Los informes señalan que al menos 650 civiles fueron constreñidos en la vereda Villa Moreno por integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, Estructura Franco Benavides al servicio de alias Boyaco, con el fin de ejecutar acciones violentas contra las tropas.

Un día después, el 6 de mayo, en el sector La Laguna–Puerto Cumbarras, soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.º 5 reportaron la segunda asonada. En este caso, cerca de 250 personas fueron movilizadas en vehículos con el propósito de interferir y obstaculizar el avance de los uniformados.

Según el Ejército, ambos episodios habrían sido promovidos por disidencias de las Farc, que buscan frenar la ofensiva militar destinada a afectar las economías ilegales, como el narcotráfico y la explotación minera.

Estrategia criminal: presión a comunidades y ataque a la fuerza pública

Con base en el reporte oficial, la instrumentalización de la población civil representa una táctica recurrente de los grupos armados ilegales para evitar la destrucción de laboratorios, arsenales y rutas de narcotráfico en el suroccidente del país.

El Ejército detalló que, tras las asonadas de Nariño, no se registraron afectaciones al personal militar ni al material desplegado en la zona, aunque advirtió sobre la gravedad de estas acciones y su impacto en la seguridad de la región.

La institución anunció la instauración de denuncias ante las autoridades competentes por posibles delitos como asonada, obstrucción a la función pública, concierto para delinquir e instigación a delinquir. “Ante estos hechos, se instaurarán las denuncias correspondientes”, informó el Ejército Nacional, que reiteró su compromiso con la continuidad de las operaciones.

Balance operativo: golpe a las economías ilícitas

En la subregión de Cordillera, la acción sostenida de las tropas propias permitió la destrucción de 44 artefactos explosivos y 100 detonadores, así como la incautación de armamento, munición y estupefacientes.

Estos resultados, según la institución, afectan directamente las capacidades criminales de los grupos armados ilegales presentes en el territorio, donde los cultivos ilícitos y la minería ilegal generan una marcada influencia sobre la vida comunitaria.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, declaró que “las asonadas a nuestras tropas en Tolima y Nariño son promovidas por estructuras criminales que buscan impedir las operaciones militares contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas”.

Añadió que “el constreñimiento a las comunidades, los ataques a nuestros soldados y los intentos por frenar la acción legítima de las Fuerzas Militares son conductas criminales que atentan contra la seguridad de los colombianos”.

Asonada en Tolima: ataque a una operación contra la minería ilegal

En paralelo a los hechos de Nariño, una asonada registrada en el municipio de Ataco, departamento de Tolima, dejó un saldo de 13 militares heridos y vehículos oficiales incendiados.

El Ejército Nacional informó que soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales adelantaban una operación en el corregimiento de Santiago Pérez para desarticular puntos de extracción ilegal de oro.

Durante el operativo, centenares de personas identificadas como mineros ilegales cercaron a los uniformados y los agredieron con piedras, palos y machetes; además prendieron fuego a un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional.

La institución castrense calificó los hechos como un ataque directo a la acción legítima de las autoridades, subrayando el riesgo para la integridad de los uniformados y la obstrucción de las labores orientadas a proteger los recursos naturales y restablecer la legalidad en la zona.

La acción, confirmada por las autoridades y reportada por la propia división militar a través de su cuenta oficial en X, impidió un atentado que tenía como objetivo la fuerza pública y la población civil del sector.

Un artefacto preparado por disidencias de las Farc

De acuerdo con la información proporcionada por la Tercera División del Ejército Nacional, el explosivo fue instalado por la Estructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras observar a hombres desconocidos transportando objetos sospechosos, los cuales fueron abandonados en el lugar antes de huir.

La intervención del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD) permitió la destrucción controlada del cilindro bomba. El Ejército confirmó que la detonación se realizó sin afectar la malla vial ni causar daños a personas, asegurando así la movilidad en la principal carretera que conecta el sur de Colombia con Ecuador.

En palabras oficiales reproducidas por la institución castrense en X: “Sobre la vereda El Manzano, municipio de Taminango, Nariño, tropas del Batallón de Infantería Liviana N. 9 de la Brigada 23 neutralizan una acción terrorista. En el lugar se encuentra el Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos adelantando las labores para la destrucción controlada de un artefacto explosivo sobre la vía Panamericana”.

La vía Panamericana ha sido escenario de numerosos ataques en lo que va del año. Autoridades civiles y militares implementaron operativos conjuntos para prevenir acciones terroristas que afectan tanto a la fuerza pública como a la infraestructura estratégica del país.

Este corredor ha sufrido múltiples cierres y afectaciones, lo que ha impactado el tránsito entre Colombia y Ecuador. El Ejército y la Policía mantienen presencia en la zona y reforzaron los patrullajes tras el hallazgo de nuevos explosivos en días recientes.

Otro hallazgo de explosivos cerca de Piendamó

El jueves 30 de abril, tropas del Batallón de Infantería Liviana número 7 y el Grupo de Caballería Liviano número 8, en coordinación con la Policía del Cauca, encontraron cinco cilindros con explosivos en una alcantarilla cerca del municipio de Piendamó. Este descubrimiento llevó al cierre preventivo de la carretera mientras se realizaban labores de inspección y neutralización.

La Tercera Brigada del Ejército comunicó a la prensa que la vía fue liberada tras la detonación controlada de los artefactos, logrando restablecer el tráfico y evitando daños mayores.

“Las operaciones militares que mantienen las tropas de la Brigada 29, en coordinación con la Policía Nacional, preliminarmente han permitido la ubicación de dos cilindros instalados en alcantarillas sobre la vía Panamericana, a la altura de Piendamó”, detalló la brigada en X.

Seguridad y movilidad en riesgo: contexto del conflicto

La presencia de grupos armados organizados residuales (GAO-r), como la estructura Franco Benavides, pone en riesgo la seguridad de habitantes, transportadores y miembros de la fuerza pública en el suroccidente colombiano.

Las autoridades reiteraron que los explosivos tienen como fin atacar tanto a uniformados como a la población civil, buscando generar miedo y entorpecer la movilidad en el corredor internacional.

En las últimas horas, equipos especializados continúan inspeccionando la zona para descartar la existencia de otros artefactos y asegurar que el tránsito se mantenga bajo condiciones de seguridad.

La situación en el norte de Nariño y el sur del Cauca evidencia la persistencia de amenazas por parte de estructuras armadas ilegales, que buscan atentar contra la estabilidad regional.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa y contribuya a la prevención de incidentes que pongan en peligro la vida y la seguridad de la población.

Cuatro días bastaron para que el transporte intermunicipal de pasajeros en el suroccidente de Colombia acumulara pérdidas que superan los $4.000 millones de pesos y dejara a casi 80.000 personas sin poder moverse entre ciudades.

Así lo reveló la Asociación para el Desarrollo del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) en un análisis económico que describe el deterioro del sector ante la escalada de violencia que vive la región.

La cifra más llamativa del informe es que 79.483 pasajeros dejaron de movilizarse en el corredor del suroccidente en apenas cuatro días, lo que equivale a una contracción del 40% en la demanda. Para entender la magnitud: es como si, de cada diez personas que normalmente compran un tiquete de bus, cuatro decidieran quedarse en casa.

Cali encabeza la lista de ciudades afectadas con 42.937 usuarios menos, seguida de Popayán con 16.680, Pasto con 12.968 e Ipiales con 6.897.

Detrás de ese éxodo de pasajeros hay un contexto que lo explica. Desde el 25 de abril de 2026, cuando la activación de un artefacto explosivo de alto poder en la vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, dejó al menos 12 muertos y 25 heridos, la principal arteria vial del suroccidente quedó fracturada.

A eso se sumaron ataques con drones cargados de explosivos contra estaciones de policía y sedes militares en Cali y Palmira, atribuidos al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, en particular a las facciones del alias Iván Mordisco.

La ruptura de los ceses al fuego bilaterales en la zona convirtió la región en escenario de confrontación abierta, y la violencia dejó de concentrarse en las montañas para alcanzar los centros urbanos del Valle del Cauca.

El resultado directo sobre el transporte es que 7.060 despachos de buses fueron cancelados en ese mismo período de cuatro días. Dicho en términos sencillos: miles de salidas desde terminales de Cali, Popayán, Pasto e Ipiales nunca ocurrieron.

Las vías alternas, cuando existían, incrementaron los tiempos de viaje hasta en nueve horas, lo que terminó por desincentivar por completo la movilidad terrestre en toda la región.

El golpe económico es proporcional a ese colapso operativo. Cali superó los $2.576 millones en pérdidas; Popayán registró afectaciones cercanas a $1.000 millones; Pasto acumuló $778 millones e Ipiales más de $413 millones.

Aditt advirtió que esta situación “compromete gravemente la capacidad financiera de las empresas, que hoy no cuentan con liquidez para cumplir obligaciones básicas como el pago de créditos ni la renovación de flota”.

Lo que ocurre ahora no es un hecho aislado dentro del año. En lo corrido de 2026, el sector ya había encajado golpes similares: los paros en Boyacá y Santander dejaron pérdidas superiores a $4.300 millones y más de 70.000 pasajeros afectados.

Con la emergencia actual en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el acumulado del año ya supera los $9.000 millones en pérdidas, según el análisis de Aditt, lo que evidencia un deterioro estructural del sistema de transporte en el país.

El escenario se agrava por el momento político que atraviesa Colombia. El país se aproxima a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, y la Comisión de Paz del Senado ha advertido que la seguridad de las urnas en municipios como Santander de Quilichao, Miranda y Tumaco está en alto riesgo.

En ese marco, los ataques han profundizado la incertidumbre sobre la movilidad en toda la región y añaden presión sobre un sector que ya operaba debilitado.

Aditt concluyó que “la combinación de pérdidas económicas, caída en la demanda y deterioro operativo configura una crisis sin precedentes que amenaza la viabilidad” del sector.

Las empresas de transporte intermunicipal reclamaron medidas urgentes para recuperar la confianza de los usuarios y estabilizar financieramente las operaciones, con la advertencia de que, de no tomarse acciones concretas, el transporte intermunicipal en el suroccidente del país enfrenta “un escenario inminente de colapso”.

Una serie de ataques armados y atentados con explosivos perpetrados por hombres de las disidencias de las Farc bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, sacudió el suroccidente colombiano entre el 24 y el 28 de abril de 2026, según reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los hechos, documentados en diferentes municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, evidencian el repunte de la violencia atribuida a estructuras armadas luego de la firma del Acuerdo de Paz, y ad portas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el domingo 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con la cronología elaborada por Indepaz, y que se compartió a través de un carrete en su cuenta de Instagram, la ola de violencia comenzó el viernes 24 de abril de 2026, cuando se registraron ataques con cilindros bomba y artefactos explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, así como hostigamientos armados en Miranda y Corinto, todos en el Valle del Cauca y el Cauca.

En esos hechos, los responsables señalados fueron el Frente Jaime Martínez, el Frente Adán Izquierdo y el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

El sábado 25 de abril, la escalada de ataques se extendió a otras localidades del Cauca.

El Tambo, Patía, Suárez, Padilla, Miranda, Guachené, Corinto, Cajibío, Caloto y Mercaderes fueron escenario de acciones violentas que incluyeron incendios, hurtos, explosiones masivas, instalación de retenes ilegales y hostigamientos contra la policía con fusiles, drones y artefactos explosivos.

En Jamundí y Palmira (Valle del Cauca), se reportaron detonaciones y hallazgos de explosivos en instalaciones militares.

Por tal motivo, desde el Instituo se atribuyó la mayoría de estos hechos a los frentes Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, Jaime Martínez, Adán Izquierdo y Andrés Patiño del Bloque Occidental Jacobo Arenas, lideras por Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados por las autoridades colombianas.

Durante esa misma jornada, se documentaron ataques múltiples en Taminango y Pasto (Nariño), como el lanzamiento de explosivos y detonaciones en estaciones policiales y de servicio. Esos incidentes fueron atribuidos al Frente Franco Benavides del mismo bloque armado.

El domingo 26 de abril, la violencia continuó con un atentado con vehículo bomba y drones en Argelia (Cauca); la quema de un camión de carga sobre un puente en Jamundí (Valle del Cauca); y una masacre en un establecimiento público del sector El Hobo en Toro (Valle del Cauca), donde hombres armados dispararon indiscriminadamente contra los asistentes.

El reporte de Indepaz señala que, en algunos casos, la autoría directa de los hechos aún no había sido determinada.

El lunes 27 y martes 28 de abril, la secuencia de atentados se mantuvo con ataques explosivos contra puentes y vías en Taminango (Nariño); atentados con granada contra instalaciones empresariales en Pasto; incineración de vehículos en Dagua (Valle del Cauca); hostigamientos armados en Inzá y desactivación de artefactos explosivos en Villa Rica y Santander de Quilichao (Cauca).

La mayoría de estos eventos fueron atribuidos al Frente Franco Benavides y al Frente Jaime Martínez.

Según la información recopilada por el instituto, los ataques se caracterizaron por el uso de explosivos, drones y armas de fuego contra objetivos civiles, policiales y militares, lo que ha generado preocupación en estos puntos de la región Pacífica por la capacidad operativa y la coordinación de las estructuras bajo el mando de Iván Mordisco.

El organismo observador resaltó que la utilización de drones y explosivos en áreas rurales y urbanas representa un desafío significativo para las autoridades y la población civil, y más cuando la seguridad se ha visto afectada por la reconfiguración de grupos armados que emergieron tras la desmovilización de las Farc-EP.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reiteró en su informe que “el uso de drones y explosivos indiscriminados en zonas rurales y urbanas revela una absoluta degradación moral, donde el terrorismo se impone sobre cualquier principio de humanidad y respeto por la vida”.

Por todo lo anterior, se ha solicitado la intervención de entidades estatales y organismos internacionales para atender la situación humanitaria y prevenir una escalada aún mayor de violencia en el suroccidente colombiano.

Senatic, la iniciativa, producto de la alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentó los resultados de su programa “Efecto Transformador” en el departamento de Nariño.

Las cifras dadas a conocer durante el eveto de clausira reflejan el alcance de la formación técnica en el sur del país. El programa certificó a más de 2.400 jóvenes en competencias digitales en esa región, según se dio a conocer en el evento de cierre de su primera cohorte regional, que reunió a más de 350 personas en Pasto.

El 52,94% de los participantes en Senatic en Nariño fueron mujeres, una cifra que marca un avance concreto en la reducción de la brecha de género en el sector tecnológico del sur del país. En total 2.403 jóvenes del departamento completaron su titulación técnica en tecnologías de la información (TI).

De los titulados, 444 pertenecen a la capital nariñense. El programa operó en 36 municipios del departamento a través de 98 instituciones educativas vinculadas en la línea de articulación con la educación media, lo que convierte a Nariño en uno de los territorios con mayor descentralización de la estrategia a nivel nacional.

La formación no se concentró en los centros urbanos: llegó a municipios alejados donde el acceso a capacitación técnica especializada en áreas digitales ha sido históricamente limitado.

William Alexander Sánchez, subdirector de Competencias Digitales y director encargado de Apropiación de TIC del MinTIC, trazó el enfoque que guía la iniciativa: “A través de Senatic estamos entregando herramientas técnicas que permiten a los jóvenes integrarse activamente a la economía digital. No se trata solo de conectividad, sino de garantizar que el talento humano en los territorios cuente con la formación necesaria para acceder a oportunidades laborales reales y contribuir al desarrollo regional”.

Los datos de inclusión van más allá del indicador de género. De los 5.988 beneficiarios certificados en cursos cortos, el 57,38% son jóvenes menores de edad, lo que consolida la articulación temprana con la educación media como uno de los pilares del modelo. El programa integró también a población con discapacidad, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, grupos que con frecuencia enfrentan barreras adicionales para acceder a formación técnica de calidad.

La jornada incluyó el panel “Las TIC en el futuro del trabajo”, espacio en el que confluyen el Gobierno nacional, la academia, el sector empresarial y la gobernación departamental. Sánchez participó en representación del MinTIC; Alexander Barón lo hizo por la academia; Jonnathan Huertas, por la Gobernación de Nariño; Giovanni Delgado Guerrero, por el sector empresarial; y Carlos Mauricio Ojeda, en representación de los participantes de la línea de cursos cortos. La moderación estuvo a cargo de Claudia A. López Duarte, de la OIT, y el diálogo giró en torno a las oportunidades y desafíos que la transformación digital plantea para el empleo en las regiones.

El panel refleja uno de los propósitos centrales de Senatic: no limitar la formación a la certificación técnica, sino conectar el talento regional con mercados laborales nacionales e internacionales. La presencia de la OIT como socio de la alianza aporta estándares de trabajo decente al diseño del programa, un componente que diferencia esta estrategia de otras iniciativas de capacitación digital.

El evento cerró con el reconocimiento formal a los aprendices y una muestra cultural que incorporó expresiones de la identidad territorial como parte del proceso formativo, un gesto que reafirma la apuesta del programa por anclar la formación tecnológica en los contextos locales.

La continuidad del proceso está asegurada: 2.783 estudiantes adicionales ya avanzan en la cohorte 2025-2026 en el departamento, una cifra que supera el número de titulados de la primera cohorte y anticipa un crecimiento del impacto regional del programa en los próximos meses. La estrategia se enmarca en la Misión de Transformación Digital 2035 del Gobierno nacional, que apunta a consolidar un ecosistema donde el conocimiento técnico sea motor de productividad y desarrollo territorial.

La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que los ataques armados recientes, atribuidos a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, no solo afectaron a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, también impactaron de manera grave a Nariño, donde se reportó el asesinato de cinco personas.

El organismo señaló que la jornada de violencia puso en riesgo a comunidades enteras, evidenciando la expansión del conflicto y la presión sostenida sobre la población civil.

Ataques coordinados en tres departamentos: Nariño también bajo fuego

Según información oficial de la Defensoría del Pueblo, los hechos violentos registrados en las últimas horas se extendieron más allá de los focos habituales de conflicto en el suroccidente colombiano.

En el departamento de Nariño, específicamente en el corregimiento de El Remolino en el municipio de Taminango, se produjeron ataques con artefactos explosivos dirigidos tanto contra la estación de Policía como contra una estación de servicio ubicada sobre la Vía Panamericana. Como resultado, cinco personas murieron y varias más vieron en riesgo su integridad, en medio de daños materiales y una atmósfera de intimidación generalizada.

De acuerdo con la entidad, estos hechos representan una escalada en la violencia, al tiempo que reflejan la persistencia de prácticas de control territorial ejercidas por grupos armados ilegales. La entidad Defensoría documentó marcaciones en vías y otras acciones intimidatorias que elevan la presión sobre las comunidades y restringen su movilidad.

La respuesta institucional y el llamado urgente a las autoridades

La defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que la respuesta del Estado no debe limitarse a la reacción de la fuerza pública. La funcionaria reiteró que la situación de orden público no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia de riesgos advertidos durante los últimos dos años mediante el Sistema de Alertas Tempranas.

“Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas y reiteramos el llamado al Gobierno nacional, así como a las autoridades departamentales y locales para adoptar acciones inmediatas con enfoque humanitario que permitan contener las afectaciones a las comunidades, proteger la vida y mitigar los riesgos derivados de las presiones ejercidas por los grupos armados”, comunicó la entidad a través de su cuenta oficial en X el 26 de abril.

La Defensoría enfatizó la necesidad de poner en marcha medidas urgentes que incluyan la protección de corredores viales, la garantía de condiciones seguras para la atención de heridos y una mayor presencia integral del Estado en la región. El organismo pidió implementar de forma efectiva las recomendaciones emitidas en las alertas tempranas, para reducir al máximo los riesgos sobre la población civil.

El contexto: ataques en Cauca y Valle, y el accionar de las disidencias

La ola de ataques se inició el viernes 24 de abril con la explosión de un artefacto en una buseta frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército en el sur de Cali. Horas después, un vehículo con cilindros explosivos fue abandonado cerca del Cantón Militar Pichincha, provocando múltiples lesionados y daños en viviendas cercanas. En Palmira, otro ataque afectó la infraestructura del Batallón de Ingenieros N.° 3 Agustín Codazzi.

En el departamento de Cauca, se registró un atentado con explosivos en el sector El Túnel, municipio de Cajibío, en la Vía Panamericana. Según el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, el saldo fue de 20 personas fallecidas y más de 45 heridas. Además, en Mercaderes se registró la activación de un artefacto que impactó vehículos de servicio público, mientras que en Popayán se detectó y neutralizó un dron cargado con explosivos.

Las autoridades también reportaron amenazas sobre la instalación de nuevos artefactos en tramos clave de la Vía Panamericana, como Mandivá en Santander de Quilichao y Pescador en Caldono, así como un ataque contra la base militar de Guachené.

El hecho terrorista más reciente se reportó la tarde del 26 de abril en Jamundí, donde presuntos disidentes interceptaron e incineraron un camión avícola, sobre el puente Río Claro, generando el cierre total de la ruta entre el casco urbano y cinco corregimientos.

Falencias en la prevención y reiteración de alertas

Según la Defensoría del Pueblo, la repetición de hechos violentos en los mismos corredores evidencia fallas en la prevención y en la respuesta institucional. El organismo reiteró que la protección de la vida debe ser el eje de toda respuesta estatal, y exigió a los grupos armados ilegales el cese inmediato de los ataques y el uso de artefactos explosivos.

Las comunidades afectadas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño continúan bajo presión, enfrentando restricciones en su movilidad, afectaciones a la vida cotidiana y temor por la intensificación del conflicto.

Un hecho violento que se presentó la madrugada del viernes 24 de abril conmocionó a los habitantes del municipio de Túquerres, en Nariño, tras la muerte de un niño de 4 años por impactos de arma de fuego dentro de su vivienda.

En el mismo episodio una mujer, al parecer la madre del menor, resultó herida de gravedad.

La consternación en la comunidad es mayor al conocerse que el presunto agresor sería un patrullero activo de la Policía Nacional y padre del niño fallecido.

De acuerdo con las primeras versiones, el uniformado llegó al municipio en medio de un permiso y, tras una discusión de pareja, se habría desencadenado el ataque armado.

El menor fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas, mientras la mujer permanece bajo atención médica en estado crítico.

La información preliminar señala que el arma utilizada sería de dotación oficial y que el funcionario no la habría entregado tras finalizar su turno el día anterior, lo que agrava la gravedad del caso.

El patrullero fue capturado por las autoridades y se encuentra en proceso de judicialización, mientras unidades del CTI adelantan los actos urgentes para esclarecer las circunstancias del crimen.

La víctima fue identificada como Luis Manuel Yampuezan Zambrano, mientras que Mónica Paola Zambrano Jiménez resultó herida en el brazo izquierdo y fue trasladada a un centro de salud, de acuerdo con medios regionales locales.

El presunto responsable y oficial de la Policía estaría adscrito al CAI Pondaje de la estación El Diamante, en Cali, Valle.

La investigación, bajo responsabilidad del CTI, incluye la inspección técnica del lugar y la recolección de pruebas para determinar las causas y circunstancias del incidente.

Niño de 4 años murió tras asomar su cabeza cuando iba en un bus

Días atras, un menor de cuatro años perdió la vida tras sufrir un golpe mortal mientras viajaba con su madre en un bus intermunicipal, lo que ha sacudido a la comunidad de Antioquia.

El accidente ocurrió el lunes 6 de abril en la vía El Santuario-Granada, cuando el niño asomó la cabeza por la ventana del vehículo en el que se trasladaba hacia Medellín.

El incidente volvió a poner sobre el tablero los riesgos de conductas que suele ser subestimadas por lo general en trayectos intermunicipales, así como la necesidad de insistir en normas de seguridad a bordo de estos vehículos.

Según los reportes oficiales, el menor, que había cumplido cuatro años el 18 de marzo, viajaba junto a su madre cuando un bus de la empresa Coonorte —que circulaba en sentido contrario al bus de Flota Granada donde iba el pequeño— pasó a corta distancia.

En ese instante, el niño tenía la cabeza fuera de la ventana, lo que provocó que sufriera un impacto de gravedad.

Tras el incidente, la madre y otros pasajeros lo asistieron de inmediato y lo llevaron al Hospital San Juan de Dios en El Santuario, donde la magnitud de las lesiones llevó al traslado urgente a la Clínica Somer en Rionegro.

A pesar de los esfuerzos médicos, el fallecimiento se confirmó el miércoles 8 de abril de 2026.

A su vez, la Secretaría de Movilidad de El Santuario informó que el conductor del bus de Coonorte fue localizado posteriormente en el parque principal de Granada. De acuerdo con lo que el propio chofer relató a las autoridades, no notó el accidente mientras conducía.

Tanto la víctima como su madre eran oriundos de San Pablo, Bolívar, y se hallaban de visita en Granada al momento de los hechos.

Esta tragedia motivó a las autoridades de tránsito y a instancias locales a recalcar la importancia de la vigilancia adulta permanente durante los viajes en buses, camiones o automóviles.

“Es fundamental mantener a los menores alejados de las ventanas para prevenir accidentes de este tipo”, reiteraron funcionarios consultados por medios locales.

El departamento de Nariño experimentará un fortalecimiento del pie de fuerza y la coordinación institucional tras los anuncios realizados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en una reciente Reunión Estratégica de Seguridad celebrada en Ipiales.

En presencia de la cúpula militar y policial, así como mandatarios locales, el ministro confirmó la llegada de 270 soldados del Ejército Nacional y 200 policías adicionales antes de finalizar abril. Esta medida busca responder a las exigencias de la región, escenario de disputas entre grupos armados organizados y rutas del crimen trasnacional.

Según lo informado por el Ministerio de Defensa, los nuevos efectivos serán distribuidos en puntos estratégicos y un componente especial se sumará a la Operación Cordillera, iniciativa que ha mostrado avances en la afectación de estructuras delictivas y logísticas.

La estrategia incluye el fortalecimiento de burbujas operativas e inteligencia, así como la mejora de la infraestructura policial en varias zonas del departamento, con apoyo de la Gobernación de Nariño y las alcaldías.

Operativos y control en zonas fronterizas

Durante la reunión, en la que participaron representantes de municipios como Ipiales, Arboleda, Barbacoas, Belén, Cumbal, Sandoná, La Llanada y Túquerres, se acordó el despliegue de dos pelotones blindados para reforzar el control vial, especialmente en áreas limítrofes.

De acuerdo con la cartera de Defensa, el Gaula Militar Nariño intensificará sus esfuerzos en el municipio de Mallama para combatir el delito de extorsión, invitando a la ciudadanía a denunciar y aportar información que permita la identificación y judicialización de responsables.

La Armada de Colombia también fortalece su presencia en la región. La Patrullera Oceánica 20 de Julio, considerada la embarcación más grande construida por Cotecmar, ya se encuentra operando en aguas del Pacífico colombiano y recientemente incautó cerca de 2,4 toneladas de droga.

Además, se sumarán una nueva patrullera de costa, un bote guardacostas “Arcángel” y una embarcación fluvial para la Infantería de Marina, lo que incrementará la capacidad de respuesta en áreas fluviales y marítimas, especialmente en los límites con Ecuador.

Articulación institucional y próximas acciones

En los próximos días, se realizará una reunión interinstitucional con la participación del Ministerio de Defensa, Migración Colombia, Ejército Nacional, Policía Nacional y el Icbf. El objetivo será diseñar estrategias para potenciar la seguridad en los pasos fronterizos formales y optimizar la labor conjunta de las entidades involucradas.

El Ministerio del Interior tiene previsto desarrollar el 15 de mayo en Pasto una mesa técnica de la Secretaría de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas. Se espera la participación de todos los alcaldes de Nariño para definir una hoja de ruta orientada a soluciones integrales en materia de seguridad.

Otro frente en el que se articularán esfuerzos corresponde a la asesoría de la Policía Nacional en la estructuración de proyectos municipales para la instalación de cámaras de vigilancia. De acuerdo con el MinDefensa, esta asesoría permitirá que las propuestas cumplan con criterios técnicos, económicos y legales, facilitando la gestión y la pronta ejecución de las iniciativas.

Inversión social y sustitución de cultivos ilícitos

El ministro Pedro Sánchez Suárez también anunció la firma del Pacto por Nariño, un compromiso que prevé una inversión superior a $7,5 billones durante la próxima década. El acuerdo contempla proyectos sociales y de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población en distintos municipios del departamento.

En el desarrollo del Programa Renacemos, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito promueve la inscripción de más de 14.000 familias para acceder a beneficios sociales y de infraestructura.

Las comunidades que opten por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos podrán recibir trapiches, centros de acopio, bancos de maquinaria, viveros, lanchas, plantas de cacao y biofábricas, como parte del impulso a economías legales.

Resultados y líneas de denuncia

El ministro Sánchez Suárez resaltó que los esfuerzos de la fuerza pública y las instituciones nacionales y regionales han generado reducciones significativas en los delitos de alto impacto.

El secuestro disminuyó en un 50%, los hurtos a residencias y a comercios en un 25%, y tanto el desplazamiento forzado como el confinamiento presentan una caída del 75%. Durante el 2026, las autoridades capturaron a más de 2.200 presuntos delincuentes en Nariño.

Como parte del componente de participación ciudadana, el Ministerio de Defensa mantiene habilitadas las líneas gratuitas nacionales 107 y 157 para denuncias de hechos de corrupción o situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad en los territorios.

Cuatro menores de edad resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Laguna, en el municipio de Olaya Herrera, departamento de Nariño.

El hecho, ocurrido cerca de las 4:30 p. m. del domingo 19 de abril de 2026, fue confirmado por fuentes militares a Infobae Colombia. Según el reporte oficial, tres de los menores presentan posibles amputaciones y uno más se encuentra en estado de aturdimiento.

El incidente se produjo en una zona donde las autoridades atribuyen la instalación de explosivos al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Alfonso Cano.

El Ejército Nacional detalló que los cuatro niños heridos fueron trasladados en un helicóptero militar hasta el Hospital San Andrés de Tumaco, donde reciben atención médica especializada.

Hasta el cierre de esta edición, la autoridad militar no ha divulgado un parte actualizado sobre el estado de salud de los menores afectados, aunque se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre su evolución.

Las minas antipersonal: una amenaza persistente en Colombia

El caso ocurrido en Nariño evidencia la permanencia del riesgo de minas antipersonal en amplias áreas del territorio colombiano. Con base en cifras oficiales, desde 1990 se registraron cerca de 2.600 víctimas de estos artefactos. En lo corrido de 2026, el país reportó 15 accidentes relacionados con minas, con un saldo de 18 personas heridas, todas sobrevivientes.

El coordinador del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersona, Mauricio Silva, explicó que “aproximadamente un 15% del territorio nacional continúa afectado por las minas antipersonal”, siendo los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Guaviare los más afectados.

Silva señaló que el peligro persiste, especialmente en zonas rurales y áreas de presencia de grupos armados.

Testimonios: el impacto de las minas en las víctimas

La magnitud de las consecuencias físicas y psicológicas de estos accidentes queda reflejada en historias como la de Jean Carlos Gutiérrez, militar que sufrió heridas graves en 2015 por una mina en el sur del país.

“Durante el cumplimiento de una misión táctica en el sur del país, fuimos llevados a un campo minado. Cinco integrantes del Ejército de Colombia, en el cual el que resultó mayormente afectado fui yo, la pérdida de mis dos piernas por debajo de la rodilla y reconstrucción de mi mano derecha”, relató Gutiérrez, según Blu Radio.

El militar subrayó la necesidad de mayor respaldo estatal: “Que se preocupen por nuestro Ejército, por nuestra Fuerza Pública, que se preocupen por esos hombres que día a día, noche a noche, se encuentran trabajando por conseguir un mejor país”. De acuerdo con Gutiérrez, el apoyo del Gobierno resulta fundamental para mitigar el riesgo y asistir a quienes son víctimas de estos artefactos.

Desafíos para el desminado y la cooperación internacional

Uno de los principales retos que enfrenta actualmente el país es la reducción de la cooperación internacional destinada al desminado. De acuerdo con Catalina Velázquez, representante de Unmas Colombia (Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas), la inversión extranjera en la lucha contra las minas ha disminuido en los últimos años debido a la priorización de otros conflictos globales, como la guerra en Ucrania y la situación en Gaza.

Velázquez instó a mantener el respaldo internacional: “Ese llamado a la cooperación a que no deje de invertir en Colombia, no deje de aportar, porque aún acá tenemos muchas necesidades, hay muchas personas que aún requieren la asistencia, y muchos territorios que aún necesitan ser liberados de minas antipersonales”.

Pese a las dificultades, el Ejército Nacional reportó avances significativos en la descontaminación del territorio. Edwin Cedeño Borrero, jefe de Estado Mayor de la Brigada de Desminado Humanitario, informó que la institución intervino en más de 280 municipios en 16 departamentos del país.

“Estamos desplegados en 67 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, municipios que han sufrido el flagelo de las minas antipersonal”, afirmó Cedeño Borrero.

El hallazgo, ejecutado en coordinación con la Policía Nacional, se produjo en la vereda La Espriella y permitió neutralizar una posible amenaza contra la fuerza pública y la población civil en el sur del país. De acuerdo con la información oficial, tropas del Gaula Militar Tumaco identificaron el escondite, donde se hallaron ocho costales que contenían la sustancia explosiva.

Técnicos especializados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron pruebas en el sitio y confirmaron la alta capacidad de detonación de los materiales incautados.

Según el reporte de la Armada de Colombia, los explosivos habrían sido destinados a la fabricación de artefactos explosivos improvisados, con el objetivo de perpetrar ataques en la región.

Vínculos con grupos armados y respuesta institucional

Las primeras investigaciones apuntan a que el material pertenecía al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Iván Ríos, una estructura que opera en el litoral pacífico colombiano. Las autoridades señalaron que la destrucción in situ del explosivo se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, evitando riesgos para los habitantes de la zona.

La institución naval rechazó de manera contundente las intenciones de grupos armados de emplear explosivos en contra de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

De igual modo, la autoridad militar reiteró su compromiso de proteger a la población civil y de neutralizar amenazas criminales en el Pacífico sur. “Una vez asegurada el área, el material fue destruido en el lugar, siguiendo los protocolos de seguridad, evitando así posibles acciones terroristas”, detalló el comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, coronel Jorge Enrique González Orejuela.

Ofensiva contra infraestructuras ilegales en el Pacífico sur

El hallazgo del depósito de explosivos se suma a una serie de operativos recientes en la región. En marzo de 2026, la Armada de Colombia informó la destrucción de al menos 30 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en los departamentos de Nariño y Cauca.

Estas acciones, coordinadas entre diferentes batallones fluviales, permitieron afectar recursos de organizaciones delictivas y debilitar su capacidad operativa en zonas rurales del litoral pacífico.

En el desarrollo de esta ofensiva, las tropas inutilizaron infraestructuras ilegales, incautando 5.573 galones de insumos líquidos y 921 kilogramos de insumos sólidos empleados en el procesamiento de sustancias ilícitas. Con base en cifras oficiales, los golpes representaron una afectación económica superior a $1.400 millones para las organizaciones criminales.

El coronel Misael Arnol Mosquera Badillo, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, declaró que “la coordinación entre los diferentes batallones fluviales permitió afectar directamente a los grupos armados organizados residuales Iván Ríos, Alfonso Cano y la estructura E30 Rafael Aguilera”.

La Armada de Colombia aseguró que mantendrá operaciones sostenidas contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en el litoral del Pacífico sur. El coronel Mosquera Badillo ratificó que la institución “continuará debilitando las economías ilícitas y contribuyendo a la seguridad y estabilidad de la región”.

Estrategia de seguridad regional

Las operaciones recientes forman parte de una estrategia integral que involucra la cooperación entre distintas unidades de la Infantería de Marina y busca restringir el avance de actividades ilícitas en territorios históricamente afectados por la presencia de actores armados ilegales.

Según la propia institución naval, estos esfuerzos se orientan a contrarrestar las fuentes de financiación de grupos armados y a fortalecer la seguridad de comunidades ubicadas en zonas rurales de Nariño y Cauca.

El hallazgo y destrucción del depósito de explosivos en Tumaco representan un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el suroccidente de Colombia, en medio de una ofensiva que combina acciones de inteligencia, cooperación interinstitucional y presencia militar sostenida en áreas de alto riesgo.

Según informó la institución castrense, las tropas desplegadas bajo el Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus lograron impactar los 64 municipios del departamento, enfocando sus esfuerzos en combatir el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otros delitos que afectan históricamente a la región.

Entre los principales resultados, el Ejército reportó la incautación de más de 9.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 38 kilogramos de marihuana y 26 kilogramos de pasta base de coca.

Además, fueron destruidos más de 110 laboratorios utilizados para el procesamiento de alcaloides, junto a la erradicación de 298.960 matas de coca y la incautación de 10.800 galones de insumos líquidos y 32.000 kilogramos de insumos sólidos.

De acuerdo con datos proporcionados por la autoridad militar, estas acciones forman parte de una ofensiva constante sostenida por la Vigésima Tercera Brigada, la Fuerza de Tarea Hércules y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2. Estas unidades enfocan sus capacidades en proteger a la población civil y recuperar el control de sectores tradicionalmente afectados por el conflicto armado.

Capturas, sometimientos y recuperación de menores

Las operaciones militares tuvieron impacto en el debilitamiento de estructuras ilegales. El Ejército Nacional informó la captura de 69 presuntos integrantes de grupos armados ilegales y el sometimiento a la justicia de tres individuos. Además, dos menores de edad fueron recuperados.

Entre las organizaciones afectadas figuran el GAO-r Estado Mayor Central, GAO-r Segunda Marquetalia, GAO Comuneros del Sur y el ELN. Estos grupos mantienen presencia e influencia en varias zonas rurales del departamento. La presión militar permitió la desestabilización de sus actividades ilícitas, según el balance oficial.

Durante el primer trimestre se reportó también la incautación de 12 armas largas, 22 armas cortas, 14.690 municiones y 34 granadas. Los uniformados destruyeron 379 artefactos explosivos, 152 kilogramos de explosivos y cerca de 70 metros de cordón detonante en distintas áreas del departamento.

Acciones en zonas de frontera y protección ambiental

En la zona fronteriza de Nariño, que incluye municipios como Cuaspud Carlosama, Ricaurte, Cumbal, Ipiales, Tumaco y Barbacoas, el operativo arrojó la captura de 23 individuos, la incautación de 11 armas y la destrucción de 320 artefactos explosivos improvisados y 498 laboratorios para el procesamiento de alcaloides. Más de seis toneladas de clorhidrato de cocaína fueron confiscadas en estos municipios fronterizos.

El impacto de las operaciones también se refleja en acciones de recuperación ambiental. Según información del Ejército Nacional, se sembraron 11.119 plántulas nativas para mitigar la afectación de los ecosistemas locales, como parte de los esfuerzos para contrarrestar los daños asociados a las actividades ilícitas.

Últimos operativos: neutralización de artefactos explosivos

Recientemente, el Ejército Nacional ejecutó operativos en la vereda Buenavista Bajo y en zona rural de El Peñol, donde fueron neutralizados cuatro artefactos explosivos improvisados.

Estos dispositivos, atribuidos al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y a las estructuras Franco Benavides y Fredy Gutiérrez de las disidencias de las Farc, representaban un alto riesgo para la seguridad de la población y la infraestructura vial.

El Batallón de Ingenieros de Combate N.° 23 y el Batallón de Infantería Liviana N.° 9 estuvieron a cargo de la ubicación y destrucción controlada de estos materiales, que incluían 10 metros de cordón detonante y un detonador eléctrico.

Según reportó el Ejército Nacional, las acciones evitaron daños a la población civil y a corredores estratégicos del departamento. En este caso, las autoridades anunciaron la interposición de denuncias ante las autoridades competentes por la conducta criminal atribuida a los responsables.

La Operación Cordillera avanza en el debilitamiento de las capacidades de los grupos armados ilegales, consolidando el control territorial y brindando un parte de tranquilidad a la población civil. La institución reiteró su compromiso de mantener las acciones necesarias para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de los nariñenses.

Según informó la Tercera División del Ejército, las acciones se desarrollaron tanto en la vereda Buenavista Bajo, en la vía que enlaza el municipio de San José de Albán con el corregimiento de El Empate, como en zona rural de El Peñol.

Estas ubicaciones corresponden a corredores estratégicos para la movilidad en el suroccidente colombiano, frecuentemente afectados por disputas de control territorial entre redes criminales.

Las operaciones, orientadas a la protección de la población civil y la estabilidad de la región, estuvieron a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 23 y el Batallón de Infantería Liviana N.° 9, unidades adscritas a la Vigésima Tercera Brigada.

De acuerdo con datos divulgados por la institución castrense, los militares lograron la ubicación y destrucción controlada de dispositivos explosivos improvisados (IED), junto con 10 metros de cordón detonante y un detonador eléctrico, materiales destruidos bajo estrictos protocolos de seguridad.

Responsabilidad de grupos armados y violación a derechos humanos

Información preliminar recogida por el Ejército Nacional señala que los artefactos desactivados en Buenavista Bajo pertenecían presuntamente al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, mientras que en El Peñol los responsables serían las estructuras Franco Benavides y Fredy Gutiérrez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Estos grupos mantienen una disputa activa por el control ilícito del territorio en Nariño, una de las zonas más complejas del país en materia de seguridad.

La instalación de estos explosivos, según las autoridades militares, tenía como objetivo atentar contra la fuerza pública y generar un clima de zozobra en la comunidad. “Estas acciones representan una violación flagrante a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al poner en peligro a la población civil”, reportó la Tercera División del Ejército.

El teniente coronel Yohan Andrés Moreno Calderón, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá, explicó que la destrucción controlada del material explosivo “evitó afectaciones a la población y daños a la infraestructura vial”, y que se interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por la conducta criminal atribuida a los grupos armados.

Respuesta institucional y llamado a la comunidad

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, destacó los resultados de las operaciones a través de sus redes sociales. “En Nariño, en desarrollo de operaciones militares, tropas de la Tercera División del Ejército ubicaron y destruyeron de manera controlada artefactos explosivos improvisados instalados por grupos armados organizados, evitando así acciones terroristas y salvaguardando a las comunidades y a quienes transitan por estos corredores estratégicos”, afirmó el alto oficial.

El general López subrayó la gravedad de las acciones criminales, señalando que “No solo buscan afectar a la fuerza pública, sino generar miedo y poner en riesgo a la población civil”. El comandante aseguró que la institución mantiene un despliegue permanente en la zona para responder ante nuevas amenazas y garantizar la seguridad en el suroccidente del país.

Contexto de seguridad y permanencia militar en la región

Las autoridades mencionaron que Nariño sigue enfrentando una situación de orden público compleja debido a la presencia de redes criminales como el ELN y las disidencias de las Farc. Estas organizaciones buscan consolidar su influencia mediante acciones que incluyen la instalación de artefactos explosivos en vías estratégicas, lo que incrementa el riesgo para habitantes y viajeros.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida y la integridad de la población civil, así como la defensa de la infraestructura vial y la movilidad regional. La institución hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las autoridades para prevenir nuevos hechos que atenten contra la tranquilidad del territorio.

La incautación se realizó en medio del plan Semana Santa Segura, que intensifica los controles contra el contrabando en la frontera sur del territorio nacional, con el fin de evitar que este tipo de productos ilegales lleguen al consumidor final y puedan llegar a ocasionar graves enfermedades de salud derivadas de una intoxicación por el consumo de los alimentos que no cumplen con la normativa requerida para estar en la mesa de los colombianos.

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Según explicó la mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefe de la División de Control Operativo Ipiales, los productos decomisados eran alimentos perecederos tipo camarón, que eran transportados en varios vehículos sin la documentación exigida por la autoridad nacional de acuicultura y pesca.

La oficial indicó que con este operativo se protege al sector pesquero colombiano, al contrarrestar el contrabando que afecta a los productores nacionales y fortalece el comercio formal.

“Con este resultado protegemos el sector pesquero colombiano al contrarrestar el contrabando que afecta a los productores nacionales y promover el comercio legal y salvaguardar la economía del país”, explicó la oficial a cargo del procedimiento.

Ante el incremento de estos casos en el país, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa de contrabando a través de la línea 159.

Cabe reiterar que el operativo forma parte de los esfuerzos para salvaguardar la economía legal y garantizar la inocuidad de los productos que ingresan al país, por lo que no es el único que se ha reportado recientemente.

Y es que el 26 de marzo la Policía Nacional anunció la incautación de más de 87 toneladas de alimentos ilegales en el municipio de Ipiales, Nariño, tras un operativo conjunto entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que tuvo lugar en medio de los controles de rutina a vehículos de carga en vías terciarias.

El valor de los productos incautados, en esa ocasión, superaba los $219 millones, según informó la Policía Nacional, y estaban destinados al mercado nacional sin contar con el registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), lo que se convierte en un riesgo notable para la salud pública.

Durante la incautación que ocurrió unos días antes de la Semana Santa, la mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefe de la División de Control Operativo Ipiales, destacó que la incautación contribuye a “Fortalecer la protección del agro colombiano, combate la evasión de impuestos y promueve el comercio legal, además de salvaguardar la salud de los consumidores”, que son los principales objetivos de los uniformados que trabajan en esta iniciativa.

