La Cámara Federal de Casación confirmó este viernes la condena a tres años de prisión impuesta a Nélida Caballero, ex cocinera y empleada doméstica del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por su defensa y por la Unidad de Información Financiera (UIF). La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, ratificó por unanimidad la pena, la multa y el decomiso de bienes obtenidos mediante maniobras de lavado de activos.

En rigor, el máximo tribunal penal del país resolvió declarar “inadmisibles" los planteos interpuestos por la defensa particular de la ex empleada y por la Unidad de Información Financiera. La decisión, de esa manera, ratificó la sentencia dictada el 5 de diciembre del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 porteño, que había condenado a Caballero a tres años de cárcel en suspenso, multa de dos veces el monto de la operación y costas del proceso.

Esa sentencia incluyó el decomiso de un inmueble rural en Colonia Ex Misión Laishí, provincia de Formosa, y de cinco vehículos: un Tibo Hunter 250, una Toyota Hilux 4x4 SRV, un Peugeot RCZ Tiptronic, un Fiat Strada Working y un Toyota Etios XLS. También dispuso que que los bienes en cuestión “sean puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la Acordada N° 2/18”.

De acuerdo a las actuaciones, entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de julio de 2016, la mujer "convirtió, transfirió, administró, vendió y disimuló bienes provenientes de ilícitos penales”. Durante ese período su patrimonio creció de manera “exponencial” mientras trabajaba al servicio del matrimonio De Vido-Minnicelli. En ese marco, la sentencia condenatoria tuvo por acreditado que la imputada se valió de su vínculo laboral con el entonces ministro para recibir un flujo de dinero que dio lugar al delito de lavado de activos a través de una serie de depósitos bancarios y la adquisición de vehículos y de un inmueble rural.

Caballero había alegado que su patrimonio provenía de la explotación de distintos emprendimientos comerciales, tales como una agencia de venta de pasajes de micros, un lavadero de micros de larga distancia y agencias de quiniela, pero, llegado el caso a la Sala IV de Casación, los camaristas concluyeron que “la inexistencia de documentación que avale la presencia de empleados en los comercios permite concluir que el giro comercial no tenía la magnitud aludida por la defensa”. También descartaron la versión que atribuía el origen de los fondos al “supuesto ejercicio de la prostitución”.

Los bienes de la imputada fueron vinculados con los delitos cometidos por Sergio Claudio Cirigliano, condenado a nueve años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por la Tragedia de Once, y con la condena a cuatro años impuesta a Julio De Vido en esa misma causa.

La resolución condenatoria de Casación también había rechazado el reclamo de la UIF, que pretendía administrar los bienes “individualizados”. En esa oportunidad, los camaristas recordaron que era la Corte Suprema la encargada de administrarlos conforme a la Acordada Nº 2/18, que reguló los efectos secuestrados en causas penales.

Así las cosas, a la hora de evaluar este viernes la admisibilidad de los recursos extraordinarios presentados contra el fallo de la Sala IV, que confirmó la condena y le atribuyó al Máximo Tribunal los bienes decomisados, los magistrados señalaron que las apelaciones no cumplían los requisitos de la Ley 48, al no demostrar que la resolución fuera “contraria a los derechos federales invocados”.

Además, advirtieron que ambos planteos para llegar a la Corte “remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho común que resultan ajenos a la instancia extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad (...), extremo que en el caso no fue demostrado”.

De este modo, y en línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, los camaristas declararon inadmisibles los dos planteos, dejando firme la condena por lavado de activos contra Nélida Caballero en calidad de autora.

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la condena por enriquecimiento ilícito, dictada por el Tribunal Oral número 7 en diciembre del año pasado, a 3 años de prisión en suspenso contra Nélida Caballero, la llamada “cocinera” del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tras rechazar los recursos presentados tanto por su defensor Leonardo Martínez Herrero como por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los camaristas de la sala IV del máximo tribunal penal del país, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, coincidieron en que la sentencia se encuentra debidamente fundada y que los agravios de la defensa no lograron conmover la valoración de la prueba realizada durante la investigación.

