La Procuraduría General de Justicia (PGJ), con apoyo de la Policía sandinista, habría extendido sus acciones contra propiedades y empresas relacionadas con antiguos mandos militares y empresarios nicaragüenses. La medida incluiría terrenos ubicados en zonas de alto valor comercial de Managua y activos vinculados con compañías intervenidas en los últimos días.

Fuentes del sector empresarial citadas por el medio nicaragüense La Mesa Redonda aseguraron que varios terrenos situados en el entorno de la pista Juan Pablo Genie fueron inmovilizados. En esa zona se encuentran las sedes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Centro Corporativo BDF-ASSA, Plaza Ágora y otros desarrollos comerciales.

La presunta restricción de propiedades se conoce mientras avanzan acciones contra instalaciones empresariales relacionadas con el general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército de Nicaragua, y contra compañías que operan en sectores estratégicos de la economía.

De acuerdo con información proporcionada a La Mesa Redonda por fuentes empresariales, el área afectada incluiría terrenos en los que intervino, desde comienzos de los años 2000, la sociedad anónima Desarrollos Ventura. La empresa estaría vinculada, según esas fuentes, con la documentación elaborada al coronel en retiro Mario José Cardenal Chamorro, antiguo director del Instituto de Previsión Social Militar, directivo y accionista histórico del Banco de Finanzas y socio de Cuadra Lacayo.

Hasta el momento, el régimen no ha divulgado una resolución oficial que detalle el alcance de la supuesta inmovilización, las propiedades afectadas ni los fundamentos legales de la medida.

Según publicaciones y discusiones urbanísticas citadas por La Mesa Redonda, Desarrollos Ventura habría concentrado aproximadamente ocho manzanas al sur de Camino de Oriente. Su modelo de negocio habría consistido en adquirir o administrar extensiones de terreno, desarrollar estudios técnicos, habilitar accesos, dividir propiedades y comercializarlas como macrolotes.

La estrategia coincidió con la transformación urbana de ese sector de Managua, impulsada por nuevas vías, rotondas, pasos a desnivel y conexiones con la Carretera a Masaya, Camino de Oriente y Santo Domingo. La infraestructura favoreció la llegada de bancos, empresas y centros comerciales, mientras aumentaba el valor de los terrenos.

La sede del Banco Centroamericano de Integración Económica fue construida en el lote número seis e inaugurada en marzo de 2022. El edificio cuenta con aproximadamente 4,391 metros cuadrados de construcción y representó una inversión anunciada de USD 16.5 millones.

En el lote número tres se encuentra Plaza Ágora, que figura como propiedad de María Lucrecia Lanzas Somarriba y Benjamín José Lanzas Somarriba, accionistas de Llansa Ingenieros S.A., una de las principales constructoras del país. La empresa ha recibido contratos de instituciones y alcaldías controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Entre los proyectos atribuidos a Llansa figuran tres estadios, con contratos que superarían los USD 104 millones; el paso a desnivel de Nejapa, por USD 20.5 millones, y el hospital de Nueva Guinea, con un monto aproximado de 993 millones de córdobas.

Una fuente empresarial nicaragüense aseguró, además, que el lote número siete, perteneciente a Corporación Agrícola S.A. (Agricorp), también estaría restringido y formaría parte del área originalmente atribuida a Desarrollos Ventura. Las fuentes consultadas por La Mesa Redonda vinculan a Agricorp con Bayardo Arce, actualmente preso por supuestos delitos de lavado de activos y defraudación al Estado de Nicaragua.

Intervenciones contra CENSA y Rocedes

La presunta inmovilización de terrenos coincide con acciones contra empresas relacionadas con Cuadra Lacayo. La noche del lunes 26 de octubre de 2026, fuerzas de la Policía sandinista, bajo órdenes de funcionarios de la PGJ, tomaron las instalaciones de Corporación Eléctrica Nicaragüense S.A. (CENSA), ubicadas en el kilómetro 68 de la carretera El Velero, en Puerto Sandino, departamento de León, según fuentes citadas por el mismo medio.

CENSA opera en Nicaragua desde mayo de 1997 y estaría vinculada con Cuadra Lacayo, quien dirigió el Ejército de Nicaragua antes de desarrollar actividades empresariales. Las razones alegadas para la intervención incluirían presuntos incumplimientos del contrato de suministro eléctrico y supuestas deudas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la Dirección General de Ingresos (DGI).

En los días previos también habría sido intervenida Rocedes, una empresa vinculada con el exjefe militar que opera bajo el régimen de zona franca en el Parque Industrial Las Mercedes, en Managua.

Las acciones contra CENSA y Rocedes, junto con la presunta inmovilización de terrenos en Managua, ocurren en un contexto de denuncias sobre inseguridad jurídica para empresas en Nicaragua. En años recientes se han reportado intervenciones estatales contra compañías de distintos sectores, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos de invertir en el país y ha recomendado actuar con precaución ante las condiciones del entorno empresarial.

Tres semanas después de la tragedia que enlutó a tres familias de distintos países, el relato de quiénes eran Emma Marie Laurent y Noë Lina Luscher empieza a completarse.

La influencer francesa y la aspirante a cineasta suiza murieron junto a la nicaragüense Karen Nahomi López Montano cuando la camioneta en la que viajaban fue arrastrada por el río Nahualapa, en Chinandega. Así lo reconstruyó La Prensa, diario nicaragüense.

El hecho ocurrió el 9 de octubre pasado, cerca de la 1.00 de la madrugada, en la comunidad El Manzano número 2, municipio de El Viejo. El vehículo, una Toyota blanca con negro y placas M 364071, intentaba cruzar el cauce cuando la corriente lo volcó.

Quién era Emma Marie Laurent, la influencer que vivía entre dos maletas

Laurent tenía 24 años y había hecho de los viajes su forma de vida. Recorrió Europa, África y el Caribe, y documentaba cada ruta para casi 45 mil seguidores en Instagram, según La Prensa.

Se definía a sí misma como una viajera permanente “entre dos maletas”. Sus publicaciones mostraban carreteras, playas y montañas, y acumulaban miles de reposteos.

De acuerdo con reportes recogidos por Clarín, diario argentino, la influencer viajaba a Nicaragua para visitar a una de sus hermanas, residente en Chinandega, y se hospedaba en el campamento de surf donde trabajaba el conductor del vehículo.

Apenas una semana antes del accidente, el 2 de octubre, Laurent había compartido un video grabado en Portugal con una reflexión que hoy sus allegados releen con otro sentido: “Creo que las personas más bellas, por dentro y por fuera, son aquellas que saben cómo admirar el mundo que las rodea”, escribió, según consignó La Prensa.

Noë Lina Luscher daba sus primeros pasos detrás de las cámaras

La más joven de las dos extranjeras fallecidas tenía 20 años. A diferencia de Laurent, Luscher prefería estar detrás de la cámara: realizaba una pasantía en Petit Grégoire, una productora audiovisual con sede en Zúrich.

La empresa lamentó su muerte y la recordó como “un elemento esencial en el equipo”, según el registro del diario nicaragüense. Luscher había participado en distintas grabaciones y acumulaba experiencia en un sector que parecía perfilarse como su futuro profesional.

La Prensa intentó comunicarse con la familia de la joven suiza, pero se abstuvo de dar declaraciones.

Quién era Karen Nahomi López Montano, la tercera víctima

La tercera fallecida fue Karen Nahomi López Montano, una nicaragüense de 19 años. Trabajaba en el hotel Lapoint Surf Camp, en El Viejo, el mismo alojamiento donde se hospedaban las dos turistas extranjeras.

Según precisó La Voz del Norte, López Montano se desempeñaba como bartender en ese hospedaje, ubicado en la comarca Aserradores, una zona costera frecuentada por surfistas por sus olas y sus playas poco intervenidas.

Cómo ocurrió el accidente

Según la información policial recabada por La Prensa, el río Nahualapa no suele representar un peligro mayor para quienes cruzan por la zona. Sin embargo, las lluvias recientes habían elevado su caudal de forma considerable.

El conductor de la camioneta, identificado como el mexicano Martín Gerardo García Girón, intentó atravesar el cauce pese a la crecida. Otras fuentes locales, como Radio La Voz del Norte, agregan que García Girón se detuvo antes de ingresar al río para verificar la profundidad del agua, pero la corriente igualmente volcó el vehículo cuando ya estaba en el cruce.

García Girón, de 32 años, trabajaba como instructor de surf en la zona y fue el único sobreviviente. Las autoridades locales continúan la investigación para establecer con precisión las circunstancias del vuelco, según confirmó La Prensa.

Los cruces de ríos durante la temporada lluviosa, transitables de día, pueden volverse letales de madrugada, cuando la crecida del agua no es visible a simple vista. El accidente volvió a poner el foco sobre ese riesgo en la región.

El mundo de los certámenes de belleza suele brillar entre reflectores, lentejuelas y glamour, pero detrás de las pasarelas la realidad a veces muestra su faceta más amarga. En los últimos días, las redes sociales se han convertido en un torbellino para Jasmine Blandford, actual Miss Universo Nicaragua 2026, quien está pasando por un momento muy difícil tras sufrir una dura ola de discriminación, ataques despectivos y comentarios racistas que encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo.

El detonante ocurrió durante una actividad formativa. El pasado miércoles 28 de octubre de 2026, la organización Miss Universo celebró en Miami una master class de estilismo junto a la marca María Yáñez y el maquillador Alfonso Waithsman. Como modelos invitadas figuraron Jasmine Blandford y Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela. Siguiendo la dinámica, ambas salieron a cuadro con el rostro lavado y sin maquillaje.

Fue ahí donde decenas de internautas comenzaron a llamarla despectivamente “fea”, desatando descalificaciones cargadas de prejuicios contra su piel y sus rasgos físicos.

Ante las fuertes críticas, la ex Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, decidió romper el silencio con un contundente comunicado público. Sheynnis expresó su profunda tristeza al ver cómo un camino de ilusión y aprendizaje se empaña por ataques a la apariencia física o al origen de su compatriota.

Con firmeza, Palacios condenó el odio en redes y reivindicó con orgullo que la Costa Caribe es parte fundamental de la identidad nicaragüense, señalando que la belleza única de Jasmine merece ser vista y celebrada sin prejuicios ajenos.

En su mensaje directo hacia la audiencia digital, Palacios puso un alto a quienes usan las redes para herir, dejando claro que el racismo, la xenofobia y la humillación no son entretenimiento ni pueden justificarse bajo la libertad de expresión.

Sheynnis subrayó que, si bien el público puede opinar con respeto sobre el desenvolvimiento o las respuestas en competencia, existe una enorme diferencia entre la crítica constructiva y la intención de destruir emocionalmente a una persona, recordando que detrás de cada banda y corona hay un ser humano cuya salud mental debe protegerse.

Este acoso cibernético tiene antecedentes previos. Desde septiembre, la modelo de 27 años ya venía arrastrando cuestionamientos sobre su identidad. Nacida en Estados Unidos de padres nicaragüenses y con raíces en Kukra Hill, en la Costa Caribe Sur, Blandford fue criticada por su acento en español y su herencia afrodescendiente por parte de usuarios que cuestionaron su representatividad.

La respuesta de la representante nicaragüense tras las críticas en redes sociales

Lejos de quebrarse ante la negatividad, Blandford ha centrado su agenda en un riguroso plan de preparación técnica y formativa de cara a la competencia internacional. La representante nicaragüense, de 27 años, cuenta con una trayectoria personal marcada por la resiliencia tras haber perdido a su padre a causa de la violencia armada cuando tenía apenas un año de edad, vivencia que fundamentó la creación de su proyecto social Beyond the Silence, enfocado en visibilizar y respaldar a familias víctimas de este flagelo.

Como parte de su cronograma de entrenamiento, Blandford ha intensificado sesiones diarias de perfeccionamiento en técnicas de pasarela, postura y proyección escénica bajo la guía de preparadores de reinas de belleza, puliendo tanto el desplazamiento en pasarela de traje de baño como la elegancia, giros y control de vestidos en la categoría de gala.

A la par del entrenamiento físico y de estilismo, la modelo desarrolla un módulo específico de fonética, dicción y fluidez en el idioma español, con el objetivo de optimizar su desenvolvimiento ante el panel del jurado calificador, en las entrevistas oficiales y en las rondas de preguntas con los medios de comunicación internacionales.

Con la mirada puesta en la gala final de Miss Universo 2026, programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico, Blandford consolida su preparación integral para representar a Nicaragua en las distintas etapas preliminares del certamen, buscando destacar tanto en el desempeño escénico como en la difusión de la identidad multicultural de su país.

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyeron el 27 de octubre de 2026 a los responsables de los consulados de Nicaragua en Miami y Filadelfia, dos sedes que concentran trámites de una diáspora obligada a recurrir a una red diplomática cada vez más reducida en Estados Unidos, informó este jueves el medio Nicaragua Investiga, sitio de periodismo independiente.

De acuerdo con el portal independiente, más de 800 mil nicaragüenses residentes en distintas zonas de Estados Unidos deben concentrar solicitudes de pasaportes, inscripciones y poderes en las sedes que permanecen activas: Miami, Nueva York y la sección consular de Washington D.C. La ausencia de un nuevo cónsul en Florida agrava la carga operativa y la incertidumbre legal de los migrantes.

La decisión fue formalizada mediante el Acuerdo Presidencial N.º 146-2026, que dejó sin efecto el nombramiento de Marvin René Ortega Rodríguez como cónsul general en Miami. El funcionario ocupaba ese puesto desde abril de 2022.

Miami, la sede con mayor demanda tras los cierres consulares

La segunda destitución alcanzó a Eliezer Gabay, cónsul honorario en Filadelfia desde junio de 2014. Su salida también fue publicada en La Gaceta, diario oficial nicaragüense, y comenzó a regir el mismo 27 de octubre.

El consulado de Miami se convirtió en la oficina nicaragüense de mayor concurrencia en Estados Unidos después del cierre permanente de otras representaciones. Entre las sedes clausuradas en años recientes figuran Los Ángeles, Houston, Nueva Orleans y Charlotte.

La reducción de la red consular concentró en tres puntos la atención de ciudadanos distribuidos por numerosas regiones estadounidenses. Esa comunidad migrante continúa siendo la principal fuente de remesas hacia Nicaragua.

No es el primer desamparo a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos

En 2024 el régimen de Daniel Ortega cerró al menos cincoconsulados nicaragüenses en ciudades de Estados Unidos, México y Guatemala con alta presencia migrante durante el último mes, una medida que dificulta la obtención de pasaportes, documentos y asistencia para comunidades que, solo en territorio estadounidense, rondan el millón de personas

Las clausuras alcanzaron a Los Ángeles, en California; Houston, en Texas; Nueva Orleans, en Luisiana; Tapachula, en México, y la representación consular en Guatemala. El consulado de San Francisco no fue cerrado oficialmente, pero dejó de atender al público y deriva las solicitudes a la sede nicaragüense de Washington.

Los consulados asisten a personas naturales y jurídicas de su nacionalidad, emiten pasaportes, documentos de viaje e identificaciones oficiales, tramitan visas para extranjeros que quieran ingresar a Nicaragua y cumplen funciones notariales. También deben proteger los intereses de menores de edad dentro de su jurisdicción y atender cuestiones sucesorias cuando un ciudadano fallece.

Harold Rocha, experto en Derecho Internacional, advirtió para entonces que los cierres afectarán de manera directa a los migrantes, sobre todo a quienes se encuentren en situaciones precarias o bajo detención migratoria. Sin embargo, señaló que es difícil determinar las razones de la decisión porque las autoridades nicaragüenses no emitieron una comunicación oficial.

“Las imágenes en puertas de las sedes consulares que hemos visto en prensa dirigen a otras sedes consulares en el país receptor, pero no explican nada más”, afirmó Rocha.

El especialista, dijo para entonces a Infobae, que la Convención de Viena establece procedimientos previos ante el cierre temporal o permanente de una sede, los cambios de personal y la modificación de una circunscripción consular.

El Ejército de Nicaragua informó este jueves 29 de octubre que incautó 150 paquetes de presunta cocaína tras un intercambio de disparos con tres sospechosos en una zona costera del departamento de Chinandega, en el noroeste del país. De acuerdo con el comunicado, los hombres involucrados huyeron hacia el norte y dejaron abandonados seis sacos que contenían la sustancia ilícita.

El operativo ocurrió el 28 de octubre en las cercanías de playa Los Zorros, en la comunidad de Padre de Ramos, municipio de El Viejo. La institución castrense detectó el arribo de una embarcación artesanal considerada sospechosa y desplegó efectivos del Comando de Operaciones Especiales y de la Fuerza Naval.

“La versión oficial sostiene que tres personas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los sospechosos escondieron los sacos entre la vegetación, según el Ejército, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares”, expresó la institución castrense.

A su vez, el Ejército indicó que el hallazgo se produjo en el departamento de Chinandega, ubicado en la región del Pacífico de Nicaragua. Los sacos contenían 150 paquetes rectangulares de presunta cocaína, aunque el comunicado no precisó el peso total del cargamento ni informó cuándo se brindarán los resultados del análisis químico que confirme la naturaleza de la sustancia.

La versión oficial sostiene que tres personas sospechosas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los involucrados escondieron los sacos entre la vegetación, según la Fuerza Armada, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares.

“Al escuchar la voz del Alto Ejército de Nicaragua, realizaron disparos, ocasionando un intercambio con nuestras tropas”, señaló la institución en el comunicado. El texto no reportó heridos, detenidos durante el enfrentamiento ni daños materiales derivados de los disparos.

Tras los disparos, los tres hombres escaparon en dirección norte. Aunque, el Ejército no identificó a los sospechosos ni indicó si las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda posterior para localizarlos.

Una mujer fue detenida como presunta responsable de apoyo logístico

De igual forma, la institución armada afirmó que identificaron a Damaris A. como “presunta jefa del grupo de apoyo al narcotráfico responsable de este traslado”. La mujer ya había sido retenida al momento de la difusión de la nota oficial.

El Ejército no detalló dónde ni cuándo se produjo la detención de la mujer. La nota oficial agregó que tanto la mujer retenida como la droga y la embarcación artesanal fueron entregadas a las autoridades correspondientes. El comunicado no especificó qué institución quedó a cargo de la investigación ni si se iniciaron peritajes sobre la lancha, los sacos o el contenido de los paquetes.

El departamento de Chinandega se ubica en la frontera con Honduras y cuenta con una salida al océano Pacífico, factores que lo convierten en un puesto de vigilancia ante la posible presencia de tráfico de drogas.

Por el momento, la información disponible proviene del comunicado militar y no incluye una declaración de la Fiscalía ni de otras autoridades judiciales sobre el caso.

A días del Día de los Fieles Difuntos, los sacerdotes católicos de Nicaragua aún no saben si podrán oficiar misas en los cementerios ante las familias que visitan a sus muertos. La celebración prevista para el 2 de noviembre en camposantos públicos y privados continúa a la espera de la autorización de las autoridades.

La situación afecta a comunidades de todo Nicaragua que acostumbran asistir a celebraciones religiosas en los camposantos durante esa fecha. La decisión depende de la autorización del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un país donde las expresiones públicas de fe han estado sujetas a restricciones.

Los sacerdotes permanecen a la espera de una decisión oficial

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, denunció en redes sociales que la Iglesia católica todavía no había recibido permiso para realizar misas en cementerios estatales ni particulares.

“Los sacerdotes están en espera a que autoricen las misas”, afirmó Molina en declaraciones a Diario La Prensa. La investigadora consideró posible que las autoridades habiliten los oficios religiosos, luego de haber permitido algunas procesiones durante octubre.

La especialista vinculó esa posibilidad con el escenario de hostigamiento religioso que, según su análisis, persiste en el país. También recordó que las misas en cementerios eran una práctica habitual durante administraciones liberales anteriores.

Para Molina, la celebración religiosa no debería requerir aval estatal. “No debería de pedirse autorización para expresar la fe en público o en privado”, sostuvo la abogada ante el diario.

La investigadora expresó su expectativa de que las autoridades permitan las ceremonias del Día de los Difuntos. Aun así, señaló que el resultado queda sujeto a una decisión política de la cúpula gobernante.

“La codictadora Rosario Murillo es la que tiene la última palabra y es la que decide qué reprime y qué no”, dijo Molina a la publicación.

Las procesiones volvieron bajo condiciones de supervisión

Durante este mes, el régimen comenzó a permitir ciertas procesiones religiosas en las calles, una práctica que no se había realizado en los últimos cuatro años. La apertura coincidió con cuestionamientos internacionales a las restricciones sobre las libertades civiles y religiosas en Nicaragua.

El 2 de octubre, los países miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron por unanimidad una resolución que pidió al Gobierno nicaragüense revocar las reformas constitucionales adoptadas en 2025 y 2026.

El documento también reclamó el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. La medida se produjo en medio de la presión de Estados Unidos y otros países del hemisferio.

Molina consultó entonces con sacerdotes que permanecen en Nicaragua para conocer las condiciones impuestas sobre las procesiones. La respuesta, según relató, apuntaba a actividades vigiladas y organizadas junto con estructuras locales afines al oficialismo.

“Me han informado que todo sigue igual”, indicó la investigadora. Uno de los sacerdotes le comunicó que agentes policiales le dijeron que las prohibiciones habían quedado suspendidas y que las procesiones podían retomarse.

Las celebraciones religiosas quedarían bajo control político

La autorización comunicada a los religiosos incluía una condición: las procesiones debían ser “supervisadas y coorganizadas” con las alcaldías, los Consejos del Poder Ciudadano y los secretarios políticos.

Molina interpretó esa exigencia como un mecanismo de control sobre la actividad religiosa. Para ella, las celebraciones permitidas bajo esas reglas son procesiones vigiladas por las estructuras de la dictadura.

La posibilidad de celebrar misas el 2 de noviembre se evalúa bajo ese mismo antecedente. La falta de una respuesta oficial mantiene en suspenso a los sacerdotes y a los fieles que esperan participar de la conmemoración en los cementerios.

La investigadora ha documentado las consecuencias de la persecución contra la Iglesia católica. Sus registros señalan que al menos 315 sacerdotes y religiosas han debido salir al exilio.

El informe también incluye la prohibición de ordenaciones diaconales y sacerdotales en las diócesis de Matagalpa, Jinotega, Siuna y Estelí.

Una menor de 9 años se quitó la vida tras sufrir acoso escolar durante meses en su colegio en Ciudad Sandino, según concluyó la investigación policial. El Instituto de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue compatible con ahorcamiento.

La niña, identificada solo con las iniciales A.C.G.D., cursaba el cuarto grado de primaria en el Colegio Xolotlán. Sus compañeras de clase la molestaban de forma reiterada y le decían que era “fea”, según información extraoficial a la que accedió La Prensa, diario nicaragüense.

Hallazgo dentro del centro educativo

El cuerpo de la menor fue encontrado sin vida el pasado 28 de octubre en uno de los servicios sanitarios del colegio, a las 11:30, según fuentes extraoficiales consultadas por el diario.

El Colegio Xolotlán está ubicado en Altos de Motastepe, sobre la carretera Nueva a León, en el residencial Motastepe del Distrito Diez de Ciudad Sandino. La institución ofrece los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

El cuerpo fue examinado por el médico forense y trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia. El dictamen coincidió con la conclusión de la Policía Nacional: la menor se habría quitado la vida como consecuencia del hostigamiento que sufría por parte de sus compañeras.

La Policía Nacional estableció que las burlas constantes de sus compañeras de clase habrían sido el desencadenante de la muerte, un dato que La Prensa conoció de manera extraoficial.

El acoso escolar —o bullying, maltrato físico o psicológico reiterado entre estudiantes con una clara desventaja de poder entre agresor y víctima— es el eje de la investigación.

Despliegue policial nocturno en Ciudad Sandino

Horas después de conocerse la noticia, en redes sociales comenzó a circular un video que mostraba a varias patrullas policiales recorrer las calles de Ciudad Sandino durante la noche. La presencia de los agentes llamó la atención de los vecinos, que salieron de sus viviendas para observar el operativo.

No existe información oficial que vincule ese despliegue con la investigación del caso. Sin embargo, algunos usuarios en redes especularon que podría estar relacionado con las pesquisas que las autoridades realizan tras el hallazgo de la niña en el centro educativo, de acuerdo con el registro de La Prensa.

Silencio del colegio e intervención del Mined

Hasta el cierre de la cobertura de La Prensa, ni las autoridades del Colegio Xolotlán ni el Ministerio de Educación (Mined) se habían pronunciado públicamente sobre el caso.

La radio La Primerísima informó que el Mined intervino y que estaría iniciando una nueva investigación sobre el acoso escolar que sufría la menor.

El Mined cuenta desde hace varios años con protocolos específicos para situaciones de acoso escolar.

Según la Guía de Alerta Temprana y Derivación de las Consejerías de las Comunidades Educativas, la ruta de actuación contempla cinco pasos: la identificación de la situación mediante un sistema de alerta temprana, la comunicación a la dirección del centro, el aviso a las familias involucradas, el acompañamiento a la víctima y la derivación y el seguimiento del caso.

El protocolo establece además que, cuando un estudiante presenta señales que evidencien ideas o intentos de suicidio, el centro educativo debe derivar de inmediato el caso al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez o al Ministerio de Salud. También prevé la atención especializada para los estudiantes que ejercen el acoso sobre sus compañeros.

Sanciones y responsabilidades, sin definir

La Policía Nacional no informó si existirán sanciones contra el centro educativo ni contra las menores señaladas como responsables de las burlas.

Tampoco trascendió si las autoridades educativas aplicarán medidas adicionales en el Colegio Xolotlán.

La investigación del Mined, según la información difundida por La Primerísima, buscará establecer con mayor precisión el contexto en el que se desarrolló el hostigamiento hacia la menor dentro del aula y determinar responsabilidades dentro de la comunidad educativa.

Un ciudadano nicaragüense de 43 años, identificado con el apellido Navarrete, fue detenido por oficiales de la Policía de Fronteras de Costa Rica cuando caminaba por una vía pública en Pocosol de San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua.

El extranjero era requerido por las autoridades de su país mediante una orden de captura internacional y una solicitud de extradición, por su presunta vinculación con delitos como asesinato agravado, crimen organizado y robo agravado.

La detención se efectuó durante un patrullaje terrestre realizado por agentes de la Policía de Fronteras, en coordinación con la Policía Profesional de Migración, como parte de las labores de vigilancia que desarrollan las autoridades costarricenses en las comunidades cercanas al límite fronterizo.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los oficiales localizaron al sospechoso cuando transitaba por la vía pública, aproximadamente un kilómetro al este de la escuela de San Cristóbal, en el distrito de Pocosol, perteneciente al cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

Tras verificar su identidad y confirmar que existía un requerimiento internacional en su contra, los policías procedieron con su aprehensión para iniciar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

Nicaragua lo requiere por varios delitos graves

Según el reporte policial, Navarrete figura como sospechoso de asesinato agravado, uno de los principales delitos por los que las autoridades nicaragüenses mantienen una causa en su contra.

El hombre también es requerido por asesinato agravado en grado de frustración, una figura jurídica que se refiere a una conducta en la que se habría intentado causar la muerte de una persona sin que el resultado llegara a consumarse, pese a haberse ejecutado actos dirigidos a conseguirlo.

Ambos señalamientos aparecen vinculados bajo la figura de concurso real de delitos, utilizada cuando una persona es investigada por varias conductas delictivas independientes.

A estas acusaciones se suman presuntos delitos relacionados con la fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, de acuerdo con el requerimiento emitido por Nicaragua.

Las autoridades también lo vinculan con crimen organizado y robo agravado.

Por el momento, no se ha informado si el detenido permanecía desde hace varios meses en Costa Rica o si había ingresado recientemente al territorio nacional.

La existencia de una orden internacional permitió identificarlo como una persona requerida por la justicia extranjera. Sin embargo, los delitos que se le atribuyen todavía deben ser determinados mediante los procedimientos judiciales correspondientes, por lo que su detención no constituye una declaración de culpabilidad.

Detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales costarricenses

Después de concretarse la captura, el sospechoso fue trasladado y puesto a las órdenes de la Policía Profesional de Migración, institución encargada de continuar con las diligencias correspondientes para posteriormente remitirlo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El siguiente paso será determinar su situación jurídica en Costa Rica y dar seguimiento al requerimiento presentado por las autoridades nicaragüenses.

Aunque existe una solicitud de extradición, esto no significa que el ciudadano extranjero pueda ser entregado inmediatamente a Nicaragua. Para ello, deben cumplirse los procedimientos legales establecidos en Costa Rica y verificarse las condiciones necesarias para autorizar su traslado.

Ambos países cuentan con un tratado bilateral de extradición, que contempla mecanismos de cooperación para atender solicitudes relacionadas con delitos como homicidio, tentativa de homicidio y robo con violencia, entre otros.

La detención de Navarrete pone nuevamente de manifiesto la importancia de los controles policiales en la frontera norte costarricense, especialmente en comunidades donde las autoridades mantienen operativos para identificar personas requeridas por la justicia.

Por ahora, el detenido permanece sujeto a las diligencias de las autoridades competentes, mientras se determina el procedimiento que corresponde aplicar ante el requerimiento internacional emitido por Nicaragua.

El recuento del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualizado hasta el 23 de octubre, registra a 20 indígenas y habitantes de la Costa Caribe encarcelados por motivos políticos en Nicaragua. Entre ellos figuran autoridades comunitarias, guardabosques y defensores territoriales.

La concentración de detenciones entre los pueblos originarios de la Costa Caribe representa el 27.8% de las 72 personas registradas como presas políticas. Según Diario La Prensa, las organizaciones indígenas vinculan estos arrestos con la disputa por las tierras comunales, los recursos naturales y la autonomía de la región.

Mayangna Sauni As concentra 11 de los casos documentados

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) señaló que 11 de las personas encarceladas pertenecen al territorio Mayangna Sauni As, situado en el área de la Reserva de Biosfera de Bosawas.

La organización añadió que al menos dos casos más no fueron incluidos en el registro público porque sus familias optaron por guardar silencio. Para el GREX, ese contexto favorece la inmovilización de las comunidades ante las denuncias por invasiones y despojos territoriales.

“El alto número de prisioneros originarios del Caribe muestra la ofensiva por la desarticulación y el control social de las poblaciones indígenas de la Costa Caribe”, sostuvo el GREX, según recogió Diario La Prensa.

El grupo afirmó que la presión sobre las comunidades no se limita a las detenciones. También busca restringir la capacidad de sus integrantes para reclamar derechos colectivos y cuestionar las actividades que afectan a sus territorios.

La defensa de las tierras indígenas alcanza a autoridades y guardabosques

El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) describió la represión en la Costa Caribe como parte de una disputa histórica por el control político de la zona, sus tierras, recursos naturales y formas de gobierno autónomo.

El organismo señaló que la visión centralista ha tratado a la región como un espacio disponible para la explotación, sin reconocer los derechos históricos de los pueblos que habitan allí ni la existencia de tierras de propiedad comunal y autoridades propias.

Las actividades extractivas y los intereses económicos sobre esos territorios, indicó OPIA, han profundizado los conflictos con las comunidades que defienden sus derechos frente a las invasiones de tierras indígenas.

La entidad sostuvo que no existe un único perfil entre las personas perseguidas. Los arrestos alcanzan a quienes participan en la protección territorial, ejercen cargos comunitarios o denuncian afectaciones contra las propiedades comunales.

“Encontramos guardabosques, autoridades comunales, defensores territoriales y hasta un asesor presidencial”, indicó OPIA al referirse al caso de Steadman Fagoth, detenido después de denunciar invasiones de tierras indígenas mientras ocupaba ese cargo.

Para el observatorio, ese caso muestra que la persecución trasciende la militancia partidaria. También alcanza a quienes desarrollan tareas de protección ambiental, defensa territorial o representación comunitaria.

El encarcelamiento de dirigentes debilita la representación indígena

OPIA también vinculó la situación con el debilitamiento de la organización política indígena independiente en la Costa Caribe. La entidad recordó la trayectoria de resistencia regional frente a decisiones impuestas desde el poder central.

En ese análisis, mencionó a Yatama como una de las expresiones políticas con mayor capacidad de convocatoria y competencia electoral en la región durante décadas.

La cancelación de esa organización y el encarcelamiento de sus dirigentes, según el observatorio, redujeron los espacios de representación política de los pueblos indígenas dentro de la Costa Caribe.

Un directivo de OPIA consideró que la situación afecta la posibilidad de que las comunidades participen en las decisiones sobre sus tierras, sus recursos y el ejercicio de la autonomía regional.

El organismo advirtió que los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes pierden efectividad cuando no existen condiciones para que las comunidades puedan administrar sus territorios y decidir sobre sus recursos sin presiones.

Siete personas vinculadas con Brooklyn Rivera continúan detenidas

El GREX manifestó preocupación por la situación de siete familiares y allegados del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia del régimen. Esas personas fueron arrestadas cuando intentaban reclamar su cuerpo, de acuerdo con el análisis de la organización.

El grupo consideró que las detenciones funcionaron como una advertencia para las poblaciones miskitas y reforzaron el silencio frente a los abusos denunciados en la región.

OPIA afirmó que impedir que Rivera fuera despedido y sepultado en su territorio afectó tanto a su familia como a la memoria colectiva del pueblo miskito, debido a su trayectoria dentro del movimiento autonómico.

La organización sostuvo que ese episodio se inserta en un deterioro de las garantías para el ejercicio de la autonomía y la preservación de las estructuras propias de las comunidades indígenas.

El recuento alerta por desapariciones y condiciones de encierro

La actualización del mecanismo registró a 33 personas en condición de desaparición forzada, sin información oficial verificable sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su detención.

El registro también incluye a 16 adultos mayores, de los cuales ocho permanecen desaparecidos, y a dos menores de edad entre las personas encarceladas por razones políticas.

El mecanismo advirtió sobre enfermedades graves, restricciones para acceder a atención médica, alimentos en mal estado, agua no apta para el consumo, aislamiento y castigos en los centros de detención.

La entidad exigió la excarcelación inmediata de todas las personas presas políticas, pruebas de vida para quienes permanecen desaparecidas y medidas que protejan su salud e integridad.

El documento aclara que el registro corresponde a los casos que pudieron ser identificados. Por esa razón, no establece que la lista refleje la totalidad de las detenciones por razones políticas en Nicaragua.

En Nicaragua, la pensión promedio del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte fue de C$ 6.526,59 mensuales en 2024 y equivalía al 30,4 % del costo de la canasta básica familiar de julio de 2026. La diferencia entre ambos indicadores alcanzaba C$ 14.948,35, según una comparación de 100% Noticias con estadísticas oficiales.

Los montos corresponden a años distintos, por lo que no permiten calcular el poder adquisitivo exacto de todas las prestaciones vigentes en octubre de 2026. Aun así, exponen la distancia entre el ingreso previsional de referencia y el valor de los productos y servicios básicos para una familia.

Una brecha de casi 15,000 córdobas entre ingreso y canasta

La canasta básica familiar costaba C$21.474,94 en julio de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). El valor incluía los productos y servicios considerados esenciales para los hogares nicaragüenses.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, conocido como INSS, informó en su Anuario Estadístico 2024 que el promedio de C$ 6.526,59 reunía prestaciones de vejez, invalidez, viudez y pensiones reducidas. Por esa razón, la cifra no refleja exclusivamente lo que reciben quienes acceden a una jubilación ordinaria por edad.

La cesta familiar había cerrado diciembre de 2025 en C$ 20.821,68. Durante los siete meses siguientes aumentó C$ 653,26, un alza aproximada de 3,1%.

El encarecimiento también se observó en la comparación interanual: en julio de 2025, la canasta costaba C$ 20.549,67, por lo que un año después se necesitaban C$ 925,27 adicionales. Entre los productos con variaciones durante 2026 figuraron la cebolla, la papa y otros alimentos de consumo cotidiano.

Los alimentos constituyen uno de los principales componentes del gasto de los hogares. Para una persona jubilada con ingresos limitados, incluso aumentos pequeños pueden obligar a reorganizar el presupuesto destinado a otras necesidades.

Pensiones reducidas y presión sobre la seguridad social

Las personas que no completaron las semanas de cotización exigidas para una jubilación ordinaria pueden acceder a una pensión reducida proporcional. Esa modalidad deja a sus beneficiarios con ingresos inferiores al promedio general del régimen.

Los datos del INSS para 2023 ubicaron la pensión promedio de vejez reducida proporcional en C$ 2.895,27 mensuales. Comparada solo como referencia con la canasta básica de julio de 2026, esa suma representaba el 13,5 % de su costo y dejaba una diferencia superior a C$ 18.500.

El cálculo no permite establecer cuánto perciben actualmente los beneficiarios de prestaciones reducidas, porque utiliza un monto histórico. Sin embargo, muestra las dificultades que afrontan quienes llegan a la vejez con una cobertura menor.

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte registraba 301.845 beneficiarios en 2024. La cifra reúne distintas categorías de pensionados y no equivale al número exclusivo de personas que cobran jubilaciones ordinarias de vejez.

El crecimiento de esa población plantea exigencias para el financiamiento de la seguridad social, que depende en buena medida de las cotizaciones de trabajadores y empleadores. En agosto de 2026, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, reconoció que la planilla de pensionados había crecido más rápido que la de asegurados activos en los últimos años.

Según sus declaraciones, el número de pensionados aumentaba cerca de 4% anual, mientras los asegurados activos crecían aproximadamente 1%. Esa diferencia amplía la presión sobre los recursos del sistema.

Reclamos por ingresos frente al costo de vida

Las organizaciones de pensionados reclamaron una revisión de las prestaciones ante el aumento de los precios y los ajustes salariales. Representantes del sector dijeron a VOS TV durante 2026 que las pensiones no registraban incrementos suficientes para compensar la pérdida de capacidad de compra.

Los dirigentes también propusieron la creación de un bono anual para los beneficiarios. Sus pedidos apuntaron a cubrir gastos de alimentación, servicios básicos y otras necesidades de la vejez.

El presupuesto de una persona jubilada no se limita a la canasta alimentaria. Transporte, medicamentos, productos de higiene, atención médica y facturas de servicios pueden requerir recursos adicionales, incluso para quienes acceden a prestaciones médicas de la seguridad social.

La carga puede ser mayor para los adultos mayores que viven solos, dependen únicamente de su pensión o deben afrontar tratamientos de salud adicionales. Una parte de esa población tampoco recibe una pensión contributiva y subsiste con apoyo familiar, otros ingresos o actividades económicas.

La Fundación del Río afirmó el 27 de octubre de 2026 que 23 empresas vinculadas con China controlan 93 concesiones mineras en Nicaragua, una cifra que contradice la versión de las embajadas chinas en Nicaragua y Costa Rica sobre una presencia limitada de ese capital y la inexistencia de operaciones cerca de la frontera costarricense.

Las concesiones abarcan 1,554,332.02 hectáreas, equivalentes al 12.5% del territorio nicaragüense. La organización ambientalista elaboró ese registro a partir de publicaciones de La Gaceta entre 2021 y 2026, según informó 100% Noticias.

Las representaciones diplomáticas chinas habían respondido el 24 de octubre a señalamientos de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre la actividad minera china en Nicaragua. Sostuvieron que la mayor parte de las compañías del sector corresponde a capitales norteamericanos y latinoamericanos, y que las firmas chinas autorizadas son pocas y manejan superficies reducidas.

Fundación del Río señaló que las compañías relacionadas con China concentran, en cambio, la mayor cantidad de empresas, lotes y hectáreas concesionadas entre los capitales extranjeros presentes en la minería nicaragüense.

Las 93 concesiones y la disputa en la frontera costarricense

La actividad en las zonas limítrofes con Costa Rica se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo. La Embajada de China en Nicaragua aseguró que sus empresas no desarrollan trabajos mineros en la frontera ni en áreas cercanas.

La organización identificó concesiones otorgadas a Brother Metal S.A. y Thomas Metal S.A., ambas vinculadas con el grupo Continental International Resources (HK) Limited. Las dos compañías controlan 31 lotes, incluidos La Guinea, El Castillo y La Mónica, ubicados en zonas fronterizas con Costa Rica.

En La Guinea, Fundación del Río reportó actividad minera ilegal a unos tres kilómetros de la frontera costarricense. El área fue entregada a Thomas Metal S.A. mediante el Acuerdo Ministerial No. 039-SBT-M-037-2025 y tiene una extensión de 21,882.30 hectáreas.

La entidad ambientalista sostuvo que la concesionaria tiene responsabilidad legal sobre las actividades extractivas realizadas dentro del territorio que recibió. Thomas Metal S.A. efectuó además 88 importaciones desde China durante 2026 por un valor aproximado de USD 1,17 millones.

Entre sus proveedores figuran Continental International Resources (HK) Limited, Guangzhou Huakai Trading Co., Ltd. y Foton International Trade Co., Ltd. Fundación del Río describió a Continental International Resources como un grupo minero transnacional con operaciones en Nicaragua, la República Democrática del Congo y Zimbabue.

La presencia de Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. también fue incluida en la documentación. La empresa posee 12 lotes mineros, de los cuales al menos cuatro están situados en el sureste nicaragüense.

Según la organización, Guocheng Holding Group Co., Ltd., un grupo empresarial chino relacionado con el empresario Wu Cheng, adquirió acciones de Xinxin Linze Minería Group S.A. Wu Cheng declaró haber mantenido reuniones con Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante 2025 para tratar oportunidades de cooperación económica.

El empresario expresó: “En 2025, mantuve varios intercambios en profundidad con el Sr. Laureano Ortega Murillo, Asesor del Presidente de la República de Nicaragua, desde Beijing hasta Shanghái”.

También confirmó que su grupo había completado la adquisición de acciones de Xinxin Linze Mining Group de Nicaragua dentro de una estrategia internacional orientada a asegurar recursos minerales. La información presentada por Fundación del Río documentó contactos entre Laureano Ortega Murillo y representantes de ese grupo empresarial.

Denuncias por el río Baka y el caño Santa Rita

Las comunidades de Mulukukú y Rosita, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, denunciaron posibles daños ambientales asociados a operaciones de compañías mineras chinas. En Paraska, Los Baldes y Lisawe, habitantes documentaron trabajos de Zhong Fu Development S.A., titular del lote minero Mulukukú, informó 100% Noticias.

La organización indicó que esas operaciones generan impactos sobre el río Baka y el cerro Paraska. Unas 300 familias dependen del río, por lo que el deterioro de sus recursos naturales podría afectar sus medios de vida.

100% Noticias también reporta que en Rosita, la preocupación se concentra en el drenaje de una laguna artificial dentro del lote Rosita D, concesionado a Santa Rita Mining. Las descargas llegan al caño Santa Rita y luego al río Bambana, y podrían contener contaminantes asociados con antiguas actividades extractivas.

Fundación del Río afirmó que no se conocen públicamente estudios de impacto ambiental de las operaciones de Zhong Fu Development y Santa Rita Mining. La situación contrasta con la posición expresada por la representación diplomática china en Costa Rica, que sostuvo que su Gobierno exige a sus empresas en el exterior cumplir las leyes locales y asumir responsabilidades ambientales y sociales.

La organización envió el 8 de enero de 2026 consultas a las embajadas chinas en Nicaragua y Costa Rica sobre concesiones mineras, eventuales incumplimientos ambientales, operaciones fronterizas y actividades en territorios indígenas y afrodescendientes. La embajadora china en Costa Rica, Wang Xiaoyao, respondió el 17 de marzo sin abordar las cinco preguntas y remitió la comunicación a la representación en Nicaragua.

El entonces embajador chino en Managua, Qu Yuhui, no respondió a las consultas, de acuerdo con Fundación del Río. La entidad anunció que continuará documentando la actividad minera y solicitando explicaciones a las autoridades diplomáticas chinas, mientras llamó a las comunidades a vigilar el avance de las concesiones y sus posibles consecuencias ambientales y sociales.

La Cámara de Diputados de Rusia aprobó la ratificación de los acuerdos de extradición y traslado de reos condenados con Nicaragua, que habilitan a ambos regímenes a pedir la entrega de sospechosos en procesos penales y el cumplimiento de penas en el territorio de origen de las personas sentenciadas.

La Duma Estatal de Rusia informó en su sitio web que los legisladores aprobaron los tratados suscritos con el país centroamericano. La Asamblea Nacional de Nicaragua ya había aprobado los documentos en julio, por lo que resta avanzar con los procedimientos previstos en cada país para su aplicación.

Según informó EFE, los convenios regulan dos mecanismos de cooperación judicial. El primero contempla la extradición de personas requeridas en causas penales. El segundo establece las condiciones para el traslado de ciudadanos condenados a prisión, con el objetivo de que puedan cumplir sus sentencias en su país de nacionalidad.

Firma en San Petersburgo el 5 de junio

Los acuerdos se firmaron el 5 de junio en San Petersburgo, durante una visita de Laureano Facundo Ortega Murillo, representante especial del régimen nicaragüense e hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El entendimiento sobre extradición permite que las autoridades de cualquiera de los dos países presenten solicitudes para la entrega de personas investigadas o acusadas de delitos, bajo las condiciones que fijen los tratados y las legislaciones nacionales. El convenio sobre condenados, en tanto, prevé la transferencia de presos para que cumplan la pena impuesta por tribunales extranjeros en su lugar de origen.

Los documentos llegan después de que Nicaragua avalara los textos en julio a través de su Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega. Con el respaldo de ambos poderes legislativos, los acuerdos quedan encaminados para su entrada en vigor conforme a los procedimientos internos y al intercambio de instrumentos de ratificación.

Proyecto de adhesión a una alianza contra el ciberfraude

La agenda de cooperación entre ambos países incluye además un proyecto vinculado con delitos digitales. El régimen de Nicaragua informó el martes, a través del diario oficial La Gaceta, que prevé adherir a una alianza internacional para combatir el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude.

El instrumento lleva por nombre “Convención para el establecimiento de la alianza internacional para la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude”. La información difundida en Managua no precisó una fecha para la firma ni los compromisos operativos que asumiría Nicaragua dentro de ese marco.

Rusia mantiene vínculos históricos con Nicaragua desde el primer régimen sandinista, entre 1979 y 1990. Durante ese período, la entonces Unión Soviética suministró armamento a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. En los últimos años, Moscú y Managua reforzaron sus contactos diplomáticos y sus acuerdos de cooperación. EFE señaló que, para Rusia, el vínculo con Nicaragua también ha servido para respaldar decisiones cuestionadas por países occidentales.

En julio de 2025, Nicaragua reconoció como parte de Rusia a las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia, cuya anexión reclama Moscú pese a que no controla por completo esos territorios. La decisión se apartó de la posición de numerosos países y organismos internacionales, que consideran esas zonas parte de Ucrania.

El régimen nicaragüense también suscribió acuerdos de cooperación con las autoridades prorrusas instaladas en esas regiones. Delegaciones de alto nivel de Nicaragua participan con frecuencia en actividades organizadas por Rusia, entre ellas el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Fuente: EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Nicaragua adoptar medidas urgentes para proteger la vida, la integridad y la libertad de una mujer identificada como E.J.F.C. y de sus dos hijas, después de que sus representantes denunciaran que se desconoce el paradero de la madre y de una de las niñas desde marzo de 2025.

La decisión, publicada el miércoles 28 de octubre, se vincula con un proceso en trámite ante el tribunal regional por la presunta persecución contra la familia de Santos Sebastián Flores Castillo, hermano de E.J.F.C. El caso tiene como antecedente las denuncias por supuestos actos de violencia sexual que ella habría sufrido en 2005, cuando era menor de edad, y que atribuyó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Según EFE, el tribunal con sede en San José requirió al Estado que garantice la protección de E.J.F.C., de C.M.F. y de M.M.F., así como el respeto de sus derechos familiares y de protección especial de la niñez.

Paradero desconocido de la madre y una de sus hijas

La resolución ordena a las autoridades nicaragüenses informar de forma oficial e inmediata dónde se encuentran E.J.F.C. y C.M.F., de 13 años, y en qué condiciones permanecen.

Los representantes de las presuntas víctimas sostienen que ambas fueron sacadas de su vivienda por agentes estatales el 21 de marzo de 2025. Desde entonces, afirman, no han podido conocer su ubicación ni establecer comunicación con ellas.

La Corte IDH requirió al Estado “el levantamiento de cualquier medida que encubra el paradero y/o restrinja la libertad y la integridad personales” de E.J.F.C. y C.M.F. El tribunal también dispuso que se adopten acciones para lograr la reunificación de ambas con M.M.F., la otra hija de la mujer.

La orden se dictó como medida provisional, mecanismo que el sistema interamericano utiliza ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, cuando existe el riesgo de daños irreparables para las personas protegidas.

Aislamiento de la menor M.M.F. bajo custodia estatal

La resolución también se refiere a la situación de M.M.F., de ocho años. De acuerdo con los representantes de la familia, la niña permanece en la casa familiar bajo vigilancia, control y custodia de agentes estatales desde la desaparición de su madre.

La Corte solicitó a Nicaragua que termine con esa situación de aislamiento y que garantice el acceso de la menor a educación, atención médica, actividades recreativas y apoyo psicosocial.

Según la información trasladada al tribunal, M.M.F. no asiste a clases desde hace cerca de dos años y no tendría contacto con otros familiares. Los representantes señalaron además que la última noticia sobre la niña data de mayo de 2026, dado que desde ese momento se habría bloqueado toda forma de comunicación.

El tribunal ordenó que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar sus vínculos familiares. La disposición incluye la reunificación de la niña con E.J.F.C. y C.M.F., siempre que las condiciones permitan garantizar la seguridad e integridad de las tres.

Nicaragua en desacato ante la Corte desde 2022

La nueva decisión se conoce en un contexto de ruptura entre el Estado nicaragüense y el tribunal regional. La Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato en 2022, después de que el Gobierno se negara a cumplir una serie de resoluciones vinculadas con la liberación y la protección de más de un centenar de personas opositoras detenidas.

Desde entonces, según EFE, Nicaragua no responde a las órdenes de la Corte IDH ni designa representantes para sus audiencias.

La resolución sobre E.J.F.C. y sus hijas exige que el Estado informe sobre las medidas que adopte para cumplir la protección ordenada y aporte datos sobre el paradero y las condiciones de las beneficiarias.

La Corporación Eléctrica Nicaragüense, SA (CENSA), una generadora vinculada al empresario Joaquín Cuadra Lacayo, fue ocupada por la Policía Nacional en Puerto Sandino, León, según fuentes del sector empresarial consultadas por Confidencial. digital.

De acuerdo con esas fuentes, el procedimiento se realizó bajo órdenes de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia.

Las instituciones estatales no habían confirmado públicamente la intervención. Cuadra Lacayo, general en retiro y exjefe del Ejército de Nicaragua, y sus socios tampoco respondieron a las solicitudes telefónicas para conocer su posición sobre la medida.

La empresa opera en el kilómetro 68 de la carretera hacia El Velero y forma parte del sistema eléctrico nicaragüense desde 1997. El Centro Nacional de Despacho de Carga mantiene registrada su generación dentro del sistema interconectado nacional y señala que dispone de una reserva superior a 645,000 galones de búnker.

CENSA cuenta con una capacidad instalada de 57 MW. La compañía se presenta en su sitio web como un actor del sector energético de Nicaragua.

La planta elevó su capacidad instalada hasta 57 MW

La generadora comenzó a producir electricidad en mayo de 1997 con una planta de nueve unidades, cada una con una capacidad nominal de cuatro MW. El conjunto alcanzaba inicialmente una capacidad de 36 MW.

En octubre de 2000, la empresa añadió cuatro unidades de siete MW cada una. Con esa ampliación, la planta elevó su capacidad instalada hasta los 57 MW.

Los registros del Centro Nacional de Despacho de Carga incluyen a CENSA dentro del sistema interconectado nacional. El organismo también consigna la reserva de combustible asociada a la generadora situada en Puerto Sandino.

La compañía se define en su sitio web como un actor del sector energético de Nicaragua.

Las razones atribuidas a la ocupación incluyeron obligaciones contractuales y fiscales

Según la información recogida por Confidencial.digital, las autoridades habrían argumentado presuntos incumplimientos en el contrato de suministro eléctrico. También habrían señalado una supuesta mora ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la Dirección General de Ingresos.

Una fuente empresarial sostuvo que las explicaciones técnicas y financieras podrían encubrir un motivo político. Esa interpretación no fue confirmada por las autoridades estatales ni por representantes de la compañía.

“El pecado de fondo es político”, afirmó la fuente al medio. La persona consideró que los eventuales atrasos o deudas podrían recibir un tratamiento distinto si Cuadra Lacayo y sus socios estuvieran alineados con el poder.

La información atribuida a la fuente empresarial no incluye una respuesta de CENSA sobre los señalamientos relacionados con el contrato de suministro, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social o la Dirección General de Ingresos.

La medida ocurrió después de una intervención sobre Rocedes

La actuación sobre CENSA se produjo después de que Rocedes, otra firma asociada con Cuadra Lacayo, fuera sometida a una medida similar. Esa empresa opera bajo el régimen de zona franca en el Parque Industrial Las Mercedes, en Managua.

El caso se suma a antecedentes de compañías presionadas por entidades recaudadoras estatales y de intervenciones sobre firmas mineras o recicladoras que luego fueron entregadas a competidores chinos, según el reporte citado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte desde hace años que quienes consideren invertir en Nicaragua deben actuar con “extrema precaución” ante los niveles de inseguridad jurídica del país.

La Policía Nacional de Nicaragua informó este miércoles que incautó 4,204 libras de marihuana, equivalentes a 1.9 toneladas, ocultas en un camión que transportaba cerámica y que fue retenido en el puesto de control fronterizo de El Guasaule, en el departamento de Chinandega.

De acuerdo con la información de la institución policial, el procedimiento ocurrió el martes 27 de octubre. La droga estaba escondida en más de 600 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café.

El vehículo inspeccionado era un cabezal de color rojo junto con un remolque de plataforma de color blanco. Según el reporte oficial, el cargamento tenía como destino final Costa Rica y había partido desde Hidalgo, México.

La droga estaba oculta entre láminas y flejes de la carga

La Policía nicaragüense indicó que los agentes detectaron la mercancía ilícita durante una revisión de láminas aislantes de calor y flejes, unas cintas plásticas utilizadas para asegurar mercadería.

“Al inspeccionar láminas de aislante de calor y flejes para amarrar mercancía, se incautaron 608 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café, conteniendo hierba color verde”, detalló la institución en la síntesis difundida sobre el caso.

A su vez, las primeras pruebas de campo dieron resultado positivo para marihuana. Luego, peritos de Criminalística realizaron análisis químicos que también confirmaron que la sustancia incautada era marihuana, según informó la fuerza policial.

La carga fue localizada entre productos de cerámica, sulfato de plomo y respuestas para vehículos que eran trasladados por el conductor del camión, identificado como Fredy Bladimiro R., de 52 años y nacionalidad guatemalteca.

Según la reconstrucción de los hechos, el transportista ingresó a México durante la mañana del 23 de octubre de 2026 y se dirigió a una bodega.

De igual manera, el comunicado de la institución señala que el conductor cargó el camión en ese lugar y que, cerca de las 14:00 de ese mismo día, retiró el cabezal con el furgón para estacionarlo en el área asignada por la compañía. Al día siguiente, el 24 de octubre, salió de México a las 9:00 para partir rumbo a Costa Rica.

El vehículo llegó el lunes 26 de octubre a la frontera de El Guasaule, en Nicaragua. Allí fue sometido a un proceso de perfilamiento e inspección, tras el cual los agentes encontraron la droga oculta en el cargamento de cerámica, siempre de acuerdo con la versión de la Policía.