Del mismo modo, las autoridades señalaron que los alimentos decomisados durante el operativo también eran de procedencia extranjera y no presentaban la documentación exigida para su ingreso legal al país.

Después de que se llevara a cabo la aprehensión, la mercancía, los uniformados aseguraron que quedó bajo custodia de la Dian, que encarga de realizar los procesos administrativos correspondientes cuando una situación de este tipo se presenta en el país.

Cabe mencionar que la Policía Fiscal y Aduanera reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar el contrabando, lo que no solo se puede hacer a través de la línea 159, pues también está habilitado el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, canales en los que se asegura la confidencialidad de la información proporcionada.

En medio de las ofensivas militares contra las disidencias de “Iván Mordisco”, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que alertó sobre la situación que se registra en Cumbitara, Nariño, por combates entre este grupo armado y estructuras del ELN.

La entidad informó que desde el 23 de marzo se han registrado combates que han obligado a más de 200 familias a desplazarse del municipio, provocando una crisis humanitaria en la región.

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Las familias provienen de las veredas de Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín. Muchas de ellas han buscado refugio en la cabecera del corregimiento Sidón y en el casco urbano de Cumbitara.

La Defensoría del Pueblo reportó que los desplazados permanecen en una residencia estudiantil y en viviendas particulares, adaptadas para su atención temporal, y advirtió que la cifra podría aumentar si se mantienen los enfrentamientos.

La entidad señaló que los combates están vinculados a una disputa territorial entre el Frente Franco Benavides, adscrito a las disidencias Estado Mayor Central de “Iván Mordisco”, los Comuneros del Sur (relacionados con el ELN) y el grupo autodenominado AUN.

Durante la confrontación entre estas estructuras se ha intensificado el riesgo para las comunidades rurales del municipio; es por ello que la Defensoría del Pueblo reiteró que el desplazamiento forzado constituye una infracción grave al derecho internacional humanitario, referenciando el artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra.

“El desplazamiento forzado está prohibido y constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario (DIH) que causa vulneraciones complejas y múltiples a los derechos fundamentales de las víctimas”, indicó la institución.

El organismo realizó un llamado urgente a los actores armados para que cesen de inmediato los combates y las afectaciones a la población civil. Además, instó a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, a la Unidad para las Víctimas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a otras entidades nacionales a activar medidas y protocolos para acompañar a las comunidades afectadas y apoyar la labor de las autoridades territoriales.

Cabe recordar que en 2024 la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 008, que advertía sobre el riesgo inminente derivado de la disputa por el control territorial y poblacional en la zona. En ese informe se describió el enfrentamiento entre el Frente Franco Benavides del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y la presunta alianza conformada por el Frente Comuneros del Sur, las disidencias de la Segunda Marquetalia y las autodenominadas AUN.

La institución detalló que “el actual escenario evidencia la evolución del riesgo que se ha materializado debido a la disputa territorial de los grupos armados”. Además, anunció que mantendrá el monitoreo permanente de la situación y continuará con el acompañamiento a las comunidades afectadas en Cumbitara que puedan resultar perjudicadas por la persistencia de los enfrentamientos.

En la comunicación más reciente, la Defensoría del Pueblo subrayó el grave riesgo que enfrenta la población civil ante la continuidad de las hostilidades. “Más de 200 familias han sido desplazadas en Cumbitara, Nariño, por combates prolongados entre grupos armados ilegales, lo que pone en grave riesgo a la población civil”.

La defensoría mencionó que existe la urgencia de adoptar medidas inmediatas de atención y protección para las comunidades que han tenido que abandonar sus hogares. “Desde el 23 de marzo, comunidades de varias veredas han tenido que abandonar sus hogares y se han refugiado en el corregimiento de Sidón y en el casco urbano de Cumbitara, en medio de una crisis humanitaria que podría agravarse”, es como termina el documento en el que se afirma que la entidad continuará con el monitoreo de la situación y con el acompañamiento a las familias que resulten afectadas.

Según informaron las autoridades, el detenido es señalado como integrante activo de la estructura criminal Franco Benavides, con una trayectoria delictiva de seis años y presunta participación en el homicidio de Jairo Daza Martínez, exintegrante del frente 28 de las antiguas Farc, ocurrido en 2021 en El Rosario, Nariño.

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Alias Messi: trayectoria criminal y persecución policial

“Messi”, oriundo del departamento de Cauca, era uno de los insurgentes más buscados en Nariño, de acuerdo con la institución policial. Durante varios meses intentó evadir la persecución de las autoridades desplazándose por diferentes municipios de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Su captura se llevó a cabo tras labores de seguimiento e inteligencia por parte de la Dirección de Investigación Criminal y su grupo antiterrorismo, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

El coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del departamento de Policía Nariño, declaró que “Messi” era considerado un dinamizador clave de las actividades delictivas de la estructura Franco Benavides.

De acuerdo con el mando policial, la detención representa un avance relevante en la lucha contra el crimen: “Este resultado representa un golpe significativo contra esta organización, al afectar uno de sus principales dinamizadores de acciones delictivas en la región”.

Delitos atribuidos y rol dentro de la estructura

Las investigaciones judiciales señalan que alias Messi es requerido por delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como concierto para delinquir.

Entre los hechos que se le atribuyen destaca su presunta participación en el homicidio de Jairo Daza Martínez en 2021. Además, se le vincula con la coordinación de acciones violentas contra otras estructuras criminales con presencia en Nariño, así como con la exigencia de pagos ilegales a cultivadores de hoja de coca y propietarios de predios rurales en varios municipios de la región.

El capturado realizaba exigencias económicas ilícitas que afectaban a comunidades rurales y a productores agrícolas, consolidando el poder de la organización Franco Benavides en la región occidental del país.

Traslado y judicialización

Tras su captura en Florida, alias Messi fue trasladado de inmediato a la ciudad de Pasto, donde será puesto a disposición de la justicia. La operación fue coordinada mediante orden judicial y contó con la participación activa de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades destacaron que este operativo formó parte de una ofensiva más amplia contra el crimen organizado en el suroccidente colombiano.

La detención de alias Messi debilita la capacidad operativa y económica de la estructura Franco Benavides, organización señalada por sembrar el terror en municipios de la cordillera Occidental de Nariño.

Desarticulación de otras estructuras criminales en la región

En paralelo a la captura de Messi, la Policía Nacional reportó la desarticulación de la organización criminal conocida como Los Inalcanzables, dedicada al hurto selectivo de motocicletas en Pasto y municipios cercanos.

En dos operativos simultáneos, los uniformados capturaron a cuatro integrantes identificados con los alias de Dailoren, Santi, Pipe y el Enano, los cuales tenían antecedentes por homicidio, hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

Estos operativos se desarrollaron tras más de seis meses de investigaciones, recolección de pruebas y seguimientos, logrando que los capturados fueran enviados a centros carcelarios bajo medida de aseguramiento.

Las autoridades consideran que los resultados obtenidos afectan de manera directa la operatividad de las bandas criminales en Nariño y Valle del Cauca. La captura de alias Messi y la desarticulación de Los Inalcanzables forman parte de una estrategia para restablecer la seguridad y la tranquilidad en la región.

El diferendo arancelario entre Colombia y Ecuador se suma a las acusaciones cruzadas sobre el abordaje al crimen organizado y a los recientes incidentes militares en la frontera. Esta compleja coyuntura ha motivado la convocatoria a una reunión entre representantes de ambos gobiernos el 23 y 24 de marzo en Lima, en un evento respaldado por la Comunidad Andina, según informa Caracol Radio.

La cita tendrá lugar en la capital peruana y contará con la participación del secretario general del organismo regional, Gonzalo Gutiérrez. El medio Caracol Radio detalló que aún no se han confirmado los nombres de quienes encabezarán las delegaciones de cada país, pero destacó que este encuentro se presenta como un intento por recomponer las relaciones binacionales, afectadas por recientes operativos militares y posturas divergentes ante el control del crimen en la frontera.

Colombia y Ecuador han atravesado un período de tensiones a partir de episodios como los bombardeos llevados a cabo por el gobierno ecuatoriano contra posiciones de grupos armados ilegales. De acuerdo con lo publicado por Caracol Radio, Ecuador sostiene que los ataques se efectuaron únicamente dentro de sus límites territoriales, aunque señala que los grupos criminales —a los que describe mayoritariamente como colombianos— se movilizan con libertad en la zona limítrofe. Al mismo tiempo, autoridades ecuatorianas acusan a su par colombiano de un esfuerzo insuficiente para combatir estas organizaciones.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impulsó en paralelo una medida de represalia comercial, iniciando una llamada “guerra arancelaria” contra Colombia. Esta decisión elevó la tensión diplomática, sumando un componente económico al ya existente conflicto en materia de seguridad, según consignó Caracol Radio. Noboa manifestó públicamente su malestar ante lo que califica como falta de colaboración efectiva de la administración de Gustavo Petro en la lucha contra el crimen transfronterizo.

Por su parte, el presidente colombiano ha negado las acusaciones de inacción y denunció que algunos de los ataques habrían alcanzado territorio bajo soberanía colombiana. Gustavo Petro publicó la imagen de un artefacto explosivo encontrado en una plantación de hoja de coca ubicada en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño, lo que, en palabras del mandatario, representa una evidencia de los riesgos para poblaciones fronterizas y de que los bombardeos ecuatorianos no han estado limitados al lado ecuatoriano de la frontera, como insiste Ecuador. Según reportó Caracol Radio, este hallazgo fue utilizado por Petro para reforzar su exigencia de respeto a la integridad del territorio colombiano.

En este contexto, los titulares de Defensa de ambos países sostuvieron un primer diálogo preliminar el miércoles anterior a la cita en Lima. Durante ese contacto, acordaron la conformación de una comisión binacional cuyo objetivo será esclarecer los hechos ocurridos en la zona limítrofe y buscar mecanismos de coordinación para futuros operativos, de acuerdo con lo recogido por Caracol Radio.

La tensión reciente no se limita al aspecto bélico. Las restricciones comerciales impuestas por Ecuador, en respuesta a las quejas sobre el combate a la criminalidad, han afectado las relaciones económicas y el tránsito de mercancías en la frontera común. Expertos consultados por Caracol Radio advierten que estas disputas impactan tanto en la convivencia de las comunidades fronterizas como en la estabilidad regional.

El papel de la Comunidad Andina aparece como central en la posibilidad de encauzar la controversia hacia soluciones diplomáticas. Caracol Radio indicó que el mecanismo regional será el encargado de coordinar y facilitar el diálogo entre los gobiernos involucrados, procurando resultados que refuercen la cooperación y respeten la soberanía de ambas naciones.

La expectativa hasta el inicio de las reuniones en Lima es que ambas delegaciones lleguen dispuestas a avanzar en los temas críticos: la seguridad, el control del crimen organizado, la delimitación de operaciones militares y la reactivación de los vínculos comerciales. El seguimiento por parte de la Comunidad Andina y la asistencia de Gonzalo Gutiérrez buscarán establecer una hoja de ruta capaz de prevenir futuros desencuentros y episodios de confrontación política o militar en la frontera colombo-ecuatoriana.

La versión oficial contradice la denuncia sobre la supuesta aparición de 27 cuerpos calcinados en la frontera colombo-ecuatoriana.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la muerte de 14 hombres adultos a causa de un incendio en la zona de Nariño; todos fueron identificados y entregados a sus familias.

Las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre una masacre atribuida a bombardeos extranjeros fueron desmentidas por los dictámenes forenses y la información verificada por las autoridades. La entidad precisó que los cuerpos registrados, casi la mitad de los reportados por Petro, fueron hallados en municipios fronterizos del departamento de Nariño entre el 22 y el 27 de enero de 2026.

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No hay evidencia de bombardeos, heridas por armas de fuego ni de que hayan llegado cadáveres procedentes del departamento de Putumayo, según los informes recopilados por Caracol Radio y La FM.

Todos los cadáveres correspondían a hombres, mayores de edad, y presentaban quemaduras extremas como única causa letal.

Los cuerpos fueron hallados en dos incidentes: uno en la vereda Inda Zabaleta, en Llorente, y otro en Mosquera, ambos municipios de Nariño. La identificación de las víctimas se realizó mediante pruebas dactilares y testimonios familiares, según detallaron las fuentes.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal Ariel Cortés informó que la policía judicial identificó inicialmente trece personas en el primer evento, aunque solo doce cuerpos llegaron a la unidad básica de Tumaco.

Otros cuerpos fueron trasladados a Pasto. La suma total quedó fijada en 14 víctimas, cifra validada y divulgada por Caracol Radio y La FM en dos entrevistas diferentes.

Contradicciones entre la versión oficial y la denuncia presidencial

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una presunta masacre de 27 personas calcinadas en bombardeos desde el territorio ecuatoriano fueron refutadas por las autoridades forenses.

Según Caracol Radio, Ariel Cortés especificó: “De los 27 cuerpos que el día de ayer se estaban hablando, nosotros hacemos un monitoreo diario de la información de homicidios... y en este momento no tenemos ninguna relación de 27 cuerpos”.

Según el informe de Medicina Legal, obtenido por La FM ninguna de las víctimas era de Putumayo; todos los reportes proceden exclusivamente de Nariño. Cortés, en entrevista con Caracol Radio, subrayó que Medicina Legal realiza seguimientos diarios y comunicaría de inmediato si se detectaran cifras superiores.

Ambas fuentes coinciden en que la afirmación presidencial no se fundamentó en registros oficiales o forenses verificados.

Las autoridades recordaron que la controversia inició con un mensaje publicado por el presidente Petro en redes sociales, sin que hubiera consulta formal previa con Medicina Legal. El instituto insistió en que continuará monitoreando la situación y avisará de cualquier novedad relevante sobre homicidios en la frontera si surgen nuevas pruebas.

Qué revelaron los peritajes forenses y el contexto del incendio

Los peritajes oficiales descartaron que los decesos se debieran a explosivos, enfrentamientos armados o bombardeos aéreos.

Ariel Cortés, en dialogó con Caracol Radio, afirmó que todo resultó “producto de un incendio… aquí no fue producto de esquirlas o de metralla o de un bombardeo”.

Las investigaciones apuntan a que el incendio se originó en un laboratorio clandestino, donde, según los informes preliminares, se empleaban sustancias químicas asociadas al procesamiento de alcaloides.

No se detectó vestimenta ni elementos reconocibles que permitieran vincular a las víctimas con grupos armados, debido al avanzado estado de calcinación.

El Instituto Nacional de Medicina Legal explicó que, por las condiciones de los cuerpos, no fue posible determinar afiliaciones ni detalles sobre si portaban uniformes militares o ropa común. La institución reiteró que no existen pruebas de ataques con drones ni de intervención de armamento extranjero en el origen de la tragedia.

La franja fronteriza entre Nariño y Ecuador, lugar donde sucedieron los hechos, es una zona altamente afectada por la violencia ligada al narcotráfico y los conflictos criminales.

Tanto Llorente, como la vereda El Pital y Mosquera, se encuentran muy cercanos a la línea divisoria con Ecuador. Los procedimientos forenses se realizaron principalmente en Tumaco y Pasto.

En el plano nacional, el director Cortés destacó que Colombia atraviesa un aumento sostenido de homicidios, con más de 14.500 casos anuales registrados en 2025 frente a los 11.000 de hace cuatro años.

Las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador siguen profundizándose, después de que el ministro de Defensa colombiano asegurara que ya se encuentra en camino un equipo técnico para verificar el supuesto artefacto explosivo de origen ecuatoriano que habría caído cerca de la frontera.

A través de un pronunciamiento oficial, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez señaló que a la zona de frontera arribarán militares y expertos antiexplosivos para iniciar con las indagaciones preliminares sobre la denuncia del presidente Gustavo Petro.

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Sin embargo, el ministro no descartó que pueda tratarse de una ‘mentira’ del Presidente, aunque el presunto artefacto será neutralizado independientemente de si se trata de un explosivo o una falsa alarma.

“Frente a las indicaciones del señor Presidente de la República de confirmar o desvirtuar la probable presencia de una bomba empleada generalmente por aviones militares, ubicada en zona fronteriza con Ecuador, hemos desplegado inmediatamente la Fuerza Pública, pero también con expertos para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y de proceder a su destrucción”, señaló el ministro Sánchez.

Asimismo, el jefe de Cartera pidió total discreción a la población aledaña para que se mantengan alejados del artefacto, además de proporcionar líneas de atención a toda la comunidad en caso de encontrar nuevos elementos explosivos en otras zonas del departamento.

“Invitamos a la comunidad a que se alejen por lo menos 500 metros de donde se encuentra dicho artefacto explosivo. E igualmente, que llamen al 157 o al 107 cualquier elemento explosivo que lleguen a encontrar, con el único fin de proceder a su destrucción y proteger la vida de cada uno de los pobladores”, indicó el ministro.

Finalmente, Pedro Sánchez aseguró que una vez el equipo técnico pueda corroborar la veracidad de la información proporcionada por el presidente Gustavo Petro, será informado a todo el país.

“Cuando tengamos información precisa de lo que encontremos, lo comunicaremos a la opinión pública”, concluyó el jefe de cartera en su pronunciamiento oficial.

La crisis fronteriza entre Colombia y Ecuador alcanzó un nuevo nivel de tensión el martes 17 de marzo de 2026, cuando Gustavo Petro acusó públicamente a Ecuador de un presunto bombardeo que, según él, dejó “27 cuerpos calcinados”, insistiendo en la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación internacional sobre el incidente.

Las declaraciones del presidente colombiano profundizaron la disputa iniciada tras la aparición de un presunto artefacto explosivo en la zona limítrofe y la negativa de su homólogo Daniel Noboa de que fuerzas ecuatorianas hayan violado la soberanía fronteriza.

En medio de la controversia, Petro advirtió que ni los grupos armados ilegales, que “no tienen aviones”, ni la fuerza pública colombiana, fueron responsables de las explosiones. A través de la red X, el mandatario enfatizó: “Yo no he dado esa orden”.

Durante el Consejo de Ministros celebrado la noche del lunes anterior, el presidente colombiano sostuvo contar con una grabación que daría cuenta, en sus palabras, de la procedencia ecuatoriana de los bombardeos, al tiempo que advertía sobre la necesidad de esclarecer “de qué lado de la frontera” se originó la orden.

“Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador”, declaró Petro durante el encuentro, y reiteró que existe material que debería “hacerse público”.

La polémica incluyó como evidencia la presunta presencia de bombas en zonas donde operan familias dedicadas a la sustitución de cultivos de hoja de coca, respaldadas por proyectos productivos liderados por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

“Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, declaró el mandatario colombiano.

Entretanto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó de plano esas acusaciones y sostuvo que las acciones recientes son “operativos fuertes” desarrollados “íntegramente en suelo ecuatoriano”.

Según Noboa, los bombardeos han tenido como objetivo campamentos e infraestructura guerrillera que “Petro deja andar libre y cruzar la frontera”, negando la comisión de ataques fuera del territorio de Ecuador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) responsabilizó a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados contra pueblos étnicos y comunidades campesinas en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre 2001 y 2012.

La decisión, emitida el 16 de marzo de 2026, señala la existencia de patrones sistemáticos de violencia con graves efectos sobre la población civil y el territorio, durante de acciones oficiales y operaciones militares.

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La JEP atribuyó esta responsabilidad tras identificar, mediante una investigación judicial, que los ocho miembros de la fuerza pública cometieron asesinatos, desaparición forzada, exterminio, tortura, traslado forzoso de población y persecución.

Estos crímenes afectaron de manera grave a las comunidades indígenas Awá y Eperara Siapidaara, al Pueblo Negro Afrocolombiano y a la población campesina de la región.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que el contexto del conflicto en el sur de Nariño permitió la comisión de estos delitos, agrupados en tres patrones macrocriminales. Los implicados son:

• Luis Felipe Montoya Sánchez (entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 3 “General José María Cabal”)
• José David Vásquez Acevedo (jefe de Operaciones)
• Juan Carlos Dueñas Mejía (comandante de escuadrón)
• Carlos Alfredo Castro Pinzón (capitán y jefe de operaciones)
• Carlos Alberto Gutiérrez González (jefe de inteligencia)

• José Gregorio Betancourt Rodríguez (coordinador de la red de inteligencia)
• Alexander Guerrero Castellanos (comandante de pelotón y coordinador de cooperantes)
• Adolfo Díaz Masmela (comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla N.º 93)

Patrones de macrocriminalidad y secuelas en pueblos étnicos

La Sala de Reconocimiento identificó que el primer patrón consistió en la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y comunidades, debilitando procesos organizativos y expresiones culturales, y resultando en detenciones arbitrarias, torturas y amenazas.

El segundo patrón corresponde a asesinatos presentados como bajas en combate para simular resultados operacionales a partir de la presión institucional sobre las unidades militares. Este mecanismo impactó especialmente a autoridades tradicionales y líderes sociales, generando desplazamientos forzados y amenazas a familias y testigos.

El tercer patrón se refiere al control militar del territorio y la ocupación de espacios colectivos, como escuelas y centros comunales, con el uso de bienes civiles con fines bélicos.

Estas acciones generaron desplazamientos, confinamientos y afectaron la vida espiritual y cultural de las comunidades. Entre 2003 y 2012, se documentaron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades en la zona, que afectaron a unas 16.337 personas, según la JEP:

• 10.738 del pueblo Awá
• 3.796 afrocolombianas
• 1.800 campesinas

Efectos de la aspersión aérea con glifosato en los territorios

La JEP también estableció que las fumigaciones aéreas con glifosato agravaron los daños. Entre 2004 y 2012, el departamento de Nariño concentró el 41% del total nacional de hectáreas asperjadas con este herbicida.

Las aspersiones se realizaron sin consulta previa a las autoridades étnicas, pese a la jurisprudencia vigente, y provocaron daños severos en cultivos de pancoger, fuentes de agua, salud de la población y ecosistemas.

Entre 2002 y 2013, los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas sumaron 5.072 denuncias asociadas a los efectos de la aspersión, pero solo 104 resultaron en algún tipo de compensación estatal. En los informes entregados a la JEP se registran destrucción de cultivos tradicionales, muertes, deterioro de sistemas de vida, desplazamiento y ruptura del tejido social.

Proceso judicial y afectaciones diferenciadas para las comunidades

La Sala de Reconocimiento aplicó una metodología territorial e intercultural, basada en el diálogo con víctimas y autoridades locales, el análisis de documentos oficiales y la recolección de 47 declaraciones de integrantes de la fuerza pública.

Se recopilaron 57 informes de organizaciones y se realizaron 29 diligencias dialógicas. Este enfoque permitió identificar daños directos a la vida, salud y patrimonio, ataques contra la existencia física y cultural de los pueblos y graves afectaciones a ecosistemas y lugares sagrados.

El análisis de la JEP destaca el peso del racismo estructural y la discriminación, en un entorno caracterizado por abandono estatal. Más del 90% de la población es de origen étnico y el 79% del territorio es colectivo, condiciones que profundizan las vulneraciones.

La intervención estatal se enfocó en una lógica militarista, sin participación efectiva de las autoridades étnicas, acentuando los daños identificados.

Tras la notificación del fallo, los ocho comparecientes disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar la responsabilidad, aportar pruebas o presentar observaciones.

Si la reconocen, el proceso se dirigirá a audiencias públicas y posible imposición de sanciones propias. De lo contrario, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP podrá formular cargos, lo que puede llevar a penas de hasta 20 años de prisión ordinaria.

Las negociaciones de paz entre delegados del Gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) en los departamentos de Nariño y Putumayo (sur de Colombia) tendrán una suspensión de seis días.

Así lo confirmó Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo que, en declaraciones a Colombia+20 de El Espectador, sostuvo que la pausa obedece a una consulta interna entre ambas delegaciones sobre temas neurálgicos que se abordan en la mesa.

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La breve suspensión del proceso se produce tras la finalización del séptimo ciclo de diálogos en el resguardo indígena de Inda Zabaleta, zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

“La delegación adelantará consulta jurídica sobre el funcionamiento general de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), y sobre la suspensión de órdenes de capturas de quienes ingresen a ellas”, indicó el funcionario al citado medio de comunicación.

Esto último responde a la situación de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera —estructura adscrita a la Cneb—, capturado en Bogotá en 2025, y que su extradición a Estados Unidos fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, pero que está a solo una firma del presidente Gustavo Petro para su correspondiente traslado.

De igual forma, la reorganización de la mesa responde a críticas de parte de algunos candidatos presidenciales y dirigentes políticos que demandan el fin de estos diálogos y proponen la vía militar contra el grupo armado.

Sin embargo, Novoa defendió los avances que ha tenido el proceso que se avanza en el sur del territorio colombiano y recalcó la necesidad de crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de los grupos armados.

“Los candidatos presidenciales deben pensar si tienen en su agenda crear un marco judicial para el sometimiento a la justicia o no, o si lo único que les satisfará serían operaciones militares en el territorio, para enfrentar las violencias que produjo la manera tan equivocada en que se implementó el Acuerdo de Paz por los gobiernos que antecedieron al presidente Petro”, explicó Novoa en declaraciones citadas por Semana.

Igualmente, el jefe negociador del Gobierno nacional señaló que, desde la autorización de la mesa con la Cneb, los homicidios en las zonas rurales de Nariño y Putumayo disminuyeron más del 95%, asociado a la reducción de enfrentamientos y avances en los acuerdos de paz en territorios donde la Coordinadora ejerce presencia.

Por último, Armando Novoa puntualizó que, tras la fase de consultas, las partes esperan retomar la mesa de diálogos el sábado 21 de marzo para abordar los compromisos sobre la desescalada del conflicto armado.

Zona de Ubicación Temporal

Además de la situación de alias Araña, el proceso de consultas, pactado por ambas delegaciones, también analizará la reglamentación jurídica para garantizar la seguridad de aquellos que se acojan al proceso en la ZUT ubicada en Valle del Guamuez (Putumayo), cuya vigencia se extenderá por diez meses.

De acuerdo con la resolución 053 del 25 de febrero de 2026, se suspenden las órdenes de captura y extradición para los integrantes de la lista oficial validada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con el objetivo de facilitar la transición de estos guerrilleros a la vida civil.

Si por las actividades de la mesa requieren que un miembro salga de la ZUT, el Gobierno nacional debe informar a la Fiscalía General la identidad de los beneficiarios de esa suspensión de manera temporal.

El grupo insurgente cuenta con aproximadamente 2.500 hombres en armas. Según el Acuerdo N.º 10 suscrito el 25 de mayo de 2025 entre el Gobierno y la Cneb, se prevé la capacitación y ubicación temporal de 120 personas: 60 en Putumayo y 60 en Nariño, lo que contempla la apertura de otra zona en este último departamento.

Durante este período, se implementarán medidas de seguridad y convivencia tanto para los guerrilleros en proceso de reintegración como para las comunidades vinculadas. Las Fuerzas Militares y las autoridades civiles conservarán el pleno ejercicio de sus funciones del Estado Social de Derecho, sujeto a los protocolos pactados en la mesa de diálogos de paz.

De acuerdo con la información que suministró, uniformados de la institución decomisaron 13.500 cartuchos de munición que serían destinados a la organización criminal. Este resultado se alcanzó gracias a una acción de inspección y control que adelantaron las autoridades en la vía Rumichaca – Pasto (Nariño).

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El cargamento de cartuchos estaba siendo transportado en un vehículo con placas ecuatorianas que cubría la ruta Ipiales–Pasto. Y, además del decomiso del material, la Policía capturó a cuatro personas.

La totalidad de los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, presenta antecedentes por delitos como secuestro, hurto calificado y tráfico de armas de fuego, entre otros.

El 10 de marzo de 2026, el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó sobre otro resultado operacional de las autoridades en el departamento de Nariño. Según detalló, la Policía incautó 33,6 kilogramos de morfina, mercancía destinada a la elaboración de heroína, durante la ejecución de la estrategia Esmeralda Plus-Operación Espejo.

El director de la institución aseguró que esta acción impidió la fabricación de cerca de 84 kilogramos de heroína y frustró su envío hacia mercados internacionales. Además, como resultado directo, la operación generó un impacto financiero negativo superior a $22.000 millones para el grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente, para la estructura criminal Manuel Vásquez Castaño.

Aunado a ello, el operativo también afectó a las redes que gestionan el tráfico transnacional de heroína y evitó la circulación de más de 1,3 millones de dosis en el exterior. Esto, teniendo en cuenta que la droga incautada iba a salir por pasos fronterizos no habilitados entre Colombia y Ecuador, y su destino final era Estados Unidos. “Seguimos cerrando las rutas del narcotráfico y debilitando las economías criminales que afectan la seguridad de Colombia”, indicó el director de la Policía en su cuenta de X.

Por su parte, en el departamento de Norte de Santander, las autoridades impactaron el accionar de grupos armados que se valen de material de intendencia para operar en la región del Catatumbo, fuertemente golpeada por estructuras criminales como el ELN y las disidencias de las Farc.

Según informó Caracol Radio, a finales de febrero de 2026, en un operativo realizado en el municipio de Ocaña, la fuerza pública incautó material de intendencia destinado a grupos armados ilegales en la región del Catatumbo. El decomiso incluyó 700 pañoletas pixeladas, 180 guantes tácticos, 23 pantalones tácticos, 53 sillas tácticas y 44 correas en lona, así como maquillaje de camuflaje, chalecos con placa nivel IV, cantimploras, hamacas tácticas y otros artículos empleados habitualmente para dotación logística en zonas rurales del país.

De acuerdo con el informativo citado, la operación logró afectar la capacidad logística de estructuras armadas y grupos criminales con presencia en Norte de Santander. Pues, el material, interceptado en un vehículo de una empresa transportadora, tenía como destino final el municipio de Convención. Según las autoridades, buena parte del cargamento era de importación y habría sido adquirido a través de plataformas comerciales digitales internacionales, con procedencia de China.

La totalidad del material de intendencia decomisado quedó bajo custodia de las autoridades competentes, que iniciaron las investigaciones respectivas para identificar a los responsables de la compra, el envío y la recepción del cargamento en Norte de Santander. Las investigaciones preliminares sobre el caso apuntan a que los artículos incautados iban a ser utilizados para reforzar las operaciones de organismos criminales que delinquen en el nororiente del país.

El mapa político de Nariño experimentó una transformación durante las recientes elecciones legislativas, donde el progresismo desplazó a los sectores tradicionales y consolidó una presencia inédita en el Congreso. Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador del departamento, jugó un papel central en este reacomodo, tras haber alcanzado el poder con el respaldo de fuerzas como el Pacto Histórico, AICO, el Partido Verde y los Consejos Comunitarios. Según diversos actores políticos, el mandatario regional respondió a esos apoyos facilitando el ascenso de figuras afines al progresismo.

El Pacto Histórico obtuvo tres escaños en la Cámara de Representantes por Nariño. Dos de esas curules, correspondientes a Rosita Guevara y Cristian Palacios, contaron con el impulso directo del gobernador, de acuerdo con fuentes políticas consultadas en la región.

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A este resultado se sumó la histórica votación de Alejandra Abásolo, quien fue asesora del despacho de Escobar Jaramillo y resultó elegida a través de la alianza entre el Partido Verde y AICO. Su victoria consolidó la influencia progresista en sectores urbanos y rurales del departamento.

En el Senado, la estrategia de alianzas permitió establecer vínculos directos con Alberto Benavides del Pacto Histórico, quien retuvo su escaño. Además, se tejieron acuerdos programáticos con Eduardo Enríquez Caicedo, que migró del conservatismo al Partido Verde para fortalecer el bloque de centro-derecha. El ascenso de AICO se reflejó en la obtención de la curul indígena por parte del taita Jesús Cuasapud, una figura cercana al gobernador, lo que expandió el alcance del progresismo hacia las comunidades originarias.

La curul de paz, conquistada por el padre Arnulfo Mina, se incluyó en la lista de aliados del gobierno departamental, ampliando la representación de sectores alternativos. En contraste, la candidatura de Benildo Estupiñán, promovida desde la gobernación, no alcanzó escaño, aunque su votación superó los 54.000 sufragios. Ese caudal electoral impidió que agrupaciones tradicionales como el Partido de la U con Teresita Enríquez, la Fuerza de la Paz de John Rojas, Cambio Radical con Andrés Zúñiga y el Partido Liberal con Julio Aníbal Álvarez lograran afianzar posiciones. El resultado debilitó la presencia de figuras históricas como Gilberto Betancourt, Juan Daniel Peñuela y Berner Zambrano.

En la Cámara Afro, el triunfo de Óscar Benavides y Anyela Viviana Guanga, ambos de Tumaco y respaldados por los Consejos Comunitarios, marcó un giro dentro del espectro progresista y desplazó a liderazgos que representaban otras corrientes políticas. Este resultado reforzó la alianza entre las comunidades afrodescendientes y el gobierno departamental.

El nuevo balance legislativo de Nariño suma doce congresistas: cuatro senadores (uno del Pacto Histórico, uno del Partido Verde, uno de AICO y uno conservador) y ocho representantes a la Cámara (tres del Pacto Histórico, uno de la alianza Partido Verde/AICO, uno conservador, dos de la Cámara Afro y uno de la Cámara de Paz). De ese total, diez integran bloques progresistas y dos pertenecen al conservatismo tradicional.

El proceso electoral en Nariño evidenció una recomposición de fuerzas, donde la articulación de movimientos alternativos, comunidades indígenas y afrodescendientes permitió al progresismo consolidar una hegemonía sin precedentes en la representación nacional del departamento.

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos transportaban el dinero a bordo de una embarcación cuando fueron interceptados por las autoridades. Los cuatro hombres fueron capturados por el delito de lavado de activos, mientras que el dinero quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso investigativo.

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Las primeras indagaciones señalan que los recursos incautados tendrían como posible destino la estructura criminal denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, organización sobre la cual se adelantan verificaciones para establecer la relación con el dinero decomisado.

Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron varios elementos que, según el reporte oficial, podrían estar relacionados con actividades de coordinación y movilidad de grupos armados ilegales en la zona. “Este resultado representa un golpe significativo a las finanzas y a la capacidad logística de las estructurales criminales que buscan interferir en los procesos democráticos del país”, indicó la Policía Nacional en Nariño en un comunicado sobre el operativo.

Asimismo, la institución reiteró que mantiene operativos de control en el departamento para garantizar el desarrollo de la jornada electoral y prevenir acciones que puedan afectar el proceso democrático.

Otros elementos incautados durante el operativo

Las autoridades informaron que el procedimiento permitió no solo la incautación del dinero, sino también de varios equipos y herramientas que eran transportados en la embarcación interceptada.

Entre los elementos decomisados se encuentran:

• Una lancha
• Un motor fuera de borda
• Cinco radios de comunicación
• Seis teléfonos celulares
• Un dispositivo GPS
• Tres porta fusil

Según indicaron las autoridades, el material incautado será sometido a análisis dentro del proceso investigativo que adelantan los organismos de seguridad.

En el mismo informe se indicó que la embarcación y el motor fuera de borda también quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de los elementos probatorios dentro de la investigación. La Policía Nacional reiteró que el operativo se enmarca dentro de las acciones desplegadas para evitar la interferencia de grupos armados ilegales en la jornada electoral.

Más de 11.000 uniformados vigilan las elecciones en Nariño

Para el desarrollo de las elecciones legislativas y consultas previstas para el 8 de marzo de 2026, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en el departamento de Nariño.

Según información oficial, 11.323 uniformados de la Policía Nacional, el Ejército y la Infantería de Marina fueron asignados para vigilar el proceso electoral en los 64 municipios del departamento.

Las autoridades señalaron que el 90% de las unidades policiales y militares se encuentran dedicadas a labores de control y vigilancia en el territorio, con el objetivo de garantizar la seguridad durante la jornada.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el 100% del material electoral fue distribuido a tiempo en el departamento, lo que permitió iniciar la jornada de votación según el cronograma establecido. Además, en los municipios de Ipiales, Tumaco, Barbacoas, La Florida, San Lorenzo y Arboleda se realizó el proceso de reubicación de registradores delegados como parte de las medidas logísticas para el desarrollo de las elecciones.

En paralelo al desarrollo del proceso electoral, el municipio de Tumaco enfrenta una alerta relacionada con el aumento en la inscripción de cédulas en zonas rurales con miras a las elecciones legislativas de 2026.

La candidata a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) número 10, Gloria Paz Campaz, presentó una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que advierte sobre un posible caso de trashumancia electoral, fenómeno que se refiere a la inscripción de votantes en lugares donde no residen.

De acuerdo con la denuncia, la preocupación se centra en el incremento del censo electoral rural en Tumaco. La cifra de votantes habilitados pasó de 1.950 inscritos en 2022 a 16.900 para las elecciones de 2026, lo que representa un aumento del 909%.

Un nuevo cargamento de clorhidrato de cocaína fue incautado por el Ejército Nacional en el departamento de Nariño, evitando la comercialización de 693.000 dosis de este estupefaciente.

La operación tuvo lugar en inmediaciones de la vereda Inantas, municipio de Yacuanquer, donde soldados del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, en coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas DEA, decomisaron 277 kilogramos de droga.

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Se trató de un esfuerzo articulado basado en información de inteligencia militar, que permitió instalar un puesto de control y detener una camioneta que transportaba más de 200 paquetes embalados con el alcaloide.

Durante el procedimiento, fue incautado el vehículo y capturado el sujeto que conducía el cargamento. Las primeras indagaciones apuntan a que el estupefaciente pertenecería al grupo armado organizado ELN, específicamente al Frente Manuel Vásquez Castaño, que opera en la región.

La afectación económica para el grupo insurgente se estima en USD9,3 millones en el mercado ilegal internacional. Este golpe al tráfico ilegal evitó que la sustancia incautada llegara a las calles y se distribuyera entre consumidores. Las Fuerzas Militares reiteraron que mantendrán operaciones sostenidas para garantizar la seguridad y tranquilidad en el suroccidente del país.

Destruyen una tonelada de explosivos artesanales vinculados a estructura criminal en zona rural de Tumaco

En paralelo, en una operación conjunta en la zona rural del municipio de Tumaco, la Policía Nacional y la Armada Nacional destruyeron de manera controlada cerca de una tonelada de explosivos artesanales.

El material, hallado en 16 bultos en las inmediaciones del corregimiento La Espriella, estaría vinculado a la estructura criminal Iván Ríos de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, según reportes de inteligencia. Las investigaciones señalan que estos explosivos serían usados para fabricar artefactos improvisados con el fin de afectar la seguridad y el control territorial en la región.

“La Policía Nacional, a través de la Unidad Antiexplosivos y Antiterrorismo, en coordinación con el Gaula Militar de la Armada Nacional, logró la ubicación y destrucción controlada de aproximadamente una tonelada de explosivos de fabricación casera en zona rural de Tumaco, en inmediaciones del corregimiento de La Espiella. El material, distribuido en 16 bultos, pertenecería a la estructura criminal Iván Ríos de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y, según información de inteligencia, estaba listo para ser empleado en la elaboración de artefactos explosivos improvisados, con los que se pretendería afectar la seguridad y el control territorial en la región”, indicó puntualmente el coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del Departamento de Policía Nariño.

Esta acción contó con el respaldo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), lo que robusteció la cooperación internacional en la lucha contra las estructuras delictivas.

La destrucción técnica de los explosivos se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, sin causar daños materiales ni víctimas. Las autoridades aseguraron que la operación neutralizó una amenaza concreta de posibles atentados contra la fuerza pública y la población civil en Nariño.

“Es importante resaltar que esta operación contó con el apoyo de la HSI, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en articulación con autoridades colombianas, fortaleciendo la cooperación internacional en la lucha contra las estructuras criminales. De manera contundente, es importante destacar que en el desarrollo de esta operación no se presentaron daños materiales ni personas lesionadas, gracias a la planeación técnica y a la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad”, complementó el oficial.

Policía señaló que continuarán ejecutando acciones coordinadas para debilitar las capacidades logísticas de los grupos criminales en la región y preservar la tranquilidad de las comunidades.

“Con esta acción se logra contrarrestar una amenaza real, evitando posibles atentados contra la fuerza pública y la población civil en el departamento de Nariño”, finalizó el coronel.

Hay consternación en Nariño tras conocerse el asesinato de Héctor Cabrera, hermano de Claudia Cabrera, exalcaldesa y candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, del Partido de la U.

El crimen se registró en una zona del municipio de Policarpa donde la presencia de grupos armados ilegales hace parte del escenario habitual entre la población civil.

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Según se informó preliminarmente, la columna Franco Benavides, facción disidente vinculada a alias Iván Mordisco, estaría detrás del ataque. Esta organización ha sido señalada previamente por acciones violentas en el sur del país.

La situación aumenta la tensión en vísperas de las elecciones, en un contexto de amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y figuras políticas.

Claudia Cabrera confirmó el hecho a través de sus redes sociales. En su mensaje señaló: “Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”. Cabrera expresó su rechazo a los hechos y exigió garantías de seguridad para quienes participan en la contienda electoral.

La presencia de grupos armados ilegales como la Columna Franco Benavides en el municipio ha dificultado el desarrollo de actividades políticas y sociales.

Lo habrían sacado forzosamente de su vivienda

De acuerdo con la información preliminar, José Cabrera fue sacado a la fuerza de su residencia por hombres armados, señalados como presuntos integrantes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. Minutos después del rapto, su cuerpo fue hallado sin vida en el sector de La Palma, a unos 10 minutos de la cabecera municipal.

El crimen ha tenido repercusiones inmediatas en la comunidad y ha llamado a la acción urgente de las autoridades. Infobae Colombia conoció que se adelanta un consejo extraordinario de Seguridad entre el Ejército, Policía, Alcaldía y la Gobernación, con el objetivo de establecer un plan ante este hecho de sangre que enluta a la población de Policarpa.

La situación es especialmente crítica porque dos personas más permanecerían desaparecidas tras la incursión del grupo armado; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades. Además, habitantes de las zonas rurales y del casco urbano habrían comenzado a desplazarse por temor a nuevos ataques o enfrentamientos.

Entre tanto, el Partido de la U emitió un comunicado condenando el asesinato y responsabilizando al Gobierno Nacional por la seguridad de su candidata y su familia.

La colectividad advirtió que el crimen no es un hecho aislado, sino una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Enfatizaron que han elevado alertas reiteradas sobre amenazas y presiones contra sus candidatos sin recibir una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

“Es una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones del país y del riesgo real que hoy enfrentan quienes ejercen la actividad política en territorios donde los grupos armados ilegales siguen imponiendo el miedo”, señaló el documento.

El comunicado además enfatizó que la intimidación y el accionar de grupos armados ilegales no pueden seguir condicionando la participación política ni poniendo en riesgo la vida de quienes aspiran a representar a la ciudadanía.

“Por esta razón hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad física de nuestra candidata y todo su núcleo familiar, esperando que se tomen medidas de manera urgente, que garanticen su vida y su ejercicio político. La gravedad de estos hechos resulta aún más preocupante ad portas de las elecciones al Congreso, cuando el país debería contar con todas las garantías para un ejercicio democrático libre, seguro y transparente”, aseveró el comunicado.

Ante el presunto incumplimiento en la entrega de diésel (Acpm) a Nariño a cargo de Ecopetrol S.A., el Ministerio de Minas y Energía puso en marcha un plan temporal de contingencia para garantizar el abastecimiento de este importante combustible en el departamento fronterizo. La decisión se adoptó luego de constatarse la falta de suministro necesario desde la Refinería de Cartagena (Reficar), situación que amenaza la continuidad y regularidad del servicio público de distribución de combustibles líquidos, esenciales para el transporte, la industria y la cotidianidad de los nariñenses.

Por medio de un oficio del 3 de marzo de 2026 y radicado bajo el número 2-2026-006406, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas notificó a los agentes distribuidores mayoristas de combustibles líquidos derivados del petróleo la “activación de contingencia” y la “habilitación temporal de abastecimiento desde Yumbo y/o Cartago para el departamento de Nariño” tal como lo establece el artículo 2 de la Resolución 01853 de 2024.

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Dicha medida permitirá “la implementación del transporte terrestre en carrotanques desde las plantas de abastecimiento ubicadas en Yumbo y/o Cartago (Valle del Cauca) hacia el departamento de Nariño, para atender el abastecimiento mientras se normaliza el esquema ordinario previsto en el plan”.

El origen del problema, según lo advierte el ministerio, radica en que “no se efectuó la entrega del volumen de diésel (Acpm) requerido para el abastecimiento del departamento de Nariño por parte de Ecopetrol S.A., a través de la Refinería de Cartagena – Reficar, conforme al esquema logístico definido en el Plan de Abastecimiento y desarrollado en las Resoluciones 00148 y 00208 de 2026”.

A esto se suma el mantenimiento en curso del poliducto Yumbo–Buenaventura a cargo de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., lo que “impide la disponibilidad de producto en la terminal de Buenaventura y, en consecuencia, la ejecución del esquema de cabotaje hacia Tumaco previsto en el plan vigente”. Esta triple coyuntura logística y operativa podría “afectar la atención regular de la demanda departamental” de diésel.

El papel del Ministerio de Minas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aclaró enfáticamente que “el Ministerio de Minas no está reemplazando a Ecopetrol”. Puntualizó que “adelantamos, como es nuestro deber, un plan de contingencia ante el presunto incumplimiento de la estatal petrolera para garantizar el abastecimiento en el departamento de Nariño”. Así, el Gobierno refuerza que esta es una acción correctiva y temporal mientras se superan las limitaciones logísticas y se restablece el modelo normal de aprovisionamiento.