En el juicio, al cual Caballero llegó en libertad, se determinó que entre 2011 y 2016 la empleada doméstica realizó una serie de operaciones financieras y comerciales que le permitieron introducir al circuito económico formal un campo en Formosa, una camioneta Toyota Hylux, un Fiat Strada, un Toyota Etios, un Peugeot RCZ Tiptronic y un cuatriciclo, valuados por $2.005.630,99, provenientes de diversos ilícitos, con la intención de conferirles una apariencia de legalidad.

Luego de tres meses de debate, el Tribunal Oral Federal número 7 dio por probado que, a partir del vínculo laboral que tenía con el ex funcionario del kirchnerismo y su esposa, Alessandra Minnicelli, Nélida experimentó un considerable y exponencial crecimiento patrimonial. Asimismo, le trabaron una multa del doble del costo de la operación de lavado, que por entonces ascendía a los dos millones de pesos y que al final del proceso, tras su actualización, rondaba los 340 millones de pesos.

Los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori dieron por probado que la ex ama de llaves “implementó en la ciudad de Clorinda la denominada Agencia España, para la venta de pasajes de las empresas que integraban el Grupo Plaza”, aunque el funcionamiento real de esa agencia nunca fue acreditado durante el debate.

El fallo remarcó que la apertura de dicho emprendimiento, como lo denominó Nélida Caballero, permitió la instalación del “Lavadero Plaza”, destinado a prestar servicios a los ómnibus del Grupo Plaza, propiedad de Sergio Cirigliano, condenado por administración fraudulenta por la tragedia ferroviaria de Once. También que los pagos por esos servicios se realizaban a través de la firma Eme&De S.A..

La pericia contable

La pericia contable fue la que despejó todas las dudas: “Se registraron incrementos patrimoniales no justificados por la suma de $2.005.630,99 para los seis años analizados”. El mismo informe detalló que los ingresos atribuidos a servicios de lavado de colectivos carecían de documentación respaldatoria suficiente y que la mayor parte de los movimientos de fondos se realizaba en efectivo, cosa que dificultaba su trazabilidad de la circulación del dinero.

Caballero llegó a juicio manifestando una versión de los hechos totalmente contraria a la que brindó al inicio de la causa. Durante la instrucción del expediente dijo que todos sus bienes fueron “producto de su esfuerzo y sacrificio junto a su familia”. Para justificar la inconsistencia patrimonial, adujo desprolijidad en sus declaraciones juradas.

Durante su indagatoria al inicio del debate, la mujer argumentó que el aumento de su capital y sus bienes fueron gracias al dinero que obtuvo mientras ejerció la prostitución. Pero la Cámara de Casación desestimó este argumento.

Por último, rechazaron el recurso de la Unidad de Información Financiera, que reclamaba que el tribunal pusiera a su disposición los efectos decomisados. Ello, atento a la normativa según la cual es la Corte Suprema de Justicia de la Nación a quien corresponde administrar los mencionados bienes.

La fiscal federal Fabiana León pidió la condena a tres años y tres meses de prisión para Nélida Caballero, la cocinera del ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusada de lavado de dinero. Y también que se decomisen sus bienes por un monto superior a los 395 millones de pesos. “Acá se intentó usar la defensa Clérici”, dijo en alusión a modelo que, en otra causa, justificó el incremento de sus bienes en la prostitución.

Es que, apenas arrancó el juicio, Caballero justificó su patrimonio en la prostitución, en donde se vinculó con banqueros y empresarios que le regalaban dinero y vehículos a cambio de sus servicios. A muchos, dijo, los conoció mientras trabajaba como empleada en la casa del entonces ministro De Vido. “Siempre he sido una persona llamativa, que me gusta llamar la atención, y ya desde adolescente quise empezar a sacarle provecho a eso para poder crecer económicamente -le contó a los jueces al inicio del juicio-. Primero empecé a prostituirme para poder mantener a mi hija, pero después seguí en el rubro porque me iba muy bien y me podía dejar muchas ganancias extra, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy”.