A su vez, la Policía nicaragüense precisó que aplicó la técnica Scintrex Trace, un detector empleado para identificar partículas de marihuana. A su vez, el análisis se realizó en distintos sectores de la cabina del vehículo, entre ellos la palanca de cambios, el timón, la vestimenta, los dorsales y las palmas de las manos del detenido.

Ese procedimiento confirmó la presencia de partículas de marihuana en los elementos examinados. El comunicado no informó sobre otras personas detenidas ni sobre las medidas judiciales que enfrentarán Recinos Vargas y el cargamento retenido.

La operación incluyó además la ocupación del cabezal y de su plataforma, utilizados para transportar la mercancía.

Scarleth Buitrago teme que su hija, Jerelyn Estrada, sea trasladada a Nicaragua sin los recursos médicos que necesita para seguir con vida. La joven, de 19 años, permanece internada en un hospital de Gainesville, Florida, donde depende de un ventilador mecánico para respirar y requiere atención especializada fuera del centro médico.

La madre sostiene que la posibilidad de una repatriación médica surgió después de que Jerelyn perdiera la cobertura de Medicaid. En declaraciones difundidas por Telemundo 51 y recogidas por 100 % Noticias, Buitrago indicó que una representante del hospital le habló de esa alternativa, misma que la familia rechaza por temor a que el traslado interrumpa el tratamiento de la joven.

“Temo que envíen a mi hija a Nicaragua”, expresó Buitrago entre lágrimas, de acuerdo con el medio.

Jerelyn padece una enfermedad genética que la mantiene conectada a un ventilador. La madre indicó que el hospital no puede darle el alta si la familia no cuenta con ese equipo y con un entorno adecuado para sostener sus cuidados en casa. Buitrago afirmó que no tiene los recursos para afrontar esos costos.

La situación abrió una disputa sobre las condiciones en las que Jerelyn podría salir del hospital. Su madre asegura que ni ella ni su hija han autorizado un traslado a Nicaragua y que su prioridad es conseguir los medios para atenderla en Estados Unidos.

“Yo les dije entréguenmela a mí, yo soy su mamá. Si a mí me toca pedir e ir a casa por casa, pero no voy a dejar que ella se muera. No la pueden enviar a Nicaragua”, afirmó Buitrago en las declaraciones recogidas por 100% Noticias.

La mujer explicó que el personal del centro médico le comunicó que la falta de fondos para garantizar la atención domiciliaria y la situación migratoria de la familia reducen las opciones disponibles. No obstante, la madre insiste en que una repatriación no resolvería el problema de salud de Jerelyn.

Select Medical, la empresa que opera el hospital donde permanece la joven, no hizo comentarios sobre el caso. La compañía indicó a Telemundo 51 Miami que las leyes federales de privacidad médica le impiden referirse a pacientes específicos.

Jerelyn dice que en Nicaragua no obtuvo un diagnóstico

La propia Jerelyn expresó que no quiere volver a Nicaragua. La joven recordó que antes de viajar a Estados Unidos no consiguió respuestas médicas sobre la enfermedad que afecta su salud.

“Yo no quiero regresar a Nicaragua, allá yo no tuve un diagnóstico, una respuesta”, dijo.

Su deseo inmediato es obtener el ventilador que necesita para dejar el hospital sin perder el apoyo respiratorio. También manifestó que espera recuperar parte de la autonomía que tenía antes de que su enfermedad se agravara. “Volver a ser como antes, volver a caminar”, expresó.

El caso expone una dificultad que afecta a pacientes que requieren tratamientos complejos y pierden cobertura médica: el alta hospitalaria puede depender de equipos, asistencia profesional y adecuaciones domiciliarias que las familias no siempre pueden pagar.

La posibilidad de acceder a Medicaid de emergencia se convirtió en una de las alternativas que evalúa la familia. Buitrago informó que inició una nueva solicitud con la expectativa de que su hija pueda recibir apoyo para continuar su atención en Florida.

El Departamento de Niños y Familias de Florida señala que algunas personas que cumplen los demás requisitos del programa, aunque no reúnan la condición migratoria exigida, pueden obtener cobertura ante una emergencia médica grave.

Florida modificó reglas para algunas personas no ciudadanas

El estado de Florida anunció cambios en la elegibilidad de Medicaid para determinadas categorías de personas no ciudadanas, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026. La información disponible no permite establecer si esas modificaciones alcanzan de forma directa la situación de Jerelyn.

Mientras espera una respuesta a la solicitud de cobertura, Buitrago busca apoyo para evitar que la falta de recursos obligue a separar a su hija de la atención médica que recibe en Estados Unidos.

“Si Dios le dio vida, yo tengo fe que lo que él empieza lo termina”, concluyó la madre.

Nicaragua quedó fuera de los itinerarios de cruceros para la temporada 2026-2027 en Centroamérica. Mientras los países vecinos comenzaron a recibir embarcaciones o anunciaron sus calendarios de escalas, los puertos nicaragüenses no aparecen entre los destinos programados para un período que prevé la llegada de unos 700 barcos a la región.

La última vez que cruceros con turistas se acercaron a las costas nicaragüenses fue durante los primeros meses de 2020, antes de la paralización internacional del turismo causada por la pandemia de covid-19. Desde entonces, las compañías no volvieron a incorporar al país a sus recorridos regulares.

La actividad regional prevista para esta temporada será casi cuatro veces superior a la registrada una década atrás. Pese a ese crecimiento, ninguno de los barcos anunciados para atracar en puertos del Pacífico y el Caribe centroamericano tiene programada una escala turística en Nicaragua.

Corinto y San Juan del Sur no figuran en las rutas de cruceros

Los puertos de Corinto y San Juan del Sur, que antes concentraban las escalas de cruceros en Nicaragua, no aparecen en los itinerarios de la temporada. El sitio especializado CruiseMapper tampoco los incluye entre los destinos previstos por las navieras, de acuerdo con Diario La Prensa.

Si alguna embarcación se aproxima al país, podría tratarse de una parada técnica. En ese caso, los pasajeros no desembarcarían en territorio nicaragüense.

Las visitas de los cruceristas duraban pocas horas, aunque generaban ingresos para restaurantes, comercios, vendedores de artesanías y otros negocios instalados en las zonas cercanas a las terminales portuarias. Los pasajeros compraban alimentos, bebidas y productos locales, además de utilizar servicios turísticos.

El sector turístico atribuye la ausencia a la falta de confianza

Dirigentes del sector turístico consideran que las empresas de cruceros no recuperaron la confianza para regresar a Nicaragua. Después de la reactivación de los viajes internacionales, las compañías reincorporaron destinos de otros países centroamericanos, pero mantuvieron fuera a los puertos nicaragüenses.

Los empresarios consultados por Diario La Prensa relacionaron la situación con las condiciones de seguridad que atribuyen a la respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a las protestas sociales de 2018. También sostuvieron que las organizaciones y empresas del país permanecen desarticuladas para evitar nuevos levantamientos.

Algunos dirigentes turísticos no fueron identificados porque, según explicaron, temen represalias. Esas fuentes afirmaron que el cierre de organizaciones empresariales dejó al sector sin mecanismos para promover nuevas operaciones ante las compañías de cruceros.

El Intur mantiene información disponible hasta 2020

La información oficial sobre la llegada de cruceros a Nicaragua es limitada. En el sitio web del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), las últimas publicaciones sobre ese segmento corresponden a 2020, cuando la institución esperaba recibir 55 barcos con cerca de 100,000 turistas.

Las empresas suspendieron sus operaciones en marzo de aquel año tras la propagación de la pandemia. De acuerdo con los reportes del Intur, Nicaragua recibió 25,035 cruceristas antes de la interrupción de la actividad.

Las cifras citadas indican que no se registró la llegada de pasajeros de cruceros desde entonces y hasta 2022. A partir de ese año, el Intur dejó de publicar sus anuarios estadísticos, que incluían información sobre la clasificación y el origen de los visitantes.

Los anuarios históricos también dejaron de estar disponibles en el sitio web de la institución. Esa falta de información impide determinar con precisión la procedencia de los turistas que llegaron al país en años anteriores.

El Intur tampoco volvió a informar públicamente sobre acciones destinadas a recuperar las escalas de cruceros. La comunicación disponible en su página se concentra en actividades locales y en la promoción del turismo interno.

Nicaragua recibió 68 cruceros durante 2019

Los empresarios del sector turístico recuerdan que durante tres décadas se realizaron esfuerzos para posicionar a Corinto y San Juan del Sur en las rutas de las navieras. Uno de los mejores resultados de ese proceso ocurrió en 2019, según las cifras divulgadas entonces por el Intur.

Ese año, la institución informó la llegada de 68 cruceros. De acuerdo con esos datos, descendieron 85,537 visitantes, quienes realizaron compras de alimentos, bebidas y artesanías, además de recorrer lugares próximos a ambos puertos.

En 2016 se inauguró una terminal de cruceros en San Juan del Sur. La obra fue presentada como un proyecto destinado a impulsar la actividad turística de esa localidad y facilitar la llegada de embarcaciones internacionales.

La instalación no tiene una función regular conocida desde que las navieras dejaron de programar escalas turísticas en Nicaragua. La falta de operaciones afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas ubicadas cerca de los puertos.

Los países vecinos avanzan con sus temporadas de cruceros

Honduras inauguró su temporada el lunes 26 de octubre con la llegada del primero de diez cruceros previstos para la primera semana de actividades en el puerto de Roatán. El país espera recibir un promedio de seis embarcaciones por semana y proyecta la visita de al menos 1.5 millones de cruceristas durante el período.

Costa Rica anunció la llegada de 201 cruceros. La actividad comenzó a finales de septiembre en la costa del Pacífico, donde Puntarenas tiene previstas 72 escalas y Caldera recibirá 23 barcos.

En el Caribe costarricense, Puerto Limón inició su temporada el sábado 24 de octubre con la llegada del primer crucero. La terminal tiene programadas 106 escalas para el período.

Guatemala comenzó sus actividades el 5 de octubre con el arribo de una embarcación a Puerto Quetzal. El país tiene previstos 35 cruceros en esa terminal del Pacífico y nueve visitas en el Puerto de Santo Tomás de Castilla, situado en el Caribe.

El Salvador inauguró su temporada el 10 de octubre con un crucero de bandera holandesa que transportaba casi 2,000 turistas. El calendario del país contempla 12 llegadas, mientras que Panamá prevé recibir 220 embarcaciones debido a su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del Canal de Panamá.

La temporada de cruceros en Centroamérica suele comenzar entre septiembre y octubre y termina entre abril y mayo del año siguiente. Nicaragua continúa fuera de esas rutas, pese a la expansión de la actividad en otros puertos de la región.

Dos prófugos fueron capturados en Managua por su presunta participación en una red acusada de defraudar a Seguros Lafise con reclamos por accidentes de tránsito que, según la investigación, nunca ocurrieron.

Los detenidos son Jeffry Francisco Mendieta Zúñiga y Juan Ramón Pérez Marenco, quienes permanecían fuera del alcance de las autoridades. Ambos fueron arrestados en la capital nicaragüense.

La Fiscalía sostiene que los acusados facilitaron sus documentos de identidad para elaborar expedientes fraudulentos. Esos trámites habrían servido para reclamar y cobrar indemnizaciones por supuestos siniestros viales.

La pesquisa identifica una estructura de al menos 14 personas, activa entre marzo de 2023 y diciembre de 2025. En ese lapso, Seguros Lafise emitió 46 cheques por C$4,287,100 (USD 115,751.70), según informó Nicaragua Investiga.

Los documentos personales sustentaban colisiones que no ocurrieron

Mendieta Zúñiga y Pérez Marenco habrían aportado sus datos personales junto con Johanna María Montenegro González, quien ya está bajo custodia. La documentación era utilizada para construir casos de choques que, de acuerdo con la acusación, no existieron.

El Ministerio Público señaló que los expedientes contenían certificados de tránsito y otros documentos que las autoridades consideran irregulares o falsificados. Con esos elementos, la organización solicitaba pagos vinculados a pólizas de seguro obligatorio.

La red preparaba siniestros completos con información de terceros, fotografías y cotizaciones para respaldar los reclamos ante la aseguradora.

El dinero obtenido mediante esas gestiones presuntamente se repartía entre los participantes, de acuerdo con la investigación difundida por Nicaragua Investiga.

La causa también involucra a personas que, según la Fiscalía, habrían intervenido desde distintos puntos del proceso. La acusación busca establecer cómo se armaban los expedientes, quiénes los presentaban y qué función cumplía cada señalado.

Los investigadores sostienen que el uso de identidades ajenas o facilitadas era una parte central del esquema. Los datos personales permitían dar apariencia de legalidad a reclamos basados en accidentes viales inexistentes.

Una exagente de tránsito aparece como principal operadora

Entre los implicados figura Jessenia Yaoska Sierra Guerrero, exagente de tránsito del Distrito Tres de la Policía Nacional en Managua. La Fiscalía la identifica como la principal operadora de la estructura investigada.

El expediente incluye además a tres extrabajadores de Seguros Lafise. Uno de ellos es John Hamilton Mendieta Jiménez, exjefe de reclamos de automóviles, quien continúa prófugo.

También está señalado el fiscal Livingstone Ramón Zepeda Cruz, quien ejercía funciones en el Centro de Atención Fiscal de la misma delegación policial. La acusación lo incorpora dentro del grupo investigado por la presunta maniobra.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otros procesados que todavía no han sido localizados. Algunos enfrentan señalamientos por el supuesto uso de documentos falsos y otros por estafa agravada.

El proceso judicial fue declarado de tramitación compleja

El juez Rolando Sanarrusia admitió la acusación formal presentada por la Fiscalía y autorizó el intercambio de pruebas. El caso seguirá su curso en los tribunales de Managua.

Pérez Marenco enfrenta cargos por estafa agravada y crimen organizado. Mendieta Zúñiga y Montenegro González son procesados por estafa agravada.

La declaratoria de tramitación compleja responde al número de imputados y a la presunta forma organizada de las operaciones. La investigación continúa para determinar las responsabilidades individuales dentro de la red.

El periodista nicaragüense Luis Galeano obtuvo asilo político en Estados Unidos después de casi ocho años de espera. “Me siento eternamente bendecido”, afirmó este martes durante una entrevista a Noticias Telemundo tras conocer la decisión que le permite permanecer en el país junto a su esposa y su hijo Andrés Fabián.

Galeano expresó que la aprobación de su solicitud representa una esperanza para los nicaragüenses que huyeron de la persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“La felicidad que tengo nos rebasa a mi esposa y a mí y a Andrés Fabián”, dijo el director de Café con Voz. “Nuestro asilo fue aprobado y definitivamente nos sentimos con mucha esperanza a partir de este momento”.

El juez Daniel Dowell concedió la protección el 23 de octubre, según informó Telemundo 31. Galeano había sido detenido el 14 de septiembre en Orlando mientras trabajaba como conductor de una aplicación. Luego pasó nueve días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) en el centro de detención Krome, hasta que recuperó la libertad bajo fianza.

Galeano relató que el asilo llegó tras un período de incertidumbre que se extendió durante casi una década.

“Lo es porque definitivamente esperar durante casi ocho años el momento en el que defendés la posición que te trajo hasta aquí, la persecución de la que has sido objeto, la represión nacional y transnacional del régimen de Ortega y Murillo, es definitivamente, en medio de las circunstancias que se viven, un momento milagroso que Dios permitió que se diera”, sostuvo.

Según información oficial, el abogado de Galeano presentó una moción conjunta y el juez consideró que el periodista tenía un temor creíble de persecución si regresaba a Nicaragua.

Galeano ingresó legalmente a Estados Unidos el 21 de diciembre de 2018 y su permiso de permanencia venció el 20 de junio de 2019. El comunicador explicó que había solicitado asilo tras salir de Nicaragua, donde enfrenta una orden de arresto y fue despojado de su nacionalidad, además de la confiscación de sus bienes.

El exilio y el periodismo como compromiso con la gente

En la conversación con Noticias Telemundo, Galeano habló sobre el desarraigo que atravesó junto a su familia. Aseguró que abandonar Nicaragua no figuraba entre sus planes, pero la orden de captura en su contra los obligó a construir una vida fuera del país.

“El exilio es difícil. Nosotros nunca pensamos salir de Nicaragua”, expresó. “Es volver a caminar, volver a construir, volver a empezar. Eso es una cosa sumamente difícil, sobre todo cuando no lo has contemplado dentro de las posibilidades de tu vida”.

El periodista destacó el respaldo de la comunidad nicaragüense en EE.UU., aunque remarcó que adaptarse a una nueva realidad implica aceptar las normas del país que ofrece protección. “Vos venís a un país como Estados Unidos pidiendo apoyo, pidiendo ayuda”, señaló.

Galeano también vinculó la experiencia del exilio con su tarea profesional. Consideró que el periodismo obliga a observar de cerca las expresiones más dolorosas y más esperanzadoras de la vida pública y privada. “Eso te compromete todo el tiempo a estar cerca de la gente, cerca de las personas”, afirmó.

Al referirse al futuro de Nicaragua, sostuvo que el país recuperará su libertad, aunque evitó fijar plazos. Reclamó una respuesta más firme de la comunidad internacional frente a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra el régimen nicaragüense.

“El día que Daniel Ortega y Rosario Murillo dejen de ser tratados como presidentes de Nicaragua y sean tratados como delincuentes internacionales, estaremos hablando de otras circunstancias”, dijo Galeano.

Una joven indígena mayangna de Nicaragua busca regularizar su situación migratoria para regresar a su comunidad después de haber sufrido explotación laboral durante cuatro años en El Salvador, según informó La Prensa de Nicaragua.

Sandra Elizabeth Cornejo Córdoba, de 19 años —aunque ella misma no tiene certeza plena sobre su edad—, es originaria de la comunidad de Yapuwas, en Ayapal, departamento de Jinotega. De acuerdo con su relato, salió de su hogar cuando tenía 15 años, tras aceptar la propuesta de una mujer que le ofreció un empleo en Costa Rica con el que podría ayudar económicamente a su familia.

La promesa, sin embargo, derivó en un traslado primero a Costa Rica y después a El Salvador, donde quedó bajo el control de la mujer a quien identifica como Arelis de los Ángeles Flores Talavera. La joven afirmó al diario nicaragüense que fue llevada con documentos falsos y obligada a realizar tareas domésticas.

“Ella me ofreció viajar, que yo podía ganar dinero en otro país. Yo le creí, pero realmente me llevaba para que le hiciera trabajos a ella, lavar ropa, cuidar niños y limpiar”, declaró Sandra a La Prensa. Cuando pidió volver a Nicaragua, aseguró que recibió amenazas de muerte.

Cuatro años sin contacto con su familia

La situación se extendió por unos cuatro años, período en el que Sandra perdió contacto con sus padres y el resto de su familia. Su lengua materna es el mayangna y, según el medio, asistió a la escuela durante un tiempo, aunque no aprendió a leer ni a escribir.

La falta de documentos de identidad complica ahora su regreso a Nicaragua. Sandra necesita acreditar formalmente su identidad y resolver su situación migratoria antes de emprender un retorno seguro a Ayapal, una zona donde muchas familias enfrentan condiciones de pobreza.

A mediados de 2026, la mujer que la había llevado fuera de Nicaragua dejó a Sandra en la vivienda de María Ignacia Reyes, una salvadoreña residente en el departamento de La Unión. Reyes advirtió señales de maltrato físico y decidió resguardarla, de acuerdo con el testimonio que dio al diario.

“Sus dedos de pies y manos estaban lastimados, enfermos. Mi hija la curó”, contó Reyes. También relató que, cuando la mujer volvió a buscar a Sandra, se negó a entregarla y la ocultó antes de contactar a la Policía.

La Organización Internacional para las Migraciones y el camino al regreso

Desde entonces, Reyes ha acompañado las gestiones para conseguir apoyo institucional. El caso es atendido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según publicó La Prensa de Nicaragua. La salvadoreña también compró un teléfono celular para que Sandra pudiera volver a hablar con sus familiares.

Los padres de Sandra llegaron a creer que había muerto, pues no tuvieron noticias suyas durante años. Cuando logró comunicarse con ellos, la joven les explicó que estaba viva y que los rumores sobre su fallecimiento eran falsos.

Reyes señaló que la adaptación de Sandra en El Salvador ha sido difícil, en parte por la barrera lingüística. La joven conversa con su familia en mayangna, un idioma que quienes la acompañan no comprenden. La familia aún debe enviar una partida de nacimiento, documento necesario para avanzar con el proceso de identificación.

Sandra permanece en La Unión mientras espera una solución que le permita volver a Nicaragua. Su pedido apunta a obtener documentos legales, definir una vía migratoria segura y reencontrarse con sus padres en la comunidad de Yapuwas.

La selección masculina de futsal de Panamá regresó a Nicaragua, escenario de su histórica conquista continental de 2024, para participar en la Copa de Naciones 2026, que se disputará del 28 al 31 de octubre.

El equipo dirigido por Jaime Aizpú buscará medir su nivel ante rivales centroamericanos y fortalecer su preparación para el próximo Premundial de Concacaf.

El combinado nacional llegó a Managua durante la noche del lunes 26 de octubre, después de completar su traslado y los trámites correspondientes. La delegación tardó más de dos horas en llegar al hotel de concentración y tiene previsto reconocer la cancha del Polideportivo Alexis Argüello, sede de todos los encuentros del certamen.

El escenario tiene un significado especial para el futsal panameño, porque allí conquistó su primer Campeonato de Concacaf en abril de 2024. En aquella final, Panamá derrotó a Cuba por 4-3, con goles de Ruman Milord, Aquiles Campos y un doblete de Claudio Goodridge, para alcanzar uno de los mayores logros de su historia.

Aquella conquista también consolidó una trayectoria de cuatro clasificaciones consecutivas a mundiales, iniciada en Tailandia 2012 y continuada en Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. La selección panameña alcanzó los octavos de final en su primera participación, que continúa siendo su mejor resultado en una Copa Mundial de Futsal.

Antes de levantar el trofeo continental, Panamá había conseguido su clasificación al Mundial de Uzbekistán tras vencer 2-1 a Estados Unidos en los cuartos de final. Posteriormente superó 6-3 a Guatemala en las semifinales, resultados que confirmaron su crecimiento competitivo y le permitieron disputar su segunda final de Concacaf, después del subcampeonato obtenido en 2016.

El historial incluye otros resultados destacados, como el tercer lugar continental de 2012 y las medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos. Panamá conquistó la plata en 2013 y el oro en 2017, antecedentes que reflejan su presencia entre las selecciones competitivas de la región durante la última década.

Para esta edición de la Copa de Naciones, Panamá quedó ubicada en el grupo B junto con Costa Rica y El Salvador. El grupo A estará integrado por Nicaragua, Honduras y Cuba, por lo que seis selecciones competirán en Managua durante cuatro jornadas destinadas a fortalecer su preparación internacional.

El debut panameño está programado para el miércoles 28 de octubre, a las 3:30 de la tarde, frente a El Salvador. Su segundo compromiso será el viernes 30, a la misma hora, contra Costa Rica, mientras que la jornada definitiva se celebrará el sábado 31 de octubre.

Según el formato anunciado, los primeros lugares de cada grupo disputarán la final, mientras que las demás selecciones jugarán encuentros para definir sus posiciones. Para Panamá, el torneo representa una oportunidad de evaluar su funcionamiento colectivo, corregir aspectos tácticos y observar el rendimiento de sus futbolistas antes de afrontar nuevos compromisos oficiales.

Una convocatoria con jugadores locales y legionarios

El entrenador Jaime Aizpú convocó a 14 futbolistas, incluidos dos que militan en el extranjero. José Yearwood juega en el SS Bocca de Ecuador y Luis Vásquez pertenece a Corredores Futsal de Costa Rica, mientras que los otros doce integrantes proceden de equipos del ámbito nacional.

La portería estará defendida por Noel Hernández, de Río Abajo FS, y Jorge Hernández, de Villa 9. Como cierres fueron seleccionados Alfonso Maquensi, Ricardo Castillo, Fernando Sánchez y Alexis Castillo, quienes aportarán alternativas para la organización defensiva durante los encuentros del campeonato.

En las posiciones de ala figuran Ruman Millord, Abdiel Ortiz, Jafet Alvarado, José Yearwood, Didier Herrera y Luis Vásquez. Para desempeñarse como pívots, el cuerpo técnico convocó a Ángel Sánchez, de Río Abajo FS, y Jesús Santos, de Diamante FS, completando así el plantel anunciado.

Entre los convocados sobresalen Alfonso Maquensi y Ruman Millord, protagonistas del título continental de 2024. Maquensi recibió el reconocimiento como mejor jugador de aquel campeonato, mientras que Millord marcó en la final frente a Cuba, aportando experiencia a una selección que inicia una nueva etapa de preparación.

El desafío en Managua permitirá comprobar la evolución del equipo bajo la dirección de Jaime Aizpú, frente a adversarios habituales del fútbol sala regional. Panamá buscará aprovechar su experiencia internacional y mantener el nivel competitivo que le permitió conquistar Concacaf y participar en cuatro mundiales consecutivos.

Nicaragua registra 72 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, de las cuales 33 permanecen desaparecidas forzadamente, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

La Asociación Memoria y Justicia (AMJ) alertó que el incremento de los casos expone a las víctimas a riesgos para su vida e integridad, mientras las familias continúan sin información sobre el paradero de sus allegados.

La actualización, difundida por AMJ, examina los cambios ocurridos entre el 1 de agosto y el 23 de octubre. La organización indicó que el documento recoge testimonios de familiares que desconocen dónde están sus seres queridos, en un escenario en el que la desaparición forzada se mantiene como una práctica asociada a las privaciones de libertad por razones políticas.

El reporte advierte que las personas detenidas enfrentan falta de comunicación con sus familias, ausencia de información oficial y obstáculos para acceder a una defensa legal efectiva. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha informado de manera pública y sistemática sobre la situación de quienes permanecen bajo custodia del régimen.

Las 33 personas desaparecidas forzadamente representan casi la mitad de los detenidos políticos incluidos en el registro. La categoría abarca los casos en los que las autoridades no reconocen la privación de libertad, niegan información sobre el lugar de reclusión o impiden que los familiares y representantes legales conozcan el estado de la víctima.

La AMJ señaló en su portal que la investigación incluye relatos de familias que carecen de datos sobre sus allegados. Esa incertidumbre afecta la posibilidad de confirmar si las personas reciben atención médica, si fueron presentadas ante una autoridad judicial o si tienen contacto con abogados.

El aumento de las desapariciones forzadas también profundiza la preocupación por las condiciones de detención. En agosto, varias organizaciones de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncias sobre prisión política, incomunicación prolongada, torturas y represalias contra familiares de personas detenidas en Nicaragua.

En esa audiencia, representantes de organizaciones civiles sostuvieron que el ocultamiento del paradero de los detenidos dejó de limitarse a los primeros días posteriores al arresto y, en algunos casos, se prolonga durante períodos extensos o durante toda la privación de libertad.

El hábeas corpus no protegió a 9 de cada 10 víctimas analizadas

La falta de respuestas judiciales aparece como uno de los elementos centrales en el contexto de las detenciones arbitrarias. En septiembre, la AMJ publicó el informe “El colapso del Habeas Corpus en Nicaragua”. Inefectividad del recurso de exhibición personal frente a las detenciones por motivos políticos en Nicaragua (2018-2024)”.

El estudio analizó 315 recursos de exhibición personal, el mecanismo equivalente al hábeas corpus en la legislación nicaragüense. En 284 expedientes, el 90.1%, la medida no ofreció protección efectiva a las personas detenidas. Solo cinco recursos lograron un resultado favorable y en 26 casos no fue posible establecer el desenlace.

AMJ identificó 763 acciones atribuidas a instituciones de la dictadura que habrían limitado el acceso a la Justicia. El relevamiento incluyó 224 vulneraciones de garantías del debido proceso, 220 obstáculos para acceder a tribunales y 189 demoras injustificadas durante la tramitación o resolución de los pedidos.

La organización también documentó el incumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para liberar a una persona detenida o presentarla ante una autoridad competente. Al menos 280 personas fueron llevadas ante un juez fuera de ese plazo y, en 80 casos, las víctimas recuperaron la libertad sin haber comparecido ante una autoridad judicial.

A las puertas de la venta por el Día de los Fieles Difuntos, la familia García Ruiz prepara sus flores en Catarina, Masaya, con la expectativa de que la cosecha permita compensar un ciclo afectado por la falta de lluvia. Parte de la producción llegará al mercado Ernesto Fernández, en Masaya, mientras otra se venderá en el propio campo de Los Tachos.

José Anastasio García Hernández, conocido como don Tacho, confía en el movimiento comercial de la fecha. Su esposa, Brígida Cecilia Ruiz Sáenz, será quien traslade una parte de los ramos al centro de compras de Masaya, según contó el floricultor a La Prensa.

La familia todavía no fijó los precios de esta temporada. El aumento de los fertilizantes y de otros productos para cuidar las plantaciones podría modificar el valor final, aunque el productor no confirmó si aplicará un ajuste.

El año pasado, los ramos se ofrecían desde C$25.00 (USD 0.68), mientras que en algunos puntos se conseguían por C$20.00 (USD 0.54). Don Tacho espera que la demanda acompañe la preparación de los últimos meses.

La sequía dejó plantas sin crecer en los surcos de Catarina

El agua faltó en una etapa sensible para el cultivo. Algunos surcos quedaron menos profundos que en temporadas anteriores y parte de las plantas no alcanzó el desarrollo esperado.

“La sequía afectó bastante”, dijo José Anastasio García Hernández a La Prensa. El productor indicó que sí había flores plantadas, aunque algunas no tendrían la misma cosecha que otras.

El floricultor explicó que ciertas plantas no crecieron y otras se marchitaron o se secaron después de la siembra. A pesar de esas pérdidas, la familia mantuvo la preparación para las semanas de mayor movimiento comercial en el municipio.

El trabajo se intensifica desde mayo, cuando comienza la etapa de siembra destinada a la demanda vinculada al 2 de noviembre. Durante la semana, unas ocho personas limpian la maleza y el monte antes de las labores de arado y plantación.

Cuando llega esa fase, el número de colaboradores asciende a cerca de 12 trabajadores. La mano de obra acompaña una tarea que se sostiene durante todo el año y que exige cuidados constantes en el terreno.

Un terreno con 40 plantas se convirtió en Floricultura Los Tachos

La actual extensión de tres cuartos de manzana tuvo un comienzo reducido. Diez años atrás, el proyecto retomó fuerza en un espacio de unas 20 varas cuadradas que tenía apenas 40 plantas.

La historia de don Tacho con las flores, de todos modos, había empezado mucho antes. Él tenía 13 años cuando sembró margaritas y crisantemos en una parcela de su padre.

Después de cada cosecha, llevaba los ramos al mercado. La venta le permitía aportar a la economía de su casa y consolidó una inclinación que más tarde se transformaría en el oficio de toda la familia.

“Mi mamá, cuando cultivé las primeras veces, venía muy alegre y contenta porque decía ella: ‘Mi Tachito me sembró una flor y me fue bien, bien. Traigo comida, traigo todo y todavía traigo 300 córdobas’”, recordó el floricultor ante el diario.

Aquella suma equivale a USD 8.10 con el tipo de cambio indicado. Para su madre, ese ingreso representaba una prueba de que el esfuerzo del adolescente ya rendía frutos.

Con el paso del tiempo, don Tacho involucró a sus hijos en las tareas del campo. Los menores lo acompañaban con azadón, pioche o rastrillo mientras aprendían a trabajar la tierra y atender los cultivos.

Los vecinos comenzaron a identificarlos con una expresión que se volvió habitual: “Allá van los Tachitos, allá va Tacho con los Tachitos”. Cuando el proyecto abrió sus puertas al público, esa denominación quedó como el nombre del emprendimiento.

Las flores también atrajeron visitantes y celebraciones familiares

La familia decidió hace dos años convertir el cultivo en un lugar de recorridos para visitantes. El cambio sumó una actividad de turismo rural a la producción agrícola que ya sostenía al hogar.

El acceso para realizar el tour de las flores cuesta C$50.00 (USD 1.35). El recorrido permite caminar por senderos entre más de once especies y observar las plantaciones de cerca.

El campo reúne dalias, girasoles, margaritas, rosas, gladiolas holandesas y criollas, botones, San Diego, disciplina y lirios, entre otras variedades. La diversidad de colores se convirtió en una de las características del lugar.

Los senderos de Los Tachos recibieron sesiones fotográficas, celebraciones familiares y compromisos de pareja. El predio también fue el escenario elegido el 22 de octubre para el lanzamiento del Segundo Festival de las Flores.

Don Tacho explicó que el nombre resume una forma de trabajo que su familia mantiene desde hace años. “Trabajamos juntos desde chiquitos”, afirmó.

La cosecha y la venta de noviembre pondrán a prueba el resultado de ese trabajo compartido. Para los García Ruiz, cada ramo concentra una tradición que comenzó en una pequeña parcela y que hoy recibe visitantes en Catarina.

La activista nicaragüense Berta Valle denunció la desaparición forzada de personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua y exigió pruebas de vida para quienes permanecen bajo custodia estatal sin que sus familias conozcan su paradero.

Valle, presidenta de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y codirectora del Equipo de Apoyo a Presos Políticos del World Liberty Congress (WLC), formuló la denuncia durante un panel realizado el 21 de octubre en la Freedom Tower de Miami, Estados Unidos.

El encuentro fue organizado por el National Endowment for Democracy (NED), durante la entrega del premio Champion of Democracy al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart.

Según informó el medio La Mesa Redonda, la dirigente alertó sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos y sobre los casos de personas que, tras ser detenidas, permanecen incomunicadas y fuera del alcance de sus familiares, abogados o médicos.

Valle sostuvo que en Nicaragua se produjeron redadas el 14 y el 15 de julio en distintas ciudades. De acuerdo con la denuncia, organizaciones civiles intentaron identificar a los detenidos, aunque el temor de los familiares y la falta de información oficial dificultaron esa tarea.

La activista citó datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, según los cuales al 24 de septiembre había al menos 68 personas encarceladas por motivos políticos. El registro incluía a 53 hombres y 15 mujeres, de los cuales 31 estaban desaparecidos.

Valle afirmó que la cifra puede ser mayor porque numerosas familias evitan denunciar las detenciones de forma pública ante posibles represalias. También aseguró que una parte de los apresados no fue presentada ante un tribunal.

“En Nicaragua no hay presos con proceso, hay rehenes. La dictadura los captura de noche, los oculta durante meses y niega a sus familias hasta el derecho de saber si están vivos”, afirmó durante su intervención, según la información recogida por La Mesa Redonda.

La dirigente responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la falta de información sobre los detenidos. La denuncia se refiere a personas que habrían sido privadas de libertad sin que las autoridades informaran su ubicación, su estado de salud o los cargos en su contra.

Valle denunció aislamiento, falta de atención médica y restricciones a las visitas

La representante de la Fundación para la Libertad de Nicaragua describió un cuadro de aislamiento prolongado, encarcelamiento en celdas de máxima seguridad, incomunicación, restricciones a las visitas familiares e interrogatorios bajo amenazas.

También señaló que algunos detenidos sufren privación de alimentos y luz, además de la negación de atención médica a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. “Una celda sin luz, sin médico y sin visitas es un instrumento de tortura”, sostuvo.

Valle citó al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, al que atribuyó la documentación de 161 casos de desaparición forzada desde 2018, al menos ocho de ellos bajo custodia estatal. Según la activista, ese grupo concluyó que esas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad.

La dirigente reclamó al régimen nicaragüense que presente pruebas de vida de todas las personas desaparecidas bajo custodia estatal. Además, pidió que se permita el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja y de médicos independientes a los centros de detención.

El reclamo incluyó la liberación de todos los presos políticos

Durante el encuentro en Miami, Valle solicitó la liberación plena e incondicional de los presos políticos y pidió al Congreso de Estados Unidos y a la comunidad internacional que vinculen cualquier acercamiento con el régimen de Ortega y Murillo a la aparición con vida de las personas cuyo paradero sigue sin conocerse.

El panel, denominado “Voces de libertad de las Américas”, reunió a representantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia. Valle destacó el respaldo de Díaz-Balart a los presos de conciencia de esos países y presentó materiales del World Liberty Congress destinados a la asistencia y defensa de personas perseguidas por razones políticas.

Después de la ceremonia, la activista mantuvo reuniones con expresos políticos cubanos, de acuerdo con la información publicada por La Mesa Redonda.

El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General un informe sobre la concentración de funciones estatales y la situación de los derechos humanos en el país.

El organismo sostuvo que las condiciones actuales dificultan la exigencia de responsabilidades dentro de Nicaragua.

El análisis se basó en más de 2,300 entrevistas y miles de documentos, de acuerdo con Reed Brody, abogado internacional e integrante del grupo. Los expertos indicaron que realizaron el trabajo pese a que las autoridades nicaragüenses no colaboraron con la investigación ni autorizaron su ingreso al territorio.

El Grupo de Expertos señaló que las reformas constitucionales e institucionales recientes concentraron atribuciones del Estado bajo la conducción de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. El organismo consideró que esta situación limita las posibilidades de rendición de cuentas por presuntas violaciones graves de derechos humanos.

El grupo vinculó las reformas con las garantías democráticas

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, afirmó que el marco institucional vigente restringe los mecanismos internos para investigar y sancionar este tipo de hechos.

“La rendición de cuentas es, en la práctica, imposible”, dijo Simon, según informó Confidencial. digital.

El experto sostuvo que la falta de procesos de rendición de cuentas podría prolongar las denuncias sobre vulneraciones de derechos. También planteó la necesidad de recurrir a mecanismos regionales e internacionales cuando no existan garantías suficientes dentro del país.

En septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura modificaciones constitucionales que eliminan las elecciones. Simon relacionó esas reformas con una declaración de Ortega del 19 de julio, cuando señaló que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

El presidente del grupo definió las medidas como parte de un proceso de cambios institucionales iniciado tiempo atrás. A su juicio, si las reformas entran plenamente en vigor, reducirían las posibilidades de desarrollar un proceso democrático orientado a mejorar la situación de los derechos humanos.

La representación de Nicaragua cuestionó el mandato de los expertos durante el diálogo ante Naciones Unidas. La delegación calificó esa instancia como parte de campañas de hostilidad política y expresó su rechazo a la asignación de recursos para mantener el organismo.

Simon respondió que la población nicaragüense “merece libertad, merece justicia, merece un Estado gobernado por el derecho y no por el miedo”. El experto sostuvo que la protección de los derechos requiere instituciones que permitan investigar denuncias y aplicar mecanismos de reparación.

Nicaragua se retiró de organismos internacionales

El informe señaló que la salida de Nicaragua de diversas instancias internacionales redujo los mecanismos externos de supervisión y acompañamiento a las víctimas. El país dejó nueve organismos de los que formaba parte desde hacía décadas.

En febrero de 2025, Nicaragua comunicó su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La decisión se produjo después de que las autoridades descalificaran otro informe del grupo de expertos como una colección de “falsedades, calumnias y mentiras”.

Los integrantes del organismo plantearon que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional pueden ser vías de actuación en los casos que correspondan. También mencionaron la posibilidad de investigaciones en otros Estados bajo criterios de jurisdicción extraterritorial o universal.

Brody explicó que las sanciones solicitadas por el grupo no están dirigidas contra la población nicaragüense. Según su exposición, las medidas se enfocan en personas e instituciones sobre las que los expertos consideran que existen motivos razonables para investigar presuntas violaciones graves.

Costa Rica alertó sobre expulsiones y nacionalidad

La delegación de Costa Rica denunció que Nicaragua impide el reingreso de algunos ciudadanos y aplica expulsiones sin justificación ni recursos legales. También cuestionó la ampliación de las causales para la pérdida de nacionalidad, incluidas situaciones vinculadas con la doble ciudadanía, según Confidencial.digital.

Costa Rica sostuvo que esas medidas pueden generar riesgos de apatridia. El planteo formó parte de las intervenciones de distintos países durante el debate en la Tercera Comisión.

Brasil cuestionó el anuncio de que no habrá elecciones y destacó la importancia de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la participación cívica. Chile, a su vez, expresó preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos y por los efectos de la concentración de poder sobre el pluralismo.

Canadá, Reino Unido, Uruguay, Georgia y Polonia también manifestaron inquietud por las denuncias analizadas por el grupo. En sentido contrario, Irán, Belarús, Rusia, Cuba, Venezuela y China criticaron el trabajo de los expertos y plantearon que el mandato supone una intervención en asuntos internos.

Irán consideró que los informes aplican un “enfoque selectivo politizado” y “dobles raseros motivados por consideraciones políticas”. La delegación pidió que concluyera el mandato del organismo.

El informe incluyó casos de detención y muerte bajo custodia

El documento Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua examinó denuncias sobre desaparición forzada, detención arbitraria, malos tratos, tortura y falta de atención médica en centros de detención.

El grupo indicó que los presos políticos pueden enfrentar riesgos para su vida cuando las autoridades no informan su paradero, prolongan la incomunicación o niegan asistencia sanitaria. El informe presentó estos elementos como patrones que requieren investigación.

Ariela Peralta, integrante del grupo, mencionó el caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera. Según su exposición, Rivera ingresó clandestinamente a Nicaragua, fue detenido, permaneció desaparecido, reapareció con un deterioro físico y murió bajo custodia estatal.

“La detención arbitraria sigue siendo un componente central”, afirmó Peralta. La experta pidió a los Estados que evalúen investigaciones y procesos penales contra quienes resulten responsables.

Organizaciones de la sociedad civil y la oposición de Nicaragua denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene restricciones a la libertad religiosa mientras permite algunas celebraciones para proyectar una imagen de respeto a la fe católica, expuso este lunes la agencia de prensa EFE.

La audiencia se desarrolló en Panamá durante el 197 período de sesiones de la CIDH. Participaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y sacerdotes exiliados.

Las denuncias situaron las limitaciones a la práctica religiosa dentro de un escenario de concentración absoluta del poder, persecución contra opositores reales o percibidos y cierre del espacio cívico. El Gobierno nicaragüense no tuvo representación durante la audiencia.

Marylaura Acuña, abogada y oficial de incidencia de Cejil, explicó que las restricciones incluyen ataques contra iglesias, confiscaciones de infraestructura, eliminación de exenciones tributarias y cierre o cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones religiosas.

La persecución también alcanza a líderes religiosos mediante detenciones arbitrarias y desapariciones, sostuvo Acuña. Añadió que las autoridades han prohibido a las familias dar sepultura a personas fallecidas bajo custodia estatal.

Celebraciones permitidas bajo reglas cambiantes

La autorización de algunos actos religiosos no supone libertad de culto, según Acuña, porque las autoridades alternan entre prohibiciones y permisos sin criterios previsibles. “Hay una cierta imprevisibilidad de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y justamente el régimen juega con esa imprevisibilidad para generar miedo en la población”, dijo a EFE.

Rafael Aragón, sacerdote dominico español nacionalizado nicaragüense en 1990, vive exiliado en Costa Rica desde 2023. Ante la CIDH advirtió que la autorización de ciertas procesiones busca normalizar ante el exterior la situación de las comunidades religiosas.

El sacerdote afirmó que esa apertura pretende “proyectar ante la comunidad internacional una imagen de respeto a la libertad religiosa y de conciencia en respuesta a las presiones internacionales”, aunque consideró que la aparente apertura constituye “una fachada noticiosa para el consumo de la opinión internacional”.

Aragón señaló que la presencia de policías y paramilitares en las celebraciones limita el acercamiento de los devotos a las imágenes veneradas, restringe recorridos tradicionales e impone horarios. “El objetivo de este control es promover una cultura popular secularizada y apartada de la Iglesia católica y de su liderazgo histórico”, remarcó.

Denuncias de destierro y persecución de líderes religiosos

El exiliado Gonzalo Carrión, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró que la represión en el país es “brutal, sistemática y atenta contra todos los derechos”.

Carrión sostuvo que ningún sector permanece a salvo de esa situación y mencionó el destierro de sacerdotes y evangélicos. “Eso no había pasado en la historia de Nicaragua”, afirmó.

Vale mencionar que este mes varias parroquias de Nicaragua volvieron a realizar procesiones en las calles después de años de prohibiciones y restricciones, aunque sacerdotes y opositores sostienen que las actividades religiosas continúan sujetas a controles de la Policía Nacional y de estructuras vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La detección de transmisión comunitaria del chikungunya en Alauca, departamento de El Paraíso, encendió las alertas de las autoridades sanitarias hondureñas ante la posibilidad de que la enfermedad se extienda a otros municipios cercanos a la frontera con Nicaragua.

Gerardo Silva, epidemiólogo de la Región Sanitaria Número Siete de la Secretaría de Salud, confirmó que en Alauca ya existe circulación del virus y señaló que la principal preocupación es evitar nuevos contagios en las comunidades vecinas.

Según el especialista, durante la semana anterior se reportaron al menos 25 casos sospechosos de chikungunya en ese municipio. Esta cifra corresponde a personas con cuadros compatibles con la enfermedad y no debe confundirse con diagnósticos confirmados mediante pruebas de laboratorio.

La situación adquiere relevancia porque la transmisión comunitaria indica que el virus ya circula dentro del territorio hondureño, sin depender exclusivamente de personas que hayan viajado al extranjero.

La presencia del mosquito transmisor y el desplazamiento frecuente de habitantes entre comunidades pueden favorecer la aparición de nuevos casos.

Vigilancia sanitaria

La Secretaría de Salud informó el 23 de octubre que Honduras acumulaba ocho casos positivos de chikungunya, distribuidos en el Distrito Central, Atlántida, El Paraíso y Olancho.

El primer contagio identificado fue importado de Nicaragua, después de que un hondureño viajara al país vecino y regresara con síntomas de la enfermedad.

El municipio de Alauca se encuentra en el departamento de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua, una condición que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias debido al movimiento de personas entre ambos países.

La circulación del virus en esta zona obliga a prestar atención a las comunidades próximas, donde la presencia de mosquitos del género Aedes puede facilitar la transmisión si existen personas infectadas y condiciones favorables para la reproducción del vector.

La preocupación no se limita al número de casos sospechosos. El riesgo también está relacionado con la posibilidad de que personas infectadas sean picadas por mosquitos que posteriormente transmitan el virus a otros habitantes.

OMS y el chikunugnya

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el chikungunya se transmite principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. Estos insectos también pueden transmitir dengue y zika, por lo que la aparición de síntomas similares requiere evaluación médica para determinar la enfermedad.

Hasta la información divulgada por las autoridades, no se había establecido cuántos de los 25 casos sospechosos reportados en Alauca serían confirmados mediante pruebas de laboratorio. Por ello, el seguimiento de los pacientes y la actualización de los registros serán determinantes para conocer la evolución del brote.

Cómo prevenir nuevos contagios

El chikungunya es una enfermedad viral que suele comenzar con fiebre repentina y dolor intenso en las articulaciones. También puede provocar dolor de cabeza, molestias musculares, inflamación articular, cansancio, náuseas y erupciones en la piel.

Una de sus características es que el dolor articular puede ser debilitante y prolongarse durante semanas, meses e incluso años en algunas personas. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera, pueden presentarse complicaciones, especialmente en adultos mayores, bebés y personas con enfermedades preexistentes.

Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y ocho días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el período puede variar entre dos y 12 días, según la OMS.

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades sanitarias y los organismos internacionales recomiendan eliminar recipientes que acumulen agua, limpiar patios y solares, tapar depósitos de almacenamiento y mantener libres de criaderos los alrededores de las viviendas.

También se aconseja utilizar repelente siguiendo las instrucciones del producto, vestir ropa que cubra brazos y piernas y colocar mallas en puertas y ventanas para reducir el ingreso de mosquitos.

El chikungunya no se transmite habitualmente de una persona a otra por contacto cotidiano, abrazos, besos o compartir alimentos.

El virus necesita principalmente al mosquito como vector para propagarse. Sin embargo, existe la posibilidad de transmisión de una madre infectada a su hijo alrededor del parto, por lo que los casos durante el embarazo requieren atención médica especializada.

Mientras las autoridades mantienen la vigilancia en El Paraíso, la confirmación de nuevos casos permitirá establecer si la circulación del virus se limita a las comunidades identificadas o si comienza a extenderse a otras localidades del país.

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) eligió a su Junta Directiva para el período 2026-2027 sin integrantes de Nicaragua, luego de que el Gobierno de Managua notificara este mes su decisión de denunciar el tratado constitutivo del organismo regional con efecto inmediato.

La presidencia del órgano quedará a cargo del diputado hondureño Samuel Armando Reyes, según informó el Parlacen en una publicación difundida el 26 de octubre. El acto de toma de posesión está previsto para el 28 de octubre, durante una sesión solemne de Asamblea Plenaria.

La nueva conducción reúne representantes de Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Panamá. Nicaragua no figura entre los cargos anunciados, después de que sus autoridades comunicaran el 3 de octubre la salida del país del mecanismo de integración política regional.

Reyes presidirá el organismo en el período 2026-2027

Reyes asumirá la presidencia conforme al orden alfabético de rotación contemplado en el Tratado Constitutivo, indicó el Parlacen. La elección estuvo a cargo de la Comisión Electoral, que inició el proceso con la verificación del quórum, la lectura de las candidaturas registradas y la explicación del sistema de votación.

Las vicepresidencias serán ocupadas por Ruddy Miguel Girón, de Guatemala; Ana Guadalupe Mejía, de El Salvador; Nambia Angola Didiez, de República Dominicana; y Lesly Ariel Miranda, de Panamá.

La Junta Directiva también tendrá como secretarios a Olman Renguéta, de Honduras; José Salomón Reyes, de Guatemala; Heidy Carolina Mira, de El Salvador; Catalina Olea Salazar, de República Dominicana; y Eric Alexander Villarreal, de Panamá. Esto a pesar que la Constitución salvadoreña ya no contempla la figura de las diputaciones en el Parlacen.

El Parlacen había informado horas antes, a través de un comunicado, que el proceso electoral estaba en desarrollo y que los resultados oficiales se divulgarían tras su formalización por las instancias competentes.

Nicaragua notificó su desvinculación el 3 de octubre

La ausencia de delegados nicaragüenses en la nómina se conoce menos de un mes después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua remitiera una nota a la Junta Directiva del Parlacen y a la Cancillería de Guatemala, depositaria del tratado.

En esa comunicación, Managua señaló que había decidido denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas “con efecto inmediato”, según informó el Gobierno y recogieron medios regionales.

La decisión afectó a los legisladores nicaragüenses que integraban el organismo, aunque el alcance jurídico de la notificación continúa bajo análisis. El tratado no establece de forma expresa un mecanismo de retiro unilateral de los Estados miembros, de acuerdo con reportes de prensa sobre el caso.

La entonces presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, había convocado a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para examinar las consecuencias legales, operativas y diplomáticas de la comunicación remitida por Managua.

El organismo regional en funcionamiento desde 1991

El Parlacen fue creado a partir de un tratado firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987 y comenzó a funcionar en 1991 como una instancia política del proceso de integración centroamericana.

El anuncio de Nicaragua ocurrió después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que reclamó el restablecimiento de libertades públicas, la liberación de presos políticos y condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas en el país.

El 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se instaló este lunes en Panamá con una agenda que, a lo largo de la semana, abordará la situación de los derechos humanos en más de una decena de países del continente.

El organismo recibirá información sobre justicia, migración, seguridad ciudadana y protección de grupos vulnerables.

La sesión reúne audiencias temáticas y de país que van desde la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú hasta la regulación de la pena de muerte en Cuba.

El cronograma también contempla el control digital del espacio cívico en Venezuela y el impacto de la minería crítica para la transición energética en una audiencia de alcance regional.

El 197 Período de Sesiones de la CIDH es un ciclo de audiencias públicas en el que el organismo interamericano escucha a Estados y sociedad civil sobre situaciones de derechos humanos en la región.

No constituye un juicio ni determina responsabilidades estatales, pues su función es de diálogo y seguimiento de los compromisos asumidos por los países miembros.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, centró parte de su intervención en el fenómeno de la migración irregular.

“La gestión de las fronteras debe atender las responsabilidades de los Estados, sobre todo, la de mantener la seguridad pública, pero, así mismo, garantizar la protección de las personas, especialmente los niños”, señaló.

El canciller agregó que la cooperación entre países “debe ayudar a enfrentar las causas del desplazamiento en los países de origen, así como los peligros del tránsito, con respeto a la dignidad de quienes migran y la seguridad de las comunidades que los reciben”.

Para Martínez-Acha Vásquez, el derecho internacional “es un instrumento esencial para defender nuestra independencia y soberanía”.

El funcionario sostuvo que la vigencia de los derechos humanos exige instituciones independientes y una ciudadanía capaz de exigir cuentas a sus gobernantes.

El jefe de la diplomacia panameña planteó además que la libertad de expresión debe permitir “cuestionar a quienes gobiernan” y que el debido proceso tiene que proteger a todas las personas.

Mencionó de forma específica a los pueblos indígenas y afrodescendientes como comunidades que deben poder incidir en las decisiones públicas.

El canciller recordó que la CIDH, fundada en 1959, realizó cuatro visitas a Panamá: en 1977, 1989, 1990 y 2001. También subrayó que las relatorías temáticas y especiales del organismo tuvieron presencia previa en el país.

Para Martínez-Acha Vásquez, recibir a la Comisión “implica la voluntad de escuchar a las víctimas y a la sociedad civil, de examinar las observaciones con seriedad y de responder a ellas mediante instituciones que funcionen”.

El presidente de la Comisión, Edgar Ralón Orellana, abrió su intervención con un mensaje de solidaridad hacia las personas afectadas por el reciente terremoto en Panamá.

“Acompañamos en pensamiento a quienes han sufrido sus consecuencias, y reconocemos el esfuerzo de las instituciones y del pueblo panameño para atender la emergencia”, añadió.

Ralón Orellana destacó que el país anfitrión “abre sus puertas al diálogo regional”, pese a la adversidad reciente.

“Panamá, puente del mundo, nos recuerda que la tarea de esta Comisión es, precisamente, tender puentes: entre los Estados y la sociedad civil, entre las normas y la realidad, entre las preocupaciones y las soluciones”, afirmó.

Sobre la naturaleza de las audiencias, el presidente de la CIDH fue categórico. “No son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado. Son, ante todo, un ejercicio de escucha”, señaló ante los asistentes a la instalación del período de sesiones.

El funcionario explicó que los encuentros también sirven para recordar “las obligaciones que los propios Estados han asumido soberanamente al adoptar los instrumentos interamericanos”.

Expresó el deseo de que cada persona que tome la palabra “se sienta escuchada” y cada Estado compareciente “se sienta respetado”.

En materia de justicia e institucionalidad democrática, el calendario contempla audiencias sobre el acceso a la justicia en Granada, la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Perú.

La Comisión también escuchará sobre personas defensoras de derechos humanos en México, la situación de personas LGBTIQ+ en Centroamérica y denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile. Se sumarán audiencias sobre el pueblo raizal en Colombia y mujeres privadas de libertad.

En el terreno de las libertades fundamentales, el organismo tratará la libertad de expresión y académica en Estados Unidos, la libertad religiosa en Nicaragua y la institucionalidad democrática en Ecuador.

También figuran en la agenda los derechos sexuales y reproductivos en Honduras y la violencia obstétrica en el acceso a la salud y la justicia.

