmó: “Cuánto y cómo y siempre despreciamos el vendepatria de los Díaz Chamorro y compañía norteamericana por su traición, porque no dudaron en asumirse como los Judas que vendieron a Cristo Jesús, que es Nicaragua”.

También preguntó: “¿De qué se extrañan los mequetrefes, mercachifles y traidores por la repugnancia que sentimos los verdaderos nicaragüenses ante esos arrastrados de todos los tiempos?”.

Las reformas constitucionales fueron presentadas como defensa de la paz y la soberanía

Murillo situó las reformas a la Constitución en el centro de su intervención y las presentó como un instrumento de resguardo nacional. Sostuvo que esas modificaciones “proclaman y defienden nuestro decoro nacional” y preservan la paz, a la que atribuyó la seguridad y la estabilidad.

La vicepresidenta insistió en que la juventud sandinista “blinda la patria” y la describió como una fuerza dispuesta a servir “contra la pobreza” y a construir “patria y libertad, patria y soberanía, patria y dignidad, patria y prosperidad”. En su formulación, la continuidad política del oficialismo depende de esa militancia juvenil y de una defensa activa del orden interno.

También declaró que en la Asamblea Nacional “ese honor, ese coraje, ese valor y esa fuerza invencibles se han mostrado plenamente” y reivindicó a la Juventud Parlamentaria y a la Juventud Sandinista 19 de Julio como expresión de una Nicaragua que, en sus palabras, “ni se vende ni se rinde jamás”.

Hacia el final de su intervención, Murillo reforzó esa contraposición entre oficialismo y adversarios al asegurar que “los traidores y cobardes son ya insepultas huellas de la historia” y que “esa vieja historia no volverá”. Cerró con una consigna de continuidad política y con la promesa de impulsar “más y más acciones contra la pobreza”.

La primera designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, describió a Nicaragua como un “modelo fracasado” y criticó con dureza el modelo político bajo el mando de Daniel Ortega, en una entrevista con Juan Cruz Castiñeiras y difundida por la Gran Confederación Opositora Nicaragüense.

Mejía, quien ocupa un cargo equivalente al de vicepresidenta en su país, sostuvo que la situación nicaragüense representa un ejemplo de las consecuencias de gobiernos de izquierda radical en la región centroamericana.

Según la dirigente hondureña, Honduras ha servido de “referéndum” para la región durante los últimos cuatro años ante lo que calificó como una amenaza a la democracia por parte de partidos políticos de izquierda radical.

“El pueblo hondureño se dio cuenta de todas las arbitrariedades que comete la izquierda radical con tal de destruir las democracias para enclaustrarse en el poder y violentar todos los derechos y garantías constitucionales”, afirmó Mejía, en declaraciones recogidas por la organización opositora.

A juicio de Mejía, los modelos políticos implementados en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua han fracasado. “Hay lecciones aprendidas, copia de modelos fracasados, como el caso de Nicaragua, que lo tenemos como país hermano, vecino, y lamentamos que esta situación se esté desbordando”, indicó.

La funcionaria agregó que “todavía hay un pueblo que no conoce la realidad, que no sabe que vivir en democracia es lo mejor”.

Consultada sobre las relaciones bilaterales entre Honduras y Nicaragua, la designada presidencial aclaró que ambos países mantienen relaciones diplomáticas con los estados de la región.

No obstante, subrayó que los vínculos entre dirigentes de izquierda, como el “clan Zelaya” (en referencia al expresidente hondureño Manuel Zelaya) y el “clan Ortega”, se basan en afinidades ideológicas más que en resultados concretos. “¿Qué deja de experiencia esas relaciones? Absolutamente nada, porque cuando tenés un Estado fracasado, ustedes pueden ver en Nicaragua: se reprime la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de culto, la libertad de absolutamente todo el pueblo nicaragüense”, puntualizó.

Mejía señaló que mantener relaciones diplomáticas con gobiernos autoritarios implica el riesgo de avalar, por acción u omisión, ciertas actuaciones. “Honduras se ha mantenido al margen de este tipo de actuaciones.

Lo seguimos señalando y cuestionando como partido de derecha, de que las democracias deben sobrevivir a pesar del disenso que haya entre partidos políticos”, aseveró.

Para la funcionaria, el pueblo nicaragüense “tiene que despertar” y seguir el ejemplo de movilización social visto en Venezuela y Cuba. “Para que su nación se vuelva grande, próspera, pero con la libertad que producen las democracias: libres, soberanas, pero sobre todo con independencia y autonomía”, manifestó.

Respecto al papel del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Mejía consideró que no sería adecuado expulsar a Honduras del organismo por su postura democrática, pero sí a Nicaragua, por las constantes violaciones a los principios democráticos.

“Cuando los Estados nos unimos por respetar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, también respetamos la posición del pueblo nicaragüense, que ha decidido seguir con el mandato de Ortega.

Pero Honduras se posiciona como un país referéndum: cuando el pueblo se une, ninguna clase política puede ser privilegiada en las urnas”, explicó.

La dirigente hondureña hizo hincapié en la necesidad de que los países de derecha en América Latina y el mundo eleven la voz “para que las democracias se sigan fomentando y no se sigan liquidando”.

En su opinión, “la izquierda radical busca liquidar la democracia; para ellos, la democracia es un talón de Aquiles, porque la prosperidad viene con el desarrollo y de la mano con la democracia”.

Sobre la posibilidad de una intervención militar extranjera en Nicaragua, Mejía sostuvo que el cambio debe provenir del propio pueblo nicaragüense. “Nosotros, como países de la región, deseamos vivir siempre en democracia y que el país vecino también pueda tener de referéndum, que cuando una sociedad despierta debería cambiar sus gobernantes y sus políticos”, apuntó.

Añadió que la movilización social es clave. “Si no es el pueblo nicaragüense que sale a la calle a manifestar su inconformismo, definitivamente que como Estados miembros de diferentes instancias no vamos a poder hacer (nada)”, destacó.

La entrevista, difundida a través de las redes sociales de la Gran Confederación Opositora Nicaragüense, refuerza la postura crítica de la dirigencia hondureña hacia la situación política en Nicaragua y los modelos de izquierda radical en la región.

Pese a que la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos han definido el actual episodio de El Niño como un fenómeno sin precedentes recientes, caracterizado por el aumento de las temperaturas oceánicas y terrestres, el régimen de Daniel Ortega considera que el impacto en Nicaragua será limitado.

Según información publicada por Nicaragua Investiga, hasta el momento no se ha elaborado un plan de contingencia específico para el sector campesino, lo que implica riesgos de pérdidas agrícolas, posibles desabastecimientos de maíz y frijoles, y presión sobre la canasta básica.

Las autoridades nacionales han señalado que, hasta ahora, la falta de lluvias no ha sido calificada como una emergencia grave y que se prevé un incremento de precipitaciones en septiembre y octubre, asociado a la actividad ciclónica. En este contexto, no se han emitido alertas preventivas ni se han anunciado medidas estatales de mitigación.

El INETER y la evolución de las lluvias

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) abordó el tema a través de declaraciones de Marcio Baca, director de Meteorología.

Baca explicó en Radio 580 que los episodios intensos de El Niño han tenido, según registros históricos, menor afectación en el territorio nacional.

Detalló que las lluvias han sido desiguales: “Los municipios que vienen desde el Norte, la parte Este de Jalapa, Murra, Ayapal, Cuá, Bocay, El Tuma, La Dalia, Rancho Grande, Río Blanco, Muy Muy, Matiguás; todos estos municipios que van de Santo Domingo hasta San Carlos, ha llovido.

La zona donde hemos tenido menos lluvia ha sido lógicamente el Pacífico y la zona Centro-Norte del país donde hemos tenido déficit, pero tampoco los déficits han sido severos”.

La información oficial indica que la evolución del clima en las próximas semanas será determinante para la toma de decisiones en el sector agrícola. Según Baca, en septiembre y octubre se espera ver un repunte de lluvias en comparación con agosto, lo que podría permitir la siembra y el uso de semillas de crecimiento rápido o resistentes a déficits de lluvia.

Evolución institucional y perspectivas para el sector rural

El reporte de Nicaragua Investiga señala que la comunicación oficial describe el fenómeno como una situación que podría beneficiar la producción agrícola si las lluvias aumentan en los próximos meses. Por su parte, en países vecinos, las autoridades optaron por implementar medidas inmediatas ante la posibilidad de afectaciones vinculadas al evento climático.

En la región, la situación se abordó con distintas estrategias. Panamá y El Salvador declararon emergencias ambientales frente a posibles afectaciones en medios de vida y seguridad alimentaria, mientras que Honduras movilizó partidas presupuestarias extraordinarias para asistir a municipios vulnerables. En el caso de Nicaragua, hasta el momento no se han anunciado fondos de ayuda ni asistencia técnica para los productores del Corredor Seco.

A la fecha no se han emitido alertas ni se han implementado mecanismos de apoyo específicos para el sector rural. En este contexto, las familias campesinas permanecen atentas a la evolución de las lluvias y a las posibles implicancias en la disponibilidad de granos básicos y los precios de la canasta. El desarrollo del ciclo agrícola dependerá, en gran medida, de cómo avance el comportamiento climático en las próximas semanas.

Rosario Murillo amenazó con sostener su continuidad en Nicaragua con el respaldo del Ejército y la Policía al defender la reforma constitucional que impulsa el oficialismo, en un momento en que la Organización de los Estados Americanos convocó una reunión de emergencia de cancilleres para evaluar acciones colectivas ante el cambio institucional en el país.

La advertencia llegó durante su llamada telefónica de este miércoles, cuando la vocera del régimen presentó a los cuerpos armados y de seguridad como la base que resguardará la nueva Carta Magna. El mensaje situó la fuerza coercitiva del Estado como garantía del proceso de reformas y de la permanencia indefinida de la pareja gobernante.

Murillo sostuvo que la continuidad del oficialismo asegura mejores condiciones para la población nicaragüense. A la vez, planteó que el cambio constitucional avanza con rapidez para consolidar un nuevo orden institucional, jurídico y constitucional.

Murillo señaló al Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior como garantes del nuevo esquema

En su intervención, Murillo dijo: “Seguimos cambiando Nicaragua para bien, para mejor, más desde nuestras instituciones de orden público, nuestro orgullo esas instituciones, nuestra fuerza militar del Ejército de Nicaragua, nuestras fuerzas policiales, seguridad ciudadana, seguridad soberana desde el Ejército, desde la Policía, desde el Ministerio del Interior, garantía de todo esto, nuestra seguridad, nuestra estabilidad”.

La mención explícita al Ministerio del Interior, al Ejército de Nicaragua y a la Policía colocó a esos aparatos como resguardo directo de la reforma. El planteo, de acuerdo 100% Noticias, expuso que la nueva Constitución se sostendrá en la capacidad de coerción del Estado y no en votos ni en consenso democrático.

Murillo también justificó la premura del proceso con una apelación a la soberanía. “Más y mejor ordenamiento institucional, jurídico y ahora constitucional en la medida en que vamos reformando lo pertinente para garantizar nuestra soberanía”, afirmó.

La apelación a la “paz” apareció ligada al control interno y al aislamiento internacional

En otro tramo de su alocución, Murillo vinculó la reforma con la promesa de dejar atrás la pobreza y con el rechazo a cualquier forma de subordinación externa. “Es nuestro derecho vivir bien, es nuestro derecho dejar atrás la miseria y la pobreza que nos impusieron, es nuestro deber, además, dejar atrás esas imposiciones que tienden a llevarnos a la subordinación y a la dependencia, nunca más”, dijo.