Anterior a la medida, el Ministerio de Minas y Energía también abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra Ecopetrol S.A. por el presunto incumplimiento del plan de abastecimiento de diésel en Nariño. Mediante el documento radicado bajo el número 2-2026-006239, dirigido al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, la cartera formuló un pliego de cargos por la posible vulneración de la Resolución 01853 de 2024. El marco regulatorio establece que el abastecimiento de la planta ubicada en la Sociedad Portuaria Regional Tumaco, Pacific Port S.A., debía hacerse mediante entregas en las facilidades portuarias de Cartagena o desde puertos alternos en Bolívar, Atlántico y Magdalena, utilizando buquetanques y/o barcazas.

Las resoluciones emitidas en 2026 (00148 y 00208) incorporaron nuevas disposiciones sobre logística de abastecimiento, incluyendo el punto de incorporación de biocombustible, la marcación del producto en transporte marítimo, el tratamiento operativo del parámetro de lubricidad y la evaluación de los costos logísticos del trayecto entre Cartagena y Tumaco.

Consecuencias de la situación

Al respecto, el ministerio alertó sobre las consecuencias de esta situación al señalar que el presunto incumplimiento “podría configurar una afectación a la continuidad y regularidad en la prestación de un servicio público esencial, con impacto directo sobre el orden económico y social del departamento”.

Dicho riesgo será debidamente analizado en el procedimiento sancionatorio, que se realiza con base en el artículo 32 del Decreto 4299 de 2005 y el Decreto 1073 de 2015, regulaciones que contemplan sanciones como amonestación, multa, suspensión del servicio o cancelación de la autorización para los agentes que infrinjan las disposiciones del servicio público de combustibles.

Notificación a la Dian

Adicionalmente, la Dirección de Hidrocarburos aseguró que notificará a la Dian y a las autoridades de control la activación del nuevo esquema temporal de abastecimiento. El proceso disciplinario seguirá las competencias establecidas en el Decreto 381 de 2012 y evaluará la naturaleza y gravedad de los hechos.

Qué dice Ecopetrol

Ecopetrol respondió a la situación y aseguró que mantiene el suministro de combustibles líquidos en todo el país bajo condiciones de normalidad, pese a los anuncios de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía sobre el abastecimiento en el suroccidente colombiano.

Según la compañía, el despacho desde sus refinerías “se está realizando con total normalidad, no solo por nuestro compromiso con el abastecimiento de combustibles al país, sino en un riguroso acatamiento a la normatividad y regulación aplicables”.

Por medio de un comunicado, la estatal detalló que dispone de los inventarios necesarios para cubrir la demanda de diésel, gasolina motor regular y gasolina extra en las cantidades requeridas para la región del suroccidente. La empresa reportó que, de acuerdo con los volúmenes solicitados por los diferentes agentes, cuenta actualmente con diez días de inventario de diésel, y seis días de gasolina motor regular y extra.

“Actualmente están disponibles y asegurados 330.000 barriles de diésel en puertos alternos para atender la demanda nacional, así como el plan de contingencia activado el día de hoy por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía”, afirmó.

El suministro hacia el departamento de Nariño se efectúa conforme a las alternativas previstas en el Plan de Abastecimiento, indicó. Las autorizaciones para la distribución de producto importado a mayoristas se desarrollan siguiendo los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía. La petrolera estatal reiteró que sus operaciones cumplen a cabalidad con la normatividad legal, regulatoria, ambiental y contractual vigente, incluyendo la Resolución 01852 de 2024 y los parámetros de calidad fijados en la Resolución 40444 de 2023, expedidas por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Invitación a la Dirección de Hidrocarburos

La empresa invitó a la Dirección de Hidrocarburos a “explorar alternativas con factibilidad de implementación a través del Plan de Abastecimiento del Departamento de Nariño, como lo es la autorización para movilizar producto mediante carrotanques a la planta de abastecimiento ubicada en Tumaco”. Ecopetrol reiteró que, ante cualquier alerta por parte de mayoristas que distribuyen gasolina importada y diésel nacional desde la terminal de Tumaco, “explorará alternativas, dentro de la normatividad aplicable, que permitan la entrega de volúmenes adicionales”.

Y concluyó que, en caso de ser notificada del procedimiento administrativo anunciado por la autoridad el 2 de marzo, ejercerá su defensa conforme al régimen legal y regulatorio. La compañía insistió en su “compromiso con el suministro y abastecimiento de combustibles en el país”.

El Ministerio de Minas y Energía, en una comunicación dirigida a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, anunció la apertura de una investigación y un proceso sancionatorio contra la compañía petrolera por presunto incumplimiento en el traslado de diésel a Nariño.

La cartera también informó que formulará un pliego de cargos contra Ecopetrol por el mismo caso, correspondiente a la resolución 01853 de 2024. Además, señaló el presunto incumplimiento de las resoluciones 00148 y 00208 de 2026.

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“El Ministerio de Minas y Energía informa que iniciará procedimiento administrativo sancionatorio y formulará pliego de cargos contra ECOPETROL S.A por el incumplimiento de la resolución 01853 de 2024 que determina el plan de abastecimiento del departamento de Nariño y el incumplimiento de las resoluciones 00148 y 00208 de 2026 mediante las cuales se reglamenta y se habilitó el traslado de diésel (ACPM) de producción nacional, desde la Refinería de Cartagena por vía marítima hacia la planta de abastecimiento de San Andrés de Tumaco”, precisó el Ministerio de Minas.

Según la cartera, encabezada por Edwin Palma, el transporte y la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo constituyen un servicio público, por lo que, de acuerdo con el ministerio, deben regirse por los reglamentos establecidos por el Gobierno.

Mencionaron la Ley 39 de 1987 y la Ley 26 de 1989, que facultan al Ministerio de Minas y Energía para imponer sanciones en caso de incumplimiento de los reglamentos del Gobierno nacional.

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 212 del Decreto Legislativo 1056 de 1953, el transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo constituyen un servicio público cuya prestación debe efectuarse conforme a los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales. De igual forma, la Ley 39 de 1987 y la Ley 26 de 1989 facultan al Ministerio de Minas y Energía para imponer sanciones a los agentes de la cadena de distribución que incumplan los reglamentos del Gobierno o las órdenes impartidas por esta Cartera”, expresó la cartera.

Así las cosas, el Ministerio de Minas precisó que iniciarán un procedimiento administrativo sancionatorio que procederá en la formulación de cargos contra Ecopetrol si así lo amerita la cartera.

“El abastecimiento de combustibles se realizará mediante entregas en las facilidades portuarias de la refinería de Cartagena, o desde puertos alternos ubicados en los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena. Los Distribuidores Mayoristas deberán transportar el combustible mediante buquetanques y/o barcazas hasta la planta de abastecimiento ubicada al interior de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco, Pacific Port S.A. del municipio de Tumaco, transporte que estará a cargo de los distribuidores mayoristas”, precisó la cartera.

Así las cosas, el Ministerio de Minas señaló que existió un posible riesgo de desabastecimiento de diésel por parte de Ecopetrol a Nariño, motivo por el cual explicó que este “incumplimiento” podría generar perjuicios al sector transporte e industrial.

“El riesgo de desabastecimiento de diésel que ECOPETROL somete al departamento de Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”, aseveró la cartera.

Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía precisó que la situación podría “configurar” una afectación en la continuidad y regularidad de la prestación del servicio público en Nariño.

“Lo anterior podría configurar una afectación a la continuidad y regularidad en la prestación de un servicio público esencial, con impacto directo sobre el orden económico y social del departamento de Nariño, circunstancia que será valorada dentro del trámite sancionatorio conforme a la naturaleza, efectos y gravedad de los hechos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 4299 de 2005″, puntualizó el Ministerio de Minas.

El consejo de ética del Norges Bank Investment Management (NBIM) tomó la decisión de excluir a la estatal colombiana Ecopetrol de su portafolio a raíz de presuntas violaciones a los derechos humanos. Según publicó el fondo soberano de Noruega en su sitio web, la directriz se emitió el 26 de febrero y comenzó a aplicarse desde el 2 de marzo, aunque el reporte detallado de la medida todavía no ha sido difundido.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la posición del NBIM en Ecopetrol ascendía en el primer semestre de 2025 a 0,04%, con una valoración de 7,1 millones de dólares (equivalente a 6,03 millones de euros). El fondo noruego, reconocido como uno de los mayores inversionistas institucionales globales, conserva participaciones accionariales en ocho compañías de Colombia: Grupo Cibest (1,11%), Interconexión Eléctrica (0,17%), Almacenes Éxito (0,46%), Cementos Argos (0,13%), Davivienda (0,07%), Grupo Argos (0,04%), Grupo de Inversiones Suramericana (0,02%) y Banco Popular (0,29%).

La exclusión de Ecopetrol responde a señalamientos relacionados con el respeto a los derechos humanos y se enmarca en el contexto de investigaciones legales y procesos ambientales que involucran a la empresa. Según informó la fuente, la petrolera estatal colombiana ha estado envuelta en controversias legales durante los últimos años por diversos incidentes de derrames de crudo en el territorio nacional. Uno de los casos más relevantes se presentó en 2018, cuando autoridades estatales abrieron investigaciones penales y disciplinarias por un derrame en un pozo de Barrancabermeja, incidente que generó una emergencia ambiental en esa región del noreste colombiano.

El medio consignó que en octubre de 2025, la Corte Constitucional de Colombia emitió una orden dirigida a Ecopetrol para suspender las operaciones del oleoducto transandino. Esta decisión judicial llegó después de que se evidenciara una contaminación persistente en tierras habitadas por el pueblo indígena Awá, situado en el departamento de Nariño. El alto tribunal colombiano alegó que existía daño ambiental sistemático sobre el territorio de esa comunidad.

A pesar de la medida adoptada en relación con Ecopetrol, el NBIM continúa manteniendo inversiones en importantes sectores económicos colombianos, distribuidas entre compañías de energía, finanzas, construcción y comercio minorista. Según detalló la web del fondo noruego, no se han anunciado exclusiones adicionales para las demás firmas colombianas en las que participa. La decisión del consejo de ética involucra procesos de revisión de los estándares de derechos humanos y criterios de sostenibilidad que forman parte de la política de inversión del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega.

La exclusión de una empresa de la cartera del fondo noruego suele basarse en evaluaciones exhaustivas sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza, incluidas investigaciones propias y revisiones de procesos judiciales en curso. En el caso de Ecopetrol, tanto las investigaciones ambientales como las órdenes judiciales vigentes han influido en la determinación tomada por el consejo, reportó el fondo soberano en los avances publicados sobre ética en inversiones.

El reporte oficial que detalla los motivos específicos detrás de la decisión todavía no se encuentra disponible públicamente, añadió la administración del NBIM. La página web del fondo refleja la actualización sobre la exclusión respecto a Ecopetrol, aunque no incluye aún los argumentos completos ni las recomendaciones finales del consejo de ética sobre este caso particular.

Las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron una serie de operaciones ofensivas que culminaron en la captura de dos integrantes de estructuras armadas ilegales y la incautación de material de guerra en el Pacífico sur.

Según informó el comandante de las FF. MM., general Hugo Alejandro López Barreto, los despliegues se concentraron en áreas rurales de los municipios de Roberto Payán (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca), regiones donde confluyen rutas asociadas a economías ilícitas y se disputan corredores estratégicos hacia la frontera nacional.

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De acuerdo con el comandante López, en la vereda Guabal, zona rural de Roberto Payán, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Ariel Aldana, bajo el mando de alias Diego.

Las acciones incluyeron labores de inteligencia militar, seguimiento y control territorial, elementos centrales en la localización de los sospechosos y el decomiso de un importante arsenal.

Arsenal incautado y destrucción de explosivos

El reporte militar, detallado por el comandante, precisó que durante el operativo en Nariño se incautaron 11.265 cartuchos de diferentes calibres, 12 granadas de 40 milímetros, 2 granadas de mano y cerca de 70 kilogramos de pentolita, además de equipos de comunicación y proveedores.

De igual modo, se llevaron a cabo procedimientos de destrucción controlada de 69 artefactos explosivos improvisados, instalados en puntos frecuentados por la población civil y las tropas desplegadas en la zona.

“Continuamos afectando de manera contundente las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal, reafirmando nuestro despliegue permanente en el Pacífico nariñense y la determinación de neutralizar cualquier amenaza contra la estabilidad del territorio”, indicó el general Hugo López, a través de su cuenta en X.

Tanto el material incautado como los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Según el comandante de las Fuerzas Militares, estos resultados debilitan de manera directa el accionar criminal de los grupos armados que buscan afectar la seguridad de las comunidades y la fuerza pública en la región.

Investigaciones y nuevas capturas en Buenaventura

En paralelo, soldados del Batallón de Montaña N.° 3, con apoyo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 24, llevaron a cabo otro operativo en Buenaventura, tras varios meses de labores de inteligencia.

En la acción militar se ubicó a varios sujetos en zonas rurales, sitios desde los cuales se planearían acciones contra la población y la fuerza pública. Durante el procedimiento se incautaron dos armas largas, un arma corta, 70 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, dos proveedores y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Las primeras indagaciones de las autoridades apuntan a que los detenidos pertenecerían al Ejército de Liberación Nacional (ELN), Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, bajo el mando de alias El Mono. Esta estructura estaría involucrada en cobros extorsivos y la coordinación de atentados en el Distrito Especial de Buenaventura, afectando sectores vinculados a la minería ilegal y corredores viales estratégicos.

Impacto en la seguridad regional

Con estas acciones, la fuerza pública busca mantener la presión sobre las estructuras armadas que operan en el suroccidente del país y fortalecer la presencia estatal en territorios históricamente disputados por organizaciones criminales.

El despliegue operacional anunciado por las autoridades castrenses en días recientes permite afectar las finanzas y la logística de los grupos armados, mientras avanzan los procesos judiciales contra los capturados.

Asimismo, el Ejército Nacional reiteró a través de un comunicado que continuará desarrollando operaciones sostenidas en corredores estratégicos del Pacífico, con el objetivo de neutralizar amenazas y proteger a la población civil.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, subrayó en su cuenta oficial de X los avances en el proceso de restitución de tierras en el departamento de Nariño, donde cientos de familias campesinas han experimentado un cambio sustancial en sus condiciones de vida.

El mandatario afirmó que la reducción de homicidios en la región responde a la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca y al paso hacia modelos productivos legales. “¿Saben por qué ha bajado la tasa de homicidios en Nariño? Porque hemos logrado que 15.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca entren al programa de erradicación voluntaria de hoja y su sustitución por cultivos lícitos", publicó Petro en la red mencionada.

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También agregó que “los procesos de negociación con grupos armados han avanzado a estos logros y comienza la zona de concentración en Putumayo. Son miles de familias cultivadoras erradicando de raíz todos los días las matas de la hoja de Coca”.

El impacto de la sustitución y los nuevos modelos económicos

La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, amplió en un artículo compartido en Forbes la dimensión del programa nacional. Según Miranda, “donde antes hubo coca, hoy hay empresas y riqueza legal”. Detalló que más de 35.000 hectáreas se encuentran en proceso de sustitución y que los proyectos productivos impulsados por el programa RenHacemos permite que campesinos ingresen a mercados legales y adopten el rol de empresarios rurales.

Uno de los elementos clave mencionados por la funcionaria es la transformación integral: “No estamos reemplazando una planta por otra; estamos consolidando economías completas”, afirmó. Los nuevos emprendimientos abarcan siembra, infraestructura para transformación, bienes para la agrologística, construcción de vías, asistencia técnica y acceso real a mercados nacionales e internacionales.

El cacao se posicionó como el cultivo estratégico más relevante en los territorios intervenidos, con una producción estimada de 11.000 toneladas anuales y retornos cercanos a $270.700 millones. El plan productivo también incluye cultivos de corto y largo plazo, como ají, açai y café, lo que diversifica los ingresos y fortalece la estabilidad económica de las familias.

Resultados económicos y sociales

Las cifras presentadas por el Gobierno sugieren un impacto directo en los ingresos familiares. Cada familia vinculada al programa puede alcanzar entre 25 y 30 millones de pesos libres al año, superando la rentabilidad promedio de la coca, estimada en 18 millones por hectárea anualmente. Además, el Gobierno proyecta que la sustitución permitirá generar 68.577 toneladas de alimentos cada año, lo que representa ingresos superiores a $488.472 millones.

Miranda compartió el testimonio de “María”, una excultivadora de coca del Catatumbo: “Yo no quiero subsidios; quiero un negocio que me garantice ingresos y tranquilidad”. Su caso ilustra la transición de muchas familias que, tras décadas de depender del narcotráfico, ahora buscan estabilidad y acceso a nuevos mercados.

La directora destacó también la importancia de la participación privada para asegurar la sostenibilidad de la estrategia. Señaló a Grupo Éxito como un ejemplo de integración, ya que comercializa productos provenientes de la sustitución en sus almacenes.

Proyección internacional y símbolos del cambio

La transformación productiva impulsada por el programa RenHacemos trascendió fronteras. Chocolates elaborados por familias de Roberto Payán llegaron a la Casa Blanca durante el reciente encuentro presidencial en Estados Unidos y fueron exhibidos en ferias internacionales como Chocoa en Ámsterdam. Estas acciones demuestran que la política de sustitución no solo impacta localmente, también posiciona a los productores rurales colombianos en mercados globales.

La estrategia estatal se complementa con negociaciones en curso con grupos armados y la creación de zonas de concentración en Putumayo, con el objetivo de consolidar la reducción de la violencia y la expansión de la economía legal en el sur del país.

Miranda concluyó: “La paz deja de ser un discurso y ahora se construye con hechos y planificación sostenida en el tiempo”.

El alcalde del municipio de Ospina, departamento de Nariño, Nixon López, sufrió un asalto a mano armada en horas de la mañana del martes 24 de febrero de 2026 en el sector de Correrías, en Bogotá.

Tras el ataque, el funcionario recibió atención médica en la Clínica Colombia, donde permanece bajo observación. Según el primer informe de las autoridades, la víctima intentó repeler a los asaltantes cuando fue herida por arma de fuego. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el incidente y mantiene la investigación en curso.

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El teniente coronel, Norberto Caro, jefe seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá fue el encargado de dar la voceria:

“Efectivamente, en las últimas horas, en la localidad de Teusaquillo, resulta lesionado el alcalde de Ospina Nariño, producto de un forcejeo que se presenta con unos sujetos que, al parecer, intentaban hurtarlo. De inmediato, es trasladado a un centro asistencial, donde en estos momentos está recibiendo atención médica”.

El gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, expresó su rechazo ante el asalto sufrido por el alcalde del municipio de Ospina, Nixon López, en un hecho ocurrido en Bogotá. La reacción del funcionario se conoció a través de su cuenta de X, donde manifestó su respaldo al mandatario local.

Escobar ofreció un mensaje directo de apoyo: “Toda nuestra solidaridad con el Alcalde de Ospina, Nixon López, tras el hecho violento ocurrido en Bogotá. Desde Nariño estamos atentos a su evolución y esperamos su pronta recuperación”, publicó en la red social.

El gobernador, quien asumió el cargo a inicios de 2024, enfatizó la responsabilidad estatal frente a la protección de los líderes regionales. En ese sentido, advirtió: “Cuidar la vida y garantizar condiciones de seguridad para los mandatarios territoriales es un deber indeclinable del Estado”.

Ataque sicarial contra el empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta al norte de Bogotá

Un empresario del sector arrocero y su escolta fueron asesinados en la zona norte de Bogotá, en un episodio que ha movilizado a las autoridades y despertado inquietud sobre la seguridad en áreas concurridas de la capital. El incidente ocurrió frente al gimnasio Bodytech Cabrera, en la calle 85 con carrera séptima, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

A las 3:42 p. m. del miércoles 11 de febrero, Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, salieron del gimnasio y se dirigieron al parqueadero. Las imágenes muestran cómo un hombre vestido de traje oscuro y corbata, que aguardó en la acera aproximadamente quince minutos, se acercó por la espalda y desenfundó un arma de fuego.

El sicario disparó varias veces sin dar oportunidad de reacción, ambos cayeron gravemente heridos sobre el pavimento.

Las autoridades han centrado su análisis en las grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad del sector. Más de 50 horas de video están siendo revisadas, lo que representa uno de los puntos clave en la investigación.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), afirmó: “Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado. Estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes. Planearon la forma de caracterizar al sicario”.

La descripción del agresor —vestido de manera formal y con comportamiento aparentemente despreocupado— permitió que pasara inadvertido frente a los uniformados del cuadrante, quienes recorrieron la zona pocos minutos antes del crimen.

Testimonios recogidos a través de videos aficionados muestran la reacción inmediata de transeúntes. Algunos intentaron prestar auxilio a las víctimas, mientras otros observaban el desarrollo de la escena. Las imágenes también registran el escape: el sicario huyó hacia la carrera séptima, donde una motocicleta lo esperaba para facilitar la fuga. Según el reporte policial, al menos tres personas participaron en la ejecución del homicidio.

La ausencia de ambulancias en los minutos posteriores generó angustia entre vecinos y comerciantes del sector. El esquema de seguridad habitual del empresario se había reducido ese día, ya que solo lo acompañaba su escolta.

En medio de sus actos de campaña en el municipio de Tumaco (Nariño), Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, alertó la presencia de varias personas portando camisetas alusivas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), una de las principales disidencias de las Farc que se desintegró de la Segunda Marquetalia, facción liderada por Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez.

Imagenes documentadas por el medio digital La Silla Vacía dan cuenta de la asistencia de sujetos con las prendas alusivas al grupo guerrillero, en medio de la intervención que realizó el aspirante del progresismo colombiano.

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Una vez conocido el hecho, la reacción desde la campaña fue inmediata. Cepeda confirmó personalmente al medio citado que se encontraba acompañado de agentes policiales para identificar a los personajes.

“Estoy ya acá con la Policía y los estamos detectando inmediatamente a ver si los pueden capturar, pero no están las caras de ellos porque están de espaldas”, manifestó Cepeda al portal mencionado.

Fuentes cercanas a la campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico le confirmaron a Infobae Colombia que los hechos fueron notificados al término del evento de campaña en Tumaco.

“Inmediatamente, el senador (Iván Cepeda) ya se había bajado de la tarima, buscó a Gustavo Erazo, que era el capitán de la policía encargado de la seguridad de la plaza (en Tumaco), y les informó la presencia de estas personas”, indicaron a este medio de comunicación.

En una rueda de prensa, el congresista del Pacto Histórico confirmó que se ha puesto en conocimiento de las autoridades pero que, hasta el momento, no han tenido respuesta.

“Evidentemente este es un hecho que, a nuestro modo de ver, debe ser investigado y esclarecido plenamente. Por esa circunstancia, precisamente, es que procedimos, apenas tuvimos información del hecho, ante las autoridades competentes”, aseguró Cepeda en declaraciones a los medios de comunicación.

Entre tanto, la organización al margen de la ley no ha emitido ningún pronunciamiento frente a la denuncia de la campaña de Iván Cepeda, aunque había manifestado su intención de no interferir en el proceso electoral colombiano.

La presencia de miembros de la Cneb en eventos públicos ocurre en medio de un contexto de fortalecimiento de estas estructuras disidentes. Según datos recopilados por La Silla Vacía, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano creció un 25% en 2023, mientras que el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) aumentó 23% y el ELN un 9%, en comparación con las cifras registradas en 2022.

Este grupo armado, liderado por José Vicente Lesmes, alias Walter Mnedoza, se encuentra desarrollando un espacio de conversaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, donde se han incluido compromisos respecto a transformaciones en los territorios, sustitución de economías ilícitas, reincorporación y verificación de lo pactado, según expresó la Consejería Comisionada de Paz.

Así mismo, la agenda de trabajo pactada contempla en particular la garantía de seguridad en las zonas afectadas y el reconocimiento de las víctimas.

El itinerario pactado en los diálogos contempla que en marzo de 2026 se realice una concentración de los combatientes de la Cneb, condición previa a su desmovilización y a la entrega de armas.

A la vez, se prevé la verificación por parte de las autoridades del cumplimiento de la erradicación de las aproximadamente 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito como parte de sus compromisos centrales.

Polémica por aparición en computadores de ‘Raul Reyes’

Además de esta polémica, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda también está envuelto en otro escándalo, luego de que retomara la aparición de su nombre en los archivos extraídos del computador de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, fallecido líder de las extintas Farc en territorio ecuatoriano.

De acuerdo con una investigación realizada por La Silla Vacía, el nombre del congresista del oficialismo, que para ese entonces estaba en calidad de defensor de derechos humanos, es mencionado en los archivos del abatido líder guerrillero para la convocatoria a una movilización ciudadana en defensa de las víctimas del paramilitarismo, días posteriores a una marcha contra las Farc en febrero de 2008.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia inadmitió las pruebas, el DAS indicó que la mención de senador del Pacto Histórico no fue un montaje.

Frente a la investigación del portal periodístico, el expresidente Álvaro Uribe arremetió contra el candidato presidencial. “Tontos son quienes creen que los demás lo son Computadores de Raúl Reyes prueban que Iván Cepeda les hacía las movilizaciones (sic) La Policía Internacional, Interpol de París, certifica que los computadores no fueron modificados. Entonces ¿será que el “montaje” a Cepeda lo hizo la Farc?”, escribió el exmandatario en X.

No obstante, el senador Iván Cepeda, en declaraciones a Noticias Caracol, consideró el reporte periodístico como un montaje, al considerarlas como pruebas falsas y modificadas.

“La Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría que ese material está en la USB y en el computador fue manipulado por qué no se respetó lo que se llama la cadena de custodia es decir la prueba no fue tratada rigurosamente o la supuesta prueba y por lo tanto fue manipulada”, expresó Cepeda al noticiero nacional.

Una operación de inteligencia militar permitió al Ejército Nacional de Colombia localizar y decomisar un depósito ilegal de morfina avaluado en más de 7 millones de dólares en el norte del departamento de Nariño.

El cargamento, de 26 kilogramos, habría pertenecido al Frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informó la propia institución castrense a través de X.

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Presencia guerrillera y rutas internacionales

El hallazgo tuvo lugar en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en límites con el sur del Cauca. De acuerdo con el comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional, general Juan José Guzmán Ramírez, esa área registra una marcada influencia del ELN.

El oficial precisó que la bodega, de la que se sospecha habría sido vigilada por integrantes de ese grupo armado, almacenaba la morfina para su posterior traslado hacia Ecuador y, desde allí, a mercados ilegales en Centroamérica y Estados Unidos.

El valor de los 26 kilogramos de opiáceos incautados supera los siete millones de dólares, cifra que representa, según Guzmán, un duro golpe a las finanzas y capacidades logísticas de la estructura criminal. El Ejército explicó que el cargamento equivalía a la producción potencial de más de 1,8 millones de dosis de heroína destinadas a la exportación clandestina, en articulación con carteles internacionales.

Detalles de la operación y consecuencias

La operación, ejecutada por unidades del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, se concretó tras una labor de inteligencia y el aporte de una fuente humana. El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades judiciales competentes. El Ejército Nacional y la Policía Nacional informaron que la ofensiva se desarrolló en medio de tareas de control militar y ofensiva contra el narcotráfico en la región.

Según el reporte oficial, la incautación permitió frenar la comercialización internacional de la morfina y evitar la entrada de recursos ilícitos al ELN. Además, los organismos de seguridad reiteraron que mantienen operaciones en el departamento de Nariño para combatir las economías ilegales y el avance de grupos armados organizados.

El Ejército Nacional confirmó a través de sus canales oficiales que el resultado impacta las capacidades financieras y operativas del ELN, organización identificada como una de las principales responsables del narcotráfico en el suroccidente colombiano. Las acciones coordinadas con la Policía Nacional continuarán, según lo anunciado, para debilitar las estructuras que sostienen el negocio ilícito de las drogas en la región.

La morfina, un eslabón clave en el negocio ilícito de la heroína

La morfina, utilizada legalmente como analgésico potente, se transformó en un insumo fundamental para la elaboración de heroína que abastece redes internacionales de narcotráfico. Este opioide se emplea en laboratorios clandestinos donde, mediante procesos químicos, se convierte en heroína de alta pureza. El producto final se dirige principalmente a Estados Unidos, Europa y Centroamérica, mercados donde la demanda de estupefacientes es considerable.

El tráfico de morfina genera ingresos millonarios para organizaciones criminales. Estas estructuras la comercializan tanto en su estado original como procesada, y a menudo la mezclan con otras sustancias para ampliar su oferta en el mercado ilegal. El negocio no solo implica la transformación en heroína, también la venta directa de morfina en presentaciones como tabletas, ampollas y polvo.

La morfina distribuida sin control médico se consume mediante inyección, inhalación o ingestión, prácticas que incrementan el riesgo de dependencia y sobredosis. El uso no regulado de este opioide puede derivar en situaciones fatales, sumando presión a los sistemas de salud pública.

El comercio ilegal de morfina y sus derivados fortalece la economía de redes dedicadas al narcotráfico, que obtienen recursos en todas las etapas del proceso delictivo.

El procedimiento tuvo lugar en la vía que conecta Rumichaca y Pasto, a la altura del sector San Juan, en jurisdicción del municipio de Ipiales. Según el reporte oficial, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte interceptaron un vehículo tipo furgón donde se hallaron 399 paquetes de marihuana, con un peso total aproximado de 2.092 kilogramos.

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Como parte de la operación, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales por los delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El vehículo en el que se transportaba el alijo fue incautado, así como un teléfono móvil que, de acuerdo con la institución, estaría relacionado con la actividad ilícita.

Este resultado se suma a la serie de acciones emprendidas por la Policía en esa zona del país para combatir el tráfico de drogas en los corredores viales estratégicos del departamento.

El balance presentado por la institución señala que, en lo que va de 2026, se han incautado más de cinco toneladas de marihuana en operaciones desarrolladas en la región.

Estos operativos, según la entidad, buscan afectar directamente las finanzas de las estructuras criminales que utilizan las vías del sur del país para movilizar grandes cantidades de estupefacientes. Las autoridades han identificado estos corredores como puntos críticos para el traslado de droga hacia otras zonas del territorio nacional.

“La institución reafirma su compromiso de mantener controles permanentes en los principales ejes viales del departamento, fortaleciendo la seguridad y protegiendo a la comunidad nariñense”, indicó puntualmente el comunicado.

Finalmente, el organismo policial enfatizó en la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el tráfico de drogas e hizo un llamado a la población para denunciar cualquier hecho sospechoso que pueda estar relacionado con el transporte o almacenamiento de sustancias prohibidas.

Incautan más de 3.200 frascos y 50 kilos de ketamina en Nariño

En un nuevo operativo ejecutado en la frontera sur de Colombia, la Policía Nacional frustró la distribución ilegal de 3.238 frascos de ketamina y 50 kilogramos de clorhidrato de este mismo fármaco, mercancía avaluada en cerca de $3.600 millones.

Las acciones estuvieron lideradas por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en medio de una ofensiva frontal contra el tráfico de insumos empleados en la elaboración de drogas sintéticas.

El procedimiento tuvo lugar sobre la vía que conecta el municipio de Ipiales con la vereda La Urbina, donde uniformados de la División de Control Operativo Ipiales realizaron controles aduaneros e interceptaron un camión que transportaba como encomienda los frascos de ketamina.

En una acción paralela, en inmediaciones del Puente Internacional de Rumichaca, fue capturada una persona que llevaba dos canecas con aproximadamente 50 kilos de clorhidrato de ketamina.

Si bien la ketamina es un medicamento de uso autorizado en contextos médicos y veterinarios, las autoridades advierten sobre su creciente utilización como sustancia psicoactiva y como insumo para el procesamiento y adulteración de otras drogas sintéticas.

Con la aprehensión realizada, se evitó la posible distribución de alrededor de 82.000 dosis ilícitas, lo que representa un golpe significativo a la cadena de suministro de organizaciones delictivas dedicadas al procesamiento y distribución de este tipo de sustancias en el país.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, dijo que estos resultados corresponden a la orden del Gobierno nacional de debilitar las redes criminales mediante la incautación y control efectivo de insumos destinados a la producción de drogas sintéticas.

Además, reiteró su compromiso en la lucha constante contra el contrabando y el tráfico de sustancias ilícitas, invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de insumos a través de la Línea Anticontrabando 159 o el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información suministrada.

El nombre de Kevin R., alias Camilo, aparece en la lista de detenidos como el presunto cabecilla de un grupo que, según las autoridades ecuatorianas, cuenta principalmente con integrantes provenientes del departamento colombiano de Nariño y opera en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Según publicó el diario 'El Comercio', estos individuos fueron arrestados en medio de una operación militar realizada en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, donde se produjo un enfrentamiento armado.

De acuerdo con la información consignada por la Fiscalía de Ecuador, se presentaron cargos contra 20 personas, identificadas como presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra, organización disidente de la extinta guerrilla colombiana de las FARC. Las acusaciones principales incluyen tráfico ilícito de armas. En un comunicado, la Fiscalía señaló que un juez dispuso la prisión preventiva de los sospechosos.

Durante la operación militar en Esmeraldas, al noroeste del territorio ecuatoriano, las fuerzas armadas reportaron que los sujetos armados realizaron disparos y emplearon artefactos explosivos en un intento por resistir la intervención. Según detalló el medio 'El Comercio', estos esfuerzos no lograron impedir el avance de los militares, quienes finalmente aseguraron la detención de los presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra.

El Ejército de Ecuador sostiene que este grupo, aunque no es el más grande entre las disidencias de las FARC, constituye uno de los principales focos de sus investigaciones y acciones militares. Además del narcotráfico y el tráfico de armas, se les vincula con actividades de minería ilegal en la región fronteriza. Las fuerzas militares también les atribuyen la autoría del secuestro y asesinato en 2018 de tres miembros del equipo periodístico de un medio ecuatoriano: Javier Ortega, periodista; Paúl Rivas, fotógrafo; y Efraín Segarra, conductor. Según la versión militar, los secuestradores, bajo el mando de Walter Artízala, alias Guacho, demandaron la liberación de integrantes de su organización a cambio de los rehenes. Los tres comunicadores fueron asesinados.

El Frente Oliver Sinisterra, según indica la Fiscalía y las fuerzas armadas, ha tenido participación en diversos ataques a puestos de control fronterizos. Sus acciones se extienden a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador y se caracterizan por la violencia dirigida contra personal de seguridad y la persistencia en actividades vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de armas. El grupo surgió tras la disolución de la guerrilla de las FARC, integrando tanto a antiguos miembros como a nuevas incorporaciones, especialmente en la región de Nariño.

El caso de los detenidos en Esmeraldas ha tenido repercusión en ambos países, debido a la persistencia de la problemática de seguridad en las zonas limítrofes y a la histórica relación de la región con la presencia de actores armados ilegales. Según publicó el diario 'El Comercio', la detención se da en el contexto de esfuerzos coordinados entre instituciones ecuatorianas para contrarrestar el accionar de estos grupos. Tras el enfrentamiento y arresto, la Fiscalía anunció la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares, mientras se espera el avance del proceso judicial que definirá la situación de los presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra.

A propósito, la Policía Nacional capturó en Tumaco (Nariño) a alias Peye, solicitado por una corte de Estados Unidos con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

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La operación, coordinada con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación, se centró en desmantelar una estructura criminal dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína hacia el exterior.

De acuerdo con las autoridades, la captura de “Peye” representa un golpe relevante a las finanzas de redes ilícitas que enviaban más de tres toneladas de cocaína mensuales con destino principal a Centroamérica y Estados Unidos.

Estas organizaciones criminales utilizaban principalmente semisumergibles y lanchas rápidas para el transporte de los estupefacientes, buscando evadir los controles marítimos internacionales.

Durante el proceso investigativo, las autoridades lograron la incautación de siete toneladas de cocaína y la localización de dos semisumergibles empleados para el traslado clandestino de la droga. Estas acciones buscan afectar la logística y el flujo de recursos de las organizaciones criminales transnacionales.

La cooperación entre la Policía, Fiscalía y la DEA ha permitido avanzar en los trámites judiciales para la eventual extradición de alias Peye a los Estados Unidos, donde enfrentará cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades mantienen los operativos en la región para prevenir nuevas rutas y métodos de envío de sustancias ilícitas, en respuesta a la mutación constante de las redes delictivas.

Incautan más de dos toneladas de cocaína en operación de la Armada de Colombia en aguas de Tumaco

Un importante golpe contra redes criminales dedicadas al narcotráfico se conoció el 12 de febrero, luego de que la Armada incautara 2.322 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una operación efectuada a aproximadamente 250 kilómetros de la costa de Tumaco (Nariño).

El hallazgo se realizó tras interceptar una embarcación que transportaba 90 bultos del estupefaciente, cuyo destino, según las autoridades, era Centroamérica.

La operación, sustentada en inteligencia naval, involucró a unidades de la Fuerza Naval del Pacífico y la Estación de Guardacostas de Tumaco. Ambas lograron detener la lancha y conducirla hasta el malecón para su inspección. Durante el procedimiento, fueron capturadas tres personas que tripulaban la nave.

Funcionarios de la Armada y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía confirmaron que el cargamento equivalía a 6.000.000 de dosis de cocaína. Fuentes oficiales indicaron que la incautación impidió que más de USD24 millones ingresaran a las organizaciones narcotraficantes responsables del envío.

El operativo forma parte del plan de interdicción de las Fuerzas Militares, orientado a frenar el tráfico de drogas hacia mercados internacionales. Entre agosto de 2022 y junio de 2025, las autoridades sumaron la incautación de más de 2.126 toneladas de droga en distintos procedimientos, abarcando embarcaciones, cargamentos ocultos y depósitos clandestinos.

Tras conocerse la importante incautación, el presidente Gustavo Petro reconoció el resultado en sus redes sociales: “Se han incautado 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico sur. La incautación de cocaína es prioritaria y la persecución de los grandes capos de la mafia internacional y sus bienes”.

El resultado representa un nuevo golpe a las redes del narcotráfico que operan en el litoral Pacífico colombiano. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, persiste el envío de grandes cargamentos de cocaína desde el suroccidente del país hacia rutas internacionales.

El asesinato de Enrique Cumbalaza, líder indígena de Cumbal (Nariño), a manos de varios hombres encapuchados y armados, en una zona del resguardo indígena El Gran Cumbal, desató una ola de rechazo e indignación en sus habitantes.

El hecho ocurrió hacia el mediodía del martes 17 de febrero de 2026, cuando sujetos armados dispararon contra Cumbalaza, reconocido defensor de los derechos territoriales y figura clave del Pueblo de los Pastos.

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La Alcaldía Municipal de Cumbal expresó sus condolencias por el fallecimiento del líder indígena, con un mensaje encabezado por el alcalde Héctor Andrés Tapie Alpala y la gestora social Doris Tapie, al enfatizar que “la protección de la vida es un principio fundamental que debe garantizarse sin excepción ni discriminación alguna”.

Su hermana también fue víctima de la violencia

El crimen adquiere mayor gravedad al conocerse que hace cuatro años la hermana de la víctima, Carmen Ofelia Cumbalaza, también fue asesinada en circunstancias similares que, hasta la fecha, permanece sin esclarecerse y sin que los responsables hayan sido judicializados, lo que incrementa la preocupación ante la persistencia de la impunidad en la región.

Durante más de 30 años, Enrique Cumbalaza se destacó por su trabajo en el fortalecimiento de los procesos organizativos del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) desde su territorio ancestral. Diversas organizaciones sociales y la comunidad del municipio de Cumbal han exigido a las autoridades la identificación y judicialización tanto de los autores materiales como de los intelectuales del crimen, así como la implementación de garantías efectivas de protección colectiva y mayor presencia institucional en el territorio indígena.

La familiaridad de la violencia se evidencia en la denuncia pública de Damaris Cumbalaza, que reclamó acciones inmediatas, eficaces y verificables para que las autoridades capturen y judicialicen a los responsables, advirtiendo que la impunidad prolongada alimenta la repetición de la violencia contra los pueblos indígenas y sus líderes sociales.

“No aceptaremos más silencio, ni dilaciones, ni expedientes archivados. La justicia debe actuar con contundencia, porque la vida de nuestros líderes no es negociable y la memoria de Enrique Cumbalaza exige verdad, justicia y no repetición”, indicó Cumbalaza, que sería familiar del fallecido líder.

Muerte de otros líderes en los últimos días

A la muerte de Enrique Cumbalaza, se suman otros hechos de sangre recientes que agravan el panorama para los defensores de derechos humanos y firmantes de paz en el país.

En menos de 36 horas, Heber Asprilla Rivas, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue asesinado en Guapi (Cauca), y José Albino Cañas Ramírez, reconocido cabildante indígena, fue víctima de homicidio en Riosucio (Caldas), en ataques atribuidos a la acción de grupos armados ilegales en territorios donde la alerta es constante.

Heber Asprilla Rivas, identificado como el primer firmante del acuerdo de paz asesinado en 2026, participaba activamente en procesos de reincorporación y formación en economía social tras su paso por el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Ariel Aldana en Tumaco (Nariño).

Las advertencias tempranas de la Defensoría del Pueblo, a través de la AT 013/25 y la AT 033/20, ya alertaban sobre el riesgo permanente en Guapi por la presencia y disputa entre grupos armados como el Frente 30 Rafael Aguilera y el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC, el ELN y grupos locales. Estas organizaciones imponen normas y ejercen formas ilegales de gobernanza que agravan la vulnerabilidad de la población civil y de quienes impulsan procesos de paz.

Por su parte, José Albino Cañas Ramírez ejercía como cabildante de la comunidad de Portochuelo en el resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta, en Riosucio. Fue atacado por hombres armados en la vereda Portochuelo, hecho que también dejó a una mujer herida.

Una operación nocturna en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, encendió las alarmas sobre un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad: el hallazgo de una casa donde se realizaban fiestas clandestinas con menores de edad.

Según la información entregada por la Policía Nacional, la acción de inteligencia permitió identificar a una mujer que, según las labores investigativas, coordinaba reuniones secretas en el inmueble y fue capturada en flagrancia.

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Al ingresar a la vivienda, los uniformados se encontraron con una escena inesperada: había varios adolescentes, aunque lo que más precupó a las autoridades fue la presencia dos niñas de tan solo ocho y nueve años.

Adicionalmente, los uniformados encontraron en el predio decenas de bolsas y elementos asociados al consumo de marihuana, lo que obligó a la Policía a activar los protocolos de protección institucionales para evitar riesgos mayores, especialmente en lo que respecta al contacto de los menores con sustancias psicoactivas.

Las autoridades de Ipiales, municipio fronterizo de Nariño, han venido enfrentando retos crecientes ante el uso de inmuebles para actividades ilícitas que involucran a menores.

Entretanto, la mujer a cargo, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue puesta a disposición de la Fiscalía y enfrentará medida de aseguramiento en un centro penitenciario.

“La Policía Nacional continuará desarrollando acciones operativas y preventivas orientadas a cerrar espacios que vulneren sus derechos y afecten la convivencia y la seguridad ciudadana”, señaló la institución.

La intervención en Ipiales se inscribe en una estrategia más amplia para prevenir la proliferación de entornos inseguros para menores. Estas acciones buscan además fortalecer el tejido social y promover la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía en la protección de la infancia.

Ejército y Policía capturan a gestor de paz alias Tito en Nariño

Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, identificado como gestor de paz por el Gobierno nacional, fue capturado por tropas del Ejército Nacional y agentes de la Policía de Nariño en el corregimiento Corea de Remolinos, municipio de Taminango, sur del departamento.

La detención, que se produjo el 15 de febrero de 2026, lo aleja de su rol en la mesa de negociación con el Ejecutivo liderado por Gustavo Petro. La captura genera incertidumbre sobre la continuidad de los diálogos de paz del frente Comuneros del Sur ante la detención de uno de sus cargos autorizados.

Según la resolución 043 del 6 de febrero de 2026, Villota Rodríguez es uno de los nueve cabecillas con estatus de gestor de paz, condición que mantendría hasta agosto de 2026 junto a personas como Ana Milena García Leiton, alias Sonia, condenada a 40 años de prisión por secuestro, y Jaime Edilson Rodríguez Moreano, alias Yovany, vinculado a redes de narcotráfico en Ecuador.

El reporte castrense señala que el implicado posee una circular azul de Interpol y enfrenta investigaciones por secuestro, abuso, tortura y el homicidio de Jenith Andrea Rodríguez, líder juvenil de Madrigal, Policarpa. Respecto a ese crimen, líderes sociales denuncian que el asesinato estaría vinculado a disputas internas y a una relación sentimental con un miembro del frente Franco Benavides, bajo las disidencias de las Farc que lidera Iván Mordisco.

La Fiscalía suspendió la inmunidad de la que gozaba Tito como gestor de paz, lo que ha generado tensión en el proceso de diálogo con organizaciones al margen de la ley. Tras su detención, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Pasto, mientras las autoridades evalúan su situación jurídica.