El capítulo de seguridad ciudadana incluirá la situación de personas privadas de libertad bajo el estado de excepción en El Salvador, la responsabilidad penal adolescente en Brasil y los estándares policiales en comunidades de la Amazonía brasileña.

El cronograma cierra con una audiencia sobre las obligaciones internacionales de empresas extractivas canadienses y su impacto en los derechos humanos.

Estados Unidos otorgó asilo político al periodista nicaragüense Luis Galeano, director del programa Café con Voz, según informó este lunes el propio medio a través de sus redes sociales.

“La decisión representa un momento significativo en su trayectoria personal y profesional”, señaló Café con Voz en una publicación en la que afirmó que el comunicador mantuvo su trabajo informativo desde el exilio y su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo independiente en Nicaragua.

La información fue difundida por el programa dirigido por Galeano, que anticipó que el periodista explicará los detalles del trámite migratorio durante su emisión de la tarde. Los documentos aportados no incluyen un comunicado oficial de las autoridades estadounidenses sobre el otorgamiento del estatus.

Galeano salió bajo fianza de un centro de detención migratoria

La resolución se conoció un mes después de que Luis Galeano saliera bajo fianza de un centro de detención de migrantes en Estados Unidos.

El periodista estuvo bajo custodia de las autoridades migratorias entre el 14 y el 26 de septiembre. Durante ese período permaneció dos semanas en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ese centro ha recibido cuestionamientos por sus condiciones de higiene y alimentación. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional señaló deficiencias en esas áreas.

El periodista se exilió de Nicaragua en 2018

Luis Manuel Chavarría Galeano tiene más de dos décadas de trayectoria en medios de comunicación de Nicaragua. Comenzó su carrera en el diario El Nuevo Diario en 1999 y más tarde desarrolló distintos proyectos periodísticos.

En septiembre de 2012, tras su salida de ese periódico, creó Café con Voz, un espacio de entrevistas, análisis y debate sobre la situación política y social nicaragüense. Con el paso del tiempo, el programa se consolidó como una plataforma de información independiente.

Galeano salió de Nicaragua en 2018, en medio de la crisis política y de la persecución contra periodistas y medios independientes. Entonces informó que abandonaba el país tras recibir amenazas y ante el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo.

Desde el exilio continuó al frente de Café con Voz, que difunde contenidos sobre Nicaragua y cuenta con más de 160 mil suscriptores en YouTube. En su mensaje tras conocerse la decisión, el medio agradeció el acompañamiento de su público durante los últimos años.

La censura en Nicaragua obliga a informar desde la clandestinidad o el exilio

Este anuncio se da tras un día que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en Nicaragua una censura estructural y una persecución sistemática contra el periodismo independiente, un escenario que ha reducido casi por completo el trabajo reporteril en las calles y obligado a comunicadores a informar desde la clandestinidad, bajo vigilancia o desde el exilio.

La advertencia fue presentada durante la 82 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Bogotá.

La menor cantidad de agresiones físicas en la vía pública no supone una mejora de las garantías para la prensa. La SIP sostuvo que esa reducción responde a la desaparición del periodismo de campo dentro del país.

La Santa Sede suspendió la visita ad limina que los obispos de Nicaragua tenían prevista en Roma durante octubre, según informó Diario La Prensa. Una fuente consultada por el diario indicó que el Vaticano concluyó que “no había condiciones en este momento” para realizar el encuentro con el papa León XIV.

La cita debía permitir a los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua dialogar con el pontífice sobre la vida pastoral del país. La información disponible no precisó si la suspensión será definitiva o si el Vaticano evalúa fijar una nueva fecha.

La visita ad limina de los obispos nicaragüenses fue suspendida en un contexto en el que parte del episcopado se encuentra fuera del país. De acuerdo con la información publicada, cuatro de los diez obispos viven en el exilio, una situación que dificultaría una reunión conjunta con los prelados que permanecen en Nicaragua.

La reunión figuraba entre las visitas de Honduras y Panamá

La agenda contemplaba que la delegación nicaragüense viajara a Roma después del encuentro de los obispos de Honduras con León XIV y antes de la audiencia con los jerarcas católicos de Panamá.

El medio católico Aleteia había informado el 12 de octubre sobre una visita de los obispos de Nicaragua durante esa semana. La publicación coincidió con una audiencia privada que el papa mantuvo con Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo exiliado.

En aquella nota, Aleteia señaló que los diez obispos del país centroamericano expondrían ante la Santa Sede la situación de la Iglesia católica nicaragüense.

Los obispos de Honduras se reunieron con el pontífice el 9 de octubre. La delegación de Panamá, en tanto, fue recibida el 22 de octubre.

La audiencia prevista para los nicaragüenses no se realizó. La Prensa indicó que no se habían conocido explicaciones oficiales sobre el cambio hasta que una fuente consultada por el diario mencionó la falta de condiciones.

Qué implica una visita ad limina

Las visitas ad limina Apostolorum forman parte de la relación institucional entre las conferencias episcopales y la Santa Sede. Incluyen una peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y reuniones de los obispos con el papa y con distintos dicasterios vaticanos.

La investigadora Martha Patricia Molina, quien sigue los casos de represión religiosa en Nicaragua desde 2019, explicó a La Prensa que los obispos aprovechan esas instancias para presentar las actividades de sus diócesis y los desafíos que enfrentan.

También se reúnen con responsables de organismos de la Santa Sede vinculados a las tareas de evangelización y a otros asuntos de la Iglesia.

“Es un momento especial para ellos”, afirmó Molina al diario. La investigadora sostuvo que esas reuniones permiten a los obispos celebrar misas, orar y presentar de forma conjunta sus misiones pastorales ante el pontífice.

La última visita ad limina de los obispos de Nicaragua se realizó el 18 de septiembre de 2017. En esa oportunidad, el papa Francisco recibió en Roma a los diez integrantes de la Conferencia Episcopal.

Cuatro de los diez obispos se encuentran en el exilio

Según la información citada por Diario La Prensa, Juan Abelardo Mata, obispo de Estelí y presidente del CEN; Silvio Báez, auxiliar de Managua; Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de Estelí, e Isidoro Mora, obispo de Siuna, se encuentran fuera de Nicaragua.

Molina afirmó que la separación entre los obispos exiliados y aquellos que siguen dentro del país incidió en la posibilidad de concretar el viaje a Roma.

“La visita se suspendió porque no era conveniente realizarla en este momento”, señaló la investigadora ante la publicación. Según su evaluación, la salida de los obispos que permanecen en Nicaragua podía implicar que no pudieran regresar.

La especialista planteó que el Vaticano habría buscado evitar que la totalidad del episcopado nicaragüense quedara fuera del país. Esa explicación fue presentada como una valoración de Molina basada en la información a la que tuvo acceso.

Los datos sobre la situación de la Iglesia en Nicaragua

El artículo de Diario La Prensa señaló que al menos 300 religiosos se encuentran en el exilio. También consignó la prohibición de 28.904 procesiones y la confiscación de 43 propiedades vinculadas con la Iglesia católica.

La publicación atribuyó esas medidas a la persecución ejercida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El texto indicó que el discurso oficial contra la Iglesia se intensificó desde 2023.

La nota relacionó ese escenario con los hechos posteriores a las protestas de 2018, que comenzaron tras el rechazo a una reforma de la seguridad social. En ese contexto, sacerdotes recibieron a personas afectadas por la represión estatal.

La Organización de los Estados Americanos registró 355 muertes entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019 en el contexto de las manifestaciones. El artículo también mencionó que organismos internacionales documentaron denuncias de abusos estatales.

Molina describió la situación de los obispos como compleja debido a las restricciones que enfrentan dentro y fuera de Nicaragua. La investigadora sostuvo que el temor y la falta de comunicación abierta condicionan la actividad de la Iglesia en el país.

La controversia minera en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica sumó un cruce diplomático entre Estados Unidos y China por las denuncias sobre el desplazamiento de mineros artesanales hacia territorio costarricense.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sostuvo el 23 de octubre que las prácticas de compañías chinas instaladas en Nicaragua empujan a un número creciente de nicaragüenses a cruzar la frontera para extraer oro sin autorización. China rechazó el señalamiento el 24 de octubre.

La discusión se desarrolla en torno a la minería ilegal de oro en Crucitas, una localidad de la provincia costarricense de Alajuela próxima al límite con Nicaragua. También abarca las concesiones mineras que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó a empresas de capital chino.

Estados Unidos vinculó la presión fronteriza con empresas chinas en Nicaragua

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica afirmó que la actividad ilegal genera una presión creciente en la frontera norte costarricense. La representación expresó su apoyo a Costa Rica en la protección de ese límite y en la lucha contra la minería ilegal y el tránsito irregular asociado, según Confidencial.digital.

El pronunciamiento estadounidense relacionó esa situación con prácticas de compañías chinas que operan en Nicaragua. La sede diplomática indicó que esas condiciones han llevado a más mineros nicaragüenses a ingresar a Costa Rica para buscar material aurífero.

Las autoridades costarricenses y organizaciones ambientalistas nicaragüenses ya habían advertido sobre el crecimiento de la extracción ilegal de oro en Crucitas. La zona ha concentrado alertas por los efectos de esa actividad en un área cercana a la frontera.

China negó operaciones mineras en zonas próximas a Costa Rica

La Embajada de China en Nicaragua negó que empresas de ese país realicen actividades mineras en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica o en sectores cercanos.

La delegación sostuvo que las acusaciones estadounidenses “carecen de fundamento fáctico” y confunden deliberadamente cuestiones distintas. También pidió a Washington que deje de emplear la cuestión minera para desacreditar la cooperación entre China y Nicaragua.

El Gobierno nicaragüense respaldó la posición de Pekín. La disputa enfrenta las advertencias formuladas por Estados Unidos y Costa Rica con las negativas de China y Nicaragua.

La embajada china ya había respondido en marzo a denuncias sobre una posible compra de material obtenido ilegalmente en Crucitas. En esa ocasión, la representación en Costa Rica negó que compañías chinas adquirieran ese material y calificó las versiones como “propaganda mediática”.

Nicaragua entregó 72 concesiones a 16 empresas chinas

Las concesiones otorgadas en Nicaragua a firmas de capital chino superan un millón de hectáreas. Los permisos incluyen territorios indígenas, afrodescendientes y áreas ambientalmente sensibles.

En febrero, Confidencial.digital documentó la entrega de 72 concesiones a 16 empresas chinas. El diario informó que parte de esos permisos alcanza zonas próximas a Costa Rica.

La existencia de esas concesiones forma parte de las preocupaciones planteadas desde el país vecino. La entrega de permisos, por sí sola, no prueba una participación directa de las compañías beneficiadas en la extracción ilegal de oro denunciada en Crucitas.

La presidenta costarricense Laura Fernández expresó en junio inquietud por las concesiones cercanas al límite y por la situación de la reserva Indio Maíz, entregada a empresas chinas.

La mandataria señaló que en esa zona se estimaba la presencia de entre 1,500 y 1,800 mineros artesanales. Su preocupación se centró en el posible destino de esos trabajadores cuando una empresa asuma el control de la actividad minera.

“Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua”, declaró Fernández. La presidenta preguntó: “Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua, ¿para dónde creen que se van a venir esos mineros artesanales?”.

Costa Rica decomisó 16,000 sacos de broza en la zona de Crucitas

El entonces ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, presentó en febrero ante la Asamblea Legislativa una preocupación sobre una posible conexión entre los yacimientos ilegales de Crucitas y empresas chinas instaladas en el lado nicaragüense del río San Juan.

Zamora afirmó que las compañías compraban sacos de sedimento extraído en Costa Rica para procesarlo y recuperar oro. Esa fue una afirmación del funcionario costarricense, que la representación china no aceptó.

El entonces ministro calculó que entre 10,000 y 15,000 mineros artesanales podían ingresar a Costa Rica para recolectar material aurífero. La estimación se refirió a la posible magnitud de la actividad en la zona fronteriza.

Durante ese período, las autoridades costarricenses decomisaron unos 16,000 sacos de broza. Cada uno tenía un peso aproximado de 50 kilogramos.

Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión en Peñas Blancas para coordinar medidas contra el traslado de oro obtenido de forma ilegal. Ambos gobiernos acordaron mantener encuentros periódicos.

No obstante, no volvieron a reunirse desde la llegada de Laura Fernández a la Presidencia de Costa Rica. La falta de nuevos encuentros coincide con la persistencia de las advertencias sobre Crucitas, las concesiones mineras en Nicaragua y la presión de los mineros artesanales sobre la frontera.

Las embajadas de Estados Unidos y Nicaragua atraviesan su menor nivel de representación desde los años 80, tras una cadena de rechazos, vetos y expulsiones diplomáticas que volvió a tensar el vínculo entre Washington y el régimen de Daniel Ortega. El último episodio fue la negativa de Managua a aceptar a la diplomática estadounidense Natasha Franceschi como embajadora.

La relación bilateral arrastra fricciones desde 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder después del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Desde entonces, el saldo incluye tres embajadores vetados y dos expulsados, en una disputa que tuvo su expresión más dura durante la Guerra Fría y que hoy mantiene a ambos países sin embajadores en sus respectivas capitales.

El veto a Nora Astorga, primer rechazo de Washington

El primer antecedente se remonta a abril de 1984. La Administración de Ronald Reagan rechazó a Nora Astorga, entonces de 37 años, como representante de Nicaragua en Washington.

Astorga era abogada y una figura de la insurrección sandinista. El 8 de marzo de 1978 había participado en una operación contra el general Reynaldo Pérez Vega, un militar cercano a Somoza Debayle. La guerrillera lo citó en su vivienda bajo una trampa amorosa y un comando sandinista lo asesinó allí.

Para Estados Unidos, ese antecedente impedía concederle el beneplácito diplomático. Los sandinistas sostenían que Pérez Vega colaboraba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Tras el rechazo, Managua designó a Astorga como representante ante las Naciones Unidas y luego como viceministra de Relaciones Exteriores.

El veto abrió una etapa de confrontación que coincidió con la guerra entre el Ejército sandinista y la Contra, grupo armado apoyado por Washington. La extinta Unión Soviética respaldaba a las autoridades sandinistas, mientras Estados Unidos financiaba a sus adversarios.

La expulsión de Richard Melton y la crisis de 1988

El 11 de julio de 1988, las autoridades sandinistas expulsaron al embajador estadounidense Richard Melton y a otros siete integrantes de la delegación diplomática en Managua.

El régimen de Ortega acusó a Melton y a sus colaboradores de organizar y respaldar una protesta antisandinista que había ocurrido el día anterior en Nandaime, a 60 kilómetros al sureste de la capital. La movilización derivó en disturbios.

La respuesta de Washington fue inmediata. Estados Unidos ordenó la salida del embajador nicaragüense Carlos Tunnermann y de otros siete diplomáticos. La expulsión recíproca dejó sin representación de alto nivel a ambas sedes diplomáticas y profundizó el enfrentamiento político entre los dos países.

Aquel episodio condensó las tensiones de una década marcada por el conflicto armado, la presión de Washington sobre Managua y el alineamiento del sandinismo con Moscú.

El rechazo a Hugo Rodríguez y el regreso de la disputa diplomática

Más de tres décadas después, la disputa volvió a trasladarse al terreno diplomático. En julio de 2022, el régimen de Ortega retiró el beneplácito que había concedido a Hugo Rodríguez, quien había sido propuesto por Washington como embajador en Managua.

La decisión llegó después de que Rodríguez compareciera ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Durante esa audiencia, señaló que apoyaría el uso de instrumentos económicos y diplomáticos para impulsar “un cambio de dirección en Nicaragua”.

También planteó que la eventual salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, debía evaluarse como una herramienta de presión. “Sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa”, afirmó entonces.

Managua interpretó esas expresiones como una señal de hostilidad y anuló la autorización concedida al diplomático antes de que asumiera su puesto.

El rechazo a Natasha Franceschi y la ausencia de embajadores

La negativa a aceptar a Natasha Franceschi consolidó la ausencia de embajadores. La diplomática había sido ratificada por el Senado de Estados Unidos el 30 de septiembre, pero Managua no aceptó sus credenciales.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reveló esa decisión el 2 de octubre durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington. En ese encuentro, el organismo aprobó por unanimidad una resolución que pidió a Nicaragua elecciones, la liberación de presos políticos y el restablecimiento de la separación de poderes.

Washington no tiene embajador en Nicaragua desde 2023, cuando concluyó la misión de Kevin Sullivan. Managua tampoco cuenta con representante ante la Casa Blanca desde febrero de 2024, tras el retiro por jubilación de Francisco Campbell, designado en 2010.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) cerró este 25 de octubre una campaña pública de más de 60 días por la desaparición de la defensora nicaragüense Thelma Montenegro, aunque anunció que mantendrá las gestiones para establecer su paradero y exigir que pueda regresar con vida junto a su familia.

La organización afirmó que Nicaragua no ha brindado información sobre la ubicación ni el estado de salud de Montenegro, quien permanece sin comunicación con sus allegados y sin acceso a una defensa técnica independiente. La búsqueda continúa, pese al fin de la campaña digital identificada con la etiqueta Cumplan las Medidas.

“Seguimos monitoreando, exigiendo respuestas y alzando la voz hasta saber dónde está y que regrese con su familia con vida”, señaló Cejil en una serie de publicaciones difundidas este sábado.

Detención previa y segunda desaparición

Según el relato de Cejil, la situación de Thelma Montenegro comenzó el 19 de agosto, cuando agentes la detuvieron mientras realizaba un trámite para renovar su licencia de conducir. La organización sostuvo que la defensora fue interrogada durante tres días.

Montenegro recuperó la libertad el 22 de agosto sin que las autoridades explicaran los motivos de la detención, de acuerdo con la información divulgada por Cejil. Al día siguiente, el 23 de agosto, agentes estatales irrumpieron en su vivienda y se la llevaron.

Desde aquella jornada, sus familiares acudieron a estaciones policiales y realizaron gestiones para conocer su ubicación, pero no obtuvieron una respuesta oficial sobre su paradero, indicó la entidad.

Cejil calificó el caso como una “detención arbitraria y posterior desaparición” y alertó que la falta de información impide conocer las condiciones en las que permanece la defensora. La organización afirmó que, a más de 60 días de su desaparición, no existe comunicación con Montenegro ni información oficial sobre su salud.

Medidas cautelares de la CIDH para proteger su vida e integridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Montenegro el 28 de septiembre. El organismo consideró que sus derechos a la vida y a la integridad personal se encuentran en una situación de riesgo grave.

La resolución instó al Estado nicaragüense a adoptar medidas para protegerla, informar su localización y permitir que reciba visitas de su familia y sus abogados. También reclamó que, si está bajo custodia, cuente con condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales.

Entre los puntos requeridos figura que Montenegro acceda a atención médica y a los medicamentos que necesite. Las medidas cautelares de la CIDH incluyen la obligación de revelar el lugar donde se encuentra y facilitar el contacto con sus familiares y su defensa.

Cejil centró su campaña en el reclamo de cumplimiento de esa resolución. Durante tres semanas, la entidad pidió a las autoridades nicaragüenses que respondieran a las exigencias del organismo interamericano.

Cejil presentó a Montenegro como defensora de derechos humanos y madre de cuatro integrantes de su familia que fueron asesinados durante la represión estatal. Tras esos hechos, se sumó a la Asociación Madres de Abril (AMA), una organización integrada por familiares de víctimas de la violencia registrada en Nicaragua desde 2018.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en Nicaragua una censura estructural y una persecución sistemática contra el periodismo independiente, un escenario que ha reducido casi por completo el trabajo reporteril en las calles y obligado a comunicadores a informar desde la clandestinidad, bajo vigilancia o desde el exilio. La advertencia fue presentada durante la 82 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Bogotá.

Más de 300 periodistas y trabajadores de medios se exiliaron desde 2018, mientras que al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión en 2025 por precariedad económica, desempleo, cierres de espacios informativos y riesgo de represión. Las cifras fueron documentadas por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), según informó este domingo EFE.

La salida de reporteros y el cierre de medios dejaron a 11 departamentos, equivalentes al 65% del territorio nacional, convertidos en “zonas de silencio informativo”, de acuerdo con la FLED. Los medios y periodistas que operan desde el exterior continúan proporcionando información a la población, aunque Nicaragua ya no cuenta con periódicos impresos en circulación.

El periodismo de calle, reemplazado por clandestinidad y vigilancia

La menor cantidad de agresiones físicas en la vía pública no supone una mejora de las garantías para la prensa. La SIP sostuvo que esa reducción responde a la desaparición del periodismo de campo dentro del país.

La organización describió la situación de esta manera: “La disminución de las agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país, donde quienes continúan informando deben hacerlo de manera clandestina o bajo vigilancia constante”.

La presión estatal se trasladó hacia el entorno digital y hacia recursos administrativos y legales, ante la reducción de periodistas que aún trabajan dentro de Nicaragua. En abril de 2025, la estatal Universidad Nacional de Ingeniería eliminó los dominios .com.ni de La Prensa, Onda Local y 100% Noticias.

Un mes después, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos. El organismo alegó incumplimientos técnicos para ejecutar la medida.

Entre abril y junio de 2025, la FLED registró 28 agresiones digitales contra periodistas y sus familias. Los hechos incluyeron campañas de difamación, divulgación de datos personales y amenazas promovidas por redes de troles y perfiles vinculados al oficialismo.

Reformas legales y restricciones al acceso a la información

Las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal incorporaron conceptos ambiguos relacionados con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”. La SIP advirtió que estas categorías permiten restringir la divulgación de información que las autoridades consideren no autorizada.

En 2026 también se promovió una reforma constitucional que elevó a ese rango restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”. Esas denominaciones han sido utilizadas contra periodistas.

El derecho de acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los reporteros independientes. La FLED también documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales.

La Policía Nacional y otros agentes estatales fueron señalados como los principales responsables de seguimientos, restricciones de movilidad, decomisos de dispositivos e interrogatorios contra comunicadores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará este lunes 26 de octubre en Panamá un calendario de cerca de 30 audiencias públicas sobre casos y peticiones vinculados con presuntas violaciones de derechos humanos en distintos países de la región. Las sesiones formarán parte del 197 período ordinario de sesiones del organismo, que se extenderá hasta el 30 de octubre.

La agenda contempla debates sobre acceso a la justicia, institucionalidad democrática, independencia judicial y protección de grupos en situación de exclusión o riesgo, según informó la agencia EFE.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de derechos humanos, celebrará las audiencias en la capital panameña y prevé además un espacio de diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Independencia judicial en Perú, Ecuador y Costa Rica

Uno de los temas que concentrará la atención será la situación de la independencia judicial en Costa Rica, Perú y Ecuador. En cada caso, las audiencias abordarán las condiciones en las que operan los sistemas de justicia y las garantías para el ejercicio autónomo de magistrados y otros funcionarios judiciales.

También se analizará el acceso a la justicia en Granada, así como la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. En el caso peruano, la Comisión tratará además la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado, un asunto que mantiene pendientes de reparación, verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

La programación incluye una audiencia sobre la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador. La discusión abarcará las condiciones para la participación ciudadana, la actividad de las organizaciones sociales y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Según EFE, la CIDH también examinará el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela, así como asuntos relacionados con la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos. La libertad de religión y de creencias en Nicaragua integrará igualmente el temario.

Personas defensoras, migrantes y población LGBTIQ+ en la agenda

Varias audiencias estarán dedicadas a colectivos que enfrentan barreras históricas para el ejercicio de sus derechos. La Comisión revisará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica y de niñas, niños y adolescentes migrantes.

La agenda contempla además denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile, la situación del pueblo raizal en Colombia y las condiciones de las mujeres privadas de libertad. Estos asuntos serán expuestos ante las personas comisionadas por representantes de los Estados, organizaciones y peticionarios vinculados con cada expediente.

El programa prevé un diálogo entre el Pleno de la CIDH y personas defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles. El objetivo será recoger análisis, preocupaciones y aportes sobre desafíos regionales, de acuerdo con EFE.

La Comisión está integrada por 7 personas comisionadas independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal. No representan a sus países de origen ni de residencia.

Entre sus atribuciones figura la recepción de denuncias y peticiones individuales sobre posibles violaciones de derechos protegidos por instrumentos interamericanos. También puede solicitar medidas cautelares a los Estados en situaciones graves, realizar visitas oficiales, elaborar informes temáticos y por país, y emitir recomendaciones.

Si un Estado no cumple las recomendaciones establecidas en el informe final de un caso, la CIDH puede remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, para que emita sentencia de cumplimiento obligatorio.

Con cuadernos, lápices y algunas golosinas, Kenis López González ha comenzado a acompañar a niños de escasos recursos en Bangui, capital de la República Centroafricana. El nicaragüense, deportado desde Estados Unidos y actualmente residente en África, documenta estas jornadas en TikTok, donde muestra la entrega de pequeños obsequios a menores de su vecindario.

Los videos reflejan encuentros breves, pero frecuentes. Los niños que ya lo conocen se acercan para recibir materiales escolares y dulces que López compra con parte de los recursos que le envía su hija. El nicaragüense ha explicado que procura separar una porción de esa ayuda para compartirla con las familias cercanas.

Las entregas no forman parte de una campaña institucional. Son iniciativas personales que López realiza con recursos limitados y que se concentran en objetos de uso cotidiano para los menores. Los cuadernos y lápices pueden servir para las actividades escolares, mientras que las golosinas acompañan una jornada de convivencia con los niños.

Bangui enfrenta fuertes necesidades alimentarias

La ayuda ocurre en un país que enfrenta dificultades económicas y humanitarias. La República Centroafricana ha atravesado años de conflictos armados, desplazamientos internos y problemas de acceso a servicios básicos en distintas regiones.

Datos citados ante las Naciones Unidas indican que cerca del 67% de la población del país vive en situación de pobreza extrema. La proporción llega al 78% en las áreas rurales, según cifras atribuidas al Banco Mundial durante una sesión del Consejo de Seguridad.

La situación alimentaria también afecta a una parte relevante de la población. Naciones Unidas informó en octubre que cerca de dos millones de personas, equivalentes al 31% de los habitantes del país, enfrentaron inseguridad alimentaria aguda entre abril y agosto de este año.

En ese contexto, los artículos que entrega López representan un apoyo puntual para niños de la zona donde vive. Sus publicaciones muestran la entrega directa de los regalos y los intercambios que mantiene con los menores, con quienes también practica palabras en español mientras aprende expresiones en francés.

Sus seguidores sugieren abrir campañas de donativos

La cuenta de TikTok de Kenis López González, identificada como “@lopez70467”, se ha convertido en el principal canal donde comparte estas acciones. En las últimas semanas, varios de sus seguidores le han sugerido abrir cuentas en GoFundMe para recibir donativos destinados a mantener o ampliar la ayuda para los niños.

Hasta ahora, los videos difundidos por el nicaragüense muestran que los recursos para las compras provienen de aportes familiares. Las sugerencias de los usuarios surgieron después de que López relatara que busca sostener las entregas pese a contar con medios acotados.

Los comentarios en sus publicaciones se concentran en los útiles escolares, los dulces y la posibilidad de reunir fondos para continuar con estas jornadas.

Deportaciones a terceros países

López forma parte de los nicaragüenses que han sido enviados a África tras quedar sujetos a procesos migratorios en Estados Unidos. La legislación estadounidense contempla que, en determinadas circunstancias, las autoridades puedan trasladar a una persona con una orden final de expulsión a un país distinto de su nacionalidad, siempre que ese Estado acepte recibirla.

Este mecanismo se conoce como deportación a un tercer país. En 2026, la política migratoria estadounidense ha incluido traslados de ciudadanos de diversas nacionalidades a países africanos, entre ellos la República Centroafricana.

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua (AMS) reclamó información inmediata sobre el paradero de Glenis Criesa Pantin Coleman, una mujer de 63 años originaria de Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a quien la organización dio por desaparecida desde el 31 de mayo de 2026.

El planteo fue difundido en una publicación de redes sociales en la que la AMS pidió a las autoridades nicaragüenses que aclaren la situación de Pantin Coleman, garanticen su integridad física y psicológica y permitan que sus familiares reciban información comprobable sobre su ubicación.

La entidad sostuvo que la mujer es familiar del dirigente indígena Brooklyn Rivera y quien según organizaciones de derechos humanos, habría fallecido el 30 de mayo de 2026, tras permanecer desaparecido forzosamente durante más de 970 días. El dirigente fue una figura vinculada a reclamos por los derechos de los pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua.

Exigencia de información sobre su paradero

“¿Dónde está Glenis Criesa Pantin Coleman?”, preguntó la AMS al inicio de su mensaje. La organización presentó el caso como una exigencia urgente y pidió que las autoridades brinden detalles sobre el lugar en el que se encuentra la mujer.

La publicación afirma que Pantin Coleman fue reportada como desaparecida el 31 de mayo.

En una imagen difundida junto al texto, la entidad incluyó una fotografía de la mujer y la frase “No olvidamos a las y los presos políticos”. El afiche la identifica como “desaparecida” y reclama su liberación.

Vínculo con la situación de los presos políticos en Nicaragua

La AMS encuadró el pedido dentro de sus cuestionamientos por las detenciones de personas por razones políticas en Nicaragua. “Su caso nos recuerda la urgencia de garantizar los derechos de las personas detenidas por razones políticas y de sus familias”, señaló el colectivo.

La organización también exigió que se preserve el derecho de los allegados a conocer el paradero de Pantin Coleman. “Que nos digan dónde está Glenis”, expresó en el mensaje, que incluyó las etiquetas “Libertad para presos políticos”, “Nicaragua” y “Derechos Humanos”.

La demanda se suma a los reclamos de agrupaciones civiles que han denunciado restricciones a la información sobre personas detenidas o bajo custodia de las autoridades nicaragüenses. En este caso, la AMS no aportó documentación adicional sobre el expediente, posibles cargos o el sitio donde podría estar recluida Pantin Coleman.

Parentesco con el dirigente indígena Brooklyn Rivera

Según la publicación, Glenis Criesa Pantin Coleman es familiar de Brooklyn Rivera, dirigente indígena de la Costa Caribe nicaragüense. La AMS incorporó esa relación familiar como parte del contexto de su reclamo.

Waspam, localidad de origen de Pantin Coleman de acuerdo con el comunicado, se encuentra en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La zona concentra comunidades indígenas y afrodescendientes, con una larga trayectoria de demandas por autonomía territorial, representación política y protección de sus derechos colectivos.

El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos también se ha pronunciado para solicitar conocer su paradero.

Para numerosos nicaragüenses en el exilio, la posibilidad de regresar a Nicaragua responde a motivos familiares, personales, laborales o administrativos. Los casos conocidos muestran que las condiciones de ingreso pueden variar y que, para algunas personas, el retorno ha estado acompañado por requisitos, controles posteriores o procesos judiciales.

En ese contexto, Cristóbal Giovanny López, conocido en TikTok como “Tropigamer”, y el abogado Harry Valle expresaron públicamente su interés en volver. Ambos plantearon su disposición a aceptar las condiciones que definan las autoridades, mientras sus pedidos reabrieron el debate sobre las experiencias de quienes salieron al exilio, fueron desterrados o encontraron impedimentos para regresar.

López salió de Nicaragua en septiembre de 2024 junto con otros 134 presos políticos que fueron trasladados a Guatemala. Más adelante llegó a Estados Unidos con apoyo de Naciones Unidas y, a inicios de octubre, anunció que quería regresar a Managua y registrar su llegada al aeropuerto. Tras ese anuncio circularon versiones sobre un posible “perdón” negociado por personas próximas al oficialismo, aunque no se confirmó de algún acuerdo, Según Diario La Prensa.

Valle, penalista de Matagalpa e identificado como militante sandinista, se exilió en 2026 después de conocer que existía una orden de captura en su contra. Desde TikTok solicitó que las autoridades revisaran también su caso si se estudiaba la situación de López, afirmó que no había cometido delitos y señaló que sus intervenciones correspondían a opiniones emitidas como abogado.

Los relatos de retornados describen requisitos y controles posteriores

El periodista exiliado Emiliano Chamorro relató el caso de una integrante de una congregación religiosa que viajó a Estados Unidos por dos semanas en 2022. Cuando preparaba su regreso, supo que no podría ingresar a Nicaragua por vía aérea, por lo que decidió trasladarse a Honduras y acudir a una frontera terrestre para solicitar autorización.

Según el relato, la mujer pidió a policías y militares que le permitieran entrar, ofreció disculpas por cualquier expresión que hubiera podido ofender a Daniel Ortega y Rosario Murillo, firmó documentos, respondió interrogatorios y entregó sus maletas y pertenencias. Luego de varias horas de espera, recibió permiso para cruzar hacia Nicaragua.

El ingreso estuvo acompañado por condiciones: debía acudir cada semana a firmar en una estación de Policía de su localidad, apartarse de su congregación religiosa y mantener una conducta reservada. Después de volver, cambió de teléfono, borró sus redes sociales, dejó de participar en actividades religiosas y redujo el contacto con sus amistades; Chamorro resumió que “se volvió anónima y distante”.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reunió en Costa Rica testimonios de personas retornadas bajo exigencias similares. A mitad de 2026, la organización tenía relatos de cerca de 200 personas de 13 departamentos que debían presentarse en estaciones policiales, y algunas de ellas tenían que hacerlo a diario.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el colectivo, quienes lograban regresar también podían necesitar permiso para salir de su municipio. Algunas personas fueron fotografiadas durante sus visitas a las delegaciones y reportaron seguimientos al salir de sus viviendas o al volver a ellas.

Algunas personas afirmaron que pagaron para obtener autorización de ingreso

Desde 2024, nicaragüenses que viajaron al exterior por razones personales o laborales encontraron impedimentos cuando intentaron volver. En algunos casos, recibieron la notificación por correo electrónico de la aerolínea y, en otros, durante el proceso de prechequeo, sin una explicación pública sobre el motivo de la medida.

En abril de 2026, Diario La Prensa publicó testimonios de personas que aseguraron haber pagado montos de dinero para recibir permiso de ingreso. El diario también informó sobre cartas de perdón, documentos de compromiso para reportar actividades económicas y solicitudes de incorporación a actividades del Frente Sandinista.

La publicación reconstruyó seis casos en 2025, con relatos de empresarios, trabajadores de empresas privadas y comerciantes que habían salido por viajes de negocios. Los montos mencionados fueron de USD 2,500 a USD 10,000, según los testimonios citados.

Joshwell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ASIDEHU, señaló que su organización documenta este tipo de mecanismo desde 2018. Según indicó, los casos continuaban en 2026 y los cobros para ciudadanos comunes oscilaban entre USD 2,000 y USD 10,000, mientras que las sumas podían ser mayores en situaciones vinculadas a empresarios.

ASIDEHU tuvo conocimiento de al menos dos personas que depositaron USD 2,000 cada una en una cuenta del Ministerio del Interior. Martínez sostuvo que el pago de esos montos o la firma de una carta no garantizaban condiciones estables para quienes retornaban, porque la autorización podía quedar sujeta a decisiones posteriores.

Algunos retornos fueron seguidos por detenciones

Kevin Josué Martínez Alemán salió hacia Costa Rica el 31 de diciembre de 2022, cuando tenía 17 años, luego de recibir amenazas de policías. El joven había sido monaguillo del sacerdote Manuel Salvador García, quien había sido encarcelado y acusado de forma falsa, según el material aportado.

En septiembre de 2023, familiares de Martínez Alemán recibieron de la Policía sandinista el mensaje de que podía volver. El joven regresó a Diriomo, en Granada, para visitar a su familia, pero el 21 de septiembre fue detenido en su casa.

Personas allegadas señalaron que, durante la detención, recibió presiones para acusar a otras personas y brindar información sobre refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Días después recuperó la libertad, regresó a Costa Rica y no dio más detalles públicamente por temor a posibles consecuencias para sus familiares.

Juan Carlos Baquedano había estado 11 meses detenido tras las protestas de 2018 y, después de recuperar la libertad en 2019, se exilió en México. Cuando regresó en agosto de 2023 para resolver un trámite personal, fue arrestado otra vez en su vivienda y permaneció detenido durante más de un año.

En septiembre de 2024, Baquedano fue enviado a Guatemala y perdió la nacionalidad nicaragüense. Amnistía Internacional informó que quedó sin acceso a sus bienes ni a su pensión de jubilación y que presentaba secuelas de torturas.

El activista Yaser Morazán volvió a Nicaragua en abril de 2021, después de vivir en Costa Rica y Estados Unidos. Según article 66, antes de ingresar había cerrado sus redes sociales y se había alejado de la actividad política, pero fue detenido en febrero de 2025 y desde entonces no se difundieron nuevos datos públicos sobre su situación.

Las organizaciones registraron procesos por delitos comunes

Naciones Unidas documentó en 2019 el caso de Ulises Rivas, quien volvió a Nicaragua después de exiliarse en 2018. Tras su captura, la Fiscalía lo acusó de robo y lesiones, lo condenó y años después fue desterrado junto a otros presos políticos.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más considera que algunos retornados son procesados por delitos comunes en vez de enfrentar acusaciones vinculadas de manera explícita con su activismo o sus posturas políticas. La organización interpreta que este tipo de procesos da una apariencia de legalidad a medidas de persecución.

Jeffrey Isaac Jarquín, conocido como “el Nene”, fue deportado desde Estados Unidos el 1 de octubre de 2026. Había estado preso en La Modelo entre 2018 y 2019, salió luego del país y solicitó asilo; al aterrizar en Managua, fue trasladado nuevamente a esa cárcel, donde antes había denunciado torturas.

El dirigente indígena Brooklyn Rivera viajó a Nueva York en abril de 2023 para asistir al Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. El 24 de abril no pudo abordar el vuelo de regreso y, a finales de mayo, anunció que había ingresado a Nicaragua por la Mosquitia, el territorio miskito que comparte frontera con Honduras.

La Policía lo detuvo en su vivienda de Bilwi el 29 de septiembre de 2023. Durante 14 meses, sus familiares no recibieron información sobre su situación, ni tuvieron acceso a visitas o abogados, hasta que el Gobierno informó el 20 de noviembre de 2024, durante un examen ante Naciones Unidas, que se encontraba bajo custodia y enfrentaba acusaciones de traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional y conspiración.

El 27 de mayo de 2026 se difundieron imágenes de Rivera hospitalizado en Managua, conectado a un respirador y con signos de malnutrición. Murió tres días después, a los 73 años, tras más de 970 días de detención y desaparición forzada; el Ministerio de Salud atribuyó el fallecimiento a complicaciones de una bacteria asociada al covid-19.

Los motivos familiares influyen en algunas decisiones de retorno

La ambientalista Salvadora Morales, desterrada en 2025, contó que evaluó entrar a Nicaragua desde Costa Rica o Honduras sin usar pasos regulares. Según relató, imaginó una vida de bajo perfil, alejada de las redes sociales y de la actividad pública, pero activistas de derechos humanos le advirtieron de los riesgos que podría enfrentar si era identificada y decidió permanecer en el país donde vive exiliada.

El periodista Houston Castillo regresó a Nicaragua en agosto de 2022 para asistir al funeral de su madre. Exiliado en Costa Rica desde 2021, cruzó por un punto ciego de Peñas Blancas durante la madrugada, llegó a su comunidad, participó en el sepelio y volvió hacia Costa Rica ese mismo día.

“Tenía miedo de que me apresaran”, recordó Castillo sobre el viaje. Más tarde, le informaron que patrullas policiales llegaron a la comunidad para preguntar por él poco después de su salida.

Las organizaciones plantean la necesidad de mayores garantías

José Denis Cruz, coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, ACDD, sostuvo que toda persona nicaragüense tiene derecho a regresar al país. A su juicio, ese derecho no debería depender de retractaciones públicas, pedidos de perdón o acuerdos individuales con las autoridades.

Cruz afirmó que no observa condiciones para un retorno seguro y con garantías para quienes fueron perseguidos, desterrados u obligados a exiliarse. También indicó que algunos regresos parecen estar vinculados a compromisos de autocensura o a limitaciones para ejercer libertades, una situación que describió como una forma de control.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, informó el 13 de octubre que al menos tres periodistas que habían regresado a Nicaragua durante los meses previos salieron nuevamente del país. Según el informe, esas personas recibieron amenazas, persecución y advertencias que alcanzaron a sus familiares.

La organización también registró propuestas dirigidas a periodistas en el exilio. Esas ofertas incluían facilidades para volver y apoyo económico, a cambio de dejar de informar sobre Nicaragua y abstenerse de difundir críticas en redes sociales.

Cruz señaló que cada decisión de retorno está marcada por circunstancias particulares. Añadió que mayores garantías requerirían medidas de no represalia, libertad de expresión, restitución de derechos, instituciones independientes y respeto por las libertades fundamentales.

Cuatro fueron las procesiones católicas autorizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para realizarse fuera de sus parroquias entre finales de septiembre y octubre de 2026, después de varios años de restricciones. Según Confidencial.digital, los permisos abarcaron celebraciones puntuales y mantuvieron la presencia de las autoridades durante los recorridos.

Las autorizaciones correspondieron a San Jerónimo de Masaya, San Miguel Arcángel de Managua, San Francisco de Asís de Camoapa y la Virgen de la Merced de Matagalpa. Desde 2022, esas expresiones religiosas se realizaban dentro de los templos por decisión de la Policía Nacional.

Se autorizaron cuatro salidas, mientras otras seis continuaron dentro de los templos

Los permisos no incluyeron todas las procesiones previstas. De las 10 celebraciones realizadas entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre que no podían salir de sus parroquias, seis continuaron dentro de los recintos religiosos.

La decisión permitió cuatro recorridos en festividades patronales de amplia convocatoria, pero no restableció de forma general la realización de procesiones en espacios públicos. Algunas de las actividades autorizadas tuvieron cobertura de medios propagandísticos, de acuerdo con la información publicada por Confidencial.digital.

La investigadora Martha Patricia Molina documentó más de 16,564 actividades de piedad popular prohibidas en Nicaragua entre 2019 y mediados de 2025.

El relevamiento forma parte de su estudio Nicaragua: Una Iglesia Perseguida. Las restricciones comenzaron a aplicarse de forma más extendida en 2022, aunque hubo excepciones para Santo Domingo en Managua, San Jerónimo de León y la Gritería en honor a la Virgen María.

Los permisos fueron comunicados con poco tiempo de anticipación

Las parroquias recibieron las autorizaciones sin una preparación previa para organizar los recorridos. Molina señaló que los sacerdotes tuvieron que resolver la logística en un plazo acotado y bajo observación de las autoridades.

“Ha sido una decisión de último momento y los sacerdotes han tenido que asumir el reto de sacar las procesiones sin una preparación previa casi obligados y no han desaprovechado la oportunidad”, dijo Molina al medio.

La investigadora sostuvo que las celebraciones se realizaron “sin libertad plena y bajo la vigilancia” de las autoridades. También indicó que algunos sacerdotes no recibieron instrucciones para organizar procesiones.

Otros religiosos, según Molina, recibieron visitas de policías que tomaron fotografías, grabaron videos y pidieron información sobre el trabajo pastoral de las parroquias.

La investigadora rechazó las versiones sobre un supuesto entendimiento entre la Iglesia católica y el Gobierno. Entre las referencias mencionadas figuró una atribución al cardenal Leopoldo José Brenes.

San Jerónimo de Masaya recorrió siete cuadras en septiembre

La procesión de San Jerónimo de Masaya salió el 20 de septiembre, durante el inicio de las fiestas patronales, y recorrió siete cuadras.

La autorización no alcanzó a la procesión de La Octava, prevista para la mañana del 7 de octubre y extendida hasta el día siguiente.

En reemplazo de esa actividad, la parroquia celebró una eucaristía. La imagen permaneció expuesta en el templo antes de regresar a su altar.

El caso de Masaya mostró que las autorizaciones fueron definidas para actos concretos. El permiso otorgado para una salida no abarcó necesariamente el programa completo de cada festividad.

El párroco de San Miguel Arcángel agradeció a las autoridades

Antes del recorrido por el barrio Las Brisas de Managua, el sacerdote de la parroquia San Miguel Arcángel agradeció al comisionado del Distrito II, Otto Bismark Arévalo, y a las autoridades civiles.

“Quiero agradecer de manera especial al comisionado del Distrito II, Otto Bismark Arévalo, a nuestras autoridades civiles, el apoyo que nos han brindado y el resguardo también para que nuestra procesión de hoy salga de la mejor manera”, afirmó el religioso.

La referencia al resguardo policial se produjo antes de una de las cuatro actividades que recibió autorización para realizarse fuera del templo.

El sacerdote exiliado Edwin Román, quien fue párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, cuestionó en X que los permisos pudieran interpretarse como una señal de libertad religiosa.

Román señaló que no debía entenderse la autorización de procesiones “excesivamente controladas” como una apertura plena. El sacerdote consideró que la medida respondía a la presión internacional sobre el Gobierno.

Reclamos internacionales por la libertad religiosa continuaron sobre Nicaragua

Las autorizaciones coincidieron con pronunciamientos internacionales sobre la situación de la libertad religiosa en Nicaragua.

Durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en septiembre, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que la Santa Sede seguía “con especial inquietud” la situación del país.

El cardenal pidió mantener “una senda de diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades del país para bien del pueblo y de la Iglesia de Nicaragua”.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional incluyó a Nicaragua en 2026 en su lista de países de especial preocupación.

El organismo señaló denuncias de represión política, acoso, detenciones y vigilancia contra comunidades religiosas y miembros del clero.

La familia de Belén Karina Guerrero Fugón, una estudiante de 18 años de la Universidad Americana (UAM), pidió apoyo para localizarla luego de que la joven salió de su vivienda en Managua durante la madrugada del lunes 19 de octubre y no regresó.

De acuerdo con información publicada por La Prensa, Belén cumplió la mayoría de edad en septiembre y reside con su madre y su hermana. Sus familiares indicaron que desconocen su paradero desde hace varios días y solicitaron la difusión de la alerta para obtener datos que ayuden a dar con ella.

De acuerdo con la descripción de sus hallegados, la joven mide 1.54 metros, tiene piel blanca, cabello negro y delgado, y un piercing en el ombligo, según la descripción difundida por la familia. Un allegado consultado por el diario nicaragüense señaló que Belén salió de su casa entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada.

“Desde ese día no tenemos noticias ni información de ella”, expresó el familiar en declaraciones recogidas por La Prensa. También manifestó preocupación por las circunstancias de la desaparición y pidió colaboración a quienes puedan aportar algún dato sobre su ubicación.

La familia desmintió que hubiera asistido a un casting

En redes sociales circularon versiones que sostenían que la universitaria había sido vista con amigas y que luego asistiría a un casting dentro de la UAM. Sin embargo, la familia negó esa versión y afirmó que no existe certeza sobre las actividades que realizó antes de desaparecer.

Su progenitora explicó al medio que la joven había mencionado la semana anterior un posible casting de modelaje, pero aclaró que el evento no estaba previsto para esos días. “Ella se fue de madrugada y no sabemos qué es lo que pasó”, afirmó.

La aclaración también fue difundida por el Colectivo La Venancias, que alertó sobre la desaparición de la joven y pidió no replicar información no confirmada. La organización señaló que Belén estudia en la UAM y que la familia atraviesa horas de angustia ante la falta de noticias.

“Aunque inicialmente se dijo que había desaparecido tras salir de un casting, la familia lo desmintió”, indicó el colectivo en una publicación. A su vez, el mensaje agregó que la prioridad es lograr que la estudiante regrese a su hogar sana y salva.

Piden compartir la alerta y aportar información

La familia de Belén Karina Guerrero Fugón solicitó a la ciudadanía difundir la búsqueda y comunicarse si cuenta con cualquier información, incluso si parece menor. “Queremos saber si ella está segura”, expresó el allegado en declaraciones a La Prensa.

De igual manera, las personas que puedan aportar datos sobre la ubicación de la estudiante pueden contactarse con sus familiares a los números 8393-1106 y 8205-1537.

Por su parte, el Colectivo La Venancias remarcó que la circulación rápida de alertas puede contribuir a que una persona desaparecida sea localizada en el menor tiempo posible. Hasta la información publicada por la familia y el diario, no se habían informado datos sobre el paradero de la joven.

Durante el siglo XX, Centroamérica y el Caribe estuvieron atravesados por dictaduras y gobiernos autoritarios que concentraron el poder, limitaron las libertades políticas y recurrieron a la represión de opositores, mientras que Nicaragua y Cuba mantienen hoy sistemas cuestionados por sus restricciones al pluralismo y la oposición. Medios internacionales como La Vanguardia y el portal web Muy Interesante, recogen la historia de estos personajes.

Nicaragua constituye uno de los casos actuales de mayor concentración de poder en la región. Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007 y, desde 2025, comparte formalmente la figura de copresidente con Rosario Murillo tras reformas constitucionales que ampliaron las atribuciones del Ejecutivo. Según información de El Confidencial

Las organizaciones de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron restricciones contra dirigentes opositores, medios de comunicación, organizaciones civiles y la libertad religiosa. En septiembre de 2026, la oficina de Naciones Unidas advirtió una concentración creciente del poder en el Ejecutivo y el partido gobernante.

Golpes militares, control político y revoluciones en Centroamérica

El Salvador fue gobernado por Maximiliano Hernández Martínez entre 1931–1944, después de que el militar y político llegara al poder mediante un golpe de Estado. Su administración aplicó un férreo control político y reprimió a los movimientos opositores.

Su nombre quedó asociado a La Matanza, la represión de la insurrección campesina de 1932 que dejó miles de muertos. Hernández Martínez abandonó el poder en 1944, tras una huelga general que contribuyó a su salida. informaron medios nacionales.

Guatemala estuvo bajo la presidencia de Jorge Ubico desde 1931 hasta 1944. El gobierno concentró gran parte del poder político en la figura presidencial, restringió las libertades políticas y persiguió a opositores.

Ubico también impulsó obras de infraestructura y estableció una administración estatal fuertemente centralizada. La Revolución de Octubre de 1944, una serie de protestas, provocó su renuncia.

En Honduras, Tiburcio Carías Andino gobernó entre 1933 y 1949. Su administración limitó la actividad opositora y utilizó las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad para conservar el control político.

Carías Andino dejó la presidencia en 1949, aunque mantuvo influencia en la vida política hondureña. Nicaragua, en cambio, quedó bajo el dominio de la familia Somoza durante más de cuatro décadas.

Anastasio Somoza García se convirtió en la figura política dominante de Nicaragua a partir de 1936. Luego gobernaron sus hijos, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle, con estrechos vínculos con la Guardia Nacional y una amplia influencia política y económica.

El régimen de los Somoza terminó en 1979, cuando la Revolución Sandinista derrocó a Anastasio Somoza Debayle. Panamá también tuvo un gobierno militar encabezado por Omar Torrijos, quien llegó al poder después del golpe de 1968.

Torrijos restringió las instituciones democráticas, aunque promovió reformas sociales y nacionalistas. Las negociaciones que derivaron en los Tratados Torrijos-Carter de 1977 establecieron el proceso para que Panamá recuperara progresivamente el control del Canal de Panamá; murió en un accidente aéreo en 1981.

Costa Rica siguió una trayectoria distinta dentro de Centroamérica. Durante gran parte del siglo XX desarrolló instituciones democráticas relativamente estables y no atravesó una dictadura militar comparable con las de Nicaragua, Guatemala, El Salvador u Honduras.

República Dominicana y Cuba, dos regímenes autoritarios del Caribe

Rafael Leónidas Trujillo gobernó República Dominicana durante aproximadamente 31 años, entre 1930 y 1961, aunque en determinados períodos mantuvo presidentes formalmente distintos mientras conservaba el poder efectivo.

Su régimen promovió el culto a la personalidad, impuso censura y sostuvo una extensa red de vigilancia y persecución contra opositores.

La Masacre del Perejil de 1937 fue uno de los episodios más conocidos de su gobierno: miles de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana fueron asesinados. Trujillo murió asesinado en 1961.

En Cuba, Fulgencio Batista había ocupado previamente la presidencia mediante elecciones, pero regresó al poder a través de un golpe de Estado en 1952. Su segundo gobierno suspendió garantías constitucionales, persiguió a opositores y aplicó represión política.

La Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro terminó con el gobierno de Batista en enero de 1959. Desde entonces, el país mantiene un sistema político sin pluralismo partidista, con el Partido Comunista de Cuba como estructura central.

Miguel Díaz-Canel es presidente desde 2019, tras suceder a Raúl Castro durante el período 2018-2019. El gobierno cubano mantiene restricciones sobre la libertad de expresión, los medios independientes, la oposición política y las manifestaciones.

Freedom House clasifica a Cuba como un país “No libre” y lo describe como un Estado comunista de partido único. El Partido Comunista continúa como la principal estructura política del sistema.

El 97.5% de los trámites consulares de nicaragüenses en el exilio no recibió una respuesta favorable o fue denegado, según un estudio presentado el miércoles 21 de octubre en Madrid, que expone cómo la falta de documentos deja a cientos de personas sin posibilidades de regularizar su situación fuera de Nicaragua.

La encuesta incluyó a 41 nicaragüenses residentes principalmente en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala. Solo una persona informó haber obtenido un resultado positivo en sus gestiones ante las sedes diplomáticas, informó Divergentes.

El relevamiento fue elaborado por la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y Refugees International, y se presentó durante el conversatorio “La apatridia de los nicaragüenses: impacto humano y respuestas desde España y la Unión Europea”.

El 48.7% de las personas consultadas evita acudir a los consulados nicaragüenses por temor a represalias contra ellas o sus familiares que permanecen en Nicaragua. Otro 24% intentó regresar al país, pero se le impidió el ingreso.

La investigación registró seis casos en los que aerolíneas prohibieron el embarque de ciudadanos nicaragüenses por instrucciones que, de acuerdo con el estudio, procedían del régimen sandinista.

El cuestionario digital se aplicó entre septiembre de 2025 y enero de 2026 e incorporó 21 variables, con preguntas de selección múltiple y respuestas abiertas. La mayoría de los encuestados considera que la salida más urgente para recuperar seguridad jurídica no es renovar sus documentos nicaragüenses, sino acceder a una nueva nacionalidad.

El 75% señaló la obtención de otra ciudadanía como la principal respuesta a su situación, frente al 46% que priorizó la renovación de documentos emitidos por Nicaragua.

La dificultad para conseguir pasaportes, certificados y otros papeles ocurre en una diáspora que creció tras las protestas de abril de 2018 y la posterior represión estatal. En 2021, la Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que más de 108,000 nicaragüenses habían abandonado el país desde el inicio de la crisis; dos tercios se dirigieron a Costa Rica.

Una comunicación de expertos de Naciones Unidas publicada en 2025 elevó la dimensión del éxodo: alrededor de 800 mil nicaragüenses habían salido del país desde 2018, muchos de ellos por temor a la persecución y con necesidad de protección internacional.

La apatridia de facto ante pasaportes vencidos

Las organizaciones califican esta situación como “apatridia de facto”: personas que mantienen formalmente la nacionalidad nicaragüense, pero no logran renovar el pasaporte ni obtener documentos esenciales cuando los necesitan en los países donde residen.

El fenómeno es distinto de las desnacionalizaciones aplicadas desde febrero de 2023 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otras voces críticas.

El 9 de febrero de ese año, 222 presos políticos fueron excarcelados, enviados a Estados Unidos y luego privados de su nacionalidad. Seis días después, otras 94 personas fueron desnacionalizadas, según Divergentes.