La frase final elevó el tono de advertencia frente a cualquier protesta interna o cuestionamiento diplomático. “Esa preciosa paz de la que hablamos tanto, la resguardamos con toda el alma”, señaló Murillo.

El pronunciamiento se produjo mientras la OEA activó una reunión de emergencia de cancilleres para examinar posibles respuestas colectivas ante el avance de la reforma constitucional en Nicaragua. En ese marco, el mensaje de la vocera oficial presentó la “paz” como un objetivo custodiado por las fuerzas armadas y policiales, en medio del desmantelamiento de derechos ciudadanos descrito en el texto fuente.

La Asociación Madres de Abril (AMA) denunció este miércoles 26 de agosto la detención arbitraria de Thelma Montenegro, integrante de la organización, y exigió su liberación inmediata. El hecho tuvo lugar en Nicaragua, donde familiares, organismo y defensores de derechos humanos han reportado un aumento en los casos de persecución por parte del régimen.

Según el comunicado difundido por la AMA, Thelma Montenegro fue detenida por segunda vez el 23 de agosto. La activista se presentó en la Jefatura Policial de Pantasma el 19 de agosto para realizar un trámite de renovación de licencia, momento en que se produjo su arresto.

Posteriormente, la mujer permaneció bajo custodia policial hasta la tarde del 22 de agosto, cuando fue liberada, aunque esa misma noche fue nuevamente aprehendida por una patrulla policial.

Tras días de búsqueda y gestiones de la familia, la policía informó el 25 de agosto que Montenegro había sido trasladada a Managua, al Distrito Policial III.

De igual manera, la AMA destacó en su declaración que la situación de Montenegro se enmarca en un contexto de hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, en especial aquellas vinculadas con la demanda de verdad y justicia en Nicaragua.

Cabe destacar que Thelma es hermana de Oliver y Edgard Montenegro y viuda de Francisco Blandón, quienes fueron asesinados presuntamente por paramilitares afines al régimen en la localidad de El Cuá en el año 2019. Otros miembros de su familia, como Dorlin y Oliver Montenegro, estuvieron en prisión entre 2020 y 2023.

Asociación exige información sobre el paradero Thelma

De igual manera, la organización advirtió que la detención reciente constituye un motivo de grave preocupación. En palabras de la asociación: “Responsabilizamos a Nicaragua y a las autoridades policiales por la integridad y la vida de Thelma Montenegro”.

La AMA pidió además al régimen que brinde información clara y oficial sobre la situación jurídica y paradero de Montenegro, y que garantice el respeto a su integridad física y psicológica.

La detención de Montenegro se suma a una serie de medidas represivas implementadas por el régimen contra familiares de víctimas de la represión y personas vinculadas a organizaciones que exigen procesos de memoria, verdad y justicia.

La AMA recordó que la activista ha demandado investigaciones imparciales y justicia para los asesinatos de sus familiares, así como el cese de la persecución a defensores de derechos humanos.

Entre las exigencias planteadas en el comunicado, la asociación reclamó la liberación inmediata e incondicional de Thelma Montenegro, el acceso a información oficial sobre su estatus legal, y el cese de las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra quienes defienden la memoria y la justicia en Nicaragua. El pronunciamiento incluyó llamados a la solidaridad nacional e internacional con Montenegro y quienes se encuentran en situaciones similares.

La AMA concluyó su pronunciamiento reiterando: “¡Las madres no se rinden, exigen justicia! ¡Libertad para las defensoras de derechos humanos!”. El caso de Montenegro es seguido por diversos organismos, atentos al desarrollo de la situación y a posibles respuestas del régimen nicaragüense.

La exigencia internacional para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por las desapariciones forzadas de presos políticos se intensificó tras una audiencia reciente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Diversas organizaciones, encabezadas por la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ), pidieron que se mantenga una presión constante sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para esclarecer el paradero de al menos siete personas bajo medidas provisionales del tribunal, cuyo destino aún se desconoce.

Según reportó Artículo 66, Claudia Pineda, directora de la AMJ, reclamó la liberación inmediata de quienes permanecen detenidos por motivos políticos y demandó una supervisión firme del tribunal interamericano sobre estos casos.

La audiencia, celebrada la semana anterior y recogida por Artículo 66, reunió a representantes de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, quienes acompañan a las familias de los presos políticos.

Pineda instó a la Corte-IDH a exigir al Estado información inmediata y verificable sobre el paradero de los desaparecidos, así como la garantía de contacto privado con familiares y acceso a evaluaciones médicas independientes.

“Esperamos que la Corte mantenga una supervisión firme sobre estos casos y reitere al Estado su obligación de informar de manera inmediata y verificable el paradero de las siete personas”, declaró la activista durante la sesión.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, citado por Artículo 66, advirtió que el régimen se niega a informar sobre el estado de salud o paradero de los detenidos, lo que incrementa el riesgo sobre sus vidas.

Pineda subrayó que la información oficial sigue siendo muy limitada, pues las familias no han podido establecer contacto directo ni acceder a abogados o médicos independientes, lo cual impide determinar con certeza en qué condiciones se encuentran los afectados.

Entre los beneficiarios de las medidas de la Corte-IDH se encuentran Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagoth Müller, Carlos Ramón Brenes Sánchez, Ricardo José Mendoza Yrigoyen, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Larry Javier Martínez Romero. Todos ellos, según la Corte, están en situación de desaparición forzada.

Además, se mencionó la situación de José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete, quienes, a pesar de haber cumplido condena ante los tribunales controlados por el régimen, permanecen en prisión, según lo expuesto ante la Corte-IDH.

El caso de Steadman Fagoth Müller, líder indígena y exasesor presidencial para asuntos indígenas, fue destacado durante la audiencia. Müller fue condenado a 105 años de prisión tras denunciar la invasión de territorios indígenas por colonos, un hecho que, de acuerdo con la denuncia, ejemplifica la severidad de las represalias contra quienes desafían al gobierno de Daniel Ortega.

La Corte-IDH ha emitido 20 resoluciones que exigen la liberación inmediata de las personas protegidas para garantizar su vida e integridad, pero ninguna ha sido liberada hasta el momento.

Siete de ellas permanecen en situación de desaparición forzada, fenómeno que, según explicó Claudia Pineda a Artículo 66, consiste en la privación de libertad por parte de organismos estatales y la negativa posterior del Estado a reconocer la detención o permitir contacto con familiares.

Pineda recalcó la importancia de que la Corte mantenga informados a los demás organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los involucre como parte de los mecanismos de garantía colectiva.

La activista enfatizó que la presión diplomática y política internacional es fundamental para que el Estado nicaragüense acate las órdenes del tribunal y libere a todas las personas presas por motivos políticos.

Durante la audiencia, las organizaciones participantes demandaron también la liberación de personas que ya cumplieron condena y solicitaron al tribunal mantener vigentes las medidas provisionales, así como volver a ordenar la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias.

Artículo 66 informó que la negativa sistemática del régimen a brindar información sobre los presos incrementa la incertidumbre y la gravedad de la desaparición forzada, ya que impide cualquier verificación independiente sobre su estado de vida.

La falta de datos oficiales imposibilita confirmar si los desaparecidos continúan con vida, lo que, según la AMJ, profundiza la angustia de sus familiares. Claudia Pineda concluyó en declaraciones recogidas por Artículo 66 que corresponde al Estado informar de inmediato el destino de estas personas y permitir una prueba de vida independiente y verificable.

Un hombre identificado como Adonis Calderón Bonilla cayó a una letrina de 8 metros cuando intentaba escapar de una persecución en Masaya por un presunto robo de electrodomésticos, y tuvo que ser rescatado antes de quedar bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones del caso.

El episodio ocurrió la mañana de este miércoles en una vivienda de la ciudad, en medio de un operativo en el que, según versiones de testigos y fuentes extraoficiales, el sospechoso huyó al advertir la presencia de agentes. El escondite elegido terminó por inmovilizarlo en el fondo de la estructura, completamente cubierto de heces y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Según el oficialista Canal 8, el hombre no solo trataba de evadir a la Policía, sino también a la persona afectada por el supuesto robo. La publicación situó el hecho en una letrina del barrio Andrés Vega Bolaños, mientras otra versión lo ubica en el sector de la Comarquita, en el barrio Sacuanjoche.

El sospechoso pidió ayuda desde el fondo de la estructura

La respuesta a la pregunta central del caso es directa: el presunto ladrón no logró escapar. Quedó atrapado en la letrina, comenzó a pedir auxilio por temor a morir ahogado entre desechos y debió ser sacado por cuerpos de emergencia y personas que estaban en el lugar.

De acuerdo con medios locales, vecinos participaron en las labores iniciales para asistirlo. Luego acudieron miembros de los Bomberos Unidos y de la Dirección General de Bomberos, que lo auxiliaron y lo extrajeron del fondo de la estructura.

Una vez fuera, los socorristas lo valoraron y determinaron que no necesitaba traslado a un centro asistencial. Ese dato fue reiterado por las versiones preliminares difundidas tras el rescate, pese a las condiciones en que fue encontrado.

La Policía lo llevó a celdas preventivas por el presunto robo

Tras la atención en el lugar, el hombre quedó a cargo de los agentes policiales presentes en el operativo. Después fue trasladado a la delegación de Policía de Masaya y, según fuentes extraoficiales citadas por el medio, a las celdas preventivas mientras continúan las indagaciones sobre el supuesto robo de electrodomésticos.

La identidad del sospechoso no había sido revelada en la primera información difundida por Canal 8. Otra versión posterior lo identificó como Adonis José Calderón Bonilla, de 24 años, y señaló que la persecución terminó con su captura después del rescate.

El caso atrajo atención por el riesgo físico de la maniobra. Introducirse en una letrina supone peligro de caída, atrapamiento, dificultad para respirar y exposición a sustancias contaminantes, además de la posibilidad de no poder salir sin ayuda.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el robo que habría originado la persecución. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

Un grupo de 3,321 tortuguillos paslama llegó al océano Pacífico tras ser liberado en una playa de Nicaragua. Los animales nacieron en viveros del refugio Río Escalante Chacocente, en Santa Teresa, Carazo, y forman parte de una especie que enfrenta riesgo de extinción. La actividad fue coordinada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

La liberación se realizó en el marco de la campaña “Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas”, que busca fortalecer la protección y supervivencia de distintas especies marinas en el país. El traslado de los tortuguillos consistió en llevarlos desde los viveros hasta la arena, a pocos metros del mar, para que emprendieran su primer recorrido hacia el océano.

De acuerdo con datos oficiales citados por EFE, esta acción tuvo lugar durante la segunda arribada masiva del año. Las arribadas son fenómenos naturales en los que numerosos ejemplares llegan a la costa para anidar, lo que facilita que las autoridades y voluntarios protejan los nidos y colaboren en la conservación de la especie.

Conservación y desafíos para las tortugas marinas en Nicaragua

Hasta mediados de mayo, el número de tortugas marinas liberadas en Nicaragua superaba las 443,000. Este dato incluye ejemplares de especies como paslama, carey, tora y tortuga verde. Las liberaciones de esa primera mitad del año se realizaron en varias zonas del litoral pacífico, incluyendo refugios como La Flor en Rivas, además de Chacocente, la playa Salamina en Managua y la reserva natural Estero Padre Ramos en Chinandega.

Nicaragua destaca internacionalmente porque dos de las siete playas en el mundo donde ocurren arribadas masivas de tortugas están en su territorio: Chacocente y La Flor. En estas playas, pueden congregarse hasta 4,000 tortugas en una sola noche durante la temporada, que usualmente se extiende de julio a enero.