El documento oficial emitido por el Ejecutivo determina que los gestores de paz deben aportar experiencia y cumplir compromisos, incluyendo acudir ante la justicia, documentar su participación y ceñirse a restricciones excepcionales y temporales.

“El Gobierno nacional podrá, en cualquier momento, retirar la designación como gestores de paz y solicitar la reactivación de las medidas penales ordinarias”, establece la resolución.

Entre los demás gestores de paz figuran individuos acusados o condenados por secuestros, homicidios o atentados contra agentes del Estado, así como posibles nexos con el ELN. Hasta el momento, no existe pronunciamiento de la Consejería Comisionada de Paz sobre el caso de Luis Alberto Villota Rodríguez.

Un respaldo inédito a las comunidades indígenas y campesinas en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos marca un giro en los diálogos de paz entre el Gobierno nacional de Colombia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), según consta en el acta oficial de la reunión extraordinaria realizada en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño).

En este encuentro, ambas delegaciones manifestaron su apoyo a la iniciativa presidencial para erradicar 30.000 mil hectáreas de hoja de coca —15.000 mil en Nariño y 15.0000 mil en Putumayo— a través de mecanismos basados en la dignificación de la vida rural y la autonomía territorial.

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El documento suscrito el 12 de febrero destaca la trascendencia de la decisión de las autoridades indígenas: “Celebramos esta decisión autónoma de las comunidades y la resaltamos como el inicio para las transformaciones territoriales y la superación de la economía de la coca en los departamentos de Nariño y Putumayo”, señala el acta, suscrita por los jefes negociadores Armando Novoa García y Walter Mendoza.

La Cneb, por su parte, manifestó explícitamente su postura frente a los cambios adelantados por las comunidades rurales en la transición hacia economías legales.

En el acta, la organización remarcó: “La Cneb respeta las decisiones autónomas de las comunidades en el tránsito hacia economías lícitas y, por lo tanto, respalda la decisión adoptada, de protección y respeto al medio ambiente, la no deforestación y la no resiembra de cultivos de uso ilícito”, asumiendo también el compromiso de que el gobierno cumpla los compromisos adquiridos en las zonas afectadas.

El respaldo institucional al proceso de sustitución incluye un esquema de verificación internacional. Según el acuerdo, “lo cual será verificado el 31 de marzo de 2026 por parte de la Dsci, en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos de paz, garantizando condiciones de transparencia, seguimiento técnico y verificación objetiva de los avances alcanzados”, se lee en el documento.

Respecto al Programa de Sustitución de Cultivos, las partes consolidaron su voluntad de colaboración: “Se reafirma el compromiso por parte de la CNEB de no interferir en su desarrollo y mediante la Mesa de Diálogo de Paz contribuir a través de distintas acciones al cumplimiento efectivo de la meta acordada de erradicación y sustitución de treinta mil hectáreas de cultivos de coca.”

Finalmente, las delegaciones establecieron que el séptimo ciclo de conversaciones se realizará entre el 11 y el 13 de marzo en Llorente, Tumaco, mientras que las subcomisiones preparatorias se reunirán en Bogotá los días 26 y 27 de febrero, como punto de partida para dinamizar el diálogo en busca de un acuerdo de paz estable y duradero.

Colombia redujo los cultivos de hoja de coca en un 56,9%

El informe publicado por la Policía Nacional de Colombia el 16 de enero de 2025 reveló una reducción significativa en los cultivos de hoja de coca durante el último cuatrienio, tema que ha generado amplio debate en el país ante la persistencia del narcotráfico.

Según datos oficiales, el país ha registrado una caída del 56,9% en estos cultivos, al pasar de 35.231 a 15.159 hectáreas en los últimos años. Esta cifra, aunque notable, no cambia el hecho de que Colombia sigue encabezando la lista mundial de naciones con mayor extensión de siembra de coca, superando ampliamente a Perú y Bolivia.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, explicó las líneas de acción adoptadas: “La Policía Nacional ha venido implementando una estrategia integral a través de incautaciones y capturas de narcotraficantes, frenando la expansión de nuevos cultivos ilícitos, combinando una línea preventiva denominada Oxígeno y una acción reactiva Asfixia, reflejadas en operaciones sostenidas en todo el territorio nacional”.

Para mejorar la precisión de las intervenciones, la institución emplea el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos, creado en 2018, que utiliza cuadrantes georreferenciados, monitoreo satelital y sobrevuelos a baja altura. Esta tecnología permite identificar el color de la hoja de coca y su estado de siembra, facilitando decisiones operacionales más efectivas.

El presidente Gustavo Petro destacó la reciente incautación de 1,1 toneladas de cocaína en el municipio de Tumaco (Nariño) como un nuevo golpe al narcotráfico en Colombia.

El jefe de Estado utilizó sus redes sociales para compartir detalles del operativo y reconocer la labor de la Estación Guardacosta local, resaltando la importancia de estos logros en el contexto de la lucha antidrogas.

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Petro relató desde su cuenta oficial de X en la mañana del lunes 9 de febrero: “Estoy en la Estación Guardacosta de Tumaco y entregamos a la Fiscalía 1,1 tonelada de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona por el personal joven de la estación, cuando ya despertaba a las 4 a. m. para tomar rumbo a Montería”.

Además, compartió imágenes y elogió personalmente al equipo que participó en la operación.

La Estación Guardacosta de Tumaco, clave en la vigilancia marítima del Pacífico colombiano, ha sido escenario de constantes decomisos de droga.

En su mensaje, el Presidente ofreció una visión particular del impacto de las incautaciones: “Llegando al muelle desde Gorgona, la estación de guardacostas colombiana parece Pearl Harbor. Llena de submarinos incautados de gran tamaño, pudriéndose como si hubieran recibido el bombardeo japonés, pero, en general, sin matar a nadie, han sido capturados con la gran experticia colombiana”.

Petro destacó el alcance de los resultados de su administración: “En mi gobierno ya se ha incautado 3.300 toneladas de cocaína, logrando ya que se incaute más que lo que crece la producción”.

El mandatario sostuvo en su cuenta de X que actualmente “en Colombia cada vez es más difícil para el narcotráfico exportar cocaína”, y dirigió su mensaje a los líderes internacionales, especialmente a los de Ecuador y Estados Unidos.

Las referencias a otros países dejaron claro el ofrecimiento de cooperación por parte del gobierno colombiano. El presidente afirmó: “Podemos enseñarle al mundo y sobretodo a Ecuador como se hace. No cobramos y puede ser desde ya y desde antes ya se estaba haciendo”.

Petro insistió en el compromiso de su país para evitar que el narcotráfico controle instituciones estatales en la región.

En el cierre de su declaración, el jefe de Estado remarcó su disposición a colaborar más allá de las fronteras nacionales: “No queremos que el estado ecuatoriano se lo tome la mafia y yo personalmente que he luchado con mi vida propia para que la mafia no se tome el estado colombiano, estoy listo y firme a ayudar”.

Incautan cargamento con 115 kilogramos de cocaína en el Pacífico Norte

La incautación de 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Pacífico norte colombiano evitó que organizaciones criminales recibieran cerca de 5,6 millones de dólares y bloqueó la distribución de más de 289.000 dosis en el mercado internacional.

La Armada de Colombia realizó el decomiso a bordo de una embarcación sospechosa, a 55 millas náuticas de Bahía Solano, en el departamento del Chocó.

La operación fue liderada por la Fuerza Naval del Pacífico con la intervención de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano. Según el reporte oficial, los uniformados actuaron tras recibir información de Inteligencia Naval sobre movimientos inusuales en la zona marítima.

El teniente de Navío Emmanuel Gonzáles Zapata, comandante de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, resaltó la importancia de la reacción inmediata: “La Armada de Colombia incautó 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que eran transportados a bordo en una embarcación tipo Go Fast, a 55 millas náuticas de Bahía Solano, departamento del Chocó”, puntualizó.

La embarcación, de tipo go fast, fue detectada cuando, al parecer, se dirigía hacia Panamá. Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes intentaron escapar y arrojaron al mar 116 paquetes rectangulares. Los guardacostas lograron recuperar la totalidad de los paquetes, que luego fueron sometidos a pruebas.

El secretario de Gobierno de Mallama, Darío Palacios, confirmó que entre los fallecidos se encuentran Pablo Palacios, su esposa Luz y su hijo Jesús Darío. También murieron Pedro Palacios, su esposa Julia Guelpad y su hijo César Palacios, así como la nieta Cintia Palacios, reconocida deportista en la región.

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El funcionario, familiar directo de las víctimas, explicó que el deslizamiento se llevó varias viviendas donde se encontraban los dos tíos, sus esposas y sus hijos.

La emergencia movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la comunidad local, que permitieron el rescate de las siete víctimas. El alcalde del municipio, Giovanny Muñoz, informó que el operativo de búsqueda y recuperación se prolongó durante la noche y madrugada del sábado 7 de febrero, contando además con el apoyo del cabildo indígena.

El mandatario hizo un llamado a la Gobernación de Nariño y al Gobierno Nacional para obtener ayuda humanitaria, ya que la avalancha dejó sin fluido eléctrico, destruyó la bocatoma del acueducto y causó daños en el puesto de salud.

El balance preliminar presentado por la alcaldía indica la existencia de dos personas heridas, seis viviendas destruidas, un centro educativo afectado y cinco vehículos dañados. El secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Alex González, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y detalló que maquinaria de la Secretaría de Infraestructura intervino en las labores de remoción de tierra para posibilitar el rescate de quienes permanecían bajo el lodo.

González advirtió que el evento supera las capacidades de respuesta departamental y solicitó el apoyo de la nación para atender la emergencia. Insistió en la necesidad de realizar una inversión inmediata en la vereda La Oscurana para recuperar la zona afectada. José Alfredo, socorrista de la Defensa Civil de Mallama, detalló que participaron seis unidades de la Defensa Civil de Pasto, seis del Cuerpo de Bomberos de Ipiales y un canino especializado en búsqueda y rescate, así como el apoyo de la Cruz Roja de Túquerres.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) desplegó unidades móviles para ofrecer atención psicosocial a los familiares de las víctimas. De acuerdo con Gabriel Ocaña, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, el desastre fue originado por un movimiento en masa traslacional que destruyó cinco viviendas por completo. El funcionario explicó que se movilizó una retroexcavadora y una comisión técnica de Gestión del Riesgo para reforzar las labores de apoyo en la zona afectada.

¿Por qué está lloviendo tanto en Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las lluvias intensas continuarán en varias regiones del país durante febrero. Esta situación ha provocado graves afectaciones, como en Puerto Escondido (Córdoba), donde familias han perdido sus viviendas y solicitan reubicación al Estado.

Según el Ideam, el comportamiento de las precipitaciones será diferente según la zona. En el sur de la región Andina se espera una disminución frente a enero, mientras que en el centro, incluyendo el Eje Cafetero, las lluvias se mantendrán dentro de lo habitual. La región Amazónica continuará con volúmenes elevados, especialmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo. En la región Pacífica, los valores se acercarán a la normalidad, aunque con máximos al occidente del Cauca.

El Ideam explicó que los niveles de lluvia en enero y febrero han superado los registros históricos debido a la interacción de varios factores atmosféricos y climáticos. Entre estos factores destacan el ingreso de humedad desde la Amazonía brasileña y el océano Pacífico, transportada por vientos hacia el centro del país, la presencia de la fase convectiva de la Onda Madden‑Julian y procesos de variabilidad climática que incrementaron la nubosidad, provocando lluvias de moderada a fuerte intensidad y tormentas eléctricas.

El Trampolín de la Muerte se ha convertido en el escenario más desafiante para el aventurero japonés Atsushi Yao en su travesía por Sudamérica.

Esta carretera, que une los departamentos de Putumayo y Nariño, es famosa por sus curvas cerradas, precipicios y la constante amenaza de derrumbes.

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Atsushi ha documentado en sus redes sociales cómo la vía, angosta y peligrosa, está flanqueada por cruces que recuerdan la cantidad de víctimas que ha cobrado. “Este camino tan estrecho que al lado hay un precipicio, y aún así los camiones van y vienen”, relató en sus historias de Instagram.

Las intensas lluvias han añadido dificultad a su recorrido. La neblina y el lodo convierten cada paso en una prueba de resistencia física y mental. El joven japonés, que lleva cuatro días en este trayecto, confesó: “Me está costando bastante”. El apodo de la ruta cobra sentido en cada curva, pues los accidentes mortales son frecuentes y el peligro es constante.

Atsushi Yao inició su travesía continental en junio de 2023, saliendo de Alaska con una carretilla llena de pertenencias. El objetivo: llegar a Ushuaia, en Argentina, tras recorrer más de 30 mil kilómetros a pie. Colombia es el décimo país en su itinerario, un territorio que lo ha recibido con variedad de paisajes y climas extremos.

Su llegada al país fue por la selva del Darién, donde la compañía de otros viajeros y un guía facilitó la ruta. Más tarde, el desierto de la Tatacoa le ofreció un contraste con montañas, lluvias inusuales y calor abrasador. Ahora, en el tramo final colombiano, el Trampolín de la Muerte se presenta como el mayor reto antes de continuar hacia el sur del continente.

El Trampolín de la muerte ubicado en la frontera donde los Andes se funden con la selva amazónica, surge una vía que desafía tanto a la naturaleza como al ser humano.

Esta carretera, es conocida por su trazado estrecho y sus peligros evidentes, atraviesa la vegetación densa con precipicios que intimidan a cualquier conductor.

A lo largo de sus 80 kilómetros, el camino lleno de curvas está cruzado por niebla y lluvias. La ruta, enlaza San Francisco y Mocoa y está compuesta por un solo carril de tres metros de ancho, sin asfalto, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad para quienes se atreven a cruzarla.

La carretera tiene varios ascensos, partiendo de los 600 metros hasta alcanzar los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Los deslizamientos de tierra son habituales, haciendo que los viajeros deban enfrentarse a situaciones de alto riesgo casi a diario.

Los abismos al borde del camino, apenas separados del tránsito por una delgada franja de tierra, han sido escenario de numerosos accidentes fatales, reforzando la reputación de la vía como una de las más peligrosas del planeta.

Más allá de su fama, el Trampolín de la muerte ha sido clave para la historia del Putumayo, facilitando la comunicación entre esta región remota y el resto de Colombia. A lo largo de los años, ha sido testigo de los vaivenes de los conflictos armados, del tránsito de comunidades y de la consolidación del Estado en territorios de difícil acceso.

En medio de este contexto desafiante, el viajero Atsushi Yao continua su viaje hasta el sur del continente. Es así que sus vivencias en Colombia, que comparte a través de su canal de Youtube, relatan tanto los riesgos del trayecto como los paisajes y sabores locales. Desde la travesía por el Darién hasta la degustación de buñuelos, su crónica ofrece una mirada cercana a una de las rutas más emblemáticas y temidas de Sudamérica.

A menos de un mes de las elecciones legislativas en Colombia, las delegaciones del Gobierno nacional y Comuneros del Sur, grupo armado surgido tras su escisión del ELN en 2024, formalizaron un compromiso que garantiza la libre participación política y la seguridad de los electores en diez municipios priorizados de Nariño.

En el documento firmado al cierre de la octava sesión de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial, incluye la decisión del grupo insurgente de no interferir en el proselitismo político ni promover candidaturas, garantizando así que, durante los comicios, se respete el ejercicio de los derechos políticos en estos municipios.

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“A través de este Acuerdo, las delegaciones reafirmaron su voluntad de generar un clima de paz, seguridad, confianza y participación democrática que garantice el ejercicio libre y autónomo de los derechos políticos de la ciudadanía en los diez municipios priorizados”, se lee en la misiva.

En esta misma línea, el Gobierno colombiano se obligó a reforzar la seguridad, promover la participación electoral y prevenir la estigmatización de comunidades y liderazgos sociales.

“El Gobierno Nacional asumió el compromiso de contribuir a la generación de condiciones de seguridad, promover la participación electoral, apoyar iniciativas de cedulación en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y adoptar medidas preventivas frente a la estigmatización de comunidades, liderazgos sociales y actores políticos”, manifestaron.

Protocolo para la ubicación de combatientes

Otro avance sustancial fue la aprobación de los protocolos para el funcionamiento y desplazamiento hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Mallama. La instalación de este espacio, donde se concentrarán miembros de Comuneros del Sur para transitar hacia la vida civil, fue posible tras culminar la consulta previa con el Resguardo Indígena Gran Mallama, en la que participaron más de mil personas.

Según detalla el comunicado, los instrumentos firmados regulan tanto el funcionamiento de esta zona como el desplazamiento de los integrantes del grupo armado hacia ella.

“Este proceso reafirma que la paz se construye con legitimidad territorial, concertación intercultural y respeto por la palabra”, indicaron.

En materia de transformación territorial, las partes acordaron que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Dsci) fijó el objetivo de sustituir más de 900 hectáreas en los municipios de Samaniego, Ricaurte y Santa Cruz durante el primer semestre de 2026, y de iniciar acciones similares en Cumbal, cerca de la frontera con Ecuador, como parte de una estrategia que incentiva economías legales y sostenibles.

“La DSC se comprometió con iniciar acciones de sustitución voluntaria en Cumbal, en la zona de frontera con Ecuador, como parte de una apuesta integral por alternativas económicas legales y sostenibles que fortalezcan el bienestar de las comunidades”, recalcaron.

Otros compromisos del Gobierno Petro

De otro lado, el Ministerio de Minas y Energía presentó la hoja de ruta para implantar tres Distritos Mineros en Nariño, cuyo objetivo es formalizar y ordenar la actividad minera, así como fortalecer la generación de riqueza local desde una perspectiva participativa.

“La hoja de ruta acordada con la Gobernación de Nariño contempla desde un enfoque participativo, el ordenamiento de la actividad minera, la formalización y acciones para la generación de riqueza para el territorio”, agregaron.

En paralelo, el Gobierno delineó los principios de un modelo de justicia restaurativa relacional, orientado a acuerdos de corto plazo que contribuyan a la reparación de las víctimas y la reconstrucción del tejido social.

“Con estos avances, la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño reafirma su compromiso con una paz construida desde los territorios, con participación activa de las comunidades, garantías democráticas y transformaciones estructurales que dignifiquen la vida”, puntualizaron.

La firma y puesta en marcha de estos acuerdos y protocolos representa un punto de inflexión en el avance hacia la paz territorial en un área históricamente afectada por el conflicto armado y las economías ilícitas, y establece un precedente en la garantía del respeto al proceso democrático en regiones marginadas del suroccidente colombiano.

Este proceso cuenta con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), así como con la participación activa de entidades estatales y autoridades regionales.

Según el reporte oficial, el evento se originó cuando un vehículo particular ingresó a la estación para realizar el pago y, en ese momento, se produjo la combustión del automotor. El personal operativo del peaje activó de inmediato los protocolos de emergencia, ejecutando las maniobras iniciales de control y recibiendo apoyo posterior del Cuerpo de Bomberos local, que logró extinguir totalmente las llamas y asegurar el área.

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A pesar de la rápida intervención, el incidente causó daños en la infraestructura del peaje, incluyendo cabinas de recaudo, cubierta y cableado eléctrico. Durante la atención de la emergencia, el tránsito vehicular fue suspendido temporalmente como medida preventiva.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) ordenó el cierre del corredor vial a la altura de la glorieta de La Morena, en Guaduas, así como en el Cruce de Cambao, definido como ruta alterna. Estas acciones permitieron controlar el flujo vehicular y evitar riesgos adicionales durante la emergencia.

Desde el primer momento, Invías trabajó de manera ininterrumpida para restablecer el tránsito por este importante corredor y normalizar las condiciones de movilidad en el peaje. Gracias a estas labores, desde las 11:00 a. m. del día siguiente se habilitaron los carriles 2 y 3 para la operación, mientras que el personal técnico continúa ajustando y verificando el carril 4, que será reabierto una vez se certifiquen las condiciones de seguridad y operatividad.

La entidad hizo un llamado a los usuarios para que atiendan las indicaciones de las autoridades de tránsito, planifiquen sus recorridos y se mantengan informados a través de los canales oficiales de Invías. El instituto reafirmó su compromiso con la seguridad vial, la atención oportuna de emergencias y la transparencia en la comunicación dirigida a la ciudadanía.

Actualización del valor de los peajes de Invías

Cabe recordar que, días antes del incidente, Invías había anunciado el ajuste de las tarifas de peaje para 2026. Este incremento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE para el año anterior y a la actualización del valor del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), que se integra a cada tarifa.

El ajuste impacta a 38 estaciones de peaje en 16 departamentos, con valores diferenciados según la categoría vehicular, determinada por el número de ejes, altura y si cuentan con doble llanta trasera. En el caso del peaje Bicentenario, los valores para 2026 son:

• Categoría I: $13.700 (automóviles, camperos, camionetas, microbuses eje sencillo)
• Categoría II: $17.900
• Categoría III: $41.600
• Categoría IV: $50.400
• Categoría V: $58.500

El valor del Fosevi suma $553 a cada tarifa. Motocicletas, motocarros, ambulancias, vehículos de bomberos, defensa civil, policía y fuerzas militares están exentos del pago.

Otras acciones de Invías en el país

En paralelo, Invías también informó sobre los trabajos de mantenimiento y remoción de material vegetal en varias vías del departamento de Nariño, afectados por fuertes lluvias. Las labores de limpieza y remoción de piedras, lodo y árboles se ejecutan:

• En la vía Pasto – Mojarras (km 5, 64, 66, 67 y 124)
• La Variante Oriental (km 0, 06, 14 y 21)
• La vía Junín – Túquerres (km 0, 22, 26 y 95)
• Vía Pasto – Buesaco – Higuerones (km 2, 55, 66, 77, 91, 94, 98 y 102).

Estas intervenciones buscan restablecer la transitabilidad y garantizar condiciones seguras para los usuarios, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Finalmente, Invías invita a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para informarse sobre el estado de las vías y acatar las recomendaciones de las autoridades, reiterando su compromiso con la movilidad y la seguridad vial en todo el territorio nacional.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) consolidó una gira estratégica con empresarios europeos en los departamentos de Nariño y Tolima para fortalecer el posicionamiento internacional del café colombiano de origen y potenciar oportunidades comerciales directas para los productores de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

La iniciativa da continuidad a la política de desarrollo rural integral y a las recientes giras internacionales de productores colombianos a Finlandia, Japón y China durante 2025. La visita reunió a empresarios de Hungría y Eslovaquia, quienes recorrieron fincas y asociaciones cafeteras de Nariño y Tolima con el objetivo de conocer de primera mano los procesos de producción, catación y barismo que distinguen al café colombiano.

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Según lo señalado por la ADR, el propósito central de la misión fue eliminar la intermediación en la cadena de comercialización, de modo que el valor agregado y los beneficios económicos permanezcan en manos de quienes cultivan la tierra.

En Nariño, la gira articuló a asociaciones productivas de municipios como Cumbitara, La Unión, Leiva, Policarpa, Taminango, Rosario, Los Andes Sotomayor y Pasto. Organizaciones como Asprocopac, Cormosur y el grupo de mujeres caficultoras Asovit demostraron su capacidad organizativa y productiva, presentando cafés que cumplen con altos estándares internacionales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad. Los visitantes pudieron observar prácticas agrícolas responsables y procesos de postcosecha que garantizan perfiles sensoriales diferenciados.

El recorrido en Tolima incluyó territorios cafeteros de Chaparral e Ibagué, donde organizaciones campesinas, indígenas y étnicas —como el pueblo Nasa Wes’x, la Asociación étnica Caike y Tolima Grande— presentaron cafés con sabores y aromas singulares, resultado de saberes ancestrales y métodos productivos consolidados en zonas Pdet.

Los expertos europeos participaron en catas y evaluaciones sensoriales, preseleccionando decenas de muestras para pruebas finales en Europa, paso previo a la estructuración de acuerdos comerciales de largo plazo y al envío de contenedores piloto hacia Europa Central.

El empresario húngaro János Szongoth, con más de tres décadas de experiencia en el sector cafetero, resaltó la calidad del café de Nariño y su alineación con las tendencias del mercado europeo. Szongoth declaró que “ha encontrado uno de los mejores cafés en Nariño; su calidad ha mejorado notablemente y para nosotros es un honor comprarlo, ya que el mercado europeo valora cada vez más cafés auténticos, únicos y de alta calidad, con perfiles diferenciados de sabor, aroma y acidez”.

Por su parte, el presidente de la ADR, César Pachón, subrayó la importancia de los acuerdos comerciales directos entre productores y compradores internacionales. Destacó que la delegación europea llegó a Nariño y Tolima para concretar negociaciones sin intermediarios, garantizando pagos por encima del costo de producción y asegurando que los recursos lleguen directamente al bolsillo de los campesinos. Pachón enfatizó que este modelo promueve la equidad y el desarrollo rural sostenible, alineado con la política de apertura de mercados y construcción de paz desde los territorios.

La gira también sirvió como plataforma de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades técnicas. Los productores participaron en mesas de negociación, firmas de actas de compromiso y jornadas de retroalimentación técnica con los expertos europeos.

Estos espacios sentaron las bases para pilotos de exportación y alianzas comerciales de mediano y largo plazo, adaptadas a las exigencias del mercado internacional y orientadas a consolidar la presencia del café colombiano en Europa Central.

En el contexto sectorial, la caficultura colombiana cerró el año calendario 2025 con una producción de 13,67 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que representó una variación de -2 % frente a 2024, cuando la producción alcanzó 13,99 millones de sacos.

La Federación Nacional de Cafeteros atribuyó esta disminución al comportamiento cíclico del cultivo y a los efectos de las intensas lluvias durante el primer semestre de 2025, que afectaron la floración y el desarrollo del grano en las principales zonas cafeteras.

El impacto fue mayor al cierre del primer trimestre del año cafetero 2025/26, cuando la producción se redujo a 3,7 millones de sacos, una caída de -24 % frente al mismo periodo del ciclo anterior, y en diciembre el descenso alcanzó el -31 %.

Esta iniciativa de la ADR fortalece la política estructural del Gobierno nacional, priorizando el desarrollo rural integral, la apertura de mercados internacionales y la mejora de las condiciones de vida de las familias caficultoras.

Se trata de la captura de alias Motor, presunto cabecilla de una comisión armada del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que marcó un golpe estratégico contra la estructura criminal que operaba en el norte del departamento.

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La acción conjunta de la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación logró frenar la expansión de este grupo y desmantelar un arsenal de alto poder destructivo.

Detalles del operativo

El operativo se llevó a cabo durante una diligencia de registro y allanamiento en Buesaco (Nariño), donde las autoridades capturaron en flagrancia a “Motor” por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

En el lugar, los agentes incautaron cuatro fusiles, uno de ellos modificado como ametralladora, 1.423 cartuchos de diferentes calibres, 60 metros de cordón detonante, 33 granadas adaptadas para dron, un pendón y 46 elementos de intendencia.

Las investigaciones indican que el material bélico incautado tenía como propósito sostener y expandir el control territorial de la estructura en los municipios de Buesaco, Albán, La Unión, Cartago y El Tablón de Gómez.

“Esta operación se desarrolló mediante orden judicial de allanamiento como resultado del trabajo investigativo y operativo coordinado entre las autoridades, logrando frustrar la conformación de una nueva estructura criminal que pretendía expandir su accionar terrorista en más de 13 municipios del norte del departamento (...) Es importante precisar que alias Motor, después de ser presentado ante un juez de control de garantías, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario”, detallaron las autoridades.

La operación criminal de alias Motor formaba parte de la proyección de un grupo autodenominado Frente 21 Urías Rondón. Según la información recopilada por las autoridades, la organización pretendía iniciar confrontaciones armadas con el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN para disputar corredores estratégicos de movilidad y economías ilícitas en el norte del departamento.

De acuerdo con las autoridades, el presunto delincuente sería el responsable de cobros extorsivos, reclutamiento forzado de menores, instalación de retenes ilegales, coordinación de acciones terroristas en la zona de cordillera.

Asimismo, estaría implicado en el combate registrado del corregimiento de Damasco, donde fue asesinado un soldado y seis más resultaron heridos, además de participar en confrontaciones armadas contra el grupo ilegal autodenominado Autodefensas Unidas de Nariño, en hechos donde una institución educativa fue utilizada como trinchera, constituyendo una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

La articulación de la fuerza pública permitió afectar de manera estructural la capacidad armada de la organización. “El Ejército Nacional y nuestra Policía Nacional continuará fortaleciendo las operaciones conjuntas para garantizar la seguridad y la convivencia y tranquilidad de los nariñenses”, finalizaron las autoridades.

Y es que la inseguridad en las carreteras de Nariño ha aumentado debido al accionar criminar de las disidencias de las Farc en el territorio.

Esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han recibido amenazas de disidentes del Estado Mayor Central, liderados por “Iván Mordisco”, que exigen que los escoltas acaten sus reglas en municipios como Ricaurte, Altaquer y Junín.

Los escoltas, encargados de proteger a líderes sociales, han ignorado estas exigencias, lo que llevó a la difusión de panfletos con amenazas y la publicación de placas de los vehículos de la UNP. El comunicado, conocido por Infobae Colombia, advierte que quienes no cumplan las órdenes o colaboren con la Segunda Marquetalia serán declarados objetivo militar, ofreciendo recompensas de entre cinco y ocho millones de pesos por escoltas o líderes sociales.

La inseguridad en las carreteras del país es una de las problemáticas sobre las que más se han registrado denuncias en los últimos meses, principalmente en zonas en las que hay presencia de grupos armados.

Esto no solo afecta a transportadores de carga o ciudadanos del común, puesto que Infobae Colombia recibió la denuncia sobre intimidaciones que están recibiendo esquemas de seguridad de la UNP en Nariño por parte de disidentes del Estado Mayor Central, que son comandados por “Iván Mordisco”.

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La fuente informó que las amenazas comenzaron debido a que los disidentes han exigido que los esquemas de seguridad cumplan con los reglamentos que el grupo armado impone en zonas de la región, como son los municipios de Ricaurte, Altaquer o Junín.

“No se debe circular por la zona, se debe informar lo que hacen, no entrar a las zonas en horas que digan, ellos molestan por cualquier cosa”.

Debido a que los escoltas de la Unidad de Protección Nacional tienen la obligación de proteger a los beneficiarios de los esquemas, que en la región son líderes sociales, estos han hecho caso omiso de las exigencias del grupo armado.

Como respuesta a esa situación, el Estado Mayor Central ha difundido panfletos en los que exponen las placas de las camionetas de la UNP que están incumpliendo sus órdenes.

“Reciban un cordial saludo pueblo ricaurteño y municipios vecinos; nos dirigimos muy respetuosamente a las comunidades indígenas, campesinas, resguardos. El siguiente comunicado en especial es para líderes que no han hecho caso a nuestro llamado a tener diálogos de acuerdo, y nos han venido ignorando. Ante esta situación nos vemos obligados a actuar de la siguiente manera. Los líderes que colaboran con la Segunda Marquetalia, y tienen disidentes de la Marquetalia o colaboradores en varios esquemas. En el siguiente listado incluye a los que no han hecho caso a nuestro llamado al diálogo”, es parte del comunicado en el que se amenaza a los esquemas de seguridad y los líderes protegidos.

En el comunicado se informa que quienes no cumplan con las órdenes de las disidencias, o tengan algún tipo de contacto con miembros de la Segunda Marquetalia, al mando de “Iván Márquez”, tendrán que asumir las consecuencias de los actos violentos en su contra.

“Los mencionados, a partir de hoy, hacer caso a nuestro llamado al diálogo y sacar la gente que colabora con la Marquetalia o no respondemos. De no hacer caso, serán objetivo militar por parte de nuestra organización”.

En el documento se mencionan cifras que van entre los cinco y ocho millones como recompensa por escoltas o líderes sociales, incluyendo el arma de dotación que porten.

“Iniciaremos a actuar lo antes posible; ya nos encontramos en nuestro territorio. Este es el llamado para todo colaborador de la Marquetalia, para que desistan de estar con esa gente, ya que ellos son los causantes de los asesinatos cometidos en el territorio los meses anteriores y se lavan las manos involucrando a otros grupos y quieren ganarse al pueblo con mentiras”, es como concluye el comunicado firmado por los comandantes del frente 37 o Uriol Rondón del Estado Mayor Central.

Al preguntar sobre los municipios mencionados y la protección o acompañamiento que reciben por parte de las autoridades, los denunciantes indicaron que se trata de “zonas en las que no hay ningún soldado, ni un policía. Son sitios que son desolados”.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado respecto a los panfletos que están siendo difundidos desde el 28 de enero en el sur del país.

Desde que se confirmó el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios tras pasar seis meses alejado del fútbol profesional, los fanáticos del fútbol en Colombia se han interesado en poder asistir a los compromisos que disputará “el Tigre” con el equipo Embajador.

A pesar de que en un principio no iba a estar disponible sino hasta la fecha cinco por una sanción que debía cumplir, Millonarios apeló la suspensión y Falcao fue convocado para el compromiso de la fecha tres, en la que su equipo visitará a Deportivo Pasto.

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En juego programado a comenzar sobre las 8:30 p. m. del 28 de enero, debido a la presencia de Falcao, las autoridades en la capital de Nariño han aumentado el personal que estará en el estadio Libertad, además de adelantar varios operativos en las vías de acceso a Pasto.

Así será el operativo de seguridad para el partido entre Pasto y Millonarios

En una atención a medios de comunicación, Nelson Patiño, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pasto, informó que el compromiso entre Deportivo Pasto y Millonarios FC contará con 400 policías para el operativo de seguridad.

El uniformado informó que ha tenido comunicación con las escuelas filiales de Millonarios en Nariño, puesto que, además de los hinchas que llegarán a Pasto desde Bogotá, también hay varios buses que saldrán de municipios aledaños.

“Tenemos coordinación de las filiales de Millonarios en la región y vamos a hacer el acompañamiento. Vienen de 10 a 12 buses entre Bogotá y Popayán. Se tienen dispositivos con policía de carretera en ejes viales, otros con el objetivo de hacer acompañamiento y verificar que no traigan armas”.

El uniformado recordó que en los últimos meses no se han registrado inconvenientes durante partidos del Deportivo Pasto, por lo que hizo un llamado de atención a los asistentes al estadio Libertad para que esto se mantenga así.

“Se harán registros a las personas, se verificará a todos los hinchas, de Millonarios y del Deportivo Pasto. Hemos tenido buen comportamiento; ellos saben que está prohibido el tema de las chapas, de la pólvora; en la tribuna sur y norte no habrá menores de 14 años”.

Será la segunda vez que Falcao juegue en Pasto

Debido a que el regreso de Falcao será en Nariño, en redes sociales han recordado que el primer fracaso del atacante con la camiseta del Embajador fue precisamente enfrentando a Deportivo Pasto.

En esa ocasión, el Embajador viajó al sur del país para afrontar la sexta fecha de los cuadrangulares. Millonarios necesitaba ganar y de esa forma clasificaría a la final del fútbol colombiano, mientras que Atlético Nacional tendría que derrotar a Santa Fe y esperar el final del partido en el estadio Libertad.

En el duelo entre Santa Fe y Atlético Nacional, el Verdolaga se impuso a su rival y se posicionó como líder del grupo, mientras que en Nariño, Millonarios tuvo varias opciones de gol, pero no pudo vencer el arco del equipo volcánico.

Con Leonardo Castro y Radamel Falcao García como titulares, el equipo dirigido en ese momento por Alberto Gamero igualó sin goles ante Deportivo Pasto, dejando sin oportunidad de ser finalista al Embajador.

Lo que fue señalado como un fracaso para los hinchas de Millonarios fue lo que marcó la salida de Gamero de la dirección técnica del club, lugar que fue ocupado por David González.

Esa ha sido la ocasión en la que Falcao estuvo más cerca de llegar a una final del fútbol colombiano y, por ende, de cumplir su sueño, puesto que el atacante ha afirmado que el último reto u objetivo que desea cumplir antes de retirarse es ser campeón con Millonarios.

En la previa del inicio de la tercera fecha de la Liga BetPlay, se ha generado un nuevo debate en el fútbol colombiano luego de que se confirmó que la sanción que tenía Radamel Falcao García no tendrá que ser cumplida en su totalidad.

Cabe recordar que, en la última fecha de los cuadrangulares del primer semestre de 2025, luego de la derrota de Millonarios ante Santa Fe, el delantero samario protagonizó una rueda de prensa en la que afirmó que el arbitraje había perjudicado al equipo azul, motivo por el que la Dimayor lo sancionó con cuatro partidos sin poder competir en el torneo local.

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Debido a que Falcao no fue contratado por ningún equipo en el segundo semestre de 2025, la sanción no ha sido cumplida y, por ende, no ha podido debutar en 2026 con Millonarios.

Gracias al artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, se suspendió la sanción contra Falcao tras cumplir la mitad del castigo y el delantero podrá ser parte del compromiso entre Deportivo Pasto y Millonarios del miércoles 28 de enero del 2026.

Falcao volverá a Pasto más de un año después del fracaso en el estadio Libertad

Debido a que el regreso de Falcao será en Nariño, en redes sociales han recordado que el primer fracaso del atacante con la camiseta del Embajador fue precisamente enfrentando a Deportivo Pasto.

En esa ocasión, el Embajador viajó al sur del país para afrontar la sexta fecha de los cuadrangulares. Millonarios necesitaba ganar y de esa forma clasificaría a la final del fútbol colombiano, mientras que Atlético Nacional tendría que derrotar a Santa Fe y esperar el final del partido en el estadio Libertad.

En el duelo entre Santa Fe y Atlético Nacional, el Verdolaga se impuso a su rival y se posicionó como líder del grupo, mientras que en Nariño, Millonarios tuvo varias opciones de gol, pero no pudo vencer el arco del equipo volcánico.

Con Leonardo Castro y Radamel Falcao García como titulares, el equipo dirigido en ese momento por Alberto Gamero igualó sin goles ante Deportivo Pasto, dejando sin oportunidad de ser finalista al Embajador.

Lo que fue señalado como un fracaso para los hinchas de Millonarios fue lo que marcó la salida de Gamero de la dirección técnica del club, lugar que fue ocupado por David González.

Esa ha sido la ocasión en la que Falcao estuvo más cerca de llegar a una final del fútbol colombiano y, por ende, de cumplir su sueño, puesto que el atacante ha afirmado que el último reto u objetivo que desea cumplir antes de retirarse es ser campeón con Millonarios.

Además del regreso de Falcao, el partido que se disputará en el estadio Libertad también será clave para el futuro del entrenador Hernán Torres, que ha sido criticado por un sector de la hinchada por los últimos resultados.

Cabe recordar que Millonarios no ha logrado sumar triunfos en 2026, puesto que en los dos amistosos que jugó en Argentina perdió ante River Plate e igualó sin goles ante Boca Junior.

En el rentado nacional, en lo que va de la Liga BetPlay, perdió en el debut ante Atlético Bucaramanga en la capital de Santander, y en la segunda fecha cayó 1-2 contra Junior de Barranquilla en El Campín.

A pesar de que la dirigencia de Millonarios ha respaldado públicamente a Hernán Torres, se han generado rumores sobre acercamientos con algunos entrenadores en caso de que el equipo bogotano no gane en Nariño.

El hallazgo de David Nicolás Chamorro, de 19 años, conmocionó a las comunidades de Pasto y Consacá. El joven fue encontrado sin vida tras haber desaparecido durante su travesía a pie por el volcán Galeras, ruta que conecta ambos municipios.

Las labores de búsqueda comenzaron desde la madrugada del domingo 25 de enero de 2026, cuando se reportó su desaparición. El Cuerpo de Bomberos de Pasto asumió el operativo, con respaldo de sus pares de Consacá, enfrentando condiciones climáticas adversas. Las lluvias intensas y el terreno complicado dificultaron cada avance en la montaña.

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El lunes, poco antes del mediodía, los rescatistas localizaron el cuerpo de David Nicolás. Se realizaron los procedimientos judiciales y se notificó a las autoridades para iniciar la investigación correspondiente sobre las causas exactas del accidente.

Según información de los organismos de socorro, que fueron difundidas por medio locales: el joven había iniciado el recorrido en la madrugada del domingo. La combinación de lluvias, escorrentías y la complejidad del terreno habría provocado que se desorientara y sufriera una caída. Alcanzó a comunicar su situación antes de perder contacto.

Desde los equipos de emergencia reiteraron la importancia de la prudencia al transitar zonas de alta montaña, especialmente durante la temporada de lluvias. Las autoridades advirtieron que los riesgos aumentan y subrayaron la inexistencia de convenios activos para la atención de estas emergencias en el departamento de Nariño, expresó La Voz Del Pueblo Noticias Nariño.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes se aventuran por rutas peligrosas y la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y respuesta en entornos naturales de la región.

Desde el Colegio Comfamiliar de Nariño Siglo XXl, expresaron sus condolencias por la muerte de David, que curso sus estudios en la institución:

‎“Si vivimos para el Señor vivimos; y, si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos”. Romanos 14:8. ‎Con gran nostalgia, la familia del Colegio Comfamiliar de Nariño Siglo XXI lamenta el sensible fallecimiento de David Nicolás Chamorro Idrobo, Ex Alumno de nuestro Colegio Generación XXVI".

Además, enviaron un mensaje de apoyo a sus familiares y seres allegados para transitar este desafortunado momento: “‎Oramos por el eterno descanso de David Nicolas y pedimos a Dios que otorgue bienestar y fortaleza para todos sus familiares y allegados. Que descanse en la paz de los hijos de Dios. Amén".

Estas son algunas recomendaciones para transitar por el volcán Galeras durante una excursión:

Recomendaciones generales

• Consulta el estado de actividad volcánica: antes de la excursión, verifica los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano sobre la actividad del volcán. El acceso puede estar restringido en caso de alerta.
• Sigue siempre las indicaciones de los guías y autoridades: solo transita por senderos autorizados y no te desvíes del grupo.
• Equipo adecuado: usa ropa cómoda, impermeable y de manga larga. Lleva botas de montaña, gorra, gafas de sol y protector solar.
• Lleva suficiente agua y alimentos ligeros: mantente hidratado y evita cargar peso innecesario.
• Botiquín personal: incluye medicamentos básicos y los de uso personal.
• Equipo de protección: en caso de actividad volcánica, lleva mascarilla y gafas de protección para evitar inhalar ceniza.
• Evita fumar o encender fuego: el entorno es frágil y puede ser peligroso.

Seguridad y comportamiento

• Respeta la señalización: no cruces zonas restringidas o señalizadas como peligrosas.
• Mantente informado: durante la excursión, escucha atentamente cualquier instrucción o advertencia de los guías.
• No recolectes plantas ni alteres el entorno: protege la flora y fauna local.
• No te acerques al cráter: está prohibido por el riesgo de gases y explosiones.
• Ten a mano un teléfono móvil: asegúrate de tener batería suficiente y señala tu ubicación si es necesario.

Consideraciones adicionales

• No subas si tienes problemas respiratorios o cardíacos: la altura y los gases pueden afectar tu salud.
• Viaja en grupo: nunca recorras la zona solo.
• Revisa el pronóstico del clima: la niebla y la lluvia pueden dificultar la orientación y aumentar el riesgo de accidentes.

Para información actualizada sobre el volcán Galeras, o cualquier otro punto de actividad volcánica en el país, es necesario consultar el sitio del Servicio Geológico Colombiano.

El incremento del nivel del río Iscuandé provocó una emergencia humanitaria en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en la costa pacífica de Nariño, donde centenares de familias resultaron afectadas por inundaciones que causaron daños severos en viviendas del casco urbano y de varias veredas, mientras continúan las lluvias y persisten las dificultades de acceso al territorio.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la magnitud de la situación y solicitó la intervención inmediata de las autoridades departamentales y nacionales para atender a la población damnificada por las precipitaciones y el desbordamiento del afluente, fenómeno que se presenta desde el jueves 22 de enero de 2026 y que ha impactado tanto zonas urbanas como rurales del municipio.

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De acuerdo con la información suministrada por la entidad, al menos 700 familias resultaron afectadas por la destrucción parcial o total de cerca de 1.000 viviendas, situación que ha generado desplazamientos temporales, interrupción de servicios públicos y múltiples necesidades humanitarias aún no atendidas en su totalidad.

Llamado urgente de la Defensoría del Pueblo

En un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo señaló que “urge la intervención inmediata de la Gobernación de Nariño, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y demás entidades del Sistema Nacional y Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres” para responder a la emergencia registrada en Santa Bárbara de Iscuandé.

Según la entidad, el número exacto de personas afectadas aún no ha podido establecerse debido a las complejas condiciones de acceso al territorio y a la persistencia de las lluvias en la parte alta del municipio.

En el reporte también se advierte que entre la población impactada hay personas mayores, niñas y niños, y que existen necesidades perentorias de ayuda humanitaria y de protección a las comunidades, en un contexto en el que los riesgos se mantienen por la continuidad de las precipitaciones.

La Defensoría del Pueblo informó, además, que equipos de la entidad se encuentran en territorio apoyando a la población, verificando la protección de derechos y coadyuvando la solicitud de dosis de sueros por picaduras de serpiente y alacrán, ante el aumento de este tipo de riesgos tras las inundaciones.