En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron liberados y trasladados a Guatemala. Cinco días más tarde, la justicia nicaragüense ordenó retirarles la nacionalidad y confiscar sus bienes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 453 nicaragüenses privados de su ciudadanía y desterrados entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. De ese total, 153 eran líderes de movimientos políticos, sociales o defensores de derechos humanos, mientras que 44 pertenecían a comunidades religiosas.

La CIDH consideró que esas decisiones constituyeron una privación arbitraria de la nacionalidad y advirtió que estuvieron acompañadas por confiscaciones de bienes, cancelaciones de registros civiles y otras restricciones de derechos.

José Denis Cruz, periodista nicaragüense exiliado en España y coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, vinculó la falta de documentación con una política de persecución estatal. “La crisis migratoria y el desplazamiento forzado de los nicaragüenses no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una política deliberada de persecución y desmantelamiento de la identidad jurídica por parte del régimen de Ortega y Murillo”, afirmó en declaraciones recogidas por Divergentes.

La solicitud de nacionalidad española para periodistas exiliados

Durante el encuentro en Madrid, las organizaciones solicitaron al Gobierno español que resuelva la petición de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por un grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en situación de apatridia de facto.

“Pedimos a España que atienda de manera urgente la solicitud formal de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por el grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en apatridia de facto”, dijo Cruz. La solicitud cuenta con el respaldo de la Asociación de la Prensa de Madrid y Reporteros Sin Fronteras.

Recientemente, España concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a 46 nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

España también ha recibido a 1,400 refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica a través del Plan Nacional de Reasentamiento. Para las dos organizaciones, esas medidas no cubren a quienes conservan la nacionalidad nicaragüense en los registros, pero no pueden acceder a la documentación que necesitan.

La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y Refugees International pidieron a la Unión Europea y a sus Estados miembros que coordinen mecanismos de protección, flexibilicen los requisitos documentales, armonicen los procedimientos entre países europeos y garanticen vías seguras para las personas sin protección efectiva de Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asumió hace cinco meses el control de la organización, la comunicación y las selecciones nacionales de fútbol de Nicaragua mediante Juventud Presidente, un órgano de propaganda oficial. La intervención alcanzó a los equipos masculinos y femeninos de todas las categorías después de la convocatoria que tuvo la selección masculina durante las eliminatorias de United 2026, según tres fuentes con conocimiento del tema consultadas por Divergentes.

El partido del 1 de octubre contra Costa Rica fue el primero organizado por personal vinculado a Juventud Presidente, bajo normas de “estricto orden” y secretismo, de acuerdo con un exdirigente de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Durante ese encuentro, Daniel Edmundo y Maurice Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante, asistieron con sus familias bajo un despliegue policial de al menos 20 personas entre civiles y uniformados.

Hasta entonces, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) administraba las actividades de las selecciones nacionales. La nueva estructura trasladó buena parte de sus funciones a Juventud Presidente, conocida como JP, mientras los directivos federativos conservaron la representación pública en conferencias de prensa.

“Fue una orden que vino desde arriba. El objetivo es tener control de todo y centralizarlo bajo su línea política”, afirmó una fuente vinculada al Instituto Nicaragüense de Deportes, que pidió preservar su identidad y cuya declaración fue recogida por Divergentes. La misma persona señaló que JP aplica una dinámica similar en otras instituciones estatales y que la selección nacional era el espacio deportivo que aún no seguía esa directriz.

La decisión fue posterior al recorrido de Nicaragua en las eliminatorias de United 2026, cuando el equipo llegó a la etapa final antes de quedar eliminado. En ese proceso, la selección venció a Honduras y empató con Costa Rica en Managua.

El interés oficial por el fútbol se explica, según las fuentes consultadas, por su capacidad de convocatoria. El régimen ya había respaldado a figuras del boxeo como Román González, fortaleció el campeonato de béisbol Pomares e invirtió recursos en esa disciplina, pero el impacto mediático de esos deportes cayó después de la crisis política de 2018.

“El fútbol y lo que generaba la selección se mantenía en niveles altos de forma orgánica”, sostuvo la fuente relacionada con el Instituto Nicaragüense de Deportes. A su juicio, la principal barrera para una intervención directa era la prohibición de la FIFA sobre la injerencia gubernamental en las federaciones nacionales.

Los artículos 14 y 15 de la FIFA establecen que las federaciones miembros deben gestionar sus asuntos de manera independiente y evitar interferencias de terceros. El artículo 19 prohíbe las intromisiones políticas y contempla sanciones que pueden llegar a la suspensión o expulsión de una federación.

La fuente recordó que el primer indicio de intervención política fue la presencia de una bandera rojinegra durante el abanderamiento de una selección femenina sub 20. “Se esperaba un llamado de atención de FIFA, pero al final no pasó nada”, afirmó.

La organización de los partidos bajo filtros políticos

El control del fútbol nacional ya tenía antecedentes dentro de las estructuras deportivas. Un exdirectivo de un club de Primera División sostuvo que Fidel Moreno controla Liga Primera y mantiene influencia en la Fenifut, incluida la designación o remoción de entrenadores mediante asesoramientos.

“Los de la Fenifut son fichas sandinistas que responden al partido, pero desde arriba decidieron avanzar hacia el control casi total”, declaró el exdirectivo, también bajo anonimato a Divergentes. Según su versión, Moreno no buscaba figurar ni participar directamente en las áreas de comunicación y organización que ahora maneja JP.

La transición comenzó cuando funcionarios de la Fenifut y personas a cargo de las redes sociales de Liga Primera recibieron la instrucción de ceder esas tareas. “Poco a poco abandonaron las funciones habituales de comunicación y divulgación, y cinco meses después se consumó casi en su totalidad el control”, explicó el exdirigente federativo.

“Antes no lo hacían, pero como el control es casi total, entonces hay ‘más confianza’ para que se permitan participar en este tipo de actividades”, dijo esa persona. La presencia de los hijos de la pareja gobernante fue constatada mediante videos y fotografías enviados a Divergentes por asistentes al partido.

La Fenifut, reducida a la representación pública

Los directivos federativos todavía aparecen ante la prensa, pero JP define el funcionamiento diario de las actividades de la selección. Una fuente relacionada con la Fenifut afirmó que la difusión de cualquier información debe pasar por varios filtros y recibir el aval de hasta cinco personas.

“Los que están al mando no saben nada de fútbol y su organización. Son herméticos con la información y han instalado un ambiente de temor hasta en los mismos periodistas”, sostuvo. Periodistas deportivos contactados para conocer su posición sobre ese clima no respondieron.

La fuente del Instituto Nicaragüense de Deportes consideró que el régimen difícilmente formalizará el control de la selección a través de sus canales de propaganda por el riesgo de sanciones ante una posible investigación de la FIFA. Según esa versión, la intervención sobre la Fenifut busca aprovechar la masividad de la selección sin exponer de forma abierta la injerencia política.

La tarde de ayer, 23 de octubre se tornó gris y asfixiante bajo los torrenciales aguaceros que azotaron el departamento de Nueva Segovia. En las calles del municipio de El Jícaro, el agua no tardó en acumularse, convirtiendo las vías en auténticos afluentes desbordados.

En medio de ese temporal, el doctor Marvin Alejandro Rodríguez Toledo, un joven abogado originario de Ocotal que se desempeñaba con vocación como juez titular del Juzgado Local Único de Murra, emprendía el viaje de regreso a su hogar tras culminar sus labores jurisdiccionales.

A bordo de su motocicleta, Rodríguez Toledo avanzaba por el sector del barrio Carlos Rosales. El panorama era hostil: calles anegadas, correntadas furiosas y un cauce que rugía con violencia inusual.

Sin embargo, un lugareño, captó los últimos momentos de aquella travesía. A través del video se observa la maniobra del joven jurista, quien, en un intento por continuar su camino, se arriesgó de manera imprudente a cruzar el caudal desbordado con su moto sobre la calzada inundada.

La fuerza de la naturaleza no perdonó el cálculo. En cuestión de segundos, el agua derribó el vehículo de dos ruedas, succionándolo de golpe hacia el cauce desbordado. La grabación se cortó abruptamente cuando la persona que sostenía el teléfono lo guardó con desesperación para intentar socorrerlo, pero la corriente ya lo había devorado.

La alarma se encendió casi de inmediato. Familiares, pobladores y brigadas de la Policía Nacional junto a cuerpos de socorro se congregaron en las inmediaciones del barrio Carlos Rosales para iniciar un rastreo contra reloj.

La primera pista apareció río abajo, a casi un kilómetro del punto donde ocurrió la tragedia: los rescatistas hallaron la motocicleta semienterrada y el casco de protección del funcionario. Aquellos vestigios confirmaron la dirección y la brutalidad con la que el afluente se desplazaba hacia las zonas bajas.

Sin embargo, fue hasta la madrugada de este sábado 24 de octubre cuando la búsqueda llegó a su desenlace. Aproximadamente a mil metros de donde concluía el cauce principal, los brigadistas localizaron el cuerpo sin vida del juez, atrapado entre las ramas de un árbol frondoso y parcialmente cubierto por sedimentos y arena arrastrados por la crecida.

La noticia del hallazgo causó consternación en la comunidad jurídica y entre los habitantes de Ocotal y Murra, donde el doctor Rodríguez Toledo era ampliamente apreciado por su juventud y su labor al frente del juzgado.

Las autoridades competentes realizaron el levantamiento del cuerpo para efectuar las diligencias forenses de rigor, cerrando una noche marcada por la angustia y dejando una profunda lección sobre el peligro que entrañan las crecidas repentinas.

Recomendaciones ante las lluvias para no cruzar un río

Las corrientes repentinas y los desbordamientos durante temporales representan un riesgo mortal que a menudo se subestima debido a una falsa percepción de control sobre vehículos o motocicletas. Frente a estas condiciones climáticas, es vital adoptar precauciones estrictas:

• Prohibido cruzar afluentes o correntadas: Ningún vehículo resiste la fuerza de un caudal desbordado. Pocos centímetros de agua en movimiento son suficientes para anular la tracción y arrastrar de inmediato una motocicleta o un automóvil.
• Detención obligatoria en zonas altas: Ante calles anegadas o vados crecidos, detenga la marcha por completo en un punto elevado y seguro hasta que el nivel del agua baje en su totalidad. No intente continuar el trayecto bajo ninguna circunstancia mientras persista la corriente.
• Tolerancia cero al desafío del agua: Cruzar a pie o en vehículo bajo estas condiciones es un acto suicida que no deja margen de maniobra.
• Obligación de usar rutas seguras: Desvíese exclusivamente hacia caminos altos que no atraviesen puentes vado, quebradas ni cauces susceptibles a crecidas repentinas.
• Acatamiento estricto de las alertas oficiales: Respete sin excepciones las advertencias, bloqueos y restricciones de paso establecidos por los cuerpos de socorro y las autoridades de protección civil.

Detrás del brillo de los reflectores, el diseño de alta costura y la imponente corona de Miss Universo Nicaragua, late una verdad desgarradora que trasciende cualquier certamen de belleza. Jasmine Blandford conmueve al mundo al presentar oficialmente su proyecto social, Beyond the Silence (Más allá del silencio), una iniciativa nacida del dolor más íntimo de su infancia: el asesinato de su padre a manos de la violencia armada cuando ella tenía apenas un año de vida.

Aquella fatídica noche marcó para siempre su destino familiar. Su padre había salido de casa con la simple encomienda cotidiana de comprar pañales para su pequeña hija; sin embargo, nunca regresó.

Aunque Jasmine era demasiado pequeña para guardar memorias conscientes de aquel instante que fracturó su hogar, el peso de esa ausencia se convirtió en la brújula moral de su vida.

Lejos de permitir que el trauma definiera su camino desde la desesperanza, la joven reina decidió convertir esa herida abierta en un puente de solidaridad y contención para miles de infantes que enfrentan la misma orfandad.

El lanzamiento de Beyond the Silence marca un punto de inflexión en su trayectoria humanitaria. Su propuesta no busca protagonismo personal, sino abrir espacios de escucha activa para aquellos menores cuyas vidas han dado un vuelco irreparable por las armas de fuego.

“Mi historia es el vínculo con la causa, pero cada niño tiene un relato diferente, y quiero escuchar lo que ellos y sus familias necesitan”, expresó la soberana durante su presentación, recordando que los niños merecen ser comprendidos más allá del acto trágico que los privó de sus seres queridos.

Pilares de una respuesta integral frente a la orfandad

El proyecto social de Jasmine comenzó a implementarse de forma estratégica en el sur de Florida, colaborando estrechamente con organizaciones consolidadas que ya conocen el pulso de las comunidades más vulnerables. La iniciativa se estructura sobre cuatro ejes de acción fundamentales para garantizar que el respaldo trascienda las palabras de consuelo:

• Asistencia profesional y psicológica: Facilitar el acceso de las familias a especialistas en duelo y salud mental capacitados para abordar traumas infantiles complejos.
• Red de apoyo emocional: Construir comunidades de acompañamiento entre pares, asegurando que los menores no enfrenten el aislamiento o la incomprensión social.
• Oportunidades educativas: Impulsar un fondo de becas para salvaguardar la formación académica y el desarrollo profesional de los niños afectados.
• Alianzas estratégicas: Articular esfuerzos con entidades sin fines de lucro enfocadas en la prevención comunitaria de la violencia armada y la restitución de derechos.

La filosofía de Blandford subraya un respeto absoluto por el tiempo de cada víctima: los menores deben tener la libertad de compartir su testimonio si lo desean, sin presiones mediáticas, garantizándoles atención y cariño incondicional elijan o no hablar en público.

La ola de solidaridad que conmueve a la comunidad internacional

El impacto del testimonio de Jasmine resonó de inmediato a nivel internacional. Tras revelarse su historia, cientos de miles de usuarios en redes sociales, organizaciones de derechos humanos, fundaciones benéficas y personalidades de todo el mundo inundaron sus plataformas con mensajes de respaldo y ofertas de colaboración activa. Líderes comunitarios han calificado su propuesta como un modelo ejemplar de empatía práctica y madurez cívica.

Para los observadores y seguidores del certamen de Miss Universo, la nicaragüense ha demostrado que la resiliencia es el verdadero motor de la transformación social.

Al proyectar su vivencia hacia el escenario global, Jasmine no solo rinde tributo a la memoria de su progenitor, sino que brinda esperanza tangible a una generación que a menudo sufre en silencio. “No puedo cambiar lo que le ocurrió a mi padre, pero sí puedo elegir de qué manera honro su memoria”, concluyó la reina.

Catorce años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolviera el conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia, el Gobierno colombiano presidido por Abelardo de la Espriella se dispone a tomar una decisión que podría provocar un nuevo enfrentamiento diplomático. ¿Puede Colombia recuperar, mediante un decreto presidencial, espacios marítimos que el tribunal internacional reconoció a Nicaragua?

De la Espriella anunció el domingo 18 de octubre que establecerá oficialmente las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida, prevista para el 30 de noviembre, determinará desde qué puntos Colombia medirá sus espacios marítimos. Dependiendo del trazado, podría afectar aguas sobre las cuales Nicaragua tiene derechos reconocidos por la Corte.

Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR), advierte que el Gobierno colombiano no puede utilizar esas líneas para desconocer una frontera ya establecida judicialmente.

“Colombia puede establecer las líneas de base rectas, siempre y cuando sean conformes a las reglas imperantes en esta precisa materia del derecho internacional del mar y a la sentencia de la CIJ del 2012”, explicó Boeglin en una entrevista para este reportaje.

Colombia no ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece las principales reglas internacionales sobre la extensión y delimitación de los espacios marítimos. No obstante, algunas de sus disposiciones también forman parte del derecho internacional consuetudinario y pueden resultar aplicables a países que no son parte de la Convención.

Fallo de la CIJ en 2012

El 19 de noviembre de 2012, después de once años de litigio, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las principales islas y cayos del archipiélago, pero estableció una nueva frontera marítima que atribuyó a Nicaragua derechos sobre extensas zonas del Caribe que Colombia había reclamado como propias.

Distintas estimaciones sitúan entre 72.000 y 75.000 kilómetros cuadrados la extensión marítima que Nicaragua obtuvo con la delimitación. Colombia conservó las islas, pero perdió el control sobre amplias zonas en las que había ejercido actividades de vigilancia, pesca y otras formas de jurisdicción.

La sentencia no convirtió esas aguas en territorio nacional nicaragüense, como ocurre con una porción de tierra. En una zona económica exclusiva, el Estado costero tiene derechos soberanos para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales, pero otros países mantienen libertades como la navegación internacional.

El conflicto reaparece ahora por la posibilidad de que las nuevas líneas colombianas se extiendan sobre aguas reconocidas a Nicaragua.

La sentencia de noviembre de 2012 provocó un fuerte rechazo político en Colombia. El entonces presidente Juan Manuel Santos cuestionó sus consecuencias para el país, especialmente por la extensión de los espacios marítimos que quedaban bajo jurisdicción nicaragüense.

La Corte reconoció que Colombia tenía soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre las formaciones insulares de Alburquerque, Bajo Nuevo, cayos del Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. Al mismo tiempo, rechazó que el meridiano 82, utilizado durante décadas por Colombia como referencia de sus dominios marítimos, constituyera una frontera definitiva con Nicaragua.

Después del fallo, Colombia sostuvo que sus fronteras solamente podían modificarse mediante un tratado internacional. Esa posición sería utilizada durante los años siguientes para cuestionar la decisión judicial.

El 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, Daniel Ortega y Juan Manuel Santos conversaron sobre la sentencia y las diferencias surgidas entre sus gobiernos. El encuentro se produjo cuando Colombia ya había comunicado su decisión de retirarse del Pacto de Bogotá.

“En líneas generales, se considera que la lectura de una sentencia sobre el fondo de la CIJ debiera siempre ser entendida como el punto final de un proceso y el inicio de una nueva etapa entre dos Estados”, indicó Boeglin.

Renuncia colombiana

El 27 de noviembre de 2012, ocho días después de la sentencia, Colombia notificó su denuncia del Pacto de Bogotá, firmado en 1948. Mediante ese tratado, numerosos países americanos habían aceptado mecanismos de solución pacífica de controversias, incluida la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Colombia abandonaba así un tratado que llevaba el nombre de su capital.

“Nótese que, a raíz de la decisión de la CIJ de noviembre del 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá, convirtiéndose en el primero y único Estado en el mundo en denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su propia capital”, destacó Boeglin.

La denuncia entró en vigor el 27 de noviembre de 2013, un año después de su presentación. No anuló la sentencia de 2012 ni impidió que la Corte conociera procedimientos iniciados antes de que la retirada produjera efectos.

El anuncio de De la Espriella

Desde un buque de la Armada colombiana en aguas del Caribe, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 18 de octubre que su Gobierno establecerá oficialmente las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según prometió, el decreto será formalizado el próximo 30 de noviembre.

“Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, proclamó el mandatario, quien presentó la medida como una reivindicación de la soberanía colombiana y una respuesta al abandono que, según afirmó, ha sufrido el archipiélago.

De la Espriella invocó la Ley 10 de 1978, aprobada por Colombia para regular sus espacios marítimos. Según explicó, las líneas correspondientes a la costa continental fueron establecidas en 1984, pero las del archipiélago permanecieron pendientes durante 48 años.

Las líneas de base son referencias geográficas desde las cuales un país mide la extensión de sus espacios marítimos. Normalmente siguen la costa, aunque el derecho internacional permite utilizar líneas rectas en determinadas circunstancias. De ellas depende la medición del mar territorial, la zona contigua y otros espacios marítimos, explican los expertos consultados.

Su importancia radica en los derechos que puede ejercer un Estado sobre las aguas comprendidas dentro de esas líneas. En las aguas interiores, Colombia tendría facultades de soberanía similares a las que ejerce sobre su territorio terrestre. En una zona económica exclusiva nicaragüense, en cambio, no puede apropiarse de los recursos naturales ni autorizar actividades de explotación que correspondan a Nicaragua.

“Las líneas de base recta son las líneas a partir de las cuales un Estado mide la anchura de su mar territorial. Dependiendo del método usado, pueden alterar una frontera marítima preestablecida”, explica Boeglin.

El especialista considera que ambos gobiernos deberían negociar el trazado antes de adoptar medidas que puedan generar nuevos conflictos. “Dadas las fuertes controversias existentes entre Colombia y Nicaragua con respecto a los espacios marítimos aledaños al archipiélago de San Andrés y Providencia, lo recomendable es que ambos Estados acuerden el trazado de estas líneas de manera que no alteren lo establecido por la CIJ en noviembre del 2012”, sostiene.

El Gobierno colombiano también anunció que reforzará la presencia de la Armada y la protección de los pescadores raizales. Además, prometió inversiones en infraestructura portuaria, turismo, comunicaciones y servicios públicos del archipiélago.

El decreto todavía no fue publicado y se desconocen las coordenadas que utilizará Colombia. Cuando se conozcan, será posible compararlas con la frontera establecida por la Corte y determinar si afectan espacios marítimos reconocidos a Nicaragua.

Islas colombianas frente a la costa nicaragüense

San Andrés se encuentra aproximadamente entre 110 y 130 kilómetros de la costa nicaragüense y a más de 700 kilómetros de la costa continental colombiana. Las distancias varían según los puntos costeros utilizados para la medición. Esa proximidad ha sido uno de los argumentos históricos de Nicaragua, aunque por sí sola no determina la soberanía sobre las islas.

El archipiélago está compuesto por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de pequeños cayos, bancos coralinos y arrecifes dispersos por el Caribe occidental. Muchas de estas formaciones apenas sobresalen del agua, pero su ubicación puede influir en la delimitación de los espacios marítimos.

Entre las formaciones que estuvieron en disputa se encuentran Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque y los cayos del Este-Sudeste. Algunas son pequeños cayos emergidos y otras están constituidas principalmente por arrecifes o bancos coralinos.

La Corte examinó las características físicas de esas formaciones en 2012. En Quitasueño determinó que solamente una diminuta formación denominada QS 32 permanecía emergida durante la pleamar. Las demás quedaban cubiertas cuando subía la marea, lo que limitaba los derechos marítimos que podían generar.

El tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las formaciones insulares examinadas, pero no aceptó que todas pudieran proyectar amplias zonas económicas exclusivas. Para Quitasueño y Serrana estableció delimitaciones de doce millas náuticas, equivalentes a unos 22,2 kilómetros, alrededor de las formaciones correspondientes.

Colombia conservó de esa manera pequeñas áreas marítimas alrededor de determinados cayos, algunas rodeadas por espacios correspondientes a Nicaragua. La frontera resultante no sigue una línea continua y sencilla, sino que incorpora las particularidades geográficas y jurídicas de esas formaciones.

En el archipiélago también habita la comunidad raizal, una población afrocaribeña con identidad cultural, tradiciones lingüísticas y vínculos históricos con otras comunidades del Caribe occidental, incluidas las de la costa nicaragüense.

Durante generaciones, sus pescadores han utilizado bancos y arrecifes que hoy se encuentran bajo distintas jurisdicciones marítimas. Después del fallo de 2012, Colombia comenzó a reclamar garantías para que pudieran continuar desarrollando sus actividades tradicionales.

Origen del conflicto

Durante el período colonial español, los territorios que actualmente forman Nicaragua y Colombia pertenecían a distintas estructuras administrativas de la Corona. Las disputas posteriores surgieron, en parte, de las diferentes interpretaciones sobre las jurisdicciones que ejercían las autoridades coloniales.

Colombia sostiene que el archipiélago estuvo vinculado al Virreinato de Nueva Granada. Entre los documentos que invoca figura una Real Orden de 1803, mediante la cual la Corona española dispuso cambios en la dependencia administrativa de San Andrés y de sectores de la Costa de Mosquitos.

Nicaragua cuestionó el alcance de esas disposiciones y defendió sus vínculos históricos y geográficos con el Caribe occidental. Después de la independencia, los dos países mantuvieron reclamaciones territoriales que no pudieron resolverse mediante los antecedentes coloniales.

El principio del uti possidetis juris, utilizado en América Latina para establecer que los nuevos Estados heredaban las divisiones territoriales coloniales, tampoco resolvió la controversia.

En 2012, la Corte concluyó que la documentación disponible no demostraba de manera concluyente a cuál de las antiguas unidades administrativas correspondían determinadas formaciones insulares.

Colombia presentó pruebas de actos de administración ejercidos durante décadas sobre los cayos, entre ellos actividades oficiales de vigilancia, disposiciones legales y otros ejercicios de autoridad.

La Corte consideró que esos antecedentes favorecían la reclamación colombiana y destacó que no encontró pruebas de protestas nicaragüenses anteriores a 1969 respecto de varias de esas actividades. Ese fue uno de los argumentos utilizados para atribuir a Colombia la soberanía sobre los cayos disputados.

Tratado bajo ocupación estadounidense

El 24 de marzo de 1928, Nicaragua y Colombia firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que se convirtió en el principal instrumento jurídico de la controversia. Nicaragua reconoció la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mientras Colombia reconoció la soberanía nicaragüense sobre la Costa de Mosquitos y las islas Mangle, conocidas también como Corn Islands.

El acuerdo fue suscrito cuando Nicaragua se encontraba bajo ocupación militar estadounidense, circunstancia que décadas después sería utilizada por los gobiernos nicaragüenses para cuestionar su validez. El tratado fue ratificado y el canje de ratificaciones se efectuó en 1930.

En el acta correspondiente apareció una referencia que provocaría décadas de disputas: el meridiano 82 de longitud oeste, señalado como límite occidental del archipiélago de San Andrés. Colombia interpretó que esa disposición establecía una frontera marítima, mientras Nicaragua sostuvo que únicamente identificaba una referencia geográfica.

La interpretación colombiana restringía la proyección marítima de Nicaragua hacia el este. La nicaragüense permitía reclamar una nueva delimitación que tomara en cuenta tanto las costas continentales como las islas y cayos.

En 1980, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, instalada después del derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, declaró la nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas. El Gobierno sandinista argumentó que Nicaragua no había podido negociar libremente el acuerdo debido a la presencia militar estadounidense.

Colombia rechazó esa declaración y mantuvo que el tratado era válido. Durante las décadas siguientes continuaron los desacuerdos diplomáticos sobre el meridiano 82, las actividades pesqueras y la presencia de embarcaciones de vigilancia en el Caribe.

La controversia también involucraba a Estados Unidos. Roncador, Serrana y Quitasueño habían sido objeto de reclamaciones estadounidenses, por lo que el tratado de 1928 no resolvió expresamente la soberanía sobre esas formaciones. Colombia y Estados Unidos suscribieron posteriormente el Tratado Vásquez-Saccio de 1972 para abordar sus diferencias sobre esos cayos.

La demanda presentada por Arnoldo Alemán

Aunque Daniel Ortega convirtió posteriormente el fallo de La Haya en uno de los principales logros que reivindicó su Gobierno, el proceso judicial fue iniciado durante la administración del presidente liberal Arnoldo Alemán.

El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Colombia. Solicitó que se resolvieran las cuestiones de soberanía territorial pendientes y que se estableciera una delimitación marítima conforme al derecho internacional.

El litigio continuó durante el Gobierno de Enrique Bolaños, que asumió la Presidencia en enero de 2002. Cuando Ortega regresó al poder en enero de 2007, el proceso ya llevaba más de cinco años en marcha.

“Quien interpuso la demanda ante la Corte Internacional de Justicia fue, vea usted lo que son las cosas, nada más y nada menos que el gobierno de Arnoldo Alemán”, señaló el economista y opositor nicaragüense Sáenz.

En diciembre de 2007, la Corte dictó una primera sentencia. Rechazó las pretensiones de Nicaragua de cuestionar nuevamente la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al considerar que el Tratado Esguerra-Bárcenas había resuelto esa cuestión.

Pero, el tribunal concluyó que el tratado no había establecido una delimitación marítima completa. Colombia conservó jurídicamente las principales islas, mientras Nicaragua mantuvo abierta su reclamación sobre las aguas en disputa.

Durante los cinco años siguientes, ambos países presentaron sus argumentos y pruebas ante los jueces de La Haya. Nicaragua insistió en que su extensa costa continental debía tener un peso importante en la delimitación, mientras Colombia defendió los derechos marítimos generados por el archipiélago y su administración histórica de las formaciones insulares.

El 19 de noviembre de 2012, la Corte dictó la sentencia que estableció la frontera marítima entre ambos países.

Una victoria para cada país

La sentencia de 2012 no terminó con los enfrentamientos. Colombia continuó ejerciendo actividades de vigilancia marítima en sectores que Nicaragua consideraba parte de su zona económica exclusiva. Colombia argumentaba que protegía a sus pescadores y los derechos de los habitantes del archipiélago.

En septiembre de 2013, el Gobierno de Juan Manuel Santos aprobó el Decreto 1946, mediante el cual estableció una denominada zona contigua integral alrededor de las islas. Nicaragua consideró que esa medida desconocía sus derechos y presentó una nueva demanda ante la Corte en noviembre de ese año.

El 21 de abril de 2022, la CIJ determinó que Colombia había violado derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua al interferir con determinadas actividades pesqueras y científicas en su zona económica exclusiva. También concluyó que la zona contigua integral establecida por Colombia no se ajustaba al derecho internacional consuetudinario en los aspectos examinados.

La Corte ordenó a Colombia cesar las conductas contrarias al derecho internacional y adecuar sus disposiciones internas. También rechazó algunas reclamaciones nicaragüenses por insuficiencia de pruebas y declaró incompatibles con el derecho internacional las líneas de base rectas que Nicaragua había establecido mediante decretos de 2013 y 2018.

En un análisis publicado después de esa sentencia, Boeglin destacó que la Corte había ordenado a Colombia “cesar todo tipo de interferencia en las áreas marítimas que corresponden a Nicaragua en el Mar Caribe desde su decisión del 2012”.

El académico también señaló que Colombia debía modificar las regulaciones relacionadas con su zona contigua integral, establecidas después de la sentencia de 2012.

La situación de los pescadores raizales ocupó parte importante del proceso. En el párrafo 231 de su sentencia de 2022, la Corte concluyó que Colombia no había demostrado la existencia de derechos tradicionales de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago en aguas pertenecientes a la zona económica exclusiva nicaragüense.

Boeglin considera que ambos países pudieron resolver mediante negociaciones las dificultades que surgieron después de la delimitación. “Desde el 2012, año en el que la CIJ resolvió la disputa, Colombia y Nicaragua han tenido la posibilidad de negociar acuerdos en materia pesquera, navegación y explotación de recursos, y en muchos otros ámbitos como la cooperación transfronteriza marina, el turismo, etc.”, explica.

“En vez de ello, se enfrascaron en dos nuevas disputas interpuestas por Nicaragua ante la actitud desafiante de Colombia”, añade el especialista.

El 13 de julio de 2023, la Corte rechazó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en espacios que se superponían con los derechos correspondientes a Colombia. La decisión fue adoptada por trece votos contra cuatro en la cuestión principal.

El tribunal concluyó que, conforme al derecho internacional consuetudinario, la plataforma continental extendida de un Estado no puede penetrar en la plataforma continental situada dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.

Colombia celebró esa decisión, que le resultó favorable. Sin embargo, el fallo no modificó la delimitación marítima establecida en 2012 ni anuló la sentencia de 2022 sobre las violaciones de derechos soberanos nicaragüenses.

¿Puede Colombia recuperar el mar reconocido a Nicaragua?

Para Nicolás Boeglin, Colombia está obligada a respetar la delimitación marítima de 2012, independientemente de las medidas administrativas que adopte su Gobierno. “Colombia debe acatar lo dispuesto en la sentencia de la CIJ de noviembre del 2012”, afirma.

El especialista recuerda que Nicaragua intentó durante más de dos décadas resolver la controversia mediante negociaciones antes de acudir al tribunal internacional. “Cabe recordar que desde 1980, Nicaragua esperó pacientemente que Colombia aceptara sentarse a negociar y que no fue sino hasta el 2001 que entabló un procedimiento contra Colombia ante la CIJ, ante la negativa de Colombia de aceptar que parte de los reclamos de Nicaragua eran válidos desde el punto de vista jurídico”, explica.

Boeglin señala que Colombia tuvo a su disposición mecanismos judiciales para solicitar una aclaración o intentar una revisión de la sentencia. “Desde noviembre del 2012, Colombia pudo presentar una solicitud de aclaración a la CIJ o una solicitud de revisión del fallo del 2012, y no lo ha hecho”, sostiene.

Uno de los argumentos históricos de Colombia ha sido que las fronteras internacionales solamente pueden modificarse mediante tratados aprobados por los Estados. Esa interpretación fue utilizada por Juan Manuel Santos después de la sentencia de 2012 y ha reaparecido en el debate sobre las nuevas medidas.

Boeglin rechaza ese razonamiento cuando se utiliza para desconocer una delimitación realizada por un tribunal competente. “No tiene mayor valor si dos Estados han tenido que recurrir a la CIJ para que lo establezca, ante su incapacidad para negociar un acuerdo bilateral de delimitación marítima”, responde.

El profesor cita otros litigios latinoamericanos en los que la Corte estableció fronteras marítimas mediante sentencias: Nicaragua y Honduras en 2007, Chile y Perú en 2014, y Costa Rica y Nicaragua en 2018.

En esos casos, los países acudieron al tribunal porque no habían conseguido resolver sus diferencias mediante acuerdos bilaterales. Las sentencias establecieron delimitaciones obligatorias para las partes, independientemente de que los gobiernos estuvieran satisfechos con los resultados.

Colombia puede aprobar líneas de base que respeten el derecho internacional, pero no utilizarlas para modificar la frontera establecida en 2012.

Caso cerrado

El ex canciller colombiano Julio Londoño también considera que De la Espriella puede establecer las líneas de base del archipiélago, siempre que respete las normas internacionales y las sentencias de la Corte.

“Yo creo que lo único de lo cual se trata es que el presidente está ‘echando mano’ a una vieja ley del año de 1978 en el sentido de señalar desde dónde se miden los espacios marítimos en las islas y cayos del archipiélago de San Andrés”, afirmó Londoño en declaraciones a Noticias Caracol.

El ex canciller sostuvo que las principales cuestiones jurídicas de la controversia ya fueron resueltas. “El caso jurídicamente está cerrado. La Corte cerró el caso completamente con dos fallos fundamentales, 2012 y 2022”, señaló.

Londoño, sin embargo, advirtió que todavía no se conocen los detalles de la iniciativa presidencial. “Habrá que ver cuál es el sentido del decreto que todavía no lo conocemos”, expresó.

El hasta hace poco ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara, defendió una interpretación más amplia de las facultades del Gobierno. Según explicó, el objetivo consiste en trazar las líneas alrededor del archipiélago como conjunto, de manera que las aguas comprendidas entre sus formaciones puedan considerarse aguas interiores colombianas.

Lara sostuvo que el fallo de 2012 es “inaplicable en su literalidad” y cuestionó que la delimitación judicial tratara determinadas formaciones insulares de manera separada. A su juicio, Colombia debe defender la integridad del archipiélago como una unidad territorial.

El internacionalista colombiano Fabián Cárdenas también ha advertido sobre los límites que imponen las sentencias existentes. Según su análisis, las decisiones de 2012, 2022 y 2023 deben examinarse conjuntamente y el Gobierno no puede desconocer la delimitación judicial.

Boeglin: “Pura pose política”

Nicolás Boeglin atribuye el nuevo enfrentamiento con Nicaragua a las posiciones políticas del presidente De la Espriella, a quien considera dispuesto a desafiar normas y consensos internacionales.

Como ejemplos menciona el reconocimiento colombiano de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y la decisión de trasladar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, dos asuntos sobre los cuales existen resoluciones y posiciones internacionales ampliamente conocidas.

“Esta falsa controversia con Nicaragua es pura pose política de un mandatario que sigue las enseñanzas de la escuela (Donald) Trump y de la escuela (Benjamín) Netanyahu: la política convertida en un espectáculo diario, azuzando y polarizando la atención a punta de ocurrencias e iniciativas a partir de argumentos más que cuestionables”, sostiene Boeglin.

El presidente colombiano ha mantenido una posición crítica frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ha anunciado que fortalecerá sus relaciones con Estados Unidos y otros gobiernos aliados.

Boeglin considera que las diferencias políticas entre Colombia y Nicaragua no deberían impedir acuerdos sobre pesca, navegación, explotación de recursos y protección ambiental. En su opinión, ambos países desaprovecharon la oportunidad de negociar después de la sentencia de 2012.

Silencio del régimen de Nicaragua

Hasta el 24 de octubre no se conoce una reacción oficial de Daniel Ortega, Rosario Murillo o la Cancillería nicaragüense al anuncio realizado cuatro días antes por De la Espriella.

Nicaragua exigió durante los últimos 14 años que Colombia cumpla la sentencia de 2012 y reconozca los derechos marítimos establecidos por la Corte.

Tras aquella decisión, Ortega celebró el resultado y cuestionó el rechazo colombiano. En declaraciones posteriores llegó a sostener que Colombia solamente podía recurrir a la “corte celestial”, en referencia a que la sentencia de la CIJ era definitiva e inapelable.

La Asamblea Nacional nicaragüense también respaldó la exigencia de cumplimiento y promovió la posibilidad de establecer mecanismos de diálogo bilateral. Durante los años siguientes, Nicaragua sostuvo que Colombia debía reconocer plenamente la nueva frontera marítima y respetar las actividades autorizadas por Nicaragua en su zona económica exclusiva.

Después del fallo de 2023, desfavorable a la pretensión nicaragüense de ampliar su plataforma continental, el Gobierno de Ortega y Murillo afirmó que reconocía la decisión judicial, aunque mantuvo su exigencia de que Colombia cumpliera la sentencia de 2012.

El economista y opositor nicaragüense Enrique Sáenz ha rechazado las pretensiones anunciadas por De la Espriella, aunque mantiene una posición abiertamente crítica frente al régimen de Ortega y Murillo.

“Una cosa es que los nicaragüenses comprometidos con la democracia nos esforcemos por profundizar el aislamiento de la dictadura dinástica y otra muy distinta es aceptar que el presidente de Colombia quiera aprovecharse de la situación para arrebatar parte del territorio nacional, que es patrimonio de todos los nicaragüenses”, expresó Sáenz. “¡Rechazamos a Ortega, pero también debemos rechazar la pretensión de De la Espriella!”

Para el opositor, los derechos marítimos reconocidos por la Corte pertenecen a Nicaragua y no al Gobierno que se encuentre en el poder.

¿Puede Nicaragua volver a demandar a Colombia?

Presentar una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia sería más complicado que en 2001 o 2013 porque Colombia denunció el Pacto de Bogotá, instrumento que había servido como fundamento para que Nicaragua llevara sus reclamaciones ante el tribunal.

Ambos países podrían acordar someter una disputa específica a la CIJ o a otro mecanismo internacional. Esa alternativa, sin embargo, requeriría el consentimiento de Colombia, que ha mantenido una posición crítica frente a la delimitación marítima de 2012.

Nicaragua también podría presentar protestas diplomáticas, solicitar explicaciones sobre el decreto o promover negociaciones bilaterales. Si considerara que Colombia está incumpliendo una sentencia, tendría además la posibilidad de acudir a mecanismos previstos en la Carta de Naciones Unidas.

“El artículo 94 inciso 2 de la Carta de Naciones Unidas establece que un Estado puede recurrir al Consejo de Seguridad si otro Estado incumple con un fallo de la CIJ”, explica Boeglin.

Ese mecanismo no garantiza que el Consejo adopte medidas contra Colombia, pero ofrece una vía internacional para denunciar el incumplimiento de una sentencia sin necesidad de iniciar necesariamente otro litigio ante la Corte.

El anuncio colombiano también incluye el fortalecimiento de la presencia de la Armada en el Caribe. De la Espriella ha prometido defender los espacios marítimos que su Gobierno considera parte de la soberanía nacional.

Las actividades de vigilancia naval no constituyen por sí mismas una violación del derecho internacional. Los incidentes podrían surgir si embarcaciones colombianas intentaran impedir actividades pesqueras o científicas autorizadas por Nicaragua en su zona económica exclusiva.

La sentencia de 2022 examinó precisamente actuaciones de embarcaciones colombianas que interferían con actividades desarrolladas bajo jurisdicción nicaragüense.

Consultado sobre la posibilidad de una confrontación militar, Boeglin respondió que no descarta acciones de fuerza por parte del Gobierno colombiano. “Como Estados Unidos juega a atizar los ánimos, como lo hizo recientemente sugiriendo que las Malvinas son argentinas, y que el presidente de Colombia está demostrando no tener mayor reparo en ignorar reglas fundacionales del sistema jurídico internacional vigentes desde 1945, no se puede excluir nada de su parte”, señaló.

La Policía Nacional de Nicaragua informó este viernes que dos agentes fueron detenidos y dados de baja por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven de 21 años en Managua, después de una persecución que comenzó cuando la víctima y otro adolescente no acataron una señal de alto.

Los detenidos son Humberto C. y Kenner D., quienes, según la versión oficial, serán puestos a disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio. El caso ocurrió la noche del jueves 22 de octubre.

De igual forma, la institución indicó que los hechos comenzaron cerca de las 20:30 (hora local), en las inmediaciones de la rotonda Universitaria Rigoberto López Pérez, en el acceso al Estadio Nacional de Fútbol. Allí circulaban en una motocicleta Pedro Pablo Sevilla Vega, de 21 años, y Stiven Josué Guido Reyes, de 18, ambos con cascos de protección.

De acuerdo con la información oficial, los dos jóvenes viajaban a unos 200 metros al oeste de la rotonda cuando los agentes les hicieron una señal de detención.

La persecución terminó en el Distrito 1 de Managua

La Policía sostuvo que Pedro Sevilla Vega y Stiven Guido Reyes no atendieron la orden y escaparon del lugar. Los uniformados iniciaron entonces una persecución hacia el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua).

El seguimiento concluyó en las cercanías de la ermita de Santo Domingo, en el Distrito 1 de Managua. Según el reporte de la institución, los policías alcanzaron a los dos jóvenes en ese punto y los agredieron físicamente.

La información oficial no precisa cuánto tiempo duró la persecución ni detalla las circunstancias en las que se produjeron las agresiones. Tampoco informa si los agentes portaban armas o si existieron otros policías presentes durante el operativo.

Tras el episodio, familiares de Pedro Sevilla lo trasladaron a un hospital, donde fue declarado fallecido. La Policía señaló que el cuerpo fue examinado por un médico forense del Instituto de Medicina Legal.

Autopsia atribuyó la muerte a un trauma contundente

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue un trauma contundente, según el comunicado policial. Esa conclusión vincula el fallecimiento con un tipo de lesión provocada por el impacto de un objeto o por golpes, aunque el reporte no identifica qué habría causado las heridas.

El otro joven que viajaba en la motocicleta, Stiven Guido, también habría sido agredido, de acuerdo con la versión difundida por las autoridades.

La Policía Nacional afirmó que los dos agentes fueron separados de la institución tras conocerse el caso. La medida implica su baja deshonrosa, mientras avanza el proceso judicial por homicidio.

Ambos enfrentarán las actuaciones de las autoridades correspondientes. El anuncio representa un reconocimiento oficial de que los agentes son señalados como presuntos autores de la agresión que terminó con la muerte de una persona.

El caso quedó bajo investigación y las investigaciones determinarán la responsabilidad penal de los detenidos, así como las circunstancias en las que ocurrió la persecución y la posterior agresión contra los dos jóvenes.

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el 22 de octubre de 2026 una reforma que trasladó la Secretaría Jurídica de la Presidencia y La Gaceta, Diario Oficial, a la Procuraduría General de Justicia, la cual fue publicada el viernes 23 de octubre en La Gaceta.

La medida concentra en ese organismo la elaboración de normas impulsadas desde la Presidencia y la publicación oficial de leyes, decretos, acuerdos y nombramientos estatales.

La Ley Nº. 1285 convierte a la Secretaría Jurídica en una instancia adscrita a la Procuraduría General de Justicia, como sucesora de la dependencia que hasta entonces formaba parte de la Presidencia de la República.

La norma también establece que La Gaceta dependerá jerárquicamente de la Procuraduría.

La reforma fue sancionada el mismo día en Managua por Ortega y Murillo, identificados en la ley como copresidente y copresidenta de Nicaragua. Su vigencia comenzó a partir de la publicación en el diario oficial.

La Procuraduría, con nuevas funciones sobre normas y publicaciones

La Secretaría Jurídica conservará sus tareas de participación en la formulación, elaboración y modificación de propuestas legales, reglamentarias y administrativas. También elaborará los acuerdos presidenciales para el nombramiento, traslado o destitución de funcionarios cuya designación corresponde a la Presidencia.

La dependencia deberá preparar las actas y certificaciones vinculadas con esas decisiones y mantener sus registros. Además, tendrá a su cargo los autos y resoluciones relacionados con recursos de apelación administrativa, conforme a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Entre sus atribuciones figura la formulación de iniciativas de ley y decretos legislativos que la Presidencia presente ante la Asamblea Nacional.

La Secretaría Jurídica tramitará luego su sanción, promulgación y publicación, y llevará los libros de acuerdos y decretos presidenciales.

La exposición de motivos sostiene que el cambio busca “mejorar la eficiencia institucional, racionalizar el gasto público y optimizar el funcionamiento de las entidades estatales”. La reforma añade que la adscripción de ambas instancias fortalecerá “la gestión operacional y estratégica del sector público”.

La Procuraduría General de Justicia ya ejercía la representación legal del Estado y el control de los Registros Públicos, que habían dejado de estar bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023. Con la incorporación de La Gaceta, asume también la administración del canal oficial para divulgar disposiciones estatales.

El control sobre La Gaceta y sus recursos

La Gaceta continuará como el diario oficial del Gobierno de Nicaragua y deberá regirse por la normativa vigente en la materia. La directora o el director presentará a la procuradora o al procurador general, dentro de los primeros 10 días de cada mes, un reporte de gestión correspondiente al período anterior.

La Procuraduría resolverá, con autorización previa de la Presidencia, las dudas sobre las publicaciones gratuitas, las prioridades de difusión por razones de importancia o urgencia y otros asuntos de funcionamiento que requieran decisión superior. También aprobará el número de páginas y el tiraje de cada edición, a propuesta de la dirección del diario oficial.

La ley prevé publicaciones sin costo, con solicitud y autorización de la Presidencia, para documentos vinculados con actividades oficiales en las que participen el copresidente, la copresidenta o personas que actúen por delegación expresa presidencial. La Presidencia determinará la importancia y trascendencia de esas actividades para justificar su difusión gratuita.

La procuradora o el procurador general podrá autorizar nuevas ediciones extraordinarias de ejemplares agotados cuando exista demanda pública. La solicitud deberá indicar la edición requerida, la cantidad de copias y su justificación técnica y presupuestaria.

La norma transfiere a la Procuraduría la administración, uso y custodia de los recursos presupuestarios, financieros y patrimoniales asignados a la Secretaría Jurídica y a La Gaceta. El traslado incluye bienes muebles e inmuebles, vehículos, mobiliario, equipos, sistemas informáticos, archivos físicos y digitales, acervo documental y otros recursos.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá efectuar, junto con la Procuraduría General de Justicia, los cambios presupuestarios, financieros, contables y patrimoniales necesarios para ejecutar la reforma.

Ortega y Murillo han situado a ocho de sus hijos en cargos del Estado o empresas estatales de Nicaragua, junto con varias nueras, en una red familiar más extensa que la construida por Anastasio Somoza Debayle, quien preparó a un solo descendiente como heredero antes de la caída de su régimen en 1979.

La Asamblea Nacional eliminó la figura de vicepresidente y creó los “designados presidenciales”, cuya cantidad y funciones quedarán en manos de Ortega y Murillo. La modificación abre una nueva posibilidad para ampliar la presencia de la familia en la estructura estatal.

Nicaragua ha atravesado dos períodos prolongados de control político familiar: el de los Somoza, concluido en 1979, y el de Ortega y Murillo, aún vigente. La comparación entre ambas familias muestra una diferencia en el número de descendientes incorporados a puestos de poder, según Nicaragua Investiga.

Anastasio Somoza Debayle tuvo cinco hijos con Hope Portocarrero: Anastasio, Carla, Carolina, Julio y Roberto. Solo Anastasio Somoza Portocarrero, conocido como “El Chigüín”, ocupó un lugar en el aparato de poder y fue considerado el sucesor de su padre.

Como mayor de la Guardia Nacional, Somoza Portocarrero impulsó la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, organizada en 1977. Antes de él, Anastasio Somoza García había integrado al poder a sus dos hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle.

Ocho hijos en cargos públicos y vínculos familiares en organismos estatales

La pareja tiene nueve hijos: Carlos Enrique, Daniel Edmundo, Juan Carlos, Camila, Luciana, Maurice, Rafael, Laureano y Zoilamérica. Excepto Zoilamérica, exiliada, los demás ocupan funciones en el régimen o en empresas estatales.

El medios digital Nicaragua Investiga revela que Laureano Ortega es el miembro de la familia con mayor exposición pública. Se desempeña como asesor presidencial para la Promoción de las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional y, desde 2023, actúa como enlace con China, Rusia, Bielorrusia e Irán.

Daniel Edmundo fue designado por medio de La Gaceta como coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Maurice recibió el cargo de delegado presidencial del deporte.

Camila y Luciana viajaron a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de 2015 acreditadas como asesoras presidenciales. Rafael, el mayor de los hijos, asistió como asesor con rango de ministro y dirigía las empresas petroleras de la familia.

La presencia familiar también alcanza a las parejas de los hijos. En 2024, Mara Vanessa Stotti, esposa de Daniel Edmundo, fue nombrada codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo; Idania Castillo, exesposa de Juan Carlos, fue designada codirectora de la Cinemateca Nacional en 2014.

Blanca Díaz, esposa de Maurice, trabaja como asesora en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Es hija de Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y consuegro de la pareja, mientras que su hermana Nahima Díaz dirige desde 2020 el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, organismo regulador de las telecomunicaciones del país, informí Nicaragua Investiga.

La Ley de Probidad de los Servidores Públicos inhabilita a familiares de la pareja para ejercer esas funciones. Murillo celebró recientemente que tiene más de 40 nietos, a quienes Nicaragua Investiga describió como posibles futuros integrantes de la estructura de poder.

La Embajada de Estados Unidos en San José afirmó este viernes que las prácticas de empresas mineras chinas en Nicaragua están empujando a mineros artesanales a cruzar hacia Costa Rica, donde realizan extracción ilegal de oro en la zona fronteriza norte.

La representación diplomática sostuvo, en una publicación en redes sociales, que esas compañías suelen aplicar métodos coercitivos contra pequeños productores nicaragüenses, entre ellos la compra de mineral a valores inferiores a los del mercado. Según la embajada, esa situación ha incentivado el traslado de trabajadores hacia territorio costarricense.

“Cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar ilegalmente y extraer oro ilegalmente”, señaló la sede diplomática estadounidense. La publicación no precisó la cantidad de personas que habría atravesado la frontera ni identificó a las compañías vinculadas con esas denuncias.

El mensaje añadió que la actividad ejerce una presión creciente sobre la frontera norte de Costa Rica. Estados Unidos, de acuerdo con la embajada, respalda al país centroamericano en las tareas de protección fronteriza y en la lucha contra la minería ilegal y otros delitos asociados al tránsito transfronterizo.

El señalamiento ocurre después de una expansión de las concesiones mineras entregadas por el Gobierno de Nicaragua a empresas de capital chino. Una publicación de Forbes Centroamérica indica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1,277,389.38 hectáreas, lo que representa el 10% del territorio nicaragüense, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes”.

Los datos están basados en registros de la oenegé ambientalista Fundación del Río.

Según una publicación de octubre de 2025 de la agencia EFE, las autorizaciones abarcan áreas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, el denominado Triángulo Minero y departamentos del centro, norte y sur del país. Entre las zonas incluidas figuran municipios de Nueva Segovia, Boaco, Chontales, Estelí y las regiones del Caribe.

Las concesiones autorizan el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, bajo modalidades que incluyen la minería a cielo abierto. Parte de los lotes se ubica en zonas cercanas a territorios indígenas y reservas ambientales, según las resoluciones oficiales citadas por medios independientes y agencias internacionales.

Un informe de la Fundación Andrés Bello, difundido en octubre de 2025 y basado en datos oficiales analizados por el medio nicaragüense Confidencial, estimó que ocho empresas chinas acumulaban 503,562 hectáreas en concesiones mineras entre 2023 y 2025.

Brother Metal, Zhong Fu y Thomas Metal concentran parte de los lotes

Entre las compañías que han recibido mayores extensiones figura Zhong Fu Development S.A., que en mayo de 2024 acumulaba ocho lotes con alrededor de 181 mil hectáreas, de acuerdo con un análisis de Confidencial sobre publicaciones de La Gaceta, el diario oficial nicaragüense.

A esa firma se sumaron Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., Brother Metal S.A., Waslala Mine S.A., Three Gold Coins Company S.A. y Little Stone Mine S.A. Las licencias suelen tener una vigencia de 25 años e incluyen derechos para la exploración, la explotación y la instalación de plantas destinadas al procesamiento de minerales.

En junio de 2025, el Ministerio de Energía y Minas concedió dos nuevos lotes a Brother Metal y Thomas Metal, con una extensión conjunta de 29,613,96 hectáreas en municipios de la Costa Caribe Norte. Con esas resoluciones, el número de concesiones otorgadas a firmas chinas había ascendido a 21, por un total de 196,640.35 hectáreas, según EFE.

El crecimiento de las áreas bajo control de estas empresas coincide con el aumento del peso del oro dentro de las exportaciones nicaragüenses. También ha elevado la preocupación por los efectos sobre la minería artesanal, las comunidades asentadas en las áreas concesionadas y los ecosistemas cercanos a las zonas de extracción.

El Gobierno de España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a 46 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Despacho 505.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros español durante su sesión del martes 20 de octubre de 2026 y quedó formalizada mediante los Reales Decretos 870/2026 al 915/2026.

Los decretos fueron firmados el 21 de octubre por el rey Felipe VI y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La resolución fue publicada este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

Entre los beneficiarios se encuentran el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena Sequeira; la abogada y defensora de derechos humanos María del Socorro Oviedo Delgado; el opositor Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero; el expreso político y miembro de la familia Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios; la activista universitaria Adela Elizabeth Espinoza Tercero, y el opositor Abdul Montoya Vivas.

La concesión se basa en las “circunstancias excepcionales” previstas por la legislación española. La nacionalidad por carta de naturaleza es un procedimiento discrecional regulado en el artículo 21 del Código Civil español.

A diferencia del trámite ordinario por residencia, no exige haber cumplido un periodo mínimo de permanencia legal en España y puede otorgarse mediante una decisión del Consejo de Ministros ante situaciones de persecución o vulnerabilidad.

La medida se produce después de que, en febrero de 2023, el régimen nicaragüense despojara de su nacionalidad a cientos de opositores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos. Según la información publicada por Despacho 505, las autoridades nicaragüenses también han bloqueado la emisión o renovación de pasaportes en sus sedes consulares, lo que ha dificultado la movilidad y la regularización de las personas afectadas.

Para que la concesión sea efectiva, cada beneficiario deberá completar el trámite de juramento o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, dentro de los plazos establecidos por la legislación de ese país.

La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) celebró la decisión del Gobierno español. José Denis Cruz, coordinador general de la organización con sede en Madrid, afirmó que la medida representa “un respaldo para quienes han sido despojados de derechos fundamentales y necesitan recuperar la seguridad jurídica y la posibilidad de reconstruir sus vidas”.