Para el cierre de la temporada, la proyección de las autoridades ambientales, reportado en mayo, era el arribo de alrededor de 120,000 tortugas y hasta 1.8 millones de crías nacidas en la costa del Pacífico.

Ciclo de vida, protección legal y proyecciones

El ciclo de vida de estas especies lleva a que, después de cerca de quince años en el océano, los ejemplares adultos regresen a la misma playa donde nacieron, normalmente en noches de luna nueva o luna llena. Este patrón facilita la elaboración de calendarios que ayudan a anticipar y gestionar las arribadas.

La legislación nicaragüense prohíbe la comercialización de huevos de paslama debido a su condición de especie amenazada. Sin embargo, como ha documentado EFE, aún se observa la venta de estos productos en mercados y por vendedores ambulantes, pese a la normativa.

La liberación de tortuguillos en Chacocente se enmarca dentro de distintas acciones de conservación, como campañas informativas, vigilancia en playas y protección de áreas de anidación, además de la participación de comunidades locales. Según las autoridades, estas medidas buscan favorecer la supervivencia de las tortugas marinas.

Las arribadas masivas y los programas de liberación de crías figuran entre las principales prácticas implementadas para preservar la biodiversidad marina en la región.

Un incendio registrado la noche de ayer martes 25 de agosto, en el Mercado Oriental de Managua dejó como saldo la destrucción total de dos bodegas de plásticos y daños parciales en un tramo dedicado a la venta de granos básicos.

La emergencia, que se originó en la zona de la bodega Castillo, ubicada cuatro cuadras al oeste y dos al sur de la iglesia El Calvario, mantuvo en alerta a comerciantes, clientes y cuerpos de socorro.

De acuerdo con la información recabada por el medio Acción 10, el incendio comenzó poco después del cierre habitual de las actividades comerciales. Vecinos y comerciantes relataron haber escuchado una explosión, seguida por el avance de las llamas que rápidamente envolvieron las estructuras de las bodegas Castillos y García Castro.

El material almacenado, principalmente bolsas y empaques de plástico, favoreció la expansión del fuego, lo que complicó el trabajo de los bomberos en los primeros momentos de la emergencia.

El jefe de la Dirección General de Bomberos, Ramón Landero Pichardo, explicó a los medios que la naturaleza del material almacenado elevó significativamente el riesgo de propagación.

Movilización de equipos de emergencia

La magnitud del incendio requirió la intervención de más de 60 unidades de bomberos, apoyadas por ocho camiones y cisternas de agua. Además, al sitio acudieron efectivos de la Policía Nacional, Defensa Civil y técnicos en emergencias médicas de la Cruz Blanca.

Las fuerzas del orden acordonaron el área para evitar saqueos y garantizar la seguridad de los presentes, mientras los equipos de emergencia se enfocaban en contener el avance del fuego y evacuar a las personas en riesgo.

Durante la emergencia, varias personas colaboraron con los bomberos, intentando rescatar la mayor cantidad posible de mercadería, principalmente granos básicos como arroz, frijoles, maíz y cacao. Uno de los comerciantes afectados relató que fue evacuado por los bomberos debido a la intensa humareda, mientras otros lograron salvar parte de sus productos antes de que las llamas alcanzaran sus tramos.

De momento, las pérdidas económicas aún no han sido cuantificadas, pero comerciantes y trabajadores afectados señalaron que el siniestro representa la pérdida de años de esfuerzo y capital invertido.

El jefe bomberil subrayó que, pese a las condiciones adversas y el alto potencial de propagación, la rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores.

Labores posteriores e investigaciones

Una vez sofocadas las llamas, los equipos de bomberos y socorristas permanecieron en el lugar para realizar labores de enfriamiento y remoción de escombros. El objetivo fue descartar la presencia de puntos calientes que pudieran reavivar el fuego y garantizar la seguridad antes de permitir el acceso a los comerciantes y autoridades.

Especialistas de la Policía Nacional y de los cuerpos de bomberos iniciaron las primeras evaluaciones de daños y las investigaciones para establecer las causas exactas del incendio.

El Mercado Oriental es considerado el mayor centro de compras de Centroamérica, con miles de comercios y bodegas que abastecen a Managua y otras regiones del país.

Las pérdidas materiales calculadas de forma preliminar por los comerciantes ascienden a más de 40 millones de córdobas equivalente a $1,087,200 USD. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron víctimas mortales ni personas desaparecidas, según confirmaron las autoridades. La comunidad espera que las investigaciones permitan esclarecer las causas y se refuercen las medidas de prevención en el mercado.

Las obras viales simultáneas en Managua han generado desafíos para los conductores que utilizan una plataforma de transporte privado, quienes reportan impactos en su rentabilidad debido al tiempo perdido en embotellamientos, el aumento en el consumo de combustible y el desgaste acelerado de sus vehículos.

En una ciudad donde este tipo de aplicación se había convertido en una alternativa para que muchos nicaragüenses generaran ingresos, la situación actual ha modificado la rutina de quienes dependen de este trabajo, según informó Nicaragua Investiga.

A estos inconvenientes se suma una comisión del 13% que descuenta la plataforma de lo generado cada jornada. Varios conductores consultados señalan que el problema no solo radica en las tarifas bajas ofrecidas por los usuarios, sino también en que el ingreso percibido ya no compensa los gastos habituales de combustible, mantenimiento y depreciación de los vehículos.

Un conductor identificado como “José”, por seguridad, relató que comenzó hace ocho meses con una motocicleta nueva. Explicó que trabaja doce horas diarias para obtener alrededor de mil córdobas (aproximadamente USD 27), una cifra que no contempla el gasto en gasolina ni el desgaste de la moto.

Detalló: “La meta del motorizado es cobrar a diez pesos (unos USD 0.27) el kilómetro para poder ganarle algo, pero es mentira. A veces salen carreras de dos kilómetros para ir a traer al cliente y después otros ocho kilómetros para el destino final y los clientes ofrecen 50 pesos (cerca de USD 1.35) o 60 pesos (alrededor de USD 1.62)”.

Tráfico y tarifas percibidas como insuficientes

Para quienes realizan los viajes en automóvil, el margen de ganancia es todavía más ajustado. Otro conductor, “Jaime”, contó que comienza su jornada desde las seis de la mañana para tratar de evitar los mayores atascos, aunque considera que ese esfuerzo ya no rinde frutos.

Explicó: “Managua siempre está embotellada, no hay atajos, ni desvíos, todas las calles son un caos y uno termina perdiendo, porque pasa ahí horas quemando combustible por una carrera de 80 pesos (aproximadamente USD 2.16) o 100 pesos (unos USD 2.70) porque la gente no quiere reconocer que el gasto aumenta con todo esto”.

En la plataforma de transporte privado, los usuarios proponen la tarifa y los conductores deciden si aceptan el trayecto en función de sus gastos. Jaime expresó que ha optado por atender a clientes directos fuera de la aplicación para seleccionar mejor las carreras.

Mencionó que evita solicitudes que no cubren el gasto básico de operación y señaló que algunos pasajeros ofrecen 80 pesos (aproximadamente USD 2,16) por recorridos largos, solicitando también el uso de aire acondicionado.

Opiniones sobre la planificación de las obras

El malestar entre los conductores se ha hecho visible más allá del ámbito privado. Según la publicación, existe una página de Facebook donde comparten experiencias sobre recorridos extensos por montos considerados bajos. Las quejas apuntan tanto a las condiciones de la plataforma como al efecto de los cierres viales en distintas zonas de la ciudad.

Algunos trabajadores expresan que comprenden la necesidad de las obras, pero plantean dudas sobre su planificación y ejecución. Un conductor señaló que “las obras que están haciendo son buenas, uno entiende que hay que alegrarse con el desarrollo, pero digo yo que hubieran planeado mejor cómo se iba a hacer, ir cerrando un tramo primero, ponerle desvíos a ese tramo y luego ir con el otro y así, para no pasar todo esto”.

Según ese mismo testimonio, el ingreso diario está condicionado por el uso y deterioro del vehículo. Relató: “A veces yo salgo porque necesito generar dinero para comer en el día, pero yo lo que ando haciendo es comerme el carro.

Lo poco que saco no es ganancia es un taco de freno, una llanta, la batería que se desgastaron y que yo convertí en dinero para resolver el día, pero que mañana cuando se destruya no sé ni cómo haré para repararlo”.

La publicación de Nicaragua Investiga indica que las ofertas bajas de los usuarios están vinculadas a los salarios en Nicaragua. En este contexto, la mayoría de la población se desempeña por cuenta propia o en el sector informal. El servicio de transporte por aplicación opera entre usuarios con capacidad de pago limitada y conductores que enfrentan aumentos en los costos de operación.

El avance del fenómeno El Niño ha llevado a Panamá, El Salvador y Honduras a declarar alertas y adoptar medidas extraordinarias, mientras la comunidad científica internacional advierte sobre la posibilidad de un “Súper Niño”.

En Nicaragua, hasta el momento no se ha anunciado un plan oficial de contención, a pesar de los riesgos identificados como posibles pérdidas en las cosechas, incremento en el precio de la canasta básica y mayor inseguridad alimentaria en áreas rurales, según Nicaragua Investiga.

La problemática se enmarca en una crisis climática y productiva que afecta a Centroamérica, asociada a un aumento considerable de las temperaturas en el océano Pacífico ecuatorial.

Esta situación ha generado un estado de alerta en varios países, ante la posibilidad de que El Niño sea el episodio más intenso registrado hasta la fecha.

De acuerdo con reportes de la agencia AFP Panamá y El Salvador han declarado la emergencia para enfrentar tanto lluvias como sequías relacionadas con el fenómeno. En el caso panameño, la disminución de los niveles de agua ya ha impactado el tránsito interoceánico y el comercio.

Por su parte, en Nicaragua, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha emitido alertas preventivas ni ha presentado una estrategia oficial, aunque se reconoce que regiones del norte, occidente y centro experimentan déficit hídrico. El país comparte la franja de vulnerabilidad climática con sus vecinos, pero, según la publicación, no se han anunciado medidas específicas para los pequeños y medianos productores.

Emergencias en el Corredor Seco y respuestas regionales

En El Salvador, la Dirección General de Protección Civil advirtió sobre el aumento de la vulnerabilidad de la población debido a la combinación de déficit de lluvias, períodos secos recurrentes y temperaturas superiores a lo habitual. El organismo señaló que estos factores inciden en la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

En Honduras, las autoridades también han emitido alertas en municipios del Corredor Seco, donde se reportan pérdidas de áreas cultivables de granos básicos. Según reportes meteorológicos regionales retomados por el medio, El Salvador, Nicaragua y Honduras han registrado récords de temperatura mensual, lo que incrementa la preocupación por su impacto en la producción y el abastecimiento alimentario.

El fenómeno no se limita a una temporada seca habitual, sino que implica un deterioro simultáneo en las lluvias, el calor y la producción agrícola en países donde el maíz y el frijol forman la base del consumo y el ingreso rural.

Situación actual en Nicaragua frente a El Niño

Según Nicaragua Investiga, las instituciones estatales nicaragüenses como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Ministerio Agropecuario han adoptado un enfoque que tiende a normalizar las variaciones en el clima. El medio indica que, hasta el momento, no se han realizado menciones específicas sobre el fenómeno El Niño.