En 2006, Caballero comenzó a trabajar como empleada de limpieza en el Hotel Posada Los Álamos, en El Calafate y en una recepción en la gobernación conoció a la familia De Vido. La esposa del entonces ministro, Alessandra Minicelli, se había enojado en aquel momento porque ella tiró unas tiras que medían la insulina pero después la perdonó y ella le dejó su teléfono por si necesitaba una empleada. Al mes, dijo, la llamó y le ofreció empleo en la Capital Federal. Pero en aquel momento, contó, la extorsionaron para no difundir ante su familia un video porno de ella. ”Fui sincera con Lali, le mostré el video y le conté que yo ejercía la prostitución. En vez de echarme, ella me dijo que yo hiciera lo que quisiera de las puertas para afuera pero que respetara su casa”, dijo en el juicio.

En el alegato, la fiscalía repasó las pruebas concretas que dan cuenta de sus propiedades que van desde terrenos hasta vehículos de alta gama (entre ellos un descapotable) y un inmueble en efectivo. “La estrategia Clérici -deslizó la fiscal Fabiana León-. Pareciera que la vida privada de algunas mujeres se les intenta adjudicar un efecto sobre las causas penales que enfrentan”

“La señora Caballero mantuvo, y esto ha quedado probado, en la totalidad del tiempo el dominio personal total de todas las situaciones. No hay una situación de vulnerabilidad que permita analizar una perspectiva (de género) que no concurre en este caso”, afirmó.

Para la fiscal, lo ocurrido en este debate “acabó con paciencia de cualquiera”. Y hasta señaló: “un juez que integra este tribunal, una persona tan preparada, incisiva en sus reflexiones, terminó preguntando acerca de tratamientos capilares”. También sembró un manto de sospechas sobre la preparación de testigos y cómo declararon por zoom y no en una sala de audiencias. Pidió investigar a uno de ellos por falso testimonio.

“Estuvimos pidiendo la realización de este debate durante mucho tiempo”, subrayó la fiscal. Es que a los otros dos imputados -Omar Marcelo Lavergne y Camila Florencia Caballero- no los pudo acusar, como consecuencia de una modificación en una ley reciente que implicaba que el caso quedaba prescripto. “Fue lo primero que me di cuenta que iba a pasar con este caso lamentablemente”, dijo ante el Tribunal Oral Federal 7, luego de dejar expuestas sus críticas por las demora en haber llegado recién ahora al debate oral.

Los tiempos de la causa contra la cocinera de De Vido y su familia le sirvieron a la fiscal León en mayo pasado para justificar su denuncia contra el Tribunal Oral 7 por retardo de justicia. Allí se estaban imputados a Nélida Caballero, Omar Marcelo Lavergne y Camila Florencia Caballero de haber intervenido, en sus diferentes roles y con sus calificaciones, en operaciones de reconversión de activos de procedencia ilícita y su integración al circuito económico formal para que estos -o sus subrogados- adquieran apariencia de legalidad. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó apurar el juicio.

No es un dato menor: este expediente llegó a debate oral como una causa conexa al caso de los “Cuadernos”, en donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y decenas de empresarios, entre los cuales está Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

El juicio comenzó en septiembre y ahora llegó el momento de la acusación. La fiscal alegó en el caso de la cocinera 24 horas después de que Casación confirmara la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Como al pasar, León dijo: “hemos escuchado en estas últimas horas r ahí decir que cuando las mujeres tenemos razón, no nos la dan. Yo no creo en eso. Yo no soy del tipo de persona que considere que las mujeres tenemos que tener un tratamiento diferencial o menos aún me sentiría víctima de una conspiración machista”.