Cruz señaló que la apatridia no constituye únicamente un problema documental, porque afecta la identidad, la libertad de movimiento, el ejercicio de derechos y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. La organización espera que la decisión española permita ampliar la protección a otros nicaragüenses que atraviesen situaciones similares.

De acuerdo con datos de la Oficina de Asilo y Refugio de España, Nicaragua se encuentra entre los tres países con más de beneficiarios de protección internacional en el país europeo. De hecho, entre 2018 y 2025, el país español ha brindado asilo a 5,747 nicaragüenses.

El asilo es concedido por España cuando existen temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.

Costa Rica expresó su apoyo a seis organizaciones juveniles y estudiantiles de Nicaragua que denunciaron la crisis de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una señal de respaldo diplomático a los sectores que reclaman la recuperación de las libertades civiles y políticas en el país centroamericano.

La representación permanente costarricense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió el 21 de octubre una comunicación a los grupos, que habían dirigido una carta el 24 de septiembre a la entonces ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Indiana Trejos Gallo.

Según informó Artículo 66, la misión de Costa Rica señaló que las preocupaciones planteadas por las organizaciones fueron recogidas en la resolución aprobada el 2 de octubre durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. El texto regional reclama medidas para frenar el deterioro institucional en Nicaragua y restablecer derechos suspendidos o restringidos.

La carta estuvo dirigida a la Alianza Universitaria Nicaragüense, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, el Movimiento UNA 19 de Abril, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, AVANZA-Acción Universitaria y la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. La diplomacia costarricense reconoció el aporte de esas agrupaciones y destacó el papel de los jóvenes en la búsqueda de una salida democrática.

La resolución de la OEA plantea la liberación incondicional de las personas detenidas por razones políticas y la divulgación del paradero y la situación de quienes permanecen desaparecidos de forma forzada. También pide la restitución de la nacionalidad y de los derechos civiles y políticos a quienes fueron privados de ellos.

El documento reclama el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión, además de garantías para el funcionamiento de organizaciones civiles, medios de comunicación independientes, universidades y asociaciones empresariales. También solicita la devolución o compensación de bienes confiscados.

En el plano institucional, la OEA instó a recuperar la independencia de los poderes públicos, la separación de poderes y las condiciones para elecciones libres, justas, inclusivas y con observación internacional creíble. La resolución prevé un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que debía comenzar sus labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del texto y presentar recomendaciones en un plazo de 60 días.

Costa Rica reafirmó, de acuerdo con la información publicada por Artículo 66, su compromiso con los derechos humanos del pueblo nicaragüense y con una solución pacífica y democrática. El país también planteó ante la OEA la necesidad de que la respuesta regional no se limite a declaraciones de preocupación.

La presión internacional combina reclamos diplomáticos y sanciones selectivas

La iniciativa regional se suma a otras medidas y pronunciamientos contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Reuters indicó que República Dominicana anunció el retiro de su embajada en Nicaragua durante la reunión de cancilleres. Managua abandonó formalmente la OEA en 2023, pero el organismo sostiene que Nicaragua mantiene obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estados Unidos, por su parte, mantiene sanciones contra funcionarios, familiares del matrimonio gobernante y entidades vinculadas al Estado nicaragüense. La Oficina del Representante Comercial estadounidense anunció además un arancel gradual para importaciones nicaragüenses que no estén cubiertas por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos: la tasa será de 0% en 2026, subirá a 10% el 1 de enero de 2027 y llegará a 15% en 2028.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas documentó 199 detenciones por motivos políticos entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026, de acuerdo con un reporte citado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La nueva instancia de seguimiento de la OEA deberá evaluar si Managua atiende las exigencias regionales y proponer medidas diplomáticas y jurídicas no militares.

El opositor nicaragüense Félix Maradiaga cuestionó, en declaraciones recogidas por Artículo 66, la reforma constitucional aprobada este jueves 22 de octubre por la Asamblea Nacional. El cambio incorpora la figura de los «designados presidenciales» y elimina la vicepresidencia, una modificación que, a juicio del opositor, evidencia los problemas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para establecer un mecanismo de sucesión que garantice la continuidad del poder.

«Lo que la dictadura aprobó este jueves no es una reforma constitucional. Es el tercer bandazo en menos de tres años de un régimen que no logra resolver su propio problema de sucesión», afirmó Maradiaga, según el medio nicaragüense.

La reforma modifica el artículo 126 de la Constitución y faculta a la Presidencia para nombrar a los designados, quienes asumirían funciones ejecutivas delegadas. La disposición permite que esas responsabilidades recaigan en personas de confianza de Ortega y Murillo, aunque no hayan obtenido un cargo mediante elecciones.

Para Maradiaga, la nueva figura representa el último de varios cambios constitucionales que muestran la falta de una fórmula estable para organizar la sucesión en Nicaragua. Recordó que primero se habilitó la posibilidad de nombrar a varios vicepresidentes, después se instauró la copresidencia y ahora se elimina la vicepresidencia para dar paso a los designados.

«Ninguna de esas reformas es coherente con la anterior. Una dictadura que estuviera en control no necesitaría reescribir su Constitución cada pocos meses», sostuvo el opositor en declaraciones citadas por Artículo 66.

El dirigente también destacó la posible inclusión de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante, entre los nombres que podrían ocupar una designación presidencial. Según Maradiaga, esa posibilidad refuerza la interpretación de que el régimen busca asegurar la continuidad del poder dentro de la familia gobernante.

«El nombre de Laureano Ortega Murillo en la lista de posibles designados confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica», afirmó.

La reforma permite que la Presidencia asigne funciones a los designados, una disposición que podría facilitar el traslado de responsabilidades ejecutivas a integrantes del círculo de confianza de Ortega y Murillo. Maradiaga sostuvo que el rumbo del país apunta hacia un sistema de partido único.

«Lo que aspira a construir es un partido único, una Corea del Norte en Centroamérica, y hacia allá camina Nicaragua», señaló el opositor, de acuerdo con el reporte de Artículo 66.

Maradiaga describió las modificaciones como una muestra de la fragilidad del régimen. «Esa es la medida real de su fragilidad. No son las decisiones de un régimen que gobierna con seguridad. Son las decisiones de un régimen desesperado y atrapado en la trampa que él mismo construyó», dijo.

También afirmó que los cambios constitucionales no pueden sustituir la voluntad ciudadana. «Pueden cambiar la Constitución tantas veces como quieran. Lo que no pueden cambiar es que ningún designado presidencial sustituye la voluntad de una nación», expresó.

La aprobación de la reforma ocurre mientras el Gobierno nicaragüense permanece bajo el escrutinio de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El organismo aprobó el 2 de octubre una resolución por consenso para crear un Grupo Ministerial de Seguimiento, encargado de impulsar contactos con Managua y escuchar a sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición en el exilio.

La resolución establece que el grupo deberá iniciar sus trabajos dentro de 30 días y presentar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas en un plazo de hasta 60 días. Maradiaga recordó que Ortega anunció el 19 de julio que no habría nuevas elecciones, una declaración que, según él, fue seguida por una retractación y nuevas medidas constitucionales.

«La única explicación de ese nerviosismo es el miedo. Miedo al pueblo nicaragüense, y miedo incluso a quienes hoy se definen como votantes sandinistas», concluyó.

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo realiza “incautaciones ilegales” de bienes de ciudadanos de Estados Unidos en Nicaragua. El funcionario recomendó a los estadounidenses extremar las precauciones antes de realizar inversiones en ese país.

“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses que ejerzan una precaución extrema antes de invertir en Nicaragua”, escribió Segura en un mensaje publicado el 22 de octubre en su cuenta de X.

El subsecretario sostuvo que las autoridades nicaragüenses han sido señaladas por incautar propiedades y activos financieros sin notificación previa ni justificación legal. También instó a los ciudadanos estadounidenses a revisar los riesgos antes de que afecten sus intereses y a reconsiderar los viajes al país centroamericano.

Ocho estadounidenses recuperaron las llaves de sus viviendas

La publicación de Segura incluyó un reporte de Telemundo 51, difundido el 17 de octubre, sobre ocho ciudadanos estadounidenses que recuperaron las llaves de sus viviendas en Nicaragua.

De acuerdo con ese informe, los propietarios todavía no cuentan con garantías sobre sus inmuebles. El mensaje no precisó la ubicación de las propiedades ni el tipo de trámite que permitió la devolución de las llaves.

El funcionario remitió además a la alerta de viajes del Departamento de Estado para Nicaragua, en la que se detallan las recomendaciones para los ciudadanos de Estados Unidos que evalúan viajar o mantener inversiones en el país.

Vale recalcar que nueve jubilados estadounidenses empezaron a recuperar las llaves de sus casas de lujo en Nicaragua, confiscadas por la dictadura hace menos de dos meses. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) inició las devoluciones el jueves 15 de octubre, cuatro días después de que El Confidencial Nicaragua reveló el despojo.

Las autoridades de Nicaragua no emitieron explicación pública alguna, ni sobre el motivo original de la confiscación ni sobre esta marcha atrás. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ocupó nueve viviendas en Tola a finales de agosto de 2026 y las transfirió al INSS sin explicación oficial; cuatro días después de que la prensa reveló el caso, el instituto comenzó a entregar las llaves, aunque sin confirmar si la restitución será total.

La declaración se produjo en momentos en que Washington mantiene una postura crítica frente al gobierno nicaragüense por denuncias relacionadas con restricciones a las libertades públicas, persecución contra opositores y ahora confiscaciones de bienes a ciudadanos norteamericanos.

Sobre el despojo de las viviendas en Tola

Las casas están ubicadas en playa Gavilán, en el municipio de Tola, departamento de Rivas, sobre la costa del Pacífico nicaragüense. La PGJ las confiscó a finales de agosto y luego las donó al INSS, el mismo mecanismo que el régimen ha aplicado durante años contra opositores y expresos políticos.

El día de la ocupación, los dueños se encontraban fuera del país. En las viviendas solo estaban los vigilantes, a quienes hombres que se identificaron como “funcionarios del INSS” ordenaron retirarse porque los inmuebles habían “pasado a manos de la institución”.

Desde entonces, personas puestas por el Gobierno custodiaban las propiedades, según los afectados.

La educación pública en Nicaragua acumuló una evaluación negativa entre las personas que participaron en la “Consulta Ciudadana de septiembre de 2026″, elaborada por Hagamos Democracia NIC-CR. De las 397 respuestas recogidas sobre ese servicio, 342, equivalentes al 86.1%, la calificaron de forma desfavorable.

El sondeo, realizado en 40 unidades territoriales del país, también indagó sobre la percepción de adoctrinamiento político en centros educativos. De las 392 personas que respondieron esa pregunta con “sí” o “no”, 347 afirmaron haberlo observado. La cifra representa el 88.5% de las respuestas sustantivas.

El informe reúne 400 respuestas válidas y define su alcance como descriptivo y no probabilístico. Por ello, los resultados exponen las opiniones de quienes participaron en la consulta y no pueden trasladarse como una estimación estadística del conjunto de la población nicaragüense.

La partidización del sistema educativo fue el problema más mencionado por las personas que calificaron negativamente la enseñanza pública. De las 342 respuestas desfavorables, 285 señalaron ese aspecto, lo que equivale al 83.3% de ese grupo.

La consulta permitió elegir más de una respuesta. Después de la partidización, 126 personas, el 36.8%, apuntaron a deficiencias en los programas académicos. La misma cantidad consideró insuficiente la preparación del personal docente.

Otros cuestionamientos tuvieron menor peso dentro de ese grupo. Un total de 43 participantes, el 12.6%, aludió al deterioro de la infraestructura, mientras que 38, el 11.1%, señaló falta de recursos.

La información sitúa la valoración del servicio más allá de los problemas materiales. Entre las respuestas recogidas aparecen, al mismo tiempo, objeciones sobre la calidad de los contenidos, la formación de docentes y la presencia de criterios políticos en el funcionamiento de las instituciones.

La mayoría ubicó el adoctrinamiento en centros públicos y privados

El cuestionario también pidió precisar en qué tipo de institución se había observado adoctrinamiento. De las 347 personas que respondieron afirmativamente, 346 detallaron el ámbito donde lo habían percibido.

La opción mayoritaria fue que el fenómeno ocurre tanto en instituciones públicas como privadas. Esa respuesta reunió a 285 personas, el 82.4% de quienes identificaron adoctrinamiento y luego contestaron la pregunta de seguimiento.

Otras 57 personas, el 16.5%, señalaron exclusivamente a instituciones públicas. Tres participantes, el 0.9%, ubicaron esa práctica exclusivamente en establecimientos privados. Una persona no precisó el lugar o dijo no saber dónde ocurría.

La evaluación negativa bajó frente a junio, aunque siguió por encima del 80%

El informe comparó los resultados de septiembre con la consulta anterior, realizada en junio. La proporción de respuestas negativas sobre educación pública pasó de 92.9% a 86.1%, una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

La percepción de adoctrinamiento también descendió en esa comparación: fue de 91.1% en junio y de 88.5% en septiembre. Pese a esa baja, ambos indicadores permanecieron por encima del 80% entre las respuestas sustantivas de la ronda más reciente.

Hagamos Democracia NIC-CR advierte que las diferencias entre ambas consultas son descriptivas. La composición de los grupos consultados puede variar y, debido al carácter no probabilístico de la muestra, los cambios no permiten establecer una evolución de la población general.

La Policía Nacional de Nicaragua informó que Rafael Antonio Valdez García confesó el asesinato de su cónyuge, Jasmina López Castro, y de la hija de ambos, Belkania Balezka Valdez López, en un hecho ocurrido durante la madrugada del sábado 17 de octubre en Liberia, provincia de Guanacaste, Costa Rica.

La versión fue divulgada en un comunicado de la institución, que reprodujo detalles de la declaración atribuida al detenido. Según ese documento, Valdez García relató que entró cerca de las 00:30 a la habitación donde dormían las víctimas con un machete.

El comunicado policial señala que el hombre cortó la cuerda que sostenía el mosquitero de la cama. Jasmina López Castro despertó e intentó levantarse, de acuerdo con el relato presentado por las autoridades nicaragüenses. En ese momento, el sospechoso la habría atacado con el arma.

La niña dormía junto a su madre al momento del ataque

La Policía indicó que el detenido reconoció haber continuado la agresión contra su cónyuge. El documento añade que dijo haberle causado una nueva herida para asegurarse de que no sobreviviera.

La hija de la pareja, Belkania Balezka Valdez López, dormía en la misma cama que su madre. La niña también sufrió heridas mortales durante el ataque, según la confesión que la institución atribuyó a Valdez García.

El comunicado no especifica las edades de Jasmina López Castro ni de la menor. Tampoco informa sobre antecedentes de violencia intrafamiliar, denuncias previas o el posible móvil del crimen.

El sospechoso dejó el machete bajo la cama y huyó a pie

Tras el ataque, el detenido habría dejado el arma debajo de la cama y escapado a pie hacia una zona montañosa, siempre de acuerdo con el informe de la Policía Nacional de Nicaragua.

La versión oficial señala que, cerca de las 06:00, Valdez García llegó a Liberia, donde compró un café. Después abordó un autobús que se dirigía a Peñas Blancas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

El hombre afirmó que ingresó a Nicaragua por un paso no habilitado, según el comunicado. Luego habría continuado el trayecto en transporte colectivo hasta Managua y, desde allí, se dirigió a Matagalpa.

La Policía situó su llegada a esa ciudad alrededor de las 17:00 del mismo sábado, casi 17 horas después de la hora en que habría comenzado el ataque en la vivienda de Liberia.

Una llamada a una vecina alertó sobre las muertes

Una vez en Matagalpa, Valdez García llamó a una vecina, a quien identificó solo como Carmen, según la nota de prensa. Durante esa comunicación, le habría confesado que había matado a su esposa y a su hija.

También le pidió que se dirigiera a la vivienda junto con las autoridades para retirar los cuerpos y evitar su descomposición, de acuerdo con el reporte policial.

La institución nicaragüense presentó esa llamada como uno de los elementos de la confesión del detenido.

El caso es investigado por las autoridades a partir de la muerte de Jasmina López Castro y su hija en Liberia. La información difundida hasta el momento corresponde al comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua y a la declaración que esta institución atribuyó al sospechoso.

Durante un encuentro con diputados de la Asamblea Legislativa, Cindy Molina, jefa de la Unidad de Refugio de Costa Rica, informó que los ciudadanos nicaragüenses concentran el 87% de las solicitudes de protección internacional que recibe esa dependencia. Diario La Prensa publicó que Nicaragua encabeza las nacionalidades de personas que solicitan refugio en el país vecino.

Después de Nicaragua se ubican Cuba, Venezuela y Colombia, de acuerdo con la respuesta que dio Molina a una consulta de un legislador. La funcionaria indicó que la Unidad regula las citas para nuevas solicitudes según su capacidad de atención, pese a que mantiene una demanda elevada.

Costa Rica recibe entre 25,000 y 30,000 solicitudes nuevas por año de ciudadanos nicaragüenses, de acuerdo con la jefa de la Unidad de Refugio.

El sistema limita la cantidad de citas disponibles por la capacidad operativa de la oficina, no por la falta de personas interesadas en iniciar el trámite.

El volumen de trámites aumentó tras los hechos de abril de 2018

Molina relacionó el incremento de solicitudes con los hechos ocurridos en Nicaragua en abril de 2018. Antes de ese momento, la oficina costarricense recibía aproximadamente 3,000 pedidos de refugio al año, una cifra que luego aumentó de forma acelerada debido a la llegada de personas que buscaban protección.

La dependencia llegó a recibir 84,000 solicitudes en un año, según indicó la funcionaria durante el encuentro con los diputados. Ese fue el mayor volumen anual mencionado por Molina y reflejó el cambio en la carga de trabajo de la Unidad de Refugio desde el inicio de esa etapa.

“Nicaragua el 87 por ciento de solicitudes”, respondió Molina ante la pregunta sobre las nacionalidades que más piden refugio, según recogió Diario La Prensa. La funcionaria agregó que los casos de Cuba, Venezuela y Colombia siguen a los de ciudadanos nicaragüenses, aunque el material no detalla el porcentaje correspondiente a cada uno de esos países.

La normativa contempla seis causas de persecución

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) evalúa las solicitudes de refugio con base en las causales previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El marco incluye la persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo determinado.

Costa Rica añadió además el género como causa de persecución para el análisis de los pedidos de protección. La información expuesta por Molina no precisa cómo se distribuyen los expedientes de ciudadanos nicaragüenses entre esas distintas causales.

La entrevista de elegibilidad puede extenderse hasta 30 minutos, según las características de cada caso. Ese paso forma parte del procedimiento que sigue la Unidad de Refugio antes de emitir una decisión sobre el reconocimiento o la denegación de la solicitud.

La jefa de la dependencia también se refirió al período de espera para obtener una resolución. Molina señaló que un informe de la Contraloría calculó un plazo de 537 días desde la presentación de una solicitud hasta su definición.

Según explicó la funcionaria, la institución intentó acortar ese plazo mediante la resolución de los expedientes más antiguos de solicitantes de otras nacionalidades. La oficina mantiene la prioridad sobre los casos de Nicaragua debido a que constituyen la mayor parte de los trámites que recibe.

Los registros de 2025 muestran la cantidad de casos atendidos

Los registros de la DGME correspondientes a 2025 indican que Costa Rica recibió 23,044 nuevas solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses durante ese período. El dato muestra que Nicaragua siguió siendo el principal origen de los pedidos tramitados por la Unidad de Refugio.

Durante ese mismo año, las autoridades reconocieron 902 solicitudes y denegaron 1,048. La información disponible no especifica cuántos de esos casos correspondían a personas nicaragüenses ni detalla la cantidad de expedientes que seguían pendientes al concluir el período.

La Unidad de Refugio cuenta con formularios en español, inglés, francés y miskito. También dispone del apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para acceder a intérpretes cuando son necesarios durante la atención de las personas solicitantes.

La oficina expuso sus necesidades de personal y presupuesto

Molina señaló que la disponibilidad de personal es una de las necesidades de la Unidad de Refugio. La oficina pasó de tener 43 trabajadores a contar con 36, una reducción que la funcionaria vinculó con el impacto de los recortes realizados por Estados Unidos a Naciones Unidas.

Del total actual, 16 puestos corresponden a abogados y 20 a personal administrativo. La jefa de la dependencia manifestó que, en octubre, no sabía si Acnur podría mantener el financiamiento de esas plazas.

El diputado Antonio Trejos Maraziegos afirmó a Diario La Prensa que la visita permitió revisar la situación de la oficina, los expedientes que tramita, las cargas laborales y las deficiencias de presupuesto y capacidad operativa. También mencionó el trabajo desarrollado por el personal de la Unidad de Refugio.

“Podemos verificar la situación”, sostuvo Trejos Maraziegos ante el diario. El legislador indicó que los datos obtenidos servirán para continuar el análisis presupuestario y de fondo sobre el funcionamiento de la dependencia.

El diputado planteó que ese análisis busca dar a Costa Rica mejores herramientas para atender a quienes solicitan refugio y para aplicar sus políticas migratorias.

El reconocido preparador de reinas y conocido internacionalmente como el «Zar de la Belleza», Osmel Sousa, vuelve a acaparar la atención de los fanáticos de los certámenes de belleza al compartir sus impresiones y análisis sobre las candidatas que compiten por la corona de Miss Universo.

A través de sus plataformas digitales, particularmente en su cuenta oficial de TikTok. Dentro de su exhaustiva evaluación, el especialista definió un selecto grupo de once candidatas iniciales con verdadero potencial para destacar en las etapas finales del certamen.

Dentro de ese selecto grupo de once predilectas, la representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, capturó de manera especial la atención de Sousa.

El analista no dudó en incluir a la reina nicaragüense entre las competidoras más llamativas del continente americano, señalando que reúne atributos físicos y de proyección escénica que la hacen resaltar frente al resto del grupo.

Al referirse a la delegada nicaragüense, Sousa destacó de entrada su estampa y presencia física. Comentó que cuenta con una excelente estatura, un factor indispensable en la pasarela internacional para proyectar elegancia y seguridad.

Asimismo, resaltó que la candidata posee un estilo moderno y dinámico que no pasa desapercibido, cualidades que le fueron reiteradas y comentadas por la propia representante venezolana, Clara, durante sus conversaciones previas.

Aunque fiel a su acostumbrada franqueza Sousa lanzó una pequeña observación estética sobre sus rasgos expresivos, comentando con su característico toque humorístico algunos detalles de su rostro, inmediatamente enfatizó que su propuesta visual, su soltura al caminar y su gran porte la convierten en una concursante de alto impacto.

A pesar de que Nicaragua formó parte de su calificado Top 11 inicial, junto a delegadas de Etiopía, España, Brasil y Cuba, Osmel Sousa decidió ajustar su pronóstico en una segunda fase de evaluación, reduciendo su lista a un grupo central de seis grandes favoritas donde ubica a las candidatas con mayor solidez para disputar la corona:

• Venezuela
• Francia
• Chile
• Filipinas
• Puerto Rico
• Colombia.

La preparación de Blandford y el reto de continuar con la racha triunfal

El Zar de la Belleza aclaró que estas listas no son definitivas y sufren modificaciones constantes conforme transcurren los días de concentración oficial. Para el experto, la verdadera prueba de fuego comienza cuando las candidatas conviven en el día a día, enfrentan entrevistas con el jurado y demuestran su desenvolvimiento en la pasarela.

La evolución de la representante de Nicaragua durante las actividades previas será determinante para reingresar al grupo de máxima preferencia y consolidar su camino hacia la noche final del certamen.

No obstante, de momento la preparación de la representante de Nicaragua no ha sido fruto de la casualidad, sino de un trabajo arduo enfocado en pulir cada detalle técnico, desde el vestuario hasta el dominio escénico y la oratoria.

Esta rigurosa disciplina ubica a la candidata en una posición sumamente favorable para mantener viva la racha de clasificaciones en el ansiado Top 20 de Miss Universo, una gesta que cobró una relevancia histórica tras el triunfo rotundo de Sheynnis Palacios al coronarse como la mujer más bella del planeta.

El fenómeno generado por Sheynnis no solo posicionó a Nicaragua en el mapa global de los concursos de belleza, sino que elevó de manera considerable la vara de exigencia para sus sucesoras, obligándolas a presentar una propuesta competitiva, auténtica y con un mensaje contundente.

El sólido desempeño mostrado hasta la fecha confirma que la delegada centroamericana cuenta con el temple, la preparación estratégica y el carisma necesarios para asumir esa enorme responsabilidad. Con el respaldo de una preparación de primer nivel y los reflectores internacionales puestos sobre la banda nicaragüense, la aspirante sueña con superar los filtros competitivos y asegurar un lugar en la fase final de la noche de coronación.

Ortega y Murillo eliminaron la figura histórica del vicepresidente en Nicaragua. En su lugar, la Asamblea Nacional creó este jueves el cargo de “designados presidenciales”, según informó La Prensa.

El cambio llega después de más de 20 meses sin que el régimen nombrara a ningún vicepresidente, pese a que las reformas de 2025 ya habilitaban esa figura.

La última persona en ocupar el cargo de vicepresidenta fue Rosario Murillo, antes de ser ascendida a “copresidenta” en las reformas de 2025.

Con ese movimiento, la maquinaria orteguista había dejado abierta la posibilidad de que no fuera una sola persona, sino varias, las que pudieran ocupar vicepresidencias.

Qué cambia el artículo 126 de la Constitución

La reforma aprobada este jueves modifica el artículo 126 de la Constitución Política. El texto anterior establecía que “la Presidencia podrá nombrar las y los vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen, los que gozarán de inmunidad”.

La nueva redacción elimina esa mención y la reemplaza: “la Presidencia podrá nombrar Designados Presidenciales, quienes desempeñarán las funciones que esta les asigne”, según el texto citado por La Prensa.

La reforma entrará en vigencia tras su aprobación en segunda legislatura y su publicación en La Gaceta.

El cambio se produce en un contexto regional en el que otros países, como Honduras, mantienen la figura de tres designados presidenciales en lugar de un vicepresidente único, un modelo que podría haber inspirado el ajuste nicaragüense.

La hipótesis sobre la salud de Ortega

Para el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), la decisión de eliminar la figura de vicepresidente podría estar relacionada con la salud del dictador Daniel Ortega y con la designación, por la vía constitucional, de su hijo Laureano Ortega Murillo para temas específicos de política exterior.

“Eso podría también ser una movida de parte de Ortega con esta designación y finalmente también una explicación desde el punto de vista de imagen a su propia militancia de que no es lo mismo un designado que un vicepresidente, aunque tenga las mismas funciones y la forma de selección sea la misma, pero ya el concepto, el nombre es diferente”, expuso Chamorro ante La Prensa.

Al coordinador de CxL le llamó la atención que esta nueva reforma se haya tramitado de carácter individual. El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional ya había aprobado en primera legislatura otra modificación a la Carta Magna que elimina la participación de la oposición en las elecciones y extiende el período de gobierno de seis a siete años.

“Que sea una reforma de carácter individual, estando en medio de reformas constitucionales, indica que algo efectivamente está motivando el cambio”, señaló Chamorro al diario.

Información reciente de otros medios nicaragüenses aporta contexto adicional a esa hipótesis. Según un reportaje de Nicaragua Investiga basado en un informe del Hudson Institute, centro de análisis político con sede en Washington, Ortega, de 80 años, solo registró ocho apariciones públicas en lo que va de 2026 y las menciones a su nombre en el discurso oficial cayeron al 39%, el nivel más bajo desde que gobierna.

Un nuevo reparto de poder para la Procuraduría

El mismo jueves, los diputados aprobaron “por unanimidad” otra norma: la Ley de Adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de Reforma al Decreto Ejecutivo número 31-2002, que regula La Gaceta, Diario Oficial.

Con este cambio, la Secretaría Jurídica de la Presidencia pasará a llamarse solo “Secretaría Jurídica” y quedará adscrita, junto con La Gaceta, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

De acuerdo con una publicación del oficialista Canal 8, citada por La Prensa, la Secretaría Jurídica mantendrá entre sus funciones la formulación y modificación de propuestas legales, la elaboración de acuerdos presidenciales de nombramientos, destituciones y traslados, la redacción de iniciativas de ley presentadas por la Presidencia y la tramitación de recursos de apelación administrativa.

La PGJ, encabezada por la procuradora general de justicia Wendy Morales, supervisará además los informes mensuales de gestión de La Gaceta, resolverá asuntos sobre la gratuidad y prioridad de publicaciones y autorizará el tiraje, el número de páginas y las impresiones extraordinarias.

La entidad también asumirá la administración, custodia y uso de todos los bienes patrimoniales, financieros, sistemas informáticos y acervo documental pertenecientes a ambas instancias.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) será el facultado para realizar los ajustes presupuestarios y financieros que exige el traspaso.

Una reforma que se suma a meses de cambios institucionales

El rediseño del artículo 126 no ocurre de forma aislada. Según detalló la agencia estatal Prensa Latina, la Asamblea Nacional llevó adelante este año un proceso de consulta sobre otras reformas constitucionales en el que participaron más de 500 mil nicaragüenses, según cifras oficiales difundidas por la vicepresidenta del Parlamento, Arling Alonso.

Esas reformas paralelas, aprobadas en primera legislatura tras 36 días de consultas, establecen que ninguna ley de otro Estado u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua y fijan en siete años los períodos de los cargos de elección popular, además de los correspondientes a las jefaturas del Ejército y la Policía.

Su discusión final en segunda legislatura está prevista para enero de 2027.

La sucesión de cambios constitucionales se produce mientras crece la presión internacional sobre el régimen. La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 2 de octubre una resolución con 32 votos a favor que exige, entre otros puntos, la liberación de presos y la derogación de las reformas impulsadas por Ortega y Murillo en los últimos años.

España concedió asilo a 5,747 nicaragüenses entre 2018 y 2025, en un período en que aumentaron las solicitudes de protección internacional tras las protestas de abril de 2018 y la represión posterior en Nicaragua. Los datos de la Oficina de Asilo y Refugio de España, analizados, ubican a Nicaragua entre los tres países con más beneficiarios de protección internacional en el país europeo.

Durante esos ocho años, España recibió 20,931 solicitudes de refugio presentadas por ciudadanos nicaragüenses. El asilo se concede cuando existen fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. La información disponible muestra que las decisiones favorables crecieron a partir de 2020, después de una respuesta inicial limitada.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más estimó que al menos 800 mil nicaragüenses abandonaron el país entre abril de 2018 y noviembre de 2025. La cifra equivale al 11.6% de la población total y refleja un flujo que también tuvo como destinos principales a Costa Rica y Estados Unidos, según datos de Confidencial.digital.

España aprobó el 27% de las solicitudes resueltas de nicaragüenses en 2025

El número de solicitudes en España pasó de 1,368 en 2018 a 5,935 en 2019. En el primero de esos años, solo cuatro casos obtuvieron una decisión favorable, mientras que en 2019 recibieron protección internacional 166 personas.

Las resoluciones favorables aumentaron desde 2020. En 2025, España aprobó el 27% de las solicitudes resueltas de ciudadanos nicaragüenses y esa nacionalidad fue la segunda con la mayor cantidad de decisiones positivas.

Mali encabezó el registro de aprobaciones con 25,125 casos, seguido por Siria, con 7,997. Antes de la crisis de 2018, solo 31 nicaragüenses habían solicitado asilo en España y ninguna de esas peticiones había sido aceptada, según el análisis de Confidencial.digital.

Entre 2019 y 2024, el Gobierno español rechazó 8,040 solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses. Aunque más tarde descendió el número de nuevos expedientes, Nicaragua se mantuvo desde 2018 entre las diez nacionalidades con más peticiones de protección, por detrás de Venezuela, Colombia, Perú y Honduras.

Madrid concentró 4,291 solicitudes de ciudadanos nicaragüenses

La ciudad de Madrid reunió 4,291 solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses entre 2018 y 2024. El mayor número de pedidos se registró en 2019, cuando la capital española recibió 1,965 expedientes.

España también trasladó a 930 ciudadanos nicaragüenses que se encontraban en terceros países mediante el Programa Nacional de Reasentamiento. Los traslados ocurrieron entre 2023 y 2024 y la mayoría de las personas procedía de Costa Rica.

En enero de 2026, España anunció un programa de regularización para 500 mil extranjeros sin documentos que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia anteriores al 31 de diciembre de 2025. Según la información analizada, la medida podría beneficiar a casi 29 mil nicaragüenses que permanecen en situación irregular.

El programa de regularización constituye una vía distinta a la solicitud de asilo. La medida se dirige a extranjeros que cumplan con el requisito de residencia establecido por las autoridades españolas.

Costa Rica acumuló 262,066 solicitudes de refugio entre 2018 y 2025

Costa Rica registró 262,066 solicitudes de refugio de ciudadanos nicaragüenses entre 2018 y 2025, de acuerdo con cifras de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería. Durante el primer semestre de 2026, el país sumó más de 8,000 nuevas peticiones.

Entre 2018 y diciembre de 2024, las autoridades costarricenses otorgaron refugio a 15,327 nicaragüenses. Aun con esas decisiones, más de 170 mil solicitudes permanecían pendientes de resolución, una proporción equivalente al 63% de los casos acumulados.

En 2025, Costa Rica puso en marcha un plan dirigido a reducir el retraso migratorio. Como parte de esa medida, las autoridades cerraron más de 70 mil expedientes por desistimiento de los solicitantes o porque las personas accedieron a otra categoría migratoria.

La cifra de casos sin una decisión se mantuvo elevada dentro del sistema costarricense de refugio. Los expedientes pendientes correspondían a solicitudes de ciudadanos nicaragüenses acumuladas desde el inicio de la crisis migratoria.

Estados Unidos aprobó el 4.40% de las solicitudes de asilo político

Estados Unidos recibió 63,522 solicitudes de asilo político de nicaragüenses entre 2018 y 2025. De ese total, 2,792 recibieron una resolución favorable, lo que equivale al 4.40% de las peticiones registradas.

El mayor volumen anual se produjo en 2023, cuando se presentaron 33,970 solicitudes. La Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional registró 1,020 resoluciones favorables correspondientes a ese año.

El texto señala que la segunda administración de Donald Trump modificó el flujo de la migración nicaragüense hacia Estados Unidos por el ambiente hostil hacia la comunidad inmigrante. España, Costa Rica y Estados Unidos concentraron una parte de las solicitudes de protección presentadas por ciudadanos nicaragüenses desde 2018.

Nicaragua figura entre las cinco peores naciones del mundo en Estado de derecho, según el Índice Global que publicó este 21 de octubre el World Justice Project (WJP), organización independiente dedicada a promover el Estado de derecho.

El país quedó en el puesto 139 de 143 naciones evaluadas, apenas por delante de Afganistán y Venezuela, según informó El Confidencial de Nicaragua.

El dato llega apenas unos días después de que la ONU documentara 161 casos de desaparición forzada en el país desde 2018, con 29 de ellos aún activos hasta agosto pasado.

Camboya, Haití, Afganistán y Venezuela en el fondo de la tabla

Detrás de Nicaragua se ubican Camboya, en el puesto 140; Haití, en el 141; Afganistán, en el 142, y Venezuela, que cierra la lista en el último lugar entre los 143 países medidos.

El director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, resumió el diagnóstico global: “El autoritarismo ya no es simplemente una tendencia emergente, sino que se ha afianzado en muchas partes del mundo.”

El índice evalúa anualmente a 143 países según ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Cuanto más bajo el puesto, mayor el deterioro institucional detectado.

El WJP precisó que el 62% de los países evaluados registró retrocesos este año. Los descensos superan en número a las mejoras por noveno año consecutivo, un patrón que la organización describe como una “recesión global del Estado de derecho”.

La concentración de poder bajo Ortega y Murillo, en la mira internacional

El posicionamiento de Nicaragua en el índice coincide con un giro reciente en la forma en que otras plataformas describen al país. En octubre, los motores de búsqueda de Google comenzaron a clasificar a Nicaragua como una “dictadura” y a definirla como una república donde impera el autoritarismo, según documentó El Confidencial de Nicaragua.

La ficha coincide con años de denuncias de organismos de derechos humanos sobre la concentración de poder bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ese deterioro institucional tiene correlato en hechos recientes. A mediados de octubre, 47 Estados encabezados por Costa Rica condenaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo que calificaron de colapso democrático en Nicaragua, luego de que Ortega y Murillo anunciaran que no habrá más elecciones con participación de partidos opositores.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó en ese mismo foro un informe que documentó el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 5,500 organizaciones de la sociedad civil desde 2018.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua verificó 161 casos de desaparición forzada desde ese año y ocho muertes bajo custodia estatal atribuidas a tortura, negligencia o maltrato.

Entre esos casos figura el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, que murió el 30 de mayo pasado tras casi tres años de detención arbitraria.

El Consejo de Derechos Humanos decidió evaluar en junio de 2027 posibles pasos adicionales ante lo que calificó como una falta de cooperación persistente por parte del Gobierno nicaragüense.

Uruguay lidera la región; Dinamarca, el mundo

En el plano regional, el panorama latinoamericano también mostró señales de retroceso. Panamá se ubicó en el puesto 14 de los 32 países de América Latina y el Caribe evaluados, en una región donde 19 de los 32 países registraron un retroceso este año, 13 de los cuales ya habían caído el año anterior.

Uruguay encabezó el desempeño regional al ubicarse en el puesto 22 a nivel mundial, seguido de Costa Rica y Barbados. En el extremo opuesto de la tabla latinoamericana se repiten Nicaragua, Haití y Venezuela, los mismos tres países que ocupan las últimas posiciones del índice global.

A escala planetaria, Dinamarca encabezó el índice como el país mejor clasificado, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Luxemburgo, todas naciones del norte de Europa.

Una recesión del Estado de derecho con pocas excepciones

El informe del WJP no es uniformemente sombrío. La organización destacó que la justicia civil y su accesibilidad económica mejoraron en el 54% de los países evaluados, un dato que contrasta con la tendencia general al deterioro.

Pese a esa mejora puntual, el estudio advirtió que persiste en la mayoría de los países una carencia de libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la vigilancia ciudadana sobre los gobiernos.

Más del 86% de las naciones sufrieron, según el WJP, un deterioro sostenido durante cinco años en al menos una de las salvaguardas contra el autoritarismo: los límites al poder gubernamental, el gobierno abierto o los derechos fundamentales.

Ese diagnóstico ubica a Nicaragua no como un caso aislado, sino como parte de una tendencia que el propio WJP describe como global.

Sin embargo, el país centroamericano repite entre las últimas posiciones de forma consistente, un patrón que coincide con los señalamientos recientes de la ONU y la Organización de los Estados Americanos sobre la situación institucional del país.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, recibió este miércoles en Washington al excanciller dominicano Roberto Álvarez para discutir la situación de Nicaragua y otros asuntos vinculados con la democracia regional, informó la agencia EFE.

La reunión ocurrió mientras República Dominicana mantiene suspendidas sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. El Gobierno dominicano anunció el 2 de octubre el cierre de su embajada en Managua mientras persistieran las condiciones que afectan las libertades y los principios democráticos; el 9 de septiembre, Nicaragua había comunicado el cierre de su embajada en Santo Domingo.

Ramdin dijo que ambos mantuvieron una conversación constructiva y que intercambiaron puntos de vista sobre Nicaragua, cuya situación permanece bajo observación de los Estados miembros de la OEA. También reafirmó su disposición a respaldar los esfuerzos de los países del organismo y señaló que conversaron sobre las elecciones latinoamericanas y la necesidad de mantener un compromiso regional con la democracia.

Álvarez agradeció al secretario general la conversación y afirmó en su cuenta de X: “Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo. Cuenta con mi amistad y mi disposición a seguir aportando”. En julio, cuando era canciller, el exfuncionario había llamado a consultas a la embajadora dominicana en Managua por declaraciones de autoridades nicaragüenses que, según el Gobierno dominicano, contravenían los principios democráticos y las obligaciones del sistema interamericano.

Atención consular desde Honduras y Costa Rica

El 19 de octubre, las autoridades informaron que República Dominicana habilitó servicios consulares en Costa Rica y Honduras para asistir a sus nacionales residentes en Nicaragua, después de retirar su embajada en Managua en medio de la crisis diplomática entre ambos países.

La medida dispone que la Sección Consular de la Embajada en San José, Costa Rica, y el Consulado General en San Pedro Sula, Honduras, atiendan las solicitudes de documentos y asistencia de los ciudadanos dominicanos que viven en Nicaragua.

La Cancillería dominicana también comunicó que quedaron suspendidas de forma temporal las notificaciones judiciales y otros actos procesales destinados a personas físicas o jurídicas con domicilio en Nicaragua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores atribuyó esa suspensión a “razones de fuerza mayor” vinculadas con la salida de la embajada. Las oficinas consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no podrán realizar esas diligencias dentro de Nicaragua.

“La suspensión se mantendrá hasta tanto existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio”, señaló la Cancillería dominicana en su comunicado.

La disposición implica que los consulados designados podrán atender trámites y consultas de los ciudadanos, aunque no sustituirán a la antigua embajada para actuaciones judiciales en territorio nicaragüense.

Sin aval a la pérdida de elecciones

El dúo de dictadores de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos “más enérgicos” las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país “no volverán a haber elecciones”, porque no quieren que haya cabida para la participación de opositores.

“Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”, indicó la cancillería dictatorial en un comunicado.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027, que contempla un superávit global de USD 734.4 millones, equivalente al 2.8% del producto interno bruto (PIB) del país.

La iniciativa prevé ingresos por 195.136,7 millones de córdobas (USD 5.327,9 millones) y gastos por 168.238 millones de córdobas (USD 4.593,5 millones), según expuso Reyes durante su comparecencia ante el Parlamento.

La diferencia entre ambos rubros arroja un excedente de 26.898,7 millones de córdobas. El monto representa el 13,8% de los ingresos totales que el régimen espera recaudar durante el próximo ejercicio fiscal.

“Con esto, hemos llegado a acumular siete años consecutivos de cuentas fiscales superavitarias”, afirmó el titular del banco emisor estatal, según EFE.

Los ingresos tributarios concentrarán el 94% de la recaudación

El proyecto enviado al Legislativo calcula que los ingresos de 2027 serán 13,6% superiores a los previstos inicialmente en el presupuesto de 2026. La principal fuente de recursos serán los tributos, con una proyección de USD 5.010,1 millones.

Esa cifra representa el 94% del total de los ingresos estimados. En relación con el tamaño de la economía, los recursos previstos equivalen al 20,6% del PIB, indicó Reyes ante los diputados.

El presupuesto de gastos, en tanto, registraría un incremento interanual de 0,9% frente a la asignación aprobada para 2026. Del total previsto para el próximo año, el 32,1% se destinará a gasto corriente y el 67,9% a gasto de capital.

Los desembolsos presupuestados para 2027 equivalen al 17,7% del PIB. La mayor parte de los fondos se concentrará en inversiones de capital, según el desglose presentado por el presidente del Banco Central de Nicaragua.

El régimen prevé un crecimiento económico de 3,7% en 2027

Reyes explicó que el proyecto se elaboró con una previsión de crecimiento económico de 3,7% para 2027. El cálculo oficial también contempla una inflación anual de 3%, una tasa de ocupación de 97% y un deslizamiento de 0% de la moneda nacional frente al dólar.

El funcionario señaló que el régimen espera que el sistema financiero mantenga su expansión, con aumentos tanto en los depósitos como en la cartera de créditos.

“Prevemos que el sistema financiero continúe acompañando este dinamismo, con los depósitos y el crédito creciendo”, sostuvo Reyes. Añadió que las previsiones oficiales fijan un precio de USD 97 por barril de petróleo y la continuidad de la estabilidad en el tipo de cambio oficial.

Para este año, las estimaciones del banco emisor sitúan la expansión de la economía de Nicaragua entre 3,5% y 4,5%, mientras que la inflación anual podría ubicarse entre 2,5% y 3,5%.

Las cifras oficiales indican que el PIB nicaragüense creció 4,9% en 2025. El nuevo presupuesto toma como referencia esa evolución y las proyecciones macroeconómicas elaboradas por las autoridades monetarias y fiscales.

El Parlamento deberá aprobar el presupuesto antes del 15 de diciembre

Tras su presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto fue remitido a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, que deberá analizarlo y emitir un dictamen para su posterior tratamiento legislativo.

La normativa nicaragüense establece que el Presupuesto General de la República debe recibir aprobación antes de que concluya el actual período legislativo, previsto para el 15 de diciembre.

El 75% nicaragüenses que participaron en una consulta ciudadana publicada este miércoles y realizada en septiembre de 2026, asegura detectar vigilancia o control en su entorno, principalmente por parte de estructuras vinculadas al oficialismo, vecinos, paramilitares y agentes policiales.

El dato pertenece a la más reciente Consulta Ciudadana de Hagamos Democracia NIC-CR, una organización que desde diciembre de 2022 realiza mediciones periódicas sobre las condiciones económicas, sociales y políticas de Nicaragua.

El informe correspondiente a septiembre de 2026 muestra que la vigilancia no se percibe únicamente como una actividad de las instituciones de seguridad, sino también como una práctica que involucra a personas cercanas, estructuras partidarias y funcionarios públicos.

De las 400 personas consultadas, 302 afirmaron detectar vigilancia o control en su entorno, equivalentes al 75,5 % del total. Otras 72 personas, el 18 %, respondieron que no perciben esas prácticas, mientras que 26, el 6,5 %, dijeron no saber o prefirieron no responder. Al excluir estas últimas respuestas, el porcentaje de quienes reconocen vigilancia asciende al 80,7 %.

La consulta constituye la decimosexta ronda de un ejercicio que Hagamos Democracia desarrolla periódicamente desde diciembre de 2022. En esta ocasión reunió 400 respuestas válidas procedentes de 40 unidades territoriales, incluidos distintos distritos de Managua, mediante un formulario de 54 preguntas sobre economía, migración, seguridad, participación política, condiciones electorales y libertades ciudadanas.

El estudio tiene un diseño descriptivo y no probabilístico, por lo que sus resultados corresponden exclusivamente a las personas participantes y no pueden extrapolarse estadísticamente a toda la población nicaragüense.

Tampoco permite establecer un margen de error muestral ni demostrar por sí solo que la vigilancia efectivamente se haya extendido en el país. Su principal aporte consiste en documentar percepciones y compararlas con consultas anteriores cuando las preguntas y sus bases son equivalentes.

Al profundizar sobre quiénes ejercen la vigilancia, las respuestas apuntan principalmente a estructuras políticas y personas que operan dentro de las propias comunidades.

Entre los 302 participantes que afirmaron detectar vigilancia, 185 señalaron a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) u otras estructuras partidarias, equivalentes al 61,3 % de ese grupo.

En segundo lugar, aparecen los vecinos o informantes, mencionados por 148 personas, el 49 %. Les siguen los paramilitares, señalados por 145 participantes, el 48 %, mientras que 117 identificaron a la Policía Nacional, el 38,7 %, y 102 a funcionarios públicos, el 33,8 %.

Las respuestas permitían seleccionar más de un responsable, por lo que los porcentajes no suman cien. El resultado muestra que, entre quienes perciben vigilancia, las estructuras partidarias y las relaciones vecinales tienen una presencia más destacada que las instituciones policiales, aunque estas también figuran entre los actores señalados.

“Lo más crítico, más allá de que la cifra es alta, porque el 80.7 % detecta vigilancia, es de dónde viene esa vigilancia”, señala Jesús Téfel, presidente de Hagamos Democracia. “A lo largo de los meses ha sido consistente que la gente percibe como principal fuente de vigilancia a las estructuras partidarias o los CPC. En segundo lugar, aparecen los vecinos o informantes”.

“Cuando la gente percibe que quien la vigila puede ser su propio vecino o la persona que está cruzando la calle, aumenta la sensación de autocensura, porque tiene que cuidar su comportamiento diario. Siente que la están observando en todos los ámbitos de su vida cotidiana”, añade.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, describió en su informe de 2025 una estructura de vigilancia que incorpora instituciones estatales, organizaciones políticas del Frente Sandinista y grupos armados progubernamentales.

Los expertos señalaron que el aparato estatal había consolidado una extensa red de vigilancia e inteligencia que permitía identificar y perseguir a personas consideradas opositoras. La investigación también documentó la participación de actores no estatales en el funcionamiento de ese sistema.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual 2025, advirtió que Nicaragua continuaba bajo un estado policial caracterizado por la vigilancia, el control y la represión contra personas percibidas como opositoras al Gobierno.

La reciente consulta de septiembre también examinó las formas de control político que los participantes conocen dentro de las instituciones del Estado. De las 400 personas entrevistadas, 112 afirmaron tener familiares que trabajan en alguna dependencia pública, y a ellas se les preguntó sobre las prácticas de represión laboral de las que habían escuchado hablar.

El resultado más elevado correspondió a la asistencia obligatoria a actividades partidarias, mencionada por 96 personas, el 85,7 % de ese grupo. Otras 48, equivalentes al 42,9 %, señalaron vigilancia de las redes sociales de los trabajadores públicos.

También se mencionaron despidos o amenazas de despido, con el 33,9 %; intimidación o amenazas, con el 32,1 %; asistencia obligatoria a entrenamientos o actividades político-militares, con el 28,6 %, y revisión de teléfonos celulares, con el 17 %.

El estudio también aborda las formas de vigilancia que pueden desarrollarse mediante redes sociales, cuentas electrónicas y teléfonos celulares. Esta sección fue aplicada específicamente a 98 participantesque habían respondido que no detectaban vigilancia en su entorno o que no habían expresado una posición sobre esa pregunta.

De ellos, 63, equivalentes al 64,3 %, dijeron no haber detectado vigilancia digital y otros 16, el 16,3 %, prefirieron no responder. Entre las situaciones mencionadas aparecen perfiles falsos que solicitan información privada, con 14 casos; intentos de hackeo, con seis; suplantación de identidad, con cinco; amenazas u hostigamiento en redes sociales, con dos, y revisión o confiscación de dispositivos, con uno.

El informe aclara que estos resultados corresponden únicamente a ese grupo de 98 personas y no permiten determinar la proporción general de participantes que han experimentado vigilancia digital.

En agosto pasado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inauguró en Managua el Centro de Monitoreo, Alerta y Respuesta “Momotombo”, una infraestructura financiada por China y valorada en más de 42 millones de dólares. Según la información oficial, el complejo incorpora cámaras de vigilancia, drones, perros robot, estaciones de monitoreo sísmico y volcánico, así como sistemas de alerta para emergencias.

Aunque el Gobierno presentó el proyecto como un avance tecnológico para la prevención de desastres y la atención de emergencias, la incorporación de equipos de vigilancia plantea interrogantes sobre sus posibles usos en un país donde distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado mecanismos de control político y seguimiento a la ciudadanía.

La preocupación por estas prácticas también aparece en investigaciones internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló en su Informe Anual 2025 que el monitoreo de redes sociales y comunicaciones en Nicaragua ha generado un clima de autocensura, en el que las personas evitan expresar opiniones críticas por temor a represalias.

El organismo advirtió, además, que la vigilancia constituye un obstáculo para el ejercicio del periodismo independiente, porque puede comprometer la confidencialidad de las fuentes y desalentar a quienes desean proporcionar información a los medios de comunicación.

En marzo de 2026, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas volvió a advertir sobre la existencia de una estructura de vigilancia que trasciende las fronteras nicaragüenses y alcanza a personas exiliadas. Según sus investigaciones, esa red involucra a distintas instituciones estatales y desarrolla actividades de monitoreo e intimidación fuera del país.

“El sistema de vigilancia del régimen funciona como una pirámide. En la cúspide están los dos copresidentes o las cabezas de las estructuras de vigilancia e inteligencia. Hacia abajo se extiende toda una estructura en la que la lealtad se impone mediante el mismo terror”, describe Téfel.

“Mucha gente pasa información sobre sus vecinos para evitar salir afectada. En otros casos lo hacen por fanatismo. Pero pertenecer a las estructuras de vigilancia del régimen no garantiza que no te vaya a pasar nada ni que vos mismo no estés siendo vigilado”, apunta.

La propia consulta de Hagamos Democracia representa un desafío a ese circuito de vigilancia y control que ha establecido la dictadura de Nicaragua. “Las encuestas se realizan por teléfono, pero a través de una red territorial de personas que están dentro de Nicaragua. Los encuestadores no llaman aleatoriamente ni contactan a desconocidos, sino a personas con las que existe algún vínculo de confianza”, explica.

“Además, toda la información que recibimos es anónima. Durante toda la cadena de transmisión de los datos se protege la identidad de los participantes y no revelamos información que permita identificarlos”, indica Téfel.

“Las personas que realizan las encuestas también adoptan sus propias medidas de seguridad, entre ellas no divulgar que participan en este trabajo. Quienes damos la cara públicamente por estas investigaciones somos los que estamos fuera del país”, señala el presidente de Hagamos Democracia, quien dice que “en los varios años que llevamos realizando estas encuestas nunca hemos tenido un incidente de seguridad”.

El Ejército de Nicaragua informó este miércoles la incautación de 499 paquetes rectangulares de cocaína dentro de una embarcación interceptada en el océano Pacífico, frente al departamento de Managua. El operativo, según la institución militar, concluyó con la retención de un hombre de 59 años, mientras otros dos ocupantes escaparon tras arrojarse al agua.

La citada acción ocurrió el 20 de octubre en un operativo entre tropas del Distrito Naval Pacífico y del Segundo Batallón de Tropas Navales de la Fuerza Naval junto con efectivos de la Policía Nacional. La operación tuvo como objetivo una embarcación llamada “Nazareth”, que navegaba de sur a norte frente a las costas nicaragüenses.

Según la versión oficial, las unidades de superficie detectaron a la embarcación a 1.5 millas náuticas al oeste de Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur. A su vez, el Ejército señaló que la lancha intentó evitar la intercepción tras advertir la presencia de los patrullajes navales.

La institución castrense afirmó que sus tropas efectuaron disparos de advertencia a la altura de playa Salamina. Después de esa maniobra, los militares lograron detener a Segundo U. de 59 años, quien se encontraba a bordo de la embarcación.

Por su parte, los otros dos ocupantes de la lancha se lanzaron al mar y abandonaron la embarcación, según la citada nota de prensa. Las autoridades no divulgaron sus identidades ni informaron si desplegaron una búsqueda posterior para localizarlos.

Las autoridades encontraron droga y tres barriles de combustible a 15 millas de Masachapa

Durante la inspección de la lancha, las fuerzas de seguridad encontraron un total de 499 paquetes rectangulares de cocaína y tres barriles de combustible, informó el Ejército. El texto oficial no indicó el peso total de la sustancia ni precisó si los paquetes fueron sometidos a pruebas de laboratorio.

A su vez, la embarcación fue localizada en coordenadas situadas a 15 millas náuticas al noroeste de Masachapa, localidad costera del municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua. Esa zona se encuentra en el litoral del Pacífico nicaragüense.

La presencia de los barriles de combustible sugiere que la lancha tenía capacidad para recorrer trayectos prolongados, aunque el comunicado no estableció el punto de partida de la embarcación ni su posible destino. Tampoco informó si la nave tenía matrícula visible o documentación de navegación.

El Ejército señaló que el detenido, la droga, la lancha y los demás elementos ocupados quedaron a disposición de las autoridades competentes. El documento no menciona qué institución asumió la investigación ni si la Policía Nacional abrió un expediente por el caso.

Por el momento, no hay información oficial sobre la procedencia del cargamento, la ruta que habría seguido la embarcación o eventuales vínculos con una estructura de narcotráfico. Tampoco se conoce el valor estimado de la cocaína decomisada.