Familias desplazadas y falta de atención humanitaria

La emergencia ha obligado a un número mayor de familias a abandonar temporalmente sus viviendas. De acuerdo con la información disponible, alrededor de 1.300 familias de 28 veredas del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé se han visto forzadas a refugiarse en las sedes de los consejos comunitarios o en casas de familiares ubicadas en el casco urbano.

Hasta el momento, estas familias no han recibido atención humanitaria por parte de las entidades de los gobiernos departamental y nacional, situación que ha sido reiterada por autoridades locales y organismos de socorro que permanecen en la zona.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, Onan Fernández, señaló que las familias afectadas requieren con urgencia ayuda humanitaria consistente en alimentos, colchonetas, frazadas, ropa y elementos de aseo, y agregó que hasta el momento no ha llegado ninguna ayuda para atender las necesidades básicas de quienes lo perdieron todo tras el desbordamiento del río.

Autoridades locales reportan daños y colapso de servicios

El alcalde de Santa Bárbara de Iscuandé, Sifredo Barrios Trujillo, reclamó apoyo oportuno y eficiente por parte de los gobiernos departamental y nacional para atender la situación que atraviesa el municipio. Barrios Trujillo informó que el desbordamiento del afluente obligó a la suspensión de los servicios de energía eléctrica y agua potable en varios sectores del municipio.

Asimismo, señaló que las autoridades locales adelantan labores de evacuación prioritaria para adultos mayores, en medio de un escenario complejo para la atención en salud. “Pedimos al gobierno central y al gobierno departamental que por favor nos ayuden en estos momentos, estamos tratando de evacuar a los adultos mayores, el hospital está colapsado por lo que no hay atención en salud”, expresó el alcalde al referirse a las limitaciones actuales para responder a la emergencia.

Durante un evento regional del Gobierno nacional realizado en Tumaco, con la presencia del presidente Gustavo Petro, se registró una intervención que llamó la atención de los asistentes y de quienes seguían la transmisión oficial.

En la tarima, una lideresa social del departamento de Nariño tomó la palabra y expuso inquietudes relacionadas con el funcionamiento del sistema de salud en su territorio. El momento quedó consignado en la señal en vivo difundida por la Presidencia y fue reseñado por Semana.

La intervención se produjo en medio de una jornada institucional liderada por el Ejecutivo en la región. Al dirigirse al público, la vocera comunitaria expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan los habitantes para acceder a tratamientos médicos, así como por el impacto económico que representan los medicamentos en los hogares.

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En su discurso, señaló que la situación genera inquietud permanente en las comunidades, especialmente cuando se trata de enfermedades que requieren tratamientos costosos.

En uno de los apartes de su intervención, la lideresa afirmó sentirse “preocupada” por el elevado precio de los medicamentos. En su mensaje, dijo textualmente: “He dicho yo, hay que trabajar, pero no [nos] podemos aferrar en la coca. Comida, mientras que tenga comida, no hay hambre. Mientras que tenga comida, solamente en el tema de salud podemos estar preocupados porque todo hay que comprar. Medicina cara, cuando la enfermedad que tiene que tomar medicina cara”. Sus palabras fueron escuchadas desde la tarima, bajo la mirada del jefe de Estado.

El mensaje se centró en la relación entre las condiciones económicas de las comunidades y el acceso a servicios básicos. La lideresa hizo referencia a la necesidad de contar con ingresos y alternativas productivas, pero subrayó que, aun cuando se logre garantizar la alimentación, el mayor problema persiste en el ámbito sanitario, donde los costos asociados a tratamientos y medicamentos representan una carga significativa.

Las imágenes del evento mostraron a la lideresa social durante su intervención, mientras el presidente Petro permanecía en el escenario. Según lo registrado en la transmisión oficial, la declaración se dio sin interrupciones y fue recibida por el público presente. La situación fue destacada posteriormente por Semana, que consignó el episodio como parte de la agenda desarrollada en Tumaco el 23 de enero de 2026.

Tras la intervención de la vocera comunitaria, el turno de la palabra correspondió al presidente de la República. En su discurso, el mandatario abordó diversos temas de interés nacional e internacional. Sin embargo, de acuerdo con lo observado en la transmisión, no hizo una referencia directa a la preocupación expresada por la lideresa social sobre el sistema de salud y el costo de los medicamentos.

El discurso del jefe de Estado se extendió por varios minutos y se enfocó en asuntos como la coyuntura diplomática entre Colombia y Ecuador. Petro se refirió a la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer aranceles a productos colombianos y a las implicaciones de esa medida en la dinámica fronteriza. En ese contexto, el presidente anunció instrucciones dirigidas a las autoridades encargadas del control territorial.

Durante su intervención, el mandatario ordenó a las Fuerzas Militares intensificar las acciones contra el contrabando en la frontera con Ecuador. “La orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando. Orden al Ejército, a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y a ustedes. Y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor”, expresó ante los asistentes.

Petro también hizo énfasis en la necesidad de impedir el ingreso de insumos relacionados con esa sustancia al país. En otro fragmento de su discurso, afirmó: “A Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni por ninguna frontera con país extranjero, porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumos del fentanilo, porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”.

El presidente continuó su intervención abordando temas de política internacional. Mencionó la reunión que tiene prevista para el 3 de febrero en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, encuentro que se dará tras un intercambio previo de mensajes entre ambos mandatarios. Al referirse a esa cita, Petro señaló el enfoque que espera darle al diálogo bilateral.

“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear. Pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas”, recalcó el presidente colombiano durante el evento en Tumaco, según quedó registrado en la transmisión oficial reseñada por Semana.

Sobre los argumentos del anunció, a través de su cuenta de X, Noboa justificó esta decisión señalando que las fuerzas armadas ecuatorianas enfrentan a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera sin recibir cooperación por parte de las autoridades colombianas.

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El mandatario también mencionó un déficit comercial anual superior a los 1.000 millones de dólares con Colombia, lo que, según él, agrava la situación. Noboa expresó que esta medida se mantendrá hasta que ambos países logren un compromiso efectivo y coordinado para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, igualando el esfuerzo que Ecuador asegura estar realizando.

Ministro de Defensa de Colombia respondió al presidente del vecino país

Debido a que en el anuncio se mencionó la colaboración que recibe Ecuador para tratar temas ligados al narcotráfico, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, decidió responder a los señalamientos del presidente Noboa.

“Colombia es el principal país en el hemisferio occidental que combate con total vehemencia el narcotráfico y la clave en esta lucha es la cooperación internacional. Con Ecuador, nuestro hermano país, mantenemos una relación supremamente estrecha para combatir este enemigo común”, indicó el ministro cafetero.

Sánchez aseguró que la comunicación incluye canales como la Comisión Binacional Fronteriza y reuniones con mandos regionales, lo que incluye a militares de Perú.

“Fue una reunión tripartita en la cual desarrollamos una mayor estrategia, una mejor estrategia en temas de inteligencia y de operaciones para combatir el crimen. Y también lo hacemos en el ámbito policial a través de Rampol, que significa reunión de altos mandos policiales. Eso nos ha permitido incrementar la ofensiva contra el narcotráfico”.

El ministro deslegitimó las señalaciones al indicar que en la frontera se incautaron 195 toneladas de cocaína durante 2025, además de que en Nariño y Putumayo se llevan a cabo programas de erradicación de cultivos de hoja de coca.

“La lucha contra todos los grupos criminales ha sido contundente, destacando la captura de alias Fede, que sucedió a alias Fito, el principal cabecilla de Los Choneros, y que fue capturado en Medellín el año pasado, después de que se había volado de una cárcel de Ecuador en junio del 2025 pagando sobornos”.

Otro punto mencionado por el ministro de Defensa fue el entrenamiento que han recibido uniformados ecuatorianos en territorio colombiano, por lo que rechazó que se afirme que no ha existido ayuda por parte de las autoridades nacionales.

“La cooperación trasciende también en términos de entrenamiento. Hemos capacitado a alrededor de unos cuatro mil uniformados de la Policía Nacional Ecuatoriana para combatir este crimen. Cualquier afirmación contraria a estos hechos debe ser rechazada, como se hizo en el comunicado conjunto que se elaboró con la Cancillería colombiana para poner la voz clara de Colombia frente a la lucha contra el narcotráfico y específicamente frente a temas de cooperación internacional con nuestro hermano país de Ecuador”.

Por último, Pedro Sánchez, que se encuentra en una gira internacional, ratificó que en estos momentos las autoridades no tienen ningún cese al fuego con grupos armados y aseguró que combatirlos será más sencillo si existe una alianza entre los países vecinos que también padecen las secuelas del narcotráfico.

“Colombia no se rinde y jamás se rendirá en combatir con total contundencia al narcotráfico, y es más fácil si se unen las naciones para que pierdan los criminales”.

Cuatro ciudadanos colombianos fueron detenidos por la Armada y la Policía Nacional mientras transportaban más de 750 millones de pesos.

De acuerdo con información oficial, los sujetos se transportaban en una embarcación que navegaba de manera sospechosa por el río Mejicano, en la vereda Punto Tibio, distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño.

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Así como explicó el teniente coronel de Infantería de Marina Javier Enrique Martínez Herrera, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 40: “En desarrollo de operaciones coordinadas para fortalecer la seguridad en el Pacífico sur colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, logró la captura de cuatro sujetos de nacionalidad colombiana que transportaban una cuantiosa suma dinero sin justificar su procedencia a bordo de una embarcación“.

Los ocupantes intentaron huir al notar la presencia de las autoridades, pero la reacción de los efectivos permitió interceptarlos en el acto.

“Al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes intentaron huir. Sin embargo, gracias a la rápida reacción del personal militar, la embarcación fue interdictada. Durante la inspección, se hallaron en su interior más de 750 millones de pesos colombianos, cuya procedencia no fue justificada”, señaló el oficial.

Al inspeccionar la embarcación, los funcionarios hallaron una suma exacta de 750.050.000 pesos, cuya procedencia no fue aclarada por los detenidos.

Las primeras pesquisas apuntan a que el dinero pertenecería a la comisión Robinson Mosquera del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque “Alfonso Cano”, estructura que mantiene actividades ilícitas en la región, indicaron las autoridades.

Los cuatro capturados, junto con el efectivo incautado, fueron trasladados a instalaciones militares en Tumaco. Allí, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación iniciaron los trámites legales para su judicialización.

La Armada de Colombia destacó que estas acciones buscan “la protección de la población civil y la seguridad del Pacífico colombiano” y destacó el impacto directo que tienen sobre las fuentes de financiación de organizaciones armadas que operan en la zona.

Armada Nacional incautó casi 2 toneladas de cocaína en el Pacífico: fue necesaria ayuda internacional

Un golpe al narcotráfico en el Pacífico Sur colombiano impactó directamente las estructuras financieras de redes criminales, tras la incautación de cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína durante una reciente operación naval.

El decomiso de este cargamento, valuado oficialmente en más de USD 95 millones, representa, según la Armada Nacional de Colombia, una de las mayores afectaciones económicas recientes para estos grupos.

La acción se desarrolló en el marco del Plan Ayacucho Plus, un programa que busca reforzar la seguridad marítima y combatir el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades interceptaron una lancha rápida tipo go fast, tripulada por tres personas, que transportaba la droga en 68 bultos cuidadosamente embalados para dificultar su detección.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó a través de una declaración oficial que la operación permitió “retirar del circuito criminal un volumen de droga equivalente a 32 millones de dosis”.

El proceso no se limitó a la simple intercepción. La persecución y el aseguramiento de la lancha en alta mar resultaron posibles gracias a la coordinación entre instituciones nacionales y organismos de cooperación internacional, según detalló la Armada. Este trabajo conjunto fue fundamental para bloquear rutas de escape y asegurar el éxito de la operación.

Al momento de asegurar la embarcación, la Armada Nacional y el CTI activaron protocolos de actos urgentes para proteger la cadena de custodia de los estupefacientes incautados. Así, se garantizó que el material confiscado quedara bajo resguardo y disposición de la justicia.

El ministro Sánchez destacó: “Cada cargamento interceptado reduce la capacidad del crimen organizado y fortalece la seguridad regional, al tiempo que limita su influencia sobre comunidades y corredores estratégicos”. Para las autoridades, el decomiso no solo simboliza un golpe económico, sino también una barrera al avance del crimen en zonas claves del país.

La captura de los tres ocupantes de la lancha completa el operativo, que según fuentes oficiales, será parte de una investigación más amplia sobre las rutas y socios de las redes narcotraficantes que operan en el litoral Pacífico.

La Policía Nacional de Colombia frustró el transporte de 2,2 toneladas de marihuana al interceptar un furgón en la ruta entre Rumichaca y Pasto, en jurisdicción de Tangua, departamento de Nariño.

La operación dejó a una persona capturada y un vehículo inmovilizado, evidenciando el uso de la modalidad conocida como “kamikaze” por estructuras criminales para movilizar grandes cargamentos de droga.

La modalidad, según explican las autoridades, implica que el conductor asume todo el riesgo de la operación, sin escoltas ni apoyo externo. “En estos casos, el transportador sabe que, si es detenido, la organización no intervendrá para rescatarlo”, puntualizan los responsables de la investigación.

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El cargamento decomisado fue valorado en $416 millones, y su incautación evitó la circulación de unas 4.774.000 dosis en el mercado ilegal, de acuerdo con la información oficial de la Dirección de Tránsito y Transporte.

El conductor capturado, quien no tenía antecedentes judiciales, declaró que recibió $3 millones por el traslado del estupefaciente. Los investigadores determinaron que la ruta iniciaba en Piendamó (Cauca), pasaba por Ipiales y buscaba cruzar hacia Ecuador, transitando el 18 de enero a las 6:40 p. m. por el peaje de Cano, en Chachagüí.

“Este resultado operativo refleja el compromiso permanente de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el narcotráfico”, resaltó la brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de la dependencia.

La oficial remarcó que los corredores viales estratégicos siguen siendo prioridad debido a su uso frecuente por bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

“Continuaremos fortaleciendo los controles, la inteligencia y la presencia institucional en las vías nacionales, con el propósito de proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, afirmó Blanco Romero. Añadió que la meta es “cerrarles el paso a quienes pretenden utilizar nuestras carreteras para actividades ilícitas”.

Los agentes destacan que los vehículos empleados suelen ser de servicio público o de carga, circulando en horarios convencionales y por rutas habituales para no levantar sospechas. El conductor, en muchos casos, desconoce la identidad de los cabecillas o el resto de la organización, limitándose a cumplir su función como transportador.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que afecte la legalidad y la seguridad en las carreteras, asegurando que “la colaboración ciudadana es fundamental para enfrentar el flagelo del narcotráfico en Colombia”.

Incautaron más de 9 kilos de marihuana en bodega de una empresa de mensajería en Bogotá

El decomiso de más de nueve kilos de marihuana en bodegas de mensajería en el sector de Montevideo dejó en evidencia las estrategias que emplean las organizaciones para transportar sustancias ilegales por tierra en Colombia.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que los controles en empresas de encomiendas han permitido interceptar cargamentos camuflados con materiales como plástico y látex, en un intento por confundir a los perros entrenados.

Según la institución, los caninos Kala y Lastra identificaron una caja sospechosa que, al ser abierta, reveló 7.600 gramos de marihuana con destino a la ciudad de Tunja. En una segunda inspección realizada en el mismo operativo, otros perros K9 encontraron 1.900 gramos adicionales de la misma droga, esta vez en un paquete dirigido a Barranquilla.

La Policía subrayó que estos hallazgos forman parte de una ofensiva constante contra el tráfico de drogas mediante rutas terrestres. En palabras de la institución, “en lo que va del año 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá ha incautado más de 116.690 gramos de marihuana”, cifra que demuestra la magnitud del fenómeno.

Las autoridades enfatizaron que los controles en empresas de mensajería terrestre son fundamentales, ya que los traficantes suelen utilizar estos canales para burlar la vigilancia convencional. El objetivo, según la Policía, es reducir la llegada de estupefacientes a distintos puntos del país y proteger a las comunidades que podrían verse afectadas por estos envíos ilícitos.

Tropas adscritas a la Brigada 23 del Ejército Nacional de Colombia anunciaron la detención de un hombre identificado como alias Caballo, señalado jefe del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Nariño.

Según el reporte oficial, la detención se realizó en la ciudad de Ipiales, sur del departamento de Nariño, como parte de un operativo dirigido a desarticular actividades criminales en la región.

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Las autoridades militares recalcaron que la operación permite “disminuir y afectar su capacidad de recolección de las rentas ilícitas producto de la extorsión”.

Según la investigación recopilada por la institución castrense, este hombre sería el responsable de ordenar una serie de asesinatos, extorsionar y reclutar personas tanto en Colombia como en Ecuador.

Además, estaría detrás del desplazamiento forzado de aproximadamente 250 personas de sus hogares, especialmente en el corregimiento de Monopamba y la vereda El Verde, en el municipio de Puerres, por enfrentamientos con otros grupos delictivos.

“Alias Caballo era el encargado de ordenar asesinatos selectivos, extorsionar y reclutar personal para conformar la estructura criminal en Colombia y Ecuador”, explicó el Ejército en un comunicado.

En cuanto a los combates registrados, los registros oficiales señalan que se iniciaron en septiembre de 2025, con el desplazamiento masivo de 159 habitantes y el confinamiento de 557 personas en zonas rurales de Puerres.

Un mes después (octubre de 2025), funcionarios de la Gobernación de Nariño lograron acceder a las áreas afectadas, brindando acompañamiento y atención humanitaria a más de 240 familias de Monopamba.

Por el momento, alias Caballo fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

“Con este resultado se afecta contundentemente el accionar delictivo de este grupo, debilitando el mando y control de la comisión que pretendía expandirse en el suroriente del departamento; además se reduce su capacidad de recolección de las rentas ilícitas producto de la extorsión”, añadió la institución.

Capturan a alias Quevedo, cabecilla de Los Choneros AK47 de Ecuador

La detención de alias Caballo se suma a otras operaciones realizadas por las Fuerzas Militares para contrarrestar las acciones criminales de los grupos al margen de la ley en el territorio colombiano.

Ese es el caso de Jean Carlos Marcillo Bravo, conocido como alias Quevedo y señalado como líder del grupo Los Choneros AK47, que fue capturado en un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y Ecuador.

El operativo se adelantó en la zona rural de Chachagüí (Nariño), en el desarrollo de la Operación Binacional Zeus 2, resultado del trabajo articulado bajo el acuerdo binacional vigente entre ambos países.

“Colombia no es ni será territorio de refugio para delincuentes, ratificando la capacidad institucional del Estado colombiano y la cooperación binacional para perseguir, ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan evadirla”, indicó el teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, subcomandante del Departamento de Policía Nariño.

De acuerdo con los organismos de seguridad, Marcillo Bravo dirigía y coordinaba actividades criminales desde territorio colombiano, afectando distintas provincias ecuatorianas y siendo responsable directo de la logística transfronteriza, así como del abastecimiento de armamento.

Para eludir a las autoridades, empleaba mecanismos de ocultamiento como el alquiler temporal de fincas en zonas rurales. La Interpol lo requería a través de una circular azul por delitos de concierto para delinquir, hurto y extorsión.

El operativo concluyó con la entrega de Marcillo Bravo a las autoridades ecuatorianas tras los trámites migratorios correspondientes. La policía de Colombia calificó la detención como un avance estratégico en la lucha contra las organizaciones delictivas de alcance internacional.

Los Choneros AK47, organización relacionada con homicidios y masacres en Los Ríos, había sido objeto de seguimiento mediante investigaciones judiciales que permitieron determinar el ingreso irregular de alias Quevedo a Colombia en noviembre de 2025.

La estructura desmantelada está implicada en al menos 21 homicidios en la provincia de Los Ríos, en un contexto de disputas entre bandas por el control de economías ilegales, fenómeno que explicaría el 85% de las muertes violentas en Ecuador según las cifras oficiales.

Las autoridades lograron la incautación de aproximadamente 50 kilos de marihuana, cinco gramos de bazuco, 221 cartuchos calibre 5.56 milímetros y material explosivo en el corredor vial Rumichaca–Pasto, en el municipio de Ipiales, al sur de Nariño.

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El operativo se realizó como parte de un plan candado desplegado por la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control territorial en los principales corredores viales.

Durante la intervención, los uniformados ubicaron un vehículo automotor en cuyo interior hallaron los estupefacientes, la munición y elementos explosivos, entre los que se encontraban cordón detonante, mecha rápida y una barra de Indugel.

Según la información proporcionada por la comunidad, la reacción inmediata de las patrullas policiales permitió impedir que estos materiales fueran utilizados para la comisión de delitos.

El coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del Departamento de Policía Nariño, explicó en declaraciones recogidas por el área de prensa de la policía que el éxito del operativo se debió a los controles estratégicos y a la colaboración ciudadana.

“Este resultado es producto del compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres policías, quienes, a través de controles estratégicos en las vías del departamento, logran contrarrestar amenazas que ponen en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos. Con esta incautación evitamos posibles afectaciones a la población y reafirmamos nuestra lucha frontal contra el crimen organizado”, señaló el oficial.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho que afecte la tranquilidad y el bienestar en la región, destacando la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades en el fortalecimiento de la seguridad en Nariño.

Atacan con arma de fuego vehículo oficial de la Gobernación de Nariño tras jornada minera en La Llanada

Un vehículo adscrito a la Gobernación de Nariño fue atacado con arma de fuego la tarde del sábado 17 de enero, después de concluir una jornada institucional en el municipio de La Llanada, en el norte del departamento. En el automotor se transportaba la subsecretaria de Minas, quien resultó ilesa pese a que uno de los disparos impactó uno de los vidrios de la camioneta oficial.

El ataque ocurrió pasadas las 4:00 p. m., cuando una caravana conformada por al menos 15 vehículos regresaba hacia la ciudad de Pasto tras participar en actividades relacionadas con el lanzamiento del programa de creación de la promotora minera.

Esta iniciativa busca organizar y formalizar la actividad minera en los 64 municipios de Nariño, con énfasis en el ordenamiento y la legalidad en zonas donde persiste la minería informal e ilegal.

Las autoridades investigan si el atentado tenía como objetivo al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, debido a que el vehículo atacado es similar al que utiliza habitualmente el mandatario en sus desplazamientos por la región.

Sin embargo, funcionarios de la administración departamental informaron que Escobar no se movilizaba en ese automotor al momento de los hechos. Según la información oficial, el gobernador había tomado una ruta alterna por recomendación de su esquema de seguridad, mientras que parte de la comitiva regresó por el trayecto habitual.

Voceros de la Gobernación señalaron que los disparos se produjeron sin que se identificara el punto exacto desde donde fueron efectuados, lo que llevó a los conductores a acelerar la marcha para salir de la zona y proteger la integridad de los ocupantes.

Previo al ataque, Escobar, junto a su equipo, había realizado una visita a minas de explotación aurífera en La Llanada como parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la formalización y el desarrollo legal del sector minero en Nariño. Desde la Gobernación precisaron que el desplazamiento buscaba avanzar en la creación de una promotora minera público-privada, articulada con los procesos de ordenamiento territorial y desarrollo económico regional.

Tropas adscritas a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, fueron rodeadas por un grupo numeroso de civiles en zona rural del municipio de El Rosario, en el departamento de Nariño, de acuerdo con información oficial divulgada y recogida por Caracol Radio.

El hecho ocurrió en la vereda La Esmeralda, donde soldados pertenecientes al Batallón de Despliegue Rápido N.º 6 adelantaban labores en el marco de la Operación Cordillera, una acción militar desarrollada en distintos puntos del suroccidente del país. Según el reporte institucional, durante estas actividades se presentó la intervención de habitantes del sector.

De acuerdo con el Ejército, alrededor de 400 personas cercaron a los uniformados e intentaron impedir su movilización y reposicionamiento dentro del área.

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La institución señaló que la situación se registró mientras las tropas cumplían tareas asignadas dentro de la operación, sin que se reportaran enfrentamientos armados durante el episodio.

La Tercera División explicó que, ante el escenario presentado, se activaron protocolos de diálogo y coordinación interinstitucional. En ese contexto, se establecieron canales de comunicación con representantes de la comunidad y con autoridades civiles del municipio y del departamento, con el fin de manejar el incidente sin afectar a la población.

Según el Ejército, “se llevó a cabo comunicación asertiva con los líderes de la comunidad, la Personería Municipal, delegados de la Gobernación de Nariño y el Ejército Nacional, logrando la liberación y posterior movilización del personal militar hasta un sector seguro, sin afectar los derechos de la población civil”. Ese procedimiento permitió que los soldados continuaran su desplazamiento fuera del área donde se había presentado el cerco.

Las autoridades militares indicaron que, una vez superada la situación, el personal fue trasladado a un punto considerado seguro, donde se verificó el estado de los uniformados. No se informaron heridos ni daños materiales asociados a este hecho, de acuerdo con el reporte entregado por la institución.

La Tercera División del Ejército señaló además que lo ocurrido fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Este trámite, precisó la institución, se realizó dentro de los parámetros legales vigentes y bajo los principios de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En su comunicación, el Ejército reiteró que las operaciones militares en el departamento de Nariño continuarán desarrollándose conforme al mandato constitucional. En ese sentido, indicó que las acciones buscan atender las condiciones de seguridad en la región, donde se han reportado diferentes dinámicas asociadas al orden público.

La institución también hizo un llamado dirigido a las comunidades para evitar acciones que interfieran con el desarrollo de las operaciones. En su pronunciamiento, solicitó “no incurrir en conductas que obstaculicen las operaciones militares, las cuales buscan proteger a la población y neutralizar las amenazas en el departamento de Nariño”.

El Ejército explicó que la presencia de tropas en zonas rurales responde a disposiciones operacionales definidas por el alto mando, en coordinación con otras autoridades del Estado. Estas acciones se enmarcan dentro de planes diseñados para mantener condiciones de seguridad y convivencia en territorios donde se registran factores de riesgo.

Asimismo, la institución indicó que el diálogo con las comunidades hace parte de los lineamientos establecidos para el desarrollo de operaciones, especialmente en áreas con presencia de población civil. En ese contexto, destacó la participación de la Personería Municipal y de delegados de la Gobernación de Nariño durante la atención de la situación reportada en El Rosario.

El episodio registrado en la vereda La Esmeralda se suma a otros hechos recientes ocurridos en distintas regiones del país, donde las autoridades han señalado la importancia de la coordinación entre fuerza pública, entidades civiles y comunidades locales para el manejo de situaciones relacionadas con el orden público.

Las autoridades militares reiteraron que cualquier actuación de sus tropas se rige por los principios constitucionales y legales, y que los procedimientos de verificación y reporte ante las autoridades correspondientes hacen parte de los mecanismos institucionales previstos para este tipo de casos.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, denunció la existencia de un plan para atentar contra su vida, tras recibir una alerta de inteligencia el 31 de diciembre. Durante la cumbre de gobernadores, Escobar señaló que no se conoce aún la autoría de la amenaza y que las autoridades judiciales investigan el caso.

El mandatario explicó, en diálogo con Caracol Radio, que no descarta un posible vínculo entre este nuevo intento de atentado y el proceso de paz territorial que se impulsa en la región.

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La alerta motivó el refuerzo de las medidas de seguridad que ya tenía Escobar debido a amenazas previas.

Entre las acciones que promueve el gobernador se destacan la sustitución de cultivos ilícitos y la formalización de la minería en Nariño. De acuerdo con cifras mencionadas por Escobar, el departamento ha sustituido más de 20 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, un avance significativo dentro de los esfuerzos de paz regional.

“Nosotros no sabemos a quién le incomoda el trabajo que pueda estar haciendo el gobernador en materia de construcción de paz, pero ustedes saben que hemos avanzado de manera importante en este departamento en la sustitución de más de 20 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, no sé a quién le molesta que formalicemos la minería en Nariño”, afirmó Escobar en diálogos con el medio mencionado.

La Federación Nacional de Departamentos expresó públicamente su preocupación por la seguridad de Escobar. Solicitó que se refuercen de inmediato las medidas de protección y exigió a las autoridades adoptar acciones ágiles para garantizar la integridad del gobernador y la estabilidad institucional en Nariño.

Mientras la investigación sobre el origen de la amenaza avanza, las autoridades priorizan la seguridad del mandatario y la identificación de los responsables.

Escobar mantiene su compromiso con las políticas de transformación en Nariño, consciente de que los cambios promovidos pueden generar resistencia entre quienes resultan afectados por las nuevas iniciativas.

El gobernador de Nariño rechaza el regreso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, objetó el posible retorno del glifosato aplicado con drones para la erradicación de cultivos ilícitos durante una entrevista con W Radio, al tiempo que presentó cifras de avance en la sustitución voluntaria en la región.

Escobar identificó la insuficiencia de recursos como un obstáculo principal, al subrayar la necesidad de aprobar presupuestos nacionales para abordar un proceso integral de sustitución. Según explicó, el departamento registra 65.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, y cuestionó qué opciones tendrían las comunidades si no existe respaldo financiero suficiente para apoyarlas.

El mandatario señaló que el modelo impulsado en Nariño prioriza el abandono voluntario de la coca, actualmente con 20.000 hectáreas bajo esquemas de sustitución en coordinación con las comunidades. Aclaró que los programas existentes se consideran “blindados”, refiriéndose a esta misma extensión de tierra ya comprometida, pero admitió que persisten áreas sin claridad sobre futuras medidas.

Escobar recordó el lanzamiento de proyectos que articularon sustitución e inversiones en infraestructura, con la presencia del presidente en la vereda Pumbilás del municipio de Roberto Payán. Precisó que se prevé la sustitución adicional de 5.000 hectáreas a partir de la percepción de que el cultivo de coca ha dejado de ser rentable.

Consultado sobre la respuesta de organizaciones armadas como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur, el gobernador aseguró que existe un acuerdo donde la agrupación no interfiere en el avance de los programas comunitarios.

Al comparar mecanismos, el gobernador contrastó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), con 17.000 hectáreas pactadas bajo gobiernos anteriores, particularmente en Tumaco, con el modelo vigente, que, según sus declaraciones, superó esa cifra y cuenta con acompañamiento institucional.

Escobar enfatizó que no comparte el uso de glifosato en el caso de Nariño: “Lo que creo que estamos haciendo aquí es un modelo y un ejemplo en donde se avanza en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito”, declaró en respuesta al debate sobre el impacto de la aspersión aérea en los acuerdos con las comunidades.

La aprehensión se realizó en la zona rural de Chachagüí (Nariño), en el desarrollo de la Operación Binacional Zeus 2, resultado del trabajo articulado bajo el acuerdo binacional vigente entre ambos países.

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Entre las instituciones que participaron en el operativo se destaca la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional de Colombia, Migración Colombia y la Policía Judicial del Ecuador.

Así se ejecutó el operativo que logró la captura de alias Quevedo

El operativo, desarrollado durante dos diligencias de allanamiento y registro, logró ubicar a Marcillo Bravo, que se encontraba prófugo de la justicia ecuatoriana y era requerido mediante circular azul de Interpol por delitos de concierto para delinquir, hurto y extorsión.

De acuerdo con las autoridades, el presunto delincuente coordinaba y ordenaba actividades criminales desde territorio colombiano hacia distintas provincias ecuatorianas.

Las investigaciones judiciales permitieron establecer que alias Quevedo ingresó al país en noviembre de 2025, usando modalidades de ocultamiento como el alquiler temporal de fincas para evadir a las autoridades.

Alias Quevedo era considerado individuo de interés penal relevante y cabecilla principal de la organización, responsable de la logística transfronteriza y operaciones de alto impacto, además del abastecimiento de armamento.

De manera paralela, la Operación Zeus 2 se desarrolló simultáneamente en Colombia y Ecuador, permitiendo la desarticulación de Los Choneros. En Ecuador, se ejecutaron 21 allanamientos y se capturó a 15 personas, mientras que la detención de Marcillo Bravo en Colombia fue considerada uno de los resultados más relevantes del operativo, de acuerdo con las autoridades.

Una vez concluidos los trámites migratorios, Jean Carlos Marcillo Bravo fue entregado en buen estado de salud a las autoridades ecuatorianas, que materializaron la orden de captura vigente en su contra.

Finalmente, el teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, subcomandante del Departamento de Policía Nariño, declaró a la prensa que este resultado “envía un mensaje claro y categórico: Colombia no es ni será territorio de refugio para delincuentes, ratificando la capacidad institucional del Estado colombiano y la cooperación binacional para perseguir, ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan evadirla”.

La Policía Nacional calificó la captura como un golpe estratégico al crimen organizado transnacional, destacando la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso institucional con la seguridad regional.

Detalles de las capturas en Ecuador

La operación ejecutada en Ecuador culminó con la detención de 15 personas, entre ellas un cabecilla de la estructura criminal, organización relacionada con homicidios y masacres en la provincia de Los Ríos, según informó el Ministerio del Interior de Ecuador.

El operativo fue encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, tras seis meses de investigaciones y con el despliegue de 200 servidores policiales de unidades tácticas, Criminalística, la Fiscalía General del Estado.

En Ecuador, se realizaron 21 allanamientos que permitieron la detención de 15 integrantes del grupo, incluido alias Reni, segundo al mando después de alias Quevedo.

Las intervenciones se concentraron en las provincias de Guayas, Los Ríos, Carchi y Manabí, e incluyeron cuatro centros de rehabilitación social. Las autoridades vinculan a esta célula con al menos 21 homicidios en Los Ríos, en el contexto de la disputa entre bandas por economías criminales, un fenómeno que explicaría el 85% de las muertes violentas en el país. Todos los aprehendidos serán trasladados a la cárcel del Encuentro, considerada la más segura de ese país.

Daniel Josué Zambrano Cáceres fue condenado a 45 años de prisión por un juez penal de conocimiento en Boyacá tras aceptar su responsabilidad en el abuso sexual y homicidio de una menor de 9 años identificada como Laura Valentina Páez, en un caso que conmocionó a todo el país.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado la Fiscalía General de la Nación la mañana del miércoles 14 de enero de 2025.

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Los hechos ocurrieron el 16 de enero de 2025, cuando Zambrano Cáceres abordó a la niña en vía pública y la trasladó en un vehículo hasta el municipio de Nariño (Boyacá), donde la agredió sexualmente y la asfixió.

Según el informe de la Fiscalía Seccional Boyacá, el condenado intentó ocultar el crimen arrojando el cuerpo de la víctima a las aguas del río Minero.

Las autoridades encontraron y recuperaron el cuerpo cinco días después, el 21 de enero.

Durante la investigación, el vehículo implicado fue ubicado en un taller de latonería y pintura al que había sido llevado por Zambrano Cáceres.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con la Sijin de la Policía Nacional, recolectaron evidencias en el automotor, incluyendo fluidos biológicos y otros elementos que fueron examinados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La condena se impuso por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo, y además de la pena de prisión, el hoy procesado se enfrenta a una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La sentencia quedó en firme dado que las partes no presentaron recursos en contra del fallo, menciona el documento oficial por parte del ente investigador.

Qué se sabía del caso: el proceso que abrió la Fiscalía por el feminicidio de la niña de 9 años en Boyacá

A mediados de marzo de 2025 la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por feminicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años a Daniel Josué Zambrano Cáceres, señalado como el responsable del asesinato de Laura Valentina Páez, una niña de nueve años desaparecida en Chiquinquirá.

El proceso judicial avanzó luego de la aceptación de los hechos por parte del acusado.

El organismo investigador informó que Zambrano Cáceres, que permanecía privado de la libertad desde ese entonces, enfrenta ahora cargos adicionales gracias a nuevas pruebas presentadas durante una de las audiencias.

La investigación reveló que el acusado interceptó a Laura Valentina Páez en una vía pública de Chiquinquirá y, mediante engaños, la subió a un vehículo para llevársela hasta el municipio de Nariño, en el mismo departamento.

Las autoridades establecieron que Zambrano Cáceres abusó sexualmente y causó la muerte a la menor, cuyo cuerpo fue encontrado el 21 de enero en el río Minero, jurisdicción de Pauna.

Según la Fiscalía dentro del reporte que se mencionó en aquel momento, la confesión del acusado incluyó detalles sobre el traslado y el destino final de la víctima.

El cuerpo de la niña fue hallado en la zona de Travesía Otro Mundo, punto que conecta los municipios de Otanche y Pauna en Boyacá con Florián, en Santander.

El hallazgo coincidió con la versión entregada por Zambrano Cáceres, que admitió haber arrojado el cuerpo al afluente.

El caso salió a la luz el 16 de enero, cuando la familia denunció la desaparición de la menor, y en las primeras imágenes del presunto responsable se difundieron el 20 de enero.

Esto aceleró el proceso de captura y las audiencias judiciales, y por todo lo anterior la comunidad local expresó su indignación y exigió una sanción ejemplar para el acusado.

Las cifras dan cuenta de la realidad que atraviesan las mujees en Colombia, luego de que en noviembre de 2025 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que las niñas y adolescentes mujeres conforman el grupo más afectado por la violencia en Colombia.

Entre 2019 y 2025, la entidad inició 137.607 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (Pard) por hechos de violencia contra menores de 18 años, de los que 111.488 correspondieron a víctimas femeninas.

El informe detalla que las mujeres menores de edad sufren distintos tipos de violencia, entre ellas sexual, física, psicológica, trata y explotación sexual comercial (Escnna), así como violencia feminicida.

La violencia sexual constituye la principal causa de ingreso a los procesos de restablecimiento de derechos: en el periodo señalado se registraron 97.494 ingresos, lo que representa el 85,7 % de las niñas y adolescentes mujeres atendidas.

El Carnaval de Negros y Blancos en Pasto (Nariño) constituye una de las celebraciones culturales más emblemáticas del país, destacándose por la creatividad, talento y la dedicación de los artesanos que año tras año transforman las calles de la ciudad en un escenario de color y arte monumental.

Sin embargo, los artesanos enfrentan cada año una realidad compleja: el costo de las carrozas ganadoras supera ampliamente los premios entregados por Corpocarnaval, dejando a los creadores con un balance económico desfavorable a pesar del reconocimiento obtenido en el desfile principal del 6 de enero.

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El trabajo de meses y el sacrificio de los principales protagonistas de la fiesta se traduce en un esfuerzo que no resulta rentable, aunque “todo lo hacen por el amor al arte y su aporte incondicional al carnaval”.

La carroza ganadora de la edición más reciente, Indomable mujer guerrera, fue creada por Óscar Fernando Ruano Luna, artesano y cultor del carnaval de 44 años, que compartió su satisfacción por el logro alcanzado, sin ocultar las dificultades financieras.

“Por fin pudimos sacar Indomable mujer guerrera después de muchos años queriéndola hacer; es porque estamos aquí, porque existimos”, expresó Ruano Luna en declaraciones citadas por El Tiempo, destacando que su obra no fue producto de la improvisación sino de una idea largamente planeada.

El significado de la carroza, según sus palabras, es “un mensaje muy sentido a la mujer, a la belleza de todas las mujeres, a mi esposa y mi abuela, que son las mujeres que me tienen aquí en el carnaval”.

Ruano Luna detalló que la inversión total para la creación de su carroza ascendió a $118 millones, mientras que el premio al primer lugar fue de $45 millones. “El premio que otorga Corpocarnaval es inferior frente a la inversión que implicó su obra de arte en la que trabajó con su equipo más de cinco meses”, explicó al medio citado.

Ante la brecha económica, el artesano sostuvo que el reconocimiento recibido podría abrir nuevas oportunidades: “Ese reconocimiento también significa que se le van a abrir muchas puertas al taller que él orienta en la ciudad de Pasto”. Ahora, Ruano Luna espera recuperar parte de la inversión con la venta o alquiler de las figuras y mediante invitaciones a otros eventos en el país.

El segundo lugar fue para Anthony Zarama Santacruz con la carroza Carnaval de Negros y Blancos. Zarama confesó que la inversión para su obra osciló entre $160 y $180 millones, una cifra muy elevada en comparación con el premio económico recibido.

“No se podrá [recuperar la inversión], pero me queda la gran satisfacción del deber cumplido. Desde niño comencé y ahora este es el sueño hecho realidad”, afirmó el artesano, que enfatizó que la pasión por el carnaval es el principal motor de su trabajo, a pesar de las pérdidas económicas.

Una situación similar vive Edwin Fernando Ramos, que quedó en el quinto puesto con la carroza Sobreviviendo. Ramos indicó que el costo de su obra fue de alrededor de $150 millones, mientras que el premio recibido por su puesto fue de solo $20 millones.

“Ahora vienen muchos eventos, en otras ciudades empiezan los carnavales, para todos los artistas siempre será una gran ventana estar en el desfile en la ciudad de Pasto”, señaló, haciendo énfasis en que la visibilidad del evento es fundamental para acceder a nuevas oportunidades laborales, aunque el desembolso inicial no se recupere con el galardón.

Por su parte, Holman Darío Cabrera, responsable de la carroza Somos Nariño, ubicada en el cuarto puesto, invirtió cerca de $90 millones y recibió 25 millones como premio.

Cabrera destacó el valor de la trayectoria y las experiencias obtenidas gracias al carnaval: “Gracias al carnaval he podido conocer distintas ciudades, hemos estado en el Ecuador, allá nos contratan trabajos escultóricos, ahora esperamos alguna invitación de las otras festividades que se realizan en Colombia”.

Aunque el evento sigue siendo un espacio de creatividad y reconocimiento, el desequilibrio financiero obliga a los artistas a buscar alternativas para sostener sus talleres y continuar participando.

La designación de Juan David Correa como nuevo negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con Comuneros del Sur marca una importante etapa en uno de los procesos más avanzados dentro de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

La decisión quedó oficializada mediante la resolución firmada el 22 de diciembre de 2025, en la que el mandatario nombró al exministro de Cultura y escritor como delegado del Ejecutivo para las conversaciones con esta estructura armada, que desde mayo de 2024 se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y opera principalmente en Nariño.

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El cambio de delegado se produjo tras la renuncia de Clemencia Carabalí, lideresa social y defensora de derechos humanos, que integró la delegación gubernamental desde la instalación de la mesa en septiembre de 2024.

Según el documento oficial que modificó la Resolución 369 de 2024: “Que la ciudadana Clemencia Carabalí Rodallega presentó su renuncia a dicha designación. Como consecuencia, es necesario realizar una nueva delegación que la reemplace como representante del Gobierno nacional y con carácter de miembro del equipo negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado organizado al margen de la ley autodenominado Comuneros del Sur”.

Correa, que había dejado el Ministerio de las Culturas el 5 de febrero por presuntos desacuerdos por el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, se integra así al equipo conformado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Andrei Giovani Gómez y Pablo Francisco Pardo.

Gobierno nombró 10 gestores de paz de Comuneros del Sur

El proceso con Comuneros del Sur ha logrado avances significativos, a diferencia de otros frentes de la política de paz total.

En noviembre de 2025, la consulta previa para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) se cerró oficialmente en el resguardo indígena Gran Mallama, en Nariño, convirtiéndose en el primer territorio del país en culminar este tipo de procedimiento para concentrar a miembros de un grupo armado durante su tránsito hacia la vida civil. Comuneros del Sur también fue la primera estructura ilegal que entregó material de guerra en la administración de Petro.

Y es que el Gobierno le “metió acelerador” a este proceso al nombrar 10 gestores de paz mediante la Resolución 470 del 22 de diciembre de 2025, buscando firmar un acuerdo de fin de conflicto antes del 7 de agosto de 2026.

Entre los designados figuran Raúl Demetrio García Guanga, vinculado al asesinato del líder indígena Yonis Orfilio García Nastacuas; Arely Carvajal Martínez, señalada de manejar operaciones insurgentes en Arauca y Casanare; Severo Saavedra Benavides, alias Óscar Nobles, identificado como jefe guerrillero del ELN en el sur de Bolívar; y Euser David García Suárez, alias Correcamino, acusado de varios delitos, junto a otros seis nombres.

La ley permite al presidente suspender penas o medidas de aseguramiento y otorgar beneficios penales a miembros de grupos armados con los que se logren acuerdos humanitarios, siempre que actúen como gestores de paz y cumplan con obligaciones judiciales.

Comuneros del Sur, dirigido por Gabriel Yepes Mejía, alias HH, mantiene presencia en la cordillera nariñense, especialmente en el sector de Los Abades, y ha logrado sostener hasta ocho mesas de negociación simultáneas. Yepes Mejía encabeza las conversaciones tras la suspensión por parte del presidente Petro de su orden de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

La negociación territorial se concentra en municipios como Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego, Santacruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor.

Hasta la fecha, las delegaciones han alcanzado 11 acuerdos, entre ellos la creación de la ZUT, que tendrá una duración de un año a partir de su vigencia administrativa. Este mecanismo permitirá que cerca de 100 integrantes del grupo inicien su transición hacia la vida civil, incluyendo compromisos en búsqueda de desaparecidos, sustitución de cultivos, desminado humanitario y aportes a la verdad.

En una operación conjunta cerca de la costa de Tumaco, en el departamento de Nariño, las autoridades colombianas capturaron a tres hombres tras descubrir que transportaban más de dos toneladas de cocaína camufladas en una embarcación.

