El riesgo de que la Eredivisie se vea obligada a repetir hasta 133 partidos llevó al fútbol neerlandés a una situación de alerta. Todo se originó cuando el NAC Breda, penúltimo en la tabla, recurrió a los tribunales tras perder 6-0 frente al Go Ahead Eagles, denunciando la alineación indebida de Dean James, quien perdió su permiso de trabajo al renunciar a la ciudadanía neerlandesa y nacionalizarse indonesio.

La controversia saltó cuando la directiva del NAC descubrió que James no cumplía con los requisitos legales para ejercer su profesión. El caso generó una reacción en cadena: clubes como NEC y Groningen retiraron de sus convocatorias a futbolistas sospechados de irregularidad documental, mientras que entidades históricas como Ajax y Feyenoord se sumaron a las acciones legales.

Michiel van Dijk, abogado de la KNVB (Federación Neerlandesa de Fútbol) reconoció que el problema afecta a 11 futbolistas y tiene impacto directo sobre 133 encuentros disputados en la temporada. El asunto se agravó porque países como Indonesia, Surinam y Cabo Verde, que no permiten la doble nacionalidad o imponen restricciones, reclutaron jugadores nacidos en los Países Bajos, los cuales, al aceptar, pierden su estatus comunitario y requieren permisos especiales para jugar en la liga neerlandesa.

La dimensión del incidente provocó que la federación solicitara aclaraciones urgentes a las autoridades migratorias, mientras algunos clubes buscaban asesoría jurídica y suspendían temporalmente a jugadores para evitar sanciones. La demanda del NAC Breda ante el Tribunal de Utrecht busca anular la derrota sufrida el 15 de marzo, argumentando que James no estaba habilitado para jugar. La KNVB, por su parte, rechazó en primera instancia repetir el partido, alegando que ni el club ni el propio jugador eran conscientes de la falta de permisos al momento del encuentro.

El núcleo de la controversia radica en la interpretación de la legislación neerlandesa y su impacto sobre la elegibilidad de los jugadores. “Si un jugador renuncia a su ciudadanía neerlandesa, pasa a regirse por una jurisdicción distinta y necesita permiso de trabajo”, explicó a ESPN la profesora Marjan Olfers, especialista en derecho deportivo. La situación desató una ola de incertidumbre. Incluso los presentadores del pódcast De Derde Helft (El tercer tiempo) analizaron la derrota y el trasfondo del escándalo, reflejando la inquietud generalizada en clubes, jugadores y aficionados.

Algunos futbolistas lograron regularizar su situación tras recibir un sello temporal en sus pasaportes del Servicio de Inmigración y Naturalización, lo que les permitió regresar a los entrenamientos y disputar partidos. Para quienes tienen pareja o hijos en Países Bajos, existe la opción de solicitar el “sello de la UE” mientras tramitan su residencia y permiso laboral.

La federación advirtió que, si el tribunal falla a favor del NAC, otros clubes podrían impugnar resultados, lo que desencadenaría un efecto dominó con la posible repetición de 133 partidos. Marianne van Leeuwen, representante de la KNVB, fue tajante: “Si el NAC gana, esos otros clubes también interpondrán procedimientos sumarios y acciones similares. Eso podría implicar que la competición no llegue a completarse”.

La lista de afectados incluye a Tjaronn Chery (NEC Nimega), Etienne Vaessen (Groningen), Richonell Margaret y Dean James (Go Ahead Eagles), Ayini Santos (Sparta Rotterdam), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Mees Hilgers (Twente), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Dion Malone (Telstar), Yannick Leliendal, Mawouna Amevor y Déron Payne (FC Volendam), Djevencio van der Kust (Heracles) y Miliano Jonathans (Excelsior).

El caso, bautizado como ‘Passportgate’, involucra a jugadores que, al representar a países fuera de la Unión Europea, han perdido derechos laborales automáticos en los Países Bajos. Esto obligó a los clubes a tomar medidas preventivas para evitar sanciones y mantener la integridad de la competición.

La posibilidad de repetir tantos encuentros depende del fallo del tribunal de Utrecht. Si la justicia determina que la alineación de futbolistas sin permiso fue indebida, la KNVB podría verse obligada a reprogramar los partidos afectados, con consecuencias graves para el calendario y la viabilidad de la temporada en curso.

Seúl, 21 ene (EFE).- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, negó hoy ante el Tribunal Constitucional que ordenara sacar "a rastras" a los diputados del Parlamento para evitar que revocaran la ley marcial que declaró el 3 de diciembre.

Yoon respondió con un rotundo "no" cuando el magistrado que preside la corte, Moon Hyung-bae, le preguntó si "ordenó al jefe del Comando de Defensa de la Capital, Lee Jin-woo, y al jefe del Comando de las Fuerzas Especiales, Kwak Jong-keun, que sacaran a rastras a los diputados que se congregaron en la Asamblea Nacional (Parlamento) con intención de revocar la ley marcial tras la declaración de la misma".

El presidente añadió que una votación del Parlamento "no es algo que pueda prevenirse bloqueándolo o retrasándolo" y afirmó que ordenó retirar las tropas después de que el hemiciclo revocara el estado de excepción.

Yoon también negó haber entregado un memorando al ministro de Finanzas y actual presidente interino de Corea del Sur, Choi Sang-mok, el día de la declaración de la ley marcial para pedirle que elaborara un presupuesto para un "órgano legislativo de emergencia".

El presidente también descartó que haya una teoría de la conspiración sobre elecciones fraudulentas detrás de la orden que se dio a las tropas para que se hicieran con los servidores informáticos de la Comisión Electoral Nacional (NEC) la noche del 3 de diciembre.

El mandatario argumentó que "en octubre de 2023, el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) inspeccionó una porción muy pequeña de los equipos informáticos de la NEC y halló muchos problemas" y añadió que la orden "no fue para detectar la elección fraudulenta en sí, sino para examinar exhaustivamente el sistema informático de la NEC".

La de hoy es la primera comparecencia del mandatario ante el Constitucional, puesto que se ausentó de las dos vistas preparatorias, así como de las dos primeras vistas ordinarias celebradas en el tribunal los pasados 14 y 18 de enero.

El máximo tribunal surcoreano tiene hasta junio para decidir si el cese de Yoon aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre por haber declarado el estado de excepción 11 días antes será definitivo o si lo restituye en el cargo.

En caso de que su inhabilitación quede ratificada deberán convocarse elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte.

Yoon, que está arrestado de manera preventiva desde el 15 de diciembre, encara a su vez una investigación penal por un posible delito de insurrección que podría castigarse con cadena perpetua o la pena capital (para la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997), aunque se ha negado a declarar ante los investigadores.

El presidente y sus letrados están basando su defensa en la idea de que la ley marcial fue un simple recurso legal más a su disposición durante el agresivo intercambio de golpes que venía manteniendo con la oposición en el contexto de absoluta falta de consensos y diálogo político que caracterizado las dos últimas legislaturas en Corea del Sur.

El enfrentamiento entre el presidente conservador y los liberales del Partido Democrático (PD) venía marcado por la mayoría parlamentaria de estos últimos, especialmente contundente tras las sonada derrota del partido gobernante en las legislativas de abril, y el número récord de mociones de destitución parlamentarias y vetos presidenciales empleados por ambas partes desde la llegada al poder de Yoon en 2022. EFE

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