Las autoridades responsables deberán determinar el peso, la pureza y el origen de la sustancia encontrada en la “Nazareth”, así como la identidad de los dos hombres que, según el Ejército, abandonaron la lancha durante la persecución.

La Policía Nacional de Nicaragua capturó este miércoles 21 de octubre de 2026 a Rafael Antonio Valdez García, de 42 años, señalado como autor del femicidio de su esposa, Jasmina López Castro, y del parricidio de su hija, Valeska Valdez López, de nueve años, ocurridos cuatro días antes en Liberia, Costa Rica. El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales nicaragüenses para ser procesado por crimen atroz, informó la institución.

La detención se produjo en la finca La Aurora, en la comunidad La Fundadora, departamento de Jinotega, donde el hombre presuntamente se ocultaba después de eludir a la Justicia costarricense. Las víctimas eran de nacionalidad nicaragüense.

Los homicidios ocurrieron el sábado 17 de octubre en la ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste. La Policía Nacional sostuvo que Valdez García ingresó a Nicaragua tras el doble crimen con la intención de refugiarse en zonas rurales del norte del país.

La captura en una finca de la comunidad La Fundadora

Las autoridades nicaragüenses indicaron que la ubicación del sospechoso fue posible mediante labores de búsqueda e inteligencia. El organismo lo mantiene bajo custodia policial mientras avanza su remisión ante la Justicia.

La institución describió el caso como un crimen de extrema crueldad y señaló que la muerte de una menor de edad convirtió al detenido en una amenaza para la seguridad ciudadana. También afirmó que Nicaragua no será refugio para quienes atenten contra la vida e integridad de mujeres y niños.

Antes de desaparecer, el sospechoso acudió a la casa de una vecina para pedirle que avisara a las autoridades, bajo el argumento de que había encontrado sin vida a su esposa y su hija. Cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron a la vivienda, ya no estaba en el lugar.

Una testigo declaró que el hombre se comunicó por teléfono para solicitar la intervención policial durante el levantamiento de los cuerpos, de acuerdo con Noticias Trivisión.

Los antecedentes de agresividad bajo evaluación judicial

Entre los elementos que analizaba el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica figuraba una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de los asesinatos. Según esa información, el hombre habría golpeado a Jasmina López Castro en la cabeza con una pala.

Las fuerzas de seguridad costarricenses habían desplegado retenes, revisiones de autobuses, motocicletas y vehículos particulares, además de rastreos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas. La búsqueda se concentró especialmente en la zona norte del país ante la posibilidad de que hubiera cruzado la frontera hacia Nicaragua.

Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, había afirmado que las autoridades no descansarían hasta poner al sospechoso a disposición de los tribunales. La captura en Jinotega se produjo después de ese operativo y del pedido de colaboración para localizarlo.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.

Las 12 universidades públicas de Nicaragua recibirán 10,215.2 millones de córdobas (USD 275.8 millones) en 2027, de acuerdo con la asignación prevista en el Presupuesto General de la República. El monto equivale al 5.2% de los ingresos proyectados para ese año.

La partida queda por debajo del 6% establecido en el artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, informó que la diferencia no será transferida a las casas de estudio, según publicó Confidencial.digital.

Los ingresos ordinarios y extraordinarios proyectados para 2027 ascienden a 195,136.7 millones de córdobas (USD 5,268.7 millones). Si se aplicara el porcentaje constitucional, las universidades recibirían 11,708.2 millones de córdobas (USD 316.1 millones), por lo que la diferencia prevista es de 1,493 millones de córdobas (USD 40.3 millones).

El 6% para las universidades está previsto en la Constitución

El artículo 114 dispone que las universidades reciban el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios calculados en el presupuesto nacional. Para 2027, la asignación anunciada representa una proporción menor a la establecida por esa norma.

La revisión de partidas presupuestarias publicada por Confidencial.digital indica que la asignación se mantiene por debajo de ese porcentaje desde 2021.

Entre ese año y 2024, los recursos destinados a las universidades representaron el 4.8% de los ingresos presupuestados en cada ejercicio.

El cambio coincidió con una intervención política sobre los centros de educación superior. El proceso derivó en el cierre de unas 28 universidades privadas y en la confiscación de sus campus.

Después de esos cierres, se crearon universidades públicas en inmuebles de instituciones que antes recibían parte de la partida constitucional. Algunas de las nuevas entidades también incorporaron estudiantes procedentes de centros clausurados.

La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA) agrupó a estudiantes de al menos cuatro universidades cerradas. La Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL) también asumió parte de esa matrícula.

Según la revisión histórica difundida por el medio, el monto que no fue destinado a las universidades durante el período de seis años analizado alcanzó 9,884 millones de córdobas (USD 266.9 millones). A esa cifra se añadirá la diferencia programada para 2027.

La mayor diferencia entre el 6% y la partida ocurrió en 2025

En 2025, la asignación que habría correspondido al 6% fue de 10,005.4 millones de córdobas (USD 270.1 millones). El presupuesto fijó para las universidades 7,591.8 millones de córdobas (USD 205 millones).

Las instituciones recibieron finalmente 6,532 millones de córdobas (USD 176.4 millones). El desembolso representó el 3.9% de los ingresos presupuestados para ese ejercicio.

La proporción fue menor al compararla con los ingresos efectivos, que superaron los 180,045 millones de córdobas. El texto atribuye ese resultado a una mayor recaudación tributaria y a una baja ejecución del gasto.

Antes de 2021, las universidades recibían una proporción ligeramente superior al 6% de los ingresos presupuestados. En ese momento, eran menos las instituciones públicas que dependían de los fondos contemplados en la partida constitucional.

La ejecución de los fondos fue distinta entre las instituciones

La UNMRMA fue la única universidad que ejecutó la totalidad de su presupuesto en 2025. Las demás instituciones que reciben fondos de la partida constitucional registraron una ejecución promedio del 89%.

La Secretaría Técnica para la Atención de las Universidades, antes denominada Consejo Nacional de Universidades, tenía asignados 356 millones de córdobas (USD 9.6 millones). La dependencia ejecutó el 32% de esos fondos.

El gasto realizado por esa entidad fue de 112 millones de córdobas (USD 3 millones). El material disponible no aporta más detalles sobre la ejecución de esa partida.

La UNPGGL tiene más de 6,700 estudiantes matriculados

La UNPGGL recibió dos millones de córdobas (USD 54,000) en 2025 y 1.8 millones de córdobas (USD 48,600) en 2026. La institución incorporó estudiantes de la Universidad Juan Pablo II y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua.

La universidad tiene más de 6,700 estudiantes matriculados y cuenta con campus en ocho departamentos. Parte de esa matrícula proviene de centros de educación superior que fueron clausurados.

La asignación de la UNPGGL contrasta con la de la UNFLEP de Estelí, que recibió 174 millones de córdobas (USD 4.7 millones) en 2026. Según los datos recogidos por Confidencial.digital, esa institución tiene cerca de la mitad de la matrícula informada por la UNPGGL.

La compra de electrodomésticos en Nicaragua mostró variaciones durante los primeros ocho meses de 2026, según los registros de importación del Banco Central de Nicaragua (BCN). El valor total de las compras externas fue menor que en el mismo período de 2025, aunque el volumen de productos ingresados al país aumentó.

De acuerdo con Diario La Prensa, Nicaragua pagó USD 119.08 millones por la importación de electrodomésticos hasta agosto. En igual período de 2025, la factura había sido de USD 123.15 millones, una diferencia que coincidió con resultados distintos entre las categorías de productos incluidas en las estadísticas.

El volumen importado aumentó aunque bajó la factura total

Entre enero y agosto, Nicaragua importó 21,392.7 toneladas de electrodomésticos, frente a 20,214 toneladas en el mismo lapso del año anterior. La variación representó un crecimiento de 5.83% en el volumen de bienes adquiridos en el exterior.

Las compras de cocinas alcanzaron 5,560 toneladas, por las que el país pagó USD 12.22 millones. En el período comparable de 2025, la factura de este tipo de artículos había ascendido a USD 13.54 millones.

Las lavadoras reflejaron un comportamiento cercano a la estabilidad en el valor de las importaciones. Nicaragua adquirió 2,000 toneladas por USD 23.17 millones, mientras que un año antes la factura había sido de USD 23.05 millones.

El rubro de refrigeradoras, mantenedoras y congeladores tuvo un aumento en el valor de las compras. La importación de 5,366 toneladas costó USD 29.09 millones, frente a los USD 26.69 millones registrados en igual período del año previo.

Los televisores mostraron una reducción en la factura de importación. El ingreso de 2,777 toneladas de estos productos representó un gasto de USD 27.79 millones, por debajo de los USD 31.7 millones pagados entre enero y agosto de 2025.

Un economista vinculó la demanda con las remesas familiares

Un economista que solicitó no ser identificado por temor a represalias planteó a Diario La Prensa que las remesas familiares pueden influir en la demanda de bienes duraderos, entre ellos los electrodomésticos. Según explicó, parte del dinero enviado por migrantes desde Estados Unidos, España y otros países se utiliza para adquirir artículos destinados al hogar.

El especialista consideró que las deportaciones desde Estados Unidos podrían afectar el flujo de esos recursos o generar preocupación entre los hogares sobre la continuidad de los envíos. Bajo esa perspectiva, algunas familias podrían optar por postergar la compra de determinados productos.

“Las remesas juegan un papel clave en la demanda de bienes como estos”, afirmó el economista al diario. También señaló que, ante la posibilidad de que un familiar sea deportado, los hogares pueden concentrar sus recursos en alimentos o en mejoras de vivienda.

La explicación constituye una interpretación de la evolución de las importaciones y no una relación cuantificada por el BCN. Las estadísticas citadas muestran que la variación no fue uniforme: algunos productos tuvieron una reducción en la factura, mientras otros registraron un aumento.

El FMI prevé una desaceleración de las remesas en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó a Nicaragua entre las economías de Centroamérica con mayor dependencia de las remesas, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador. El organismo indicó que esos flujos pueden tener efectos sobre el consumo privado, la cuenta corriente y el crecimiento de los países receptores.

En su actualización de perspectivas globales de octubre de 2026, el Fondo señaló que las remesas se mantuvieron en niveles elevados durante los primeros cinco meses del año. Aun así, indicó que su crecimiento se moderó debido al debilitamiento de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Estados Unidos y al aumento de las detenciones en las comunidades migrantes.

El FMI prevé que el crecimiento de las remesas en los países del CA-4 se desacelere en 2027. La proyección toma en cuenta una disminución de las transferencias enviadas por precaución y un incremento de las deportaciones de migrantes.

Durante 2025, las remesas representaron más de 20% del producto interno bruto de los cuatro países incluidos en ese análisis. Según el organismo, esa proporción duplicó el promedio recibido por esos países durante la década anterior.

El Fondo sostuvo que una parte de los recursos adicionales enviados desde Estados Unidos respondió a una conducta preventiva de los migrantes ante el endurecimiento de las medidas de control migratorio. Esa situación podría cambiar si las deportaciones y las restricciones afectan la capacidad de envío de quienes residen fuera de sus países de origen.

Nicaragua no tiene una actualización reciente sobre las remesas

El BCN no actualiza la información sobre las remesas desde abril de 2025, según el reporte citado por Diario La Prensa. Por ese motivo, no hay una cifra oficial reciente que permita determinar el monto exacto que Nicaragua recibe actualmente por esos envíos.

Las estimaciones de organismos internacionales sitúan el flujo anual cerca de USD 6,000 millones. Hasta 2024, Nicaragua había recibido USD 5,243.1 millones por remesas, de acuerdo con los datos disponibles.

En todo 2025, Nicaragua pagó USD 187.29 millones por electrodomésticos y otros bienes de uso en el hogar. Esas compras implicaron el ingreso de 32,374 toneladas al mercado nacional.

La factura de 2024 había sido de USD 181.30 millones. Los datos permiten observar cambios en el valor y el volumen de las importaciones, mientras que el efecto específico de las remesas sobre cada producto no aparece cuantificado en los registros del Banco Central.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 525 solicitudes de medidas cautelares y otorgó 129 entre 2018 y agosto de 2022. También solicitó tres medidas provisionales y ocho ampliaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a personas afectadas por la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más analiza las respuestas internacionales frente a denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y otros abusos desde las protestas sociales iniciadas en abril de 2018.

Según el documento, las medidas cautelares concedidas por la CIDH protegieron la vida e integridad de más de 280 personas. El organismo recibió, además, más de 399 peticiones por posibles violaciones de derechos humanos y abrió a trámite 58 casos.

La CIDH y Naciones Unidas documentaron denuncias desde 2018

La CIDH fue uno de los primeros organismos internacionales de derechos humanos que llegó a Nicaragua después del inicio de las protestas. Su visita ocurrió en mayo de 2018, tras una invitación estatal.

En sus observaciones preliminares, la Comisión advirtió sobre uso excesivo de la fuerza, muertes, personas lesionadas, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, malos tratos y ataques contra la libertad de expresión.

En junio de ese año, la CIDH publicó un informe sobre la crisis de derechos humanos. El organismo concluyó que se habían vulnerado los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad individual, la reunión, la expresión y el acceso a la justicia.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó otra visita. Su informe comprendió los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018.

El reporte de Naciones Unidas incluyó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y restricciones a las libertades de opinión, expresión y reunión pacífica.

El informe del Observatorio señala que el Estado retiró la invitación a la Oficina del Alto Comisionado tras la presentación de esas conclusiones. El documento también recuerda la salida del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El GIEI concluyó que existían elementos de crímenes de lesa humanidad

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue instalado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos ocurridos desde el inicio de las protestas.

El mecanismo presentó su informe fuera de Nicaragua después de que las autoridades comunicaran que debía abandonar el país, junto con el MESENI. El documento concluyó que existían elementos para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Según la sistematización del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la salida de esos mecanismos limitó la verificación directa de las denuncias dentro del territorio nicaragüense.

A pesar de ello, organismos internacionales continuaron emitiendo informes, solicitando información y activando medidas de protección para personas detenidas, periodistas, opositores, personas defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas.

La CIDH publicó reportes sobre personas privadas de libertad, desplazamiento forzado y concentración de poder. Esos documentos abordaron, entre otros asuntos, las condiciones de reclusión y las restricciones a las garantías judiciales.

La Corte Interamericana ordenó proteger a detenidos y familiares

El Colectivo indicó que presentó 52 solicitudes de protección ante el Sistema Interamericano. Siete de ellas correspondían a medidas provisionales ante la Corte Interamericana.

La Corte ordenó medidas para proteger a personas privadas de libertad por razones políticas y a sus núcleos familiares. Entre sus disposiciones incluyó la protección de la vida, la integridad, la salud, la alimentación y la libertad de las personas beneficiarias.

En octubre de 2022, el tribunal requirió la liberación inmediata de 45 personas detenidas en ocho centros de reclusión. La resolución tomó en cuenta las condiciones de detención, la falta de atención médica y el deterioro de la salud física y mental denunciados.

El informe sostiene que el Estado no cumplió plenamente esas decisiones. También señala que las medidas internacionales incluyeron requerimientos para proteger a familiares y representantes de posibles represalias vinculadas con la información presentada ante el tribunal.

Los comités de la ONU pidieron investigaciones sobre torturas

El Comité de Derechos Humanos expresó preocupación por denuncias de tortura y malos tratos durante las capturas, en estaciones policiales y en centros de privación de libertad.

El organismo recomendó investigaciones rápidas, exhaustivas, eficaces, independientes e imparciales sobre denuncias de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia.

Las recomendaciones incluyeron la aplicación del Protocolo de Estambul, el manual internacional para investigar y documentar torturas. El Comité planteó, además, la necesidad de establecer medidas de reparación para las víctimas.

El Comité contra la Tortura examinó la situación de Nicaragua en 2022. El Observatorio señaló que el Estado no presentó respuestas a la lista de cuestiones ni envió una delegación al proceso de revisión.

Ese Comité recibió información sobre torturas y malos tratos en el Chipote Viejo, el Chipote Nuevo, La Modelo y La Esperanza. Las denuncias incluyeron aislamiento, hacinamiento, falta de ventilación, limitaciones de acceso al agua, falta de atención médica, violencia sexual y requisas invasivas contra familiares mujeres.

Una visita prevista para 2023 fue anulada por falta de cooperación

El Subcomité para la Prevención de la Tortura tenía prevista una visita a Nicaragua en 2023. El mecanismo anuló la misión ante la falta de cooperación estatal, de acuerdo con el informe.

Nicaragua ratificó en 2009 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Esa adhesión contempla la supervisión internacional de lugares de detención y la existencia de un mecanismo nacional de prevención independiente.

Tras cancelar la visita, el Subcomité publicó el informe de una misión realizada en 2014. El documento había permanecido confidencial hasta ese momento.

Para el Observatorio, la falta de cooperación limitó la posibilidad de verificar las condiciones de personas privadas de libertad y las denuncias de tortura en centros policiales y penitenciarios.

Las sanciones alcanzaron a más de 60 funcionarios e instituciones

El informe señala que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza impusieron sanciones contra más de 60 funcionarios y autoridades nicaragüenses.

Las medidas también alcanzaron a instituciones como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.

Estados Unidos sancionó, además, a 23 jueces y fiscales. El documento asocia esas decisiones con acusaciones de participación en causas contra opositores y afectaciones a instituciones democráticas.

Según el Colectivo, las sanciones no tuvieron consecuencias directas dentro de Nicaragua. Sus efectos se concentraron en restricciones de ingreso a determinados países, congelamiento de bienes y limitaciones para realizar operaciones financieras internacionales.

El GHREN recibió el mandato de preservar pruebas e identificar responsables

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó en marzo de 2022 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Su mandato fue renovado por dos años en abril de 2023.

El mecanismo recibió el encargo de investigar abusos y violaciones cometidos desde abril de 2018, preservar pruebas, analizar información e identificar responsables cuando fuera posible.

El primer informe del GHREN concluyó que había motivos razonables para considerar que las violaciones y abusos fueron cometidos de manera generalizada y sistemática por razones políticas.

La investigación incluyó ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución, deportaciones y privaciones arbitrarias de nacionalidad.

El GHREN indicó que no recibió cooperación de las autoridades nicaragüenses. El mecanismo no pudo ingresar al país ni obtener la documentación oficial solicitada.

Pese a esas limitaciones, el Grupo entrevistó a víctimas en el exilio y reunió información de fuentes dentro de Nicaragua mediante canales seguros y confidenciales.

La documentación reúne posibles elementos para futuras investigaciones

El informe incluye un análisis sobre las vías que podrían utilizarse para investigar casos de tortura y otros malos tratos en el futuro. El texto señala que, en las condiciones actuales, no existen posibilidades de impulsar una judicialización interna efectiva.

El apartado plantea la necesidad de preservar testimonios, expedientes médicos, fotografías, videos, documentos judiciales y registros administrativos. Propone, además, reunir información sobre órdenes, cadenas de mando, estructuras institucionales y posibles mecanismos de encubrimiento.

Según el análisis, los casos podrían estudiarse como parte de una posible criminalidad de sistema. Esa aproximación busca examinar la relación entre autores materiales, personas que habrían ordenado o facilitado los hechos y las instituciones involucradas.

El documento menciona la jurisdicción universal como una eventual alternativa para investigar crímenes internacionales cuando no existen procesos efectivos en el país donde habrían ocurrido.

En ese contexto, el reporte alude a la investigación abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad contra funcionarios nicaragüenses. Para el Observatorio, la conservación de pruebas puede resultar relevante para procesos futuros de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Al menos 17 personas fueron torturadas en centros clandestinos o irregulares de detención, según el octavo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. Los lugares identificados funcionaron en varios municipios durante el período de mayor represión posterior a las protestas de 2018.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que esas personas fueron llevadas a casas particulares, inmuebles vinculados con estructuras partidarias o instalaciones municipales. Las denuncias ubican estos centros en Jinotepe, Diriamba, Sébaco, Poneloya, Masaya, Managua, León y Matagalpa.

Los testimonios describen capturas realizadas, en su mayoría, por agentes paraestatales vestidos de civil, encapuchados y armados. Las víctimas relataron que eran trasladadas con los ojos cubiertos o con la cabeza obligada hacia el suelo de vehículos.

En esos lugares, las personas denunciaron golpizas, hambre, sed, interrogatorios violentos, desnudez forzada, quemaduras con cigarrillos, suspensión del cuerpo y violencia sexual. El informe sostiene que estos espacios fueron utilizados para infligir daño en períodos breves y bajo condiciones de aislamiento.

Los centros clandestinos operaron en al menos ocho municipios

Las 17 personas documentadas estuvieron recluidas en centros clandestinos o irregulares entre finales de mayo de 2018 y agosto de 2019. Quince eran hombres y dos mujeres.

El Observatorio señaló que la mayor concentración de estos casos ocurrió durante la denominada operación limpieza. La organización no descartó que estos lugares siguieran funcionando, aunque indicó que no contaba con denuncias posteriores sobre nuevos centros.

Trece de las 17 víctimas también pasaron por estaciones policiales. El informe plantea que esa conexión refuerza la hipótesis de una articulación entre las detenciones en lugares irregulares y la reclusión posterior en instalaciones estatales.

Las personas denunciaron que, durante su permanencia en esos sitios, escuchaban gritos, golpes y pedidos de auxilio de otras personas detenidas. Tres víctimas afirmaron haber escuchado hechos que les hicieron pensar que otras personas habían sido ejecutadas.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más identificó dos denuncias contra la casa departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Matagalpa, una contra la Alcaldía de Diriamba y otra contra una instalación conocida como La Garita, en ese mismo municipio.

El informe también recogió referencias de propiedades particulares en Managua, León, Sébaco y otros municipios. En varios casos, las víctimas no pudieron precisar su ubicación porque fueron trasladadas encapuchadas, golpeadas o desorientadas.

El Chipote Viejo concentró 89 casos documentados

El antiguo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como Chipote Viejo, fue el centro de detención con mayor número de casos recogidos por el Observatorio. La investigación reunió 89 testimonios de personas que denunciaron torturas o tratos crueles entre abril de 2018 y febrero de 2019.

Las víctimas describieron celdas pequeñas, oscuras, húmedas, sin ventilación y con escaso acceso a servicios sanitarios. El informe menciona espacios llamados preventiva, chiquita, El Caracol y otras celdas identificadas por números.

El ingreso incluía, según los testimonios, desnudez forzada, toma de fotografías, interrogatorios y golpes. Algunas personas denunciaron que eran obligadas a hacer sentadillas sin ropa frente a funcionarios de ambos sexos.

El reporte documentó interrogatorios repetidos, a menudo durante la noche o la madrugada. Las preguntas se centraban en quién financiaba las protestas, dónde estaban las armas y quiénes eran los líderes de las organizaciones opositoras.

En ese centro, al menos 26 de las 89 personas documentadas denunciaron aislamiento prolongado. También se registraron golpizas, quemaduras, descargas eléctricas, suspensión del cuerpo, asfixia, desprendimiento de uñas y violación sexual.

El Chipote Viejo fue cerrado en febrero de 2019. Para el Observatorio, los testimonios reunidos lo ubican como uno de los principales centros de tortura durante los primeros meses de la represión.

El Nuevo Chipote mantuvo la incomunicación y el aislamiento

El informe documentó 36 personas recluidas en el Chipote Nuevo entre 2019 y 2022. Cinco eran mujeres y 31 hombres.

La investigación indica que en ese centro continuaron prácticas como desnudez forzada, requisas, sentadillas obligadas, interrogatorios constantes y asignación de códigos en lugar de nombres para identificar a las personas detenidas.

Las víctimas y sus familiares denunciaron luces encendidas durante las 24 horas, falta de ventilación, interrupción del sueño, restricción de visitas y privación de alimentos. También reportaron dificultades para acceder a medicamentos y a atención especializada.

El informe registró casos de aislamiento que se prolongaron durante meses. Una de las personas permaneció más de 200 días en una celda pequeña, según la documentación citada por el Colectivo.

Las golpizas documentadas en el Nuevo Chipote fueron más frecuentes en los primeros años de funcionamiento del centro. El reporte sostiene que, desde 2021, aumentaron las prácticas dirigidas a deteriorar la salud mental de las personas privadas de libertad.

Entre esas prácticas figuran interrogatorios casi diarios, amenazas contra familiares, inducción al suicidio, privación de sueño, falta de contacto con el exterior y advertencias sobre nuevas detenciones de parientes.

La tortura fue denunciada en estaciones policiales de 29 municipios

Fuera de los dos edificios del Chipote, el Observatorio identificó 111 personas que estuvieron recluidas en al menos un centro policial. Trece de ellas pasaron por dos estaciones distintas.

El informe documentó denuncias en 29 municipios de 14 departamentos. Las prácticas descritas incluyeron golpizas, amenazas, privación de comida y agua, aislamiento, desnudez forzada y falta de información a las familias.

La estación policial de Masaya fue señalada como uno de los lugares donde se registraron actos de mayor intensidad. Los expedientes incluyen denuncias de desprendimiento de uñas, quemaduras, suspensión del cuerpo, amenazas con armas y violaciones sexuales.

En León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Carazo, Estelí, Managua, Rivas, Río San Juan, Boaco, Nueva Segovia y Chontales también se reportaron agresiones físicas y psicológicas contra personas detenidas por razones políticas.

El informe documentó que varias familias desconocieron durante días o semanas el paradero de sus parientes. Las autoridades policiales negaban las detenciones o no brindaban información sobre la ubicación, el estado de salud y la situación jurídica de las víctimas.

La Modelo y La 300 fueron señaladas por condiciones de aislamiento y malos tratos

El Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad, llamado La 300, fueron incluidos entre los lugares donde las víctimas denunciaron torturas y condiciones inhumanas.

La investigación recopiló testimonios sobre personas privadas de libertad en La Modelo y su anexo de máxima seguridad entre 2018 y 2023. Las denuncias mencionan hacinamiento, comida contaminada, acceso limitado al agua, golpizas, requisas violentas y aislamiento.

El reporte señala que algunos presos políticos fueron mantenidos en celdas pequeñas, oscuras y sin ventilación. También documenta interrupciones del sueño, limitaciones al patio, amenazas de muerte y restricciones para recibir visitas familiares.

En La Modelo, los testimonios incluyeron denuncias sobre agresiones cometidas por reos comunes bajo tolerancia o instigación de custodios. El informe describe amenazas, golpizas e intentos de agresión contra personas detenidas por razones políticas.

La 300 fue descrita como un área de máxima seguridad con celdas de dimensiones reducidas, poca ventilación, escaso acceso a luz solar y restricciones a la lectura, la alimentación y las visitas.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que personas recluidas en ese establecimiento denunciaron pérdida de peso, infecciones, fiebre, dolores de cabeza, trastornos del sueño y afectaciones emocionales.

Las mujeres denunciaron aislamiento, vigilancia y agresiones en La Esperanza

El Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como La Esperanza, concentró denuncias de mujeres detenidas desde 2018 hasta 2022.

El informe señala que las primeras presas políticas fueron aisladas de las reclusas comunes. Algunas estuvieron en espacios separados mediante mallas, portones y señalizaciones que advertían sobre un supuesto peligro.

Las mujeres denunciaron restricciones a libros, papel, productos de higiene, ropa y comunicación con otras personas detenidas. También reportaron requisas, insultos, amenazas y agresiones físicas.

El documento incluye testimonios sobre violencia ejercida por funcionarias y por reclusas comunes. Según el Observatorio, algunas presas políticas fueron amenazadas o agredidas por mujeres privadas de libertad que actuaban bajo estímulo o tolerancia de las custodias.

Las detenidas en el contexto electoral de 2021 denunciaron haber sido mantenidas bajo vigilancia constante. La investigación señaló que sus condiciones de aislamiento limitaron el acceso a información, actividades recreativas y contacto con otras reclusas.

El informe identificó 156 presuntos perpetradores

El Observatorio identificó 156 personas presuntamente implicadas en detenciones, amenazas, interrogatorios y actos de tortura. La mayoría fue señalada por más de una víctima, de acuerdo con el informe.

La Policía Nacional concentró la mayor cantidad de personas identificadas, con 69 presuntos perpetradores. El Sistema Penitenciario Nacional fue el segundo grupo con más nombres documentados, con 24 funcionarios.

El reporte también menciona a funcionarios municipales, integrantes de la Juventud Sandinista, miembros de estructuras partidarias del Frente Sandinista, agentes paraestatales y trabajadores de otras instituciones del Estado.

Entre los presuntos responsables identificados aparecen agentes de distintos rangos policiales y penitenciarios, así como alcaldes, concejales y funcionarios vinculados con tareas de vigilancia, localización, detención o intimidación.

El Colectivo afirmó que la variedad de actores y niveles institucionales permite observar una cadena de participación en los hechos documentados. El informe atribuye la responsabilidad máxima de esa estructura a la pareja presidencial integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La tortura dejó secuelas físicas, emocionales y familiares

El informe analiza las consecuencias físicas y emocionales de las torturas a partir de testimonios y aportes de profesionales de la medicina y la psicología.

Las secuelas físicas descritas incluyen lesiones derivadas de golpizas, fracturas, infecciones, pérdida de peso, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño y agravamiento de enfermedades previas.

El documento destaca que la privación de atención médica, medicamentos, agua, alimentos, luz solar y descanso afectó la salud de las personas detenidas. Según el análisis incorporado en el reporte, estas condiciones pueden producir daños físicos y psicológicos duraderos.

La investigación también señala síntomas de depresión, ansiedad, estrés, insomnio, pesadillas, ataques de pánico, irritabilidad, pérdida de memoria y pensamientos suicidas entre personas supervivientes.

El Colectivo reportó que 119 de las 158 personas documentadas se exiliaron. El informe presenta el exilio como una salida ante el asedio, las citaciones policiales, las amenazas y el temor a nuevas detenciones.

El destierro y la privación de nacionalidad agravaron la vulnerabilidad

El informe abordó también la expulsión de 222 personas privadas de libertad hacia Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. El reporte sostiene que esas personas fueron despojadas de su nacionalidad y de otros derechos ciudadanos.

El documento analiza esta medida como una forma adicional de castigo contra personas excarceladas por razones políticas. También señala las consecuencias para sus familias, incluidos obstáculos para la reunificación y afectaciones a niños, niñas y adultos mayores.

La investigación menciona además la desnaturalización de otras 94 personas el 15 de febrero de 2023. Al cierre del informe, el Colectivo contabilizaba 317 personas privadas de su nacionalidad.

Según el reporte, la pérdida de la nacionalidad fue acompañada por confiscaciones de bienes, restricciones a la seguridad social y dificultades para conservar vínculos familiares, laborales y patrimoniales.

El Observatorio concluyó que las detenciones, torturas, secuelas en la salud, exilio y privación de nacionalidad formaron parte de una política de castigo que se extendió más allá de los centros de reclusión.

Desnudez forzada, amenazas de violación, abuso sexual, violaciones, toma de fotografías o videos y requisas invasivas fueron las formas de violencia sexual documentadas por el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura en casos de personas detenidas por razones políticas.

El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más registró 113 víctimas de violencia sexual dentro de una muestra de 158 personas supervivientes de tortura.

Los hechos fueron denunciados en estaciones policiales, centros penitenciarios, instalaciones clandestinas o irregulares y durante traslados e interrogatorios. El documento sostiene que estas prácticas fueron empleadas como mecanismos de castigo, humillación, sometimiento y control.

La violencia sexual alcanzó a 93 de los 130 hombres incluidos en el informe y a 20 de las 28 mujeres. El Observatorio afirmó que las agresiones contra las mujeres presentaron una gravedad diferenciada por sus modalidades, intensidad y componentes de violencia de género.

La desnudez forzada fue la forma de violencia sexual más registrada

La desnudez forzada fue documentada en 99 casos. El informe registró esta práctica contra hombres y mujeres detenidos, además de tres familiares mujeres de presos políticos sometidas a revisiones de ese tipo al ingresar a los centros de detención.

Las víctimas relataron que eran obligadas a quitarse toda la ropa, incluida la interior, durante el ingreso a los centros, en las requisas, durante los traslados o antes de los interrogatorios.

En varios testimonios, las personas detenidas dijeron que también las obligaban a hacer sentadillas mientras permanecían desnudas. Algunas denunciaron que la práctica se repetía cada vez que salían o regresaban a sus celdas.

El reporte ubicó estas denuncias en estaciones policiales de diferentes departamentos, los edificios del Chipote Viejo y el Chipote Nuevo, centros clandestinos y establecimientos penitenciarios como La Modelo, La Esperanza y el penal de máxima seguridad.

El Observatorio registró también diez víctimas con fotos o videos mientras estaban desnudas. Seis eran hombres y cuatro mujeres.

Según los testimonios reunidos por el Colectivo, la captación de imágenes ocurría junto con insultos, amenazas o burlas. El informe plantea que ese registro aumentaba el temor de las víctimas por una eventual exposición de su intimidad.

Nueve personas denunciaron violación sexual durante su detención

La investigación documentó nueve casos de violación sexual: siete contra mujeres y dos contra hombres. Las denuncias situaron los hechos en centros policiales, el Chipote Viejo y lugares clandestinos de detención.

En los dos casos de hombres, los testimonios identificaron como escenarios el antiguo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial y un centro clandestino ubicado en Jinotepe, en el departamento de Carazo.

El informe señala que estas agresiones ocurrieron durante interrogatorios y estuvieron acompañadas por otras formas de tortura física y psicológica. Las víctimas reportaron consecuencias físicas, emocionales y psicológicas posteriores.

Las siete mujeres que denunciaron violación sexual también fueron sometidas a otras formas de violencia. El documento incluye desnudez forzada, amenazas contra hijos e hijas, privación de necesidades básicas y falta de atención médica ante lesiones, hemorragias o afectaciones emocionales.

El Observatorio documentó denuncias sobre agresiones reiteradas durante varios días y hechos cometidos por más de una persona contra una misma víctima. Los casos contra mujeres mencionaron estaciones policiales de Masaya y Jinotega, el Chipote Viejo y centros clandestinos.

Las amenazas de violación fueron denunciadas por 14 personas

El informe registró 14 víctimas de amenazas de violación sexual. Ocho eran hombres y seis mujeres.

Las amenazas aparecieron, principalmente, durante los interrogatorios y traslados. Según la investigación, fueron utilizadas para intimidar, obtener información o forzar confesiones.

En algunos casos documentados sobre mujeres, las amenazas se dirigieron contra sus hijas. El reporte considera estas agresiones una forma de tortura psicológica basada en violencia de género.

El abuso sexual fue denunciado por diez personas detenidas: seis hombres y cuatro mujeres. Las denuncias incluyeron tocamientos sin consentimiento en centros como La Modelo, el Chipote Viejo y estaciones policiales de Jinotepe, León y Masaya.

La investigación también recogió diez denuncias de abuso sexual contra familiares mujeres durante las requisas para ingresar a centros de reclusión. Las afectadas eran madres, esposas u otras parientes de hombres encarcelados.

El Colectivo sostuvo que esas revisiones constituyeron violencia sexual directa contra las familiares y, a la vez, un mecanismo de presión psicológica contra las personas privadas de libertad.

Las amenazas contra hijos e hijas afectaron a 13 mujeres detenidas

Las 28 mujeres incluidas en la muestra fueron detenidas en varios departamentos. En 27 casos participaron agentes policiales y en 13 hubo fuerzas combinadas con presencia de personas vestidas de civil.

El informe registró violencia física o psicológica en 25 de las 28 detenciones. Las denuncias abarcan golpizas, lesiones con armas u objetos, amenazas de muerte, amenazas contra hijos e hijas y amenazas de violación.

En 13 casos, las mujeres denunciaron amenazas de matar, desaparecer o quitarles a sus hijos. Los testimonios señalan que los interrogadores mostraban fotografías de los menores o afirmaban que los tenían ubicados para presionar a las detenidas.

Las amenazas buscaban que las mujeres hicieran declaraciones, firmaran documentos o grabaran videos incriminatorios. El reporte concluye que el patrón se dirigía contra ellas en su condición de madres.

La falta de medicamentos y productos de higiene fue otro patrón denunciado

La privación de medicamentos e insumos de higiene fue identificada en 14 casos de mujeres. Las denuncias incluyeron restricciones a tratamientos por condiciones endocrinas, reproductivas, respiratorias y otras enfermedades.

El informe documentó limitaciones al ingreso de ropa interior, productos para la menstruación y artículos de aseo personal. Algunas mujeres denunciaron que fueron obligadas a permanecer desnudas mientras menstruaban.

También se reportaron problemas de salud posteriores a las torturas, como hemorragias, infecciones, depresión y afectaciones a la salud sexual y reproductiva. Según el documento, varias mujeres no recibieron atención médica adecuada mientras permanecían detenidas.

Dos mujeres denunciaron haber sido sometidas a trabajo forzoso. Los testimonios describen tareas domésticas, como limpiar o cocinar para agentes policiales, personas paraestatales o custodios, sin remuneración y bajo amenazas.

El Observatorio registró, además, 17 mujeres sometidas a desnudez forzada. En cuatro de esos casos, agentes estatales tomaron fotografías o grabaron videos mientras las víctimas permanecían sin ropa.

Veinte mujeres concentraron 71 actos de violencia sexual y de género

La sistematización identificó 71 situaciones de violencia sexual y de género contra 20 de las 28 mujeres documentadas. Esa cifra no incluye los 13 actos de violencia sexual registrados contra familiares mujeres de personas presas políticas.

Las prácticas registradas abarcan amenazas contra hijos e hijas, privación de medicamentos, trabajo forzoso, desnudez forzada, fotografías o videos, interrogatorios sin ropa, amenazas de violación, abuso sexual y violación.

El informe identificó tres casos de interrogatorios realizados con mujeres totalmente desnudas. Otras dos denunciaron haber permanecido sin ropa durante todo el período de su privación de libertad.

Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las prácticas descritas buscaban degradar, intimidar y controlar los cuerpos de las víctimas. El Observatorio concluyó que la violencia sexual y de género formó parte de las demás formas de tortura aplicadas contra mujeres presas políticas.

La mayoría de las personas supervivientes de tortura documentadas por el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura tenía menos de 40 años cuando fue detenida. El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reunió 158 casos registrados durante cinco años de represión.

El grupo más numeroso fue el de personas de entre 19 y 29 años, con 63 casos. Otras 55 víctimas tenían entre 30 y 39 años al momento de ser privadas de libertad.

La documentación señala que 120 de las 158 personas analizadas no habían cumplido 40 años. El reporte incluye a estudiantes, profesionales, agricultores, docentes, conductores, trabajadores de la construcción, personas defensoras de derechos humanos y jubiladas.

El informe concluye que las torturas denunciadas afectaron principalmente a jóvenes vinculados de distintas formas con las protestas de abril de 2018. La investigación ubicó casos en 31 municipios de 14 departamentos, con métodos físicos, psicológicos y sexuales que, según el Observatorio, respondieron a una práctica sistemática y generalizada contra personas consideradas opositoras.

Del total de víctimas, 130 eran hombres y 28 mujeres, incluida una mujer trans. Dos de los hombres eran menores de edad cuando fueron detenidos.

Los dos adolescentes permanecieron al menos un mes privados de libertad sin poder ver a sus familiares. De acuerdo con el informe, ninguno fue sometido a un proceso judicial.

Nueve personas adultas mayores denunciaron torturas tras su detención

El Observatorio también documentó nueve casos de personas de entre 60 y 69 años. Las capturas de ese grupo ocurrieron entre 2018 y 2022 en Matagalpa, Masaya, León, Rivas y Managua.

Siete de esas nueve personas tenían enfermedades o padecimientos antes de ser arrestadas. El registro incluye diabetes, hipertensión, problemas renales, hernias discales, afecciones cardíacas, insomnio, trastornos gástricos y antecedentes de cáncer.

En 43 de los 158 casos había condiciones de salud preexistentes. La hipertensión, la diabetes y los problemas renales fueron los padecimientos más frecuentes entre quienes después denunciaron falta de medicamentos o atención médica.

El documento señala que 39 víctimas tenían título de licenciatura antes de su arresto. Otras 31 estudiaban secundaria o una carrera universitaria, mientras que ocho contaban con formación técnica.

La afectación alcanzó también a los núcleos familiares. Muchas de las personas detenidas sostenían económicamente a sus hogares con empleos formales o informales y sus parientes debieron afrontar gastos de traslado, paquetería y búsqueda de información.

El hostigamiento previo fue denunciado por 123 personas

La participación en las protestas iniciadas en abril de 2018 aparece como un elemento común. De las 158 personas documentadas, 153 habían participado en manifestaciones, plantones, pintas o denuncias en redes sociales.

Antes de ser detenidas, 123 víctimas denunciaron amenazas, vigilancia, asedio u hostigamiento. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más consideró que esos antecedentes reflejan un esquema de seguimiento contra personas identificadas como críticas u opositoras.

El informe sostiene que la tortura comenzó, en numerosos casos, desde las propias capturas. Un total de 136 personas denunciaron detenciones violentas, equivalentes al 86% de los expedientes examinados.

Los testimonios describieron golpes, empujones, arrastres, amenazas de muerte, insultos e intimidación con armas. En siete casos, las víctimas denunciaron que agentes policiales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños presentes durante los operativos.

La Policía Nacional fue señalada como participante en la mayoría de las detenciones recopiladas. El informe también registró la intervención de agentes paraestatales y, en al menos cuatro casos, de efectivos del Ejército.

Los testimonios ubicaron actos de tortura en centros policiales y penitenciarios

El Observatorio identificó denuncias en 33 centros policiales de 29 municipios. La investigación también abarcó siete establecimientos penitenciarios, centros clandestinos o irregulares y los edificios conocidos como Chipote Viejo y Chipote Nuevo.

De los 158 casos analizados, 151 fueron clasificados como tortura física, psicológica o ambas. Los otros siete correspondieron a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El informe plantea que la distribución geográfica de las denuncias permite advertir una práctica extendida. Los hechos fueron documentados en 14 departamentos y en dos regiones autónomas del país.

Según la organización, las detenciones y los malos tratos no se limitaron a los primeros meses de las protestas. Los expedientes reunidos abarcan hechos ocurridos entre 2018 y 2023.

El reporte sostiene que la represión evolucionó con el paso del tiempo. En los primeros años predominó la violencia física, mientras que después aumentaron las prácticas orientadas a afectar la salud mental y emocional de las personas detenidas.

Las golpizas fueron la forma física de tortura más denunciada

El Observatorio identificó más de 40 métodos o formas de tortura en los testimonios. Las golpizas fueron la práctica física más frecuente: 130 personas denunciaron haberlas sufrido durante la captura, los interrogatorios o la reclusión.

Los relatos describieron fracturas de nariz, brazos y costillas, problemas auditivos y pérdida de piezas dentales. Al menos 73 víctimas denunciaron golpes con culatas de fusiles, cachas de armas, hierros, ladrillos, anillos, tonfas u otros objetos.

Un total de 15 personas denunciaron descargas eléctricas. Las víctimas refirieron que estos choques fueron aplicados, principalmente, en brazos y piernas, aunque el informe también recoge denuncias sobre agresiones en los genitales.

El documento registró 18 casos de quemaduras. Los métodos referidos incluyen cigarrillos, plástico negro derretido, líquidos no especificados y planchas calientes.

Al menos 17 personas denunciaron tortura por suspensión. Los testimonios describieron a víctimas colgadas de manos, pies o ambas extremidades, en ocasiones mientras recibían golpes.

Doce personas reportaron asfixia seca o húmeda. Los métodos señalados fueron la colocación de bolsas plásticas sobre la cabeza y la inmersión de la cabeza en recipientes con agua.

El informe también registró arrastres, esposas excesivamente ajustadas, baños de agua fría, disparos, desprendimiento de uñas, estrangulamientos y lesiones con cuchillos o agujas.

Las amenazas contra familiares fueron un mecanismo de presión

Las amenazas de muerte fueron denunciadas por 84 personas. En otros 46 casos, las advertencias se dirigieron contra familiares, incluidos hijos, hijas y otros parientes cercanos.

Las víctimas relataron que eran amenazadas con detenciones, torturas, asesinatos o desapariciones de sus familiares. El informe señala que, en algunos interrogatorios, los agentes mostraban fotografías de hijos e hijas para aumentar la presión.

Los tratos verbales degradantes fueron denunciados por 102 personas. Los testimonios incluyen insultos y expresiones que las estigmatizaban como delincuentes, terroristas, golpistas o traidoras.

Nueve víctimas denunciaron simulaciones de ejecución. Según esos relatos, fueron arrodilladas, apuntadas con armas y sometidas a disparos que no impactaron sus cuerpos.

La incomunicación, la falta de visitas y el aislamiento también aparecen como métodos recurrentes. Un total de 66 personas denunciaron aislamiento coactivo y prolongado, incluso en más de un centro de detención.

La privación de alimentos o agua fue reportada en 56 expedientes. Otras 86 personas denunciaron restricciones a medicamentos o atención médica, pese a que varias requerían tratamientos por enfermedades crónicas.

El informe describe, además, condiciones de hacinamiento, calor, humedad, plagas, falta de higiene, agua contaminada y alimentos en mal estado. Para el Observatorio, esos factores profundizaron el sufrimiento físico y emocional de las víctimas.

El Gobierno de Canadá resolvió mantener la advertencia para que sus ciudadanos ejerzan un alto grado de precaución al viajar a Nicaragua, una medida motivada por la inestabilidad política interna, el peligro de disturbios y los índices delictivos. La más reciente actualización de las autoridades canadienses incorporó además un aviso sobre el impacto del evento meteorológico El Niño 2026-2027, junto con las amenazas derivadas de desastres naturales en el territorio centroamericano.

La diplomacia canadiense señaló que el panorama político en la nación centroamericana mantiene un carácter volátil desde la crisis social que estalló en abril de 2018. Tras el proceso electoral de 2021, las fuerzas de seguridad del régimen de Nicaragua intensificaron las acciones punitivas contra quienes expresan disidencia o cuestionan las decisiones oficiales.

De acuerdo con el reporte consular, el aparato judicial nicaragüense imputa acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero o terrorismo a opositores. Por esta razón, el aviso insta a los viajeros canadienses a eludir cualquier manifestación política, evitar debates sobre la coyuntura del país tanto en sitios públicos como en internet, y abstenerse de realizar comentarios críticos en plataformas digitales.

La ley local veta de forma expresa la participación de extranjeros en asuntos políticos, por lo que cualquier transgresión acarrea la expulsión inmediata o el encarcelamiento.

La delincuencia común y los asaltos violentos afectan a las principales ciudades

En materia de seguridad ciudadana, el reporte advierte sobre la incidencia de robos y agresiones armadas, particularmente en núcleos urbanos y zonas turísticas. En Managua, la capital, se detectaron puntos críticos por asaltos en barrios como:

• Mercado Oriental
• Jorge Dimitrov
• Reparto Schick
• Ciudad Belén
• Barrio Camilo Ortega
• Los sectores de Américas 1 y Américas 2.

En estas áreas se reportan sustracciones cometidas contra conductores detenidos ante semáforos. La problemática de delitos contra la propiedad se extiende a localidades como León, Matagalpa, Masaya, Ciudad Sandino, Tipitapa y Bluefields.

El documento señala igualmente la presencia de secuestros exprés, una modalidad en la que agresores fuerzan a las víctimas a extraer fondos de cajeros automáticos, en ocasiones con la complicidad de conductores de vehículos de alquiler no registrados.

Ante este panorama, se recomienda contratar transporte mediante agencias reconocidas o aplicaciones digitales verificadas. Asimismo, las zonas fronterizas con Costa Rica y Honduras presentan una mayor actividad de organizaciones criminales, en un contexto donde los cuerpos policiales disponen de escaso personal y recursos materiales limitados.

Los fenómenos climáticos extremos y el impacto de El Niño elevan la alerta

La reciente revisión del documento gubernamental integró consideraciones sobre la evolución del patrón climático El Niño 2026-2027, cuyos efectos alterarán el régimen de precipitaciones y provocarán ascensos en las temperaturas habituales. Este escenario incrementa la vulnerabilidad frente a sequías prolongadas o lluvias torrenciales imprevistas.

El reporte recuerda que Nicaragua se encuentra expuesta de manera constante a amenazas naturales severas, entre las que figuran inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, sismos y el impacto directo de huracanes. Estas eventualidades pueden aislar comunidades costeras en el océano Pacífico y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde los servicios de salvamento y las labores de auxilio médico resultan reducidos.

El comunicado oficial concluye con una advertencia operativa: la Embajada de Canadá en Managua cuenta con facultades acotadas para prestar auxilio consular o intervenir legalmente ante detenciones efectuadas por el régimen de Nicaragua.

El Ministerio de Hacienda de Nicaragua acumuló 32 semanas sin colocar Bonos de la República en 2025, mientras inversores privados, instituciones financieras y bancos evitaron adquirir deuda estatal por dudas sobre la capacidad y la voluntad de pago del régimen, informó Confidencial 30.

Las emisiones realizadas hasta el 14 de octubre sumaban USD 45,9 millones en distintos plazos, menos de la mitad de la meta anual de USD 100 millones. El resultado prolongó las dificultades que ya habían limitado la captación de recursos durante el año anterior.

La principal preocupación es la confianza en que el Estado cumpla sus obligaciones, explicó a Confidencial, medio nicaragüense, un profesional que integró el equipo de asesoría legal de un banco comercial nicaragüense. El riesgo, señaló, combina dos interrogantes: si el Gobierno podrá pagar y si decidirá hacerlo.

Hasta ahora, el régimen de Daniel Ortega no ha incumplido obligaciones financieras. El especialista recordó que, al inicio de su Gobierno, Ortega cuestionó el pago de más de USD 100 millones en Bonos por Indemnización, pero cambió de posición tras ser advertido sobre las consecuencias de un incumplimiento.

El experto advirtió que una eventual suspensión de pagos no puede descartarse si el país enfrenta sanciones comerciales o financieras.

El aislamiento financiero y la presión sobre las reservas

Las sanciones comerciales podrían afectar los acuerdos de Nicaragua con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana —conocido como DR-CAFTA— y con Europa mediante el Acuerdo de Asociación. El impacto sobre las exportaciones dependería de la profundidad de las medidas que eventualmente se apliquen.

El aislamiento financiero también podría agravarse, según el medio, por la suspensión de desembolsos de créditos ya firmados, incluidos los contratos con China, que suelen avanzar lentamente. Si esos escenarios se concretaran, las reservas internacionales brutas podrían resultar insuficientes para sostener salarios estatales, servicios básicos y el funcionamiento del Estado.

“Quizás puedan hacerlo por tres o cuatro meses, en cuyo caso, pagar esos bonos no será prioridad”, sostuvo el especialista. La emisión de estos instrumentos busca captar recursos para financiar el Presupuesto General de la República e incentivar el ahorro de pequeños inversores en la Bolsa de Valores de Nicaragua.

La compra de deuda pública supone además un riesgo para quienes participan en las subastas. “Adquirir estos bonos, o simplemente ofertar por ellos, significa objetivizarse frente a la voracidad recaudatoria del Estado”, afirmó el experto, al mencionar la posibilidad de reparos fiscales contra los inversores.

Un inversionista consultado consideró que la tasa de interés del 7% ofrecida por el Estado revela “desesperación por liquidez”. Según su evaluación, Nicaragua permanece aislada financieramente y los financiadores internacionales se han alejado de un Gobierno que atraviesa una crisis política permanente.

Dos clases de bonos y una demanda limitada

El Estado ofrece bonos denominados en dólares estadounidenses que se pagan en córdobas al tipo de cambio oficial, y otros emitidos y pagaderos en dólares. El mercado ha mostrado mayor preferencia por los primeros.

La política económica también busca contener la inflación mediante un freno macroeconómico, según el análisis recogido por Confidencial. Las remesas, que en 2025 se acercaron a USD 6.200 millones y podrían rondar los USD 6.700 millones en 2026, ingresan sin un encadenamiento productivo local y, de acuerdo con esa evaluación, deberían generar mayores presiones sobre los precios.

Los bancos prefieren los instrumentos emitidos por el Banco Central, que capta recursos para aumentar las reservas brutas. Además, las entidades necesitan mantener altos niveles de liquidez porque trabajan con fondos internacionales de corto plazo, que deben devolver en un período máximo de un año.

En 2024, el Ministerio de Hacienda solo logró colocar USD 6,5 millones, equivalente al 6,5% de lo proyectado. Durante los primeros cinco meses de 2025, las emisiones alcanzaron USD 9,85 millones, y al cierre del año la colocación representó el 15,3% de la meta prevista, se añade.

Cuando viajó desde León para visitar a sus familiares palestinos, Samer Samir Alwazir González esperaba regresar a Nicaragua después de unas semanas. Cinco años más tarde, afirma que permanece atrapado en la Franja de Gaza por la guerra, lejos de la ciudad donde creció.

Samer, de madre nicaragüense y padre palestino, llegó a Gaza en 2021, después de graduarse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). El viaje coincidió con la boda de uno de sus hermanos y con el reencuentro con la familia de su padre. Según su testimonio, difundido en videos de TikTok desde la cuenta “Soy Samer”, su estancia quedó alterada por el inicio de la guerra en 2023.

“Viajé antes de la guerra y quedé atrapado como 2 millones de personas”, expresó en uno de los videos que circulan en esa red social. Su relato describe una vida marcada por los bombardeos, los desplazamientos y la dificultad de abandonar un territorio con severas restricciones de movilidad.

¿Qué le impide viajar?

El joven explica que su pasaporte nicaragüense no le garantiza una salida inmediata de Gaza. “Nicaragua, mi gente. Literalmente estoy atrapado. Aquí no hay aeropuertos y hay un bloqueo fronterizo”, señaló en TikTok.

Samer sostiene que para regresar necesita una autorización de las autoridades israelíes y que ese trámite puede prolongarse. “Para yo poder regresar a Nicaragua, literalmente, necesito ser aceptado por lo que es el gobierno de Israel. Y ese proceso de aceptación lleva meses, incluso puede llevar años”, afirmó.

No hay información pública en el testimonio sobre una eventual solicitud formal ante autoridades nicaragüenses ni sobre gestiones consulares relacionadas con su caso.

Sus declaraciones se conocen a través de grabaciones personales difundidas en redes sociales en las que ha buscado apelar a la ayuda de las autoridades nicaragüenses sin obtener una respuesta satisfactoria.

En sus publicaciones, Samer muestra edificios destruidos, zonas afectadas por ataques y momentos de la vida cotidiana junto a su familia. También habla de la falta de alimentos, la imposibilidad de trabajar y los continuos traslados que ha experimentado.

“Por supuesto que no estoy bien. Llevo tres años sobreviviendo con mi familia, corriendo de un lugar para el otro, dejando nuestra ropa atrás, sin trabajar, sin comer, viendo a las personas morir”, dijo en uno de los videos.

El 10 de octubre, según relató, sobrevivió a un bombardeo que impactó a menos de 20 metros del lugar donde se encontraba. Dijo que estaba en el segundo piso de un edificio y que se lanzó al suelo al escuchar la explosión. “Por mucho que vivas este tipo de situaciones, uno no se puede acostumbrar”, afirmó.

Días después, publicó otra grabación en la que describió una noche de ataques como una de las peores que había vivido durante su permanencia en Gaza.

La situación de Gaza continúa marcada por la destrucción de infraestructura, el desplazamiento de la población y la dependencia de la ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos informó el 19 de octubre que redujo su asistencia por falta de fondos: pasó de atender a 1,6 millones de personas a 1,1 millones.