Según información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los detenidos son ciudadanos ecuatorianos identificados como: Nelson Stalin Macías Echandía y Cristhian Stalin Tuarez Hernández, junto con el colombiano Danilo Ruíz Montaño. El procedimiento contó con la participación de unidades de la Armada Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se produjo cuando lanchas de la Armada interceptaron la embarcación sospechosa en aguas cercanas a Tumaco. Al ser requeridos por las autoridades, los tres tripulantes aseguraron que transportaban una carga de mariscos.

No obstante, la inspección permitió hallar 146 bultos con más de 2.900 paquetes rectangulares impregnados de café, los cuales fueron sometidos a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph). El resultado arrojó positivo para cocaína, con un peso neto de 2 toneladas y 912 kilos, con base en los datos suministrados por el ente investigador.

Los tres hombres evitaron aportar información sobre el destino de la droga, lo que llevó a su captura en flagrancia. La embarcación, junto a los detenidos y la carga ilícita, fue remolcada hasta la base de la Infantería de Marina en Tumaco.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron un paquete con cocaína rosada, una batería Icom con cargador y un equipo satelital, elementos que fueron puestos a disposición de los investigadores. La inspección de la nave resultó clave para el hallazgo del cargamento debido al camuflaje con café.

La Fiscalía presentó a los capturados ante un juez de control de garantías. Un fiscal seccional en Tumaco los imputó por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Los tres implicados no aceptaron los cargos durante las audiencias concentradas y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

De acuerdo con la entidad acusadora, la incautación representa uno de los decomisos más relevantes en el área costera de Nariño en los últimos meses. Las autoridades no revelaron detalles sobre el posible destino internacional o local de las más de dos toneladas de cocaína incautadas.

Por otra parte, la operación dejó en evidencia la utilización de métodos de camuflaje sofisticados, como la impregnación de café en los paquetes, una estrategia detectada en varias incautaciones recientes por la Armada Nacional.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la ruta y los responsables detrás del cargamento, mientras los tres detenidos permanecen bajo medida de aseguramiento en espera de nuevas audiencias.

Cayó cocaína en el Pacífico colombiano

Unidades de la Armada de Colombia lograron la incautación de aproximadamente 2.782 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico colombiano, durante una operación en la que se detuvo a dos ciudadanos de Colombia y uno de Ecuador, que conducían la embarcación interceptada.

El operativo, realizado por la Fuerza Naval del Pacífico con la colaboración de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos, permitió impedir el traslado de la droga cuyo destino final era Centroamérica.

El procedimiento comenzó tras la detección de una embarcación tipo lancha rápida que navegaba de modo irregular. El hallazgo se produjo gracias a los radares de una aeronave estadounidense asignada en el área.

A partir de la alerta, un buque de la Fuerza Naval del Pacífico y una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Buenaventura se movilizaron a la zona para localizar la nave sospechosa.

Al abordar la embarcación, los agentes encontraron 93 bultos de diferentes tamaños, envueltos cuidadosamente, así como 700 galones de combustible, equipos de navegación y comunicaciones de alta tecnología.

Según informaron usuarios y testigos a medios regionales, soldados del Ejército Nacional detectaron el objeto sospechoso a un costado de la carretera y, tras comprobar su naturaleza, pusieron en marcha los protocolos de seguridad.

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El operativo incluyó la suspensión total del tráfico vehicular, medida que afectó a automóviles, camiones, motocicletas y buses de servicio público. Durante la intervención, se observaron largas filas de vehículos, incluso ambulancias y una gran cantidad de motociclistas, a la espera de la reapertura del paso.

Los uniformados procedieron a desactivar el explosivo de manera controlada, evitando posibles afectaciones a los usuarios de este estratégico corredor vial. Al término de la operación, la fuerza pública restableció la movilidad y reforzó su presencia en varios puntos de la Panamericana, en respuesta a la preocupación persistente por la seguridad en la región.

La incertidumbre que generan episodios como este se suma a las dificultades para la libre circulación y el transporte de carga y pasajeros entre los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

A pesar de la rápida reacción de los uniformados, los habitantes y viajeros insisten en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, especialmente en zonas con histórica presencia de actores armados al margen de la ley.

Contexto de seguridad en el suroccidente

El episodio registrado en el tramo Popayán-Pasto no resulta aislado en el contexto del suroccidente colombiano. En días recientes, tropas del Ejército Nacional inspeccionaron un vehículo abandonado sobre la vía que conecta a Miranda con Corinto, en el norte del Cauca.

Como medida preventiva, los soldados ordenaron el cierre temporal de la carretera en el sector conocido como Guatemala mientras realizaban la revisión del automotor. Tras descartar la presencia de artefactos explosivos en su interior, las autoridades habilitaron el paso.

Pese al ambiente festivo por el inicio de año, persiste la inquietud ante la posibilidad de acciones violentas dirigidas tanto a la fuerza pública como a la población civil, en un territorio marcado por la presencia de grupos armados ilegales.

Reacciones y llamados de las autoridades

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones de los uniformados ante situaciones de riesgo en las vías. El despliegue de controles y operativos en corredores estratégicos como la Panamericana busca blindar la seguridad de los viajeros, especialmente durante periodos de alta movilidad por las festividades de comienzo de año.

“Por seguridad, los militares obligaron a los conductores de automóviles, buses y motocicletas a detenerse para evitar posibles afectaciones con este explosivo, después ya adelantaron su trabajo de desactivarlo de forma controlada”, relataron testigos a El País.

Otro hallazgo similar

El panorama de seguridad en el suroccidente coincide con incidentes similares en otras regiones del país. En la jornada del 4 de enero, la Primera División del Ejército Nacional informó, a través de X, sobre la localización y neutralización de un dispositivo explosivo improvisado (IED) en el sector de Perico Aguado, en Santa Marta, departamento de Magdalena.

Con base en el comunicado, el artefacto habría sido instalado por el grupo armado organizado Los Pachenca y representaba una amenaza letal tanto para civiles como para militares.

“Con esta acción, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de salvaguardar la vida y la libertad de los magdalenenses, eliminando amenazas que vulneran los derechos humanos y el DIH”, señaló la institución en su mensaje oficial.

El despliegue de operativos responde a la persistencia de grupos armados ilegales en distintas regiones, que buscan generar zozobra mediante la instalación de explosivos y otros actos violentos.

Un perro fue rescatado con vida luego de quedar atrapado en un conducto de aguas lluvias de aproximadamente 300 metros en Pasto (departamento de Nariño, suroccidente de Colombia).

El incidente se provocó por culpa del uso de pólvora por parte de un grupo de ciudadanos, y esto provocó que el canino saliera corriendo despavorido a raíz del estruendo en medio de las celebraciones de Año Nuevo, que se extendieron el 1 y 2 de enero.

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El caso fue reportado por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, evidenció las consecuencias que generan los fuegos artificiales en los animales, un fenómeno que se repite cada temporada y que preocupa a defensores y autoridades locales.

La emergencia se registró en el sector de Dos Puentes, destacó El País de Cali, cuando habitantes de la zona alertaron a los organismos de socorro tras notar que el animal había ingresado al caño sin lograr salir por sus propios medios.

“El perro, desorientado y visiblemente afectado por el miedo, quedó atrapado sin posibilidad de escapar”, detallaron los socorristas de Bomberos de Pasto en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte emitido por los bomberos, el operativo de rescate requirió la intervención de varios integrantes de la institución y el uso de herramientas especializadas.

Los socorristas debieron realizar una apertura controlada en el piso, una maniobra que solo fue posible tras obtener la autorización del propietario del predio ubicado sobre el trayecto del conducto de aguas lluvias.

La intervención se extendió durante varias horas debido a la complejidad del procedimiento y a la longitud del ducto donde se encontraba el animal.

Pero todo terminó con un final feliz, porque luego de la extracción, los socorristas confirmaron que el perro no presentaba heridas de consideración y que su vida no estaba en riesgo, según informaron a través de sus canales oficiales.

El llamado a no celebrar con pólvora: los animales pagan las consecuencias

El hecho puso de nuevo sobre la mesa el impacto negativo que el uso de pólvora tiene tanto en animales domésticos como en aquellos que viven en condición de calle.

Organizaciones defensoras de animales y autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la utilización de fuegos artificiales, en especial en sectores residenciales donde la presencia de mascotas es alta y se corre el riesgo de que puedan morir.

El vocero de los Bomberos de Pasto señaló en sus declaraciones que “episodios como este muestran la necesidad de promover celebraciones más responsables y empáticas, que no generen sufrimiento ni emergencias evitables”.

Según la institución, los animales expuestos al ruido de la pólvora experimentan altos niveles de estrés, ansiedad y pánico, y esto puede llevarlos a huir de manera desesperada y exponerse a situaciones que ponen en riesgo su integridad e incluso su vida.

El caso también sirvió para que las autoridades recordaran a la población que el uso de pólvora está prohibido en varios municipios y que su comercialización y manipulación pueden derivar en sanciones.

Además de los animales, las personas también resultan lesionadas por el uso de pólvora: cifras de 2025

El número de personas quemadas por pólvora en Colombia durante la temporada festiva de 2025 ascendió a 1.028 casos, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), lo que representa un incremento del 7% frente a los registros de 2024.

El informe señaló que los niños y adolescentes conforman el grupo más afectado, con 324 menores lesionados, incluidos 33 incidentes en los que los menores se encontraban bajo la supervisión de adultos en aparente estado de embriaguez.

También se detalló que la mayoría de los incidentes se produjo antes del 25 de diciembre, cuando el INS ya registraba 825 casos en todo el país.

En ese momento, 267 de los lesionados eran menores de 18 años y 29 de ellos estaban acompañados de adultos bajo los efectos del alcohol.

Los adultos en estado de embriaguez ocupan el segundo lugar en la lista de los más afectados.

No obstante, las autoridades sanitarias han advertido que la manipulación de artefactos pirotécnicos en estas condiciones incrementa los riesgos y potencia la gravedad de los accidentes.

En diálogo con La W Radio, Zuleima Rodríguez, madre del soldado profesional Jeison Javier García Rodríguez, expuso la situación que atraviesa su familia tras el secuestro del militar ocurrido el 24 de agosto de 2025 en zona rural del departamento de Nariño, durante enfrentamientos con disidencias de las Farc.

De acuerdo con lo expresado por Rodríguez, la familia ha recibido información limitada desde el día en que el uniformado fue retenido en medio de operaciones militares.

La mujer indicó que las comunicaciones oficiales han sido escasas y que, pese a los reportes iniciales, no han conocido avances concretos sobre su situación actual ni sobre eventuales gestiones para su regreso.

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“Hasta el momento no hemos tenido mayor información, solamente que fue secuestrado en combate y nos han dicho que el Ejército está haciendo todo lo posible, pero esperamos más ayuda del Gobierno”, afirmó la madre del soldado durante la entrevista radial concedida al medio.

El soldado Jeison Javier García Rodríguez es oriundo de Lorica, Córdoba, y se encuentra adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 7 (FUDRA Nariño), unidad que opera en zonas con presencia de estructuras armadas ilegales. Según lo informado, el secuestro ocurrió mientras el grupo al que pertenecía adelantaba labores en territorio nariñense.

Rodríguez señaló que la incertidumbre se ha prolongado durante varios meses y que la familia mantiene la expectativa de que las autoridades nacionales adopten medidas adicionales para facilitar contactos o negociaciones que permitan la liberación de los militares retenidos. En sus declaraciones, reiteró la solicitud de una intervención más activa por parte del Estado.

“Esperamos que se pongan la mano en el corazón. Así como ellos tienen familiares y quieren tener un día especial, nosotros esperamos lo más pronto posible las negociaciones que tengan que hacer para que, no solo mi hijo, sino todos los muchachos que se encuentran en esa condición vuelvan a sus hogares”, expresó Rodríguez en la conversación con La W.

El caso de García Rodríguez ha generado manifestaciones públicas en su lugar de origen. El 11 de septiembre de 2025, en el municipio de Lorica, se realizó una movilización pacífica en la que familiares, conocidos y ciudadanos solicitaron su liberación y la de otros integrantes de la Fuerza Pública que permanecen en poder de grupos armados.

Durante esa jornada, los asistentes portaron pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades nacionales, reclamando información clara sobre los procedimientos adelantados y recordando la situación del soldado cordobés, cuyo secuestro se produjo en el contexto de enfrentamientos armados.

El pasado 27 de diciembre de 2025, se conoció una prueba de supervivencia en la que el soldado García Rodríguez apareció junto a otros compañeros retenidos. En el material difundido, el uniformado envió mensajes con motivo de las festividades de fin de año, dirigidos tanto a su familia como a las autoridades del país.

“Mi nombre es Jeison Javier García Rodríguez, quiero darle una feliz Navidad a mi familia, quiero decirle a mi mamá que la amo mucho, a mi hija también que la amo de todo corazón, a mi esposa, quiero mandarle un saludito, a mi abuela, a mis dos hermanos y a toda mi familia. Quiero decirle al Estado colombiano que por favor se acuerde de nosotros”, manifestó el soldado en el mensaje divulgado.

La difusión de este video confirmó que el militar continúa con vida, información que fue recibida por sus familiares como una señal sobre su estado actual, aunque sin detalles adicionales sobre su ubicación o las condiciones de su retención.

Desde la familia se ha insistido en la necesidad de contar con canales de información constantes y en que se adopten medidas que permitan avanzar hacia una solución. Según lo expresado por la madre del soldado, la falta de datos oficiales ha dificultado el seguimiento del caso y ha incrementado la preocupación en su entorno cercano.

El secuestro de García Rodríguez se suma a otros episodios ocurridos en zonas del suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estructuras armadas ilegales, especialmente en áreas rurales con alta complejidad de orden público.

Un fuerte deslizamiento de tierra en la vereda Yunguilla, específicamente en el sector conocido como Hueco Lindo, dejó un saldo trágico en el municipio de San Pablo, Nariño, donde dos personas fallecieron, entre ellas un niño de 11 años, y varias más resultaron heridas.

Según el informe preliminar de los organismos de socorro, la emergencia se registró en la madrugada del sábado 27 de diciembre, cuando una avalancha sepultó al menos cuatro viviendas, destruyéndolas completamente y provocando daños materiales aún no cuantificados, aunque se presume que son de gran magnitud.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil acudieron al lugar del desastre para realizar labores de rescate y evacuación.

“En coordinación con Alcaldía municipal, oficina de Gestión del riesgo y habitantes de la comunidad, se atiende emergencia por deslizamiento de tierra, en donde un alud de tierra se desprende y afecta una vivienda ubicada en la vereda Yunguilla baja sector denominado Hueco lindo del municipio de San Pablo Nariño“, explicó los Bomberos de San Pablo.

Los heridos fueron trasladados rápidamente al hospital local, donde reciben atención médica, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando la situación y buscando a posibles desaparecidos entre los escombros de las casas arrasadas por el deslizamiento.

“Se realiza rescate de víctimas con remoción de escombros y los heridos fueron trasladados al hospital de la localidad”, agregó el organismo de socorro.

Este desastre golpea a la comunidad de San Pablo justo cuando sus habitantes se preparaban para las celebraciones de fin de año y el tradicional Carnaval de Negros y Blancos.

Temporada de lluvias en Colombia

En este contexto, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) había advertido recientemente, durante un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, sobre la necesidad de extremar precauciones ante el inicio de la segunda temporada de lluvias en la región.

En cumplimiento del Plan Departamental de Contingencia, se había hecho un llamado urgente a la población para estar alerta ante posibles emergencias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Idean) había confirmado que desde octubre y hasta mediados de junio de 2026 se esperan precipitaciones muy intensas en el departamento de Nariño.

El organismo advirtió que este panorama incrementa significativamente la probabilidad de inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa y granizadas en la zona, lo que pone en riesgo a numerosas comunidades rurales, especialmente aquellas asentadas en áreas de ladera o montaña.

Hasta el momento, las pérdidas materiales no han sido cuantificadas oficialmente, pero la magnitud del deslizamiento ha sido descrita por los equipos de emergencia como devastadora, pues una gran porción de la montaña se desprendió y sepultó completamente las viviendas afectadas.

Los organismos de socorro continúan en la zona, evaluando la estabilidad del terreno y coordinando la atención a las familias damnificadas.

Lluvias intensas e inundaciones alteraron la celebración de Navidad en el Valle del Cauca

El temor y la incertidumbre se apoderaron de los habitantes de Valle del Cauca durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025, cuando las fuertes lluvias continuaron afectando a diversas comunidades que permanecían en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

Según información oficial, el desbordamiento del río Tuluá la noche anterior había generado una situación crítica, obligando a la activación de los organismos de socorro y a la movilización de los equipos de gestión del riesgo en municipios como Tuluá y San Pedro.

En varias localidades, las precipitaciones intensas impidieron que el nivel de los afluentes descendiera, lo que agravó el panorama y mantuvo en vilo a la población.

Las calles y viviendas de barrios residenciales se vieron arrasadas, de acuerdo con los reportes de los equipos de emergencia que intervinieron en la zona.

Durante la celebración de la Nochebuena, la emergencia alteró significativamente las actividades habituales de los residentes, quienes debieron priorizar la seguridad y la protección de sus familias por encima de las festividades.

La persistencia de las lluvias prolongó la emergencia hasta la madrugada del 25 de diciembre, con equipos de rescate trabajando en medio de la incertidumbre y el temor de nuevos desbordamientos.

En la madrugada del viernes 26 de diciembre, un hombre no identificado disparó en varias ocasiones contra la residencia del edil, según confirmó el propio partido político, en medio de un contexto de amenazas previas y llamados de atención sin respuesta efectiva de las autoridades.

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De acuerdo con imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por Cambio Radical, alrededor de las 2:09 a. m., una persona enmascarada y vestida completamente de negro se acercó a la vivienda y efectuó al menos seis disparos antes de retirarse de inmediato.

El partido calificó el hecho como un atentado directo contra la vida de Martínez y la de su familia.

Desde la colectividad política se expuso que Martínez ha denunciado amenazas constantes durante cerca de dos años sin recibir protección, según publicó Cambio Radical en su cuenta oficial de X.

En ese mismo mensaje, la agrupación afirmó: “Nuestro concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez, lleva casi dos años denunciando múltiples amenazas contra su vida y la de su familia. La UNP y el Gobierno han hecho caso omiso y no le han brindado ninguna protección”.

El País de Cali ahondó en que esta falta de respuesta institucional figura entre las principales preocupaciones del partido, que había solicitado acompañamiento y medidas de resguardo en repetidas ocasiones.

La crítica hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno nacional fue reiterada. A través de su cuenta en X, Cambio Radical preguntó: “¿Qué está esperando la UNP?”.

Además, en su comunicado oficial, la colectividad responsabilizó tanto al Ejecutivo que lidera Gustavo Petro como a la UNP, por no haber dispuesto medidas de seguridad para el concejal, subrayando que la situación de riesgo venía siendo advertida con antelación.

Luego del ataque, Cambio Radical reiteró la exigencia de protección inmediata para Martínez y su familia, advirtiendo a las autoridades nacionales sobre su responsabilidad ante cualquier nueva agresión sufrida por el concejal o su entorno.

La superintendente delegada de la SIC denuncia amenazas tras investigaciones sobre contratos en la UNP

La superintendente delegada para la inspección de mercados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, denunció amenazas e intentos de desprestigio tras las acciones de control y vigilancia que la entidad adelanta sobre contratos de vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En un video divulgado en redes sociales, Rusinque aseguró que esta campaña tiene como objetivo debilitar la capacidad de decisión de la SIC y obstaculizar investigaciones que involucran billones de pesos destinados a la protección de personas en riesgo.

Entre los episodios detallados, Rusinque relató que meses atrás sufrió un intento de vulneración de su esquema de seguridad, al ser seguida por personas armadas en motocicletas de alta cilindrada cerca de su residencia.

Según sus declaraciones, estos hechos constituyen una amenaza directa a la seguridad personal y buscan cooptar o neutralizar a las instituciones encargadas de la supervisión del mercado, lo que podría favorecer la corrupción y la impunidad.

La funcionaria señaló que, además de los riesgos físicos, existe una estrategia jurídica y mediática diseñada para deslegitimar su trabajo y dar la impresión de que la SIC actúa fuera del marco legal.

En ese sentido, denunció la publicación de informaciones como la aparecida en la revista Cambio, donde se cuestiona la legalidad de las acciones de la Superintendencia y se enfatizan los planteamientos de los investigados, dejando de lado los argumentos jurídicos que respaldan a la entidad. Rusinque rechazó las afirmaciones sobre la supuesta falta de competencias de la SIC:

“No estamos ante un debate de opiniones, sino ante hechos normativos y judiciales verificables”, manifestó, y recordó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado y otras instancias han confirmado la legalidad de las inspecciones y visitas administrativas amparadas por la Constitución, la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011.

Rusinque afirmó que incluso un exsuperintendente, Pablo Felipe Robledo, ha avalado jurídicamente las facultades de la SIC respecto a estos procesos, más allá de diferencias políticas.

Adicionalmente, indicó que la presión solo busca convertir a la Superintendencia en una entidad sin peso real, en tanto que “un plan sistemáticamente orquestado por estructuras de poder” intenta frenar decisiones clave en investigaciones sobre recursos públicos asignados a personas bajo amenaza.

Ismael Cortés Sánchez, conocido como alias Jimmi, es identificado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente de Colombia.

Su entrega voluntaria a las autoridades en Pasto, departamento de Nariño, representa un hecho relevante en la estrategia estatal contra las estructuras criminales de la región.

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Desde sus inicios delictivos a los 16 años, “Jimmi”, originario de Nariño, permaneció cerca de una década vinculado a la columna móvil Freddy Gutiérrez de la estructura Franco Benavides, facción que opera bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, del Estado Mayor Central (EMC).

Su rol fue considerado estratégico, tanto en la coordinación de operaciones armadas como en el manejo financiero de la organización, con especial incidencia en los municipios rurales de Taminango y Sotomayor, así como en la vía Panamericana.

Las autoridades colombianas señalaron a Jimmi como uno de los principales responsables de movilizar las finanzas ilegales de la estructura, obtenidas a través de narcotráfico, explotación ilícita de minerales y extorsión a comunidades y comerciantes, de acuerdo con lo consignado por la información oficial.

Además de los delitos financieros, a “Jimmi” se le atribuye la planeación y ejecución de ataques contra la fuerza pública y hechos violentos que afectaron a la población civil. Sobre él pesaba una orden de captura por concierto para delinquir y terrorismo, emitida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación.

La entrega voluntaria de Jimmi se produjo tras una serie de operativos militares realizados por las Fuerzas Militares en Nariño. Durante dicho cerco, el Ejército Nacional estuvo cerca de capturarlo en cuatro ocasiones, según información conocida por la revista Semana, pero logró evadir la detención hasta que la presión estatal llegó a un punto irreversible.

Junto a él se entregó una joven de 18 años identificada como alias Xiomara, que llevaba pocos meses vinculada a la estructura armada, según fuentes oficiales.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez recalcó el carácter temprano de la inserción de Jimmi al universo delictivo. “Este criminal comenzó a delinquir a los dieciséis años. Y duró diez años delinquiendo. Esto nos recuerda que el crimen está comenzando a temprana edad, pero también que estamos haciendo campañas para prevenir ese reclutamiento forzado de menores”, declaró.

Fuentes consultadas por la revista Semana coinciden en que la rendición de Jimmi y de la joven se produjo ante la imposibilidad de continuar escapando tras la presión militar, lo que llevó a ambos a optar por el sometimiento a la justicia y el retorno a la vida civil.

“En al menos cuatro operaciones el Ejército estuvo muy cerca de neutralizarlo, pero habría logrado huir. Fue esa presión y el verse en un laberinto sin salida, los factores determinantes para abandonar esa vida criminal y retornar a la vida civil”, señalaron.

Investigaciones citadas por Semana detallan que alias Jimmi creó en julio de 2025 una crisis interna en la estructura Franco Benavides, al desconocer la autoridad de alias Don Mata, también llamado “El Viejo”, jefe de ese frente y perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Este acto interno de rebelión no solo perturbó la estructura jerárquica de la organización, sino que buscó consolidar autonomía y control sobre las jugosas rentas ilegales de la zona. La disputa por la hegemonía criminal obedece principalmente al interés por las ganancias derivadas de estas rentas ilícitas, destacó el medio.

Las autoridades prevén que la salida de Jimmi de la organización supone una afectación directa a la estructura Franco Benavides y a sus redes de financiamiento ilícito.

Por su conocimiento interno sobre los circuitos de economía ilegal, su retiro tendrá repercusiones en la capacidad operativa criminal de la región, así como en las condiciones de seguridad para la comunidad andina y el entorno ambiental.

Siete miembros de la fuerza pública de Colombia, secuestrados por las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, enviaron pruebas de supervivencia en forma de videos y mensajes de voz en vísperas de la Navidad.

“Mi nombre es Jeison Javier García Rodríguez. Quiero darle una feliz Navidad a mi familia. Quiero decirle al Estado que por favor se acuerde de nosotros, ya que nos ha prometido tantas cosas y no nos ha cumplido”, expresó uno de los cautivos, en un mensaje dirigido a sus allegados y al Gobierno nacional.

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Estas grabaciones, publicadas en las redes sociales del medio regional Primera Edición, dejaron ver el estado en el que se encuentran varios soldados del Ejército nacional, al igual que algunos miembros de la Policía Nacional secuestrados en los departamentos de Cauca y Nariño.

Desde su lugar de retención, los secuestrados dirigieron palabras de cariño a sus familiares, buscando levantar el ánimo y transmitir noticias sobre su estado. “Quiero decirle a mi mamá que la amo mucho, a mi hija también que la amo de todo corazón, a mi esposa quiero mandarle un saludito, a mi abuela, a mis dos hermanos y a toda mi familia”, dijo García Rodríguez.

Jamerson Adrián Guachetá Guachetá también compartió su inquietud por el bienestar de sus seres queridos. “El día de hoy le quiero enviar un saludo a mi familia, que les deseo una feliz Navidad. Un saludo para mi mamá, mi papá y para mis hermanas y a toda mi familia. Decirles que estoy bien, con vida y salud. Acá el trato ha sido muy bueno”, señaló el uniformado.

Por su parte, el soldado profesional Brayan Stiven Ruiz Toro destacó la importancia del apoyo familiar, después de que sus secuestradores le mostraran mensajes grabados por sus allegados.

“A mi familia quiero desearles unas felices Navidad, que los amo mucho, que los quiero, que los aprecio. El video que ustedes me enviaron lo recibí y la verdad me reconforta el corazón, me da felicidad y me da fuerza para continuar”, expresó Ruiz.

Carlos Ricardo Martínez, patrullero de la Dirección Nacional de Protección de la Policía Nacional, también apareció en las imágenes y envió un mensaje de tranquilidad a sus seres queridos.

“Hoy, siendo 24 de diciembre del 2025, me permito enviarle un saludo a mi familia, decirles a todos que yo estoy muy bien. Se sabe que es una situación dura, que he pasado buen rato acá, pero en el tiempo que he estado me han tratado muy bien. Hago el llamado a que estén calmados, no se desesperen, todo se va a dar con el favor de Dios, sigamos orando”, señaló.

Asimismo, el auxiliar de Policía José Larrahondo agradeció el respaldo recibido por parte de sus familias tras varios meses de cautiverio. “Quiero decirle a mi familia que yo también los quiero mucho. También quiero desearles una feliz Navidad, que los amo mucho y que los llevo aquí en el corazón”, indicó.

En sus mensajes, los secuestrados formularon peticiones directas y reproches tanto al presidente Gustavo Petro como al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. García Rodríguez, tras cuatro meses de encierro, insistió: “Quiero decirle al Estado colombiano que por favor se acuerde de nosotros, ya que nos ha prometido tantas cosas y no nos ha cumplido. Llevamos cuatro meses de estar acá y no se ha pronunciado por ningún lado”.

Guachetá Guachetá, con cinco meses de retención, señaló: “No se ha visto ningún interés por ayudarnos a mí y a mis compañeros. Le quiero decir que al menos se pongan la mano en el corazón y piensen también en sus soldados, porque nosotros si hacemos una labor es por Colombia. No hemos visto ningún interés por nosotros. Nos hemos sentido solos. Solo nuestra familia nos ha estado enviando videos, mensajes de ellos y por parte del Gobierno no hemos visto ningún resultado para nuestra pronta liberación”.

Condiciones del cautiverio según los secuestrados

En medio de los mensajes difundidos por el medio Primera Edición, los uniformados describieron el trato y su situación diaria, tras cumplir más de 90 días en manos del Estado Mayor Central.

“Nos han respetado el derecho internacional humanitario en todo momento. Nos han tratado muy bien. La alimentación, muy bien, excelente. Tres veces al día”. Guachetá Guachetá coincidió: “Decirles que estoy bien, con vida y salud. Acá el trato ha sido muy bueno”, comentó el soldado profesional Jeison García Rodríguez.

El uniformado Brayan Ruiz Toro, en cambio, expuso matices respecto al cumplimiento de los derechos, aunque aseguró que no les han sido privados de su alimentación.

“¿Cómo ha sido el trato acá? Pues, hasta el momento, la verdad, pues nos han respetado. Los derechos internacionales prácticamente nos han respetado. La comida, prácticamente las tres comidas al día. Y gracias a Dios, de salud, todo bien”, indicó.

En sus relatos, los uniformados aportaron información sobre los lugares y fechas de sus capturas. García Rodríguez fue privado de la libertad durante combates en Nariño. Guachetá Guachetá relató que fue secuestrado en la zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, el 24 de julio al viajar en un vehículo de servicio público.

Martínez especificó su retención el 31 de octubre en la vía nacional que conduce de La Plata a Popayán. Otros, como Ruiz Toro y Larrahondo, mencionaron situaciones vinculadas a enfrentamientos en el suroccidente del país.

En todos los casos, los secuestrados llevan entre dos y cinco meses de encierro y forman parte de un grupo de siete miembros de la Fuerza Pública detenidos en distintos operativos de las disidencias, en zonas donde la confrontación y la inseguridad persisten.

Entretanto, las operaciones de la fuerza pública permanecen en curso en Cauca y Nariño, con el objetivo de ejercer presión sobre las disidencias y lograr la liberación de los cautivos, mientras el Gobierno reitera públicamente su rechazo por estos hechos.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, expresó ante los habitantes del departamento de Nariño que los pobladores de las zonas de cultivos de coca deben reconocer el impacto de esta actividad en la violencia nacional, indicando que el cultivo con fines ilícitos se relaciona con unas 9.000 muertes resultantes de sicariato y violencia en las calles del país. Con este señalamiento, Sánchez abordó la problemática del narcotráfico como uno de los principales motores de la inseguridad, y a partir de allí apuntó directamente a los grupos armados ilegales responsables de los recientes hechos violentos en distintas zonas del país, cuya credibilidad en los anuncios de tregua fue enteramente cuestionada por el funcionario.

Según informó el medio Europa Press, Sánchez tildó de "cínicos y mentirosos" a los actores armados que, en los últimos días, declararon altos el fuego, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante un acto público en Nariño, región fronteriza con Ecuador, el jefe de la cartera de Defensa negó rotundamente la veracidad de los compromisos expresados por dichos grupos. El ministro afirmó textualmente: "Estos criminales [que] han anunciado que harán un cese al fuego son cínicos, son mentirosos, son terroristas. En su ADN existe simplemente el delito, entonces es difícil creerles o es imposible creerles", reprodujo Europa Press.

En relación al comportamiento reciente de estas organizaciones, Sánchez criticó que, aunque los grupos armados presentan exigencias como la construcción de vías o mejoras en acceso a salud y educación, atacan a quienes ejecutan estas obras. Detalló que, mientras demandan infraestructuras, han agredido a ingenieros militares y civiles responsables de obras viales. El ministro añadió que, pese a reclamar atención sanitaria, las organizaciones recurren a ataques con drones contra hospitales transitorios impulsados por el Ministerio de Salud. Además, aunque abogan por oportunidades educativas, el jefe de la cartera denunció las restricciones impuestas por los armados, que mantienen aislados a los habitantes y los ligan al narcotráfico.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Sánchez aprovechó su intervención para exhortar a los miembros de grupos armados a acogerse a la legalidad. El funcionario afirmó que la desmovilización y el tránsito hacia una vida legal son las únicas vías legítimas, enfatizando que el Estado mantiene alternativas abiertas para quienes decidan abandonar la actividad criminal.

En sus declaraciones, Sánchez subrayó que la paz y la seguridad en Colombia no pueden depender de que “un criminal diga: hoy no los mato”, según consignó el medio europeo. Enfatizó que la construcción de una sociedad segura corresponde únicamente a la acción determinada del Estado, con el objetivo de suprimir toda amenaza ejercida por el crimen organizado y las estructuras armadas ilegales.

Las palabras del ministro se difundieron después de una serie de eventos en los que unos 20 militares fueron secuestrados y, posteriormente, liberados mientras participaban en una operación contra el ELN. Según detalló Europa Press, el pasado domingo el ELN comunicó un cese temporal de actividades ofensivas coincidiendo con las festividades de fin de año. No obstante, los días previos a dicho anuncio, la organización había impuesto un “paro armado” de 72 horas, durante el cual ejecutó acciones como la instalación de explosivos en carreteras, el despliegue de banderas identificatorias y ataques a guarniciones militares. En uno de estos incidentes —específicamente en Villanueva, departamento de La Guajira— un enfrentamiento provocó la muerte de siete militares el 18 de diciembre, reportó Europa Press.

En esa coyuntura, el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), una facción guerrillera liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', también anunció el cese indefinido de acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad. Estas posturas se producen en medio del incremento de la desconfianza ciudadana alimentada por la persistencia de atentados, secuestros y ofensivas armadas, a pesar de los comunicados en torno a paces temporales, detalló el medio europeo.

Las intervenciones y anuncios de las distintas organizaciones armadas siguen generando tensiones en las regiones más afectadas, donde la percepción social ante los compromisos de alto el fuego se ha visto severamente deteriorada. Europa Press puntualizó que la respuesta institucional ante este fenómeno ha consistido no solo en rechazar los mensajes de tregua, sino en impulsar el fortalecimiento de las operaciones de seguridad y de la presencia estatal en los territorios vulnerables.

El Ejército Nacional informó que su entrega representa un golpe a la capacidad armada y económica del grupo ilegal, con presencia en municipios clave del suroccidente colombiano. La acción incluyó la captura de su compañera sentimental, alias Xiomara, y se concretó en las inmediaciones del corregimiento Tablón Panamericano, municipio de Taminango.

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Presión militar y contexto del operativo

De acuerdo con información proporcionada por la institución castrense, la operación fue liderada por la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2 en articulación con la Vigésima Tercera Brigada, unidades que han mantenido presencia constante en la región, especialmente tras los recientes hechos de violencia atribuidos a la estructura Franco Benavides.

Según reportaron las autoridades, la presión de las tropas en la zona generó las condiciones para que alias Jimmy y su pareja optaran por entregarse a las autoridades.

El brigadier general Juan José Guzmán Ramírez, comandante de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, detalló que “en zona rural del municipio de El Peñol, un sujeto conocido como alias Jimmy, cabecilla de la Comisión Armada Pivote Delgado Residual Estructura Franco Benavides, se sometió voluntariamente ante las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido y soldados de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, junto con su pareja sentimental, alias Xiomara”.

Perfil y trayectoria de alias Jimmy

Según la Policía Nacional, Ismael Cortés Sánchez acumuló más de una década como miembro de la estructura Franco Benavides.

Durante ese tiempo, habría ocupado posiciones de liderazgo, encargándose de coordinar actividades ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal en municipios de El Peñol, Los Andes Sotomayor, La Llanada, Taminango y El Tambo.

Además, se le atribuye la coordinación de retenes ilegales y el control territorial en varios sectores de la cordillera nariñense.

El coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del departamento de Policía Nariño, señaló que “una vez verificada su plena identidad en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Nariño, procedió a materializar una orden de captura vigente que reposaba en su contra, emitida dentro de un proceso investigativo estructural adelantado por la Fiscalía 102 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales”.

Delitos atribuidos y acciones recientes

La información oficial indica que alias Jimmy es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y hurto. Entre las acciones que se le atribuyen destaca el ataque con artefactos explosivos improvisados lanzados con drones contra estaciones de Policía en Remolinos, El Tambo y El Peñol.

También se le responsabiliza de la acción del 22 de abril de 2025 en la vereda El Lumero, donde un civil murió y ocho soldados resultaron heridos. Otro evento relevante es el hurto de armas de fuego a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), perpetrado el 31 de julio de 2025 en la vereda Las Cochas, municipio de El Peñol.

La estructura Franco Benavides ha utilizado la intimidación hacia la población civil, imponiendo el cobro de impuestos al gramaje por la producción y comercialización de estupefacientes.

Las autoridades informaron que, durante 2025, las operaciones conjuntas de la fuerza pública permitieron la captura de 17 integrantes de la estructura, la incautación de armas, explosivos, drones y vehículos, así como la destrucción de laboratorios clandestinos.

“Para finalizar, enviamos un mensaje claro a quienes integran estas estructuras al margen de la ley: quienes decidan someterse a la justicia y entregar las armas, serán bienvenidos. Sin embargo, cada acción tiene una consecuencia. Por esta razón, se notificó la orden de captura contra alias Jimmy”, concluyó el oficial del Ejército.

Amargo inicio de la Navidad para decenas de viajeros que quedaron atrapados en las primeras horas del 23 de diciembre en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en la vía Panamericana, en el departamento de Nariño.

Según informó la institución militar, el hecho se desencadenó cuando miembros de la estructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, intentaron tomarse el corredor vial e instalar explosivos en la carretera entre Pasto y Chachagüí, justo en vísperas de las fiestas navideñas.

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Las operaciones militares comenzaron durante la madrugada después de recibir una alerta que advertía sobre la posible colocación de artefactos explosivos.

Cuando los uniformados llegaron a la zona para verificar la amenaza, fueron atacados por integrantes armados de la estructura ilegal en el sector conocido como Puente Bermúdez, lo que desencadenó intensos combates durante varias horas.

La situación provocó el bloqueo total del corredor vial y un ambiente de incertidumbre entre los habitantes y viajeros que transitaban por la región y que quedaron en medio de los enfrentamientos.

La reacción de las autoridades fue inmediata. El subsecretario de Seguridad Andrés Peñaranda informó que los soldados respondieron rápidamente a la información recibida y realizaron una operación de registro y control, durante la cual detectaron elementos sospechosos.

“Se reciben unas informaciones, la tropa hace una operación de registro y control, verifica unos elementos extraños; en ese momento se presenta un hostigamiento e inician los soldados del Ejército Nacional la persecución de este grupo de bandidos”, señaló el funcionario en diálogo con La FM.

Peñaranda destacó que la ofensiva militar logró evitar la activación de explosivos en la vía, lo que habría supuesto un grave riesgo para quienes circulaban por allí.

“Logramos, gracias a la información y a la ofensiva de nuestros soldados y policías, frustrar una posible acción delincuencial sobre la vía Pasto-Chachagüí, en un sector conocido como Puente Bermúdez”, advirtió el subsecretario de Seguridad.

El impacto sobre la población civil y la movilidad fue inmediato. Conductores y pasajeros, muchos de ellos de camino al aeropuerto Antonio Nariño o hacia otras ciudades, quedaron atrapados por el cierre de la carretera y expuestos al peligro.

Incluso, varios viajeros grabaron los momentos de tensión que se vivieron sobre uno de los corredores viales más importantes de Colombia y América Latina, en los que algunos locales pedían a gritos no acercarse a la zona de combate.

“¡Por allá se están dando bala! ¡Quédense quietos, no vayan a salir, por favor!”, se oye gritar a un taxista que se dirigía a la terminal aérea.

La interrupción del tráfico ocasionó largas filas de vehículos, especialmente en el sector de Daza, a solo 12 kilómetros de Pasto, mientras las detonaciones retumbaban desde las montañas cercanas.

“A esta hora, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2 sostenían combates con presuntos integrantes de grupo armado residual ‘Franco Benavides’, en zona rural del municipio de Chachagüí, en Nariño”, señaló la Tercera División del Ejército Nacional.

La importancia de la vía Panamericana para la conectividad acentuó la gravedad de la crisis. Esta carretera une los departamentos de Valle, Cauca y Nariño con el centro del país y es la principal ruta de acceso a infraestructuras como el aeropuerto Antonio Nariño y la ciudad de Popayán.

El frente Franco Benavides mantiene influencia en municipios de la cordillera Occidental de Nariño, lo que dificulta la recuperación y el control territorial.

Hacia las 9:00 a. m. del martes, las tropas del Ejército Nacional recuperaron el control en el área afectada, permitiendo gradualmente el restablecimiento de la movilidad y reduciendo el peligro inmediato para la población.

Las autoridades aconsejaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales, dada la dinámica cambiante de seguridad en la región y la necesidad de acceder a datos confiables sobre el estado de la vía y posibles novedades en el orden público.

Un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones fue registrado en la mañana del 16 de diciembre de 2025 contra la estación de Policía del municipio de El Tambo, en el noroccidente del departamento de Nariño.

El hecho dejó un agente de Policía herido de manera leve, según confirmaron las autoridades, y generó la activación inmediata de los protocolos de seguridad en la zona.

La información fue divulgada por Blu Radio, medio que tuvo acceso a versiones oficiales y testimonios de habitantes del sector.

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De acuerdo con los reportes preliminares, al menos tres artefactos explosivos fueron arrojados mediante un sistema de drones sobre las instalaciones policiales. El ataque ocurrió pasadas las nueve de la mañana, en momentos en que la población iniciaba sus actividades cotidianas, lo que incrementó la alerta entre residentes y comerciantes del municipio.

Las autoridades indicaron que uno de los explosivos no detonó y quedó dentro del perímetro de la estación de Policía, situación que obligó a suspender temporalmente las actividades internas y a acordonar el lugar mientras se evaluaban los riesgos. Unidades especializadas en manejo de explosivos de la Policía Nacional fueron desplazadas hasta El Tambo para realizar la inspección técnica y proceder con la neutralización del artefacto sin activar.

Como consecuencia del ataque, un uniformado resultó lesionado por esquirlas, aunque su estado de salud fue catalogado como estable. El agente recibió atención médica inmediata y no fue necesario su traslado a un centro hospitalario de mayor complejidad, según el reporte entregado por las autoridades departamentales.

El comandante de la Policía en Nariño, coronel Jairo Urrea, explicó que hasta el momento no se ha identificado el grupo armado responsable del atentado. Sin embargo, precisó que no se descarta la presencia de estructuras ilegales que operan en esta zona del departamento. De acuerdo con el oficial, el noroccidente de Nariño es considerado un corredor estratégico utilizado por organizaciones armadas que buscan conectar rutas hacia el océano Pacífico a través de la cordillera Occidental.

Testimonios recogidos por Blu Radio señalaron que los habitantes escucharon varias detonaciones y observaron movimientos inusuales de drones sobrevolando el área cercana a la estación policial. Estas versiones coincidieron en que el ataque generó momentos de tensión y temor entre la comunidad, especialmente por la cercanía de viviendas y establecimientos comerciales al lugar de los hechos.

Tras el incidente, la Policía Nacional reforzó la presencia institucional en el casco urbano de El Tambo y en los accesos viales al municipio. Se incrementaron los patrullajes preventivos, así como los controles a vehículos y personas, con el objetivo de descartar nuevos riesgos y garantizar la seguridad de la población civil durante el resto de la jornada.

Las autoridades también informaron que, pese a la amenaza de paro armado atribuida al ELN, en las vías del departamento de Nariño se reporta normalidad en la movilidad, sin cierres confirmados ni bloqueos activos al momento del balance oficial. No obstante, se mantienen operativos de vigilancia permanente en los principales corredores viales y zonas rurales.

Desde el comando departamental se indicó que las investigaciones continúan en curso, tanto para establecer la procedencia de los explosivos como para determinar el punto desde el cual fueron operados los drones. Estas labores se adelantan en coordinación con organismos de inteligencia y con apoyo de equipos técnicos especializados.

El uso de drones con cargas explosivas ha sido identificado por las autoridades como una modalidad que representa nuevos desafíos en materia de seguridad, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales. Por esta razón, se anunció el fortalecimiento de las capacidades de detección temprana y respuesta frente a este tipo de amenazas en municipios considerados de riesgo.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que informe cualquier movimiento sospechoso o presencia de objetos extraños en zonas públicas o cercanas a instalaciones oficiales, con el fin de activar oportunamente los protocolos de seguridad y prevención establecidos.

En medio de la polémica con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, difundió un video desde el municipio de Tumaco, en el Pacífico nariñense.

Allí, recordó que, debido a un problema de erosión costera, un pueblo desapareció y dejó una pulla para aquellos que no cree en el cambio climático; uno de ellos —como ya es bien sabido— es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Para los que aún siguen negando la crisis climática, bueno, les cuento que este pueblo se lo tragó el mar”, explica Carrillo, luego de mostrar cómo ha sido, literal, tragada por el mar, varias parte de la población situada en zonas costeras del municipio.

“Yo veo que la mar, entre más días, va para adentro. Va para adentro. Eso era grande. Todo se lo comió el mar. Todo se lo ha comido”, le dice una de las lugareñas a Carrillo, que solo le responde: “Esto es muy grave”.

Con relación a lo anterior, y aprovechando el paso por esta zona del país y muy cercana a la frontera con Ecuador, el director de la Ungrd aprovechó el anuncio de la adquisición de la primera boya DART-4G para el Pacífico colombiano, un sistema que permitirá detectar tsunamis en tiempo real y que representa una inversión de más de $7.700 millones.

La boya será instalada en la costa pacífica, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles tsunamis en la región.

“Este es un lugar que tiene una amenaza de erosión costera enorme. Aquí está aumentando el nivel del mar, pero también tiene una amenaza permanente de tsunami”, agregó en el video Carrillo, y que se compartió en las redes sociales de la Ungrd el lunes 15 de diciembre.

El motivo que dio a pie a esta novedad se debe a que el viernes 12 de diciembre se cumplieron 46 años de lo que fue uno de los desastres naturales más impactantes del siglo XX en Colombia, además de la catástrofe de Armero (Tolima), por culpa del lahar que causó la erupción del volcán Nevado del Ruiz: el tsunami del 12 de diciembre de 1979.

Este movimiento telúrico, cuya magnitud fue de 7,9 dejó más de 450 víctimas en la región.

Por todo lo anterior, el director de la Ungrd Carlos Carrillo, señaló que la boya permitirá confirmar en segundos si un sismo genera un tsunami y activar alertas con mayor precisión.

Así funciona la boya que puede detectar tsunamis en cuestión de segundos que tendrá Colombia en el Pacífico

La tecnología DART-4G utiliza sensores de presión ubicados en el fondo marino, capaces de identificar alteraciones asociadas a tsunamis incluso cuando no son perceptibles en la superficie.

“Nos permitirá confirmar en segundos si un sismo generó un tsunami. Podemos reducir la incertidumbre y emitir alertas con mayor velocidad”, expuso Carrillo.

Esta información permite estimar con mayor precisión la altura y el tiempo de llegada de las olas a las zonas costeras, lo que facilita la toma de decisiones para la evacuación de comunidades en riesgo.

El sistema se integrará al Centro Nacional de Alerta por Tsunami (Cnat) de la Dirección General Marítima (Dimar), al Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami (Sndat) y a los Centros de Alerta de Tsunamis del Pacífico, lo que permitirá un monitoreo coordinado de fenómenos marino-costeros que puedan afectar a las comunidades del litoral.

Carrillo destacó que, además de la instalación de la boya, se reforzarán acciones con autoridades locales, entidades operativas y comunidades para mejorar rutas de evacuación, señalización y simulacros, con el fin de fortalecer la preparación territorial y la prevención ante tsunamis.

“Si ganamos al menos un minuto en conocimiento de un fenómeno como un tsunami... Quienes vivimos lo que fue el tsunami sabemos lo que eso significa. Un minuto para salvar la vida”, expresó uno de los habitantes de Tumaco que vivió ‘en carne propia’ las consecuencias de la catástrofe natural.

Las autoridades lograron neutralizar una estructura criminal considerada una de las más grandes en el tráfico ilegal de madera en la Amazonía colombiana.

En una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef), fue desarticulada la red conocida como “Puerto Hong Kong”, que realizaba actividades ilícitas en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas.

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Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Sexta Especializada de la Dirección contra los Delitos Ambientales permitieron recolectar pruebas suficientes sobre la existencia de cadena criminal dedicada a la extracción, transporte y venta de madera de manera ilícita en áreas protegidas.

La red ilegal trasladaba importantes cantidades de madera hacia ciudades como Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá. Estas operaciones generaron ingresos ilícitos significativos.

Captura del grupo criminal ‘Puerto Hong Kong’

La Fiscalía reportó la captura de 17 personas en el marco de la acción operativa. Entre los detenidos se encuentran tres funcionarias de la Corporación Autónoma Regional de la Amazonía (Corpoamazonía): la secretaria ejecutiva y dos contratistas.

Las pruebas obtenidas enlazan a estos funcionarios con la facilitación de trámites y toma de decisiones contrarias a la ley ambiental, así como con posibles actos de extralimitación de funciones.

La red contaba con apoyo interno para evadir controles, otorgar permisos irregulares y asegurar la salida de madera ilícita desde los territorios amazónicos.

De acuerdo con los reportes oficiales, la red utilizaba rutas terrestres y fluviales para movilizar la madera sustraída en forma ilegal.

El seguimiento realizado permitió identificar cómo la mercancía llegaba a grandes centros urbanos donde distribuidores y comercializadores participaban en la transacción de los productos forestales.

Los recursos generados alimentaron estructuras delictivas que operaban con cobertura regional y vínculos en mercados ilegales en la zona fronteriza con Perú y Brasil.

El proceder de “Puerto Hong Kong” mostró alcance internacional. La cadena criminal generó efectos directos sobre zonas protegidas en el sur de Colombia y regiones fronterizas. Se identificaron impactos en:

• Parque Nacional Natural Amacayacu.
• Áreas protegidas de Tarapacá.
• En el Amazonas colombiano.
• Parque Nacional Natural Yaguas, ubicado en Perú.

El daño evidenció la dimensión transfronteriza del tráfico ilegal, afectando ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad regional.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, se refirió a los alcances de la operación e indicó que “la protección del bioma amazónico exige acciones integrales: conservación, restauración y una lucha decidida contra los crímenes ambientales. Hoy avanzamos en la contención de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado”.

Según la funcionaria, esta operación demuestra los resultados concretos que “alcanzamos bajo la coordinación del Conaldef, que integra a la Fuerza Pública, la Fiscalía y las entidades ambientales para enfrentar estas amenazas con contundencia”.

La Fiscalía y los órganos de control ambiental reiteraron que se mantendrán los operativos de fiscalización en zonas con reportes de mayor vulnerabilidad, en coordinación con autoridades regionales y entidades internacionales responsables de la protección de áreas naturales estratégicas de la cuenca amazónica.

Las acciones recientes forman parte de una estrategia amplia destinada a enfrentar la deforestación, los delitos forestales y el tráfico ilegal que afecta la selva suramericana y su entorno.

En la décima sexta edición de los premios Afrocolombianos del Año, una de las personalidades reconocidas fue Arley Silva, gerente de operaciones del puerto de Tumaco.

En el evento se reconoció a Silva por su liderazgo en la reactivación del puerto nariñense, que es uno de los pilares del plan de abastecimiento del suroccidente del país.

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Sobre su vida, se reveló que nació en un pueblo humilde de Nariño, en donde afrontó condiciones extremas de pobreza, lo que no evitó que lograra salir adelante y en la actualidad tenga uno de los cargos más importantes del servicio portuario.

Para los organizadores del evento, la resiliencia de Arley Silva demuestra como se deben contrarrestar estereotipos negativos y visibilizar la integración afro en el territorio nacional.

Durante su intervención, Silva indicó que seguirá creyendo en el esfuerzo y la disciplina como pilares para tener éxito en la vida, puesto que le ha permitido ser reconocido como un líder afro de gran prestigio.

De la misma forma, en diálogo con Infobae Colombia, Silva agradeció a las entidades que han confiado en su trabajo.

“En la Fundación Color de Colombia me han llevado a eventos para que hable a los jóvenes, que sepan que sí se puede, que nosotros los afros si podemos salir adelante y optar por cargos públicos y privados en las empresas. Yo siempre he contado mi historia, de dónde vengo. Soy de extrema pobreza, pero he creído que con disciplina y esfuerzo podemos lograr salir adelante”.

Para Arley Silva, su historia debe ser tomada como un impulso para las nuevas generaciones, que espera, puedan seguir demostrando que los estereotipos no definen a las personas.

“Esta vez a mí me llamaron y me nominaron en el sector privado, dos de Tumaco y uno de la costa Atlántica. Esto es muy importante para la región y más para mostrar de que una empresa como la sociedad portuaria tiene presente incluir a los afro para que lideren procesos administrativos y operativos de la empresa”.

Por último, resaltó la labor que realiza el puerto de Tumaco para los locales, puesto que la mayoría de los empleados del lugar son oriundos de la cabecera municipal.

“Te comento que nosotros en el puerto de Tumaco, todos los que trabajamos somos, se puede decir, afro y de Tumaco. Es decir, todos los cargos lo estamos ocupando personal de Tumaco, porque nuestro jefe ha creído que tenemos que darle las participaciones a los que están en la zona, es importante mostrar de que nosotros sí podemos”.

En ese sentido, resaltó que la inclusión laboral es un compromiso que se debe asumir en todo el país, asegurando que de esa forma se permitirá que todas las poblaciones puedan salir adelante.

El reconocimiento a Arley Silva también resalta la política de inclusión laboral de la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port. El gerente destacó cómo la empresa demuestra un firme compromiso con la población local:

“Esto es muy importante para nosotros como región, porque demuestra cómo la sociedad portuaria tiene como política impulsar a los afro en los procesos administrativos y operativos. Hoy los trabajadores del puerto somos de Tumaco, lo que reafirma el compromiso con nuestra población”.

Sobre su labor, Silva indicó que está ligado a todo lo que se registra en el puerto, incluyendo las tareas logísticas en la llegada y salida de buques, además del plan de abastecimiento de combustible en la región del Pacífico, que comienza precisamente en el embarcadero.

La aparición de un pequeño ataúd abandonado en la Plaza de Nariño, en pleno centro de Pasto, generó una intensa alarma entre los habitantes y obligó a desplegar un operativo policial que mantuvo en vilo a la capital del departamento de Nariño.

Los hechos se registraron en la tarde del martes 9 de diciembre de 2025, en la que uniformados de la Policía nacional llegaron al sitio y acordonaron el lugar, con el fin de descartar de que se tratara de un artefacto explosivo, por lo que se dispuso de un canino antiexplosivos para descartar cualquier amenaza.

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Incluso, durante el operativo, los agentes policiales pidieron a la ciudadanía que transitaba por el parque nariñense que se alejara del ataúd, advirtiendo sobre el riesgo potencial y las consecuencias de una posible detonación.

En declaraciones citadas por El Tiempo, la institución recalcó que la operación duró más de dos horas, donde hallron que el féretro no contenía ningún elemento peligroso ni explosivo, disipando el temor que se había apoderado de los transeúntes y comerciantes del sector.

Frente a la aparición de este objeto en pleno parque de la capital nariñense, uno de los vendedores del lugar detalló que el ataúd fue dejado por sujetos desconocidos que, según su relato al diario bogotano, estarían en estado de alicoramiento.

“Vinieron aquí unos habitantes de calle y dejaron allí una caja, parecían borrachos, luego se fueron sin decir absolutamente nada, pero allí no hay nada”, indicó el hombre.

Por el momento, las autoridades de Pasto no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el hallazgo ni sobre la identidad de quienes dejaron el ataúd en la banca de la Plaza de Nariño.

Atentado contra estación de Policía en La Llanada, Nariño

Además de la alerta por supuestos explosivos en el parque central de Pasto, se presentó una explosión de un artefacto contra la estación de Policía de La Llanada, en el occidente de Nariño.

Según reportes preliminares, los hechos ocurrieron en la noche del lunes 8 de diciembre, en el que no se registraron personas lesionadas o víctimas mortales, pero sí generó daños materiales considerables.

El atentado en La Llanada ocurrió en pleno casco urbano, donde el explosivo impactó una patrulla policial estacionada, causando graves daños materiales.

Los habitantes que transitaban por las calles cercanas debieron buscar refugio en viviendas y comercios, ante el temor de que se produjeran nuevos ataques desde las montañas aledañas. Las autoridades no descartan la autoría del frente Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, en este nuevo episodio de violencia.

La explosión interrumpió el ambiente de tranquilidad que se vivió durante la noche de las Velitas, cuando la comunidad celebró en paz y encendió faroles como símbolo de unidad y esperanza.

Este hecho se registró luego de que el Gobierno nacional, a través del Fondo Paz, entregara 1.600 metros de placa huella en cuatro veredas del municipio nariñense.

Durante ese acto, el alcalde Juan Carlos Tapia reconoció que La Llanada ha sido golpeada por la violencia desde la llegada del conflicto armado, y que las comunidades no han dejado de sufrir sus consecuencias, según declaraciones citadas por El Tiempo.

Además, las autoridades locales habían manifestado su confianza en los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional con el grupo Comuneros del Sur.

Del mismo modo, la Tercera División del Ejército Nacional informó sobre la neutralización de un artefacto explosivo improvisado en la vereda Carrizal, jurisdicción de Los Andes Sotomayor, en el mismo departamento colombiano.

En un comunicado, soldados del Batallón de Infantería No. 9, lograron desactivar el dispositivo, que habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado ‘Comuneros del Sur’.

“Esta acción eliminó una grave amenaza contra las comunidades y la Fuerza Pública que mantiene el control territorial en la zona”, destacó la institución castrense en un comunicado.

Además, subrayó que este resultado afecta la intención criminal de la estructura y fortalece la seguridad en el sur occidente del país, asegurando que las operaciones militares continúan de manera permanente para proteger a Colombia.

En el municipio de Magüí Payán, situada en la región del Pacífico nariñense, un niño de 7 años murió por quemaduras sufridas por un accidente con alcohol antiséptico, en circunstancias asociadas a un reto viral.

El caso, que se conoció a través de portales regionales, generó consternación entre la comunidad y reavivó alertas sobre los riesgos de estos desafíos en redes sociales: los llamados retos virales.

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Dicha situación enciende las alarmas debido a que el caso se conoció en medio de la temporada final de año, y justo cuando los niños y adolescentes suelen pasar más tiempo de los habitual conectado a redes sociales mediante el uso de dispositivos como celulares o tablets.

Es decir, suele haber más interacción, en muchos casos, sin el debido acompañamiento de adultos.

Las autoridades confirmaron que el menor, residente en Magüí Payán, sufrió lesiones graves después de que, según las versiones preliminares, intentó junto a amigos encender alcohol antiséptico siguiendo instrucciones de un reto en línea.

El líquido inflamable originó llamas en cuestión de segundos que impactaron varias zonas de su cuerpo.

Fuentes de la Dirección Local de Salud del municipio, citadas por el diario El Tiempo señalaron que la situación se produjo “en extrañas circunstancias” y que el caso aún permanece bajo investigación.

La cadena de traslados médicos comenzó en el centro de salud ESE local de Magüí Payán. La gravedad de las lesiones obligó a remitirlo al Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, en la capital de Nariño.

los profesionales atendieron la complejidad del caso y gestionaron una segunda remisión urgente a Cali, donde el menor falleció pese a los esfuerzos del personal sanitario.

Las autoridades aclararon que los hechos ocurrieron la última semana de noviembre, sin aportar la fecha exacta. Portavoces de la Alcaldía de Magüí Payán declararon que no existen mayores detalles claros sobre lo ocurrido y reiteraron que la policía avanza en la recopilación de información.

“Aún no son claras las circunstancias del deceso y las autoridades competentes reciben acompañamiento institucional para avanzar con las investigaciones”, informaron desde la administración municipal al mismo diario bogotano.

Durante las horas siguientes a la confirmación del fallecimiento, circuló información errónea en redes sociales que ubicaba el caso en el municipio vecino de Barbacoas.

Por lo anterior, el propio alcalde de dicho poblado, Mario Hurtado Quiñónez, lo desmintió de forma oficial y aclaró que la tragedia sí tuvo lugar en Magüí Payán.

En un comunicado, la administración expresó: “La administración municipal de Barbacoas, bajo la dirección del alcalde Mario Hurtado Quiñónez, lamenta profundamente el fallecimiento del niño” y envió condolencias públicas a su familia.

Preocupan los retos virales por redes sociales que replican los menores de edad

Los retos con sustancias inflamables han aumentado su presencia en plataformas digitales durante los últimos años, incrementando la preocupación de autoridades y especialistas en salud pública no solo en Colombia, sino en otros países del continente.

La Dirección Local de Salud de Magüí Payán evaluó como una de las principales hipótesis que el accidente estuviera vinculado a la reproducción de material viral donde se desafía a prender alcohol antiséptico debido a que la exposición directa a las llamas provocó un incendio de rápida propagación.

Las fuentes consultadas no dieron a conocer detalles sobre el diagnóstico exacto tras el ingreso del menor a la capital vallecaucana ni la condición en la que fue trasladado después de la atención recibida en Pasto.

Los organismos de investigación y las autoridades sanitarias de Nariño instaron a evitar la difusión de información no contrastada, recomendando prudencia a la hora de compartir contenidos de redes sociales no verificados en un caso que refleja el el desafío de enfrentar contenidos virales que pueden resultar peligrosos para los menores que los ejecutan.

Sumado a lo anterior, la necesidad de fortalecer la supervisión y el diálogo entre adultos y menores de edad en el acceso a Internet pone en el tablero otra materia pendiente a revisar.

Durante la jornada de luto, la comunidad de Magüí Payán expresó su solidaridad con los familiares del niño, mientras que Alcaldía reiteró su compromiso con el acompañamiento psicosocial y legal a la familia afectada y señaló que el proceso investigativo continúa bajo la conducción de entidades oficiales.

Unidades de la Policía Nacional capturaron en el barrio San Fernando a un sujeto señalado como presunto responsable de hurto calificado.

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El operativo, realizado en la tarde del viernes 21 de noviembre, se produjo tras la alerta de la comunidad sobre un asalto cometido por al menos seis sujetos que se movilizaban en tres motocicletas en esta zona del departamento.

La rápida respuesta de los uniformados permitió identificar a uno de los vehículos sospechosos; al advertir la presencia policial, el conductor intentó escapar. Sin embargo, en una de las angostas calles del centro del municipio, el delincuente habría omitido una señal de “pare” y colisionó con un taxi, dejando esparcidos billetes de diferentes denominaciones en el asfalto, lo que fue aprovechado por algunos transeúntes y testigos de los hechos para hurtar, paradójicamente, el dinero robado.

Policía logró la captura de uno de los delincuentes

Durante el procedimiento, según informó la Policía Nacional, los agentes hallaron en poder del capturado una mochila que contenía parte del dinero en efectivo y un arma tipo revólver calibre 9 mm con cartuchos sin percutir. Además, la motocicleta relacionada con el caso fue inmovilizada. Momentos después, la víctima del hurto acudió al lugar, donde reconoció al detenido como uno de los implicados en el robo.

“En Ipiales se logró la captura de un ciudadano por el delito de hurto calificado, tras una rápida reacción, gracias al oportuno aviso de la ciudadanía. Durante la intervención se recuperaron elementos hurtados, un arma de fuego y una motocicleta utilizada en el hecho”, señaló el mayor Elkin Hernandez, comandante del distrito de Policía Ipiales.

El capturado, junto con el arma incautada, el dinero recuperado y el vehículo inmovilizado, fue puesto a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente, según señaló la Policía Nacional. “La Policía reafirma su compromiso institucional con la seguridad ciudadana, reforzando los patrullajes, la reacción inmediata y las acciones operativas que permitan prevenir y contrarrestar el delito en todas sus modalidades”, complementaron las autoridades a través de un comunicado.

Colaboración ciudadana permitió la captura de presunto ladrón y recuperación de celular robado en Ipiales

Un presunto responsable de hurto fue detenido el jueves 20 de noviembre gracias a la colaboración ciudadana, tras una persecución ocurrida en el centro de Ipiales.

El hecho delictivo tuvo lugar alrededor de la 1:48 p. m., cuando un testigo presenció el robo de un celular en la intersección de la carrera 6 con calle 12, una zona reconocida por su alta actividad comercial.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el testigo siguió al sospechoso por distintas calles hasta llegar al barrio La Laguna. En ese punto, un habitante del sector intervino y logró retener al señalado, facilitando así su captura por parte de los uniformados que acudieron al lugar.

En el sitio se recuperó el teléfono celular, el cual había sido denunciado como robado minutos antes por una mujer empleada en el sector gastronómico del municipio. Tras la detención, el individuo y el objeto recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites judiciales correspondientes.

Residentes del barrio La Laguna reconocieron la eficacia de la reacción ciudadana y la coordinación con las autoridades, resaltando el impacto positivo de la colaboración entre la comunidad y la fuerza pública en el combate al delito.

La celebración de las fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel en el municipio de Tangua, en el departamento de Nariño, se vio marcada por la tragedia tras un accidente ocurrido durante una competencia de balineras que no contaba con autorización oficial.

Los hechos, ocurridos el sábado 8 de noviembre de 2025, dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridos, en un evento que se realizó en un tramo de la Vía Panamericana, específicamente en el sector conocido como Cova Negra, en la vía que conecta Pasto con Ipiales.

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La secuencia del accidente quedó registrada en videos captados por asistentes.

En las imágenes se observa cómo el carrito número 21 pierde el control al tomar una curva peligrosa. El vehículo se sale de la trayectoria, provocando que piloto y copiloto rodaran varios metros sobre el asfalto.

El desconcierto y la alarma se apoderaron de los presentes, mientras una mujer, desde una vivienda cercana, exclamaba: “Dios mío, Diosito, corran, corran, la ambulancia, llamen la ambulancia”.

El impacto fue tan severo que, según testigos citados por El Tiempo, el hombre que conducía este carro artesanal falleció de manera instantánea. Su copiloto, aunque herido, fue trasladado a un centro hospitalario y logró sobrevivir.

La víctima fue identificada como Adrián Maya Paz, un reconocido docente y líder deportivo de la región.

No había permisos

Según reportó el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, el evento no contaba con el permiso de la institución ni del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Concesión Vial, sino que la alcaldía de Tangua fue la que asumió la responsabilidad del mismo.

“En las carreras que no estaban autorizadas por ninguna de las autoridades, la Alcaldía de Tangua asumió esa responsabilidad y las realizó sin las autorizaciones. Se presentaron cuatro lesionados producto de estas carreras y un fallecido que se salió de control y se estrelló”, declaró el oficial.

Según informaron medios locales, previo al inicio de la competencia se conoció que el párroco del municipio ofreció una bendición a los participantes. “Bendice Señor a todos los competidores que han trabajado con dedicación y pasión para construir sus carritos de madera”, pronunció el sacerdote en videos difundidos en redes sociales.

Tras la ceremonia y los aplausos del público, la carrera comenzó en un trayecto de descenso pronunciado y curvas cerradas, lo que representaba un desafío considerable para los conductores.

De acuerdo con el reglamento citado por El Tiempo, los carritos, construidos artesanalmente en madera y equipados con balineras, pueden alcanzar velocidades de hasta ochenta kilómetros por hora. Cada vehículo transporta a un piloto y un copiloto, quienes solo cuentan con un casco como medida de protección.

Esta no es la primera vez que la competencia registra víctimas mortales; según informó el diario bogotano, en años anteriores también se han reportado fallecimientos, aunque las autoridades locales han mantenido la carrera como parte de la programación oficial de las festividades patronales de Tangua.

Mensajes de condolencias

Tras conocerse la noticia, diversas instituciones y figuras públicas manifestaron su pesar. El alcalde de Tangua, Marino Timaná, expresó sus condolencias a la familia del docente.

“La Administración Municipal de Tangua lamenta profundamente la partida de un gran amigo y ciudadano ejemplar, cuya labor y compromiso dejaron huella en el corazón de nuestra gente”, manifestó.

Por su parte, la Liga de Fútbol de Nariño destacó la labor del hoy fallecido en los municipios de Tangua, Puerres e Imués.

“La Liga de Fútbol de Nariño expresa su más profundo sentimiento de pesar por el fallecimiento del profesor Adrián Maya Paz, entrenador, formador y líder comprometido con las comunidades de Tangua, Puerres y Pedregal”, comunicaron.

Entre tanto, el Concejo municipal de Tangua mencionó: “Destacado líder y gran ser humano, recordado por su amor al deporte, su compromiso con la juventud y su constante apoyo al desarrollo de nuestro municipio”.

Tras el accidente, las autoridades anunciaron la apertura de investigaciones para determinar las responsabilidades en los hechos ocurridos durante la competencia. La alcaldía decidió suspender todos los eventos deportivos y recreativos previstos a realizarse en las fiestas patronales, mientras se evalúa la situación.

Un operativo policial reciente en zona rural de Ipiales, al sur de Nariño, concluyó con la captura de un presunto integrante de un grupo armado ilegal y la incautación de armas, vehículos y equipos de comunicación.

La acción, llevada a cabo como parte del Plan Cazador, tuvo como objetivo debilitar la estructura de las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), organización que busca ampliar su control en la región.

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Según explicaron las autoridades, la intervención se realizó en el corregimiento La Victoria, vereda Palmar, sector Monopamba, donde agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, interceptaron a un individuo que, según las autoridades, pretendía entregar material de guerra a otros miembros de la AUN.

El comandante operativo de la Policía en la zona, coronel Fabián Mauricio Chaparro Moreno, explicó que la captura fue posible gracias a información precisa obtenida por los investigadores, lo que permitió frustrar la entrega de armas y equipos a la estructura criminal.

Durante el operativo, los uniformados incautaron tres fusiles calibre 5.56 mm, siete proveedores para fusil, 467 cartuchos de calibres 5.56 y 7.62 mm, un dron, dos teléfonos móviles, tres motocicletas, un repetidor de comunicaciones y diverso material de intendencia.

Todo este arsenal, según la Policía, estaba destinado a fortalecer la capacidad logística y operativa de la AUN en la zona.

Las Autodefensas Unidas de Nariño, grupo armado ilegal que opera en el sur del departamento, han intensificado sus acciones para expandir su influencia territorial.

De acuerdo con las autoridades, las AUN mantiene enfrentamientos con el frente 48 Comandos de Frontera, en una pugna por el control de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal en las zonas limítrofes de Nariño.

Esta disputa ha incrementado la tensión y la violencia en la región, afectando la seguridad de las comunidades locales.

Frente a ello, es importante mencionar que el operativo forma parte de la estrategia del Plan Cazador, una iniciativa de inteligencia y control territorial que busca debilitar las estructuras criminales en áreas estratégicas del departamento.

Las autoridades señalaron que la acción refuerza la ofensiva contra organizaciones armadas ilegales, al afectar directamente su capacidad de operar y abastecerse de recursos.

El coronel Chaparro Moreno destacó que la operación no solo permitió la captura de un presunto integrante de la AUN, sino que también representó un golpe a la logística de la organización.

Los policías que participaron en la intervención indicaron que la incautación de armas y equipos limita la capacidad de acción de estos grupos y contribuye a la protección de la población civil.

Tras la captura, el detenido y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Las autoridades esperan que el individuo sea enviado a prisión, lo que consideran un paso relevante para salvaguardar a las comunidades del sur de Nariño frente a la amenaza de los grupos armados ilegales.

Las autoridades fueron claras en que las fuerzas de seguridad mantienen su determinación de enfrentar a las organizaciones criminales y de proteger la vida y la tranquilidad de los habitantes de Nariño.

Las AUN permanecen en más de 10 municipios de Nariño

De esta manera, resulta relevante añadir que las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) son un grupo armado ilegal que ha emergido en Nariño, en el suroccidente de del país, aproximadamente desde 2023.

Según han explicado las autoridades, este grupo lo conforman cerca de 350 combatientes y ya tienen presencia en al menos 12 municipios del sur de Nariño.

Las AUN opera en zonas donde previamente existían dinámicas de conflicto por narcotráfico, economías ilegales de extracción de oro y cultivos ilícitos, y donde la presencia estatal es históricamente débil.

El asesinato de Moisés Marcos López Enríquez, un reconocido líder indígena de Mallama, en el departamento de Nariño, ocurrió 11 de febrero de 2023, cuando se dirigía a una reunión en Ipiales cuando fue interceptado y asesinado por individuos desconocidos.

Noticias RCN conoció detalles de la investigación del caso, liderada por el Cuerpo Élite de la Policía, que se apoyó en videos de cámaras de seguridad y en testimonios que permitieron reconstruir los hechos.

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El taita Gilberto Buenaventura, representante legal de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), relató al citado noticiero que Marcos salió de Mallama alrededor de las 6 a.m., tras decidir viajar en un vehículo distinto al de su comitiva, que ya se encontraba lleno.

Durante el trayecto, Marcos mantuvo comunicación con Buenaventura, que ya se hallaba en el cabildo. Sin embargo, treinta kilómetros después de haber partido, un automóvil cerró el paso al vehículo en el que viajaba el líder indígena.

Sin mediar palabra, los ocupantes del otro coche lo obligaron a descender, y de inmediato le dispararon, en un sector conocido como El Espino. La noticia interrumpió la asamblea que se celebraba con el Gobierno nacional, y a la que Marcos López tenía pactado asistir: el líder indígena fue trasladado al Hospital de Túquerres, donde falleció a causa de un impacto de bala en la cabeza.

En la zona donde Marcos López fue ultimado operan estructuras de las disidencias de las FARC y otros grupos criminales, lo que incrementa el peligro para los líderes sociales. No obstante, los testimonios recogidos en Túquerres generaron confusión entre los investigadores, ya que el ataque no presentaba las características habituales de los perpetrados por organizaciones al margen de la ley.

Las pistas halladas por el Cuerpo Élite que ayudaron a ubicar a los autores materiales del homicidio

Noticias RCN, a través del programa Retrato Hablado, expuso que el análisis de unos videos de seguridad realizados por el Cuerpo Élite permitió identificar un vehículo sospechoso: un carro de techo negro con gris que transportaba a los autores materiales del homicidio. Aunque los asesinos no ocultaron sus rostros, los testigos no lograron reconocerlos; una cámara de una estación de servicio captó el paso de los vehículos implicados poco antes del ataque.

Tras quince días de pesquisas, las autoridades localizaron una vivienda y un prostíbulo vinculados al automóvil, que posteriormente fue vendido en Ecuador. La identificación de estos inmuebles permitió perfilar a varios sospechosos.

Entre los principales implicados figuraban alias el Veneco, que frecuentaba el establecimiento conocido como Club Penthouse, junto a “PH” y alias Juanino. Los tres estuvieron presentes en el lugar de los hechos y fueron señalados como los principales responsables del asesinato. El Cuerpo Élite solicitó el apoyo de la Policía de Vigilancia para confirmar la identidad de uno de los presuntos autores.

Durante el procedimiento, “el Veneco” presentó una cédula falsa y fue trasladado a la sede de la Sijín en Ipiales. Al revisar sus antecedentes, las autoridades descubrieron que se trataba de Luis Humberto Trejos Riascos, que ya había sido acusado por porte ilegal de armas y debía estar cumpliendo una medida privativa de la libertad. Trejos Riascos pertenecía al resguardo indígena Mallama, el mismo del que había sido gobernador el taita Marcos.

Posteriormente, las autoridades capturaron a Elvis José Malpica (alias Veneco), Luis Alberto Gil (alias PH) y a varias mujeres que los acompañaban en ese momento. Estas últimas fueron excluidas de la investigación al no encontrarse pruebas que las vincularan con el homicidio de Marcos López. Además, a investigación reveló la implicación de un cuarto hombre: el conductor que transportaba al taita el día del crimen.

Según el informe de Noticias RCN, el Cuerpo Élite halló pruebas que señalaban a Jaime Víctor Hugo Garrido como colaborador, tras constatar que había mantenido conversaciones con Luis Humberto Trejos. Garrido, que también estaba bajo una medida privativa de la libertad, mantenía una relación de amistad con alias Juanino, autor material del asesinato. Ambos habían planeado la traición a Marcos con antelación.

A pesar de las pruebas recabadas, las autoridades determinaron que Garrido había huido a Ecuador; el 18 de julio de 2023, los investigadores recibieron información sobre su regreso a Mallama, donde fue finalmente capturado por el Cuerpo Élite. El proceso investigativo, según el informe de RCN, permitió establecer que Garrido tenía vínculos con las redes urbanas del ELN y que, además de ser cómplice en el homicidio, facilitaba armas y otros elementos ilícitos a este grupo ilegal.

En Nariño, técnicos en antiexplosivos del Grupo Marte del Ejército Nacional de Colombia, acompañados por observadores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), completaron la eliminación de 14 toneladas de explosivos que fueron entregados por las disidencias conocidas como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).

Según informó Blu Radio, el operativo tuvo lugar en el sector rural de La Laguna, municipio de Roberto Payán, como parte de los compromisos alcanzados en los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

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La intervención incluyó la destrucción de granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, morteros caseros y cientos de minas antipersonal. El material bélico inutilizado representa uno de los decomisos más importantes en la región en los últimos años.

Los explosivos: una amenaza que cede ante los pactos de paz

De acuerdo con el capitán Mahecha, jefe del Grupo Marte, entre los artefactos destruidos había numerosas minas antipersonal y granadas que pudieron haber sido utilizadas para atacar a la fuerza pública mediante sistemas aéreos no tripulados.

El oficial aseguró al medio citado que “las minas antipersonales destruidas son artefactos muy peligrosos que no distinguen entre la población civil y la fuerza pública”, y sostuvo que estas acciones ayudan a preservar vidas en las áreas donde mantiene presencia el Ejército Bolivariano.

La destrucción de las últimas toneladas de material de guerra ocurrió bajo estrictas condiciones de seguridad, en cumplimiento del acuerdo número 12 firmado entre el Gobierno nacional y la Cneb.

De acuerdo con el cronograma fijado en la mesa de diálogo, las partes volverán a reunirse en Tumaco, en la costa pacífica de Nariño, el martes 4 de noviembre para avanzar en la definición de protocolos que permitirán establecer zonas de capacitación y ubicación temporal para excombatientes.

El impacto regional: antecedentes inmediatos en Tumaco

El operativo en Roberto Payán sigue a otro procedimiento de alto perfil registrado hace menos de una semana en la vereda El Nortal, municipio de Tumaco, también en Nariño.

Allí, el Ejército Nacional, con tropas del Batallón de Selva n.° 53 y el respaldo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, eliminó 6,5 toneladas de explosivos y componentes utilizados para la fabricación de artefactos improvisados.

De acuerdo con las autoridades, la operación permitió retirar del área 838 minas antipersonales, 580 artefactos improvisados y más de 3.600 kilogramos de insumos explosivos.

El procedimiento fue supervisado por el delegado de la Presidencia y validado por la Mapp-OEA, bajo los lineamientos del Plan de Campaña Ayacucho Plus. En un comunicado aseguraron que estas acciones “buscan contribuir a la construcción de confianza entre las partes y brindar mayores garantías de no repetición para las comunidades afectadas, la reconciliación y el desarrollo sostenible del Pacífico nariñense”.

Próximos pasos: zonas de capacitación y desarme

La destrucción controlada de los explosivos en Nariño marca un avance concreto en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Según los acuerdos refrendados en julio, las autoridades y representantes de la Mapp-OEA establecieron la entrega, verificación y destrucción progresiva de material de guerra, proceso que incluye la definición de protocolos inmediatos.

El siguiente paso será la apertura de dos zonas de capacitación para la reintegración de excombatientes ubicadas en Nariño y Putumayo. Se prevé que inicialmente 120 integrantes de la organización armada ilegal entregarán sus armas y comenzarán su proceso de retorno a la vida civil, en lo que el Gobierno califica como un paso esencial para consolidar la seguridad y la paz territorial.

Las operaciones de destrucción de explosivos en el suroccidente colombiano cuentan con el respaldo de organismos internacionales y forman parte de un proceso supervisado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondepaz) y la Misión de Apoyo de la OEA.

Las acciones coordinadas “buscan reducir el riesgo para la población civil y las tropas en el área”, a la vez que representan uno de los compromisos más visibles en la agenda de paz vigente entre el Gobierno y estructuras armadas en proceso de desmovilización.

El departamento de Nariño celebra la reapertura total del Túnel Daza, una infraestructura clave para la conectividad entre Pasto, Buesaco y Chachagüí, luego de cien días de trabajos intensos liderados por el Ministerio de Transporte, bajo la dirección de Mafe Rojas, y ejecutados por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Según la información oficial suministrada por la cartera de Transporte, esta intervención, que requirió 2.400 horas de trabajo y la participación de 222 personas entre ingenieros, técnicos y operarios, marca un hito en la movilidad y el desarrollo local y regional.

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La reapertura oficial se vivió en un ambiente festivo, con una carrera atlética recreacional que reunió a un centenar de competidores provenientes de diferentes municipios del departamento, quienes recorrieron el entorno de la estructura subterránea de 1,71 kilómetros de largo, celebrando así el retorno seguro y estable del principal corredor vial al sur del país.

De acuerdo con la ministra de Transporte, Mafe Rojas, “las obras del túnel son ejemplo de una inversión pública bien ejecutada, además representan desarrollo regional, en la que juntos construimos nuestros territorios y demostramos que cada vez que invertimos en vías, invertimos en el futuro de la paz total, porque a través de ellas, no solo unimos caminos, también unimos comunidades”.

El proyecto, ejecutado conforme a la resolución 02766 del 19 de julio de 2025, contempló un cierre temporal de cien días para realizar acciones de prevención, mitigación y mantenimiento en uno de los sectores más críticos, afectado por importantes fallas geológicas.

Los trabajos ejecutados incluyeron excavación, instalación de anclajes y estructura metálica, drenajes y concreto lanzado en la parte inferior del túnel, garantizando así la estabilidad y seguridad estructural. Además, las inversiones realizadas —$11.478 millones para el Túnel Daza y $10.000 millones para la variante— aseguran el tránsito de vehículos de carga, autos clásicos y usuarios cotidianos, mejorando la conectividad y aportando al desarrollo económico y social de la región.

El director general del Invías, Jhon Jairo González, destacó el profesionalismo y dedicación del equipo encargado: “El compromiso del equipo de ingenieros, técnicos y operarios hizo posible la recuperación de la estructura de este túnel, que representa una obra de alta complejidad donde fue necesario implementar soluciones técnicas específicas para superar las condiciones geológicas adversas”. González enfatizó que la culminación de esta obra es reflejo del compromiso del Gobierno nacional con la seguridad vial y la conectividad de Nariño.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, agradeció la gestión del Gobierno nacional y del Invías, destacando la importancia de la obra y la proyección de inversiones futuras para seguir mejorando la infraestructura vial en el departamento. Los alcaldes de Chachagüí, Francisco Enrique Álvarez; de Buesaco, Oswaldo Pabón; y de Pasto, Nicolás Toro, coincidieron en valorar el impacto positivo de este proyecto para el progreso de Nariño y el bienestar de sus comunidades.

Durante los trabajos, se mantuvo la movilidad a través de las rutas alternas de la Vía Panamericana, sector Chimayoy–Estadio Departamental, y la vía Libertad–sector Pasto–La Piscicultura, incluidos desvíos para quienes se desplazaban hacia el aeropuerto de Chachagüí.

El paso oficial de vehículos tras la reapertura fue encabezado por camiones de carga y autos clásicos, seguidos por filas de vehículos particulares y de transporte público, manifestando la satisfacción y el alivio de los habitantes y usuarios frecuentes de esta importante arteria vial.

De acuerdo con Mafe Rojas, cada kilómetro de vía recuperada representa “más conectividad y más oportunidades para las regiones”, y subrayó el liderazgo del presidente Gustavo Petro en el impulso a la infraestructura pública, reafirmando que el Túnel Daza vuelve a operar bajo las más altas condiciones de seguridad.

Este domingo 26 de octubre de 2025, la quema y destrucción del material electoral en puestos de votación de Tumaco (Nariño) y Arjona (Bolívar) interrumpió la consulta del Pacto Histórico.

Las autoridades locales reportaron incidentes graves en dos regiones clave, que impidieron el desarrollo normal de la jornada electoral.

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En el corregimiento de Rocha, perteneciente al municipio de Arjona en el norte de Bolívar, un grupo de habitantes irrumpió en la Institución Educativa donde se ubicaba el puesto de votación y destruyó todo el material dispuesto para la consulta.

En declaraciones a Caracol Radio, Javier Doria, secretario del Interior departamental, indicó que el suceso se generó porque la comunidad manifestó inconformidad con el Gobierno nacional frente a la falta de reparación de una vía.

“Un grupo de 15 a 20 personas ingresaron hasta el puesto de votación ubicado en el corregimiento de Rocha, que es del municipio de Arjona, y destruyeron el material electoral. En este momento ya todas las autoridades nos encontramos coordinando las acciones que vamos a ejercer frente a estas personas que han alterado la jornada del día de hoy”, aseguró Doria en declaraciones recogidas al citado medio.

En los videos compartidos en redes sociales se puede ver como los manifestantes incendiaron tarjetones y equipos cuando la jornada apenas iba a comenzar.

La vía que motiva la protesta conecta a Rocha con el casco urbano de Arjona y ha afectado, según vecinos, el acceso a servicios médicos, el transporte escolar y el abastecimiento de alimentos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó a medios de comunicación que la quema del material electoral impidió realizar la consulta en ese punto, donde se contaba un censo de 2.530 personas habilitadas para votar en una sola mesa.

Autoridades no se han reportado capturas ni personas heridas en Arjona, aunque las autoridades revisan grabaciones realizadas por habitantes para identificar a los responsables de los daños.

Doria recalcó que están en proceso de coordinación “con las autoridades revisando las acciones que vamos a emprender” para judicializar a los responsables, informó Caracol Radio.

En Tumaco, en el departamento de Nariño, las consultas se vieron impactadas por la toma de la sede de la Registraduría local por parte de comunidades indígenas.

Según La FM, los manifestantes protestaron por los cambios de ubicación de mesas de votación implementados por las autoridades electorales, afectando principalmente a comunidades rurales y desplazando la participación de sectores más apartados. Exigieron explicaciones por parte de la Registraduría Nacional.

Adicionalmente, La FM informó que diversos puestos rurales del departamento de Santander fueron reubicados en cabeceras municipales, de acuerdo con lo reportado en más de 59 municipios, lo que generó inconformidades en otras regiones.

Las autoridades reforzaron la seguridad en los municipios afectados, mientras que la Registraduría y los gobiernos locales evalúan los daños y definen las medidas a tomar para restituir el derecho al voto a los ciudadanos afectados.

Hernán Penagos, registrador nacional, reconoció la presencia de incidentes relacionados con el orden público en Tumaco (Nariño), donde grupos indígenas se congregaron frente a la sede de la Registraduría para evitar el traslado de material electoral.

“Se llegó a un acuerdo con ellos, ya se resolvió y se firmó un acta”, manifestó Penagos a medios de comunicación.

Más temprano, la Policía Nacional de Colombia, en articulación con el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, el Inpec y demás autoridades, desplegó para este 26 de octubre de 2025 un dispositivo de seguridad para acompañar el desarrollo de las consultas populares e interpartidistas, en las que se adoptan decisiones internas y se eligen representantes de partidos y movimientos políticos con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La jornada se desarrolla en 1.102 municipios y Bogotá e en los 32 departamentos, con un despliegue territorial que incluye:

En vísperas de la marcha convocada en Bogotá para el viernes 24 de octubre de 2025, a partir de las 4:00 p. m. en la plaza de Bolívar, y en medio de la creciente tensión diplomática entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, el presidente colombiano le envió un nuevo mensaje a su homólogo estadounidense minutos antes de la medianoche del jueves 23 de octubre.

El pronunciamiento se produjo en respuesta a la forma en que se están desarrollando los operativos antidrogas en Colombia, pese a la descertificación de EE. UU. que se anunció el 15 de septiembre

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Mientras Trump ha ordenado al menos seis ataques —que podrían llegar a ocho— contra embarcaciones en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela, desde agosto de 2025, según un informe de la BBC con corte al 20 de octubre, Petro ha aplicado una estrategia en la que responde con operativos en los que no se reportan muertos.

El mandatario colombiano volvió a ‘sacar pecho’ por estas operaciones en una publicación que dejó en su cuenta de X, resaltando la labor de las Fuerzas Militares en una zona situada cerca a la frontera con Ecuador.

De acuerdo con los hechos del informe que compartió el jefe de Estado en su perfil (@petrogustavo), la operación militar por parte de tropas del Ejército se llevó a cabo en el área general de la vereda Vayan Viendo, situada en jurisdicción del municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

Los detalles de este caso, cuyo anuncio se dio el lunes 20 de octubre de 2025, fueron acompañados de unas palabras que reflejan la posición del presidente Petro ante las declaraciones de Trump en redes sociales, en las que, además de llamarlo “matón”, lo calificó como “capo de las drogas”.

Por ello, el presidente colombiano inició su mensaje diciendo: “Quiero mostrarles la labor del presidente de la República de Colombia, casi a la medianoche. No porque sea el líder del narcotráfico, como dijo el presidente de los EE. UU., Trump; esto ocurrió en medio de la selva biogeográfica del Chocó, en el río Mataje, en la frontera entre Colombia y Ecuador”.

A continuación escribió:

“No saldrá en noticias mundiales; no es una lancha rápida alcanzada por un misil. Creo que no hay muertos, ojalá; pero hemos incautado casi dos toneladas de cocaína”.

Más adelante, dejó en claro que, con las acciones de las Fuerzas Militares durante su administración, se han desmantelado laboratorios de producción de cocaína. Antes de dirigir su mensaje a Trump, le envió además un recado al secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, e indicó: “Esta es la labor diaria y nocturna de la fuerza pública colombiana de la que un secretario de Estado se burla”.

El presidente aprovechó la oportunidad para invitar al mandatario norteamericano a visitar el país y observar juntos cómo se realizan este tipo de operativos contra el narcotráfico, con una salvedad. “Que venga aquí, lo invito; yo me pongo las botas y veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”, resaltó Petro.