En este contexto, la falta de una respuesta formal podría dejar a los productores ante posibles pérdidas de cultivos clave como el maíz y el frijol, lo que podría incidir en la seguridad alimentaria. Además, existe la posibilidad de que se registre un incremento en los precios de la canasta básica si las cosechas de primera y postrera se ven afectadas.

El reporte señala que, a diferencia de otros países de la región que han implementado fondos de emergencia y decretos especiales, en Nicaragua el sector agropecuario permanece a la expectativa de la evolución del clima, sin que hasta ahora se haya anunciado un respaldo oficial específico.

De acuerdo con la información disponible, el impacto potencial podría observarse en la producción agrícola, la disponibilidad de agua y el abastecimiento en las zonas rurales. Un déficit de lluvias durante un periodo prolongado podría reflejarse en una menor oferta de alimentos, una reducción de los ingresos de los productores y mayores desafíos para los hogares que dependen de la agricultura de subsistencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó el caso de Brooklyn Rivera y de ocho personas de su entorno que siguen desaparecidas en Nicaragua, en una audiencia en la que su familia pidió mantener las medidas provisionales de protección, reclamar la entrega de sus restos y exigir que el Estado explique cómo murió el líder indígena tras casi tres años bajo custodia.

Las ocho desapariciones fueron actualizadas ante el tribunal por Tininiska Rivera, hija del dirigente miskito, quien indicó que estas personas no aparecen desde el 31 de mayo. La mayoría son familiares, pero también hay allegados y dirigentes comunitarios que habían viajado a Managua para recuperar los restos de Rivera y trasladarlos a su comunidad para sepultarlo.

Según Nicaragua Actual, la hija del exdiputado afirmó ante la corte que las autoridades reconocieron en 2024 que su padre estaba bajo custodia estatal, pero nunca informaron públicamente cuáles eran los cargos en su contra y tampoco si existió un proceso judicial o una sentencia. “No han oficializado nada ante la familia del por qué murió, ni cómo murió”, sostuvo.

Rivera también señaló que la familia no ha podido recuperar los restos de su padre. Añadió que el Estado no ha explicado las circunstancias de la muerte ni ha entregado información sobre el periodo en que permaneció cautivo.

Durante su comparecencia, Tininiska Rivera dijo que el gobierno no ha informado sobre la situación de las personas detenidas y desaparecidas. “El gobierno no se nos ha informado del estado de salud de estas personas, ni de cómo se encuentran actualmente”, denunció.

La diligencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se centró en la supervisión de medidas provisionales vinculadas con Rivera y su núcleo familiar. Allí se expuso de forma formal la situación de los familiares y allegados que, según la presentación de la parte peticionaria, permanecen en condición de desaparición forzada.

Junto a la familia estuvo Susana Marley Cunningham, conocida como Mama Tara, líder indígena miskita exiliada en Costa Rica. Ante el tribunal, reclamó la liberación de los familiares de Rivera y de otros líderes indígenas encarcelados en Managua.

“Yo vine a exigir que liberen a los familiares del taupla que están presos y todos los líderes indígenas que están en la cárcel en Managua”, afirmó. También pidió que el Estado entregue los restos del líder indígena a la comunidad miskita para darle sepultura de acuerdo con sus tradiciones y con la voluntad de su familia.

La representación de las víctimas habló de desacato permanente del Estado

Anexa Alfred Cunningham, representante de las víctimas en el caso de medidas provisionales, sostuvo que la situación actual prolonga los hechos ya denunciados ante la Corte: detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y muerte bajo custodia. La presentación vinculó las nuevas desapariciones con el caso original de protección internacional otorgada a Rivera.

Alfred, que también preside el Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, afirmó que Nicaragua permanece en “desacato permanente” por no haber cumplido las medidas provisionales que protegían al dirigente miskito. “El taupla tenía protección internacional, sin embargo el Estado de Nicaragua no respetó esa protección internacional”, dijo.

La representante sostuvo además que el caso no puede leerse de forma aislada. Según la publicación, lo relacionó con un patrón de persecución contra pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, que describió como una política de “criminalización, desaparición forzada, destierro y muerte” orientada a ampliar el control estatal sobre sus territorios y estructuras políticas.

Ante la Corte, los representantes pidieron mantener las medidas provisionales, exigir información sobre las ocho personas desaparecidas y garantizar el derecho de la familia a conocer qué ocurrió con Rivera durante los casi tres años de cautiverio. “La familia tiene el derecho a saber qué pasó durante su cautiverio”, sostuvo Alfred.

También insistieron en que, pese a la falta de cooperación del régimen nicaragüense, la presión debe continuar desde la comunidad internacional, los órganos políticos y los Estados del sistema interamericano ante las violaciones de derechos humanos denunciadas en el país.

El 25 de agosto de 2025, las autoridades entregaron a su familia el cuerpo sin vida de Mauricio Francisco Alonso Pietri, después de 38 días en calidad de desaparecido, según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX). El caso expone las condiciones que enfrentan los presos políticos en Nicaragua, así como la respuesta represiva dela dictadura Ortega-Murillo frente a voces disidentes.

El arresto de Mauricio Alonso ocurrió el 18 de julio de 2025, en medio de una redada contra opositores en la ciudad de Jinotepe, a 45 kilómetros al sur de Managua. Durante ese operativo, fue detenido junto con su esposa e hijo. Mientras su esposa fue liberada al poco tiempo, su hijo, Mauricio Alonso Estrada, permaneció recluido y en condición de desaparecido hasta el 10 de enero de 2026, bajo estricta vigilancia. GREX sostiene que la familia vivió un prolongado periodo de angustia, sin contacto ni información sobre el paradero de ambos.

El relato sobre sus días en prisión reconstruido por exiliados y exreclusos políticos describe la celda donde permaneció recluido: una galería de cinco por cuatro metros, compartida con otros doce hombres. Todos dormían casi uno sobre otro, sobre colchonetas delgadas en el suelo, sin acceso a literas ni camastros.

Condiciones extremas, aislamiento y falta de atención médica agravaron la salud de Mauricio Alonso

El calor y el hacinamiento generaban un ambiente sofocante y estresante. Según testimonios recogidos por GREX, Mauricio Alonso sufría insomnio, episodios de ahogo, arritmias cardíacas y una salud frágil, agravada por la falta de medicación adecuada y la ausencia de atención médica especializada.

El aislamiento constituyó una de las principales formas de maltrato. No recibió noticias sobre su familia ni pudo ver a su hijo, quien se encontraba en celdas cercanas. Solo se comunicaban a gritos durante los servicios religiosos. Esta privación de información y contacto directo incrementó su angustia y depresión.

Los registros señalan que en los días previos a su fallecimiento, experimentó mareos, palpitaciones y episodios de inestabilidad. El 21 de agosto de 2025, sufrió un primer ataque mientras intentaba buscar aire fresco en la ventanilla de la celda. Una doctora, tras medirle la presión, atribuyó el episodio a un ataque de ansiedad y le entregó una pastilla sin diagnosticar su condición real.

Media hora después, el segundo ataque resultó más severo. Convulsionó y se tornó morado, perdiendo la conciencia mientras sus compañeros pedían auxilio. Un médico y un oficial acudieron al lugar, lo trasladaron en estado grave y no volvió a ser visto por sus compañeros de celda.

Esa noche, las autoridades revisaron la celda y preguntaron insistentemente por medicamentos, sin encontrar nada. Al día siguiente, los funcionarios regresaron solicitando un número telefónico, lo que aumentó la confusión y el desconcierto entre los presos.

El destino de Mauricio Alonso permaneció en la incertidumbre hasta noviembre de ese año, cuando finalmente se confirmó su fallecimiento. La familia recibió el cadáver bajo la condición de realizar el entierro de inmediato y en secreto, lo que acentuó el hermetismo y la intimidación oficial. GREX enfatiza que su muerte ocurrió bajo custodia directa del régimen, en un entorno donde la negligencia médica y el trato inhumano fueron factores determinantes.

La figura de Mauricio Francisco Alonso Pietri tiene un trasfondo político relevante. Nació en Managua en 1961 y se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1978. Posteriormente, se exilió en México y Costa Rica, participando en el Frente Sur Benjamín Zeledón contra la dictadura de Somoza.

Tras su regreso a Nicaragua, colaboró en diversas instituciones públicas durante la década de 1980, aunque se alejó gradualmente de la política partidista en los años siguientes. En los años 2000, se unió al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actual UNAMOS, donde ejerció la presidencia departamental hasta 2018. Su activismo creció durante la Rebelión de Abril de 2018, manteniendo vínculos cercanos con líderes opositores y religiosos como Tomás Maldonado y Rudy Palacios

El caso ilustra la situación de los presos políticos en Nicaragua y la política de represión, vigilancia y acoso implementada por el matrimonio dictatorial. GREX sostiene que su muerte constituyó un asesinato con alevosía, al conocerse las condiciones críticas de salud del detenido y someterlo a un régimen de aislamiento y privaciones. Su muerte transmite un mensaje de advertencia y terror, en un contexto donde la sociedad nicaragüense busca romper el ciclo de violencia e impunidad.

Este jueves 27 de agosto está previsto que termine el proceso de consultas con el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha buscado legitimar las reformas constitucionales surgidas de la orden que Ortega dio el pasado 19 de julio para impedir que sus adversarios puedan volver al poder mediante elecciones.

La Juventud Sandinista será el último sector convocado. Después, según el calendario anunciado por Murillo, el 1 de septiembre se presentarán las conclusiones del proceso y el proyecto avanzará hacia su aprobación en primera legislatura por una Asamblea Nacional ampliamente controlada por el Frente Sandinista.

Hasta el 22 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, Gustavo Porras, contabilizaba 92.832 participantes de 25 sectores, tanto presencialmente como mediante conexiones virtuales. La meta anunciada es completar 30 encuentros.

Por las consultas han pasado militares, policías, funcionarios públicos, alcaldes, empresarios, banqueros, mineros, trabajadores de zonas francas, universidades, docentes, estudiantes, comunicadores, artistas, emprendedores, médicos, deportistas, representantes de iglesias, transportistas y comerciantes, entre otros.

Respaldo “unánime”

A un día de su conclusión no se conoce públicamente una sola objeción planteada dentro de las sesiones por alguno de los sectores convocados. Las crónicas oficiales hablan de “respaldo unánime”, “firme respaldo”, “confianza”, “esperanza” y “apoyo”. No hay constancia pública de una propuesta de los participantes que haya obligado a modificar sustancialmente el proyecto.

Una explicación puede encontrarse en la naturaleza misma de los encuentros. Aunque oficialmente se les denomina consultas, Porras estableció desde la primera reunión, realizada con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Managua, el alcance que tendrían. “Nuestro objetivo es informativo absolutamente”, dijo.

Las sesiones tampoco contemplan votaciones, encuestas ni algún mecanismo para registrar posiciones a favor y en contra. La dinámica ha consistido básicamente en la exposición de las reformas por Porras y otros funcionarios, seguida de intervenciones de algunos de los asistentes.

La mayoría de los convocados, además, pertenece a instituciones subordinadas al Ejecutivo, organizaciones oficialistas o sectores que mantienen relaciones regulatorias o económicas con el Estado.

El Ejército, la Policía, los poderes e instituciones estatales, alcaldías, universidades públicas y estructuras gremiales vinculadas al sandinismo forman parte del listado. En el sector privado han participado empresas que dependen de licencias, regulaciones, exenciones, concesiones o autorizaciones gubernamentales.

La composición de las consultas tiene otra particularidad: entre quienes han representado o acompañado a los sectores convocados están los propios hijos de quienes ordenaron las reformas.