El organismo estimó que 1,4 millones de habitantes de Gaza enfrentan inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o superiores.

“Por los momentos seguiré tratando de sobrevivir, seguiré tratando de documentar lo que está pasando aquí”, manifestó. Mientras tanto, insiste en su deseo de volver a casa y reunirse otra vez con la parte nicaragüense de su familia.

La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) denunció este 19 de octubre que un padre y su hijo indígenas mayangna fueron asesinados durante un ataque atribuido a colonos armados en la comunidad de Dimanwas, dentro del territorio Sauni As, en la Reserva de Biósfera de Bosawás, en Nicaragua.

Según el pronunciamiento, los hechos ocurrieron entre la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19. AMDES afirmó que cerca de 15 hombres armados, a quienes identifica como colonos no indígenas, ingresaron a la comunidad ubicada en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La organización señaló que los atacantes incendiaron al menos cuatro viviendas en las que había niños y adultos, efectuaron disparos contra animales de las familias y secuestraron a cuatro hombres. De acuerdo con la denuncia, dos de ellos fueron asesinados: Dionicio Hernández Bruno y su hijo, Wilmer Hernández Smith.

La denuncia coloca a una familia en el centro de un nuevo episodio de violencia

Para AMDES, el ataque contra Dionicio y Wilmer se inscribe en una secuencia de agresiones contra las comunidades indígenas mayangna de Sauni As. La entidad sostuvo que la muerte de padre e hijo refleja el riesgo que enfrentan familias asentadas en ese territorio ancestral.

“Secuestraron a cuatro hombres, asesinando a dos indígenas mayangna que eran padre e hijo”, afirmó la asociación en su comunicado. La denuncia añade que en las viviendas atacadas había menores de edad y personas adultas, aunque no reporta víctimas adicionales entre quienes se encontraban en los inmuebles.

AMDES vinculó los hechos con una situación de inseguridad que, según expuso, afecta desde hace años a las comunidades de la Costa Caribe Norte. La organización indicó que Sauni As registró al menos seis episodios de violencia de alto impacto durante los últimos 15 años.

La entidad cuestionó la respuesta de las autoridades territoriales, municipales, regionales y nacionales. Aseguró que esos organismos conocen la situación, pero que no adoptaron garantías suficientes para proteger los derechos colectivos e individuales de la población mayangna.

AMDES pidió investigar el ataque y proteger a las comunidades

En su declaración, la asociación también alertó sobre la circulación, durante las últimas semanas, de imágenes en redes sociales que mostrarían a jóvenes armados con fusiles M16 y AK-47. Además, mencionó un supuesto comunicado de colonos con amenazas contra miembros de las comunidades por tareas de vigilancia territorial.

La organización sostuvo que existen intereses vinculados con la minería y la ganadería en áreas habitadas por poblaciones mayangna. Según su planteamiento, esas actividades buscarían ampliar su presencia mediante el desplazamiento de comunidades indígenas de territorios que consideran de potencial productivo y extractivo.

AMDES calificó los últimos hechos como posibles crímenes de “genocidio y etnocidio cultural”. Esa es una caracterización formulada por la entidad denunciante y no equivale a una resolución judicial.

Entre sus reclamos, pidió al régimen investigar y llevar ante la Justicia a los autores materiales e intelectuales de la agresión. También solicitó protección urgente para las comunidades afectadas y el inicio de un proceso de saneamiento territorial.

La organización convocó a la población nicaragüense a solidarizarse con las familias víctimas de la violencia y pidió a la comunidad internacional que impulse acciones diplomáticas para exigir protección frente a la violencia y el despojo territorial.

En medio de una profunda consternación y un dolor irreparable, los familiares de Yasmina y su pequeña hija Valeska, de tan solo 10 años, afinan los últimos detalles legales y administrativos en Costa Rica para repatriar los restos mortales de ambas hacia su país natal, Nicaragua.

Luego del trágico suceso ocurrido en el sector de Bellavista, en Liberia, Guanacaste, los allegados de las víctimas han vivido jornadas desgarradoras para completar el retiro de los cuerpos y brindarles una cristiana sepultura en la tierra que las vio nacer.

Desde muy temprano este martes 19 de octubre, parientes cercanos acompañados por doña Damaris, presidenta de la Junta de Educación de la Escuela de Barrio San Roque, realizaron una exhaustiva gira por diversas dependencias públicas.

Las gestiones iniciaron en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), continuaron en el Juzgado Contravencional para solicitar las autorizaciones de entrega y se extendieron hasta la morgue del Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, donde el personal funerario coordina el traslado trasatlántico y terrestre.

El destino final de ambas víctimas será el municipio de Siuna, ubicado en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, una zona distante a la que solo se puede acceder tras un extenuante trayecto. Según estimaciones preliminares de los allegados, el viaje por carretera desde territorio costarricense tomará alrededor de ocho a nueve horas.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.

Tragedia en Bellavista: así habrían ocurrido los hechos

Según las investigaciones preliminares que adelanta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se desencadenaron el pasado 17 de octubre, mientras la madre de 40 años y su hija de 10 años dormían en su vivienda localizada en Bellavista de Liberia. El principal sospechoso, habría atacado a ambas víctimas provocándoles heridas mortales con un objeto punzocortante.

Las autoridades forenses analizan en la sede del OIJ si el arma empleada fue un cuchillo o un machete, conforme se determinen las características de las lesiones. La dinámica posterior al crimen ha generado un profundo desconcierto entre los investigadores.

Tras el ataque, el sospechoso acudió a la vivienda de una vecina del barrio para solicitarle que alertara a las autoridades, alegando haber encontrado los cuerpos sin vida de su esposa e hija. Sin embargo, cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron al inmueble, el sujeto ya se había esfumado sin dejar rastro ni señal alguna de su paradero.

Antecedentes que han trascendido sugieren que la relación estuvo marcada por episodios previos de agresividad. Entre la información que evalúa el OIJ figura una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de la tragedia, donde el hombre habría golpeado fuertemente a Yasmina en la cabeza utilizando una pala.

Sospechoso continúa prófugo y despliegan operativo policial

Las hipótesis policiales no descartan que el sujeto haya cruzado de manera irregular la frontera norte para ocultarse en suelo nicaragüense. No obstante, las fuerzas de seguridad de Costa Rica mantienen un intenso despliegue operativo en toda la zona norte del país para descartar cualquier punto de fuga y lograr su captura.

Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública, enfatizó que no descansarán hasta poner al sospechoso a la orden de los tribunales. Además, las autoridades han establecido retenes de seguridad, revisiones a autobuses, motocicletas y vehículos particulares, así como rastreos minuciosos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas.

Mientras las autoridades continúan tras la pista del presunto agresor, la comunidad liberiana y los familiares despiden con profundo dolor a Yasmina y Valeska, cuyo trágico final reaviva el clamor social por poner alto a la violencia machista.

El régimen de Nicaragua concedió un beneficio que permitió recuperar la libertad a Jason Telémaco Ingram Oporta, exseleccionado nacional de fútbol condenado a dos años de prisión por provocar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad, informó el diario La Prensa.

Ingram fue declarado culpable por un accidente ocurrido el 9 de marzo de 2026, en el kilómetro 13.5 de la carretera a Masaya. De acuerdo con la información publicada por el medio nicaragüense, el entonces jugador de la UNAN-Managua, en la Liga Primera, irrespetó la luz roja de un semáforo e impactó contra otro vehículo.

La colisión causó lesiones graves a Julio Francisco Jiménez Zúñiga, quien quedó en estado vegetativo, según denunciaron sus familiares. El deportista conducía una camioneta Mitsubishi Outlander y registraba 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre, una cantidad superior al límite de 0.50 gramos permitido por la legislación nicaragüense.

En el accidente también resultó afectada Ana Lucía Campos Zepeda, quien viajaba como acompañante de Ingram y sufrió fracturas en las manos.

El exfutbolista fue detenido y admitió su responsabilidad ante una jueza. La Fiscalía había solicitado una pena de tres años de prisión y la suspensión de su licencia de conducir. Sin embargo, recibió una condena de dos años de cárcel por el delito de lesiones imprudentes.

La sentencia también ordenó notificar a la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional para que procediera con la inhabilitación de Ingram para conducir vehículos. Esa disposición consta en un acta judicial emitida el 27 de marzo.

De acuerdo con La Prensa, a pesar de la condena, Ingram solo permaneció cuatro meses en prisión. Según un acta presentada ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) del Complejo Judicial Central de Managua, el exjugador habría recuperado la libertad el pasado 24 de julio.

La Prensa señaló que el documento no precisa la fecha exacta en la que se le concedió el beneficio ni la figura jurídica utilizada. El acta únicamente establece que el exseleccionado nacional ya no permanecía en prisión.

Ingram, de 28 años, se formó en el Real Estelí y debutó en la Liga Primera con el Juventus. Posteriormente pasó al fútbol internacional y jugó para el Santos de Guápiles y Guanacasteca, en Costa Rica. En el Clausura 2023 rescindió su contrato con este último club por problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Antes de llegar a la UNAN-Managua, regresó al Diriangén, donde también salió del equipo por motivos similares, según la información publicada por La Prensa. Después fue enviado a préstamo al conjunto universitario, en el que militaba cuando ocurrió el accidente.

El defensor integró las selecciones nacionales Sub-17, Sub-20, Sub-21, Sub-23 y la Selección Nacional Mayor, con la que debutó en 2020. También participó en siete partidos con la selección absoluta, incluido un encuentro de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Aunque fue considerado un jugador con condiciones para continuar en el combinado nacional, el entonces entrenador Fantasma Figueroa dejó de convocarlo por problemas vinculados con su comportamiento y el consumo de alcohol. En su carrera profesional disputó 81 partidos entre los clubes en los que militó.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua comenzó a mostrar nuevamente en su sistema a algunos abogados y notarios que habían sido eliminados del registro en julio, según informó Diario La Prensa.

La reactivación no equivale, en todos los casos, a una restitución completa de sus facultades profesionales: varios de los nombres figuran con la condición de “en revisión por Inspectoría” y sin autorización para cartular, lo que les impide realizar escrituras públicas aunque vuelvan a aparecer en la plataforma institucional.

Un abogado del norte del país que fue afectado por la eliminación indicó que algunas restituciones ocurrieron después de que los profesionales acudieron a Managua, fueron investigados y, en ciertos casos, firmaron una carta de compromiso.

“Los han restituido porque han firmado un documento”, afirmó el letrado a Diario La Prensa. Según su versión, el documento incluía el compromiso de no vincularse con actividades políticas.

Otro abogado que había sido eliminado del sistema confirmó que volvió a aparecer en el registro después de asistir a la sede central de la Corte y presentar varios escritos ante la institución.

No obstante, señaló que su condición no cambió por completo: “Ahora aparezco en el sistema, pero sigo suspendido de funciones, dice que no estoy autorizado a cartular”. La información disponible indica que otros profesionales reactivados también permanecen bajo revisión de la Inspectoría.

La eliminación de registros alcanzó a al menos 2,000 abogados

La eliminación de registros ocurrida en julio alcanzó a al menos 2,000 abogados, de acuerdo con la publicación. Los profesionales entrevistados señalaron que, en muchos casos, la medida afectó a personas que fueron apartadas por razones políticas.

Uno de los letrados consultados explicó que no todos los profesionales que viajaron a Managua para pedir una revisión lograron volver al sistema.

Según relató, algunas de las personas eliminadas tenían antecedentes de incidentes, quejas o medidas cautelares vinculadas con su actividad, por lo que sus solicitudes no fueron aprobadas pese a haber acudido a la sede de la CSJ.

El abogado sostuvo que algunos conocidos fueron reactivados bajo revisión después de acercarse al Frente Sandinista.

De acuerdo con testimonios consultados indicaron que la eliminación del registro también alcanzó a decenas de policías en servicio que se habían graduado en Derecho y estaban incorporados ante la Corte. Uno de los letrados afirmó que varios agentes fueron suspendidos a pesar de contar con títulos profesionales y de estar registrados en la institución.

“La mayoría, un montón de esos eliminados, son policías en servicio que se habían graduado”, dijo el abogado entrevistado por el diario. Según su explicación, la medida respondía a la intención de evitar que esos policías abandonaran la institución para dedicarse al litigio como abogados.

El profesional afirmó que existen casos documentados de policías graduados que no ejercían como abogados, pero que igualmente fueron afectados por la eliminación de sus registros. Los casos mencionados corresponden a Managua, Estelí y Madriz.

Rudy Siles cuestionó la reactivación parcial de profesionales

El abogado Rudy Siles, quien se encuentra en el exilio, manifestó que su nombre tampoco figura en el sistema de registro de la Corte Suprema de Justicia. Sostuvo que la reaparición parcial de algunos abogados bajo la condición de revisión no corrige las medidas adoptadas durante la eliminación masiva de profesionales.

Siles afirmó que la exclusión de alrededor de 2,000 abogados se realizó sin notificación, sin procedimientos disciplinarios individualizados, sin motivación jurídica y sin recursos efectivos. “Permanece como un acto administrativo nulo”, expresó al referirse a la medida.

Además, señaló que la eliminación de los registros vulneró el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, así como las garantías de debido proceso y el derecho a la defensa. La transcripción disponible no incluye una respuesta oficial de la CSJ ni de otra autoridad sobre las reactivaciones, las limitaciones para cartular o los cuestionamientos de los abogados afectados.

Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue detenido en el sector de Pavana, en la zona sur de Honduras, luego de que las autoridades informaran que transportaba dólares estadounidenses y euros en efectivo sin haberlos declarado al ingresar al territorio hondureño.

El detenido fue identificado como Ever Alberto Sánchez Pérez, de 35 años. Durante el procedimiento, la Policía Nacional le encontró USD 10.935 y 3.145 euros no declarados ante las autoridades migratorias, según el reporte del caso.

El monto total supera un estimado de USD 14.000 al convertir ambas monedas, El caso será trasladado a las instancias judiciales correspondientes, donde se determinará si existen elementos para iniciar un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos o si corresponde aplicar una sanción administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de declaración de divisas.

Los decomisos representan la mayor parte del dinero incautado. A esa cantidad se suman 3.145 euros, Las autoridades no han detallado el origen del dinero, su destino ni el propósito por el cual el ciudadano transportaba esas cantidades.

Tampoco se han divulgado datos que permitan establecer si el efectivo estaba relacionado con alguna actividad ilícita.

Bajo control de las autoridades

La detención y el decomiso deben distinguirse de una eventual acusación formal: el hallazgo de dinero no declarado puede dar lugar a verificaciones y actuaciones legales, pero no demuestra por sí solo que los fondos procedan de una actividad criminal.

La Policía Nacional informó que remitirá al ciudadano a los juzgados competentes para que determinen la vía legal aplicable.

Entre las posibilidades figura una investigación por el presunto delito de lavado de activos, hipótesis que las autoridades deberán examinar a partir de los indicios disponibles, la documentación que presente el detenido y las diligencias que se practiquen.

La otra posibilidad es la aplicación de una multa, aunque la decisión dependerá de la valoración jurídica de los hechos.

La información disponible deja varios aspectos sin resolver: la procedencia de los dólares y los euros, si el portador cuenta con documentos que respalden su origen, el destino del dinero y la disposición que adopten las autoridades judiciales.

Otros casos similares

En febrero de 2026, un ciudadano salvadoreño de 37 años fue detenido en el punto de control de La Corteza, en el municipio de El Triunfo, Choluteca, cuando transportaba US$89,000, equivalentes a más de L2.3 millones. Según la Policía Nacional, el dinero fue decomisado durante una inspección y el caso fue remitido a las autoridades competentes por la presunta comisión de lavado de activos.

Otro decomiso de mayor cuantía se registró el 21 de agosto de 2026, cuando las autoridades encontraron US$260,000, unos L6.8 millones, ocultos en compartimentos falsos de un vehículo interceptado en el sector de La Corteza, Choluteca.

De acuerdo con reportes policiales divulgados las investigaciones buscaban establecer la procedencia y el destino del efectivo, así como determinar si existía alguna relación con actividades ilícitas.

La reiteración de estos decomisos en Choluteca mantiene bajo atención los controles policiales en los principales corredores de la zona sur de Honduras, especialmente por el traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses pidió este lunes que la justicia de Costa Rica aplique la pena máxima prevista por la ley en el proceso por el atentado armado contra sus fundadores, Joao Maldonado y Nadia Robleto, y que la investigación avance sobre todos los posibles responsables.

La pareja sobrevivió al ataque del 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, aunque ambos quedaron con secuelas físicas y emocionales. En la antesala del juicio, las víctimas sostienen que una sentencia contra el acusado no debería cerrar el caso si todavía existen dudas sobre la planificación, coordinación y ejecución del crimen.

Maldonado y Robleto, junto con organizaciones de derechos humanos, también reclamaron que las autoridades costarricenses analicen el atentado en el contexto de las denuncias de persecución contra opositores nicaragüenses fuera de Nicaragua.

Las víctimas declararán de forma virtual ante la justicia costarricense

Según información difundida por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, el juicio comenzará el 6 de julio de 2026 en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. La audiencia estaba prevista para cinco días, aunque el plazo podía extenderse de acuerdo con el desarrollo del debate.

Maldonado tenía previsto declarar el 7 de julio y Robleto, el 8, ambos por vía virtual. Para la pareja, las comparecencias implican volver sobre una agresión que dejó consecuencias en su vida cotidiana.

“Estamos agradecidos con Dios por estar con vida. Ante la magnitud del atentado logramos sobrevivir y eso nos da la oportunidad de dar testimonio de lo que nos pasó”, afirmó Maldonado, según el colectivo.

Un acusado enfrenta cargos por tentativa de homicidio calificado

El proceso judicial tiene como acusado a Jeremy Jacob Rivas Núñez. El abogado de las víctimas, Marlon Antonio Medina Robleto, presentó una querella ante la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos por dos presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado contra Maldonado y Robleto.

Maldonado afirmó que la Fiscalía y la representación legal de las víctimas presentaron elementos que, a su juicio, sostienen la acusación durante una audiencia celebrada el 15 de abril de 2026.

“Las pruebas son contundentes. El procedimiento se desarrolló con normalidad y la querella presentada por nuestro abogado fue sólida”, señaló.

Las organizaciones reclaman protección para los exiliados nicaragüenses

Las víctimas pidieron que el atentado sea analizado dentro de las denuncias sobre acciones contra opositores nicaragüenses que viven fuera de su país. Maldonado mencionó el asesinato en Costa Rica del mayor en retiro Roberto Danilo Samcam Ruiz como un hecho que, según planteó, evidencia los riesgos que enfrenta la comunidad exiliada.

“Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”, manifestó.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica que garanticen un juicio independiente, respetuoso del debido proceso y con medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses que denuncian persecución en el exilio.

También pidió el acompañamiento de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil durante el proceso.

Cientos de personas participaron este fin de semana en un coffee run party que combinó una carrera de hasta siete kilómetros, desayuno y espacios de socialización en Managua. La propuesta reunió a atletas experimentados, corredores principiantes y participantes de distintas edades que eligieron recorrer la ruta a su propio ritmo antes de encontrarse alrededor de una taza de café.

Con zapatillas deportivas y ropa cómoda, los asistentes partieron desde un punto ubicado al sur de la capital nicaragüense. La jornada incluyó trayectos de hasta 7 kilómetros y concluyó con un desayuno compartido, una instancia central de esta modalidad de encuentro.

El formato ganó visibilidad en redes sociales, donde se multiplican las fotos y los videos de las carreras. Sin embargo, quienes integran los grupos de corredores de la ciudad sostienen que estas actividades existen desde hace tiempo y que el aumento de la convocatoria responde a un interés creciente por unir actividad física y vínculos sociales.

“Ya tenemos rato haciendo estas actividades y hay gente corriendo de hace años en Managua. Sí es bonita iniciativa el ‘coffee run party’, no es la primera y entonces no es una moda”, afirmó Antonio Vaza en declaraciones a EFE.

La convocatoria reúne a corredores con distintas experiencias

Vaza explicó que el objetivo de estas jornadas consiste en correr, conversar y luego reunirse para comer. Según señaló, el recorrido puede llegar a siete kilómetros, aunque cada persona adapta el esfuerzo a sus posibilidades.

“Ya tenemos rato, lo que pasa es que se está uniendo más gente y se está haciendo viral”, agregó el participante, al referirse a la expansión de estas convocatorias entre quienes buscan una actividad grupal al aire libre.

El encuentro no exige un nivel deportivo determinado. Algunos asistentes entrenan de forma regular y utilizan la carrera como parte de sus rutinas. Otros se acercan por primera vez a este tipo de actividades, con la intención de iniciar una práctica física, mejorar la resistencia o conocer personas con intereses similares.

Entre las participantes estuvo Litzy González, hija del boxeador nicaragüense Román “Chocolatito” González, campeón mundial en 4 categorías de peso. La joven destacó el carácter abierto de la iniciativa y su capacidad para convocar a personas de distintas generaciones.

“Me parece una iniciativa súper linda para inspirarnos a todos, desde los jóvenes hasta los mayores, y que nos motiva a correr, a recorrer siete kilómetros”, expresó González a EFE. “Me parece súper bonito terminar en un rico desayuno”, añadió.

El café completa una jornada de ejercicio y convivencia

Tras completar el recorrido, los participantes compartieron café, alimentos y conversaciones sobre la experiencia. Ese momento posterior a la carrera funciona como un punto de reunión para quienes buscan integrar el ejercicio a una rutina social.

El ‘coffee run party’ propone una dinámica en la que la velocidad y el rendimiento no ocupan el centro de la actividad. La convocatoria se apoya en el interés por salir a correr acompañado, mantener hábitos vinculados al bienestar físico y ampliar los círculos de contacto.

Las redes sociales ayudaron a difundir estas jornadas entre nuevos participantes, aunque los grupos de corredores de Managua ya organizaban encuentros con una lógica similar. La diferencia está en que ahora esas actividades alcanzan a un público más amplio y reúnen a cientos de personas.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, evaluó la respuesta de Estados Unidos tras el rechazo de Nicaragua a su embajadora designada y se reunió con el encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, para definir los próximos pasos, así informó la cuenta oficial del Departamento de Estado de EE.UU. en español.

El secretario de Estado calificó el encuentro como productivo y cuestionó la negativa de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo a otorgar el beneplácito diplomático a Natasha Franceschi, cuya designación había sido aprobada por el Senado el 30 de septiembre.

“Coincidimos en que este espectáculo político hostil, cuyo fin es socavar la representación de Estados Unidos, resulta completamente adversarial”, sostuvo Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que esa decisión muestra, a su juicio, que “los dictadores dan prioridad a sus propios intereses y no a las necesidades reales de los nicaragüenses”.

Washington llamó a consultas a su representante en Managua

La reunión entre Rubio y Baumann se produjo después de que el Departamento de Estado ordenara el regreso del diplomático a Washington para realizar consultas sobre la relación bilateral.

En un comunicado del 13 de octubre, la administración estadounidense afirmó que la decisión de las autoridades nicaragüenses de rechazar a Franceschi reflejaba una falta de disposición a sostener un diálogo diplomático. También señaló que mantener canales abiertos entre los países constituye una base de las relaciones internacionales.

El régimen de Nicaragua no había anunciado públicamente una respuesta al nuevo pronunciamiento de Rubio ni a la posibilidad de medidas adicionales por parte de Washington.

Franceschi, confirmada por el Senado el 30 de septiembre

Franceschi fue confirmada por el Senado de Estados Unidos como embajadora en Nicaragua el 30 de septiembre. La negativa de Managua a aceptar sus credenciales prolongó la ausencia de un embajador estadounidense en el país centroamericano desde 2023.

Incluso, la representante estadounidense compareció ante el organismo para plantear sus posturas sobre su posible cargo.

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la codictadora, Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La decisión de los copresidentes de rechazar a Franceschi, “una diplomática de carrera” según el Departamento de Estado, “demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

Según informó el Departamento de Estado, la decisión de llamar a Baumann a consultas respondió directamente a la negativa de Ortega y Murillo a conceder el beneplácito diplomático a la representante designada.

Además, Emilio T. González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, pidió la semana anterior elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras el rechazo de Managua a Franceschi.

El exfuncionario propuso cuatro medidas: expulsar o suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), imponer impuestos a las remesas, aislar al país en el plano internacional y aplicar sanciones.

Antes de la votación prevista para enero de 2027, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prevé llevar el plan “Hay patria” a, al menos, 90 municipios de Nicaragua. La campaña acompaña una reforma constitucional que extendería a siete años el mandato y modificaría las condiciones de participación política de la oposición.

La segunda etapa ya abarcó más de 50 municipios. El oficialismo presenta los encuentros como consultas ciudadanas, mientras testimonios recogidos por Confidencial.digital describen convocatorias a trabajadores estatales, estudiantes y personas vinculadas al sandinismo para asegurar asistencia.

Las actividades se realizan entre dos y cuatro veces por departamento y reúnen a habitantes de varios municipios. La propaganda oficial divulga fotografías y videos con jóvenes, emprendedores, campesinos, deportistas, religiosos y transportistas.

Rosario Murillo afirmó que las reuniones forman parte de una consulta que “patentiza, ratifica y potencia nuestra democracia”. Según la dirigente, esos espacios permiten que la población opine y exprese su voluntad.

Los testimonios publicados por Confidencia.digital presentan otra descripción de la dinámica. Las fuentes consultadas señalaron que, en algunos casos, los asistentes fueron convocados mediante estructuras estatales, partidarias o educativas, y que las intervenciones se organizan antes de cada acto.

Los testimonios describen intervenciones definidas antes de los actos

Joel, trabajador público de un municipio del norte del país, afirmó que los eventos buscan proyectar una imagen de respaldo. Según su relato, empleados y otros convocados ocupan los espacios preparados para las concentraciones.

“Esta gran farsa de supuesta consulta es un circo”, dijo Joel a Confidencial.digital. El trabajador sostuvo que los asistentes son llevados para aplaudir y llenar los lugares de reunión.

El empleado afirmó que las personas autorizadas a tomar la palabra son seleccionadas con anticipación. También indicó que los discursos se preparan antes de las reuniones.

Joel señaló ante la publicación que los organizadores buscan “aparentar un supuesto debate y consulta”. Según su versión, las intervenciones corresponden a personas elegidas previamente y con mensajes aprendidos.

El trabajador indicó que las alcaldías cubren parte de la logística de las actividades. Entre los recursos mencionó carteles de gran tamaño, autobuses, alimentación, equipos de sonido, tarimas y el traslado desde Managua de diputados, periodistas oficialistas y equipos de propaganda.

Javier, trabajador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, relató que recibió la instrucción de reunir a 3,000 personas. La concentración debía hacerse en una calle que permitiera mostrar una asistencia amplia.

Según Javier, alcanzar esa meta resultó difícil porque algunas personas no querían participar. El trabajador se refirió a una actividad que reunió a habitantes de tres municipios.

“Nos ha costado mucho llenar esas calles”, afirmó Javier. Según dijo, parte de los convocados está cansada de participar en actos donde, a su juicio, solo se espera que expresen respaldo.

El entrevistado participó en la selección de los oradores. De acuerdo con su versión, se priorizó a personas afines al partido y al mensaje que debía transmitirse.

Javier explicó que “el debate fue sobre quiénes podían tomar la palabra”. También señaló que existía poco margen para intervenciones fuera de lo previsto.

Estudiantes y empleados estatales relataron condicionamientos

Karla, estudiante de secundaria de un municipio del sur, contó que permaneció varias horas en una actividad que terminó al anochecer. La joven sostuvo que los estudiantes fueron convocados para ocupar tres cuadras previstas para el evento.

Según su testimonio, la asistencia estuvo vinculada al bono de bachiller que espera recibir al finalizar sus estudios. La estudiante expresó preocupación por la posibilidad de que estas convocatorias continúen si ingresa a una universidad pública.

“Nadie debate nada, simplemente llegan a levantar la mano y aplaudir”, expresó Karla. La joven calificó la consulta como una actividad sin espacio para discutir el contenido de la iniciativa.

Martín, empleado del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, indicó que un grupo de trabajadores públicos fue seleccionado para asistir a una actividad en un municipio del occidente. Según relató, las intervenciones quedaron reservadas para personas definidas por el partido.

El trabajador señaló que los asistentes recibieron instrucciones de vestir camisetas partidarias o ropa de civil. La indicación incluía no utilizar uniformes de instituciones estatales.

“La mayoría de los que estaban en cada uno de esos actos son gente acarreada y obligada”, afirmó Martín. El empleado consideró que las consultas no modificarán el contenido de las reformas.

Una comerciante dijo que asistió para evitar posibles consecuencias

Petrona, comerciante de un municipio que prefirió no identificar, explicó que antes apoyaba al sandinismo, aunque ahora se concentra en su negocio. Aun así, afirmó que continúa recibiendo invitaciones de miembros del partido para participar en actividades políticas.

La mujer indicó que no recibió amenazas directas. No obstante, dijo que decidió acudir para evitar posibles dificultades.

“Me obligaron a participar en estas consultas donde no nos consultaron nada”, relató Petrona. La comerciante explicó que hizo acto de presencia pese a no ser trabajadora pública ni recibir pago por asistir.

Según la comerciante, los organizadores registran a quienes concurren a las convocatorias. En su opinión, asistir le permite mantener una tranquilidad temporal.

Celeste, empleada estatal desde hace más de 15 años, sostuvo que los asistentes no pueden pedir la palabra por iniciativa propia. También afirmó que las intervenciones siguen un guion establecido.

“Los únicos que mandan son Rosario Murillo y Daniel Ortega”, dijo Celeste. La trabajadora vinculó los actos y la reforma con lo que, a su juicio, es la postura del régimen frente a una eventual convocatoria de elecciones.

Las oportunidades de formación y empleo de los graduados nicaragüenses pueden verse condicionadas por limitaciones presupuestarias, recursos docentes y factores académicos presentes en la educación superior, según un análisis de Confidencial.digital.

El reporte reúne testimonios de autoridades universitarias en el exilio, exdocentes, estudiantes y profesionales. Las fuentes describen dificultades relacionadas con la inversión, la continuidad del personal académico, la investigación y la validación de títulos fuera de Nicaragua.

Entre 2021 y 2025, Nicaragua destinó 40,177 millones de córdobas (USD 1,084.779 millones) al financiamiento de la educación superior. Según la publicación, el monto no alcanzó el 6% del Presupuesto General de la República que establece la Constitución.

La información plantea que la disponibilidad de fondos incide en áreas como laboratorios, bibliotecas, equipos e investigación, además de la capacitación del profesorado. Las fuentes consultadas también vinculan esas condiciones con la preparación de los estudiantes para el mercado laboral.

Las universidades requieren recursos para docencia e investigación

El rector de la Universidad Pablo Freire en el exilio, Adrián Meza Sosa, señaló que los sistemas educativos modernos dependen de una inversión suficiente, libertad académica y docentes capacitados.

“La educación es un proceso complejo donde juegan un montón de variables”, dijo Meza Sosa a Confidencial.digital. El rector sostuvo que la formación de los docentes influye en la calidad de los programas universitarios.

El académico indicó que las instituciones de educación superior necesitan recursos materiales para enseñar e investigar. Entre los requerimientos mencionó la disponibilidad de laboratorios, bibliotecas y equipamiento.

Meza Sosa también consideró que las condiciones salariales de los profesores pueden incidir en la disposición de profesionales a dedicarse a la enseñanza. A su juicio, la especialización docente es otro aspecto vinculado con el funcionamiento universitario.

El profesor Raúl, exdocente de la Universidad Centroamericana, relató que se desvinculó de esa institución tras su confiscación. El entrevistado expresó cuestionamientos sobre el centro que la sustituyó.

Raúl afirmó que muchos docentes con experiencia ya no permanecen en la universidad. Como parte de su relato, mencionó un documento en el que se utilizó la palabra “alugno” para referirse a un alumno.

La formación universitaria y el acceso al empleo aparecen vinculados

Javier, un estudiante que optó por cursar una segunda carrera en una universidad confiscada, explicó que tomó esa decisión para buscar nuevas opciones de desarrollo y ampliar su currículo profesional.

El joven manifestó que no considera que su formación universitaria lo haya preparado de manera suficiente para la vida laboral. También señaló que la burocracia dentro de las instituciones puede dificultar la creación de contactos profesionales.

El análisis sostiene que los problemas de la educación superior pueden incidir en la capacidad de los egresados para competir por empleos en Nicaragua o en otros países. Esa evaluación se relaciona con la calidad de la formación y las condiciones del mercado laboral.

El economista Enrique Sáenz, de la Fundación Puentes para el Desarrollo, afirmó que la estructura económica nacional tiene limitaciones para crear empleos profesionales. Desde esa perspectiva, indicó que un título no asegura un puesto de trabajo en la carrera estudiada.

“Tener un título universitario en Nicaragua no es garantía”, señaló Sáenz a la publicación. El economista vinculó esa situación con la capacidad de la economía para generar oportunidades laborales.

El reporte señala que algunos graduados que migran o se exilian enfrentan trámites académicos y administrativos para validar sus títulos. Esos requisitos pueden sumarse a las dificultades para insertarse en el mercado de trabajo del país de destino.

La salida de personal académico redujo la continuidad universitaria

La nota ubica parte de los problemas actuales en procesos ocurridos durante varias décadas. Entre ellos, menciona la salida de profesionales del país después de 1979 y una nueva emigración de académicos tras la Rebelión de Abril de 2018.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, Ernesto Medina Sandino, sostuvo que la partida de docentes e investigadores afectó el relevo generacional en las universidades.

Según su análisis, esa discontinuidad redujo las posibilidades de renovar conocimientos y desarrollar grupos de investigación. También indicó que la selección de profesores dejó de basarse exclusivamente en criterios académicos.

“Comenzaron a nombrar profesores no por su capacidad académica o su nivel de estudio, sino por su lealtad al régimen”, afirmó Medina Sandino ante el medio. El exrector consideró que ese mecanismo tiene efectos sobre las instituciones de educación superior.

El artículo asocia la salida de investigadores con doctorados y conexiones internacionales con una disminución de la producción científica. La publicación indica que la formación de ese personal especializado demandó más de dos décadas.

La pérdida de profesionales también puede tener consecuencias para proyectos económicos, sociales, académicos y ambientales, de acuerdo con las fuentes citadas. El análisis plantea que la disponibilidad de capital humano resulta necesaria para el desarrollo de esas actividades.

Algunos testimonios señalan restricciones para enseñar

Oswaldo, un profesional de las ciencias sociales que reside en Nicaragua, describió dificultades para la labor de los docentes. Según afirmó, los profesores enfrentan restricciones para impartir sus clases y deben aprobar a los estudiantes, incluso cuando tienen bajo desempeño.

“La educación está marcada por politiquería barata”, expresó Oswaldo. El entrevistado vinculó esa apreciación con el funcionamiento de las aulas, la situación del profesorado y la conducta de parte de los alumnos.

El director ejecutivo de la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, Marco Aurelio Peña, relacionó este escenario con el nivel de libertad académica en las universidades.

Peña sostuvo que las carreras técnicas y las ingenierías tendrían menos margen para la incorporación de contenidos políticos. En cambio, consideró que áreas como Derecho, Ciencias Políticas e Historia estarían más expuestas a la influencia del discurso oficial.

El texto cita al Índice de Libertad Académica, que ubica a Nicaragua en el último lugar de su clasificación global. El indicador evalúa aspectos vinculados con la investigación, la enseñanza y la posibilidad de expresar ideas dentro de las instituciones académicas.

Sáenz señaló que esa posición coincide con otras dificultades institucionales del país. Medina Sandino planteó que una baja calificación en libertad académica puede limitar las condiciones para formar grupos de investigación.

La homologación de títulos es otro desafío para los graduados

Meza Sosa afirmó que Centroamérica no cuenta con un sistema regional integrado para acreditar y homologar títulos universitarios. De acuerdo con su explicación, cada país establece sus propias condiciones para reconocer estudios realizados en otra nación.

Esa situación puede afectar a los nicaragüenses que buscan continuar su formación o trabajar en el exterior. El reporte indica que algunos profesionales deben complementar sus estudios o cumplir procesos de validación de títulos antes de ejercer.

Javier afirmó que un diploma no certifica por sí mismo los conocimientos de una persona. Si decidiera emigrar, indicó que buscaría respaldar su formación mediante un posgrado, una maestría o una capacitación técnica en el país de destino.

Las fuentes consultadas coinciden en que las condiciones de la educación superior tienen impacto en las oportunidades de los estudiantes y graduados. Sus planteamientos apuntan a desafíos en financiamiento, docencia, investigación, libertad académica y reconocimiento de estudios.

Las operaciones inmobiliarias en Nicaragua pueden involucrar controles sobre la situación registral, fiscal y legal de cada propiedad. Las denuncias sobre transferencias administrativas, cobros tributarios y dificultades en trámites realizados desde el exterior han planteado interrogantes entre propietarios, herederos e interesados en comprar inmuebles.

La información publicada por Confidencial.digital señala que la situación puede variar según el antecedente de la finca, la condición del titular y la zona donde se ubique el bien. En ese contexto, los documentos de propiedad, las constancias tributarias y los datos del Registro Público adquieren relevancia para conocer el estado de una operación.

Quienes compren, hereden o administren una propiedad pueden solicitar información sobre gravámenes, pagos pendientes y antecedentes de titularidad. La revisión del título, la situación del notario, la solvencia municipal y el resguardo de escrituras y recibos forman parte de los documentos mencionados para estos casos.

La Procuraduría ha intervenido en transferencias de propiedades

La Procuraduría General de Justicia ha participado en procedimientos mediante los cuales inmuebles privados fueron asignados a otras instituciones estatales. Según las denuncias citadas, estas decisiones pueden incluir la cancelación de contratos, la toma del control del bien y su posterior entrega a una entidad pública.

El procedimiento descrito no siempre contempla un juicio previo o una notificación judicial dirigida al propietario. Las transferencias pueden instrumentarse mediante resoluciones administrativas y autorizaciones de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Uno de los casos publicados por Confidencial.digital involucró a nueve jubilados estadounidenses que tenían viviendas en Tola, Rivas. Sus contratos de arriendo con la Alcaldía fueron cancelados y las llaves de las casas fueron entregadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Las viviendas fueron valuadas en USD 15 millones. Cuatro días después de la publicación, comenzó la devolución de las propiedades, una situación presentada como una excepción frente a otros casos.

Entre 2024 y 2026, más de 370 propiedades fueron traspasadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social bajo ese esquema. En parte de esos registros, se habrían eliminado datos sobre la ubicación y las características de las fincas.

El Registro Público conserva trámites ordinarios, aunque hay casos con obstáculos

La consulta ante el Registro Público permite verificar quién aparece como titular de un inmueble y conocer si existen hipotecas, embargos u otras anotaciones. Este paso resulta habitual antes de una compraventa o una sucesión.

El Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro mantiene operaciones para trámites cotidianos. La información disponible indica, no obstante, que los asientos registrales pueden ser modificados, bloqueados o eliminados por decisiones administrativas cuando intervienen intereses gubernamentales.

La revisión de los tomos físicos del Registro Público puede complementar la consulta digital. Esa documentación permite revisar la historia de la finca y conservar constancias sobre su inscripción.

Las propiedades vinculadas con personas desnacionalizadas, sacerdotes, integrantes de organizaciones no gubernamentales canceladas, empresarios señalados o exiliados figuran entre los bienes que pueden estar más expuestos a este tipo de situaciones.

También se mencionan los inmuebles ubicados en Rivas, Tola, San Juan del Sur, Corn Island y el Pacífico Sur. Las áreas rurales de Matagalpa, Jinotega y Chinandega tienen antecedentes de tomas de tierras.

La vigencia del notario incide en la inscripción de las escrituras

La Corte Suprema de Justicia ha retirado o suspendido más de 2,000 licencias de abogados y notarios públicos. Entre los profesionales afectados figuran personas que viven en el exilio o que participaron en causas vinculadas con presos políticos.

Una escritura autorizada por un notario suspendido puede ser declarada nula por el Registro Público. La vigencia del carné y del quinquenio del profesional puede verificarse ante la Dirección de Control de Abogados de la Corte Suprema de Justicia.

Los poderes extendidos desde el extranjero tienen validez formal, aunque pueden enfrentar obstáculos durante su inscripción. Esta situación puede ocurrir incluso si el documento fue otorgado ante un consulado o un notario extranjero y cuenta con apostilla.

La Dirección de Registros, que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría, puede pedir que el titular se presente personalmente. También puede aplicar revisiones especiales a documentos firmados por medio de representantes.

El IBI puede originar procesos de cobro y embargo

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es una de las obligaciones que puede afectar a propietarios y compradores. Las alcaldías pueden reclamar deudas tributarias y abrir procedimientos de cobro contra el titular del inmueble.

Se han denunciado incrementos en los avalúos catastrales, cobros retroactivos de hasta cinco años y multas aplicadas a propietarios que residen fuera del país. Algunos avalúos habrían aumentado hasta 300%.

Si la deuda no se cancela, la Alcaldía puede iniciar un juicio ejecutivo, solicitar un embargo y llevar el inmueble a remate. En ese proceso, la finca puede ser adjudicada por un valor inferior al de una venta ordinaria.

El embargo fiscal se vincula con una obligación tributaria impaga. La confiscación de facto se refiere a la toma de un bien o a la modificación de su condición registral sin una notificación judicial previa.

Los recibos del IBI permiten acreditar los pagos efectuados. Las constancias originales y sus copias digitales pueden mantenerse fuera de la vivienda o de la finca.

Los alquileres y las herencias pueden requerir trámites adicionales

Los propietarios que alquilan un inmueble pueden enfrentar conflictos con inquilinos o cuidadores que dejan de pagar y rechazan entregar la vivienda. En algunos casos, los ocupantes han alegado vínculos o respaldo político.

Los contratos de alquiler pueden establecer condiciones sobre la falta de pago, el vencimiento del plazo, el subarriendo y la cesión del uso a terceros. Para los dueños que residen fuera del país, también puede intervenir un apoderado dentro de Nicaragua.

Los procesos de desalojo pueden extenderse cuando las partes mantienen un conflicto. Algunos abogados han sugerido negociar la entrega voluntaria mediante familiares, representantes o notarios locales.

Las sucesiones pueden quedar paralizadas cuando los herederos o el fallecido fueron declarados traidores a la patria o perdieron la nacionalidad. La Procuraduría puede intervenir en la tramitación de esos bienes.

Las escrituras, los documentos familiares y las certificaciones registrales permiten respaldar los derechos hereditarios. Cada sucesión depende de los antecedentes de los involucrados y de la condición legal que figure en el expediente.

Los archivos conservados fuera del país pueden aportar pruebas

Las copias digitales de una escritura no impiden una ocupación, un embargo o una orden administrativa dentro de Nicaragua. Pueden servir, en cambio, para acreditar la titularidad, los pagos y la cadena de antecedentes de una propiedad.

El archivo patrimonial puede incluir escrituras, testimonios notariales, certificaciones registrales, planos, recibos del IBI y contratos de alquiler. Estos documentos pueden conservarse en la nube y en soportes físicos fuera del país.

Las vías de reposición, apelación municipal y amparo ante la Sala Constitucional han tenido resultados limitados en este tipo de casos. Una denuncia puede dejar constancia de la fecha en la que el propietario cuestionó una medida.

La documentación puede utilizarse en reclamos internacionales, arbitrajes o procesos posteriores de restitución e indemnización. Los ciudadanos estadounidenses también pueden recurrir a tribunales de su país o a mecanismos de protección de inversiones previstos en el CAFTA.

Cuatro documentos permiten conocer el estado de una finca

El certificado de libertad de gravamen debe tener una antigüedad máxima de 15 días. Este documento permite verificar la existencia de hipotecas, embargos u otras cargas inscritas.

El historial de la finca de los últimos 30 años muestra la sucesión de propietarios anteriores. Su consulta permite revisar si existen antecedentes relacionados con confiscaciones de los años 80 o repartos estatales.

El plano catastral aprobado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales debe incluir la certificación de medidas y linderos. Esa información permite contrastar la delimitación de la propiedad con los datos disponibles.

La solvencia municipal del IBI informa si el inmueble tiene deudas, multas o avalúos pendientes. Estos documentos permiten reunir información sobre la situación jurídica y fiscal de una propiedad antes de una operación.

República Dominicana habilitó servicios consulares en Costa Rica y Honduras para asistir a sus nacionales residentes en Nicaragua, después de retirar su embajada en Managua en medio de la crisis diplomática entre ambos países.

La medida, anunciada este domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, dispone que la Sección Consular de la Embajada en San José, Costa Rica, y el Consulado General en San Pedro Sula, Honduras, atiendan las solicitudes de documentos y asistencia de los ciudadanos dominicanos que viven en Nicaragua.

Según informó EFE, la decisión busca mantener la atención consular tras el retiro de la representación diplomática dominicana. Las autoridades no precisaron cuántos nacionales del país caribeño residen actualmente en territorio nicaragüense.

Suspensión temporal de notificaciones judiciales en Nicaragua

La Cancillería dominicana también comunicó que quedaron suspendidas de forma temporal las notificaciones judiciales y otros actos procesales destinados a personas físicas o jurídicas con domicilio en Nicaragua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores atribuyó esa suspensión a “razones de fuerza mayor” vinculadas con la salida de la embajada. Las oficinas consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no podrán realizar esas diligencias dentro de Nicaragua.

“La suspensión se mantendrá hasta tanto existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio”, señaló la Cancillería dominicana en su comunicado.

La disposición implica que los consulados designados podrán atender trámites y consultas de los ciudadanos, aunque no sustituirán a la antigua embajada para actuaciones judiciales en territorio nicaragüense.

El retiro de la embajada dominicana, el 2 de octubre

El 2 de octubre, el canciller de República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, anunció que el país retiraría su embajada de Nicaragua mientras continuaran las condiciones que, según el Gobierno dominicano, afectan las libertades y los principios democráticos.

Bisonó hizo el anuncio en Washington, durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La decisión se formalizó 16 días antes de que Santo Domingo derivara los servicios consulares a Costa Rica y Honduras.

El ministro sostuvo que la posición dominicana responde a una política exterior centrada en la defensa de la democracia y los derechos humanos. También expresó el respaldo de su país a las acciones que la OEA pudiera adoptar frente a la situación nicaragüense.

La salida dominicana ocurrió después de que Nicaragua cerrara su embajada en Santo Domingo el 9 de septiembre. Para entonces, República Dominicana ya había llamado a consultas a su embajadora en Managua, Acsamary Guzmán Nina, el 23 de julio, y había dejado la sede bajo responsabilidad de un encargado de negocios interino.

Las declaraciones de Ortega y el deterioro bilateral

Las tensiones aumentaron en julio, cuando el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, afirmó que en su país no volverían a celebrarse elecciones. El Gobierno dominicano condenó esas declaraciones el 22 de julio y pidió garantías para los derechos políticos y las libertades fundamentales de la población nicaragüense.

Santo Domingo consideró que esas expresiones suponían un desconocimiento de los principios de la democracia representativa y del derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades mediante comicios periódicos, libres y transparentes.

La crisis diplomática se desarrolló también después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional que amplía de seis a siete años el mandato presidencial y limita la participación electoral de opositores considerados “traidores a la patria”.

El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro solicitó a autoridades de la Unión Europea (UE) que refuercen las medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con una ampliación de las sanciones y de la presión financiera. El pedido ocurrió durante una serie de reuniones en Bruselas, donde planteó una agenda que incluye la liberación de los presos políticos, el rechazo a la represión fuera de las fronteras nicaragüenses y un plan para recuperar la democracia.

Chamorro informó sobre las gestiones a través de su cuenta en X. Según expuso, mantuvo encuentros con representantes del Parlamento Europeo y de la instancia ejecutiva comunitaria, de los que recibió una respuesta “muy positiva”. En la imagen difundida por el dirigente aparecen también otros integrantes de la oposición nicaragüense frente a la sede de la Eurocámara.

“Ante autoridades de la UE generando presión a la dictadura”, escribió Chamorro. En su mensaje enumeró sus propuestas: la liberación de los detenidos por razones políticas, la denuncia de la represión transnacional, la restitución de las libertades, elecciones libres y un esquema de transición democrática.

El ex precandidato presidencial sostuvo además que la Unión Europea debe extender las restricciones individuales y adoptar otras herramientas financieras contra los responsables de las violaciones de derechos humanos. Chamorro fue detenido en junio de 2021, antes de las elecciones de ese año, y permaneció encarcelado hasta febrero de 2023, cuando fue expulsado a Estados Unidos junto con otros 221 presos políticos.

El reclamo del opositor coincidió con la decisión del Consejo de la Unión Europea de prorrogar hasta el 15 de octubre de 2027 las sanciones contra Nicaragua. La medida, adoptada el 9 de octubre, alcanza a 21 personas y tres entidades vinculadas al aparato estatal nicaragüense.

El sistema vigente contempla la congelación de activos en territorio europeo, la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE pongan fondos o recursos económicos a disposición de los sancionados y restricciones de ingreso o tránsito para las personas incluidas en la lista.

Entre las entidades sancionadas figuran la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, conocido como Telcor. Las medidas también alcanzan a Rosario Murillo, designada copresidenta por el oficialismo, a altos funcionarios del Ejecutivo, mandos policiales y miembros del entorno familiar de la pareja gobernante.

El Consejo revisó la decisión aprobada en 2019 y actualizó los fundamentos de la sanción contra Néstor Moncada Lau, quien fue asesor presidencial en temas de seguridad nacional hasta 2025. El documento europeo lo vincula con la adopción de políticas represivas contra manifestantes, opositores y periodistas desde abril de 2018.

La UE sostiene que sus medidas son selectivas y que no buscan perjudicar a la población ni a la economía del país. El bloque ha fundamentado sus restricciones en el deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.

El Parlamento Europeo pidió ampliar las medidas contra el entorno de Ortega

La postura de Chamorro tiene antecedentes recientes en el Parlamento Europeo. El 18 de junio de 2026, los eurodiputados aprobaron una resolución que condenó las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución contra organizaciones civiles, pueblos indígenas, iglesias y opositores.

La Eurocámara reclamó la excarcelación de todos los presos políticos, la anulación de las sentencias dictadas por motivos políticos y el respeto de la libertad religiosa. También pidió una investigación por la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera y la devolución de sus restos a la familia.

En esa resolución, el Parlamento Europeo solicitó al Consejo y a la Comisión Europea que suspendan la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica respecto de Nicaragua mientras continúe la represión. Además, planteó que no haya recursos europeos o multilaterales que puedan respaldar a las estructuras del régimen.

Los legisladores también instaron a ampliar las sanciones dirigidas contra los responsables, incluido Ortega y su círculo cercano. La política europea hacia Nicaragua combina, por ahora, las medidas restrictivas individuales con la exigencia de restablecer garantías democráticas, liberar a los detenidos y permitir el trabajo de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Chamorro busca que esa posición se traduzca en nuevas decisiones antes de la próxima revisión anual del marco de sanciones, prevista para octubre de 2027.

El régimen de Nicaragua destinó en el proyecto de Presupuesto General de la República 2027 una partida económica superior para infraestructura deportiva que para la construcción y reparación de centros educativos. La iniciativa entregada por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, ante la Asamblea Nacional de Nicaragua otorga mayores fondos públicos a la edificación de estadios que a las obras físicas en el sistema de enseñanza escolar del país.

De acuerdo con las cifras oficiales expuestas en el parlamento y divulgadas por medios de comunicación locales, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) dispondrá de 1,700,3 millones de córdobas ($46.4 millones de dólares) para ejecutar obras públicas a lo largo de 2027.

En cambio, el presupuesto de capital reservado para la infraestructura a cargo del Ministerio de Educación (MINED) asciende a 1,618,8 millones de córdobas ($44,2 millones de dólares). Esta asignación deja un saldo favorable de más de 81 millones de córdobas a las instalaciones deportivas por encima de las obras escolares.

Por lo que, el desglose del programa de inversión pública contempla recursos específicos para la construcción, sustitución y expansión de al menos cinco estadios en diferentes departamentos de Nicaragua.

A estos recintos se añaden los estadios de fútbol proyectados en las localidades de Ocotal y Jalapa, cada uno con un presupuesto asignado de 201,4 millones de córdobas. En conjunto, la inversión directa en estas cinco instalaciones deportivas alcanza los 1.273,3 millones de córdobas (casi 35 millones de dólares).

El plan estatal incluye además intervenciones adicionales en el estadio Cacique Diriangén, ubicado en Diriamba, y en un recinto futbolístico en Catarina, cuyos costos específicos no quedaron detallados en la exposición inicial ante los legisladores.

Escasa asignación directa para la infraestructura de las escuelas públicas

En contraste con las sumas destinadas a los escenarios atléticos, la presentación pública del proyecto presupuestario solo mencionó obras concretas para tres centros de enseñanza escolar en todo el territorio nicaragüense. Las reparaciones y el equipamiento previstos abarcan únicamente:

• El Colegio República de Venezuela
• El Centro Educativo Gaspar García Laviana
• Instituto Primero de Mayo, ubicados en Managua, con un fondo total de 337 millones de córdobas.

Ese monto destinado a los tres colegios representa poco más del 26% del dinero reservado de manera exclusiva para los cinco estadios principales del plan. Respecto a la educación superior y técnica, las universidades y centros de formación tecnológica estatales recibirán 1,036 millones de córdobas (unos 28,3 millones de dólares) en materia de inversión de capital, una cifra que también queda por debajo de las partidas asignadas al desarrollo de estadios y recintos deportivos.

Aunque el MINED cuenta con un presupuesto general asignado de 20.248,4 millones de córdobas, el segundo monto más alto dentro de la estructura del Estado detrás del Ministerio de Salud, la inmensa mayoría de este dinero no se traduce en nuevas escuelas ni en mejoras de infraestructura física.

La partida presupuestaria de la entidad educativa se destina de forma prioritaria a gastos corrientes, como el pago de salarios de los maestros, la nómina administrativa y el funcionamiento operativo diario.

Esta distribución contuvo los recursos para obras escolares directas en un contexto de crecimiento de las recaudaciones estatales. El proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional de Nicaragua proyecta que los ingresos fiscales del Estado aumentarán en 23.435 millones de córdobas (unos 640 millones de dólares), mientras que el gasto público total solo se elevará en 1.459 millones de córdobas (alrededor de 39,8 millones de dólares).

Cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron capturados en la aldea Banco Grande, jurisdicción del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras. El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y las Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco de la Operación Escudo de Honduras.

Los cuatro hombres, de entre 18 y 45 años, todos residentes en la aldea donde se realizó la detención, fueron aprehendidos en flagrancia por su presunta vinculación con tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Su responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial correspondiente.

Los cuerpos de seguridad indicaron que la operación se enmarca en una estrategia para fortalecer las labores de prevención, investigación y combate del delito en distintos sectores del territorio nacional.

Durante el operativo, los agentes decomisaron varios objetos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible relación con los delitos imputados.

Entre los indicios figura un arma de fuego tipo fusil, de color café, que no presenta marca ni número de serie. Las autoridades deberán establecer sus características, su procedencia y las circunstancias en que se hallaba en poder de los detenidos.

También se incautaron tres bolsas plásticas con hierba seca, señalada preliminarmente como supuesta marihuana. La naturaleza de la sustancia deberá verificarse mediante los procedimientos técnicos correspondientes.

Posible vinculación con la estructura “Los Nica”

Uno de los aspectos señalados en el informe policial es la posible relación de los cuatro detenidos con una estructura delictiva conocida como “Los Nica”.