Los detalles del operativo en la lucha contra el narcotráfico del que sacó pecho Gustavo Petro

En diálogo con el equipo de prensa del Ejército Nacional de Colombia, se precisó que los hechos se desarrollaron el 18 de octubre, fecha en que se emitió el comunicado a medios.

En el reporte oficial se precisó que la Fuerza de Tarea Hércules ejecutó una operación binacional junto a las Fuerzas Armadas del Ecuador que permitió destruir 1,8 toneladas de cocaína en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, infligiendo un golpe a las economías ilícitas en el Pacífico.

“Este laboratorio pertenece al grupo armado organizado (GAO-r) Óliver Sinisterra, el cual se usufructa de las economías ilícitas mediante la producción de clorhidrato de cocaína y los laboratorios de pasta base de coca para financiar todas las economías ilícitas con las cuales adquieren todo el material bélico con que atacan a la población civil y atacan a las tropas”, señaló el coronel Jaison Leonardo Gómez Pérez, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante Fuerza de Tarea Hércules.

La acción coordinada se realizó como parte del Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus, y en el que ambos países tiene entre sus objetivos bloquear los corredores del narcotráfico responsables de financiar la violencia en la región.

Durante la operación, unidades del Batallón de Selva N.° 53 y el Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3 del Ejército Nacional de Colombia, en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el respaldo de las Fuerzas Armadas del Ecuador —a través del Batallón de Infantería Motorizado N.° 1 y el destacamento de Inteligencia Militar Esmeraldas— ubicaron y destruyeron un laboratorio ilegal de procesamiento de clorhidrato de cocaína.

“La mercancía ya estaba lista para ser exportada “a Centroamérica, Norteamérica, Europa y Asia”, detalló el coronel Pérez, y conforme a información de inteligencia militar, la estructura estaría bajo control de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, GAO-r Óliver Sinisterra, grupo con influencia en la zona de frontera colombo-ecuatoriana.

Enfrentamiento entre tropas del Ejército y criminales dejó operativo antidroga en zona de frontera entre Colombia y Ecuador

La intervención se desarrolló en la vereda Vayan Viendo, donde las tropas se enfrentaron a un grupo armado de aproximadamente diez personas que custodiaban el complejo ilícito.

Los atacantes abrieron fuego contra el personal militar, pero la reacción del operativo permitió controlar la situación sin bajas ni lesiones entre las fuerzas legales, se destaca en el comunicado.

Los responsables, luego del enfrentamiento, huyeron en embarcaciones cruzando hacia el Ecuador (por el río Matajé, como señaló Petro, en una zona de la selva del Chocó biogeográfico, que va desde desde la región al este de Panamá, atraviesa la costa pacífica de Colombia y el litoral de Ecuador con Perú) y dejando atrás el laboratorio y diverso material utilizado en la producción de cocaína.

De acuerdo con datos divulgados en el comunicado oficial, la destrucción del laboratorio y la incautación de la droga representan una afectación a las finanzas del grupo armado residual cercana a 30.000 millones de pesos colombianos, recursos que el narcotráfico no llegará a percibir.

Hasta la fecha, las operaciones coordinadas en la región han permitido la destrucción de 132 laboratorios de pasta base de coca, 5 laboratorios de clorhidrato de cocaína y uno para procesamiento de sustancias químicas, con un impacto acumulado superior a los 67.000 millones de pesos sobre las finanzas de los grupos armados organizados con presencia en el área, destacó el alto oficial.

Las cárceles del país, pese a que son lugares de reclusión de personas que cometieron algún tipo de delito, no son ajenas a la comisión de nuevos ilícitos que perturban la tranquilidad de los ciudadanos que gozan de la libertad. Para las autoridades es bien conocido que dentro de estas se han adecuado espacios dedicados a la extorsión a través de llamadas telefónicas.

Una de las cárceles de las que salían este tipo de comunicaciones era la cárcel de Media Seguridad ubicada en el municipio de Ipiales, Nariño, al suroccidente del país. Hasta este centro penitenciario llegaron las autoridades para adelantar un operativo las redes de extorsión que operaban clandestinamente en este lugar.

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La operación se realizó de manera coordinada entre el Gaula Militar, el Ejército Nacional, el Departamento de Policía de Nariño y la Fiscalía General de la Nación. Por medio de estas acciones, las autoridades dieron un duro golpe a las estructuras delincuenciales que operan dentro y fuera de los centros carcelarios a través de la extorsión contra los colombianos.

Durante la diligencia se logró la incautación de 15 celulares, 10 armas cortopunzantes, 200 gramos de estupefacientes, así como accesorios y demás elementos para el uso de equipos móviles. Para los uniformados, dichos elementos eran utilizados por los privados de la libertad para realizar llamadas con fines extorsivos a la población civil.

De acuerdo con la versión oficial, en las llamadas, los reclusos de la cárcel de Ipiales, bajo amenazas e intimidaciones, le exigían a los ciudadanos importantes sumas de dinero para no atentar contra su integridad o la de sus familiares.

En este sentido, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con el despliegue de operaciones coordinadas entre la fuerza pública y diferentes organismos estatales que, no solo permiten preservar la tranquilidad de los habitantes de esa región del país, sino de todos los colombianos que diariamente eran extorsionados a través de este medio.

No obstante, la extorsión desde los centros penitenciarios del país continúa escalando como uno de los delitos más preocupantes para la seguridad nacional. Según la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, entre 2020 y 2024 este crimen aumentó más del 20 %, con mayores incidencias en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.

En este sentido, las autoridades calculan que las redes carcelarias pueden mover hasta $200.000 millones al año, ejecutando más de 250 llamadas extorsivas al día desde un solo teléfono dentro de prisión. Esta dinámica se sostiene por el acceso ilegal a celulares, el deterioro de inhibidores de señal y la participación de funcionarios corruptos.

Dada la escalada de este delito que pone en juego el poder del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dentro de los penales, la fuerza pública intensifica los operativos de este tipo contra los centros de llamadas clandestinos que operan dentro de esto.

Las acciones de las autoridades se han centrado en las cárceles de Valledupar, La Dorada, Ibagué y Cómbita, donde se identificaron los principales focos para la comisión de este tipo de delito.

Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, donde en agosto de 2025, las autoridades ubicaron un “call center” criminal con más de 105 celulares y directorios con información de 10.000 víctimas potenciales. En este lugar, los internos que realizaban las llamadas se hacían pasar por integrantes de grupos armados al margen de la ley para exigir grandes sumas de dinero a sus víctimas.

Ante esta realidad, las autoridades han desarrollado estrategias conjuntas entre el Inpec, el Gaula, la Fiscalía y el Ministerio TIC dentro del plan “Operación Dominó”, orientado a bloquear las comunicaciones ilícitas y desmantelar las redes internas. Sin embargo, la Procuraduría ha advertido que muchos inhibidores de señal permanecen fuera de servicio, lo que facilita el accionar de las bandas criminales.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la exgobernadora encargada de Nariño, Viviana Milena Solarte Solarte, por presuntas irregularidades en un proceso de compra de maquinaria de construcción por más de $12.500 millones.

De acuerdo con el Ministerio Público, la compra fue hecha con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), un fondo destinado a financiar proyectos en las regiones del país, por lo que la apertura de la investigación busca esclarecer posibles inconsistencias en el manejo y en la selección del fondo mixto encargado de la adquisición.

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El ente de control encontró indicios de que no se habrían cumplido los procedimientos establecidos para designar a la entidad responsable de llevar a cabo la adquisición, así como los requisitos para el desembolso de los recursos del SGR, ya que dicho fondo también debía administrar la compra de otros vehículos para el uso de la Gobernación de Nariño.

Como parte del proceso, la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR solicitó a la administración de ese departamento toda la documentación relacionada con el proyecto. Esta información incluye antecedentes, análisis técnicos, jurídicos y financieros que sirvieron de soporte para designar al fondo mixto como el ejecutor de la compra.

En la misma línea, la entidad solicitó conocer el estado actual en la ejecución del proyecto, para el que fue adquirida la maquinaria de construcción implicada. Asimismo, pidió un informe detallado sobre el uso, mantenimiento y destino de los equipos, con el fin de verificar que estos recursos se estén empleando conforme a los objetivos iniciales del contrato.

Con esta información, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de una conducta que pueda constituir una falta disciplinaria y esclarecer si la exgobernadora y demás responsables actuaron ajustándose a la ley o si incurrieron en irregularidades que comprometan la correcta administración de los recursos públicos en el departamento.

En este sentido, la investigación podría derivar en responsabilidades para los funcionarios involucrados si se comprueba que no se cumplieron con los procesos legales y administrativos, lo que desencadenaría algún tipo de sanción administrativa.

Además de solicitar documentación, la entidad dejó abierta la posibilidad de que Viviana Milena Solarte sea escuchada en versión libre, un mecanismo mediante el cual la exfuncionaria puede explicar su posición y aportar elementos que contribuyan a aclarar los hechos.

Si bien la participación de los señalados en este tipo de diligencias es voluntaria, es también una oportunidad para que los investigados entreguen su versión de los hechos, de manera formal, para aportar a su defensa dentro del proceso disciplinario en su contra.

Para la entidad, la inversión para la adquisición de la maquinaria con fondos del SGR corresponde a un monto significativo que tiene un impacto importante en esa región del país. Por tal motivo, según la Procuraduría, el control y la vigilancia en la ejecución del proyecto deben ser estrictos para garantizar que el uso de estos recursos se realice de manera transparente y eficiente.

Si se confirma que hubo fallas en el proceso de selección del fondo mixto y en la adquisición de la maquinaria, las consecuencias para los responsables, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pueden ir desde sanciones administrativas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En este sentido, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, por lo que destacó que la investigación iniciada es un claro ejemplo de la labor que desempeña para garantizar que los recursos de los colombianos se utilicen de manera adecuada y conforme a la ley, protegiendo los intereses de la comunidad y fortaleciendo las instituciones del país.

La controversia en torno a la Gobernación de Nariño y su presunta injerencia en el proceso electoral de 2026 escaló tras la revelación de una posible inhabilidad que afectaría la precandidatura de Rosaurina “Rosita” Guevara.

Un ciudadano solicitó al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscripción de Guevara, argumentando que el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), partido al que pertenece, no participa en la consulta interpartidista del Pacto Histórico. De confirmarse esta situación, la inscripción de la diputada podría considerarse irregular, lo que añade un elemento de incertidumbre al panorama político departamental.

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Las denuncias sobre el presunto favorecimiento a la precandidata no se limitan al ámbito legal. Diversas fuentes políticas y comunitarias de Nariño señalaron la existencia de una operación coordinada desde la administración departamental, encabezada por Luis Alfonso Escobar, con el objetivo de impulsar la campaña de Guevara.

Por su parte, los demandantes sostienen que la estrategia se basa en la celebración masiva de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal, aprovechando la ausencia de restricciones de la Ley de Garantías Electorales vigente. Estos acuerdos, formalizados supuestamente para el mantenimiento de vías terciarias, habrían servido para canalizar recursos públicos y respaldos políticos hacia la aspiración de la diputada.

De acuerdo con los registros de contratación revisados por los denunciantes, entre junio y octubre de 2025 se habrían suscrito más de 80 convenios de este tipo en diferentes zonas del departamento. Los críticos advierten que este mecanismo permitiría una inyección directa de dinero público en comunidades rurales, lo que generaría dependencia política y lealtad hacia el proyecto electoral de Guevara. “El esquema permitiría una inyección directa de dinero público en comunidades rurales, generando dependencia política y lealtad hacia el proyecto electoral de la diputada”, sostienen los opositores.

A las acusaciones sobre el uso de recursos públicos se suma la denuncia de una supuesta presión ejercida desde la Gobernación sobre varios alcaldes municipales. La aprobación y priorización de proyectos estaría supeditada al respaldo político a la precandidata del Pacto Histórico. Algunos mandatarios locales, bajo reserva, habrían manifestado que se les exige alinearse con la campaña de Guevara para acceder a recursos o mantener la agilidad administrativa de sus gestiones.

“Se les exige alinearse con la campaña de Guevara para acceder a recursos o mantener la agilidad administrativa de sus gestiones”, relataron de manera confidencial reveló el medio Página 10.

En efecto atribuyen la supuesta operación a una alianza entre el gobernador Escobar y la diputada Guevara. Según las denuncias, “el mandatario facilitaría los recursos y la logística, mientras la diputada habría garantizado apoyo político en la Asamblea departamental”.

Frente a este escenario, distintos sectores solicitaron la intervención de los órganos de control para determinar si existen irregularidades en la contratación pública o en el uso de la estructura estatal con fines proselitistas. Hasta la fecha, ni el gobernador Luis Alfonso Escobar ni la diputada Rosaurina Guevara han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones.

Mientras se esclarecen los hechos, el gobernador de Nariño fue protagonista de una discusión con la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien lo señaló de sabotear un evento en Pasto que buscaba explicar a fondo la ley animalista en Colombia.

“Nos quería sabotear el evento la Gobernación de Nariño, espero que este acto infame de esa politiquería tradicional sea castigado”, manifestó la congresista en una de las calles de la capital de Nariño.

En respuesta, Escobar señaló en un comunicado de prensa que “como gobernador del Departamento solicité que se impidiera el alquiler de un salón solicitado por la senadora Andrea Padilla para que fuera cubierto con recursos de la Gobernación de Nariño, con destino a la realización de un evento que debía asumirse con la responsabilidad integral de quienes promueven este tipo de ejercicios, independientemente de la pertinencia del asunto a tratar”.

El municipio de Nariño, en el Oriente antioqueño, enfrenta una ola de consternación tras reportarse el asesinato de un menor de 13 años en la vereda La Balsora, hecho atribuido por las autoridades a integrantes del Clan de Oriente, grupo delincuencial que mantiene presencia en la región.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció públicamente que la administración departamental ofrece una recompensa de hasta $500 millones para lograr la identificación y captura de los responsables.

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Cómo ocurrió el crimen según la reconstrucción policial

La noche del 18 de octubre, al menos tres hombres encapuchados y armados irrumpieron en una vivienda de la vereda La Balsora, donde se encontraba el menor junto a su familia.

De acuerdo con la versión preliminar confirmada por las autoridades locales, los sujetos portaban armas cortas y largas, vestían de camuflado y exhibían brazaletes asociados a las disidencias de las Farc.

Testimonios conocidos por la Policía de Antioquia narraron que los agresores preguntaron insistentemente por una persona de la vivienda. Tras ingresar a la fuerza, dispararon contra el baño, donde se hallaba el adolescente, identificado posteriormente como Jhon Jarol Obregón Yepes.

El disparo acabó de manera instantánea con su vida, reportó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la institución. La familia recibió atención inmediata y apoyo psicosocial por parte de los organismos competentes.

Operativo previo y escape de los agresores

Antes del ataque, los mismos asaltantes habrían protagonizado un hurto en una estación de servicio situada entre las veredas La Libertad y El Recreo, de donde sustrajeron aproximadamente 3 millones de pesos en efectivo.

En su huida, abrieron fuego sobre diferentes objetivos, incluida una “chiva” (vehículo de transporte público) y finalmente la vivienda donde impactó la bala fatal.

La hipótesis de las autoridades apunta a que el asesinato estaría relacionado con el tráfico regional de estupefacientes, pues el Clan de Oriente, identificado por la Policía como un Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco), disputa el control de corredores estratégicos utilizados para actividades de narcotráfico y extorsión.

En palabras del gobernador Rendón: “Ofrecemos recompensa de hasta $500 millones para neutralizar a estos criminales. La comunidad sabe quiénes son. Ayúdennos, con absoluta reserva, a quitarnos estos delincuentes de encima”, mensaje publicado en su cuenta de X.

Dispositivo de búsqueda y acompañamiento institucional

Personal de la Policía y la Fiscalía General de la Nación se desplazó a la zona para realizar la inspección técnica y recopilar elementos materiales probatorios que permitan avanzar en la judicialización de los autores materiales e intelectuales.

Asimismo, la Gobernación de Antioquia solicitó apoyo reforzado de la fuerza pública y mantiene el ofrecimiento de la millonaria recompensa. Uno de los presuntos implicados ya fue identificado, aunque aún no ha sido capturado.

El crimen de Jhon Jarol Obregón Yepes conmocionó a los habitantes del municipio de Nariño y reactivó el debate sobre los altos niveles de violencia alimentados por la disputa de grupos armados en el Oriente antioqueño. Estos hechos recientes se dan en una serie de acciones violentas y delictivas que afectan a la población civil, especialmente en zonas rurales.

La madre del menor, Gladys Pérez, cuenta con acompañamiento psicosocial y medidas de seguridad adicionales proporcionadas por las autoridades locales. El comandante Rico Guzmán reiteró el rechazo del homicidio y la determinación de avanzar hasta lograr tanto la detención como la prosecución judicial de los responsables.

La administración departamental insiste en que la colaboración ciudadana será determinante para dar con los responsables. “La comunidad sabe quiénes son”, escribió el gobernador Rendón en su mensaje, destacando la importancia de proporcionar información bajo estricta reserva.

De acuerdo con la Policía Nacional, “Denny” figuraba como uno de los delincuentes más buscados de Nariño, y su detención se logró durante una operación en Tumaco realizada en el desarrollo del Plan Cazador.

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"En una contundente acción contra la delincuencia organizada, la Policía Nacional, a través de un trabajo articulado entre uniformados de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial en Tumaco, logra la captura por orden judicial de alias Denny, quien hacía parte del cartel de los más buscados en el departamento de Nariño", detalló el coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del departamento de Policía de Nariño.

La acción, ejecutada en vía pública, cumplió una orden judicial vigente por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Además, alias Denny se encontraba incluido en el Cartel de los más buscados del departamento y tenía una notificación azul de Interpol.

Según las autoridades, estaba vinculado a múltiples hurtos a pesqueros y embarcaciones en altamar, tanto en aguas de Colombia como de Ecuador, lo que afectó la seguridad marítima y la economía de diversas comunidades pesqueras en la región.

“Alias Denny era requerido por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Además, contaba con una notificación azul de Interpol, lo que evidencia el alcance transnacional de sus actividades delictivas. Este individuo era señalado de participar en múltiples hurtos en embarcaciones y pesqueros en alta mar, afectando gravemente la seguridad marítima y la economía de las comunidades costeras, tanto en Colombia como en el Ecuador”, agregó puntualmente el oficial.

Por último, las autoridades indicaron que: “Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atentan contra la seguridad y tranquilidad de los nariñenses, avanzando de manera decidida en la ejecución del Plan Cazador y la ofensiva permanente contra la criminalidad”.

Capturan y neutralizan a cabecillas del Tren de Aragua en operativo en Antioquia

La persecución internacional contra el Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de Latinoamérica, tuvo un desenlace clave el 9 de octubre de 2025 en Antioquia.

En un operativo conjunto entre Colombia, Chile y Perú, las autoridades localizaron y neutralizaron a dos de los principales cabecillas: Ender Alexis Rojas Montán y alias Toro, ambos requeridos por Interpol mediante circular roja por secuestro, tráfico de drogas y extorsión.

La operación, denominada Sombra 3, fue ejecutada por el Gaula Élite de la Policía Nacional de Colombia con apoyo de la DEA, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Policía Nacional del Perú y el respaldo de Ameripol. El procedimiento se llevó a cabo en una zona residencial exclusiva de Sabaneta, donde Rojas Montán y Toro se habían establecido tras huir de Chile y Perú en 2024 para continuar sus actividades delictivas.

Según informaron las autoridades, la acción culminó con la muerte de Rojas Montán. Cuando los agentes irrumpieron en su apartamento, intentó escapar por el balcón del octavo piso, resbaló y cayó al vacío. La Policía Nacional precisó que la puerta del balcón estaba abierta y que la caída ocurrió mientras el prófugo intentaba huir, descartando un enfrentamiento armado. Se confirmó que la muerte se debió a la desesperación del fugitivo al advertir la presencia policial.

En simultáneo, las fuerzas de seguridad capturaron a alias Toro, señalado como líder del Tren de Aragua en Fusagasugá (Cundinamarca) y coordinador de actividades ilícitas en Perú. Su detención representa un golpe estratégico a la estructura criminal, ya que supervisaba el tráfico de drogas sintéticas, la extorsión y la gestión de rentas ilegales en distintos países de la región.

Durante el operativo también fueron arrestados otros dos integrantes del grupo: alias El Gordo, quien pretendía expandir el control criminal en el Valle de Aburrá, y alias Gallega, acusada de proxenetismo y colaboradora directa de la organización. En los registros policiales se incautaron dos pistolas Glock, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetamina, utilizada para producir Tusi y valorizada en $50 millones.

La intervención de la Policía Nacional permitió la captura de los presuntos responsables y el traslado inmediato de los menores a una comisaría de familia, en un caso que pone de relieve la persistencia del reclutamiento de menores en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

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El operativo policial se desarrolló en una vía que conduce al municipio de Guamo, en el departamento de Tolima.

Durante labores de patrullaje, los agentes detectaron un vehículo estacionado y procedieron a requerir a sus cinco ocupantes.

Según la Fiscalía General de la Nación, al realizar las verificaciones correspondientes, los uniformados hallaron brazaletes con símbolos alusivos a las disidencias de las Farc, lo que despertó sospechas sobre la naturaleza del desplazamiento.

Además, dos de los ocupantes, ambos menores de edad, no portaban documentos de identificación, lo que motivó un interrogatorio más exhaustivo.

A partir de las indagaciones, los uniformados establecieron que los adolescentes habían salido de Nariño y se dirigían a Tolima, donde serían entregados a un grupo armado ilegal.

Los tres adultos que los acompañaban fueron identificados como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez.

Los jóvenes, por su parte, quedaron bajo protección de las autoridades para garantizar su integridad y derechos.

Posteriormente, una fiscal de la Seccional Tolima presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, que les imputó el delito de reclutamiento ilícito. Como resultado, los tres hombres deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En cuanto al destino de los adolescentes, las autoridades dispusieron su traslado a una comisaría de familia, donde se activaron los protocolos para el restablecimiento de sus derechos y la atención integral, en concordancia con la legislación colombiana sobre protección de menores víctimas de delitos asociados a grupos armados.

Este caso evidencia la influencia persistente de las disidencias de las Farc en el reclutamiento de menores en zonas como Nariño y Tolima, así como la respuesta institucional ante un fenómeno que continúa afectando a comunidades vulnerables.

La presencia de brazaletes identificatorios en poder de los implicados refuerza la preocupación por la actividad de estas estructuras armadas en la región.

La captura de los tres hombres y la intervención oportuna de la Policía evitaron que los adolescentes fueran entregados a un grupo armado, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial y en la protección de los derechos de las víctimas.

Otras capturas

Las autoridades colombianas capturaron a alias Carla y alias Alex, considerados líderes de la estructura Hernando González, vinculada a las disidencias en Huila. Este operativo, coordinado por la Policía, el Ejército y la Fiscalía, representa una acción relevante ante la actividad armada en la región.

Carla es señalada como la autora del atentado del 17 de abril de 2025 en La Plata, donde una motocicleta bomba provocó la muerte de dos hermanos y dejó más de 30 heridos, incluidos varios civiles presentes en la zona.

La ubicación y captura de los cabecillas se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y exigió un trabajo coordinado entre las fuerzas.

Según el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, la intervención demandó estrategias precisas, incluida la movilización de tropas a áreas de difícil acceso para impedir el uso de vehículos o motocicletas que pudieran afectar la operación o poner en riesgo a la población.

Durante la operación, cerca de 300 habitantes de La Plata intentaron bloquear el avance de las fuerzas armadas, generando situaciones de tensión que complicaron la labor de las autoridades. Finalmente, la llegada de refuerzos restableció la normalidad en la zona.

Al menos siete personas fallecieron y diez más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta Nariño con Tumaco, específicamente en el sector de la vereda La Espriella, zona rural de Tumaco.

El siniestro se presentó en la mañana del viernes 10 de octubre e involucró a una van de servicio intermunicipal y a un camión de carga, los cuales colisionaron de frente en el kilómetro 49 de la carretera entre Ricaurte y Tumaco.

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Las primeras versiones apuntan a que el accidente se generó cuando un camión, que avanzaba en dirección contraria, invadió el carril y chocó abruptamente contra la van de pasajeros. El vehículo tipo aerován transportaba a quince personas, de las cuales tres murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en hospitales regionales.

El impacto dejó el vehículo completamente destruido y generó escenas de pánico y desesperación entre los pasajeros y los habitantes de la zona, que acudieron al auxilio de los heridos.

Entre los viajeros se encontraba Úrsula Cortez, que, junto a su hija de tres años, sobrevivió al choque. La mujer relató a Blu Radio que la rutina del viaje se quebró repentinamente: “Eso fue algo impactante. Íbamos normal, el conductor mantenía una velocidad normal, yo llevaba a mi hija cargada porque le acababa de dar un líquido. De un momento a otro miro hacia el frente y veo un camión que viene en zigzag, y cuando abrazo fuerte a mi hija sentimos el totazo”.

Según Úrsula, el conductor de la van intentó evitar la tragedia maniobrando varias veces, pero fue imposible esquivar al camión descontrolado.

“El conductor trató varias veces de esquivar el camión, pero ese carro se fue de una contra la combi y fue imposible evitarlo”, detalló la sobreviviente, que aún no puede explicar cómo logró salir con vida del automotor junto a su hija: “Cuando sentimos el golpe de frente, abracé fuerte a mi hija y quedé a un lado del vehículo. Por fortuna, mi hija solo sufrió una herida pequeña en la cabeza y parece que tiene fractura en una de sus piernitas”.

Los servicios de emergencia trasladaron a los heridos a centros asistenciales de Tumaco y Pasto, donde permanecen bajo observación médica. Entre las víctimas mortales identificadas figuran Segundo Laurentino Solarte, Beiby Patricia Garcés, Adiela Arias, Sulcari Moncayo y Olmedo Arias, cuyos nombres fueron confirmados por las autoridades locales.

El drama personal vivido por los pasajeros quedó reflejado en las palabras de Úrsula, quien compartió la desesperación de esos minutos cruciales: “Yo salí expulsada con la niña porque estaba en el asiento atrás del conductor y sentí que no podía respirar, y digo: ‘Dios mío, Dios mío’, sin soltar en ningún momento a mi hija. ‘Dios mío, dame fuerzas para pararme’”.

Para Cortez, la magnitud del accidente y las condiciones en las que quedó el vehículo sólo le permiten calificar como un “milagro” su supervivencia: “Uno queda como en shock. Yo solo pensé en Dios y en mi hija, y abracé más fuerte a mi niña y dije: ‘Dios mío santo, ahí iba yo en esa camioneta’”.

Las autoridades aún investigan las causas exactas del accidente, mientras que la comunidad en la vía al mar permanece consternada por la gravedad del suceso, que pone nuevamente en evidencia los riesgos presentes en las carreteras del Pacífico nariñense.

Detalles siniestro vial

Poco después del siniestro, se confirmó que cinco personas habían perdido la vida, información ajustada luego de comunicados preliminares que variaban entre tres y siete fallecidos, según el balance entregado por el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez.

El trágico hecho involucró a uno de los buses conocidos como “las tumaqueñas” y un camión. Según el propio Gámez, la zona del accidente corresponde a una recta en la que los vehículos suelen aumentar la velocidad considerablemente, lo que ha sido recurrente para este tipo de colisiones: “La colisión fue muy fuerte de acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales”, sostuvo el funcionario. Además, apuntó que, por la naturaleza del sector y los antecedentes viales, “lo que se daría por percepción es que haya un exceso de velocidad” como posible causa directa del siniestro.

Entre los fallecidos figura el propio conductor del vehículo de transporte público, de acuerdo con la secretaria de Tránsito de Tumaco, Mónica Riasco, quien detalló a los medios que tres de las víctimas perdieron la vida en el sitio, mientras que otras dos sucumbieron a sus heridas tras el ingreso a centros hospitalarios.

En la mañana de este viernes se registró un accidente de tránsito que involucró una van de servicio intermunicipal y un camión de carga en la vía que conecta a Nariño con Tumaco, y que dejó al menos siete personas fallecidas, según información preliminar.

El accidente ocurrió a unas seis horas de Pasto y movilizó a los habitantes de la vereda La Espriella, quienes ayudaron a los heridos y alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido en la carretera.

El impacto fue de tal magnitud que la van quedó completamente destruida. Testigos indican que el impacto fue de frente, razón por el que el autobús de servicio público quedó destruido.

En el momento del accidente, el vehículo transportaba a unas quince personas, aunque hasta ahora no se ha revelado la identidad de las víctimas mortales.

La reacción de la comunidad resultó determinante en los primeros minutos tras el choque. Residentes de La Espriella lograron rescatar con vida a ocho personas de entre los restos del vehículo.

La intervención de los habitantes facilitó el trabajo de los socorristas y de la Policía de Tránsito, quienes trasladaron a los heridos, algunos en estado crítico, a centros asistenciales en Pasto.

Pocos minutos después del accidente, el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, indicó que al menos siete personas perdieron la vida. Sin embargo, Mónica Riascos, secretaria de Tránsito de Tumaco aseguró que la cifra de muertos es de tres personas.

El reporte oficial es preliminar y las autoridades han solicitado esperar mientras se realiza la identificación de las víctimas.

En cuanto a las circunstancias exactas que provocaron el accidente aún no han sido esclarecidas, y las autoridades continúan investigando si se trató de un exceso de velocidad, falla mecánica o invasión del carril.

No obstante, desde la Gobernación de Nariño indicaron que el lugar donde se registró el siniestro se caracteriza por ser una carretera recta donde algunos conductores suben la velocidad.

“Posiblemente sea una situación similar porque en esta vía suelen pasara accidentes de este tipo”, explicó Gámez en El Tiempo.

Otros accidentes fatales en Colombia

En la tarde del 9 de octubre se conoció que un contratista de la empresa Afinia perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía que conecta a María La Baja con San Pablo, en Bolívar.

Según información difundida por Caracol Radio, la víctima fue identificada como Hugo Ferley Vidales Méndez, de 37 años, quien se desplazaba en una motocicleta Suzuki con placa YAI 65G.

El reporte señala que, tras una maniobra que se investiga, Vidales Méndez atropelló a un peatón identificado como Pedro Antonio San Martín, quien sufrió lesiones de carácter leve. Después del primer incidente, el motociclista perdió el control del vehículo y fue impactado por un carrotanque con placa WCP 582, que transitaba en sentido contrario.

Después del accidente, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía llegaron al lugar para coordinar los actos urgentes y realizar el levantamiento del cuerpo. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la secuencia de los hechos y las posibles responsabilidades.

Vidales Méndez se desempeñaba como contratista de Afinia y su muerte ha generado impacto entre sus compañeros y habitantes de la zona. Caracol Radio informó que el peatón afectado fue atendido en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

En relación con estos hechos, en la mañana del domingo 5 de octubre, un accidente se presentó en la vía Medellín–Bogotá, distinto al registrado en la carretera Tumaco–Pasto. En el siniestro estuvieron involucrados un vehículo de carga pesada, un automóvil y una motocicleta, con saldo de una persona fallecida.

Al lugar acudieron organismos de socorro y unidades de la Policía de Carreteras, quienes atendieron la emergencia, realizaron la inspección técnica y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, mientras se restablecía el tráfico.

Las autoridades y los organismos de socorro reiteran el llamado a los conductores para que conduzcan con responsabilidad y respeten las normas de tránsito.

El presidente Gustavo Petro ordenó la suspensión temporal de las operaciones militares en tres puntos estratégicos de Nariño y Putumayo, áreas donde se concentra la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

Esta medida estará vigente durante 18 días a partir del 9 de octubre. El objetivo, es facilitar la destrucción de material de guerra perteneciente a ese grupo armado.

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La decisión aclara que la suspensión no cobija las acciones de la fuerza pública contra las economías ilegales presentes en la región.

La iniciativa de Petro ha generado controversias en el ámbito político. María Fernanda Cabal, senadora y opositora, criticó abiertamente la resolución del Gobierno.

“El país debe entender que estas ‘suspensiones’ ordenadas por Petro para detener operaciones militares en Nariño y Putumayo sirven al narcotráfico para moverse”, comentó Cabal en su cuenta en X.

Según el Ejecutivo, la suspensión de operativos responde a la necesidad de avanzar en tareas de desarme para consolidar diálogos con los actores armados.

No obstante, voces críticas en el Congreso sostienen que la pausa representa una oportunidad para que los integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano refuercen su presencia en el territorio.

Cabal advirtió: “Dieciocho días para que los terroristas de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano harán lo que les venga en gana, sacrificando la seguridad y la paz de los colombianos en esos municipios”.

Esta postura refuerza el debate sobre los riesgos y beneficios de las pausas humanitarias ordenadas desde el Gobierno.

Mientras la administración asegura que las operaciones contra delitos como el narcotráfico continuarán, persisten las dudas entre sectores políticos sobre el alcance y las consecuencias de la suspensión temporal en dichas zonas.

La senadora Cabal volvió a arremeter contra Petro por secuestro de miembros en una misión médica en Huila: “La seguridad es un valor superior que debemos recuperar ”

Nueve miembros de una misión médica fueron secuestrados en el municipio de La Plata, Huila, según información confirmada por las autoridades locales.

El hecho generó el rechazo de distintos sectores políticos. María Fernanda Cabal, militante del Centro Democrático, se pronunció en redes sociales asegurando que “esta es otra violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de los terroristas que hablan de ‘paz’ con Petro”.

Cabal también cuestionó la respuesta gubernamental: “¿Dónde anda el Ministro de Defensa?”. Agregó que el país se encuentra “entregado a los guerrilleros que tanto defienden desde el alto gobierno y la ciudadanía sometida por cobardía o afinidad de Petro”, y subrayó que la seguridad “es un valor superior que debemos recuperar como Estado”.

Cabal se enfrentó al presidente Petro: “El único que perteneció a un grupo terrorista fue usted”

María Fernanda Cabal ofreció este miércoles 8 de octubre de 2025 un discurso en el Parlamento Europeo en el que criticó abiertamente al presidente Gustavo Petro y su administración.

Desde la cámara europea, la precandidata por el Centro Democrático afirmó que “Colombia atraviesa el momento más crítico de su historia democrática reciente”, señalando que el actual mandatario “debilita las instituciones, socava la independencia de los poderes públicos y pone en riesgo la estabilidad política del país”.

Durante su intervención, Cabal instó a la comunidad europea a “no dejar sola a Colombia frente al avance del autoritarismo y la expansión del crimen organizado”.

La senadora también lanzó un mensaje personal al presidente: “Entre los dos, el único que perteneció a un grupo terrorista, cometió delitos y fue a prisión, fue usted. Mientras pasea por el mundo hablando en foros, Colombia se le cae a pedazos, crecen la inseguridad, el narcotráfico y el desempleo. Yo no me disfrazo”.

El presidente Gustavo Petro, aunque sin mencionar directamente a Cabal, reaccionó en redes sociales tras la intervención de la legisladora.

“Mientras una senadora de camisa negra colombiana habló a un grupillo de otros que usan camisas negras. Esta es mi intervención en el Global Gateway Forum. Buscando salidas y alianza a la inversión europea en energías limpias y fibra óptica con América Latina”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

En Nariño se concretó la firma de la minuta que establece el marco jurídico del inicio de una estrategia de inversión pública considerada la mayor en la historia reciente del departamento. El acuerdo, suscrito en Tumaco con la participación de líderes sociales, organizaciones comunitarias, autoridades municipales y regionales, abrió paso a un esquema de financiación de 12.2 billones de pesos para transformar el territorio en una proyección de diez años.

El documento define la hoja de ruta para la ejecución de 255 proyectos estratégicos en sectores como infraestructura vial, vivienda, agricultura, educación, minería, energía, salud, tecnología, comercio, industria, cultura y deporte.

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De acuerdo con el plan, expuesto por la Gobernación de Nariño, hay más de 100 proyectos asignados por más de 1.3 billones de pesos, mientras 72 cuentan con recursos garantizados para próximas vigencias por 8.7 billones de pesos y 83 propuestas adicionales dependen de futuras gestiones para asegurar 2.2 billones de pesos.

La financiación movilizará recursos provenientes de presupuestos de distintas entidades públicas, organismos técnicos y cooperación internacional. Instituciones como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Invías, Fondo Todos Somos Pacífico, Aeronáutica Civil, Agencia de Desarrollo Rural y otras forman parte de la concurrencia financiera y operativa.

El pacto también prevé el acompañamiento y respaldo técnico para la planeación, seguimiento y ajuste de proyectos en función de los planes de desarrollo local. La estructura del acuerdo contempla una perspectiva interinstitucional y a largo plazo, permitiendo el compromiso sucesivo de administraciones futuras para garantizar la continuidad en la ejecución.

El texto pone énfasis en la articulación de los proyectos prioritarios con las necesidades detectadas en el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 “Nariño Región País para el Mundo”, así como en iniciativas surgidas de consultas con 13 plataformas subregionales, 16 poblacionales y 15 sectoriales.

Entre las obras identificadas figuran vías como San Francisco – Mocoa, Pasto – El Estanquillo – Segunda vía al Mar – La Guayacana – Roberto Payán y Catambuco – Pasto, junto a la construcción del Puerto Pesquero de Tumaco.

El impacto previsto abarca planes de empleabilidad, acceso a servicios, reducción de necesidades básicas insatisfechas y fortalecimiento socioeconómico regional.

Con la puesta en marcha del Pacto Nariño, el departamento se suma como el quinto en el país en consolidar este tipo de instrumento territorial, aprobado y avalado a partir de propuestas comunitarias, para orientar los esfuerzos hacia la transformación del territorio y la consolidación de la paz.

En diálogo con Infobae Colombia, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, resaltando que será fundamental para el desarrollo de la región en la próxima década.

“Es crucial para la gestión de recursos en los próximos diez años, que sin lugar a dudas, es la inversión más importante, histórica, que se haya hecho en el departamento de Nariño, en la que, efectivamente, los y las ciudadanas de este departamento agradecen”.

Escobar también enfatizó al indicar que es una muestra de los avances que necesita la región para potenciar varios aspectos, enfocándose principalmente en los procesos de paz en su departamento.

“Esto no tiene reversa en el departamento de Nariño. Sin duda, demuestra que se le cumple al departamento de Nariño, se le cumple a la construcción de paz territorial”.

Cabe destacar que Nariño tiene un papel esencial en la frontera suroccidental de Colombia, al conectar el país con Ecuador. Además, su posición es vital para el comercio binacional, el tránsito de personas y mercancías; sirve como punto de control para temas migratorios, de seguridad y cooperación transfronteriza en ambos países, por lo que uno de los objetivos del acuerdo es aumentar el impacto de todos los aspectos mencionados.

Parte de la tragedia quedó registrado en un video, donde aparece personal de la Armada Colombiana dando instrucciones de calma y asistencia a los sobrevivientes que permanecían en el agua.

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La embarcación había salido de Buenaventura con destino a El Charco, en la subregión de Sanquianga, departamento de Nariño hacia las 5:00 p. m. del jueves 2 de octubre.

Según relató Benildo Estupiñán, líder social y defensor de derechos humanos del Pacífico nariñense, él alertó oportunamente a la Armada Nacional sobre la emergencia. De acuerdo con Estupiñán, uno de los barcos que cubre la ruta entre Naya y Guapi o Buenaventura logró rescatar a ocho pasajeros inicialmente. Posteriormente, tras el aviso, la Armada Colombiana intervino rescatando a otras 27 personas.

“(...) La Armada Nacional activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate, desplegando unidades de guardacostas de Buenaventura, una aeronave y un buque de la Fuerza Naval del Pacífico, los cuales se encuentran llevando a cabo operaciones de búsqueda en la zona donde se registró el suceso”, informó la institución naval.

Las autoridades han reportado que, de los 37 tripulantes, continúan en la búsqueda de dos personas. Entre tanto, los afectados se encuentran recibiendo atención médica.

Las labores de búsqueda continúan por aire y agua, con el despliegue de comisiones enviadas desde Tumaco para localizar a los otros dos pasajeros de los que no se tiene información sobre su paradero.

De otro lado, Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico (Atransmaflupa), sostuvo que las altas marejadas características de la zona, elevó el nivel de riesgo del naufragio. El área donde ocurrió la emergencia es reconocida por sus peligrosas corrientes y oleaje intenso, pero hace parte de la ruta habitual.

“‘Don Alfredo’ es un buque de madera con capacidad de más de 100 toneladas de carga. Normalmente, esta es una ruta que cubre desde Buenaventura a El Charco y otras rutas del Nariño. Había fuerte oleaje, se cree que pudo haber incidido en el naufragio del buque”, afirmó a medios locales.

Y agregó que los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales para verificar su estado de salud: “Ya algunos de ellos llegaron a Buenaventura, otros llegarán en las próximas horas en embarcaciones de guardacostas. Y en la mañana, cuando supimos la novedad, inmediatamente contacté al capitán de puerto, que ha estado muy atento en toda la coordinación, al comandante de guardacosta, tanto de la estación como comandante de guardacosta del Pacífico”.

Además, Torres reveló cuál era el itinerario de la embarcación. “La información que se nos da al día de hoy con la motonave Don Alfredo, un buque de cabotaje que zarpó a las 5:00 p. m. del día de ayer (2 de octubre) y debió haber entrado la bocana de Bazán a eso de las 4:30 a. m., y haber llegado al charco a eso de las 8:00 a. m., pero por la emergencia que se presentó y que causó el naufragio, pues, por supuesto, no pudo llegar a su destino”, concluyó en su declaración.

La Armada Nacional y las autoridades costeras comenzaron una investigación para esclarecer las causas del naufragio del Don Alfredo. Hasta el momento, tanto las autoridades como la comunidad local mantienen las labores de búsqueda para dar con los dos pasajeros todavía reportados como desaparecidos.

“La Armada de Colombia reitera su compromiso con salvaguardar la vida humana en el mar. Asimismo, hace un llamado a los visitantes de la región seguir las recomendaciones de las autoridades, atender indicaciones del personal de guardacostas y la autoridad marítima, evitar conductas de riesgo durante actividades acuáticas y reportar cualquier situación sospechosa a la línea 146″, puntualizó la Armada Nacional.

El evento, realizado con motivo de la inauguración de una pecebrera, incluyó música, licor y disparos al aire; además, habría contado con la presencia de dirigentes políticos y líderes sociales.

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Durante la velada, José Darley Malagón Jiménez, conocido como alias Uriel o Poco pelo, fue saludado en varias ocasiones, lució joyas llamativas y portó lo que parecía ser un arma de fuego en la cintura.

Los artistas invitados le dedicaron canciones y, en medio de la euforia, el jefe guerrillero realizó disparos al aire, reafirmando su protagonismo en la celebración.

La asistencia fue diversa: niños, jóvenes y adultos compartieron el espacio, mientras la atmósfera festiva se mezclaba con la presencia de algunas figuras armadas y homenajes al líder insurgente.

Entre los asistentes destacados habría figurado el alcalde de Tumaco, Felix Antonio Henao Casanova; de hecho, en uno de los clips es mencionado por el artista en tarima. “Para el alcalde de Tumaco, el alcalde rumbero”, se oyó decir en una de las grabaciones.

Algunos asistentes defendieron su participación, señalando el carácter cultural del evento y la invitación a figuras políticas y sociales a subir al escenario.

Según el líder social Duvan Mosquera, “ellos, en medio de su show, invitaron algunas figuras políticas y líderes sociales a subir a tarima y ser parte del show y así su show ser más atractivo. En medio de su show tenían que realizar unos disparos con arma traumática, los cuales fueron realizados en ese momento. La gente la pasó muy bien. Había niños, jóvenes y también personas mayores”.

La reacción oficial fue inmediata. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los hechos como “inaceptables” y solicitó a la Fiscalía y a la oficina del Alto Comisionado para la Paz que investiguen la conducta de alias Uriel.

Sánchez enfatizó que, aunque existe una suspensión de la orden de captura, “no hay un levantamiento para delinquir. Eso es un delito. Y quien haya estado inmerso en ello, pues se adelantarán las denuncias y debemos avanzar. Es en la legalidad”.

El ministro destacó que la suspensión de la orden de captura no implica autorización para cometer actos ilícitos y que cualquier conducta delictiva será objeto de investigación.

El trasfondo legal de la situación de alias Uriel se remonta a abril de 2024, cuando la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, suspendió las órdenes de captura de nueve miembros de la Segunda Marquetalia, entre ellos Uriel, para facilitar su papel como voceros en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional.

Esta medida, solicitada por el Ejecutivo, permitió que los guerrilleros participaran en los diálogos de paz, aunque las investigaciones penales en su contra continúan vigentes. Sin embargo, el 14 de julio de 2025, el Gobierno reconoció oficialmente que los diálogos de paz en curso no involucran a la Segunda Marquetalia, sino a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, surgida tras la fractura de la estructura liderada por Iván Márquez. Esta aclaración ha generado confusión sobre el estatus de Uriel y la legitimidad de su presencia en eventos públicos.

La Segunda Marquetalia, grupo armado conformado por desertores del Acuerdo de Paz de 2016, contaría con más de 2.000 integrantes distribuidos en 65 municipios de 22 departamentos, según la Defensoría del Pueblo. A esta organización se le atribuyen delitos como secuestro, extorsión y narcotráfico, así como crímenes contra líderes sociales.