Daniel Edmundo Ortega Murillo ha intervenido por los comunicadores; Camila Ortega Murillo, por las Mipymes y la economía creativa; Laureano Ortega Murillo, por empresarios, inversionistas y otros sectores económicos; y Maurice Ortega Murillo, por los deportistas. Rafael Ortega Murillo estuvo presente en al menos una sesión, aunque no se conoce una intervención suya.

De esa manera, cuatro integrantes de la familia gobernante han defendido públicamente, desde los sectores estatales que coordinan o en los que ejercen influencia, las reformas promovidas por sus padres.

Daniel Edmundo Ortega Murillo

Uno de los primeros fue Daniel Edmundo Ortega Murillo. El 4 de agosto, el coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía encabezó la representación de comunicadores sandinistas durante la consulta con periodistas, comunicadores y estudiantes de comunicación. No participó prensa independiente,

“Queremos expresar nuestro firme y total respaldo a este Proyecto de Reformas Parciales a la Constitución”, afirmó.

El hijo de Ortega y Murillo sostuvo además que las modificaciones permitirán garantizar “Procesos Electorales Libres, Democráticos y Soberanos” y acusó a los críticos del régimen de promover “terrorismo mediático”, “golpismo” y “fascismo”.

Daniel Edmundo coordina el sistema de medios gubernamentales que ha presentado diariamente las consultas como demostraciones de respaldo popular a las reformas. Es decir, participa como representante del mismo aparato comunicacional encargado de divulgar el proceso y construir su narrativa pública.

Camila Ortega Murillo

Una semana después le correspondió a Camila Ortega Murillo. El 11 de agosto se realizó la consulta número 12 de las 30 previstas. Los convocados fueron representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de emprendedores creativos e innovadores. Camila participó en su condición de coordinadora general de la Comisión Nacional de Economía Creativa.

“Estamos aquí respaldando con gran firmeza y con mucha esperanza esta Reforma para el Bienestar y la prosperidad de nuestra Nicaragua”, dijo al cerrar la jornada.

Camila presentó el encuentro como una manifestación de participación ciudadana y vinculó expresamente las reformas con la continuidad del modelo político que encabezan sus padres.

“Esta es una expresión del modelo de participación directa del Pueblo Presidente gracias a ese mandato, esa visión de nuestros copresidentes, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”, afirmó.

“Como hijos que amamos nuestra Patria, como defensores y promotores de la Paz, de nuestra Soberanía y de nuestra Dignidad, tenemos también la responsabilidad histórica de seguir garantizando la Justicia, la Paz y el Bienestar para los presentes y futuras generaciones”.

Y concluyó: “Por eso, respaldamos con firmeza esta Reforma Constitucional y no pudieron ni podrán”.

La frase “no pudieron ni podrán” forma parte de uno de los seis conceptos con los que Porras ha explicado las reformas durante las consultas y remite directamente a la advertencia de Ortega del 19 de julio contra sus adversarios.

Laureano Ortega Murillo

Laureano Ortega Murillo ha tenido una participación todavía más amplia. Como asesor presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, ha acompañado consultas relacionadas con empresarios, inversionistas y actividades económicas. Estuvo desde el 27 de julio en la reunión con miembros del cuerpo diplomático y posteriormente apareció en encuentros con empresarios y sectores como la minería.

El 19 de agosto, durante la consulta con representantes del sector minero, presentó las reformas como una garantía para el capital privado. “Con estas reformas se estará dando más seguridad y estabilidad para sus inversiones”, aseguró.

Laureano pidió a las empresas con capital extranjero transmitir fuera del país que Nicaragua ofrece estabilidad, seguridad y reglas claras para invertir, y agradeció a Porras por ejecutar las “orientaciones” de la copresidencia. “Que en Nicaragua, estos procesos electorales, sean definidos por los nicaragüenses, que amamos verdaderamente al país”, afirmó.

Maurice Ortega Murillo

El cuarto hijo de la pareja gobernante en representar abiertamente uno de los sectores consultados fue Maurice Ortega Murillo. Nombrado en julio delegado de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Deporte, participó el 20 de agosto en la sesión con atletas, entrenadores y promotores deportivos.

“Para nosotros es un orgullo y un honor poder estar participando y aportando desde nuestros espacios de trabajo en el deporte”, dijo. “Tenemos la firme convicción de que la orientación de nuestro comandante Daniel, el pasado 19 de julio, sobre trabajar esta reforma, es clara y es esencial en este momento que vivimos como país y como nicaragüense”, afirmó.

También aseguró que las modificaciones constitucionales permitirán fortalecer “nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y nuestro derecho a elegir en verdadera libertad, sin presiones externas y sin pistolas en la cabeza”.

Otro hijo, Rafael Ortega Murillo, estuvo presente el 4 de agosto en la consulta con los comunicadores. Porras lo identificó entre los miembros de la familia que asistieron junto a Daniel Edmundo, Camila y Maurice. Sin embargo, las transcripciones oficiales revisadas no registran ninguna intervención suya sobre las reformas.

Los otros tres hijos de Ortega y Murillo —Juan Carlos, Carlos Enrique y Luciana— no han sido incorporados públicamente al proceso.

Temor para criticar

La ausencia de críticas públicas dentro de los encuentros contrasta, sin embargo, con lo que algunos participantes han contado después bajo anonimato.

La plataforma Confidencial entrevistó a empresarios, banqueros y otras fuentes del sector privado que asistieron a las reuniones y las describieron como sesiones informativas, no como espacios donde realmente pudieran discutir el proyecto.

“Nadie dijo nada pues todos sabemos que es muy peligroso expresar nuestras inconformidades en voz alta”, dijeron varias fuentes al medio. “Eso fue un asunto de ‘tomarlo o tomarlo. Punto’. Ahí no hubo margen para presentar consideración alguna”, agregaron.

Otro participante relató que algunos empresarios tenían dudas sobre las consecuencias de no asistir porque “sentían temor y hasta riesgo”. Una fuente describió además el mensaje que, a su juicio, recibían los empresarios: recordar que habían hecho dinero con ese Gobierno y que enfrentarlo podía tener consecuencias económicas.

“Ellos presentaban sus planteamientos, pero cuando uno los escucha, encuentra una tergiversación que sería muy fácil desmontar, pero nadie se atreve a confrontarlos por los riesgos que eso significa”, explicaron otras fuentes consultadas por Confidencial.

El único cuestionamiento público relevante registrado dentro del proceso provino del cuerpo diplomático. El embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz, preguntó durante la primera sesión si las futuras elecciones contarían con observación electoral independiente. Porras respondió que Nicaragua mantendría únicamente la figura de “acompañantes” electorales.

Orden de Ortega

Las consultas tienen su origen en el discurso pronunciado por Ortega el 19 de julio durante el 47 aniversario de la revolución sandinista. “No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo Ortega en referencia a sus adversarios políticos.

Dos días después, la Asamblea Nacional anunció que comenzaba los análisis para “cumplir con las orientaciones presidenciales”. El Parlamento informó que trabajaría con el Consejo Supremo Electoral en los cambios constitucionales, legales y formales necesarios.

El 27 de julio comenzó el proceso de encuentros con una exposición ante el cuerpo diplomático acreditado en Managua. Al día siguiente, el plenario remitió formalmente la iniciativa a una Comisión Especial de Carácter Constitucional presidida por Porras. El proyecto había sido presentado por 74 diputados sandinistas.

La iniciativa propone períodos de siete años para los cargos electivos y numerosas autoridades estatales, prolonga los mandatos vigentes, constitucionaliza las prohibiciones políticas contra personas calificadas como “golpistas” o “traidores a la patria” y mantiene procesos electorales cada siete años bajo control del Consejo Supremo Electoral. También traslada al 18 de enero la toma de posesión de la Copresidencia.

Durante las consultas, Porras buscó matizar la declaración inicial de Ortega. Sostuvo que el mandatario no había querido decir que desaparecerían todas las elecciones, sino que no volverían a realizarse elecciones que permitieran a los denominados “golpistas” y “traidores” recuperar el poder.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Daysi Amelia Castillo Álvarez, funcionaria judicial de Nicaragua detenida desde enero de 2025, tras considerar que enfrenta una situación de gravedad y riesgo irreparable bajo custodia del régimen sandinista, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La resolución de la CIDH señala que Castillo Álvarez, quien se desempeñaba como alguacila judicial (secretaria especial de un juzgado) en el Juzgado Único Local de Moyogalpa, en la isla de Ometepe (departamento de Rivas), fue arrestada el 7 de enero de 2025 por autoridades estatales y permanece incomunicada desde entonces. El organismo subraya que sus familiares no recibieron información oficial sobre sus condiciones de reclusión ni sobre su estado de salud, pese a las gestiones realizadas.

Hasta la fecha, no existen cargos formales públicos ni se informó el motivo oficial de la detención de Castillo Álvarez. La CIDH remarcó que Nicaragua no respondió a la solicitud de información presentada durante el procedimiento de medidas cautelares.

La Comisión advirtió que la funcionaria se encuentra bajo custodia estatal, sin acceso comprobado a atención médica o medicación, y sin posibilidad de recibir visitas de familiares o allegados. “Sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”, indicó la CIDH.

Por ello, el organismo solicitó al régimen adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de Castillo Álvarez, e informar sobre las circunstancias y condiciones de su detención.

La CIDH también otorgó el pasado viernes medidas cautelares a favor de Santos Ariel Rodríguez Lagos ante el riesgo grave e inminente para su vida e integridad personal en el país. La decisión se fundamentó en la falta de información oficial sobre el paradero y las condiciones de detención del empresario, quien fue arrestado el 2 de junio de 2024 por agentes estatales

El calvario de un detenido por fuerzas de la dictadura sandinista

La CIDH condenó a la dictadura de Nicaragua el 13 de agosto de 2026 por la detención arbitraria, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la violación de garantías procesales cometidas contra el ciudadano estadounidense Jason Zachary Puracal. El fallo obligó al régimen nicaragüense a pagar más de 190.000 dólares en concepto de reparaciones, a implementar reformas legales y reconoce que el caso establece un precedente para la protección de los derechos humanos en la región.

La sentencia de la Corte IDH cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario de Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, en un contexto en el que el uso abusivo de la prisión preventiva y las detenciones arbitrarias han sido denunciadas a nivel internacional.

El 11 de noviembre de 2010, agentes de la Policía Nacional de Nicaragua realizaron allanamientos sin orden judicial en la oficina y el domicilio de Puracal en San Juan del Sur. La familia del ciudadano estadounidense, incluida su esposa nicaragüense y su hijo pequeño, presenció la irrupción, que se prolongó durante varias horas y finalizó con la confiscación de documentos y bienes.

Posteriormente, Puracal fue acusado de crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico junto a otros diez ciudadanos nicaragüenses, en un proceso señalado por irregularidades según la CIDH. La prisión preventiva se extendió durante nueve meses, sin acceso inmediato a defensa letrada ni asistencia consular, y concluyó con una condena a 22 años de prisión.

La defensa, con el respaldo de organizaciones como The David House Agency y la clínica de derechos humanos de la Universidad de Seattle dirigida por el profesor Thomas M. Antkowiak, obtuvo en septiembre de 2012 la anulación de la sentencia por parte del Tribunal de Apelaciones. Tras la decisión, la Dirección de Migración y Extranjería ordenó la deportación inmediata de Puracal, obligando a la familia a reconstruir su vida en Estados Unidos.

(Con información de EFE)

El ciudadano nicaragüense Luis Manuel Áviles Roa recuperó la libertad este martes tras haber permanecido varios días bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Florida, luego de su detención durante un control de tránsito. La familia del detenido, cuyo hijo sirve como marino en el portaaviones USS Abraham Lincoln, confirmó la liberación sin precisar el estatus migratorio actual de Áviles Roa. El caso generó atención en medios y redes sociales por ocurrir en medio de la polémica sobre las condiciones a bordo del portaaviones y en el contexto de recientes denuncias sobre la deportación de familiares de militares.

Según informó la agencia EFE, la familia Áviles comunicó la noticia a través del perfil de Facebook de Joshua Áviles, hijo del liberado y miembro activo de la Armada de Estados Unidos. En el mensaje, la familia expresó agradecimiento por el apoyo recibido y solicitó privacidad mientras se reencuentran tras la liberación. “Luis ha sido liberado y ha regresado con nuestra familia. Estamos profundamente agradecidos por todo el apoyo brindado tanto a Luis como a Josh a lo largo de esta situación”, publicó la familia Áviles, que aclaró que no concederá entrevistas por el momento.

La detención de Luis Manuel Áviles Roa ocurrió el sábado anterior en Cayo Hueso (Key West), la ciudad más meridional del estado de Florida, durante un operativo de tránsito. De acuerdo con declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recogidas por EFE, Áviles Roa fue identificado como “extranjero ilegal de Nicaragua” y detenido porque “entró al país ilegalmente en una fecha y ubicación desconocidas”.

La situación adquirió notoriedad por la vinculación familiar de Áviles Roa con un militar desplegado en un portaaviones estadounidense involucrado en operaciones en el conflicto con Irán.

El caso motivó una oleada de apoyo a través de redes sociales, donde Joshua Áviles relató que su padre contaba con licencia de conducir, número de seguridad social y permiso de trabajo, y que aguardaba la aceptación de su solicitud de residencia permanente, la llamada residencia permanente.

El propio DHS aclaró en su pronunciamiento que “tener un familiar en el Ejército no es un pase libre para violar las leyes”, recalcando que “el servicio militar de un familiar directo no otorga automáticamente permiso de permanencia (‘parole’), estatus legal, ni inmunidad”. Esta postura fue recogida por EFE y reproducida por medios estadounidenses.

El contexto militar y migratorio

La liberación de Áviles Roa ocurre en un periodo de tensión sobre la situación de los familiares de personal militar extranjero en Estados Unidos. El caso del USS Abraham Lincoln, donde sirve su hijo, atrajo la atención pública después de que familiares de marinos denunciaran escasez de suministros, problemas de contaminación del agua y afectaciones a la salud mental de la tripulación.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, desestimó los reportes calificándolos de “completamente tergiversados”, mientras el Comando Central (Centcom) anunció el reemplazo del portaaviones por el USS George Washington y su grupo de ataque en la región de Oriente Medio, tras más de seis meses de despliegue.

A estas circunstancias se sumó la publicación de una carta, fechada el 9 de agosto, en la que senadores del Partido Demócrata denunciaron intentos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por deportar a 282 veteranos y sus familiares durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. De acuerdo con el documento, la política migratoria vigente habría intensificado la presión sobre colectivos tradicionalmente percibidos como protegidos, como los familiares directos de militares activos.

Por el momento, la familia Áviles no ha revelado detalles sobre los próximos pasos legales en el caso de Luis Manuel Áviles Roa, mientras esperan el retorno de Joshua Áviles tras su servicio en el USS Abraham Lincoln.

Más de un año después de que la Policía Nacional de Nicaragua redujera a 50 km/h el límite de velocidad en carreteras, el país volvió a registrar 1.348 colisiones en una sola semana, un volumen que expone que la restricción no contuvo la crisis vial y que mantiene a Managua como principal foco de accidentes.

El dato más amplio agrava ese cuadro: en lo que va de 2026, el acumulado ya supera las 578 víctimas mortales, de acuerdo con cifras oficiales difundidas este 25 de agosto. En la semana del 17 al 23 de agosto, además de las colisiones, se reportaron 41 personas lesionadas en todo el territorio nacional.

Según Nicaragua Investiga, la capital concentró 874 choques en siete días, cerca del 65% del total nacional. Detrás quedaron León, con 70; Masaya, con 57; Matagalpa, con 53; Chinandega, con 49, y Estelí, con 42.

Ese reparto confirma que el centro del problema sigue en Managua, donde se concentra la mayor carga de siniestralidad del país. El informe oficial ubica a la ciudad muy por encima del resto de departamentos en número de colisiones semanales.

Managua concentró casi dos tercios de las colisiones del país

La motocicleta fue el vehículo más involucrado en los siniestros de la última semana, con 414 casos. Le siguieron los automóviles, con 310; las camionetas, con 307; los camiones, con 156, y los buses de transporte colectivo, con 69.

La Dirección de Tránsito Nacional identifica de forma recurrente tres causas principales en los accidentes fatales: exceso de velocidad, conducción en estado de ebriedad e imprudencia peatonal con invasión de carril. Ese diagnóstico oficial convive con una cifra semanal que se mantiene por encima de 1,300 colisiones.

La respuesta estatal se sostuvo en operativos de control y sanción. En esos mismos siete días, las autoridades requisaron 56.163 vehículos, realizaron 6.779 pruebas de alcoholemia, suspendieron 996 licencias y detuvieron a 182 personas.

De ese total de arrestados, 131 fueron detenidos por conducir sin licencia y 51 por manejar en estado de ebriedad. Los controles se desplegaron en 84 tramos de carretera priorizados, según el reporte policial.

Las sanciones incluyeron 996 licencias suspendidas y 182 detenidos en una semana

La reducción del límite de velocidad a 50 km/h rige desde junio de 2025, cuando la Policía endureció también la aplicación de castigos en las vías del país. Más de un año después, el medio señaló que el flujo semanal de accidentes sigue sin dar tregua.

La publicación recoge además cuestionamientos de analistas e independientes al enfoque punitivo, basado en multas, retenciones y retenes masivos. Esas críticas sostienen que la estrategia no resolvió el problema de fondo y que el país sigue sin una política sostenida apoyada en infraestructura, educación vial integral, transporte público transparente y fiscalización técnica.

El volumen de colisiones registrado entre el 17 y el 23 de agosto volvió a mostrar esa brecha entre el despliegue de sanciones y los resultados. Con 1.348 accidentes en una semana, 41 lesionados y más de 578 muertes acumuladas en 2026, la siniestralidad vial se mantiene entre las principales crisis de seguridad pública del país.

El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua presentó el informe epidemiológico correspondiente a la semana que culminó el pasado sábado 22 de agosto.

La información sobre el comportamiento de las enfermedades vectoriales y respiratorias en el país no se encuentra publicada ni accesible de forma directa en el portal web oficial del MINSA ni en sitios gubernamentales de acceso público permanente.

Por el contrario, estos datos fueron conocidos públicamente tras ser retomados por diversos medios de comunicación nicaragüenses, los cuales acceden a las cifras únicamente a través de notas de prensa y boletines difundidos de manera selectiva por las autoridades sanitarias del régimen.

A pesar de que los titulares oficialistas destacaron de forma prioritaria las disminuciones registradas en patologías como la neumonía y la malaria, el análisis detallado del comunicado revela un incremento significativo en al menos cuatro enfermedades infectocontagiosas durante el período evaluado.

Entre las variaciones al alza más considerables destaca el Chikungunya. Durante la semana que finalizó el 22 de agosto, las autoridades confirmaron 55 casos más en comparación con la semana anterior, lo que elevó la cifra a un acumulado semanal de 399 personas diagnosticadas con este virus transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Por su parte, el Dengue, otra de las arbovirosis de alta prevalencia y preocupación en el territorio nicaragüense— experimentó un repunte de 12 enfermos adicionales en relación con el reporte epidemiológico inmediatamente anterior. Con esta variación, el total de personas diagnosticadas con dengue alcanzó los 130 casos registrados en la semana.

En lo que respecta a la Leptospirosis, la entidad sanitaria reportó un aumento de un nuevo caso comparado con la semana previa, situando el registro semanal en 3 personas afectadas por esta enfermedad bacteriana transmitida principalmente por el contacto con agua o suelo contaminado por orina de animales infectados.

Asimismo, la Influenza presentó una ligera tendencia ascendente al contabilizarse un enfermo más en comparación con el ciclo de siete días anterior. Con este nuevo contagio reportado, la cifra total de personas afectadas por influenza se fijó en 78 enfermos en dicho período. Por otro lado, la nota institucional detalló que durante ese lapso no se captaron casos positivos de Zika en el país.

Opacidad oficial y la difusión de datos en medios locales

La divulgación periódica de estos indicadores epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud ha mantenido un esquema de comunicación caracterizado por el acceso restringido y la falta de repositorios públicos consolidados. Debido a que el régimen nicaragüense no publica de manera sistemática ni transparente las estadísticas de salud en sus plataformas digitales oficiales, la ciudadanía y los especialistas independientes se ven obligados a monitorear la situación sanitaria a través del material que trasciende en los medios de comunicación locales.

Estos medios independientes y cadenas informativas retoman y fiscalizan los datos a partir de los comunicados de prensa institucionales emitidos por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Organizaciones médicas e investigadores independientes han reiterado de forma continua la importancia crucial de contar con un acceso abierto, completo e ininterrumpido a los boletines epidemiológicos semanales. Mantener estadísticas de salud accesibles para toda la población no solo permite evaluar objetivamente el impacto real de arbovirosis como el dengue y el chikungunya, sino que resulta indispensable para que las comunidades adopten las medidas preventivas adecuadas ante el aumento de brotes infecciosos en los diferentes departamentos del país.

La detención de Luis Manuel Aviles, un trabajador nicaragüense de 48 años, en Florida ha coincidido con uno de los momentos más duros para su familia. Su hijo, Joshua Aviles, lleva nueve meses desplegado a bordo del USS Abraham Lincoln, el portaaviones de la Marina de Estados Unidos que marcó un récord por el mayor tiempo continuo en el mar.

Esta travesía ha generado preocupación entre las familias de los tripulantes, especialmente por la escasez de suministros y el impacto en la salud mental de los militares, según detalla una nota de la agencia AP.

Mientras Joshua trabaja turnos de 12 horas en el buque, su padre fue arrestado por autoridades migratorias tras salir de casa para llevar su automóvil al mecánico.

Según Argelia Aviles, su esposa, Luis cuenta con un permiso de trabajo y lleva 19 años viviendo en el país, dedicado a oficios varios en Key West. “Él se dedica solo a trabajar para poder poner comida en la mesa en la casa. Es un buen padre. Ama a sus hijos con toda su alma”, aseguró Argelia.

El arresto se produce en un contexto de políticas migratorias más severas bajo el gobierno de Donald Trump, que ha revertido protecciones para familias de militares en servicio activo.

Al menos seis familiares de soldados han sido deportados y uno más se autodeportó, según un recuento de The Associated Press. A la esposa de un soldado la retiraron de un vuelo de deportación después de que su caso saliera a la luz.

Uno de los beneficios migratorios más conocidos en las fuerzas armadas es el “permiso militar de permanencia temporal en el país”, que permite a cónyuges, hijos y padres de militares en activo o veteranos solicitar estatus migratorio legal desde dentro del país. Sin embargo, no todos pueden acceder a este beneficio: quienes se quedaron más tiempo del permitido por sus visas o solicitaron estatus legal en la frontera suelen quedar excluidos.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a Avilés en Key West y que permanecerá bajo custodia del ICE mientras se procesa su deportación. El departamento señaló que “tener a un familiar en el ejército no es un pase libre para violar las leyes de nuestra nación” y que el gobierno “no elige qué leyes hacer cumplir y cuáles no”.

El impacto del despliegue y la separación familiar

Joshua contó que ha trabajado turnos de 12 horas durante más de 250 días sin descanso en el USS Lincoln, desplegado en Oriente Medio. El despliegue ha generado preocupación por el impacto que tiene en quienes pasan largos periodos lejos de tierra, la escasez de alimentos y el desgaste en la tripulación.

El Pentágono remitió las preguntas a la Marina, que no respondió a la solicitud de comentarios. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dicho que las condiciones a bordo del Lincoln estaban “completamente tergiversadas”.

En Facebook, Joshua escribió que seguía a bordo del USS Lincoln “luchando por un país que me lo ha dado todo” cuando recibió la llamada sobre la detención de su padre. “Esto me rompe el corazón. No sé cómo puedo seguir trabajando mentalmente días de más de 12 horas sabiendo que mi papá está en algún lugar, posiblemente tratado como un criminal”, publicó Joshua.

Su hermana, Katherine Delgado, de 28 años, relató que Joshua se unió a las fuerzas armadas con la esperanza de que eso ayudara a su padre a obtener la ciudadanía y a no vivir con miedo de ser arrestado. Katherine contó que estar separada de Joshua, a quien llama su “mejor amigo”, ha sido devastador. “Pasé semanas sin saber dónde estaba”, dijo.

Cuando supo que Joshua no estaba recibiendo suficiente comida, gastó cientos de dólares en enviarle paquetes de alimentos y productos de higiene. Algunos nunca llegaron. Ahora, Katherine espera el regreso de su hermano tras el inminente retiro del portaaviones del servicio en Oriente Medio. “Se supone que Joshua debe volver a casa pronto”, lamentó, “y va a volver a casa sin su padre”.

El largo despliegue también ha sido difícil para Luis Avilés. Según Argelia, él esperaba con ansias el regreso de su hijo. Cuando pasaron seis meses y Joshua no volvió, Luis quedó destrozado. “Estaba emocionado”, contó Argelia. “Quería abrazar a su hijo, ya que no lo había visto en nueve meses”.

La reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, ha encendido las alertas de expertos en derechos humanos y analistas políticos, quienes advierten que la medida podría acarrear graves consecuencias políticas, diplomáticas y económicas para el país.

La modificación, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, establece que ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua si, a juicio del Gobierno, afecta la independencia, la soberanía o la paz nacional, según se describe en la cobertura de Artículo 66.

Para Álvaro Leiva, defensor de derechos humanos, y Héctor Mairena, abogado y preso político desterrado, la reforma representa una estrategia de blindaje político y jurídico que busca proteger al régimen de futuras acciones internacionales.

Leiva sostiene que el objetivo principal es evitar la aplicación de leyes extranjeras y disposiciones internacionales que puedan derivar en responsabilidades por violaciones de derechos humanos documentadas en los últimos años. “La dictadura Ortega-Murillo busca una sola cosa con esta reforma: blindar su impunidad”, afirmó Leiva, citado por Artículo 66.

Leiva advierte que el régimen intenta utilizar el concepto de soberanía como argumento para desconocer resoluciones internacionales y deslegitimar las críticas de otros países y organismos multilaterales. Según su análisis, la reforma permitirá al Gobierno presentar cualquier señalamiento externo como una supuesta agresión contra Nicaragua, lo que podría servir de justificación para medidas internas como detenciones arbitrarias, desnacionalizaciones y confiscaciones.

“El régimen Ortega-Murillo utiliza la ‘defensa de la soberanía’ como escudo narrativo, no como argumento jurídico”, añadió el defensor de derechos humanos.

Mairena coincide en que el propósito de la reforma es eminentemente político, pues busca dotar al régimen de un blindaje teórico frente a la aplicación de leyes o medidas internacionales.

Recordó que en una reforma anterior ya se habían eliminado referencias constitucionales a compromisos internacionales, como el reconocimiento de la Convención contra la Tortura.

Repercusiones en el aislamiento internacional

El abogado Héctor Mairena advierte que la nueva reforma podría profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua y complicar aún más sus relaciones diplomáticas, así como el acceso a financiamiento y cooperación internacional.

Considera que se trata de una acción de tipo político que pretende blindar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y que aísla aún más al país de sus compromisos internacionales, “específicamente en el terreno de los Derechos Humanos”, según declaraciones recogidas por Artículo 66.

Leiva agrega que las medidas internacionales acumuladas en las últimas décadas han reducido el margen de maniobra del régimen, aunque no han logrado modificar su conducta interna.

Menciona que las sanciones individuales y sectoriales, las restricciones financieras y las resoluciones de organismos multilaterales han afectado el acceso de Nicaragua a financiamiento, cooperación y legitimidad diplomática. “Cada resolución internacional se convierte en una pieza más del cerco que limita la capacidad del Estado de actuar sin consecuencias externas”, afirma Leiva.

Una respuesta directa a la OEA

La reforma constitucional fue aprobada días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) avalara una resolución promovida por Estados Unidos, orientada a convocar a una reunión de cancilleres para analizar posibles acciones frente a la situación en Nicaragua.

Para Leiva, aunque las resoluciones de la OEA no modifican de inmediato las decisiones del régimen dentro del país, sí tienen efectos en el ámbito internacional, ya que “cada resolución es un registro oficial que queda en la historia diplomática del continente”.

Estas decisiones, según el defensor de derechos humanos, pueden incidir en las relaciones bilaterales, la cooperación, el acceso a financiamiento y la percepción de riesgo político y económico. Mairena advierte que la comunidad internacional podría pasar de las declaraciones a la adopción de medidas más contundentes contra el régimen de Ortega-Murillo.

“Creo que estamos en un momento en que la comunidad internacional está diciendo basta y pasará de las declaraciones a las acciones y las medidas”, concluyó Mairena en declaraciones recogidas por Artículo 66.

En suma, la reforma constitucional nicaragüense ha sido interpretada por expertos como un intento del régimen de blindarse frente al escrutinio y las consecuencias del derecho internacional, lo que podría agudizar el aislamiento del país y tener efectos duraderos en su posición internacional.

El Estado de Nicaragua ha destinado 721.8 millones de córdobas (aproximadamente USD 19.7 millones) para sostener a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la institución pública que reemplazó a la antigua Universidad Centroamericana (UCA) tras la confiscación ordenada por las autoridades en agosto de 2023.

Esta cantidad, repartida en cuatro presupuestos anuales, se ha dirigido principalmente al pago de salarios, becas estudiantiles y mantenimiento del campus.

La transición se produjo luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerrara la UCA bajo acusaciones de terrorismo y conspiración, adjudicándose las instalaciones y entregándolas a la nueva universidad estatal.

Desde entonces, el financiamiento público ha permitido mantener las operaciones, aunque la mayor parte de los fondos se ha dedicado a cubrir gastos corrientes y no a inversiones en infraestructura.

Entre 2023 y 2025, los recursos asignados a la universidad surgida de la expropiación se destinaron casi en su totalidad a sostener la nómina, otorgar becas y acondicionar el inmueble, según un análisis de Confidencial.digital sobre datos presupuestarios oficiales. Solo en 2026 se presentó el primer proyecto de inversión: el “Mejoramiento y equipamiento de infraestructura y servicios de la sede central de la UNCSM en Managua”, con una partida de 25.5 millones de córdobas (aproximadamente USD 700,000), de los cuales solo 7.2 millones (unos USD 200,000) se habían utilizado hasta junio, apenas un 28.4% del total previsto para la obra.

Presupuesto, ejecución y destino de los fondos

Durante el primer semestre de 2026, la universidad recibió 154.3 millones de córdobas (cerca de USD 4.2 millones) de los 328.3 millones asignados en el Presupuesto General de la República para ese año, alcanzando un nivel de ejecución del 47%. El resto de los fondos públicos invertidos desde 2023 se usó para gastos operativos, sin registrar inversiones en infraestructura hasta la llegada del nuevo proyecto en 2026.

La apertura de matrículas para el ciclo lectivo 2024 se pospuso hasta noviembre de 2023 debido a la falta de recursos para operar. La asignación inicial fue de 44.7 millones de córdobas (USD 1.2 millones), seguida de aumentos presupuestarios a 248.5 millones (USD 6.8 millones) en 2024 y 296.5 millones (USD 8.1 millones) en 2025, de los cuales se ejecutó el 92%. Los informes oficiales no reportan ninguna obra de inversión en esos tres años, confirmando la prioridad del gasto operativo. De acuerdo con Confidencial.digital, el grueso de estos presupuestos fue destinado a cubrir exclusivamente salarios, becas y mantenimiento.

El reemplazo institucional significó que el Estado asegurara la continuidad académica en el campus expropiado, pero relegó el desarrollo de nuevas infraestructuras, limitando las inversiones a mantener lo existente.

Cambios en la matrícula y desplazamiento estudiantil

Antes de la confiscación, la Universidad Centroamericana contaba con 5,000 alumnos. Tras el cierre, 2,301 de ellos solicitaron traslado a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador y a la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, lo que equivale a casi la mitad del estudiantado original.

A pesar de esta salida masiva, la narrativa oficial señala un crecimiento sostenido de la matrícula en la nueva universidad. Rosario Murillo reportó 5,100 estudiantes en 2024, mientras que en 2025 la cifra oficial superó los 10,000 estudiantes. Para 2026, el portal web institucional anunció más de 15,000 estudiantes inscritos en distintas modalidades.

Nicaragua sigue sin resultados oficiales de su censo. A dos años de iniciado el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, el país aún no publica los datos oficiales, según informaron Divergentes y La Prensa. La demora profundiza el vacío estadístico sobre la realidad social y económica del país.

El último censo nacional con datos divulgados corresponde a 2005. Desde entonces, el país atravesó transformaciones sociales, económicas y políticas, en especial tras la crisis sociopolítica de 2018, que desencadenó un éxodo migratorio. La falta de nuevos datos censales impide medir con precisión el impacto de esos procesos y limita el diseño de políticas públicas con información actualizada.

Según estándares internacionales, los censos deben realizarse cada 10 años. Nicaragua debió levantar uno hacia 2015, pero el operativo comenzó el 30 de abril de 2024, 19 años después del anterior. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) movilizó a casi ocho mil encuestadores con la meta de concluir en mayo de 2024, aunque el proceso se extendió hasta enero de 2025.

Opacidad y desconfianza

A diferencia del censo de 2005, que contó con financiamiento y asistencia internacional, el de 2024 se realizó con recursos propios y sin observación externa. Medios y organizaciones ciudadanas, como Urnas Abiertas, documentaron retrasos y ampliaciones del operativo, además de irregularidades en la aplicación de encuestas, indican las publicaciones de los medios.

La desconfianza hacia las instituciones públicas marcó el proceso. Hubo ciudadanos renuentes a entregar información sobre migración, remesas y características patrimoniales, en especial ante funcionarios o agentes policiales, informan Divergentes y La Prensa.

La socióloga Elvira Cuadra, citada en las publicaciones, advirtió que la ausencia de datos censales limita la comprensión de los cambios demográficos y reduce la eficacia de las políticas públicas. El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez Soto señaló que, sin un censo confiable, las tasas de pobreza, mortalidad y cobertura social solo pueden estimarse sobre bases inciertas, lo que afecta la planificación interna y la capacidad del país para recibir cooperación y financiamiento internacional.

Señalamientos de decisión política

Gutiérrez Soto sostuvo que la retención de los resultados no obedece a un descuido burocrático, sino a una decisión política orientada a administrar la percepción pública y negar información a la sociedad. Según los expertos, el ocultamiento de los datos impacta de forma directa en la formulación de políticas, la proyección presupuestaria y la credibilidad ante organismos internacionales.

Óscar René Vargas, sociólogo en el exilio, afirmó que la falta de publicación de resultados puede vincularse con el interés de las autoridades en evitar mostrar retrocesos demográficos o sociales, como el aumento de la mortalidad infantil o el descenso en los niveles de educación.

Costos e irregularidades

El censo de 2024 movilizó a miles de empadronadores y costó más de 150 millones de córdobas (4,087,193 dólares estadounidenses), según informes oficiales. El INIDE, sin embargo, no brindó información detallada sobre el uso de esos recursos ni sobre el estado actual del procesamiento de los datos.

Trabajadores públicos entrevistados por La Prensa confirmaron errores y repeticiones en la aplicación de las encuestas, así como la existencia de personas que no recibieron la visita de empadronadores o que no respondieron por temor o desconfianza.

Mientras otros países centroamericanos ya divulgaron los resultados de sus censos recientes, Nicaragua sigue sin una radiografía actual de su población. En los últimos 51 años, el país solo realizó tres censos: 1971, 2005 y 2024. Este último es el que más demoró en la publicación de resultados.

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) presentó este lunes una Ley Marco contra la ciberdelincuencia para los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con el objetivo de armonizar normas, reforzar la seguridad cibernética y coordinar la respuesta regional ante delitos digitales que afectan a buena parte de la población de los ocho Estados del sistema.

La propuesta fue elaborada a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionalidad Regional del PARLACEN, en coordinación con la Dirección de Seguridad Democrática de la Secretaría General del SICA. El instrumento busca que los ocho países miembros cuenten con marcos normativos alineados para prevenir, investigar y sancionar conductas dolosas cometidas por individuos u organizaciones criminales que utilizan tecnologías de la información con fines ilegales.

Según el organismo regional, la iniciativa apunta a consolidar marcos jurídicos modernos que protejan a la ciudadanía, fortalezcan las capacidades institucionales y den lugar a una respuesta conjunta frente a nuevas amenazas tecnológicas. El planteo también incorpora la protección de los derechos fundamentales y de la seguridad democrática como parte del diseño legal.

La propuesta servirá de guía para actualizar leyes nacionales sobre delitos digitales

La ley marco fue concebida como una herramienta orientadora para el trabajo parlamentario en la construcción, actualización o modificación de normas especializadas en prevención y protección contra la ciberdelincuencia dentro de los países del sistema regional.

El texto añade insumos a procesos legislativos ya abiertos en República Dominicana, donde están en agenda cambios a la Ley Especial contra los Delitos de Alta Tecnología, la Ley de las Telecomunicaciones y el Código Procesal Penal. En ese punto, la propuesta regional se presenta también como apoyo técnico para reformas nacionales vinculadas al entorno digital.

El PARLACEN sostuvo que la integración regional también se construye mediante legislación, cooperación estratégica y decisiones comunes en materia de seguridad democrática. Esa definición enmarca la nueva ley como una pieza de articulación política y jurídica entre los Estados parte.

La presentación reunió a órganos judiciales, de investigación y de ciberdefensa

La presentación se realizó durante una conferencia regional orientada a la articulación interinstitucional entre el PARLACEN y otras instancias del SICA. El encuentro reunió a actores parlamentarios, organismos de seguridad y entidades judiciales vinculadas a la persecución de delitos tecnológicos.

Participaron la Comisión Jurídica del Parlamento Centroamericano, la Dirección de Seguridad Democrática de la SG-SICA, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Departamento Nacional de Investigaciones y el Centro de Comando y Control en ciberdefensa de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

También asistieron la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional dominicana, representada por la Dirección de Policía Cibernética y la Dirección de Investigación Criminal. La composición de la conferencia reflejó el enfoque de la propuesta: combinar prevención, investigación, sanción penal y cooperación institucional frente al delito digital.

Vale recordar que en 2024 en El Salvador, una delegación de diputados del PARLACEN presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para la Prevención y Protección del Ciberdelito, pero que en su momento fue cuestionada en el país por tener similitudes con normativas del régimen nicaragüense. Para entonces, el presidente del organismo, Ernesto Castro, descartó que fueran a tomarse en cuenta.

Guillermo Otoniel Castillo Blandón, ciudadano nicaragüense de 44 años, perdió la vida el sábado 22 de agosto en un accidente vial ocurrido cerca de New London, en el estado de Minnesota. De acuerdo con información difundida por La Prensa, el incidente involucró el choque entre un vehículo tipo SUV conducido por Castillo Blandón y un camión articulado.

Según detalló La Prensa, el accidente tuvo lugar aproximadamente a la 1:51 de la tarde, en la intersección de County Road 2 y County Road 33, dentro de la ciudad de Roseville.

La Oficina del Sheriff del Condado de Kandiyohi informó que el camión, dirigido por un hombre identificado como David Sandin, de 67 años, circulaba hacia el norte y transportaba un remolque cuando ocurrió la colisión.

El reporte policial recogido por La Prensa indica que Castillo Blandón quedó atrapado en el interior del SUV. Miembros del Departamento de Bomberos de New London y del Equipo de Rescate del Condado de Kandiyohi intervinieron para liberarlo, mientras personal de ambulancias de New London y Central Care intentó aplicar maniobras de reanimación en el sitio. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, Castillo Blandón fue declarado muerto en la escena. El conductor del camión recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue dado de alta, según confirmaron las autoridades.

La investigación y la campaña

La Oficina del Sheriff del Condado de Kandiyohi señaló, de acuerdo con La Prensa, que el accidente continúa bajo investigación, y no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias exactas que derivaron en el choque.

La muerte de Castillo Blandón ha movilizado a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos. Un grupo de amigos inició una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe con el objetivo de cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a Nicaragua. En la plataforma, allegados describieron a Castillo Blandón como un hombre trabajador, alegre y querido por su entorno familiar y social. “Su muerte fue repentina y devastadora”, expresaron personas cercanas en el mensaje publicado.

Los organizadores invitaron a quienes deseen colaborar económicamente a sumarse a la campaña a través del enlace https://gofund.me/b6db1f395, destacando que “cualquier contribución, por pequeña que sea, significará muchísimo”.

En redes sociales, amigos y familiares compartieron mensajes de despedida para Guillermo Otoniel Castillo Blandón. Una de las publicaciones, recogida en Facebook por La Prensa, subraya el impacto emocional de la pérdida: “Gracias por haber sido mi amigo, mi hermano, mi compañero y una persona tan importante en mi vida”.

El fallecimiento de Castillo Blandón deja un vacío entre quienes lo conocieron en Estados Unidos y en Nicaragua, y pone de relieve los desafíos que enfrentan las familias migrantes ante situaciones trágicas lejos de su país.

En otros casos, este 15 de agosto, según informó también La Prensa de Nicaragua, Francisco Josué Salazar Bello, un joven nicaragüense de 24 años originario de San Lorenzo, Boaco, falleció el pasado 9 de agosto en un accidente de tránsito en Austin, Texas. Tras la tragedia, su familia comenzó una campaña de recaudación de fondos con el fin de asumir los gastos funerarios y intentar repatriar su cuerpo a Nicaragua.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las instituciones religiosas bajo regímenes de corte totalitario, como el de Nicaragua, al denunciar que “los poderes totalitarios pueden amenazar, espiar, encarcelar y exiliar a miembros de la Iglesia, pero no podrán vencerla si mantiene su fidelidad y no deja que el miedo apague su voz profética”. Estas declaraciones fueron recogidas por diversos medios internacionales y se produjeron durante una reflexión dominical emitida desde el exilio en Estados Unidos.

Según informó 100% Noticias, Báez sostuvo que la mayor amenaza para la Iglesia no proviene de la persecución externa, sino del miedo interno que puede debilitarla, desfigurarla y silenciar su capacidad de denuncia frente a la injusticia. “Pueden intentar doblegarnos, pero no tendrán éxito si la Iglesia mantiene su integridad y no cede al temor”, explicó el obispo, quien reside fuera de Nicaragua desde 2019 tras recibir amenazas directas del régimen.

Durante su mensaje, Báez planteó que los regímenes totalitarios buscan apropiarse de la Iglesia para ponerla al servicio de sus intereses políticos y, en ese contexto, enumeró acciones concretas como la intimidación, el espionaje, el encarcelamiento y el exilio de sus miembros. Sin embargo, enfatizó que, “por dura que sea la persecución, quienes creemos en la justicia y la dignidad humana confiamos en que esas fuerzas no tendrán la última palabra”.

El obispo, considerado una de las voces más críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, subrayó que la respuesta de la Iglesia debe nacer de su capacidad de resistencia y de una identidad que no dependa solamente de títulos o fórmulas aprendidas, sino de una relación viva y comprometida con sus principios. En palabras recogidas por 100% Noticias, Báez remarcó: “Lo esencial es vivir de acuerdo con los valores fundamentales, sostener la denuncia ante cualquier forma de abuso de poder y no permitir que la represión silencie el mensaje de justicia”.

Durante su homilía, el obispo citó un pasaje del evangelio de Mateo y lo vinculó con la situación actual de la Iglesia en contextos de persecución. Recordó que en el relato evangélico, Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen que es él, y explicó que esa interpelación sigue vigente para cualquier comunidad que pretenda mantenerse fiel a sus convicciones. Para Báez, la verdadera prueba no está en la persecución exterior, sino en la capacidad de la Iglesia de responder de forma personal y coherente al desafío de la represión.

La reflexión de Silvio Báez también abordó el papel de la fe como sustento en medio de la adversidad. Según publicó 100% Noticias, el obispo señaló que el fundamento de la Iglesia no se encuentra en estructuras humanas, sino en una convicción profunda que impulsa a sus miembros a defender los derechos y la dignidad de las personas, incluso en circunstancias adversas. “La Iglesia puede ser calumniada, odiada y perseguida cuando defiende la vida y la justicia, pero ese sufrimiento no significa derrota, sino fidelidad a su misión”, afirmó.

En otro tramo de su mensaje, Báez advirtió sobre la pretensión de los regímenes autoritarios de utilizar a la Iglesia como instrumento de legitimación y control social. “Los intentos de manipulación siempre fracasarán cuando la Iglesia se mantiene autónoma y fiel a sus valores esenciales”, declaró. Recalcó que la historia de la Iglesia está marcada por episodios de persecución y resistencia, y que su supervivencia depende de la capacidad de no dejarse intimidar ni absorber por el poder político.

El cierre de su intervención retomó el silencio que Jesús pide a sus discípulos en el evangelio, interpretándolo como una invitación a la reflexión personal sobre el sentido y la misión de la Iglesia en contextos de hostilidad. “La pregunta fundamental sigue siendo quién es Jesús para cada uno y qué significa pertenecer a una comunidad que, en muchos lugares, es calumniada y perseguida”, concluyó.

Las declaraciones de Silvio Báez se enmarcan en un contexto de creciente presión sobre la Iglesia católica en Nicaragua, donde varios líderes religiosos han denunciado hostigamiento, detenciones arbitrarias y restricciones a las actividades pastorales. Diferentes organizaciones de derechos humanos han documentado incidentes que afectan la libertad religiosa y la integridad de los miembros de la Iglesia, mientras crecen las denuncias sobre intentos de cooptación institucional por parte del régimen.