Según información preliminar de las autoridades, los sospechosos presuntamente integrarían ese grupo, por lo que los investigadores buscan establecer si mantienen vínculos con otras personas involucradas en actividades ilícitas en la zona.

Las autoridades también buscan determinar si los cuatro hombres estarían relacionados con distribución, almacenamiento o traslado de sustancias ilícitas, y si existen otros hechos delictivos vinculados con el caso.

Otro señalamiento del reporte policial se relaciona con presuntas amenazas contra pobladores de la aldea Banco Grande y caseríos cercanos.

Según la versión preliminar de las autoridades, los sospechosos habrían intimidado a habitantes de esas comunidades para evitar que denunciaran sus actividades ante los organismos de seguridad.

Por ahora, no se han proporcionado detalles sobre denuncias formales previas, el número de personas presuntamente amenazadas ni las fechas en que habrían ocurrido esos incidentes. Las autoridades deberán corroborar los señalamientos antes de establecer responsabilidades individuales o determinar si existen otros delitos que incorporar a la investigación.

Indagan envió de droga a Nicaragua

Las diligencias también buscan esclarecer una posible conexión de los detenidos con la siembra y el cultivo de supuesta marihuana en sectores de Trojes y sus alrededores, y con su posterior traslado hacia Nicaragua.

El reporte disponible no confirma el hallazgo de plantaciones durante la intervención ni establece las cantidades de droga que presuntamente podrían estar vinculadas con esas actividades.

Hasta que esos extremos sean comprobados, las supuestas actividades de cultivo y traslado se mantienen como hipótesis investigativas.

El municipio de Trojes integra la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, lo que lo convierte en un punto de interés para las operaciones de vigilancia y prevención de los organismos de seguridad. Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el sector incluyen la localización de sospechosos, el decomiso de posibles pruebas y la investigación de actividades presuntamente vinculadas con el crimen.

Tras su detención, los cuatro sospechosos serán remitidos a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal por los delitos que se les imputan. Las instancias judiciales deberán examinar los elementos presentados por los organismos de investigación y determinar las medidas que correspondan conforme a la legislación hondureña.

El sacerdote miskito Rodolfo French Naar asumirá nuevas funciones en la parroquia St. Raphael de Lehigh Acres, Florida, a partir del 19 de octubre. El religioso, que permanece fuera de Nicaragua desde 2024, fue designado administrador de esa comunidad por la Diócesis de Venice.

La decisión fue comunicada en una carta fechada el 29 de septiembre y firmada por el obispo Emilio Biosca. French ejercía como vicario parroquial en St. Raphael desde octubre de 2024.

El nombramiento supone que el sacerdote tendrá responsabilidades de conducción pastoral y administrativa en una parroquia con una amplia presencia de fieles hispanohablantes. Según su relato, la nueva tarea representa un desafío, sobre todo por los aspectos administrativos del cargo.

El religioso cumplió 60 años el 4 de octubre. Fue ordenado sacerdote en 1995, en la parroquia San Pedro Apóstol de Puerto Cabezas.

El sacerdote quedó fuera de Nicaragua durante un viaje en 2024

French salió de Nicaragua el 24 de mayo de 2024 para realizar un viaje que, según explicó, repetía desde hacía años. Primero se trasladó a España para visitar a personas que habían apoyado su formación religiosa y después viajó a Estados Unidos, donde residen dos de sus hermanos.

El regreso estaba previsto para el 2 de julio de ese año. Días antes, una agencia de viajes le comunicó que las autoridades nicaragüenses no autorizaban su reingreso al país.

El sacerdote relató, a Diario La Prensa, que recibió el aviso tras llegar desde Nueva Orleans al lugar donde se alojaba. “Era una nota que decía que el régimen de Nicaragua no permitía el regreso del pasajero”, afirmó.

French indicó que no acudió al aeropuerto para cuestionar la medida. Según contó, consideró suficiente la información transmitida por la agencia de viajes.

El religioso aseguró que no recibió una acusación formal ni una explicación oficial sobre la decisión. También señaló que, durante su trabajo pastoral en Waspam, había advertido la presencia de policías en algunas celebraciones religiosas.

Su trabajo pastoral se desarrolló durante años en comunidades miskitas

Antes de salir del país, French estaba a cargo de la parroquia San Rafael Arcángel de Waspam. Esa jurisdicción incluía 52 capillas, muchas de ellas ubicadas en comunidades miskitas.

Para llegar a distintos puntos de la zona, el sacerdote se desplazaba en cayuco y a lomo de animales. Su labor pastoral incluía visitas a poblaciones de difícil acceso y actividades vinculadas con la vida religiosa local.

En 2020, era uno de los ocho sacerdotes miskitos de Nicaragua. Había cursado estudios de Filosofía, Teología y Derecho Canónico, y hablaba miskito, español, inglés, alemán e italiano.

French creció en San Carlos, cerca del río Coco, en una familia indígena de siete hermanos. Durante la guerra de los años ochenta, su familia fue trasladada al asentamiento de Tasba Pri.

El sacerdote contó que inicialmente quería ser maestro y estudió durante un año en la Escuela Normal. Más tarde ingresó al Seminario, alentado por religiosos que consideraban necesaria la presencia de curas miskitos que pudieran transmitir el mensaje religioso en su lengua.

La asistencia tras los huracanes amplió su reconocimiento público

La tarea de French en Waspam tuvo mayor visibilidad después del paso de los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020. En ese momento, participó en evacuaciones y en la distribución de provisiones entre familias afectadas.

Diario La Prensa informó sobre sus recorridos por comunidades indígenas y sobre las labores de apoyo que realizó desde la parroquia San Rafael Arcángel. El medio lo identificó entonces como “el arcángel del río Coco”.

El sacerdote recordó que durante la emergencia escuchaba con frecuencia pedidos de alimentos en los albergues. También había participado en actividades de auxilio tras el huracán Félix, que afectó Puerto Cabezas en 2007.

French consideró que su trabajo humanitario había contribuido a que su imagen fuera conocida en distintas zonas de la Costa Caribe. No obstante, no atribuyó de manera definitiva su situación migratoria a esa labor.

“Yo nunca les provoqué nada”, sostuvo al referirse a las autoridades. El religioso añadió que tuvo conocimiento de personas que, según dijo, grababan sus homilías.

La parroquia de Florida reúne a miles de fieles en sus misas en español

Tras permanecer en Estados Unidos, French evaluó incorporarse a la Arquidiócesis de Nueva Orleans, donde tenía amistades. Ese proceso no avanzó y luego fue recibido por una familia nicaragüense en Florida.

La familia lo llevó a una misa en St. Raphael. Allí, el sacerdote de la parroquia conoció su situación y se comunicó con el obispo de la Diócesis de Venice.

El 21 de octubre de 2024 fue nombrado vicario parroquial y tomó posesión dos días más tarde. Ahora asumirá como administrador de la iglesia.

French señaló que la parroquia registra una asistencia elevada en sus celebraciones. La misa hispana de las 10:30 reúne a más de 1,300 personas, mientras que la celebración vespertina congrega entre 800 y 900 fieles.

En fechas como Navidad, Pascua y Miércoles de Ceniza, la asistencia supera la capacidad habitual del edificio. Por ese motivo, la comunidad considera la posibilidad de construir un templo de mayor tamaño.

El sacerdote mantiene su vínculo con Nicaragua

French afirmó que conserva una relación estrecha con su país de origen y con las comunidades donde trabajó. En particular, mencionó los proyectos pastorales y culturales que quedaron pendientes en Waspam.

Entre ellos, recordó una emisora parroquial destinada a promover la lengua miskita, la cultura local y contenidos educativos. También lamentó haber interrumpido procesos de formación y visitas a comunidades.

“Dejé media vida”, expresó al hablar de su salida de Waspam. El sacerdote dijo que le afectaron especialmente los mensajes de personas mayores que le preguntaban por qué no podía regresar.

En Florida, explicó que intenta mantener costumbres vinculadas con su origen miskito y nicaragüense. Mencionó la preparación de wabul y los alimentos tradicionales que recibe de algunos miembros de la comunidad.

French agradeció el respaldo de la Diócesis de Venice y señaló que la institución cubrió los gastos relacionados con su situación. A la vez, afirmó que mantiene la expectativa de volver a Nicaragua si en algún momento las condiciones se lo permiten.

“Mi corazón está en mi tierra, en mi país”, afirmó. El sacerdote dijo que continuará con sus funciones en St. Raphael mientras acompaña desde Florida a las personas y comunidades con las que mantiene vínculos en Nicaragua.

El dron apenas llevaba un minuto sobrevolando la laguna de Tiscapa, en Managua, cuando un hombre vestido de civil, que se movilizaba en motocicleta, se acercó a Wyatt y Reyka, una pareja extranjera de creadores de contenido que recorría Nicaragua.

El desconocido les exigió bajar el aparato y mostrar sus documentos. Como no llevaba uniforme, los viajeros desconfiaron de que fuera policía y temieron que se tratara de alguien que pretendía robarles. Decidieron alejarse del lugar. Sin embargo, aquella breve grabación turística terminaría con ambos interrogados en una instalación policial.

Buscaron refugio en un centro comercial, pero los mismos hombres los localizaron en el segundo piso y les ordenaron permanecer allí mientras llegaban refuerzos. Según el relato de la pareja, aparecieron ocho o nueve hombres vestidos con ropa de camuflaje, quienes los trasladaron a una dependencia policial.

Les revisaron sus pertenencias y los interrogaron por separado sobre sus trabajos, el hotel donde se alojaban, los motivos del viaje y las imágenes que pretendían obtener.

Los protagonistas contaron su experiencia en una publicación titulada Detained in Nicaragua (Detenidos en Nicaragua). La pareja permaneció retenida alrededor de tres horas y media. Las autoridades conservaron el dron hasta el día de su salida de Nicaragua, cuando se lo devolvieron en el aeropuerto. No les impusieron una multa, según su testimonio.

Non gratos

La experiencia de Wyatt y Reyka es una de las denuncias más recientes de una serie de incidentes que han involucrado a turistas extranjeros dedicados a producir videos para YouTube, Instagram, TikTok y otras plataformas.

Los testimonios abarcan desde revisiones de teléfonos y publicaciones digitales hasta interrogatorios prolongados, prohibiciones de ingreso y expulsiones. En varios casos, los afectados aseguran que no pretendían abordar asuntos políticos, sino documentar paisajes, ciudades, gastronomía y experiencias personales.

El periodista y especialista en comunicación, Alfonso Malespín, recuerda que la hostilidad hacia los creadores de contenido se acrecentó a partir de la reforma a la Ley 761 que otorgó facultades a los funcionarios de Migración de rechazar el ingreso de cualquier persona que considerar un potencial peligro a la seguridad nacional.

El artículo 1 de esta ley, reformado en noviembre de 2024, establece: “Es decisión soberana del Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, autorizar o denegar el ingreso, revocar la permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida”.

No es casualidad que en 2025 se dispararan los rechazos y controles a los creadores de contenido, por el solo hecho de serlos.

“Ellos quieren controlar la narrativa, la imagen que se tiene del país en el exterior, sobre todo en las redes sociales. Y para eso tienen que negarle el ingreso a toda persona que consideran que no se va a ceñir a esa narrativa”, señala Malespín.

Drones prohibidos

La historia de Wyatt y Reyka tiene un antecedente particularmente extraño. En julio de 2024, la creadora de contenido estadounidense de origen ruso Yekaterina Vorokhobova, conocida en las redes sociales como Tropical Russian, ingresó a Nicaragua desde Costa Rica acompañada del costarricense Ángel Yireh Chinchilla Chavarría.

Su destino era Corn Island, en el Caribe nicaragüense, donde asistirían a una boda. Llevaban consigo un dron, un equipo habitual para producir imágenes de viajes, pero cuyo ingreso y utilización están prohibidos en Nicaragua.

En Bluefields, las autoridades detectaron el aparato y comenzaron las dificultades. Según relató posteriormente Vorokhobova, un policía recibió la misión de acompañarlos durante su recorrido hacia la frontera costarricense para asegurarse de que no utilizaran el dron.

La situación produjo escenas inusuales que la propia creadora mostró luego: el agente compartió café y cerveza con los viajeros durante el trayecto, mientras cumplía la tarea de vigilarlos.

La situación, sin embargo, se complicó cuando llegaron a la frontera. Las autoridades confiscaron el aparato y exigieron el pago de 500 dólares por haberlo introducido al país.

También retuvieron temporalmente el vehículo y sus llaves como garantía. Vorokhobova tuvo que cruzar a Costa Rica para conseguir el dinero, regresar a Nicaragua, completar los trámites migratorios y recuperar sus pertenencias. En agosto de 2024 informó que finalmente había conseguido salir y expresó que no volvería a Nicaragua.

Nicaragua mantiene regulaciones específicas para los drones desde 2014. En marzo de 2018, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil recordó la vigencia de la Resolución 34-2014, y posteriormente se establecieron restricciones adicionales para la fotografía y grabación aérea.

Vigilancia policial

El francés Gabriel Lépinay, de 19 años, no era un influencer profesional. Estudiaba Ciencias Políticas y compartía imágenes de sus viajes en Instagram. En julio de 2026 se encontraba en Managua cuando decidió grabar con su teléfono una zona donde observó una fuerte presencia policial, cerca del complejo residencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el barrio El Carmen.

La grabación provocó la intervención de un agente que, según su denuncia, lo interceptó y le quitó el teléfono. El episodio derivó en un interrogatorio que se prolongó durante más de once horas, entre el 2 y el 3 de julio.

Las preguntas abordaron sus actividades en Nicaragua, sus contactos, los motivos del viaje y sus opiniones políticas. Lépinay afirmó que durante el procedimiento le negaron asistencia consular y legal, y finalmente fue expulsado hacia Costa Rica.

En agosto de 2026, el creador extranjero J Hills difundió un video de 42 segundos desde el centro histórico de Managua en el que explicó que suspendería sus grabaciones porque sospechaba que un guardia de seguridad lo estaba siguiendo. Había filmado banderas políticas y comentado las restricciones para registrar imágenes de edificios oficiales. No fue detenido.

El 1 de septiembre de 2025, el argentino Federico Skrbec aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Managua procedente de Panamá. Conocido por su canal Argentina y el Mundo, había viajado para producir contenido turístico junto con Sol Luccisano. Su intención era mostrar lugares de interés para sus seguidores, pero agentes policiales y migratorios lo interceptaron antes de que completara los trámites de ingreso.

“Me deportaron de Nicaragua… me dijeron con estas palabras: ´Su visita no es grata al país´”, denunció Skrbec después de ser devuelto. Según su relato, permaneció más de cuatro horas incomunicado, sin pasaporte ni teléfono, hasta que lo escoltaron hacia un avión. “Yo no había cometido ningún delito”, aseguró el creador argentino, quien sostuvo que había cumplido los requisitos migratorios y sanitarios exigidos para visitar el país.

Skrbec insistió en que su canal no estaba dedicado a la política. Su experiencia, sin embargo, no fue excepcional durante aquel septiembre. El español Sergio Rivera, responsable de Viajes de Ida, también intentó ingresar desde Honduras para recorrer León, Managua, Granada y Corn Island, pero terminó regresando sin haber conseguido autorización. No llevaba dron ni cámaras profesionales y había realizado previamente el trámite migratorio por internet.

“Me preguntaron si era influencer… sinceramente, no me dejaron entrar porque tengo un canal de YouTube”, relató Rivera. Los funcionarios lo interrogaron durante más de dos horas sobre su actividad y el tipo de videos que publicaba. Al final, el español modificó su itinerario y viajó directamente desde El Salvador hacia Panamá, dejando Nicaragua fuera del recorrido que había preparado.

Rechazado en la frontera

La negativa de ingreso también alcanzó al creador indio Hodu Raj, conocido como The Indo Trekker. En septiembre de 2025 llegó a El Guasaule procedente de Tegucigalpa y pasó alrededor de seis horas esperando una respuesta de Migración.

Los funcionarios le preguntaron por su trabajo, sus viajes y los 500 dólares que llevaba consigo. Cuando finalmente le comunicaron que no podía ingresar, un oficial lo acompañó a pie hasta la línea fronteriza con Honduras, de noche y bajo la lluvia.

Raj contó que había observado a turistas europeos cruzar sin dificultades mientras él permanecía bajo revisión. Atribuyó el trato recibido tanto a su nacionalidad como a su condición de creador de contenido. El viajero regresó a Honduras sin haber conseguido entrar en Nicaragua y difundió posteriormente su experiencia en un video.

En julio de ese mismo año, la colombiana Angélica Chaves, que recorría América en motocicleta, había intentado cruzar por Peñas Blancas desde Costa Rica. Las autoridades le negaron el ingreso en dos ocasiones, incluso cuando planteó que únicamente necesitaba atravesar Nicaragua para continuar su viaje hacia México. Había dejado su dron fuera del país para evitar problemas.

“Me advirtieron que podían detenerme si entraba a grabar con mi equipo”, contó Chaves, quien afirmó que los funcionarios mencionaron “temas internos del país” al justificar las restricciones. Después de dos intentos fallidos, resumió su situación: “Definitivamente no hay forma de que me quieran recibir allá, ni de tránsito, ni por 10 días, ni por nada”. La creadora tuvo que buscar otra manera de continuar su recorrido continental.

Acusado de “espía”

El bloguero israelí-ruso Alexander Lapshin, conocido por sus viajes a países y regiones en conflicto, llegó a la frontera de Las Manos, entre Honduras y Nicaragua, en julio de 2025. Viajaba acompañado de su esposa y su hija, y pretendía ingresar como turista, pero su nacionalidad y sus antecedentes despertaron preguntas de los funcionarios migratorios.

Lapshin denunció que lo retuvieron durante unas tres horas, le preguntaron por su servicio militar y lo señalaron como supuesto espía de Israel. “Ni siquiera iba a bajar del bus… nos bajaron y nos quitaron los pasaportes”, relató. También aseguró que un funcionario le advirtió que podía terminar preso si intentaba grabar durante el procedimiento, mientras otros turistas europeos que viajaban en el mismo autobús enfrentaban dificultades para ingresar.

El bloguero consiguió recuperar los documentos y decidió regresar a Honduras con su familia. En la precipitada salida dejó parte de su equipaje del lado nicaragüense.

El peruano Andy Tirado, del canal Gravedad 11, experimentó una situación similar a finales de abril de 2025, cuando intentaba entrar desde Costa Rica en motocicleta.

Tirado relató que el funcionario migratorio comenzó a revisar sus videos, los títulos de sus publicaciones y la cantidad de suscriptores después de que mencionó que tenía un canal de YouTube.

Permaneció alrededor de seis horas sometido a controles y revisiones. En Aduana le hicieron desempacar repetidamente sus pertenencias para comprobar que no llevaba un dron, aparato que, según explicó, había enviado previamente a Honduras.

“Me hicieron sacar las maletas por lo menos seis veces”, denunció el motociclista, quien finalmente consiguió autorización para ingresar después de proporcionar detalles de su itinerario y los hoteles donde pensaba hospedarse. Su experiencia quedó resumida en el título que eligió para el video: “Me hacen la vida imposible en la frontera de Nicaragua por ser youtuber”.

El sudafricano Kurt Caz, conocido internacionalmente por sus videos de viajes, consiguió entrar a Nicaragua, pero su recorrido por Managua terminó en manos de la Policía. En mayo de 2025 estaba grabando en las inmediaciones del Mercado Oriental cuando, según denunció, agentes vestidos de civil lo interceptaron y lo retuvieron durante aproximadamente cuatro horas.

Caz afirmó que los policías habían sido alertados de que estaba filmando y que durante el interrogatorio amenazaron con presentarse en su hotel para revisar los discos duros donde almacenaba sus grabaciones. El creador contó que retiró la batería y la tarjeta de memoria de su equipo para evitar que se llevaran el material. Un taxista que también permanecía retenido le advirtió sobre la presencia de agentes encubiertos en las calles de Managua.

“Nunca he visto algo así”, expresó el sudafricano al describir el procedimiento.

En noviembre de 2023 el argentino Pablo Imhoff, responsable de Proyecto Alaska, intentó cruzar Nicaragua como parte de su viaje continental en motocicleta. Imhoff fue rechazado en Peñas Blancas porque, según le informaron, no había completado un formulario migratorio. Cuando regresó con el trámite realizado, las autoridades volvieron a impedirle el ingreso.

El argentino observó que otros viajeros habían conseguido cruzar sin completar el mismo procedimiento y comenzó a sospechar que existían motivos adicionales para impedirle entrar. En su video Llego a la frontera con Nicaragua y pasó esto (estoy en la mira), relacionó sus dificultades con el endurecimiento de los controles hacia motociclistas que grababan sus viajes y recordó las denuncias de corrupción difundidas.

Prohibido criticar a Ortega

El periodista Malespín señala que algunas personas han sido rechazadas por que en algún momento criticaron al régimen de Nicaragua en sus redes sociales. Tal es el caso del periodista deportivo costarricense Adrián Eduardo Quirós Araya quien llegó al puesto fronterizo de Peñas Blancas el 5 de septiembre de 2025, para cubrir un partido de fútbol entre Nicaragua y Costa Rica, pero las autoridades le impidieron ingresar después de mostrarle una publicación crítica con Daniel Ortega.

“Me negaron la entrada… me escoltaron fuera del país por una publicación de hace 12 años”, denunció Quirós Araya. Durante el procedimiento le retuvieron el pasaporte y posteriormente lo acompañaron hasta la salida. El periodista relató que tuvo que caminar varios kilómetros y que temía volver a ser interceptado antes de conseguir abandonar el puesto fronterizo.

En otros episodios, las autoridades no comunicaron una razón concreta. Los argentinos Mauricio Sepúlveda y Micaela Mazzula, del canal Viajando para vivir, denunciaron que fueron interrogados durante más de seis horas en la frontera sur en 2025. Nicaragua era el decimotercer país de su recorrido, pero decidieron interrumpir las grabaciones durante el procedimiento y reservar los detalles de lo ocurrido hasta haber salido del territorio nicaragüense.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también registró que los creadores argentinos Pamela Corvalán y Juan Manuel Sosa abandonaron Nicaragua antes de lo previsto en 2025, en medio de las restricciones denunciadas contra productores digitales extranjeros. Señaló que el hostigamiento contra youtubers y productores de contenido se había vuelto más evidente y sistemático en Nicaragua, con casos de retenciones, intimidaciones, acusaciones de espionaje, deportaciones y prohibiciones de ingreso.

La SIP situó esos incidentes dentro de un contexto más amplio de restricciones a la libertad de prensa y circulación de información. En su resolución de octubre de 2025 también recordó que cerca de 300 periodistas nicaragüenses habían sido forzados al exilio desde 2018, mientras los comunicadores que permanecían en el país continuaban enfrentando vigilancia y presiones.

“El régimen no quieren admitir que alguien diga o haga algo que ellos no puedan controlar”, resume Malespín.

Wyatt y Reyka consiguieron recuperar su dron antes de abandonar el país. Yekaterina Vorokhobova tuvo que pagar 500 dólares y cruzar la frontera para obtener el dinero. Federico Skrbec regresó en avión sin conocer Nicaragua, Sergio Rivera modificó su ruta y Angélica Chaves no logró atravesar el territorio en motocicleta. Kurt Caz consiguió grabar Managua, pero pasó cuatro horas retenido, mientras Gabriel Lépinay terminó expulsado hacia Costa Rica después de un interrogatorio de más de once horas.

Al final, no todo es pérdida para los creadores de contenido. “Esos episodios les dan más tráfico, aumentan el número de suscriptores, el número de visitas y reproducciones de sus videos”, indica el investigador. “Y la imagen del gobierno queda muy mal. Queda como un gobierno intolerante, abusivo, corrupto”.

Tres ciudadanos extranjeros, dos nicaragüenses y un colombiano, fueron capturados cuando transportaban 1.098 paquetes de presunta droga en una embarcación artesanal interceptada al sur de Punta Burica, en la provincia panameña de Chiriquí.

Los sospechosos intentaron escapar y arrojaron varios sacos al mar al detectar la presencia de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

La operación se desarrolló el 15 de octubre de 2026, durante patrullajes de vigilancia en aguas del Pacífico occidental panameño. Los agentes lograron interceptar la lancha y recuperar los bultos, que fueron trasladados junto con los detenidos a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí participó en la operación coordinada con el Senan, que permitió asegurar la embarcación y contabilizar los paquetes. Las autoridades todavía no han confirmado el tipo de sustancia ni su peso total, información que deberá establecerse mediante los análisis correspondientes.

El decomiso ocurrió en una zona marítima cercana a la frontera entre Panamá y Costa Rica, utilizada para la navegación entre países centroamericanos. Punta Burica se encuentra en el extremo occidental del litoral pacífico panameño, una ubicación relevante para los controles contra el transporte ilícito de mercancías por mar.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan embarcaciones rápidas y lanchas artesanales para movilizar cargamentos por el Pacífico centroamericano. En estas operaciones pueden realizar trasbordos en el mar o utilizar puntos costeros para descargar mercancías, antes de continuar hacia otros destinos mediante diferentes medios de transporte.

Panamá ocupa una posición estratégica dentro de las rutas internacionales del tráfico de drogas, por su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica y sus costas en dos océanos. Parte de los cargamentos puede destinarse al mercado local, mientras otros continúan hacia países de tránsito con destino final en Estados Unidos o Europa.

El operativo forma parte de la denominada Operación Escudo Protector, mediante la cual el Senan mantiene patrullajes para combatir actividades ilícitas en espacios marítimos. La institución destacó que las tareas de seguridad continúan pese a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Las cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales muestran que Panamá incautó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026. De ese volumen, 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana, según el informe preliminar elaborado con información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El total representa una reducción frente a las aproximadamente 79,6 toneladas decomisadas en igual período de 2025, de acuerdo con los registros mensuales comparativos. No obstante, agosto cerró con 9,46 toneladas incautadas, por encima de las 8,36 toneladas contabilizadas durante ese mes del año anterior.

Por provincias, Colón encabezó las incautaciones con 18,44 toneladas, seguida de Panamá Oeste, con 15,92, y Panamá, con 13,24. En Chiriquí se reportaron 12,91 toneladas durante los primeros ocho meses, una cifra que confirma la importancia de esa provincia dentro de las operaciones antidrogas.

El informe también revela diferencias importantes en la evolución de los decomisos por territorio. Mientras Colón y Panamá Oeste registraron aumentos respecto al año anterior, Panamá y Chiriquí presentaron reducciones, sin que esas variaciones permitan determinar por sí solas cambios en el volumen total del narcotráfico.

En otras actuaciones recientes, la Policía Nacional capturó en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, a un ciudadano requerido por su presunta vinculación con un delito relacionado con drogas. Durante el procedimiento también fue retenida una venezolana con su estadía migratoria vencida, para ponerla a disposición del Servicio Nacional de Migración.

Asimismo, en Koskuna, corregimiento de Veracruz, un hombre de 38 años fue aprehendido durante un recorrido preventivo, luego de que una verificación revelara un requerimiento judicial. El oficio, emitido en noviembre de 2024, estaba relacionado con una medida de libertad vigilada por estudio en un proceso por tráfico internacional de drogas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a comerciantes que intentaban contener el paso del agua y proteger productos antes de que fueran arrastrados. En algunas imágenes se observa a personas que luchan contra la corriente en medio de los puestos inundados, mientras el caudal avanza.

La acumulación de agua afectó la circulación dentro del lugar y expuso la mercadería que se encontraba a nivel del suelo.

Medios locales informaron que las precipitaciones tuvieron una alta intensidad y se concentraron durante un período corto, una situación que favoreció la formación de corrientes en calles y zonas comerciales de la capital.

Las lluvias causaron daños en varios sectores de Managua

El canal local TN8 informó que las lluvias registradas en Managua causaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Entre los daños mencionados figuran tramos deteriorados en el Mercado Oriental, donde la fuerza del agua afectó parte de la infraestructura vial interna y los accesos.

El medio también reportó la caída de un árbol en el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Las imágenes difundidas reflejan la rapidez con la que el agua ocupó calles y zonas de paso tras el aguacero.

A su vez, de acuerdo con el Despacho 505, la tormenta provocó que una corriente de agua arrastrara un vehículo en la calle principal del barrio Miguel Gutiérrez, según reportes preliminares.

Por el momento, no se informó si había personas dentro del automóvil ni si el hecho dejó herido

Otra de las áreas afectadas fue el cauce de La Primavera, donde las lluvias incrementaron el flujo de agua.

El evento climatológico complicó el desplazamiento de quienes circulaban por Managua, mientras que, la situación en el Mercado Oriental volvió a mostrar la vulnerabilidad de las zonas comerciales ante lluvias de gran intensidad. Los comerciantes intentaron retirar o proteger la mercancía expuesta, aunque las corrientes alcanzaron puestos ubicados en sectores bajos o próximos a las rutas por donde desciende el agua.

Sinapred recomendó alejarse de árboles, postes y cables eléctricos durante las lluvias

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) difundió este día recomendaciones de prevención ante las lluvias. Entre ellas, pidió a la población alejarse de árboles, postes y cables eléctricos, debido al riesgo que pueden generar las ráfagas de viento, la caída de estructuras o el contacto con instalaciones energizadas.

La institución también indicó evitar el cruce de ríos y quebradas cuando estén crecidos. Las corrientes pueden aumentar de forma rápida durante lluvias intensas, incluso en lugares donde las precipitaciones ya disminuyeron.

Además, Sinapred sugirió preparar alimentos, agua, medicinas y otros artículos necesarios para responder ante eventuales emergencias. La recomendación apunta a que las familias dispongan de insumos básicos ante interrupciones de movilidad, inundaciones o situaciones que obliguen a permanecer en sus viviendas.

La maquila Rocedes, vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, fue intervenida esta semana por autoridades del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, una medida que dejó a 1,800 trabajadores enviados de vacaciones y sin certezas sobre el pago de salarios y liquidaciones. La toma ocurrió en medio de reclamos por presuntas deudas con la seguridad social, empresas eléctricas y exempleados.

La ocupación de las instalaciones se produjo después de que el régimen ordenara devolver al menos nueve casas de playa que habían sido confiscadas a jubilados de Estados Unidos. El episodio generó incertidumbre entre las empresas instaladas en zona franca.

La planta funciona en el parque industrial Las Mercedes, en el kilómetro 12,5 de la Carretera Norte. La intervención fue atribuida a la Procuraduría General de Justicia, que asumió el control del predio, según informó LA PRENSA.

Los salarios y las prendas bajo control del interventor

Los empleados fueron enviados de vacaciones tras la toma de la fábrica, pero no recibieron precisiones sobre sus indemnizaciones. Fuentes vinculadas con la compañía señalaron que la medida también puso en riesgo el pago salarial previsto para ese fin de semana.

La situación alcanza a 400 extrabajadores que esperaban el pago de sus indemnizaciones. Las obligaciones pendientes incluirían aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, facturas de electricidad con Disnorte y Dissur, además de reclamos laborales.

Los trabajadores advirtieron que otras empresas entregaban encargos a Rocedes y que esas prendas permanecieron dentro de la planta. “El problema es que hay otras empresas que le daban trabajo a Rocedes y las prendas quedarán en poder del interventor y se crearía un conflicto con las marcas en vista de que la Comisión de Zona Franca no dejó sacar las prendas que no son de Rocedes”, explicaron.

La compañía arrastraba antecedentes de conflictos por pagos de salarios y liquidaciones. En diciembre de 2025, empleados denunciaron retrasos en el depósito de sus aguinaldos y algunos presentaron demandas laborales.

En esos expedientes figuraba como apoderado general de administración Carlos Joaquín Cuadra González, hijo mayor del exjefe del Ejército. Cuadra Lacayo fue una figura de la cúpula militar sandinista hasta que respaldó públicamente las protestas sociales de 2018.

La participación de capital estadounidense y la falta de una explicación oficial

Además de los intereses de Cuadra Lacayo y su familia, Rocedes tendría capital estadounidense. Agencias de empleo la describían como una empresa de propiedad y gestión estadounidense, con gerentes angloparlantes en áreas como atención al cliente, control de calidad de corte, producción, cumplimiento comercial e importación y exportación.

La firma era miembro de American Apparel Producers Network y de la Asociación de Prendas de Vestir de Nicaragua. El exjefe militar no respondió una llamada realizada para conocer su posición sobre la intervención.

Las autoridades no se pronunciaron sobre la toma de las instalaciones ni informaron el monto de las deudas que la empresa mantendría con el INSS, las distribuidoras eléctricas y los trabajadores que iniciaron acciones judiciales.

En mayo de 2025, funcionarios del Ministerio del Trabajo visitaron la planta para abordar la restitución de derechos laborales, la armonía en el lugar de trabajo y las condiciones de higiene, seguridad y prevención de accidentes.

Para entonces, Rocedes tenía capacidad para producir 400 mil piezas mensuales y empleaba de forma permanente a 2.535 personas: 1.304 mujeres y 1.231 hombres.

Nicaragua se recuperó con una victoria por 3-0 ante Guatemala y mantuvo abiertas sus opciones de llegar a la final del Campeonato Centroamericano Final Four Femenino de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (Afecavol). El equipo anfitrión se impuso por 25-20, 25-13 y 25-15 en Managua, durante la segunda jornada del torneo.

Según informó Momento Deportivo RD, la selección dirigida por Claudia Noguera equilibró su registro en una victoria y una derrota, luego del traspié en su presentación. Guatemala, que tiene como entrenador a Julio Domínguez, quedó con dos derrotas en igual cantidad de partidos.

El encuentro se disputó el 16 de octubre en el Gimnasio de Voleibol del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), en Managua, donde el conjunto local mostró una versión más firme que la del debut. Nicaragua logró mayor orden en defensa y encontró en el saque una vía para desarmar la recepción rival.

El primer parcial tuvo un desarrollo más parejo, aunque Nicaragua consiguió despegarse en el tramo decisivo para imponerse por 25-20. A partir de allí, las anfitrionas sostuvieron la presión desde el servicio y redujeron las alternativas ofensivas de Guatemala.

La superioridad se reflejó en las estadísticas. Nicaragua dominó el ataque por 38 puntos contra 21 y sumó 10 tantos de saque frente a cinco de Guatemala. Ambos equipos consiguieron tres bloqueos, pero el equipo local capitalizó además los 24 errores no forzados de su rival. Las nicaragüenses cometieron 19.

María Belén Arcia lideró el ataque de Nicaragua con 14 puntos. La opuesta Aniela Smith y la central Josafat Díaz aportaron 10 unidades cada una. Del lado guatemalteco, Andrea Mendizábal fue la jugadora con mayor producción ofensiva, con siete puntos, seguida por María Santa Cruz, que anotó seis.

Arcia consideró que el equipo corrigió aspectos que habían afectado su rendimiento en la jornada inaugural. “Creo que hoy salimos más acopladas, funcionamos como un engranaje, como un sistema”, afirmó la máxima anotadora del partido, en declaraciones recogidas por Momento Deportivo RD.

La atacante señaló que la derrota anterior sirvió como advertencia para el grupo. “La derrota de ayer fue un golpe de realidad. Esta victoria nos ayuda a levantar el ánimo para afrontar el juego de mañana, que será difícil”, agregó.

El duelo ante Costa Rica definirá el panorama de las locales

Noguera destacó la respuesta colectiva de sus dirigidas y subrayó el trabajo táctico para contener a las atacantes guatemaltecas por la posición cuatro. “La clave hoy fue mucha concentración, buena actitud y trabajo colectivo”, declaró la entrenadora nicaragüense.

La técnica sostuvo que el cuerpo técnico preparará un análisis del próximo rival. “Mañana tenemos que salir con la misma mentalidad y mejorar algunas cosas que se hicieron hoy”, dijo sobre el cruce que definirá las aspiraciones de su selección.

Guatemala intentó ajustar su formación con la incorporación de Santa Cruz, procedente de Estados Unidos, aunque el equipo no logró sostener el nivel del primer set. Domínguez atribuyó parte de las dificultades a la falta de eficacia en el denominado complejo uno, vinculado a la recepción y el armado tras el saque rival.

“No nos funcionó el complejo uno. Tuvimos poca dirección en el saque, que fue lo que nos ayudó en el primer set para neutralizar al contrario”, explicó el entrenador guatemalteco.

Este sábado, Nicaragua enfrentará a Costa Rica, que llega invicta con dos triunfos, desde las 7:00 de la noche. Guatemala, sin victorias, jugará ante Belice a las 4:30 de la tarde. Los resultados de ambos encuentros incidirán en la clasificación para la final del domingo del Final Four de Afecavol.

La cuenta regresiva para la esperada 75.ª edición de Miss Universo ha comenzado oficialmente, encendiendo la pasión de millones de fanáticos de la belleza alrededor del mundo. Con la icónica Isla del Encanto, Puerto Rico, como sede confirmada para la gran final que se celebrará el próximo 24 de noviembre, la Organización Miss Universo ha dado el pistoletazo de salida a una de las etapas más determinantes del certamen: la apertura global de las votaciones del público.

Este mecanismo ofrece a la fanaticada internacional el poder directo de catapultar a su candidata favorita hacia el codiciado grupo de las 30 semifinalistas. En una competencia caracterizada por la diversidad, la excelencia y la estrategia, conseguir un pase directo al Top 30 representa un impulso decisivo.

Además, los organizadores informaron que, una vez iniciada la fase de concentración final, el sitio web oficial habilitará categorías especiales para votar por el mejor traje de baño, el mejor vestido de noche y el mejor traje nacional.

En medio de este fervor global, la atención del país centroamericano se centra en Jasmine Blandford, la representante de Nicaragua, quien no solo busca asegurar su lugar entre las semifinalistas, sino consolidar una actuación memorable que trascienda el Top 20 o el Top 10 para conquistar la segunda corona de Miss Universo para su nación.

A pocas semanas de emprender su viaje hacia San Juan, Jasmine Blandford se encuentra en la fase culminante de una preparación rigurosa y meticulosa. Tras el hito histórico marcado por Nicaragua en ediciones recientes, las expectativas de la afición missóloga son extraordinariamente altas, y la soberana nicaragüense ha respondido con un plan de trabajo intensivo en Estados Unidos.

El entrenamiento de Blandford se sostiene sobre pilares fundamentales diseñados para potenciar cada una de sus fortalezas sobre el escenario internacional:

• Dominio de pasarela con sello internacional: Jasmine ha confirmado que la perfeccionamiento de su caminata y presencia escénica está a cargo de la legendaria preparadora venezolana Gisselle Reyes. Reconocida por formar a múltiples ganadoras de títulos internacionales, Reyes trabaja de cerca con la candidata para pulir su soltura, proyección y elegancia, aprovechando al máximo su imponente estatura de 1.80 metros.
• Oratoria, discurso y autenticidad: Más allá del impacto visual, el equipo de la delegada nicaragüense ha volcado gran parte de los esfuerzos en la comunicación. Las clases de oratoria se enfocan en consolidar un discurso sólido, genuino y con propósito social, permitiéndole visibilizar con orgullo sus raíces caribeñas provenientes de Kukra Hill ante el jurado calificador.

• Acondicionamiento físico y versatilidad estética: La rutina diaria de Jasmine abarca entrenamientos de alta resistencia y tonificación para afrontar la exigente agenda de la concentración internacional, complementada con sesiones fotográficas estratégicas y propuestas de imagen versátiles.

Claridad estratégica frente a los compromisos previos

A inicios del mes de octubre, la ausencia de Jasmine en una gira promocional previa en Puerto Rico, donde participó un grupo de 17 candidatas hispanoamericanas, generó diversos comentarios en plataformas digitales. Ante esto, el director de la franquicia de Miss Universo Nicaragua, Daniel Guevara, aclaró oportunamente que Blandford no formó parte de dicha actividad debido a la logística de invitación de los organizadores locales y no por inconvenientes internos.

Esta circunstancia fue aprovechada de manera óptima por la candidata y su equipo, permitiéndole mantener una concentración ininterrumpida y enfocar el 100% de su energía en los ensayos y capacitaciones en territorio estadounidense antes de su viaje definitivo a finales de octubre.

Ocho personas viajaron el 31 de mayo pasado desde las comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua hasta Managua para recoger el cadáver de Brooklyn Rivera, el histórico dirigente miskito que había muerto la noche anterior después de permanecer casi tres años como preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esperaban llevarlo de regreso a su tierra, velarlo conforme a las costumbres de su pueblo y enterrarlo junto a su madre, como había sido su última voluntad. Sin embargo, el viaje terminó de una manera que ninguno había previsto: el Gobierno se negó a entregarles el cuerpo, organizó su propio funeral y mandó a detener a quienes habían llegado a reclamarlo.

Desde aquella noche, los ocho permanecen desaparecidos. Tininiska Rivera, hija del dirigente indígena, quien permanece exiliada por razones de seguridad, confirmó a Infobae que 140 días después, aún no sabe qué ha sido de sus familiares presos y el régimen tampoco ha presentado públicamente una acusación judicial contra ellos.

Preso político

El 29 de septiembre de 2023, Brooklyn Rivera fue capturado por la Policía en Bilwi, en el Caribe Norte nicaragüense. Durante 971 días, las autoridades ocultaron su paradero y su estado de salud. El 27 de mayo de 2026, el Gobierno difundió fotografías del dirigente postrado en una cama de hospital, visiblemente deteriorado. Cuatro días después se anunció su muerte.

Una llamada telefónica recibida la noche del 30 de mayo anunció a familiares que Rivera había fallecido en un hospital de Managua bajo custodia estatal. La comunicación explicaba que el Gobierno permitiría a la familia recuperar sus restos, una noticia que movilizó inmediatamente a varios de sus parientes y personas cercanas desde la Costa Caribe.

“La noche del 30 alguien llamó a mi tía para decirle que mi padre había fallecido y que el Gobierno iba a entregar el cuerpo. Por esa razón ella viajó junto con mi primo, mi sobrino y los demás familiares hacia Managua”, relató Tininiska Rivera.

El grupo estaba integrado por familiares del dirigente, personas que habían trabajado durante años a su lado y representantes de las comunidades indígenas. Todos compartían el propósito de trasladar el cadáver hasta Lidaukra, la comunidad miskita donde Rivera había nacido y donde esperaba recibir sepultura.

Pero cuando llegaron a Managua, las autoridades cambiaron los planes. “Cuando llegaron les mostraron el cadáver de mi papá en el hospital, pero al momento de solicitar la entrega les dijeron que no se lo iban a dar”, explicó Tininiska.

Los funcionarios comunicaron que el Gobierno había decidido organizar una ceremonia religiosa en la Iglesia Morava y posteriormente sepultarlo en Managua. La decisión dejaba fuera a la familia y desconocía los preparativos que pretendían realizar en la comunidad indígena, donde las despedidas de los muertos tienen un significado religioso, familiar y comunitario.

La negativa provocó una discusión. Los familiares insistieron en que Brooklyn Rivera había expresado su voluntad de ser enterrado en Lidaukra y que no aceptarían participar en un funeral organizado sin su consentimiento.

“Mis familiares respondieron que esa no era la voluntad de mi padre. Les dijeron que, si no iban a entregarles el cuerpo, regresarían a Puerto Cabezas y que no participarían ni en la misa ni en el entierro”, relató su hija.

Entre los funcionarios que defendían la decisión gubernamental se encontraban, según Tininiska, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, dos figuras del oficialismo vinculadas durante años con la política del Caribe nicaragüense.

La discusión se produjo en la vivienda de Nancy Henríquez, dirigente indígena de Yatama y antigua compañera política de Rivera. Cuando el grupo se disponía a retirarse, según la reconstrucción de la familia, fue llamada la Policía.

Desde entonces, ninguno de los ocho ha regresado a su casa ni ha podido comunicarse con sus familiares. Tampoco se conoce una resolución judicial que explique las detenciones.

Ocho desaparecidos

La familia de Brooklyn Rivera ha identificado a seis de los detenidos, mientras que otras dos personas aparecen en reportes posteriores sobre el caso. Entre ellos hay parientes del dirigente, trabajadores de su casa y representantes comunitarios que habían viajado para acompañar las gestiones funerarias.

Los seis identificados por sus familiares son Alda López Bryan, pariente cercana de Rivera; Kurney Valle Bushy y Jorbis Hendy López, sobrinos; Glenis Panting Coleman, sobrina política; Florencia Sarmiento, quien durante años estuvo encargada de la cocina y el cuidado de su vivienda en Bilwi; y Jorge Webster Rojas, dirigente comunitario de Sandy Bay Lidaukra y amigo personal de la familia.

Los nombres de Juan Modesto Wilson Kinsman y Noela Solórzano Denis también aparecen en reportes sobre los ocho desaparecidos.

“En total son ocho personas detenidas. De esas ocho, solo cuatro son familiares míos. Los otros no son familiares directos y no tengo autorización para hablar de ellos”, explicó Tininiska.

Después de las capturas, familiares de los desaparecidos acudieron a diferentes dependencias policiales de Managua, al complejo de Auxilio Judicial conocido como El Chipote y al Sistema Penitenciario La Modelo. En ninguno de esos lugares consiguieron que las autoridades reconocieran oficialmente la detención o proporcionaran información sobre el destino de sus parientes.

“Algunos familiares de los primeros seis detenidos han viajado a Managua para buscarlos. Han recorrido distintos distritos policiales, El Chipote y La Modelo, pero en ningún lugar les han dado información. Nadie les dice dónde están ni qué pasó con ellos”, aseguró Tininiska Rivera.

La persecución denunciada por la familia también alcanzó a Waylandin Rivera, uno de los hijos del dirigente fallecido. Según fuentes cercanas a sus parientes, recibió advertencias de que podía ser detenido si permanecía en Managua y tuvo que ocultarse. Desde entonces, su ubicación se mantiene en reserva por razones de seguridad.

Líder indígena histórico

Brooklyn Rivera Bryan nació el 24 de septiembre de 1952 en Lidaukra, una comunidad miskita del Caribe Norte de Nicaragua. Durante más de cuatro décadas fue uno de los principales representantes políticos del movimiento indígena y una figura central en las disputas por la autonomía territorial de la Costa Caribe.

Su trayectoria política estuvo marcada por una relación cambiante con el sandinismo. Durante los años ochenta encabezó parte de la resistencia indígena armada contra el primer Gobierno de Daniel Ortega, en un conflicto que enfrentó a las comunidades miskitas con las políticas de la revolución sandinista. Posteriormente participó en las negociaciones de paz y en la construcción de espacios de representación política para los pueblos indígenas.

Rivera presidió Yatama, organización cuyo nombre procede de la expresión miskita Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Organización de los Hijos de la Madre Tierra), y desde 2007 ocupó un escaño en la Asamblea Nacional.

Durante años mantuvo acuerdos políticos con el Frente Sandinista, pero las relaciones se deterioraron en medio de las denuncias por invasiones de colonos a territorios indígenas, ataques contra comunidades y restricciones a la autonomía regional.

En abril de 2023, Rivera participó en actividades de Naciones Unidas en Nueva York, donde denunció la situación de los pueblos indígenas nicaragüenses. Cuando intentó regresar al país, las autoridades le impidieron ingresar por los puestos fronterizos oficiales. Finalmente consiguió entrar por rutas utilizadas por las comunidades miskitas entre Honduras y Nicaragua.

“Estoy aquí, de nuevo, asumiendo algunos niveles de riesgo por amor a mi tierra, a mis comunidades, a mi pueblo, a mi gente”, dijo entonces en un video grabado desde la Mosquitia.

El 29 de septiembre de 2023 fue detenido durante un operativo policial en Bilwi. Un vecino logró tomar una fotografía que lo mostraba esposado dentro de una ambulancia al momento de su captura.

Desaparecido

La detención coincidió con una ofensiva contra Yatama, cuya personalidad jurídica fue cancelada, y contra otros dirigentes indígenas. Rivera quedó apartado de la Asamblea Nacional y permaneció incomunicado, sin que su familia pudiera conocer regularmente su situación.

En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares ante el riesgo que enfrentaban su vida e integridad personal. Posteriormente, la Corte Interamericana dispuso medidas provisionales, mientras organizaciones internacionales reclamaban al Estado una prueba de vida.

Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia y denunció reiteradamente las condiciones en que permanecía detenido. Todavía el 13 de marzo de 2026, la organización exigía información sobre su estado de salud y reclamaba acceso de familiares y abogados.

El 27 de mayo, después de 971 días sin que se conociera públicamente su ubicación, el régimen difundió imágenes de Rivera en el Hospital Fernando Vélez Paiz de Managua. Aparecía postrado en una cama, con asistencia respiratoria y un evidente deterioro físico. El dirigente tenía 73 años y su condición era crítica.

Cuatro días después, el Gobierno anunció su muerte. Según la versión oficial, el fallecimiento estuvo relacionado con complicaciones de salud e infecciones, pero las circunstancias en que se deterioró mientras permanecía bajo custodia estatal no han sido esclarecidas mediante una investigación independiente.

El Gobierno de Ortega y Murillo asumió el control del cadáver y de las ceremonias funerarias de Brooklyn Rivera. La familia no consiguió trasladarlo a Lidaukra, y el dirigente fue sepultado en Managua durante una ceremonia organizada por las autoridades y con participación de figuras del oficialismo.

Rosario Murillo anunció públicamente el fallecimiento y aseguró que Rivera había recibido atención médica “con esmero médico y científico”. Su intervención presentó al Gobierno como acompañante del dirigente durante sus últimos días, sin explicar por qué había permanecido tanto tiempo incomunicado ni por qué su familia no había podido conocer oportunamente su estado de salud.

La ceremonia se realizó sin que los familiares que habían viajado desde el Caribe pudieran decidir sobre el destino del cuerpo. Tampoco se efectuó el traslado a su comunidad para celebrar las despedidas familiares y religiosas conforme a las tradiciones miskitas que sus parientes deseaban respetar.

El entierro en Managua también incumplió una petición personal que Rivera había hecho muchos años antes a su hija.

Tininiska Rivera tenía quince años cuando su padre la llevó al cementerio de Lidaukra, la comunidad donde había nacido. Allí le mostró la tumba de su madre, Pulcida, y le pidió que, cuando llegara el momento de su muerte, lo enterrara a su lado.

Denuncias internacionales

El 1 de junio, Amnistía Internacional exigió que las autoridades garantizaran la entrega digna de los restos, respetaran los deseos del fallecido y las tradiciones de su pueblo. También advirtió que cualquier represalia contra sus familiares agravaría la responsabilidad estatal.

El cuerpo de Brooklyn Rivera permanece sepultado en Managua.

Las detenciones y desapariciones de los familiares de Brooklyn Rivera provocaron denuncias de organismos internacionales de derechos humanos, que han exigido al régimen nicaragüense esclarecer tanto las circunstancias de la muerte del dirigente como el destino de las personas capturadas durante las gestiones para recuperar su cadáver.

El 3 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron la desaparición de familiares y allegados del dirigente. Ambas organizaciones expresaron su preocupación por las circunstancias de su muerte y reclamaron una investigación independiente, una autopsia transparente y la devolución de los restos a la familia.

“Estamos muy preocupados por la situación de los siete familiares y allegados de Brooklyn Rivera Bryan. Exigimos al régimen nicaragüense que revele inmediatamente su paradero, garantice su integridad y su salud, y proceda a su liberación inmediata”, declaró Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, organización integrante de la FIDH.

José Aylwin, vicepresidente de la FIDH, sostuvo que la muerte del dirigente debía ser investigada y sancionada, mientras Carin Benninger-Budel, secretaria general adjunta de la OMCT, pidió esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y garantizar la protección de su familia.

Dos días después, el 5 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de Rivera bajo custodia estatal y denunció las detenciones ocurridas cuando sus familiares intentaron recuperar el cuerpo.

“Según información pública verificada, el régimen Ortega-Murillo negó la entrega de su cuerpo a los familiares y miembros de la comunidad que llegaron a reclamarlo, varios de ellos fueron detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero”, señaló la CIDH.

El organismo exigió al Estado garantizar la vida y la integridad de las personas bajo su custodia, liberar a los detenidos por motivos políticos, incluidos los familiares de Rivera, y respetar el derecho de la familia a conocer la verdad.

La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua advirtió que el país enfrenta una crisis alimentaria marcada por la subalimentación, el encarecimiento de las dietas saludables y el aumento del sobrepeso y la obesidad. Dicho planteamiento fue difundido este 17 de octubre, por el marco del Día Mundial de la Alimentación, en un texto titulado “La alimentación en Nicaragua: entre el hambre oculta y la epidemia de obesidad”.

La organización sostuvo que el acceso a una dieta adecuada se deteriora para una parte de la población, en un contexto en el que los alimentos con mayor valor nutricional resultan inaccesibles para numerosos hogares. Según afirmó, esta situación permite la convivencia de problemas de desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estableció el Día Mundial de la Alimentación con el objetivo de recordar el derecho a la alimentación y promover acciones contra el hambre y la malnutrición. Para la Articulación de Movimientos Sociales, la fecha expone en Nicaragua un problema que combina salud pública, pobreza, producción rural, desigualdad y cambio climático.

Más de 1.4 millones de personas estarían subalimentadas

La Articulación citó datos del informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024″, de la FAO, según los cuales el 19.6% de la población nicaragüense se encuentra subalimentada, una proporción equivalente a cerca de 1.4 millones de personas.

De igual forma, la organización también indicó que el 27.3% de los habitantes no puede pagar una dieta saludable, debido al precio de alimentos nutritivos. En ese sentido, señaló que Nicaragua figura entre los países con dificultades persistentes vinculadas a crisis alimentarias prolongadas.

La entidad cuestionó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sostuvo que la inversión pública no ha sido suficiente para asegurar el acceso de la población a alimentos saludables y culturalmente adecuados.

“La alimentación es un tema especialmente importante, que abarca aspectos de salud, cultura, economía, agricultura, cambio climático e inequidad social”, afirmó la ONG.

El exceso de peso crece junto con las dificultades para acceder a dietas saludables

La organización contrastó los datos sobre hambre con las cifras de sobrepeso. De acuerdo con el Atlas Mundial de la Obesidad 2025, citado en el texto, el 71% de los nicaragüenses presenta exceso de peso y el 36% vive con obesidad.

La Articulación atribuyó esa tendencia al incremento del consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, el sedentarismo y los cambios en los hábitos alimentarios urbanos. También vinculó el fenómeno con la falta de recursos de las familias para comprar frutas, verduras, proteínas y otros productos recomendados en una dieta balanceada.

El comunicado señaló que algunas recomendaciones médicas, como incluir huevos, aguacate u otros alimentos en el desayuno, chocan con las posibilidades económicas de muchos hogares. Frente a esa limitación, las familias recurren a opciones de menor precio y menor aporte nutricional.

La agrupación planteó que la educación nutricional debería incorporarse desde los primeros años de vida, junto con medidas que faciliten el acceso a alimentos saludables.

El clima y la situación de las comunidades indígenas agravan el problema

La Articulación de Movimientos Sociales también alertó sobre las consecuencias de la variabilidad climática. Fenómenos como El Niño afectan la producción agrícola, en particular en el Corredor Seco, donde la reducción de los rendimientos compromete la disponibilidad de alimentos para pequeños productores rurales e indígenas.

Según la entidad, muchas familias dependen de la agricultura familiar para su subsistencia. El cierre de organizaciones de la sociedad civil que desarrollaban proyectos de adaptación climática, manejo agrícola y nutrición habría reducido el respaldo disponible para esas comunidades.

En su texto, la ONG añadió que las comunidades indígenas enfrentan situaciones de persecución e invasiones de sus territorios. A su vez, reclamó políticas públicas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada.